La reforma electoral es uno de los temas que está en la agenda de prioridades del Gobierno en la segunda mitad del año legislativo, ya que, de cara a los comicios del 2027, busca la eliminación de las PASO y la implementación de un sistema de colectoras unificado con la Boleta Única de Papel.

Es el proyecto que tiene tiempos perentorios y que resulta más complicado para negociar en el Congreso, el cual había sido incluido el año pasado en el primer llamado a extraordinarias, aunque el texto se conoció recién en marzo. Los plazos tienen que ver con que esa ley pretende eliminar las PASO, por tanto, debería ser debatida en un año no electoral como éste. O no más allá de febrero 2027, en extraordinarias.

Desde la UCR y el Pro adelantaron su rechazo a la eliminación de las PASO, por lo que el Gobierno puso sobre la mesa la posibilidad de implementar el viejo sistema de colectoras como una alternativa para sortear los obstáculos del camino y llegar a los números en el recinto.

De esta manera, el Ejecutivo busca sumar las adhesiones de ambos bloques y de legisladores provinciales que, en caso de aceptar, podrían apoyar la candidatura presidencial de Javier Milei, presentando sus propias listas para diputados (la propuesta no correría para la elección de senadores) sin necesidad de depender en ese caso de la disposición libertaria de cederles lugares en las listas.

Sin embargo, la oposición en general ha expuesto de entrada su resistencia a eliminar las PASO. Y cuando hablamos de oposición, nos referimos a la más dura y a la dialoguista. Al respecto, la senadora nacional Beatriz Ávila (Independencia) quien oficia de dialoguista con el oficialismo en determinadas votaciones, afirmó a Parlamentario.com que sobre la eliminación de las PASO: “Aún no tengo definiciones”, proyecto que ingresó por el Senado para su tratamiento en comisión que, hasta el momento, solo se llevó a cabo una. En esa línea, fue consultada por su postura sobre la posible implementación del sistema de colectoras y afirmó de forma concisa que está “estudiando y evaluando” el proyecto.

La senadora Ávila también mantiene una agenda con los intereses y problemáticas locales de su provincia, motivo por el cual, se reunió con representantes de la Unión Industrial de Tucumán para abordar los desafíos del desarrollo productivo y las oportunidades para impulsar una visión de desarrollo con perspectiva federal.

Los referentes del sector industrial presentaron una agenda de propuestas orientadas a fortalecer la competitividad, la inversión y el empleo en las economías regionales. También, hablaron de iniciativas vinculadas al fortalecimiento de la infraestructura energética y logística, el acceso al financiamiento productivo, la estabilidad fiscal para las economías regionales, la promoción de las exportaciones y la incorporación de innovación y nuevas tecnologías en las PyMEs.

La reunión también permitió intercambiar opiniones sobre la necesidad de generar condiciones que favorezcan la inversión, la creación de empleo privado y el crecimiento sostenible de las actividades productivas en Tucumán y el Norte Argentino.

"El diálogo permanente con quienes producen, generan empleo e invierten es fundamental para construir políticas públicas que acompañen el desarrollo de nuestras provincias y fortalezcan el federalismo", señaló Ávila tras el encuentro.

Participaron de la reunión Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán; Florencia Andriani, vicepresidenta de la entidad; Luciana Zamora, Germán Cardoso y Álvaro Gautero, miembros de la Comisión Directiva; y Romina Hernández, socia de la institución.

El Círculo de Políticas Ambientales (CPA) publicó un informe que pone al descubierto el impacto ambiental y sanitario que trajo la desregulación comercial impulsada desde diciembre de 2023 con el DNU 70, mediante el cual Argentina está importando lo que se denomina “residuos encubiertos”.

Se trata de productos —ropa usada, pilas y baterías, neumáticos recauchutados, artefactos médicos de segunda mano, juguetes y cosméticos— que, por su baja calidad, estado de conservación o escasa vida útil, se convierten rápidamente en desechos. Los costos de su gestión, advierte el CPA, recaen sobre los municipios.

El informe identifica un cambio de paradigma en la política regulatoria: los controles preventivos fueron reemplazados por declaraciones juradas, auditorías posteriores al ingreso y reconocimiento automático de certificaciones extranjeras. El resultado, según el CPA, es que el Estado resignó su capacidad de frenar en frontera el ingreso de productos peligrosos o de baja calidad, trasladando el riesgo a la población y la carga económica a los gobiernos locales. Las modificaciones más sustantivas se concentraron en 2025 y 2026, muchas de ellas implementadas por decreto mediante facultades delegadas al Poder Ejecutivo.

"La desregulación no solo modifica las condiciones del comercio, sino también la forma en que el Estado previene riesgos ambientales y sanitarios. Cuando se reducen los controles sobre productos que pueden convertirse rápidamente en residuos o contener sustancias peligrosas, es fundamental evaluar quién asume esos costos y cómo se protegen la salud de la población y el ambiente", afirmó María Eugenia Testa, directora del CPA.

Si bien las medidas son presentadas oficialmente como una forma de reducir costos, agilizar el comercio y ampliar la oferta para los consumidores, el informe plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar estándares adecuados de seguridad, calidad y protección ambiental.

Uno de los principales riesgos señalados es el posible ingreso de "residuos encubiertos": productos que, por su baja calidad, estado de conservación o escasa vida útil, se convierten rápidamente en desechos. “En un contexto donde la gestión de residuos ya enfrenta importantes desafíos, esto podría incrementar la presión sobre los sistemas municipales de recolección y disposición final, trasladando nuevos costos a los gobiernos locales”, señaló Testa.

El informe también advierte sobre los impactos sanitarios asociados a algunos de los bienes alcanzados por la flexibilización regulatoria. Entre ellos se mencionan la presencia de metales pesados en pilas y baterías, sustancias tóxicas en determinados plásticos, microplásticos en cosméticos e indumentaria y riesgos de seguridad en juguetes que no cumplan con estándares adecuados.

A su vez, el trabajo destaca que parte de estas modificaciones fue posible mediante el uso de facultades delegadas al Poder Ejecutivo para modificar regímenes legales vigentes por decreto, lo que abre interrogantes sobre los mecanismos de control y debate institucional en torno a cambios regulatorios de alto impacto.

“Se trata de un proceso de desregulación de baja visibilidad pública cuyos efectos más significativos probablemente se manifiesten de manera gradual en los próximos años, especialmente en materia de salud pública, gestión de residuos y protección ambiental”, concluyeron desde el CPA.

La Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por Juan Carlos Pagotto (LLA), llevó a cabo este miércoles una nueva audiencia pública en la que expusieron 11 candidatos para ocupar cargos vacantes en juzgados, cámaras federales, tribunales orales, fiscalías y defensorías de distintas jurisdicciones del país, completando así los 28 aspirantes que participaron en total de las audiencias públicas correspondientes a esta nueva tanda de pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo.

La primera expositora fue María Laura Irastorza, candidata a defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro, comentó que la Ley de Protección de los Derechos de las Víctimas del 2017 “ratificó el derecho que tienen las víctimas a ser oídas. El Poder Judicial es el último bastión de los derechos humanos de las personas y, el Defensor Público, tiene la misión fundamental de hacer de ese derecho a ser oído y de acceso a la justicia una realidad para la defensa de los derechos humanos de quienes han sufrido un daño”.

Irastorza argumentó su candidatura con los aportes que puede realizar: “Mi capacidad de trabajo, mi vocación de servicio y mi aspiración a la excelencia como una marca personal. He trabajado con grandes volúmenes de expediente de todo tipo de complejidad en un juzgado”.

Por otro lado, señaló que la provincia de Rio Negro tiene una vasta extensión territorial por lo que “la Defensa Pública de víctimas debe poner una especial mirada y atención en delitos de trata de personas y, en particular, delitos vinculados al narcotráfico y crimen organizado”.

Sobre su plan de trabajo, aseguró que “hay herramientas hacia afuera y hacia adentro, con trabajos en conjuntos con otros órganos del sistema judicial, en el trabajo colaborativo y el respeto. También la articulación con órganos administrativos porque los obstáculos en el acceso a la justicia tienen que ver con una vulnerabilidad estructural que el Defensor Público debe mirar y resolver”.

“Creo en el uso de las nuevas tecnologías y la IA porque prestan una asistencia importante cuando se abordan volúmenes grandes de información, eso nos permite tener más espacio para la escucha activa y la empatía con los defendidos”, destacó.

A continuación, Amanda Espino, candidata a defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7, contó que las tareas que se llevan a cabo “son múltiples” y enumeró: “La más apasionante en el juicio oral es prepararlos y ejercer la defensa técnica de los defendidos, controlar que no se vulneren las garantías constitucionales, los acompañamos. También cuando no se resuelve una causa a través de juicio oral, se resuelven con medios alternativos como juicios abreviados, juicio a prueba, conciliaciones, etc.”, y resaltó: “Una tarea esencial es la comunicación permanente con nuestros asistidos por todos los medios. Es muy importante el contacto”.

Respecto del cargo que busca ocupar, señaló que está vacante hace cuatro años, pero “funciona muy bien, es un buen equipo que tiene ocho personas”, y se comprometió a ejercer el cargo “con mucha responsabilidad y con mucho respeto”.

Por su lado, Santiago French, candidato a vocal de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, señaló que actualmente ocupa de manera subrogante el cargo para el que fue postulado desde el 2019 y afirmó que la función judicial exige “estudio constante, sentido común y mucha humildad en la escucha. El juez se tiene que resumir como una oreja que escucha”, además de un sólido manejo de la técnica jurídica.

Asimismo, se refirió a la implementación del Código Procesal Penal Federal, a la que calificó como “un enorme desafío”, aunque destacó los beneficios que ha aportado el nuevo sistema, al considerarlo una herramienta que favorece una justicia más transparente, eficiente y adecuada a las demandas actuales. “Esto nos da mayor legitimidad al derecho en general, es la mejor herramienta”, cerró.

El candidato Santiago José Martín, a vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, destacó durante su exposición que a lo largo de su trayectoria siempre priorizó el trabajo en equipo, basado en valores y en la defensa de los principios democráticos.

Así, señaló que estos pilares permiten afrontar la función judicial con mayor eficiencia y responsabilidad. Asimismo, subrayó la importancia de armonizar la celeridad de los procesos con la calidad de las decisiones judiciales, especialmente en causas vinculadas a derechos sensibles, como los amparos de salud, que constituyen una parte significativa de la labor de los tribunales federales.

“Hay que armonizar la celeridad que necesita el ciudadano para que haya una respuesta rápida y la calidad que toda decisión judicial requiere, es decir, la adecuada fundamentación de las decisiones. Combinar ambas en situaciones de colapso institucional es un desafío importante”, planteó.

Patricio Nicolás Sabadini, candidato a fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco, remarcó que “somos funcionarios públicos, tenemos obligaciones y que rendir cuentas”, y destacó el trabajo de equipo de la fiscalía que “hacemos lo que podemos con lo poco que tenemos en recursos”.

En su exposición Pedro Manuel Crespo, candidato a juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal, sostuvo que el ejercicio de la magistratura requiere una “fuerte vocación pública y republicana”, así como un profundo compromiso de servicio orientado a dar respuesta y solución a los conflictos sometidos a decisión judicial. Durante su exposición, destacó la importancia del trabajo en equipo dentro de los tribunales, al considerar que resulta fundamental para que el magistrado pueda arribar a resoluciones de calidad y brindar una respuesta eficiente a los justiciables.

Asimismo, subrayó la relevancia del fuero comercial, señalando que los conflictos que allí se tramitan tienen un impacto directo en múltiples ámbitos de la vida social y económica, ya que involucran cuestiones vinculadas al tráfico mercantil, pero también repercuten en derechos de trabajadores, consumidores y familias.

También expusieron Fernando Gabriel Alcaraz, candidato a fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza; Javier Jorge Cosentino, candidato a vocal de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal; José Ignacio Polizza, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14 de la Capital Federal; María Gabriela Janeiro, candidata a jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 5 de la Capital Federal; y Mariano Adolfo Klumpp, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Capital Federal.

La Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por el riojano Juan Carlos Pagotto (LLA), retomó este martes las Audiencias Públicas en la que expusieron 17 candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos en la Justicia Federal, entre ellos, el exsecretario del juez Ariel Lijo.

Durante la reunión, que se realizó en el Salón Azul, se analizaron postulaciones para tribunales orales federales, cámaras federales de apelaciones, juzgados federales de primera instancia y fiscalías federales con competencia en distintas jurisdicciones del país, entre ellas la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Misiones, Corrientes, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La audiencia se desarrolló conforme al procedimiento previsto para el tratamiento de pliegos judiciales, permitiendo a los postulantes presentar sus antecedentes, trayectoria profesional y propuestas de gestión ante los integrantes de la comisión. Las mismas continuarán este miércoles 1ero a las 11hs.

El primer expositor fue Bernardo María Rodríguez Palma, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, afirmó: “Vengo a buscar un voto de confianza de su parte”, y recordó que ingresó al Poder Judicial a la edad de 18 años y planteó: “Algo que aprendí es que la Magistratura no se puede ejercer sin humildad porque en el orgullo estriba nuestros primeros errores. No se puede ejercer una función pública si no es al servicio del pueblo de la Nación”.

“También les ofrezco eso un compromiso para trabajar al servicio de todos aquellos que acuden requiriendo justicia, particularmente los más vulnerables”, cerró su breve exposición.

A su turno, Pablo Roberto Toledo, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, contó que ha intervenido “en muchísimas causas penales y, en ese escenario, tengo la visión integrada de haber sido abogado litigante y ser un actor dentro del sistema de justicia. Conozco el fenómeno integralmente y las problemáticas de cada lugar”.

Respecto del Tribunal que aspira integrar comentó: “Está organizado sobre la base de tres secretarías. Hay una mora en las causas que tiene que ver con las ausencias de integrantes naturales, pero la competencia de esa penal gira entorno a causas de la Ley de estupefacientes, pero hay diversas temáticas de delitos que se abordan”.

“Hay un número significativo de causas pendientes de juicio oral que eso obedece a la ausencia durante años de miembros y me comprometo a trabajar para mejorar esa situación con una planificación estratégica con objetivos a corto y mediano plazo para identificar esas causas sensibles y urgentes para darles una solución, así poder bajar la cantidad de causas pendientes, gestionar mejor el flujo de casos y mejorar las metodologías de trabajo”, propuso.

Toledo sostuvo que ese diseño “pienso hacerlo en reuniones conjuntas con funcionarios y empleados que trabajen en el Tribunal para diseñar esas políticas públicas para tener objetivos claves y en un proceso de mejora continua para mejorar la eficiencia y calidad de decisiones”.

Luego expuso Ruth María Ponce de León, candidata a jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones, quien alertó que la provincia tiene una situación geográfica que “la hace permeable a los delitos federales”.

“Es un Tribunal que tiene mucho trabajo, causas. Tiene a cargo la ejecución de causas con condenas. Cuenta con un solo juez al momento que está siendo subrogado por jueces de otras provincias. La tarea es bastante complicada por el Dr. Cardozo también subroga los juzgados de Chaco y Formosa”, informó.

En tanto, Juan Marcelo Burella Acevedo, postulado a fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes, subrayó la importancia de la incorporación de tecnología y la mejora de la eficiencia en el marco del nuevo sistema procesal penal y contó que hasta el 2012 trabajó en esa jurisdicción por lo que “conozco las realidades, los fenómenos delictivos. Las cuestiones de narcotráfico se ven en primer lugar, seguida de contrabando. Son delitos que requieren de investigaciones complejas”.

Por su parte, María Virginia Ise, candidata a vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, destacó las audiencias públicas porque “son una instancia de control y de transparencia”.  En esa línea, destacó que “las funciones y cargos que desempeñe me permitieron que hoy pueda tomar decisiones con una mirada integral, en un lenguaje claro”.

“El justiciable tiene que tener un acceso efectivo a la justicia y pensar soluciones útiles para ello”, manifestó y comentó que cuenta con experiencia en los sistemas acusatorios adversarial que contempla el nuevo Código Procesal Penal.

El candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Ángel Roger Luna Roldán, alertó que el Tribunal “no cuenta con ningún juez. Se encuentra vacante desde el 2018, 2021 y 2025 en los cuales por razones de jubilación se retiraron y acarrea una mora muy importante”.

“Pese al pedido de subrogaciones no se ha logrado revertir la situación teniendo en cuenta que es un solo Tribunal de una jurisdicción de muchas personas en el cual ingresan entre 350 causas por año. Tiene una mora de 500 juicios por realizar, es una cifra muy alta. Es necesario agilizar y evaluar la situación para solucionar la mora que pesa”, solicitó.

Juan Carlos Riccardini, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Capital Federal destacó su trayectoria en el ámbito judicial y la necesidad de brindar respuestas tanto a las personas sometidas a proceso como a las víctimas.

“El Tribunal cuenta con dos vacantes hace ya más de 8 años y genera ciertos contratiempos porque hace que el trabajo se vaya acumulando. Pese a ello, las dos vocalías tienen entre 50 y 70 causas en trámite. Confío en que estos números puedan mejorarse cuando se cubran las vacantes. El tiempo de respuesta a la ciudadanía es relevante”, planteó.

El exsecretario del juez Ariel Lijo, Juan Tomás Rodríguez Ponte, defendió su postulación como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, que tiene a cargo la investigación de la causa de Martín Isaurralde.

“Ingresé al Poder judicial a los 18 años, pasé por todos los cargos. Actualmente soy Director de la Corte Suprema en la Dirección de Asistencia Judicial en delitos complejos y crimen organizado. Presta asistencia a jueces y fiscales en materia de delitos complejos. La función principal es netamente federal”, contó y sumó: “La jurisdicción de Lomas de Zamora es muy amplia, abarca 10 partidos, tiene diferentes tipologías criminales como lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, corrupción. Pretendo aportar toda mi formación a este nuevo desafío”.

También expusieron Hugo Daniel Froy, candidato a fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres, provincia de Corrientes; Paula Vanesa Romeo, candidata a jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal; Maximiliano Daniel Chávez, Andrea Cristina di Gregorio, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Villena y Fernando Gabriel Zarabozo, postulados como conjueces de los juzgados federales de primera instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

La Comisión de Cultura de Diputados, presidida por Lorena Pokoik, recibió este martes al presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) de la Secretaría de Cultura de la Nación, Carlos Luis Pirovano, quien se refirió a la situación institucional, presupuestaria y las políticas llevadas adelante en materia audiovisual, aspecto que fue cuestionado por representantes de la Asociación de Actores.

Al inicio del encuentro, que se llevó a cabo en el Anexo “A”, Pokoik destacó la importancia de la reunión porque “no se trata de escuchar solamente una exposición de gestión ni de cumplir una instancia formal, sino de abrir una instancia institucional para abordar una situación que preocupa a muchos y que viene rebotando en la comisión en los últimos dos años”.

“El cine argentino no es solo una actividad artística, también es trabajo, es industria, es cultura, es federalismo, formación profesional. También es memoria, identidad, circulación de las historias”, definió.

Pokoik sostuvo que cuando se habla de INCAA “no solo hacemos referencia a una estructura administrativa aislada, hablamos de una política pública construida hace décadas, con una ley específica, con un fondo de fomento, con autarquía institucional”.

Pirovano destacó la gestión en el INCAA y cuestionó el modelo anterior

El presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) de la Secretaría de Cultura de la Nación, Carlos Luis Pirovano, destacó la gestión actual al brindar detalles de la política pública que llevaron a cabo y cuestionó la administración anterior: “Se acostumbraron a financiarse únicamente con fondos estatales”.

“Nosotros definimos como política pública adecuada es que el principal rol del INCAA es acompañar a esos talentos emergentes en ese recorrido de construcción de talento y que continúen ayudando al sector”, resumió.

Referentes de la Asociación de Actores

El titular de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, Luis Alberto Rivera López, criticó que el ecosistema audiovisual actual “es sumamente complejo”, y retrucó a Pirovano: “El dinero que va a parar a salarios pasa por nuestra asociación por lo tanto los números que se dijeron no se sabe dónde salieron”.

Rivera López cuestionó: “A partir del 2024 hubo una caída estrepitosa del trabajo, con alrededor de 30 películas cuando antes eran alrededor de 100, siendo una reducción de más del 50% a 70%. Luego, en 2025 se acentuó la caída, donde fueron 26 películas, siendo el peor año en años”.

En ese sentido, le preguntó al funcionario que “si la reducción acentuada, y que viene en caída, es parte del plan que tiene para el INCAA. Y, si considera que este país con la producción cinematográfica gloriosa en muchos aspectos que ha tenido en toda su historia no tiene lugar para más de 26 películas por año”.

“Es una herramienta que tiene fallas que pueden corregirse, pero por qué debe ser abolido. Hay que cuidarlo. La motosierra tiene una tremenda acción que destruye y corta a pedazos la vida de los trabajadores”, cerró.

Desde el Consejo Asesor del INCAA, Laura Fortini, representante del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina - Animación Publicidad y Medios Audiovisuales (SICA APMA) manifestó que “las cifras demuestran que el Gobierno nacional no tiene proyecto alguno para el audiovisual, sea este relativo al órgano de aplicación de la ley de cine o a políticas públicas que incentiven la inversión privada que quieran invertir en argentina”.

La actriz Alejandra Flechner, de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), ratificó que “tenemos la responsabilidad de defender una industria que genera trabajo, riqueza, identidad y prestigio para Argentina”.

“Estamos discutiendo algo que el resto del mundo ya resolvió, ya que compiten por atraer producciones, fortalecer su propiedad intelectual y generar empleo. Acá, seguimos escuchando que el problema es el cine. El problema no es el cine, el problema es esta gestión que parece no comprender que la industria audiovisual no es un gasto, es una inversión”, subrayó Flechner.

También, expusieron desde el Consejo Asesor del INCAA Cristina Agüero, por Productores, y Mario Giménez, representante del NEA; Andrea Testa, de la Mesa Documental; Ingrid Urrutia, secretaria General ATE INCAA; el abogado Julio Raffo, diputado mandato cumplido, especialista en la industria del cine; Ana Rosemberg, de la comisión directiva de SATSAID; Lelia González Sieira, docente de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC); Virginia Romero, productora y directora Audiovisual de Chaco; Hugo Castro Fau, asesor jurídico de la Asamblea Federal INCAA; y Nathalia Videla Peña, representando al Espacio Audiovisual Nacional.

El presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) de la Secretaría de Cultura de la Nación, Carlos Luis Pirovano, destacó la gestión actual al brindar detalles de la política pública que llevaron a cabo y cuestionó la administración anterior: “Se acostumbraron a financiarse únicamente con fondos estatales”.

Pirovano expuso ante la Comisión de Cultura de Diputados donde recordó que cuando llegaron en 2024: “Nos encontramos en una situación de quiebra total de la organización, con un déficit estructural de 2 millones de dólares y una deuda al sector de casi 14 mil millones de pesos. Una estructura sobredimensionada con ocho edificios, cerca de 800 empleados, programas sin impacto y muy poco remanente del fondo dedicado a la actividad audiovisual. El 65% de los ingresos del INCAA se dedicaban al pago de estructuras y esto empeoraba”, y resumió: “Era una organización caótica”.

Así, contó que la primera medida que tomaron fue “nivelar el avión que venía en caída libre y en los primeros cuatro meses no íbamos a funcionar dando nuevos subsidios. Cerramos cuatro edificios, bajamos a 250 empleados. Generamos un ahorro superior a los 9.825 millones de pesos anuales”, y criticó: “Había un sobre gasto estructural y se usaba al INCAA para meter gente en la administración pública y eso generaba gastos sobredimensionados”.

Pirovano se refirió al Decreto 662/24 el cual estableció que los subsidios estatales no pueden exceder el 20% del Fondo de Fomento Cinematográfico ni el 50% del costo total del proyecto: “Es un DNU muy audaz y lo estamos cumpliendo. Estamos en un 19% de gastos”.

En ese sentido, comentó que el INCAA “generó un mecanismo no legal. Eran subsidios a la exhibición contra taquilla. Se adelantaba el 80% del subsidio a quien quería hacer la película y esto hacía que no tenga ninguna relación porque el objetivo era que la gente la vaya a ver. Lo que pasó es que empezaron a aparecer películas que no veía nadie”, y cuestionó: “Cuando agarramos el INCAA había 800 proyectos en esta situación y eran 14 mil millones de pesos que tenía de obligación en cartera”.

Al respecto, explicó que el DNU establecía que para emitir el subsidio “debía haber una acreditación de audiencia”, y con ello “se desarmó esta situación y anticipos de subsidios. Atacamos los dos problemas de desfinanciamiento del INCAA. Esto nos permitió ordenar”. En tanto, aclaró que “no es una política positiva. No es lo que una política cultural busca, sino que simplemente es no gastar más de lo que ingresa”.

“No solo no sobraba gente, sino que había un montón que no venía a trabajar entonces ante una situación de ese tipo no hay diálogo. El diálogo lo dinamitan los de ATE porque si uno tiene un poco de racionalidad tiene que entender cuándo está en una situación financiera insostenible y después discutir juntos políticas públicas en el marco de la ley”, planteó.

El titular del INCAA señaló que “hay una Ley del Cine de 1994 que no es una mala ley, sino que ha sido tergiversada, desvirtuada y que no ha sido respetada en lo que corresponde. Los anteriores gobiernos no se preocuparon en reglamentarla como corresponde. Ese tipo de cosas ha hecho que la administración de cine ha sido compleja”.

“Nosotros estamos para ordenar, pero es cierto que el problema de resolver el déficit no es el problema principal que tiene el cine hoy.  El problema que tiene es haberse acostumbrado a financiarse únicamente con fondos estatales. La actividad audiovisual es privada no pública. Podemos aceptar y entender que alguien crea que es una actividad de principios de subsidiaridad”, manifestó.

En ese sentido, indicó que la Ley establece una serie de ayuda y apoyos de forma taxativamente. “El presidente del INCAA puede hacer solo lo que indica la ley y tenemos que cumplirla. Es la política que en esta primera etapa marcamos, es decir, volver a la Ley del Cine y por eso recuperamos los créditos que hace más de 8 años no había”, comparó.

“Establecimos microcréditos hasta 100 mil dólares que se dan a un productor bajo tres requisitos: que sea productor, que tenga un proyecto y que sea solvente. Se da a cinco años con tres años de gracia a tasa del Banco Nación de plazo fijo”, contó y cerró: “Nosotros definimos como política pública adecuada es que el principal rol del INCAA es acompañar a esos talentos emergentes en ese recorrido de construcción de talento y que continúen ayudando al sector”.

Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, presidida por Flavio Fama (UCR), y de Presupuesto y Hacienda, presidida por Agustín Monteverde (LLA), reanudaron este miércoles el plenario para continuar con el debate de la modificación a la actual Ley 27.640 de biocombustibles, sobre lo cual hay un total de seis proyectos presentados para establecer cambios en el marco regulatorio vigente.

Tras la exposición de representantes del sector energético cuyas opiniones se dividieron a favor y en contra, el senador Fama aseguró que seguirán con las reuniones buscando un acuerdo entre todos los proyectos para obtener un dictamen.

El plenario se inició con la disertación de Mauricio Alejandro Martín, director suplente de YPF S.A. y vicepresidente ejecutivo de Midstream y Downstream, quien sostuvo que “una nueva ley de biocombustibles será clave para definir el rumbo energético del país en los próximos años”.

Respecto del marco regulatorio de biocombustibles vigente “ha generado un funcionamiento ineficiente del mercado”, por lo que remarcó la necesidad de “evolucionar hacia un nuevo marco regulatorio que sea amplio, promotor en la eficiencia y la competitividad en la producción, en la mezcla y comercialización de biocombustibles”.

En ese sentido, señaló que esa evolución “debe incluir a los refinadores como actores clave en la capacidad y escala para potenciar los biocombustibles avanzados y contribuir con tecnología y eficiencia mediante el co-procesamiento en refinería”. También, indicó que es importante una nueva ley de biocombustibles donde los cortes obligatorios “respondan a una estrategia económicamente sostenible basada en criterios técnicos alineada en la calidad y seguridad en el abastecimiento del combustible poniendo foco en el beneficio integral para el consumidor”.

“Ir por encima del corte del 10% del biodiesel no es técnicamente viable según las automotrices. Su impacto en el precio final sería significativo para los clientes”, indicó y sumó: “La implementación de una nueva ley de biocombustibles, que modifique el mandato actual, representará importantes desafíos para el sector de la refinación y comercialización”.

Sin embargo, planteó que la implementación de surtidores con cortes diferenciados en un mismo punto de venta “implica inversiones adicionales en infraestructura y equipamiento de despacho, además de una complejidad operativa que impactará en la calidad del servicio. Es una restricción real que debe contemplarse en el diseño de la ley”.

“Este tipo de desarrollo debe ser incorporado dentro del marco regulatorio en condiciones de igualdad con los biocombustibles tradicionales”, manifestó y cerró con el apoyo al proyecto presentado por la senadora Patricia Bullrich que “representa de forma agregada el mayor equilibrio entre la demanda de biocombustibles y demás actores de valor. Tenemos la oportunidad de diseñar una ley que impulse una transición ordenada, suficiente y sostenible en un modelo basado en la competencia, racionalidad económica abierto a la innovación tecnológica enfocado en el beneficio del consumidor”.

Claudio Alejandro Molina, contador público, analista de energías renovables y ferrocarriles, abogó por "tratar de terminar con las grietas entre regiones, porque acá se plantea que el de los biocombustibles es un negocio de las provincias cerealeras".

“Hay un alto consenso para modificar la ley que lamentablemente fue mal concebida porque lejos estuvo de ser un régimen promocional de aquella ley del 2006 que tuvo como medida central la mezcla que rigió a partir del 2010 y pasó a ser un régimen regulatorio que prohibió el acceso a algunos actores. Esto lo considero inconstitucional y hay que corregirlo de manera urgente”, expresó.

Molina reclamó al Congreso “hacer leyes que sean políticas públicas que trasciendan los resultados electorales” y concluyó con algunas sugerencias como límite de integración vertical, pidió revisar la definición de biocombustibles porque “están incorporando combustibles sintéticos y otros biocombustibles”, y pidió profundizar en el análisis del proyecto porque “no se puede llevar a la destrucción de empresas que generan empleo sostenible”.

“La industria del Bioetanol lleva un alto acuerdo con la propuesta oficialista a la que considero que hay que hacerle varios cambios. Hay que poner un tope de participación por grupo económico porque con las asimetrías y fallas de mercado el artículo 15 hay que eliminarlo porque permite a los mezcladores obligatorios a acordar y puede llevar a que solo se concentre entre pocos grandes. Hay que hacer buena definición de ‘precio tope’ porque el trabajo nacional no es igual que el extranjero. Es importante que se habilite expresamente a la posibilidad del desarrollo de programas provinciales como los otros proyectos que hay. También la propuesta de biodiesel del proyecto de Santa Fe que es valiosa y permitiría avanzar”, recomendó.

En contrapartida, Tomás Lorda, vicepresidente de ENRESA, La Pampa, subrayó que “ha habido una gran confusión con una simplificación extrema en tratar de caracterizar la industria biodiésel entre integradas y no integradas que los va a llevar a tomar decisiones erróneas”.

“Claramente todos los proyectos tienden a que nuestro sector desaparezca totalmente. Cualquiera de los proyectos es ‘cómo destruir al sector Pymes que el mismo Estado construyó para pasarlo a manos de otro’. Parece que el juego acá es ‘como quedarnos con el negocio que han tenido las Pymes en estos años’”, manifestó el dirigente empresarial y señaló: “Los grandes actores estaban para la exportación y para el mercado interno estaban las PyMES”.

Lorda comentó que están trabajando en presentar una propuesta que no destruya a nadie, elevar el corte al 12%, que se compita en tres segmentos diferentes entre empresas con características similares. “Estamos a favor de poder modificar la ley actual, pero tiene que ser construyendo sobre lo que ya está hecho y no destruyendo las decisiones que las empresas tomaron 4 años atrás. Tenemos que hablar de seguridad jurídica”, y pidió que el tratamiento del biodiésel sea el mismo en etanol.

Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales, en pos de fortalecer el sector energético y la sustentabilidad ambiental pidió innovar en un nuevo marco regulatorio y propuso elevar inicialmente el corte obligatorio en un 15%, tanto para el biodiesel con gasoil, como el bioetanol con nafta. Marra apeló a un "esquema de libre competencia que permita la participación de todos los actores del sector, sin restricción vinculada al tipo y tamaño de empresa".

También disertaron Juan Ángel Gauto, subsecretario de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y la Producción del Gobierno de la Provincia de Misiones; Juan Antonio Khouri, CEO y cofundador de Dosbio S.A; Federico Puciarello, CEO de Essential Energy Holding; Javier Cervio, director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario; Hernán Landgrebe, presidente de FECRA, Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina; José Guillermo Lego, gerente general de CECHA, Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina; Fernando Rolando, de la comisión directiva de FECRA, Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina.

En medio de la conmoción por el femicidio de Agostina en Córdoba, diputadas de la oposición emitieron un dictamen de mayoría para la declaración de emergencia pública nacional de violencia de género contra las mujeres y diversidad, que no contó con el acompañamiento en la firma de las representantes de La Libertad Avanza.

El proyecto de ley fue puesto a consideración en una reunión de la Comisión de Mujeres y Diversidad, presidia por Gabriela Estévez (UP), que se llevó a cabo este miércoles. La iniciativa apunta a declarar la emergencia pública nacional en materia social por violencia de género contra las mujeres y diversidades por el término de dos años, prorrogables, con el objetivo primordial de prevenir y disminuir el número de personas en situación de violencia por razones de género.

La diputada correntina Nancy Sand (UP) expresó su dolor por tener que volver debatir el tema en una reunión de comisión con la necesidad “urgente y triste de pedir que nos dejen de matar” porque “sigue siendo una problemática y una emergencia real en el país”.

Sand remarcó que la violencia de género es “una emergencia nacional porque así lo dicen las estadísticas”, y resaltó que el Estado debe actuar con decisión política, sensibilidad social y recursos reales y efectivos. De lo contrario no sirve tener una ley”.

La diputada comentó que en su proyecto propone dotar al Estado de herramientas necesarias y presupuesto específico para enfrentar esa crisis estructural. “En el 2026 se profundizaron los casos de violencia de género y seguimos luchando y denunciando el aumento de las estadísticas”, lamentó.

“No estamos acá para pedir castigo por castigo, sino para exigir una respuesta del Estado que salve vidas”, reclamó y precisó que en 2024 fueron asesinadas 147 mujeres por razones de género, 1 cada 39 horas en su mayoría en sus hogares. En el 2025 se registraron entre 200 y 271 víctimas fatales hubo 1 femicidio cada 44 horas donde en más del 80% de los casos el agresor es del vínculo cercano.

Sand informó que la provincia de Buenos Aires registra el mayor número de casos, mientras que las tasas altas en proporción a la población femenina en 2025 se registraron en Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. Respecto del 2026, comentó que se registraron entre 95 y 105 víctimas fatales en el país, con 1 femicidio cada 35 horas.

Por último, señaló que la violencia es estructural que “requiere una respuesta integral e inmediata” como la prevención, asistencia, protección y justicia. “Necesitamos recursos y políticas públicas con alcance federal y capacitación obligatoria”.

Como autor de la iniciativa, el diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) planteó que el Gobierno “ablandó completamente la protección de mujeres y diversidades en relación a la violencia de género”, y criticó: “En las instituciones está arraigada la violencia y la justicia es una de ellas. Hay un incumplimiento total de la Ley Micaela. Nos encontramos ante un sistema que sigue brindando impunidad y las condiciones para que esto suceda”.

Paulón detalló: “Tenemos 125 intentos de femicidios en lo que va del año, uno cada 26 horas. El 46% de los femicidios ocurrió en la vivienda”, y resaltó que “se da en un contexto de desmantelamiento total de las políticas, desfinanciamiento y negacionismo”. Al respecto, mencionó que el proyecto propone la implementación de varios programas que el Gobierno “desmanteló”, la incorporación y dotación de recursos necesarios.

“Creemos que el Estado tiene que volver a garantizar herramientas concretas para prevenir y erradicar la violencia de género y los femicidios, por supuesto en concurso con las provincias. En tiempos en que todo cae en la polarización y la grieta, respiremos hondo, pensemos en esas que ya no están y tratemos de entender que, si no asumimos un compromiso conjunto, pleno y amplio, para combatir la violencia de género, la sociedad por sí sola no cambia”, señaló Paulón.

Tras ser designada para la secretaría tercera de la comisión, Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad) informó que acompañarán el dictamen de mayoría con disidencia parcial porque “creemos que la pelea es mucho más grande, ya que se necesita financiamiento concreto”. “No estamos discutiendo nombres, estamos discutiendo la denominación que se le da a un caso para ver cómo se caratula, cómo se investiga y cómo se ponen los recursos del estado”, manifestó.

Desde La Libertad Avanza, María Gabriela Flores, adelantó que no acompañarían el dictamen y cuestionó que no los hayan convocado para debatir previo a firmarlo. “Nos convocaron con dos proyectos de ley que tienen algunos problemas en su redacción”, sostuvo al tiempo que consideró que “tienen un objetivo efectista y oportunista de lo que está pasando en este momento con una sociedad alterada. Y de generar esta imagen de un liberalismo insensible, que no le importan las personas, que no es real”.

“Nosotros no negamos la violencia contra las mujeres, al contrario. Nosotros negamos que las políticas públicas que se estuvieron haciendo hasta 2023 hayan tenido un resultado efectivo en la baja de femicidios”, subrayó Flores y enfatizó que “el feminismo no es de nadie”.

La Comisión de Obras Públicas de Diputados, presidida por Martín Aveiro (UP), se reunió este martes para recibir a funcionarios provinciales y referentes del sector quienes cuestionaron al Gobierno nacional por la paralización de las obras en todo el país y alertaron que la situación es “muy compleja”.

Durante la reunión, los expositores abordaron temas como el impacto en materia de seguridad vial, conectividad, desarrollo económico y productivo, generación de empleo e integración territorial, con el propósito de desarrollar una agenda de trabajo legislativo que contribuya a atender las principales problemáticas vinculadas al sector y promover alternativas para su desarrollo.  Al respecto, Aveiro comentó que “hay una gran cantidad de pedido de informes y proyectos, un total de 27 para que se pueda darle tratamiento y llegar a un dictamen”.

El ministro de obras de La Pampa, Alfredo Intronati, sostuvo que hablar de obra pública en el contexto nacional “es difícil”, pero en el caso de su provincia “es más fácil” porque desde el 83 a la fecha gobernó el peronismo y “hemos mantenido el plan de gobierno y que nos encontró fortalecido en este contexto”.

“La obra pública desde el 2023 fue paralizada en todo el país”, criticó y recordó que la provincia no fue parte del acuerdo del Pacto de Mayo porque “tiene la autonomía para hacerse cargo de las obras que tenía en ejecución más las obras abandonadas por el Gobierno nacional que eran 59”.

Foto: HCDN

Intronati definió a la obra pública como: “Gente trabajando, cambio de vida, mejoras, es tener empresas que paguen”, y destacó que la provincia se pudo hacer cargo de esas obras a pedido del gobernador, Sergio Ziliotto. El funcionario recordó la aprobación de le Emergencia en la Obra Pública en la Cámara de Diputados provincial que resultó con 15 votos a favor: “Fue una herramienta importante que permitió darle continuidad a toda la obra pública que estaba en ejecución. El 93% de las obras que estaban en ejecución hoy están finalizadas”.

“Estamos en discusión con el Gobierno para que reconozcan que la obra pública es más que una bolsa de cemento, hierro, la obra pública es beneficio, iguala y da derechos. Además, genera trabajo porque también están las empresas que hoy estarían fundidas”, planteó y adelantó: “Vamos a seguir reclamando la obra pública porque el Estado nacional tiene que acompañar a las provincias para acompañar el mejoramiento de la calidad de vida de cada habitante”.

Intronati precisó que el costo de las obras abandonadas que eran para la provincia superan 113 mil millones de pesos que “hoy se transforma en una deuda que no vamos a dejar de reclamar”.

Desde UOCRA, Jorge Pellegrini comentó que tienen un 50% del padrón de obras públicas grandes que “están a paso muy lento. Tenemos una caída de la cantidad de beneficiarios del 20%”. “Todas las provincias están iguales. Hace dos años empezamos a perder trabajadores, de 450 mil trabajadores registrados pasaron a 360 mil, empezamos a caer y estamos en una meseta mantenida por obras privadas”, contó.

“No hay plan de obras, hay pocas licitaciones y concesiones de caminos que son arreglos, pero no lo podemos calificar como obra”, relató el secretario general y precisó que el piso de obras en el 2021 llegó al 2,1%, a partir de ahí los demás presupuestos fueron en 2022 1,2%, en 2023 1,1, 2024 fue del 0,3%, en 2025 del 0,2% y en el 2026 0,2%: “Prácticamente es nada, la amortización que requieren las obras es del 3%, pero el gobierno no piensa así y sigue afectando a este sector muy fuerte”.

El representante de UOCRA manifestó que desde el Gobierno “quieren imponer el trabajo hecho por privados, pero en todo el mundo con cualquier política ninguno supera el 15% de la inversión realizada por privados. El gobierno paró todo y no cumplió con algunos proyectos que había. Es una situación muy compleja”, y precisó que solo dos provincias tuvieron un aumento en los trabajadores.

“El gobierno va a tener que entender que no hay alternativa porque estamos sin ninguna obra importante de infraestructura. Con este tipo de políticas no funciona nada”, reclamó.

Jorge Pellegrini, representante de UOCRA (foto: HCDN)

Por el lado de la provincia de La Rioja, expuso el secretario de Obras Públicas, Eduardo Andalor, alertó que “no tenemos los recursos necesarios para poder afrontar muchas de las obras que son necesarias”, y comentó que en el 2023 se decidió la paralización de la obra: “Para llegar a acuerdos con Nación para algunas obras necesarias las iban a continuar, nosotros con fondos provinciales nos hicimos cargo y otras se dieron de baja”.

“Logramos firmar un acuerdo en 2024 donde más de 20 obras quedaban a cargo de Nación, 18 a cargo de la provincia”, informó y denunció que “no solo nos quedamos sin obras, sino que sufrimos la quita de los recursos extra coparticipables. Fondos que necesariamente tenemos los riojanos para afrontar estos compromisos y aun no recibimos los recursos”.

Andalor comunicó que para el 2024 la provincia de La Rioja tenía asignado 47 mil millones de pesos como recursos coparticipables y el monto total de obra pública significaba 20 mil millones para concluirlas todas. En ese sentido, denunció que desde Nación le deben 6 millones de dólares por un crédito que la provincia pagó para llevar a cabo la construcción de escuelas.

“La obra pública es para nosotros muy necesarias. A la Nación le falta el equilibrio fiscal y el territorial porque no vamos a poder desarrollarnos en nuestros pueblos”, y cerró su discurso mostrando un paquete de nueces regionales que “gracias a las obras públicas los turistas llegan y los compran. La obra pública sirve para desarrollar los territorios”.

En representación de la provincia de Tucumán, el funcionario encargado de la cartera de Obras Públicas, Marcelo Nazur, manifestó que la obra pública “no es un gasto, es una inversión que trae beneficios y mejoran la calidad de vida de los argentinos”, y pidió que “el Gobierno revea su camino y su horizonte respecto a las obras”.

A su turno, el intendente del Municipio de La Paz (Mendoza), Fernando Ubieta, consideró que “la obra pública es el motor de desarrollo de departamentos como el nuestro, que necesitan una oportunidad para crecer”.

En tanto, Fabián Cattanzaro, de la Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), manifestó que “la situación actual amerita declarar la emergencia vial”, y Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa el Usuario Vial (CONADUV), afirmó que “esta problemática vial, vinculada a los peajes, viene desde hace muchísimos años”.

Además, expusieron ante la Comisión de Obras Públicas, Candelaria Rueda, directora Provincial de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires; representantes del gremio ATE Capital y Obras Públicas; y Silvia González, de la Fundación Estrellas Amarillas.

Durante tres horas de exposiciones y preguntas de los senadores, un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado inició este miércoles el debate sobre la modificación a la Ley de Biocombustibles y anunciaron una nueva reunión informativa para continuar con el análisis de los proyectos presentados.

En octubre del año pasado, previo a las elecciones, se llevaron a cabo tres reuniones informativas, pero no se llegó a un dictamen. Distintos proyectos buscan reformar la Ley 27.640, sancionada en 2021 a partir de un proyecto impulsado por Máximo Kirchner.

De las cinco iniciativas que hay en carpeta, una fue presentada por la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y elaborada por la Secretaría de Energía. Al respecto, el licenciado Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería respaldó: “Es oportuno discutir una nueva ley de biocombustibles y entendemos que el proyecto de ley presentado por la senadora Bullrich contiene los lineamientos con los que el Ejecutivo viene trabajando hace casi ya 2 años con distintos actores del sector”.

“Ese proyecto implica un aumento del corte de dos puntos y medio en el biodiesel y 3 puntos en etanol. Todo proyecto tiene beneficiarios y perjudicados. El sector que más nos importa es el consumidor de biocombustibles que va a ver afectada la mezcla que compra”, afirmó.

González indicó que “en el biodiesel tiene un costo mucho más alto que el fósil con el cual se mezcla. No vemos lógica en duplicar el corte de biodiesel como proponen algunos proyectos porque implica un aumento en términos reales, estructural y permanente de gasoil que se consume en todo el país. Eso implica un mayor costo para el transporte, para el agro y consumidores finales que utilizan gasoil para motorizar sus vehículos”.

“Con el etanol es distinta, porque el aumento del corte beneficia a los productores del biocombustible y de la materia prima, pero afecta al consumidor y al Estado que cobra el impuesto a los combustibles. Cualquier aumento del corte tiene un impacto negativo en los ingresos del Estado”, planteó.

Entre sus principales puntos, el proyecto oficial busca elevar el corte obligatorio de biodiesel de 5% a 7,5% y a 10% un año después; mientras que para el bioetanol se mantendrá el 12% por doce meses y luego se incrementaría a 15%. A su vez, la Secretaría de Energía podría modificar los porcentajes discrecionalmente.

Al respecto, el funcionario explicó que “el etanol su costo es equivalente al costo del fósil con el cual se mezcla, por lo que no hay un efecto negativo en el aumento del corte en el consumidor de nafta”.

“El aumento del corte del 12 al 15% en el etanol manteniendo 6 puntos para el de caña, 6 en el de maíz y los 3 puntos adicionales que sean de libre competencia vayan hacia el etanol de maíz por lo que va a tener en términos prácticos un aumento del 50% de su volumen”, precisó.

“Con el biodiesel lo que se propone es un corte del 10% mínimo es un perfecto equilibrio entre conceder un beneficio de los productores biodiesel o de las materias primas un impacto fiscal moderado y un aumento del costo del gasoil moderado”, añadió.

El funcionario manifestó que otro problema que tiene la ley actual es que funciona con cupos: “Nosotros no creemos en eso, creemos en la competencia. Por eso proponemos que rápidamente se inicie la competencia de forma transparente entre productores de etanol, pero en el biodiesel que la competencia se dé con el tiempo con una reducción gradual de cupos en 5 años. Este proyecto establece que las mezclas mínimas permanezcan por 15 años”.

Al ser consultado por el artículo 14 sobre los mecanismos de comercialización, el cual establece que será a través de un mercado electrónico que deberá contemplar regiones geográficas de negociación para tener eficiencia en costos logísticos, el ingeniero Horacio Federico Veller, subsecretario de Combustibles Líquidos de la Secretaría de Energía, del Ministerio de Economía, explicó que se busca transparencia y “utilizar los mecanismos que se usan internacionalmente para gestionar comercialización”.

“Las buenas prácticas establecen que para evitar asimetrías logísticas es conveniente establecer grupos o zonas de negociación para que los precios sean equivalentes”, precisó, pero aclaró que aún no están determinadas y serán elegidas en la reglamentación de la ley: “Estamos siguiendo las mejores prácticas a nivel global para que el precio sea justo y surja voluntariamente entre oferta y demanda, y no haya distorsión”.

Biodiesel

En tanto, por parte de las provincias expusieron representantes del gobierno de Santa Fe, cuyo distrito tiene la mayor producción de biodiesel, Juan Rodil, subsecretario de Relaciones Institucionales de Santa Fe con el equipo de la subsecretaría de Energías Renovables de la provincia manifestaron que encontraron “cosas que preocupan en el proyecto” de Bullrich.

“La provincia de Santa Fe está en un escenario preocupante respecto de algunas propuestas de los proyectos presentados, realmente la mayor producción se encuentra en la provincia. No debería haber ganadores y perdedores, es una oportunidad para maximizar el potencial en bioenergías”, expresó.

En esa línea, enumeraron cinco puntos para que se contemplaran para la nueva ley, donde básicamente pidieron que “el biodiesel sea tratado con la misma simetría que el bioetanol”. Al respecto, precisaron: “El corte obligatorio inicial sea del 15% con posibilidad de aumento al 20%, dos mercados complementarios para integradas y no integradas que garanticen un porcentaje de un 40 y 60% respectivamente; un freno a la discrecionalidad que se baje el corte ante medidas extremas como desabastecimiento por 90 días; que todos los proyectos se incluyan dentro del RIGI; solicitamos una transparencia del mercado y de la competencia con un monitoreo activo”.

Bioetanol

Desde el Centro Azucarero Argentino, Jorge Feijoo, sostuvo que desde enero del 2010 con la sanción de la actual Ley empezó el corte con nafta con el 3% de manera efectiva el sector “ha tenido un crecimiento del 50%. Desde que tenemos el corte con bioetanol la producción de alcohol se triplicó y también se duplicaron las exportaciones”.

“Decimos que, desde la Ley de Biocombustibles, el bioetanol para el sector azucarero es esencial, hace a la sostenibilidad y competitividad integra del sector. El bioetanol es uno y está unido y tenemos una posición compartida hace cuatro años”, explicó.

Así, manifestó su apoyo al proyecto de la senadora Bullrich porque “en el etanol no nace de la confrontación, sino del diálogo que empezó en diciembre pasado cuando nos presentaron el borrador y hemos tenido muchas reuniones donde propusimos más de ocho puntos en la redacción que el año pasado estuvieron en consideración. Todo lo que planteamos han sido puestos, hemos sido escuchados y estamos apoyando porque nos sentimos reflejados”. Sin embargo, aseguró que hay algunos puntos “de mejora que hemos hecho llegar”.

Por su parte, Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz expresó que el bioetanol crece en todo el mundo salvo en Argentina: “La respuesta no está en la falta de recursos, ni de tecnología ni capacidad empresarial. La respuesta está en un marco regulatorio que está agotado y no permite crecer. Estamos atrapados en un sistema de cupos, restricciones que desalientan inversiones y que limita la participación de nuevos actores”.

Biodiesel

Por el contrario, Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) se opuso a las modificaciones y expresó que representaba a pymes de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis que elaboran el 65% del biodiesel para el mercado interno, y solo una está ubicada en el Conurbano, las otras están en pueblos pequeños y ciudades medianas.

"De aprobarse este proyecto van a condenar a la quiebra a las 25 pymes y se va a concentrar toda la producción para el mercado interno en 6 o 7 compañías aceiteras, todas ubicadas en torno al puerto de Rosario", alertó Martelli.

Finalmente, expuso Fernando Rodríguez Canedo, director ejecutivo de ADEFA (Asociación de Fábricas de Automotores) quien dijo que cualquier cambio que haya en el corte de etanol genera que la industria automotriz tenga que hacer inversiones "y empiezan la problemática que pondría en riesgo la sustentabilidad del sector". El invitado amplió graficando que "el otro problema es el mercado local y su complementación, es muy difícil pedirles a otros orígenes que calibren de una manera distinta a la que ellos calibran. Tenemos que manejarnos con niveles de corte que ya existan en otras partes del mundo porque nadie va hacerle un traje a medida a la Argentina para venderle 1500 autos".

También disertaron Axel Boerr, presidente de la CAPBA – Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados; Hilarión del Olmo, presidente de Explora S.A. y secretario de la CAPBA; Luis Zubizarreta, presidente de CARBIO – Cámara Argentina de Biodiésel; Marcelo Kusznierz, presidente de CASFER – Cámara Santafesina de Energías Renovables; Alfonso Romero, representante de CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina); Esteban Gambica, representante de CADE (Cámara Argentina de la Energía) junto a Hernán Momo, experto en refinación de la CADE.

La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de Diputados, presidida por Pablo Yedlin (UP), mantuvo este martes la primera reunión informativa para abordar la problemática sobre violencia contra niños y adolescentes en entornos digitales y el debate de una ley que establezca un marco regulatorio de las redes.

Los expositores invitados coincidieron en la necesidad de una ley que establezca un marco regulatorio de las plataformas y alertaron que “las redes sociales se convirtieron en una nueva herramienta para la violencia en niños y adolescentes”.

Yedlin recordó que hay “muchos proyectos de distintos bloques que hacían alusión al tema. Nos paree importante empezar una de varias reuniones para poder ir constituyendo un proyecto en común para que este tema se transforme en un dictamen”.

“Estamos con un tema que le preocupa al mundo. Esto se viene trabajando y nos vienen pidiendo que intentemos exigirles a las plataformas que identifiquen a los usuarios, establecer los límites, coincidir en qué redes”, esbozó Yedlin.

Desde el Ministerio Público Fiscal de CABA, Néstor Maragliano indicó que la violencia contra niños se encuentra en los entornos de redes digitales que son “una herramienta de planificación, anonimización y expansión”, y planteó que “las agresiones que ocurren en línea producen consecuencias por fuera como ansiedad, aislamiento, afectación de la escolaridad, autolesiones, explotación sexual y re victimización”.

Maragliano precisó que hoy aparecen fenómenos diversos como el grooming, difusión no consentida imágenes íntimas, sextorsión, ciberacoso, suplantación de identidad, entre otras. Desde el Ministerio vienen desarrollando una respuesta institucional especializada que “busca abordar el problema desde una perspectiva integral a través de la investigación penal, la protección de derechos y la asistencia a las víctimas”.

Así, sugirió que “en todo proyecto de ley debería estar establecida un área de atención y acompañamiento de niños y adolescentes víctimas”, y propuso: “Los desafíos son los registros porque muchos hechos no llegan al sistema, la velocidad tecnológica porque la innovación es más rápida, cooperación con plataformas es lo más complicado porque muchas empresas son del exterior, prevenciones por eso es necesario avanzar en la alfabetización digital”.

“Es necesario una política pública integral en lo que hace a los entornos digitales y no puede descansar solo en el sistema penal. Se necesita la prevención, la detección temprana y la respuesta especializada porque los entornos digitales son uno de los principales escenarios donde se expresan nuevas formas de violencia y el desafío del Estado es construir capacidades para prevenir, detectar y proteger tempranamente”, resumió.

Florencia Vallino, directora ejecutiva de fundación ANDHES, señaló que la regulación de la violencia en entornos digitales debe incluir “mecanismos de acceso a la justicia en un sentido amplio, tomando dimensiones variadas y deben ser amigables con los chicos”, y manifestó: “Hay una enorme brecha entre el acceso formal y el reconocimiento efectivo a los derechos de los niños”. La expositora recomendó que los mecanismos de denuncia sean accesibles, adecuados, seguros y que se fortalezca el sistema de protección integral.

A su turno, Verónica Toller -directora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección a las Víctimas del Ministerio de Seguridad Nacional- alertó que “la trata de personas ha mutado a través de los entornos digitales”, donde la infraestructura digital hace “vigilancia permanente todo el día; perfilamiento de algoritmos de búsqueda incesante de menores de edad para determinado perfil para realizar explotación sexual vía streaming, ludopatía, pornografía infantil, uso de IA para la producción de material”.

“Desde Estados Unidos recibimos 500 reportes diarios en Argentina de la producción y comercialización de material. La trata en el entorno digital es mucho más fácil de anonimizar”, advirtió y planteó que “cada aplicación de nicho tiene sus objetivos para llevar a cabo la pornografía y la trata. Es un tema mundial. La trata sexual vía streaming en el país es brutal al igual que la producción de deepfakes en menores de edad”.

En tanto, Valentina González Sisto, asesora Técnica del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina, remarcó que “el acceso al entorno digital creció enormemente en los últimos 10 a 15 años. En el 2010 casi el 60% de los chicos de entre 5 y 17 años no usaba internet, y en el último año, ese número baja a menos del 20%”.

“La exposición prolongada en pantallas puede repercutir en chicos de muy corta edad que pasan a compararse a otros, se enfrentan a violencia. Se da mayormente a través de los celulares entre chicos de 13 y 17 años y solo un 15% no tiene celular propio y estos entornos pueden generar escenarios de violencia, hostigamiento y manipulación”, explicó.

Desde la misma entidad, su directora, Ianina Tuñón, subrayó que “no vamos a poder ganarle la batalla a la sociabilización en el mundo de las redes sociales si no tenemos una propuesta alternativa que sea la socialización cara-cara”.

En su alocución, Gisela Untoiglich, representante de Fórum Infancia, subrayó que “la realidad virtual tiene efectos traumáticos en la realidad tangible. En los últimos años es significativo el aumento de consultas en salud mental por autolesiones, intentos de suicidio, dificultades en el lazo social, depresión, ansiedad. En el 2023 el suicidio se instaló en los jóvenes como la principal causa de muerte violenta en el territorio nacional, es un dato gravísimo”.

“Las pantallas refuerzan la soledad digital y le abren las puertas al grooming, al ciberacoso, consumo de pornografía, apuestas y discursos de odio”, afirmó y sumó: “Las redes van armando una cámara de eco y el algoritmo guía a contenidos más disfrazas de sentido de pertenencia. Los problemas de salud mental aumentaron a partir del 2010 y el 145% de estado de depresión en los jóvenes. Es el Estado el que tiene la responsabilidad de legislador sobre estas cuestiones y generar mecanismos protectores. Es imprescindible regular desde el Estado”.

Por último, propuso que los niños de 0 a 6 años evitar el uso de pantallas, de 7 a 12 años menos de una hora por día con supervisión adulta, de 13 a 16 años menos de 2 horas por día y retrasar todo lo que se pueda el acceso. “Campañas de concientización para familias y escuelas, la alfabetización digital y que los dispositivos electrónicos aparezcan con advertencias sobre los efectos nocivos de su uso porque deteriora el cerebro”, planteó.

Lucía Klug, integrante de la Fundación Desarrollo Humano Integral, consideró que “si no empezamos a hablar en las escuelas de los riesgos que implica tener una red social abierta en el celular y del tiempo que pasan con el teléfono, va a ser muy difícil que podamos erradicar el problema”. “También, es central hablar de la soberanía que implica que nuestros pibes sepan a qué se enfrentan y a quién le estamos dando nuestros datos, porque detrás de esto hay grandes empresas que utilizan esos datos que son poder”, acentuó.

En representación de Asistencia a la Víctima en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lucas Moyano les solicitó a los diputados que “deben legislar en cuanto a la amplificación del daño algorítmico que genera la violencia digital”. En otro aspecto, sostuvo que el objetivo “no es prohibir, sino educar, ya que el ciberacoso tiene un aliado que es el secreto, el silencio; la familia tiene como escudo a la transparencia. Entonces, fomentemos la transparencia”.

También expusieron Eduardo Riggi, fiscal General Adjunto en lo Penal y Contravencional del Ministerio Público Fiscal, Claudia Roxana Domínguez, de Mamás en Línea; Diego Vasconcel, licenciado en Tecnologías Digitales; Candelaria Kelly, titular de la Fundación Emmanuel; Andrea Urbas, directora de la Asociación Chicos.net; Francisco Manuel Ruiz, psicólogo social y cofundador de la Fundación EPASI; Marcelo Urresti, del Centro de Estudios de la Ciudad – UBA; Nazareno Castro, de Conciencia Digital; Samuel Villena, de Doncel; María Capurro Robles, coordinadora de proyectos de OBSERVACOM; y Gonzalo Yáñez, padre invitado de Mendoza.

La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, presidida por diputado Itaí Hagman (UP), mantuvo este miércoles la primera reunión informativa donde representantes de sectores empresarios y trabajadores, así como autoridades de institutos de vivienda provinciales, abordaron temas relacionados con la crisis el sector de la construcción y de la inversión pública, vivienda social y plan PRO.CRE.AR.

El expresidente de CAMARCO y actual titular de la FIIC, Iván Szczech, explicó que a nivel Latinoamericano la inversión en vivienda por parte del Estado y sector privado está relacionado con el crédito hipotecario y ejemplificó que en Chile implican un 27% del PBI y en Argentina un 0,5%.

“Estamos vivienda muy situaciones complejas en construcción de viviendas, más allá del empleo perdido. Tenemos que dar vuelta esta situación porque la pobreza está directamente relacionada con el acceso a la vivienda porque el futuro de una familia depende de poder vivir en su casa y por la actividad económica que mueve porque, cada vez que se inicia la construcción, mueve 80 industrias”, explayó.

En esa línea, Szczech remarcó que es “sumamente necesario” en la coyuntura actual del país porque la industria y el comercio “estamos sufriendo mucho”, y consideró que “la vivienda es una gran herramienta para destrabar la situación que tiene bondades por todos lados”. Por este motivo, afirmó que uno de los puntos claves a observar es el mercado de capitales para poder brindar financiamiento.

Al respecto, sugirió prestar atención a “los fondos de pensiones que financian el largo plazo en cuanto al acceso a la vivienda”, y señaló que en el Congreso “está la llave para saber qué está pasando con el fondo de garantías y sostenibilidad de ANSeS porque un 80% está destinado a títulos nacionales y un 20% en acciones de diferentes empresas. Eso es lo que hay que destrabar para el financiamiento de viviendas a largo plazo, pero parece que la vivienda no es un tema en el país”.

