A pesar de haber culminado el período ordinario y sin novedades respecto a la convocatoria de sesiones extraordinarias, En el marco del artículo 106 del reglamento interno de la Cámara de Diputados se llevó a cabo este miércoles una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública convocada por su presidente, Pablo Yedlin (UP), a fin de dialogar y buscar una solución al reciente recorte de medicamentos para jubilados del PAMI que anunció el Gobierno.

En el encuentro, que se llevó a cabo en el Anexo “A”, Yedlin anunció que citarán para la próxima semana, precisamente el martes a las 12.30, a las autoridades del PAMI, Esteban Leguizamo, y al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para “ver cómo podemos resolver esta situación porque no podemos pasar el verano porque hay muchos pacientes que van a quedar sin tratamiento y poniendo en riesgo la vida de mucha gente”.

Además, el tucumano informó que elaboró un comunicado que lleva su firma a fin de elevarlo al titular de la Cámara, Martín Menem, para que lo envié a las autoridades correspondientes.

“Muchos diputados de distintos bloques hemos visto con mucha preocupación la normativa que tomó el PAMI a nivel nacional de decidir que aquellos jubilados que reciban por arriba de 309.000 pesos de haberes no van a poder recibir más medicamentos sin costos. Aquellos que perciban por debajo tienen un trámite bastante engorroso para poder acceder”, expresó Yedlin.

Así, cuestionó que “estas medidas se tomaron de un día para el otro de forma llamativa y millones de argentinos que, normalmente dependían de este tipo de cobertura para su medicación habitual, se quedaron sin su medicación o tenerla que pagar en un momento donde los haberes jubilatorios están por el piso histórico de estos valores. Por otro lado, el tema de los gastos que la tercera edad tiene en cuanto a medicamentos han aumentado muy por arriba de los alimentos, tarifas, transporte, alquileres, poniendo a millones de argentinos en riesgo sanitario absolutamente innecesario”.

“Los jubilados ya pagaron gran parte del ajuste en el país de forma innecesariamente quieren dejarlos sin medicamentos, me parece que por eso es importante que estemos acá”, criticó.

Al pedir la palabra, la diputada de Democracia para siempre Carla Carrizo aclaró que no están “en contra de los controles para garantizar la accesibilidad, estamos en contra de la arbitrariedad con la que se hace. Se hizo sin aviso, es una decisión súbita”.

“Hay jubilados en tratamiento y no avisar para que cada uno se prepare. El mecanismo de control para que el PAMI no gaste mal no es correcto, porque el Estado tiene la información para cruzar los datos porque el 80% de los beneficiarios de PAMI tiene la jubilación mínima de 260 mil pesos. La modalidad no está bien y la temporalidad sin aviso tampoco”, manifestó.

La ex titular del PAMI y diputada de UP Luana Volnovich recordó que le tocó llevar adelante el programa “Medicamentos gratis” y comentó que ha presentado un proyecto para convertirlo en ley que “incorpora el derecho universal el acceso a medicamentos gratis al vademécum vigente y no como un subsidio”.

“Cuando iniciamos el programa el 2019 con muchas dudas porque nos decían que ‘no lo íbamos a poder pagar’, ‘se va a descontrolar’, nada de eso sucedió por más que intenten hacer campañas de desprestigio para justificar el ajuste. La estimación era que el consumo de medicamentos estaba reprimido en un 30% y el consumo creció un 30% como estaba proyectado presupuestariamente”, contó.

Volnovich destacó que el programa convivía con la receta electrónica que “hace que uno tenga la conducta prescriptiva de los médicos a lo largo y ancho del país y que puedas tener información de lo que prescriben los médicos y lo que consumen los afiliados”, y el otro ítem del programa era “el uso racional de medicamentos que evaluaba la conducta y los consumos y determinaba topes”.

“El PAMI tiene 13 millones de recetas por mes. El volumen de información es la base de datos de salud más grande del país”, resaltó y desmintió que “los viejos se aprovechaban del programa. Si tenes ganas de controlar, controlas y no necesitas sacar el programa”, y sumó: “Es mentira que no es sustentable porque 4 millones consumieron sus medicamentos durante 4 años; es mentira que no se puede controlar”.

Volnovich informó que el programa se logró el dispositivo en articulación pública y privada con la industria farmacéutica que “pudo garantizar un derecho a la salud de forma controlada, sustentable y con precios accesible de los medicamentos. Ahora los medicamentos aumentaron el doble que las jubilaciones”.

“El subsidio tiene un trámite y las agencias están todas explotadas. El PAMI tiene un sistema de turnos que está colapsada y ves largas colas en las oficinas”, criticó y planteó: “El impuesto PAIS iba al PAMI y sin eso lo que hay es la decisión del Gobierno de beneficiar importadores mientras los viejos se cagan de hambre y encima ahora les quitan los medicamentos. Es una decisión política, no es que no hay plata. Es una decisión política de dejar morir a una generación que hoy necesitan sus remedios. Nosotros como diputados tenemos que hacer cumplir la ley”.

Por el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño apuntó: “Este Gobierno tiene un nivel de crueldad y saña contra los adultos mayores es algo brutal porque el ajuste que ha llevado adelante lo han pagado los mayores con el ajuste al sistema previsional y tuvieron la caradurez de vetar una recomposición salarial”.

“Todos los miércoles se hace una marcha acá en la puerta de Congreso de adultos mayores y hacen un operativo millonario de policías que vienen a pegarle a personas que trabajaron toda su vida. Es una saña brutal del Gobierno y esta resolución que les hace hacer trámites a los jubilados y pasar por situaciones tremendas, mientras a los empresarios les dan desburocratización”, comparó Del Caño.

El diputado de izquierda sostuvo que “los jubilados están pagando el ajuste del Gobierno. Quitarle los medicamentos, que ya se venían restringiendo, han aumentado el doble de lo que aumentó la inflación y los haberes. Tenemos una situación muy grave”, y anunció que presentarán un proyecto de resolución para que se retrotraiga esta medida porque “no alcanza la plata para pagar los medicamentos”.

La socialista santafecina Mónica Frade calificó la medida de “inhumano” que “no podemos creer esta actitud inhumana ponga a tanta gente en una situación de que las personas no van a poder tener accesible sus medicamentos”.

“Los grandes laboratorios fijan las políticas de medicamentos hace mucho tiempo en el país lamentablemente. En los últimos tiempos vienen generando una serie de acciones como sacar a la venta libre ciertos remedios para que no tengan cobertura de la obra social.”, denunció y sumó: “Esto es un acto de crueldad y quieren hacer lo que dijo una ex canciller –por Diana Mondino- de ‘no darles créditos a los viejos porque se van a morir’”.

Su compañero de bloque Estaban Paulón agregó: “La medida que se puso en práctica es un nuevo capítulo de política de crueldad del Gobierno. Son los jubilados que van a tener que demostrar que 300 mil pesos no es una jubilación de hambre y miseria para poder seguir recibiendo sus medicamentos”.

“Esto es eliminar de cuajo un beneficio para que después esos jubilados tengan que peregrinar a las oficinas del PAMI, buscar alguna colaboración para llenar los formularios y poder acceder a los medicamentos”, criticó y expresó: “Me da vergüenza el formulario donde el jubilado que gana 300 mil pesos tenga que justificar si tiene aeronave o no. Es un chiste. Es cínico y cruel”.

“Se terminó la fiesta de la aspirina de los antidepresivos”, chicaneó Paulon por los dichos del diputado libertario Julio Moreno Ovalle que dijo: “No me parece que sea para tanto… a los jubilados los pueden ayudar los familiares. Se terminó la fiesta de medicamentos”.

Por último, avizoró que para la próxima semana Lugones va a seguir el “camino de Sandra Pettovello que la esperamos un año y nunca apareció. Seguirá el camino del saliente Mario Russo a quien nunca le conocimientos la voz”, y remató: “Solo se lo conoce por sus acciones que es recortar derechos y beneficiar al sector que representa dentro de un Gobierno de las corporaciones de la medicina privada”.

La diputada de izquierda Mónica Schlotthauer señaló que las medidas del oficialismo son un “gerontocidio” no solo por lo que les pagan que “no alcanza para comer, sino por la falta de medicamentos”. “Es repudiable esto. Solo queremos darles a los jubilados lo que han aportado durante años. Hay que devolverles a los jubilados lo que les robaron”, planteó y remató: “Tienen que ir presos los que fomentan este tipo de medidas”.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, se reunió este martes para dictaminar sobre el proyecto de ley para castigar las denuncias falsas por violencia de género, que contó con la presencia y disertación del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y diversos especialistas en la materia.

Desde el Salón Azul, el funcionario calificó de “magnífico” el proyecto presentado por la senadora radical Carolina Losada. “Tenemos un mandato en la sociedad del Gobierno que es ordenar la situación actual en materia económica, de seguridad y no podemos olvidar la situación de la justicia. Hay que sanearla porque hoy está en un desprestigio tremendo. Es una de las instituciones que se encuentra debajo de todo. Una misión que me he propuesto es reconciliar a la sociedad con la justicia”, expresó.

“Nunca se ha consagrado y respetado tanto la división de poderes. Nosotros no intervenimos en el Poder Judicial. No tenemos ninguna vocación de hacer y no lo hemos hecho. Nuestro trabajo en el Ministerio de Justicia es darles a los jueces y al sistema acusatorio las herramientas legales para esta ley por eso estamos construyendo en todo el país edificios, internet, medios de pruebas para que los jueces puedan trabajar de forma independiente libre del poder político”, comentó.

Sobre el proyecto de ley de ley señaló que es “una práctica que se ha vuelto recurrente en nuestro sistema que es la falsa denuncia y el falso testimonio que, a mi juicio, son actos muy perjudiciales para el funcionamiento adecuado del sistema de justicia y que les produce un daño a otros bienes jurídicos, el honor, el patrimonio la vida, la propiedad, etcétera”, y planteó: “Nosotros no podemos tolerar la mentira, el engaño y que se abuse del sistema judicial porque es gratuito y dañar a otros semejantes para obtener beneficios ilegítimos”.

“La falsa denuncia no solo daña a la víctima de esa denuncia mentirosa, sino que vulnera todo el sistema en general y la credibilidad de las instituciones y, en concreto, está en el título vinculado a la administración pública, concretamente la administración de justicia, y esta nueva Argentina que entre todos tenemos la misión de crear, está en un proceso de regeneración moral y restauración del orden de los últimos 100 años y es que no puede tolerarse la mentira al juez, al fiscal, a la policía”, expresó.

Cúneo Libarona manifestó que “no puede tolerarse utilizar una herramienta judicial para obtener un beneficio personal o de un tercero y, entonces, tienen que ser castigados los que cometen delitos y máxime los que acusan falsamente autores ser víctimas, falsos de delitos hay que proteger a los argentinos”.

En tanto, remarcó la necesidad de reformar de forma “urgente” el Código Penal que “fue creado en 1921 antes de la Segunda Guerra Mundial, tiene más de 100 años y la sociedad evolucionó. Cuando se creó el Código Penal no existían los automotores, no existían las tarjetas de crédito, no existe internet, no existía lo que hoy viene que es el ciberdelito. Lo penal tiene que estar antes que el delincuente y ser ejemplar. Tuvo 900 reformas. Estamos a un cambio rotundo en la normativa”.

Así, destacó: “Esta es una iniciativa y un cambio de enfoque genera. Esta es una intervención quirúrgica y la sociedad que ustedes representan y a sus provincias clama por un marco normativo penal adaptado al mundo actual, que sea moderno, que responda a este clamor social y castigue los nuevos delitos porque el delincuente no puede ir más rápido de la justicia. Tenemos que adaptarnos a la realidad de lo que vamos viviendo, nuevos fraudes, nuevas modalidades delictivas”.

El funcionario contó que el ministerio está en máxima comisión trabajado tanto en el orden procesal como en el orden penal. “Es una tarea que la sociedad necesita y vamos a estos dos delitos que están relacionados con otro delito que es la calumnia, la falsa denuncia”, sumó y explicó que la calumnia un delito creado recién en 1949 por la Ley 13.569.

En ese sentido, explicó que inicialmente estaba como un delito de desacato y explayó: “¿En qué consiste? en simular un delito. Una persona acusa falsamente que se cometió un delito y sabe perfectamente con dolo directo que no se cometió”.

El ministro informó que el falso testimonio está “encadenado ya es viejísimo, viene del código del siglo 23 antes de Cristo, son delitos gravísimos y no tienen la ridícula penalidad que tienen en nuestro sistema. Los valores sociales de 1886 no son los valores actuales que nos tocan transitar en este mundo actuales mentiras”.

“El falso testimonio es una persona que va personalmente al juez y le dice en la cara o al fiscal una mentira. ¿Por qué lo hace?  para ayudar a un amigo, por plata, por interés personal de cobrar un seguro, por ejemplo y miente y esto produce un efecto perjudicial tremendo”, contó.

Así, ponderó: “Me resulta una saludable iniciativa que no tengo ninguna duda de que el país y nuestra sociedad necesita. El delito de falsa denuncia que está contemplado en el actual artículo 245 tiene una pena de 2 meses a un año de prisión, o sea, un delito prácticamente insignificante de los de menor pena del Código Penal”, y reiteró indignado: “Una pena de meses a un año. No tiene agravantes y tiene una multa no actualizada que es insignificante".

"El falso testimonio está en el artículo 275 tiene una pena mayor de un mes a cuatro años de prisión y solamente contiene agravantes cuando es en una causa penal en perjuicio del inculpado o un cohecho y otra multa insignificante”.

“Los tribunales no le dan atención al falso testimonio y son causas no tienen conciencia la gravedad que tienen. No tienen conciencia de que les están faltando el respeto a los mismos tribunales”, expresó y opinó: “Es gravísimo mentirle en la cara al policía para obtener un beneficio, es burlarse de la autoridad, es faltarle el respeto”.

El funcionario pidió que la pena “tiene que ser ejemplar porque es inventar un delito un hecho falso, inventar un culpable ponerle todo el aparato judicial en funcionamiento, costos que pagan los argentinos con esfuerzo de impuestos, tiempo tribunales plagados de causas, todo con falsedad, con abogados inescrupulosos que los asisten y buscan engañar por interés”.

“El delito ataca la administración pública, pero algo más grave es que ataca a la persona en su honor, al patrimonio, hay un montón de bienes jurídicos que se ven perjudicados. Hay muchas denuncias falsas y falsos testimonios para cobrar planes sociales, numerosos testigos falsos y todo esto tiene que limitarse con el ejemplo y el ejemplo es el Código Penal que existe para sancionar las conductas unibles que son valiosas para la sociedad y gran parte de las falsas denuncias son por cuestiones de violencia y producen daños irreversibles”, manifestó.

El abogado señaló que se crean “situaciones injustas, gente que va a prisión por denuncias de casos de género, gente que se ha suicidado, destrucción de la familia, impedimento de contacto inmediato con la simple denuncia sin necesidad de prueba alguna del impedimento del padre con el hijo, desprestigio familiar, desprestigio social, pérdida laboral y entre otros efectos dolorosos”.

“Una denuncia de género falsa destruye la vida de una persona”, sentenció Cúneo Libarona. “Se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente, 'hermana tenés que denunciar y te vamos a acompañar' y eso no es siempre así”, parafraseó el relato dominante de la mano del feminismo en su versión kirchnerista.

Luego de ejemplificar con diferentes casos, como el de los rugbiers franceses que estuvieron detenidos por una denuncia de abuso sexual en Mendoza, remarcó que “estas denuncias matan, y nosotros lo que queremos es proteger a todas las víctimas de violencia sin usos políticos por justicia y el sistema que está actualmente no funciona. Los jueces y fiscales son parciales en la toma de decisiones que, a veces, tienen miedo. La sociedad le exige que sean imparciales y justos en todos los casos y acá hay presión. Entonces los jueces tienen miedo, les preocupa la prensa, les preocupa a las organizaciones que criminalizan a veces estos hechos”.

“Tiene que haber un cambio, es el cambio que yo pienso, propongo y acompaño un régimen penal más justo. En primer lugar, no puede tenerse en consideración el marco de pena tan irrisorio que tiene un delito tan grave como son las falsas denuncias y falsos testimonios”, propuso.

Cúneo Libarona indicó que “son delitos graves. Hay un valor en la acción y un des valor en el resultado. Es tremendo el perjuicio, es tremenda la motivación, es espuria hay solo directo de engañar a la justicia”.

“En segundo término, al margen de incrementar el marco punitivo, tiene que considerarse agravantes como el proyecto denuncias falsas cometidas en el contexto de delito sexual violencia de género o que afecte a los niños y adolescentes porque es mucho mayor el daño que se provoca a una falsa denuncia o falso testimonio simple”.

El ministro señaló como tercer agravante que “es muy importante cuando sea un funcionario público el mentiroso porque tiene un deber de lealtad y de veracidad que supera al ciudadano normal y, el cuarto caso, es importante explicarlo jurídicamente porque el Código Penal actual es un mamarracho y un desorden tremendo. El Código Penal te dice ‘cuando calumnias a una persona imputas a una persona la comisión de un delito’. Es calumnia falsa denuncia no tenes que imputar a nadie entonces la calumnia cuando le imputaste a alguien tiene una pena de multa de $3000”.

“Para mí el honor no tiene precio. Es muy perjudicial destruir a alguien en su honor. Para mí esta discusión tiene que agotarse por vía legislativa y las soluciones suprimir el delito de calumnia, que es un delito de instancia privada, tiene que impulsarlo y tiene esta penita de multa y dejar la falsa denuncia que comprenda la mentira sea por un hecho sin dar un autor”.

Por último, expresó: “Con agravantes en caso de los contextos de violencia de género, delitos sexuales, afectar niños, la destrucción de la familia lo impedimento de la relación familiar que incluya personas determinadas y sacar la calumnia y la denuncia del funcionario público que tiene ese plus de lealtad y veracidad y de esta manera quedaría sin efecto el plenario del año 53 y había claridad”.

“Estamos haciendo cambios drásticos en orden a lo que se venía haciendo que no funciona el sistema judicial. Estamos haciendo cambios profundos que no se hicieron en años y creo que tenemos un rumbo claro, firme e indudable con una decisión política de avanzar en un cambio en la justicia. Lo necesitamos todos”, finalizó.

El proyecto de Democracia Sindical naufragó este martes en Diputados al no reunir la cantidad de firmas necesarias (16) para que el dictamen pueda llegar al recinto y ser debatido, ya que contó con el rechazo del bloque Encuentro Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, quien argumentó: “El Gobierno se planteó un objetivo ambicioso, me parece que no alcanza con un debate meramente parlamentario”.

El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Martín Tetaz (UCR), tenía esperanzas de reunir las 16 firmas y alzarse con el despacho, pero todo se truncó porque, según contó a parlamentario.com, "no se respetaron los compromisos pautados que había".

Cabe recordar que el oficialismo también había frenado la iniciativa cuando abrieron un frente de diálogo con la cúpula cegetista y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que se realizó el 1° de octubre pasado en la Casa Rosada. Dos semanas después, ante la postura libertaria, Tetaz tuvo que suspender los encuentros de comisión. A raíz de ello, se incorporaron al dictamen “muchas de las propuestas impulsadas por nuestro espacio y forma parte central de nuestra agenda parlamentaria”, según habían comunicado desde LLA.

El dictamen de Democracia Sindical condensaba un total de 28 proyectos que iban en la misma sintonía que, entre otros puntos, postulan la cantidad de períodos en los que pueden ser elegidos los representantes sindicales, la forma de dicha elección, la participación de las minorías, la perspectiva de género, la libertad de obra social, y la forma de financiamiento de los sindicatos incluida la discusión de las cuotas sindicales. Por su parte, UP no había presentado dictamen de rechazo.

No fue casualidad que el titular del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto se hiciera presente en la comisión, sino que ingresó en lugar de la cordobesa Alejandra Torres, quien había participado intensamente en las demás reuniones aportando modificaciones que fueron tomadas en cuenta para el dictamen final.

Por esa maniobra, el presidente del bloque radical, Rodrigo de Loredo, apuntó contra el gobernador de su provincia Martín Llaryora: “El gobernador retiró a una diputada nacional de la Comisión de Legislación del Trabajo para que entre otro en su lugar, y así otorgar el voto decisivo en contra del proyecto que impulsamos que propone entre otras cosas terminar con los privilegios de los gremios, sus reelecciones indefinidas, eliminar la obligatoriedad de la cuota solidaria, y obligarlos a que presenten declaraciones juradas… Llaryora reniega en público de Cristina, pero cuando no lo miran juega para el kirchnerismo”.

Por Llaryora se cayó la reforma sindical. El gobernador retiró a una diputada nacional de la Comisión de Legislación del Trabajo para que entre otro en su lugar, y así otorgar el voto decisivo en contra del proyecto que impulsamos que propone entre otras cosas terminar con los…

— Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) November 19, 2024

En la misma sintonía, Tetaz contó a este medio que tenía el compromiso con Torres -que hizo varias sugerencias de modificaciones al dictamen- cuando no contaban con las firmas de los libertarios. “Nosotros habíamos negociado y ella estaba dispuesta a acompañar con alguna disidencia parcial y Agustín Domingo (Innovación Federal) no iba a venir. Ese compromiso teníamos. Para la segunda ronda Pichetto la cambia a Torres y viene él para mantener el acuerdo con los gremios”, relató y apuntó contra Pichetto: "Tenía un acuerdo político para bloquearnos”.

El rechazo de Pichetto

Al hacer uso de la palabra, Pichetto anticipó su rechazo y planteó: “Este Congreso ha hecho un esfuerzo extraordinario, un abordaje en el marco de las relaciones laborales donde hemos sacado una ley que fue ratificada por el Senado que tenía por objetivo tratar de mejorar el ingreso de los trabajadores al mundo del trabajo”.

“Hemos eliminado las multas, ampliado el periodo de prueba, hemos incorporado un sistema voluntario de los sindicatos lo que tiene que ver con el sistema de cese sindical. Me parece que estos tres elementos son muy importantes para un año parlamentario donde el Gobierno se planteó un objetivo ambicioso, pero que para abordar este tema que tiene con la reforma de las organizaciones sindicales, me parece que no alcanza con un debate meramente parlamentario”, fundamentó su postura.

Pese a que hubo reuniones informativas, el titular de Encuentro Federal expresó: “Es imprescindible llamar a los representantes de las organizaciones sindicales. Hay algunas experiencias que han sido muy frustrantes en la vida argentina de querer abordar esta temática y les ha ido mal a los gobiernos”.

“Esto no se puede hacer sin los actores del mundo del trabajo. Me parece que es fundamental hacer una convocatoria más amplia y, además, tener un determinado consenso para llevar adelante una reforma de esta naturaleza. También se requiere poder político”, apuntó y resaltó que el Gobierno tiene “límites” en el Congreso.

Pichetto cerró su intervención ratificando su voto negativo: “Hay que agotar otra discusión y otro debate con el Gobierno, con los representantes de los sindicatos. Todos estos debates requieren de una amplitud de discusión mucho más amplia que lo limitado de este espacio parlamentario”.

De la vereda de enfrente, el titular de la comisión le enrostró que han hecho dos reuniones informativas en las que han venido representantes de la CGT y sectores gremiales.
“Hemos dado un debate profundo sobre el tema”, le remarcó.

El debate

En la misma sintonía, el diputado del FIT el jujeño Alejandro Vilca expresó su rechazo y denunció que detrás “de la libertad sindical se esconde una clara intención de la intervención del Estado sobre las organizaciones de los trabajadores”.

“Nosotros podemos tener muchas críticas a los dirigentes sindicales, de hecho, lo hemos expresado contra la CGT, pero eso no justifica a que se quiera avanzar sobre la organización de los trabajadores, sobre su libertad sindical, sobre las medidas”, justificó Vilca y criticó que el Gobierno avanza sobre los derechos de los trabajadores y “toma medidas en favor de los empresarios”.

La radical Soledad Carrizo manifestó: “Hemos discutido estos temas más de tres meses. Soy autora de un proyecto desde el 2016 y se llegó a una unificación de un dictamen muy bueno. Es importante pasar a la firma del despacho y quedaremos en esta Argentina mostrando quiénes estamos del lado de las reformas que necesariamente necesitamos a hacer y quienes se oponen al status quo”.

Por el contrario, el dirigente sindical de la Bancaria y diputado de UP, Sergio Palazzo, aclaró que no han presentado dictamen de rechazo y desafió a Tetaz: “El que tiene que juntar las 16 firmas es usted”.

“No acompañamos la posición del proyecto presentado porque entendemos que se vulnera el principio de autonomía sindical consagrado en el convenio 87 la OIT. No es ningún cargo poder defender ese principio. Las asociaciones sindicales pueden libremente pactar cuota solidaria porque el sistema sindical argentino, inclusive, es distinto al sistema sindical en otros lugares del mundo”, argumentó

“El sistema sindical argentino implica que la organización sindical defiende, no solo al afiliado, sino también al no afiliado y los comprende a todos en un convenio colectivo. Por eso existe la cuota de solidaridad”, planteó Palazzo. Sobre la prohibición de reelecciones indefinidas expresó: “Es un tema que vulnera los principios del convenio 87 de libertad sindical. Las convocatorias de elecciones, las declaraciones juradas”, reiteró y cerró: “Es un tema que tienen que resolver los afiliados de la organización sindical y no nosotros con una ley que vulnera el principio de libertad sindical del convenio 87”.

De la otra vereda, el presidente del bloque radical, Rodrigo De Loredo, manifestó: “Para nosotros esta probablemente sea una de las reformas por la que más bregamos durante todo este año”, y señaló que “una de las pocas reformas que se mantiene perenne, estática, cristalizada, justamente la organización de los gremios”.

“En la historia de nuestro país nos hemos acostumbrado que la representación gremial de los trabajadores pertenezca a una expresión política. Es un dato de la realidad hace mucho tiempo”, indicó y resaltó que “esta modernización de la legislación vinculada a los sindicatos nos parece que le hace un aporte que es absolutamente indispensable en el devenir institucional y democrático de la argentina”.

