La Cámara baja provincial aprobó iniciativas que declaran a Patagones como Área Patagónica, y que establecen la vigencia de la Ley que crea la Zona Austral de la provincia, que beneficia a los distritos de Villarino, Puan, Tornquist y Saavedra.

La iniciativa avanzó en la Cámara baja que preside el diputado Alejandro Dichiara fue firmada por todos los legisladores que representan a la sexta sección de los bloques de Unión por la Patria, UCR + Cambio Federal, PRO, y Acuerdo Cívico UCR + GEN.

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, se aprobó la prórroga por el término de cinco años de la vigencia de la Ley N° 12.322 que declara al partido de Patagones Área Patagónica Bonaerense, prorrogada por las leyes 14.014, 14.610, 15.170 y 15.176.

Al mismo tiempo, se prorrogó también por el término de cinco años la vigencia de la Ley N° 12.323 que crea la zona Austral de la provincia de Buenos Aires, prorrogada por leyes 14.013, 14.609, 15.170 y 15.177.

Así, los autores del proyecto son los diputados Alejandro Dichiara, Emiliano Balbín, Abigaíl Gómez, Fernando Compagnoni, María Fernanda Bevilacqua, Maite Alvado, Carlos Moreno, Natalia Dziakowski, y Anahí Bilbao, todos representantes de la sexta sección, pertenecientes a diferentes bloques.

La iniciativa que pide declarar al partido de Patagones Área Patagónica bonaerense, y la prórroga de la Ley que crea la Zona Austral Desfavorable, que comprende a los distritos y cuarteles de los distritos de Villarino, Puan, Tornquist, y Saavedra, confiriéndole a todos ellos beneficios promocionales-impositivos, ahora deberá ser considerado por el Senado donde ya existen presentaciones parlamentarias en el mismo sentido.

El partido de Patagones, como las otras zonas del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, -señalaron los legisladores en la fundamentación-, presenta particulares condiciones geográficas, climáticas y edáficas que son completamente diferentes de las que se pueden encontrar en el resto del territorio bonaerense.

En efecto, mientras que la mayoría de la provincia de Buenos Aires posee favorables características de alto potencial productivo, Pampa húmeda y semi húmeda, el sudoeste tiene suelos áridos, semi-áridos, secos.

“En la actualidad estamos transitando una declaración de emergencia y/o desastre por sequía, determinada por el Poder Ejecutivo de la Provincia, que involucra a estos distritos entre los afectados; lamentablemente no es el primer ejemplo de esta situación que genera mucha adversidad para los productores maragatos”, sostuvieron los legisladores.

Principios de fomento y equidad justifican la aplicación de políticas que neutralicen en la medida de lo posible las diferencias productivas que el partido de Patagones y la región enfrenta en relación a otras zonas de la provincia, permitiendo al municipio tener un sistema que pueda ser competitivo y redituable.

“Es necesario sostener medidas que protejan a los habitantes del territorio observando sus particularidades y ayuden a continuar respaldando la identidad como así también el progreso local”, finalizaron diciendo los diputados.

El senador bonaerense del PRO Alejandro Rabinovich, salió al cruce de la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la creación de una nueva película que será lanzada el próximo 17 de abril, titulada “Pandemia: gestionar lo desconocido” y anunció que presentará en la Legislatura un pedido de informe para que el Ejecutivo “detalle y explique el financiamiento”.

“Es una pieza audiovisual de la que, el ex ministro de Propaganda del gobierno de Adolf Hitler, Joseph Goebbels estaría orgulloso. No son los vecinos de la provincia de Buenos Aires los que pidieron a gritos que esta película, al mejor estilo nazi, se realice”, reflexionó el legislador bonaerense.

En esta línea, Rabinovich cuestionó públicamente el financiamiento de la película que según su punto de vista “simula” que la “gestión de la pandemia fue exitosa”, así como también se preguntó sobre las entrevistas que le realizan en el tráiler a Nicolás Kreplak, Kicillof y al ex ministro de Salud bonaerense entre 2019 y 2021, Daniel Gollan. “Este film es sectario y propagandístico”, aseveró.

El presidente de la bancada del PRO en el Senado bonaerense Alejandro Rabinovich, autor de la polémica iniciativa.

“No vivimos en los 40 como para que el método de comunicación sea una película en donde los funcionarios se hablan entre ellos para encubrir el lanzamiento de campaña los candidatos, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak y Kicillof”, sostuvo el senador bonaerense oriundo de Mar del Plata.

Asimismo, Rabinovich sostuvo que durante la pandemia los gobiernos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires no permitieron que ingresaran vacunas al país, por haberle comprado provisiones solamente a Rusia y a China, “Estados fuertemente cuestionados por su tratamiento para con los habitantes” de sus respectivos países.

En este sentido, el senador que preside la bancada del PRO recordó que, durante el tiempo que duró la pandemia, desde el gobierno bonaerense se “filmaron y escracharon a los vecinos que salían a caminar, que en vez de abrir los comercios las 24 horas para que hubiera menos riesgo de contagio compactaron las franjas horarias para ir al supermercado solo hasta las 6 pm, que cerraron las escuelas y que descuidaron los efectos en la salud mental de todos los bonaerenses, sobre todo nuestros jóvenes”.

La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza (UCR + Cambio Federal) presentó un proyecto de ley para crear el mapa del abigeato en la provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Seguridad.

La creación de este mapa busca dotar a la Policía bonaerense y a los distintos departamentos judiciales de una herramienta de gestión dirigida a la recopilación, procesamiento y análisis de la información concerniente a este tipo penal típico del ámbito rural, de constante crecimiento.

Las finalidades de este mapa serán las de contribuir a la elaboración de estrategias de prevención del delito; promover la participación ciudadana en el diseño de las políticas de seguridad y el control de las fuerzas policiales; promover un re-direccionamiento estratégico de los recursos humanos y logísticos de los servicios de seguridad; y efectivizar y dotar del presupuesto necesario para que las Patrullas Rurales cuenten con las herramientas necesarias para poder desempeñar eficazmente su función.

Los datos suministrados en este mapa, que se actualizarán anualmente, sólo podrán utilizarse con fines estadísticos, sin individualizar a las personas involucradas en los hechos de referencia.

Al respecto, Vaccarezza manifestó que “el abigeato es un delito que sufren a diario los productores ganaderos del interior de la provincia de Buenos Aires, pero que pese a los múltiples reclamos y pedidos nunca se ha avanzado en medidas efectivas para repelerlo”.

“Con este proyecto buscamos no sólo dotar a la policía y al Poder Judicial de las herramientas para combatirlo, sino también ponerlo en la agenda para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto” dijo la diputada opositora de Alberti.

“Es un momento histórico y en nombre de los bonaerenses, el gobernador tiene la oportunidad de aceptar la invitación a dar un debate serio y transparente”, dijo la legisladora que ingresó a la Cámara alta al ser electa en las boletas de LLA por la tercera sección electoral, pero que, desde un principio, hizo rancho aparte del bloque oficial, como del otro bloque de libertarios “independientes”.

“Desde nuestro espacio, queremos solicitarle al gobernador Axel Kicillof que escuche el llamado y la propuesta del presidente de la Nación Javier Milei de presentarse en Córdoba el día 25 de mayo, para acordar allí lineamientos de trabajo y defender una nueva coparticipación para nuestra provincia”, expresó Betina Rivas en un comunicado.

Y continuó “entendemos que es necesario y vital que se depongan actitudes intransigentes, que solo mantienen como rehenes a quienes menos tiene y traen más preocupación y dolor a un pueblo que sufre hace años a causa de desmanejos políticos y económicos”.

La senadora opositora independiente adelantó que espera “escuchar en el discurso de apertura de sesiones, un mensaje que, más allá de las diferencias políticas”, pueda mostrar que existe en el gobernador “la genuina intención de luchar por lo que nos corresponde a los bonaerenses; no desde la retórica, sino desde su presencia en cada espacio que se abra para dialogar y establecer agendas comunes con el Poder Ejecutivo Nacional”.

Por último, la senadora Rivas agregó que “más allá de cualquier bandera política, es nuestra obligación comprometernos y trabajar por un futuro mejor para todos los bonaerenses”.

En esta oportunidad, la formación estuvo destinada a autoridades y equipos de trabajo de establecimientos escolares del ámbito privado.

La jornada instructiva estuvo destinada a personal directivo y Equipos de Orientación de colegios pertenecientes al distrito de Merlo, en los niveles inicial, primario y secundario. Durante el encuentro, se llevó a cabo una sólida capacitación sobre el uso de las redes sociales, la interacción entre participantes de los juegos en línea y los riesgos habituales en la comunicación virtual.

Por otra parte, se abordó la importancia de administrar y regular correctamente los perfiles públicos en redes por parte de las instituciones educativas y se advirtió acerca de los peligros que corren niñas, niños y adolescentes frente a posibles intentos de contacto. Además, se hizo foco en las metodologías y círculos de captación.