“Hay que tomar decisiones que tengan que ver con leyes para desarmar posiciones de activos y presionar que las inversiones generen el acceso a la vivienda”, manifestó y planteó: “El FONAVI que es recibido por las provincias, pero no todas hacen un buen uso del recurso. Esa ley está bien hecha, pero no se cumple porque tiene que ser usado específicamente”.

“El acceso a la vivienda está imposibilitando el desarrollo privado, sumado a la falta de financiamiento, hoy el acceso a la vivienda es un lujo para los argentinos”, cerró.

Gustavo Gándara, director ejecutivo de la Fundación UOCRA, señaló que desde el inició de la gestión de Javier Milei se “impuso un parate de la obra pública lo que significó la pérdida de 91 mil puestos formales de trabajo en la construcción, de los cuales 35 a 50 mil trabajadores están dedicados a la construcción de vivienda social”.

Al igual que el expositor precedente, opinó que las provincias “no afectan la totalidad del FONAVI que fue creciendo y ahí hay que trabajar en el marco del conjunto de las provincias una mejor afectación de los recursos para que se administren en la construcción de nuevas viviendas”.

Gándara planteó establecer un observatorio de la vivienda para tener datos e información fehacientes sobre la vivienda social en el país, el financiamiento disponible y los multilaterales. También, generar un estándar en términos de las normativas municipales y locales que “traban” el desarrollo de la vivienda que “es la posibilidad de construir un diálogo entre provincias y municipios para establecer criterios para estandarizar procesos”. Por último, manifestó la ausencia de políticas de formación para la recalificación de los trabajadores.

El secretario de Hábitat y Vivienda de la provincia de Santa Fe, Lucas Crivelli, denunció que el federalismo en el reparto del FONAVI “se perdió totalmente porque la política metió la cola y empezó a distorsionar el esquema”. Al respecto, sugirió replantear la cuestión de los recursos y la federalización de los mismos.

Sobre el déficit ocupacional, cuestionó que la información que se tiene del último censo es “paupérrimo”, y consideró “fundamental que se pueda trabajar en una ley nacional de vivienda”. En ese sentido, instó a trabajar “desde las provincias y municipios, el sistema financiero, el sector inmobiliario, los trabajadores y la logística, para confluir y encaminar todo lo necesario para que en un plazo de 10 o 15 años el déficit habitacional, que pensábamos que podía llevar 60 años, se salde y se achiquen los plazos”.

Al afirmar que para La Pampa “la vivienda tiene un rol estratégico y de desarrollo humano”, Érica Riboyra, titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda de La Pampa, manifestó que “cuando el Estado se corre, para el rol de construcción de vivienda no aparece mágicamente el mercado inmobiliario a solucionar ese problema”.

“Es fundamental que construyamos una Argentina que incluya a todos, también en materia de vivienda”, enfatizó y criticó la decisión del Gobierno de retirarse de la construcción de viviendas porque “había contratos firmados por 953 viviendas que iban a ser financiadas por el Gobierno nacional y el provincial se encargaba de la infraestructura”.

Riboyra precisó que más de 1600 viviendas estuvieron paralizadas en La Pampa del programa Casa Propia y 636 del programa PRO.CRE.AR, lo que significó “un financiamiento interrumpido y familias con proyectos de vida truncados. Generó un gran impacto en las provincias y las arcas municipales porque quedó mucha gente sin trabajo al estar paralizadas las obras”.

Diego Menéndez, administrador del Instituto de Vivienda de la provincia de Buenos Aires, quien informó que hay unas 8 mil casas en construcción financiado por el FONAVI y del Tesoro Provincial. “Hasta el Gobierno anterior había un círculo virtuoso donde Nación firmaba convenios con municipios. Con este Gobierno todo lo que estaba en la provincia se frenó en seco, no hubo movimientos de obras”, comparó y alertó: “Esto es un problema de inversión porque lo que se hizo se está deteriorando, genera problemas de inseguridad porque hay casos de usurpación. No se avizora de políticas para retomar esas obras”.

En ese sentido, planteó que “se cuadruplicaron las inscripciones para poder acceder a una vivienda, en este momento no hay inversión nacional y tampoco hay grandes inversiones privadas. La situación es caótica porque no hay políticas nacionales, lo que lleva a un freno de la actividad”.

Víctor Hugo Cabral, interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano de Tucumán, remarcó la importancia de la obra pública para el desarrollo porque “no hay ningún país que pueda mejorar su calidad y competitividad sin obras públicas”, y destacó la producción de empleo directo con la construcción y el impacto en la economía.

En tanto, Gonzalo Bardoneschi, subsecretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Tres de Febrero, requirió “confiar en el mercado”.  “Si nosotros pretendemos resolver el acceso a la vivienda de espaldas al mercado y que el Estado se haga cargo de solventar el 100% del déficit habitacional, estamos condenados al fracaso”, sentenció.

También expusieron Santiago Maggioti, subdirector del Grupo Bapro; Joaquín Labagnara, presidente de cooperativa adherida a la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT); Marcelo Medina, titular cooperativa Vencedores Vencidos – Movimiento de Trabajadores Excluidos; Ricardo Inti Alpert, director de la Consultora Tecnopolítica; y José Emir Andraos, intendente de Tunuyán, de la provincia de Mendoza.

Al comienzo del encuentro, se avalaron a los diputados Hernán Urien (LLA), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Claudio Álvarez (Innovación Federal) para ocupar las secretarías que quedaban pendientes de nombramiento.

En el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Mujeres y Diversidad y la de Familias, Niñez y Adolescentes, presididas por los diputados nacionales de Unión por la Patria Gabriela Estévez y Pablo Yedlin, respectivamente, se reunió este martes para iniciar el debate sobre violencia vicaria y el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP).

Al inicio del encuentro, Estévez afirmó que “es una temática importante que nos preocupa porque son temas delicados que forman parte de una agenda urgente que hace años venimos sosteniendo en el Congreso y costó mucho traerla a discusión. Hay proyectos presentados sobre ambas temáticas, pero decidimos unificarlos porque están muy relacionados entre sí”.

Durante la reunión, diferentes expositores cuestionaron duramente el proyecto de la senadora radical Carolina Losada sobre falsas denuncias que tiene dictamen de comisión en dicha Cámara y lo vincularon con el "lobby pedófilo" y lo calificaron como "una mordaza a las infancias". Diputadas libertarias manifestaron su rechazo hacia las expresiones vertidas contra la senadora y la respaldaron.

A su vez, plantearon que "el Código Penal ya contempla este tipo de delitos en el artículo 80 inc. 12. La redundancia normativa no conduce a ninguna parte. Si creen que sumar este término podría llegar a cambiar algo de lo que está sucediendo, porque el problema en el país no es la falta de leyes sino la falencia en la aplicación de las normas", sostuvo la libertaria Johanna Longo y cuestionó: "Se incorporaran conceptos ambiguos y eso es peligroso porque las leyes tienen que dar seguridad jurídica y no depender de una militancia judicial. Acá desaparece la igualdad ante la ley", y citó el caso de Lucio Dupuy y Cecilia Strzyzowski para argumentar sus dichos.

"Escuchamos un catálogo de provocaciones... instrúyase un poco", retrucó la diputada Miryam Bregman y manifestó: "Tenemos la urgencia de que el proyecto de Losada no salga, todos tenemos que comprometernos para ir al Senado y que esa iniciativa no salga y vamos a denunciar a quienes lo voten porque es una protección a pedófilos".

La palabra de los especialistas

En el uso de la palabra, Carlos Rozanski -ex juez Federal- habló sobre el falso SAP como una “iniciativa tan imprescindible” y la necesidad de una legislación sobre el tema porque “la historia de la infancia es de abuso y maltrato. La impunidad que se mantuvo a lo largo de siglos bajo la frase ‘los chicos mienten’ para descalificar cualquier intento de investigación”.

Rozanski afirmó que en Argentina hace siglos “se avanzó mucho para evitar ese patriarcado y esa frase generara impunidad. Pero cuando no alcanzó, comenzaron a analizarse las argumentaciones para que, a pesar de los avances, se logre impunidad”. Así, explicó que en los años 80 se instaló que “las madres les lavaron el cerebro a los chicos para que crean que fueron abusados. Esa es la clave para entender el SAP. Después dijeron que los mismos profesionales les lavaban el cerebro”.

El exjuez aseguró que, a través de diferentes disciplinas como psicología, antropología, derecho, empezaron a aclarar que “eso no era cierto, que no era un síndrome y no estaba en los registros. A partir de ese momento ya no alcanzaba, pero en otros lugares hay espacios del Poder Judicial donde jueces y fiscales todavía mantienen la ideología patriarcal que con una sola frase descalifican los dichos de los niños”.

“Los pedófilos, los que hacen negocios con la pornografía infantil lo que hacen es descalificar y no nombran el Síndrome de Alineación, le van cambiando la denominación”, indicó. A raíz de ello, apuntó contra la senadora nacional Carolina Losada que impulsa en el Senado un proyecto sobre falsas denuncias: “Genera el mito de las falsas denuncias como parte de un lobby pedófilo brutal que vive el país que en estos años tiene un gran avance. Hemos hecho una denuncia penal contra el proyecto porque lo que intenta es desenmascarar la operación en medio de un retroceso de derechos humanos”.

“Ese mito se instala sobre algo inexistente porque se basan en que en la Argentina hay muchas falsas denuncias sobre abusos sexuales contra las infancias”, remarcó y cuestionó al exministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien sostuvo en una oportunidad que hay un 70% de falsas denuncias. “Es mentira este dato, sino que salió un informe que tiene una base de 8 millones de causas penales donde se llegó a la conclusión que las falsas denuncias son del 0,09%, pero no de abusos sexuales a las infancias. No hay falsas denuncias sobre abuso sexual infantil en el país. Esto es lo grave de que en función que no existe se instale como mito y esto es lo que hizo Losada con el lobby pedófilo”.

A continuación, la psicóloga Sonia Vaccaro expuso sobre violencia vicaria, concepto que acuñó en 2012, tras escuchar múltiples mujeres víctimas de violencia de género que “muchas eran silenciadas por este falso síndrome como se pretende seguir utilizarlo”, cuyo fin es “continuar con el daño a la mujer a través de los hijos como objeto porque el sistema y las instituciones lo permiten y refuerzan”.

“La violencia vicaria es una nueva forma de violencia de género, de un hombre violento sobre la mujer y ahora, utilizando como objeto a los hijos”, definió y agregó: “Cuando se usa a los hijos como un objeto para seguir dañando a la mujer, lo que busca y ataca es el rol materno hasta hacer desaparecer a la madre de la vida de la criatura”.

La psicóloga indicó que “el patriarcado ataca lo que sabe que a las mujeres nos duele que son los hijos. A esta altura nadie duda que la justicia es un ámbito netamente patriarcal”. En esa línea, también cuestionó el proyecto de Losada: “No puedo creer que lo haya presentado una mujer porque querer hacer una ley mordaza con un delito como este que es el maltrato infantil, la violencia. Todos delitos con cifras ocultas y alarmantes porque 1 de cada 4 mujeres víctima denuncia”, y agregó: “Legislar sobre las supuestas falsas denuncias es una ley mordaza”.

Por último, precisó que el SAP es otro tipo mecanismo de violencia para dañar a la madre y detalló que la violencia vicaria tiene dos caras donde “la extrema que concluye con el asesinato de las criaturas. Ojalá se pueda erradicar la violencia vicaria, pero legislar contra el amordazamiento de las criaturas y madres es un retroceso aberrante”.

En su alocución, la exdiputada nacional Mónica Macha –autora de una de las iniciativas- expresó: “Es importante que la violencia vicaria esté tipificada porque permite política pública pensada para la capacitación, la formación de equipos y los alcances para que las denunciantes tengan un lugar donde ser escuchadas”.

“Es una deuda de la sociedad el valor que se le da realmente a la palabra de los niños y adolescentes porque el adulto centrismo es una construcción del patriarcado que tenemos que desmontar”, manifestó.

La psicóloga de Rosario, Natalia Amatiello, alertó que 1 de cada 4 mujeres sufrió violencia de género en las infancias. “La marca de un abuso sexual en un niño es imborrable por eso es importante que los profesionales que trabajamos con esos casos tengamos esas preparaciones para poder ayudar a dar cuenta de eso”, y planteó que “muchos casos de suicidio en la adolescencia tienen que ver con maltratos o abusos sexuales que no pudieron ser trabajadores por eso la utilización del SAP”.

También expuso Analía Sosa, representando al Frente de Madres de Víctimas de Violencia Vicaria en Argentina, quien manifestó que “la violencia vicaria es una de las formas de violencia más crueles donde los hijos son utilizados como parte de un plan perverso. El sistema judicial hoy no cuenta con herramientas preventivas suficientes para detectar tempranamente estas dinámicas y termina siendo utilizado para perpetuar el daño”.

“El problema no es la falta de la norma, necesitamos descomprimir un sistema judicial colapsado para que los niños que sí necesitan atención urgente sean atendidos, ya que no existe reparación ulterior. Las políticas públicas deben ser preventivas y no reparadoras. El Estado no puede desoír el sufrimiento de niños y madres. Argentina necesita una ley contra la violencia vicaria con perspectiva de infancia y una justicia con perspectiva de infancia. El derecho a una vida sin violencia no puede ser un privilegio”, reflexionó.

Desde Somos Muralla, Carolina Rodríguez, solicitó que “el Poder Legislativo escuche esta problemática que tiene que dejar de ser invisibilizada. Necesitamos que la violencia vicaria sea nombrada, reconocida y sancionada por Argentina, porque ninguna infancia debería crecer atravesada por la manipulación emocional, el silencio institucional y la violencia”. En esa línea, sintetizó: “Les pedimos compromiso, humanidad y una ley”.

Durante el encuentro, además hicieron uso de la palabra Sofía Quiroga, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); Yamila Corín, de Madres Protectoras; y la docente Renata Vismara, de Incidencia Feminista.

Al comienzo de la reunión plenaria, se terminaron de completar las autoridades que estaban vacantes en ambas Comisiones. En Mujeres y Diversidad fue designada para ocupar la Secretaría la diputada nacional Valentina Ravera (LLA). Y, en el caso de Familias, Niñez y Juventudes, también para una Secretaría, fue avalada María Inés Zigarán, legisladora de Provincias Unidas.

Referentes del deporte nacional, atletas olímpicos y paralímpicos expusieron este martes ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados donde alertaron por la situación “difícil y preocupante” que atraviesa el sector, al tiempo que reclamaron la falta de diálogo con funcionarios del Ejecutivo y destacaron los valores del deporte.

Además, representantes del Comité Olímpico Argentino (COA), de la Confederación Argentina de Deportes (CAD), del Comité Paralímpico Argentino (COPARG) solicitaron volver a implementar la Ley 26.573, sancionada en 2019, donde se creó el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) en Argentina, financiado originalmente con un cargo del 1% sobre los abonos de telefonía celular. A partir de 2025, se han impulsado proyectos para modificar la ley, buscar la autonomía del ente y establecer un financiamiento federal y constante.

En su intervención, el titular de la comisión, el sanjuanino Jorge Chica (UP,) expresó que los deportistas “llevan la responsabilidad de sostener nuestras instituciones deportivos y clubes, quienes coordinan las competencias, a los que entrenan a los atletas, a los que nos representan en el mundo y han llevado la bandera en todos lados. Aquellos que llevan la responsabilidad de hacer el deporte una herramienta de formación, de inclusión y de desarrollo en la República Argentina”.

“Al deporte no solo lo podemos medir en resultados deportivos o medallas. El deporte es familia, entrenadores, clubes, una comunidad que hace un enrome esfuerzo para que los chicos puedan lograr sus objetivos y eso produce un impacto social profundo y decisivo”, describió.

Chica manifestó: “En estos tiempos donde la sociedad necesita más lazos humanos y mayor comunidad, lo que estamos escuchando a distintos referentes en la situación que está atravesando el deporte en el país y la importancia que tiene en la comunidad. Con los distintos bloques buscaremos concretar herramientas para la auto sustentabilidad de algo que es trascendental como lo es el deporte, fortalecer los clubes que permiten darle centralidad a los valores que genera el deporte en la Argentina”.

“Vamos a generar una agenda dinámica, abierta y federal para poder escuchar a todos los actores del deporte de todo el país. Vamos a encontrar los consensos para poder generar herramientas que nos permita al deporte dar certeza en este presente y en el futuro”, afirmó.

Los representantes del deporte

En su exposición el presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, afirmó que están en una situación “difícil y sumamente preocupante” y recordó que el 2025 trabajaron para poder recuperar la Ley del ENARD del 2009 y el presupuesto que tuvieron que “permitió desarrollar y gestionar con grandeza el deporte de alto rendimiento en el país”, y destacó que producto del ENARD “hay muchos medallistas que están presentes acá”.

“La verdad la situación es crítica”, resaltó Moccia quien consideró que “ni en el 1% que es una bandera inclaudicable que nos permitiría tener un presupuesto acorde a nuestra necesidad y no depender de las decisiones políticas del Gobierno de turno”. En ese sentido, expresó: “No puede ser que 15 años después de la sanción de la Ley del ENARD estemos discutiendo lo mismo”, y sumó: “Esto es realmente triste porque tiene que ver con un retroceso importante para lo que hace al deporte”.

“El deporte es mucho más, es una herramienta estratégica para el desarrollo, es un instrumento que nos permite educar a través de los valores que emanan del deporte, de actuar transversalmente con la salud, con la educación, con el fortalecimiento de la identidad. Es lo único que representa el sentimiento de todos los argentinos cuando la bandera flamea en un hecho que nos representa con cualquier deportista. Además, genera inversión el deporte y fortalecimiento de un montón de sectores”, remarcó.

Moccia criticó que “hoy no tenemos los recursos para poder preparar a nuestros deportistas para los juegos que son en cuatro meses y somos locales y tenemos la obligación de tener la mejor actuación y hay más de 30 disciplinas que clasifican a los Juegos Panamericanos de Lima”.

“No vemos respuestas ni soluciones. Me toca administrar un ENARD sin recursos, con un presupuesto que no alcanza. ¿Cómo se puede gestionar el deporte de un país tan rico con un presupuesto de 18.400 millones de pesos?”, planteó.

En tanto, lamentó: “Eso es realmente grave porque tampoco tenemos con quién hablar. No hay interacción ni reunión con el ministerio para discutir la situación y llegamos a pensar que no les importa. No hay respuestas alentadoras ni de cambio, ni de aumento, ni de fuentes de financiamiento. Lo único que queda es la resignación, pero no nos vamos a quedar con brazos cruzados y el deporte tiene la resiliencia para superar momentos difíciles y por eso queremos transparentar la crisis profunda que vive el deporte”.

En otro sentido, les solicitó a los miembros de la comisión que “nos ayuden con un esquema de trabajo, donde haya diputados de los distintos bloques para sentarnos a discutir cómo se resuelve el tema”.

Luego, Rodolfo Paverini, titular de la Confederación Argentina de Deportes (CAD), cuestionó el que el DNU 70/23 que puso al deporte “en una situación aún peor porque estamos frente a una administración que va a tratar de perjudicar aún más al deporte”, y apuntó: “Hay un ensañamiento con el deporte en Argentina”.

Asimismo, reflexionó que “tal vez, nos quieran llevar a esto, a que el deporte se privatice”. “Tenemos que gestionar una actualización de la ley del deporte, que fue desaguazada y se nos robó el dinero”, criticó. En otro aspecto, sostuvo que “no estamos negados a la inversión, lo que sí vamos a defender siempre es nuestra esencia y cultura, que es un sistema que es un orgullo en el mundo”.

En representación del Comité Paralímpico Argentino (COPARG), Gustavo Borro, titular de la Federación Argentina de Deportistas para Parálisis Cerebral (FADEPAC), expresó una profunda preocupación por “la situación económica que atraviesa el deporte, que sin un financiamiento fuerte la Argentina no puede desarrollar el deporte a nivel nacional ni internacional”.

En ese sentido, instó a que “se revea la situación” para que el ENARD “tenga recursos genuinos”, y subrayó: “El deporte es transversal a cualquier fuerza política y debemos tomarlo como una herramienta para que Argentina siga creciendo”.

La presidenta de la Comisión de Atletas y judoca, Paula Pareto, remarcó que el deportista “siempre trabaja en equipo y la idea es expresar lo que siento y hacerles llegar el por qué está pasando todo esto”.

Pareto indicó que los deportistas “no son solo embajadores de su bandera y su país cuando salen a competir, son embajadores de muchas más cosas como los valores olímpicos, son embajadores de vida saludable, de respeto, de responsabilidad, de honradez, de empatía, y todo eso me tocó vivirlo en el deporte y también por fuera”, y planteó: “No lo digo porque lo asesore el deportista, esto lo imita la sociedad en la que uno está. Esto me pasa hoy de que la gente ve lo que haces y te imita, y no es mí, es en cada deportista”.

Al respecto, contó que a nivel del Comité Olímpico Internacional: “Se pelean las diferentes empresas por entrar, pagan, invierten mucho dinero, porque los valores del deporte es lo que todos quieren ver representados porque, más allá de la competencia, está el día a día y lo que la sociedad ve ej.: voy a hacer deporte, disminuyen las internaciones porque la salud hace que uno tenga que ir menos al hospital y eso es un menor impacto económico; hace que los chicos estén haciendo actividad en un club de barrio donde alguien lo está cuidando y generando todos los valores olímpicos para una vida futuro”.

“Todo esto es lo que realmente lleva a apoyar a un deportista, es el ejemplo que da, porque sos embajador afuera y adentro. Invertir en deporte es un éxito asegurado para la sociedad y para reducir el gasto público”, cerró.

En la reunión informativa también expusieron Cecilia Carranza Saroli, regatista argentina, quien ganó la medalla de oro en Río 2016 junto a Santiago Lange; Silvio Velo ex deportista paralímpico, quien fue integrante y capitán de Los Murciélagos, la selección argentina de fútbol para ciegos; Nadia Báez, atleta paralímpica que compite en natación adaptada; José García Maañon, presidente de la Federación Argentina de Karate; y Pedro Villarreal, titular de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.

Igualmente, Walter Pérez, ex ciclista argentino ganador de la medalla de oro en Pekín 2008 y actual entrenador de ciclismo en pista; Pablo Filippi, de Unión de Clubes Parroquiales; Cristian Poglajen, ex jugador de la selección argentina de voleibol, medallista olímpico de bronce en Tokio 2020; Lina Lucco, vicepresidente de la Federación Argentina de BMX; Laura Martinel, ex atleta olímpica y entrenadora de Judo;  Juan Sardo, titular de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA); Jorge Serpi, presidente de la Federación Argentina de Canoas; Paula Meizoso, representante del Softbol; y el atleta Franco Florio, récord argentino en 100 metros llanos.

Además, participaron secretarios de Deportes Provinciales y Municipales; presidentes de Federaciones y Confederaciones; deportistas de Alto Rendimiento; y técnicos de Selecciones Nacionales.

La Comisión de Acuerdos del Senado, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto, llevó a cabo este miércoles la segunda audiencia pública destinada al tratamiento de pliegos para la designación de magistrados del Poder Judicial, donde se avalaron 16 postulaciones enviadas por el Poder Ejecutivo para ocupar vacantes de jueces, defensores y fiscales, dos de ellos vinculados a la causa AFA.

Durante el encuentro, que se realizó en el Salón Azul y duró más de cuatro horas, los candidatos presentaron sus antecedentes profesionales y respondieron preguntas de los senadores, conforme al procedimiento establecido para el otorgamiento de acuerdos por parte de la Cámara alta.

Al finalizar la jornada se respaldaron las postulaciones de la ex secretaria del juez Julián Ercolini, María Julia Sosa, de la Cámara Federal e Ivana Quinteros (Sala I Cámara Federal). También se avaló la designación de dos jueces que estuvieron vinculados a causa de la AFA que son Alejandro Catania y su colega Juan Galván Greenway, quien sobreseyó al titular de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia, en una causa de supuesto lavado de dinero.

Además, expusieron Verónica Polverini, Marcela Sasso y Lucas Bellotti San Martin, quienes fueron propuestos como Defensores Públicas de Menores e Incapaces antes los juzgados de primera instancia en lo civil, comercial y del trabajo de Capital Federal.

Se sumó a esa lista Felipe Alliaud como Defensor Público de la Defensoría General de la Nación, y Santiago Quian Zavalia como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, y Ovaldo Pitrau como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.

Para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y en diferentes salas se proponen a Analía Victoria Romero, Samanta Biscard y Paula Castro y como Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal a Santiago Vismara.

La audiencia

El primer expositor fue Nicolás Grappasonno quien está designado como vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, vocalía Nª 10, y explicó que el concurso inició en el 2018. También contó que se desempeña como juez en el Tribunal Oral de Buenos Aires desde el 2009, ingresó en el Poder Judicial en el 96’ pasando por todos los cargos.

“Me tocó ser relator en tareas de Casación de las Cámaras dado el cúmulo de casos. En el 2025 el Tribunal ha resuelto 322 expedientes con sentencia definitiva como juicios orales y abreviados, con tasa resolutiva del 114%”, comentó y sumó: “Estoy postulado para la vocalía 10 que tiene un reglamento buen elaborado, división de trabajo, desempeño y resolución de casusas. El año pasado ingresaron 5.350 causas y logró resolver un 97% de la tasa”.

“La vocalía a la que estoy postulado considero que puedo mejorar al realizar más audiencias de formas presenciales y virtuales, elevar las tasas resolutivas, ya que es una vocalía que, al no estar cubierta, tiene menor toma de decisiones de tipo jurisdiccional”, argumentó.

A continuación, fue el turno de Ivana Sandra Quinteros postulada para ser designada jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 de la Capital Federal, quien expresó: “Resolver conflictos de la mejor manera es lo que me da más emoción si prestan acuerdos, de poder desempeñar a la Magistratura y poder brindar a la administración de justicia desde otro espacio”.

Una de las exposiciones más esperadas fue la ex secretaria del juez Julián Ercolini, María Julia Sosa, quien fue propuesta como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata, con 36 años de trayectoria contó que cuenta con una vasta experiencia a delitos vinculados al fuero federal como narcotráfico, secuestros, lesa humanidad, falsedad de documentación; y delitos federales como penal, tributario y económico.

“Amo mi profesión, el derecho penal y la justicia. Esa trayectoria es complementada con la formación académica con la que cuento. La jurisdicción a la que aspiro es un Tribunal Oral en La Plata donde es compleja porque es muy amplia, tiene 45 partidos y es un tercio de la provincia. Esos tribunales el 1 y el 2 tienen vacantes desde el 2010 y hace que, pese al gran trabajo que realizan, son tribunales que tienen un gran cúmulo de trabajo que están frenados. La habilitación del tercer tribunal va a ayudar mucho para que la jurisdicción se aliviane y mejore”, explayó y agregó que esos tribunales reciben causas de siete juzgados federales.

Los jueces de la causa AFA

solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, sala B, al Dr. Alejandro Javier Catania quien hace más de 10 años da clases en la UBA, trabajo en el fuero penal económico hace 30 años, hace 18 años ejerce el cargo de juez.

“Le dediqué desde entonces a la investigación y tramitación de las causas con contenido en esa materia, con delitos complejos que tienen mucho contenido técnico desde lo jurídico. Son delitos complejos porque son trasnacionales y requieren la cooperación de otros estados. También perseguimos y juzgamos el narcotráfico y el tráfico de estupefacientes. Tengo experiencia en la gestión de equipos y de casos.

Estoy convocado para integrar la cámara de apelaciones que solo cuenta con 2 integrantes de 6 y la necesidad de los nombramientos está a la vista. Conozco la dinámica de esas salas porque trabajé cinco años. La Cámara tiene considerables atrasos porque solo tiene dos personas para trabajar y uno de los ejes centrales en los que debería trabajar es en acelerar la tramitación de los procesos. Tengo vocación de trabajar y un alto compromiso con el cumplimiento de la Constitución y de los valores democráticos.

Dr. Juan Pedro Galván Greenway -vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, sala A- ingresó al Poder Judicial hace 30 años y recordó que al asumir en su juzgado “tenía unos atrasos impresionantes con más de 500 expedientes para dictar sentencia”. “Mi experiencia sería muy útil en el ejercicio de la función de revisión que tiene la Cámara de Apelaciones”, cerró.

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías, presidida por el diputado Horacio Pietragalla Corti, se reunió este martes para recibir y escuchar a referentes de organizaciones sociales quienes expusieron sobre la situación del derecho a la protesta y las represiones policiales en el marco del protocolo anti piquete del gobierno de Javier Milei al cual calificaron como “el más represor de la democracia”.

En el inicio de la jornada, la comisión completó las autoridades siendo designada para ocupar la vicepresidencia segunda la diputada oficialista Lorena Petrocvich, para la segunda secretaría fue elegida la diputada Eliana Bruno (LLA) mientras que hicieron reserva de la secretaría tercera. Por la primera secretaría desde UP propusieron Javier Andrade.

Antes de la exposición de oradores, la ungida vice segunda Lorena Petrovich cuestionó que su bloque “no fue consultado para armar la lista de oradores. Esto se repite en otras comisiones”, y lamentó no haber estado en esa posición para “poder escuchar a las distintas voces para poder escuchar en una problemática tan importante y en un trabajo que vamos a seguir avanzando”.

“Recién pudimos leer el pasado viernes la lista de quienes nos van a acompañar. Estamos acá por respeto de quienes vinieron. La Libertad Avanza no tuvo la posibilidad de invitar a nadie”, cerró, mientras que Pietragalla Corte le aclaró que se pasó una lista de citación y que “no cercenamos a nadie”.

Los testimonios

Abrió la ronda de invitados el abogado y representante de la COREPI, Emanuel Zuccolo, quien sostuvo que “toda la batería de leyes y decretos sancionados por el Legislativo y el Ejecutivo como la Ley Bases, privatización de empresas, reforma laboral, etc., van de la mano con la represión a los colectivos afectados por la quita de derechos para lo cual, el gobierno de Milei ha sancionado distintas leyes y reglamentaciones que, a nuestro entender, significan que en la práctica un cambio de régimen con suspensión de derechos y garantías constitucionales, garantizando la impunidad para los represores que ejecuten estas tareas represivas”.

Zuccolo recordó que “a lo largo de estos años hemos visto como se ha reprimido ferozmente mediante operativos multifuerza a quienes osan disentir y ejercer su derecho en la protesta contra la quita de derechos consagrados”, y lo ejemplificó con las marchas de cada miércoles por parte de jubilados que “los golpean y los gasean” en medio de su reclamo por el acceso a remedios, pero “la represión violenta se lleva a cabo contra cualquiera que ejerza su derecho a la protesta”.

“Tenemos más de 1.500 personas heridas en dos años por la represión estatal en la protesta social como casos emblemáticos como Pablo Grillo. Hubo más de 300 detenciones arbitrarias en el marco de movilizaciones en CABA”, precisó y cuestionó que “la brutalidad represiva de las fuerzas no se investiga en lo más mínimo”.

Zuccolo denunció al Gobierno de Javier Milei como “el más represor de la democracia donde el aparato represivo del Estado se llevó la vida de 1.081 personas en sus dos primeros años en casos de gatillo fácil, femicidios, muerte bajo custodia. Resulta de vital importancia que la comisión arbitre las medidas necesarias para que se rompa con el modo represivo que, ante el creciente malestar social, irá creciendo con consecuencias en la vida de los laburantes”.

Por parte del CELS, Diego Morales, planteó que el protocolo anti piquetes “tiene una interpretación distinta a lo que propone el Código Penal porque la regla que fijó el Congreso está aplicada de manera distinta, por lo tanto, hay un incumplimiento de la norma penal que fijó el Parlamento”.

“El Ministerio de Seguridad tiene un exceso porque se aparta de las reglas que están fijadas para el uso y desarrollo de la actividad policial porque en el artículo 4 habla de ‘dispersión’ y la policía no tiene esa facultad en ningún reglamento ni ley. Esa idea es un compromiso que se puede discutir en este ámbito legislativo”, indicó y se refirió a la Ley de Datos Personales porque “la lo que establece el protocolo es la facultad de las fuerzas de llevar registro de los manifestantes, de organizaciones que se manifiesta, eso está prohibido”.  Morales opinó que “son tres asuntos que puede ayudar al Congreso a definir otras reglas de funcionamiento para garantizar el derecho a la protesta social”.

Desde la CTA autónoma, Ricardo Peidro, manifestó su preocupación por el “alarmante incremento de la represión en las calles”, y brindó datos de los últimos años donde “hubo 107 represiones contando desde la asunción de Milei. Hubo 2.648 heridos y 381 detenidos y, si comparamos un año con otro, aumentó en un 48% la cantidad de heridos y 123% de detenidos”.

“No nos sorprende porque cuando el Gobierno anunció sus políticas de ajuste y de sumir en la pobreza, van atadas a la represión. Es llamativo que es represión que, en otras instancias, algunos gobiernos la dibujando de otra manera. Este gobierno dice que la represión forma parte de su política”, criticó y planteó: “Tenemos que tener una línea de unidad para derrotar a este gobierno y también tenemos que tener unidad en las respuestas a las acciones represivas”.

Por su parte, Fabián Grillo padre del fotógrafo Pablo Grillo pidió al Congreso que “vuelva a ser del pueblo” que se termine con la “perversión y la represión”. También cuestionó que desde el oficialismo “buscar obstaculizar la investigación de la justicia”.

Eduardo Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero, bregó para que la reunión “tenga una conclusión concreta porque la represión y la persecución del gobierno empezó ni bien asumió. Es una orientación perfectamente programada”.

“De forma sistemática el Gobierno tiene el triste récord de reprimir cada manifestación que se produce, sobre todo a los sectores más débiles como jubilados y discapacitados”, apuntó y sumó: “Todos los Gobiernos, de una u otra manera, reprimieron al movimiento piquetero, pero lo van a negar como hacen siempre”.

Fabián Grillo, padre del fotógrafo Pablo Grillo, expuso ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y pidió al Congreso de la Nación que “vuelva a ser del pueblo” y que se termine con “la perversión y la represión”.

Su hijo el pasado 12 de marzo de 2025 cayó gravemente herido tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en su cabeza, mientras cubría los incidentes durante una manifestación de jubilados en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

Al respecto, su padre pidió que “el Congreso vuelva a ser del pueblo y tenga ese carácter que siempre tuvo. Que se derrumben las vallas que nos ponen a la espalda del pueblo y termine con la represión”.

“Mi hijo fue brutalmente reprimido y está vivo de milagro por el amor del pueblo y el accionar del hospital público, justamente lo que este Gobierno golpea. Tenemos que terminar con la perversión porque esto pasa los niveles humanos”, exigió y agregó: “No puede ser que seamos así. No puede ser que este Congreso represente al pueblo argentino. No puede ser que este Gobierno represente al pueblo”.

Grillo contó que diariamente tiene comentarios de afectos y de amor, pero “no lo veo reflejado en las instituciones. Nadie del oficialismo se comunicó conmigo en ningún momento, sino que obstaculizaron el accionar de la justicia. Tuvieron que allanar gendarmería par atener las pruebas”.

“Esto se esclareció gracias a los colegas de Pablo que presentaron sus imágenes. Imágenes que el oficialismo no quería mostrar y por eso le pegaron a mi hijo, a pesar de las mentiras del oficialismo, del ocultamiento y la no colaboración con la justicia. Esto se está esclareciendo”, relató.

Por último, pidió que el Congreso “se ponga a la altura del pueblo. Las vallas no tienen que estar más. Estar gobernando a las espaldas del pueblo es triste, tendrían que estar preocupados”, y denunció que “a mi hijo lo juzgaron por un delito de fotoperiodismo militante, un delito nuevo que inventaron. Lo quisieron ejecutar”.

El bloque de Unión por la Patria llevó a la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de Diputados, a cargo de Hugo Yasky, el debate sobre el endeudamiento familiar a fin de abordar un total de 18 proyectos que buscan darle un alivio a los usuarios de tarjetas de crédito y/o tomadores de préstamos personales a través de plataformas digitales.

El encuentro se llevó a cabo este miércoles en una reunión que contó con especialistas vinculados a la temática de protección, prevención y rehabilitación para consumidores fallidos.

“Este es un tema que acucia a muchos hogares de la Argentina y es el sobreendeudamiento con tarjetas de crédito, billeteras virtuales. Es un tema que no podemos seguir dilatando”, comentó Yasky.

Al tomar la palabra, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, manifestó que el eje del encuentro es retomar un debate que ya se discutió el año pasado en la comisión. “No hay ningún ánimo de sacar despacho en la jornada de hoy”, aclaró el santafecino.

Los expositores

Abrió la ronda de expositores la socióloga y docente Luci Cavallero quien precisó que son 39 billones de deudas que tienen las familias argentinas y se basó en datos del Banco Central: “Hay un fuerte incremento de morosidad históricos, los más altos en los últimos 20 años. No es solo mora bancaria, sino también se genera en préstamos que se sacan de las famosas empresas de finanzas digitales”, e indicó que 1 de cada 4 personas tienen mora con esas billeteras virtuales.

Cavallero señaló que los estudios que se vienen realizando hace más de un año hablando de un endeudamiento de 7 de cada 10 argentinos. “No es un endeudamiento circunstancial sino dedicado a poder subsistir y son usados para los gastos básicos”.

“Estamos en un modelo macro económico que genera ingresos pisados y políticas de desregulación. Hay tasas de interés usureras y dan vergüenza. En ese contexto crece la mora y el endeudamiento de las familias”, planteó.

La socióloga manifestó que se trata de un problema de sustentabilidad económica de las familias y consideró que “el Congreso tiene que estar a la altura para poder darle a las familias un alivio. El endeudamiento está desorganizando la vida y está generando problemas de salud y violencia en la gente”.

“La deuda es un mecanismo político porque individualiza y aísla a las personas haciéndole creer que esa deuda es un índice de fracaso individual cuando el problema es la macroeconomía que arroja a más argentinos a tener que endeudarse y a tener pluriempleo”, apuntó y detalló que las personas endeudadas “usan el crédito para cubrir gastos esenciales, altos niveles de angustia y estrés crónico, deterioro de salud física, imposibilidad de cubrir necesidades básicas”.

Cavallero cuestionó que “hay falta de información clara y accesible sobre las deudas, no hay condiciones de refinanciación, hay ausencia de instancias de negociación, no hay regulación de billeteras virtuales, prácticas abusivas de sistemas de cobranzas. Los bancos ofrecen refinanciaciones con cuotas que exceden la capacidad real de pago, inducen a la mora, entre otras”.

Por último, planteó que el proyecto de ley debe establecer acceso a la información, regulación de intereses, proteger los ingresos, regular los débitos automáticos, regulación de cobranzas y generar instancias de negociación. Que los montos de descuento no pueden dejar por debajo de la línea de pobreza a las familias, regulación de tasas fijadas en relación al costo de vida. Fomentar la responsabilidad de los bancos y las empresas virtuales”.

Arturo Pozzali, doctor en Ciencias Económicas y defensor Adjunto del Pueblo –CABA-, afirmó que “hay un aumento sistemático de consultas y reclamos de familias que no están pudiendo cumplir con el pago. Tienen la voluntad de pago, pero no la capacidad”.

“Aquellos que hoy tienen un crédito hipotecario y problemáticas mayores hay que atender porque las familias no se endeudan para comprar una casa. La morosidad está llegando casi al 22% y esto es algo que no debería volver a pasar”, expresó y agregó: “Lo que está afectando mucho a las familias es la mora automática y debería ser tratado en los proyectos”. En otro aspecto criticó que, a diferencia de los bancos, “la comunicación con las billeteras virtuales es muy dificultosa y cada vez es más compleja”.

Virtualmente, Ariadna Ciammarriello, coordinadora del Área Financiera de la Oficina de Derechos de Ciudadanos, Consumidores y Usuarios del Consejo Municipal de Rosario, Santa Fe, explicó que “hoy casi se equipara el pedido de la gente de financiación de deuda, del último año, con las denuncias en cuestión de estafas virtuales”. En referencia a esto, resaltó que “el consumidor que viene a la oficina realmente tiene voluntad de pago”. Además, cuestionó la “expansión agresiva, fácil e inmediata del crédito” y “la falta de responsabilidad que tiene las entidades bancarias en evaluar la capacidad crediticia del usuario”.

El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, manifestó que “el negocio es la refinanciación, tasas de 500 o 600 %, que lo vemos en los barrios cuando hablamos con los jubilados, que están produciendo la quiebra de las familias sin ninguna herramienta de solución para los millones de argentinos que están sobreendeudados como consecuencia del plan económico”.

Bussetti propuso que “el mecanismo, que sigue siendo un paliativo, tiene que ser algo jurídico que le permita al usuario sentarse con el acreedor para que pueda refinanciar su deuda como lo hacen las empresas, y que pueda funcionar en todo el país”.

La contadora pública Alejandra Fernández Scarano, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y actual secretaria de Hacienda, Producción y Comercio de la Municipalidad de Hurlingham, presentó un informe acerca de la morosidad en tarjetas de crédito, préstamos personales y billeteras virtuales. “A peor calidad del crédito la tasa es mayor porque hay una mayor morosidad y mayor riesgo”, sentenció.

En la continuidad expuso Gabriel Martínez Medrano, director de Legales de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), basó su exposición en el “Régimen de Segunda Oportunidad”, basándose en la experiencia española.

Con respecto a la situación de nuestro país, especificó que “jurídicamente, el principal problema que hay es la fragmentación de las deudas de los consumidores, que se acentúa por las sesiones de créditos”. En esa línea, agregó: “Para las personas que no son comerciantes no existe un mecanismo fácil, barato, rápido y justo para los acreedores que se pueda hacer”.

En representación de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, reflexionó que “si hablamos solamente de las personas sobreendeudadas, estamos trabajando sobre las consecuencias únicamente”. “La solución es que se recupere la capacidad adquisitiva de los salarios y de las jubilaciones”, recalcó.

Al comienzo del encuentro, los legisladores completaron cargos directivos de la comisión que restaban designar. En ese sentido, para la vicepresidencia segunda fue avalado el diputado nacional Marcelo Barbur (UP). Y, para las secretarías primera y tercera fueron elegidos Rosario Goitia (LLA) y Sergio Casas (UP), respectivamente.

En la reunión constitutiva de la Comisión de Minería de Diputados de este martes, la ungida presidenta Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), trajo a la mesa de debate el tema de la modificación de la Ley de Glaciares y, desde el bloque Unión por la Patria, pidieron ampliar los giros de las comisiones.

Al hacer un repaso de los proyectos en comisión, Ávila propuso sobre los cinco proyectos presentados respecto de la derogación del DNU 396/25, que establece la transformación del Instituto Nacional del Agua y la Fusión del Instituto Nacional de Prevención sísmica en el servicio geológico minero, que “es un proyecto que está en condiciones de ser tratado en el recinto, propongo que se convoquen a las autoridades nacionales a que nos expliquen el sentido del proyecto. Deberíamos llamar al secretario de Minería de la Nación porque hace a la información que tenemos que tener para poder dar el debate”.

En esa línea, comentó: “También se puede proponer en medio del debate de la Ley de Glaciares, que es un tema que nos interpela y preocupa a todos, hay que llamar a las empresas y provincias a que nos cuenten cómo llevan adelante el trabajo dentro de los controles ambientales, los cuadros técnicos cuando hay cercanías con un glaciar, que expliquen los controles, los estudios que se llevan adelante. Tenemos que tener la información sobre la mesa”.

De forma inmediata, pidió la palabra el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, quien le aclaró que la comisión “no fue parte de los giros del tema Glaciares. No es casual. Quisieron que el tema no quede pegado al tema de la minería, pero lo están reconociendo que indudablemente tiene que ver”.

“O los giros estuvieron mal dados y no se incluyó esta comisión adrede para que no quede como de vínculo del tema minero con glaciares, o puede ser que no tiene nada que ver. Pero yo creo que sí está relacionado”, dudó el santafecino.

En tanto, cuestionó: “Las autoridades deberían haber participado de las comisiones que elaboraron la audiencia pública. ¿Por qué no dan los debates ahí? Porque en los pasillos del Congreso circula la información que el martes quieren dictaminar y el miércoles quieren tratarlo en el recinto. Después de la sesión se quieren ir a Estados Unidos a llevarle la aprobación a determinados sectores corporativos”.

“¿Tiene o no tiene que ver el tema con el debate en Ley de Glaciares? ¿Van a dictaminar rápido? Yo creo que es un tema importante el desarrollo minero y la preservación del ambiente y el debate debe ser lo menos hipócrita”, manifestó.

Ávila explicó que “históricamente no tuvo giro a la comisión el proyecto. Pero yo sí creo que hay que debatir con toda la información y como provincias el debate gira alrededor de la potestad que tienen las provincias sobre sus recursos, control y cuidado del medio ambiente. Hoy en día es claro que uno de los ejes es la minería”.

En el uso de la palabra, Nicolás Massot (Encuentro Federal) respaldó la postura de Martínez, pero le recordó que en el 2008 cuando se trató la ley el presidente de la Cámara de ese entonces “tomó ese criterio de no darle giro a esta comisión. No es algo achacable a la presidenta. Hay que buscar los antecedentes”.

“Esto se trata de armonizar derechos y obligaciones que tenemos todos de proteger a rajatabla los recursos como el agua dulce depositadas en glaciares y peri glaciares con el derecho al desarrollo regional y explotación que tienen las provincias”, remató Massot.

De la vereda de enfrente, Martínez le retrucó: “La Ley 26.639 nace en el expediente 78-S-2009 y en la Cámara de Diputados tuvo giro a Medio Ambiente y de Minería.  Están equivocados, en el Senado no tuvo tratamiento en minería. Si existiera el deseo se pueden ampliar los giros”.

La Comisión de Acuerdos, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto (LLA), se reunió este jueves para darle tratamiento doce pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo, entre ellos, el que propone a la exlegisladora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante Canadá el cual quedó listo para su debate en el recinto.

Crexell explicó que la Argentina tiene un “enorme potencial” en una relación bilateral con Canadá lleva más de 150 años de historia diplomática, de relaciones sostenidas con “una muy buena sintonía” en diferentes aspectos.

“Si bien Canadá tiene una relación comercial y más fuerte con Estados Unidos, tiene importantes oportunidades con nuestro país que se han venido incrementando en los últimos años, sobre todo por la posibilidad que se genera a partir de industrias tan dinámicas como la minería y energía”, informó y sumó: “Además tenemos una fuerte relación en materia nuclear porque Argentina tiene reactores de tipo CANDÚ que son de tecnología canadiense y eso permitió tener relaciones muy proliferas en lo que hace a la seguridad nuclear”.

“Hemos siempre tenido una posición de trabajo mancomunado en el sostenimiento de la paz y ambos países integran actualmente un grupo en las Naciones Unidas para reformular el Consejo de Seguridad”, expresó.

En otro tramo del encuentro, la candidata comentó que la relación bilateral con Canadá “tiene un potencial enorme. Tiene una histórica relación ininterrumpida y se vuelve a potenciar la oportunidad por la dinamización de los sectores energéticos y mineros”.  También recordó que entre ambos países hay firmado un memorándum de entendimiento en lo que hace a minerales críticos: “Hay mucho interés de empresas para invertir en el país en litio”.

A su vez, informó que está en tratativas un acuerdo Mercosur entre Argentina y Canadá: “Están avanzadas las rondas de negociación que implicaría un avance muy importante para el comercio. Somos principales exportadores de aceite de soja y podemos mejorar la importación de equipos para la industria petrolera”.

Las críticas del interbloque Popular

El puntano Fernando Salino (Justicia Social Federal) volvió a denunciar la falta de pluralidad en las comisiones y planteó: “En este caso esta violación es mucho más grave porque estamos tratando el acuerdo de una persona en particular y corresponde que digamos que durante el tratamiento de su pliego se están violando el reglamento y la Constitución Nacional y lo mismo va a suceder con el resto de los acuerdos. Nosotros como oposición no tenemos la posibilidad de participar de este tratamiento”.

“En el caso de los embajadores el caso es doblemente grave porque las cuestiones se toman a la ligera, pero usted no va a poder ser acompañada por la oposición porque no tenemos oportunidad de participar de la comisión”, planteó. Así, preguntó cuál es su condición relevante para que el Presidente la designe embajadora de Canadá.

Crexell le retrucó con su formación académica y trayectoria legislativa: “Tengo tres títulos universitarios, maestrías. Tengo varios diplomados en ambiente y energía. También tengo una prolífera presentación de proyectos de ley que se han convertido en leyes”.

Luego fue el turno del senador chubutense Carlos Linares quien le pidió que explique cómo llegó a esta designación y recordó la sesión donde ingresó el pliego de Crexell para ser designada ante la UNESCO: “En esa sesión justo fue un voto transcendental para el oficialismo que causó muchas dudas. Este pago de favores con un voto claramente perjudicó a los argentinos. Esto es un escándalo”.

“Nosotros estamos tratando el pliego de una representante que llega a una embajada por el pago de un favor. Esto es grave. Usted dice que no, pero los hechos lo marcan así. Si usted está contenta es un tema de conciencia. A mí me daría vergüenza asumir su cargo”, cerró Linares.

Rápidamente, la exsenadora le salió al cruce: “A mí me daría vergüenza las imputaciones falsas”, y explicó que se trató de un acuerdo previo y “alguien de muy mala intención lo dejó trascender y por eso se avanzó en la designación y por eso se preparó el expediente del pliego”. En esa línea, sumó: “El día de la votación hubo denuncias penales que fue una maniobra para evitar mi voto, las cuales fueron archivadas por falta de relación causal, inexistencia de delito y por haberse sido hechas por especulaciones periodísticas. Es un tema cerrado del cual la justicia ya se expidió”.

Crexell apuntó contra Linares: “Si usted no reconoce que hay una sentencia firme no es republicano porque no respeta las decisiones judiciales. Tengo una trayectoria impecable y conozco perfectamente la negociación parlamentaria como lo fue en la Ley Bases”.

Tras protagonizar un picante cruce con la peronista Florencia López, fue la bonaerense Juliana Di Tullio quien se sumó a las críticas y remarcó que la oposición es la encargada de controlar al Poder Ejecutivo para “respetar el voto argentino”.

“El oficialismo compra, paga para lograr aprobar leyes. Así se logra, con cargos, promesas, plata. Violentando la voluntad popular y los lugares que le corresponden a la oposición para controlar los actos de gobierno”, y le remarcó a Crexell que “no fue absuelta, la causa se archivó porque no mandaron el pliego y ahora hay un hecho nuevo para el Poder Judicial y todo lo que salga de esta comisión tiene absoluta nulidad e insanable porque tiene vicio de origen porque no nos hacen parte porque se quedaron con los lugares que son para la oposición”.

“A usted el Presidente no la postuló como embajadora en Canadá por el currículum que tiene, es por los favores y votos prestados. Esto está viciado de nulidad. Te van a sobrar los votos porque el oficialismo tiene 47, pero el bloque del peronismo no va a votar a alguien que está cuestionado moral y éticamente por su voto para poder ocupar el cargo que está peleando ahora”, lanzó Di Tullio.

Oficialistas y aliados respaldaron a Crexell

En favor de la exsenadora salió el misionero Martín Goerling Lara (Pro) quien destacó su labor legislativa y apuntó contra la oposición: “Vergüenza nos tendría que haber dado tener embajadores condenados por corrupción como en Israel. Eso es una vergüenza para toda la Argentina”.

También la respaldó la santafecina Carolina Losada (UCR) quien destacó: “Usted es la mejor para el cargo en la que la están postulando”, y apuntó contra la oposición: “Nadie debería estar con tantos reclamos. Se huele envidia y la siguen cuestionando cuando la justicia ya la absolvió. No entiendo cómo pueden ser senadores si no creen en otro poder. Cuenta con todo mi apoyo y creo que nos va a representar muy bien”.

En el mismo sentido se manifestó la jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal) quien apuntó contra UP a quien acusó de “querer poner bajo sospecha la carrera de una mujer por el solo hecho de ocupar un lugar en el poder. Le inventan juicio, nos estigmatizan y ponen en duda nuestra capacidad de conocimiento vinculándola a distintos factores del poder”.

Moisés indicó que “se le cuestiona una decisión sobre una sola ley con tantos años de trayectoria. Si hablamos de idoneidad está el currículum de ella que habla para que ocupe el cargo y siempre se está perfeccionando. Es una mujer parte de la comprensión de la representación federal y viene de una provincia minera”, y concluyó: “Me molesta que haya violencia por parte de una mujer y decir que no llegó por mérito propio lo rechazo. Miden la moral de algunos. Como miembro de un bloque opositor y, por lo tanto, vas a tener votos de la oposición. Que poca sororidad de algunas que arman discursos para las redes nada más”.

Al cierre, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, celebró la designación de Crexell como embajadora: “Representas una de las provincias con más intereses en Canadá y eso marca una línea clara del gobierno que le da a las relaciones internacionales y acuerdos comerciales una dimensión importante”, y agregó: “Un embajador no es un representante de un gobierno, sino del país. Estamos seguros que vas a representar a la altura a la Argentina que se está abriendo al comercio y la inserción en el mundo”.

Bullrich remarcó que la justicia determinó que “hubo inexistencia del delito porque no es judicial el voto y los acuerdos y negociaciones parlamentarias son las bases de un Parlamento. Un juez entiende bastante mejor los fundamentos de quienes están acá”.

Los pliegos militares

En el encuentro, que tuvo lugar en el Salón Arturo Illia, se abordaron once expedientes con nombres de militares de las tres fuerzas armadas propuestos para ser promovidos al grado inmediato superior. Entre ellos aparece el nombre del teniente coronel de Infantería Fabián Torrengo, quien fue procesado en 2015 por el juez Alejo Ramos Padilla por el robo de un misil en el Regimiento de Infantería Mecanizada 7 de Arana, que apareció siete años después enterrado en una calle alejada de Los Hornos. Torrengo, quien había sido procesado en su calidad de segundo jefe de la guarnición, fue sobreseído por la Cámara Federal de Apelaciones.

También el acuerdo para promover al grado superior al brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Además, se le dio tratamiento al acuerdo para promover al vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y al vicealmirante Juan Carlos Romay, jefe del Estado Mayor General de la Armada; como así también al jefe del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich; y se analizaron los acuerdos para designar autoridades de la Autoridad Nacional de la Competencia, organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía.

La exlegisladora Lucila Crexell y la riojana Florencia López protagonizaron un picante cruce y pases de facturas este jueves durante la reunión de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta en medio del tratamiento del pliego de la neuquina como candidata a embajadora de Canadá.

Se trata de quien fuera legisladora hasta diciembre del año pasado y que actuó como aliada del oficialismo. En un tramo de tiempo compartió interbloque con el entrerriano Edgardo Kueider, expulsado de la Cámara alta luego de haber sido agarrado in fraganti con miles de dólares en la frontera con Paraguay.

Por ende, se daba por descontado que el tema iba a tener un pico de tensión en la comisión, ya que desde que ingresó su pliego en la última sesión del Senado generó el rechazo del ala peronista.

Allí, la senadora riojana recordó que el voto a favor de Crexell en la Ley Bases -norma insignia del gobierno libertario- estuvo relacionado con lo que, por esos días, se filtró respecto de una candidatura suya como representante de la Argentina ante la UNESCO, en París. Y fue más allá: habló directamente del pago de una coima a través de esta postulación.

Tal candidatura nunca se oficializó, pero la semana pasada el Poder Ejecutivo envió el pliego de Crexell, cuyo destino -si se le aprueba el acuerdo- ya no será Francia, sino la embajada argentina en Canadá. López acusó que esta postulación es “la configuración del pago de la coima a la senadora Crexell por el voto aquí en el Senado de la Ley Bases”.

Durante el debate en la Comisión de Acuerdos, la senadora peronista expresó: “Pensé que nunca iba a llegar este momento de tener que tratar el pedido del Presidente de la Nación con una postulación suya a una embajada. La defensa que usted hace de sí misma con lo que pasó con la Ley Bases, con la compra de su voto, con la existencia de cohechos y sobornos, lejos de liberarla me parece que se hunde aún más”.

“Decir y reconocer que usted votó en contra de sus propias convicciones una ley, porque existía una negociación que la estaba llevando adelante el gobernador de la provincia, es por lo menos confirmar que votó en contra de sus propios pensamientos. Yo hubiera dicho en su lugar de que estaba muy contenta con Milei, y que estaba chocha de delegarle facultades en vez de decir que había negociaciones oscuras”, acusó.

López manifestó: “Si teníamos dudas de conceder un acuerdo, hoy es imposible porque usted misma está reconociendo que hubo negociaciones oscuras para aprobar la Ley Bases. Quiero que explique que esta postulación viene a confirmar el hecho de el delito de cohecho, porque hubo un ofrecimiento y posteriormente una acción suya con el voto en el Senado, y ahora viene la consumación del delito porque ahora viene este mensaje a configurar el tipo penal. Esto es realmente grave”.

En esa línea, la riojana hizo un repaso de algunas notas de opinión que Crexell publicó en varios diarios: “Usted en una nota que publicó en un diario destrozó al gobierno y resulta increíble que después pretenda ser embajadora del mismo gobierno. En otra nota aseguró que ‘no iba a votar la delegación de facultades bajo ninguna circunstancia’. En otro diario publicó una nota donde calificó al Gabinete como ‘gente incapacitada para gobernar’”.

“Usted va a ir a representar en Canadá los designios o instrucciones de un Presidente que está rodeado de un Gabinete que para usted está incapacitada. En otra nota de un diario local calificó la oficina del Vocero Manuel Adorni como el ‘Ministerio de los chupamedias porque están todo el día adulando las posiciones que tiene el Presidente que son contrarias a la Constitución y a los principios republicanos’. Usted acaba de decir que se va a regir por la Constitución y en esta nota dijo que el Presidente actúa en contra”, le enrostró.

Así, precisó que “son un número de expresiones en contra del gobierno y necesito que explique cómo puede una persona, que se haya referido de esta forma al Gabinete y luego ir a votar una Ley Bases, cambiar tanto de opinión”.

“¿Cómo puede ser representante del pueblo argentino y de un presidente que considera que está en contra de los derechos y anticonstitucional, que repudia y rechaza sus prácticas? Usted que está a favor de la agenda 2030 y temas ambientales, pero va a ir a representar un Presidente que niega la cuestión ambiental. Me cuesta creer y no entiendo cómo puede estar en sus propios zapatos”, planteó la senadora peronista.

En tanto, recordó que “el voto suyo en el Congreso fue un escándalo, todos los medios lo subieron el documento de Cancillería. El cambio de posicionamiento suyo y decir acá que su voto formó parte de una negociación con el gobernador”.

“Decir eso es barrer jurídicamente las facultades que tiene este Congreso de la Nación para prestar acuerdos porque tenemos una evaluación y valoración de cada candidato. Tenemos que hacer una evaluación ética y moral respecto de la idoneidad del candidato en relación a la transparencia de sus actos y, en este sentido, enviar una embajadora sospechada de cohecho por su voto en la Ley Bases, que tiene contradicciones en cada pensamiento, que repudia al Presidente y a todo su Gabinete, por lo menos es una irresponsabilidad por parte de este Parlamento”, cerró.

De la vereda de enfrente, Crexell la chicaneó: “Usted intentó ridiculizarme. Quise hablar con usted, pero se negó. Digamos la verdad. Toda su dramatización… muy buena actriz, por cierto, nada de lo que dijo es cierto”.

Respecto de los artículos de opinión, la neuquina aclaró: “La nota tiene que ver con mi posicionamiento de los DNU que nunca en mi trayectoria como senadora avalé y, de hecho, presenté proyectos para la modificación de la ley que los reglamenta.  Además, en ese momento voté en contra del uso y la práctica de los DNU”.

Sobre la Ley Bases explicó que tuvo diferencias con el primer proyecto, luego se modificó e, incluso, propuso modificaciones. “Los gobernadores son los que negocian y nosotros los representamos. Hubo una negociación con el gobernador de algunas cuestiones que creía eran importantes para el desarrollo de la provincia”, afirmó.

“Usted está imputándome de un delito cuando la justicia ya se expidió. Los fueros no la avalan para decir lo que se le ocurra. Pagué un costo emocional y personal muy alto por una operación política que la justicia terminó de aclarar”, le respondió.

Además, el recordó: “Cuando los escucho a ustedes que son el paladín de la moral, pero estamos en un país que estuvo sumido en el desgobierno durante cuatro años de gestión con un presidente que si tiene problemas con la justicia. Durante el mandato de Alberto Fernández he acompañado la designación de embajadores porque creía que era una facultad del presidente, respeto esas facultades de designación”.

“Lamento el nivel de agresividad y violencia con el que se maneja porque nunca he tratado a mis pares ni he vertido mentiras ni tratar de descalificar para tener un minuto de protagonismo en un videíto de redes. Ya sé que no me va a votar. Si usted no está de acuerdo con mi honorabilidad es problema suyo. Yo he actuado conforme a mis principios y no incurrí en ninguna actitud contraria, concluyó.

El Congreso abrió formalmente el trabajo durante el período de sesiones ordinarias este miércoles en la Cámara de Diputados, en el marco del debate del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares. Fue en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humando; y de Asuntos Constitucionales que resolvieron convocar a una audiencia pública previo al dictamen.

La reunión se llevó a cabo en la Sala 1 del Anexo “A” luego de que el oficialismo puso a consideración el reclamo que elevó el interbloque Unidos para que haya una audiencia pública basándose en el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (arts. 2, 19, 20 y 21) y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566). Esto llevó a un reordenamiento en el cronograma del tratamiento.