Desde el Pro, la santafecina Germana Figueroa Casas sostuvo: “Más allá de lo ya mencionado sobre sospechas de corrupción o enriquecimiento ilícito, estamos en un país que hay un 50% casi de gente que no tiene esa representación y está trabajando en la informalidad sin nadie que los defienda”.

“¿Por qué negarse a que haya una renovación? ¿por qué tiene que estar eternamente los mismos los mismos nombres, los hijos de los mismos y etcétera? siempre como como jefes de esos sindicatos, como directivos de esos sindicatos. ¿No podemos pensar realmente que puede haber algo mejor? ¿no vale la pena probar algo distinto?”, planteó.

Al cierre, el titular de la comisión destacó el “esfuerzo extraordinario de los bloques de esta cámara” para poder “dar mayor competitividad al proceso electoral de los gremios, para tratar de aportar más transparencia y para tratar de darle más libertad a los trabajadores de elegir si es que quieren hacer aportes o no quieren hacerlos, para el sostenimiento de sus organizaciones y si quieren o no quieren recibir distintos tipos de descuento en su recibo de sueldo”.

Así, anunció: “Hemos conseguido 15 firmas. No alcanzan para hacer un dictamen. La inmensa mayoría de la población argentina sigue esperando que le pongamos un límite a las reelecciones indefinidas de los sindicatos. No es equiparable la situación de un sindicato con la de cualquier espacio de la organización civil porque tienen las obras sociales sindicales que manejan”.

“Lamentablemente no alcanzaron los números en esta oportunidad, ya vamos a trabajar o seguir trabajando para poder construirla”, concluyó.

Actualización y repotenciación de los créditos laborales

Por otro lado, se trató la actualización y repotenciación de los créditos laborales del cual confluyeron tres dictámenes: uno de mayoría que reunió 15 firmas, uno de minoría y otro de rechazo del FIT.

En este sentido, en representación del dictamen de mayoría, Sergio Capozzi (Pro) explicó que "este proyecto trata de poner certeza, permitirá no solo recomponer y adecuar el crédito original en un reclamo de índole laboral, sino también, otorgará previsibilidad y seguridad jurídica”.

Por su parte, en representación de la minoría, Sergio Palazzo (UP) señaló que “vamos acompañar la propuesta del diputado Ávila porque entendemos exigua la tasa del 3%, creemos que la norma tiene que tener alcance a los juicios en trámite o con sentencia no confirmada para que su crédito laboral se actualice”.

En contrapartida, Alejandro Vilca (FIT), presentó un dictamen de rechazo: “Cuando hablamos de créditos, lo que buscan es ponerle limite desfavorable para el trabajador, es perjudicial”.

En el tercer intento para dictaminar y con el quórum ajustado, un plenario de las comisiones Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reunió este miércoles y emitió dictamen al proyecto de ley que deroga su similar 27.604 que modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego.

“Es un proyecto que deroga la Ley del Manejo del Fuego que fue creada del 2012 y se votó en 2020. Es una ley que desde el sector agropecuario afirmamos que es contraproducente. El sector agropecuario está pidiendo que saquemos dictamen porque la ley con estos dos artículos que modifica la 26.815 era potestad de las provincias y esta ley del 2020 le quitó eso. Además, prohíbe a muchos por 60 años no modificar nada a todo lo que son áreas protegidas y motes nativos”, explicó Alfredo De Ángeli (Pro) autor de la iniciativa de derogación.

Así, ejemplificó que “se te quema el campo y por 60 años no podes tocar ni vender nada. Encima le echan la culpa al dueño del campo. Y para los campos agrícolas ganaderos es de 30 años no puede cambiar, no puede subdividir, no puede modificar. Encima invade las atribuciones de las provincias”.

El senador entrerriano titular de la Comisión de Agricultura les solicitó a sus pares “volver a la 26.815 que es un pedido de la gente del campo. No sé por qué se hizo esta Ley 27.604. Buscamos derogar esos dos artículos”. El proyecto pasó a la firma.

Sistema de Trazabilidad de la Pesca

A su turno, la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la chubutense Edith Terenzi, explicó su iniciativa que busca crear un Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura y apuntó contra el bloque de UP que se ausentó durante la primera parte de la reunión: “Siempre somos los mismos los que venimos a trabajar”.

“Es un proyecto que hemos venido trabajando durante mucho tiempo”, resaltó y destacó el trabajo del equipo de asesores. “Este proyecto de trazabilidad empezó a tratarse a principios de año son tres comisiones juntas. Se hizo un trabajo abierto, plural, se puso a disposición los textos. Hubo muchas sugerencias y buscamos incluir todas al texto”.

“Lo que buscamos con este sistema de trazabilidad es la rastreabilidad o el seguimiento de todos los productos pesqueros para poder tener la seguridad alimentaria los consumidores de que el producto va a tener un paso por todas las alternativas productivas desde el momento de la captura hasta el momento del consumo. Esto tiene que ver con la protección de nuestras pesquerías”, informó y sumó: “Las provincias que tenemos litoral marítimo sabemos muy bien de qué se trata el tema de la pesca y poder tener la posibilidad de rastrear productos que, justamente, no vienen de pesca irregular como hay tanta en la zona. También garantiza la seguridad alimentaria”.

Al hacer uso de la palabra, el formoseño Francisco Paoltroni acotó que la iniciativa sirve para “continuar la trazabilidad a los mercados de exportación”. La iniciativa pasó a la firma y quedó listo para el recinto.

El reclamo de UP y las críticas al bloque por su ausencia

Promediando el plenario, los miembros del bloque de unió por la Patria ocuparon sus respectivos lugares. Al pedir la palabra, la senadora fueguina Eugenia Duré (UP) reclamó que al inicio del encuentro no había quórum por lo que no se puede emitir dictamen: “Nosotros no estamos de acuerdo sino todo lo contrario no es la primera vez que suceden estas cosas en las comisiones que les toca presidir”.

“A las 12.30 comenzó y la reunión estaba convocada para las 12 y no contaba con los miembros para ser llevada adelante como indica el reglamento en el artículo 100. A las 12.33 llegó el último senador y están contando un quórum inexistente. No es viable el desarrollo de la comisión y hay que impugnarla”, remató.

De la vereda de enfrente, le respondió el senador Pablo Blanco (UCR) quien llegó demorado unos minutos con previo aviso por razones de tránsito: “Me sorprende que algunos senadores vengan a plantear acá que por cuatro o cinco minutos no se dé por válida una comisión”.

“Los que nos critican han hecho hasta sesiones pasados varios minutos y han llevado a cabo sesiones sin el quórum suficiente. Me sorprende este tipo de actitudes cuando, hasta ahora, ni siquiera en el transcurso del año no integraron la comisión. Recién ingresan y lo primero que hacen es cuestionarnos porque me demoré tres minutos. La verdad que yo estoy siempre presente y tuve un inconveniente personal. Por tres minutos quieren voltear una reunión de comisión y me parece una total falta de respeto a los que participamos. Venimos trabajando armoniosamente como deberíamos algunos que nunca vinieron vienen a plantearlo”, le enrostró Blanco.

El presidente de la Comisión de Agricultura aclaró que Blanco había avisado que estaba demorado por cuestiones de tránsito y chicaneó a UP: “Es sentido común más allá de son oposición y quieran oponerse… bienvenidos, bienvenidos a que hayan venido a la reunión. Me pone contento que integren la comisión. La primera vez en un año”.

Terenzi también le salió al cruce: “Nos hemos reunido en muchísimas oportunidades a lo largo de todo el año y quiero rescatar la tolerancia. Tuvimos la apertura suficiente para abrir el debate sabiendo lo necesario que es el proyecto y tener leyes que necesitamos. Hay que hacer prevalecer la tolerancia”.

Con la ausencia del bloque de UP, un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado le dio tratamiento este miércoles a tres proyectos que establecen presupuestos mínimos de protección ambiental en el cierre de minas.

Una de las iniciativas es de la exsenadora Gladys González, otro es de autoría de Antonio Rodas y el tercero de Lucia Corpacci.

La reunión, que se llevó a cabo en el Salón Illia en minoría, contó con la disertación del Secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, quien expresó: “El tema es de importancia para la industria. El cierre de minas es desde hace algunos años de preocupación de la industria porque hace a la sustentabilidad de las áreas en las cuales las operaciones mineras ocurren”.

“Es conocido que la industria provoca impacto ambiental y la forma en que los espacios donde algunas partes de la infraestructura minera fueron ocupadas, tienen que ser rehabilitados de alguna forma ambientalmente responsable. Ese es el primer aspecto sustancial del cierre de minas”, planteó.

Lucero agregó: “La legislación suele incluir un aspecto que tiene que ver con la constitución de garantías o una satisfacción por parte de las autoridades ambientales provinciales de que la compañía minera contará, llegado el momento al fin de la operación minera cosa que puede ocurrir a los 15 o 20 años de actividad, con los recursos financieros suficientes para llevar adelante esos trabajos de rehabilitación. De eso se trata cualquier legislación de cierre de minas”.

El funcionario comentó que en la República hay dos normas vigentes. Una resolución ministerial en la provincia de Catamarca que fue “pionera en la sanción de este tipo de legislación en buena medida porque se iba a llevar a cabo el cierre parcial debajo la Lumbrera. A nivel ministerial emitieron una resolución que establecía la progresividad de los trabajos de cierre y de la Constitución de las garantías y cuáles eran los instrumentos financieros adecuados para que las garantías sean constituidas. La provincia de Santa Cruz también dictó su propia ley”.

“Llegar a un punto en que Nación tenga incorporado en el Código de Minería un capítulo que, a mi modo de ver personal, complementaría el capítulo existente de protección ambiental para la actividad minera sería un paso adelante”, destacó.

“En ese sentido comparto que uno de los trabajos que estaba sometido a tratamiento fue un trabajo conjunto de la Secretaría de Minería de la Nación y el Consejo Federal Minero integrado por las máximas autoridades de cada provincia elaboraron uno de los proyectos en tratamiento”, ponderó y sumó: “La minería es una industria que tiene que acercarse más a la mayoría de la población que está lejos de donde se hace minería”.

Lucero informó que el proyecto que trabajó el COFEMIN con la Secretaría años atrás apunta a estar en línea con las mejores prácticas internacionales. “Se trabajó para compararlo con regímenes de la región como Chile y Perú que tienen industrias avanzadas y estándares ambientales avanzados, y con Canadá y Australia que son países con geografías parecidas y recursos parecidos y estándares ambientales muy altos”, explicó.

“El proyecto ha intentado reflejar las mejores prácticas de, por lo menos, cuatro jurisdicciones que es el camino que tenemos que seguir que consideremos para poder reformar la legislación para adecuarnos a lo que el mundo está haciendo. Hemos mirado otras legislaciones para estar a todo con ello”, agregó.

Al cierre comentó que “el propósito era analizar, trabajar y debatir un proyecto sobre cierre de minas. Los espacios donde la infraestructura minera fue ocupada tienen que ser ambientalmente responsables y esto hace algunos años es una preocupación de la industria”, y cerró: “El mundo tiende a que la industria minera adopte estándares que la instalen como segura y, definitivamente, sostenible con institutos internacionales fondeados por compañías y gobiernos para eso”.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Consejo Federal de Minería (COFEMIN), María Laura Delgado, comentó que el proyecto viene trabajándose desde 2017 y “se empezó a asesorarnos como órgano de qué se trataba todo esto. Se realizaron charlas internacionales con expertos durante varios años y el resultado fueron las dos normativas vigentes en el país”.

“En El 2021 seguimos trabajando y se hizo una capacitación específica de cierre de minas donde se trabajó puntualmente el tema de las garantías que dentro del proyecto es muy importante para que el estado provincial tenga los medios suficientes para solventar los gastos para remediar o mitigar en post uso ese lugar que tuvo una actividad extractiva”, contó.

La representante de COFEMIN expresó: “Para nosotros es urgente pensar en el cierre de minas y para eso se necesita tener una normativa nacional que permita a las autoridades nacionales poder reglar y accionar sobre esta problemática”, y cerró: “En los planes de cierre de minas es muy importante saber qué se hace con la infraestructura instalada, pero también es relevante tener en cuenta la sustentabilidad y el sostenimiento económico de la comunidad que está alrededor cuando el proyecto no esté”.

Por último, el titular de la Comisión de Energía, el catamarqueño Flavio Fama, remarcó que los proyectos tratados son de “senadores que no están presentes. Hubiese sido bueno que se pueda discutir en una sesión. Agradezco a las autoridades por ponerse a disposición y el esfuerzo del COFEMIN porque una incorporación al Código de Minería de aspectos generales que resuelva o defina aspectos que tienen que ver con el cierre de minas es necesario”.

“Vamos a seguir trabajando para algún día tener un dictamen y poder reformar el Código de Minería y tener ese marco normativo que las provincias necesitan y esto no invade las facultades de cada provincia. Esto es un marco de certeza a las provincias y empresas porque la minería en el país son elementos y palancas que van a permitir un desarrollo de la Argentina”, cerró.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Ambiente, la chubutense Edith Terenzi, lamentó no haber conseguido quórum y resaltó la necesidad y urgencia de contar con “un proyecto de estas características porque desde la visión de ambiente hablamos de desarrollo sustentable y ahí cae el tema del cierre de minas. Que todo proyecto tenga la previsión al comienzo de cómo va ser el cierre de las minas tratando de cubrir todos los aspectos de la explotación porque todas las provincias necesitan la previsibilidad de un cierre de minas para que las explotaciones sean sustentables”.

Mientras el Gobierno avanza con su plan de auditar las universidades, tras vetar la ley de financiamiento universitario, y luego de que la Comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que preside el diputado de la oposición dialoguista Miguel Ángel Pichetto, le pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que sean prioridad para auditar las facultades de Medicina, de Ciencias Económicas, y de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para agosto de 2025.

En ese contexto, parlamentario.com dialogó con la exdiputada nacional del Frente Renovador y profesional senior de la AGN, Carla Pitiot, quien apuntó contra el Gobierno por su embestida contra las Casa de Altos Estudios y analizó el panorama dentro del Congreso de la Nación.

Pitiot explicó que la AGN y las auditorías son organismos de control “fundamentales para fortalecer la democracia y las auditorías sirven para garantizar gestiones transparentes y eficaces”.  “Lo que sucedió con las universidades fue una gran confusión porque la AGN ya las auditaba. Además, en el plan de acción para el 2025 la auditoría incluyó más de 10 universidades a auditar”, explicó y planteó: “Llegado el caso lo que debemos repensar y debatir son las facultades de la Auditoría. Donde hay fondos públicos debe haber control argumental, no hay dudas al respecto”.

Cabe recordar que los propios miembros de La Libertad Avanza votaron en contra del artículo que establecía auditar en la ley de financiamiento universitario que finalmente fue vetada. Al respecto, la abogada opinó: “Es una gran contradicción, por eso me parece que muchas veces este gobierno usa el control como un eslogan, pero poco está haciendo para garantizarlo”.

 “De hecho, en su gobierno hay funcionarios que ejercen como tales sin estar designados y hay conflicto de intereses, eso también debería controlarse…”, remarcó y le propuso al oficialismo que como acción podría llevar a cabo una “revisión de la Ley de ética pública”.

Al ser consultada por las autoridades que faltan designar en la AGN y que corresponden a la Cámara de Diputados, Pitiot apuntó: “Desde la creación de la AGN nunca habían transcurrido tantos meses con tres cargos vacantes sin designación. En estos días el presidente de la HCDN (Martín Menem) estuvo diciendo en medios que no llegaban a acuerdos, pero se acordaron un poco tarde, ¿no? Hace siete meses que deberían haberse designado los tres auditores/as”.

Sobre la conformación de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que se constituyó hace una semana y recibió al presidente de la AGN este martes, la exdiputada celebró su conformación, pero remarcó: “El que se haya constituido a esta altura del año es otro síntoma de que el control importa poco. Es como un hacer de cuenta que le interesa a este gobierno, pero los hechos demuestran otra cosa”.

La reforma de 1994 formalizó la existencia de la AGN en la Constitución Nacional (CN), dándole un marco normativo y reconocimiento constitucional que antes no tenía a través del art. 85 de la Carta Magna. Sin embargo, a 30 años de la última Asamblea Constituyente, el artículo citado continúa sin reglamentarse y en consecuencia nuestro Sistema de Control Externo, encargado de promover la gestión legal, transparente, eficaz, eficiente, económica y sostenible, permanece desamparado.

Al respecto, Pitiot señaló que “es una deuda pendiente de la democracia, sin dudas”, y recordó que durante su mandato como legisladora “había varios proyectos sobre ese tema, pero nunca tuvimos el consenso para debatirlos y lograr dictamen. El control, generalmente, es un tema al que no se le presta mucha atención, no se dimensiona el impacto que puede tener para la calidad en la gestión pública y como consecuencia también sobre la sociedad”.

El artículo 85 expresa: “El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo. El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación. Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Tendrá a su cargo el control de la legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos. De esta manera reforzó su autonomía e independencia, asegurando que pudiera desempeñar sus funciones sin interferencias del Poder Ejecutivo, ya que la AGN pasó a ser un órgano dependiente del Congreso de la Nación, garantizando un control más imparcial y objetivo. En este sentido, el control en los actos de gobierno es un pilar fundamental para el buen funcionamiento de una democracia y para asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en la administración pública".

En ese sentido, en su carácter de exdiputada nacional analizó el trabajo parlamentario en lo que va del año y consideró: “Este parece ser un Congreso muy fragmentado, en el que cada vez es más difícil alcanzar consensos, salvo excepciones como la modificación de la ley de DNU o el proyecto de bien restituido, que están trabajando y apoyando diputados y diputadas de distintos espacios políticos”, y agregó: “En cuanto a los vetos es muy curioso lo que pasa, o no. Pero se nota una fuerte presión del Ejecutivo para lograr sus objetivos”.

Por último, la abogada comparó la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía y la actual, en relación a los recortes en el área de educación: “La inversión nacional en educación en 2025 será del 0,88% del PBI, por debajo de lo invertido en 2024 (0,91%) y 2023 (1,48%), ejercicios en los que Sergio Massa fue ministro”, y alertó: “En 2025, se eliminarán los programas ‘Mejoramiento de la calidad educativa’, ‘Conectar Igualdad’, ‘Fortalecimiento territorial’ y ‘Acompañamiento de organizaciones educativas’. ¿Esto es priorizar la educación y federalizar las políticas educativas? Me preocupa mucho porque perjudica a los más pobres y más vulnerables”.

La Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, presidida por Daniel Gollan (UP), escuchó este martes a representantes provinciales del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT) quienes alertaron por la falta de financiamiento en el sistema actual en las diversas jurisdicciones.

Gollan comentó que el motivo de la reunión surge habida cuenta de que el Ejecutivo en lo que va del año no se ha reunido con el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología: “Esto agregaba una preocupación más y es algo que hemos escuchando en las múltiples recorridas por centros tecnológicas y universitarios en todo el país la necesidad imperiosa de que las instituciones funcionen”.

“Nosotros, lamentablemente, no tenemos una capacidad resolutiva, simplemente cumplimos con lo que debemos cumplir por parte del Legislativo que es escuchar y visibilizar la problemática”, explicó.

El titular de la comisión comentó que han citado a Alejandro Cosentino –quien estaba al frente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología- pero un día antes a asistir renunció. También han convocado al secretario Darío Genua, pero “a la fecha no ha venido. Nos recibió en una reunión y se comprometió en que no tenía problema en asistir. Hoy fue invitado y no pudo asistir”.

“Es imprescindible que tengan que funcionar estas instituciones. No se puede naturalizar esto de que no hay respuestas, de que no hay reuniones. Estoy mencionando una serie de cosas que son graves y que no hay manera de mantener un vínculo dentro de lo que debería ser institucionalmente con los funcionarios y no hay manera de que este Cuerpo legislativo pueda dialogar con ellos y no debería ser así porque nunca pasó”, se quejó Gollan.

Representantes del COFECYT

La primera oradora fue la representante del COFECYT en el Directorio del CONICET,  Luz Lardone quien alertó por la fragilidad institucional del Consejo Federal y del presupuesto e informó que “al día de la fecha no se ha constituido el Consejo en esa primera reunión”. Así, explicó que cada uno de los representantes provinciales son designados por decreto de sus gobernadores. Se arma un cronograma donde lo que se reúne es el Comité Ejecutivo, que funciona mensualmente. Como su nombre lo indica, pretendidamente federal, funcionan los consejos regionales en espejo con los consejos, pero el Consejo Federal tampoco está funcionando”.

Lardone se mostró preocupada por el financiamiento: “¿Cómo recuperamos la institucionalidad de este Consejo?”, preguntó y precisó: “Es un ámbito donde se ha discutido, no solo la política científica del país, un espacio donde, además, se articulaban esas políticas con el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología y, en ese marco, considerar una política científica con perspectiva federal de cómo ir trabajando los instrumentos de política pública que pudieran dar cuenta, no solo de las realidades y las inequidades y las asimetrías presentes en cada una de las provincias, sino también, cómo proponer soluciones con una mirada situada que pueda atender la diversidad federal de nuestro país”.

En tanto, indicó que desde el 2019 al 2023 se realizaron un total de 15 asambleas, por lo que advirtió que “esas representatividades también han caducado en su mayoría”.

“Es preocupante, no solo la cuestión presupuestaria que no se está cumpliendo con la Ley de Financiamiento. Tampoco se está cumpliendo con la Ley del Plan de Ciencia y Tecnología en cuyo corazón están definidas por las provincias que integran este Consejo Federal”.

La Rioja

Hugo Vera, secretario de Ciencia y Tecnología de La Rioja, destacó la visión estratégica y la decisión política de su gobernador, Ricardo Quintela, de “fomentar, promocionar todo lo que hace a este andarivel de la ciencia y la tecnología a este camino de la innovación y el conocimiento a este sendero de la investigación y el desarrollo”.

Así, conto que su provincia “viene transformándose de la mano del sector” que le han dado un “crecimiento exponencial” gracias a los programas federales y comentó que nueve laboratorios han sido equipados y puestos en valor por los proyectos federales. También ponderó 23 iniciativas que “hablan de soluciones concretas a nuestros territorios, a economías regionales”.

“Había un paraguas desde Nación con una gestión muy federal en donde se apalancaban programas, se financiaban distintas líneas de acción. Con un programa que se denomina Popularización de la Ciencia y la Tecnología estamos federalizando, democratizando el conocimiento y estamos logrando hacer unidades de ciencia y tecnología en todos los municipios de nuestra provincia”, ponderó.

Vera lamentó la posibilidad de que “se dilapide, de que se pierda, de que se diluya todo eso porque necesitamos fundamentalmente que se haga realidad ese Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, que se ejecute, que se ponga en marcha y que se apalanque financieramente y presupuestariamente a una serie de programas de acciones que necesitamos las provincias y que esos programas sean fundamentalmente federales”.

“Necesitamos que esté incorporado en el actual presupuesto las partidas necesarias para darle continuidad a esas construcciones”, cerró

Santa Fe

La secretaria de Ciencia y Tecnología de la provincia, Érica Hynes, planteó que Santa Fe “no escapa a la coyuntura nacional que han descrito quienes me precedieron en la palabra”, y destacó que la provincia tiene “mucha actividad científico tecnológica con polos de conocimiento en varias de las ciudades, especialmente en Rosario y en Santa Fe capital”.

También, destacó que tienen actividades “con mucho dinamismo industrial, empresas de biotecnología que “tienen una relevancia y un impacto que es reconocido en todo el país”. “Esto todo tiene una relación muy fuerte con la producción de conocimiento y con la producción de datos de información novedosa que, después, es la que se va a poder convertir en innovación en las empresas”, informó.

“Hay una gran preocupación por lo que está detenido”, alertó y comentó que Santa Fe tiene una agencia de ciencia y tecnología que fue creada en 2013 y refrendada por Ley en 2017 que tiene “la obligación y la responsabilidad institucional de ejecutar la mayor parte del presupuesto de ciencia y tecnología provincial”. Por último, manifestó que están abriendo convocatorias nuevas para “poder sostener esto en un contexto muy difícil donde todos miran a la a la provincia como una fuente de recursos”.

Tierra del Fuego

La ministra de Educación, Cultura ay Ciencia, Analía Cubino, criticó: “No sé si nos queda alguna posibilidad de tener que justificar el rol de la ciencia y la tecnología respecto de la vida de los argentinos”, y agregó: “Pasados 10 meses tenemos que empezar a convencernos de que no hay plata, pero que no hay democracia es algo difícil de asumir. Poder hablar de leyes que no se están cumpliendo porque se han redactado y votado con unanimidad de todos los sectores políticos y el respeto a las instituciones es lo que tenemos que hacer”.

“Es muy grave que no esté funcionando el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, pedimos que se reabra y se convoque desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología para habilitar la discusión de las realidades de las provincias”, exigió y recordó que fue creado por decreto y firmado por Carlos Menem.

“Realmente nos preocupa porque, más allá de que las provincias no hemos recibido un solo peso para el sector, que no se ha ejecutado el presupuesto 2023. Que ahora se va a discutir el nuevo presupuesto. En 2024 estamos viendo con gravedad todos los artículos que se están soslayando, suspendiendo de leyes de ciencia, de educación y todos los ámbitos que nos circulan”, expresó.

Córdoba

Gabriel Tonetti, secretario de articulación científico tecnológico, señaló que para su provincia es “importante la institucionalidad y que podamos seguir trabajando y arranquemos con las sesiones, reuniones y trabajo conjunto dentro del Consejo Federal”.

“En Córdoba, la iniciativa de nuestro gobernador fue poner a la ciencia y la tecnología dentro de los ejes estratégicos de desarrollo socioproductivo de la provincia”, destacó y señaló que “el presupuesto con el que contamos para la ciencia no se ha tocado, de hecho, estamos llegando al 100% de la ejecución. Estamos con un programa de financiamiento a la ciencia y tecnología”.