Finalmente, se entregó material de prevención, que fue elaborado por la Cámara de Diputados desde el Instituto de Políticas Públicas de Prevención de Grooming, para que los equipos docentes y de orientación escolar puedan implementar estrategias que resguarden la integridad sexual de las y los estudiantes de los diferentes establecimientos educativos.

Cabe recordar que grooming es el acoso sexual ejercido por un adulto hacia un menor, a través de internet por medio de redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, juegos en línea o salas de chat. El objetivo del victimario es obtener algún rédito sexual mediante fotos, videos o encuentros físicos.

Los integrantes de ambas Cámaras fueron convocados a sesión este jueves, el último del año, a partir de las 15.

El mandatario bonaerense decidió prorrogar el Presupuesto de este año, que contempla gastos por $ 6,9 billones, ante la ausencia de pautas y proyecciones oficiales respecto de las variables macroeconómicas para 2024.

Así, la administración provincial envió al Poder Legislativo un proyecto para que se mantengan vigentes las emergencias vigentes en seguridad, salud, educación, entre otras, en el que se incluyó una solicitud de endeudamiento por el equivalente en pesos de US$ 1.800 millones para hacer frente a los servicios de deuda del año próximo.

También se debatirá en el parlamento bonaerense la Ley Fiscal, que determina cada año el valor de todos los impuestos provinciales, que -según se explicó desde el Poder Ejecutivo- “busca continuar con la premisa de dotar de mayor progresividad a la estructura tributaria, haciendo hincapié en la solidaridad de los sectores con mayor capacidad contributiva, y atendiendo la realidad de las pymes”.

De ese modo, en el caso del Impuesto Inmobiliario se establecen topes progresivos de crecimiento del gravamen respecto al año anterior, los cuales son ascendentes a mayor patrimonio: el 90% de los contribuyentes tendrá aumentos iguales o menores al 200% y el 10% restante tendrá subas del orden del 300%.

Otra de las novedades de la Ley Impositiva es que se incorpora una cuota adicional a los campos de mayor valor de la provincia de Buenos Aires, pero desde el Gobierno se aclaró que “ninguno de las partidas rurales pagará aumentos que estén por encima de la inflación acumulada”.

En tanto, el impuesto Automotor -Patentes- tendrá un incremento promedio del 145% para los vehículos modelos 2013 a 2024, de acuerdo con los valores que fija la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor, y el tope máximo para el incremento es del 270% para los autos de más alta gama.

La provincia pretende que, tal como ocurre en otras jurisdicciones, haya ajustes de los impuestos bonaerenses atados a la inflación a lo largo del año.

La administración de Kicillof apuntará a tener aprobadas ambas leyes este jueves en ambas Cámaras, convocadas a sesión a partir de las 15.

Nicolás Kreplak, defendió este miércoles en la Legislatura bonaerense el proyecto de ley de Presupuesto General 2023 y resaltó que se continúa incrementando presupuestariamente el área de Salud.

Legisladores de ambas Cámaras escucharon las impresiones del titular de la cartera sanitaria que centró su alocución en repasar lo actuado durante el 2022 al tiempo que trazó los lineamientos y objetivos para el año entrante y destacó que se trata de una inversión total del orden de los 540.470 millones de pesos.

El encuentro con legisladores permitió al ministro, por primera vez, presentar en el Poder Legislativo el denominado plan quinquenal de Salud 2023-2027, mientras realizó un detallado informe de la actual gestión.

El funcionario provincial detalló que para este año no hay que “contemplar la parte excepcional” del presupuesto de salud que obligaba la pandemia, pero aun así, de todas formas “hay un incremento presupuestario especialmente en la parte estructural”, dijo.

“Hay una decisión de la provincia no solamente de reponer deudas históricas del sistema de salud; como son las de infraestructura, de fuerza laboral, faltaban muchos trabajadores que se fueron incorporando; sino de una reforma que nos permita una modernización del sistema de salud”, agregó el funcionario.

Y en ese sentido subrayó que “por lo tanto hay una inversión muy fuerte en infraestructura y una inversión también muy importante en tecnología”.

Así, el titular de la cartera sanitaria hizo un repaso de los logros obtenidos durante el presente año entre los que destacó el fortalecimiento logrado en el sistema de salud demás de hacer hincapié en las campañas de vacunación masiva que desplegó el Ministerio.

De igual modo, puntualizó la concreción de más de un centenar de centros de atención primaria y puso el acento en la inversión en equipamiento informático.

Más adelante, Kreplak realizó consideraciones sobre un proyecto de Ley que fue enviado a la Legislatura y que propone la reconversión en Sociedad de Estado del Instituto Biológico Tomás Perón que apunta a garantizar una producción de calidad en medicamentos y vacunas para acceso de los bonaerenses.

También mencionó otra propuesta que fue girada a la Legislatura por el Ejecutivo que propugna la construcción de un Sistema provincial de Emergencia.

Participaron de la reunión informativa la presidenta del bloque de senadores del Frente de Todos Teresa García y el presidente de la Comisión de Presupuesto e Impuesto Marcelo Feliú; también estuvieron el presidente del bloque de diputados del oficialismo César Valicenti; además del vicepresidente de la Cámara baja Rubén Eslaiman.

También estuvieron presentes los integrantes del bloque del Frente de Todos de la Cámara alta: Ana Devalle; María Reigada; Gabriela Demaría; María Elena Defunchio; Francisco Durañona y Walter Torchio.

En representación de Juntos estuvo el presidente de la bancada de senadores Christian Gribaudo acompañado por sus pares Marcelo Daletto; Andrés De Leo; Flavia Delmonte; Yamila Alonso, Aldana  Ahumada; Alejandro Cellillo; Daniela Reich y Florencia Barcia.

“El bloque de senadores del FdT de la provincia de Buenos Aires, en cumpliento de un requerimiento del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, se autoconvocó a una sesión el martes próximo, 11 de enero, a las 14.00, para tratar el pedido de acceso a las oficinas del legislador Juan Pablo Allan en el marco de una investigación que se lleva adelante sobre el supuesto armado de causas judiciales durante el gobierno de María Eugenia Vidal”, se consignó en un comunicado oficial de la bancada que conduce la senadora María Teresa García.

Tal como se viene informado el juez federal platense Kreplak “notificó al Senado que, como parte de las diligencias judiciales por él ordenadas, dispuso el ingreso de miembros de su juzgado a las oficinas del senador Allan por haber sido uno de los presentes en una reunión difundida mediante un video, que tomó estado público, cuyos términos generaron la causa judicial” a cargo del magistrado.

Los senadores del bloque oficialista, se esmeraron en detallar que “la Cámara de Senadores, conforme a las disposiciones constitucionales vigentes, en todo momento cumplió con los requerimientos del magistrado”.

Además, los senadores del bloque del FdT aclararon que nada impide al magistrado llevar adelante la acción solicitada, sino que “notificado el juez Kreplak de la autoconvocatoria del bloque para sesionar el martes, suspendió la medida de ingreso dispuesta hasta que su pedido se trate en el recinto”, y sea el “cuerpo en pleno” el que se expida sobre la cuestión.

Sucede que el senador de Juntos Juan Pablo Allan habría dispuesto que los auxiliares de la justicia puedan presentarse en su despacho y “rumores urgentes” dieron por hecho el allanamiento, para luego advertir algún impedimento por parte de las autoridades de la casa legislativa, al comprobarse que no se ha realizado ningún allanamiento hasta el momento.

Según los legisladores del bloque oficialistas Kreplak optó por esperar el pronunciamiento de los senadores reunidos en sesión especial autoconvocada para el próximo martes, y eso explicaría la inacción judicial. Cabe consignar, que la sesión autoconvocada no tiene garantizada su realización por el momento, pues será necesario la presencia de al menos un senador de Juntos para que pueda alcanzar el quorum reglamentario, en el caso que la totalidad de los senadores del FdT estén presente a la hora señalada.

Luego de las elecciones primarias en los espacios donde hubo competencia, tal como sucedió en la principal fuerza opositora, deben realizarse la integración definitiva de las listas de legisladores. Y en política todo debe ser conversado.

No obstante, cada alianza transitoria que se presentó, y también Juntos definieron un reglamento que estable las formas de integrarse las respectivas listas definitivas, pero siempre es posible iniciar una negociación para hacer la definición final.

En el caso de Juntos en la provincia de Buenos Aires estableció un sistema de integración que varía según los porcentajes obtenidos y sexo de las cabezas de las listas, si son del mismo o no, por la cuestión de la paridad.

Lo que más jugó, en las listas de legisladores bonaerenses (también en la de nacionales, pero es otro tema que no abordamos aquí) una vez conocido el resultado fue la variable de más o menos del 40 % de votos obtenidos por el segundo; que en el caso de ser superada se integra por binomios, correspondiendo al ganador poner el primero y al segundo el segundo y así sucesivamente hasta el final.

En cambio, si el segundo no se supera el 40 % pero si el 30 % la integración es sustancialmente diferente y le corresponde ocupar el 3, 6, 9,12…y así hasta el final de la lista.