En esa línea, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, informó que se incorporaron las propuestas de cambio de la diputada Sabrina Selva (UP), de Maximiliano Ferraro (CC-ARI) que consideró “atinadas”, y precisó:

• ● La convocatoria será pública, abierta, inclusiva y federal.
• ● Se acordó desdoblar la jornada por lo que se realizará el miércoles 25 de marzo de forma presencial y el jueves 26 vía remota para “garantizar el federalismo y evitar el traslado, a fin de dar plazo suficiente para la difusión a la ciudadanía y de la convocatoria”.
• ● El horario de ambas jornadas será de 10 a 19 horas con la “flexibilidad de extender el horario, pero se evaluará”.
• ● Se realizará en la Sala A del Anexo “C” porque “es un salón más grande con más capacidad”.
• ●  La duración de cada exposición sería de 5 minutos, pero el tiempo se irá distribuyendo en cantidad de los oradores quienes, además, deberán traer la presentación por escrito para incorporarlas como antecedentes.
• ● Se podrán hacer presentaciones por escrito hasta el mismo día de la audiencia.
• ● Publicidad y difusión en medios gráficos, aunque “es un tema que ya tiene mucha instalación en los medios y en la sociedad. No es una temática ajena al conocimiento de la sociedad”.
• ● El plazo de inscripción está abierto hasta 24 horas antes de la audiencia inclusive. Para inscribirse deben hacerlo por mail a la Comisión de Recursos Naturales o de forma presencial en Diputados de 10 a 16 horas.
• ● Se pondrán a disposición de la ciudadanía todos los antecedentes como la ley vigente, el proyecto con media sanción y la versión taquigráfica del tratamiento.
• ● La reunión de la audiencia comenzará con la presencia de 4 diputados por cada comisión y se llevará una versión taquigráfica y un acta de lo que suceda.
• ● Se transmitirá en vivo por los canales de comunicación de la Cámara de Diputados y DTV.
• ● Luego se hará el debate entre diputados. Habrá un plazo entre la audiencia y el dictamen.
• ● A los fines de facilitar la participación federal y garantizar que en el tiempo de la reunión puedan expresarse todos los intereses y opiniones, las autoridades de la comisión podrán limitar el tiempo o el listado de oradores, invitado que se efectúen por escrito las presentaciones correspondientes y se considere conveniente. Para resguardar el criterio de pluralidad.

Mayoraz afirmó: “Queremos respetar Escazú y queremos que se cumpla. No vamos a dejar a nadie sin participación”.

FOTO: HCDN

Las propuestas y planteos de los diputados

En su intervención, el diputado nacional Maximiliano Ferraro ratificó el pedido de una audiencia pública que “no solo es en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú, sino también a la Ley General de Ambiente en lo que respecta a preservar principios que están establecidos como el de no regresión y el precautorio”.

“Al estar, no solo comprometida una cuestión jurisdiccional de provincias que pueden tener desarrollo minero en particular, sino comprometidas otras jurisdicciones provinciales como lo marca el 36% de la superficie continental argentina que se encuentran dentro de cuencas alimentadas por el deshielo glaciar abarcando 20 provincias y más de 7 millones de habitantes”, planteó.

Ferraro había propuesto que la audiencia “tiene que realizarse distintos días, tiene que tener un claro criterio federal de participación de las provincias y en el cual puedan ser escuchadas las provincias donde hay comprometida la cuestión de cuencas hídricas. La audiencia pública no puede ser solo un día en la Cámara. Queremos un debate interjurisdiccional”. Así, pidió que sea desarrollada en una cierta cantidad de días en Buenos Aires y, en virtud del artículo 106, la realización de audiencias o plenario de comisiones se hagan en alguna de las provincias que están comprometidas con esta cuestión.

A su turno, la diputada Sabrina Selva (UP) coincidió en llevar a cabo una audiencia pública, pero marcó diferencias en la forma de llevarla a cabo y plantearon una propuesta alternativa porque “no alcanza con que la audiencia sea pública, tiene que ser federal tal como comentó Ferraro. Nuestra propuesta es que sea una audiencia pública, transparente y federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas que están en juego con esta Ley de Glaciares. Que la participación sea totalmente abierta para que puedan participar, no se puede cercenar la participación. Si tienen que ser hasta 10 días de audiencias, debe darse”.

Selva ponderó la “buena predisposición política para que la discusión se lleve como marca la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú”, y pidió poner a consideración ambas propuestas con la participación federal en virtud del 114 bis del Reglamento para “garantizar que todos los ciudadanos puedan tener voz en el debate”.

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Al pedir la palabra, la diputada Silvana Giudici explicó que corresponde, por el artículo 114 del Reglamento, que se debe considerar la propuesta de la comisión, si tiene asentimiento, se girará a la presidencia de la Cámara para formalizarla y, en base a ello, pueda tener la publicidad suficiente por todos los medios para que la audiencia sea federal y pidió que se ponga a consideración la propuesta de la comisión.

De forma breve, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, le solicitó al oficialismo que, además del plazo fijado para la audiencia del 25, le den un desarrollo federal para “estar cerca de los lugares y comunidades donde este tema tiene un debate más intenso”.

Mayoraz aclaró que “el plan de trabajo propuesto no es menos federal. El federalismo se garantiza escuchando a todas las voces desde cualquier punto, no es necesario trasladarse. Va a ser mucho más amplio y federal si lo hacemos con el mecanismo de la tecnología”.

“La situación ideal es que no haya audiencia pública”, manifestó la diputada de izquierda Romina Del Plá cuyas palabras llamaron la atención de los presentes, pero aclaró: “Entiendo que no se tendría que debatir esto. Esta media sanción no tendría que entrar en debate, y que lo haya hecho el Senado… es ironía lo que dije. El Senado no tiene la menor idea de lo que han votado porque hemos escuchado senadores que dijeron que los glaciares son rocas congeladas allá arriba lejos. Quiere decir que no tienen ni idea de lo que han votado”.

“Es una tarea fundamental de Diputados impedir que se haga semejante desastre avanzando en permitir la destrucción de los glaciares y que se pongan en peligro las cuencas. La Cámara de Diputados lo que debería hacer es no avanzar con este tratamiento porque lo que hizo el Senado fue una catástrofe. Los Glaciares no se tocan”, apuntó y compartió que la audiencia sea federal.

En tanto, la jujeña María Inés Zigarán (Provincias Unidas) planteó que “con la complejidad técnica, jurisdiccional, jurídica, ambiental y constitucional de la ley, no alcanzan 5 minutos para exponer, mínimo deben ser 10 minutos. Si se quiere realmente garantizar la participación, no importa si son 6 días que dure la audiencia, pero se tiene que garantizar con la mayor participación”.

Muy activo en todo lo que tiene que ver con la modificación de la ley vigente, que cuestiona vivamente, Ferraro pidió incorporar al tratamiento un tema que, dijo, “durante el debate en el Senado escondieron bajo siete llaves”, en referencia a la asamblea extraordinaria del COFEMA, realizada el pasado 23 de febrero, donde se trató el tema de glaciares y que concluyó “empatada”. “No solo el espíritu federal tiene que ver con la participación de las comunidades; tiene que garantizarse la participación federal de todas las jurisdicciones y que se incorpore (lo hablado en) la reunión del COFEMA”.

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Así, el diputado de la Coalición Cívica propuso entonces un cuarto intermedio para tratar de terminar de ver el borrador que había preparado el diputado Mayoraz, quien por su parte rechazó pasar a un cuarto intermedio, pero sí podían conversar después de la reunión las propuestas, pues la resolución final no debía ser resuelta en este encuentro. “Hemos incorporado todo lo que se habló y enriquecido la propuesta”, aclaró.

A su turno, la diputada Lucía Cámpora (UP) cuestionó la extensión de la audiencia pública, señalando que, si se acotaba con el horario propuesto, con 5 minutos cada uno, habría espacio para 107 expositores, a razón de “cuatro o cinco por provincia”, lo cual le pareció exiguo. Y recordó entonces su experiencia en la Ciudad de Buenos Aires -en la que ella fue legisladora-, donde por la venta de un predio se realizó una audiencia pública “sin límite de tiempo” que se extendió tres meses.

Juan Grabois, por su parte, propuso garantizar la participación de las comunidades originarias afectadas directamente por esa situación, que no tienen acceso a internet y que forman parte del 7% que Nicolás Mayoraz mencionó anteriormente al decir que la gran mayoría de los argentinos sí tienen internet.

El diputado Eduardo Valdés (UP) expresó: “Tenemos que debatir si vamos a preservar el acceso al agua dulce. La ley vigente protege a los glaciares como a los peri glaciares. Glaciar es agua y agua es vida”, y advirtió que “las empresas estadounidenses quieren la entrada preferencial a la minería de litio, cobre y tierras raras, y para eso necesitan las empresas la modificación de la ley de Glaciares”.

En ese sentido, precisó que “cada glaciar tiene una formación de por lo menos cien años, no es una roca perdida en la montaña como dijo algún senador. Hay 17 mil glaciares en todo el país. Solo San Juan tiene 4572, Santa Cruz 2420, Jujuy 255 y Tucumán 122, para citar algunas provincias al azar”.

La cordobesa Gabriela Estévez (UP) reclamó la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo para que expliquen para qué quieren este proyecto: “No hablaron en el plan del cronograma de la participación de representantes del Ejecutivo y qué intereses buscan con esta ley. Pongan sobre la mesa cuándo va a venir el ministro a hablar”.

La modificación a la Ley de Glaciares

El texto impulsado por el Ejecutivo Nacional, que fue aprobado por la Cámara alta el último jueves 26 de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, define el objeto de glaciar y ambiente periglacial y delega “la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias”, es decir los gobernadores pasarán a tener el control y monitoreo.

También, establece que sobre la base de estudios técnico-científicos, las provincias registren cada zona en el Inventario Nacional de Glaciares, donde quedará definido como ambiente glaciar o periglacial. Pero si la zona analizada no cumple con funciones hídricas, el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) lo podrá quitar del Inventario.

El principal argumento en contra de los opositores y organizaciones ambientales es que cuando esa zona queda fuera del Inventario, queda habilitada la posibilidad de exploración y explotación minera e hidrocarburífera que, como establece este proyecto, queda a consideración de cada provincia.

Con relatos desgarradores y lágrimas en los ojos de los familiares de víctimas de menores de edad, el Senado de la Nación dictaminó en la tarde de este jueves el proyecto que propone un nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

La iniciativa fue debatida en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda. La misma logró la media sanción el pasado 12 de febrero en la Cámara de Diputados, por lo que el oficialismo pretende llevarla al recinto de la Cámara alta la próxima semana en una sesión que aún no fue convocada de manera oficial.

El flamante titular de la Comisión de Justicia, Gonzalo Guzmán Coraita, resaltó que la iniciativa tiene un “intenso recorrido en el Congreso”, y recordó que fue tratado en la Cámara baja en cuatro comisiones, entre julio de 2024 y mayo del 2025 se realizaron nueve reuniones formales de comisiones con la participación de 28 expositores especializados de múltiples disciplinas.

“El debate incorporó perspectivas jurídicas, médicas, criminológicas, neuro científicas e institucionales. Este recorrido robusto es el que da sustento al dictamen”, enumeró y sostuvo que “el Congreso de la Nación está pagando una de las deudas históricas que tenemos con el Régimen Penal Juvenil porque venimos de una ley de 1980 y han sido diversos los intentos legislativos para derogar este régimen por una ley que respete los estándares constitucionales que es el proyecto que tenemos en la mesa de trabajo”.

El salteño remarcó que el proyecto “respeta” los estándares internacionales en la materia y “establece de manera expresa los principios rectores que van a gobernar el sistema penal juvenil como el principio de legalidad, la proporcionalidad e idoneidad de las medidas restrictivas de la libertad, debido proceso legal, derecho de defensa técnica, plazos razonables, entre otros”.

“Este proyecto propone dar claridad, límites a las penas, respetar el principio de especialidad que debe gobernar, medidas socio educativas, sanciones alternativas. Todas medidas que permiten graduar la respuesta penal conforme a la gravedad del hecho y a la situación. Tenemos una tarea muy importante”, cerró.

Al tomar la palabra, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, remarcó que los artículos 50 y 51 hablan de asignaciones presupuestarias para el Ministerio de Justicia y para la Defensoría General de la Nación.

En nombre del bloque de Unión por la Patria, la senadora Juliana di Tullio reclamó que la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, les había comunicado que no iba a haber oradores para el debate y que “no iban a aceptar otros oradores. Por eso no hicimos el pedido al plenario porque nos dijeron eso personalmente”, y cuestionó que “se le cercenó la palabra a quienes nos pidieron de venir a enriquecer el debate”.

"Ustedes no quieren debatir, quieren llevar de prepo un dictamen", denunció la bonaerense.

TENEMOS DICTAMEN DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL EN EL SENADO

La semana que viene lo vamos a convertir en Ley.

En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada.…

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 19, 2026

El relato de los familiares de víctimas de menores de edad

El primer testimonio espeluznante fue el de Laura Fernández, mamá de Lara, quien relató que su hija a la edad de 17 años festejaba el año nuevo en Lomas de Zamora con sus amigos, cuando cuatro delincuentes los asaltaron. “Uno de ellos la agarró del cuello. Mi hija se resistió. Le pusieron una 38 en la nuca y automáticamente Martín Aguirre, de 15 años de edad, le efectuó un disparo. Lara cayó al piso inmediatamente”.

“Cuando llegué al lugar mi hija ya había fallecido hacía unos minutos. Lara estaba tibia. No me dieron la posibilidad de despedirme. No pude donar sus órganos. No le dieron la posibilidad de estudiar lo que ella quería. A ella le sacaron todas sus posibilidades, y se la sacó un menor de 15 años”, relató, y sumó que el menor se escapó de un instituto dos veces.

Fernández detalló que el asesino de su hija “está cumpliendo una condena porque se escapó con 16 años. Le dieron 5 años y en el 2029 esta persona va a estar en libertar”. Así, preguntó: “¿Se podría haber evitado? Sí, porque tenía antecedentes. Al mes de haber matado a Lara, mató a otro hombre para robarle el auto. La verdad que se podría haber evitado todo si hubiera cumplido una pena por los delitos que había cometido y tendría que haber estar detenido y no matando a Lara”.

“Está en sus manos que esta ley salga. Sabemos que no es retroactiva para nosotros, pero queremos evitar que otras familias pasen por lo que nosotros estamos pasando. Nosotros ya no tenemos cumpleaños, no tenemos navidades. A nosotros nos arruinaron la vida eternamente Estoy acá de pie porque tengo otra hija y le prometí a Lara que iba a poner mi grano de arena para que este país crezca”, planteó y pidió a los legisladores que sean empáticos y se pongan en sus lugares.

“Me encantaría que ustedes puedan entender que te arruinen la vida eternamente. A mí me mataron. Entiendo que hablen de niños y adolescentes y de la reinserción y estoy a favor de eso, pero piensen en las víctimas porque se debatió qué van a hacer con esos menores, pero nadie habla ni piensa en las víctimas. Para nosotros ya no hay justicia, eso tenemos que cambiar”, cerró.

FOTO: COMUNICACIÓN SENADO

Luego fue el turno de la mamá de Jeremías Monzón, Romina quien cuestionó: “Hablan de reinserciones, pero les exijo que me expliquen cómo hago para reinsertar a mi hijo muerto”, y les planteó a los legisladores que “esto no puede seguir pasando y eso está en sus manos”, al tiempo que aseguró: “Aquellos que se opongan a esta ley van a seguir con las manos ensuciadas con la sangre de nuestros hijos”.

A continuación, fue la intervención de Mariela Jesica Flores, mamá de Joaquín Sperani, quien recordó que el asesino de su hijo lo sacó de la escuela el 29 de junio de 2023, era compañero. “Lo llevó a cien metros a una casa abandonada y le dio muerte con un fierro. Le dio 18 golpes y siguió golpeándolo post mortem”, relató y precisó que el joven le dio a la policía “datos falsos que imposibilitó llegar al cuerpo de Joaquín. Nosotros encontramos el cuerpo tres días después”.

“No nos entra en la cabeza que fue su compañero que lo asesinó, que se dedicó a manipularnos. Cuando fuimos a la justicia nos encontramos que no nos podíamos presentar como querellantes porque el artículo 91 del Código Procesal de Córdoba nos impedía y el juez lo tuvo que declarar inconstitucional para que podamos presentar pruebas. Ahí empezamos esta carrera de lidiar con el Estado que no nos daba derechos”, contó.

La mamá de Joaquín señaló que “en este caso no se cumplió la igualdad ante la ley. No éramos considerados como víctimas. Nos fueron atando de pies y manos. ¿Cómo íbamos a reclamar justicia si no tenemos los derechos consagrados? En la práctica, la ley nos imposibilitó todo”.

“En sus manos está esto”, reiteró y cuestionó: “Cuando los escucho decir que ‘estos menores son niños y tienen derechos’, Joaquín también era un niño como su asesino y tenía derechos. Quiero igualdad para mi hijo porque este menor entró por una puerta y salió por la otra”.

En un tono de indignación expresó: “Encontrarme que en el Congreso dormían proyectos desde antes, ¿tanto tiempo se tardaron para tratar esto que me hubiese dado un poquito de derechos como mamá?”, y reclamó que el asesino de su hijo “está liberado en la sociedad y puede volver a matar porque el Estado no tiene políticas preventivas. Nuestro hijo pagó las consecuencias de este Estado fallido. Deben re sociabilizar de verdad y no mandarlo al entorno que ya está podrido”.

Flores les habló a los senadores para que consideren a las víctimas y victimarios y “dar una mirada como corresponde para que otras familias no se encuentren con murallas para llegar a la justicia porque nosotros quedamos en la impunidad. Mi hijo no va a tener justicia. Pido un Estado presente antes de que pasen las cosas con políticas preventivas y, si pasan las cosas, que esas familias tengan los derechos consagrados”.

FOTO: COMUNICACIÓN SENADO

En tanto, Nicolás Sabo, hijo del quiosquero Roberto Sabo, recordó que su padre fue asesinado en noviembre de 2021 en Ramos Mejía por un hombre de 29 años acompañado de una menor de 15, “por 10 mil pesos. La vida de mi papá para esa gente valía 10 mil pesos nada más. Esta gente no le importa nada porque esa persona ya había estado preso y subía estados a Facebook de que iba a salir con sed de sangre. La menor vendía droga junto con él denunciada por sus propios padres. Nadie se ocupó y la muerte de mi papá era evitable”.

“El Estado abandonó todo y no le importó nada porque como escuchamos en las discusiones son solo números. Yo perdí a mi papá a los 25 años y mi hermano a los 15. En el juicio le tuvimos que ver la cara a los asesinos. Él nunca pidió perdón ni se arrepintió. Les hizo fuck you a los presentes y son personas que no les importa la vida y no piensan en reincidirse”, relató.

Sabo les reclamó a los legisladores que “el pueblo les está pidiendo esto porque ustedes se deben a nosotros. Pedimos que nos escuchen a nosotros no a los victimarios. Se habla de los derechos de los niños de 15 años, mi hermano con 15 años enfrentó un juicio y les vio la cara a los asesinos y nadie se acercó a preguntar cómo estaba él y si necesitaba ayuda. Parece que nuestros derechos no importan”.

“Al asesino lo condenaron a cadena perpetua, la misma que tenemos nosotros porque yo a mi viejo lo extraño igual todo el tiempo”, expresó entre lágrimas y agregó: “En los testimonios es algo común que estamos pidiendo todos, que nos escuchen y empaticen con nosotros y que se termine esto demasiado lugar al asesino. Un niño que agarró un arma deja de ser un niño. Que deje de haber cadena perpetua para las víctimas y que se deje de pensar tanto en los derechos de los asesinos. Aboguen por nosotros que para eso los elegimos”.

Romina Bordón, mamá de Alan, quien fue a bailar y fue atacado por una patota a la salida del boliche. “Él llegó a despedirse de su hija de 2 años. En el hospital nos dijeron que tenía un golpe muy fuerte en la cabeza, una fractura de cráneo. Estuvo agonizando 20 días. El 18 de enero, en el aniversario de Fernando Báez Sosa, él falleció. Hay un solo detenido por el caso hasta ahora. No nos mostraron las cámaras del municipio ni los domo. Pedimos justicia y necesitamos que las leyes se hagan valer”, relató.

FOTO: COMUNICACIÓN SENADO

Karina Albarenga, mamá de Lautaro Padín, asesinado por una patota en pandemia tras una fiesta clandestina: “Mi hijo corrió por su vida ese día, pero no pudo lograrlo. Le dieron un piedrazo y le hicieron rotura de cráneo. Cuando cae se le abalanzan y lo empiezan a golpear. Le rompieron una costilla y le perforaron un pulmón. Recibió patadas en todo el cuerpo de entre 8 a 10 personas, mayores y menores. Hubo tres detenidos, uno era menor de edad. La familia de ese chico son todos delincuentes y se drogan”.

“Los asesinos de mi hijo recibieron 4 y 6 años, ya están libres. Pero no quiero que otra familia pase por lo mismo. Estamos atadas sin poder darles un descanso a nuestros hijos como corresponde. Ya deja de ser un niño de 15 años cuando salen a matar porque a mi hijo lo esperaron y sabían lo que iban a hacer. A mi hijo hasta le robaron todas las pertenencias y luego subieron todo a redes porque para ellos eso es un trofeo. También subieron el video de mi hijo corriendo. Mi hijo lamentablemente no tuvo justicia, pero no estuvo de mi lado”, precisó con angustia.

Con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos, Evelyn Mendoza -mamá de Isaías- expresó: “Nunca imaginé estar acá”, y comenzó su relato de lo que sucedió con su hijo. Un 24 de septiembre de 2025 recibió un mensaje de su hija diciéndole que le habían pegado a su hermano porque “no quiso entregar su asiento”.

“Isaías recibió ocho piñas letales en el estómago. Su profesora lo agarró de los brazos y él no pudo defenderse. Entró en un paro cardíaco, empezó a largar espuma por la boca y sangre por la nariz. Cuando entré al colegio, unos 20 minutos de que pasó, me encontré a mi hijo de 15 años tirado muerto. Le abrí los ojos y tenía sus pupilas chiquitas. No me ayudó nadie. Arrastré a mi hijo por las escaleras. Pedía que lo llevemos al hospital porque estaba sin vida. Apreció un patrullero y alcé como pude a mi hijo. En el hospital lo reanimaron 20 minutos”, detalló.

Y siguió: “Mi hijo tuvo una hipoxia aguda. Yo a mi hijo hoy lo tengo vivo porque le salvé la vida. Pero hace 135 días que no escucho su voz. Que no me puede abrazar. Que le hablo y solo me mira. Hace 135 días que nadie se acercó a preguntarme qué necesita mi hijo. Necesitamos 33 millones de pesos para acceder a un tratamiento de células madre para regenerarle el 70% del cerebro. El colegio se lavó las manos. A Isaías le faltaba dos semanas para recibirse de barbero y tenía un contrato con AFA. Mi hijo está en un estado vegetativo persistente, perdió el 70% de sus neuronas. No sé si me escucha. Está en una terapia intensiva. A mí me abandonaron y a mi hijo también”.

“No son menores, son monstruos. Basta, tienen que pagar y la sociedad no va a cambiar porque se siguen reproduciendo y son ustedes los que pueden parar con esto”, expresó.

Al cierre, habló María Eugenia Rodríguez Álvarez -mamá de Uma Aguilera-, quien recordó el espeluznante asesinato de su pequeña hija: “Nos cruzaron un auto. Efectuaron dos disparos y uno le dio en la cabeza a Uma. Me fusilaron a la nena. Vivimos la ausencia perpetua de Uma. No la vemos reír, no hay navidad, no hay cumpleaños. Todo se arruinó para nuestra familia”.

“Somos personal policial y vivimos con la constante culpa de no haber podido salvar la vida de nuestra hija. No quiero seguir teniendo un país así. Es muy difícil como familia poder enfrentar todo. Estamos acá porque necesitamos un cambio y pedimos por favor que piensen en todas las familias porque este sistema y leyes velan la seguridad del victimario. Queremos que los menores paguen por lo que hacen. No está bueno que entren y salgan porque cuando toman un arma saben y hoy más que nada por las redes y la tecnología están más avanzados que nosotros. Un nene de 10 años sabe que un arma mata”, insistió y concluyó: “Uma también era una niña. No vamos a poder bailar el vals con ella en sus 15. Vamos a tener que llevarle un ramo de flores a su tumba”, sostuvo.

Previo a adentrarse en el debate del proyecto de Reforma Penal Juvenil en el Senado en un plenario de comisiones, el senador Juan Carlos Pagotto comunicó su renuncia como presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y los miembros presentes votaron al nuevo titular de la misma.

Al tomar la palabra, Pagotto comunicó su renuncia como presidente tras ser electo para presidir la Comisión de Acuerdos, por lo que explicó: “Estatutariamente no puedo ejercer dos presidencias. Agradezco el acompañamiento durante dos años de un trabajo muy productivo. Corresponda que se elija un nuevo presidente”.

Así, tomó la palabra la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien expresó: “No tuve el gusto de verlo como presidente, pero me han comentado y dado todos los proyectos importantes que salieron de la comisión como la Ley Antimafias, el de ADN, quiero darle las felicitaciones por su trabajo”. Hecho ese cumplido, propuso al salteño Gonzalo Guzmán Coraita como nuevo presidente de la Comisión de Asuntos Penales y Justicia.

“Asumo la presidencia de esta comisión con la íntima convicción de que los debates en materia de justicia y penal deben ser rigurosos, institucionales y profundamente responsables. Quiero destacar el trabajo desarrollado por mi antecesor”, manifestó Guzmán Coraita y agradeció la confianza y el apoyo para cumplir la labor.

A fin de acelerar los tiempos, un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, y Mercosur de Diputados, debatió y pasó a la firma este miércoles el proyecto de ley que prevé la aprobación del Acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, el cual quedó listo para ser tratado en el recinto de la Cámara baja en la sesión convocada para este jueves.

El proyecto que busca la aprobación del Acuerdo Mercosur - Unión Europea, suscripto el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay, fue debatido en un plenario de las comisiones que se reunió en la Sala 1 del Anexo de Diputados, donde el bloque de Unión por la Patria expresó su disconformidad con la letra del texto.

En los argumentos de la iniciativa enviada, el Gobierno destacó que el acuerdo tiene como objetivo "establecer un acuerdo comercial moderno y mutuamente ventajoso que cree un marco previsible para impulsar el comercio y la actividad económica; desarrollar el comercio internacional y el comercio entre las Partes mediante la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios y una mayor integración en las cadenas de valor mundiales; y desarrollar un entorno propicio al aumento de los flujos de inversión, la competitividad y el crecimiento económico".

A causa de este tratado, "Argentina pasará a contar con una red de instrumentos comerciales mediante los que se relaciona con más del 30% del PBI mundial", resaltó el Poder Ejecutivo y agregó que "se obtiene acceso a uno de los mayores mercados del mundo" ya que "la UE es un mercado de más de 450.000.000 de personas, por lo que el Acuerdo referido generará un enorme impulso a las exportaciones de bienes y servicios".

El debate en la sala

Al respecto, la diputada Juliana Santillán Juárez Brahim (LLA), presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, explicó que el proyecto prevé la aprobación el acuerdo interino entre el Mercosur, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, y la Unión Europea.

La libertaria recordó que el acuerdo fue celebrado en la ciudad de Asunción el 17 de enero de este año 26 y se trata de una iniciativa donde los “mayores bloques económicos del mundo que van a estar conformando un mercado de bienes y servicios de más de 700 millones de seres humanos con un impacto que va a ser muy positivo para la economía nacional y en las economías regionales”.

“Es el acuerdo interino de comercio que hace foco en las cuestiones comerciales. El acuerdo de asociación, que abarca temas como los vínculos políticos, la cooperación, la innovación, etcétera, tiene un proceso de aprobación que es un poco más complejo. Y eso exige la aprobación de los 27 estados miembros de la Unión Europea”, explicó. Además, comentó que el Consejo de la Unión Europea ha remitido al Parlamento Europeo ambos acuerdos, el cual solicitó la opinión del tribunal de justicia de la Unión Europea.

“Esto tuvo como un objeto de pronunciarse sobre la legalidad de los acuerdos firmados que es un proceso que puede demorar muchos meses, pero el acuerdo interino puede aplicarse en forma provisoria. Por eso, los estados partes del Mercosur consideran de suma prioridad la ratificación del acuerdo interino para poder permitir que la Unión Europea pueda considerar su aplicación, que va a ser provisoria, más allá del recurso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, explayó Santillán y planteó que “la aprobación en el Congreso de la Nación, ya que una vez que haya sido ratificado por la Argentina y la Unión Europea se van a aplicar en forma bilateral”.

En tanto, el presidente de la Comisión del Mercosur, Damián Arabia, expresó: “Es un momento histórico después de prácticamente tres décadas pudiendo tratar finalmente este acuerdo que supone la zona de libre comercio más importante del mundo”.

A su turno, la diputada libertaria Silvana Giudici destacó que “es un paso muy importante porque se trata de un acuerdo estratégico para la región”, al explicar que “vamos a poder llegar a un mercado de 700 millones de personas que nos va a posibilitar expandir las fronteras”. “Hace 32 años todos los sectores políticos que gobernaron tomaron este camino del acercamiento de la consolidación del Mercosur como mercado regional y de la necesidad de los acuerdos con otros mercados y continentes”, manifestó.

“Hoy este Congreso va a dar un paso definitivo para la ratificación del acuerdo que tiene infinidad de cláusulas y detalles, pero hay mucho trabajo técnico desarrollado por Cancillería para que esas 500 páginas hoy tengan el marco de legalidad. Esto nos va a permitir exportar sin aranceles”, destacó.

Giudici aclaró que la rapidez para tratar el acuerdo en extraordinarias responde a una cuestión “competitiva y de oportunidad histórica que la Argentina puede tener en el acuerdo comercial que está operativo. El Congreso puede ser el primer Parlamento que apruebe el acuerdo nos va a dar ventajas competitivas superior al resto de los países de la región porque prevé determinadas barreras para el ingreso de nuestros productos a Europa”.

El jefe de la bancada de UP, Germán Martínez, cuestionó: “Es de una enorme irresponsabilidad política que hoy esta Cámara esté dictaminando el tema. No es algo de dilación, pero necesitamos una mirada precisa sobre los alcances de este acuerdo. Una mirada respecto a nuestros intereses argentinos. No podemos privarnos recibir información fundamental sobre este acuerdo”.

“Pasaron 19 días hasta que ingresó el proyecto y acá lo quieren tratar en 72 horas. Un acuerdo de estas características con la complejidad que tiene lo quieren tratar así”, planteó y reclamó la presencia del canciller Pablo Quirno para que detalle la iniciativa.

El diputado Eduardo Valdés (UP) expresó: “Este es un acuerdo muy importante. Lo tenemos que estudiar. Me gustaría acompañarlo. Ahora, no puede ser que sea una carrera de vivos, que el que primero lo aprueba se lleva los beneficios”.

“Ayer el canciller uruguayo Lubetkin presentó ante su parlamento el acuerdo con todas las fojas y a partir de entonces los legisladores tienen hasta el 27 de febrero para escuchar a los sectores productivos y las cámaras empresariales. Van a estudiar juntos el acuerdo. En Brasil, el canciller Vieira y junto al diputado Chinaglia del PT presentaron el mismo acuerdo en el parlamento y tomaron una decisión en similar dirección a la de Uruguay. Por eso hasta el 24 de febrero van a discutir el acuerdo”, comparó.

En esa línea, recordó: “En Europa el acuerdo se firmó el 21 de enero. A los días el Parlamento Europeo lo cuestionó y pidió una moción de censura para la presidenta Úrsula Von der Leyendo El Parlamento Europeo lo mandó al Tribunal europeo de justicia, porque consideraron que viola las leyes de tres países. Hoy vemos cómo en Madrid hay movilizaciones de productores en rechazo al acuerdo”.

“Así como el 17 de enero se firmó el tratado, el 5 de febrero el gobierno argentino firmó el acuerdo con los EE. UU que hoy está cuestionado por Brasil, con el argumento que está violando las normas del MERCOSUR, en tanto un país miembro no puede firmar unilateralmente un acuerdo comercial”, criticó. En tanto, destacó que el MERCOSUR es una de las instituciones “más valoradas de las constituidas en la democracia argentina. Es el primer camino para las relaciones internacionales de nuestro país”.

En otro sentido, el diputado del Pro Martín Ardohain pidió “ratificar el acuerdo”, al indicar que, además, “el tratado nos permite solucionar diferencias que hay dentro del Mercosur”. Por su parte, la diputada Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) respaldó el acuerdo, al mencionar que “es el mayor acuerdo comercial que ha firmado el Mercosur desde su creación”. “Es la política más sólida y sostenida y va a poner a la industria argentina en el lugar que corresponde”, valoró. En el mismo sentido, el diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) manifestó su “apoyo al Acuerdo”, al asegurar que “favorece la integración”.

Con el rechazo de los opositores de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, el oficialismo junto con aliados se alzó con el dictamen de mayoría del proyecto de un nuevo Régimen Penal Juvenil que llevará este jueves al recinto de la Cámara de Diputados en una sesión especial para lograr su media sanción.

El despacho se logró en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda de Diputados, en medio de un debate que, por momentos, tuvo picos de tensión. El encuentro se llevó a cabo en el segundo piso del Anexo “C” desde las 10.30 cuando la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, aclaró que “son más de 20 proyectos que han sido incorporados en el temario y tienen estado parlamentario y versan sobre la temática”.

El dictamen de mayoría reunió 78 firmas entre los bloques LLA, Pro, UCR, Innovación, Independencia, Producción y Trabajo, MID, Provincias Unidas.

El debate

El primero en hacer uso de la palabra fue el libertario Manuel Quintar (Jujuy) recordó que en el período anterior se realizó un “arduo trabajo” que hicieron las diferentes comisiones donde “se invitó una enorme cantidad de expositores representantes de todos los organismos que tienen incumbencia en esta temática tan importante”, y remarcó que incluso se escuchó a referentes de la Iglesia: “Se escucharon a todas las personas que tiene que ver con la materia”.

“Es un tema que se trabajó muchísimo y estamos en condiciones con el respeto y escuchando a los nuevos diputados, para avanzar rápidamente en el dictamen porque es un tema que, más allá de las mezquindades políticas del kirchnerismo que quiere hacer ahora un show con gritos y a parlotear, es un tema que la sociedad está reclamando para avanzar”, cerró el jujeño y pidió avanzar en un dictamen consensuado.

A continuación, fue el turno de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz (UP) quien planteó que durante el tratamiento del tema “hubo 24 de 31 expositores de altísima relevancia materia jurídica, penal, defensores, se han negado rotundamente al proyecto que elevó el Ejecutivo. No porque la Argentina no necesite un nuevo Régimen Juvenil Penal que pide a gritos la sociedad, la justicia, los niños y adolescentes que sin un buen Régimen Juvenil Penal se los trata por delincuentes, pero con esta frase tan marketinera de Patricia Bullrich de que ‘igual delito, igual pena’ olvidándose de uno de los principios constitucionales que es el derecho superior del niño”.

La diputada bonaerense cuestionó que el proyecto “durmió desde mayo del año pasado hasta ahora que reflejaba un pésimo proyecto lo vuelven a ratificar. ¿Cuál es la seriedad que le quieren dar después de 45 años que le debemos al pueblo argentino un Régimen Juvenil Penal serio acorde a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños?”.

“No pueden tratar con tanta liviandad un tema tan trascendental. En 24 horas pusieron sobre este Parlamento el mensaje 6/2026 donde decía que la pena era de 13 años, que era de aplicación inmediata, cambiaron el artículo presupuestario con 23 mil millones de pesos como si eso fuese la solución. Los Centros Especializados Socioeducativos no son más que cárceles para niños”, reclamó.

Tolosa Paz aclaró que “quieren dar respuesta a los casos gravísimos que han ocurrido como el caso de Kim Gómez. Hay que buscar respuestas desde la política con la convicción de que en 45 años de no haber podido mejorar un régimen que es vetusto, inconstitucional y atrasa 100 años, no puede ser reemplazado que va a la derecha de lo que fue el proceso de la dictadura militar. Me niego a que no tengamos un dictamen propio como este bloque que tiene basado en normas constitucionales y fijando los principios básicos que nos queremos hacer cargo de la no punibilidad, de lo que ustedes no van a resolver porque tiene una fijación de pena y castigo sin importar las condiciones ni edad”.

La diputada de UP sostuvo que los delitos de menores “los comenten un 99,9% los adultos que tienen que estar presos y ser culpables. Niños y adolescentes incluso cometiendo hechos gravísimos y angustiantes siguen siendo para nosotros niños a los que tenemos que darles un Régimen especializado, con proporcionalidad de la pena y dispositivos que permitan aplicar la justicia restaurativa y la reinserción, pero no con este mamarracho legislativo del Ejecutivo”.

De la vereda de enfrente, la libertaria Silvana Giudici aclaró que el dictamen atiende a dos cuestiones centrales y está ampliado con el artículo 51 con la asignación presupuestaria para “empezar a desplegar el régimen, pero en un año no estará completado porque se necesitan establecimientos, profesionales multidisciplinarios para atender las problemáticas de los niños que cometen delitos en todo el país”.

Giudici remarcó que “nadie habla de castigos reparatorios ni castigos, ni de negar derechos. Este proyecto adecua los parámetros penales a la Convención de Niños y Adolescentes y al sistema jurídico del país”. Así, apuntó contra la bancada opositora: “Les gusta acusar sobre la edad. Escuché barbaridades, pero hay 15 proyectos en esta Cámara que van en el sentido de este dictamen y la mayoría propone la baja de edad de imputabilidad”.

La libertaria planteó que países como Chile y Colombia tienen la edad de imputabilidad en 14 años, Brasil en 12 años y Uruguay en 13 años “son sistema que ya funcionan hace años. La criminalidad en esos países podemos comprobar que bajó muchísimo la reincidencia. En Chile bajó en un 28% son datos reales”, y comparó: “Cada provincia argentina lleva a cabo su propio relevamiento como Córdoba que señala que el 55% de adolescentes asociados a procesos penales son menores de 16 años”.

“Buscamos justicia, buscamos el fin de la impunidad, pero también a las familias de víctimas y a las familias de homicidas lo que se busca es salvaguardar las garantías de todos, sacarlos de las calles de las garras del narcotráfico y poder darles un futuro mejor a cada niño y adolescentes. Por eso pido que pasen a la firma el dictamen que tenemos consensuado”, concluyó su alocución.

Por el lado del Frente de Izquierda, se expresó la diputada Myriam Bregman quien criticó el tratamiento del tema en extraordinarias y pidió que se explique el lema “delito de adulto, pena de adulto”, y planteó: “¿De dónde sala esta barbaridad? Tan marketinero y falso”. “La discusión de la edad de punibilidad tiene que ver con que hay un sujeto en desarrollo, pero ustedes llevan esa lógica nefasta libertaria hasta el extremo quieren poner todas las responsabilidades de forma individual para ocultar las desigualdades reales”.

Bregman contradijo a Giudici: “Los datos que leyó no hay nadie que los sostenga, porque en todos los países donde se redujo la edad, las consecuencias fueron al revés. La incidencia de niños y adolescentes en el delito es absolutamente menor. No hay una ola delictiva juvenil, lo que hay es una necesidad de un régimen cada vez más decadente, un Gobierno que necesita aumentar el poder punitivo del Estado”, y denunció que “los únicos que van a llenar cárceles o institutos van a ser los hijos de la clase trabajadora, porque a los hijos del poder no se los toca. No asociemos todo el tiempo la condición de pobreza con el delito”. El FIT presentó un dictamen de rechazo y repudio.

En su debut, el diputado Juan Carlos Molina (UP) calificó el proyecto de “caranchero, oportunista”, y acusó al oficialismo de usar el caso de Jeremías Monzón para “hacernos subir a una discusión que merece una seria profundización. Los pibes también tienen que tener, por más delito que hayan cometido, algún derecho”, pidió pensar qué pasa en la sociedad para estar debatiendo este proyecto.

En tanto, el diputado Ramiro Gutiérrez (UP) anunció la presentación de un proyecto propio que “sostiene y mantiene una posición histórica que otros diputados de otros tiempos construyeron. En el 2015 Sergio Massa, Graciela Camaño y otros legisladores, presentaron un Código Penal de más de 300 artículos. El artículo 13 establecía que el ingreso a la punibilidad por la comisión de un delito era de 14 años. Además, fue abastecido por un Régimen Penal Juvenil que establece todas las acciones posibles en manos de un juez que tiene que atender esa problemática”.

Gutiérrez remarcó que el proyecto de ley en el artículo 18 habla del “hecho del proceso” y explicó que “es el momento fatídico donde un victimario encuentra una víctima, la lastima o la mata. Es ese momento irreparable que da intervención a la ley máxima”. Así, indicó que la iniciativa del Ejecutivo “tiene un déficit estructural y es inconstitucional” porque “no se puede establecer en el Régimen Penal la edad de responsabilidad en una ley periférica”, por lo que pidió al oficialismo que retire el proyecto para “darnos el tiempo de trabajarlo y tener una ley que garantice los derechos de quienes comenten delito”.

El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, destacó estar “dando un paso importante” y comentó que desde el año 83 hasta el día de hoy se presentaron más de 90 proyectos en el mismo sentido. “Seguramente nos encontramos que ideológicamente desde la práctica pensamos distinto porque escuchar que pasa algo en una provincia cuando la gobernaron 40 años y le echan la culpa a otro, es imposible de comprender que las razones que tiene el delito que son muchísimos, es mucha responsabilidad del Estado, pero si hay una persona a qué edad toma conciencia de lo que está haciendo es un delito, pero igual lo hace”, planteó.

“Tenemos que entender que a los 14 años cualquier chico tiene comprensión del acto ilegal que está cometiendo. Lógicamente creemos que entre 14 años y la edad actual, hay que buscar un régimen que trata de salvarlos, no profundizarlo”, aseguró y cerró: “Esto es necesario y una cuestión pendiente que tiene la democracia desde el 83 hasta ahora”.

En el mismo sentido, el diputado Diógenes González (UCR) respaldó la norma, al considerar que “es la herramienta adecuada para este momento”. “Hay que crear esa zona de protección entre los 14 y los 18 años, con estándares internacionales y mirando los ejemplos de otros países”, sostuvo.

Desde el bloque Provincias Unidas, el diputado Pablo Farías aseguró que “estamos convencidos que hay que resolver esta situación y legislar", aunque planteó algunas “disidencias con el dictamen de mayoría”.

La Cámara de Diputados puso en marcha la constitución de las comisiones claves para debatir los proyectos del Gobierno nacional y por eso temprano este martes se llevó a cabo la constitución de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes que quedó a cargo de la libertaria salteña Gabriela Flores.

Al postularla, desde el oficialismo destacaron que “es abogada con formación en derecho de familia y trabajó en el trabajo de obligación alimentaria y la protección de niños y adolescentes. Además, cuenta con amplia trayectoria como periodista de investigación en temas sociales e institucionales. Estamos convencidos que puede presidir esta comisión prometiendo un trabajo serio y responsable que ponga en el centro a las familias, el interés superior del niño y el fortalecimiento institucional”.

En tanto, de los restantes cargos solo quedó ocupada la secretaría primera a la cual fue elegida Alicia Fregonese (Pro). En cuanto a la vicepresidencia primera quedó reservada para UP, la vicepresidencia segunda LLA optó por dejar en reserva el nombre; la secretaría segunda para el bloque Unidos quedó vacante; mientras que la secretaría tercera quedó en reserva para UP. Los días y horarios de reunión serán los martes a las 16.

Al pedir la palabra, el jefe de la bancada de UP, Germán Martínez, ratificó la queja por la conformación de las comisiones y apuntó: “El oficialismo tiene la costumbre de plantear como si fueran acuerdos políticos las notificaciones. En realidad, respecto de la conformación de las comisiones en esta tanda de febrero no hubo ningún acuerdo político de cómo se iban a generar la distribución de los roles y la integración de la mesa directiva de cada una de las comisiones”.

Por el contrario, el santafecino contó que “solo le notificaron a nuestro bloque que querían presidir de forma directa o por aliados la totalidad de las comisiones. Eso llevaría a que a las 3 que se constituyeron en diciembre, más las 7 que se van a constituir hoy, de 10 comisiones absolutamente estarían presididas por LLA o aliados y me parece que eso va absolutamente en contra de la representación política que tiene esta Cámara”. Además, reclamó que “en la distribución de roles como vicepresidencias y secretarías, no hubo ni un WhatsApp enviado a colaboradores de nuestro equipo ni una reunión para abordar esto”.

Martínez planteó la necesidad de “tener un abordaje integral de la totalidad de las comisiones que le corresponden a esta Cámara y a la representación de los bloques en la conformación de las comisiones bicamerales”, y recordó: “En esa reunión salieron a vender que hubo consenso para bajar la edad de imputabilidad y para sesionar el jueves, un consenso entre libertarios y sus amigos no con el resto. En esa reunión planteamos la importancia de tener un diagrama general de la distribución de las comisiones”.

“Acá no estamos hablando de cargos, sino de la representación política elegida por el pueblo en dos elecciones. Cuando se conforman las comisiones sin ese criterio, claramente se está actuando de manera incorrecta”, lanzó y aclaró: “Vinimos con la buena fe de sentarnos y a dar debates. Vamos a hacer reserva de nombres en cada cargo que nos corresponda. Hago un llamado al oficialismo de que así no se puede trabajar, incluso hay comisiones que nuestro bloque presidia nos la sacaron sin ningún tipo de explicación”.

“Si imperara al criterio del acuerdo político, tranquilamente te podés sentar a acordar con el presidente de otra comisión, aunque sea opositor al Gobierno nacional los términos de la convocatoria cosa que se podría hacer si imperara la lógica del consenso y el acuerdo político y no la imposición política”, cerró.

Esta comisión tiene 31 miembros. Hay 13 diputados de La Libertad Avanza, a saber: Carlos Alberto Almena, Bárbara Andreussi, Eliana Bruno, María Gabriela Flores, Maira Frías, María Virginia Gallardo, Gerardo Huesen, Johanna Sabrina Longo, Gabriela Luciana Muñoz, Miriam Niveyro, Agustín Pellegrini, Karen Reichardt y Yamile Tomassoni.

Estos son los legisladores asignados por Unión por la Patria: Julieta Marisol Campo, Jorge Chica, Marianela Marclay, Varinia Lis Marín, Fernanda Miño, Juan Carlos Molina, Claudia María Palladino, Marina Dorotea Salzmann, Santiago Luis Roberto, Victoria Tolosa Paz y Luana Volnovich.

Del Pro están Alicia Fregonese y Antonela Giampieri; en tanto que Nicolás Massot está en representación de Encuentro Federal; Gisela Scaglia y María Inés Zigarán por Provincias Unidas, en tanto que Yolanda Vega representa a Innovación Federal, y Pamela Verasay a la UCR.

Humo y un paisaje de color gris, teñido por las cenizas y la vegetación quemada como consecuencia del paso del fuego en la Patagonia argentina, que desde fines de diciembre del 2025 se incendia y las llamas continúan arrasando miles de hectáreas a medida que se propagan, mientras los brigadistas y los bomberos luchan a contrarreloj para poder apagarlas.

“Ley de Ecocidio”, reclamó el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres”, al Congreso Nacional, un proyecto que tiene estado parlamentario y fue presentado por una senadora de su provincia, Edith Terenzi.

Con ella dialogó parlamentario.com en medio de la dramática situación que atraviesa el sur del país, quien adelantó que impulsará “fuertemente en estos días” la iniciativa de su autoría que presentó el año pasado para que se incorpore el delito de ecocidio como tipificación en el Código Penal Nacional.

“El proyecto lo que hace es tipificar el ecocidio y otras formas especiales de criminalidades ambientales. Hay una definición de tipología, también hay un agravante si se produce alguna muerte”, precisó y adelantó que trabajarán para que pueda ser tratado en comisiones “lo más rápidamente posible”. La iniciativa tiene giro a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales -como cabecera- y la de Ambiente y Desarrollo Sustentable que ella misma preside.

“A fines de enero y los primeros días de febrero vamos a tratar de, incluso, ver si podemos incorporarlo en las sesiones extraordinarias que el Ejecutivo probablemente convoque para febrero”, afirmó Terenzi a este medio.

La senadora aclaró que la redacción del texto “no surgió por los incendios en la en la Cordillera chubutense, esto es algo que veníamos pensando desde hace mucho tiempo. Primero, cuando sucedió el tema de Punta Tombo y los pingüinos (N. de la R: la “masacre” o “ecocidio de Punta Tombo” ocurrió entre agosto y diciembre de 2021 en una estancia privada lindera al Área Natural Protegida Punta Tombo, en Chubut. El responsable fue Ricardo Adolfo La Regina, un productor agropecuario que utilizó maquinaria pesada para abrir caminos y colocar un alambrado sin autorización ambiental, y en ese marco murieron más de 100 pingüinos de Magallanes durante la temporada reproductiva). Después nos acercaron el tema del Canal de la Patria en donde caían tantos animales y no había ningún tipo de protección y veíamos cantidad de osos hormigueros muertos en extinción, por ejemplo, por una obra que estaba sin terminar, sin las protecciones necesarias para la fauna de esa zona”.

Por otro lado, remarcó que el tema de prevención “corre por cuenta de la provincia y los municipios, sobre todo los municipios de la Comarca Andina, que son los que se ven afectados por este tipo de siniestros. La política de prevención de los municipios y de la provincia tiene que pasar por mantener lo más limpio posible todos los lugares que tienen cercanía con los bosques, eso también es un trabajo de los intendentes y los vecinos”.

Terenzi explicó que los incendios también se deben a “un combo de situaciones que se vienen dando, como por ejemplo la crisis de deficiencia hídrica más grande que hemos tenido en los últimos 60 años”, y detalló que este invierno, el centro de esquí de La Hoya, el más cercano a la a la ciudad de Esquel, no comenzó su temporada por falta de nieve: “Todo lo que tiene que ver con los deshielos que se producen con las nevadas en las Altas Cumbres, sabíamos que iba a traer consecuencias”.

La senadora chubutense destacó la labor del gobernador de la provincia que “desde el primer día que se desató el incendio en Puerto Patriada estuvo al frente del comité de emergencia en la zona de Las Golondrinas con todo su gabinete y desplegando todos los recursos”. En esa línea, ponderó la solidaridad de las provincias linderas como el avión 737 que envió la provincia de Santiago del Estero.

Como dato aparte, Terenzi explicó: “Hay que separar los incendios concurrentes, que hay en este momento, y de los incendios intencionales como el de la zona de Puerto Patriada porque se encontraron algunos elementos como acelerantes y demás que los está investigando, incluso una división especial de la Policía Federal Argentina”.

“Es absolutamente diferente del incendio que comenzó en el Parque Nacional Los Alerces que comenzó en el núcleo duro del parque que, por supuesto, está atendido por jurisdicciones diferentes porque el parque nacional es nacional, y el resto del incendio de Puerto Patriada está atendido directamente por el gobierno de la provincia”, diferenció.

Sistema Nacional de Manejo del Fuego

En otro tramo de la entrevista, Terenzi se refirió al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, señalando que “en los últimos años hubo una sub ejecución de las partidas presupuestarias por parte del Gobierno nacional”, y precisó que “así ha sucedido en el 2024 donde hubo una sub ejecución con respecto a las partidas de asignadas al manejo del fuego del 2023, y lo mismo sucedió en el 2025 con una sub ejecución casi por arriba de 60 casi 70% de las partidas que están definidas”.

Además, respaldó el reclamo de los brigadistas nacionales que “es realmente es legítimo, es muy valedero el reclamo de salarios y de precariedad que tienen los brigadistas del servicio nacional en el manejo del fuego”.

También, la senadora denunció que hay “algunas personas, incluso algunos grupos bastante desestabilizadores, que hablan de las quemas intencionales para la venta de los de las tierras”, y aclaró que “las tierras de parques nacionales no se pueden enajenar, son justamente parques nacionales”.

“Las tierras de la provincia con bosque nativo están protegidas por la Constitución de la provincia del Chubut. Los bosques nativos son dominio del gobierno provincial, y cualquier modificación o cualquier definición o decisión que se tome con respecto a tierras con bosque nativo, necesita mayorías especialísimas como los cuatro quintos para modificar ese estatus”, explicó.

Terenzi informó que esto quedó redactado en la reforma de la Constitución de la provincia en 1994 cuando los recursos fueron definidos a nombre de las provincias. “La provincia de Chubut hizo especial hincapié en el dominio de sus bosques nativos, por lo tanto, hablar de venta de tierras que se quemen en la provincia por incendios, ya sea intencionales o no, es una es de una irracionalidad y de una irresponsabilidad extrema”, criticó.

Así, insistió que “el artículo 105 de la Constitución de la provincia del Chubut da el dominio exclusivo del bosque nativo a la a la provincia, y modificar una ley de bosques necesita las mayorías más especiales que tiene la Constitución de la provincia, que son los cuatro quintos del cuerpo legislativo provincial”.

Ley Nicolás: la única que el Gobierno no vetó

A modo de balance legislativo, la senadora destacó la aprobación de la Ley Nicolás que fue la única ley que el Gobierno nacional no vetó en el 2025. “Fue algo que decidimos ponernos al hombro y por la que reclamamos muchas veces en el recinto para que se incorporara al orden del día cuando teníamos una seguidilla de sesiones especiales, en donde los temarios los hacía el Poder Ejecutivo. Pedimos preferencias, sabíamos que teníamos dictámenes unánimes y no lográbamos que llegara al recinto, pero finalmente lo logramos y fue una gran satisfacción muy importante”, expresó.

Otra de las leyes que la senadora impulsó es la de Atrofia Muscular Espinal (AME), que cuenta con media sanción del Senado y espera su tratamiento en Diputados. “Logramos que el Senado tomara conciencia de la gravedad de la situación y de la necesidad imperiosa de pesquisarme para salvar vidas”.

“No es una cuestión presupuestaria, es una cuestión de vida o muerte”, planteó. La iniciativa tiene giro en las comisiones de Salud, de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, por lo que la senadora pedirá una reunión conjunta para tratar el tema. “Ojalá logremos la media sanción que falta. La verdad me parece que ese es uno de los trabajos más importantes que vamos a seguir a lo largo de este año”, manifestó.

Reforma Laboral y DNU de la SIDE

Por otro lado, Terenzi brindó su punto de vista sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional cuyo dictamen será debatido en el mes de febrero. Al respecto, la senadora expresó preocupación por “la caída de coparticipación”, ya que “hay una fuerte disminución de recursos a las provincias. Es algo que estamos conversando con el gobernador y, por supuesto, con todo su equipo técnico económico. Vamos a ver qué decisión tomamos en los en los próximos días o por lo menos de aquí hasta que el proyecto sea tratado en el recinto”.

Con respecto al decreto de necesidad y urgencia que reforma la Ley de la SIDE, que despertó una gran polémica, la legisladora chubutense opinó: “Un DNU que está modificando una ley eso ya desde el inicio es una irregularidad muy grave, por lo tanto, creo que lo primero que tiene que suceder, y que estamos esperando que suceda, es que los presidentes de ambas cámaras convoquen a la reunión de la Bicameral de DNU para ver la validez o no. Sino, sucederá como en otras ocasiones que llegan directamente al recinto a pedido de algún sector político”.

Con una Plaza de Mayo rodeada de pancartas y pasacalles sindicales que se congregarán este jueves por la tarde para expresar su rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, en paralelo puertas adentro del Senado de la Nación el oficialismo desafiará a la oposición y a las agrupaciones gremiales pasando a la firma la iniciativa.

Así lo informó la titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Patricia Bullrich, al cierre de lo que fue la segunda reunión informativa junto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que retomó desde las 9.30 el debate de la iniciativa y pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta la tarde donde, finalmente, anunció el dictamen que será debatido recién en el mes de febrero del 2026.

Bullrich comentó que a las 16 horas de este jueves retomarán el tratamiento, puntualmente, el capítulo referido a los trabajos por plataformas y, para las 17 horas los senadores se abocarán a debatir entre sí para emitir el dictamen. Al pedir la palabra, el senador Mariano Recalde (UP) solicitó incorporar más expositores de otras temáticas, como periodistas, debido a la derogación del Estatuto del Periodista previsto en la ley, a lo que Bullrich le contestó que pueden exponer en el intervalo de 16 a 17.

Foto: Comunicación Senado

La palabra de abogados y magistrados

Fue Guillermo Crespo de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) el encargado de abrir la jornada, quien calificó la iniciativa como “absolutamente negativo, no solo para los trabajadores sino para el conjunto de la población” porque significa un “retroceso y pulverización evidente de los derechos de los trabajadores”.

“Se encuadra en un concepto donde quienes garantizan la actividad y producción en el país son exclusivamente los empresarios y lo trabajadores, de alguna manera, aparecen como un estorbo, un impedimento para desarrollar la economía del país y esa no es la realidad”, criticó y agregó que el proyecto presenta artículos que “van hacia la mordaza de los trabajadores en relación a sus reclamos”.

Crespo indicó que también “hay mordazas en lo colectivo porque se limitan las asambleas que quedan supeditadas a la aprobación del empleador. Se hace una regulación del derecho de huelga en la planta y una regulación del derecho de huelga en servicios esenciales que es insólita porque, no solo se expande las restricciones, sino que se hace un listado de actividades entre servicios esenciales y servicios de importancia trascendental que incluye a la casi totalidad de las actividades económicas del país”.

“Esto es una vulneración absoluta y directa de la normativa internacional de la materia”, reclamó y advirtió que hay un avance respecto de la legislación del año pasado sobre la eliminación de controles al empresario que “le facilitan cierta impunidad que perjudica a los trabajadores”. También señaló que se da “un paso atrás con las tareas de cuidado y en la regulación del teletrabajo”.

Foto: Comunicación Senado- Guillermo Crespo

En esa línea, sostuvo que es un “perjuicio a las mujeres que son las que tienen todavía sobre su cabeza la mayor parte las tareas de cuidado”. A su vez, planteó que “se deja de ver al trabajador como persona y se la ve como una ‘cosa’ como por ejemplo en la jornada laboral donde va tener que tener su tiempo a disposición del empleador”.

Crespo también apuntó al denominado salario dinámico que “en realidad ata a los trabajadores a una relación de arbitrariedad y capricho por parte de empleadores. Esto es avanzar en un estado de inseguridad de los trabajadores”.

Al cierre, planteó que la propuesta pretende “potenciar el poder del empleador en el establecimiento. Busca hacer del trabajador alguien atado a la voluntad del empleador, que no va a tener la posibilidad de reclamar por sus derechos. Esto va a ser origen de una enorme cantidad de conflictos en el país”.

A continuación, fue el turno de los representantes de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, su presidente Alejandro Sudera explicó que “los jueces no debemos legislar ni de forma directa o indirectamente, sino limitarnos a aplicar las normas que sanciona el Congreso y en eso reside la división de poderes”.

Solo hizo alusión al artículo 54 del proyecto que propone modificar la 276 del Contrato de Trabajo que pretende regular la actualización y repotenciación de los créditos laborales. “La reforma postula incluir en dicho artículo la actualización mediante el IPC con más de un interés del 3% anual. Este criterio de IPC es el que actualmente y desde hace tiempo se viene aplicando mayoritariamente la justicia de trabajo”.

“Eso es sumamente positivo que se regule eso y que no quede librado al criterio de los jueces porque ese criterio trae diversas opiniones, distintas soluciones e inseguridad jurídica”, resaltó y explicó que para poder aplicar hoy ese IPC “nos vemos en la obligación de declarar la inconstitucionalidad de las normas que desde hace décadas prohíben la actualización de los créditos laborales”.

Al referirse al artículo 79 que propone una modificación al artículo 20 de la Ley 18.345 que regula el procedimiento ante la Justicia Nacional del Trabajo y regula la atribución de competencias. “con la modificación lo que se hace es excluir las competencias de la Cámara Nacional de Apelaciones, algo que es parte de un nutrido contenido federal.  Se está privilegiando la competencia en razón de la persona sustrayéndola del fuero laboral para enviarla a lo contencioso administrativo federal sobre otros criterios como el de la especialidad”.

También habló del artículo 91 que refiere a la “transitoriedad de la justicia del trabajo y es como un desarrollo de la Ley Cafiero que habla de trasferencia de competencias teniendo en cuenta la naturaleza de vecindad”.

Foto: Comunicación Senado - Alejandro Sudera

Por la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALJT) expuso Roberto Pompa quien afirmó: “No estamos de acuerdo con el proyecto porque consideramos que el mismo contraría violentamente disposiciones contenidas en la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales de derechos fundamentales de las personas”.

“En un Estado de Derecho la aplicación de una ley tiene que hacerse en la medida en que esa ley se corresponda con la CN, si se aparta, debería ser considerada inconstitucional”, remarcó e hizo hincapié en el artículo 14 de la Constitución Nacional y comparó que “las leyes están para proteger a los trabajadores, pero en el texto que estamos analizando no hay ninguna norma en todo en su articulado que beneficie a los trabajadores”.

Basándose en un informe de la OIT, indicó que “en ningún país donde se hicieron reformas con ajustes se promovió el empleo”, y cuestionó que “lejos estamos de eso porque con la Ley Bases destruyeron más de 270 mil puestos de trabajo, se cerraron 15 mil empresas y se registraron solo 16 mil trabajadores”.

“La informalidad laboral no se resuelve con la modificación de normas laborales, hay que atacar las causas de la evasión y en estas normas se las favorece al eliminar multas contra los empleadores. No crea condiciones de trabajo digno y precariza condiciones laborales, abandona convenios laborales, reduce la actividad del hombre, se elimina la justicia social, entre otros puntos”, planteó.

En representación del Foro de Abogados Sindicales se presentó Melina Peñarol Méndez quien advirtió que “esta reforma laboral en realidad es una reforma constitucional encubierta que deroga el artículo 14 bis que establece el derecho a la protección del trabajo, el trabajo en condiciones dignas, ejercer el derecho de huelga, etc. Todo queda en la nada si se aprueba esta reforma”.