El funcionario provincial remarcó que el eje “fundamental la vinculación y la transferencia. En cómo llegar de las 12 universidades que tenemos, las 18 instituciones de Ciencia y Tecnología tanto nacionales como provinciales poder transferir ese conocimiento a las empresas y eso sin un Estado presente es prácticamente imposible y muy difícil de lograr. Tenemos que seguir trabajando a nivel nacional y seguir uniéndonos entre las provincias y llevar este desarrollo de las empresas y la economía basado en el conocimiento”, cerró.

Catamarca

El ministro provincia, Isauro Molina, expresó: “En este contexto nacional complejo y difícil, en Catamarca no hemos logrado avanzar en la ejecución de los fondos para la creación del Centro Científico, Tecnológico y Productivo que está proyectado porque carecemos de los fondos, por eso es importante tener estos ámbitos para debatir e incluir estos temas en la agenda legislativa”.

“El modelo nacional concentra el presupuesto de ciencia en las dos Buenos Aires, sino federalizar, democratizar y descentralizar el sector”, finalizó.

Buenos Aires

En su intervención, el secretario del área bonaerense Nahuel Ares contó cómo desde la provincia están “tratando de paliar la ausencia del Gobierno nacional en todo lo que refiere a ciencia y tecnología”.  “El COFECYT se tiene que reunir. Tenemos las leyes del conocimiento, de nano y biotecnología, el Plan 2030 con todas las provincias y Nación. Nos parece que tenemos que dar esa discusión acá en el Congreso”, planteó y reclamó despidos que se están llevando en el INTI, CONICET.

“La ciencia y tecnología sirve para el desarrollo de nuestro país”, planteó y remarcó las obras paralizadas en Buenos Aires: “Tenemos 22 obras paralizadas, más de 193 equipos que dejaron de pasar fondos. Eran compromisos asumidos por el Estado Nacional y hoy se está incumpliendo la ley”.

También resaltó que el COFECYT viene desde los 90 y precisó que el artículo 5 establece cuáles son las obligaciones del Estado Nacional donde “esta financiar la ciencia y tecnología y promover el desarrollo federal del país y ninguna de esas cosas se está llevando a cabo”. “No podemos dejar de lado la ausencia y desidia del Gobierno nacional en este momento en todo lo que tiene que ver con ciencia e innovación y el desarrollo federal”, manifestó.

Corrientes

“Desde Corrientes impulsamos acciones que promovieron el desarrollo de carácter público y privado, de manera articulada para lograr resultados concretos generando un proceso de consolidación constante”, informó la subsecretaría de Coordinación Institucional, Micaela Van Der Woerd e indicó: “Generamos mecanismos ágiles y de articulación y acciones conjuntas con el COFECYT”.

Así, destacó que el COFECYT: “Es esencial el rol que desempeña porque es el cuerpo de elaboración, asesoramiento y articulación estratégica de políticas prioritarias nacionales y regionales que promueven el desarrollo armónico de las actividades científica. Es un espacio donde se escuchan las demandas territoriales dando cuenta de un importante criterio federal”.

Por último, expresó: “Confiamos en que los desembolsos pendientes se regularicen pronto para poder cumplir con los compromisos adquiridos”.

Jujuy

Desde la provincia del norte, Luis Bono secretario ejecutivo de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia se mostró preocupado por la pérdida de federalización porque “se está dejando de lado las convocatorias”.

“Estamos cumpliendo más de 110 días que no tenemos respuestas de Nación del presupuesto para la construcción de nuestro Polo Tecnológico. Se trabajó con el Ministerio de Infraestructura para poder iniciar la obra”, denunció.

Formosa

El secretario de Ciencia y Técnica, Camilo Orrabalis, resaltó “la falta de diálogo desde las direcciones que toman decisiones a nivel nacional, están totalmente ausentes. Pese a eso en Formosa se sigue apostando a la ciencia y a la tecnología, se está terminando el Instituto Politécnico Formosa y otros proyectos, con recursos propios”.

“Lamentamos la decisión de no convocar a las asambleas que son necesarias. Uno hace reclamos y del otro lado hay ausencias”, manifestó y contó que en su provincia desde el 2003 al 2015 el “desarrollo en ciencia y tecnología ha crecido en infraestructura. Pudimos completar un Polo Científico que hoy está en funcionamiento”, y criticó que las decisiones políticas “centralistas siempre perjudican a las provincias del norte”.

San Luis

El director de Vinculación Estratégica del Ministerio, Delfor Sergnese, afirmó: “Estamos esperando la convocatoria del Consejo Federal y vemos con preocupación que no se realice. Desde San Luis estamos trabajando tanto en la vinculación como en la transferencia de conocimiento en conjunto con los organismos provinciales y nacionales”.

También disertaron la directora general de Economía del Conocimiento de La Pampa, Laura Biasioti; el presidente de la Agencia de Desarrollo e Innovación Tecnológica de Misiones, Nicolás Daviña; el director General de Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero, Edmundo Vizgarra Gómez; la ex presidenta del CONICET, Ana Franchi; la exsecretaria de Ciencia de Chubut, Georgina Davis; la representante de la Mesa Federal de Ciencia, Josefina Vaca.

La subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético de la Nación, Mariela Beljansky, disertó ante un plenario de las comisiones de Ambiente y Energía de Diputados en el arranque del debate sobre el proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos.

La funcionaria destacó la importancia de reducir las emisiones de metano porque “el sector de petróleo y gas que siga creciendo y crezca más porque no nos sirven de nada los recursos si están enterrados, sino que tenemos que poder utilizarlos. Para el gas natural hay una ventana temporal que es imprescindible tratar de aprovechar al máximo para generar riqueza”.

“Argentina pretende ser un país netamente exportador y la demanda, tanto de hidrocarburos como de otros bienes que la Argentina puede producir y exportar, requiere del cumplimiento de compromisos de gases de efecto invernadero”, señaló y agregó que el país debe “cumplir” con los compromisos como, por ejemplo, no exceder las 349 megatoneladas netas absolutas del inventario del 2030 que es el compromiso “legal vinculante” por Ley en 2016 el Congreso ratificó la suscripción del acuerdo de París.

Beljansky destacó que esta gestión de Gobierno “por primera vez” crea en su estructura que es una subsecretaría de transición en la órbita de Energía bajo el Ministerio de Economía a fin de tener “una mirada y abordaje integral de la transición hacia economías más bajas en carbono. En dicho ministerio están representadas el 90% de las emisiones de efecto invernadero del país. Las emisiones del sector energético nada más representan el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero”.

“Hay que tratar de hacer la transición hacia una economía más baja en carbono, una oportunidad para ser un país netamente exportador porque no hay que olvidarse que es parte de lo que pretendemos para que Argentina tena mucho más nivel de producción económica y exportación y tener confiabilidad para poder acceder a financiamientos”.

La funcionaria explicó que dentro de las misiones de la secretaría “están enfocadas en establecer una asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que resulten compatibles con el cumplimiento del acuerdo de París en la proporción en que, cada quien que emite, tiene que hacerse responsable de sus emisiones, pero a su vez, es libre de cumplir con no superar ese umbral de derechos de emisión como quiera”, y sumó: “También para hacer que la transición sea más costo efectivo, justamente para tratar de poder crecer con la menor cantidad de limitaciones. No auto imponernos más limitaciones que, la demanda de productos y del cumplimiento de los acuerdos que tenemos suscriptos, nos requiera”.

La expositora contó que establecerán un mecanismo de Mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero conocido como “Cap and Trade”. “En eso venimos trabajando desde el 11 de diciembre del año pasado y hemos avanzado bastante en ese sentido en el diseño del esquema de asignación de derechos de emisión y en el esquema de mercado de derechos de emisión”, comentó y explicó que han hecho una presentación de interés para tener la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo.

“Hay 38 ‘Cap and Trade’ vigentes operativos en el mundo 14 países que están evaluando implementarlo básicamente porque ha demostrado ser un instrumento que pone un precio al carbono que resulta más efectivo y que aumenta la productividad de las Industrias o de los sujetos obligados”, informó y planteó: “Estamos en un momento donde Argentina justamente quiere crecer y hay que tratar de crecer de la manera más inteligente para poder cumplir también con los requerimientos de nuestros compradores de bienes y productos que queremos exportar”.

Sobre el proyecto de ley, puso el foco en la autoridad de aplicación que establece que sea Ambiente: “En realidad es una ley que está dedicada y enfocada en el sector de exploración, explotación y todo lo que tenga que ver con el gas y, en realidad eso está dentro de las competencias que tiene la Secretaría de Energía”.

Sin embargo, propuso que “puede ser una responsabilidad compartida porque energía y ambiente en muchos casos se interrelacionan”, pero reiteró: “Las misiones y funciones de la Secretaría de Energía está generar todos los instrumentos para ver que ese sector energético sea sustentable en términos económicos, pero también en términos ambientales”

Así, adelantó que el ‘Cap and Trade’ sobre el que están avanzando está enfocado en implementarlo en el sector energético, pero “aspiramos realmente a poder extenderlo a otros sectores de la economía que va a tener sus propias reglas de juego”, y precisó: “Lo que nosotros estamos aspirando es en diseñar de manera muy participativa con las compañías cómo vamos a hacer nuestras ecuaciones para ver cuáles son las emisiones que cada uno de esos sujetos obligados está emitiendo para ver si cumplió o no cumplió con el umbral asignado”.

“La Argentina tiene que reportar su inventario Nacional de gases de efecto invernadero. El inventario tal como se hace en este momento no captura muchas de las implementaciones que son el más costo efectivas para la industria de petróleo y gas a la hora de reducir emisiones básicamente, porque usamos un factor de misiones por defecto para producción de sheil y un factor de misiones por defecto para producción de hidrocarburos convencionales y multiplicamos actividad productiva o volumen de producción por ese factor de emisiones por defecto”, explicó Beljansky, pero señaló: “La verdad es que eso no captura posibles medidas que las compañías pueden implementar. Entonces no hay un incentivo real, eso no se ve reflejado porque simplemente se multiplica un dato de actividad por un factor de emisiones que no lo está capturando”.

“El país tiene el compromiso de no exceder las 349 mega toneladas netas absolutas”

Otro de los puntos del proyecto que le generó preocupación, es si la autoridad de aplicación es Ambiente “puede tener sus reglas de cálculo que, en principio, son las del inventario y, entonces, no se van a ver reflejadas las medidas que las compañías van a estar implementando y, por otro lado, van a tener una manera de reportar cuál es su nivel de emisiones asociados con el ‘Cap and Trade’ que va a estar operativo”, y sugirió: “Lo más razonable es que las reglas de juego y la manera de reportar de las compañías sea única. No dupliquemos esfuerzos, pero me parece que en el ‘Cap and Trade’ vamos a establecer cómo son las reglas para poder implementarlo”.

“Me parece fundamental que la autoridad de aplicación sea la misma autoridad que está implementando el ‘Cap and Trade’ para el sector energético, que al fin y al cabo es la que genera la normativa técnica o la reglamentación de detalle para ver cómo se van a reportar o a declarar o a verificar o a controlar las emisiones de metano en este caso, pero en realidad nosotros lo haríamos para todas las emisiones no solo asociadas a metano”, consideró.

Otro punto que señaló de la iniciativa es la compensación de créditos y explicó: “El que hizo las cosas bien antes, ahora no se le está pidiendo un poco más, sino que justamente, no perjudicamos al que innovó y, por el otro lado, que tenemos sí o sí que dejar derechos de emisión gratuitos para nuevos volúmenes de producción o para nuevos actores para que esto no se convierta en algo que pueda hacer una barrera de ingreso, pero para eso necesitamos una actividad muy comprometida de las empresas para tratar de entender. No se busca perjudicar a nadie, pero saber que tenemos que hacer nuestro desarrollo y tener un crecimiento con estas condiciones de borde”.

Así, celebró que “haya iniciativas como éstas que están alineadas en tratar de tener un desarrollo económico y de un sector que entiendo que va realmente a explotar. Va a ser un sector que va a tener muchísimo crecimiento en los próximos años y es fundamental que hagamos las cosas también para que el mercado esté dispuesto y esperando nuestros productos y no que empecemos a generar algún rechazo de algún tipo”.

“Estamos en el momento correcto y, si hacemos las cosas bien, hay una ventana temporal para valorizar nuestros recursos de hidrocarburos fenomenal y la verdad que insisto en que me parece valioso”, destacó.

Por otro lado, hizo algunas consideraciones respecto de la redacción como por ejemplo las compensaciones: “Acá se habla como de forestar con especies nativas. En realidad, nuestro inventario nacional habla de emisiones netas absolutas. No me gustaría que en nuestro ‘Cap and Trade’ no va a haber una limitación de que alguien compense con especies nativas. Se puede compensar con cualquier cosa que capture porque, insisto, nuestro compromiso país está sobre misiones netas absolutas de no exceder ese 349 en el inventario 2030”.

Beljansky cuestionó que el tema “efectivamente estaba en la Ley Bases que en algún momento de la negociación se quitó. Si me hubieran preguntado yo no le hubiera quitado”.

En tanto, indicó que “ya estaba dentro de las funciones de la secretaría hacer instrumentos sectoriales para cumplir con mitigación o adaptación frente a escenarios climáticos futuros”, y manifestó que la intención era que estuviesen todos los sectores involucrados y no solo el sector de energía.

Así, planteó que uno de los pilares del sector era “encarar la transición energética, no copiando un modelo de otros países, sino haciendo un propio modelo entendiendo que el sector energético tenía que tener un perfil netamente exportador con un crecimiento muy importante. Para eso teníamos que mostrar sustentabilidad económica, pero sustentabilidad ambiental también porque gran parte de nuestros producidos van a mercados que están también mirando”.

La Comisión de Cultura de Diputados, presidida por la catamarqueña Silvana Ginocchio (UP), se reunió este jueves para iniciar el debate sobre el fomento de la actividad privada en actividades culturales, también conocido como mecenazgo, con artistas y expertos invitados a disertar sobre el tema.

Así, la diputada de UP comentó que hay cuatro proyectos que tienen giro a la comisión y bregó para poder construir consenso y llegar a un dictamen. “Trabajar en este tema nos ayuda a democratizar la participación en la cultura de manera nacional y federal”, resaltó Ginocchio.

La presidenta de la comisión sostuvo que la cultura es “desarrollo, trabajo, nos enriquece y tiene un impacto dentro de las economías”. Así, señaló que debe ser un “eje central trabajar, apostar, garantizar, fomentar, desarrollar la cultura” y que el Estado “tiene que formar parte porque es una política (…) el Estado no se tiene que retrotraer de un deber que tiene de garantizar la cultura con un reconocimiento a que las actividades culturales y los derechos culturales tienen una enorme influencia en lo individual y colectivo”.

Pidió la palabra el vicepresidente de la comisión, Hernán Lombardi (Pro), quien manifestó: “Estamos en deuda porque la Ciudad de Buenos Aires tiene la ley desde el 2007. Otras provincias también tienen sus leyes. Hay muchos municipios que tienen ordenanzas de mecenazgo. Se ha expandido esto por todo el país, pero Nación no lo ha tocado. Esta cuestión de darle participación a la sociedad civil y al sector privado en la cultura nos parece claro”.

El primero en exponer fue Federico Cermelo, abogado y director del Observatorio de Familias y Juventudes de la HCDN, autor de uno de los proyectos que se convirtió en ley en la provincia de Buenos Aires a fines de 2016.

“Esta experiencia de mecenazgo estamos en deuda a nivel nacional. Toda persona que trabaja en arte o cultura se da cuenta que necesitamos una ley. No solo por el aporte, sino porque es un puente que tiende a unir las necesidades del artista, del Estado que optimiza sus recursos y del sector privado que tiene ganas de cooperar con la cultura. Es una retroalimentación muy positiva si está bien legislada y muy negativa si solo le otorga beneficios al sector privado que, claramente, no es la idea”, expresó.

Cermelo indicó que el antecedente de la ley de capital federal es “positivo” para empezar a legislar al igual que otras provincias. Así, contó que cuando se inició el tratamiento en la provincia de Buenos Aires “había muchos prejuicios de diferentes espacios políticos”. “Somos un poder del Estado intentando generar un recurso más a la cultura por lo que sería muy ingenuo pensar que estamos queriendo correr al Estado cuando queremos legislar en mecenazgo”, planteó.

“Lo que estamos legislando en mecenazgo son derechos, oportunidades de crecimiento y desarrollo para la vasta familia cultural para el artista, para el que realiza festivales, feria y un claro beneficio para el que consume cultura”, afirmó y describió: “La cultura es transversal, es identidad porque son tradiciones y valores. La cultura también es turismo porque las fiestas son un impacto. Cuando hablamos de cultura también hablamos de patrimonio cultural inmaterial que son las bellezas naturales y el turismo es industria al igual que la cultura, pero tiene que ser nacional, pujante, productiva con oportunidades para todos y ese sentido tiene que tener la ley”, y señaló que “históricamente” han querido legislar en mecenazgo, pero “transformándolo” en beneficios para el privado.

Cermelo comentó que han tomado como antecedente la legislación de Uruguay donde “existen escuelas de artistas de gestión privada unido a la educación y a la cultura”, pero resaltó que los proyectos pedían la universalidad de la educación, la accesibilidad a las poblaciones vulnerables y excelencia de las escuelas.

En esa línea, concluyó: “Cuando logramos legislar de una manera armoniosa para el gestor, el artista, empresarios y sobre la cultura, mecenazgo da resultado y puede ser una gran alternativa”, y criticó a la exgobernadora Verónica Magario y al mandatario provincial actual, Axel Kicillof, que “no implementaron la adecuación presupuestaria”.

A continuación, fue el turno de la exdiputada nacional Elda Pértile actual presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Chaco quien comentó que el mecenazgo es “proteger el desarrollo de las artes, de las letras, ciencias”. Pértile contó que en su provincia ya rige una ley en ese sentido desde el 2012 que ha sido “muy fructífera con resultados valiosos” por lo que remarcó la necesidad de llevar es mirada de forma “federal, nacional” a fin de “atender necesidades que van más allá del Estado y que involucraría al sector privado, a empresas que quieren colaborar”.

“En materia cultural disponer de recursos no es muy fácil”, señaló y comentó que uno de sus proyectos presentados durante su mandato involucraba “el teatro, artes visuales, danzas, música, medios de comunicación y todo quehacer que involucre en materia cultural”, y contó que planteaban la creación de un Consejo Nacional de mecenazgo y que sea presidido por la autoridad máxima cultural de la Nación para que evalúe los proyectos desde una mirada federal y diversidad de expresiones culturales y artísticas.

Además, detalló que los proyectos se financiarían con una desgravación de un porcentaje del 5% de las ganancias netas del ejercicio y un 10% iría a un fondo solidario nacional de mecenazgo. “Hay una necesidad de tener una ley nacional de mecenazgo que extienda los beneficios”, cerró.

Luego expuso Emiliano Fuentes Firmani, investigador del Instituto de Arte y Cultura de la UNTREF, quien remarcó que es un tema “altamente demorado” y planteó: “El mecenazgo es una articulación público-privada que busca estimular la inversión en la cultura. Es solo una herramienta de intervención interesante que en el país ha generado controversias y hasta la actualidad no pudimos avanzar y es una herramienta más dentro de las políticas de financiamiento y fomento de la cultura y de ninguna manera puede reemplazar la acción del Estado, sino que debe funcionar como complemento”.

“Es importante que el mecenazgo impulse el desarrollo de pequeños y micro emprendimientos culturales con alcance federal y equitativo entre las provincias, para compensar las asimetrías históricas”, subrayó Fuentes Firmani y agregó: “A pesar de tener un importante desarrollo jurídico e institucional para el fomento cultural, en nuestro país nos debemos un debate profundo sobre los modos, competencia y concurrencias que Nación y provincias deben asumir sobre el tema”.

El investigador señaló que es importante la promoción de la inversión privada en la cultura porque amplía las posibilidades de desarrollo cultural y fomenta la diversidad de las expresiones culturales; ayuda a construir la sustentabilidad de los proyectos y procesos culturales y porque las empresas y el sector productivo tienen una responsabilidad social.

Para concluir, pidió que haya “una política de mecenazgo con sólidos mecanismos de control y transparencia que permitan tanto la protección de los recursos fiscales como del patrimonio cultural involucrado y acciones de fomento”.

El presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, Julio Crivelli, insistió con la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires y sugirió que “asociar demasiadas y complejas asociaciones colaterales del Estado no va a ser beneficioso”, y consideró que “los fondos deben ser empleados en instituciones que tienen una trayectoria importante de transparencia y de tradición o en personas físicas que presentan un proyecto que resulta atractivo a la cultura”.

“No vemos necesario una intervención sistemática del Estado en estas cosas. La cuestión presupuestaria la pueden acordar el privado y el sector artístico interesado”, opinó y cerró: “Lamentablemente el presupuesto del Estado no ha sido nunca importante para el desarrollo de la cultura”.

La legisladora porteña Cecilia Ferrero actual titular de la comisión de Cultura de la legislatura, enumeró las características principales de la Ley de Mecenazgo en la Ciudad. Al respecto, detalló que “en la modificación que le hicimos este año, buscamos robustecer la autoridad de aplicación en todo lo que tiene que ver en acompañar a la persona física o jurídica que presenta el proyecto para que la burocracia sea lo menos pesada posible. Buscamos más flexibilidad”.

“La ley está vigente desde el 2007, cumplimos 14 años de funcionamiento interrumpidamente con dos o tres modificaciones”, comentó y concluyó: “Ojalá haya una ley nacional de mecenazgo, porque el ejemplo de la Ciudad es un éxito; así lo plantean quienes se presentan tanto para ser beneficiarios como a querer apoyar el arte”.

De forma remota, expuso el presidente de la Asociación Italiana de Charata, Marcelo Golob, quien resaltó que desde el 2010 tienen la Ley de Mecenazgo y precisó: “Puedo dar fe que contribuyen honrada y honorablemente a cada institución cultural y deportiva”.

“El Estado tiene prioridades sobre eso y debe afianzarse como prioridad con herramientas válidas a través de porcentajes provinciales y nacionales. La cultura es una creencia con valores y formas de vida de una población que se puede transmitir de generación en generación. Mediante la ley, buscamos personas físicas o jurídicas que tengan exenciones o impuestos a pagar para poder promover la actividad privada, la financiación de obras, teatros y actividades artísticas”, destacó y cerró: “No sustituir al Estado, contribuir a ayudar para mejorar involucrando a sociedades sin fines de lucro”.

El presidente de la Asociación Premios Hugo, Ricky Pashkus, señaló que el mecenazgo “supone estimulación hacia los jóvenes y hacia la autogestión que define independencia económica, vivir de lo que amamos. Es una bajada a la federalización porque en algunas provincias actores no tienen manera de acceder a los recursos. Hay que hacer una tarea importante cultural para motivar la proactividad que esto implica”.

“El mecenazgo es algo útil para las dos partes, pero de nada sirve si no está el jurado heterogéneo con una visión de la cultura diversa, con diversos lenguajes y hay una necesidad expresiva de los jóvenes en el país”, indicó y planteó que “hay que tener una conciencia educativa para que llegue a los más bajos estratos –ingreso económico- porque está ahí y no se usa. Esto va a traer futuro y cambio. El arte no tiene sponsor privado, contrario al deporte. Todo lo que hagamos va a generar identidad, estimular a jóvenes, independencia económica, movilidad en el país y traer una cultura que pinte el pueblo”.

El artista visual Miguel Ángel Ronsino: “Hay una riqueza y una variedad cultural muy potente que no depende solo del mecenazgo; se necesitan muchas más herramientas para poder tener una vida desarrollada sobre esto que elegimos, que es la producción de capital simbólico”. Mientras que el músico Gustavo Grobocopatel: “En mi opinión, para que este proyecto sea revolucionario tiene que haber una amplitud en la convocatoria con muchos incentivos para entrar y después debería haber regulaciones que limiten”.

“La cultura tracciona el desarrollo económico del país, pero nunca la vimos integrada a eso y no se pudo monetizar. Es un gran desafío que tiene la Argentina”, manifestó Grobocopatel quien explicó dos experiencias propias y planteó que “la cultura tiene que llegar a todos los rincones del país.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Civil Taller Flotante de Entre Ríos, Soledad Ferrería: “En esta propuesta de ley de mecenazgo queremos influir a favor de las organizaciones de la sociedad civil que generamos políticas culturales, y que al momento de aplicarlas puedan expandir nuestros derechos”.

También disertaron de forma presencial Federico Peralta, cooperativista de Gualeguaychú, Adriana Rosemberg, presidenta de la Fundación PROA; y José Catagnino, presidente el Museo Juan B. Castaglino.

La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente de Diputados, a cargo del libertario Carlos D’Alessandro, se reunió este martes para iniciar el debate sobre el proyecto “Convenio de creación del Parque Interjurisdiccional Marino Monte León”, suscripto entre el Estado Nacional y la provincia de Santa Cruz el 11 de octubre de 2023 que “no genera asignación presupuestaria”.

También, comenzaron a analizar una iniciativa que busca presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos. Además, pasaron a la firma proyectos de declaración y de resolución. La comisión completó a sus autoridades y estableció un encuentro cada 15 días los martes a las 12.

Antes de iniciar la ronda de expositores, la comisión completó a sus autoridades siendo designado como secretario el radical Pablo Juliano reprodujo el “espíritu de colaboración, las ganas de empujar la agenda fundamental porque tenemos un compromiso”.

De forma breve, la diputada Fabiola Aubone (UP) solicitó retirar momentáneamente de la comisión un proyecto de su autoría que estaba para dictaminar que declaraba de interés la mesa permanente de la gestión integrada del agua en la provincia de San Juan y acotó: “Una gran propuesta que, ante el cambio de gobierno, se ha desarticulado”.

A su turno, el diputado de la CC-ARI Maximiliano Ferraro planteó la posibilidad de pedir la anulación de giro a otras comisiones de algunos proyectos de resolución y pedido de informes. “Esto la verdad es un artilugio que han utilizado todos los oficialismos en Diputados, pero creo que este rompe con el principio fundamental que tenemos los diputados de poder solicitar informes al Ejecutivo y para valorar esta herramienta y no caer en estos artilugios que demoran el trámite parlamentario”, argumentó.