Así, en la segunda sección donde se eligen 11 diputados provinciales y se impuso la lista de Santilli y el segundo supero el 40 % la integración es por binomios y queda encabezada por Santiago Passaglia y María Paula Bustos, luego ingresan Claudio Rossi

y Viviana Dirolli, de la lista de Manes, y luego dos de Santilli, Matías Ranzini y Fernanda Antonijevic y luego Julio Pasqualin y María Belén Malaisi.

En la tercera sección la integración se de forma diferente. La lista del PRO se impuso sobre la de Dar el Paso por 66 a 33 y por lo tanto el segundo va con el 3 y 6. De forma tal que queda integrada con Martiniano Molina, Maricel Etchecoin Moro, Pablo Domenichini, Florencia Retamoso, Adrián Urreli y Nazarena Mesías; luego siguen Marcelo Villa, Silvia Beatriz Sierra.

En la sexta sección donde se impuso la lista de Dar el Paso pero la lista A alcanzó el 46 % de los votos la integración es por binomios y queda de la siguiente forma: Lorenzo Natali, Anahí Bilbao, Fernando Compagnoni, Abigail Gómez, Emiliano Balbín, Natalia Dziakowski, Gustavo Coria y Rosío Antinori.

En la octava sección en el distrito de La Plata el PRO se impuso con más del 60 % de los votos por que la lista es encabezada por Fabián Perechodnik y Julieta Quintero Chasman, la minoría ingresa al radical Claudio Frangul y luego el ganador vuelve a poner los dos siguientes: Carolina Barros Schelotto y Federico Gómez.

La lista de senadores provinciales que se presentarán en la elección general de noviembre, en la primera sección, por parte de Juntos, tiene una integración de 1,2 4 y 5 del ganador y 3 del segundo.

El PRO se impuso sobre la lista encabezada por Joaquín De la Torre y el radicalismo, obteniendo el 67 % de los votos que cosechó el espacio y la lista de candidatos es Christian Gribaudo, Daniela Reich, Joaquín de la Torre, Aldana Ahumada y Ramiro Tagliaferro

En la cuarta sección electoral se da un resultado inverso, se impuso la lista de la UCR y el peronismo disidente por más de 60 % y la lista la encabeza Erica Revilla y Marcelo Daletto, el PRO ingrasa la tercera Yamila Alonso y nuevamente la UCR cola a Agustín Máspoli.

En la quinta sección electoral los radicales se quedan con los dos primeros lugares

Ariel Bordaisco y Flavia Delmonte y el PRO pone el tercero Alejandro Rabinovich

El esquema se repite en la séptima sección electora el radical Alejandro Cellillo encabeza la papeleta y es seguida por la referente del GEN Lorena Mandagaran, cierra la fila el referente PRO de Olavarría Diego Robbiani.

Por último, es oportuno aclarar que esto es lo que reglamentariamente estaría aceptado por las partes a priori, pero las negociaciones están en curso mientras se realiza el escrutinio definitivo de las primarias donde algunas pequeñas variaciones pueden hacer cambiar el resultado final, tanto como las mismas negociaciones políticas en curso.

Con movimientos sincronizados, al mismo tiempo que los senadores avanzaban en los acuerdos por los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo, el gobierno firmó idéntico número de decretos para designar los primeros funcionarios judiciales de la gestión que encabeza el gobernador Axel Kicillof.

Tal como se ha venido informando, en la provincia de Buenos Aires el actual gobierno frenó la designación de 41 pliegos de funcionarios judiciales que consiguieron acuerdo del Senado y que fueran propuesto por el PE durante el mandato de María Eugenia Vidal.

Pero mientras el gobierno que encabeza Kicillof se negó a promulgar los decretos de designación de los 41 funcionarios “acordados”, remitió un paquete de idéntico número de funcionarios judiciales para que el Senado preste el acuerdo formal.

Ahora, Kicillof revisó nombres y firmó decretos para nombrar a 31 funcionarios “acordados” en la era Vidal, del total de 41. Y al mismo tiempo la oposición en el Senado posibilitó avanzar en el trámite formal para acordar 31 funcionarios que recientemente remitiera el gobierno de Kicillof, de un total de 41 remitidos.

No obstante, tras la firma de los decretos ahora la oposición espera la publicación de los mismo para que se vuelva efectiva la designación de los 31 funcionarios judiciales que quedaron envueltos en una polémica que se inició en los finales del gobierno de María Eugenia Vidal y el comienzo del de Kicillof.

Una vez que se publique las designaciones, los senadores avanzarían con los 31 despachos en la Comisión de ACA, que luego deberán ser tratados en el recinto para la eventual prestación de acuerdo. Finalizado ese trámite legislativo el PE podrá proceder a la designación de los mismo, vía decreto de designación debidamente publicado.

Así mientras senadores avanzaban con el acuerdo de 31 pliego de funcionarios judiciales, el Poder Ejecutivo firmó los decretos para nombrar 13 fiscales, 8 Jueces de Tribunal Oral en lo Criminal, 5 Defensores/as, 1 Asesora de Incapaces, 1 Defensora Civil Comercial y Familia, 1 Juez de Cámara Civil y Comercial, 1 Juez de Familia, 1 Juez de Garantías.

Se trata de funcionarios que se desempeñaran en los Departamentos Judiciales de Avellaneda-Lanús, La Matanza, San Isidro, Bahía Blanca, Lomas de Zamora, La Plata, Quilmes, Moreno- General Rodríguez, Zarate-Campana, Azul y Mercedes.

Otros 10 pliegos que Juntos por el Cambio prestó acuerdo en ausencia de la bancada del FdT, con su propia mayoría en el Senado, que habían sido propuestos durante la gestión de María Eugenia Vidal, seguirán quedando en estudio del gobernador Axel Kicillof.

Los acuerdos aprobados por el Senador pero que seguirán esperando el decreto de designación corresponden a Patricio Guillermo Arrieta como Juez de Garantías de Mercedes, de Leandro Vaccaro como agente fiscal Morón, Ignacio Torrigino, agente fiscal Lomas de Zamora; Mariano Aguilar y Lucia Marta Leiro, como integrantes del Tribunal Criminal de Zárate Campana; Silvia Andrea Gómez como Defensor Oficial en Lomas de Zamora; y Juan Pablo D’Onofrio como fiscal San Isidro.

Pero, sobre todo, los acuerdos de la polémica que más interés suscitan y que el Poder Ejecutivo se resiste a designar son los correspondientes a dos nuevos integrantes del Tribunal de Casación Penal en las personas de Francisco Pont Vergés y Ana Julia Biasotti.

De la misma forma, en la Comisión de ACA del Senado provincial 10 expedientes remitidos por el gobierno de Axel Kicillof permanecerán sin movimiento hasta nuevo aviso, o eventualmente a la espera del recambio legislativo donde el oficialismo espera contar con mejor número e incluso con mayoría propia para poder cumplimentar con el trámite de rigor.

El Salón Dorado constituyó el escenario donde se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos con la presencia en el lugar de su titular, el senador del Frente de Todos Emmanuel González Santalla, que estuvo acompañado por su par de bancada Gustavo Soos y los legisladores de Juntos por el Cambio Nidia Moirano y Juan Pablo Allan.

De manera virtual siguieron las alternativas del cónclave, el vicepresidente Primero de la Cámara, senador del Frente de Todos Alfredo Fisher, conjuntamente con sus colegas de espacio político Agustina Propato, Gabriela Demaría y Omar Plaini; mientras que por Juntos por el Cambio participaron  Elisa Carca, Claudia Rucci,  Felicitas Beccar Varela y Gabino Tapia.

El director provincial de Arquitectura, Rodolfo Macera, confirmó que ya “hay 24 licitaciones con fecha de apertura” para construir Casas de la Provincia en todos los distritos del territorio bonaerense.

En declaraciones a Radio Provincia el funcionario precisó que este año se harán unas “80 licitaciones y las obras comienzan dos meses después de la apertura de los sobres”, es decir una vez adjudicadas.

La primera en manifestar “su preocupación” por la decisión del gobernador Axel Kicillof de avanzar con la construcción de una Casa de la Provincia en cada municipio, fue la diputada radical Anahí Bilbao.

La diputada sureña, junto a otros integrantes del bloque de JxC, instaron “al Ejecutivo provincial que antes de hacer un gasto semejante reflexione y reconsidere esta acción, pues en tiempos de pandemia, sumado a la pobreza de la provincia, los recursos deberían ser usados en emergencias y en necesidades reales”, dijeron.

En el mismo sentido se pronunció el diputado provincial de Cambio Federal, Guillermo Bardón, que realizó un pedido de informe ante la decisión de construir “Casas de la Provincia de Buenos Aires” en distritos bonaerenses.

“Invertir millones de dólares en construir ‘mini gobernaciones’ que no son prioritarias en medio de una pandemia, es un despropósito”, indicó.

“Ya se anunciaron las licitaciones para las obras en 9 distritos donde se proyectaron edificaciones de 781,12 y de 1152,86 metros cuadrados las cuales tienen un costo de más de 182 millones de pesos”, detalló mientras dijo “eso, multiplicado por 134 distritos, eleva la inversión a una suma millonaria que, para la realidad de la provincia, es absolutamente innecesaria”.