Peñarol Méndez sostuvo que hay “una seria afectación al derecho colectivo de negociación y a la libertad sindical y vemos este ataque planteado en varios aspectos porque la modificación del artículo 33 al artículo 34 BIS de la Ley de Contrato de Trabajo modifica las condiciones de negociación salarial que hacen los sindicatos”. También apuntó contra la restricción del derecho de huelga en los artículos 98 y 99 de la reforma que modifican el 6 de la ley; denunció que hay un desfinanciamiento de las organizaciones sindicales, “el aniquilamiento” de los convenios colectivos de trabajo.

Fotos: Comunicación Senado - Melina Peñarol Méndez

En su exposición, representantes de la Asociación Argentina de Contribuyentes plantearon que la cámara de origen del proyecto tenía que ser, por una cuestión impositiva, Diputados. Así, el titular de la asociación, Pablo Dono, explicó que tiene un Régimen especial y alícuotas específicas para empresas porque “estamos en necesidad de atraer capital, pero las reformas deben ser más horizontales como incluir monotributo, cuarta categoría, trabajadores autónomos”. Dono destacó la baja de impuestos con equilibrio fiscal; las amortizaciones aceleradas.

Representantes bancarios

Marcelo Mazzón, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y privados de la República Argentina (ABAPPRA), coincidió en hacer una reforma laboral, pero se refirió al artículo 35 sobre el pago de remuneraciones: “No creemos un nuevo cisne negro porque hace décadas existen cuentas sueldo que son gratuitas, seguras y le dan al usuario bancario la plena disponibilidad de sus ahorros”.

Respecto de los riesgos que se pueden provocar si las remuneraciones salariales se canalicen a través de billeteras digitales “son múltiples. Es pésima la redacción de este artículo porque va a afectar la seguridad del funcionamiento. Se va a destruir la materia prima que es la captación del ahorro”, y propuso que la alternativa es crear un sistema de ahorro bancario en un sistema de cuotas partitas”. También, alertó que la reforma “puede acelerar la banca paralela o marginal que en la crisis de 2006 trajo muchos problemas”. Así, pidió que se vote por la negativa al artículo 35.

En el mismo sentido se manifestó Claudio Cesario, titular de la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) y pidió eliminar el artículo 35 del proyecto porque “implica modificar un mecanismo central del sistema laboral para que el trabajador cobre el sueldo de forma segura, trazable y protegida. Cambiar el orden no aporta ningún beneficio real al asalariado, pero si riesgos como la exposición al fraude digital, se encarece el crédito”.

Fotos: Comunicación Senado

Representantes de la cultura y la comunicación

Guillermo Tello, coordinador de la Multisectorial Audiovisual y Frente Federal, sostuvo que la propuesta de reforma laboral “nos atañe en todos los aspectos porque entendemos que es gravoso para el mundo del trabajo y quieren derogar el estatuto del periodista que tiene propiedades intelectuales”.

“Vivimos una situación terminal porque este proyecto en su título 25 plantea la reducción de la carga tributaria pone en sus artículos la pérdida total de gravámenes que alimentan el fomento cultural y comunicacional de la democracia”, alertó y agregó: “La libertad de expresión se logra teniendo derechos adquiridos en las normas que venimos a defender”. En tanto, enumeró que los artículos 193,194 y 195 “borran por completo las leyes de cultura y comunicación”.

El actor y dirigente de Sagai, Pablo Echarri, cuestionó la reforma laboral impulsada por el Gobierno y pidió que se eliminen los artículos 193 al 196 de la Ley de Modernización Laboral, al considerar que afectan de manera directa a la actividad cultural y audiovisual.: “Eliminar la cultura nacional es patearnos en contra. Es una reforma regresiva y ruinosa para todos los trabajadores en un marco de pobreza extrema. Esto no es una salida, es un sometimiento de los empleadores".

“Estamos de acuerdo en generar mejores condiciones de trabajo, pero no en matar la economía del talento”, sostuvo Echarri, y advirtió que la cultura “no solo construye identidad” sino que también “es una herramienta clave de desarrollo económico, como lo demuestran otros países que impulsan su industria audiovisual”.

También expusieron la vicepresidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, María Elena López; el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Javier Bolzico; Armando Farina de CADAM; Diego Boris Macciocco, expresidente del Instituto Nacional de la Música.

A fin de acelerar los tiempos, el oficialismo inició este miércoles el tratamiento del proyecto para la reforma laboral en una reunión informativa en el marco de un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado.

Con una lista larga de invitados a exponer, el primero en abrir la ronda de expositores fue Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quien planteó que la modificación apunta principalmente al empleo privado que “se encuentra estancando desde hace años” porque e trabajo “es una actividad humana que requiere la más alta consideración”.

“Cuando uno observa las estadísticas y ve el desarrollo en el cual se entronca esta realidad que nos lleva tanto análisis desde hace años y entendemos que hace falta de manera imperiosa una modificación en el sentido de una modernización en el esquema laboral”, explicó.

Cordero informó que se citó a los distintos actores sociales, se iniciaron mesas de diálogo además de recabar todo tipo de datos y de detalles en la realidad del mundo de la producción y del trabajo.

“En este contexto se entendió que, si bien las normas laborales estaban enmarcadas en un ámbito de formalidad teórica, su aplicación en la práctica resultaba inoficiosa en muchos casos y requería de distintos elementos que propendieran a esta modernización que se remitió luego de un análisis muy profundo de los artículos de las normas a las cuales se hace alusión”, planteó.

Según Cordero: “Uno de los principales aspectos que se tuvo en cuenta fue la visión de las PyMES que son las más generadoras de empleo en el país y las necesidades que se fueron recabando en cada uno de los aspectos, en lo que tiene que ver con la conflictividad, en la litigiosidad, como en la cantidad de cargas adjuntas al trabajo que llevaban a que esto estuviera estancado desde hace tiempo”.

“Se hizo un trabajo muy fructífero, porque se hicieron tareas dentro del Consejo de Mayo donde se desarrollaron reuniones técnicas que permitieron el análisis con la participación de distintos actores sociales, de los cuestionamientos que se daban tanto de un lado y del otro, se analizaron las consideraciones que llevaban algunas características que hacían judicializable una relación que tenía que ser mucho más clara y accesible”, contó.

Así, manifestó que “se determinaron distintos estatutos en cuanto a que había temas de derechos individuales, colectivos, de cargas adicionales, de asociaciones sindicales, de determinados desarrollos que se producían en estos ámbitos, temas que había que solucionar de manera inmediata”.

“Nuestro pensamiento es que este proyecto de ley que se remite hoy es un proyecto que resulta extremadamente equilibrado, fue analizado durante mucho tiempo y se realizó con el trabajo principal de pedido de la ministra Sandra Pettovello de que se conservaran los derechos esenciales de los trabajadores y esto es lo que se hizo. Este proyecto de ley conserva los derechos esenciales de los trabajadores”, precisó.

Así, sumó: “Se buscó una reducción significativa de los costos adicionales que llevan a una informalidad en el mundo del trabajo y hemos trabajado mucho para que esa informalidad vaya siendo de una manera dinámica trasladada a la formalidad, es decir, tenemos que lograr y lo que buscamos es que haya una transición de la informalidad a la formalidad. Esto lo piden los organismos internacionales y es lo que proponemos en el proyecto”.

Al cierre, consideró que “nos enfrentamos a un momento histórico en la Argentina que tiene un verdadero problema de empleo que tenemos el deber de solucionar. No podemos mirar para otro lado ni seguir teniendo solo diálogos que no lleven a resultados. Este gobierno busca que las soluciones lleguen al mundo laboral”.

“Lo que se busca con este proyecto es que haya elementos de confianza entre las partes. No es un trabajo aislado, es un trabajo técnico y desarrollado donde participaron diferentes ministerios y actores, para avanzar hacia un esquema que permitiera la presentación de un proyecto claro y conciso para que lleve a dar certeza a las relaciones laborales y a terminar con los equívocos que derivan a realizar reclamos judiciales y generaban incertidumbre y, en la práctica, que no haya trabajo en el país”, explayó.

“Estamos en un momento decisivo, este proyecto de ley es esencial para el país porque estamos en un punto donde la Argentina está despegando hacia una actividad económica que puede resultar formidable y necesita estos instrumentos claros para dar algo tan importante como el derecho al trabajo que las personas necesitan. Está pensado para las PyMES, para los jóvenes que quieren entrar al mundo laboral y para beneficio de todos. Eso va a permitir dar producción, trabajo y creación humana a toda la sociedad”, concluyó.

A continuación, fue el turno de Daniela Ramos, subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía, quien agregó que el país necesita “un proceso fuerte de inversiones que nos va a posibilitar generar empleo y crecer”. En ese sentido, destacó que “eso es fundamental para las PyMES, para devolver al sector productivo su competitividad y la posibilidad de normalizar la economía para que las empresas puedan producir de manera eficiente e insertarse en el mundo”.

Ramos aclaró que ese proceso “requiere de inversiones importantes para poder transitar los procesos de la transformación digital que está atravesando a la industria a nivel global, poder mejorar el parque de maquinarias”, por lo que destacó el trabajo que el Gobierno viene llevando a cabo como “el abaratamiento de los bienes de capital que permitirá la transformación tecnológica de las empresas, le eliminación de los derechos de exportación”.

“Esta ley viene a generar la posibilidad de que las empresas puedan abaratar el costo de capital de las inversiones”, resaltó y agregó: “El proyecto está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas hasta tramo 2 con determinados umbrales de inversión. Este régimen viene a poner en un pie de igualdad a las empresas PyMES respecto de los grandes proyectos de inversión”.

Ramos informó que se habla de “inversiones extraordinarias por encima de la media usual de cada empresa lo que permite asegurar que no estamos frente a medidas que generen costo fiscal, sino que se piensan en inversiones incrementales que van a generar ingresos para sostener el equilibrio fiscal”.

Como segundo punto del proyecto, indicó que establece la posibilidad de la amortización acelerada que depende de los distintos tipos de bienes con distintas características mientras que el tercer punto refiere a la devolución anticipada del IVA derivado de las inversiones.

“Todas estas herramientas contribuyen a hacer más fácil, para las empresas más pequeñas, la adopción de tecnológica, las inversiones para la ampliación de su capacidad productiva para exportar y comerciar con muchos países. Confiamos en que es una herramienta importante para apoyar el crecimiento de las PyMES. Esta ley va a contribuir a que puedan volver aquellas empresas con capacidades de generar empleo que es la principal demanda del país porque hace más de 10 años le cuesta generar trabajo en el sector privado”, concluyó.

En disconformidad con la composición de las comisiones, pero participando del debate, pidió la palabra el senador Mariano Recalde (FNyP) quien contradijo la explicación de Cordero: “Esta ley es todo lo contrario” porque el empleo “no está estancado, está en caída desde que Milei es presidente se perdieron 250.000 puestos de trabajo”, y ratificó: “El trabajo no está estancado, cerraron 22 mil empresas”.

Recalde sostuvo que “nunca” una ley laboral logró que se genere empleo y “menos una reforma que reduzca derechos y abarate el costo laboral”. Así, comparó que los años donde mayor generación de empleo hubo fueron períodos donde “no se tocaron las leyes laborales y se ampliaron derechos”. Basándose en datos de ARCA, Recalde ejemplificó que en el 2003 había 334.000 empresas inscriptas, en noviembre de 2015 pasó a 568.737 empresas inscriptas “más de 4 millones de puestos de trabajo”, pero a partir de ahí “empezó la reducción de la cantidad de empleo”.

“El empleo lo genera la actividad económica que está por el piso porque hay una recesión brutal en el país”, reclamó Recalde y advirtió que “los argumentos para sostener la flexibilización laboral son brutal.  Promueven la informalidad, alientan la evasión y el fraude laboral. Este proyecto de ley zanja todas las discusiones a favor del empleador, no hay equilibrio”.

Recalde enumeró una serie de artículos con mayor disconformidad como la eliminación del contrato laboral eventual por un “contrato a plazo fijo”, la provisión de alimentos en comercios cercanos “¿les van a dar un vale? ¿de qué monto?” preguntó; salarios dinámicos para que “el empleador quite aumentos salariales” y consultó “¿qué es el mérito del trabajador, cómo se determina?”; la quita de la participación de los trabajadores en los logros de la empresa; fraccionan las vacaciones; el banco de horas “es una porquería”; entre otras.

Cordero aclaró que “la ley va a aplicar a los nuevos trabajos… las normas no son de aplicación retroactiva, salvo que lo diga expresamente. Hay algunos institutos que son de aplicación retroactiva y por eso hay juicios pendientes”.

La Comisión Bicameral Permanente Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), se reunió este jueves en el Salón Arturo Illia donde se analizó y trató el Programa de Acción Anual 2026 (PAA) de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Al abrir la reunión, Pichetto destacó: “Hemos llegado a criterios bastante unánimes en el marco del trabajo de la comisión con los asesores. Estamos frente a un tema muy importante para la Auditoría porque es el plan de acción. Tenemos que darle estos instrumentos”.

“También la nueva composición en el mes de marzo puede revisar los puntos, siempre está la supremacía de la Comisión Bicameral por encima de la Auditoría no lo decimos con soberbia, sino porque surge de la ley y siempre la facultad de poder incorporar algún tema a voluntad de la comisión”, planteó.

Así, señaló que la AGN “probablemente en marzo la Auditoría tendría que estar integrada y representada en ambas cámaras”, y contó: “Este es un plan de acción que lo ha hecho el presidente en donde hemos colaborado con él para tratar de que la auditoría tenga avisos de normalidad”.

“Durante dos años jugamos arriba de la cuerda de la acefalía y no queremos convertir la AGN, órgano de control y fundamental en el plano internacional, algo parecido a la Defensoría del Pueblo de la Nación. No hago responsable al actual Gobierno, pero en ese tema el Congreso está en deuda hace 16 años”, pidió y agregó: “También como otros cargos fundamentales del país como el Procurador General de la Nación, la ausencia de dos integrantes de la Corte Suprema. Nos acostumbramos a las anomalías”.

Pichetto destacó el aporte de los senadores y diputados a la propuesta elevada de la AGN en septiembre sobre el Plan de Acción. “El dictamen consiste en lo que hemos trabajado hace ya casi un mes donde venimos trabajando para tener coincidencias. Hemos convocado a los presidentes de las comisiones de Presupuesto un requisito formal en este tema puntual porque se requiere el aval y la firma de ambos”, cerró.

El senador libertario Bruno Lucero Olivera resaltó el trabajo de la comisión porque “a ese primer plan que mandó la AGN ambos bloques hicieron modificaciones y se han equilibrado los pedidos de ambos sectores por lo cual en la mayoría de las cuestiones estamos de acuerdo con el plan de acción”.

El sanjuanino solicitó que se amplíen los plazos de algunas universidades nacionales que “no se habían auditado nunca para tener una perspectiva más global. Si estamos de acuerdo con las modificaciones introducidas, vamos a acompañar, pero si vemos algo que no compartimos presentaremos un dictamen de minoría, pero la idea es avanzar y que la AGN tenga su plan de acción para comenzar a trabajar”.

A su turno, el jefe del bloque de diputados de UP, Germán Martínez, consideró que “hemos logrado una propuesta muy razonable incorporando muchos elementos que desde las distintas perspectivas políticas están ahora incorporadas en el texto que se pone a consideración. Creo que, a pesar de la dificultad de funcionamiento de la auditoría, que son de público conocimiento y que varias veces se dijeron acá en esta comisión, creo que lo importante es que estamos terminando el año con este plan aprobado”, y bregó para que “en el menor tiempo posible tengamos resuelto el esquema de designación del cuerpo auditores”.

El santafecino resaltó: “Por suerte ahora están todos trabajando sobre la hipótesis de las 3 personas por Senado y las 3 personas por Diputados como para poder avanzar por el momento. Creo que es un muy digno cierre de una comisión con una Constitución que trabajó mucho”.

Así, reivindicó que el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, ha estado presente y dando los debates que tiene que dar el oficialismo porque “es la oportunidad de darle a estos ámbitos la fortaleza institucional de que el oficialismo y la oposición están presentes, es importante. Después es una cuestión de porotos, de firmas, de apoyos, de consensos, eso es otra historia, pero eso lo quiero reivindicar”.

“Creo que es un buen plan de acción donde mucho ha tenido que ver también el titular de la auditoría, Juan Manuel Olmos, haciéndose cargo de una situación muy difícil, pero enviando esta propuesta”, ponderó y cerró: “Daremos todos los debates para que tengamos la auditoría funcionando, el plan en desarrollo y que tengamos control en la Argentina. Lo que está en discusión, más allá de este plan, es si hay un oficialismo dispuesto a que se ejerzan los controles republicanos que indica la Constitución Nacional. Lo de hoy es un paso importante”.

A su turno, Atauche recalcó el trabajo en conjunto: “Nos han escuchado las dos partes. Nosotros hasta último momento estuvimos hablando con la Secretaria y pidiéndole algunas modificaciones, esas modificaciones vienen siendo escuchadas. La verdad que en ese sentido estamos muy conformes. Yo estoy de acuerdo que hay que pasar a dictaminar”.

Por último, Pichetto hizo una reflexión y señaló que “hay un prejuicio de los gobiernos equivocado de creer que es mejor que no los auditen ni los controlen. Digo que es equivocado porque la auditoría tiene una primera finalidad que es tratar de ayudar a la administración a que mejore en el funcionamiento administrativo”.

En esa línea, explicó que cuando la auditoría verifica que hay alguna cuestión a corregir con los equipos técnicos, ayuda al organismo determinado o al Estado central a mejorar y ordenar. “Con la auditoría se pueden ordenar un montón de cosas que si no se resuelven después en Comodoro Py. Así que hay que pensar con un sentido positivo de la tarea de la auditoría de generación. Es para ayudar a los gobiernos, no para joder a los gobiernos”.

Con el aporte de familias, diputados y especialistas, la Comisión de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado, presidida por Mónica Fein, presentó este martes el informe final tras una ardua labor que consta de un expediente de 13 cuerpos con 2.600 fojas, y el informe final de 1.537 fojas y el total del expediente termina con 4200 fojas.

Dentro del informe, Fein explicó que son 20 recomendaciones que “tiene relación con lo detectado en la investigación como medidas que buscan prevenir futuros casos”, y procedió a leerlas:

1. Establecer criterios de idoneidad y antecedentes para los titulares y responsables técnicos de los laboratorios de producción de derivados de opioides y/o fentanilo. Como también la declaración del origen de los fondos o aportes patrimoniales destinados a la inversión, constitución o ampliación del establecimiento, a los fines de evitar que personas o empresas sin capacidad acreditada puedan obtener autorizaciones para la producción y/o comercialización de fentanilo y/o sus derivados.

2. Fortalecer los controles sobre transferencias comerciales de laboratorios que adquieran monografías, habilitaciones o licencias para la elaboración de inyectables de drogas exigibles de trazabilidad para uso hospitalario. Se requerirá la obligación de la autoridad regulatoria de la inspección del primer lote productivo luego de obtener la autorización de comercialización.

3. Implementar un esquema de auditorías en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) basado en un escalonamiento proporcional al tamaño, nivel de riesgo y capacidad operativa de los laboratorios, debiendo la autoridad de aplicación garantizar su cumplimiento, publicar los avances y reportar regularmente el estado de ejecución del plan anual de inspecciones.

4. Instaurar un sistema de monitoreo digital que obligue a los laboratorios la carga en tiempo real de los registros de lote con carácter previo a la producción de derivados del fentanilo con el objeto de imposibilitar que los batch records se confeccionen con posterioridad a la fabricación

5. Crear un sistema de trazabilidad inalterable que contemple las etapas desde la adquisición de opioides / estupefacientes / medicamentos críticos con trazabilidad regulada para la elaboración de fármacos y la entrega a droguerías y efectores con el objeto concurrente de facilitar, en caso de ser necesario, un procedimiento de recall rápido y eficaz, y de evitar eventuales desvíos hacia circuitos no autorizados o ilícitos de distribución y comercialización.

6. Implementar un sistema nacional de trazabilidad para inyectables y opioides / estupefacientes / medicamentos críticos con trazabilidad regulada asegurando su registro desde el ingreso al establecimiento de salud, su dispensación en farmacia hospitalaria, la cadena de custodia y su administración final al paciente.

7. Disponer la actualización y fortalecimiento de los mecanismos de control, fiscalización y sanción para los efectores de salud —tanto públicos como privados— que omitan o incumplan la obligación de notificación en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). La medida se sustenta en la constatación de que diversos establecimientos asistenciales que recibieron fentanilo adulterado no registraron ni reportaron casos vinculados a Klebsiella pneumoniae MLB y Ralstonia pickettii, conforme surge de lo informado por el Juzgado Federal interviniente respecto de la adquisición de lotes sospechados elaborados por HLB Pharma.

8. Requerir a la ANMAT realice las modificaciones necesarias del Manual de Buenas Prácticas de Fiscalización que determine plazos específicos y acotados, y medidas que deban tomarse en función de la gravedad y el riesgo de los incumplimientos constatados, como también que el mismo sea de público acceso y no un mero elemento de procedimientos internos.

9. Mejorar los mecanismos de alerta sanitaria para establecer un sistema que opere con distintos niveles de graduación del riesgo, capaz de determinar las urgencias clasificando los hechos, como la detección de defectos de calidad subestándar que pueden ser potencialmente mortales, que asigne a estas situaciones una prioridad de tratamiento ALTA para asegurar una respuesta rápida y eficaz que permita tomar medidas rápidas de minimización de riesgos en casos de extrema gravedad.

10. Recomendar la formalización mediante una ley del decreto 1490/92 de Creación de la ANMAT.11. Deberá establecerse un sistema de incompatibilidades laborales temporales específicas para los altos funcionarios de la ANMAT.

12. Modificar la Disposición 1402/2008 (Procedimientos para el Retiro de Productos Farmacéutico), a efectos de establecer que ante el incumplimiento en la obligación de recupero de productos (recall) por parte de la empresa (laboratorio y/o droguerías), lo realizará la autoridad de aplicación con cargo a la empresa quien deberá solventar las erogaciones por los incumplimientos derivados de los procedimientos mencionados.

13. Requerir al Ministerio de Salud de la Nación que ponga en funcionamiento una red de articulación entre el sector público y privado, cuyo objeto sea homologar los procesos de comunicación y respuesta frente a situaciones de afectación general de la salud pública.

14. Requerir al Ministerio de Salud de la Nación que promueva en el Consejo Federal de Salud (COFESA) la elaboración de pautas de control y alertas epidemiológicas y/o de eventos sanitarios masivos de obligatorio cumplimiento para los efectores públicos y privados.

15. Requerir a las autoridades jurisdiccionales el establecimiento de mecanismos locales de control de la calidad de atención al paciente dentro de la institución sanitaria, tanto el sector público como en el privado.

16. Reclamar a las autoridades jurisdiccionales la adhesión a la Disposición N° 6223/ANMAT/2025 que incorporó el fentanilo y otros Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFAs) de alto riesgo al Sistema Nacional de Trazabilidad Digital obligatorio.

17. Homologar y fortalecer el control de los sistemas de comercialización de medicamentos y la distribución que dispensan las provincias al sector público.

18. Fortalecer el sistema de Control de Infecciones y Vigilancia Epidemiológica: Se debe promover y garantizar la conformación efectiva de Comités de Control de Infecciones y políticas institucionales, conforme a la Ley 27.680 de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos. Los establecimientos deben garantizar el cumplimiento efectivo del PRONAPCI y un programa de vigilancia de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud y Microorganismos Resistentes. Esto cobra especial relevancia ante el hecho de que la adulteración se dio con un patógeno multirresistente.

20. Digitalización Obligatoria de Historias Clínicas: Se propone volver a invitar a todas las jurisdicciones la adhesión a la Ley N° 27.706, de historia clínica digital en los efectores de media y alta complejidad. Esta medida es fundamental para complementar la trazabilidad del medicamento, ya que asegura que la información del lote y producto suministrado quede registrada de forma inmodificable y rastreable. En caso de incumplimiento el establecimiento público y/o privado deberá afrontar la imposición de sanciones administrativas y pecuniarias para quienes la incumplan.

20. Garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley N° 27.372 y de todos los derechos de las personas víctimas de delitos, en particular la asistencia integral física, psicológica y social, dotando al Centro de Asistencia a las Víctimas (CENAVID) de todas las herramientas y recursos a esos fines. Asimismo, solicitar a las autoridades de las jurisdicciones provinciales y municipales la implementación de dispositivos especiales frente a eventos masivos que requieran asistencia sanitaria psicológica y legal.

Un resumen del informe final

Fein expresó: “Es un gran trabajo de la comisión que queda como gran aporte para la tarea que continuará el año próximo. El informe también tiene 20 recomendaciones. Lo hemos hecho todo con un gran trabajo colaborativo”. En tanto, consideró que “este es un punto de partida que permitirá al Congreso y otros ámbitos que se escuchen las recomendaciones de la comisión para que se tengan en cuenta a partir de esta tragedia algunas modificaciones o aportes a hacer”.

A continuación, la diputada y secretaria de la comisión Victoria Tolosa Paz (UP) manifestó que detrás del informe “hay una historia trágica de la Argentina que buscamos anteponer en la síntesis de un expediente en la búsqueda de una mejora de la calidad del Estado”.

Tolosa Paz procedió a explicar sintéticamente el informe y comentó que inicia con la historia del inicio de la comisión, reglamento, integrantes y funcionamiento que “permitió llegar en un marco de respeto y orden”.  Así, destacó la participación y exposición del juez federal Ernesto Kreplak que “fueron tomadas para sumar a las recomendaciones finales del informe”. También añadieron las respuestas institucionales “todas fueron valiosas”. Por otro lado, lamentó no poder contar con “la contracara de quienes lo producen” porque “Argentina está adherida a mejorar los niveles de control. Todo lo que tiene que ver con la posible desviación de los que producen fentanilo para vías que se conocen como informales es un capítulo aparte”.

Además, contó que el informe cuenta con la palabra de los expertos para “mejorar la normativa del país. Fue muy importante para llegar a la comprensión”. En esa línea, precisó que “a partir de la página 21 un marco normativo muy exhausto que arranca con disposiciones de la ANMAT desde el 2011 que le dan las dos vías, porque el marco regulatorio es complejo. A su vez, hay un capítulo aparte respecto del incumplimiento de los deberes del funcionario público en reclamo de la presencia de los funcionarios nacionales, que también incluye una cronología de los hechos que “construye los datos precisos sobre los periodos en que se dieron las inhibiciones, clausuras, actos administrativos sobre los laboratorios que nos permite ir señalando las recomendaciones que se hacen”.

“Cada recomendación de los 20 puntos tiene en el informe detallado cuáles son las debilidades que hicieron que esto ocurriera”, precisó Tolosa Paz y cerró: “Van a ver en las notas al pie que aún estamos esperando documentación que nos tiene que remitir el juzgado 3 para tener toda la información respaldatoria para mejorar el Estado nacional. Que estas recomendaciones se conviertan en leyes para que ningún argentino tenga que volver a pasar por esto”.

A su turno, la vicepresidenta de la comisión, Silvana Giudici, señaló que “los mecanismos de control de organismos reguladores y los procedimientos de distribución y comercialización en todo el país y los mecanismos de asistencia a la víctima fallaron todos”. “En la sección de antecedentes y regulación está el esquema de control tanto a nivel nacional y provincial, la superposición de normas, los grises y grietas regulatorias que encontramos en el tema de trazabilidad y fármaco vigilancia. Esta es una de las recomendaciones más importantes”, resaltó y sumó: “También hay propuestas para modificar la ANMAT y perfeccionarla a través de una ley porque está creada por DNU”.

A su vez, explicó que “una de las iniciativas presentadas es que no puedan volver a tener la habilitación de un certificado medicinal, la licencia para fabricar medicamentos o la operación de un laboratorio. Esto se basó en los ejes que determina la conducta criminal que desarrolló el juez Kreplak porque “esto se hizo a sabiendas de que se estaba haciendo mal porque el laboratorio el 5 de mayo tuvo una alerta de la ANMAT y no se auto inhibió hasta el 8 de mayo. El fentanilo siguió circulando por el país esos tres días”.

“Está la cronología de la ANMAT donde detalla que HLB Pharma había recibido 118 inspecciones que determinaban las ineficiencias en la sujeción de buenas prácticas de fabricación del fentanilo. Nunca el laboratorio ni su responsable no lo revisaron, fraguaron la documentación”, precisó y agregó: “La causa establece que hay casi 5 kilos de fentanilo destruido por el laboratorio”.

Giudici dejó abierta la posibilidad de que la comisión vuelva a abrirse el año que viene para continuar el seguimiento de la causa y profundizar la investigación. Por último, indicó que el compromiso es que “no quede solo en las 20 recomendaciones a las que arribaron con las sugerencias de los diputados de todos los bloques, sino lograr la efectiva modificación del sistema de salud pública y privada del país”.

Al retomar la pablara, Fein planteó: “Queremos que haya un antes y un después, que cambie el sistema de producción de medicamentos, de control sobre los medicamentos y la fabricación, el control sobre la calidad de las clínicas y sanatorios, el acompañamiento a las víctimas, el rol del Estado para evitar esto. Que estas recomendaciones permitan que estos objetivos se lleven a las prácticas”.

La palabra de los diputados

El primero en pedir la palabra fue el titular del bloque DPS, Pablo Juliano, quien reclamó que en el día de ayer “recién nos llegó el informe que iba a circular el pasado viernes tal como se había acordado”, y planteó: “Me parece que pasar a la firma algo donde los aportes resulten rozando la testimonialidad no honra el trabajo de la comisión. Desde nuestra bancada nosotros tenemos un informe y entendimos donde hoy se podían confluir esas miradas. Si esta comisión va a reducirse a una firma nosotros no podríamos acompañar”.

Juliano explicó que “pasaron otras cosas en esta comisión para sumar como los antecedentes judiciales y administrativos de los laboratorios, la reconstrucción del brote, el análisis de la responsabilidad política de funcionarios y autoridades que cumplen en la ANMAT y en el Ministerio de Salud”.

El diputado Christian Castillo (Frente de Izquierda Unidad) anticipó que desde su bloque presentarán un texto con conclusiones políticas y recomendaciones. “La política de desregulación que lleva adelante el gobierno nacional es criminal en el terreno de la producción de medicamentos”, criticó al tiempo que dejó en claro su postura sobre “la contradicción evidente que ha mostrado la masacre del fentanilo entre el negocio capitalista de la salud y el derecho a la salud”.

Asimismo, los legisladores coincidieron en enfatizar el gran ejemplo que dejó la participación activa de los familiares de las víctimas, sentando un precedente para que, de ahora en adelante, las comisiones parlamentarias estén integradas por los particulares damnificados. Y, también, se comprometieron en transformar el informe en leyes.

Por último, Alejandro Ayala, familiar de una de las víctimas, reiteró que “no somos víctimas del fentanilo; somos víctimas de un estado ausente”. Y, en esa línea, agregó que “nos queda una larga agonía sobre esta situación, pero vamos a seguir peleando por nuestras familias, debido a que violaron su derecho a la vida y a la dignidad humana”.

Antes de concluir, Ayala realizó una propuesta especial a la Cámara de Diputados y a su presidencia para poder “conmemorar el Día Nacional de las Víctimas del Fentanilo y la Seguridad Farmacológica, que obliga al estado nacional a implementar no solamente conciencia social, sino también a exponer de forma transparente lo que se hace día a día en Argentina”. “Podría ser el 13 de mayo, día en que se dio curso a la investigación judicial y públicamente se reconoció lo que estaba pasando”, propuso.

En la última reunión del período ordinario y con el quórum ajustado, la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado, presidida por el entrerriano Alfredo De Ángeli (Pro), mantuvo un encuentro este jueves y emitió dictamen a un paquete de proyectos de declaración y cinco de comunicación.

Entre los proyectos, se encuentran pedidos de informes al Ejecutivo respecto de la modificación de la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTI) y la resolución del SENADA del ingreso de carne con hueso en zonas libres de aftosa como la Patagonia.

Tras 12 años de labor legislativa, De Ángeli se despidió del Congreso

El senador del Pro se despidió de sus pares, asesores, representantes de Barbechando y a cada trabajador de la Casa: “Hoy es el último acto que voy a estar acá como senador de la Nación. Me llevo, después de 12 años, estas cosas que nos deja la vida, de conocer personas, y esto nos da la política”.

“Me llevo un montón de cosas en mi vida, cargada la mochila de información, de emociones, de sinsabores, que todos sabemos que a veces las cosas, uno quiere hacer cosas y no se pueden, ahora también qué pasaría si no estaríamos nosotros, qué cosas hubieran pasado que a lo mejor”, expresó.

Pidió la palabra el senador Guillermo Andrada (Convicción Federal) en nombre de su bloque le agradeció al entrerriano su predisposición de estar siempre atento a que la comisión trabaje. “Esta es una comisión que tiene los drivers para nuestro país, que nos puede hacer salir adelante, y siempre lo hemos tenido como un senador que ha tenido la franqueza de plantear desde temas desde la política, pero también desde la defensa de un sector que es tan importante para nuestro país”, planteó.

Foto: Comunicación Senado

El catamarqueño agregó: “Considero que por más que tenga esa capacidad de dar esos aguijonazos, siempre lo ha hecho con franqueza y como buen hombre de campo. Nosotros ponderamos su trabajo en este Senado, creo que nosotros va a tener un legislador que así esté fuera de este cuerpo, las inquietudes que tenga, que son valiosas, se las vamos a tratar de canalizar y todos trabajamos con una finalidad en esta casa que es defender a nuestras provincias, en este caso a abrir nuestra cabeza para que sectores como la agricultura, la ganadería y la pesca sean motor de desarrollo”.

También se sumó la cordobesa Carmen Álvarez Rivero: “La verdad que cuando yo era una ciudadana de a pie, tenía un líder primero en las rutas y después en el Senado, dándole voz, voto a todo ese impulso de la gente de campo que tanto pone a Córdoba o tanto pone para la Argentina. Así que fuiste un líder adelantado para mí, así que ha sido un placer trabajar estos años con vos y agradezco tal cual como dijiste, probablemente yo no estaría acá si no hubieras hecho tu tarea previa en ese camino”.

El debate de los proyectos

Luego de que el secretario de la comisión procediera a leer todos los expedientes previstos a tratarse en la reunión, De Ángeli anunció que no había quórum: “Estamos con un problema, a ser claro, pensábamos que teníamos quorum, no tenemos quórum. Así que, lamentablemente, no vamos a poder dictaminar. No, digo, hacer un intento que un senador nos falta, sea, que si viene... Yo pensé que teníamos quorum”. Sin embargo, minutos después ingresó al Salón Illia el senador Marcelo Lewandowski quien completó el quórum para que la comisión pueda dictaminar.

Al pedir la palabra, el senador salteño Juan Carlos Romero se refirió a dos proyectos de su autoría que estaban a tratar: “La Ley 25.507 del Instituto de Promoción de la Carne y Vacuna Argentina, y obliga a todos los sectores de la cadena cárnica nacional a hacer una contribución para financiar las exportaciones”.

“A mí me parece que esto es una exageración, que son muy pocos los frigoríficos que exportan, el consumidor tiene que contribuir en el precio de la carne con esta promoción. Lo mismo pasaba desregulando con el Instituto del Vino”, planteó e instó al gobierno a que aplique “este impuesto realmente a los sectores que se benefician con la promoción que son los exportadores, y que el mercado interno, que es la gente que consume, no vea esa carga en el precio de la carne. Creo que hay grandes perspectivas de que crezca la producción, pero seamos cautos en cuanto a tratar de defender el precio) que bastante ha subido”.

“Yo creo que el precio está generando para los próximos años un estímulo enorme a producir, y esto es una parte final de la producción que es no cargar al consumidor con esa tasa del Instituto de Promoción de la Carne y Vacuna Argentina. Por eso pido que no se cobre a aquellos frigoríficos o al interior que son la mayoría y que no están entre los 5 o 6 grandes que exportan”, cerró.

Foto: Comunicación Senado

Al intervenir, el formoseño Francisco Paoltroni coincidió con el proyecto de Romero, pero señaló que “en la cadena de la carne y vacuna tenemos muchos y grandes desafíos por delante, como es el caso de mi provincia, que actualmente se están faenando 30.000 cabezas por año de manera ilegal, sin ninguna norma sanitaria, y paralelamente se le exige caravana electrónica) a los productores, y ferias habilitadas, y todo el control como corresponde y por ley”.

“Tenemos estos mataderos que no cumplen ninguna norma sanitaria en zonas subtropicales, con lo que significa el manejo de carne con altas temperaturas. Se incumplen muchas leyes, se están cometiendo al menos 7 delitos, evasión de impuestos, atentado a la salud pública, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, proliferación de abigeato, porque los casos de abigeato en Formosa son tremendos, pero claro, aquí operan todas las mafias con comisarios, intendentes, juzgados de paz”, denunció.

Uno de los diputados electos el pasado 26 de octubre no irá al Congreso de la Nación el próximo miércoles 3 de diciembre a la sesión preparatoria para participar de la jura y asumir en su banca, ya que tomó la decisión de continuar en el cargo que actualmente ocupa en su provincia.

Se trata de Fabián Martín, quien se desempeña como vicegobernador de San Juan. Fuentes consultadas confirmaron a parlamentario.com que el funcionario seguirá en su rol acompañando el mandato de Marcelo Orrego, tras haber sido electo en segundo lugar con el 31,02% de los votos por el frente “Por San Juan” en los comicios de octubre.

La mesa chica liderada por Orrego acordó que lo mejor para la gestión era que el vicegobernador continuara manejando el recinto de la Cámara de Diputados, donde fue el constructor de las alianzas para que el oficialismo -que entró en minoría- pudiese alcanzar el número necesario para aprobar las leyes del Ejecutivo y del interbloque propio.

La Ley de Cupo que corre para elecciones nacionales establece que entre candidatos titulares y suplentes debe haber paridad de género: tres mujeres y tres hombres. El lugar de Martín sería para el bloquista Federico Rizo, pero priorizará su labor al frente de la Cámara de Diputados de San Juan para mantener la estabilidad legislativa local, debido a que, si el dirigente decidiera ir al Congreso, asumiría en su lugar en el recinto local Graciela Barraza, del peronismo y al frente de UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina).

Carlos Jaime, quien asumirá la banca como diputado nacional por San Juan

En consecuencia, la misma fuente consultada por este medio confirmó que la representación de San Juan en la Cámara baja nacional recaerá en Carlos Jaime, un dirigente con una trayectoria política íntimamente ligada al gobernador Marcelo Orrego, con quien comenzó a trabajar desde 2011, cuando asumió como intendente de Santa Lucía. En ese entonces, Jaime dejó un cargo en el Juzgado de Faltas para sumarse al equipo municipal, dando inicio a su carrera en la función pública.

Su primera experiencia de gestión fue como director de Juventud en la municipalidad de Santa Lucía, un puesto que le permitió desarrollar programas para jóvenes emprendedores. Desde allí, consolidó una carrera ascendente que lo llevó a la Legislatura provincial, donde actualmente cumple su segundo mandato (2019-2023 y 2023-2025).

Como diputado provincial, Jaime ha acumulado experiencia legislativa integrando comisiones clave como Minería y Energía, Hacienda y Presupuesto, y Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otras.

La Comisión de Defensa de Diputados mantuvo este martes la última reunión del periodo ordinario y su presidente, el diputado Ricardo López Murphy, se despidió de la misma habida cuenta que el 10 de diciembre dejará el Congreso: “Hemos permitido que este poder del Estado se desempeñe de la manera más honorable posible”.

López Murphy destacó la labor de la comisión que se reunió 18 veces: 11 en el 2024 y 7 en el 2025, poniendo a consideración 163 expedientes de los cuales 52 tuvieron dictamen.

“Esta es un área muy polémica en todos los países del mundo, porque hay cuestiones que afectan a la soberanía, a la defensa, al poder coactivo del Estado, son siempre muy complejas en todas las geografías, pero a lo largo de estos dos años tuvimos además la oportunidad de permitir que vinieran a exponer ex ministros, el ministro de Defensa, ex ministro de Defensa, ex jefe de Estado Mayor Conjunto y del Ejército”, ponderó.

El diputado sostuvo que han tenido la oportunidad de discutir y analizar los problemas que informan a la Defensa Nacional. “Me siento orgulloso de que hayamos funcionado y permitido que este poder del Estado se desempeñe de la manera más honorable posible y considero que en esta Comisión hemos cumplido con esas características y, a pesar de debates muy fuertes, siempre hemos logrado mantener el tono, las formas y el respeto mutuo”, resaltó.

“Me despido de mi vida parlamentaria y me despido de todos ustedes con la conciencia del deber cumplido y de haber vivido una experiencia extraordinaria de la vida institucional y política del país. Quería también señalarle a todos que parte del esfuerzo de convivencia y de capacidad de aceptar los matices y los puntos de vista diferentes y lo hemos logrado hacer siendo, me parece a mí, funcionales a que el país tenga en esta Comisión el lugar de debate inteligente, razonable sobre los temas de la defensa nacional”, expresó.

Así, cerró: “Mi agradecimiento por facilitarme el cumplimiento de la tarea. Yo estuve muy orgulloso cuando me eligieron presidente de la Comisión de Defensa Nacional y hoy que concluye esa tarea tengo ese reconocimiento, tanto al personal administrativo como a los miembros de la Cámara por facilitarme esa tarea”.

El diputado Ramiro Gutiérrez (UP) le agradeció por el trabajo que llevó adelante y remarcó: “Ha sido realmente muy importante que un Ministro de Defensa haya presidido esta Comisión. El conocimiento superlativo que usted ha tenido sobre el área nos ha permitido enriquecer los debates, los conocimientos de esta Comisión”.

“La defensa es una política trascendente, supera los límites, es fundacional siempre. Hemos tenido un debate que usted propició siempre desde el respeto, nos ha dejado hablar libremente a todos y siempre se llevó a buen puerto porque hemos tenido un montón de producción de esta Comisión”, señaló y le reiteró, en representación del bloque, el agradecimiento por el trabajo desarrollado a lo largo del año: “Ha mejorado la calidad institucional del país, seguramente con los pedidos de todos en conjunto y nos veremos en otros senderos de esta actividad que siempre tiene nuevos inicios”.

En el mismo sentido, la mendocina Lourdes Arrieta (Coherencia) agradeció a López Murphy por la labor, por llevar adelante discusiones de manera respetuosa y porque “hemos podido exponer nuestras preocupaciones, lo que pasa en el día a día de lo que vive la familia militar”.

La diputada planteó algunos temas para tener en cuenta en futuros debates de la comisión como la IOFA que “deje de ser una caja política para los gobiernos de turno, que realmente tendría que ser una ley donde también tendría que tener parte del directorio y ser parte de ello y la toma de decisiones de los suboficiales”.

También, propuso diversos temas sobre la cuestión Malvinas como becas para hijos de veteranos de guerra; el tan luchado anexo 40 para muchos veteranos de guerra que se retiraron por enfermedad y mencionó el caso de su padre: “Dos años sin caminar, suboficial también, que se retiraron con la ley 19.101 y que hoy es una deuda pendiente porque han sido mal retirados y no solamente el caso de mi papá, hay muchísimos veteranos suboficiales entre ellos que lamentablemente tienen un retiro  de los cuales no terminan de cubrir todas sus necesidades”.

“Malvinas los sentimos propios y ver cómo usan a Malvinas y cómo usan los recursos del Estado para hacer campaña, para lucirse, mientras que otros se mueren de hambre. Reivindicar la memoria de nuestros héroes que quedaron en la turba malvinense, reivindicar la soberanía de Malvinas, que es lo que nos falta y que sea una lucha constante de todos los gobiernos”, planteó.

Un plenario de las comisiones Relaciones Exteriores y del Mercosur de Diputados se reunió este martes de forma breve para debatir y aprobar la enmienda al protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios del Mercosur, cuyo dictamen cosechó 52 firmas.

Al inicio del encuentro, el titular de la Comisión de Mercosur, Eduardo Valdés (UP), explicó que Argentina participó activamente de esta negociación con la intervención de los organismos especializados, especialmente el ENACOM, para asegurar que los compromisos internacionales sean plenamente compatibles con nuestro marco regulatorio interno.

Al pedir la palabra, el titular de la Comisión de RR.EE, Fernando Iglesias (Pro), sostuvo que el proyecto “ratifica el interés del gobierno y del país en mantenerse en los marcos del Mercosur y en los procesos que son de integración regional”.

A su turno, el diputado Ricardo López Murphy se despidió de la comisión y recordó: “Cuando me incorporé a la Comisión de Relaciones Exteriores hace 4 años, un afán que tuve era tratar de resolver todos los acuerdos y tratados que estuvieran, por distintas razones, demorados. Y creo que ese esfuerzo se hizo y a mí me parece que es valioso porque es muy importante que el país no esté trabado en cosas que al final no tienen razón de generar discrepancias”.

Así, celebró esa meta propuesta y destacó: “Se logró obtener esa doble calidad, un debate caldeado y enérgico que forma parte de una sociedad pluralista, pero también una actitud central en la política que las cuestiones exteriores del país no pueden ser subordinadas a las facciones. Y creo que esa síntesis es buena que la Argentina, la que el Congreso de la Nación la lleve adelante”.

En tanto, la diputada de UP Lorena Pokoik reclamó y dejó en evidencia que “hubo un solo grupo parlamentario de amistad que fue ofertado, que estaba dentro de los países y que históricamente había sido constituido en gestiones anteriores en las que yo no era diputada, que es el grupo de amistad parlamentario con Palestina, que nunca hemos logrado que se constituya y se convoque a la Embajada para poder resolverlo”.

Pokoik pidió trabajar en conjunto para que el próximo año se constituya dicho grupo: “No es un invento de quienes nos anotamos, sino que estaba dentro de la oferta de países y de grupos de amistad a constituir y que años anteriores estaban funcionando”.

En tanto, el santafecino Esteban Paulon expresó preocupación por la ausencia futura del presidente, Javier Milei, a la cumbre del Mercosur: “Se ha anunciado recientemente que el presidente no va a asistir. Esta ausencia se suma a la ausencia del presidente de la Cumbre de CELAC hace algunas semanas en Cartagena de Indias. Se suma a la ausencia algunas otras instancias del Mercosur, del compromiso de del presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales con el acuerdo Unión Europea Mercosur, el compromiso que ha expresado en esta comisión del trabajo y la inserción que Argentina tiene en ese bloque regional”.

“Creo que sería importante poder hacer, no un llamado de atención, pero sí una marca de preocupación sobre todo porque creo que Argentina hoy está en una actitud vinculada a ampliar sus vínculos comerciales, sus relaciones con otros países, pero esas relaciones con otros países, esos vínculos comerciales que se abren, tienen que preservar y cuidar también nuestro vínculo con nuestros vecinos, que casualmente incluyen al segundo socio comercial de Argentina, que es Brasil”, planteó.

Paulon bregó para que “se pueda encaminar una participación mucho más vigorosa, más activa y más integrada a nuestros socios regionales que, a mi parecer y según mi visión, no tengo dudas, son quienes nos van a garantizar una mejor inserción y diálogo con los otros espacios del mundo con quienes queremos dialogar y comerciar”.

Por último, la diputada Marcela Campagnoli (CC) pidió a los diputados que participen de las invitaciones de las Embajadas: “Cuando voy a los eventos de los días nacionales de las distintas Embajadas que nos invitan, no veo a ningún diputado. Y creo que es importante, ya que yo ya no voy a estar más, de que podamos ejercitar ese vínculo con las embajadas. Para ellos es importantísimo cuando vos le decís a un embajador que perteneces a tal comisión. Es importante que como diputados que también ejerzamos esa posibilidad de establecer vínculos con los países amigos a través de sus embajadores”.

Con la presencia de 14 diputados se llevó a cabo este viernes la última reunión de la Comisión Investigadora sobre el caso de la criptomonedas $LIBRA, a cargo del diputado Maximiliano Ferraro, donde sumaron nuevos oficios que fueron aprobados con 13 votos positivos y afirmó que el informe final será presentado el próximo martes 18 de noviembre en el Salón Delia Parodi.

Ferraro explicó que el día de la fecha el expediente consta de 10 cuerpos integrados por todas las actuaciones de la etapa investigativa entre ellas: informes y extractos taquigráficos que surgen de las reuniones informativas y de la participación de especialistas, documental remitida por la plataforma Exchange, dictámenes y resoluciones de la comisión como medida de prueba.

Al pedir la palabra, la diputada Margarita Stolbizer destacó: “Se está llegando a un resultado importante en términos de trabajo que ha hecho la comisión. Estamos ya sobre el final”, por lo que solicitó producir una nueva prueba pidiendo un oficio a Google para que brinde información sobre la página web que promocionó el presidente Javier Milei llamada Viva La Libertad Project de Gmail. “No tenemos información de qué pasó con la página donde, seguramente, hubo gente que se inscribió”, explicó Stolbizer.

Así, precisó que solicitarán los datos completos sobre la titularidad de la cuenta, la información de los accesos que tuvo la cuenta durante el tiempo que estuvo, el detalle de la forma de recuperación secundaria, la nómina de la información llenada en los formularios.

De forma breve, la diputada de UP Sabrina Selva pidió que toda información que llegue a la comisión post dictamen sea incorporada al expediente.

De la vereda contraria, la libertaria Alida Ferreyra en nombre de su bloque criticó la creación de la comisión y los objetivos propuestos porque “desnaturalizan el rol del Congreso, avasallan la jurisdicción natural de los jueces y terminan entorpeciendo la investigación y pueden frustrar una estrategia judicial”.

Además, indicó que “hubo excesos cometidos en cómo estaba planteada la comisión porque no respetó el rol del Congreso, asumió facultades jurisdiccionales que no le competen”. En tanto, sostuvo que “el desarrollo irregular e ilegítimo de la comisión ha demostrado que un conjunto de diputados, arrogándose la representación de toda la Cámara, intentó vulnerar garantías individuales al pretender aplicar la fuerza pública para la comparecencia de funcionarios que, ni siquiera están acusados en el caso en cuestión de qué se trata”.

Por último, solicitó al secretario de la comisión que lea las firmas obtenidas para la aprobación del reglamento de la comisión y la nómina de los diputados presentes en la misma porque “hubo una aprobación de un reglamento y luego una posterior modificación. Además, de 28 miembros presentes se han obtenido solamente 14 firmas para la aprobación del mismo, siendo que la mayoría natural es 15. La conclusión de nuestro bloque es que el proceso sería nulo”.

$LIBRA, LA VERDAD AVANZA: EL 18 DE NOVIEMBRE SE PRESENTA EL INFORME FINAL DE LA INVESTIGACIÓN.

Hoy se realizó la última reunión de la etapa investigativa de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA. Durante estos tres meses, luego de destrabar el bloqueo inicial… pic.twitter.com/aeI9EsOqrq

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) November 7, 2025

Con los tapones de punta le salió la diputada Selva quien le enrostró: “Si los diputados del oficialismo en vez de ausentarse en todas las reuniones de comisión, como lo han hecho en la mayoría de los casos. Incluso en esa reunión de comisión en donde usted notificó la resolución del Juzgado Federal Criminal y Correccional, en donde los miembros de esta comisión le solicitábamos el auxilio de la fuerza pública a los jueces para poder traer a los funcionarios a dar explicaciones. Justamente eran dos funcionarios incluso que ni siquiera estaban imputados, no están imputados en la causa judicial. Entonces, no había ninguna objeción para que no pudieran venir a esta comisión a dar explicaciones”.

Respecto a las mayorías necesarias, Selva invitó a la libertaria a “releer el reglamento porque todas las resoluciones que salieron de esta comisión fueron aprobadas con las mayorías necesarias que prevé. De manera que ni el reglamento es nulo, ni todo el trabajo que llevó adelante a esta comisión lo es”.

“Nosotros hasta acá no obstruimos para nada la investigación judicial. Lo único que hizo esta comisión investigadora desde que funciona es colaborar con la justicia aportando todas las medidas de pruebas que son trascendentes, que son contundentes, que abonan a la investigación que está llevando adelante el fiscal de instrucción. No hubo en lo más mínimo entorpecimiento de la tarea del poder judicial, todo lo contrario”, cerró Selva.

En el mismo sentido se expresó la diputada Mónica Frade (CC-ARI) quien apuntó: “Hay un reglamento que sería bueno que cada tanto el oficialismo lo lea, incluso este reglamento comentado del Dr. Menen, que es muy interesante y que les puede aportar mucho conocimiento”.

Frade aclaró: “No nos arrogamos facultades jurisdiccionales, claramente no la tenemos. Sí, tenemos facultades de control y son indiscutidas y las comisiones investigadoras están reguladas en el reglamento”. Así, calificó la nota del bloque oficialista como “plagada de cliché que no tiene ningún sustento”.

En tanto, Juan Marino (UP) propuso incorporar al expediente de la Comisión un informe técnico de parte del experto en blockchain, Fernando Molina, donde figura el total de billeteras virtuales, más de 140 mil que operaron con la criptomonedas, y se registra que hubo 36 que tuvieron una ganancia superior al millón de dólares, de este total tuvieron pérdidas con $LIBRA fue 114,410 y por lo tanto la conclusión es que el porcentaje de billeteras que tuvieron pérdidas con Libra fue del 79,90. “El 23% solamente 36 billeteras ganaron más de millón de dólares”, resaltó Marino.

A su turno, el diputado Rodolfo Tailhade anticipó que enviará una nota para tener a consideración respecto de “la pasividad de la querella del diputado José Luis Espert para avanzar en el esclarecimiento del hecho que él denuncio el supuesto hackeo de su cuenta. La denuncia que había hecho se tenía que calificar como violación de secretos y, por lo tanto, era un delito de acción privada. Desde el momento de la denuncia, José Luis Espert no hizo absolutamente ningún planteo”.

“El Congreso en su totalidad, tiene que tomar cartas en el asunto respecto de la representación legal, el domicilio legal de estas compañías, Twitter, Ox, YouTube. Es absolutamente inconcebible que ni la justicia ni la Cámara de Diputados en una comisión investigadora no puedan obtener respuestas concretas. No puede ser este bochorno de que esta gente, las plataformas, las redes y demás se manejen con esta impunidad, sobre todo cuando hay delitos que se cometen”, planteó.

Coincidentemente, Ana Carolina Gaillard (UP) consideró “fundamental el rol de esta comisión, no para suplantar a la justicia, pero sí que se sienta observada y que sepa que el Congreso también tiene facultades de control y que los funcionarios tienen que rendir cuentas”.

De forma breve, Selva le aclaró que “la diputada libertaria no integra la comisión, por ende, según el artículo 105 del reglamento no se puede tomar la suscripción de los despachos correspondientes”, y remarcó: “La nota de la diputada Alida Ferreira no corresponde ser tratada, salvo que lo proponga un miembro de esta comisión. Me parece que fue una expresión política”.

Por su parte, el diputado Esteban Paulon expresó: “¿Sabe qué es lo que entorpece el rol de la justicia y la investigación judicial? El silencio permanente y deliberado de Javier Gerardo Milei y de Karina Milei que no pueden explicar, sobre todo el presidente, ni siquiera quién le dio la información para postear en X el 14 de febrero durante varias horas. ¿Quién le avisó de esta operación minutos antes de que se concretara la criptofa? Ese es el silencio que en la justicia argentina resuena tronadoramente y que es el que entorpece verdaderamente esta investigación”.

Al cierre, Ferraro informó que el próximo martes 18 de noviembre en el salón Delia Parodi se realizará la una nueva reunión de la Comisión Investigadora a los fines de la presentación, consideración y firma del informe final establecido para ser elevado antes del 20 de noviembre a la Cámara de Diputados.

A un total de 24 senadores se les vence el mandato el próximo 10 de diciembre en el Congreso de la Nación. Algunos de ellos se presentaron en estas elecciones legislativas para renovar sus bancas; unos pocos lograron ese objetivo, mientras que otros no. En cambio, hubo senadores que directamente no se postularon como candidatos, por motu proprio o definitiva falta de chances.

Por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los senadores que terminan su mandato a fin de año son el radical Martín Lousteau que decidió no renovar su banca y probar suerte en cambio como diputado nacional, objetivo que alcanzó a través de la lista de Ciudadanos Unidos. Martín Recalde sí consiguió renovar su banca por el espacio de Fuerza Patria. En tanto, la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) no fue por la reelección y dejará el Congreso en diciembre, pero pasará a desempeñarse en la Legislatura porteña, donde consiguió un lugar en las elecciones del 18 de mayo pasado a través de la lista que encabezó el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, su referente político.

En representación de la provincia del Chaco, concluyen sus mandatos la kirchnerista María Inés Pilatti Vergara, Antonio Rodas (ambos del Frente Nacional y Popular) y el radical Víctor Zimmermann. Ninguno de los tres se postuló para renovar su banca y también dejarán el Parlamento.

El mismo camino siguieron los senadores entrerrianos Estefanía Cora (Unidad Ciudadana), Alfredo De Ángeli (Pro) y Stella Maris Olalla (UCR). Ninguno de los tres fue por la reelección.

Por Neuquén, la senadora peronista Silvia Sapag se postuló por la lista Fuerza Patria en busca de renovar su banca, pero no logró ese objetivo, ya que la nómina que encabezaba obtuvo el 13,91% de los votos y quedó tercera. En cambio, los senadores Oscar Parrilli (UP) y Lucila Crexell no se postularon como candidatos y se suman a los legisladores que abandonarán el Congreso este año.

En Santiago del Estero, se les vence el mandato a Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Gerardo Montenegro y José Neder, todos miembros de la bancada que conduce José Mayans. Neder fue el único que se postuló para la reelección y logró renovar al sacar un 19,44% de los votos por el Frente Fuerza Patria Peronista y obtener la banca por la minoría.

En cambio, en Salta la senadora Nora del Valle Giménez secundaba a Juan Manuel Urtubey en la lista de Fuerza Patria, pero no pudo renovar su banca, ya que esa lista quedó tercera, con el 13,67% de los votos. Los mismo le pasó a su compañero de bloque Sergio “Oso” Leavy, que se postuló con el Partido de la Victoria, pero tan solo obtuvo el 8,41% de los votos. Ambos, junto a Juan Carlos Romero, que no fue por la reelección, finalizarán su labor legislativa en diciembre.

Por la provincia de Rio Negro, los senadores Martín Doñate (UP), Silvina García Larraburu (UP) y Mónica Silva (Juntos Somos Rio Negro) terminarán sus mandatos. Ninguno de ellos fue siquiera por la reelección.

Sí lo hizo en Tierra del Fuego la senadora Cristina López, quien logró renovar su banca al obtener el 30,62% de los votos y se quedó con la banca por la minoría, pues en esa provincia ganó La Libertad Avanza. No corrió la misma suerte el radical Pablo Blanco, quien se postuló para renovar su escaño con la nómina de Provincias Unidas, pero solo sacó el 3,56% de los votos y deberá abandonar el Senado. También dejará su cargo la camporista Eugenia Duré, que no se presentó como candidata.

Neuquén es una de las provincias donde en estas elecciones del domingo se elegirían representantes nuevos para Diputados y el Senado, donde el oficialismo provincial, a cargo de Rolando Figueroa, intentará retener los escaños que tiene en juego en ambas cámaras del Congreso de la Nación.

La contienda electoral será bastante reñida entre nueve listas que se disputarán los tres escaños en juego de Diputados y 3 de la Cámara alta. El pronóstico es de alta polarización entre el Frente La Neuquinidad del gobernador Figueroa y La Libertad Avanza. En tanto, el peronismo buscará perder lo menos posible en unos comicios donde arriesgará más que ninguna fuerza en un escenario atomizado.

Diputados

Por el lado de la Cámara de Diputados dejarán sus cargos Tanya Bertoldi (UP), Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino) y Pablo Cervi (La Liga del Interior aliado al Gobierno nacional).

De esta manera, el gobierno provincial eligió para encabezar su nómina a Karina Maureira, secundada por Joaquín Perrén y María José Rodríguez. En tanto, La Libertad Avanza eligió a Gastón Riesco para que encabece la nómina, seguido de Soledad Mondaca y Joaquín Figueroa.

Por su parte, Fuerza Patria hizo una alianza compuesta por el Partido Justicialista, el Frente y la Participación Neuquina (FyPN), el Partido Solidario y Libres del Sur. Así, postuló como candidata principal a Beatriz Gentile que es rectora de la Universidad Nacional del Comahue. El segundo puesto es para Fernando Pieroni y en tercer lugar irá Mercedes Lamarca.

La lista de Fuerza Libertaria es encabezada por Joaquín Eguía, secundado por Victoria Grandi y Mariano Rolla. Mientras que el Frente de Izquierda postuló a Julieta Ocampo, César Parra y Florencia Beltrán.

Además, la lista de Más Por Neuquén eligió a Amancay Audicio, Ramón Fabián Palavecino y Malena Julieta Ortiz. Por Desarrollo Ciudadano irán Gloria Ruiz, Carlos Roberto Cides y Laura Rosana Nievas. Por último, la lista de Unidad Popular solo presentó candidatos a Diputados, Claudio Vázquez y Anahí Ruarte.

Senado

En cuanto al Senado, se ponen en juego tres bancas correspondientes a Silvia Sapag y Oscar Parrilli, (ambos de UP) y Lucila Crexell que responde al gobierno provincial. Estos dos últimos no renovarán su lugar y dejarán el Congreso el 10 de diciembre de 2025.

De esta manera, la lista del Frente La Neuquinidad postula como candidatos principales a Julieta Corroza y a Juan Luis Ousset. Mientras que La Libertad Avanza eligió a la actual diputada nacional Nadia Márquez y al “radical peluca” Pablo Cervi como principales candidatos para el Senado.