En esa línea, indicó que varios de los proyectos puestos sobre la mesa tienen giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista José Luis Espert, por lo que propuso solicitarle a la Secretaría Parlamentaria y al presidente de la Cámara la anulación del giro a otras comisiones de una segunda competencia que “es para demorar el trámite”.

D’Alessandro le respondió que van a “considerar” el planteo porque “estamos acá para solucionar este tipo de temas” y afirmó: “Entiendo lo de los giros que a veces es molesto. Nosotros tenemos 48 proyectos de los cuales vamos a dictaminar 14 y dos en estudio”.

Al pedir la palabra, la diputada Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) remarcó la importancia de armar “una agenda institucional” sobre los temas de ambiente que “garantice un funcionamiento permanente de la comisión” y pidió tener fecha para tratar los proyectos relacionados con los presupuestos mínimos del metano. También solicitó tratar el mes siguiente la ley de envases que “es importante” para “poder organizarnos”.

Stolbizer adhirió a las palabras de Ferraro y remarcó que el Convenio sobre el Parque Monte León que contempla un giro a Presupuestos siendo que “no hay un adicional de presupuesto solicitado y es el que ya tenía. Esto sería inminente para que no vaya a complicar tener el dictamen y pasar al recinto, ya que tiene un gran acuerdo y empuje y tenemos que facilitarlo tratando de evitar que Presupuesto nos ponga una traba”.

Ampliación del Parque Monte León

La primera oradora fue Martina Sasso, directora Ejecutiva Fundación Por el Mar, explicó que la ampliación sería de la tierra hacia el mar del futuro Parque interjurisdiccional Marino Monte León se da en Santa Cruz. “Este parque tiene 1.023 kilómetros cuadrados y fue creado en el 2004 y fue el primer parque creado en la Argentina en post de conservar el mar. Es el primer parque costero que mira la biodiversidad marina, los valores pesqueros y de conservación y desarrollo para poder proyectar esta área”, informó.

“La razón fundamental, por lo que durante los últimos 3 años los distintos gobiernos, fue el valor de conservación que se intenta proteger son los bosques de macro algas. Es el ecosistema de esta era, es lo que el mundo está queriendo proteger. Estos ecosistemas son fundamentales para la industria pesquera. Si estos bosques de algas no estuvieran, la pesquería de la centolla que es clave para las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego no existiría”, explicó.

Sasso también resaltó la importancia del turismo: “Al igual que un bosque en tierra, tiene un montón de especies asociadas como delfines, tiburones, pingüinos. Estos bosques de algas son fundamentales para las colonias de pingüinos y hoy generan un gran destino turístico para la Patagonia”.

La funcionaria alertó que en el mundo se está perdiendo un 40% de estos bosques de algas y destacó que “gracias a la investigación científica, Argentina generó los primeros mapas de distribución de este sistema. Tenemos el 30% del ecosistema global en nuestro país y la comunidad internacional está muy interesada en nuestros bosques por la genética. Es el único lugar del mundo donde estos bosques están expandiéndose en vez de reduciéndose”.

“Se consume el alga en el mundo, se han desarrollado matrices productivas en el mundo. Este ecosistema de este ser viviente es el organismo que más rápido crece en el planeta, puede crecer 40 cm por día. La viabilidad para producir este ecosistema y poder desarrollar una matriz productiva a partir de él es súper viable”, ponderó.

Sasso recordó que en 2004 se creó el área terrestre de Monte León y que la Administración de Parques Nacionales siguió trabajando en post de ir a proteger el mar.  En el 2012 se presentó un proyecto de ley que “que realmente era irracional por sus tamaños, por cómo cruzaba de jurisdicciones agua nacionales” por lo que se dio de baja.

“Esto se retoma con el trabajo, no solamente nuestra organización, sino Parques Nacionales impulsándolo internamente y otros actores de la sociedad para la investigación y empezar a fomentar la creación. En el 2023 se firma un tratado inédito la interjudiccionalidad un convenio entre la provincia y la nación donde en el 2023 se firma entre la provincia de Santa Cruz y la Administración de Parques Nacionales, representando al Ejecutivo, se ponen de acuerdo y luego fue ratificado por la Cámara a nivel Nacional”, explayó.

La directora ejecutiva de la Fundación Por el Mar resaltó que Parques Nacionales tiene la mayor concentración de algas de Santa Cruz y se presentó una declaración de interés para “poder hacer un manejo activo de este ecosistema y la conservación activa”. También comentó que el COFEMA (Confederación Federal en el Ambiente” se expidió con una declaración de interés de la preservación de los bosques en Santa Cruz.

“Esos bosques se encuentran solo en Santa Cruz y Tierra del Fuego, no tienen otra distribución. Tierra del Fuego el año pasado creó el área protegida Península Mitre que preserva la mayor concentración de algas”

En 2024 la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz aprobó la creación del Parque Mario Monte León: “Fue un hecho histórico porque fue el primer parque que se vota en los últimos 10 años. Eso ha generado motor de desarrollo. Es una provincia que tiene mucha fricción con la generación de áreas protegidas, industria ganadera, la pesca”, y planteó: “El paso que falta es este la ratificación por Ley Nacional”.

Sasso afirmó que el futuro es la interjurisdiccionalidad porque “es la única manera de poder gestionar el mar de una manera correcta y competente es con ambas jurisdicciones. Tenemos tres parques interjurisdiccional: en Chubut que fue el primero Pimcpa, luego Makenke y el Parque Isla Pingüino que fueron versiones mejoradas de esas leyes iniciales. Tenemos modelos de gestión que son diferentes. La interjurisdiccionalidad es algo nuevo y a esta gestión le toca el desafío de implementar”.

Según explicó, en la interjurisdiccionalidad no hay sesión de jurisdicción: “Es algo muy acertado, sobre todo en este gobierno, porque no hay recursos. No podemos pretender que Nación ponga todo o la provincia ponga todo. Hay que trabajar de forma mancomunada, debería ser el formato para poder funcionar”.

“Este proyecto de ley Monte León de ampliación al mar es mejorado a lo que es la gestión al resto de las áreas. Este va a ser el primer Parque Marino que tiene base en tierra”, destacó.

Al hablar de la sostenibilidad pesquera, señaló que Monte León en los últimos 10 años “ha tenido un total de mil horas de presión pesquera. Esto se considera como pesca marginal. La industria pesquera apoya el proyecto porque se preserva un área de especies que les interesa a ellos”.

Respecto de la asignación presupuestaria, subrayó que “ya cuenta con una estructura terrestre, esto es una ampliación. La Administración de Parques cuenta con un total de 14 agentes de conservación, tiene equipamiento".

"El parque está preparado para no absorber ni generar ninguna asignación presupuestaria, es casi nula”, y destacó: “La gestión e implementación del futuro Parque Marino Monte León puede llevarse adelante sin recursos adicionales”.

Además, indicó que la extensión del parque hacia el mar “es un avance crucial para el desarrollo del turismo de naturaleza. Modelos de desarrollo de siembra de algas en el país que tiene cero impactos”. Por último, sostuvo que el proyecto toca cuatro pilares que son turismo naturaleza, gobernanza, conservación activa y jerarquización del sistema de áreas protegidas.

A continuación, expuso Cristian Larsen, presidente de Parques Nacionales, quien contextualizó que “parques nacionales tiene cinco millones de hectáreas terrestres que equivale a la provincia de Jujuy y administra trece millones de hectáreas marinas que equivale a la provincia de Córdoba”. Con respecto al Parque Monte León, el funcionario aclaró que “tiene sesenta y dos mil hectáreas y lo que se quiere ampliar es a 1023 km cuadrados más”.

Al referirse a la interjurisdiccionalidad, Larsen sostuvo que “la relación entre parques nacionales y la provincia, específicamente a la conservación, no ha sido la mejor”. “Si bien el impacto presupuestario es menor, no podemos dejar de ver que existe un impacto y en caso de que se dañe el tema de las macroalgas va a tener que hacerse un trabajo de restauración, y esto hay que tenerlo en cuenta al evaluar el proyecto en general”, especificó.

“Estoy a favor del proyecto, de que cada vez conservemos más espacios y, sobre todo, cuando hay un valor tan importante como la macroalga. Pero, habría que definir si esto es un Parque Nacional, que lo sea en su conjunto y sumarlo a Monte León; o bien, que esto quede para la provincia”, manifestó y, en ese aspecto, añadió: “La coadministración presenta un desafío muy importante para Parques, sobre todo cuando hay que preservar tantos millones de hectáreas; seguir agregando terreno y parques nacionales nos invita a pensar con qué recursos vamos a contar, con qué personal y cuál es la infraestructura que se necesita”.

La diputada Sabrina Selva (UP) destacó que es un proyecto que “tiene consensos entre el Estado, la provincia, desde distintos partidos políticos. El mayor desafío de Parques Nacionales serían las dificultades que traen las interjurisdiccionalidad en un momento donde escasean los recursos”, y criticó el Presupuesto 2025 donde “parques nacionales no ha sido beneficiada con el presupuesto del Gobierno. La ampliación de un parque con los recursos que hoy tiene va a ser un desafío enorme”, y sugirió “exigirle al Gobierno” que haya recursos para este tipo de proyectos porque “es importante la conservación del ambiente”.

“Tenemos que encontrar una forma para que la administración de parques pueda asumir el desafío y continuar con el proyecto. El Parque Nacional está capacitado para encarar estos desafíos con los recursos que tiene, con el personal profesional, es un parque con un potencial enorme. La articulación con las provincias para la preservación del ecosistema en el país es fundamental”, cerró Selva.

A su turno, Ferraro se distanció de la idea de “retrotraer la posibilidad de crear el parque si debe ser nacional o provincial” porque “estamos en un país federal”, y planteó encontrar una solución “armoniosa” y reiteró: “No comparto la idea de retrotraer o demorar una expresión del Poder Legislativo de Santa Cruz que ratificó una parte del convenio y que nosotros demos marchas atrás porque se perdería la cuestión del parque por entrar en discusión con el actual gobernador por la cesión o no de jurisdicción entendiendo que los recursos son finos”.

Así, solicitó tener “la buena voluntad” de avanzar en el dictamen del parque y “ver de qué manera el aporte está restructurado”. Desde la presidencia de la comisión le respondió que “es voluntad avanzar sobre la ratificación del acuerdo entre Santa Cruz y Nación”.

Protección ambiental de gestión de emisiones de metano

En la continuidad, expuso Martín Maquieyra (Pro), autor del proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos, quien explicó que el fin es “poder regular y mitigar las emisiones de metano, que es uno de los que más impacto tiene en la industria energética”. “La idea es poder detectar las fugas y repararlas, avanzando en tecnología que permita una mayor identificación de las emisiones de metano”, agregó.

Sobre el proyecto, Maquieyra informó que en primer lugar se apunta a trabajar con “la industria de los hidrocarburos que es la que más rápida se pueda adaptar ya que no tenemos tiempo por el calentamiento global”. El pampeano planteó que vengan funcionarios y ONG’S en reuniones informativas para que sumen sus aportes para “poder producir con el menor impacto posible”. En ese sentido el diputado socialista Esteban Paulón sugirió que esas reuniones se hagan en conjunto con las comisiones de Energía y de Presupuesto para “acelerar el dictamen” y fijar un listado de invitados. A modo complementario, Stolbizer pidió que se cite a la secretaria de Ambiente para que informe cuál es el plan de Gobierno atendiendo el recorte del presupuesto en materia ambiental para el 2025.

El presidente de la comisión mostró preocupación de que la secretaría de Ambiente sea subsecretaría porque “nos juega en contra mundialmente”, y afirmó que asume el compromiso de hablar con la jefatura de Gabinete y solicitarle una reunión.

Proyectos de resolución y declaración

Luego, fue el turno de los proyectos de resolución y declaración. En primer término, se avalaron los pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre el derrame de hidrocarburos y aceites frente al Glaciar Perito Moreno; con la implementación de la ley 26331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos; con los incendios ocurridos en la provincia de Córdoba durante el mes de septiembre de 2024 (en este caso se unificaron dos iniciativas); y para que disponga las medidas necesarias para la elaboración e implementación de un “Glosario Ambiental Federal”, confeccionado por especialistas idóneos en la materia.

También, los legisladores le dieron el visto bueno a los proyectos para declarar de interés de la Cámara de Diputados de la Nación el “2° Congreso Internacional de Educación Ambiental e Innovación Inclusiva, infanto juvenil hacia la resignificación del aprendizaje y su relación post pandemia, desde la tecnológica y la transversalidad”, a realizarse del 20 al 24 de mayo de 2024 en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires; el II aniversario de la Ley de Humedales de la provincia de Misiones, a conmemorarse el 9 de junio de 2024; y a la “Alianza Verde Argentina”, conformada el 22 de abril de 2024, destinada a priorizar el cuidado ambiental.

Asimismo, se avalaron cuatro iniciativas para expresar beneplácito por el Día Internacional de la Diversidad Biológica, a celebrarse el 22 de mayo de cada año; por el Día Provincial de la Selva Misionera, que se celebra el 7 de mayo de cada año; por el Día Mundial del Ambiente, que se conmemora el 5 de junio de cada año; por el Día Provincial de las Áreas Naturales Protegidas, a conmemorarse el 12 de junio de cada año en la provincia de Misiones; y por la conmemoración del Día Nacional del Agua, a celebrarse el 31 de marzo de 2024.

Por último, el proyecto que apunta a expresar repudio y rechazo a la caza ilegal del ejemplar de yaguareté en la provincia de Formosa, acaecida en julio de 2024.

Con la ausencia del bloque de Unión por la Patria, un plenario de comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta comenzó a debatir este martes el proyecto de ley que busca ampliar el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, creado mediante la Ley 26.879, de modo de abarcar la investigación de otros delitos graves.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia, contó con la participación del director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto; y el abogado y exfuncionario de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier. La titular de la Comisión de Seguridad Interior, la radical Carolina Losada, informó que la próxima semana se reunirán con el objetivo de poder dictaminar.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y parte del “paquete Bullrich” obtuvo media sanción el pasado 14 de agosto en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el radicalismo propuso modificar el artículo 2 del texto, que establecía que el Registro de Datos Genéticos pasase a la cartera de Seguridad, pero se acordó en el recinto que siga bajo la órbita del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.

El primer expositor fue Soto quien contó que desde 1891 “no hay un cambio tan revolucionario en la identificación genética y criminal, que es a través de la identificación genética las huellas dactilares, algo que se desarrolló en Argentina con Vucetich y revolucionó la manera de establecer quién era el autor de un delito”.

“Tenemos la oportunidad histórica de extenderlo a un método que se utiliza en todo el mundo como en Estados Unidos, en Canadá, en Europa en España, Francia, en Australia, en Gran Bretaña, en Canadá, en México, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en fin, en casi todo el mundo para establecer la identificación del autor de un delito”, consideró Soto.

Así, el funcionario resaltó que “se puede ampliar a través de la identificación de todos los imputados y todos los condenados por todos los delitos, pero esto no es solamente para la identificación criminal de alguien que va a ser juzgado, sino también como una herramienta fundamental para desvincular a alguien que tiene que demostrar su inocencia y, si no hay una herramienta como esto, es muy difícil probarlo”.

“Este sistema permite también poder utilizar la identificación genética para buscar personas extraviadas o desaparecidas. Sin perjuicio a la base de datos que está para el periodo de marzo 1976 y diciembre 1983 para los desaparecidos de la dictadura militar que eso sigue incólume y no se toca. Para los demás casos en que hay personas que se están buscando y hoy en día no hay ningún método para poder identificarlas, este sistema va a poder permitir en forma voluntaria -no por orden judicial- que los familiares aporten al registro su identificación genética y que se compare, con su consentimiento, con los restos de cuerpos que se encuentren o personas inconscientes que no puedan ser identificadas y establecer la identificación”, explayó.

El funcionario hizo hincapié en el artículo 2 que establece bajo qué ministerio u organismo estará el registro y precisó que “es una herramienta de investigación criminal, que se toman los datos de todas las personas imputadas, de todas las personas condenadas y se toman las muestras y evidencias que se encuentran en la escena del hecho. Las evidencias en la escena del hecho son de ADN, pero hoy en día ya no hace falta que se tengan fluidos en sangre, sino que basta el ADN de contacto en este lugar simplemente por la declamación microscópica de las células que entran en contacto con un objeto. Eso en un sistema que es la determinación del ADN hace que se obtenga un perfil genético que se traduce en un código de barras y se compara ese código de barras con el código de barras del imputado o del condenado”.

“El registro es una herramienta de investigación y estaba en la Ley del 2013 que se había sancionado en este Congreso por unanimidad, porque en esa época recién se separaba justicia de seguridad, y establecieron que va a la dirección de registro del Ministerio de Justicia como un registro más”, contextualizó, pero señaló que “en ninguna parte del mundo los registros de información genética funcionan en el Ministerio de Justicia”.

Soto comentó que han hablado con el ministro de Justicia para iniciar la gestión del traspaso, pero en Diputados se consideró que debería permanecer bajo esa órbita. “Para nosotros solamente se basó en una cuestión ideológica porque jurídicamente no hay el más mínimo argumento para seguir sosteniéndolo en el Ministerio de Justicia”, opinó.

Así, solicitó que revisen el artículo 2 y que restituyan que quede el registro bajo el Ministerio de Seguridad porque “tiene el enlace y el trabajo con la fuerza y seguridad. Es una función natural del Ministerio de Seguridad poder llevar esta ley a cabo”.

“Esta es una oportunidad histórica para modificar un sistema que va a revolucionar la identificación criminal en Argentina, estamos en deuda en realidad porque Argentina siempre fue pionero desde Vucetich hasta en la época es que se investigaron los crímenes de la dictadura militar el equipo forense hizo la identificación genética criminal. Este mismo Congreso hace más de 10 años sancionó la ley y quedó en aguas de borraja”, argumentó Soto.

Y ratificó: “Es el momento para dar un cambio un giro revolucionario identificación criminal, poner en funcionamiento algo que ya existe. Es una herramienta puede ser que tenga razones para justificar indiscutible con la certeza del 99,99%. Por eso funciona tan efectivamente esta herramienta que nosotros le solicitamos que la aprueben y que, además, permitan que el Ministerio de Seguridad pueda desarrollar todas las herramientas para hacer una implementación que ya lo estamos haciendo con todas las provincias. Ya tenemos 10 provincias que nos piden la implementación y ya quieren una adhesión y poder implementar además y capacitar a todas las fuerzas de seguridad para levantar el ADN”.

“La Corte ya ha dicho de hace mucho tiempo que la extracción de una gota de sangre no afecta la integridad psicofísica de la persona, pero ni siquiera hace falta eso. Entonces con todo este método que, además es cada vez más rápido y más económico, el ADN cada vez más rápido y más económico, se puede hacer que no haya impunidad. Esto implica un ahorro enorme en investigación jurisdiccionales de juicios enormes sin poder definir una sentencia y los tratamientos psicológicos y médicos para las víctimas”, cerró.

A su turno, Gianni Venier compartió su experiencia y brindó detalles sobre el funcionamiento de este registro implementado en Mendoza desde 2016. También, destacó la reducción de costos, "desde el punto de vista sistémico" que permite su implementación, "la asepsia del sistema", la cantidad de hechos resueltos y que, su uso en la provincia, "ha sido una excelente decisión", finalizó.

Previamente la Comisión de Seguridad Interior mantuvo un encuentro para pasar a la firma siete proyectos de declaración sobre la conmemoración del aniversario de la creación de la Prefectura Naval Argentina y de la Gendarmería Nacional. También, los senadores acompañaron cinco proyectos de comunicación referidos a la solicitud de informes sobre aspectos vinculados al narcotráfico y el pedido de mayor presencia de Prefectura en aguas limítrofes con Paraguay, entre otros.

Un plenario de las Comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda de Diputados recibieron este martes a funcionarios y especialistas en materia judicial para profundizar el debate sobre una ley federal de juicios por jurados.

El primer expositor fue el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, quien señaló que son nueve los proyectos presentados que tienen diferencias entre sí. “El juicio por jurados no solo estuvo estipulado en la Constitución de 1853 y efectivamente fue reconfirmado en la reforma del 54. Este sistema de enjuiciamiento existe desde Sumeria en el 3.500 A. C igual que el principio de legalidad”, informó.

“No hay ningún tribunal judicial más independiente e imparcial que el jurado. De su veredicto no dependen ni sus ascensos, ni sus carreras judiciales, ni que los echen de sus trabajos, ni un jury de enjuiciamiento. Este carácter accidental, no permanente, les da la más amplia libertad de decisión sobre los casos conocidos en los sistemas judiciales”, comentó.

Amerio explicó que “el tribunal de jurados es el único tribunal de poder sin ambición propia. Esto es absolutamente fundamental. Son doce conciudadanos que, probablemente, tengan con mucha suerte la oportunidad de participar una sola vez en su vida en esto y los datos empíricos recabados dan cuenta de, no solo lo honorable que resulta para los jurados populares participar, sino el cambio de percepción que tienen de la imagen judicial y en el conocimiento y la dificultad que es juzgar a un ciudadano”.

“El veredicto del jurado por el altísimo número de doce y por la robusta deliberación que implica, goza de una legitimidad incuestionable”, afirmó y sumó: “Las decisiones de los jueces técnicos son a veces difíciles o insoportables de digerir para la población en general. Los ciudadanos no comprenden de absoluciones o condenas de jueces técnicos”.

El funcionario, sostuvo que “muchas veces está esa sensación de que no se hizo justicia y genera recurrentes crisis de legitimidad. Cuando un jurado popular es el que interviene en un veredicto, la confianza en esa decisión es inmensamente superior”.

“El jurado promueve la máxima transparencia de los actos del gobierno del Poder Judicial. Obliga a las partes a presentar sus pruebas y teorías del caso de modo sencillo y preciso para poder ser entendido por la comunidad. El jurado promueve mejor ciudadanía. Quienes ofician como jurado emergen de una experiencia como personas más comprometidas con los temas comunitarios, con más confianza en el Poder Judicial y en los poderes del Estado”, enumeró.

También indicó que “ser jurado hace que el individuo salga de ese círculo vicioso de individualismo y desconfianza absoluta hacia las instituciones. El jurado refuerza la independencia del Poder Judicial al tomar por sí la parte más difícil de la decisión, el jurado permite que se fortalezca la institución de los jueces. Las democracias más sólidas del mundo jamás presidirían del sistema de jurados”.

“Los jurados analizan hechos y pruebas a través de sus experiencias y del sentido común. Es muy importante esto. La decisión de culpable o inocente parte de lo que el ciudadano ve”, manifestó.

Amerio resaltó que “esto es una reforma estructural muy grande donde el fiscal se ocupa de acusar, el juez está más apartado, en ese sistema acusatorio un jurado más imparcial sin la de formación profesional los convierte en personas que están absolutamente vírgenes del sistema. Esto es algo que todos los proyectos basan su cuestión filosófica”.

“El jurado es la máxima democratización de la justicia porque participa de manera directa en el Poder Judicial a través del jurado. El jurado permite un inmenso ahorro en tiempo y dinero dentro del Poder Judicial representa el 0.65% del presupuesto. Son debates rápidos de un par de horas y llegan a la unanimidad, no se estancan. Trabajan en días corridos, jornadas completas. Juicios grandes no duran más de cuatro días”.

El secretario de Justicia afirmó que “el jurado es considerado la herramienta esencial para el gobierno de un Poder Judicial democrático, transparente y abierto al pueblo”, y lamentó: “No haber cumplido con este programa durante 170 años nos convirtió en un país de gran fragilidad institucional y descreimiento en la justicia”.

"El jurado es el único tribunal capaz de absorber las presiones sociales y demandas ciudadanas de justicia que se abaten sobre los sistemas judiciales del siglo XXI", consideró Amerio. Además, el representante del Poder Ejecutivo, apeló a “encontrar los consensos para avanzar” ya que “el jurado promueve la máxima transparencia del Poder Judicial, promueve mejor ciudadanía".

Respecto de los proyectos, indicó que en algunos de ellos se les asigna a la Corte Suprema la Administración de una Oficina Central de Jurados que se conoce como OFICEJ que se encarga de coordinar equipos profesionales en una red de oficinas instaladas a lo largo y ancho del país.  “Esto es algo que me gustaría levantar porque es una tarea muy administrativa que a Corte hay que ver si quieren llevar adelante. Sugerimos que la haga Casación Federal, pero es un tema menor”, sugirió.

Amerio informó que son once las provincias que utiliza el sistema de juicio por jurados. “la ola juradista sobre todo en 2018 ha ido avanzando en una velocidad extraordinaria, pero cada provincia tiene su idiosincrasia y queremos que sea analizado, pero es importante hablar de eso. Esta ley federal va a poder articularse con las leyes de juicio por jurado que ya existen”.

Por su parte, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, Víctor del Río, recordó que “Chaco fue la tercera provincia a nivel nacional en poner en marcha este sistema", y explicó: "Tenemos muchos delitos en juicios por jurados, y muchas de las excusas para que no se implemente este sistema era que ‘no hay plata’. La plata está muy bien gastada, hemos recuperado la confianza de los ciudadanos".

"Es un honor, como chaqueño, destacar uno de nuestros mayores logros: haber cumplido con un sueño republicano de nuestros constituyentes al ser la tercera provincia en implementar juicios por jurados”, cerró.

Andrés Harfuch, director del área de juicios por jurados del INECIP expresó: "Estamos a punto de hacer realidad una ley tan ansiada por nuestros constituyentes, cuyas características fundamentales han sido validadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

También formaron parte del debate el fiscal General Departamental de Dolores, Diego Escoda quien manifestó: "Existen muchas posibilidades para avanzar hacia sistemas procesales modernos, más eficientes y el juicio por jurados es uno de ellos. La capacitación es fundamental una vez que este sistema entre en funcionamiento”. En tanto, la presidente de la Asociación de Juicios por Jurados, Silvina Manes sostuvo: "La sanción de leyes de juicios por jurado en 11 provincias argentinas demuestra que este sistema llegó para quedarse. Debemos ocuparnos de la ingeniería de este proyecto de ley”.