“Es un despropósito, en el contexto de crisis que estamos atravesando, generar una estructura paralela a la existente que va a requerir una planta de empleados y de una inversión que podría ser planificada para otro momento”, concluyó.

Por otro lado, desde el bloque de senadores de JxC presentarán un proyecto de solicitud de informes a partir de la decisión del gobierno de construir Casas de la Provincia en los municipios bonaerense, con la sola excepción del de La Plata.

Se trata de una iniciativa impulsada por Gabino Tapia y que es acompañada por sus pares de bancada: Daniela Reich, Felicitas Beccar Varela, Lucrecia Egger y Juan Fiorini que si bien reconoce que el mandatario provincial está habilitado para realizar dicho gasto, cuestionan “el crítico contexto que está atravesando la provincia como para destinar esos fondos a otra cosa que no sea la compra de vacunas o de equipamiento para el sistema de salud, ya que estamos hablando de 2.900.000 millones de pesos”.

“La iniciativa del gobernador de construir Casas de la Provincia en municipios no hace más que ratificar el desconocimiento que tienen sobre el territorio bonaerense”, expresó Gabino Tapia y agregó: “en lugar de apoyarse en los intendentes, sean del partido que sean, pero elegidos por cada comunidad, gasta recursos de todos los bonaerenses para seguir pagando militancia partidaria sin sentido”.

No obstante, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Subsecretaría de Obras Públicas y en articulación con el Ministerio de Gobierno bonaerense, licitó las obras para la construcción de las primeras cuatro Casas de la Provincia. Las mismas se llevarán a cabo en los municipios de Baradero, Chascomús, Olavarría y Ezeiza.

Estos edificios están destinados a acercar el Estado provincial a los vecinos de todo el territorio bonaerense. Se busca brindar un espacio a aquellos organismos provinciales que tienen presencia en los municipios, con el fin de agilizar los distintos trámites administrativos.

El objetivo es mejorar la calidad de atención al público, mediante sistemas orientados a la “ventanilla única” y la atención personalizada.

Entre las dependencias que podrá albergar el edificio se encuentran el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, IOMA, ARBA, Patronato de Liberados, delegaciones del Ministerio de Trabajo, Educación y Ministerio de Mujeres, entre otras.

El presupuesto oficial para las Casas de la Provincia de Chascomús, Ezeiza y Olavarría, que se edificarán en tres plantas, fue superior a los 182 millones de pesos cada una. Por su parte, el edificio contemplado para Baradero, de dos plantas, implica una inversión de más de 146 millones de pesos por parte del gobierno bonaerense.

El Cuerpo votó iniciativas para prevenir el Grooming, establecer la equinoterapia como actividad terapeútica de rehabilitación y crear un Registro Único de trabajadores estatales bonaerenses asesinados o desaparecidos.

El Senado de la provincia de Buenos Aires volvió a sesionar de forma presencial y remota y aprobó una batería de proyectos para mejorar la vida de los y las bonaerenses.

El Cuerpo votó una iniciativa que crea el Registro Único de Trabajadores Estatales que hayan sido víctimas de muerte o desaparición durante el período comprendido entre los años 1974 y 1983, con el objetivo de visibilizar la magnitud del terrorismo de Estado en la provincia de Buenos Aires y respetando los lineamientos de Memoria, Verdad y Justicia.

Además, se aprobó un proyecto para crear una campaña digital para la prevención del Grooming, que estipula una serie de actividades tendientes a erradicar, concientizar y prevenir esta nueva forma de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Se votó la regulación de la equinoterapia como actividad terapéutica de rehabilitación, habilitación, deporte y educación en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, los senadores y senadoras apoyaron el proyecto de Receta Digital y Telemedicina, herramienta que representa un avance en materia de atención médica y está en sintonía con las legislaciones del mundo.

Y se aprobó con carácter obligatorio una jornada anual de capacitación en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para todo el personal docente y no docente que pertenezca a instituciones públicas y privadas dependientes de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia.

Los legisladores debatieron y votaron favorablemente el proyecto que garantiza la tasa de capitalidad para La Plata, que establece la asignación de un ingreso extra dentro de los fondos de coparticipación de la ciudad capital.

Durante la sexta sesión, el recinto respaldó una iniciativa para instituir el 19 de noviembre como Día Provincial para la Prevención del Abuso contra Niñas, Niños y Adolescentes, en sinergia con el 20 de noviembre, cuando se celebra el Día de los Derechos del Niño.

También se aprobó proyecto que instituye el 10 de enero como el Día de la Mujer Policía en el ámbito de la Provincia, en virtud del homenaje a la fecha de nacimiento de la primera mujer bonaerense caída en cumplimiento del deber; y en reconocimiento a las 39142 mujeres que integran el cuerpo policial.

Entre los homenajes de la jornada, se recordaron las figuras del ex presidente Néstor Kirchner, tras cumplirse el pasado 27 de octubre 10 años de su desaparición física; y del ex presidente Raúl Alfonsín, al conmemorarse el 30 de octubre un nuevo aniversario del triunfo electoral de 1983, que significó la vuelta de la democracia.

Luego de que se arribara a un acuerdo parlamentario en la legislatura provincial por la prorroga a la ley que plantea la suspensión de los desalojos y ejecuciones en la Provincia de Buenos Aires, se rechazó una ley especial en materia de tomas y usurpaciones.

Con varias modificaciones propuestas por el bloque de diputados de JxC finalmente se aprobó el proyecto ley que prorroga la suspensión de los desalojos y ejecuciones en la provincia de Buenos Aires.

“Existía la necesidad de precisar el alcance de la ley y que las usurpaciones sean solamente para situaciones muy particulares, como el caso de personas pasibles de lanzamientos por créditos hipotecarios o créditos UVA”, dijo Lipovotzky.

“Además, propusimos un artículo donde precisamos que quedan excluidas de la suspensión todas las usurpaciones y también las tomas colectivas de terrenos, esto es para dejar en claro que los jueces tienen las herramientas necesarias para producir los desalojos ante la una situación de usurpación ilegal”, manifestó el legislador que integra el bloque de JxC. 

“Los lanzamientos suspendidos son los que se tratan de vivienda única de ocupación permanente, con los cual con las modificaciones que propusimos a la ley ha quedado más precisa, y de ninguna manera podrá ser invocada ante la justicia para querer pretender dilatar el proceso de desalojo de las tomas y usurpaciones”, aclaró el legislador.

Pero, por otro lado, el oficialismo rechazó y no aceptó tratar sobre tablas el proyecto para declarar la emergencia provincial en materia de tomas y usurpaciones. El proyecto intentaba darle más herramientas a los jueces para que puedan accionar rápidamente protegiendo la propiedad privada.

“Es una muestra más de lo que nosotros venimos argumentando desde un primer momento, que las tomas obedecen a muchas razones, una de esas es que algún sector del gobierno que ve con buenos ojos estas olas usurpaciones que se están dando en la Provincia de Buenos Aires, lo cual es de suma gravedad y requiere que el oficialismo sea claro con su postura y no solo de respuestas discursivas vacías de soluciones reales para la sociedad”, sostuvo Lipovetzky.

La fuerza opositora que constituye la primera minoría dentro del Senado provincial terminó prestando acuerdos a pliegos de funcionarios judiciales que había reclamado el Ejecutivo para su revisión.

En un trámite legislativo que no reconoce muchos antecedentes, la oposición, el bloque de JxC, aprobó, por unanimidad de los presentes, 41 pliegos de funcionarios Judiciales, luego de que la bancada del FdT se retirara del recinto.

La acción llama la atención porque resulta una práctica usual que los “acuerdos” para las designaciones de funcionarios judiciales se den por amplias mayorías y con el concurso de más de un bloque. Más extraño aun es que el bloque del oficialismo no participe de la votación, aunque de esa forma evitó rechazar los pliegos aprobados.  

El bloque del oficialismo pidió aprobar el decreto de solicitud del Poder Ejecutivo que en la previa de la sesión pedía la devolución de los pliegos para su revisión, cuestión que fue rechazada por la mayoría que constituye el bloque opositor que, acto seguido, pidió el tratamiento de los expedientes que figuraban en el Orden del Día de la sesión, entre los puntos 44 y 85.

Los 20 senadores que integran el bloque del oficialismo se retiraron del recinto, ya sean los que estaban presente físicamente como los que estaban de forma virtual, que en ese caso se desconectaron. También se retiró del estrado la vicegobernadora Verónica Magario y fue reemplazada en la presidencia del Cuerpo por el vicepresidente II, el senador Alejandro Cellillo.

Así los 26 senadores de JxC que comanda el senador Roberto Costa prosiguieron en soledad con la sesión y pusieron en votación los pliego que fueron aprobados por unanimidad de los presentes y mayoría absoluta del Cuerpo.

De esta forma se concluyó con una disputa que estaba paralizando el nombramiento de funcionarios del Poder Judicial desde julio de 2019 hasta la fecha.

Los pliegos con el respectivo acuerdo o rechazo de todas formas son remitos al Poder Ejecutivo, donde seguramente empezará otra etapa del trámite de designación final de los funcionarios.       

