La legisladora porteña del Pro respondió a las declaraciones formuladas por la expresidenta en las que cuestionó su condena por corrupción y volvió a denunciar una supuesta persecución judicial. Alonso sostuvo que la inhabilitación es una consecuencia prevista por la ley y rechazó cualquier trato diferencial para la exmandataria.
La legisladora porteña Laura Alonso cuestionó con dureza las recientes declaraciones de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en una entrevista concedida a The Washington Post insistió en que su condena por corrupción tuvo motivaciones políticas y anticipó que buscará recuperar sus derechos políticos para volver a competir electoralmente.
A través de sus redes sociales, la dirigente del Pro rechazó los argumentos de la exmandataria y defendió la validez de la sentencia judicial que la condenó e inhabilitó para ejercer cargos públicos.
“Señora, robó y está inhabilitada”, comenzó Alonso su mensaje, en el que sostuvo que no existe razón alguna para que a Cristina Kirchner se le aplique un criterio distinto al que recibieron otros exfuncionarios condenados por hechos de corrupción.
“¿Por qué a Cristina Kirchner inhabilitada por corrupta habría que aplicarle la ley distinto de Julio De Vido, Amado Boudou, José López, Ricardo Jaime y otros?”, planteó la legisladora porteña.
Alonso recordó que esos exfuncionarios fueron sometidos a juicios orales y públicos, con todas las garantías procesales, y que las condenas derivaron en la imposibilidad de ocupar cargos públicos, conforme a las disposiciones del Código Penal.
“Eran funcionarios y robaron, los juzgaron en juicios orales y públicos con todas las garantías y fueron condenados: quedaron inhabilitados. Es lo que prevé el Código Penal”, señaló.
La dirigente concluyó su respuesta con una defensa del principio de igualdad ante la ley: “En la República, la ley se aplica igual para todos”.
En la entrevista publicada por The Washington Post, Cristina Kirchner, que cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, volvió a negar haber cometido delitos y afirmó que su procesamiento fue impulsado por razones políticas. Además, confirmó que junto a su defensa presentó una petición ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que revise su caso, con el objetivo de recuperar sus derechos políticos.
La expresidenta sostuvo que evaluaría una eventual candidatura presidencial en 2027 si lograra revertir la inhabilitación que pesa sobre ella. “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, afirmó durante la entrevista.