Por Fuerza Patria la actual senadora Silvia Sapag busca la reelección, secundada por Sebastián Villegas que buscará retener el lugar de Parrilli. En tanto, la lista de Fuerza Libertaria, que busca captar el voto por fuera de LLA, irá con Carlos Eguía y Cintia Meriño.

También presentó candidatos el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) con Andrés Blanco y Priscila Otton Araneda. En cuanto al frente Más Por Neuquén la boleta es encabezada por Carlos Quintriqueo y Ana Sandoval. Por último, la lista de Desarrollo Ciudadano eligió a Luis Alberto Vázquez y Mireya del Carmen Barros.

Las elecciones en Santa Cruz podrían dar un escenario donde las tres bancas para Diputados se repartirían entre tres fuerzas políticas diferentes, donde el oficialismo provincial y UP retendrían la suya, la incógnita recae en quién se quedará con la tercera.

Las tres bancas en juego son de los diputados nacionales Roxana Reyes (UCR), Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) y Gustavo “Kaky” González (UP) quienes decidieron no presentarse a le reelección.

Así, el oficialismo provincial de Claudio Vial eligió como principal candidato de su lista “Por Santa Cruz” al actual Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno, José Daniel Álvarez, secundado por Gisella Martínez, secretaria del vicegobernador de la provincia, con altas chances de retener la banca.

De la vereda de enfrente, el frente Fuerza Santacruceña que reúne al peronismo (Partido Justicialista, Kolina, Unión Popular) eligió al cura Juan Carlos Molina para encabezar lista a diputados nacionales. El religioso fue cercano al Papa Francisco y a la ex presidenta Cristina Kirchner. Molina había sido titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) entre 2013 y 2015, durante la segunda gestión de CFK.  El cura estaría acompañado por Moira Lanesán Sancho del sector de Pablo Grasso. En el tercer lugar se confirmaría a Amadeo Figueroa abogado de Caleta Olivia.

La incógnita por la tercera banca en juego

La incógnita se concentra en el tercer lugar, que podría disputarse entre Pedro Muñoz (Coalición Cívica-ARI), Leonardo Roquel (Pro) y Jairo Guzmán (La Libertad Avanza).

La boleta de la Coalición Cívica estará representada por el candidato Pedro Muñoz, secundado por Mariana Olmos, una reconocida profesional de la ciudad de Caleta Olivia, que aportó su trayectoria en el ámbito local y regional. En tercer lugar, fue incluido Omar Fernández, dirigente de Pico Truncado identificado como un opositor firme dentro del espectro político provincial.

Muñoz se destaca por su nivel de conocimiento en toda la provincia, ya que fue secretario general de ADOSAC y es actual diputado provincial. Con perfil sindical y con una mirada crítica al gobierno nacional, se diferenció en la Legislatura del oficialismo provincial al no acompañar todas las iniciativas.

En esta ocasión, el Pro irá con candidato propio a las elecciones cuya cabeza de lista es el concejal y ex candidato a Intendente de Río Gallegos Leonardo Roquel. La lista se completa con Andrea Gallegos y Horacio Padín. La figura de Roquel en la zona norte es percibida como representativa de un sector más bien capitalino o riogalleguense, lo que limita su proyección territorial.

Por el lado de La Libertad Avanza, aparece el nombre de Jairo Guzmán, presidente del espacio en Santa Cruz y titular del PAMI. Estará acompañado por Perla Gómez de la Fuente, Matías Alzugaray, Analia Barría, Giovany Albea y Paula Álvarez, quienes buscarán acceder a una banca en el Congreso Nacional.

En tanto, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, tiene como cabeza de lista a Gabriela Ance militante del Partido Obrero. La acompañan Luis Díaz, de la Izquierda Socialista, y Oriana Toloza, del MST.

La nómina de la fuerza UNIR está conformada por Diego Bavio, quien fue candidato a parlamentario del Mercosur, Graciela Julio y Rodolfo Gilio.

En el Nuevo MAS confirmó a Jorge Jesús Mariano al frente de la lista, histórico militante del partido y empleado mercantil. Será acompañado en segundo término por Victoria Gaspari.

Sin representación del oficialismo provincial, San Luis renovará este domingo en las elecciones legislativas tres bancas en juego por la Cámara de Diputados en una pulseada entre La Libertad Avanza, el Frente Justicialista, Fuerza Pueblo y Provincias Unidas.

El gobernador puntano, Claudio Poggi, no competirá con su coalición “Ahora San Luis” y reveló que votará por la lista libertaria que es encabezada con la candidata Mónica Becerra, ex ministra de Desarrollo Humano del actual gobernador, secundada por Carlos Almena y Dalma Guinda.

Por su parte, la lista del peronismo provincial, el Frente Justicialista, tiene como cabeza de lista a Jorge ‘Gato’ Fernández, un político muy cercano al ex gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá, quien lo había impulsado como sucesor en las elecciones ejecutivas, que ganó Poggi. La lista del peronismo la completan Gloria Petrino y José Farías.

En tanto, el diputado provincial Daniel González Espíndola encabeza la nómina de legisladores por la variante de Fuerza Patria en San Luis, que se llama “Fuerza Pueblo”, y que en segundo lugar lleva a la actual concejala Ana Laura Ferrarotti.

Provincias Unidas, eligió como candidato que encabeza la nómina a Andrés Vallone, ex diputado nacional y ex intendente de la localidad Juana Koslay, quien afirmó que el espacio que representa “nació como alternativa al ajuste y a la corrupción del pasado”.

A su vez, el Frente de Izquierda irá con Johana Gómez, Iván Amado y Luciana Linkopp como principales candidatos, mientras que el Movimiento socialista eligió a Ítalo Gallardo y Nilda Abregu.

Los diputados a quienes se les finaliza el mandato el 10 de diciembre son Alberto Arancibia Rodríguez (LLA), Karina Bachey (Pro) y Natalia Zabala Chacur (UP), ninguno de ellos renovará

El gobernador de San Juan, Manuel Orrego, irá con sus mejores fichas de cara al domingo de elecciones para retener la banca que pone en juego e irá acompañado por el Pro, entre otros espacios políticos, mientras que el peronismo hará lo mismo con las restantes dos que arriesga. Por su parte, La Libertad Avanza va por su lado.

La nómina de la lista oficialista “Por San Juan” tendrá como principal candidato a diputado a su actual vicegobernador Fabián Martín y en segundo lugar a Laura Palma, una mujer de su círculo político y ministra de Gobierno, y Federico Rizo, diputado provincial y referente bloquista, en el tercer lugar. El espacio es integrado por el Partido Producción y Trabajo, UCR, Pro, Dignidad Ciudadana y el Partido Bloquista.

El frente orreguista irrumpió en 2023 al destronar al justicialismo de Sergio Uñac y José Luis Gioja. Actualmente, el espacio, con Producción y Trabajo a la cabeza, está en el poder y enfrenta su primera elección bajo esa situación. Con Orrego que cuenta con altos niveles de imagen positiva e intención de voto, cuyo desafío es trasladar su caudal electoral a sus aspirantes.

En esa lógica, primó la idea de llevar un candidato “fuerte”, que, además de tener sobre sus espaldas la figura del Gobernador, pudiese aportar vuelo propio. Martín fue intendente de Rivadavia durante dos períodos y actual vice. Como presidente de la Cámara de Diputados, fue el constructor de las alianzas para que el oficialismo, que entró en minoría, pudiese alcanzar el número necesario para aprobar las leyes del Ejecutivo y del interbloque propio.

Unión por la Patria busca retener sus dos escaños

Por su parte, el frente que lidera el PJ va con la lista “Fuerza San Juan” con dirigentes con anclaje en lo municipal, como el ex intendente de San Martín Cristian Andino; la intendenta de Caucete, en segundo lugar, Romina Rosas y Fabián Gramajo, exintendente de Chimbas.

“Fuerza San Juan” está compuesta por Patria Grande, Partido Justicialista, Frente Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Conservador Popular, Movimiento Libres del Sur, MID, Convicción Federal.

La Libertad Avanza irá solo

El tercer gran actor en disputa es La Libertad Avanza (LLA). Con el aval de la conducción nacional y bajo la jefatura local del diputado José Peluc, el espacio libertario oficializó una lista propia y descartó cualquier alianza con el oficialismo provincial.

La nómina está encabezada por Abel Chiconi, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y hombre cercano al ministro Federico Sturzenegger. Su incorporación fue calificada como “sorprendente” y se lo considera clave para llevar la voz del mileísmo a los debates legislativos, en especial en materia de reforma laboral. La lista se completa con Cristina Mabel Tejada Heredia, abogada y exdirigente de Dignidad Ciudadana; Juan Sancassani, un bloquista disidente que podría aportar votos de ese sector.

El resto de las listas: entre la izquierda y los históricos

Aunque las expectativas principales se concentran en los tres grandes bloques, el resto de los espacios también presentó candidaturas:

Provincias Unidas: lista encabezada por Emilio Baistrocchi, exintendente de Capital, Paola Diaz, Pedro Rodríguez.

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U): primer candidato Cristian Jurado (MST), seguido de Gloria Cimino (IS) y Lucas Casiaro (PO).

Cruzada Renovadora: con el histórico Alfredo Avelín Nollens a la cabeza, Carmen Claudia Chimino, José Alejandro Gómez,

Partido Libertario: encabezado por Yolanda Agüero.

Ideas de la Libertad: liderado por Gastón Briozzo.

Evolución Liberal: con el empresario Sergio Vallejos al frente.

GEN San Juan: bajo el liderazgo del abogado constitucionalista Marcelo Arancibia.

Las tres bancas de diputados nacionales en juego son las de los peronistas Walberto Allende y Fabiola Aubone (UP) y la bloquista disidente, aliada de Orrego, María de los Ángeles Moreno. Ninguno de los tres buscará la reelección y dejarán el Congreso en diciembre.

El oficialismo pampeano bajo las órdenes del gobernador Sergio Ziliotto apuesta a capturar dos de las tres bancas en juego de Diputados en las elecciones legislativas de este domingo, mientras La Libertad Avanza intentará quedarse con la restante.

Las tres bancas corresponden a Varinia Lis Marín (UP) quien va por la reelección, Martín Maquieyra (Pro) y Marcela Coli (UCR), estos dos últimos no renovarán y dejarán el Congreso a fin de año.

El peronismo está invicto en elecciones ejecutivas desde 1983, pero las legislativas siempre le han sido un hueso duro de roer. Si La Libertad Avanza logra una victoria, será un batacazo que hará mucho ruido. En tanto la UCR llega más debilitado, ya que a último momento recibió el respaldo de Provincias Unidas.

Así las cosas, el peronismo irá bajo el sello “Defendemos La Pampa” cuyo primer candidato será el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa Abelardo Ferrán en primer lugar, seguido por la actual diputada Varinia “Lichi” Marín y Ceferino Almudévar. Los suplentes serán Mónica Valor, Federico Ignaszewski y Rodecia Bernelli.

La Libertad Avanza y la alianza con el Pro

Por su parte, La Libertad Avanza junto al Pro irán juntos bajo el nombre “Alianza La Libertad Avanza” cuyo primer candidato es el economista y presidente del bloque libertario en la provincia Adrián Ravier, acompañado por la exconcejala del Pro Adriana García y Martín Matzkin que ejerce el cargo de director Nacional de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad cercano a Patricia Bullrich. La lista se completa con Lorena Ruiz, Juan Pablo Patterer y Sofía Mascaró de Garate como suplentes.

La UCR con un panorama complicado para retener el escaño

La UCR apuesta a la gente joven dentro de la lista “Cambia La Pampa” con Federico Guidugli que encabezará la nómina. Se trata de uno de los candidatos más jóvenes de La Pampa en estas elecciones con tan solo 35 años de profesión Comunicador político sin vínculos familiares en el poder, cuenta con experiencia en gestión pública, tras desempeñarse como secretario de Gobierno y Seguridad en General Acha.

Sus compañeros de fórmula serán Eugenia Forte y Néstor Omar Beltrán. Los suplentes son Carolina Sierra, Oscar Héctor Hecker y Silvia Beatriz Spohn.

En el último tramo el radicalismo buscó el paraguas del sello Provincias Unidas. Guidugli cosechó primero el respaldo del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, luego del jujeño Carlos Sadir y el chubutense Ignacio Torres.

La izquierda tendrá dos alternativas: por un lado, el Nuevo MAS, con Ayelén Pilcic a la cabeza, junto a Cristian Bustamante y Antonella Gaitán; y por otro, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U), con Claudia Lupardo al frente, secundada por Lucas Mateos Montigel y Marisa Pérez.

Las elecciones legislativas se desarrollarán el próximo 26 de octubre, cuando el electorado pampeano definirá qué tres representantes ocuparán las bancas en la Cámara baja del Congreso de la Nación.

Este domingo en las elecciones legislativas la provincia de Neuquén es una de las que renueva tres bancas en ambas cámaras del Congreso de la Nación, una de ellas corresponde a un senador clave que es mano derecha de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero no irá por la reelección y dejará el Parlamento a fin de año.

Se trata de Oscar Parrilli que, a los 74 años de edad y luego de estar seis años como senador nacional por Unión por la Patria y otros cuatro años como diputado, dejará su cargo el 10 de diciembre de 2025.

Parrilli se recibió de abogado en 1976, mismo año que comenzó su actividad política dentro del Partido Justicialista. Durante la dictadura militar (1976-1982), se dedicó al ejercicio profesional y fue vicepresidente del Colegio de Abogados de Neuquén.

Con el retorno de la democracia, Parrilli se postuló al cargo de diputado provincial el cual ejerció desde 1983 a 1987 presidiendo el bloque del Partido Justicialista y luego fue presidente del PJ neuquino entre 1988-1993. En ese mismo año llegó al Congreso de la Nación para ocupar una banca como diputado nacional, cargo que ejerció desde 1989 a 1993.

La cercanía a los Kirchner se produjo en 1998 cuando fundó el Grupo Calafate, núcleo político que impulsó la candidatura presidencial de Néstor Kirchner quien, en ese entonces era gobernador de Santa Cruz. A partir de allí, mantuvo una relación estrecha con él y con Cristina Fernández de Kirchner.

En el 2003, Kirchner lo designó como Secretario General de la Presidencia hasta el 2014. Fue ratificado en su puesto en 2007 durante la gestión de Cristina. En el 2014 fue nombrado como Secretario de Inteligencia y en 2015, Director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), hasta el fin del mandato de la ex mandataria.

Desde el 2016, Parrilli preside el Instituto Patria y en el 2019 llegó a la Cámara de Senadores por el bloque político Frente de Todos.

Cabe mencionar, que el senador está procesado en la causa del Memorándum con Irán, por lo que enfrenta un juicio oral. En diciembre de 2024, sectores de La Libertad Avanza impulsaron su suspensión en el Senado hasta marzo de 2025.

En su actividad legislativa dentro de la Cámara alta presentó 357 proyectos, de los cuales 130 son de ley, 126 de declaración, 23 de resolución.

Por sexta vez consecutiva se reunió este miércoles la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo del libertario Bertie Benegas Lynch, donde expuso el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, quien planteó que la gestión “busca efectivamente tener una eficiencia en la inserción laboral, un déficit que tenemos hace tiempo” y para lograr ese objetivo es necesario “mantener el equilibrio fiscal”.

Abrió la ronda de expositores el abogado Julio Gabriel Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quien criticó la gestión anterior porque “había una desarticulación entre distintos elementos que tenían que conformar un tronco común que es el desarrollo de la persona durante su vida porque se dejaba de lado algunos conocimientos necesarios en un mundo moderno para encontrar un trabajo digno de calidad. El trabajo estaba, pero la persona no tenía las actitudes para tomarlo”.

En esa línea, explicó que se plantearon dos ejes dentro del Ministerio de Capital Humano como la proyección en el tiempo que “nos llevara a pensar en formar a las personas desde que nacen en un contexto de crecimiento sano”, y el otro eje a lo inmediato porque “teníamos que abordar los dos elementos de manera unificada”.

“En la proyección y en la urgencia se empezó a trabajar en la primera secretaría que es Niñez y Familia pensando que una persona que está bien alimentada desde pequeño tiene mayores actitudes de aprendizaje a la época que necesita estudiar”, indicó y explicó que, por ese motivo, se aumentó la AUH, los planes: “Ahí hubo un carácter inmediato donde se eliminó la intermediación, se llegó a las familias de una manera más eficiente y efectiva a los efectos de permitir que el niño en edad de desarrollo tuviera todo lo necesario con un fuerte incremento”.

Cordero sostuvo que “en la Argentina la educación primaria se encuentra por competencia en cabeza de las provincias, se desarrollaron planes a los efectos de empezar a poder otorgar las capacidades básicas de la persona cuando tuviera que ingresar al mundo del trabajo”.

En lo que respecta al ámbito laboral, explicó que “se desarrollaron diversas acciones e importantes que están más centradas en el pensamiento que tenemos desde el Gobierno. El trabajo no es un elemento más de la sociedad, sino que es central porque tiene una dimensión económica porque el trabajo beneficia a la persona que lo recibe, también al que lo da porque recibe una contraprestación, a la sociedad en su conjunto porque se generan bienes y servicios”.

En otro aspecto, indicó que “hay que profundizar a futuro el aspecto personal de lo que uno recibe en su espíritu cuando trabaja. El trabajo nos permite una inserción social desde lo personal. Queremos que el trabajo no se vea como una mercancía o mercadería, porque el mundo que viene requiere que incorporemos estas dimensiones diferentes del trabajo y que lo llevemos de una manera clara y de una forma legislativamente adecuada”.

El secretario de trabajo detalló que la quinta dimensión se trata de “la dignidad del trabajo porque lleva a un pensamiento de que es infinitamente más importante de lo que cobro por él, si bien el dinero es fundamental, la trascendencia del trabajo es superior a eso”.

“La Ley de Contrato de Trabajo tiene en esta línea una acepción muy buena que dice que, si uno le paga al trabajador, pero no le da tareas se puede considerar despedido. La Ley piensa en la importancia y dignidad del trabajo y de la incorporación a ello. Esto lleva a un orden social”, resaltó.

“Para nosotros es valioso el trabajo en relación de dependencia porque ordena la vida del ser humano. Es valioso el trabajo autónomo y toda la actividad humana que se presenta de una manera prístina para permitir desarrollar lo que somos porque fabricamos riqueza a través de la producción y el trabajo. El dinero es un medio o instrumento, pero si uno crea más dinero artificialmente eso no produce riqueza, simplemente la quita o distribuye entre los mismos. Tenemos que lograr que la Argentina pueda producir y trabajar, ese es el foco”, expresó.

Cordero planteó la inteligencia artificial y la robótica “son instrumentos fantásticos para la humanidad” que hay que aprovechar como herramientas, pero indicó que “tenemos que tener en claro que son al servicio del ser humano y que se incorpora dentro de la actividad, no es excluyente”. “Para que el trabajo sea tomado como digno, tenemos que desarrollar una legislación y protocolos que permita que el ser humano sea el centro del trabajo”, señaló.

Respecto del Presupuesto, afirmó: “Se buscó darle un enorme foco dentro de lo que son los programas de entrenamiento para el trabajo, de inserción laboral, donde se busca que el Estado ocupe un rol más pequeño dando lugar al sector privado que es el que produce riqueza en la sociedad y tratando de darle al Estado sus funciones”.

“Si logramos este equilibrio que permite que el Estado se achoque lo suficiente para permitirle al sector privado ese crecimiento, podemos crear una sociedad magnífica y una Argentina que nos merecemos”, resaltó y agregó: “En este esquema es fundamental mantener el equilibrio fiscal, los principios que el presidente vino a marcar y queremos acompañar este desarrollo”.

Entre los puntos del Presupuesto, detalló: “Tenemos gasto de personal que están presupuestados en $93.000.804.000 que representan el 9,81% del presupuesto; bienes de consumo en la suma de $1.318.000.000 que representan el 0,14%, servicios no personales como alquileres $22.900.000 que representan el 2,4% del presupuesto, bienes de uso por 527.000 representando el 0,06%, programas de empleo y formación $838.059.000 que representa el 87,60%. Claramente el fuerte peso y la gestión busca algo que efectivamente tenga una enorme eficiencia en la inserción laboral de un déficit que tenemos hace tiempo”.

Un salario dinámico en la Reforma Laboral

Cordero aseguró que están trabajando por "convenios de actividad" contemplando todas las actividades del país. "Luego las empresas o particularmente los empleadores que pueden y que negocian con sus propios sindicatos particulares en las propias empresas o con los mismos trabajadores, generan un diferencial hacia arriba para permitir pagarle a los trabajadores mejor. Esto es algo con lo que nosotros venimos trabajando especialmente en hace 2 meses, que es un es un plan de incremento eh salarial dinámico. Y esto es lo que muestra cuando ustedes ven las estadísticas ese diferencial entre los salarios llamados de 'convenio' y los 'salarios reales', que son los que marcan las  empresas y los trabajadores en lo que lleva ARCA".

"El salario real es muy superior y debe serlo al salario básico paritario. Antes el salario básico paritario servía para paliar inflación. Cuando la inflación va bajando, ahora las negociaciones tienen que tratar de otra cosa y ese salario básico tiene que permitir que los empleadores le paguen más y mejor a los trabajadores, que también generen un diferencial y se destaquen. Cuando nosotros hablamos de la palabra 'dinámico', significa que hay trabajadores que conservan su puesto. No queremos que se baje la cantidad de trabajadores, lo que nosotros queremos es que continuando la cantidad de trabajadores e incrementándose la cantidad de trabajadores, los salarios generen este diferencial por mérito y esto es fundamental porque es ese dinamismo que se está proponiendo en el sentido de ahora reunirnos con los sindicatos para encontrar esos elementos objetivos que permitan ese diferencial para las calificaciones", explayó.

La palabra de los diputados

Desde Unión por la Patria, el diputado Sergio Palazzo criticó la situación del salario mínimo, vital y móvil que “cayó en un 34%” y se agravó la situación porque solo alcanza a cubrir un 27% de la canasta básica.  También, cuestionó que hay 127.000 puestos de trabajos no registrados más y 321.000 puestos de trabajo menos porque “si no existe ningún castigo para las empresas que no registran a los trabajadores, difícilmente lo hagan”.

Sobre la reforma laboral que desde UP consideran “regresión laboral” porque debe ser “progresiva, inclusiva y mejorar”, apuntó: “Vuelven a hablar de cosas que en el país ya han pasado y fracasaron porque duplicaron la desocupación. Tenemos que trabajar en la laboralización de los trabajadores de plataformas”.

A su turno, el diputado de izquierda Juan Carlos Giordano indicó que se cerraron “30 empresas por día y 236.000 despidos. Los salarios perdieron un 30% de puntos frente a la inflación acumulada. El INDEC informó que el 80% de los argentinos reciben menos de 900.070 pesos mensuales”. Además, criticó: “La reforma laboral anti obrera pro patronal ya se vivió con Menem donde se remató el ferrocarril, empresas de teléfono, cable, etc. El país quedó hundido y el presidente lo halaga”. “La reforma laboral significa convenios con empresas, periodos de prueba de 3 a 6 u 8 meses abaratando despidos y rotación a pruebas, el verso de la industria del juicio.

La Comisión Investigadora sobre la Criptomonedas $LIBRA, presidida por el diputado Maximiliano Ferraro, se reunió este martes para determinas nuevas medidas de prueba y aprobó apelar a la Corte Suprema de Justicia si el Tribunal rechaza el recurso de apelación y, además, aprobó volver a citar al presidente Javier Milei ante la misma para que preste declaraciones.

En el encuentro se resolvió requerir a las plataformas de servicios de activos virtuales BBAT, Binance, Gateyo, Lemon, Ripio, Buenbit, Velo Bitget, OKX, Coin, Kraken, Crypto.com y Coinbase Coinbase la siguiente información:

1. Identificación de cuentas billeteras abiertas o vinculadas a los siguientes individuos, sea a título personal, autorizado u apoderado como integrante de una sociedad, miembro del directorio, consejo de administración, gerente, socio, gerente o en qué modo alguno lo vincule aquella de Karina Milei, Javier Milei, Manuel Adorni, Agustín Laje, Martín Menem, José Luis Espert y Fundación Faro. En caso de identificación positiva, informe datos completos de registros KC, nombre, apellido, documento, domicilio, correo, teléfono, cuentas bancarias vinculadas.
2. Historial de operaciones en la plataforma desde el primero de julio de 2024 a la fecha, incluyendo depósitos y retiros, criptos, dólares, pesos, compras y ventas de token, conversiones y transferencias internas, sanciones y valets involucradas detallando las fechas, saldos históricos y actuales.
3. Remita copia de alertas internas de compliance, reportes de operaciones sospechosas ROS, congelamientos preventivos, comunicaciones a la WIF u otros organismos regulatorios relacionados con las cuentas de los mencionados.
4. Cualquier correspondencia interna o externa que vincule a las cuentas referidas con el token Libra o con actividades de promoción de redes sociales.

También, aprobaron la autorización a las autoridades de la comisión y presidencia para interponer un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema intervenga en caso de que se revoque la sentencia del 6 de octubre del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Además, se aprobó la citación al presidente de la Nación; la solicitud de expedientes y actuaciones con respecto al ministro de Justicia y a la extitular de la unidad de investigación; y una reiterativa a Fix Flow.

A su vez, los presentes aprobaron una autorización para incorporar en el juzgado federal del doctor Martínez de Georgi y la autorización para la solicitud del auxilio de la fuerza pública para los funcionarios implicados.

El debate

En principio, Ferraro procedió a leer el expediente detallado que remitió el Juez Federal Ramos a la comisión y, luego, puso en conocimiento el informe sobre el estado procesal del recurso de apelación presentado contra la resolución del 6 de octubre en el que se les denegó el pedido de auxilio de la fuerza pública y la comparecencia del fuero federal para la tramitación del pedido.

Ferraro informó que la resolución dictada el 6 de octubre del 2025, el juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Penal N°8 resolvió declarar improcedente el pedido formulado por la comisión para que se dispusiera la comparecencia por la fuerza pública al cuerpo Legislativo a los señores Alejandro Melic, María Florencia Cicabo, Paula Stark y Roberto Emiliano Silva a efectos de que presten declaración testimonial.

El diputado de la CC contó que el pasado 13 de octubre presentaron un recurso de apelación para considerar que la decisión judicial resulta “manifiestamente arbitraria” porque efectúa un reconocimiento meramente teórico de las facultades implícitas del Congreso Nacional y que “se nos niega toda eficacia operativa”, por lo que consideró que “esta contradicción vacía de contenido, la prorrogativa legislativa que se nos que se reconoce en el 75 inciso 32 y transforma el reconocimiento conceptual en una mera fórmula declarativa incompatible con la vigencia efectiva del principio republicano de división de poderes”.

Además, señaló que esa decisión “desconoce la competencia del fuero federal en materia de auxilio judicial del Congreso de la Nación y desnaturaliza la finalidad política y de control institucional que subyace en la actuación de la Comisión Investigadora”.

“Hemos solicitado la tramitación urgente del recurso de apelación, así como la habilitación de días y horas inhábiles. Por resolución del 17 de octubre de 2025, la sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, fijó una audiencia para el día 28 de octubre del 2025 en forma presencial en la sede del tribunal. Frente a esta providencia, el 20 de octubre le hemos solicitado se adelante la audiencia en el plazo más breve previsto, ya que la demora en la resolución del recurso podría causar un daño irreparable a los intereses de la Comisión Investigadora y a las funciones de control del Congreso de la Nación”, leyó el diputado de la CC.

En esa línea, remarcó que “la sistemática incomparecencia de los testigos citados genera un dispenso de la actividad legislativa, en tanto obstaculiza el normal desarrollo de las tareas de investigación encomendadas para la comisión, sobre todo porque los testigos citados revisten de carácter de funcionarios públicos cuyas funciones guardaban una estrecha vinculación con el objeto de investigación”.

Por último, Ferraro avisó que, en caso de que el Tribunal rechace el recurso de apelación, pondrá a consideración de la comisión la vía de apelación extraordinaria ante la Corte Suprema a través de la presentación de un recurso extraordinario federal.

Al pedir la palabra, el diputado Juan Marino (UP) planteó como primera medida que se resuelva volver a citar al presidente de la Nación, Javier Milei, respetando todas las prerrogativas establecidas en la Constitución, en el Código Penal, en el Código Procesal Penal para que “venga a dar explicaciones, a testimoniar y a clarificar sus dichos”.

Marino leyó la respuesta de Ripio -plataforma virtual de Argentina que ofreció Libra públicamente-, luego de que Milei afirmó ante una entrevista de la señal de TN que “perdió el Estado acá nada, digamos, perdió plata los argentinos. Te decía que tengo mis serias dudas. Digo que digo, no creo que sea más de cinco argentinos. Pero desterremos la idea que hay 44,000, o sea, son 5000 y la gran mayoría son estadounidenses y chinos”.

Ripio informó que “1358 usuarios con residencia en el país en Argentina han realizado compra o venta del token mencionado Libra. De estos existen 1329 argentinos. Al momento del lanzamiento del token, la sociedad contaba con 2.145.758 usuarios registrados en Argentina”. Al respecto, Marino apuntó: “Desmiente el discurso del presidente Milei de que esto era algo solamente accesible para público hiper especializado en operatoria en criptomonedas. Entonces, esto es importante porque pone de manifiesto una afirmación abiertamente, evidentemente y objetivamente falsa por parte del presidente”.

NOVEDADES DE LA INVESTIGACIÓN DE LIBRA EN EL CONGRESO

El exchange Ripio, la única que ofreció públicamente la criptomoneda LIBRA a las pocas horas que Milei la lanzó en sus redes, nos informó a los diputados de la Comisión investigadora que 1329 argentinos usuarios de su… pic.twitter.com/YEokV9pRIr

— Itai Hagman (@ItaiHagman) October 21, 2025

En tanto, planteó que “habría que trabajar que los fondos provenientes de la operatoria de Libra podrían estar en propiedad de Javier Milei, de Karina Milei y del propio Hayden Davis”.

Por otro lado, planteó librar un oficio al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por no otorgar el contenido de las actuaciones de la UTI y para que informen bajo qué números de expediente tramitaron en el sistema de documentación electrónico del Estado argentino sus actuaciones. “Porque a esta altura una de las hipótesis que manejamos es que están ocultando algo de importancia que no quieren que conozcamos. Otra de las hipótesis que manejamos directamente es que no hicieron nada”, cerró Marino.

A continuación, su par la diputada Sabrina Selva destacó el avance de la investigación y cuestionó las “obstrucciones que nos está poniendo la justicia que nos impiden acceder al expediente judicial, que nos impide traer a los funcionarios a dar explicaciones”, y precisó que “la justicia viene avanzando más lento que la justicia en Estados Unidos”. Selva reiteró el pedido de información a Fixed Float que “es otro de los exchange que voy a pedir que se ponga a votación porque es información nueva que tenemos que reiterar”, y volvió a solicitar la presencia de los funcionarios ante la comisión para que den explicaciones.

Luego, pidió la palabra la diputada Mónica Frade (CC - ARI) hizo una moción para que se apruebe una autorización en caso que, si los plazos vencen en días que no hay reunión, el presidente de la comisión en su representación arbitre todos los medios y los escritos que haya que dejar y las apelaciones y la cuestión federal que haya que interponer porque “es imprescindible para que la causa termine su proceso”.

“Tenemos una serie de personas acá particulares que han sido citadas y no han venido. Entonces, también voy a mocionar para que se dé autorización. Por supuesto, tenemos que esperar que finalice y que resuelva la apelación sobre el uso de la fuerza pública, pero en caso de que resuelva favorablemente esta comisión, voy a solicitar que demos autorización al presidente de la comisión para que la pida sin más a Mauricio Gaspar Noveli, Terrones Godoy, Sergio Morales, Demi Reidel y para la señorita hermana presidencial Karina Milei. Así que voy a dejar mocionado esos dos pedidos”, cerró.

El diputado de izquierda Cristian Castillo adhirió a citar al presidente Javier Milei para que “dé las explicaciones del caso, es lo que corresponde. Le habíamos girado las preguntas por escrito, no las respondió, así que creo que corresponde, evidentemente, citarlo”.

“Está bien dejar de manifiesto su falta de voluntad en colaborar y aclarar respecto a todos los temas sobre los cual él tiene que dar explicaciones. Le corresponde su obligación dar esas explicaciones”, planteó y consideró que la ausencia de los funcionarios implicados “es una verdadera falta de colaboración”.

👉🏼 Presentan nueva demanda ampliada por el escándalo internacional de $LIBRA:

La Justicia de Estados Unidos recibió este martes 21 una nueva versión ampliada de la demanda colectiva que investiga el fraude internacional de los tokens $LIBRA, $M3M3, $MELANIA, $ENRON y $TRUST,…

— Oscar Agost Carreño (@oagost) October 21, 2025

De forma breve, el diputado Rodolfo Tailhade (UP) sugirió que “tanto en uno como en el otro oficio incorporemos dos apercibimientos o una suerte de apercibimiento. En primer lugar, el bajo percibimiento de formular denuncia penal en orden a la posible comisión del artículo 255 del código, que dice ‘será reprimido con prisión de un mes a 4 años el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente’. Básicamente acá estamos ante la hipótesis de un ocultamiento que tampoco descartaría que fuese una destrucción”.

El segundo oficio, propuso una advertencia al ministro de Justicia de que “nosotros estamos en condiciones de ir a pedirle el registro, el allanamiento de sus oficinas, el allanamiento del edificio del Ministerio de Justicia para que la justicia secuestre el expediente digital.

En esa línea, la diputada Margarita Stolbizer adhirió a las palabras de Tailhade: “Hay que hacer un apercibimiento sobre lo que implica el delito de obstrucción a la justicia y por las características propias de la comisión investigadora que pueden asimilarse”. “Siento que es prácticamente imposible pensar con que se va a poder cumplir con el plazo establecido en la resolución de creación y, por lo tanto, me da la impresión que eso va a ser casi imprescindible”, concluyó.

La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre los hechos relacionado con la utilización en el sistema de salud del fentanilo contaminado, presidida por la diputada Mónica Fein, se reunió nuevamente este martes para recibir a una nueva tanda de expositores.

En el encuentro, que se realizó en el Anexo “A”, expusieron representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital (AAFH) quienes coincidieron en manifestar su total compromiso con la salud de los pacientes y que, para ello, tanto las plantas y los procesos están sometidos a intensos controles.

En otro aspecto, expresaron pesar y solidaridad con los familiares de las personas fallecidas, además de estar a plena disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos investigados y el reclamo de justicia. También, consideraron que los sucesos están relacionados al incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y control. Por último, reafirmaron la importancia del cumplimiento normativo, donde el rol tanto de la autoridad sanitaria como de la industria son centrales.

Al inicio del encuentro, Fein estimó finalizar con las reuniones informativas la próxima semana con la presencia de los referentes de ANMAT, del Malbrán y de control de calidad del Ministerio de Salud. “La semana que viene deberíamos, de alguna manera, terminar con los expertos invitados”, planteó. Además, comentó que el próximo 3 de noviembre harán una reunión en Rosario cerca del mediodía en el Concejo Municipal, ya que “Santa Fe es una de las provincias que más familias afectadas tuvo”.

Representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios

Abrió la ronda de expositores el Gerente de Asuntos Jurídicos de CILFA, Mariano Genovesi, quien expresó su pesar y solidaridad con las familias y su compromiso para el reclamo de justicia. Así, aclaró que ninguno de los laboratorios que están siendo investigados forman parte de la cámara y tampoco tienen relación.

Luego, expuso Ignacio Spotti, gerente de Asuntos Regulatorios de Laboratorios Adium, quien contó: “Soy farmacéutico hace más de 15 años tanto nacional como internacional. Como farmacéuticos profesionales de la salud y responsables técnicos, queremos manifestar que el principal compromiso es con la salud de los pacientes y para ello las plantas y procesos están sometidos a extensos y estrictos controles”.

“Las plantas están auditadas y aprobadas por autoridades regulatorias extranjeras. Toda nuestra actividad está regida por normas claras y específicas aplicables a todo el ciclo de vida del medicamento desde el desarrollo hasta el uso del paciente, pasando por la selección de insumos y proveedores, proceso productivo, control y garantías de calidad, almacenamiento y distribución, y el fármaco vigilancia”, explicó.

Spotti sumó: “La industria nacional cuenta con una infraestructura, procesos y procedimientos robustos con profesionales capacitados y herramientas de control que aseguran las buenas prácticas de manufactura y control. Los estrictos cumplimientos de estos principios garantizan que los medicamentos que llegan a la población cumplan con los más altos estándares de calidad, seguridad y eficacia”.

A su turno, Rosana Hilal, directora de Asuntos Regulatorios y codirectora técnica de Laboratorio Gador consideró que “los hechos investigados por la comisión están relacionados a incumplimientos de las buenas prácticas de fabricación y control”.

Hilal planteó que “es un error conceptual considerar a la bio equivalencia como parte del problema. La tragedia de fentanilo no tiene nada que ver con la bio equivalencia”, y explicó que se trata de un requerimiento cuyo propósito es demostrar equivalencia determinada forma farmacéutica y determinados principios activos y precisó que está “normatizado y tiene determinado alcance”.

“Está particularmente excluido una forma farmacéutica líquida inyectable como a que estamos tratando del fentanilo. La bio equivalencia no tiene nada que ver acá”, aclaró y sumó: “Todo indicaría que la causa fue el incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y control”, ratificó.

Jorgelina D’ Angelo, gerente de Asuntos Regulatorios y directora técnica de Laboratorios Roemmers reafirmó la “importancia del cumplimiento normativo donde el rol de la autoridad sanitaria y de la industria resultan centrales. Es hora de fortalecer ANMAT hay que garantizarle recursos, autonomía y respaldo institucional”.

“Estos hechos investigados por esta comisión estarían plenamente relacionados con el incumplimiento de buenas prácticas de manufactura y control que están establecidos en las normativas”, cerró.

La palabra desde la Asociación de Farmacéuticos y médicos

Luego, hablaron Giannina Cinqui y Matías Quiroga, presidenta y vicepresidente de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital (AAFH). Cinqui sostuvo que “es importante que la autoridad sanitaria nos proteja, nos cuide a los profesionales de la salud, que nos controle, pero que también pueda cuidar a los pacientes y a la población”.

En otro aspecto, la titular de Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital lamentó: “Muy triste lo que ocurrió, sobre todo porque se podría haber evitado y que les costó la vida a muchas personas”. “Hay falta de inversión y políticas que entiendan que la salud es un derecho y que el medicamento es un bien social”, recalcó.

Desde el mismo organismo, su vicepresidente afirmó que “la disposición de farmacéuticos a nivel nacional es escasa”. En esa línea, explicó que “la realidad es que no hay tantos profesionales como la demanda que tenemos, y no hay capacidad con los farmacéuticos que contamos de ocupar todos los puestos sanitarios que se requieren, que es un problema que viene arraigado desde la facultad, que no se ha podido incentivar a los estudiantes para estudiar la carrera de Farmacia, siendo una de las que tiene menor desocupación en el país”.

El doctor Carlos Damin, especialista en toxicología y en salud pública, quien es jefe de la División Toxicología y director del Hospital Fernández, especificó que “el fentanilo es una sustancia muy noble que usamos todos los días hace más de cuarenta años en el país, en los pacientes que ingresan al quirófano, a las terapias intensivas, a las terapias neonatales y en cada una de las cirugías veterinarias”.

Sobre el caso puntual, aseguró que “lo que se rompió con este hecho es la confianza que depositamos cada uno de nosotros en las partes del uso de un medicamento”. “Lo que vino a hacer esta situación es producir un daño inconmensurable, porque lo que provoca es el daño en la gente que ahora pregunta ´ ¿me van a dar fentanilo? ´. Entonces, ¿cómo le explicas a la gente que el problema no fue el fentanilo, que fue la ampolla que produjo un laboratorio y que, en realidad, lo que producían las muertes eran las dos bacterias que estaban acompañadas adentro?", relató el médico Damin.

Antes de concluir su alocución, Damin dejó una reflexión sobre lo ocurrido con el fentanilo adulterado: “Es dramático, no solo por el número de personas que fallecieron, sino por la pérdida de confianza, esta ruptura de confiabilidad, que es una de las cosas que nos ha hecho fuertes siempre, que es nuestra salud pública”.

Asimismo, Mirtha Jaime, representando a la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), ratificó que “esto ha sido una gran tragedia”. Luego, al remarcar que “señalamos desde el inicio la crisis que se venía por las políticas de ajuste”, criticó que “hubo un mutismo absoluto de parte del ministro Lugones durante cuatro meses”.

La Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, a cargo del radical Flavio Fama, reanudó este miércoles el debate sobre la modificación de la Ley de Biocombustibles con la presencia de los representantes de cinco instituciones que expusieron su opinión al respecto.

Abrió la ronda de debate Fernando Rodríguez Canedo, director Ejecutivo de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), cuyo perfil productivo es “netamente exportador”, generador de divisas por 9 mil millones de dólares por año, representa el 10% total de las exportaciones del país, el 47% del total de exportaciones de manufacturas de origen industrial.

Con respecto a los proyectos, se mostró disconforme y anticipó que no lo acompañarán porque “son totalmente contrarios a los intereses nuestros y generan mucha imprevisibilidad” en una industria que es de capital de trabajo intensivo.

“Uno de los proyectos establece la posibilidad que, a mayor oferta de insumos, mayor sea el corte. Eso nos genera un nivel de imprevisibilidad y no hay ninguna experiencia en el mundo que así lo determine. Los países que definen o cambian cortes como India, Indonesia, Tailandia, Brasil, se dan entre 3 a 5 años la posibilidad para hacer esos ajustes y tiene que ver con las adecuaciones que tienen que hacer las terminales en términos de inversión, desarrollo de proveedores, pruebas en campo, en laboratorio, modificación de normas, el proceso de homologación de los vehículos”, explicó.

Fernando Canedo (ADEFA) Foto: comunicación Senado

Además, indicó que “no encontramos a nivel mundial ningún antecedente que se fije esto, que sea creciente dependiendo la oferta. La realidad es que todos los países fijan máximos tanto en el corte del biodiesel y etanol, pero nunca de manera atada a lo que son los insumos ni tampoco a un corte progresivo en el tiempo. Es imposible para la industria automotriz ir cambiando el corte permanentemente y más si le sumamos la incógnita de si va a haber oferta o no de los insumos”. Canedo ejemplificó que en la Unión Europea la directiva del cambio de salto del etanol del 5 al 10% es del 2009 y recién lo aplicaron en el 2020.

El titular de ADEFA también argumentó su contraposición por los cortes que están fijados en ambos textos “en uno se habla de 15%, otro de 18%. Son dos cortes que no existen en ningún lugar del mundo, lo cual serían cortes específicos para Argentina y eso primero nos aislaría porque el 60% de lo que producimos lo exportamos a países que no tienen este nivel de corte. Pondríamos en riesgo el 60% de lo que producimos porque ninguno de los países que exportamos tiene estos niveles de corte y deberíamos hacer inversiones específicas”.

“También generaríamos un perjuicio a los consumidores porque en la oferta local, el 50% de lo que se patentó en el 2025 lo cubrimos con 11 modelos y en la escala no llegan a 18 mil. Ningún país en el mundo va a hacer un desarrollo para estos cortes. Se va a perjudicar la industria local y la oferta de productos importados”, cerró Canedo y propusieron debatir en conjunto un proyecto porque “la industria necesita previsibilidad y seguridad jurídica”.

Foto: Comunicación Senado

Desde el Instituto del Petróleo y el Gas, Pamela Vacca, analizó que en los últimos 20 años que estuvo vigente el régimen donde los precios estuvieron regulados y los cupos “no nos ayudó a fomentar la industria. Esto generó distorsiones en el mercado local y creemos que un mercado abierto es un punto importante”.

“Nos parece que el mercado abierto va a fomentar nuevas inversiones para el sector. Integrar corrientes vegetales dentro de las refinerías genera un gran valor agregado porque podemos obtener la misma molécula fósil, pero de un componente bio. Este es un proyecto que tiene que estar sobre la mesa donde el mundo está yendo y es súper relevante estas corrientes de co procesamiento”, planteó.

Vacca consideró que “hay que mantener el corte actual del 7,5% y, en el caso del bioetanol, proponemos que puede haber una diferencia entre el 12 y el 15% como corte voluntario. Esto puede ser utilizado como un medio sobre demandas. Hay que poner un marco dentro de lo que es el origen de la ley con una matriz energética actual”. Así, planteó que “hay que orientar los recursos en el co procesamiento, buscar alternativas de mejorar la oferta a los consumidores. Hay que generar un consenso”.

A su turno, Federico Martelli de la Cámara de PyMES Elaboradoras de Biocombustibles, manifestó el “claro rechazo al avance de la ley propuesta por la liga de provincias bioenergéticas tal como fue planteada”.

“Es una ley que tiene un título atractivo como aumento del corte, de la actividad agro industrial, aumento del valor agregado, pero atrás de ese título de molde existe la redacción de un articulado que centralmente en el planteo puntual del biodiesel conduce a la concentración de la producción de biodiesel en una sola provincia que es Santa Fe, en detrimento de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis”, criticó.

Martelli remarcó que “no se trata de una ley de consensos en el plano del biodiesel, pero si en el bioetanol y tiene un gran impulso de las provincias que lo producen. Pero en el plano del biodiesel donde cuatro de las cinco provincias donde se produce no se manifestaron a favor y se oponen”.

“Las empresas que represento producen el 60% del biodiesel del mercado interno, sin embargo, no son tenidas en cuenta nuestras posiciones de un re articulado para no vernos perjudicados. No es de consenso”, apuntó y agregó que violan la seguridad jurídica: “Cambiar las reglas de juego a mitad de camino es todo lo que la Argentina no tiene que hacer”.

Foto: Comunicación Senado

“Esta ley no genera nuevas inversiones en el mundo del biodiesel”, remarcó Martelli y alertó: “Esta ley condena a la quiebra a una parte importante de las PyMES y a otra parte importante las condena a la supervivencia porque reduce su participación en el mercado”.

Así, cerró: “Con un corte del 10% que implica una producción global 1.240.000 toneladas, de aprobarse esta ley, 1.028.000 toneladas van a pasar a producirse en la provincia de Santa Fe y solo 211.000 toneladas van a quedar para Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis. De este modo, Santa Fe pasa de producir actualmente el 40% a producir el 82%. Por eso nos oponemos al proyecto y estamos a completa disposición para trabajar la redacción de un articulado que defienda nuestros intereses que empieza por reconocer que, al menos el 7,5% del cupo, debe ser repartido entre las compañías PyMES que, actualmente, entregan para el mercado interno”.

Contrariamente, el presidente del Centro de Azucareros Argentino, Jorge Feijoo, respaldó: “El bioetanol está unido, sea de caña o de maíz. Este proyecto de ley que apoyamos decididamente no vino de la nada”.

“Estamos de acuerdo porque apunta a un cambio de normas que urgen frente a la normativa actual. Apunta a un cambio porque pasa de tener cupos por empresas y precios fijados por el Estado, a unas licitaciones competitivas, transparentes por precio y por volumen que tenga topes en la paridad de importación para garantizar la competitividad del mercado”, afirmó.

A su vez, consideró que el proyecto tiene un aumento del corte al 15% y mantener la participación de estas materias primas. En esa línea, desmintió al representante de ADEFA y sostuvo que “no es verdad que no haya países con el 15% como Estados Unidos y California. No produce problemas en los autos”.

Feijoo remarcó que los aumentos de corte previstos en el proyecto “no producen impacto fiscal, en el precio del consumidor y sin impacto en las petroleras. Desde la ley de biocombustibles del 2016 se crearon 50 industrias sin RIGI, sin subsidios, sin preventas ni beneficios fiscales”.

Por último, Daniel Ciaffone, en representación dela Cámara Argentina de Energía, cuestionó que la ley le costó 16 mil millones de dólares al país para el fisco, industria, consumidores. “Hace casi 20 años existe un marco regulatorio cuyos beneficios están reservados para un pequeño grupo de empresas que no es libre ni competitivo y es discrecional”.

“Se limita la producción de biocombustibles exclusivamente a aquellos provenientes de soja, azúcar y maíz”, indicó y criticó el proyecto de ley de la senadora Vigo porque “pretende mantener cerrado el mercado de biocombustibles, impidiendo la libertad de inversión, comercialización y de participación para sostener un régimen costoso, ineficiente y desleal”.

En el marco de una reunión conjunta de las Comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas; Justicia; Energía y Combustibles; Finanzas; y Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados Mónica Fein (EF), Manuel Quintar (LLA), Lorena Villaverde (LLA) y Bertie Benegas Lynch (LLA), respectivamente, obtuvo dictamen de mayoría con 88 firmas el proyecto por el cual se declara la Emergencia productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en todo el territorio nacional.

En ese sentido, y como autor de una de las iniciativas, el diputado Carlos Heller (UP) explicó: “Es entender que existe una situación en el país que amerita esa declaración de emergencia que tiene alcances vinculadas a lo fiscal, laboral, financiero y tarifario. El plazo sería por un año y el Poder Ejecutivo Nacional podrá prorrogarla por igual plazo, en caso de mantenerse las causas que dieron origen a la misma”.

Heller precisó que plantean la suspensión de las ejecuciones fiscales, de corte de servicios y se facilitan moratorias diversas con quita de intereses y con años de gracia. También, indicó que excluyen PyMES medianas tramo 2 porque “su contextura, mercados y posibilidades no tienen nada que ver con micro PyMES. Incluimos a cooperativas, fabricas recolectadas y actores de la agricultura familiar”.

Además, proponen la exención total del impuesto al cheque, la reducción al 50% del anticipo del impuesto a las ganancias que le corresponda abonar, suspensión de intereses resarcitorios y punitorios de ARCA, devolución de IVA a consumidores que compren en MiPyMES por el 25% del IVA tributado en productos de primera necesidad.

“S establece la reducción del 50% de contribuciones patronales por nuevas contrataciones y prohibición de despidos durante la vigencia del beneficio. Combinamos alivio directo fiscal, justicia tributaria y un incentivo al consumo interno a través de la devolución del IVA”, indicó.

Desde el bloque Democracia para Siempre, la diputada Danya Tavela respaldó los proyectos mencionados por el diputado preopinante, mientras que su par Christian Castillo (PTS-Frente de izquierda) informó que presentarán un dictamen de minoría.

Por su parte, la diputada Daiana Fernández Molero (PRO) explicó que “no acompañarán los proyectos”, al argumentar que “no es porque no crean que las Pymes están pasando una situación complicada, sino porque este tipo de proyectos no resuelven los problemas de fondo, sino que los agrava”. “Necesitamos soluciones y no parches; necesitamos menos impuestos”, puntualizó, al agregar: “Espero que podamos discutir una reforma tributaria seria".

A su turno, la diputada Mónica Frade (CC) manifestó el apoyo de su bloque, aunque con alguna disidencia, al considerar que, con esta norma, “se cierra un círculo que tiene que ver con el empleo, el consumo, la producción, la justicia y el incentivo al empleo".

Luego, el diputado Julio Moreno Ovalle (LLA) explicó el rechazo a la norma, al remarcar: “No hagamos políticas con leyes de parches; hagamos proyectos globales y superadores”. “Las Pymes son una preocupación del Gobierno y por eso se anunciaron las próximas reformas tributarias, laborales y previsionales”, resaltó.

Además, la diputada Natalia Sarapura (UCR) expresó que se trata de “un avance para darle beneficios a las pymes para que puedan seguir creciendo”; mientras que, desde Encuentro Federal, la diputada Alejandra Torres anunció: “Vamos a presentar un proyecto que, como trata la problemática de las MIPYMES, es importante que esté como dictamen en minoría”. Finalmente, la diputada Paula Omodeo (CREO) manifestó: “Vamos a presentar un dictamen de minoría con cuestiones que si pueden ser una solución”.

De cara a avanzar con un proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental que regule la aplicación de productos fitosanitarios, un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados se reunió este martes con expositores invitados que coincidieron en la necesidad de contar con un marco normativo. El próximo martes harán otro encuentro de carácter informativo.

El titular de la Comisión de Agricultura, Atilio Benedetti (UCR), informó que “este proyecto de ley no es una novedad en esta Cámara de Diputados, ya que ha tenido otros intentos y viene a responder a una necesidad postergada que es encontrar una ley que establezca presupuestos mínimos de cuidado ambiental, de protección a la salud y de posibilitar la producción agropecuaria para vastas regiones del país”.

“La ley es necesaria porque alguien puede pensar, o decir con razón, que es potestad de los distritos, de las jurisdicciones, de las regiones y provincias legislar en esta materia, pero la realidad es que tenemos un país federal y que hay distintas realidades en las diferentes regiones del país y que hay algunos lugares donde sí se ha abordado el tema, pero otros están totalmente desamparados y descuidados”, indicó.

El entrerriano sostuvo que “se pretende que el Congreso de la Nación sancione una ley de presupuestos mínimos. A partir de ahí dependerá de cada estado provincial la adopción de medidas complementarias”.

“Es un tema que en los últimos dos años se quiso meter debajo de la alfombra, pero la realidad es que de cada 10 hectáreas que se cultivan, 9 se cultivan con tecnología que se utiliza la aplicación de productos fitosanitarios. El 90% de las 38 hectáreas están incluidas en la necesidad de hacer esta regulación que estamos proponiendo. Es una actividad que necesita ser regulada. La actividad de aplicaciones es uno de los procesos más complejos, sensibles, pero más necesario de la agricultura”, explicó.

La palabra de los expositores

Abrió la ronda de expositores Ramiro Costa, coordinador General de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), quien explicó que dicho organismo “es un espacio de diálogo y de generación de consensos para encontrar soluciones a los problemas de la actividad”.

“Los ochenta integrantes que componemos la Red tenemos muchas expectativas sobre el proyecto de ley y demuestra que la construcción pública-privada es posible. Tenemos muchas expectativas en este proyecto de ley”, remarcó.

Desde la misma entidad, Nieves Pascuzzi, coordinadora Técnica de la RedBPA, detalló los hitos principales del proceso de trabajo en los acuerdos interinstitucionales de la Red para lograr los consensos necesarios y lograr acordar un proyecto unificado.

“Este año luego de varias reuniones con legisladores, que enriquecieron el proceso, llegamos a un texto mejorado tras casi once años de trabajo priorizando una mirada productiva-ambiental, consideramos que una norma en este sentido de base que genere condiciones claras y que tenga esta mirada es un avance para el sector productivo. Es necesario tener una ley en este sentido”, planteó.

En tanto, Eugenia Magnasco, RedBPA por CREA, hizo hincapié en porqué es necesario contar con una ley de presupuestos mínimos: “Existe una preocupación en la sociedad por la aplicación de fitosanitarios porque hay un vacío legal. Hay normativas municipales y provinciales son heterogéneas respecto de criterios, distancias y requisitos, muchas veces sin base científica. También, hay una creciente judicialización. Asimismo, existe una necesidad de compatibilizar las actividades productivas agropecuarias con la protección de la salud humana y del ambiente”.

Ramiro Cid, de la RedBPA representando a FEARCA y EX-INTA, precisó que el proyecto define varias zonas, como la zona sensible que “es aquella que no se puede hacer ningún tipo de aplicación agrícola” como pueblos, escuelas o zonas protegidas por ser parques nacionales o corrientes de agua; aledaño a esa, tenemos una zona de exclusión, donde no es posible hacer ningún tipo de aplicación; y, al margen de la zona de exclusión, de forma adyacente, está la zona de amortiguamiento, que al margen de requerir buenas prácticas, requiere además una serie más de requerimientos.

Luego, Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales de la provincia de Córdoba y como titular de la Comisión Federal Fitosanitaria, afirmó que “es necesaria una ley nacional que fije y armonice los objetivos, principios y procesos”.

“Necesitamos un marco nacional de coordinación, no de uniformización, porque las provincias somos heterogéneas, ya que tenemos producciones, climas, realidades, poblaciones y organización territorial distintas”, manifestó.

Al respecto, el funcionario cordobés instó que se identifique a los diferentes actores involucrados, como usuarios responsables, aplicadores, asesores fitosanitarios y expendedores. Además, que se instrumente la herramienta de la ley: la receta fitosanitaria, como así también que se instrumente los registros necesarios y que se contemple las sanciones a las faltas en los procesos, entre otras cuestiones. En contrapartida, Blanda consideró que “no es una ley de presupuestos mínimos, sino que se necesita una ley ordinaria que regule los aspectos generales y cotidianos de la vida social y económica”.

El presidente de CONINAGRO, Lucas Magnano, subrayó que “es sumamente importante la presentación de un proyecto de estas características que le hace un gran aporte a los productores para tener previsibilidad y certezas”. “Necesitamos que desde el Congreso tengamos una ley que ordene, con claridad y de una plataforma para empezar a ver a Argentina de aquí hacia adelante en un sendero de incremento de producción”, analizó. El presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, ponderó que la ley tiene como finalidad “primero en la persona, segundo en el ambiente y luego aumentar la producción”.

✅ El Presidente @lucasmagnano participó en Diputados de una reunión informativa de la Comisión de Agricultura y Ambiente junto a entidades y legisladores de distintos bloques encabezados por @atiliobenedetti y @maxiferraro. Presentaron un proyecto de ley que busca establecer… pic.twitter.com/k11GxV44wD

— CONINAGRO (@CONINAGRO) October 14, 2025

Las expresiones de diputados

A su turno, el diputado nacional Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista FIT-Unidad) pidió que tengan voz los que “estamos en contra” de la ley entre otras cuestiones por “el uso de agro tóxicos en cercanía”. “Vamos a pedir que quienes sufren a diario vengan a exponer”, agregó.

Desde La Libertad Avanza, Pablo Ansaloni, anticipó todo su apoyo para encontrar la mejor ley que le “haga bien a los empresarios, a los pueblos y principalmente a los trabajadores”.

El presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, realizó algunas consideraciones políticas sobre la temática. “Este debate no puede partir de prejuicios, sumado a que debe salir de falsas dicotomías que se presentan sin ningún tipo de seriedad o evidencia científica a la hora de debatir. Es por ello, que tenemos que establecer reglas muy claras para construir consensos para armonizar la producción con la salud y la protección ambiental”, recalcó.

Con respecto al proyecto, ratificó que “con esta ley aspiramos a dar un paso más a la construcción necesaria de una agricultura mucho más moderna, competitiva y ambientalmente sostenible”.

Coincidentemente con Giordano, la diputada Blanca Osuna (UP) planteó como “indispensable escuchar las voces de otros actores que complementen la visión de quienes participaron hoy, principalmente poniendo primero en valor a la salud humana”.

En una fugaz reunión informativa la Comisión de Cultura de Diputados, presidida por la catamarqueña Silvana Ginocchio (UP), se disponía este martes a recibir al secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, y al presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano, pero ninguno de los dos asistió por lo que volverán a convocarlos.

El encuentro estaba agendado para este martes a las 17.30 en la Sala 4 del 3° piso del “Anexo A” a fin de hablar sobre la gestión de las plataformas públicas de exhibición digital Cine.ar TV y Cine.ar Play; la retención de fondos con destino específico al Fomento y Producción de Cine y Audiovisual argentino Cine y Artes Audiovisuales; no consideración de las resoluciones de la Asamblea Federal del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y otros temas relacionados.

“Esta presidencia no ha recibido ningún tipo de respuesta con respecto a la citación que fue cursada a través de los mecanismos formales que están establecidos por la Cámara. No tenemos la convocatoria y nos preocupa porque los temas son específicos que hacen a una realidad que vive hoy la cultura específicamente un tema como el de Cine.ar y Cine.ar play”, expresó Ginocchio.

Al respecto, planteó que “de la reunión informativa de la semana pasada surgieron temas de interrogantes de profunda trascendencia e importancia y hubiese sido importante escuchar a Cifelli y a Pirovano en cuestiones puntuales. No tenemos hoy su asistencia”.

A su turno, el diputado Pablo Carro (UP) lamentó la ausencia de los funcionarios y recordó que “cuando estuvo Cifelli el año pasado no habló del INCAA porque se había comprometido a venir con Pirovano y todavía los estamos esperando. Estamos preocupados por el reservorio de películas, por los empleados, por el fomento. Nos falta la información que necesitamos y es una pena que no estén acá para responder sobre sus funciones de trabajo”.

“Pediría que se los vuelva a invitar en la fecha que ellos consideren oportuno, en esta ocasión ni contestaron. Parece que esa es la actitud que tienen los funcionarios del gobierno. Creo que hay que insistir”, planteó.

Esa solicitud fue recogida por la titular de la comisión quien manifestó: “El pueblo de la nación está solicitando respuestas sobre lo que está pasando con la cultura por eso vamos a insistir con la citación y que establezcan los días que pueden venir a la Cámara”.

La Comisión de Defensa Nacional, presidida por el diputado Ricardo López Murphy (EF), se reunió este martes para dictaminar una batería de proyectos de diversas temáticas, entre ellos el proyecto enviado por el Ejecutivo que solicita la autorización del ingreso y egreso de tropas al territorio.

Al inicio de la reunión el titular de la comisión procedió a pasar a la firma el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que por el cual se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de él, de fuerzas nacionales. En ese momento, pidió la palabra la diputada Agustina Propato quien señaló que hay un “claro incumplimiento de los plazos en el envío de los ejercicios militares porque tendrían que haber llegado la primera semana de marzo”.

Propato advirtió que este martes salió publicado en el Boletín Oficial un DNU que autoriza a dos ejercicios militares que “están contenidos en el paquete de propuesta a tratar hoy. Uno es con Chile y el otro es con Estados Unidos”, y alertó: “Lo cierto es que queremos denunciar que sistemáticamente se viene repitiendo esta situación”.