El director Ejecutivo de INECIF, Julián Alfie les habló a los diputados y les hizo saber que "tienen en sus manos la ley más significativa de toda la agenda de reforma judicial que todos los gobiernos han propuesto durante años. Los juicios por jurados abordan la desconfianza de la ciudadanía hacia las decisiones judiciales”.

El abogado Roberto Rallin afirmó: "Tenemos una oportunidad única de sancionar esta ley. Quizás haya que corregir detalles con el devenir de los juicios, pero no debemos dejar pasar este momento histórico. Es una deuda con nuestra sociedad y nuestros constituyentes”, mientras que Francisco Oneto celebró que "por primera vez el Congreso promoverá la ley de juicio por jurado. Considero que el proyecto que presenta el diputado Carbajal es el que debe sancionar la Cámara”. También disertó Augusto Cassiau.

Previo al debate, los diputados designaron a José Federico Tournier (UCR) como secretario 2° de la comisión de Justicia, cargo que se encontraba vacante.

Con polémica y acusaciones de “dilatar” el tratamiento, la Comisión de Transportes de Diputados, presidida por la radical Pamela Verasay, pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 10 de septiembre a las 10.30 para retomar el debate sobre el Fondo de compensación tarifaria del transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país y poder emitir despacho.

El pedido fue solicitado por el oficialista Lisandro Almirón de pasar a un cuarto intermedio hasta la próxima semana para “lograr un borrador de dictamen consensuado entre los distintos bloques de acuerdo a las posibilidades que tiene el Estado”, atento a las circunstancias de la quita del subsidio al AMBA y a pocas semanas de tratar el Presupuesto, ya que “es fundamental acordar con todo el arco político frente a esta necesidad de saber concretamente con qué erogaciones cuenta el Estado para afrontar este gasto importante que tiene en materia de transporte en todo el interior del país”.

Al respecto, el vicepresidente de la comisión, el diputado de UP Diego Giuliano recordó la visita de los intendentes y el proyecto que les acercaron para garantizar el fondo compensador del transporte del interior que “fue cancelado por este Gobierno”.

“Todos sabemos apenas inició su gestión esa cancelación significó un perjuicio muy grande al sistema de transporte del interior del país y, además, significó que las tarifas para los usuarios se hayan escalado de una manera desproporcionada. En muchos lugares, hay una asimetría que tiene mucha historia en la Argentina, pero que ha habido acciones políticas o decisiones para equilibrar y otras que han sido para desequilibrar”, señaló.

Giuliano destacó el proyecto de los intendentes argentinos de todos los sectores políticos que “establece un fondo compensador de transporte para el interior del país que tiene una fuente de financiamiento responsable”, y precisó: “Si uno mira los números del presupuesto del año pasado, que hoy está en curso, se van a dar cuenta que tampoco les alcanza porque el ejecutado llegaría a 73.000.000 y, justamente, lo que sea ejecutado y lo que se ha devengado en el año anterior han sido 85.000 millones y 102.000 de ampliación presupuestaria”.

Así, contó que dialogaron con los distintos sectores políticos para trabajar en un proyecto que contemple tanto el subsidio hacia la oferta “que es algo que plantean los intendentes”, y también al usuario o demanda.

“Generamos un proyecto de dictamen que incluye ambas cosas. Un período de transición de subsidio, en este caso como lo piden los intendentes a la oferta hasta tanto en el término de un año podamos tener SUBE en toda la Argentina de los usuarios del país, con lo cual estaríamos en condiciones ya de esa transición”, informó.

Giuliano remarcó la necesidad de “generar las mayorías para que, por lo menos desde la Comisión de Transporte, tengamos la posibilidad de dictaminar tal como pidió la red de intendentes del país hace más de dos meses, con los aportes que se han hecho de distintos sectores porque tienen en cuenta la transición, el momento de la llegada de la SUBE a todo el país, los criterios que hacen a la equidad y que, de alguna manera, combinan lo que es la población con el territorio”.

“Por supuesto que cuando hay una mayor extensión territorial y menor cantidad de pasajeros transportados la ecuación económica y financiera del transporte se complica. Eso tiene que estar también en el proyecto y es esto lo que lo que hemos, de alguna manera, consensuado en Unión por la Patria con otros sectores que, probablemente, estén de acuerdo con la misma propuesta”, cerró.

Por su parte, el socialista Esteban Paulón planteó que: “Llegada esta fecha de septiembre es importante que avancemos con este tema. Entiendo que en pocas semanas nos vamos a meter en el debate del Presupuesto que parece que va a venir el presidente a presentarlo en persona, pero si seguimos esperando información que ya está disponible y de la que contamos, seguimos generando un perjuicio para el transporte urbano de pasajeros en las localidades de las provincias”. Al respecto, acotó: “No sabemos si los pedidos de información pública van a llegar o no porque en este momento están suspendidos. Quizás algún funcionario en el Ejecutivo le parece que no es relevante que el Congreso conozca alguna información en relación al subsidio al transporte”.

Paulón contó que en varias localidades de la provincia de Santa Fe “el transporte urbano de pasajeros está siendo perjudicado fuertemente”, y precisó: “En el mes de enero nuestra provincia aportó por impuesto a los combustibles líquidos 3,500 millones de pesos. Ese monto en el mes de agosto fue de 18.500, más de cinco veces se multiplicó el aporte”, y denunció que “esos recursos quedan concentrados en el Gobierno nacional”.

“Este año fruto del acuerdo del actual presidente con el excandidato Sergio Massa se prorrogó el presupuesto, por lo tanto, hay un presupuesto que ejecutar, hay recursos que están ingresando y hay ciudadanos de Argentina que no están recibiendo una contraprestación”, criticó y pidió: “Me parece importante que nos aboquemos a discutir hoy con los recursos que están qué hacemos con este tema”.

El diputado socialista contó que en algunas ciudades se paga el boleto $1000 por lo que planteó “apurar” el debate para que sea un alivio a los municipios y provincias que “están haciendo un esfuerzo enorme aportando también subsidios en un contexto donde todo aumenta” y adelantó su posición negativa a otorgar el cuarto intermedio porque: “Creo que se ha estudiado bastante este tema se ha trabajado bastante y estamos en condiciones de avanzar en un dictamen”.

En la misma línea, el santafecino Eduardo Toniolli (UP) recordó que “en febrero de este año se hizo patente que el Gobierno Nacional no iba a enviar ni un peso más en concepto de Fondo Compensador al Transporte del interior. Fuimos algunos a la Justicia Federal para intentar que esa medida se retrotrajera, medida que después el Gobierno formalizó efectivamente a través de un DNU”.

“Los gobiernos locales, en el caso del transporte urbano, y los gobiernos provinciales en el caso del transporte interurbano, tuvieron que aumentar las tarifas del transporte público de pasajeros para poder cubrir esos fondos que Nación dejaba de enviar”, alertó y agregó que “las empresas sacaron unidades de colectivos de las calles, de las rutas, en función de que le cerraran un poco más los números”.

Toniolli indicó que la consecuencia de esas dos decisiones derivó a que “muchísimos usuarios se empezaron a bajar del transporte público de pasajeros en búsquedas de otras opciones”. Al respecto, manifestó que “con un boleto de colectivo como en Rosario, como en Santa Fe, como en Córdoba de $940 y posiblemente dentro de poco a $1200, se evidenció una brutal caída en la cantidad de usuarios”.

“Los datos del último estudio de la movilidad muestran que hay una caída brutal de usuarios del transporte urbano. Entre junio del 2022 y junio del 2023 hubo 64 millones de viajes cancelados. Dentro del sistema de junio del 2023 a junio de este año 55 millones de viajes cancelados, es decir una caída de 9 millones de viajes. Entre año y año sin la asistencia del Estado nacional esto termina mal, con un escenario de quiebra de los sistemas de transporte público”, advirtió.

El santafecino apuntó: “Para nosotros hoy el planteo de un cuarto intermedio es dilatar la definición que venimos reclamando desde hace tiempo y ustedes le consta que lo venimos reclamando insistentemente y no es una cuestión partidaria el reclamo de los intendentes”. “Esto es un reclamo pluripartidario de quienes tienen responsabilidades de gestión y están viendo que se van a quedar sin movilidad en sus ciudades o sus regiones y, cuando se cae la movilidad de una ciudad, lo primero que se cae es la actividad comercial”, alertó.

En cumplimiento de ordenes emanadas del Ejecutivo, @PameVerasay, presidenta de la Comisión de Transporte, dió por finalizada abruptamente la reunión y se retiró con los diputados de LLA, PRO, UCR y CC, para evitar dictaminar sobre la recuperación de los subsidios al transporte.

— Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) September 5, 2024

“No estamos de acuerdo con este planteo cuarto intermedio, la propuesta de dictamen que tenemos incorpora incluso esta nueva realidad. Lo que pretendemos es construir un amplio consenso en este Congreso por eso el proyecto de dictamen que presentamos incorpora las regiones que tienen SUBE y las que no. Incorpora la perspectiva de los intendentes tal como las plantearon. También incorpora la nueva realidad donde se pretende retirar los subsidios. Es una mirada integral sobre el tema para lograr un amplio consenso”, explicó.

Toniolli señaló que el proyecto se tiene que “poder aprobar en el recinto con un número que lo haga impermeable a la compulsión que tiene este presidente de la Nación de vetar todo lo que él considera que tocan su caja”, y reiteró: “Vamos por la construcción de un amplio acuerdo con una mayoría parlamentaria que, lamentablemente tengo que decirlo, vaya a contramano de lo que pretende el Gobierno que es eliminar la posibilidad de que el interior cuente con recursos o dejarlo reducido exclusivamente a la pequeña fracción”.

“Nuestro dictamen le incorpora ir por la demanda, la tarjeta SUBE y toda esa perspectiva lo que lo hace viable económicamente y lo que lo hace viable también políticamente para poder ser aprobado con una amplia mayoría en el recinto de este Cuerpo para convertirlo en un proyecto de mayoría amplio  y sólido”, cerró.

Por la Coalición Cívica se expresó el diputado Maximiliano Ferraro remarcó que el tema se “viene discutiendo en los últimos años y que se ve inserto en un contexto de decisiones unilaterales, intempestivas y que uno no puede compartir en términos del rumbo que quiere darle el Gobierno nacional”. “Es un debate que siempre nos costó encontrar un acuerdo y es parte del juego democrático político que tenemos”, criticó y planteó: “Creo que tenemos que encontrar una solución definitiva en términos de ley”.

“Yo no estoy de acuerdo con las prórrogas constantes en el marco de la negociación presupuestaria del Fondo Compensador. Siempre discutíamos de qué manera buscar una solución integral que pueda dar respuesta a las jurisdicciones provinciales, que pueda dar respuestas también a los intendentes y a los municipios, de qué manera se podía compatibilizar o que recorran en un camino virtuoso la situación del AMBA”, manifestó Ferraro.

Así, sostuvo: “Tenemos que tratar de encontrar un texto que reúna a la mayor cantidad de diputados”, y afirmó desconocer el dictamen del bloque UP: “Ninguno de los diputados miembros me conversaron en el día de ayer y en el día de hoy y en todo este periodo”, y aseguró que le solicitó tiempo a la presidenta de la Comisión “para poder verlo porque quiero ver la  viabilidad del proyecto, no por una cuestión de demorar o dilatar la cosa, sino por una cuestión de que podemos encontrar un acuerdo más lógico que construya una mayoría ante el disparate de una posibilidad de poder de veto del presidente a nosotros nos permita poder insistir o poder dar una respuesta seriamente en términos de una ley”.

“La cuestión del subsidio al transporte, esta situación de manera discrecional de uno u otros gobiernos hasta el propio, siempre estuvo ligada al látigo de la billetera con respecto a los gobernadores y con respecto a los intendentes. Entonces este Congreso tiene la facultad de poder dar una respuesta integral en términos de qué manera pasamos a subsidiar verdaderamente la demanda reivindicando la SUBE, pero también viendo de qué manera podemos integrar otros dispositivos en este sentido para que realmente llegue la plata al que le tiene que llegar”, expresó.

“Sin ánimo de dilatar la cosa, voy a pedir por lo menos una semana más para el martes que viene, si es posible, para tratar de ver si podemos encontrar un texto que reúna un amplio consenso para que ese amplio consenso a su vez pueda salir de la caja negra que muchas veces se ha convertido la Comisión de Presupuesto en estos últimos 7 meses y que lo hemos visto en otros intentos. Puedo entender el enojo y el malestar que puedan tener algunos diputados porque estoy pidiendo esta prórroga o este cuarto intermedio de 48 o 72 horas hábiles para trabajar en un texto que, vuelvo a decir, tenga viabilidad, sea realista y sea pragmático desde el punto de vista político del recinto”, concluyó el diputado de la CC-ARI.

En la Comisión de Transporte en @DiputadosAR acompañé el pedido de cuarto intermedio. Necesitamos ese tiempo para avanzar en encontrar una solucion integral y sostenible a los subsidios.

Hay dos discusiones pendientes, una la inequidad entre AMBA e interior y otra, acerca del…

— Germana Figueroa Casas (@germanafc) September 5, 2024

Por su parte, la diputada del Pro Germana Figueroa Casas coincidió en que es una discusión que “ya la hemos dado muchas veces”, y opinó: “Nosotros tenemos que tomar una decisión sobre de qué forma evitar inequidades porque venimos con una historia anterior con empresas que estuvieron recibiendo dinero de antes, había gente que recibía más de lo que correspondía que hubiera sido bueno auditar”.

Figueroa Casas destacó que con el sistema SUBE “se avanzó mucho porque se empezó a tener detalle de los kilómetros, de los recorridos, por eso creo que tenemos que buscar una solución un poco más integral”. Así, solicitó poder ver el proyecto de UP: “No me parece que se mantenga la simetría que hay con AMBA, no sé si se está planteando esa transición ahí, por eso me gustaría poder leerlo para para tener claro”.

“Somos un país que se dice federal, pero no lo somos. Me gustaría poder aclarar apoyo el cuarto intermedio. Si vamos a ir por una solución integral, si podemos ver los proyectos que están ahora para dictaminar, nosotros hemos tenido charlas con el oficialismo y nos han dado una respuesta con una propuesta que quizás se podría mejorar, por eso me gustaría acompañar el pedido cuarto intermedio”, concluyó.

A su turno, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, apuntó: “Hay un gobierno que le saca los recursos al transporte del interior y nosotros queremos reponer el daño provocado. Hay propuestas que intentan recuperar recursos para el transporte de pasajero del interior de la Argentina, mientras que hay un Gobierno que, primero, arrancó por el interior”.

Martínez señaló que los recortes aparecieron en el mes de febrero, criticó a la comisión porque “pasaron 90 días desde que recibimos a los intendentes y estamos exactamente en el mismo lugar del punto de vista del debate político, pero estamos mucho peor del punto de vista de la gestión del sistema de transporte por todo lo que hemos hablado”.

“Creo que somos mayoría los que creemos que el transporte tiene que tener recursos, porque hay un Gobierno que no quiere recursos para el transporte de pasajeros que le sacó 450.000 millones de pesos a las provincias para darle a la Ciudad. El propio Congreso argentino definió para el presupuesto 2022 4.000 millones de pesos al Fondo Compensador, o sea que en una decisión administrativa le saca las provincias un monto equivalente a la mitad del fondo compensador del año 2023”.

Martínez sostuvo que hay que pensar en los ciudadanos, en los intendentes, una visión nacional y una visión integral del problema y resumió el dictamen de su bloque: “Hay que volver a tener un Fondo Federal de Compensaciones para el sistema de transporte público de pasajeros urbano y suburbano del interior; que no vaya en detrimento de los recursos que tienen que ir al área metropolitana de Buenos Aires; reclamo de los intendentes sobre la distribución del impuesto a los combustibles líquidos; los subsidios van a ser distribuidos a los usuarios a través de la SUBE; darle formalidad y peso al Consejo Federal del Transporte”.

“Cualquier demora hoy es incomprensible. No podemos estar en el mismo nivel de debate siempre, hay que generar borradores porque da la sensación de que no termina una vocación en cerrar el tema”, finalizó.

Por la UCR, el jujeño Jorge Rizzotti le recordó a Martínez que “no estaríamos en esta situación si hubiéramos logrado, cuando me tocó presidir la comisión la gestión anterior, una ley que garantice este famoso subsidio del transporte. En ese momento ustedes oficialistas no podían acceder y tenían instrucciones desde el Ejecutivo”.

Rizzotti vio con esperanza una unificación de los dictámenes presentados para la próxima semana y bregó para “tener para la semana siguiente un dictamen para avanzar y llevar ya un dictamen a Presupuesto y lograr la mayoría para que pueda ser bajado al recinto”.

Al cierre, Verasay anunció finalmente el pase a un cuarto intermedio para la próxima semana, lo que generó un fuerte enojo por parte del bloque de Unión por la Patria. “Vamos a un cuarto intermedio con todos los dictámenes, ya se han manifestado todos los bloques”, argumentó la presidenta de la comisión.

“Tenemos una gran oportunidad de dictaminar”, le planteó el vice de la comisión Giuliano y sumó: “Hay pedido de la palabra… mantengamos un debate responsable. Hay que dar el debate y tenemos un despacho de comisión porque hemos trabajo”. Por detrás, la diputada Paula Penacca (UP) le preguntó irónicamente al libertario Almirón: “¿No querés trabajar más Almirón?”.

Verasay desestimó el pedido de UP y ratificó el pase al cuarto intermedio para la próxima semana porque “hay voluntad mayoritaria”.

En medio de la quita de subsidios al transporte que anunció el Gobierno la comisión homónima de Diputados, presidida por la radical Pamela Verasay, recibió este martes al presidente del Comité Federal de Transporte, Marcelo Ferraris, quien expuso sobre la situación en las provincias. Así, Verasay afirmó que dictaminarán sobre un nuevo Fondo Compensador antes de que el Ejecutivo envíe al Congreso el Presupuesto Nacional.

Al comienzo, la titular de la comisión explicó que hubo problemas con las invitaciones hacia los diputados y no pudieron llegar al encuentro, por lo que sesionaron en minoría. En tanto, afirmó que antes del 14 de septiembre sacarán dictamen del nuevo Fondo Compensador “previo a que el Ejecutivo envíe el Presupuesto”.

Por ello, comentó que “hay ministros de transporte que quieren venir a exponer sobre la situación de cada provincia y una nueva visita de la red de intendentes de capitales”, por lo que propuso armar una agenda de debate.

Al exponer, Ferraris alertó que “la situación del transporte en el interior de la argentina está atravesando una de las peores crisis”, pero señaló que “es una complejidad que viene desde hace años”. También comparó los cuadros tarifarios de CABA y AMBA con el resto de las provincias.

A continuación, y luego de hacer un descargo contra el libertario Beltrán Benedit, el diputado Eduardo Toniolli (UP) adhirió a las palabras de Ferraris y manifestó la “urgencia” para que el Cuerpo avance en una resolución.

Así, criticó al secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, porque en la última reunión que estuvo presente “mintió, dijo que en realidad no hay un recorte de subsidio al interior, sino que agarraron la masa de subsidios que antes se asignaba vía fondo compensador del interior y se la trasladó a la demanda a través de la tarjeta SUBE. Si esto fuera así, nosotros estaríamos de acuerdo”.

Toniolli mostró los números por ejemplo de la ciudad de Rosario: “Desde abril del año 2023 el estado nacional, vía fondo compensador del transporte, vía atributos sociales de la tarjeta SUBE, ponía el 21% de los recursos necesarios para sostener el sistema de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario. En abril del 2024 pone el 4%, es decir pasó el 21 al 4% vía exclusivamente los atributos sociales de la tarjeta SUBE”.

“Eso que generó que fuera todo a parar a la tarifa los gobiernos locales en el caso del transporte urbano y los gobiernos provinciales. En el caso de transporte interurbano traslada rápidamente a tarifa lo que Nación deja de poner en materia de subsidios. Las empresas del sector lo que hacen es, para que le cierren un poco más los números, sacan colectivos de la calle en el caso del transporte urbano y de las rutas en el caso del transporte interurbano. Eso genera el aumento del boleto, el servicio se resiente porque hay menos unidades, menos frecuencia”, criticó el santafecino. Así, propuso fijar fecha para dictaminar y no estirar más el tratamiento del tema.

Me alegra escuchar en la Comisión de Transporte a tantos diputados que ahora protestan por las inequidades de los subsidios entre el AMBA y las provincias.

Lástima que antes hacían silencio.

Desde Mendoza, siempre reclamamos por la equidad, sin importar quien gobierne. pic.twitter.com/xHwdwaamPc

— Pamela Verasay (@PameVerasay) August 27, 2024

En tanto, la diputada Mónica Fein (Encuentro Federal) sostuvo que "es primordial darle una respuesta al interior porque el valor del transporte es muy alto”, y alertó que “no estamos quedando sin empresas de transporte de magnitud”, al tiempo que pidió transparencia con los datos sobre el subsidio al AMBA. “Hay un castigo claro al interior”, apuntó Fein sobre la eliminación y resaltó la “inequidad e injusticia” sobre el tema.

“Estamos perdiendo empresas. La modernidad es un sistema de transportes controlado, seguro, accesible y sustentable”, cerró la santafecina y solicitó una fecha para dictaminar. En el mismo sentido, el diputado de izquierda Alejandro Vilca (Jujuy) expresó: “Nos sentimos discriminados porque los subsidios son fondos que se cobran a todos y parece que para algunos hay y para otros no. Es una situación grave”.

El diputado Diego Giuliano (UP), consideró: "El Fondo compensador retroalimenta todo el sistema económico. Fue eliminado en 2018 con la firma del Pacto Fiscal y se restauró en pandemia".

“Las partidas están vigentes y no están ejecutados porque el Presupuesto está prorrogado. Está la plata para el subsidio del transporte al interior, simplemente no lo pagan. Los que creen que el subsidio es tirar la plata se equivocan. Tiene un valor en la seguridad vial, es algo fundamental, tiene impacto ecológico y de retroalimentación. Es momento que el Congreso dictamine, porque partida y plata hay”, manifestó Giuliano.

Por el contrario, la diputada Alida Ferreyra (LLA) pidió “ser responsables” y “no apurar un tratamiento hasta conocer el Presupuesto 2025, que será presentado por el Poder Ejecutivo antes del 15 de septiembre”.

El jefe del bloque UP, Germán Martínez, advirtió que la situación se está “agravando mucho en poco tiempo y lo peor es mirar para el costado y no avanzar. Tenemos como un cepo legislativo en Presupuesto y Hacienda y no me gustaría que se ponga en las comisiones especializadas en este tema”.

Así, indicó que la misma cifra de subsidios al transporte de pasajeros del interior es la que el Gobierno destinó para la SIDE.

El diputado nacional Eduardo Toniolli (UP) hizo un desagravio este martes en la Comisión de Transporte hacia los dichos “lesivos” del libertario Beltrán Benedit contra la Agrupación Estrellas Amarillas.

El santafecino recordó que, en el cierre de la última reunión de la comisión, previo al receso invernal, Benedit hizo un planteo respecto de uno de los expedientes que se habían puesto a consideración que era una declaración de interés por parte del Congreso sobre la labor de “Estrellas Amarillas”

“Para quienes no saben qué es ‘Estrella Amarilla’ es una de las tantas organizaciones de familiares de víctimas de accidentes de seguridad vial Argentina. Muchas de estas organizaciones, reconstituyéndose desde el dolor, convirtiendo ese dolor en una herramienta de lucha para mejorar las condiciones de la seguridad vial de todos los argentinos”, explicó Toniolli.

Así, recordó que Benedit argumentó que no iba a firmar ese expediente porque “las Estrellas Amarillas, que los familiares de las víctimas de siniestros viales pintan en el pavimento para recordar a esas víctimas en el lugar donde se produjeron esos siniestros, eran expresiones paganas contrarias a la fe cristiana”.

El santafecino planteó un desagravio y lamentó la ausencia del libertario en la comisión para que “escuche y, por lo menos, tenga la oportunidad de pedir perdón. Sobre todo, porque se trata organizaciones que hacen un trabajo denodado en favor del conjunto de los argentinos organizaciones, con las que hemos tenido contacto en los últimos años a partir del impulso de una ley que está vigente en la Argentina que es la Ley de Alcohol Cero al volante”.

“Memoria, prevención, justicia, ley y educación eso significan las cinco puntas de las estrellas amarillas”, explicó Toniolli y apuntó: “Las declaraciones del diputado han ofendido a muchísima gente. Muchos de ellos católicos cristianos o que profesan distintos cultos. Por eso, mi desagravio frente a estos dichos muy lesivos”.

“El diputado tiene el cristianometro desalineado, averiado”, disparó el legislador de UP al recordar la visita de los libertarios a genocidas detenidos en Ezeiza: “Porque son contrarios a la fe cristiana dice él los familiares de las víctimas de siniestro viales, pero los Astiz, los Pernía y compañía …. Dicho esto, mi reconocimiento mi homenaje a todas las asociaciones de familiares de víctimas de siniestros viales por el trabajo que hacen”.

Tras el anuncio del Gobierno Nacional de la eliminación completa de los subsidios al transporte del interior, el presidente del Comité Federal de Transportes, Marcelo Ferraris, disertó ante la comisión homónima de Diputados este martes y alertó que “la falta de subsidios ha traído aparejado una situación muy compleja. Si bien esta complejidad ya viene de años, en estos tiempos se ha profundizado enormemente y la situación del transporte en el interior de la argentina está atravesando una de las peores crisis”.

En su exposición, Ferraris expresó: “Como Comité Federal de Transporte es sumamente importante tener la posibilidad de venir a comentar respecto de cuál es la realidad del transporte en el interior de la Argentina”. Así, explicó que el COFETRA es una agrupación que nuclea a todos los representantes de transporte de la argentina incluido provincia de Buenos Aires donde comparten datos técnicos para “poder mejorar los sistemas de transporte del interior” que, por otro lado, “son la única herramienta del interior para lograr que los pueblos vayan mejorando, la conectividad, que la gente en las grandes localidades urbanas pueda desenvolverse en el trabajo y educación”.