Cabe consignar que entre los funcionarios “acordados” por los senadores están dos Jueces que integrarían el Tribunal Superior de Casación, se trata de Ana Julia Biasotti y Francisco Pont Verges.

Mientras que el pliego del fiscal para el Departamento Judicial de San Isidro Iván Maximiliano Jarisch, fue rechazado.

La nómina completa de funcionarios judiciales aprobados por unanimidad de los presentes está compuesta por 18 Jueces en distintos fueros, 7 defensores oficiales y 16 para fiscales.

A continuación, el resto de la nómina, por Departamento Judicial y fueros: La Plata, Carolina Crispiani (Jueza de Tribunal Criminal), Federico Guillermo García Ceppi (Camarista Civil), y Valentín Francisco Virasoro (Juez de Familia); Quilmes, Rodrigo Gabriel Bagini (Juez de Tribunal Criminal); Bahía Blanca, Julián Francisco Saldías (Juez de Tribunal Criminal), Carlos Esteban Human (Fiscal Fuero Penal Juvenil) y Diego Fernando Torres (Fiscal); Moreno-General Rodríguez, Karina Serafina Iuzzolino (Jueza de Tribunal Criminal), Juan Manuel Renaud Mas (Juez de Tribunal Criminal), Francisco Raúl Aubía (Defensor Oficial), María Paula Rodríguez (Jueza de Tribunal Criminal) y Daniel Eugenio Machain (Juez de Tribunal Criminal); Mercedes, Juan Sebastián Lemos (Juez Juzgado Penal Juvenil), Patricio Guillermo Arrieta (Juez de Garantías); Azul, Roberto Pablo Molina Marañon (Defensor Oficial Fuero Criminal y Correccional) y Gabriela Marina Dalla Valle (Asesora de Incapaces); La Matanza, Matías Alejandro Folino (Fiscal); San Isidro: Pablo Omar Menteguiaga (Fiscal), Manuel Cayuela (Fiscal), Karina Gisela Bianchi (Fiscal); Lomas de Zamora, Juan Pablo D’Onofrio (Fiscal), Marcos Sánchez Clos (Defensor Oficial), Ignacio Gabriel Torrigino (Fiscal), Carolina Gisel Zugasti (Fiscal), Silvia Andrea Gómez (Defensora Oficial Civil, Comercial y Familia), Raúl Osvaldo Arrieta (Fiscal); Morón: Leandro Matías Vaccaro (Fiscal); Zárate-Campana, Lucía María Leiro (Juez Tribunal Criminal), Federico Daniel Martinengo (Juez de Tribunal Criminal) y Mariano Aguilar (Juez de Tribunal Criminal); Avellaneda-Lanús, Tomás Barbieri Prats (Defensor Oficial), Agustina María Eva Galczynsky (Fiscal), María Silvia Bussano (Fiscal), Mercedes Dudan (Fiscal), Graciela Inés Godoy (Fiscal), Ariel Huarte (Fiscal), Marcela Verónica Schellemberg (Defensora Oficial Civil, Comercial y Familia) y Aldana Romina Aguirre (Defensora Oficial); y en el Departamento Judicial de Mar del Plata: Alfredo José Deleonardis (Camarista Penal).

También en la sesión de hoy los dirigidos por Federico Otermín acordaron la designación de los representantes de la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura.

La ratificación por ley del Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la provincia de Buenos Aires (PREIMBA), que dejará el programa en manos del Ministerio de Obras Públicas del gobierno nacional, con el objeto de garantizar el mantenimiento y construcción de obras de infraestructura municipal en ámbitos urbanos, suburbanos y/o rurales; aparece con el tema más importante que aprobarían los diputados.

También habrá participación del Ministerio del Interior nacional que será el encargado de acordar con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los municipios el plan de obras a desarrollarse en el marco del Programa que se crea, cuya ejecución estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas.

A su vez el Poder Ejecutivo nacional se reserva para sí según la normativa que ratificarán los bonaerenses, a través del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio del Interior, dictar la reglamentación necesaria para la instrumentación y funcionamiento del Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires (PREIMBA), a la que se le asigna la suma de $ 5.000.000.000.

Además, en la adhesión que realizará la legislatura provincial se abala el criterio de distribución que tendrán el PREIMBA que estimaron oportuno detallar los funcionarios nacionales sin participación alguna de organismos o pares provinciales.

En la normativa nacional se estableció que los fondos serán transferidos a la provincia, que realizará la distribución entre los 135 municipios de los recursos –los 5 mil millones de pesos-, por Coeficiente Único de Distribución (CUD) en un 50 % y, el otro 50 %, en función del índice de ingresos del año 2019; los legisladores provinciales, en uso de sus atribuciones indelegables, le darán fuerza de ley provincial a esta metodología.

Por otra parte, luego de mucho traqueteo, los diputados llegaron a un acuerdo para designar a quienes integrarán el Consejo de la Magistratura en representación de la Cámara baja. Serán consejeros titulares los diputados oficialistas Jorge D’Onofrio y Susana González; que tendrán como suplentes a Alberto Conocchiari y Carlos Moreno, respectivamente. Por la oposición, los diputados integrantes del bloque de JxC Sandra París y Daniel Lipoveztky serían los consejeros designados.

“El bloque de senadores y senadoras bonaerenses de Juntos por el Cambio incurrió en una actitud profundamente desleal y antidemocrática, al poner fin de manera unilateral al debate en torno al proyecto de Ley de Víctimas que se venía trabajando en un marco de respeto y pluralidad”, informaron desde le bloque oficialistas, tras la finalización de la reunión de la Comisión de Legislación General. 

A lo largo de las últimas tres reuniones realizadas por la Comisión -que preside el senador del FdT Francisco “Paco” Durañona- pasaron más de 30 expositores y expositoras que compartieron sus apreciaciones en torno al proyecto en cuestión, haciendo diversos tipos de “aportes tendientes a enriquecer y mejorar una normativa que todos consideramos fundamental” para la provincia de Buenos Aires.

Entre ellos se destacan asociaciones y organizaciones que nuclean a familiares de víctimas del delito; académicos, entre los que sobresalen el juez y profesor universitario, Ignacio Gallo, y la jueza Mariana Maldonado –ambos integrantes de la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires durante los años 2016 y 2017-; los reconocidos profesores de Derecho Penal, Fernando Díaz Cantón y Martín Arias Duval; el secretario de Política Criminal del Ministerio Público Fiscal bonaerense,  Francisco Pont Vergés;  el presidente del Consejo de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Almeida; la directora provincial de Casos Críticos y de Alto Riesgo del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, Silvina Perugino; el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Lisandro Pellegrini; y el presidente de la organización Grooming Argentina, Hernán Navarro, entre otros y otras.

“Todos ellos y todas ellas hicieron interesantes evaluaciones que la presidencia de la Comisión pretendía considerar para la elaboración del dictamen final”, relataron fuentes del oficialismo y agregaron que “sin embargo, el bloque de Juntos por el Cambio no le otorgó ninguna importancia a la voz de las organizaciones que representan a las víctimas, los académicos, los funcionarios y los demás participantes y, sorpresivamente, aprobó un proyecto de dictamen de manera unilateral, sin mostrar la mínima vocación de trabajar en pos del consenso y el acuerdo”.

“Peor aún, el dictamen en cuestión no fue presentado ante la Comisión de Legislación General, razón por la cual el bloque opositor ha cometido la irregularidad de aprobar un expediente cuyo contenido es desconocido tanto por la presidencia de la Comisión como por los senadores y las senadoras que la integran”, según se detalló desde la comisión que comanda Durañona.

“Esta celeridad del espacio que responde a la ex gobernadora María Eugenia Vidal contrasta con el tratamiento que ella le dio al proyecto de Ley de Víctimas durante su gestión, ya que en los cuatro años en que permaneció en el cargo, ninguna de las iniciativas existentes al respecto fueron tratadas”, agregaron.

Voceros oficiales del senado además consignaron que la Ley de Víctimas “es un instrumento central para fortalecer la política de seguridad del Gobierno provincial y atender las demandas de los y las bonaerenses afectados por el delito”.

Y en ese sentido agregaron que “en efecto, en todo momento estuvo garantizado de parte de nuestro bloque el compromiso de tratar durante la próxima sesión el proyecto que surgiera del debate en comisiones”.

“Por eso, consideramos que la misma debe surgir como consecuencia de un amplio consenso que contemple la voz y la opinión de todos los actores involucrados y no a partir de un proyecto que ni siquiera tuvimos la posibilidad de conocer”, dijo el presidente de la comisión de legislación general.

El ex intendente de San Antonio de Areco además llamó “al bloque de senadores y senadoras de Juntos por el Cambio a rever la posición adoptada”, y concluyó “la ciudadanía bonaerense merece una Ley de Víctimas que contemple los intereses de todos y de todas y que no sea meramente el producto de una estrategia de utilización política por parte de Juntos por el Cambio”.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires llevó adelante una nueva sesión ordinaria repitiendo la modalidad utilizada desde el inicio de la pandemia, con la presencia en el recinto del presidente del cuerpo, Federico Otermín, junto a las autoridades de la Cámara y los presidentes y presidentas de bloque, mientras que el resto de los diputados y diputadas participaron de forma remota.