La diputada de UP remarcó que la Constitución Nacional en su Artículo 75 “le otorga y le confiere esta facultad al Congreso de la Nación de autorizar los ejercicios militares porque se trata del ingreso de tropas extranjeras a nuestro territorio y la salida de nuestras tropas fuera de nuestro territorio”.

“Es un tema que claramente compromete, o por lo menos, genera dudas acerca de la seriedad con que están realmente llevando adelante estas cuestiones. Ya lo vivimos en otras oportunidades y en este caso queremos denunciar que claramente estamos frente a una flagrante violación de la Constitución Nacional. Se están exponiendo a nuestras fuerzas armadas a un acto que tiene características de nulidad y que tiene características de inconstitucionalidad”, apuntó.

“Embajadores Merlenses por Malvinas”

Otro de los proyectos que pasaron a la firma declara el interés de la Cámara de Diputados al programa “Embajadores Merlsenses por Malvinas” impulsado por el Municipio de Merlo. Se trata de un programa municipal que tiene como objetivo fortalecer la memoria colectiva y reafirmar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas en estudiantes de nivel secundario.

“Embajadores Merlsenses por Malvinas” tiene como objetivo fortalecer la memoria colectiva y reafirmar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas a partir de un concurso de arte, conocimiento y creatividad que promueve la participación inclusiva de estudiantes del nivel secundario de escuelas privadas y estatales, CENS y FinEs. Este programa municipal, premia a diez ganadores con un viaje a Malvinas junto a veteranos de guerra.

En ese marco, la diputada Roxana Monzón (UP), destacó que “no solo es un proyecto educativo, sino que es un proyecto de puente generacional que, entiendo, debe ser analizado como una herramienta pedagógica, pero también es un proyecto que tiene que ver con lograr justicia para los que dieron la vida por la causa Malvinas”.

“El proyecto entiende a los jóvenes como protagonistas de esta historia, como portadores de la causa Malvinas. Demás está decirles que los jóvenes siempre han sido protagonistas de grandes cambios y esta no es la excepción. Necesitamos que los jóvenes sean emblema de creatividad, necesitamos jóvenes con compromiso para seguir defendiendo la causa Malvinas, son el motor de los cambios históricos”.

“El municipio de Merlo ha sido sede fue el origen de este programa donde los jóvenes de las escuelas secundaria se manifiestan de diferente manera sobre la causa Malvinas. A través de una canción, del teatro, poesía, tik tok, ellos se expresan y manifiestan su sentir. Como premio a esta actividad que realizan, se les da la posibilidad de que 10 que ganan el concurso puedan viajar a Malvinas”, contó.

A su turno, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez quien es impulsor del proyecto comentó: “Trajimos una delegación de Merlo compuesta por nuestros primeros 10 embajadores merlenses para Malvinas, hay dos héroes de guerra, docentes que trabajaron en la propuesta que consiste en sumarse a otro programa que hay en Merlo que consiste en reencontrarse con el lugar de combate de los veteranos que lo deseen”.

“Esperamos que sea una causa que pueda unir a todos los argentinos más allá de las diferencias en otros temas, pero que la historia y el futuro nos pueda unir en ese sueño que tienen millones de argentinos de recuperar las islas y que así lo sientan estas nuevas generaciones”, planteó.

En tanto, el diputado Aldo Leiva (UP) y ex combatiente de Malvinas sumó: “La lucha continua, hoy, las armas son diferentes y tienen que ver con la educación, por eso, instarlos al compromiso con la Patria es fundamental”.

“Que Merlo sea el ejemplo, si cada provincia llevara a un grupo de veteranos junto a familiares de los caídos, no estaría faltando ninguna flor en ese lugar sagrado”, instó María Fernanda Araujo (LLA).

En el mismo contexto, se aprobó el proyecto de ley que reconoce al Brigadier Jorge Francisco Martínez en la “Guerra del Atlántico Sur” y le concede la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”

Asimismo, los legisladores reiteraron pedidos de informe al Poder Ejecutivo sobre la situación de IOSFA; solicitaron información sobre la posible venta de inmuebles del ejército argentino ubicados en la provincia de Córdoba; expresaron preocupación y rechazo a la Resolución N° 39/2025 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que convoca a la subasta pública del inmueble que se encuentra afectado al Regimiento de Infantería 1 "Patricios", entre otros.

También, se pasó a la firma el proyecto que se reconoce al brigadier (R) “VGM” Jorge Francisco Martínez en la “Guerra del Atlántico Sur” y concédase la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”. Además, la iniciativa que declara Héroes Nacionales al teniente coronel Juan Francisco Borges y al brigadier y capitán general Juan Felipe Ibarra.

Con más de 100 muertes a causa de fentanilo contaminado, la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que preside la diputada Mónica Frade (CC), mantuvo este martes un segundo encuentro en el marco del estudio de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas (NSP) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

En esta ocasión, el doctor en Ciencia Política, Luis Ignacio García Sigman, coordinador de proyectos sobre drogas sintéticas de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, expuso sobre los “Mercados ilegales de opioides sintéticos en el Cono Sur”.

"El foco lo vamos a poner en los mercados ilegales de opioides en la región", indicó Sigman en el inicio del encuentro y definió a los opioides como “todas aquellas sustancias cuya estructura molecular es afín a los receptores opioides del sistema nervioso central y también del sistema gastrointestinal”.

Así, procedió a explicar los diferentes tipos de sustancias: “Podemos hablar de opioides naturales como el opio la morfina y la codeína, que habitualmente son conocidos como opiáceos. Por otro lado, podemos hablar también de opioides semisintéticos que son aquellos opioides que requieren de una base orgánica y, además de la intervención de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, en un proceso de fabricación lícito para obtener los como la heroína. Finalmente podemos hablar de opioides sintéticos que no requieren de ninguna base orgánica para su obtención, sino que se pueden obtener a partir de la síntesis derivada de la utilización de precursores químicos. Encontramos el fentanilo y remifentanilo”.

“Una dosis letal de heroína son 20 mg, de fentanilo son 2mg y carfentanilo son 0.2mgs”, precisó por lo que destacó que “la cooperación internacional es fundamental para el abordaje de este tipo de casos”.

Asimismo, alertó que “vemos un incremento en la frecuencia de procedimientos en los que se secuestra fentanilo farmacéutico, lo que forma parte de una tendencia amplia a nivel regional en América latina y el Caribe”.  A nivel nacional, destacó que: “Casi la mitad de los procedimientos recientes se dieron en CABA Y PBA; y uno en las provincias de Formosa, Misiones y Mendoza."

En cuanto a las organizaciones delictivas, Sigman, explicó que “se identificaron grupos delictivos que contaban con al menos alguno de sus miembros relacionados con el ámbito de la salud.” “También detectamos organizaciones que tenían tradición en la venta de drogas que prevalecen en la región, pero que también operaban con ampollas de fentanilo farmacéutico. Y organizaciones que contrabandean fentanilo farmacéutico en la región", detalló.

"El alcance de la dinámica criminal, hasta 2025, tanto la operación de desvío como la oferta ilícita se daba dentro del territorio nacional, a partir del 2025, identificamos operaciones de tráfico intrarregional", agregó.

En la segunda parte de su exposición, Sigman abordó las diferencias entre los mercados ilegales de opioides sintéticos con los de América del Norte y los riesgos potenciales para la región.

Este domingo es el plazo límite para que los distintos frentes electorales en Santa Cruz presenten las listas de candidatos que competirán en las elecciones del 26 de octubre del 2025 donde se ponen en juego tres bancas en la Cámara de Diputados cuyos miembros no renovarán.

Se trata de los actuales diputados nacionales Roxana Reyes (UCR), Serio Acevedo (Por Santa Cruz) y Gustavo “Kaky” González (UP) quienes decidieron no presentarse a le reelección.

Así, el oficialismo provincial de Claudio Vial eligió como principal candidato de su lista al actual Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno, José Daniel Álvarez. Estaría secundado por Gisella Martínez, secretaria del vicegobernador de la provincia.

De la vereda de enfrente, el frente Fuerza Santacruceña que reúne al peronismo (Partido Justicialista, Kolina, Unión Popular) eligió al cura Juan Carlos Molina para encabezar lista a diputados nacionales. El religioso fue cercano al Papa Francisco y a la ex presidenta Cristina Kirchner. Molina había sido titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) entre 2013 y 2015, durante la segunda gestión de CFK.  El cura estaría acompañado por Moira Lanesán Sancho del sector de Pablo Grasso. En el tercer lugar se confirmaría a Amadeo Figueroa abogado de Caleta Olivia.

Por el lado de La Libertad Avanza, aparece el nombre de Jairo Guzmán, presidente del espacio en Santa Cruz y titular del PAMI. Estará acompañado por Perla Gómez de la Fuente, Matías Alzugaray, Analia Barría, Giovany Albea y Paula Álvarez, quienes buscarán acceder a una banca en el Congreso Nacional.

En esta ocasión, el Pro irá con candidato propio a las elecciones y, de esta manera, eligió a ex concejal y ex candidato a Intendente de Río Gallegos Leonardo Roquel. La lista se completa con Andrea Gallegos y Horacio Padín.

El partido ARI-CC en Santa Cruz confirmó la nómina de sus precandidatos para competir en las elecciones de diputados nacionales, siendo cabeza de nómina Pedro Muñoz, secundado por Mariana Olmos, una reconocida profesional de la ciudad de Caleta Olivia, que aportó su trayectoria en el ámbito local y regional. En tercer lugar, fue incluido Omar Fernández, dirigente de Pico Truncado identificado como un opositor firme dentro del espectro político provincial.

En tanto, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, postuló para encabezar su lista a Gabriela Ance militante del Partido Obrero. La acompañan Luis Díaz, de la Izquierda Socialista, y Oriana Toloza, del MST.

La fuerza UNIR también irá con candidatos a diputados, cuya nómina quedó conformada por Diego Bavio, quien fue candidato a parlamentario del Mercosur, Graciela Julio y Rodolfo Gilio. Por último, el Nuevo MAS confirmó a Jorge Jesús Mariano al frente de la lista, histórico militante del partido y empleado mercantil. Será acompañado en segundo término por Victoria Gaspari.

De cara a las elecciones del 26 de octubre, el oficialismo provincial de Neuquén a cargo de Rolando Figueroa pone en juego un escaño de los tres en disputa en la Cámara baja, mientras que por el Senado arriesga una banca de las tres que se renovarán. En cuanto a UP

Por el lado de la Cámara de Diputados dejarán sus cargos Tanya Bertoldi (UP), Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino) y Pablo Cervi (La Liga del Interior aliado al Gobierno nacional).

El pronóstico es de alta polarización entre el Frente La Neuquinidad del gobernador Figueroa y La Libertad Avanza. En tanto, el peronismo buscará perder lo menos posible en unos comicios donde arriesgará más que ninguna fuerza en un escenario atomizado.

De esta manera, el gobierno provincial eligió para encabezar su nómina a Karina Maureira, secundada por Joaquín Perrén y María José Rodríguez. En tanto, La Libertad Avanza eligió a Gastón Riesco para que encabece la nómina, seguido de Soledad Mondaca y Joaquín Figueroa.

Por su parte, Fuerza Patria hizo una alianza compuesta por el Partido Justicialista, el Frente y la Participación Neuquina (FyPN), el Partido Solidario y Libres del Sur. Así, postuló como candidata principal a Beatriz Gentile que es rectora de la Universidad Nacional del Comahue. El segundo puesto es para Fernando Pieroni y en tercer lugar irá Mercedes Lamarca.

La lista de Fuerza Libertaria es encabezada por el actual concejal capitalino Joaquín Eguía, secundado por Victoria Grandi y Mariano Rolla. Mientras que el Frente de Izquierda postuló a Julieta Ocampo, César Parra y Florencia Beltrán.

Además, la lista de Más Por Neuquén eligió a Amancay Audicio, Ramón Fabián Palavecino y Malena Julieta Ortiz. Por Desarrollo Ciudadano irán con la ex vicegobernadora destituida Gloria Ruiz, Carlos Roberto Cides y Laura Rosana Nievas. Por último, la lista de Unidad Popular solo presentó candidatos a Diputados, Claudio Vázquez y Anahí Ruarte.

Senado

En cuanto al Senado, se ponen en juego tres bancas correspondientes a Silvia Sapag y Oscar Parrilli, (ambos de UP) y Lucila Crexell que responde al gobierno provincial. Estos dos últimos no renovarán su lugar y dejarán el Congreso el 10 de diciembre de 2025.

De esta manera, la lista del Frente La Neuquinidad postula como candidatos principales a Julieta Corroza y a Juan Luis Ousset. Mientras que La Libertad Avanza eligió a la actual diputada nacional Nadia Márquez y al “radical peluca” Pablo Cervi como principales candidatos para el Senado.

Un paso más para defender la libertad y el futuro de Neuquén y el país.

Soy candidato a Senador Nacional por Neuquén, junto a Nadia Márquez en la lista de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo del Presidente @JMilei. Nos une la convicción de seguir construyendo un país… pic.twitter.com/xzHXkFJOeu

— Pablo Cervi (@CerviPablo) August 15, 2025

Por Fuerza Patria la actual senadora Sapag busca la reelección, secundada por Sebastián Villegas que buscará retener el lugar de Parrilli. En tanto, la lista de Fuerza Libertaria irá con Carlos Eguía y Cintia Meriño.

También presentó candidatos el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) con Andrés Blanco y Priscila Otton Araneda. En cuanto al frente Más Por Neuquén la boleta es encabezada por el dirigente de ATE Carlos Quintriqueo y la ex escribana general de la provincia de Neuquén Ana Sandoval. Por último, la lista de Desarrollo Ciudadano eligió a Marisa Torres San Juan y Luis Alberto Vázquez.

La Comisión de Defensa Nacional, que preside el diputado Ricardo López Murphy (EF), dictaminó un conjunto de proyectos que rinden homenaje a producciones literarias y audiovisuales a los veteranos de la guerra de Malvinas, y que reconocen a distintos protagonistas de la historia nacional como héroes. También se dio curso a proyectos de resolución y pedidos de informes sobre diversos temas.

El titular de la comisión comentó que el próximo martes 19 viene la Escuela Superior de Guerra Conjunta a las 11.30. A su vez, rindió homenaje a la Fuerza Aérea Argentina que el domingo 10 se cumplió el 113° aniversario del nacimiento de las fuerzas.

“Se celebra por el decreto del presidente Roque Sáenz peña que creó la escuela de aviación militar en los terrenos del Palomar donde está el asiento de la primera brigada aérea. La institución tiene como misión específica organizar, mantener y alistar la Fuerza Área de la Nación con el fin de contribuir a la defensa nacional ejerciendo la soberanía en el espacio aéreo”, planteó.

López Murphy leyó: “Asimismo a través del intituto de formación a lo largo de los años ha preparado y perfeccionado a su personal revalorizando su vocación, de modo tal, que todos sus integrantes asuman la responsabilidad de contribuir al cumplimiento de los exigentes objetivos de la institución”.

“Desde su comienzo la fuerza aérea trabajó con responsabilidad y firmeza para corresponder ética y profesionalmente al cuidado de los intereses que nuestra Constitución le ha conferido”, sumó y contó: “No puedo omitir que mi memoria el día 10 de agosto se concentró en los aviadores que cayeron en combate en defensa de la soberanía”.

Luego, se aprobó el reconocimiento al libro “Helicópteros en Malvinas” de autoría del Comodoro Julio Brouwer de Koning, veterano de la guerra.  “Este libro, ‘Helicópteros en Malvinas’, de autoría de mi tío, que fue combatiente, pretende ser un aporte documental y humano, narrado desde la primera persona, pero con un sentimiento colectivo", destacó Gabriela Brouwer de Koning (UCR).

"Malvinas es una causa nacional irrenunciable, el Estado tiene la obligación de honrar y preservar el legado de quienes dieron la vida por nosotros: nuestros veteranos”, explicó la legisladora y agregó: “Pretende ser un puente entre generaciones, para que los jóvenes comprendan la magnitud de lo que sucedió en Malvinas, así como honrar y reconocer a los héroes”.

Por su parte, Julio Brouwer de Koning, autor del libro agradeció a los presentes “por seguir considerando a los veteranos de Malvinas que luchamos por la Patria”.

En el mismo sentido, los diputados dieron curso a la declaración de interés del documental “Malvinas: legado de sangre” que relata la historia de veteranos de la guerra que regresaron a las islas 42 años después del conflicto armado.  “En el documental, se muestra cómo los veteranos, por primera vez, pudieron contar y compartir con sus nietos e hijos, todo lo que vivieron", señaló la diputada Roxana Monzón (UP), impulsora del reconocimiento.

A su turno, la diputada Silvana Ginocchio (UP), argumentó el proyecto de ley de su autoría que postula como héroe nacional al General Post Mortem, Felipe Varela: "Dedicó su vida a la defensa del federalismo, somos orgullosos herederos de Felipe Varela, esa resistencia perdura".

En la misma línea, los legisladores dictaminaron en favor de declarar como héroe nacional a Bernabé Araoz, a Francisco Bruno de Gurruchaga. Así como el reconocimiento al Brigadier veterano de la guerra de Malvinas, Carlos Antonio Tomba; y a la compañía de ingenieros de montaña 5 “General de División Enrique Mosconi”, entre otros.

La Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas y Adolescentes, presidida por Natalia Sarapura, se reunió este martes para continuar con el concurso público a fin de elegir un nuevo titular de la Defensoría del Niño y les hicieron un particular pedido a los miembros del oficialismo.

Sarapura contó que “se inscribieron más de 200 postulantes para el cargo”, y precisó que del 22 al 28 de julio se hará un análisis, resolución y notificación de las impugnaciones. Además, se establecieron los lineamientos para el examen escrito, la metodología, criterio de confidencialidad, entre otros aspectos. Según explicaron, se garantiza un proceso de evaluación: “Transparente, seguro y respetuoso”.

El secretario de la comisión explicó que el Consejo Asesor Técnico propondrá los bloques temáticos de preguntas y respuestas con la modalidad de verdadero/falso, opción múltiple o consigna a desarrollar. Se conformarán seis bloques temáticos, siendo del 1 al 5 conformados por preguntas de opción múltiple y verdadero o falso, mientras que el bloque temático 6 incluirá consignas de desarrollo. Las preguntas y respuestas serán debidamente entregadas el 25 de julio, en forma impreso.

“Los integrantes de la Comisión Bicameral serán los únicos responsables del armado del examen. Los mismos determinarán el día para realizarlo en sesión reservada. El escribano público se presentará el día pactado con los sobres lacrados y custodiará todo el proceso. Para cada bloque temático de preguntas, se designará a dos legisladores de la Comisión Bicameral los cuales procederán a realizar un sorteo para extraer 14 preguntas para cada tema, totalizando 28 preguntas por bloque sin alteración alguna del material original propuesto por el consejo asesor técnico”, precisó.

Además, informó sobre las consignas a desarrollar de las propuestas de los consejeros, se elegirán cuatro, dos para cada tema al azar por un miembro de la Comisión Bicameral. A su vez, la confección del examen será realizada exclusivamente por los miembros de la Comisión Bicameral bajo supervisión directa del escribano.

Sarapura aprovechó la oportunidad de la presencia de dos legisladores oficialistas para pedirles “la viabilidad y la gestión de los recursos para el presupuesto de los concursos porque hasta ahora no se ha otorgado el presupuesto para dar cuenta. Estamos trabajando con presupuesto del año pasado y eso es fundamental”.

“Lamentablemente no estamos contando con el asesoramiento, el acompañamiento legal como lo hizo la comisión anterior que contó con el apoyo del Departamento de Asuntos Legales ni del escribano de la casa, por eso se está trabajando con el Colegio de Escribanos de la Ciudad”, criticó.

Por el oficialismo, alzó la voz su coterránea Vilma Bedia quien le respondió: “El presupuesto lo tiene que gestionar usted –Sarapura- no el oficialismo y hacer el proceso”.

Pidió la palabra la diputada de UP Eugenia Alianiello remarcó que el tema del presupuesto “lo hablamos más de una vez. Me sorprende senadora Bedia lo que dice porque hicimos una nota a la presidencia. Es un día importante para avanzar. Ustedes que son parte del oficialismo estaría bueno que viabilicen eso”.

“Hay mucho para hablar de este tema y sería bueno poder profundizarlo más adelante porque hay situaciones que nos podrían mejorar la dinámica del concurso si tendríamos el presupuesto asignado a la Bicameral”, sentenció Sarapura.

La titular de la comisión también planteó que se le ha solicitado al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que el examen se realice en el recinto. “Estamos esperándola respuesta y les solicito que nos ayuden en las gestiones porque esta presidenta tomó todas las medidas administrativas de gestión, de diálogo y, hasta ahora, no ha logrado tener unas respuestas positivas”.

“Los insto a que podamos colaborar todos para la realización del examen. Sería ideal el recinto porque cumple todas las condiciones. Seguimos insistiendo en la posibilidad que sea en el recinto. Nos parece que es el mejor lugar, el que cumple con todas las exigencias por la cantidad de concursantes que tenemos, pero también por todas las herramientas técnicas y de tecnología que tiene”, ratificó Sarapura.

Dado que el recinto del a Cámara de Diputados se encuentra bajo reformas, la senadora Bedia solicitó que, considerando que hay 230 inscriptos para este proceso, " que la comisión y la presidencia no bajen los brazos para que el examen se haga en el recinto. Sería un hecho histórico para esta bicameral, que impulso un Consejo de Asesor técnico ad honorem y que son los ojos del pueblo los que están esperando este proceso."

A su vez, la senadora Cora reclamó que "el lugar natural donde se tiene que llevar el examen es el recinto, no podemos estar dando vueltas. Al menos que haya un deseo manifiesto de que esto no funcione y que sea de entorpecer".

El calendario para elegir al Defensor sigue con la notificación previa al examen escrito, que tendrá lugar el 1° de agosto. En tanto, la fecha definitiva para la definición de los candidatos y su elevación a las Cámaras será el 22 de septiembre.

Durante este jueves, el Senado de la Nación llevó adelante la constitución de cuatro comisiones permanentes de Industria y Comercio; Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; Economías Regionales, Economía Social y Micro, Pequeña y Mediana Empresa; y Deporte, en cuyas reuniones se procedió a la designación de autoridades, la determinación de días y horarios de funcionamiento y la presentación de un plan de trabajo para el presente período parlamentario.

Comisión de Industria y Comercio

La primera en conformarse fue la Comisión de Industria y Comercio en la que fue designado como presidente de la misma el senador santafecino Marcelo Lewandowski (FNyP), mientras que la vicepresidencia quedó para la macrista Guadalupe Tagliaferri y en la secretaría el radical Eduardo Galareto.

De acuerdo al artículo 103 del Reglamento que establece fijar días y horarios de reunión, se acordó que sea los martes a las 15.

Al hacer uso de la palabra, el santafecino expresó: “Esta comisión es fundamental y muy importante, es un ejemplo y alternativa que nosotros, desde esta cámara que representa a las provincias, debemos dar a un sector que es fundamental y básico que es la industria y el comercio, la producción genuina que tiene nuestro país y debemos atender más que nunca”.

“Esta comisión va a tener un trabajo arduo por todo lo que representa la industria y cada año trae sus preocupaciones. Tenemos que hacer un calendario de invitaciones para que expongan el problema de la industria y el comercio en el país”, planteó el jefe del bloque de UP, José Mayans.

Lewandowski comentó que van a girar todos los informes y proyectos presentados que tienen estado parlamentario para empezar a debatir muchos de ellos que “es una comisión que lamentablemente recién se conforma y hay muchas alternativas. Somos cabecera de muchos proyectos, otros se superponen con la Comisión de PyMES. Creo que podemos tener un trabajo mancomunado y hacer un plenario sería importante. Quiero que esta comisión apure proyectos”.

Foto: Comunicación Senado

A continuación, pidió la palabra la senadora chubutense Edith Terenzi quien, pese a no integrar la comisión, quien comentó que tiene un paquete de proyectos sobre inclusión referidos al autismo y uno de ellos está en la comisión. Se trata de un proyecto que establece la obligatoriedad para el rubro gastronómico para adaptar sus cartas con pictogramas. “Los pictogramas son dibujos que permiten que quienes tienen dificultades cognitivas, sobre todo a la condición del espectro autista, tengan la posibilidad de tener en sus manos una carta que puedan leer. Esto significa inclusión y libertad de elegir, de independencia”.

Terenzi se mostró decepcionada porque “es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo. Este proyecto ingresó en el 2021. En 2022 obtuvo dictamen unánime en las dos comisiones que fue girado. En el 2022 no pudimos lograr que se lo tratara en el recinto y perdió estado parlamentario. Cuesta un montón que lleguen al recinto”.

“Lo volvimos a presentar que tiene cabecera en Población e Industria. La última vez que esta comisión se reunió fue en diciembre de 2022. Le voy a poner todas las fichas a esta comisión a ver si funciona y si en algún momento se trata. Me duele no poder hablarnos y tratarlos y que luego no llegan al recinto”, manifestó.

El presidente de la comisión le respondió: “Queremos ponerle todas las ganas y yo no podía entender cómo esta comisión no estaba conformada. Lo que depende de la producción, venimos de provincias vinculadas al comercio y en el momento en que estamos transitando, no tener una respuesta desde estos lugares ni siquiera desde una comisión que toque esos temas, no estamos respondiendo al mandato”.

También se expresó la senadora fueguina Eugenia Duré quien se refirió a la cuestión de Tierra del Fuego: “Quiero recordar a lo que refiere al Régimen de Promoción Industrial de la provincia. Tenemos un proyecto de declaración por los 53 años que cumplimos el pasado 16 de mayo de la industria fueguina. Tierra del Fuego es el polo industria del país y ha sufrido en este año y medio taques a la industria por parte del presidente de la Nación. Queremos tratar este tema que refiere a la soberanía industrial y a los trabajadores que tienen en sus contratos y no saben qué va a pasar”.

En el mismo sentido se pronunció el radical Pablo Blanco quien propuso realizar un evento donde puedan asistir sectores vinculados a Tierra del Fuego a que expliquen lo que significa la industria electrónica a efectos de tratar de traer claridad porque “hay afirmaciones tanto de sectores políticos y de la prensa que nada atine que ver con la verdadera industria radicas en el sur y la importancia es la misma”.

Al cierre, se pronunció la vicepresidenta de la comisión: “Es importante empezar a escuchar a la industria y poner en tratamiento los proyectos y escuchar a los diferentes sectores industriales de cada región”.

Comisión de Medios y Libertad de Expresión

Luego fue el turno de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, que eligió por unanimidad como presidenta a la senadora Carolina Moisés (Convicción Federal). Quedaron en reserva las designaciones de la vicepresidencia y secretaría.

Durante el encuentro, senadores manifestaron su preocupación y repudio a los reiterados agravios del presidente de la Nación, Javier Milei, contra periodistas. y plantearon la necesidad de “generar protecciones ante los ataques permanentes a determinados periodistas solamente por opinar diferente”.

Comisión de PyMEs

A continuación, se reunió la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que ratificó por unanimidad a la senadora Nora Giménez (Unidad Ciudadana) como presidenta. Las designaciones para vicepresidencia (UCR) y secretaría (Pro) quedaron en reserva. Se acordó que la comisión se reunirá los miércoles a las 12.

La senadora Giménez expresó: "Agradezco el fuerte acompañamiento durante los años anteriores. Fue una gran responsabilidad y es un honor poder seguir presidiendo esta comisión donde se defiende a sectores comprometidos con el trabajo y la producción".

“Con esta gestión tenemos cifras alarmantes, y preocupantes y convocantes para que podamos desde el Senado hacer un aporte trascendente a través del trabajo parlamentario. Desgraciadamente nos ha quedado de la gestión anterior proyectos tratados y aprobados en comisión, y que no fueron tratados en el recinto. Venció el plazo y perdieron estado parlamentario. Será parte de la gran tarea que tenemos que llevar delante de la comisión que es amplia, que tiene que ver con economías regionales”, expresó.

“Es un sector del país que hoy cruje”, alertó Del Valle Giménez a fin de convocar una fuerte y comprometida acción y bregó para que “trabajemos con el mismo impulso y lleguemos a concretar con las iniciativas para que sean ley”. Por último, la legisladora reafirmó su compromiso con el desarrollo de las PyMEs y señaló que trabajará para concretar la reforma integral de la ley pyme, que es un importante anhelo del sector.

Al pedir la palabra, el radical Víctor Zimmermann afirmó que “hay un enorme desafío, sobre todo para nuestras provincias del norte, necesitamos de la mano de emprendedores y medianas y pequeñas empresas para dinamizar la economía. Hay un tema central donde tenemos que acelerar la discusión que tiene que ver con un RIGI para las PyMEs”.

“Cuando se votó el RIGI para grandes inversores, había un compromiso de un RIGI para pequeños emprendedores, es un programa de apoyo. Tenemos un desafío enorme para esto”, concluyó.

Comisión de Deportes

Por último, se llevó a cabo la reunión constitutiva de la Comisión de Deporte cuya presidencia quedó en manos de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana), la vicepresidencia para el bonaerense Maximiliano Abad (UCR); y la secretaría vacante. Se definió que la comisión funcionará los días jueves a las 14.

Al asumir la presidencia, la senadora Fernández Sagasti agradeció la confianza depositada y destacó su intención de imprimirle una "fuerte impronta de acción" a la comisión que “hace tiempo no está en funcionamiento”.

Foto: Comunicación Senado

“Sabemos que el deporte en el país está en discusión. Quienes creemos que es una inversión en salud y valores y también está quienes creen que solo es un negocio. Estamos discutiendo en el país qué clase de política deportiva queremos tener. Estoy segura que desde nuestros diversos puntos de vista vamos a encontrar puntos en común para trabajar. También recibir a las diferentes voces de clubes de barrio que son el corazón del deporte y también al deporte de alto rendimiento que está pasando una crisis muy importante por el desfinanciamiento que están atravesando y al deporte paraolímpico y de inclusión”, explayó.

El libertario Bartolomé Abdala y el radical Pablo Blanco solicitaron que la comisión se reúna cada 15 días para “analizar los proyectos a favor de los chicos del país que tanto esperan de nosotros”.

“Voy a vetar cualquier cosa que atente contra el déficit cero y el equilibrio fiscal”, fue la advertencia que el presidente de la Nación, Javier Milei, hizo hacia la oposición en el Congreso ante los eventuales leyes aprobadas que impliquen un costo presupuestario al Gobierno. Y cumplió ya en tres ocasiones.

Este martes, el Gobierno vetó la ley que declaraba la emergencia por inundaciones en Buenos Aires, puntualmente Bahía Blanca. Lo hizo a través del decreto N° 238/25, publicado en el Boletín Oficial, donde se indica que el veto es total.

La iniciativa había sido aprobada originalmente en Diputados por unanimidad el 12 de marzo –incluido el propio oficialismo-, pero el Senado terminó aprobando otro el pasado 7 de mayo, de autoría de Juliana di Tullio, Eduardo “Wado” de Pedro y Maximiliano Abad, que era muy similar y también salió por unanimidad. Finalmente se convirtió en ley el 5 de junio cuando el pleno del Cuerpo de la Cámara baja ratificó el texto que venía en revisión, pero en esa ocasión los libertarios votaron en contra. El resultado de la votación fue de 153 votos a favor, 32 en contra y ninguna abstención.

La norma creaba un fondo de 200.000 millones de pesos para la asistencia y reconstrucción de las ciudades afectadas por el catastrófico temporal. El Fondo Especial se integrará a través de las reasignaciones de las partidas presupuestarias que ordene disponga el jefe de Gabinete de Ministros. Se destinaría a otorgar subsidios y créditos para la reconstrucción de la estructura edilicia pública del Estado nacional, provincial y municipal afectada, para la construcción y reparación de viviendas de la población afectada, para reconstrucción y reparación que permita la normalización de los servicios públicos, y para la refuncionalización de actividades económicas que se hayan visto afectadas.

Movilidad jubilatoria la primera ley vetada

La declaración de emergencia a Bahía Blanca es la tercera ley a la que Milei le aplica el veto. Ya lo había hecho en dos ocasiones anteriores. El primer veto lo firmó contra la reforma de la fórmula de actualización de las jubilaciones por considerar que comprometía la sostenibilidad fiscal del Estado.

Tras un consenso entre la oposición más dura y la dialoguista, el 4 de junio se debatió en una extensa sesión el proyecto de ley que establecía una fórmula de movilidad jubilatoria y una recomposición del 8,1% para los haberes de la clase pasiva.

La iniciativa, cuyo dictamen era de los bloques UCR, HCF, IF y CC, resultó aprobada por 160 votos positivos, 72 negativos y 8 abstenciones, alcanzando así dos tercios de los votos de los presentes. Por esta media sanción fue que Milei llamó más de una vez “degenerados fiscales” a los legisladores, y también los culpó de la suba del dólar y el riesgo país.

Así las cosas y tras un debate que se extendió por más de ocho horas, Unión por la Patria y los llamados bloques “dialoguistas” (UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y Coalición Cívica) establecieron un acuerdo para establecer un cálculo que contempla el índice de inflación como referencia -al igual que el DNU-, pero suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE). A su vez, establecía una garantía para el haber mínimo, que tendrá como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total, que en abril fue de 268.012 pesos.

La iniciativa, cuyo dictamen era de los bloques UCR, HCF, IF y CC, resultó aprobado por 160 votos positivos, 72 negativos y 8 abstenciones, alcanzando así dos tercios de los votos de los presentes. Por esta media sanción fue que Milei llamó más de una vez “degenerados fiscales” a los legisladores, y también los culpó de la suba del dólar y el riesgo país.

Los votos a favor fueron 97 de Unión por la Patria; 34 de la UCR; 13 de Hacemos Coalición Federal; 8 de Innovación Federal; 6 de la Coalición Cívica; los 2 de Por Santa Cruz y Osvaldo Llancafilo del MPN. En tanto, los votos en contra fueron de La Libertad Avanza (36); Pro (30); MID (3); Ricardo López Murphy por HCF, y Buenos Aires Libre (2). Finalmente, las abstenciones correspondieron a la izquierda (5); las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo y Paula Omodeo (Creo).

Dos meses después, puntualmente el 22 de agosto de 2024 el Gobierno sufrió un nuevo revés cuando el Senado de la Nación aprobó definitivamente la ley con 61 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención, también con los dos tercios. Los votos positivos de los bloques UP, UCR, Pro, Cambio Federal, Unidad Federal, los dos santacruceños del Frente Por Santa Cruz y la senadora del bloque JSRN. En contra, además de los seis senadores libertarios, votó la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro).

En menos de 24 horas, el presidente anunció el veto a la ley de movilidad jubilatoria. Lo hizo a través de un comunicado que fue difundido a través de la cuenta oficial de la Oficina del Presidente en donde cuestionaba la iniciativa porque, según el oficialismo, tenía como único objetivo “destruir el programa económico”.

“El Congreso Nacional, en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, argumentaron desde Casa Rosada.

Así, anticipaban que “el proyecto sancionado con la anuencia de todos los partidos políticos es una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal; y por lo tanto será vetado por este Gobierno, el cual no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido”.

Esa advertencia se cumplió el 2 de septiembre cuando el presidente firmó el veto completo de la norma con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 782/2024, que constaba de tres artículos, el primero de los cuales observaba en su totalidad el proyecto de ley, mientras que en el segundo indicaba la devolución a Congreso del proyecto. De esta manera, el Parlamento disponía de la potestad de decidir si aceptaba el veto o insistía con la iniciativa. Y así lo hizo la oposición.

El texto volvió a la Cámara de Diputados en su carácter de cámara de origen donde debía ser aprobado con los dos tercios de los votos de los presentes y, si eso ocurría, el mismo proceso debería pasar en el Senado, pero eso no sucedió.

Con una gran movilización a las afuera del Congreso, el 11 de septiembre se convocó a una sesión en la Cámara baja que había sido solicitada por diputados de la UCR, Encuentro Federal y la CC. Finalmente, el oficialismo se alzó con el triunfo y logró blindar el veto presidencial contra la ley de movilidad jubilatoria tras contar con la ayuda de sus aliados y un grupo de cinco radicales.

Con el ojo puesto en las ausencias que achicaban mayorías para un lado y para el otro, por sobre todo en aquellos legisladores que respondían a sus gobernadores, el timón giró a favor de La Libertad Avanza y la votación resultó con 153 votos positivos, 87 negativos y 8 abstenciones. Hubo 8 ausentes. Con esa cantidad de diputados sentados, la oposición requería de 166 votos a favor para sostener la ley. Le faltaron 13. Durante la primera aprobación, los dos tercios se habían conseguido con 160.

Un día antes de la sesión convocada, el Gobierno había mantenido una reunión en Casa Rosada con cinco diputados de la UCR: Mariano Campero, Pablo Cervi, Luis Picat, Martín Arjol y Federico Tournier, quienes después de ese encuentro confirmaron que darían vuelta su voto (tres meses después fueron expulsados del Comité Nacional de la UCR). Solo Tournier no había estado en junio, pues todavía no era diputado. Ello, desató una fuerte interna dentro de la bancada radical. Al igual que ellos, también otros legisladores cambiaron de postura, incluso algunos de Unión por la Patria que responden a sus gobernadores.

Así las cosas, ocho radicales cambiaron su voto (de 7 afirmativos y un ausente a 5 negativos, 2 ausentes y 1 afirmativo); UP aportó por la afirmativa 97 en junio y 98 esta vez; el Pro cambió ausentes por negativos y uno pasó al apoyo de la ley; Innovación Federal modificó la posición a favor por la abstención; la izquierda pasó de abstenerse a acompañar; y el oficialismo solo perdió el voto de la mendocina Arrieta, quien ya no forma parte del bloque. Su logro fue haber construido los dos tercios con aliados y el puñado de radicales.

Financiamiento Universitario, la segunda ley vetada

Previamente a que el oficialismo lograra blindar el veto a la movilidad jubilatoria, el 15 de agosto la oposición llevó al recinto de la Cámara de Diputados el tema del financiamiento Universitario que proponía garantizar mayores fondos para las Casas de Altos estudios de carácter público durante todo el 2024.

Tras una maratónica sesión que se extendió por más de 20 horas, recibió la media sanción el segundo dictamen de minoría correspondiente al bloque radical, de los cuatro que se habían presentado. La votación resultó con 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención, correspondiente al mendocino Lisandro Nieri.

Un mes después, precisamente el 13 de septiembre, la ley se sancionó en el Senado con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención. Los votos en contra correspondieron a los legisladores de La Libertad Avanza, más los senadores del Pro Carmen Álvarez Rivero, Alfredo De Angeli y Enrique Göerling Lara, más el formoseño Francisco Paoltroni. Se abstuvo María Victoria Huala y estuvieron ausentes Lucía Corpacci, Silvina García Larraburu, Gerardo Montenegro y Rodolfo Suárez.

El 2 de octubre, Milei vetó la norma bajo el Decreto 879/2024, poco después de la Marcha Federal Universitaria. El presidente, justificó la decisión al argumentar que el financiamiento debía discutirse en el marco del Presupuesto Nacional 2025 y no mediante leyes “populistas”.

El veto fue ratificado en una sesión que se llevó a cabo en Diputados el 9 de octubre y la oposición no pudo salvar la Ley de Financiamiento Universitario. La votación por la insistencia de la norma, que debía reunir dos tercios de los presentes, resultó con 159 votos positivos, 85 negativos y 5 abstenciones.

En menos de un mes, el oficialismo anotaba una victoria más al lograr un tercio de legisladores que le permitieron sostener la decisión presidencial del veto, quienes fueron calificados por el presidente Javier Milei como los “85 héroes”.

A La Libertad Avanza los acompañaron sus aliados: 35 del Pro -excepto dos y un ausente-; 2 del Movimiento de Integración y Desarrollo; 3 tucumanos de Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo; la monobloquista de CREO Paula Omodeo; y 4 diputados de la UCR -Martín Arjol, Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier-. También lo hizo José Luis Garrido, del bloque Por Santa Cruz, alineado al gobernador Claudio Vidal; sin embargo, su compañero votó en contra del veto. En tanto, el radical Pablo Cervi, el quinto diputado de la UCR del grupo que se fotografió con Milei y había apoyado el veto sobre jubilaciones, se abstuvo en esa ocasión.

El veto, un as bajo la manga de Milei

Esta herramienta Constitucional que Milei convirtió en un “as bajo su manga” está establecido en la Constitución Nacional, cuyo artículo 83 especifica: “Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año”.

En concreto, esto significa que el camino que debe hacer el veto es: si una ley fue aprobada por mayoría especial en Diputados y, quizás también en el Senado, el Poder Ejecutivo puede vertarla sin importar el número con el cual fue sancionada. No importa si fue por unanimidad o dos tercios. La puede vetar total o parcialmente.

Las cámaras pueden insistir, pero esa insistencia, para ser válida, tiene que ser también, sí o sí, por los dos tercios. En ambas cámaras. En ese caso, de suceder eso, el presidente ya no puede hacer nada al respecto. En el caso de que las cámaras insistan, pero no se alcancen esas mayorías especiales necesarias, el tema no puede volver a ser tratado durante todo el año legislativo. Cabe aclarar que cuando se habla de 2/3, estamos hablando de legisladores presentes.

Con un clima caliente y picantes discusiones, se llevó a cabo la cuarta reunión de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que preside la diputada Natalia Sarapura (UCR), en la cual se logró aprobar por mayoría un cronograma de trabajo de cara a la designación de un nuevo Defensor, cargo acéfalo tras la salida de Marisa Graham.

“Este procedimiento se encuentra definido en la Ley 26.061 y en la resolución 14 del Reglamento interno que la comisión ya discutió”, aclaró Sarapura y destacó que el cronograma es “con las mayores expresiones de consenso y preocupación porque hay que garantizar que el concurso sea aplicado con la mayor eficiencia y con el ajuste al reglamento”.

Sarapura afirmó: “Hemos construido procesos de acuerdo, de análisis, y de aplicación del Reglamento en una vocación colectiva que supere las cuestiones partidarias, y ponga sobre la mesa la realización de un concurso que sea ajustado al Reglamento y a la necesidad de tener, de la manera más eficiente y rápida, un defensor en el marco de la Ley 26.061”. El cronograma que se aprobó por mayoría establece:

• Publicación de la convocatoria: 17 y 18/06.
• Inscripción de postulantes e inicio opcional de la presentación del plan de trabajo: del 19 de junio al 3 de julio.
• Publicación del listado de admitidos y no admitidos: del 4/07 y 5/7.
• Recepción de impugnaciones y adhesiones: del 7 al 21 de julio.
• Resolución de impugnaciones: del 22 al 28 de julio.
• Notificación de examen anónimo 29 de julio
• Examen escrito anónimo:  se realizará el 1ero de agosto
• Corrección examen anónimo: del 4 al 6 de agosto.
• Publicación de listado de postulantes aprobados: 8 de agosto.
• Fin de recepción del plan de trabajo y su publicación vía web: 11 de agosto.
• Convocatoria audiencia pública: el 12 de agosto.
• Recepción de preguntas para las audiencias públicas: 13 de agosto.
• Periodo de corrida de vista del examen descargo y resolución de correcciones: 11 y 12 de agosto/ y 13 y 14 de agosto.
• Fin de recepción de preguntas para las audiencias públicas: 20 de agosto.
•  Audiencias públicas con postulantes: del 28 de agosto al 1ro de septiembre.
• La propuesta estipula como fecha de “definición de candidatos, la elevación a las Cámaras, la reunión de comisión Bicameral y el voto del Defensor para el 22 de septiembre” próximo.

El artículo del reglamento que desató el debate acalorado

Por las fechas para la publicación del listado de admitidos y no admitidos del 4/07 y 5/7, el diputado libertario Nicolás Mayoraz hizo una observación: “4 de julio es jueves, por lo que la recepción debería ser el 8 de julio, no el 7 porque no es 4 y 5, es 4 y 7 de julio”. El santafecino hizo hincapié en que debían ser dos días hábiles y planteó que la recepción de impugnaciones debería ser del 8 al 22 de julio”. La presidenta de la comisión le aclaró que el Reglamento en el artículo 7 establece dentro de los dos días hábiles posteriores. “Proponemos hacerlo el 4”, retrucó.

Mayoraz redobló la apuesta y remarcó que “el Reglamento dice que se hace dentro de los dos días, esto quiere decir que no hay un plazo de gracia. El día 7 termina ese día, usted no puede reducir los plazos, esa opción es del interesado no de la comisión”.

La diputada radical procedió a leer textual el artículo 7: “Listado de postulantes y publicación dentro de los dos días posteriores al cierre de la inscripción. La Comisión Bicameral deberá confeccionar la lista de postulantes admitidos y no admitidos, dejando debida constancia de los motivos de la exclusión. Este plazo puede ser prorrogado por única vez por el mismo término cuando las razones debidamente fundadas lo requieren. El historial de los postulantes admitidos junto con sus reseñas personales resumidas, tal como figura en el formulario de inscripción, debe ser publicado en el sitio web de ambas cámaras del congreso se refiere a dos días”.

Lejos de conformarse, Mayoraz volvió a plantear: “De ser publicados dos días. Estamos hablando de la publicidad. La publicidad es un acto fundamental, es decir, saber quién fue admitido y quién no fue admitido no puede ser un solo día de publicación, debe ser dos días de publicación”.

En ese momento, se metió en la discusión la senadora Stefanía Cora (Unidad Ciudadana) y remarcó: “Este trabajo es el esfuerzo de distintos asesores de legisladores de distintos partidos políticos que fueron y fuimos construyendo un consenso y un acuerdo apegado, siempre, al Reglamento que es nuestra principal responsabilidad”.

“Me parece que eso es importante dejarlo en claro para poder avanzar, porque todas las opiniones son claramente válidas en esta Bicameral, pero entiendo que lo que acá se presentó es resultado de un consenso y de un trabajo de todas las fuerzas que tenemos voluntad de que más temprano que tarde tengamos un defensor nombrado por el proceso que ordena sujeto a reglamento esta Bicameral”, expresó.

El diputado libertario continuó con su postura sobre la fecha y explicó: “Los plazos son siempre hábiles, la regla es plazo hábil, la excepción es plazo corrido. Si no dice nada es plazo hábil. El plazo siempre es hábil. Acá se aplica el derecho administrativo, no se aplica cualquier cosa. En el derecho administrativo los plazos siempre se computan en días hábiles. Entonces esto de que si no dice que es hábil y yo puedo hacer otra cosa, no. Siempre que el Reglamento no dice ‘hábil’ se considera que es hábil”.

“Le reafirmo que lo que dice este artículo es dentro de los dos días, o sea estipula la publicación en ese periodo”, le contestó Sarapura y siguió: “Este es un proceso de construcción de distintos ámbitos, por un lado, con asesores y, por otro lado, de una reunión informal que tuvimos. Es fundamental tener una vocación del respeto de tener un avance en la elección de un defensor en el marco de la ley, pero también construir los mayores consensos”.

Volvió a retomar la palabra Mayoraz, esta vez para quejarse por “reuniones reservadas, organizadas a las apuradas de la noche a la mañana”. “No me parece la mejor forma de trabajar”, cuestionó, al tiempo que planteó que “hubo diferencias entre los bloques en cuanto a cómo se aplicaba el Reglamento y cuáles eran los mejores plazos para aplicar”.

Así acusó: “Que ustedes hayan arribado a un aparente acuerdo hoy en una reunión mantenida a las 11 de la mañana para mí, lejos de darle claridad a esto, se la quita”, y reclamó la presencia de organizaciones porque “aquí no hay ni transparencia ni claridad. No ha habido ninguna consulta a las organizaciones”.

“Se está obviando en esto y se está cometiendo un error o se estaría cometiendo si lo resuelven que es de tomar una decisión trascendente, sin escuchar a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en los derechos de la niñez. Es muy grave porque si nosotros tenemos que definir qué perfil de defensor queremos y cómo valoramos y evaluamos la experiencia de estos cinco años en la que, por primera vez, tuvimos un defensor del niño, eso debe hacerse escuchando a las organizaciones y no a las apuradas”, reiteró y anticipó el rechazo al cronograma y una solicitud para realizar una reunión informativa convocando a las organizaciones.

“Queremos darle garantías a la sociedad a la comunidad de que esto va a ser algo transparente eso se lo debemos a los niños. No podemos hacer un procedimiento desprolijo y a las apuradas como lo estamos haciendo. Nosotros no vamos a acompañar esto, se están violando las fechas los reglamentos, no se respeta el reglamento, han reducido los plazos”, remató el libertario enojado.

Recogió el guante Sarapura quien le planteó: “Usted puede tener la decisión de ir o no ir a la reunión, pero tiene que ser respetuoso del proceso que se construye”. “Para ser respetuoso del proceso, esto se tiene que discutir acá. Si me está apurando para definir lo que va a hacer nuestro bloque, no es discutir”, le contestó Mayoraz.

“Tenga el respeto político, yo sé que ustedes tienen una dinámica de la democracia y la política distinta para ustedes construir consensos”, le enrostró la radical y denunció: “Claramente acá hay una intencionalidad de no avanzar y de no respetar los ejercicios que son de la política y de la democracia. Pido madurez política en no entrar en esas dinámicas que no benefician a nadie. Está haciendo una utilización del tema”.

Mayoraz propuso un cronograma propio desde su bloque que coincidía con los dos primeros ítems, pero planteó como fechas de publicación de listado 4 y 7 de julio para “respetar tiempos para corrección de exámenes”. Sin embargo, la votación resultó a favor de la propuesta inicial de mayoría.

Sarapura puso en valor el proceso logrado, por un lado, una reunión de asesores donde hubo una diversidad de opiniones sobre el reglamento y su aplicación. “Se han hecho correcciones en el cronograma que tienen que ver con una adecuación a propuestas”, destacó y remarcó: “Podemos tener distintos puntos de vista del ejercicio de la democracia y la política, creo que no está mal construir consensos, lo único que estamos haciendo es generar los procesos que tengan que ver con la construcción de acuerdos”, expresó.

“Para mi, generar todos los espacios de construcción son válidos y las reuniones informales fueron propuestas de las legisladoras que plantearon la necesidad de tener reuniones previas para evitar que los temas de los derechos de la niñez tengan este contexto. La mirada partidaria, sosegada e irrespetuosa del trabajo de legisladores. La reunión previa informal era una invitación honrar los espacios, no a acuerdos partidarios que no estén ajustados, sino construcción de dialogo y consensos y la política y democracia se ejercen así”, aclaró.

La radical, no se quedó callada y apuntó contra Mayoraz: “Me parece muy irrespetuoso que cuando lo que se construye no va con lo que pienso lo invalido. Hay personas que tenemos un ejercicio de la democracia distinto a otros y se han expuesto de sobre manera los procesos generados y los puntos de vista”.

Por su parte, la diputada del Pro María Sotolano sostuvo: “Por respeto a las organizaciones sociales nos dejaron en claro que quieren el concurso, terminar con el mandato de la Defensoría que venía hasta ahora y eso se cumplió. Fuimos avanzando pese a las diferencias, pero intentamos dar la discusión y logramos puntos”.

“Desde el Pro dejamos en claro que el concurso es algo que reclaman las organizaciones. Hay algo que se manifestó que es la voluntad de avanzar con el concurso y no encastrar el reglamento. Hasta el examen hay tiempos reglamentarios concretos y, después del examen podemos trabajar en un marco de acuerdo en un plan de trabajo y ahí están los matices. Nosotros planteamos tiempos hasta octubre. Hay que darles transparencia y garantías a los postulantes”, precisó. Sotolano también reclamó la presencia de las organizaciones para debatir y “darle una construcción colectiva a al Bicameral para que puedan ejercer su voz”.

“Hay plazos que son netamente que son de la política y esta Bicameral se va a tener que poner de acuerdo en montón de cuestiones. Lo más difícil son los acuerdos parlamentarios para llegar al recinto. Tenemos que ser claros con los tiempos para que sean ejecutables y transparentes en el reglamento”, concluyó.

También se manifestó en contra la senadora libertaria Vilma Bedia quien cuestionó: “No podemos ejecutar ni avanzar irresponsablemente porque acá no es la cuestión de banderas, nos tenemos que poner en el lugar de las instituciones que nos están mirando. Y sobre todo de los niños. Acá los niños son los protagonistas que están esperando una respuesta y no podemos hacer nada descabellado. Aferrarnos a las apuradas, al margen de los tiempos, a los consensos egoístas cuando tenemos que estar mirando la vida de niños y adolescentes”.

“No se puede evaluar en un día a 200 personas, porque se tiene que tener el perfil cuidado que requiere el puesto. No podemos desenfocarnos de la realidad de la sociedad, buscar un buen perfil con valores y convicciones que más de 20 años fueron olvidados”, cerró la jujeña.

Por último, Sarapura defendió: “El cronograma que se aprobó respeta plazos mínimos y máximos establecidos en el reglamento, en ningún caso se tomó de forma arbitraria. Considera todas las etapas obligatorias determinadas. Le da una organización lógica y eficiente a la aplicación y cumple el respeto de la publicidad. El derecho de los postulantes es lo que priorizamos y evitamos extensiones dilatoria que da la política a esta definición. Se tiraron fechas que nunca se aclararon esas propuestas. Los debates que enriquecen son los propositivos, no los descalificantes”.

“No hubo acuerdos de medianoche, interesados en una persona, son el ejercicio de la construcción de la política que se honra respetando la diversidad de opiniones ideológicas buscando un interés común, no la política se busca instalar lo que yo pienso y cuando no es así se desacredita y lo desvalorizo”, ratificó.

Por último, afirmó: “Tenemos un cronograma ajustado a la aplicación del Reglamento y a que tengamos un concurso y el 22 de septiembre tengamos los mejores candidatos”. En tanto, anticipó que el martes 24 de junio a las 16 horas “vamos a recibir a las organizaciones y defensores del pueblo porque es fundamental porque le da transparencia y dinamiza el concurso.

La Comisión de Salud del Senado, presidida por Lucía Corpacci (UP), mantuvo una extensa jornada este jueves en donde, tras pasar a la firma dos proyectos sobre donación de órganos e historia clínica ambiental, inició el debate con especialistas invitados sobre discapacidad y ludopatía. Cabe destacar que en una maratónica sesión la Cámara de Diputados aprobó y giró a la Cámara alta el proyecto que declara la emergencia hasta 2027 en materia de discapacidad.

Abrió la ronda de debate el Padre Pedro Molero, del FORO Permanente de Discapacidad, Promoción y Derechos, quien explicó que perder las prestaciones que reciben 250 mil personas “no es perder la prepaga y mañana ir y hacer la cola al hospital pública, significa quedarse sin atención directamente. No hay una atención de este tipo de prestaciones. No todas las personas con discapacidad necesitan este tipo de prestaciones, igual estamos cortos en cuántas personas deberían tenerla”.

Molero sostuvo que “el Estado no cuenta con hogares para personas con discapacidad, no tiene en lo público una respuesta. Las escuelas pueden ser un lugar de respuesta. El transporte también es un problema para trasladarse y acceder a una atención. Perder este tipo de prestaciones es quedarse en la nada por eso tenemos que darle respuestas a esas personas que necesitan atención”.

“Este Gobierno no ha buscado avanzar, pero no solo a nivel nación porque también hay responsabilidad de la provincia y son pocas las que invirtieron en tener centros de rehabilitación, atención temprana, son pocas las que armaron una red he invertido en esto”, cuestionó.

Así, indicó que “el Estado cubre la pensión que es casi un 25% de las personas que se atienden, pero lo demás sale de las obras sociales que pagan los trabajadores. Al PAMI le implica un 3% de su presupuesto estas prestaciones. Acá se juegan personas, no se puede discutir mucho”.

Además, precisó que la última actualización de las prestaciones fue en noviembre de 2024 donde se dio un 1% retroactivo a octubre, un 0,8% para noviembre y un 0,5% para diciembre, o sea entre todo un 2,3%. “No se cubría lo que fue inflación de octubre, todo fue para atrás y a, partir de diciembre, no se convocó más al directorio para tratar el tema”, denunció.

Luego expuso Celeste Fernández de la Asociación Civil por la Igualdad y la justicia quien señaló que “es una discusión que nos tiene que interpelar como comunidad política. El año pasado se inició un proceso de auditorías en todo el país sobre las personas que son beneficiarias de las pensiones no contributivas y creemos que hay una serie de problemas sobre qué y cómo se está auditando”.

“Hay problemas graves en qué se está auditando y en el cómo. En septiembre del año pasado se modificaron los requisitos para acceder a las prestaciones. Hoy con la regulación actual se vuelve a evaluar si una persona tiene ‘invalidez laboral’ bajo determinados diagnósticos médicos. Un sistema obsoleto y un sistema de creencias y prácticas que jerarquizó los cuerpos de las personas y condenó a vivir a las personas con discapacidad a vivir vidas devaluadas”, criticó.

Fernández señaló que “la exclusión que enfrentan no depende de porcentajes definidos por médicos, la exclusión es sistémica, es estructural y depende de barreras sociales, de prejuicios que hacen que no haya políticas de inclusión social y laboral”.

“La pensión no llega a los 290 mil pesos y no alcanza a cubrir a una canasta básica total y tampoco al salario mínimo, vital y móvil. Dejó de importar que la mayoría de las personas con discapacidad empleadas, que son pocas, tienen baja remuneraciones. Se vuelve a evaluar si tienen familiares obligados a proporcionarle alimentos, esto viola directamente el artículo 19 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, indicó y comparó que “estos requisitos en 2023 se habían derogado, pero ahora se volvió a una regulación desde hace tres décadas”. Fernández indicó que “el proceso de auditorías está teniendo falencias gravísimas que violan el debido proceso administrativo”.

La doctora Elizabeth Aimar, presidente de la Red de Asistencia Legal y Social, sumó: “Está en crisis todo el sistema donde se apoyaban todos los derechos que Argentina ha ratificado. No podemos darnos el lujo de volver hacia atrás, no hay que regresar atrás en materia de derechos humanos”.

“Se está teniendo una mirada de un modelo que dejó de existir hace 60 años. Hay que legislar con medidas de acción positiva y no por humanidad: las personas con discapacidad y las familias no necesitan que los miren con humanidad o empatía, necesitan que se cumplan las leyes. Familias con discapacidad llegan diciendo que perdieron la prestación, no pueden ir a lugares porque el transportista no va, esa es la situación que viven esas personas. Tenemos que comprometernos todos al cambio de que las personas con discapacidad puedan disfrutar y ser incluidos en sociedad y al sistema laboral que le permita ser competitivo y les den el valor social que merecen para tener una vida independiente y tener lugares de esparcimiento”, reclamó Aimar.

El presidente de la Asociación Tiflológica Luis Braille de Mendoza e integrante del seleccionado argentino de fútbol para ciegos “Los Murciélagos”, Federico Accardi, expresó: “Todo el colectivo de las personas con discapacidad necesitamos que se declare la ley de discapacidad en emergencia porque estamos sufriendo, nos costó mucho poder llegar a acceder a nuestros derechos”.

Florencia Braga Menéndez, directora de proyectos en ALAPA, reclamó: "Les pido que veamos la forma de reclamar un instrumento real de vigilancia: pongan ustedes, como comisión de Salud, una instancia a la que podamos acercarle los casos de los miles de personas que no están siendo cubiertas". En tanto, Eduardo Maidana del FORO permanente de Discapacidad sostuvo: “Estamos defendiendo la equidad, la transversalidad y la posibilidad de cada ciudadano, más allá de su condición, a tener acceso a la educación, a la salud y a todo aquello que necesite para ser un ciudadano derecho”.

Ludopatía

A continuación, la presidenta de la Comisión explicó: “Tuvimos respuesta de la secretaría parlamentaria sobre ludopatía que tenía pase a diversas comisiones, por lo que ahora todos los proyectos tienen giro a Salud, Legislación General, Justicia y Asuntos Penales”.

Así, precisó que “son las mismas comisiones y tenemos 22 proyectos en relación a ludopatía más la media sanción de Diputados, quiero pedir que insistan ante los presidentes de las comisiones para poder hacer las plenarias y avanzar con ludopatía. Es un tema que nos preocupa enormemente a todos”.

De forma breve, la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) pidió que se empiecen a trabajar los proyectos de forma tal de llegar a las plenarias con las iniciativas trabajadas conjuntamente con la media sanción de Diputados y poder consensuar porque “es un tema importante y no dilatarlo y consensuar modificaciones entre todos si es que se promueven para no tardar años en debatirlo”. Corpacci le aclaró que desde hace una semana se empezó a realizar ese trabajo para tener algo avanzado.

Hecha esas aclaraciones, la invitada Verónica Laplace, presidente del Consejo Consultivo Salud Mental y Adicciones, manifestó: “Venimos a expresar nuestro apoyo al proyecto de ley de prevención de la ludopatía que ya tuvo sanción en Diputados. Es un instrumento legal que propone una respuesta, un abordaje a una problemática de salud mental creciente que es el consumo problemático digital en adolescentes y jóvenes”.

“Es una respuesta a toda una variedad de acciones que implican el uso de las tecnologías y dentro de ello la apuestas en línea. Acciones que es preciso regular las apuestas en línea dado que afectan a las infancias, adolescencias y juventudes de un modo muy preocupante”, alertó.

Por último, Miguel Tollo, presidente del Foro de Infancias, planteó que “es sumamente necesario trabajar en la ley de ludopatía, los adolescentes perciben que el proyecto de vida es una cuestión azarosa, los adolescentes necesitan mucho de los adultos y de la protección comunitaria por eso es importante cuando plantea la necesidad que el sistema educativo se haga cargo dela situación. Hay que trabajar en la publicidad, en la virtualidad y la alfabetización digital”.

“Es una preocupación muy grande esto. El juego de apuestas lo caracteriza le vértigo a perder, no las ganas de ganar. El que apuesta va a perder. Entonces el adolescente tiene en eso un riesgo porque es fascinante para él. La publicidad les dice ‘no jueguen, esto es para adultos’, nada mejor para un adolescente eso”, explicó Mollo.