“La situación del transporte en el interior de la argentina está atravesando una de las peores crisis. Estamos en un momento donde los sistemas están, por un lado, empeorando la calidad y, por otro lado, estamos asistiendo en muchos lugares a empresas que están dejando de prestar servicio. La realidad económica, sumado a la falta de subsidios, ha traído aparejado una situación muy compleja que, si bien esta complejidad ya viene de años, en estos tiempos se ha profundizado enormemente”.

El expositor comentó que el subsidio “es necesario para un sistema de transporte confiable y que permita la mejor y mayor conectividad en las distintas provincias, en los distintos municipios”. En esa línea, detalló que la Argentina es el octavo país en el mundo en extensión geográfica y que “en un centro, puntualmente lo que es CABA, es el 0,1% de la extensión territorial de la argentina que se nuclea casi el 40% de la población, con lo cual las provincias del interior para poder conectar nuestras localidades, para poder brindar un servicio necesitamos del subsidio para poder cubrir costos que son necesarios y que hacen al sistema”.

Ferraris criticó al Gobierno Nacional que “ha dispuesto a partir del mes de enero la eliminación total y absoluta en lo que es al interior provincial del subsidio, y ha sostenido los subsidios para los que es CABA”, y remarcó que “es una situación de inequidad muy importante que obligó a las provincias a tener que subir de una manera muy alta lo que es la tarifa. Esto, en consecuencia, también trajo toda una recesión en el sistema de transporte y sin número de problemas que afectan directamente al transporte. Prueba de ello es la situación actual en materia tarifaria”.

Así, precisó que en AMBA para el primer el tramo el costo del boleto asciende a $370 y comparó que en el norte de la Argentina el promedio de boleto es de $826 en la provincia de Jujuy, mientras que en localidades de Formosa tienen el boleto en $1050. “En localidades como Tandil en provincia de Buenos Aires tienen el boleto promedio en $913 y Pergamino tiene el boleto en $1.400 es el boleto más caro dentro de lo que es provincia de Buenos Aires. Córdoba Rosario y Santa Fe, por ejemplo, tienen el boleto en $940 y en el sur de la Argentina el boleto promedio es $859. En la provincia de Neuquén y Cipolletti tiene el boleto en $1500”, detalló.

“La inequidad en materia tarifaria es consecuente con la inequidad que hay en el reparto de subsidio y que las provincias venimos desde hace rato insistiendo en este sentido”, recordó y planteó que actualmente AMBA recibió 70.000 millones de pesos en el mes de agosto y cuestionó: “A partir del mes de enero de este año las provincias recibieron $0 en concepto de subsidios”.

En ese sentido, indicó que “todos los meses, desde enero a la fecha, el Gobierno Nacional sistemáticamente estuvo transfiriendo fondos y subsidiando lo que es el sistema en CABA que permite que tengan en $370 y en el caso del interior de enero a la fecha la ecuación es 0 peso para las provincias”.

Ferraris explicó que hasta diciembre del 2023 las composiciones de los ingresos del sistema de transporte eran, por un lado, el subsidio nacional, por otro lado, el subsidio provincial y la recaudación a través de los cuales “se obtenían ingresos para poder cubrir los costos”.

“A nivel general los subsidios provinciales cubrían un 56% del costo, el subsidio nacional cubría un 15% del costo y la recaudación cubría un 28% del costo total del sistema. Eso es diciembre del 2023, pero si nos paramos en el mes de enero de 2024 la realidad cambió producto de la quita de subsidio por parte del Gobierno Nacional”, indicó y sumó: “En este caso, el promedio del subsidio provincial a las jurisdicciones locales pasó a un 69%, el subsidio nacional pasó a cero y la recaudación pasó a un 31%”.

El titular de COFETRA manifestó que “las provincias en menor o mayor medida continuaron subsidiando sus sistemas de transporte, pero no fueron inyectando mayores fondos porque no tenían la posibilidad de hacerlo producto del recorte. Necesariamente esto se fue trasladando a tarifa y se hace muy difícil para el usuario común poder pagar estos costos”.

“Las provincias, en líneas generales, aportan un 54% al sistema, algunas aportan más, otras menos. Pero este porcentaje a medida que pasa el tiempo se va licuando, no solamente por la imposibilidad de incluir nuevos subsidios al sistema, sino también por la licuación que va teniendo el mismo fondo producto del aumento sistemático de los costos donde mucho de ellos están dolarizados”, alertó.

En ese sentido, precisó que los costos de repuestos, neumáticos y gasoil están dolarizados. “El gasoil en diciembre de 2023 tenía un costo de $675. En agosto del 2024 se incrementó en un 70%, estamos hablando del litro de gasoil a $1139 y, en el caso del norte, el gasoil tiene un costo extra de $100 más por cada litro de lo que se paga acá en el AMBA”.

También señaló que los costos extras se van pagando en el interior y lo mismo sucede con los convenios que hace UTA: “Casi el 60% es mano de obra de los choferes las provincias nos vemos obligadas a respetar un acuerdo salarial que hace el AMBA con la UTA. Nos obligan a las provincias a tener que soportar acuerdos paritarios salariales que son muy gravosos para las jurisdicciones del interior”.

Ferraris recordó que “en muchas de las provincias están con paro de transporte. En el caso de Formosa hasta no hace mucho tiempo estuvieron 90 días con paro de transporte y hay varias jurisdicciones donde están de nuevo conflicto producto de los incrementos”.

“Esta es una realidad muy mala, muy penosa que, a medida que va pasando el tiempo, se va profundizando porque las provincias no pueden seguir subsidiando solas el sistema”, planteó y bregó para que el Congreso “busque alguna alternativa, sobre todo para que la gente del interior lo pase mejor”.

Por último, lamentó que “es un sistema que está muy deteriorado, la calidad es realmente muy deficiente en el interior. Hay muchas localidades del interior profundo que están dejando de tener sistemas de transporte porque, aparentemente, la idea del Gobierno nacional es trabajar en un sistema de total de regulación del sistema de transporte y esto en el interior sería muy malo porque dejar Librado a que la oferta y la demanda puedan regir los destinos del sistema de transporte”.

El oficialismo en el Senado reflotó este martes en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales el debate sobre el proyecto de boleta única de papel para las elecciones nacionales, que quedó trabado hace siete meses durante las sesiones extraordinarias, ocasión en la que se habían emitido dos dictámenes.

Uno de ellos es el de mayoría que respalda el Ejecutivo y viene con media sanción de la Cámara de Diputados desde mayo de 2022. El otro, corresponde a la rionegrina Mónica Silva que cuenta con el aval de UP.

En la reunión, que se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia, disertaron funcionarios del Poder Ejecutivo Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete de Interior; el vicejefe de Gabinete de Ministros, José Rolandi; la subsecretaria de Asuntos Políticos de la Secretaría de Interior, Giselle Castelnuovo; y la directora Nacional Electoral, Luz Landívar.

Los invitados respaldaron el proyecto que “mejora la oferta electoral” y resuelve problemáticas tales como robo o rotura de boletas; y explicaron las propuestas de modificaciones al despacho de mayoría. Desde el bloque Unión por la Patria criticaron la reunión y respaldaron el sistema electoral vigente.

Al inicio del encuentro, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Edgardo Kueider (Unidad Federal), planteó: “Hemos quedado en claro que este proyecto iba a tener y se iban a aceptar propuestas en el recinto a la hora de su tratamiento”.

Kueider informó que, en el transcurso desde que se emitieron los dictámenes hasta el día de la fecha, han ingresado otros proyectos de ley: uno de su autoría, otro de la radical Carolina Losada, otro del jefe del bloque UP José Mayans. Así, comentó que, en vistas de un eventual tratamiento en el recinto, el Poder Ejecutivo “ha tomado vista del proyecto a sancionar y también ha hecho observaciones”.

El entrerriano sostuvo que, cuando se firmaron los dictámenes, “la idea era tener una ley de BUP y luego íbamos a proponer una modificación posterior”, pero recordó que “había quedado una eventual discusión sobre unos puntos en particular que darían una paridad en la definición del proyecto. Por lo tanto, en esos nuevos aportes que surgieron aparecen cuestiones que no podemos llevarlas al recinto dada su complejidad y comenzar a debatirlos ahí”.

Por eso, Kueider explicó el motivo de la reunión informativa para saldar esas modificaciones “para cuando se haga la convocatoria a sesión estemos en conocimiento de cuáles son las distintas propuestas y arribar a un mayor consenso y en el recinto ir directamente al debate en el tema en sí mismo. La idea es emprolijar el eventual tratamiento que en algún momento se dará”.

“Hagamos un proyecto que salve todas las cuestiones que puedan llegar a ser discutibles, hagamos un buen proyecto de ley. No hagamos proyectos de ley que después tengamos que ir emparchando y démosle a la República Argentina una ley electoral que perdure en el tiempo y que esté fuera de discusión. Ojalá podamos arribar a eso con el mayor consenso”, expresó.

Además, contó que “se han tenido consideraciones hechas por la jueza María Servini de Cubría y esas observaciones están contempladas en estas modificaciones que se van a plantear aprovechando la oportunidad de introducir cambios. Se va a analizar lo de la tilde sí o no en la boleta completa que algunos senadores habían planteado”.

“Se había definido un diseño como el de Córdoba y Santa Fe, pero aparecen otras opciones que le aportan mayor claridad al elector para que tenga facilidad a la hora de emitir el voto y es un modelo nuevo que se aplica en Mendoza”, contó.

A continuación, tomó la palabra el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el libertario Juan Carlos Pagotto, quien planteó la necesidad de “solucionar” el tema para “darle mayor claridad al sistema electoral y profundizar los cimientos de la República”. Así, bregó en “ponernos de acuerdo y mirar para adelante”.

De lado opositor, el rionegrino Martín Doñate (UP) le reprochó al presidente de la comisión cabecera que “todo esto que se dijo es lo que planteamos nosotros oportunamente desde nuestro bloque que no se podía sacar a las apuradas un dictamen con un tema tan estructural para las instituciones de la patria, para la democracia”. En tanto, se diferenció de que “el método hasta ahora haya sido poco transparente, todo lo contrario”.

“Esto es una escenografía que debíamos evitar. Volver a discutir sobre dictámenes ya emitidos que están para el recinto por apurarse y querer jugar en la chiquita sacando una ventaja política o un triunfo legislativo en comisiones que no sucedió. Después de siete meses seguimos discutiendo y manoseando un tema que es trascendental para la Argentina. Lamento profundamente que se tenga que estar debatiendo nuevamente eso y no lo hemos hecho con la seriedad que el caso amerita”, cerró.

La palabra de los funcionarios

El primero en exponer fue Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete de Interior, resaltó que es un tema que “se debatió mucho”, pero afirmó que el Ejecutivo hace meses “nos pusimos a trabajar y a ver la viabilidad y la mejor forma de implementar la BUP en el caso de que se apruebe”.

"La boleta única es un requerimiento de la mayoría de la ciudadanía, no porque el sistema actual no sea transparente, sino porque eso significa una simplificación del sistema electoral y, sobre todo, una simplificación de aquellos partidos que tienen menos estructura partidaria. Lo que significa para los partidos más chicos la reposición de boletas, tener fiscales en cada mesa, etc. La boleta única creemos que va a traer aparejado una simplificación del sistema electoral, del sistema de representación más allá de que también trae un ahorro en el costo financiero del Estado”, afirmó.

Catalán planteó algunas “modificaciones que consideramos necesarias desde el punto de vista operativo para tratar de implementar y llevar adelante el proceso de elecciones de la manera más prolija posible”.

“Observamos que en el proyecto que viene de Diputados que tuvo dictamen de mayoría, hay modificaciones que no hacen un planteo político que vaya en perjuicio de algún partido político, sino que hacen a cuestiones operativas como, por ejemplo, los plazos de todo el proceso electoral”, precisó y comparó: “No es lo mismo imprimir las boletas tradicionales de los partidos políticos que la BUP que tiene ciertas características y no todas las imprentas del país tienen la capacidad operativa para hacerlo. No es lo mismo que la CNE apruebe los pdf de las boletas tradicionales que llevar adelante la impresión de las BUP y la logística de distribución a todos los rincones del país”.

Así, manifestó que hay “cuestiones técnicas, operativas, sin trasfondos políticos”, para un sistema “lo más perfectible para todos los partidos políticos”. En respuesta a las críticas de Doñate, el funcionario le respondió: “En la casa de la democracia nunca está demás seguir debatiendo para hacer un mejor sistema. Vamos a respetar lo que diga la mayoría de los senadores y eso no me parece montar un show político, venimos a dar nuestra opinión para mejorar la media sanción de Diputados para que se mejore el sistema electoral argentino”.

A su turno, el vicejefe de Gabinete de Ministros, José Rolandi, ratificó que “hay una demanda ciudadana para mejorar el sistema electoral que tenemos. Es un sistema complejo, pero que funciona y es perfectible”.

“La bondad de la BUP es que asegura la oferta electoral en cada una de las mesas de todo el país”, aseguró poniendo como ejemplo la complejidad de la reposición de boletas, la rotura, robos y remarcó: “La boleta única es una mejora a esa problemática”.

“Este cambio de sistema por primera vez le pasa la responsabilidad de la logística y la impresión del 100% de las boletas al Poder Ejecutivo y entendemos que este proyecto, que se originó en la Cámara de Diputados, desde el legislativo hoy le queremos agregar esa mirada desde los que tenemos la responsabilidad de que las elecciones se lleven a cabo con normalidad, de cuáles son los cambios que nosotros necesitamos para que este cambio se pueda implementar y sea viable operativamente”, cerró Rolandi.

Catalán acotó que un tema “fundamental” que proponen y que “es un impedimento para llevar correctamente todo el proceso electoral desde el inicio del calendario electoral hasta el momento de la elección” son los plazos y de cronograma desde que se aprueban las alianzas hasta el día de la elección, por lo que explicaron cómo se debe reprogramar el calendario.

La encargada de ello fue la directora Nacional Electoral, Luz Landívar, quien explicó: “Cuando estudiamos la media sanción nos encontramos con que existen pocas imprentas están en condiciones de imprimir 50 millones de boletas más, un porcentaje como se establece en la media sanción para tener boletas ante cualquier eventualidad”.

Landívar detalló que hay cinco imprentas en Capital Federal y se necesitan distribuir a todos los juzgados federales las boletas: “Empezamos a mirar el cronograma y a contar plazos de cuánto tiempo le demandaría a una imprenta imprimir estos 50 millones. Indefectiblemente los plazos que teníamos esos más o menos 30 días. Esto era imposible porque tengan en cuenta que las boletas como es el procedimiento se imprimen en las imprentas, de allí hay un traslado hacia los juzgados federales y ahí ahora tienen una nueva competencia que es la de diseñar la boleta y controlar luego esta boleta que se diseñó y se aprobó en una audiencia de boletas. Tienen que hacer este control. Una vez controladas estas boletas son trasladadas a distintos locales de votación o locales intermedios”.

“Hoy con el sistema actual de boletas sábanas los juzgados federales necesitan 20 días para empezar a hacer el envío.  Esto no se puede hacer todo en un mismo día necesitamos un plazo por lo que deben ser extendidos para un sistema donde todavía se requiere de mucho más tiempo y mucho más cuidado”, sugirió y propuso: “Tenemos que adelantar todos los plazos de que estaban en este proyecto. Algunos son fundamentales, pero otros veíamos que no estaban contenidos y por eso consideramos que hay que introducir estos artículos”.

Así, explico que proponen, por ejemplo, con el cierre de alianzas “es más necesitado correr el calendario hacia adelante unos 20 días. Entonces hoy tenemos que se cierran las alianzas 60 días antes de las elecciones Esto pasará a ser 80 días y, en consecuencia, si hacemos eso estiramos el registro de candidatos también unos 20 días. Pasa de 50 a 60 y así van a ver que están concatenados algunos plazos”.

“Todo esto tiene que ver simplemente con una cuestión logística de implementación absolutamente necesaria.  Por otra parte, van a ver alguna redistribución de competencias que consideramos que se debe ordenar precisamente para que funcione esta logística. Este modelo de boleta está relacionado con la oferta electoral que tienen en su distrito”, concluyó Landívar.

También disertó la subsecretaria de Asuntos Políticos de la Secretaría de Interior, Giselle Castelnuovo, quien expresó: “El proyecto que tiene media sanción tenía algunas mejoras que tienen que ver con esto del acto electoral que lo llevamos adelante desde el Ministerio interior, en la vice jefatura de Gabinete, los juzgados y la Cámara los partidos políticos y, entre todos, tenemos que redistribuir mejor las funciones que tienen”.

Así, propuso uno de los principales cambios que “el Poder Ejecutivo tenga la capacidad de fijar pautas mínimas en la confección de la boleta porque una licitación llevaba un montón de tiempo para que sea transparente y se haga de la forma que corresponde. Entonces nosotros necesitamos, una vez que esté este proyecto aprobado, poder largar una licitación para que las imprentas tengan tiempo de imprimir y equiparse con todo el material nuevo y distinto que necesitan para poder imprimir como les estamos diciendo de mínima 50 millones de boletas”.

Además, planteó que las dimensiones de la boleta única partidaria y de la boleta única papel son distintas por lo que “las imprentas no están preparadas para eso”. Ante ello, proponen que sea el Ejecutivo quien determine pautas mínimas de tamaño, que la Cámara Nacional sea quien determine el formato base para que “haya una uniformidad en todo el país y que los juzgados electorales, que son quienes tienen la competencia al final del día, sean los que determinen cómo se va a ordenar eso dentro de ese papel de esa boleta única”.

“Es una necesidad mínima poder establecer el tamaño por ejemplo nosotros lo llamamos en el equipo para para diseñar ‘el módulo’. La boleta única va a tener distintos cuadraditos o rectángulos donde están los candidatos. Tratar de establecer ese mínimo para poder determinar un objeto imprimir”, explicó

En tanto, sumó: “Para hacer la obra de la licitación necesitamos determinar cuántos módulos o qué tamaño de hoja vamos a va a ocupar la boleta única. Todo lo que tiene que ver con dónde van los logos, qué foto va, el orden en el que aparecen los candidatos, el orden en que aparecen los partidos, es una discusión que van a tener los partidos con la justicia. El Ejecutivo ahí no va a tener nada que ver”.

Al respecto, Catalán comentó que “no se refiere al diseño, ni al orden de los partidos políticos, simplemente a cuestiones muy operativas y que hacen a las funciones de la Dirección Nacional Electoral como por ejemplo tamaño de las urnas, tamaño de las rendijas donde uno ingresa el voto”.

Así, contó que hicieron pruebas y una urna llena de votos de boleta única pesa aproximadamente 9 kg por lo que “eso cambia la calidad de las urnas que se necesitan. Hay un montón de cuestiones operativas que, uno al momento de diseñar un proyecto de ley, se le pasan este por alto”.

Además, planteó que las dimensiones de la boleta única partidaria y de la boleta única papel son distintas por lo que “las imprentas no están preparadas para eso”. Ante ello, proponen que sea el Ejecutivo quien determine pautas mínimas de tamaño, que la Cámara Nacional sea quien determine el formato base para que “haya una uniformidad en todo el país y que los juzgados electorales, que son quienes tienen la competencia al final del día, sean los que determinen cómo se va a ordenar eso dentro de ese papel de esa boleta única”.

Al respecto, Catalán comentó que “no se refiere al diseño, ni al orden de los partidos políticos, simplemente a cuestiones muy operativas y que hacen a las funciones de la Dirección Nacional Electoral como por ejemplo tamaño de las urnas, tamaño de las rendijas donde uno ingresa el voto”.

Así, contó que hicieron pruebas y una urna llena de votos de boleta única pesa aproximadamente 9 kg por lo que “eso cambia la calidad de las urnas que se necesitan. Hay un montón de cuestiones operativas que, uno al momento de diseñar un proyecto de ley, se le pasan este por alto”.

“Cuando hablamos de transparencia no es que objetamos el sistema actual por la falta de consecuencia de los resultados con los votos, simplemente es simplificar el sistema en el sentido de garantizarle a todos los partidos políticos, sobre todo aquellos partidos políticos que no tienen una estructura tan desarrollada ni que tienen este el abastecimiento de algunas estructuras externas de soporte logístico, para que las boletas de todos estén en el aula. Al momento de votar para que la boleta de todos se reponga en el caso de faltar y para modernizar el sistema electoral argentino. Es perfectible”, aclaró.

También acotó que en Sudamérica solo Uruguay y Argentina usan el mismo sistema y, sobre el costo económica, comentó que se muestra un ahorro entre un 45% y 55% de gastos en impresión de boletas.

La postura de los bloques

De la vereda de enfrente, el neuquino Oscar Parrilli respaldó el sistema actual porque “ha sido muy exitoso, muy transparente y además nos ha permitido a todos ganar y perder”, y resaltó que “la transparencia ya está, la legitimidad ya está, es un sistema que funciona, que ha sido exitoso. Creo que lo más seguro que hay para mantener la democracia es no cambiar las reglas de juego”.

Parrilli señaló que “en el trasfondo de este tema de eliminar la boleta sábana, encuentro que en algunos sectores hay un rasgo antipopular, antiperonista y hay un rasgo de decir ‘se manipula la gente, se le vende a la gente el voto, se cambia, se hace trampa’, todas estas cosas nunca se probaron, de manera que me parece más una cuestión desde el punto de vista más político que electoral. No se está buscando un mejoramiento de la calidad institucional, de un mejor funcionamiento de la Democracia, sino que se intenta utilizarlo políticamente para decir ‘los peronistas son viejos, vetusto, retrasados y no quieren la boleta única y quieren la boleta de papel sábana’”.

Así, criticó que la BUP es “una boleta oculta” porque “se va a estar votando gente que no va a figurar en la boleta. Es un voto oculto porque es imposible poner todos los nombres en la boleta”, y comparó que en la boleta sábana aparecen todos los nombres en la lista al resaltar la cuestión de la transparencia. En tanto, preguntó si “han calculado el costo económico que tiene modificar este sistema. Debería reflexionarse seriamente sobre este tema. No veo cosas positivas en la BUP, sino que hay más problemas”.

Su coterránea y compañera de bloque Silvia Sapag consideró que “cuando se hace una reforma electoral no se tiene que pensar en costos o en tiempos de distribución” sino que el foco tiene que estar puesto en “los votantes puedan votar a quienes quieran. Eso hay que pensar cuando votemos la ley en el recinto”.

“Cada boleta significa una ideología. Eso desaparece con la boleta única de papel donde están todos mezclados, pero tampoco están todos los candidatos. Eso es una burla. Tiene que ser lo más simple y transparente posible para el votante”, cerró.

FOTO: COMUNICACIÓN SENADO

Por su parte, la macrista Guadalupe Tagliaferri (Pro) se quejó por algunas modificaciones que propone el Poder Ejecutivo que no fueron debatidas y alertó que “van sobre el sistema electoral” como por ejemplo “los votos nulos, los votos no válidos. Se elimina el financiamiento para la capacitación a la ciudadanía sobre la implementación de BUP; se elimina la boleta para personas ciegas”, y planteó: “Se supone que uno está mejorando la boleta única para hacer algo mejor”. Al respecto, Catalán le aclaró que si habrá capacitación, pero no la van a concentrar en la Cámara Federal Electoral por lo que "debe ser compartida con los juzgados federales. Financiamiento va a haber".

También señaló que “elimina la posibilidad, en el artículo 27, respecto a lo electrónico. Hoy puede ser que no sea lo mejor, pero estamos haciendo una ley para que quede muchos años, no para que estar modificando las de acuerdo a la realidad o sea tienen el sistema electrónico para un montón de cuestiones, pero específicamente de lo que viene de Diputados en el artículo 27 tiene que ver con el voto electrónico. Me llama la atención porque lo prohíben de movida”.

“No sacaron que se vote lista completa al botón de tilde único, sino que además lo ponen las PASO”, criticó Tagliaferri y agregó: “Se meten también con respecto a la cantidad de alianzas”.

A su turno, la riojana Florencia López (UP) se quejó de que no les han hecho llegar a su bloque las modificaciones sugeridas por el Ejecutivo. “No podemos debatir ni elaborar preguntas porque nos encontramos en desigualdad. Eso es injusto. Nos merecemos conocer qué estamos debatiendo”, y le solicitó al presidente de la comisión cabecera que levante la reunión hasta tanto no tenga cada uno un borrador con los cambios propuestos. Kueider se defendió alegando que él tampoco contaba con un documento con las modificaciones y disparó: “Esta reunión no requiere quórum, el que no quiera seguir…”.

La rionegrina Mónica Silva respaldó su dictamen de minoría en el que propone "la boleta única por categorías", y explicó: "Me parece que es muy ordenador y que simplifica el proceso. En ese mismo dictamen propuse que no existiera el tilde de boleta completa. Creo que es muy importante que en este proceso en el que queremos mejorar la boleta y el sistema, o sea para el sistema electoral, una boleta única para mejorar el sistema es muy importante aprovechar la oportunidad para que la ciudadanía  tenga cada vez más poder en sus manos, cada vez más poder en su lápiz, con la que va a tildar las candidaturas que va a votar".

La experiencia de Santa Fe y Mendoza

La radical Carolina Losada contó la experiencia de Santa Fe que “fue la primera provincia en la Argentina que empezó con el sistema de boleta única en 2011 y tiene excelentes resultados, no solamente ahorro, que sí es importante en el contexto en el que vivimos, sino que se terminan muchos curros de la política como los famosos sellos de goma”.

“Es más barato, es más eficaz, es menos confuso para la gente”, precisó Losada y criticó a UP: “No entiendo las objeciones respecto de este sistema más moderno se evitan un montón de fraudes que se suelen hacer”.

Por su parte, la mendocina Mariana Juri también comentó sobre la implementación de BUP en su provincia: “Venimos hace mucho tiempo intentando empujar la boleta única, así como lo hicimos en Mendoza. Sabemos lo que significa la boleta única en términos de transparencia, de ahorro en materia económica, pero también en materia ambiental. Sin duda la boleta única ayuda también a que haya más participación y que haya mayores posibilidades de elegir y creo que, mientras mejor se elige, se mejora la calidad institucional”.