Durante la sesión se aprobó la Ley de Sostenimiento y Reactivación del Sector Turístico en el contexto de la Pandemia.

La iniciativa de la diputada provincial Melisa Greco comprende la instrumentación de un régimen de beneficios impositivos – condonación de deudas fiscales, postergación de vencimientos de impuestos y tasas provinciales, rediseño de agenda de vencimientos y regímenes especiales para el pago de obligaciones impositivas, entre otros – y de líneas de crédito y subsidios especiales a través del Banco de la Provincia y el Gobierno provincial, abarcando políticas de promoción coordinadas entre los distintos niveles del Estado.

“Nuestra Provincia lidera el turismo doméstico con el 36% de promedio anual y un 47% en temporada alta. La adhesión del proyecto responde a un marco de asistencias que el Gobierno viene disponiendo para cada uno de los sectores afectados por la pandemia. Tanto el gobernador Axel Kicillof, como el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, tienen claro que la prioridad es cuidar el empleo y la producción bonaerenses para planificar la reconstrucción de la pospandemia”, dijo Otermín y resaltó que la iniciativa constituye un pedido de empresas y pymes del rubro nucleadas en la Federación Económica de Buenos Aires.

Por otra parte, el presidente del Cuerpo, resaltó que se aprobó un proyecto que regula el ejercicio profesional de la Terapia Ocupacional, con el respectivo título, especificando las incumbencias de la profesión.

Los diputados, en articulación con la Asociación de Terapistas Ocupacionales de la Provincia de Buenos Aires, trabajaron esta iniciativa especificando su intervención en el caso de aquellas personas que por alguna limitación no pueden desarrollar su vida diaria.

Asimismo, contempla la creación de un Colegio Profesional en el cual deberán matricularse los y las terapistas para estar habilitados y poder ejercer su profesión.

Además, se votó la institución del “Día Provincial del Donante de Plasma”, como reconocimiento a los donantes de nuestra Provincia por su acción de generosidad, el 7 de agosto de cada año, en homenaje a la Dra. Nora Etchenique, Directora del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, que falleció en un accidente de tránsito a principios de mes.

Finalmente, se aprobó un proyecto para declarar de interés legislativo el ciclo de encuentros virtuales del Centro de Estudios de Políticas Políticas Bonaerenses denominado “COVID 19 – Plasma Pandemia Solidaridad”.

El proyecto surgió del propio sector gastronómico sobre todo de la región de La Plata que plantearon “los abusos que hoy sufren de parte de las plataformas digitales de reparto a domicilio”.

En este contexto de pandemia, los operadores de plataformas digitales de reparto a domicilio “se aprovechan de las necesidades de los comerciantes” que dependen de los deliverys, tal como es el caso del rubro gastronómico,

Ante esta situación según se informó estas aplicaciones están imponiendo comisiones de hasta el 40 % de cada operación de venta donde intervienen, cuando antes de la pandemia, las comisiones alcanzadas eran de hasta el 20 %.

“Por eso hemos propuesto un tope del 20 % para evitar abusos sin dejar de reconocer el lucro de los operadores de las plataformas”, dijo el autor de la inciativa, el diputado de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky.

“En este momento es clave ayudar a las pymes bonaerenses que se ven expuestas a las condiciones abusivas que les imponen las grandes empresas de plataformas digitales, muchas extranjeras”, completó el diputado provincial.

Además, el proyecto de ley que llamó la atención de los legisladores establece la obligación de las plataformas de poseer un canal de atención de reclamos, muy necesario para los usuarios y/o consumidores.

Se considera que este proyecto de ley es “una herramienta de ayuda al sector gastronómico”, que es mano de obra intensiva y hoy sufre una caída de la actividad muy importante por la pandemia.

Según el autor de la iniciativa “las plataformas de reparto a domicilio pretenden quedarse con gran parte del margen de rentabilidad que hoy posee el sector gastronómico”.

A su vez, y siempre según relató el diputado Lipovetzky, el proyecto también establece “un plazo máximo de 10 días para el pago a los comerciantes” de las operaciones realizadas a través de las plataformas, “ya que hay muchas quejas porque las plataformas han demorado hasta 40 días en transferir el dinero que le corresponde al comerciante”.

La iniciativa fue presentada por del diputado Emiliano Balbín y producto de un trabajo en conjunto con las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil que alentaron el proceso de cambio de la Ley.

La norma sancionada esta semana por la Legislatura establece la modalidad a distancia, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la mediación previa obligatoria.

Se aplicará en los conflictos cuyo objeto sea materia disponible por los particulares, permitiendo acceder a la resolución de estos, o que se habilite la vía judicial para proseguirlos.

“Este trabajo en conjunto con las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, que estuvieron en constante contacto con nuestro equipo, con conferencias acerca del tema, consultas a juristas, académicos, colegios de abogados, mediadores, facultades, y al arco judicial en general, fue vital para que este proyecto encontrara un rápido consenso en ambas cámaras”, señaló el diputado de Juntos por el Cambio, Emiliano Balbín, autor de la iniciativa.

La Ley en vigencia, que se sancionó en 2009, estableció como regla general la mediación obligatoria en todos los casos que no admitan excepción, pero las partes deben asistir personalmente a la audiencia, no pudiendo ser sustituidas por apoderados, salvo que su domicilio exceda los 150 km. del asiento del mediador, como única excepción.

Esta modificación sustancial a la Ley 13.951 de Mediación y Conciliación Prejudicial, permitirá no solo modernizar la ley vigente, sino que además garantizará el acceso a la justicia a una innumerable cantidad de ciudadanos que hoy encuentran vedado este derecho fundamental.

La Ley sancionada incorpora el artículo 15 Bis a la actual Ley, que le da la posibilidad al mediador y a las partes a celebrar una audiencia a través de canales y procedimientos electrónicos de comunicación, asegurando además la confidencialidad e identidad de estas.

“Con esta Ley le estamos dando a los ciudadanos y a los profesionales la herramienta necesaria para garantizar un derecho fundamental de Constitución provincial, establecido en el artículo 15, que consagra la tutela judicial efectiva. Y, además, estamos sentando un precedente que será la pieza fundamental y fundacional de una manera más moderna, equitativa, rápida y justa de garantizar el acceso a la Justicia”, finalizó Balbín.

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires se dispone a sancionar un proyecto de ley que desde hace meses viene reclamando el gobernador Kicillof y que permite contraer nuevos endeudamientos por $ 28 mil millones y 500 millones de dólares.

Este jueves, la jornada legislativa comenzará con la Cámara de Diputados como de origen y la de Senadores como revisora, para las 15 la primera y 18 la segunda.

El trámite legislativo se volvió más urgente a partir del refinanciamiento que el gobierno de la Nación logró por la deuda externar nacional; salir del default habilita a las provincias a colocar deuda en el mercado externo con mejores posibilidades.

También el Congreso de la Nación en la ampliación del Presupuesto nacional emitió un mensaje a la provincia en su capítulo VI al crear el Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires (PREIMBA), por $ 5.000 millones.

Los miembros de la principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio, indispensables para sortear con éxito el trámite parlamentario, encontraron algunos “detalles de obras” que reclamaban y además lograron cierta previsibilidad en “las asistencias” a las administraciones locales.

Tal como se viene informando, el Gobierno bonaerense viene reclamando autorización para contraer unos endeudamientos.

Por un lado, pretende autorización para colocar 20 mil millones de pesos para hacer frente a pago de proveedores, y unos 8 mil millones para crédito “intra” Estatal en Letras del Tesoro.

Pero también se solicita autorización para colocar deuda en mercados de capitales por 500 millones de dólares desarrollar proyectos de gestión que puedan haberse visto afectados por la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19.

“Es de absoluta necesidad la aprobación de este endeudamiento para avanzar en el plan de obras”, sostuvo el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Agustín Simone.

Y detalló: hay 120 millones de dólares disponibles del Banco Mundial para la construcción de 3.000 viviendas.

En el mismo sentido, se aclaró que en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hay unos 200 millones de dólares, más 50 millones de dólares de aporte local para avanzan en obras en la ruta 36, en el tramo entre Berazategui y La Plata; en la ruta 14, tramo Quilmes-Florencia Varela; ruta 49 entre Quilmes-Varela; ruta 58, que atraviesa Ezeiza, Esteban Echevarría y San Vicente; ruta 205 tramo Ezeiza-Cañuelas, entre otras.

En la ruta 11, la provincia proyecta reactivar las obras del tramo San Clemente del Tuyú-Mar de Ajó; y el de General Conesa-San Clemente del Tuyú.

En la Ruta Provincial N° 56, se concluirán los trabajos del tramo General Conesa-General Madariaga.

También se acordó un plan de agua y saneamiento a 46 distritos de la provincia, que están bajo contrato de Aguas Bonaerense Sociedad Anónima (ABSA).

