La iniciativa busca impedir que la naturalización pueda obtenerse a cambio de aportes económicos, inversiones o la compra de títulos públicos. El legislador cuestionó la constitucionalidad del programa anunciado por el Gobierno y advirtió sobre sus posibles consecuencias institucionales, migratorias y de soberanía.
El diputado nacional Agustín Rossi presentó un proyecto de ley para prohibir el otorgamiento de la ciudadanía argentina por naturalización a cambio de pagos, aportes, donaciones, inversiones, adquisición de bienes o suscripción de títulos públicos o privados. La iniciativa también propone derogar las modificaciones introducidas en la Ley de Ciudadanía N° 346 por el DNU 366/2025, que incorporó el denominado régimen de “ciudadanía por inversión”.
La propuesta fue presentada luego de que el Ministerio de Economía anunciara, este viernes 2 de octubre, un programa que permite acceder a la ciudadanía mediante un aporte directo y no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o a través de la suscripción de un título público por 800.000 dólares. Según la información oficial citada en los fundamentos del proyecto, también se contemplan pagos adicionales para cónyuges e hijos de los solicitantes.
“La ciudadanía argentina no está en venta y le corresponde a este Congreso decirlo con fuerza de ley”, sostiene Rossi en los fundamentos de la iniciativa, que cuenta además con la firma de la diputada Kelly Olmos. El legislador argumenta que la condición de ciudadano no puede ser concebida como un bien comercializable y remarca que la Constitución Nacional exige la residencia como requisito central para acceder a la naturalización.
En concreto, el proyecto incorpora una cláusula que establece que ninguna inversión, aporte, donación o pago podrá constituir causal de naturalización ni reemplazar o acortar el plazo de residencia previsto en el artículo 20 de la Constitución. Asimismo, prohíbe la emisión de títulos públicos que otorguen a sus compradores el derecho a solicitar la ciudadanía o beneficios migratorios derivados de ella.
La iniciativa también impide que el Estado nacional, sus organismos o entes descentralizados contraten o se asocien con empresas especializadas para diseñar, promocionar o administrar programas de ciudadanía vinculados a contraprestaciones económicas, y prevé la rescisión automática de los acuerdos vigentes que tengan ese objeto.
Entre los principales cuestionamientos, Rossi sostiene que el Poder Ejecutivo avanzó sobre una facultad que la Constitución reserva al Congreso. En los fundamentos se recuerda que el artículo 75 inciso 12 atribuye al Parlamento la competencia para legislar sobre naturalización y nacionalidad, y se menciona que distintos tribunales declararon inválidas disposiciones del DNU 366/2025 por considerar que la materia no podía ser regulada mediante un decreto de necesidad y urgencia.
El proyecto también pone el foco en las eventuales consecuencias internacionales de este tipo de programas. Según Rossi, diversos organismos y experiencias comparadas muestran riesgos vinculados al lavado de dinero, la evasión fiscal y el deterioro de la credibilidad de los pasaportes emitidos por países que aplican esquemas de ciudadanía por inversión. En ese sentido, advierte sobre posibles mayores controles migratorios y financieros para los ciudadanos argentinos.
Otro de los puntos desarrollados en los fundamentos relaciona el programa oficial con el debate sobre la extranjerización de tierras. Rossi alerta que una ciudadanía obtenida mediante una contraprestación económica podría convertirse en una vía para eludir restricciones que afectan a extranjeros en la adquisición de inmuebles rurales o terrenos ubicados en zonas de frontera.
“La Argentina necesita inversiones, pero inversiones que se queden, generen empleo y paguen impuestos. El Congreso tiene la competencia exclusiva sobre la naturalización. Es su responsabilidad decir con claridad que la ciudadanía argentina no está en venta”, concluye el proyecto impulsado por el exjefe de Gabinete.