“El modelo que aplicamos en Mendoza realmente fue muy exitoso y que, a pesar de que había muchos detractores de este sistema que entre las cosas era ‘el ciudadano no va a saber votar’, ‘cuando llegue va a tener dificultad la gente grande’. Nada de eso pasó, no solamente se votó de forma más rápida tuvimos los resultados antes, la gente votó con mucha comodidad aun cuando fue la primera vez que se hizo”, destacó Juri.

El tratamiento de la reforma sindical comenzó con un clima tenso en la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo en Diputados que se llevó a cabo este martes donde los diputados, autores de proyectos que van en sintonía con modificar la Ley de Democracia Sindical (23.551), explicaron los puntos centrales de los mismos.

La modalidad de trabajo de la comisión despertó las quejas por parte del bloque de Unión por la Patria y la izquierda quienes le reprocharon al titular de la misma, Martín Tetaz, el temario de la convocatoria y reclamaron por el tratamiento de los temas que "quedaron a la deriva" como reducción de jornada laboral por lo que terminaron abandonando la reunión.

Previo a iniciar el debate, el diputado de izquierda Alejandro Vilca presentó una nota sobre un pedido de informes para elevar a la Secretaría de Trabajo respecto del programa Intercosecha que “el Gobierno no está pagando a los trabajadores rurales como por ejemplo del tabaco hace cuatro meses” a fin de saber si efectivamente se va a pagar porque “significa un prejuicio muy grande para trabajadores rurales de diferentes cosechas”. Además, solicitó que en el temario de las próximas comisiones se incorporen los proyectos referidos a intercosecha.

Luego, el titular de la comisión el radical Martín Tetaz explicó que hay un total de 28 proyectos vinculados a la cuestión de la democracia sindical y precisó: “Muchos tienen que ver con la cantidad de períodos que puede ser electo un representante sindical; la forma de elección; la participación de minorías; la libertad de obra social; las formas de financiamiento de los sindicatos incluida la discusión sobre las cuotas sindicales; algunos vinculados a cuestiones impositivas. Otros tienen discusión de la participación de los órganos que tienen que ver con cuestiones de género”.

“Hay varios proyectos vinculados al tema, muchos tienen superposiciones y es evidente que con seguridad en el trabajo de comisiones se va a ver favorecida la posibilidad de unificar estos proyectos en torno al menos de dos o tres dictámenes”, adelantó.

Tetaz comentó que el próximo martes 20 continuarán exponiendo los diputados que al día de la fecha no pudieron estar presentes para explicar sus iniciativas. Luego, se convocará a una reunión de asesores para avanzar con la discusión de los dictámenes y unificarlos. En paralelo, informó que empezarán las reuniones informativas que, a priori, serán una o dos, por lo que pidió que se convoquen expertos y las partes interesadas a disertar.

Así, la primera en exponer fue la radical Roxana Reyes quien explicó que su iniciativa propone “dar respuesta a miles de trabajadores argentinos que requieren que el rol de las asociaciones sindicales siga su cauce para el cual fue concebido en sus principios que es la defensa genuina de los derechos de los trabajadores”, debido a que la sociedad argentina “no cree en la dirigencia sindical”.

De la Ley 23.551 modifica el artículo 17 sobre la composición de los órganos de administración y dirección sindical: “Proponemos que pase de 5 a 9 miembros de integración o múltiplo de tres para garantizar la representación de las minorías, siempre que la minoría haya alcanzado el 25% de los votos emitidos”.

También incorpora el cese de la reelección indefinida y cuestionó que “la ley prevé una duración de mandato de cuatro años, pero con reelecciones indefinidas. Hoy tenemos dirigentes sindicales que están 25 y hasta 30 años conduciendo un sindicato. La falta de alternancia es lo que queremos eliminar para que, de alguna forma, sea totalmente democratizado”.

“Va tener una sola reelección inmediata y siempre y cuando haya cumplido íntegramente el mandato anterior. En el caso de quienes estén en cumplimiento de su mandato al momento de la sanción de la ley, ese será el primer mandato para la reelección”, precisó. En cuanto al voto, que la ley vigente establece que es directo y secreto, le agregan la obligatoriedad de modo tal de “conseguir mayor participación en la minoría interna del sindicato y, en el caso de no cumplirse con el voto, hay una multa equivalente a un día de salario que va destinado a las obras sociales”.

Unión por la Patria se retiró de la reunión de la Comisión de Legislación Laboral de @DiputadosAR que trataba varios proyectos sobre la modernización sindical. Se ofenden no por los derechos de los trabajadores, sino para proteger los privilegios de los patrones sindicales.

— Pamela Verasay (@PameVerasay) August 13, 2024

También plantea requisitos sobre la idoneidad, por lo que incorpora la “ficha limpia sindical” que “fundamentalmente apunta a que exista o esté inhabilitado para ejercer los cargos de administración o dirección aquellos que tenga alguna condena en primera instancia”.

Se agrega la exigencia de presentar la declaración jurada patrimonial en los órganos de dirección y administración y renovarla de forma anual. “Quienes no la presenten serán considerados que incurren en una falta que el Ministerio de Capital Humano estará autorizado a denunciarlo a la justica para pedir la suspensión y cancelación de la personería gremial e, incluso, intervención”, advirtió Reyes.

Sobre las elecciones, plantea que deben ser convocadas en el plazo de 90 días previo al vencimiento del mandato y se deben realizar 20 días antes de dejar el cargo y adelantó: “Próximamente vamos a estar presentando un agregado a este proyecto que tiene que ver con que quienes ejercen cargos en los órganos de dirección o administración de las organizaciones sindicales no pueden ejercer en simultáneo en ejecutivo y legislativo nacionales, provinciales y municipales”.

A continuación, comenzó a disertar la diputada Mónica Frade (CC-ARI) quien sostuvo que “en el orden del día hay tres proyectos de mi autoría, donde estamos proponiendo darles entidad ministerial a las PyMEs a través de la creación de una agencia, para que puedan participar del diseño de políticas públicas”. Sin embargo, inmediatamente la diputada Vanesa Siley (UP) le pidió una breve interrupción al sentirse aludida por las palabras de Reyes.

Por ello, le consultó  cuál es el oic de idoneidad que puede tener un dirigente sindical para ejercer un cargo político y le recordó que comparte un cargo con el en el Consejo de la Magistratura de la Nación y planteó: “Si alguna vez hemos incurrido los diputados, que somos de tracción sindical o en mi caso que además ocupo con usted el Consejo de la Magistratura, faltas, ausencias, no estudio de los temas, no presentación de proyectos y no estar a la altura de las circunstancias del cargo de la representatividad para poder ejercerla en igualdad de condiciones, o incluso con mayores responsabilidades en mejores condiciones que otros diputados y diputadas de la Nación”.

La rionegrina la respondió: “No había reparado que usted estaba en esta situación”, y le explicó que “así como algunos casos, como por ejemplo los abogados, concretamente mi provincia, tienen inhabilidad para ejercer la función de diputado y de abogado, y no se ejerce la función de abogado y sí pueden ejercer la de médico siendo diputados nacionales o provinciales, porque se considera que hay en algún momento algún tipo de conflicto de intereses ejerciendo las dos funciones y eso no habla de la capacidad técnica ni de la voluntad de trabajo”.

“Aceptamos esas inhabilidades cuando puede haber conflicto de intereses. En el caso de la representación sindical hemos entendido que la representación sindical y el ejercicio de funciones en este caso, la legislativa, pero inclusive ejecutivas como un gobernador, un intendente, un presidente de una comisión de fomento, junto con la defensa de intereses laborales cuando la actividad sindical fue concebida para la defensa prioritaria de los derechos de los trabajadores, puede tener conflicto de intereses una inhabilidad que para nada habla de la persona. Yo soy estoy afectada por inhabilidades en el ejercicio de profesión las entiendo las asumo y las consiento y elijo Cuál de los dos roles tengo que desempeñar”, explayó la radical.

Inmediatamente, habló el diputado y secretario adjunto de SMATA Mario “Paco” Manrique (UP) quien consultó: “A mí me gustaría que un proyecto de ley estuviese basado sobre hechos reales y no sobre prejuicio. Quiero saber en qué todas estas modificaciones la diputada cree que va a mejorar la calidad de la Democracia sindical, dado que hoy ya están los mecanismos institucionales de control en todos los procesos electorales que se llevan adelante. En qué va a mejorar, dónde cree ella que va a mejorar y en qué casos porque lo mismo podríamos hablar de la política de la justicia de cualquier otra entidad que es mal vista por la sociedad”.

Reyes le enrostró que su iniciativa se basa en datos de un relevamiento que hizo en 2017 la agencia “Jacob y Asociados” donde se llegó a la conclusión que el sindicalismo argentino tenía un 81.6 de margen negativa. “La encuesta abarcó a 2000 personas y ‘corruptos’ fue la palabra que más utilizó la gente para definirlos”, detalló.

Además, argumentó que “una encuesta realizada por seis GP reveló en el 2023 que el 71.1% de los participantes dijo ‘no confiar en los sindicatos’”, y sostuvo: “Estos son hechos objetivos que puede recabar de estos lugares que hicieron estas encuestas de trabajo, pero sin perjuicio de eso si nosotros estamos tratando hoy en unas horas la ficha Limpia para acceder a cargos selectivos donde decimos que un condenado por delitos graves, por delitos de corrupción, por delitos de abuso sexual, no pueden representarnos y que hay un interés general superior al interés particular de una persona para postularse, con más razón tenemos que ser muy cuidadosos en todo lo que es representación. No se ve cuál es lo negativo en empezar a hablar de la ficha limpia sindical. Es simplemente equilibrar los requisitos y no tenemos que sentirnos agraviados”.

“Se democratiza la participación de las minorías. También es importante en la medida que la minoría tenga un piso de votos emitidos. La presentación de declaración jurada patrimoniales nosotros tenemos sindicalistas ricos no todos, pero si tenemos muchos sindicalistas ricos. Inclusive utilizando recursos del sindicato para actividades políticas esto que tiene que ver con las inhabilidades no todos algunos. Por eso tenemos que buscar márgenes de transparencia, por eso tenemos que transparentar el manejo de los recursos y tenemos muchos sindicalistas ricos y representados pobres. Entonces la declaración es juradas patrimoniales por qué un diputado lo tiene que presentar y no un sindicalista y si no la presentan no son víctimas de sanción. No son seres intocables y tienen que tener la misma vara que la gente común”, manifestó.

Manrique comenzó a reprocharle que “no me contestó, no me contestó… estamos usando las palabras como queremos. Todo lo que dijo estoy en desacuerdo” … Tetaz le planteó: “Esta en todo su derecho de no estar de acuerdo”, y le aclaró que el objetivo de la reunión es que cada diputado que presentó proyectos los explique y lanzó: “Si no le satisfacerlas respuestas, se sigue y se salta la página”.

Volvió a tomar la palabra Manrique quien se quejó que Reyes no le contestó y le aclaró que “cumplo como dirigente sindical con todos los relatos. Ella expuso y no me contestó por qué no puede haber reelección, los mecanismos de control, la representatividad desde las minorías…”. Tetaz le reiteró: “Si usted no tiene ninguna duda técnica no es entrar en el debate. SI le gusta o no que las no reelecciones no aumentan la democracia sindical, está en su derecho y es parte del debate. Pero no abramos el debate en cada punto ahora…”.

Le salió al cruce Siley quien le preguntó entonces “para qué está citada la comisión, no me queda claro los motivos”, pero Tetaz tiró leña al fuego: “Ya lo dije, si usted hubiera escuchado cuando arranqué y tiene la citación”. “Me lo puede repetir”, reprochó Siley y chicaneó: “Es una tribuna para venir a escuchar proyectos en contra los sindicatos y desarmarlos. Entonces me voy… usted no da la palabra y se piensa que ser presidente es ser autoritario está muy confundido”, cuestionó, a lo que el titular de la comisión le planteó: “Diputada usted haga lo que considere que tiene que hacer y le parezca razonable… ahora le toca a la diputada Frade y luego al diputado Yasky. Hay un montón de proyectos y si quiere presentar alguno lo puede hacer. Hay 28 iniciativas”.

Al conflicto se sumó Vilca quien, al igual que la diputada de UP, le reclamó por el temario de la comisión porque “veníamos trabajando con el tema de la propina, reducción de la jornada laboral y teníamos pensado que eso se iba a dictaminar y pasamos a otro tema. ¿En qué quedó lo que veníamos trabajando? Ahora pasamos a otro tema a cuestionar la dinámica sindical”.

Tetaz le aclaró: “La reunión está convocada para discutir los temas que están en el orden del día y sumar a la semana siguiente los que considere razonable. Si tiene algún proyecto lo invitamos”.

Al tomar la palabra Frade se quejó: “Se supone que cuando uno da la palabra es para una acotación breve”, y rápidamente se abocó a explicar los motivos de sus proyectos y se refirió la necesidad de “transparentar los manejos sindicales”.

Frade contó que hace un tiempo atrás hizo un pedido de acceso de información pública pidiéndole al Ministerio de Capital Humano la remisión para la exhibición de los las memorias y los balances de cuatro sindicatos: camioneros, trabajadores de edificios de renta, comercio y gastronómicos.

“Por eso digo que discutamos mucho la transparencia de los fondos sindicales, porque se supone que son fondos que deben estar al alcance de todos en el control, y la ministro de Capital Humano, en un Gobierno que dice que viene a transparentar todo y es mentira, me contesta que los límites del derecho de acceso a la información pública son excepcionales establecidos previamente me invoca el artículo 8 de la Ley 27. 275 que tiene que ver con secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad y lesionar los intereses del sujeto obligado”, cuestionó.

La diputada de la CC aportó que un alto dirigente de uno de los sindicatos mencionados previamente “se reunió conmigo y ya sabía de esto. Esto está acordado con la ministra e indica la necesidad de que regulemos mecanismos de trasparencia, además de ficha limpia, en los sindicatos, pero es necesario que se transparenten los fondos que se manejan, por sobre todo en sindicalistas enriquecidos que usan la tercerización y lo digo con conocimiento de causa porque participé en denuncias”.

“Es imperioso que todo esto esté al alcance de todos porque es transversal porque ningún diputado está para ocultar nada y hacer el esfuerzo de la transparencia”, cerró.

Sergio Palazzo, secretario general de la Bancaria y diputado de UP, se quejó porque la “mecánica de funcionamiento propuesta no se está cumpliendo”. “Que quede claro que los dirigentes que tenemos obligaciones en organizaciones sindicales estamos comprendidos como personas políticamente expuestas y obligados a presentar declaraciones juradas y la UIF hace un seguimiento esto. Con el ánimo de acelerarle los proyectos, pero la diputada –Reyes- se levanta y se va y la verdad plantear un debate donde quienes estamos dando quórum no son los autores de las supuestas mayorías de proyectos que tiene la comisión se hace engorroso y difícil. Si se retiran hagamos una reunión más seria. Es una reunión que no tiene sentido y yo no me voy a prestar para un circo acá y vengan y hagan una radio abierta y cada uno se vaya. Discúlpeme, pero no me voy a quedar”.

A continuación, el titular de la comisión le cedió la palabra al diputado Hugo Yasky (UP) representante de la CGT quien cuestionó que “hay una distorsión en el funcionamiento de la comisión. Los proyectos son presentados, tienen que ser explicados, la comisión tiene que hacer las preguntas necesarias”, y acusó a Tetaz de impedir “que se explayara el diputado Manrique, le sugirió y no es así. Yo le voy a pedir que para la próxima reunión leamos el reglamento de la comisión para ponernos de acuerdo de cómo funciona sin direccionar la palabra. Son proyectos que necesitamos sean discutidos exhaustivamente en el seno de la comisión”.

“Los temas deben discutirse sin ningún tipo de limitación, ni de horario ni contenido y los que presentan proyectos tienen la obligación de estar presentes para poder discutir los puntos que consideren pertinente. No pasó así con la diputada Reyes”, criticó Yasky, a lo que Tetaz le respondió: “Cuando empezó la reunión dije el problema personal de que se iba a retirar. A ustedes también les ha pasado y es habitual que un diputado que presente su proyecto por alguna razón tiene que ir a otra reunión”.

Yasky, antes de retirarse al igual que sus compañeros de bloque de la sala, le pidió al titular de la comisión que en la próxima reunión primero se lea el reglamento sobre el funcionamiento de la comisión, que haya una reunión de asesores sobre los proyectos discutiros tal cual lo planteó Vilca que “quedaron en el camino y a la deriva y cómo van a continuar tratándose como reducción de jornada laboral”. Así, se quejó de que hay una “composición descompensada” porque hay 27 proyectos que apuntan a reformas regresivas a derechos de trabajadores. Espero que la próxima reunión podamos discutir todos los proyectos y la agenda tenga equilibrio”.

En su defensa, Tetaz le comunicó que habló con el diputado Palazzo sobre la dinámica de la reunión y le aclaró que se hizo una preselección de expedientes que “estaba abierta a que puedan sumarse otras iniciativas en esta temática. No hay límites para la incorporación de expedientes, son todos bienvenidos. La convocatoria es esta y se hace de manera transparente. Ya se había consensuado con el diputado Palazzo y no hemos roto nada de eso que se acordó, no se entiende cuál es la molestia que tienen con el funcionamiento, pero no voy a discutir el reglamento de la comisión”.

Yasky insistió en una reunión de asesores para dejar hecho un temario “no para satisfacción mía, pero la comisión debe tener una cantidad de temas a tratar. Hemos discutido temas que no sabemos cuál fue la deriva”.

De la vereda de enfrente Tetaz le aclaró que “en la última reunión informativa y, lo hablamos y coincidió conmigo Palazzo, que ninguno de los espacios tenía el número para dictaminar y había que esperar que el número apareciera y por eso no hay otra reunión sobre reducción de jornada laboral porque nadie tiene un expediente consensuado para dictaminar”.

Le salió al cruce el diputado Vilca quien le reclamó que “el tema de los temarios debería discutirlo abiertamente en comisión y no por privado con un diputado personalmente. Es democrático”.

La santafecina Verónica Razzini (Pro) comentó que presentó dos proyectos, uno de modernización laboral que “algunos puntos fueron sumados a la Ley Bases”, pero planteó que “hay otros puntos interesantes que deben ser tratados como la materia probatoria que reafirma el principio general de los hechos invocados cuando hablamos de despido y multas; la posibilidad del empleador de modificar un acuerdo con el trabajador en las condiciones de contrato que contempla la posibilidad de requerir homologación; incorpora como medio de pagos de remuneración de otras categorías; conservación de recibo de sueldo en forma digital”.

El otro proyecto ‘Antibloqueo’ en el que “trabajé personalmente después de mi experiencia al haber formado el Movimiento Empresarial Antibloqueo hace tres años en Argentina después de haber sufrido un bloque más de tres meses porque hoy Argentina necesita una ley que le dé una figura penal a los bloqueos sindicales extorsivos, que están organizados por personas que tienen una planificación respecto de esto y hay que condenar a ellos. Hemos asistido a más de 71 empresas que han sido bloqueadas y les hemos dado asistencia”.

Razzini diferenció “los buenos sindicatos y existe la mafia sindical y este proyecto apunta a la mafia sindical que tiene que tener castigo y buscamos una figura penal”.

La diputada del Pro le aclaró que “la mafia sindical es la que utiliza a los trabajadores y se esconde de la defensa de los derechos laborales, pero no debe existir el abuso de la protesta y se creó una mafia gigantesca detrás de esto. Bloquear una empresa es un delito y esto se tiene que terminar porque nadie va a querer emprender en el país”.

Desde la izquierda volvió a tomar la palabra Vilca quien expresó: “No aceptamos que se intervenga o se subjetive a la organización sindical de esta manera. Nadie cuestiona las grandes ganancias que tiene la organización o la sociedad rural. No me parecen estas las condiciones y también me voy a retirar porque el temario no es equilibrado”.

La cordobesa Soledad Carrizo (UCR) recordó que viene trabajando desde el inició de su gestión la democratización de los sindicatos y “nunca pudimos lograr que se abra la comisión para tratar el tema”. “Tenemos que mirar un sistema dirigencial sindical donde Argentina es uno de los países de Latinoamérica con más alta afiliación con un 40%, con más de 3300 entidades reconocidas y que efectivamente vemos del otro lado un 40% de argentinos en la informalidad”, planteó.

“En mi proyecto se pone énfasis en el tema de las reelecciones indefinidas, sobre todo en órganos de administración. Creo que es necesario un presupuesto mínimo como legislación nacional donde demos la oportunidad de la alternancia y establecer la posibilidad de reelección por cuatro años para dar oxigenación y así poder legitimar más aún esta falta de afiliación sindical”, explicó.

Carrizo criticó la ausencia de Unión por la Patria porque “podemos estar de acuerdo o no. Hemos participado de muchos gobiernos donde hubo abusos en materia sindical y lo hemos discutido”, y cerró: “Es necesario una reforma laboral de la sociedad también”.

Al tomar la palabra, el diputado rionegrino Sergio Capozzi (Pro) apuntó contra UP por retirarse de la reunión y manifestó: “Eso demuestra la falta de innovación democrática. Era un excelente momento este para debatir. Parece que algunos no saben o no conocen lo que pasó en la historia en 113 años con una Asamblea donde se abolieron los privilegios del sindicalismo, pero muchos de ellos quieren seguir con esos privilegios y se genera esa tensión de ‘la mía está, no me la toquen’. Es necesario democratizar los sindicatos. Hay dirigentes sindicales con 40 años en el poder y están eximidos de rendir cuentas y hay que equilibrar esto”.

Desde el mismo bloque, el cordobés Luis Picat (UCR), expresó que “tenemos la mitad del sistema en negro en un sistema monotributista por la inflexibilidad que tiene el sistema argentino y son los que más perjudican al trabajador. Hace 13 años venimos en caída con el crecimiento del PBI”.

Al hablar de su proyecto, el legislador consideró que el objetivo es “retirar la obligación de la famosa cuota solidaria, que a empleados obliga a dar un monto al sindicato para su uso en diferentes emprendimientos que tengan referidos a talleres de capacitación, cultura, etc.”.

Al cierre, Tetaz sostuvo que “hay un consenso político en Argentina, mayoritario, que demuestra interés en avanzar en el tema de democracia sindical. Vamos a continuar el martes próximo con la presentación de proyectos”.

En una breve reunión, la Comisión de Economía de Diputados, presidida por el pampeano Ariel Rauschenberger (UP), acordó citar para un próximo encuentro a autoridades de Aduana y AFIP a fin de que opinen sobre el proyecto de ley que aprueba el Convenio sobre el Cuaderno A.T.A. para la importación temporal de mercaderías, adoptado en Bruselas en 1961.

El titular de la comisión expresó: “Es un proyecto que trata de un convenio internacional que se firmó en Bruselas en 1961, que la Argentina lo aprobó en el Senado en 1998. No hay antecedentes de tratamiento en el ámbito de la Cámara de Diputados”.

Así, explicó que es un convenio sobre el Cuaderno A.T.A. para la importación temporal de mercaderías por un plazo que no puede superar el año. “La condición es que la mercadería que se exporta tiene que retornar en la misma condición que se exportó y durante el período que está fuera del país tiene que ser comercializado”, precisó.

“Teniendo en cuenta que es algo que se firmó en 1961, se aprobó por una sola Cámara en 1998 y atendiendo el tiempo transcurrido consideramos que, para darle un tratamiento racional y responsable, deberíamos tener la opinión de expertos y autoridades competentes del orden nacional para que den su mirada sobre los impactos que puede tener el convenio al país”, propuso el pampeano.

A su turno, el libertario Julio Moreno Ovalle (Salta) adhirió a la propuesta y sugirió comunicarse con autoridades de AFIP y Aduana para que “nos digan qué es lo que está pasando, qué movimientos hubo en estos periodos que hubo y, obviamente, el futuro que pueda llegar a tener este convenio”.

“Nos vamos a comprometer a traer gente de AFIP y de Aduana para enriquecernos y después sacar una conclusión sobre este tema. En forma personal puedo hacer las gestiones con todo el apoyo de todos ustedes. Sería interesante que escuchemos otras opiniones al margen de lo que podamos llegar a tratar”, comentó el salteño.

Luego, la diputada cordobesa Alejandra Torres expresó: “Me parece súper interesante este tema porque personalmente lo he abordado en otras etapas de mi vida y me parece muy interesante que solicitemos la comparecencia de gente que está actualmente en el marco de la gestión porque podríamos aprovechar para preguntar cuestiones vinculadas con la disminución de las trabas burocráticas, la aceleración de los procesos y una serie de cuestiones que tienen que ver justamente con este tipo de normativas que provocan una movilización de mercancía y que muchas veces, a raíz de diferentes cuestiones legales así como también trabas digitales, provocan una demora”.

“No solamente encarece la cuestión, sino también debilita el beneficio para la sociedad argentina”, consideró y solicitó saber con anticipación quiénes asistirán a la próxima reunión a fin de elaborar una serie de preguntas para agilizar el trámite. Sin embargo, Rauschenberger afirmó: “La idea es no dejar una fecha fija para la próxima reunión, sino coordinar con las autoridades”.

Por otro lado, la comisión completó sus autoridades siendo designados como vicepresidente 1ro Carlos Castagneto (UP); vicepresidencia 2da el rionegrino Agustín Domingo; secretarías el chaqueño Juan Carlos Polini (UCR) y la catamarqueña María Fernanda Ávila (UP).

Por último, Castagneto expresó: “Ojalá que podamos trabajar en esta comisión que es muy importante y que podemos, no solo proyectos, sino realizar informes que sirvan para un diagnóstico de la economía y de un trabajo en conjunto con todas las propuestas que puedan surgir”.

Un día de “miércoles” para el oficialismo en el Senado luego de que la principal bancada opositora se alzara con el dictamen de mayoría del proyecto de ley de movilidad jubilatoria ratificando la media sanción que viene de Diputados y desafiando el equilibrio fiscal de Javier Milei que buscará vetar la norma.