Esto detalles y otras gestiones que el Poder Ejecutivo se comprometió a realizar permitieron que los legisladores de la oposición empezaran a pensar en dar el apoyo legislativo a la iniciativa que solicita las autorizaciones para contraer nuevas deudas y renegociar contratos de créditos ya otorgados.

El gobierno se comprometió a ejecutar el Fondo de Infraestructura Municipal por $ 2.000 millones acordado para el 2020, compensar la pérdida de recaudación municipal para los meses de julio y agosto por unos $ 3000 millones y actualizar los envíos de fondos de obras provinciales ejecutadas por municipios por más de $ 1.000 millones.

“Conseguimos algunas certezas sobre el destino de los fondos y dimos algunos pasos para llevar tranquilidad a las administraciones locales”, dijo un negociador de la oposición que se mostró optimista respecto de la sanción de la norma reclamada por el gobernador Kicillof.   

Tal como se dispuso la semana pasada los diputados bonaerenses se reunieron este lunes en un plenario de comisiones de Legislación General y Presupuesto para analizar el proyecto de Poder Ejecutivo donde se solita autorización para nuevos endeudamientos.

El proyecto solicitando las autorizaciones para contraer nuevos endeudamientos por $ 28 mil millones y 500 millones de dólares solicitado por la administración Kicillof

Como paso previo a la sesión que está convocada para el jueves, los diputados del FdT debían obtener el despacho de mayoría en ambas comisiones para poder ingresar el proyecto en el Orden del Día de la sesión y así asegurarse su tratamiento.

La semana parece empezar con buenas noticias para el oficialismo legislativo, con la ayuda del diputado independiente Mario Giacobbe el bloque del FdT, logró despacho de mayoría del proyecto en cuestión en las Comisiones de Presupuesto y Legislación General, por lo que formará parte, efectivamente, del Orden del Día.

El primer paso ya es un hecho, está dado, mas no el podemos por el momento adelantar el resultado parcial que se puede llegar a logra en la Cámara baja si es que efectivamente llega al recinto de la Cámara baja. Además, luego habría que seguir por el Senado.

La ventaja en las comisiones para imponer el criterio oficialista fue mínima y la ayuda de Giacobbe, que no forma parte del FdT y conduce el minoritario bloque 17 de Noviembre, fue “clave”.

Si bien el diputado Guillermo Bardón; integrante de otro bloque minoritario, Cambio Federal; se despegó de la posición de Juntos por el Cambio, pero no sumó para el oficialismo, las votaciones resultaron “de mayoría” por 8 a 7 en Presupuesto y por 7 a 6 en Legislación General.

Así las cosas, el expediente PE-5/20-21 llegará al recinto para ser considerado con despacho de mayoría y con uno o dos despachos de minoría, y en principio no necesita de mayoría especial para ser considerado, aunque sí para aprobado en su articulado respecto de las autorizaciones para contraer nueva deuda bonaerense.

Por ley se proponen modificaciones al actual régimen impositivo con “medidas que tornen más progresiva la imposición patrimonial” y cambiando alícuotas de Ingresos Brutos para aquellos contribuyentes “con mayor capacidad de aportar”.  

El senador integrante del bloque del FdT Francisco Durañona presentó el proyecto de ley que modifica la Impositiva 2020, que tanta polémica despertó durante su tratamiento legislativo y destacó que ese aumento a los sectores con “mayor capacidad de aportar” servirá para desgravar a sectores que más sufren la crisis.

En rigor, el proyecto efectivamente propone desgravar Impuesto de Sellos a los resúmenes de tarjetas de crédito y alícuotas de IIBB en aquellos rubros con “márgenes acotados para sostener la contribución”.   

En medio de la crisis socio sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19 y para atender la emergencia, el senador provincial del Frente de Todos por la segunda sección electoral presentó un proyecto para modificar la Ley Impositiva 2020.

“Una situación extraordinaria requiere la adopción de medidas extraordinarias por parte del Estado en todos sus niveles”, aseguró el legislador.

Tras analizar posibles modificaciones impositivas que permitan enfrentar la actual situación de emergencia sanitaria, el senador provincial Francisco Durañona presentó un proyecto de ley en ese sentido.

Al respecto, el legislador explicó que la iniciativa es resultado del trabajo con especialistas en materia impositiva, y remarcó que la misma busca “aliviar el impacto” que el aislamiento social, preventivo y obligatorio; dispuesto de manera extraordinaria para combatir la pandemia; tiene sobre la economía.

“En este complejo escenario epidemiológico se ha vuelto aún más evidente que la distribución de los costos es desigual entre los distintos actores económicos, siendo más angustiante para los trabajadores informales, los cuentapropistas y quienes tienen menores ingresos”, detalló el senador Durañona.

Y en ese sentido, estima que “por eso, es el Estado quien debe asumir un rol activo frente al mercado”.

El espíritu del proyecto es “fortalecer el gasto social y asegurar el financiamiento público, redistribuyendo el peso de la carga tributaria y legislando para que el esfuerzo de quienes están en una mejor posición, aliviane a los que enfrentan este momento con mayor dificultad”.

Para asegurar recursos, se promueve un “incremento transitorio” del 30% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para aquellos contribuyentes “con mayor capacidad de aportar” y la desgravación a los sectores con “márgenes acotados para sostener la contribución”.

Establece que las modificaciones regirán “a partir del anticipo con vencimiento durante el mes de junio de 2020 y hasta el anticipo con vencimiento en el mes de enero de 2021”.

En cuanto al Impuesto Inmobiliario, impulsa la implementación de medidas que tornen más progresiva la imposición patrimonial, incrementando la contribución del ejercicio 2020 para los inmuebles con la mayor valuación fiscal en las plantas Urbana Edificada, Urbana Baldío y Rural.

Además, y con el objeto de mejorar el acceso al financiamiento por parte de las familias bonaerenses, propone desgravar en el Impuesto de Sellos a los resúmenes de tarjetas de crédito o compra inferiores a $50.000 mensuales para lo que queda del ejercicio 2020. Por último, el autor del proyecto sostuvo que “una situación extraordinaria requiere la adopción de medidas extraordinarias por parte del Estado en todos sus niveles”, al tiempo que destaca que “ésta viene siendo la conducta del presidente Alberto Fernández y del gobernador Axel Kicillof que, a un mes de iniciado el aislamiento, ha demostrado su efectividad en el combate al coronavirus”.

“Es así que esta iniciativa pretende aportar recursos para que nuestra provincia transite de la mejor manera y con el financiamiento necesario para la implementación de políticas públicas equitativas en este contexto de emergencia”, dijo el integrante de la alianza del gobierno nacional y provincial.

La diputada provincial de la alianza del gobierno consideró al Procurador General de la Corte Julio Conte Grand como “el único responsable” por la crítica situación de hacinamiento que atraviesan las cárceles bonaerenses en el contexto de aislamiento para evitar el contagio masivo de coronavirus.

“Si esto sigue en escalada, si se producen más muertes o una infección generalizada de coronavirus dentro de las unidades carcelarias hay un único responsable con nombre y apellido: se llama Julio Conte Grand” aseveró la diputada bonaerense, Susana Gonzalez.

La legisladora manifestó que “lo veníamos advirtiendo, esta situación va a ir en creyendo” dijo en momentos en que presos de distintas cárceles de la provincia realizan huelgas de hambre y “cuasi motines” en reclamo de que se agilicen los trámites para que les otorguen beneficios ante la posibilidad de la pandemia ingrese a un penal y ponga en riesgo la unidad carcelaria.

Sostuvo que la resolución dispuesta por el Tribunal de Casación bonaerense a cargo del juez Víctor Violini, que hizo lugar a un amparo colectivo presentado por los 19 defensores oficiales para que se conceda el arresto domiciliario a los detenidos por delitos leves “no se trataba de excarcelaciones, ni morigeraciones para todos y todas”.

La resolución responde a recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para “contener o disminuir las consecuencias ante esta situación de hacinamiento y dirigida a personas mayores de sesenta años, con enfermedades graves, mujeres embarazadas o con hijos dentro de las unidades carcelarias” dijo la diputada al considerar que “el ingreso del virus provocaría un contagio masivo”.

“Entendemos que si están en una cárcel tienen que cumplir su pena ante la sociedad por el delito que cometieron” sostuvo Gonzalez, aunque explicó que “lo que hoy están paradas son las medidas de atenuación accesibles legalmente a quienes están en condiciones de salir por delitos menores, no hablamos de un narcotraficante o un homicida; un violador o un femicida” remarcó.

Para la diputada, “la grave crisis de las cárceles bonaerenses se puso de manifiesto tras darse a conocer el primer caso de coronavirus positivo, que provocó una gran escalada de motines, incluso llegando a un fallecido”.

Gonzalez, manifestó que el Procurador General de la Corte bonaerense “públicamente se manifiesta de acuerdo, aunque bajo cuerda instruye a los fiscales para que apelen y desoye la voz de la Corte Suprema”.