Así, agregó que “la problemática se suma dentro de lo que son los consumos problemáticos, no es solo una ludopatía, es algo interdisciplinario e intersectorial. No son patologías individuales, se necesitan distintos abordajes, y bregó que la ley salga porque “es muy importante el tema”.

Proyectos de declaración y comunicación

Por último, pasaron para la firma los proyectos de comunicación presentados por senadores y senadoras de diferentes bloques. Entre ellos, los referidos a la reestructuración del Hospital Nacional "Lic. Laura Bonaparte", el seguimiento del cáncer cervicouterino y del virus del papiloma humano, la implementación de la Ley 26.845 sobre concientización en donación de órganos, el aumento de los casos de sífilis, la cobertura de vacunación contra enfermedades como sarampión, rubéola y poliomielitis, y la distribución de insumos del Programa de Salud Sexual y Reproductiva. También se abordaron cuestiones vinculadas a la situación epidemiológica del dengue y la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de retirar a la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, se pasaron a la firma siete proyectos de declaración, entre ellos la adhesión al Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales y al Día Mundial de la Hipertensión, así como reconocimientos a eventos médicos de relevancia, como el Congreso Argentino sobre Rejuvenecimiento y Longevidad Saludable en Rosario, el Simposio sobre Lupus en el Senado, el 50° Congreso Argentino de Anestesiología en Buenos Aires, y el XXXIX Congreso de la Federación Argentina de Ginecología y Obstetricia en Posadas. También se expresó beneplácito por una exitosa intervención fetal gemelar realizada en Tucumán, y preocupación por el estancamiento de la tasa de donación de órganos y tejidos.

En medio del conflicto entre el Gobierno y los médicos y residentes del Hospital Garrahan, la Comisión de Salud del Senado, a cargo de la catamarqueña Lucía Corpacci (UP), volverá a citar al ministro de la cartera, Mario Lugones, para que asista a una reunión y brinde un informe sobre la situación del país y la decisión del cierre de determinadas áreas.

Corpacci recordó que se había invitado al ministro de Salud para que asistiera a comisión y brinde un informe sobre la situación de la salud en el país que “era una preocupación y había sido planteada la semana anterior, no tuvimos ninguna respuesta y tampoco vino el ministro”.

“Vamos a volver a circular la nota, dado que no todos la habían podido firmar, para insistir con la presencia del ministro”, comentó.

Al pedir la palabra, la vicejefe del bloque UP, Anabel Fernández Sagasti, apuntó: “Todas las semanas tenemos un martes 13 en el área de salud del Gobierno nacional, lo único que nos queda es interpelar, lamentablemente, aunque el oficialismo se enoje, pero nosotros queremos saber cuál es el plan que tiene el ministro con cierres de áreas tan caras a la salud como el Instituto Nacional del Cáncer, sistema de infectología, el conflicto del Garrahan”.

La Comisión de Salud del Senado, a cargo de la senadora catamarqueña Lucía Corpacci (UP), debatió y pasó a la firma un proyecto de ley que propone la incorporación de una historia clínica ambiental de los pacientes.

Corpacci explicó que el proyecto también fue tratado en asesores. “Es muy importante incorporar la historia clínica ambiental porque cuando se hace una historia clínica de una persona, no es lo mismo si vive en un barrio que tiene cloacas, agua potable, de aquella que no lo tiene. No es lo mismo la que vive en una zona de alta contaminación ambiental”, precisó.

“Hay una serie de patologías que está relacionada por las condiciones en donde vive la persona, del ambiente en el que viven y orienta a la pesquisa de ciertas patologías como pueden ser parásitos, hepatitis, afecciones pulmonares. Es muy importante que estén reflejadas en la historia clínica. Explorar el ambiente, las condiciones de vida de la persona estén incorporados en la historia clínica”, resumió.

La autora de la iniciativa, la neuquina Silvia Sapag comentó que impulsó el proyecto por una invitación de la Sociedad de Pediatría Argentina y relató una experiencia personal de vida: “Yo nací en mi casa en Neuquén al igual que mis hermanos porque no había hospital. En la ciudad si había un solo hospital, pero no en el resto de la provincia. Había cinco médicos en el resto de las provincias. El frío y la pobreza hizo que hubiera enfermedades endémicas como tuberculosis, brucelosis, el bocio, hubo que luchar”.

“En el 63’ la mortalidad infantil era de 165 por mil, o sea de mil chicos un total de 165 morían. Se empezó una campaña de vacunación, de construir hospitales, caminos, etc. Así se fue bajando la mortalidad infantil y en el año 70 era 125 por mil, y en el 73 era el 61 por mil. En 2025 tenemos el 6,13 por mil. No solo porque se insistió en tener mejor atención médica, sino por otras series de condiciones como construcción de viviendas”, detalló.

Sapag concluyó que “el ambiente incide en la salud de niños y grandes. Es el derecho que tiene el paciente a que se registren los factores ambientales en su historia clínica”.

La Comisión de Salud del Senado, presidida por la catamarqueña Lucía Corpacci (UP), pasó a la firma un proyecto de ley que modifica la Ley Justina 27.447 respecto de la autorización para la donación de órganos de menores de edad post mortem por parte de los dos progenitores.

Corpacci contó que tuvieron una reunión con familiares de niños que esperan un trasplante quienes les comentaron su “dolorosa situación y concurrieron al Senado a solicitarnos su apoyo para fomentar la difusión de la importancia de la donación de órganos pediátricos y modificar la ley en cuanto la autorización para menores”.

“Esto proyecto se trabajó en dos oportunidades con asesores. Sufrió modificaciones y, en definitiva, se pide que los menores de 18 años tengan, para poder manifestar su voluntad de donación, la autorización de sus progenitores y, por supuesto, tienen que ser los dos progenitores quienes lo autoricen”, explicó y aclaró: “Todo el caso se habla de trasplantes de órganos post mortem, no estamos hablando de donantes vivos”.

Corpacci precisó que “es una necesidad imperiosa en el país porque hay 183 niños en espera de trasplante con una situación angustiante de la familia que no encuentran respuesta”.

Autor de la iniciativa, el senador Daniel Bensusán (UP) contó que el texto nació a raíz de entrevistas que tuvo con padres de niños que necesitan un trasplante respecto de la necesidad de manifestar la voluntad de los menores de 18 años, siempre se habla de situaciones post mortem. “En Argentina los únicos que pueden hacer trasplantes en vida son los mayores de 18 años y con ciertos requisitos de familiaridad”, aclaró.

“El caso de menores de 18 años que, lamentablemente fallecen, esa manifestación por lo general se produce en el momento de que pasó esa situación, con lo cual, obviamente, los papás o la mamá de ese niño o niña que acaba de fallecer no es el mejor momento para pensar de manera tranquila, clara y pensando en que puede salvar una vida, de que le va a autorizar la donación de los órganos de su hijo”, contextualizó el senador pampeano.

Bensusán informó que “hoy en Argentina hay más o menos 10.000 personas entre adultos y menores que esperan un trasplante”, y sumó: “Son menos de 200 a 180 y pico los menores de 18 años que necesitan un trasplante”. En ese sentido, remarcó que a partir de la sanción de la 27.477 la Ley Justina se han incrementado los porcentajes de donantes en la Argentina, pero señaló que “siempre ha sido mucho más bajo el porcentaje de donantes menores de 18 años porque, afortunadamente, en la Argentina la tasa de mortalidad infantil es baja”.

El senador de UP también remarcó la falta de información en situaciones de la vida normal y habitual de una familia. “Esta situación de permitir o facilitar de que los papás y las mamás puedan, en cualquier momento de la vida de sus hijos menores de 18 años, manifestar la voluntad o pensar en la posibilidad de que sus hijos puedan ser donantes y que pueden salvar una vida, que pueden ayudar a mejorar la vida de otros”.

“Este proyecto de ley que busca modificar la Ley Justina a este solo efecto de que los papás y las mamás de menores de 18 años, de acuerdo a nuestro Código Civil después de la reforma respecto a la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes menores de 13 años, sí o sí necesita la autorización de ambos progenitores”, explicó.

Bensusán planteó que la ley “no va a hacer magia para que haya más donantes”, peor “podemos darle las herramientas para facilitar la manifestación, pensar y prever campañas de sensibilización, de concientización”. Así, contó que hay otro proyecto que propone modificar la Ley 26.845 que es de promoción de toma de conciencia de la donación de órganos de personas mayores y menores para que “se hable de la donación pediátrica y se entienda de qué se trata, de la ayuda que le podemos dar. Reforzando los canales de difusión, de concientización esta modificación en la normativa que, de hacerlo, vamos a lograr que la Argentina pueda tener una mayor cantidad de donantes menores de 18 años”.

A su turno, la vicejefe del bloque de UP, Anabel Fernández Sagasti, expresó: “Es una lucha de los padres para salvar la vida de sus hijos. Es una costumbre argentina más bonita, transformar el dolor en lucha”.

“El principal objetivo es la difusión para salvar vidas, para concientizar, para que la solidaridad vuelva a reinar en el país y se ponga de moda”, remarcó. La mendocina se emocionó al homenajear a Thiago Narváez un chico que falleció en Tunuyán el 30 de mayo: “Su mamá hizo una publicación linda porque decidieron donar los órganos de su hijo. El dolor más grande que puede sentir una persona es perder a un hijo”.

“Este chico donó cinco de sus órganos y pudo salvar la vida de otras personas. Hoy muchos padres pueden seguir respirando. Ojalá podamos llevar este excelente proyecto al recinto y dar la punta pie para cambiar el paradigma de la sociedad”, cerró.

A continuación, el misionero Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia) sugirió que “este proyecto vaya en paralelo con el del senador Andrada del día de concientización y difusión del 30 de mayo y poder avanzar con los dos dictámenes para que informe a la población”.

Arce señaló que “podemos tener un problema con los protocolos en centros de salud donde hay mucha asimetría en el país, incluyendo la Ley Justina, de los números de trasplante que tenemos. Este proyecto de ley puede servir, porque hay provincias que tiene números escasos de trasplantes. Ojalá esto empuje a la concientización de la donación y que haya protocolos de generación de trasplantes”. Esa iniciativa, será tratada en una reunión conjunta con la Comisión de Educación.

La Comisión de Industria de Diputados, presidida por la chubutense Ana Clara Romero (Pro), recibió a referentes de cámaras empresariales y PyMES del sector pesquero y naval quienes expusieron sobre la situación de crisis que atraviesan, por lo que pidieron un “diálogo sincero” entre las partes para arribar a un acuerdo.

El primer expositor, Eduardo Boiero de la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina (CAPECA) sostuvo que la situación de la industria “es igual a la que atraviesa el resto de las industrias del país”. “El Gobierno nacional está tratando de controlar la inflación, tipo de cambio, pero para la industria pesquera esta foto es complicada y nos vemos en la situación de reordenar la micro nosotros, con nuestros proveedores y trabajadores. Eso venimos intentando desde hace un tiempo, poner sobre la mesa los números de las pesquerías. No solo pesquería de langostinos está con problemas, sino varias otras y tiene que ver con el reordenamiento de la micro”, manifestó.

“Esto trae situaciones incómodas y de conflicto, pero no vemos otra salida, no tenemos una solución mágica para los problemas y, simplemente, sentarnos en una mesa todos y reorganizar lo que no funciona. Es lo que estamos haciendo de manera informal. No hemos hecho una presentación formal de procedimientos preventivos de crisis. Hemos presentado los números de manera informal a algunos gremios en marzo y, ahora, llevamos los números al Ministerio de Trabajo expusimos los números y la situación y cuál es la salida, pero estamos a la espera de un diálogo constructivo con los sectores de la pesquería”, planteó.

Por su parte, Agustín de la Fuente, de (Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CONARPESA y CAPIP) expresó: “No son situaciones para nada cómodas. Generamos para el país más de 2 mil millones de dólares, tenemos un impacto de más de 60 mil puestos de trabajo y de forma indirecta son mucho más y siempre tratamos de encontrar el estándar para ser declarados de economía regional, pero el derrotero de situaciones diarias que vivimos en cada localidad con puerto, tiene más significancia las economías regionales y podemos hablar de un montón de cuestiones que tiene que ver con el sector pesquero nuestro”.

“Nosotros no somos formadores de precios internacionales, nuestra materia es meramente exportadora, culturalmente nuestro consumo interno es mínimo. La solución no viene por el mercado interno, porque culturalmente somos generadores de divisas y tenemos una matriz meramente exportadora”, señaló.

De La Fuente sostuvo: “Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las matrices exportadores como el tipo de cambio. ¿Cómo hacemos competitivos los puertos? ¿Cómo son las tasas en cada municipio? pero la cadena productiva la componemos entre todos trabajadores, empresas, capital instalado. Hoy vamos en una situación que, si no nos ordenamos internamente, vamos a padecer un montón de situaciones que están hoy con otras matrices productivas”.

“Cabe aclarar que nosotros todavía tenemos toda nuestra capacidad instalada trabajando sin haber despedido un solo trabajador. Pero me parece que da pie para que discutamos cuestiones de adecuación, a que las condiciones no las ponemos nosotros. En un montón de cuestiones estamos operativamente fuera de la foto de costos y necesitamos actualizar condiciones que están antiguas a jornadas”, exigió.

Así, afirmó: “Sabemos que esta es una reunión informativa, no venimos a pedir nada porque también surge de la situación de que un montón de discusiones tributarias, cuestiones de derechos de exportación que paga el sector pesquero creo que con la Ley Bases ya dimos la discusión”.

“Pero hoy me parece que necesitamos ordenar esos convenios colectivos o esos acuerdos que hemos tenido hace muchos años para poder seguir trabajando. Obviamente de nuestra parte, de todas las cámaras hacemos hincapié en que el único camino es el diálogo, que el único camino es la sinceridad, que nosotros podemos tener sobre una matriz productiva impacta en nuestras familias, que vemos muchos trabajadores en nuestras plantas, en nuestros barcos, en cada servicio que generan nuestras provincias y cada puerto que tiene el litoral marítimo”, aseguró.

Así, el representante de CAPIP advirtió: “Si nosotros no informamos un estado de crisis que está al borde de un conflicto, porque la verdad que los conflictos se van a empezar a atender cuando estemos en la calle , cuando todos nos quejemos o cuando nosotros reflejemos todos los días que tenemos más de 113 barcos amarrados en los puertos porque no podemos dialogar con la otra parte, entonces este lugar es donde nos venimos a manifestar, dónde venimos a pedir a todo el Parlamento que el único camino es el diálogo para poder seguir trabajando y creo que manifestar eso todos los días es lo que nos va a llevar a ponernos de acuerdo para lograr eso”.

“Somos una matriz productiva mucho más importante que un montón de economías regionales sin quitarle importancia a ninguna, pero creo que desde desconocimiento que hay a nosotros también menos cabe explicar qué significa nuestro sector productivo. Las pesquerías la están pasando mal, todas estas empresas están fundidas, están haciendo un esfuerzo enorme para estar en pie y para que cambien las condiciones, pero me parece que si no ponemos un poco en agenda ésta urgencia vamos a ver muchos conflictos en la calle”, alertó.

“El único camino para lograr acuerdos y seguir trabajando va a ser el diálogo y ser sinceros para que los números sean claros. Los números son fríos, son situaciones incómodas, pero va a ser la única situación para seguir trabajando”.

A su turno, de Continental Armadores de Pesca S.A (Conarpesa), Darío Baroli, afirmó: “Nos interesa que sepan la magnitud que tenemos del problema en la flota langostinera que es un tema de precio”, y explicó: “Cuando se estableció el Convenio Colectivo de Trabajo con la gente de la marinería y la maestranza el precio del langostino era de $12,000 la tonelada promedio de venta en el año 2005 en la actualidad ese mismo langostino hoy vale $5500, o sea que el precio ha decrecido de manera significativa”.

“Nosotros no somos formadores de precio, viene dado de afuera. Entonces lo que buscamos nosotros, de alguna manera con los gremios, con quienes nos hemos reunido estos últimos días, es poder adecuar el precio de venta al precio de las liquidaciones que nosotros estamos pagando hoy”, explayó.

Baroli indicó que “el costo actual es superior al precio de venta, el valor de las tripulaciones en su totalidad llega a ser el 60% del total del precio de venta, cosa que antiguamente era alrededor del 35%. Esa es la situación que nosotros estuvimos viendo con los gremios y no hemos podido ponernos de acuerdo tan siquiera no hemos podido ni discutirlo”.

“Entonces lo que velamos, de alguna manera, es tratar de ver los números que nosotros proponemos, los números reales que tenemos, y poder discutirlos para tratar de tener algún tipo de acuerdo”, propuso y sumó: “Sabemos efectivamente que para los gremios modificar el Convenio Colectivo es sumamente difícil. Yo creo que a nadie nos gusta ganar menos, pero la realidad es que, en esta circunstancia, en esta situación actual se hace muy difícil que los barcos salgan a pescar durante este año”.

“Los buques congeladores tangoneros, que son alrededor de 106 más o menos, hacen alrededor de 100,000 toneladas por año. Este año tan siquiera ni salieron a pescar todavía”.

El referente de Conarpesa pidió “poder discutir todo esto, que los gremios no se escuchen, que vean los números reales para comprobar que es cierto. Esto es una situación circunstancial creemos nosotros, una crisis circunstancial y la situación se atiende con medidas circunstanciales”, y contó que “la gente está parada hace 7 meses prácticamente y si perdemos esta campaña de langostino que son los próximos cuatro meses, vamos a tener otros siete meses parados. Esto quiere decir que prácticamente en 18 meses la gente no va a trabajar”.

“Ese es el principal problema que tenemos después tenemos otros costos que son sumamente importantes también dentro del total que es los estamos trabajando con cada uno de los sectores Los costos portuarios, estiba, proveedores y varias cuestiones más, pero lo principal de todo esto para empezar destrabar la situación es la apertura de una discusión seria y cierta sobre los números que nosotros exponemos”, concluyó.

El presidente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera de Mar del Plata, Sebastián Agliano, subrayó que “la situación es bastante caótica, nos estamos fundiendo trabajando; no vemos un horizonte promisorio. Los insumos están dolarizados y no vemos ningún beneficio ni bajas en las importaciones, la realidad es esa. Tienen que venir a mojarse las botas para que vean la realidad”.

“Hoy quedamos 13 empresas chicas. Quizás una empresa grande se banca un paro, nosotros no. Nosotros nos fundimos directamente. No tenemos el acceso. Nuestra estructura financiera se desfinancia”, lamentó y comentó que “el 51% del costo es el combustible que lo paga también la gente que trabaja, pese a los gobiernos que pasaron”.

Agliano reflexionó: “Tarde o temprano, si seguimos de esta forma vamos a terminar todos en la calle, con un montón de quebrantos y con los barcos atados”. Además, describió que “la peor situación que le puede pasar a un pescador dueño de una pyme es naufragar en su propio barco”, y antes de concluir, sentenció: “Siento que la pesca en Argentina es mala palabra, fuimos castigados durante toda esta época desde los primeros embates de la Ley Bases, siento que somos la oveja negra de la industria argentina”.

Representando la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT) y de la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA), Mariano González, puso en foco en que “a pesar de la caída de los distintos precios de los productos a nivel internacional, el sector empresario ha mantenido los acuerdos salariales que se han firmado en los últimos años respecto a la inflación y a la caída del tipo de cambio”.

“Como sector, llegamos al día de hoy con situaciones claras, donde la pesca está teniendo un problema grave de rentabilidad y eso impacta directamente en la capacidad de competitividad que tienen nuestros productos; con nuestra estructura de costo no podemos seguir trabajando de esta manera”, describió González.

Diego Brandán, subsecretario de Pesca de la provincia de Chubut, consideró que “esta problemática no va a salir adelante si no hay diálogo y consenso entre las partes”. También expuso Mariano Vilar, del Sindicato de Conductores Navales, quien declaró que “estamos de acuerdo de que el problema es de costo, del aumento del derecho único de extracción y del precio del combustible”.

El secretario General del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, Raúl Durdos, recalcó que “la actividad pesquera en argentina representa un sector que genera muchas divisas para el país y también muchos puestos de trabajo”. En otro aspecto, sostuvo que “la actividad del trabajador marítimo es una de las más riesgosas y difíciles del mundo; este es un país que legisla de espaldas al mar y no podemos ser la variable del ajuste”. “Queremos trabajar en una ley de fomento de la industria pesquera para corregir todo en conjunto”, concluyó.

Un grupo de diputados opositores desafían una vez más al Gobierno nacional con una nueva ley de Financiamiento Universitario, el cual, fue elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional y presentado en una reunión que organizó la diputada nacional Blanca Osuna en conjunto con legisladores de los bloques de UP, EF, DpS, UCR, FIT y la CC en la que recibieron a autoridades de universidades, sindicatos, docentes y estudiantes.

Según explicó la diputada Osuna durante el encuentro, la idea es pedir el emplazamiento a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda en la sesión oficializada para el 4 de junio. De conseguir el quórum y el voto afirmativo, pedirán que el 10 de junio se realice una reunión conjunta de carácter informativa para poder dictaminar el 11 e ir al recinto el 19 de junio.

Durante el 2024, el tema había unido a distintos sectores de la oposición en una media sanción que fue votada en Diputados el 15 de agosto, y se sancionó finalmente el 13 de septiembre en el Senado. Sin embargo, el Gobierno vetó la norma que luego fue blindada en el Congreso por el oficialismo gracias al apoyo de aliados con 159 votos afirmativos, 85 negativos y 5 abstenciones el pasado 9 de octubre.

La diputada de UP Blanca Osuna motorizó la movida de este miércoles.

La presentación del proyecto

La vicepresidenta de la Comisión de Educación, Osuna explicó: “Estamos frente a un gran desafío, frente al conflicto que genera el desfinanciamiento de la educación. Que se contribuya a que efectivamente la toma de conciencia sobre el valor de la educación, sobre el sentido de la democracia, lo que significan los derechos, no se vacíen de contenido, estamos en ese punto y riesgo”.

“Que el cumplimiento y materialización de estas definiciones sobre educación, derechos y democracia, al diluirse en una práctica que trae consecuencias que es el desfinanciamiento, la destrucción de políticas activas, de algún modo, culmine con el descreimiento total por el sentido de la democracia”, alertó.

La entrerriana sostuvo: “Celebremos la política en el marco de lo son, de lo que deben ser las mejores negociaciones para los mejores procesos políticos que deben en beneficiar en este caso a estudiantes, docentes, etc. Una apelación solidaria porque en momentos donde la crueldad y la violencia pretenden imponerse, hay que ratificar un abrazo integral a todo el sistema educativo”.

“El sistema educativo son más que las universidades, vale la pena insistir porque el sistema educativo son las universidades que son punta de lanza y terminan con los niños que recién empiezan la escuela, con maestros mal pagos, con escuelas que se caen, con falta de programas, ese sea el mayor desafío en nuestras manos poder vertebrar toda la potencia posible para darle sentido a las negociaciones y acuerdos con la mayor altura, en contrario a la coacción y aprietes”, planteó.

Osuna explicó que presentaron una solicitud para que la comisión la integren legisladores de distintos bloques porque “ese es el otro valor a destacar, la diversidad de la representación nos da fuerza y lo hemos hecho reclamando ante al presidente de la comisión de Educación y el de Presupuesto y Hacienda que se traten los proyectos que obran en este cuerpo vinculados al financiamiento a la educación superior, por sobre todo a las universidades”.

A su turno, la vicepresidenta segunda de la Comisión de Educación, Danya Tavela, comentó que la idea es “poder visibilizar el conflicto por el cual atraviesan las casas de altos estudios y todo el sistema educativo y poder ponerle letra a la falta de presupuesto que nos ocupa por segundo año consecutivo”.

“En el marco de la unidad y el federalismo tenemos una representación amplia del sistema universitario de todo el país y esto nos da fortaleza en el debate y discusión de lo que se viene dentro en el Congreso y la sociedad”, adelantó y cerró: “Hay que hacer unos kilómetros de los principales centros urbanos para desatacar el valor que tiene la universidad dentro de cada sociedad, el impacto que tiene la universidad argentina en casa región y las posibilidades de futuro. Queremos defender al sistema de los ataques que tiene y construir un futuro que se construye con igualdad de oportunidades, justicia y a partir de tener esa herramienta de la posibilidad de acceder a la educación para emprender el camino individual de la vida”.

Por su parte, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Oscar Alpa, comentó: “Decidimos armar un proyecto para transmitir al Congreso que, desde la reforma universitaria, el no arancelamiento, la ceración de universidades, que pueda a llegar que tengamos hoy a más de 2 millones de estudiantes, 50 mil son de universidades públicas. Es el Congreso el que crea las universidades, el que interviene, el que financia y audita por eso nos debemos como tal”.

“La educación universitaria es el futuro de nuestro país, por lo tanto, el financiamiento del sistema universitario es pensar qué futuro de país queremos. Es un sistema tan eficiente y eficaz, con calidad de nuestros graduados y que lamentablemente del histórico 0,8%, que siempre esperamos llegar al 1% del PBI, hoy tenemos el 0,45% de esa inversión, esa pérdida del tercio”, detalló.

Alpa indicó: “Este proyecto muestra que la universidad pública argentina, es sistema, está unido para seguir debatiendo y en esa discusión de futuro de qué país queremos. La universidad argentina es pública, es no arancelada y buscando lo que implica un sistema de becas totalmente desactualizado”.

Así, agradeció y recordó la Ley 27.757 del año pasado que fue finalmente vetada por el Gobierno: “Fue una ley que, por el sistema constitucional, luego fue vetada, pero tuvo su aprobación de parte de diputados y senadores con una alta aprobación que es la representación del pueblo argentino a través de los representantes del Congreso”.

“Hoy queremos insistir, pero insistir inclusive con alguna alternativa de fuente de financiamiento”, remarcó y sumó: “Esta propuesta que estamos haciendo es similar en cuanto a que recordemos que se ha perdido el 33% de porcentaje de salario real docente y no docente”.

“Hubo una actualización que implicó poner al día respecto de la inflación del 2023, pero ahora no falta el 118% de la inflación del año pasado que, inclusive, por la forma que se distribuyó este presupuesto prorrogado en los primeros cuatro meses de este año estamos recibiendo las universidades nominalmente un 30% menos nominalmente”, indicó.

En esa línea, señaló que “también está la propuesta de actualización desde aquel momento manteniendo el equilibrio fiscal sin creación de impuestos. Es buscar una forma de asignación directa de los ingresos para que tengan una base para el sistema universitario, que la base del último presupuesto aprobado del 2023. Esa es la propuesta sin tocar absolutamente ni un impuesto ni coparticipación que le corresponde a las provincias”.

“Desde noviembre 2023 hasta enero del 2025 en números redondos con un 180% de inflación, los aumentos salariales fueron del 90% con lo cual hubo una pérdida del 90%, pero los ingresos tributarios aumentaron 210%, o sea, que ahí también es otra fuente de financiamiento que es el ingreso real de los impuestos tributarios sobre el ingreso prorrogado”, explicó.

También comentó que proponen un fondo para las carreras estratégicas, para que haya becas para que haya presupuesto, para esas carreras. “Seguimos trabajando en un sistema universitario público que esté pensando en las políticas de nuestro país. Es un aporte para que podamos tener una ley que asegure lo que dice la constitución respecto de la autonomía y autarquía universitaria”, cerró.

Franco Bartolacci, Rector de la Universidad Nacional de Rosario: "Hoy nos acercamos esta propuesta al Congreso con la voluntad, la expectativa de que pueda encontrar eco, tratamiento y aprobación para resolver estos problemas. Para caracterizarlo sintéticamente, es una propuesta, la que hoy presentamos, responsable porque pretende resolver de manera estructural el problema y porque busca esa respuesta en el ámbito que tiene competencia en una república en materia presupuestaria que es el Congreso de la Nación. Es una propuesta razonable porque busca esa solución de fondo sin comprometer fiscalmente el Estado".

"Todos creemos que la Argentina necesita una economía sólida, todos sabemos que en ese contexto de escasez hay que establecer prioridades, y nos asiste la convicción profunda de saber que la educación y la producción científica, sobre todo en un país que tiene los problemas que tiene la Argentina, debe ser una prioridad. Los países desarrollados en las sociedades del conocimiento invierten 5 veces más de lo que lo hace en Argentina sin tener un sistema público de educación superior robusto”, comparó.

Bartolacci advirtió: “Es un proyecto urgente porque la situación es realmente grave, es delicada y requiere atención rápida y es un proyecto desde nuestra perspectiva necesario porque vuelve a poner las cosas en su justo lugar. Yo creo mucho que las sociedades son muchas veces más inteligentes que sus dirigencias y fue la sociedad argentina la que conmovedoramente el año pasado todas las veces que hizo falta dijo que no hay en las universidades sin el sistema científico de la nación un problema, sino la posibilidad de encontrar una solución a los problemas estructurales que la Argentina tiene”.

Representante de la Federación Universitaria Argentina, Joaquín Carballo, gremio que nuclea a estudiantes del país, indicó: “Tenemos un sistema universitario con carácter federal por eso discutir esto en el Congreso está a tono. Quisiéramos que esta situación con las universidades estuviese resuelta, pero lamentablemente en 2024 nos encontramos con un veto presidencial, luego de que sea aprobada en ambas cámaras. Es una clara postura del gobierno de dónde está puesta la prioridad”.

“Un país que se precie de tal, no puede no invertir en educación si piensa que tiene que estar en la senda del desarrollo. Me pregunto cuál es el modelo de desarrollo que está mirando el Gobierno nacional. Eso nos preocupa”, criticó y sumó: “Hay una situación crítica con las becas universitarias que en muchos lugares se utilizan en cada una de las áreas donde un estudiante tiene que destinar su presupuesto. Hoy hablamos de dos becas nacionales PROGRESAR y Manuel Belgrano congeladas en $35 mil y $81 pesos”.

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado se reunió este miércoles para ratificar a sus autoridades y, de esta manera, la presidencia volvió a queda en manos de la rionegrina Silvina García Larraburu (UP), la vicepresidencia Víctor Zimmermann (UCR), y la secretaría para la pampeana Victoria Huala (Pro). La comisión fijó como días y horarios de trabajo los miércoles a las 16

Al ser elegida titular de la comisión, García Larraburu expresó: “La verdad que en este contexto tan complejo que estamos viviendo en nuestro país, para mí es un enorme desafío y una gran alegría poder ser nuevamente presidenta de esta comisión que es tan importante para el desarrollo de nuestra Nación”.

“Me da mucho orgullo, como recién mencionaban, todo el año pasado, el anterior, y las veces que hemos convocado siempre logramos plena participación de todos los bloques que me parece que es una señal muy importante”, destacó la rionegrina y sumó: “También en estas épocas de tanta división y de tanta violencia, que podamos trabajar mancomunadamente más allá de nuestra ideología y de nuestros partidos, creo que esta comisión ha sido un fiel reflejo de la voluntad federal que tenemos de trabajar en un tema tan importante y tan caro para el desarrollo de las naciones como es el desarrollo científico y tecnológico”.

La senadora de UP contó: “Hemos, prácticamente, sacado todos los proyectos que teníamos el año pasado. Ahora tenemos ocho proyectos de comunicación que están a la firma que ya fueron tratados en asesores que hay acuerdo que son de la mayoría de los senadores”, y comunicó: “Después tenemos cinco proyectos de ley, tres proyectos de comunicación, un proyecto de resolución y 21 de declaración que, si les parece bien, pondríamos ya en tratamiento el martes que viene a las 11 de la mañana la reunión de asesores”.

Así, planteó: “La idea también este año es que podamos invitar a los actores de la ciencia y la tecnología Nacional de diferentes provincias para que nos vengan a contar cuál es su situación y ver también, desde nosotros, la forma de ayudarlos porque sin desarrollo científico y tecnológico no hay patria posible”.

Al tomar la palabra, el radical Zimmermann también destacó la labor realizada por la comisión y expresó: “Queremos seguir haciéndolo en ese marco. Es un desafío enorme todo lo que tiene que ver con innovación tecnológica, ciencia aplicada y, fundamentalmente, para las provincias nuestras del norte donde sabemos que todo lo que tiene que ver con el conocimiento es un instrumento muy interesante que tenemos que fortalecer”.

Por último, la senadora Huala expresó: “Tenemos un inmenso desafío porque es un mundo que está en constante cambio en todo esto que es el desarrollo de las tecnologías. Es una oportunidad que no tengo dudas que en esta comisión vamos a estar a la altura de las circunstancias que nos demanda la Argentina y el mundo”.

La Comisión Banca de la Mujer quedó constituida este miércoles siendo ratificada como presidenta de la misma la senadora nacional Eugenia Duré (UP- Tierra del Fuego) quien expresó: “Tenemos mucho por hacer en legislación para poder ir recuperando esos derechos que perdimos durante este último tiempo las mujeres”. A su vez, la vicepresidencia y secretaría quedaron, por el momento, reservadas.

Al tomar la palabra, la vicejefe del bloque UP, Anabel Fernández Sagasti, propuso: “Vamos a proponer a Eugenia Duré porque sigue los temas de género y de igualdad de la mujer hace muchos años. Estamos honradas de poder constituir esta comisión”.

Por su parte, la pampeana del Pro Victoria Huala felicitó a la electa presidenta, senadora Duré y pidió la reserva del lugar de vicepresidente y secretaria.

Tras ser ungida titular de la comisión, Duré agradeció a sus pares por el acompañamiento para “este nuevo desafío que tenemos. La conformación de la Banca de la Mujer es una comisión histórica, pero que, además, hace un año y medio que estábamos a la espera con mucho trabajo, mucho esfuerzo y con la responsabilidad que nos toca y el compromiso de ponerla en funcionamiento”.

Duré se tomó unos minutos para hablar sobre la situación que se vive en su provincia tras el anuncio del Gobierno sobre la baja de aranceles a productos tecnológicos importados que son ensamblados allí.

“Ustedes saben que soy representante de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hoy mi responsabilidad institucional es estar aquí con ustedes para la Constitución de esta comisión y de esta Banca de la Mujer. Pero hoy en la provincia, miles de mujeres trabajadoras están marchando. Ustedes saben que estamos en una situación muy compleja con nuestro régimen de promoción industrial y es por eso que, simplemente, quiero hacer mención a lo que estamos hoy solicitándoles”, contó.

Así, pidió el acompañamiento por “esas mujeres trabajadoras que hoy tienen en riesgo su trabajo, familias enteras y que yo no puedo estar ahí, pero sí desde aquí, desde el Senado de la Nación acompañarlas y saber también, que vamos a trabajar por todas las mujeres trabajadoras del país de cada una de nuestras provincias que nos toca representar”.

Luego repasó las funciones de la Banca de la Mujer según lo detalla el reglamento de la Cámara alta y enumeró la cantidad de proyectos pendientes de tratamiento un total de 89, de los cuales 23 son de ley cabeceras de la comisión, 61 de declaración, 4 de comunicación y 1 de resolución.

“Hay cuestiones también que tiene una Banca que es histórica. En el 2008 cuando nuestro espacio político piensa este lugar, no piensa fundamentalmente para el trabajo en la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de género. Todas sabemos que hoy estamos en un momento muy complejo. Hace un año y medio que las mujeres venimos retrocediendo y las diversidades también, con lo cual, yo simplemente quiero que podamos repensarnos en un trabajo conjunto entre todas y entre todos los bloques que esta Banca sea principalmente la voz de las mujeres y diversidades que puedan venir acompañarnos como ya lo hicimos”, propuso la senadora de UP.

En ese sentido, sostuvo: “Creo que tenemos mucho por hacer, sobre todo en la legislación para poder ir recuperando esos derechos que, durante este último tiempo, sobre todo, hemos perdido las mujeres. Para que volvamos a tener un presupuesto con perspectiva de género y, sobre todo, para que el impacto no sea hacia nuestros niños y juventudes porque ustedes saben que cuando las mujeres perdemos derechos, también lo pierden nuestros niños”.

“Simplemente convocarlas a todas. Me parece que la Banca tiene que ser transversal, tiene que tener una mirada integral y tiene que tener, también, un compromiso político de cada una de nosotras. Sepan que me toca estar al frente, pero que entre todas las senadoras de cada uno de los bloques haremos posible el funcionamiento”, cerró.

Este miércoles estaba en agenda un plenario de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales del Senado para debatir el proyecto sobre trazabilidad de la pesca y acuicultura para poder dictaminar, pero el encuentro fue suspendido.

Según explicó la titular de la Comisión de Ambiente, la senadora chubutense Edith Terenzi, decidieron levantarla porque “muchos senadores nos solicitaron una nueva ronda de sugerencias. Vamos a presentar el proyecto en el Consejo Nacional Pesquero para introducirle modificaciones necesarias para que Argentina pueda colocar con excelencia sus productos en el mundo”.

“Vamos a iniciar una ronda de conversaciones y de explicación nuevamente del proyecto y de aquel dictamen al que llegamos con tantas sugerencias del proyecto original. Vamos a iniciar una nueva ronda para que los funcionarios relacionados con el área de pesca de cada provincia que están en el Consejo Nacional Pesquero para abrir el proyecto y trabajarlo todos juntos”, explayó.

Por otro lado, la comisión que preside pasó a la firma tres proyectos de ley. Uno de ellos declara capital nacional del Cóndor Andino a la localidad 28 de noviembre. La autora de la iniciativa, la senadora Natalia Gadano (Por Santa Cruz) explicó: “Esta iniciativa surgió en el marco de la feria internacional donde se acercó el referente de la Asociación Somos Huellas Patagónicas y nos comentó sobre el trabajo que vienen haciendo hace años. En el Senado hubo dos presentaciones anteriores de senadoras ya mandato cumplido. Desde el año 2012 vienen trabajando con diferentes censos y el último se h izo en semana santa en 2025 y dio un 134% ejemplares en un radio de 80 kilómetros cuadrados de la localidad de 28 de noviembre que queda en el suroeste de la provincia de Santa Cruz y su paisaje es cordillerano. Es pode colaborar para impulsar el desarrollo turístico del lugar a través de este proyecto”.

Luego, se trató el proyecto que declara a la localidad de Puerto Pirámides, provincia del Chubut, "Capital nacional de la ballena franca austral", cuya autoría es de Terenzi quien detalló: “Se trata de un proyecto que venimos impulsando desde la Cámara de Diputados desde el 2018”.

“La Península de Valdés fue declarada en 1999 patrimonio de la UNESCO y tiene una riqueza ambiental y de biodiversidad importante, se suma mucha flora y fauna relacionada a la zona y se suma este ejemplar magnífico que es la ballena franca austral que visita la Península de Valdés todos los años para iniciar su ciclo reproductivo”, informó.

La chubutense contó: “Se calculan alrededor de 2000 ballenas francas en la zona del Golfo y, aproximadamente, un nacimiento anual de 400 cachalotes. La localidad de Puerto Pirámides está directamente ligada a la ballena franca austral porque es el único Puerto en la Península de Valdés habilitado para hacer los avistajes de ballena franca”.

“La verdad que es una es una iniciativa que pone en valor declarar la capital de ballena franca la localidad de Puerto Pirámides, pone en valor todo el esfuerzo y el perfil conservacionista que sostiene desde hace muchos años la provincia del Chubut y que los chubutenses, incluso, estamos muy orgullosos de tener en nuestro territorio un patrimonio de la humanidad como es la Península de Valdés”, cerró Terenzi.

Por último, se pasó a la firma un expediente de la senadora María Victoria Huala que declara monumento natural, en los términos del art. 8 de la ley 22.351, al venado de La Pampa o ciervo pampeano.

También se le dio tratamiento a un paquete de proyectos de declaración y resolución, entre ellos uno de la senadora Vilma Bedia (LLA) que expresa preocupación por la creciente cantidad de incendios forestales que afectan a la Argentina y a la región sudamericana.

“Este proyecto es poner en énfasis y seguir replicando esto. Es necesario seguir preocupados en esta área que nos invade a cada una de las provincias y tenemos que seguir cuidando nuestra naturaleza. No es posible hacer este caso omiso del resguardo, de la preocupación y negligencia y todo lo que corresponde a cada institución. Espero que podamos tomar conciencia de la importancia en esta cuestión”, explicó Bedia.

De la vereda de enfrente, el senador radical Pablo Blanco le planteó: “Coincidimos plenamente en este proyecto sobre incendios. Sería importante que, ya que los propios senadores oficialistas presentan proyectos, que convenzan al Ejecutivo Nacional que se apliquen los fondos de combate contra incendios y no los tengas a efectos de un superávit fiscal y apliquen los recursos que corresponden”.

Bedia le replicó: “Creo que cada uno desde el Gobierno tiene esa preocupación, pero la cuestión está en que las provincias sean realmente las que se hagan cargo de los gastos necesarios para esas áreas y no sean gastados para otros lados. Si los fondos van al lugar que corresponde, no estaríamos tan preocupados. Es necesario tomar conciencia de la función de cada funcionario de las provincias”.

En ese momento, la titular de la comisión le aclaró que la cuestión de incendios está bajo la órbita del Servicio Nacional del Manejo del Fuego: “Significa que está bajo la órbita del Poder Ejecutivo lo que está sucediendo es que no están bajando los fondos específicos que tienen afectaciones específicas, eso no está sucediendo”.

La Comisión de Salud de Diputados, presidida por el tucumano Pablo Yedlin (UP), se reunió este martes y emitió dictamen a un proyecto de ley que busca promover la salud cerebral y la creación de un programa nacional de lucha y prevención contra el Alzheimer y otras demencias. También pasaron a la firma iniciativas de resolución y pedidos de informes.

Al inicio del encuentro, Yedlin reclamó que “muchos de los proyectos que tienen dictamen esperan y duermen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda”. Así, explicó que el Reglamento de la Cámara en su artículo 102 que “si pasado un mes del dictamen y Presupuesto no dictamina, se pueden llevar al recinto directamente aclarando en la OD que no tienen dictamen de esa otra comisión”.

El diputado tucumano también informó que intentaron aplicar el artículo 109, pero “tampoco tuvimos respuesta. Si no vamos a tener que seguir con los emplazamientos”. “Si Presupuesto y Hacienda va a ser el derrotero habitual que esto va a quedar para siempre en esa comisión, no tiene sentido todo el esfuerzo que se hace para que esto termine”, lamentó.

Yedlin agregó: “El oficialismo cree que los proyectos generan gastos y por ese se resisten al debate, en vez de pensar en el dolor de argentinos que padecen enfermedades o necesitan adquirir medicamentos, en una palabra, no hay ministerio de Salud ejerciendo una rectoría, sino que es una delegación del ministro de Economía, Luis Caputo".

“La Cámara de Diputados tiene que tener sesiones ordinarias y no solo sesiones especiales, porque si no el numeroso trabajo de diputadas y diputados de todos los partidos políticos, nunca llega a tratarse ni a debatirse en el recinto", explicó Yedlin.

Hoy es un día muy importante porque la Comisión de Acción Social y Salud Pública de @DiputadosAR firmó el dictamen del proyecto que establece la promoción de la salud cerebral y crea un plan nacional para prevenir el #Alzheimer y otras demencias.

El mundo está envejeciendo,… pic.twitter.com/C7v3RSjGNa

— Facundo Manes (@ManesF) May 20, 2025

Sobre el proyecto de ley de promoción de la salud cerebral y Alzheimer y otras demencias, el autor de la iniciativa Facundo Manes explicó: “Este tema no es solo médico, es un tema económico, estratégico. El mundo está envejeciendo y las desigualdades ocurren en países de medianos y bajos ingresos como el nuestro”.

En esa línea, aseguró que "la Argentina tiene alrededor de medio millón de personas con la enfermedad de Alzheimer. Esto impacta a todo el entorno familiar y afecta a millones de personas que están sufriendo. Esto tiene un impacto transversal, económico, de derechos y de salud”.

“Esto no es un cheque en blanco, por cada dólar que se invierte se ahorra tres, es un ahorro invertir en esto. Este proyecto no implica una asignación automática ni limitada de recursos. Crea un marco estratégico nacional mientras el presupuesto se define cada año a través del Poder Ejecutivo y con la supervisión parlamentaria. Es orden, es estrategia, no es un gasto descontrolado”, explicó Manes.

Además, señaló: “No es una ley para una enfermedad, es una decisión política pública inteligente frente al envejecimiento de nuestro país y, para lo cual, no hay una estrategia. Apoyarla no es una cuestión solamente humana, es una cuestión de racionalidad económica y también de responsabilidad institucional”.

La norma busca “prevenir e investigar la detección temprana, el tratamiento y los cuidados adecuados de las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer y otras Demencias”, así como también, establecer “la asistencia y orientación de los familiares convivientes y cuidadores de dichas personas”.

A continuación, el titular del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, resaltó que se trata de una iniciativa que fue acompañada por más de 160 diputados: “Lleva firmas que tiene prestigio, preocupadas que desnudan que la política, cuando se toca un tema tan sensible que está envuelto de tanta preocupación, se reúnen estos consensos. Es un proyecto que mira al futuro con tanta preocupación”.

Al respecto, la diputada Mónica Macha (UP) pidió que se regularice y valore la labor que llevan a cabo las cuidadoras domiciliarias y polivalentes porque “hacen un trabajo fundamental para este tipo de patologías”, y pidió mayor inversión en políticas de salud mental.

La diputada nacional Mónica Fein (PS) adelantó: “Apoyamos con mucha decisión, ya que la norma contempla una mirada federal y con el apoyo de distintos especialistas. Se trabajó mucho este proyecto”.

Declaración del rol del farmacéutico

En relación a la norma por la cual se expresa “reconocimiento al rol esencial del profesional farmacéutico en la protección del derecho a la salud”, el presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Ricardo Pesenti, señaló que “el medicamento no es una mercancía, sino un bien social intrínsecamente ligado al derecho, a la salud”, y en ese sentido, expresó: "El farmacéutico es parte esencial del sistema de salud”.

Pesenti sostuvo que “miles de profesionales farmacéuticos día a día con vocación, compromiso y responsabilidad construyen salud en cada rincón de nuestro país”. Así, afirmó: “Hoy no vengo solamente apoyar un proyecto de declaración, sino que vengo a agradecer una mirada, una decisión política y un gesto institucional que reconoce algo que, desde hace décadas, sostenemos los farmacéuticos que no somos comerciantes, que somos agentes sanitarios esenciales”.

“Una salud que no es un privilegio, sino un derecho humano básico que el Estado tiene el deber de garantizar. Esta declaración, también reconoce la función insustituible del farmacéutico como profesional calificado que garantiza el uso racional de los medicamentos, acompaña al paciente en sus tratamientos, educa a la comunidad y colabora activamente en el cuidado integral de la salud”, expresó.

El titular de la CAF recordó que “detrás de cada farmacia de barrio hay un farmacéutico que cumple turnos obligatorios, que atiende emergencia fuera de horario, que conoce el nombre y la historia clínica de sus pacientes y que, muchas veces, es el primer y único contacto que tiene con el sistema de salud, especialmente en zonas alejadas y rurales”.

“Un farmacéutico tiene un promedio entre 100 y 200 consultas diarias, muchas de ellas vinculadas con efectos adversos, interacciones de medicamentos, dudas, sobredosis, adherencias, cada una de estas intervenciones representa un acto profesional que cuida la salud, y muchas veces, evita una internación y una urgencia médica”, comentó. En esa línea, informó que “al menos un 10% de las intervenciones hospitalarias en nuestro país, se deben a errores o el mal uso de los medicamentos. Esta intervención oportuna del farmacéutico reduce significativamente ese riesgo y mejora en más de un 50% la adherencia en los tratamientos crónicos como hipertensión y diabetes”.

Además, recordó que, durante la pandemia cuando muchos servicios se vieron paralizados, las farmacias “estuvimos sin descanso, sosteniendo la cadena de acceso a los tratamientos, conteniendo emocionalmente a la población, mientras muchos servicios colapsaban o debían cerrar la farmacia permanecieron abiertas”.

“El 98% de las farmacias del país siguieron operando ininterrumpidamente en 2020 brindando contención, acceso a tratamientos y orientación sanitaria a toda la población argentina. Actuando como verdaderos centros de salud de cercanía”, destacó.

Pesenti señaló: “También debemos reconocer a los farmacéuticos hospitalarios que gestionan con precisión la terapéutica en pacientes internados, elaboran fórmulas magistrales, garantizan trazabilidad de tratamientos complejos y trabajan en equipos interdisciplinarios en terapias intensivas oncológicas y unidades especiales”.

“También no dejar de mencionar a los farmacéuticos que trabajan en la distribución que todos los días en posible que medicamentos críticos lleguen a tiempo a cada punto del país, aún en contextos de emergen. A los que se desempeñan en la industria farmacéutica aportando innovación, asegurando calidad de los productos y desarrollando nuevas formulaciones y cumpliendo rigurosos estándares internacionales”, ponderó.

El invitado alertó que “intentar desregular el ejercicio profesional, flexibilizar condiciones técnicas o permitir la venta de medicamentos fuera del ámbito farmacéutico, es poner en riesgo la seguridad de la población. Actuamos en defensa del interés sanitario de toda la sociedad y celebramos que la justicia haya reconocido la gravedad de ese intento de desprotección y haya otorgado a la medida cautelar solicitada”.

“La dispensación del medicamento es una actividad indisoluble del ejercicio profesional farmacéutico, no se trata de una transición. Somos imprescindibles para una argentina más justa más sana y solidaria”, cerró.

La Comisión de Industria de Diputados, presidida por la chubutense Ana Clara Romero (Pro), se reunió este miércoles para recibir a referentes de la industria curtidora argentina con quienes analizaron dos proyectos que buscan establecer un marco legal que regule el uso del término “cuero” para la denominación de diferentes productos con el objetivo de proteger tanto a la industria como a los consumidores.

La presidenta de la comisión explicó que la sesión es de carácter informativa a fin de “analizar el término del empleo del cuero”, por los que hay dos proyectos que también tienen giro a la Comisión de Defensa del Consumidor.

Autor de uno de ellos, el diputado socialista Esteban Paulon explicó que “la idea es poder conversar sobre dos proyectos que establecen el criterio de utilización de la denominación cuero para los productos vinculados a dicho material”.

“La actividad es particularmente importante en Santa Fe en las localidades de Esperanza y las toscas donde tenemos dos de las principales curtiembres el país, pero también es un sector importante en otras provincias”, remarcó.

Paulon manifestó que “llegamos a este debate con demora a nivel internacional en establecer los criterios y parámetros para poder denominar a distintos productos con el término cuero, sino en nuestra propia región. A nivel internacional ya hay antecedentes como Brasil que desde 1960 estableció un criterio".

Así, precisó que estos proyectos buscan armonizar la legislación con la idea de poder avanzar en la compatibilidad de la denominación de cuero a nivel del Mercosur. Además, las iniciativas buscan “asegurar la autenticidad del material curo como material que es de origen animal, prohibiendo con la identificación del término a otros productos que tienen origen mineral y vienen de derivados de otra producción para evitar cuestiones que tienen que ver con el engaño y la falsificación y garantizar la calidad, la durabilidad y la estética”.

“Es una industria que genera muchos puestos de trabajo y en las localidades donde se desarrolla tiene un impacto económico importante y tiene que ver con la identidad cultural de cada localidad”, cerró.

A continuación, el salteño oficialista Julio Moreno Ovalle, autor del otro proyecto, contó: “Soy interesado en que se use la denominación cuero como corresponde porque es un subproducto de la ganadería, una de las actividades más importantes del país. Al cuero se le pueden dar diversos usos y para la venta del mercado interno y externo. Es importante que tengamos en claro para qué sirve el cuero”.

La palabra de los especialistas

Daniel Helman, de Curtiembre Arlei S.A, afirmó: “La importancia de esta ley radica en el marco regulatorio que se pretende obtener para la denominación cuero para garantizar calidad y autenticidad del producto”. En tanto, comparó que este tipo de ley está en Brasil desde 1964, en México, en Estados Unidos, en Italia, etc.: “En el mundo es algo que ya se ha hecho para proteger la autenticidad y la calidad de un producto tan noble como el cuero”.

“Esta ley beneficia a una gran cadena de valor del cuero, desde las curtiembres hasta el último artesano. Hay infinidad de actores en la actividad del cuero que se van a ver beneficiados por la lye. Además, impacta mucho en la defensa del consumidor, en la industria y en la sustentabilidad de la circularidad”, explicó.

En cuanto a la defensa del consumidor, Helman precisó que “se está engañando al consumidor porque cuando compramos estas imitaciones que no son cuero como el eco cuero, el cuero vegano, la cuerina, el símil cuero, nos están engañando. Quieren apropiarse los atributos del cuero para vendernos un producto que no es tal. El verdadero eco cuero es de origen animal, es un subproducto”.

“Nosotros tomamos los cueros de los animales que son faenados que, de no ser por la industria del cuero que les da valor y pasa a ser un producto de durabilidad, amigable con el medio ambiente, noble, duradero, que se va a biodegradar con el tiempo, si no estuvieran las curtiembres procesando esos cueros irían a vertederos naturales generando contaminación y una pérdida muy importante porque genera fuentes de trabajo”, explayó.

Helman destacó que la industria del cuero argentino “es marca registrada y fomenta una industria grande. El cuero argentino es una marca que tenemos que volver a poner en valor. Es un producto que tarda mucho en envejecer, se degrada naturalmente, no como otros productos que tiene derivados de hidrocarburos o plástico”.

Así, cerró: “Al consumidor lo engañan porque le venden un producto de plástico haciéndole creer que es cuero legítimo o auténtico”.

Luego expuso el concejal de Las Toscas, Iván Gastón Sánchez, que bregó para que el proyecto tenga luz verde y sea aprobado porque “se busca poder tener una protección para la industria misma como para los consumidores”.

“Una ley como esta contribuiría a que realmente se utilice el término cuero dentro de lo que la industria fabrica y esto permitirá la protección del trabajo. Esto es un proyecto que va a tener ámbito nacional porque va a cubrir esta materia prima en Argentina, pero uno como concejal quiere que esta industria tenga la protección necesaria para que este término se utilice en los productos que realizan. También para proteger al consumidor y que vayan con la tranquilidad de que van a comprar cuero”, explayó y cerró: “Tenemos que brindar estas herramientas para que la industria y los consumidores se sientas protegidos e incentivados y le demos estas herramientas importantes desde lo legal”.

En apoyo a las iniciativas, el presidente de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina (CICA), Eduardo Wydler, consideró fundamental “informar a los consumidores qué es lo que van a comprar”, al aseverar que “el sector ha perdido mercado con el cuero sintético”.

“Hemos gestionado muchas veces como cámara una norma que aclara esto para defender al consumidor y asegurara el desarrollo de la industria. Es una industria histórica porque el cuero se ha relacionado con la económica del país, pero la industria curtidora ha invertido mucho en muchas actividades para que la producción sea ambientalmente amigable”, explicó.

Wydler consideró que “no hay otro desarrollo vinculado con el cuero que sea el cuero original que viene del animal que se procesa dentro de la curtiembre”. En suma, sostuvo: “Este es un tema de suma importancia porque se ha utilizado para tratar de copiar al cuero, los más variados calificativos como eco cuero, cuero ecológico”.

“Compartimos y apoyamos esta propuesta para que siga su curso para ser aprobada y beneficiemos a la gente que sepa concretamente lo que compra. Aclaremos lo que es el cuero, el objetivo es informar y esto va a tener un beneficio para la industria”, concluyó.

En el mismo sentido, Cristian Alejandro Delssin, secretario General del Sindicato del Cuero, del departamento General Obligado, provincia de Santa Fe, afirmó: “Si esta ley ayuda a seguir manteniendo los puestos de trabajo, la vamos a apoyar”.

“Es una competencia desleal a los trabajadores al trabajo de los curtidores porque en Las Toscas dependemos mucho de la curtiembre. Creo que esta posibilidad de competir legalmente contra algo que no es cuero, que es otra cosa como plástico, y que lo quieran vender como cuero, nos deja en una situación incómoda porque nuestro trabajo lo usan con otro nombre. Nos preocupa mucho que, si hay una objeción sobre esta ley, no nos estarían ayudando a nosotros como trabajadores de la curtiembre”.

Delssin bregó para que el proyecto sea aprobado para “beneficiar a los trabajadores de la industria del cuero porque estamos preocupados y estamos pasando una situación complicada y esto ayudaría a que los puestos de trabajo sean valorados”.

Además, expusieron ante la comisión Tatiana Apstein, de Curtiembre ARLEI S.A, Leonardo Piatek, de la industria del cuero, y la diputada provincial (Santa Fe) María del Rosario Mancini.

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el oficialista Oscar Zago, se reunió este martes para emitir dictamen sobre 14 Decretos de Necesidad y Urgencia correspondientes a la presidencia de Javier Milei referidos a la modificación de la Ley de Ministerios.

Al inicio del encuentro en el Salón Arturo Illia, Zago le solicitó al bloque de UP que para la próxima sesión brinden el nombre de quién ocupará la secretaría que le falta a la comisión para poder completarla.

Así, aclaró la modificación del giro del expediente 181/2025 DNU 97 que comunica el dictado del Decreto de facultades delegadas 97/25 que autoriza el procedimiento para la privatización total de corredores viales S.A bajo la modalidad de concesión de obra pública por el peaje, remitiéndolo a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado.

El opositor Mariano Recalde (FNyP) lamentó que “tenemos en el haber 102 DNU para tratar. Cuando comenzó la comisión en la anterior presidencia queríamos tratar los más importantes y nos dijeron que íbamos a empezar por los últimos, pero parece que cambió el criterio y de los 102 DNU se ve que escogió quirúrgicamente los 14 más intrascendentes o con menos trascendencia, habiendo DNU verdaderamente importantes que requieren un tratamiento rápido porque ya van a vencer”.

“Entiendo que está en campaña, pero vender humo acá también me parece que no es lo que corresponde”, le lanzó a Zago. “Queremos tratar rápidamente estos DNU, pero ponernos a discutir las cosas importantes que le afectan a la gente porque lo que estamos discutiendo son DNU de la casta, de cómo se acomodan los funcionarios, ministerios y demás. Entendemos que no hay ni necesidad ni urgencia en ninguno de ellos así que nosotros vamos a hacer un dictamen de rechazo”, anticipó Recalde.

De la vereda de enfrente recogió el guante el senador riojano Juan Carlos Pagotto quien le remarcó a Recalde que “todos los DNU hay que tratarlos, aunque a muchos por conveniencia política no les gusta”.

El oficialista sostuvo que “lo que es importante para algunos, no es para los otros. Por eso voy a mocionar para que se aprueben todos los decretos porque son modificaciones a la Ley de Ministerios que es una prerrogativa del Ejecutivo y esta comisión es conteste en ese sentido. Por lo tanto, el discurso político y los vendedores de humo no tengo interés en hacerle ofertas por nada”.

En el mismo sentido, se manifestó el diputado Francisco Monti (La Liga del Interior): “Creo que esto no es humo, es relevante la distribución de competencias y de departamentos y divisiones del trabajo para el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales del Ejecutivo”. El catamarqueño contradijo a Pagotto al aclarar que no se trata de una “prerrogativa” de la Ley de Ministerios porque “de así serlo no estaríamos acá”.

Monti sostuvo que “hay una práctica constitucional en lo que refiere a la utilización de los DNU para modificación de la Ley de Ministerio y la atribución de competencias que es histórica y que claramente no agravia a la Constitución y a la utilización de los institutos constitucionales”.

“Me parece que no tiene ningún sentido político de traer o intentar eludir el debate de los DNU en esta comisión. Apuesto a que podamos tener un plan de trabajo orientado que es lo que se frustró el año pasado, que podamos tratar todos los Decretos de manera ordenada por materia, por tiempo”, opinó.

En tanto, la diputada entrerriana Carolina Gaillard (UP) consideró que “ninguno de estos DNU cumple con el requisito esencial que deben tener, el uso de esta herramienta. Es una práctica común que la Ley de Ministerio se modifique por esta vía, vemos una decisión del presidente Milei de destruir el Estado y desmantelarlo, con lo que no estamos de acuerdo porque trae como consecuencia que se discontinúen programas proyectos, políticas públicas”.

Por último, el chaqueño radical Víctor Zimmermann celebró el trabajo de la Comisión y aclaró que los DNU de la presidencia de Alberto Fernández y Mauricio Macri también fueron tratados y, la mayoría, tiene dictamen. “Es cierto que estos DNU tienen que ver con una práctica común, pero también le dimos dictamen positivo a expedientes de estas características a presidentes anteriores”, le respondió a Gaillard.

Al cierre, Zago celebró que la comisión está funcionando: “Después de años y años de no funcionar, hoy esta trabajando y hemos sacado la mayoría de dictámenes que teníamos de presidencias anteriores y quedan solamente los expedientes del gobierno de Milei”.

Un plenario de las comisiones de Discapacidad, de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda de Diputados se reunió este miércoles para dictaminar sobre la declaración de emergencia en todo el territorio nacional en materia de discapacidad hasta fines de 2027 que busca “asegurar los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad”.

En total se despacharon cuatro dictámenes: el de mayoría se alzó con 59 firmas de los bloques de UP, EF, CC e Izquierda, mientras que los de minoría reunieron uno 14 firmas del Pro y el MID; el otro tuvo 8 firmas de DPS, y el último 7 firmas de la UCR.

Pese a que en la sesión del pasado 8 de abril se había votado de manera afirmativa el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto, presidia por el libertario José Luis Espert, el diputado se ausentó en la reunión y lo criticaron duramente desde todos los sectores por no cumplir con su rol. En su lugar estuvo a cargo el diputado de UP Carlos Heller (ex presidente de dicha comisión).