La legisladora, que además integra la mesa Institucional dispuesta por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, remarcó “sabemos que su vocación de ultra derecha no le permite dilucidar entre el perdón o el arrepentimiento. Entiende que debe actuar bajo la ley del talión, y la lleva adelante en el ejercicio de su profesión”.

“Se trata de quien los medios muestran como un señor sensato, responsable y sensible, aunque bajo sus tules negros aprieta y amenaza a fiscales y jueces”, dijo al referirse al Procurador.

Ante ello, aseguró que “después de haber escuchado de la voz del propio Conte Grand que aquellos que pedían morigeración de las penas eran ‘miserias humanas’ y que la medida extraordinaria ‘era un desvío´ ha quedado en evidencia que juega por debajo y por arriba de la Mesa Institucional de Diálogo”.

Estos dichos, se trata de un audio difundido donde presuntamente el Procurador General de la Corte en el marco de una teleconferencia con defensores y fiscales, criticó que se avance en planteos de morigeración de la pena de encierro, más allá de los casos que conforman el universo de riesgo frente a la pandemia de Covid-19.

La posición ya incomoda a varios dirigentes de JxC y específicamente no pocos diputados provinciales que empieza a reclamar en público sobre la paralisis legislativa.

El viernes la ex mandataria María Eugenia Vidal se había reunido con los senadores y ahora lo hizo por separado con los diputados, donde saltó el reclamo.  

Así, los integrantes del bloque de diputados provinciales de la principal fuerza oposicitora   mantuvieron hoy una reunión virtual con la ex gobernadora Vidal para repasar las acciones que están impulsando, debatir y proponer nuevas iniciativas, tanto legislativas como en los municipios, para superar esta crisis.

El jefe del bloque, el marplatense Maxi Abad, ofició de vocero del encuentro virtual y manifestó que Vidal dio un panorama de “los tres ejes más importantes y transversales de la crisis: sanitario, económico y social”, y enfatizó en que es preciso seguir “acompañando a toda la sociedad en este duro momento y poniéndonos a disposición de las autoridades con la convicción que en esta emergencia no hay espacio para la mezquindad y que no hay salidas individuales ni sectoriales”.

Abad agregó que “tal como expresó María Eugenia una de las formas que elegimos para poner el hombro es ayudando al gobierno a transitar este camino y facilitar todas las herramientas que requiera”.

En esa línea, durante la reunión, Vidal manifestó que dDistintos dirigentes de nuestro espacio, estamos trabajando con el presidente y también con el gobernador. Con ambos nos hemos reunido y nos pusimos a disposición”.

“Es necesario que todos nos involucremos en encontrar soluciones concretas a los problemas que esta crisis está trayendo”, dijo el diputdo de la quinta sección electoral y agregó “por eso le propusimos al gobernador que trabajemos en un plan para la salida, que seguramente va a ser duro para nuestro país y nuestra provincia”.

Finalizada la reunión Abad trazó un balance sobre la agenda que impone la emergencia sanitaria: “El Poder Ejecutivo, ya sea nacional, provincial o municipal, tiene una responsabilidad enorme y trabajan en decisiones sanitarias, alimentarias y de seguridad”.

Pero, a reglón seguido, destacó que “los legisladores también estamos desde el primer momento y seguimos trabajando fuertemente, con equipos de especialistas, analizando propuestas que puedan ayudar y promover políticas concretas mediante una legislación que pueda paliar los efectos negativos que estamos viviendo”.

La ex gobernadora insistió en la profundización de dos lineamientos de trabajo que ya se vienen realizando: el trabajo territorial, apoyando toda decisión de asistir con alimentos a los sectores más vulnerables y reforzar todo los que sea indispensable para atender la emergencia sanitaria; y el trabajo legislativo, con una planificación y acción legislativa de corto y mediano plazo, según relataron distintas fuentes participantes.

“Resulta imprescindible que se convoque, utilizando todos los medios disponibles, a la constitución y conformación de las Comisiones de la Legislatura para que comiencen a tratar los múltiples proyectos para atender la emergencia y anticiparse a la salida”, manifestó Abad.

Y agregó “durante la reunión coincidimos, además, que es fundamental seguir acompañando a los intendentes en el desarrollo de políticas y acciones a favor de las personas y sectores que más lo necesitan y poner a disposición las mejores experiencias”.

“Hay ejemplo de trabajo muy importantes, como Lanús y Vicente López donde los Intendentes han asumido políticas activas concretas para atender a los adultos mayores, o en el caso de Mar del Plata donde el municipio ha comenzado a realizar testeos preventivos y masivos para unos 1900 vecinos que han arribado a la ciudad provenientes de países con circulación viral; lo mismo en el interior de la provincia, en donde los jefes comunales controlan accesos y tienen gran trabajo territorial”, detalló Abad.

“Es tiempo de humildad y prudencia, pero también de firmeza en el rol que debemos ejercer cada uno” diputado el jefe opositor y, sin abandor el tono diplomótico enumeró “los Ejecutivos tomando decisiones, los poderes legislativos generando y facilitando herramientas”, y reslató “la oposición dispuesta a colaborar y cumpliendo con la mayor responsabilidad la tarea de control, para evitar que la emergencia se lleve puesto el buen funcionamiento institucional”.

“Trabajando juntos, con un Estado cerca de los que hoy lo necesitan y con la solidaridad y la empatía orientando nuestras acciones cotidianas, vamos a salir adelante”, concluyó el legislador marplatense.

Los bloques de senadores y diputados de Juntos por el Cambio, representados por sus jefes de bloque, Roberto Costa y Maximiliano Abad, ratificaron “el compromiso” de la oposición de trabajar en conjunto en el marco de la situación sanitaria ante el Covid-19, y resaltaron la importancia de “respetar la cuarentena obligatoria, como la medida más importante que se puede llevar adelante para achatar la curva de contagio”.

Pero, al mismo tiempo, en el encuentro entre los presidentes de todos los bloques con representación en la Legislatura bonaerense con el Gobernador se hizo hincapié en el apoyo a toda inversión extraordinaria que se lleve a cabo en materia de infraestructura sanitaria; hospitales modulares, acondicionamiento de inmuebles, incremento de camas para internación, adquisición de respiradores y distribución de estos; y también para la inversión en los reactivos que se requieran para la detección y análisis del Covid-19.

A su vez, se insistió en la absoluta prioridad del desarrollo de políticas públicas de emergencia a favor de los sectores más vulnerables, y solicitaron el mayor esfuerzo del Estado en el incremento de la asistencia alimentaria directa, como así también con la actualización del monto y cantidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE).

Con la intención de colaborar y sumar propuestas que ayuden a superar, entre todos, esta compleja contingencia sanitaria, los representantes de Juntos por el Cambio acercaron al Gobernador una serie de propuestas e iniciativas tendientes a la atención de la urgencia y a la planificación a corto, mediano y largo plazo de las consecuencias sociales, económicas y de infraestructura que afronta la Provincia.

Los líderes de JxC reclamaron por la constitución de un ámbito plural, técnico y político, que debata y genere propuestas concretas para atender la emergencia e impulse políticas activas en función de las consecuencias económicas que a todos los sectores les tocará afrontar.

Además, solicitaron encontrar rápidamente medidas y herramientas que mitiguen la crisis económica que ya está afectando, y que afectará en el futuro inmediato, a muchísimos sectores industriales, productivos, profesionales y comerciales de la economía formal.

Al tiempo que se hizo entrega de una carpeta con propuestas concretas que, lejos de pretender constituirse en planteos políticos sectoriales, intentan sumar y aportar ideas para paliar una crisis que nos afecta a todos.

La principal fuerza opositora reclamó la idea de consolidar al Banco de la Provincia de Buenos Aires como un actor central en la emergencia, creando un bono para cancelar deudas con Proveedores del Estado; un bono de consolidación de deudas con municipios y la postergación de vencimientos de las líneas otorgadas en leasing y otras líneas de préstamos.

También, se sugirió que el Banco pueda autorizar giros en descubierto para las municipalidades en caso de desfasajes financieros. Y se destacó que la extensión de la red de cajeros móviles es fundamental para descomprimir los requerimientos sociales mientras continúe la emergencia.

Especial hincapié pusieron los legisladores opositores para que se modifique las normativas necesarias para que los fondos que corresponden a los municipios por programas de asistencia, como el Fondo de Infraestructura Municipal y el Fondo Educativo, dejen de tener asignación específica.

Cabe destacar que, de eso modo, podrán ser utilizados en los destinos que cada intendente determine para afrontar la emergencia.

Costa y Abad, además, consideraron oportuno consignar que se debe garantizar que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires sesione, utilizando todos los medios que estén disponibles, para que el Gobernador cuente con todas las herramientas legislativas que precise para pelear frente a esta emergencia y también para tratar propuestas y aportes de los Legisladores.

Finalmente, los bloques de diputados y senadores de JxC expresaron formalmente su sincero agradecimiento a todos los trabajadores de la sanidad, a los recolectores de residuos, a los choferes de transporte público, a los miembros de las fuerzas de seguridad y armadas y a todos aquéllos que, arriesgando su propia salud y las de sus familias, no han parado de trabajar para los demás.