Como autor del proyecto y en carácter de titular de la Comisión de Disparidad, el diputado Daniel Arroyo explicó que el texto plantea la emergencia en discapacidad en tres ejes: la emergencia en lo que hace a las prestaciones a los servicios para las personas con discapacidad; las pensiones en discapacidad y las dificultades que enfrentan las personas que quieren acceder a la pensión o ya tienen; y lo que refiere al maltrato.

Así, brindó cuatro ejemplos de la situación de prestaciones: “Una persona que trabaja en un taller protegido por cuatro horas cobra 28 mil pesos por mes, no por día. Ese monto no se actualiza desde febrero de 2023, estaos ante una evidente emergencia y un ingreso para la persona con discapacidad fuera de toda regla. El problema adicional es que las personas no cobraron ni enero, ni febrero ni marzo”.

Luego presentó el caso de un transportista que traslada a las personas con discapacidad para hacer sus tratamientos: “Esa persona cobra 541 pesos el litro de nafta. Con suerte los transporta dos días y la persona no hace su tratamiento como corresponde”. También contó lo que sucede con los acompañantes de alumnos con discapacidad que asisten a una escuela común: “Cobran a los 180 días 3 mil pesos por hora. Es evidente que no le alcanza y la persona se va, cuando el acompañamiento tiene que ser durante un año, y por eso van rotando”.

Hoy logramos un avance en serio para la Emergencia en Discapacidad. Vamos por lo que falta: la aprobación en el recinto. pic.twitter.com/HtQFkp0dlK

— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) April 30, 2025

“Los hogares están a punto de cerrar porque tienen deuda con ARCA hasta el 30 de junio y están viendo cómo hacen en un estado de desesperación porque no saben cómo pagar”, presentó como último ejemplo.

Arroyo aclaró que “ninguno de los problemas empezó hace 14 meses, la situación crítica de las personas con discapacidad viene hace tiempo, pero ha empeorado porque no hubo aumento este año”.

Así, explicó que el primer punto que trata el proyecto busca atender el problema del desfase de las prestaciones y la caída de las prestaciones “por eso la emergencia a las personas con discapacidad”. Sobre las pensiones por discapacidad precisó que hay 1.200.000 personas con pensión.

“El Gobierno inició una auditoría algo que es correcto, está claro que hay personas que accedieron a una pensión que no les correspondía, pero no está haciendo la auditoría como corresponde porque la forma de hacerla es identificar a los médicos que han dado cantidad de certificados truchos y evaluar la situación, identificar las localidades, no poner en estado de desesperación a 1.200.000 personas que les llegan cartas documentos que no saben cómo atender porque lo que está desfasado es la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad”, criticó.

Arroyo también cuestionó que hay 500 mil personas que se presentaron para acceder a la pensión, pero “en los últimos 14 meses solo entraron 586, el 0,81%”. “Es necesario hacer una auditoría, pero no poner en estado de desesperación a las personas que hacen 10 horas de cola. A la ANDIS le han pedido un nivel de ajuste que no es posible cumplir con las auditorías y ha generado este estado al conjunto del sistema desacomodando la situación de las pensiones”, apuntó.

Por último, se refirió al maltrato: “Se generó una estigmatización y las personas con discapacidad vienen siendo invisibilizadas hace mucho tiempo, sufriendo falta de servicios y de apoyo. El Gobierno hizo la Resolución 187 en enero donde cambia el sistema de pensiones y vuelve 100 años atrás al concepto de pensión por invalidez laboral y en sus consideraciones denomina a las personas con discapacidad como ‘idiotas’, ‘imbéciles’, ‘débiles mentales’”.

“El proyecto apunta a resolver las tres cuestiones, tomando como base para las pensiones diciembre de 2023 antes del 120% de devaluación, actualiza las prestaciones al mes de abril, descuenta lo que ya fue aumentado y en función de eso compensa para evitar que los hogares cierren y para evitar el estado de desesperación de las personas. A partir de esa compensación, establece que la ANDIS debe hacer un nuevo nomenclador razonable, lógico en término de los montos que requieren las prestaciones para las personas con discapacidad”, resumió Arroyo.

Así, destacó que la iniciativa tuvo mejoras “sustantivas” de diversos bloques como el cuidado del sistema de seguridad social; da claridad sobre la imposibilidad de que una persona tenga a la vez pensión y jubilación por discapacidad “quienes hacen la evaluación sobre el impacto fiscal no deberían confundirse”; y actualiza el valor de los aranceles.

“Es evidente que estamos ante una emergencia, no es que el sistema está un poco desfasado, esta desactualizado. Necesitamos un sistema de pensiones lógico y razonable y declarar la emergencia hasta fines de 2027, establece con claridad condiciones para ordenar lo que está mal y tener un nuevo nomenclador, ordena sanamente el tema de las pensiones no generando un impacto fiscal y sale del maltrato”, concluyó.

A continuación, el titular de la Comisión de Acción Social y Salud, Pablo Yedlin (UP), cuestionó la ausencia del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert (LLA): “Estamos a la espera que se decida a convocarnos. El mecanismo de emplazar funciona, habrá que seguir implementándolo”. El tucumano recordó que la iniciativa ya cuenta con dictamen, pero resaltó que “viene mejorado con el aporte de muchos”.

ANTE LA EMERGENCIA, ACCIÓN 🚨

Acabo de firmar el dictamen para que la #emergenciaendiscapacidad SEA LEY!
No podemos consentir el maltrato que el gobierno cruel de @JMilei dispensa a las personas con discapacidad, sus familias y prestadores de servicios
Que sea ley! 🙌 pic.twitter.com/6wcW32aBiU

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) April 30, 2025

En el mismo sentido, la diputada santafecina Mónica Fein (EF) lamentó la falta de Espert porque “esta comisión tiene quórum y es su responsabilidad estar acá presente”. Luego, remarcó que es un “mecanismo perverso que el Gobierno ha definido para que le cierren los números, dejar a los más vulnerables que requieren del Estado para ser acompañados, restándole prestaciones, limitando aportes, servicios, las maestras, si no también acusando a través de una auditoría y dejando a las personas con discapacidad en una situación de sospecha, vulnerabilidad y abandono. Queremos que sea ley la emergencia”.

“Esto no es una auditoría, es la decisión de que cierren los números y poder dar de baja a más de 400 mil pensiones. No entender que las personas con discapacidad requieren de un Estado presente, un presidente que utiliza el síndrome de Down como insulto para referirse a un gobernador, habla de la falta de humanidad y crueldad, de la incapacidad de comprender una sociedad diversa. Más allá de las dificultades que nos pone el oficialismo impidiendo que discutamos que las personas con discapacidad merecen un trato humano, respetuoso, inclusivo”, cerró adelantando su apoyo al dictamen.

También informando de su acompañamiento al dictamen, Christian Castillo, del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, acentuó la idea de que “viendo el pacto que el Gobierno acaba de firmar con el FMI esto se va a agravar; así como el tema de los adultos mayores, la discapacidad es una de las preferencias de la motosierra de este gobierno”, sentenció. Asimismo, alertó por la posibilidad de un eventual veto presidencial.

EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD @PabloJulianoLP fuerte contra @jlespert

"Qué jodido tenés que ser para presidir la comisión de Presupuesto y Hacienda, tener un emplazamiento de todo el pleno y borrarte. ¿Con qué cara vas a recorrer la Provincia de Buenos Aires para buscar el voto… pic.twitter.com/NIwH2fOjry

— democraciaparasiempre (@dipdemocraciaps) April 30, 2025

La pampeana Marcela Coli (Democracia para Siempre) le agradeció al diputado Carlos Heller (UP) por tomar la presidencia de la Comisión de Presupuesto y “poder hacer ese llamado al titular de la comisión José Luis Espert de no cumplir con su rol, más allá de que esté de acuerdo o no con la temática que se debate. Cuando uno cumple una función, tiene que hacer lo que se debe hacer. Hoy tenía que hacer eso y no está cumpliendo su función, escuchar lo que no quiera escuchar. Lamentablemente no da una buena imagen de su rol”.

“Estamos totalmente de acuerdo que la discapacidad transita la emergencia. Nuestro país recién en 2011 se adhirió a la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad y le dio jerarquía constitucional. Hasta el día de hoy pasaron 5 presidencias donde la discapacidad no ha tenido la atención e inversión de recursos necesarios para tener esa dinámica, esa contención, planes de atención, programas para que hoy la Argentina no este discutiendo una emergencia. Es vergonzoso”, expresó.

Al pedir la palabra, el diputado del Pro Martín Maquieyra señaló que la responsabilidad de la situación por la que pasan hoy en día las personas con discapacidad es “de quienes han gobernado, sobre todo de quienes más han gobernado durante más tiempo”.

“Nuestro dictamen plantea la actualización por el índice de precios al consumidor (IPC) del nomenclador y prestaciones porque creemos que es un problema que hay que solucionar. También planteamos adaptar el vocabulario que se dictan en los organismos. Planteamos que el Ejecutivo reglamente los montos a los talleres protegidos, nos parece inviable en este momento con esos montos que una persona pueda trabajar. Lo diferente es que nosotros creemos que la real dignidad de la persona es poder conseguir un trabajo y no atarlos a una voluntad del Gobierno y por eso plantemos una modificación a la ley laboral para que se triplique el beneficio a quienes contraten personas con discapacidad”, precisó.

Para Maquieyra: "La mejor forma de dar dignidad a cualquier persona es que pueda conseguir un trabajo en blanco, sobre todo un empleo en el sector privado; creemos que esa es la manera de que Argentina salga adelante y ese derecho se le tiene que brindar a todas las personas con discapacidad”.

La radical Carla Carrizo expresó: “Las pensiones no contributivas están sospechadas porque los gobiernos han hecho política partidaria con ellas, pero la dignidad de las personas con discapacidad no puede estar bajo sospecha. SÍ, debe haber controles y auditorías sobre las pensiones".

"Estamos de acuerdo con esta Ley. Pero presentamos dictamen de minoría porque creemos que la emergencia debe ser sólo por 12 meses. También queremos establecer un presupuesto para la misma, no puede quedar en facultad del Ejecutivo disponer una partida", concluyó.

En tanto, el diputado Eduardo Valdés (UP) lanzó una dura crítica al Poder Ejecutivo por el abandono y la violencia institucional hacia el colectivo de personas con discapacidad: “Nunca estuvieron tan mal como ahora. Este gobierno usa la palabra ‘auditar’ como sinónimo de recortar derechos. Lo hicieron con las universidades, con los jubilados y ahora con las personas con discapacidad. La única política de discapacidad que aplican es la crueldad”.

Valdés advirtió que “se está regresando al modelo médico de los años 70, que ya había sido superado por las luchas del colectivo y por los marcos de derechos humanos. “Volvieron a poner el foco en la patología, en la ‘medición de la discapacidad’, en lugar de entender las barreras sociales. Es un retroceso de 50 años”.

Además, Valdés denunció la vigencia de la Resolución 187/25, que el gobierno prometió derogar, pero continúa publicada en los portales oficiales. “Ese texto incluye términos como ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’ para clasificar personas. Es inadmisible, y demuestra el pensamiento real que tienen sobre el tema”, sostuvo.

La Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, presidida por el radical Atilio Benedetti, se reunió este miércoles para continuar con el debate sobre las propuestas referidas a la baja de los derechos de exportación para los productos agropecuarios, a la cual asistieron referentes del sector quienes expresaron la necesidad de eliminar dicho impuesto y le pidieron al Congreso una ley que lo respalde.

Al inicio del encuentro desde el Salón Delia Parodi el titular de la comisión recordó que el debate se inició hace un mes con la presentación de seis proyectos de diferentes autores sobre los derechos de exportación. Así, pidió hacer un esfuerzo la próxima reunión para emitir dictamen de todos los proyectos.

“Estamos ante una situación mundial donde compiten por quién pone más aranceles para complicar importaciones, y nosotros estamos con el problema de los derechos de exportación. Conozco el sector y el esfuerzo que hizo con respecto a este nuevo gobierno, pero el tiempo transcurre. Hay una previsibilidad que se aumenten las retenciones que fueron bajadas por el Gobierno en enero, pero como no hay una ley que contenga existe la posibilidad que aumenten en julio”, expresó el radical.

Por la Sociedad Rural Argentina habló Ivana Nadal, quien planteó que hace 20 años vienen pregonando por la eliminación de los derechos de exportación ante todos los gobiernos e, incluso, agotaron la instancia judicial porque “este impuesto solo postergó inversiones y la posibilidad de desarrollo del país con más de 200 mil millones de dólares que se transfirieron a las arcas del Estado contribuyendo que 100.006 productores abandonaran su actividad”.

“Este impuesto ha deteriorado la economía del interior del país y, por ende, el federalismo que constituye una de las causas de estancamiento del país”, lamentó y precisó que los derechos de exportación son un “mal impuesto, discriminatorio, confiscatorio e inconstitucionales porque genera desincentivos a los productores”.

Nadal remarcó que son una de “las pocas actividades que se aplica este impuesto. Se discrimina a sus productores agropecuarios”. También comentó que desde la Sociedad Rural presentaron un amparo colectivo para que declaren la inconstitucionalidad e ilegitimidad el cobro de derecho de exportación en 2022. “Los derechos de exportación exigen una ley del Congreso”, reclamó.

Por último, informó que la Mesa de Enlace coincide en que hay que derogar el 755 del Código Aduanero, la eliminación de retenciones y que es por ley donde se deben establecer los derechos de exportación.

Pablo Ginestet, de Confederaciones Rurales Argentinas, ratificó que deben ser eliminados los derechos de exportación por una ley y eliminar el 755 del Código. “Los productores agropecuarios venimos pagando retenciones hace más de 20 años, se han aportado más de 200 mil millones de dólares”, informó.

“Los límites a la producción que imponen generan dolor y el impacto devastador a las comunidades, por eso son el peor impuesto”, apuntó y explicó que los derechos de exportación, conocidos también como “retenciones”, son impuestos que se aplican a la venta de los productores al exterior. “En la práctica son profundamente regresivos porque lejos de beneficiar al país, impidieron el desarrollo del interior, pusieron un techo a la producción y profundizaron la desigualdad que genera pobreza. Estos tributos reducen el precio al productor atacando la rentabilidad y desincentivando la inversión en tecnología e innovación”, planteó.

Ginestet sostuvo que la eliminación de las retenciones generaría “previsibilidad al sector” y agregó: “Argentina necesita un sistema tributario estable y transparente para promover la inversión, facilitar acceso a créditos, planificar la producción”, y pidió que se enfoquen “con decisión y valentía en la urgencia que enfrenta el país que es la reducción del gasto público”.

Por último, lamentó que desde la implementación de las retenciones desde 2002 hasta la actualidad el país perdió más de 75 mil productores agropecuarios, una caída superior del 25%.

Desde Federación Agraria, Claudio Angeleri reiteró el pedido de quita de retenciones de forma gradual o de una sola vez. “A lo largo de los años nos han prometido que iban a sacar ese derecho, y ninguno ha cumplido. Necesitamos previsibilidad para poder invertir, no tenemos la herramienta para hacerlo”, criticó y detalló: “De lo que tributamos, el 72% se va a en impuestos”.

Mientras que desde la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Patricia Luque consideró que "eliminar los derechos de exportación no implica resignar recursos fiscales, sino reorientarlos. Es una medida de política económica correcta para fortalecer el crecimiento, el desarrollo del interior productivo, generación de empleo y divisas y estabilidad fiscal del país”. Luque señaló que es “imprescindible” para mejorar la competitividad, garantizar un crecimiento sostenible en toda la cadena productiva.

“El agro es un pilar fundamental del desarrollo de la economía, especialmente ene l interior donde son la principal fuente de empleo y dinámica económica. Representa 1 de cada 4 puestos de trabajo privado; 1 de cada 4 pesos del PBI; 1 de cada 5 pesos de recaudación tributaria; 5 de cada 10 dólares de exportación”, indicó.

Por su parte, Ángeles Naveyra, presidenta de la Fundación Barbechando remarcó: "Necesitamos previsibilidad y reglas claras para ser una Argentina competitiva”. “Todos queremos un país con desarrollo federal y para eso necesitamos que los cinco motores arranquen, la agroindustria es la que más está traccionando y es el único generador de divisas”, agregó.

Por último, Juan Schilling, de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), dijo que “la propuesta es eliminar las retenciones sin afectar el superávit fiscal”, y en ese sentido, señaló que “planteamos financiar el impacto fiscal, negativo que tiene esto, con una eliminación progresiva en tercios por año y la emisión de un bono similar al que se usó para regularizar las importaciones atrasadas que heredó este Gobierno".

Durante la reunión informativa que se desarrolló en el Salón Delia Parodi del Congreso Nacional, además, expusieron Ariel Angeli, líder de Unidad investigación y desarrollo CREA, y Nicolle Pisani Claro (FADA).

La palabra de diputados

El pampeano Martín Ardohain (Pro) señaló que hablar de retenciones es “hablar del daño que le hicimos al campo y al sector productivo. Fueron 22 años nefastos para la producción, los números son contundentes, el sistema no funcionó, fracasamos y miles de puestos de trabajo se perdieron”. “Hay que sacarle el pie de encima a la producción”, remarcó.

El diputado nacional Carlos Gutiérrez, que responde al gobernador Martín Llaryora, insistió en que la Cámara baja dictamine un proyecto para que las rebajas parciales al impuesto por los derechos de exportaciones del Agro no vuelvan a subir en junio, según el plazo establecido por el Gobierno Nacional.

El legislador cordobés instó a que “lo más pronto posible” la Comisión de Agricultura y Ganadería defina una iniciativa para garantizar que las rebajas parciales a las retenciones no suban desde mitad de año.

Al respecto, Gutiérrez sostuvo: “No es un capricho político ni de conveniencia. Para Córdoba y las provincias que integramos la zona central del país y para todas las economías regionales es fundamental que -de una vez por todas- no existan más las retenciones”.

“Hoy no sabemos cómo van a impactar las medidas comerciales impulsadas por Estados Unidos, aunque si debemos ser prudentes y tener un pronóstico de lo que puede traer aparejado para nuestro país. En cualquier caso, que no nos encuentre a contramano de lo que debe ser nuestra política productiva fundamentalmente ligada a las exportaciones”, afirmó el legislador y agregó: “Acompañamos el objetivo del superávit fiscal, pero sin un desarrollo productivo no nos lleva sino nuevamente a una frustración sobre el destino de nuestro país”.

También resaltó: “Estamos de acuerdo con que municipios y provincias se sumen a este esfuerzo de baja impositiva y a contribuir con la competitividad, pero debe hacerse con una discusión de una nueva matriz tributaria. Si no se le suelta la mano a las provincias sin importar lo que les pueda suceder”.

“Es una falacia que no se puede enfrentar el costo fiscal. Se lo puede hacer desde la progresividad y desde la discusión de una nueva matriz impositiva “, expresó por último Gutiérrez.

El tucumano Roberto Sánchez (UCR) expresó que “la mayoría de los impuestos que se han puesto aún persisten. Hubo una gran transferencia desde el campo a los gobiernos. Hay que ver con buenos ojos lo que hizo el Gobierno de mermar un 20% algunas producciones, pero no dan previsibilidad porque es solo hasta junio, no hay previsibilidad”, y cerró: “Vamos a tratar de dar la mejor ley que necesita el campo para salir de este letargo y no nos deja competir con los demás productores de los países y no podemos crecer”.

En la antesala al paro general anunciado por la CGT, un sector de la oposición en Diputados retomó este martes el debate por la reforma sindical, puntualmente el eje del encuentro fue sobre la eliminación de la llamada “cuota solidaria”.

Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el radical Martín Tetaz, quien anunció que la próxima semana se llevará a cabo un encuentro de carácter informativo y, la siguiente, intentarán sacar un dictamen.

Tetaz aclaró que los proyectos presentados puestos en debate proponen modificar el artículo 9 de la Ley 14.250 y el artículo 37 de la 23.551 que tienen que ver con la famosa “cuota solidaria” que son “descuentos que los trabajadores reciben en sus recibos de sueldo y no han sido expresamente autorizados por el trabajador”.

Tras ser ungido como secretario de la comisión, el diputado de UP José Gómez (Santiago del Estero) le aclaró que “todo lo que hace a la acción sindical está aprobado a través de asambleas o convenios colectivos de trabajo”.

Al tomar la palabra, el diputado monobloquista Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) explicó que en su iniciativa propone la eliminación de los aportes obligatorios de quienes no son afiliados y no han consentido las contribuciones. Así, sostuvo que en los convenios internacionales se prevé “el pluralismo sindical” y que “no se debe usar el poder coactivo del Estado para servir a organizaciones”.

Por la Libertad Avanza, se manifestó la diputada Marcela Pagano quien contó que su iniciativa fue presentada en octubre y propone darles la posibilidad a los empleadores de lo que puedan elegir qué hacer con los recursos que consideran que deben retribuir como capacitación o beneficios a los empleados. “En mi proyecto planteo que los aportes, que hoy son obligatorios en materia de capacitación y seguros, pasen a ser voluntarios”, precisó.

Pagano contó que ha recibido denuncias por parte de empleadores y que les han comentado que “los fondos del 0,5% del sector de comercio, por ejemplo, no fueron a la capacitación. Desde el 2008 no cuentan con un solo empleado que haya recibido capacitación alguna, siendo que está esta obligación que fue homologada en la paritaria con el Ministerio de Trabajo. El beneficio que tiene que ser para el empleador y empleado no está ocurriendo y los fondos están yendo a algún lugar, pero nadie responde qué hacen con los fondos”.

La libertaria propuso que se “investiguen el destino de estos costos ocultos”, y preguntó: “¿A dónde va financieramente el dinero que se aporta en tiempo y forma? ¿cómo se capitaliza? Me pregunto si tenemos la legislación eficiente para que los fondos sea realmente el destino final las capacitaciones y no sean manos que manosean fondos y se los quedan para beneficios d algunos pocos”. Así, insistió en que el aporte debe ser voluntario y que se investigue qué se hace con los fondos.

De la vereda de enfrente, el diputado Pablo Carro (UP) le planteó que si de las Cámaras Empresarias hay denuncias de malversación de fondos deben ir a la justicia para que “no sea una discusión ideológica”, en el mismo sentido se manifestó López Murphy.

Foto: HCDN

Por su parte, como integrante del sindicato del gas y petróleo privado, el diputado chubutense Jorge Ávila (Encuentro Federal) le retrucó a Pagano y se defendió: “A todos los trabajadores nuestros los capacitamos. Hacemos balance y presentación de eso. Vamos con la documentación. Nosotros nos manejamos así porque si no se prepara al empleado no se puede trabajar, esa es la virtud de los fondos”, y apuntó: “No tiene coherencia el proyecto que estás presentando”.

Ávila criticó: “No es un proyecto que nos va a cambiar la idea de ver el gremialismo. Busquen una mejor acción, de que su gobierno controle mejor. El proyecto que está presentando es ilógico, por eso no lo vamos a votar”.

El diputado nacional y uno de los secretarios generales de la CTA, Hugo Yasky (UP), criticó que la mayor cantidad de proyectos “parten de desconocer lo que es la base jurídica del Estado de derecho que garantiza la autonomía y libertad sindical”. En tanto, cuestionó el proyecto de López Murphy y sostuvo que “lo que propone es absurdo porque la OIT plantea desde su inicio es el respeto a las decisiones que toman los sindicatos que están fiscalizadas por el orden público”.

Yasky defendió la cuota solidaria: “Desconocen que son decisiones que toman los propios trabajadores en uso y práctica de su autonomía. Los sindicatos son organizaciones libres y no pueden estar sometidas a la lógica de un Estado”, y comparó que en Europa existe la cuota solidaria. Así, desmintió que el sindicalismo impone la afiliación: “Es todo mentira, en Argentina la afiliación es voluntaria”.  En ese sentido, apuntó que el oficialismo “necesita recursos para la campaña”.

“Se está aplicando una doble vara que, además, es violatoria de la ley. Hay un solo proyecto de este paquete que contemplaba alguna medida que favorecía a los trabajadores fue excluido. Quizás se debe al clima de época de la comisión”, denunció Yasky.

Lejos de quedarse callado, López Murphy le contestó: “Es una cosa anómala que permanezcan por décadas los mismos representantes a cargo”, y sumó: “La idea de que un grupo corporativo le imponga a las personas que no pertenecen, contribuciones forzosas, es inaceptable”. A su turno, Carro chicaneó al diputado de Encuentro Federal: “Inaceptable es firmarle un DNU al presidente para que acuerde con el FMI pese a que la Constitución dice que lo tiene que hacer el Congreso por ley”.

📑 La comisión de Legislación del Trabajo, presidida por @martintetaz, se reunió hoy para debatir proyectos de ley tendientes a eliminar o modificar las contribuciones de solidaridad de los trabajadores en beneficio de las asociaciones sindicales. pic.twitter.com/iRKnyy6UNP

— Bloque Diputados UCR (@diputadosucr) April 1, 2025

“Es un delirio desde mi punto de vista que se quiera reventar una legislación nacional que ha sido de mucha utilidad”, cuestionó Carro y sumó: “Necesitamos la opinión de las Cámaras Empresarias, no se tienen que meter con la vida de los sindicatos porque estos fondos son de muchísima utilidad. No conozco empresarios que estén en contra de esto, si conozco políticos que ideológicamente están en contra de esto”.

El dirigente sindical de SMATA Mario Manrique (UP) cuestionó que “hay una visión distorsionada de las cosas porque parece que hablan de una mafia organizada y fuéramos apunto de pistola a firmar acuerdos”, y defendió: “Todo lo que discute el sindicato es en beneficio de todos los trabajadores, afiliados o no”. Manrique señaló que el eje de la discusión es si se está a favor o en contra del sistema sindical del país.

“Lo que buscan todos estos proyectos es desfinanciar a los sindicatos. No buscan mejorarle la calidad de vida a los trabajadores, la productividad a empresarios, abaratamiento de los costos para la creación de empleo”, apuntó y agregó: “Se está usando de excusa los aportes y contribuciones sindicales, pero se está poniendo en duda el sistema gremial”.

Manrique disparó contra el oficialismo: “Si algo no funciona, hay que hacerlo funcionar no eliminarlo porque si no es la ley del menor esfuerzo que es lo que el Gobierno no hace, eliminan lo que dicen que no funcionan. Son unos vagos, no quieren laburar. Hay que hacer funcionar al país cumpliendo las leyes que ya están, no creando nuevas”.

Desde el bloque Pro, Gerardo Milman señaló: "Nosotros venimos a defender los intereses del pueblo y una gran parte de eso son los trabajadores, no tenemos que venir en función de si somos empresarios, sindicalistas, venimos como diputados".

En ese sentido, el diputado afirmó que “estos aportes afectan la capacidad de ingresos de los trabajadores”, al tiempo que bregó por “una ley de modernización laboral” con el fin de “sacar de la informalidad a muchos trabajadores”.

En tanto, la diputada Soledad Carrizo (UCR) manifestó que “es fundamental reformar el sector del sindicalismo no solo en su representación sino respecto a la cuota sindical”, al tiempo que apoyó “la eliminación de la obligatoriedad del aporte". En la misma línea, Agustín Domingo (Innovación Federal) coincidió con su par en la “necesidad de una modernización laboral".

La Comisión de Minería de la Cámara baja, presidida por el sanjuanino Walberto Allende (UP), se reunió este miércoles para recibir al secretario de Minería de la Nación, Enrique Lucero, y funcionarios provinciales quienes disertaron sobre los desarrollos mineros en las provincias. También estuvo presente el titular de la Cámara, Martín Menem.

Del encuentro, que se llevó a cabo en el Anexo “A”, participaron representantes de las provincias de Jujuy, Catamarca, Mendoza, San Juan, Santa Cruz y La Rioja, sumado a empresarios vinculados al sector. Por su parte, desde la provincia de Salta no pudo asistir el ministro, debido a que se encuentran afectados por las inundaciones.

La exposición la abrió el secretario de Minería quien afirmó: “Estamos viviendo un momento extraordinario en el precio del oro sin precedentes”. Además, brindó datos sobre los proyectos en marcha en las diferentes provincias, precisó cifras sobre las inversiones y detalló qué empresas solicitaron la adhesión al RIGI.

También puntualizó: "Integro un gobierno que lleva apenas un año en el poder y creo que estamos hablando de un deterioro de más de cincuenta años y me parece aventurado exigirle al Gobierno Nacional en este momento”. En la misma línea, pidió que “seamos equilibrados; por favor no hagamos de la minería federal cuando conviene y algo nacional cuando no conviene”.

Foto: HCDN, secretario de minería de la Nación, Enrique Lucero

San Juan

El ministro de minería de San Juan, Juan Pablo Perea Fontivero, destacó la unidad para los grupos inversores que “es algo que el país ha dado un salto de calidad de transformarnos, pasar a ser un país minero”. En cuanto a la provincia, sostuvo que “pudimos avanzar después de 20 años en un moderno sistema de evaluación ambiental. Estamos trabajando para tener un ministerio de minería digitalizado porque son herramientas que debemos mostrarle al grupo inversor para que confíe y ser más atractivos”.

“La minería ha transformado en los últimos 20 años la matriz productiva de la provincia. El incremento del precio del oro pudimos dar un salto de calidad y modificó los números. En 2024 se exportó por unos 1.847 millones de dólares un 66% más que el 2023, se despachó en 2024 unas 690 mil toneladas un 25% más del año anterior. Por facturación, el oro es el principal producto de exportación con 1.467 millones un 80% más que en 2023. En 2024 el 82% de las exportaciones de San Juan liderado por el oro. Las demás exportaciones también crecieron con respecto al 2023 en un 25% promedio”, precisó y cerró: “Para nosotros la minería es el motor principal de crecimiento”.

A su turno, el secretario de ambiente de San Juan, Roberto Moreno, explicó la nueva normativa de su área que rige desde diciembre de 2024: “Reunimos toda la normativa dispersa en otros decretos que se sacaban con el transcurso de los años. Se adaptaba la normativa a los proyectos que salían. Así volvimos a cumplir con los plazos que establece el Código de Minería para la evaluación ambiental de todas las etapas. En los proyectos grandes se mantiene la Comisión Interdisciplinaria de evaluación ambiental Minera, y también se introdujo que todas las actualizaciones de evaluaciones ambiental se presentarán por declaración jurada”.

Jujuy

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles, expresó la necesidad de discutir la actualización de políticas sobre minería que “nos están afectando”, porque los datos “nos marcan que Argentina está ante grandes desafíos, pero a los grandes problemas necesitamos soluciones”. “El cambio de la matriz energética en el mundo, hizo que nuestro país sea demandando en el tema de la minería y cambio en tecnologías, por lo cual, hace falta poder discutir un nuevo código minero o actualizarlo”, planteó.

“Tenemos un total de 21 proyectos de exploración en tema de litio, 43 proyectos en evaluación sobre los salares. En los próximos años vamos a tener arduo trabajo en el tema, sobre todo en la búsqueda de polimetálicos, pero el desafío de las provincias es generar proveedores mineros capacitados, especialización en todo esto del litio y minería para que podamos retener parte de ese valor agregado y se transforme en puestos de trabajo”, consideró.

Abud Robles sostuvo que “tenemos que estar preparados con una legislación acorde a esta demanda mundial. Hay que darles especialización a nuestros habitantes, ingenieros, empresas. Ese es un gran desafío, también otro desafío es discutir el código minero para que vengan inversores”.

“Es el momento de esta actividad en el país para tener inversiones, para poder crecer ante los precios internacionales, generar valor agregado y empleo en cada provincia. Si no somos capaces de generar mayor valor agregado, creo que se nos va esta oportunidad de las manos y tenemos que trabajar de forma conjunta”, concluyó.

Catamarca

La directora de promoción y responsabilidad sociedad minera, Yésica Yornet, comentó que en etapa de exploración cuentan con 30 proyectos con vida vigente respecto del litio “un mineral crítico de la provincia”. Sobre proyectos metalíferos y no metalíferos cuentan con más de 20 iniciativas en exploración y 3 en explotación. De ellos destacó Agua Rica “con el que se sigue trabajando”, y Diablillos “es un proyecto compartido con Salta”.

Yornet afirmó que trabajan bajo el eje de la transparencia al adherirse al estándar EITI en 2023. También, trabajan bajo los ejes de lo social con una contratación de mano de obra local del 70%, y lo ambiental: “Participan las comunidades locales y se las capacitan. También la perspectiva de género en la participación y en la redacción del impacto ambiental”.

Al cierre de su alocución, la funcionaria catamarqueña remarcó la necesidad de crear “alianzas estratégicas. Tenemos un fuerte compromiso en lo ambiental y social. Es posible la minería bajo ciertos parámetros para que sea sustentable”.

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Santa Cruz

A través de un video, destacaron que es una de la provincia argentina número uno en exportaciones mineras, donde 4 de cada 10 dólares que exporta el país en minería se producen por esa provincia. Así, la minería representa el 80% de las exportaciones totales de Santa Cruz y en 2024 crecieron en un 8% interanual. De la canasta minera de exportación, el oro representa un 89,7% y la plata un 10,1%. Así, la provincia cuenta con un total de 36 proyectos en exploración de oro y plata, 7 en producción, 3 en exploración de uranio y lignito.

Además, destaca que se trata de la única provincia que cuenta con una ley de cierre de minas, sistema de control y monitoreo ambiental remoto que disminuye errores, produce reportes y acceso a la información. También está adherida al EITI para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.

La secretaria del área, Nadia Ricci, explayó que “gracias a la ley de inversiones mineras estamos en un hito similar al RIGI es líder en minería desde hace 30 años, pero pasaron cosas y no se ha tenido una continuidad en política minera porque es un territorio sub explorado y es algo que estamos tratando de revertir desde dos ejes fundamentales, es una de las grandes oportunidades”. “La actividad minera es la acción más concreta que se tiene”, remarcó.

Así, contó que están trabajando en el fortalecimiento institucional, la promoción para la atracción de inversiones. “También estamos en el desarrollo de digitalización y transparencia que es importante al momento de los inversores evalúen dónde invertir el dinero. Pero recuperar los años perdidos para la provincia es un imposible, es como comenzar de nuevo”, lamentó. Por último, pidió que el Congreso o la secretaría trabaje en la extensión de los beneficios del RIGI a ciertas empresas y discutir créditos fiscales que “permitan más credibilidad para que inviertan”.

Mendoza

Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza y exdiputada nacional, recalcó la decisión firme del gobernador de su provincia para “desarrollar una política de promoción minera capitalizando los aprendizajes y acelerando la exploración, que durante muchos años en Argentina nos ha llevado a no certificar reservas, siendo el peor de los escenarios porque las inversiones se apalancan de dichas certificaciones”.

“En cuanto al potencial geológico, Mendoza comparte con San Juan y Chile cinco de las principales fajas metalogénicas del cinturón del pacífico, esto significa que tenemos un gran potencial”, puntualizó la ex diputada nacional. Sin embargo, aclaró que “Mendoza tiene una legislación ambiental restrictiva, pero no es prohibitiva”, y tiene una modificación del Código de Procedimiento Minero para “agilizar los procesos de otorgamiento de permisos, para tener estándares de sostenibilidad ambiental y social”, y reafirmó: “La importancia de la minería como eje de la economía andina basada en el desarrollo de la industria energética y minera”.

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La Rioja

Participó del encuentro Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, quien celebró que en la comisión estén juntos el sector público y el privado. “Nosotros somos los que legislamos y el sector privado es el que invierte; o sea, está en nuestras manos generar las condiciones de sustentabilidad de este tipo de inversiones que son a largo plazo”, ratificó.

“Tenemos una oportunidad inédita para la historia de nuestro país en dar un paso adelante en este rubro de la economía que tanto necesita, que es el mundo de los minerales; aprovechemos esta oportunidad, legislemos en pos de no ahuyentar los capitales, que son ellos los que van a generar trabajo, regalías y mejores condiciones de vida para 47 millones de argentinos”, afianzó el titular de Diputados.

Al referirse al RIGI, Menem acentuó que “más allá de lo importante que es para nuestra industria, habla de nuestro fracaso en términos políticos; viene a ser el parche a un sistema que no pudimos generarle condiciones de estabilidad de manera natural y permanente en torno a la inversión de los capitales”.

El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, analizó que “en los últimos años ha habido un avance muy positivo hacia dentro de las provincias en consolidar procesos importantes para que la minería crezca, y buscar alternativas concretas que permitan inversiones futuras cercanas de alta envergadura y con proyectos de clase mundial, que representan un hito para la Argentina a medida que puedan desarrollarse”.

“Hay que atacar totalmente al tema de nuevas exploraciones, pero tenemos que tratar de consolidar los proyectos existentes, porque si no en poco tiempo nos vamos a quedar con una explotación disminuida”, reflexionó Cacciola y, en esa misma línea solicitó “generar instrumentos que permitan incentivar nuevamente los proyectos que están en producción y tengan la posibilidad de incrementar significativamente la exploración que va a derivar en mayores erogaciones”, definió.

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También, hicieron uso de la palabra en representación de La Rioja Federico Bazán, ministro de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja, e Ivana Guardia, secretaria de Minería; Alfredo Vitaller, director de Asuntos Corporativos de la Empresa Vicuña Corp; Santiago Cichetti, gerente de Asuntos Exteriores de la Empresa Río Tinto; y Néstor Rigamonti, de Minera Santa Cruz.

El secretario de Minería de la Nación, Luis Enrique Lucero, participó este miércoles de la reunión de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados donde brindó datos sobre los proyectos en marcha en las diferentes provincias, precisó cifras sobre las inversiones y detalló qué empresas solicitaron la adhesión al RIGI y destacó que “estamos viviendo un momento extraordinario en el precio del oro sin precedentes”.

El funcionario hizo un resumen de los sucesos vinculados al sector ocurridos desde junio de 2024 a marzo de 2025. Al respecto, comentó que en materia de inauguración de operaciones se puso en marcha una planta de litio del proyecto Centenario Ratones (en Salta), planta de hidróxido de litio del proyecto de Sal de Oro y la planta de cloruro de litio del proyecto Mariana. “Con esto ya son 6 las minas de litio en operación en el país: en Jujuy, Cauchari-Olaroz y Olaroz; en Catamarca, Fenix”, precisó y destacó: “Es un gran progreso”.

En cuanto a los anuncios de inversión mencionó el de Glencore por 400 millones de dólares en proyectos MARA (Catamarca) y El Pachón (Jujuy) entre 2024 y 2026 con destino en estudios de factibilidad y trabajos tempranos. También, Kobrea Exploration anunció inversiones por 20 millones de dólares en exploración en Mendoza. Se suma Río Tinto con inversiones por más de 2.700 millones de dólares para la construcción de una planta de carbonato de litio en Salta. Además, la empresa realizó la presentación al RIGI en febrero de 2025 con el proyecto Salar del Rincón. Por último, la empresa Ganfeng Lithium anunció inversiones por 40 millones de dólares en su proyecto Cauchari-Olaroz para instalaciones de una planta prototipo de extracción directa de litio.

Solicitud de adhesión al RIGI

Lucero precisó que Minas Argentinas S.A con su proyecto Gualcamayo en San Juan presentó una inversión estimada en 1.000 millones de dólares para continuar la producción de oro. Galan S.A con su proyecto Hombre Muerto Oeste en Catamarca presentó una inversión estimada en 228 millones de dólares para iniciar producción de cloruro de litio.

Posco Argentina con Sal de Oro presentó una inversión de 1.002 millones de dólares para iniciar la producción de carbonato e hidróxido de litio. En tanto, Litio Minera Argentina S.A con su proyecto Mariana presentó una inversión de 980 millones de dórales para iniciar la producción de cloruro de litio, mientras que Andres Corporación Minera con su proyecto de cobre Los Azules se presentó con una inversión de 227 millones de dólares. Por último, Rincón Mining PTY Limited con un proyecto en Salar de Rincón invirtió 2.724 millones de dólares para iniciar la producción de carbonato de litio.

En lo que respecta a misiones al exterior, Lucero destacó los “esfuerzos y el trabajo federal desde la secretaría. Nos sentimos acompañados y felices de compartir misiones para empujar la minería argentina”.

“Estuvimos en Londres en conjunto con las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, Mendoza y San Juan en la semana de la Bolsa de Metales, una de las más importantes del mundo. En noviembre firmamos un memorándum de entendimiento con el Servicio Geológico Alemán”, contó.

También informó que firmaron memorándums con Estados Unidos, con Emiratos Árabes y con el Departamento de Recursos Naturales de Canadá. “Avanzamos con el memorándum con la Unión Europea, firmamos una hoja de ruta definiendo temas y proyectos y lo mismo con la India”.

“Estamos viviendo un momento extraordinario en el precio del oro sin precedentes, plata y cobre en buen momento. El litio sigue sufriendo por ahora”, ponderó, pero en cuanto a los proyectos advirtió que para el 2035 estiman una caída de la producción de oro “a menos que logremos con algunas medidas remontar la exploración y que haya reservas”.

También puntualizó: "Integro un gobierno que lleva apenas un año en el poder y creo que estamos hablando de un deterioro de más de cincuenta años y me parece aventurado exigirle al Gobierno Nacional en este momento”. En la misma línea, pidió que “seamos equilibrados; por favor no hagamos de la minería federal cuando conviene y algo nacional cuando no conviene”.

El titular de la comisión, Walberto Allende consideró que las palabras del secretario “pone en evidencia lo que significa recorrer los diferentes países del mundo hablando de las bondades de Argentina respecto de estos minerales tan requeridos y se manifiesta en cada inversión”.

“Ha cambiado la mentalidad del argentino, particularmente en lo que es capital federal que fue reacio a aceptar esta actividad que podemos hacerla cuidando el ambiente. Creo que tiene que ver mucho con las decisiones de los gobiernos provinciales de apostar fuerte, trabajar con las comunidades y entender que aquellas provincias que estamos recostados sobre la Cordillera no tenemos plan b si no hacemos minería”, expresó el sanjuanino y remarcó que “nuestra esperanza está en la minería y por eso la decisión política de los gobiernos provinciales es fundamental”.

Luego del pedido que hizo el presidente Javier Milei en la apertura del período ordinario al Congreso para que aprueben el proyecto sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 13 años, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados retomó este miércoles el debate tras cinco meses de la última reunión informativa que habían tenido.

El plenario, que duró poco más de una hora y se desarrolló en el Anexo “C”, estuvo compuesta por las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, a cargo de Laura Rodríguez Machado (Pro), Roxana Reyes (UCR), Manuel Quintar (LLA) y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

El proyecto de régimen penal juvenil fue uno de los temas de seguridad que el año pasado no avanzó por la falta de consenso entre el oficialismo y la oposición, dada la variedad de propuestas para reformar la legislación vigente, tras siete reuniones informativas que hubo. Sin embargo, el trágico caso de la nena de siete años Kim Gómez que fue asesinada por dos menores de edad, reactivó el reclamo por parte del Gobierno.

En lo que respecta al proyecto del Poder Ejecutivo, se propone un régimen penal aplicable a adolescentes de 13 a 18 años, bajando así la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Esto regirá para cuando fueran imputados por delitos tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales.

Se define que la finalidad será “fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos” y “lograr su educación, resocialización e integración social”.

De acuerdo con el proyecto, las penas privativas de la libertad serán: en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.

Estará “prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años. Además, prevé penas tales como: amonestación, prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima. También, la prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salir del país y prestación de servicios a la comunidad. Asimismo, la iniciativa contempla una serie de medidas complementarias como programas educativos, deportivos, de capacitación laboral, entre otras.

Al inicio de la reunión, Laura Rodríguez Machado -titular de la comisión de Legislación Penal- aclaró: "Este plenario no es informativa. En el día de hoy la decisión que hemos tomado con los presidentes de bloques es no emitir despacho por ahora y trabajar en la posición que tiene cada uno de los bloques sobre la temática”.

“Hemos tenido 7 reuniones de comisión y hemos escuchado a los doce autores de los proyectos que van a ser tenidos en cuenta presentes al momento de dictaminar, a más de 26 especialistas en la temática. Si alguno de los bloques considera que hay que tener presente alguna otra exposición la vamos a incorporar por escrito”, recordó.

Machado pidió que los expositores dejen explícito su punto de vista sobre lo que consideran como edad mínima de imputabilidad, pena máxima, plazos de implementación, penas alternativas a la prisión, modalidades atenuadas, programas de resocialización, tratamientos médicos, figura de supervisor, que son algunos puntos que existen coincidencias y discrepancias.

La primera en hacer uso de la palabra fue la radical Soledad Carrizo quien celebró el tratamiento inmediato de un tema “tan importante” y recordó que hace ya 11 meses que ingresó el proyecto del Ejecutivo. Así, remarcó que a la sociedad “tenemos que darle una solución”.

“En lo personal creo que este debate está agotado, que tenemos que avanzar en un dictamen en los meses restantes sabiendo que es un tema complejo. Hay que tomar una decisión”, planteó. En tanto, resaltó que todos coincidieron en que “la criminalidad, la delincuencia”, y manifestó: “No solamente lo debemos mirar desde un paradigma punitivo, entendemos que tenemos que tener en cuenta todas las problemáticas”.

Carrizo afirmó que “la pena en la cuestión de los jóvenes tiene que tener una finalidad reeducadora y resocializadora, sino no tiene sentido discutir el tema”. Además, cuestionó que se ha querido reducir el tema en cifras sobre criminalidad de menores: “Nos quedamos en cifras aritméticas, pero hay una realidad que la sociedad, las víctimas destrozadas han vivido en manos de menores, por lo tanto, tenemos que entender que esta criminalidad juvenil existe y debemos abordarla definitivamente”. La radical pidió que entre marzo y abril se tome una decisión porque “no es algo que viene desde ahora, es una ley desde 1980 que se sancionó con paradigmas diferentes a las actuales. Hay que modernizarla y poner al país en otra mirada integral del régimen penal juvenil”.

A continuación, la diputada Marcela Campagnoli (CC-ARI) coincidió con su par preopinante de que “no se puede seguir mirando para otro lado”, porque “tenemos un régimen de 1980 sin ninguna garantía procesal para el menor”. Campagnoli cuestionó que en la provincia de Buenos Aires “muchas veces la única respuesta que da el Estado es penal”, pero aclaró que “esa respuesta punitiva tiene que estar, pero esto no viene de ahora sino desde el año 2000”.

Campagnoli enumeró que los proyectos que fueron presentados por su bloque durante estos años propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años, crear un Régimen de responsabilidad penal juvenil, donde estén todas las garantías procesales que tienen también los adultos, medidas socio educativas, reclusión privativa de libertad para delitos de acción pública.

La diputada de la CC pidió que se decida si se quiere o no que haya un régimen penal juvenil, aunque remarcó que “debe haber lugares de alojamiento adecuados, porque recuerdo que no hay planta. ¿Los vamos a meter con los adultos?”. Así, manifestó que “el Gobierno en su afán de conformar a la sociedad sale con medidas tribuneras, pero la realidad es que no hay dónde alojarlos a los menores. Necesitamos un debate sincero y profundo”.

La bonaerense dijo que, pese a que solo el 2% de delitos lo comenten los menores, hay que dar una respuesta y crear un sistema de responsabilidad penal juvenil. Sin embargo, remarcó que los jóvenes que delinquen “están bajo el consumo de sustancias” por lo que pidió tratar la Ley de Salud Mental.

“La mayoría de los proyectos son coincidentes, tenemos muy pocas diferencias o sea que podemos avanzar con el régimen con medidas socioeducativas para delitos de menor escala, prisión para delitos más graves. La mayoría propone 14 años de edad”, destacó y solicitó crear un grupo de asesores que quieran buscar un dictamen de mayoría y ceder en algunas cosas “si tenemos la voluntad de dar una respuesta a la sociedad”.

Desde la izquierda, manifestaron su rechazo en un “100%” el proyecto y acusó a todos los gobiernos de hacer de las necesidades de la gente “una campaña electoral”. La diputada Mónica Schlotthauer señaló que “no es ninguna garantía que con esta iniciativa se va a terminar con la inseguridad, esto es imposible”.

“No digan más que con leyes duras vamos a resolver el problema de la inseguridad. Solo quieren seguir metiendo presos a los pibes y criminalizar la pobreza, lo que no resuelven”, apuntó y propuso: “Democratizar la justicia, basta de poner jueces a dedo, los tienen que votar la gente. Es una vergüenza que se siga hablando de esto”.

En tanto el diputado Christian Castillo sumó: “La baja de edad no solo no soluciona el problema, sino que es perjudicial”, y brindó detalles sobre delitos: “Argentina tiene 4,2 delitos cada 100 mil personas. Ecuador que tiene 12 años tiene un 46,1%, Honduras 31,1%, Venezuela 20,8”. “Los países que bajaron la edad de punibilidad aumentaron la cantidad de delitos por menores”, planteó y cuestionó: “Esto es humo para criminalizar a los pibes, para no resolver los problemas estructurales y tener política de vendetta sobre pibes en situación de vulnerabilidad”.

“Es ridícula la frase de ‘crimen de adulto, pena de adulto’. Solo el 0,45% de niños y adolescentes entran en el sistema penal”, cerró.

El radical correntino Manuel Aguirre planteó que la delincuencia juvenil es multicausal desde la familia, la escuela, seguridad que llevan a “una desviación de conducta”. Por eso remarcó que en su proyecto propone: “Hay que tratar de ayudarlos a que se rencaucen socialmente porque no sirve imponerlo con sanciones graves. Yo puse 14 años en sentido formal, pero no creo que se necesite edad. Hay que tratar de recuperar a los chicos, hay que hacer institutos, no cárceles, porque hay que recuperar a los chicos de su desviación de conducta”.

Por su parte, el neuquino Osvaldo Llancafilo adelantó su acompañamiento la baja de edad de imputabilidad a los 14 años entendiendo que “se deja de lado algo que es tan importante lo que pasa con las víctimas y las familias que han tenido que pasar un homicidio en manos de un adolescente”. Así, sostuvo que hay que considerar “su edad y su responsabilidad al cometer un delito de grande”.

“Hablan de cuestiones que tienen que ver con el entorno socioeconómico, la cuestión social, la vulnerabilidad, pero en Gales y en Inglaterra la de imputabilidad es de 10 años hablamos de países desarrollados y dudo que allí no haya oportunidades, en función de las comparaciones que hacen. Claro está que hay una cuestión que tiene que ver con que los legisladores demos respuestas a una cuestión coyuntural que estamos viviendo y que parte de la sociedad pide”, manifestó y criticó: “Estar reduciendo esto a una cuestión de índices a ver si baja o no la inseguridad, me parece que es un enfoque errado”.

Al igual que los demás, Llancafilo también propuso la necesidad de tener un sistema de resocialización y políticas correccionales acorde a lo que sucede: “Ojalá se trate rápidamente el proyecto y dictaminar y llevarlo al recinto. El tema de la inseguridad y el delito penal juvenil tiene muchos años en el país y ninguna gestión ha logrado resolverlo. Hablan de programas y leyes, pero está claro que el tema no se resolvió”.

“La baja de edad de imputabilidad me parece es un buen paso para dar una respuesta a una cuestión coyuntural que vivimos. El Estado tiene que ocuparse de la resocialización de esos jóvenes y para eso tienen que invertir para la contención. Se debe hablar de un enfoque restaurativo”, cerró.

Ramiro Gutiérrez por el bloque de Unión por la Patria expresó brevemente: “Debemos preguntarnos si necesitamos un Régimen que debe tener la instrumentación de los hechos. Se necesitan órganos regidos por el principio de especialidad y especificidad. Se necesita un proceso que establezca cómo va a ser el sistema de atribución de responsabilidades, de pruebas, medidas, determinar una implementación real, posible y financiada. Si hay todo eso estaremos poniendo una medida que nos puede ayudar a todos y lograr un consenso mayoritario”.

Su compañera de espacio Agustina Propato afirmó que es “sumamente necesario construir desde una visión una respuesta real al postergado régimen penal juvenil”. Sin embargo, resaltó que el proyecto del Ejecutivo incurre en la inconstitucionalidad y falencias del debido proceso. “Hay que ir a una propuesta que concilie los aspectos de constitucionalidad y constituya una respuesta que está en espera desde 1980”, consideró y concluyó: “Hay muchas coincidencias en los proyectos, pero se requiere un debate profundo”.

La diputada criticó que la iniciativa del Ejecutivo “tiene bastante de un oportunismo coyuntural carroñero de la tragedia que hemos vivido recientemente, que a todos nos interpela, pero creo no puede estar sujeto a estos momentos en donde la opinión mediática y pública exige respuestas y van allí inmediatamente a sacar cual delivery una respuesta inconstitucional”.

Por el bloque Democracia Para Siempre se manifestó el formoseño Fernando Carbajal quien reiteró su pedido para que un proyecto de su autoría sea sumado al debate y consideró que “no se puede debatir un nuevo régimen si no asumimos la respetabilidad de establecer cuáles son las reglas mínimas de los centros de contención de menores”.

“Acá no se cumple ni el reglamento, pero cuando discutimos leyes penales nos convertimos en fundamentalistas de la legalidad y que esto tendrá impacto sobre la realidad. Lo que se propone con esto extender el régimen penal a un espacio de vida que estaba excluido y acá está el problema, creemos que va a tener impacto en la realidad, pero en términos de política de seguridad va a tener un impacto igual a cero, pero es necesario debatir nuestro régimen de menores porque tiene falencias, pero no se puede sustraer el contexto político en que esto se plantea”, argumentó.

Carbajal criticó duramente que el fondo del proyecto: “Es volver a la edad media”, y señaló que “debe ser discutido en un contexto diferente”, y sugirió para dar “un matiz de racionalidad es sustraer el tema de la coyuntura porque no se va a resolver ningún problema de seguridad, pero establezcamos estándares mínimos que deben tener los centros de contención de menores”.

Al cierre, el libertario y titular de la Comisión de Justicia, Manuel Quintar, señaló: “El tema está agotado, no da para más seguir dándole vuelta al a cuestión y buscándole la quinta pata al pato y sacarle un redito político. Tenemos que dictaminar en forma urgente, tenía ganas de dictaminar, pero hay una sesión politizada. Esto es un tema central, esta semana tenemos que emitir dictamen o el borrador, nos tenemos que poner las pilas porque es una demanda de la sociedad y no puede haber más casos como Kim y es una vergüenza no dar respuesta social y entrar en debates burocráticos que, sabemos que con una ley no se soluciona la vida, no estamos en disneylandia, le faltan condimentos y perfeccionarla, pero hay que dar un mensaje claro y rápido”. Así, convocó a todos los bloques a circular un borrador de dictamen para, la próxima semana, convocar un plenario y dictaminar.

El oficialismo en general y la titular de la Cámara alta en particular sufrieron un revés legislativo este lunes al no reunir el apoyo necesario para llevar a cabo la sesión preparatoria del Senado de la Nación donde se iban a ratificar las autoridades del Cuerpo tal como lo indica el artículo 1° del reglamento de la Cámara, por la ausencia de los senadores por Santa Cruz. Tal como había anticipado parlamentario.com, los senadores de la provincia patagónica estaban dispuestos a hacer nota su disconformidad en esta sesión.

El artículo en cuestión plantea que “el 24 de febrero de cada año o el día inmediato hábil anterior en caso de que sea feriado, se reúne el Senado en sesiones preparatorias a fin de designar autoridades y fijar los días y horas de sesiones ordinarias, los que pueden ser alterados por decisión de la Cámara”.

El encuentro estaba pautado para las 16, pero pasada la media hora la vicepresidenta de la Nación confirmó: “No habiendo quórum damos por levantada la sesión siguiendo el artículo 15 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores”.

Inmediatamente, el senador salteño Juan Carlos Romero hizo uso de la palabra para dejar asentado que las ausencias de los dos senadores de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, “han impedido tener el quórum para esta sesión”. Así, propuso que “ya en el periodo ordinario veamos cómo resolvemos el cargo vacante porque por reglamento las autoridades quedan prorrogadas”.

Victoria Villarruel dando por levantada la sesión.

Al no avanzar con la sesión, por reglamento, se prorrogarán los períodos de las actuales autoridades. De esta manera, el puntano Bartolomé Abdala continuará como presidente provisional del Senado, como así también las tres mujeres que ocupan la escala sucesoria de la Cámara: la kirchnerista neuquina Silvia Sapag como vicepresidenta; la radical santafesina Carolina Losada como vice primera y la cordobesa Alejandra Vigo, de Las Provincias Unidas, vice segunda.

Además, se iba a poner a consideración el reemplazo de María Laura Izzo al frente de la Secretaría Administrativa, por Emilio Viramonte, quien trabaja con la vice hace tiempo. Villarruel quiere que Agustín Giustinian siga como secretario Parlamentario, en tanto que como prosecretario Administrativo seguirían Lucas Clark, y como prosecretaria Parlamentaria la exdiputada radical Dolores Martínez.

La sesión precisaba 37 para el quórum y no se llegó por uno aunque, días atrás, los 38 se habían comprometido a ratificar a las autoridades, salvo la secretaría administrativa.

A la ausencia del bloque de Unión por la Patria que se daba por descontada, a través de sus 34 senadores, se sumaron los dos senadores que responden al gobernador Claudio Vidal. No es casualidad que no hayan bajado al recinto, ya que dicha decisión se da en medio del malestar del gobierno provincial por el Decreto 115/25 que firmó el Gobierno nacional oficializando la creación de Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima, que deja atrás la figura de YCRT, siendo que el 51% de las acciones serán del Estado nacional. A su vez, ambos legisladores solicitaban, dentro de la bandeja de opciones, la secretaría administrativa o la presidencia provisional del Senado, ya que no estarían conformes con la designación de Viramonte.

Al Gobierno nacional puede que no le caiga para nada mal lo que sucedió este lunes, enfrentado como está con Victoria Villarruel, cuyo revés más de uno debe haber celebrado en la Rosada. Si bien se presumía que los santacruceños pudiesen jugar con el quórum, no se le ocurrió en Gobierno a nadie levantar el teléfono para consultar al gobernador para ver si había alguna chance de hacer ceder la postura de sus senadores.

La bancada que conduce José Mayans desde el 2023 quería cobrarse lo que le hicieron con el reparto de las comisiones y la falta de conformación de varias de ellas, como la de Banca de la Mujer. “Es la primera vez que en este Senado de la Nación no se conforma una banca históricamente reconocida por otros parlamentos. Creada en el año 2008; jamás la presidencia de este Senado no había conformado esta comisión tan importante para trabajar sobre todo en estos temas”, expresó en la sesión del jueves pasado la senadora camporista Eugenia Duré.

El bloque de senadores del Pro se reunirá la próxima semana para dialogar y definir quién reemplazará al cordobés Luis Juez como presidente del bloque quien anunció días atrás su deseo de no seguir al frente del espacio en el Senado a fin de convertirse en candidato de Javier Milei a gobernador de Córdoba.

Así lo confirmó a parlamentario.com el senador misionero Martín Göerling: “El martes a las 16 vamos a tener una reunión donde va a estar Luis (Juez) y ahí todo el bloque vamos a ver qué decisión tomamos. Hoy el vicepresidente del espacio es Alfredo De Ángeli y lo más probable es que sea quien reemplace a Luis, pero lo vamos a discutir el martes”.

Cabe recordar que las nuevas autoridades tienen que estar resueltas para la última semana de febrero, que es cuando se hace la reunión preparatoria del Senado (donde se votan autoridades).

Por otro lado, fue consultado por el encuentro en el que participó este miércoles junto a bloques aliados con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

“La reunión la vimos muy positiva que se haya acercado el ministro con sus funcionarios hasta el Senado a dialogar. Hicimos un repaso de la actividad legislativa del año pasado que fue complicada en el primer año de gobierno de Milei y también el año legislativo con Ley Bases, Paquete Fiscal y todos los inconvenientes que hubo en el Senado. Desde ese punto de vista charlamos bastante para que no vuelvan a suceder varias cosas que pasaron el año pasado”, explayó.

También comentó que “sobre extraordinarias tocamos los puntos que están en el temario entendiendo la reunión previa que habían tenido con diputados. El ministro nos contó los proyectos que puedan tener mayor consenso y ahí coincidimos y vamos a tratar de armar una agenda lo más prolija posible para poder sancionar algo en extraordinarias que no van a ser fácil entendiendo que el Senado es distinto de Diputados y los números los tenemos muy finos y hay que hacer un esfuerzo muy grande de juntar el quórum y los votos”.

Al ser consultado por la falta del Presupuesto 2025 en el temario, cuestión por el cual el Pro emitió un duro comunicado contra el Gobierno, Göerling expresó: “No creo que el tema del Presupuesto sea un problema para lograr quórum, por lo menos en el Senado, no creo que haya objeciones”.

Por otro lado, sobre las PASO informó que “se habló sobre una posible suspensión y así se manifestó el ministro porque es el camino que va a estar más allanado porque la suspensión va a tener mayor consenso y debatir a fondo después el proyecto de eliminarlas”.

“Dentro del Pro vamos a darnos el debate interno partidario para ver qué decisión final tomamos con respecto al tema. Lo que más consenso puede llegar a tener según lo que manifestaron los otros bloques la suspensión va a tener mayor efecto en esta ocasión”, afirmó.

Respecto de los pliegos a candidatos a ocupar un lugar en la Corte Suprema de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla aseguró: “Yo estoy en contra de la nominación de Ariel Lijo y la mayoría de nuestro bloque también. Hay algunos que no se han manifestado. El presidente de nuestro partido también ha sido claro”.

“En la reunión no se habló mucho, prácticamente nada entendiendo que no estaba presente Unión por la Patria que la llave de ese nombramiento la tienen ellos al tener 34 miembros y sin la voluntad de ellos es imposible conseguir los dos tercios. Esa discusión ni siquiera la abrimos”, manifestó.

Y concluyó: “Estamos muy finos con las mayorías, se han perdido soldados en el camino así que valoro mucho el trabajo que hizo tanto la vice como su equipo de trabajo durante el año. Es distinto el funcionamiento del Senado. Fue muy cordial la reunión, la vice casi no intervino”.