El dictamen de Unión por la Patria contó con un total de 18 firmas, entre las cuales, se encontraron la de los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco -en disidencia parcial-; y el senador provincial José María Carambia (Por Santa Cruz). La intención del bloque Unión por la Patria es convocar a una sesión para la próxima semana para darle sanción definitiva.

La media sanción establece un cálculo que contempla el índice de inflación como referencia y suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE). A su vez, establece una garantía para el haber mínimo, que tendrá como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total. La iniciativa estipula que se otorgue un incremento adicional del 8,1% para recuperar los ingresos de la clase pasiva y el pago a las provincias con cajas no transferidas y sentencias firmes de juicios previsionales.

Por el lado del oficialismo, el dictamen propone modificaciones a lo aprobado en Diputados: proponen la eliminación de los artículos 2, 4 y 10 (la garantía del piso del haber mínimo referenciado en la Canasta Básica Total; el pago de deudas a las provincias con las cajas previsionales no transferidas y sentencias de juicios previsionales). También que se apliquen las actualizaciones, luego de la sanción de la ley, no de forma retroactiva desde abril. Además, la recomposición del 8,1% y la actualización por inflación.

Los restantes radicales y bancadas provinciales deberán ahora decidir si acompañarán o no al oficialismo en su propuesta en la Cámara alta. En Diputados, el consenso había sido alcanzado entre los bloques dialoguistas -entre ellos la UCR- y la oposición más dura. La aprobación se alcanzó con dos tercios de los votos, mayoría que de repetirse en el Senado complicaría los planes de veto del Ejecutivo. Si bien lo podría hacer, ambas cámaras podrían tratar nuevamente el proyecto y, si obtiene los mismos números, el Gobierno estaría obligado a directamente promulgarlo, según el artículo 83 de la Constitución Nacional.

En el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda que tuvo lugar en el Salón Illia, estuvo de invitado Manuel Mera director de Protección Social de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) quien brindó la mirada de la organización respecto del tema.

El expositor planteó tocar el tema de la movilidad previsional “dentro de lo que es todo el sistema previsional argentino que es muy complejo que, a lo largo de este año, se ha llevado a cabo diferentes discusiones en el Congreso e imaginamos también el año que viene va a continuar”.

Mera comentó que se pueden medir los sistemas en tres dimensiones: cuánto cubre, cuántas personas cubre y que tan buenos son los beneficios y qué tan caro es.  Así, precisó que “dos de esas tres maneras de medir qué tan bueno es un sistema, Argentina en términos de cobertura está rankeada muy bien porque el 95% de los mayores de 65 años tienen algún tipo de cobertura. Incluso si nos vamos un poquito más arriba 70 años la cobertura es casi total”.

Respecto de la adecuación sostuvo que “el estándar internacional es más o menos una tasa de sustitución de 45%. Esto de que los jubilados ganen más o menos un 45% de lo que es un salario promedio de la economía. El último cálculo de estos días daba en 43 es un 150% de salario mínimo. En términos estándares internacionales está bien, en términos de adecuación es razonable en términos de estándares internacionales. Sin embargo, sí es un es un sistema caro es un sistema que cuando uno ve lo que es la evolución y el proceso de envejecimiento en Argentina presenta problemáticas”.

Mera advirtió que, si se toma “todo el sistema entre ANSeS, las cajas provinciales, las cajas profesionales, el gasto llegaba casi más del 12% del PBI eso es alto para para región y para el mundo”, y señaló que “este número se ha bajado un poco en los últimos años por el impacto que tiene la inflación sobre los haberes, pero hay una cuestión de cómo sostenemos esto en el largo plazo que es uno de los temas a abordar para el mejoramiento de un sistema provisional”.

"Estamos pidiendo a la persona que tenga en promedio 67% de su vida laboral formal, es una barrera muy alta para exigir".

El director de CIPPEC indicó que “el gran desorden” está en que “hay 200 maneras de entrar a una jubilación”, y planteó: “El régimen general, propiamente dicho la gente que alcanza los 30 años, si va por el régimen general es más o menos el 40% de todas las personas que tienen algún beneficio jubilatorio, el resto entra por algún tipo de excepción”.

Así, propuso pensar el régimen a largo plazo teniendo en cuenta el proceso de envejecimiento de la población porque “en los últimos 10 años cayó, por un lado, la fecundidad en un 34% a 38, hay muchos menos nacimientos y también hay una mayor esperanza de vida. Esto nos compara quizás con distintos momentos en los cuales se pensó el régimen actual piensen que en los 90’ la esperanza de 71 años hoy es de 78 años, y para fin de siglo va a ser casi 88 según las proyecciones”.

“El sistema previsional argentino tiene esta lógica de la contribución, los trabajadores tienen que contribuir y el trabajador formal logra acceder. Pero un país que hace muchas décadas tiene alto nivel de informalidad estamos pidiendo a la persona que tenga en promedio 67% de su vida laboral formal, es una barrera muy alta para exigir y, si no tenés esos 30 años, perdes lo aportado”, criticó Mera.

También cuestionó que “en los últimos más de 10 años, desde que se aprobó la primera moratoria, la gran mayoría de las altas se dan a través de una entrada excepcional que no termina de resolver la cuestión de fondo que es la equidad o la inequidad que genera esos 30 años requeridos para la formalidad”. Así, sostuvo que parte de un problema que hay que resolver es cómo se dejan de aprobar moratorias permanentemente.

"Casi el 70% en 2021 necesitaron algún tipo de excepcionalidad para poder acceder. También hay una cuestión de inequidad al trabajador que aportó años y no lo logró”.

Mera explicó que el sistema previsional es un sistema contributivo que se basa en lo que se aporta y precisó que “de los 8.3 puntos que estimamos que se gastó el año pasado, 3 puntos no vinieron de contribuciones laborales de todo el régimen, vienen de impuestos específicos y en algunos casos transferencia del tesoro”, y aclaró que eso es un déficit contributivo porque “lo que no logramos cubrir con contribuciones, gran parte tiene que ver con el cubrir en pensiones no contributivas, con cubrir algunos regímenes que tienen subsidios como pueden ser el monotributo, por cubrir alguna cuestión como la moratorias”.

“El 24% del gasto se va en el régimen general en jubilaciones y pensiones de las personas que cumplieron el requisito puntual de la ley de aportar 30 años; el 23% es moratoria, es decir, personas que entran con excepcionalidad al régimen de pagos para completar lo que se les adeuda; y luego hay una masa de cajas provinciales y una serie de regímenes o puertas de entradas pensiones no contributivas, especiales y diferenciales que generan debate están alrededor de 14% del gasto”, detalló.

Al respecto, planteó la necesidad de reducir ese gasto y cómo hacerlo sostenible para la sociedad que está envejeciendo, por lo que propuso “ordenar y tratar de reducir estas inequidades”.

Así sugirió: “Dejar de pensar en moratorias y quitar el requisito de 30 años mínimo para obtener una jubilación. Pensar en un componente universal que tenga un valor similar a una moratoria, pero al fin del día es más o menos un 80%”.

“Hacer un componente contributivo que premie todos los aportes hechos por la persona. Esto se alinea con lo que se están haciendo en muchos países”, agregó y sumó: “Se había planteado una prestación de retiro proporcional dentro de la Ley de Bases. Esto va en esa línea con qué hacemos con esas personas que no alcanzan los 30 años, pero algo aportaron. Eso tiene un impacto en distributivo y de equilibrio fiscal”.

También manifestó revisar el sistema de pensiones por fallecimiento, pensiones por invalidez, porque “acciones que se pensaron para un mercado laboral para una estructura familiar que ya no existe”, y explicó que “en Argentina tenemos una duplicación de beneficio muy alto que lo vuelve un sistema caro. La idea no es quitarlo, sino buscar un equilibrio".

Por último, insistió en la necesidad de tomar el índice de inflación que “creemos es muy positivo para el debate” y aclaró: “Sería importante incorporar algún tipo de ajuste por salario real por dos cuestiones: por una cuestión de esta relación que tiene la pensión con el trabajo esta idea de que una jubilación lo que hace es cubrir a la persona en periodo donde no puede trabajar, o sea, que hay una relación directa ahí. Otra cuestión es práctica para evitar litigiosidad, el hecho de que el ajuste por inflación y el ajuste de salarios se pueda mover por carriles distintos puede generar discusiones y judicialización por la actualización de los haberes”.

Recibimos en @SenadoArgentina a @manuelmera83, Director de Asistencia Social de @CIPPEC para continuar con el tratamiento de iniciativas de movilidad previsional. Un debate urgente que debe ir hacia una reforma integral del sistema, para llevar justicia a los jubilados. pic.twitter.com/mNGmuT3YdT

— Peteco Vischi (@PeteCoVischi) August 7, 2024

“Nosotros tenemos un sistema muy amplio, una economía que creció muy poco, que tiene salarios bajos y jubilaciones bajas. Necesitamos que las jubilaciones sean más altas y para eso hay que hacer más equitativo al sistema. Tenemos más de la mitad por fuera del régimen general”, sostuvo Martín Lousteau, mientras que su par el chaqueño Víctor Zimmermann opinó: “La modificación que se plantea en el dictamen del oficialismo es que la actualización del 8,1% sea a partir de la sanción de la ley. Creo que se puede hacer un esfuerzo con respecto a este punto”.

En tanto, el puntano Fernando Salino (UP) consideró: “Necesitamos mejorar el poder adquisitivo de los jubilados y no podemos avalar una medida que solo conserve su poder adquisitivo actual. Estamos de acuerdo en usar el IPC, pero resulta imprescindible hacer correcciones por salario también”, mientras que la bonaerense Juliana Di Tullio (UP) expresó: “Según datos actuales, hay 600 mil trabajadores menos aportando. Este no es un buen escenario para discutir un sistema previsional”.

Un plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomó este martes el debate del proyecto enviado por el Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.

En esta segunda reunión, que se llevó a cabo en el Anexo “C”, expusieron los autores de los proyectos presentados vinculados a la temática. Además, Laura Rodríguez Machado –titular de Legislación General- aclaró que los diputados que presentaron proyectos, pero que no disertaron en el encuentro de este martes serán convocados para la próxima reunión y resaltó: “Serán escuchados todos”.

El primero en defender su iniciativa fue el diputado de UP Ramiro Gutiérrez quien expresó: “Es un tema muy importante porque tiene un reflejo profundo en la sociedad en la determinación de la responsabilidad penal de los menores por la comisión de delitos previstos en el código penal argentino”. El bonaerense explicó que su proyecto establece un criterio “pro minoris, pero también de defensa de la sociedad y de las víctimas de la comisión de delitos”.

“No es un simple proyecto de ley, es un verdadero código que tiene dos capítulos, ocho títulos y 62 artículos. Nos llevó más de un año la elaboración donde hemos verificado desde la legislación comparada hasta los regímenes de responsabilidad penal juvenil que hoy imperan en nuestro país como en la provincia de Buenos Aires o en La Rioja”, detalló.

Así, el diputado opositor recordó que han presentado en el año 2016 un Código Penal para la República Argentina y precisó: “Ese código establece una nueva forma y un nuevo baremo de delitos, modernizando un Código Penal que hoy tiene más de 100 años en la Argentina”.

“Este código de responsabilidad penal juvenil complementa la responsabilidad de los mayores. Cualquiera que quiera hablar de responsabilidad del menor tiene que hablar de la responsabilidad del mayor, porque los institutos de la suspensión del juicio, prueba atenuante, agravantes, excusas absolutorias, todas las formas de autoría y coautoría, la reincidencia todo está regulado en el código de mayores. Entonces no puede venir una ley complementaria que toma esos institutos a tener independencia respecto de un código el modelo. El código de adultos debe reflejar el modelo de código este de responsabilidad penal juvenil”, explayó.

Al retomar su iniciativa, precisó que tiene “dos grandes capítulos: uno de encuadramiento especial y la especialidad del fuero. Este es un fuero que se rige por tres principios generales: interpretación prominoris, especialidad y especificidad”.

Así, indicó que en el artículo 3 del proyecto de ley tiene en nueve incisos, 21 principios especiales para regular la responsabilidad del joven, 21 normas interpretativas y regulatorias para la mirada de los órganos de persecución, defensa, enjuiciamiento, revisión y ejecución de la pena que deben regirse en forma especial.

Gutiérrez explicó que el artículo 8 contiene cuatro enfoques: género, derechos, interculturalidad y restauración del conflicto. En el artículo 22 se receptan 12 garantías procesales además de las garantías de los adultos, hay 12 garantías en el proceso penal del joven expresamente previsto.

En el artículo 24 se establece un límite temporal de la pena que son los 6 años y explicó: “Antes de los 6 años, el fiscal puede hacer uso de la disposición de la acción penal y, después de los 6 años, son donde se impone las medidas más restrictivas de privación de la libertad para los delitos que tienen pena mayor a los 6 años donde se prevén las medidas alternativas terapéuticas o las medidas de internaciones”.

El artículo 28 prevé el aseguramiento preventivo para los casos de penas mayores de 6 años que “es como la medida cautelar más intensa del proceso está prevista”. El artículo 31 establece la capacitación en principios de especialidad y de prominoris para todos, tanto como el personal que intervenga en el ciclo de prevención y de seguridad, como todo aquel que tenga contacto con un menor en la etapa de la prevención o en la etapa de juicio o en la etapa de ejecución de la pena tiene que ser debidamente formado.

El artículo 32 tiene seis medidas cautelares para los padres o representantes legales; el artículo 46 prevé 10 medidas alternativas a la medida cautelar más intensa; el artículo 48 es la medida cautelar más intensa que es la internación y solo se establece para delitos con pena superior a los 6 años y se prevén sanciones o medidas que son las que el juez va a tener en su haber”.

El diputado opositor destacó las cláusulas transitorias que propone “porque es la implementación y es la gran diferencia con los otros proyectos”, y planteó: “No se puede incrementar en un plazo mínimo de 3 años el fuero de responsabilidad penal juvenil como propone El Ejecutivo”, y remarcó que “debe haber posibilidades de resocialización y reinserción y por ello debemos formar a todos los operadores”.

“Hemos puesto una cláusula de suspensión transitoria por 3 años para la verdadera instrumentación de un fuero que hoy la Argentina no tiene y que es necesaria. Cuando un joven comete delito no nos debemos lavar las manos, debemos intervenir, resolver y solucionar un problema que hoy existe y que la peor manera de abordarlo es no tratarlo”, consideró.

Gutiérrez precisó que "la responsabilidad del menor imputable la fijamos en 14 años" y argumentó: “Hemos seguido los criterios de la Convención de los Derechos del Niño que, en la resolución del año 19, insta los países adoptar una responsabilidad, es decir un grado de esfuerzo de comprensión de la criminalidad del acto que se verifica a partir de los 14 años de edad”. Así ejemplificó que la persona que pone un arma de fuego en la cabeza o en el cuerpo de otra y dispara a los 14 años entiende la gravedad de lo que hace y de las consecuencias que va a causar, pero planteó que “la responsabilidad debe ser diferente a la de los adultos. Comprende, pero el régimen de responsabilidad debe ser diferenciada”, e indicó que hay que regular el proceso penal.

Por último, señaló que prevén medidas cautelares para los padres cuando el menor de edad toma un bien de los padres y produce un daño; se debe poder disponer medidas cautelares como la inhibición general de bienes u otras que van a repercutir sobre el hacer de los padres; si un juez dispone que uno de los chicos debe empezar un tratamiento el padre tiene que supervisar ese tratamiento y es una obligación de hacer que acompañan las medidas cautelares.

Además, explicó que establece más de diez medidas cautelares para que el juez tenga como alternativa frente a un menor porque “no puede dar la misma fórmula para todos”.

"La responsabilidad del menor imputable la fijamos en 14 años. Hemos seguido los criterios de la Convención de los Derechos del Niño".

El segundo en exponer fue el diputado Martín Yeza (Pro) quien criticó los argumentos de algunos legisladores en la reunión informativa pasada que “realmente me han dado escozor al respecto de la noción de cuál es el rol del Estado sobre los menores”.

“Si el mejor argumento que tiene para ofrecer esta Cámara -que tiene como fin legislar, regular construir soluciones, normativas para los problemas profundos que tiene de arrastre en la Argentina- es que si un chico, lamentablemente, tiene padres pobres lo único que le queda es la delincuencia, creo que mínimamente lo que nos debe generar es una reflexión al respecto”, cuestionó.

“Si el mejor argumento que tiene para ofrecer esta Cámara -que tiene como fin legislar, regular construir soluciones, normativas para los problemas profundos que tiene de arrastre en la Argentina- es que si un chico, lamentablemente, tiene padres pobres lo único que le queda es la delincuencia, creo que mínimamente lo que nos debe generar es una reflexión al respecto”, cuestionó. Yeza planteó que las leyes en la Argentina “no se cumplen” y recordó el caso de Morena, la nena de 11 años asesinada camino al colegio en Lanús por “un pibe de 15 años que había tenido 22 ingresos a la comisaría”.

El diputado del Pro afirmó compartir parte del proyecto de su par preopinante, pero también del proyecto del Gobierno nacional al respecto de bajar la edad de imputabilidad y remarcó que “las pequeñas y sutiles diferencias entre los distintos proyectos tiene que ver con cuáles son las soluciones que han alcanzado distintos países del mundo”, y remarcó que al día de hoy solo la Argentina solamente comparte la edad de imputabilidad con el gobierno de Cuba.

Dije que solo iba a hablar en el congreso por instrucción del jefe de bloque: hoy defendí el proyecto de baja de edad de imputabilidad a 14 años. https://t.co/4Ht3fL4jga

— Martín Yeza (@martinyeza) August 6, 2024

“Después hay un grupo de países entre los cuales están Suecia, Noruega y Finlandia que comparten una edad de imputabilidad de 15 años y después el resto de los países de la región comparten un estándar internacional. La mayoría de la democracias liberales y occidentales del mundo deben ser los 14 años”, manifestó, pero señaló que científicamente no está establecido si la conciencia termina de desarrollarse entre los 12 y 13 años, aunque remarcó que “es un estándar internacional que definitivamente es a partir de los 14 años”.

Sin embargo, apeló a los criterios jurídicos y a la experiencia comparada a nivel internacional “se observa una mayor cantidad de casos a partir de los 14 años en un tipo de delito que tiene una complejidad dado que la Argentina”.

“En los últimos 20 años se constituyó en un país sin luchar contra el crimen, sin crecimiento económico, con crecimiento de la pobreza, con consolidación del narcotráfico en el caso de la provincia de Buenos Aires, con un narcotráfico organizado en el caso de todo el conurbano mezclado con la marginalidad, lo que ha generado es que en este Régimen Jurídico Penal de la argentina se utilicen a menores de 16 años por el narcotráfico presos de las adicciones”, cuestionó.

Yeza manifestó que “no existe nuestra Constitución Nacional que el derecho a la vida valga menos según quien sea la persona que le quite la vida a las personas”, y respaldó que la edad de imputabilidad sea a partir de los 14 años.

Así, explicó que su iniciativa desarrollo dos sistemas: un sistema cerrado y un sistema semicerrado en donde se contemplan a la vez dos tipos de casos. “El primero y principal el caso en donde las víctimas tienen que ser encerradas privadas de su libertad, pero después por supuesto en casos más complejos que es cuando tratamos con victimarios que tienen problemas psiquiátricos psicológicos o algún tipo de adicción y que merecen otro tipo de tratamiento”.

Además, el proyecto contempla penas para los padres de distinta índole y aclaró: “No solamente inhibición de bienes, sino también vinculados a su propiedad y a otro tipo de herramienta jurídicas”, y cerró: “Hay que pasar a un régimen del imperio de la ley de la justicia que además contemple la rehabilitación de estos menores que entre 14 y 18 años”.

Luego expuso la sanjuanina Nancy Picón Martínez sostuvo que el proyecto tiene que ver con los datos que la misma Corte de Justicia lanza “sobre cómo viene siendo el incremento de menores cometiendo delitos y frente a esto una sociedad que está pidiendo hace rato respuesta y que por supuesto son temas complicados de tratar”.

Picón Martínez señaló coincidencias en varios de los puntos del proyecto presentado por el Ejecutivo, pero aclaró que tiene algunas diferencias. Si bien coincide en que la edad sea de 13 años, su iniciativa “establece que sea un cuerpo de psicólogos y psiquiatras que le diga al Poder Judicial por qué debe responder por este acto, entendiendo que serán ellos quienes estén capacitados de decirle si el menor comprende la criminalidad del acto que llevó a cabo”.

“¿Por qué 13 años?”, preguntó y respondió: “A los 13 años si el menor puede elegir si tener relaciones sexuales libremente, entonces creemos que si tenemos la posibilidad de elegir frente a otro acto”.

La sanjuanina comentó que la Corte brindó datos que reflejan que ha habido un incremento: “El 21% más que el periodo del año anterior. Respecto a los hechos cometidos por menores y justamente la edad en que cometen estos delitos comienzan a los 13 años”. “Para cuidar los derechos de estos chicos tenemos que saber si comprendió la criminalidad del acto. Si la comprendió, entonces debe ser juzgado por esto y es hora de que la sociedad comience a tener respuesta en estos temas”, planteó.

Además, coincide en incentivarlos a estudiar; cuidado de menores en lugares distintos a los adultos a fin de cuidar su integridad. “Nuestro proyecto habla de que los chicos mayores de 14 años y menores de 18 que se han reprimidos por pena privativa de libertad, cuyo máximo en abstracto no sea inferior a 15 años, serán sometidos a las medidas de coerción seguridad, pena privativa de la libertad y ejecución como los mayores de edad, salvo el alojamiento”, SUMÓ.

“Entendemos que es hora de que comiencen a responder y porque luego de hablar con muchas familias víctimas del dolor por actos llevados a cabo por menores también nos damos cuenta de que todos tenemos derechos, pero también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones”, expresó.

Por último, indicó: “En lo demás coinciden los proyectos, básicamente nuestra diferencia sustancial está dada en esto de que a los 13 años los chicos primero pasen por una auditoría para saber, por personas que estén realmente capacitadas, si el chico comprendía o no el acto que estaba llevando a cabo”.

La última en exponer fue la chubutense Eugenia Alianiello (UP) quien propuso buscar puntos de consenso entre los proyectos, pero criticó: “Es un error caer solamente en la edad de punibilidad creo que tenemos que pensar para poder legislar qué entendemos por encierro, para qué planteamos el encierro, cuáles son las herramientas de resocialización que se van a brindar”.

Así, explicó que en su iniciativa establecen la edad de 16 años y propuso: “Cuando dicen a los 13 años baja edad de punibilidad tienen que saber que cumplida la pena esos adolescentes van a volver a vivir en sociedad y depende de cuál es el tránsito que ellos tengan con qué herramientas van a salir para poder saber cómo se van a reinsertar en la sociedad. Creo que ese es el punto de inflexión del funcionamiento o no del sistema de protección integral”.

“Tenemos un profundo convencimiento de que nuestro país necesita un Régimen Penal Juvenil ágil, eficiente y especializado, pero sobre todas las cosas tener presente que no alcanza solamente con el Poder Judicial”, consideró Alianiello y precisó que proponen la derogación de la Ley 22.278 “que tiene muchas referencias con el proyecto oficialista y que fue firmada por Videla”.

La chubutense sostuvo que “hay que abordar el tema con un enfoque integral, no solamente punitivo, entendiendo a los jóvenes como lo que son sujetos de derechos porque es necesario contar con un sistema penal juvenil que contemple la justicia restaurativa y, a la vez, la responsabilización de los adolescentes con conductas infractoras”, y afirmó: “La solución no es bajar la edad de punibilidad, ni castigar, sino responsabilizar”.

También destacó que la iniciativa de su autoría plantea que “sin disponibilidad de recursos, sin estructura institucional, sin cumplimiento de las leyes vigentes y los acuerdos internacionales todo esto es un callejón sin salida”.

“El proyecto del Poder Ejecutivo es inconstitucional, ineficaz, inquisitivo, inconsulto, irresponsable e invotable”, destrozó.

Y cerró: “hay una necesidad de debatir este tema tan sensible con una mirada integral, amplia y seria, apoyada en datos certeros y no en meras especulaciones ideológicas teniendo como eje principal de debate acerca del sistema de protección integral el punto de la edad de punibilidad”.

El pasado 24 de julio se cumplió un año de la reglamentación de la Ley 27.680 del Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana y las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud, más conocida como Ley de Resistencia Antimicrobiana.

La norma fue sancionada por unanimidad en el Senado en agosto de 2022 y establece la regulación de cuestiones vinculadas al expendio, como que “todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica debe ser la de ‘venta bajo receta archivada’”.

El proyecto prohíbe “toda forma de anuncio al público de todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica”. La iniciativa modificó el artículo 13 que reza: “Las presentaciones destinadas a la promoción sin valor comercial, muestras gratis, muestras para profesionales o cualquier otra denominación abarcativo de los medicamentos que incluyan Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA), que tengan actividad antimicrobiana sistémica, solamente pueden ser entregados a los pacientes bajo receta del profesional médico que autoriza su entrega, en cantidad suficiente para tratamiento completo y en un solo envase”.

Asimismo, establece que “deberá regularse y promoverse el uso racional y prudente de los antimicrobianos en salud animal y producción agroalimentaria a través de sus organismos competentes” y que “se eliminará gradualmente el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento en animales para consumo humano”.

En un principio, la norma se cumplía al pie de la letra, por sobre todo a la hora de ir a una farmacia para comprar un antibiótico, es decir, contar con la receta del médico y un duplicado. Sin embargo, en los últimos meses comenzó a observarse que en algunas jurisdicciones la exigencia de contar con dicha documentación mermó.

Por ello, parlamentario.com dialogó con uno de los principales autores de la iniciativa, el actual diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria), quien destacó que la Ley de Prevención de la Resistencia Antimicrobiana “es una ley del Congreso Nacional porque se votó con enorme unanimidad de las cámaras y ha sido muy bienvenida por toda la sociedad científica que tienen que ver con la infectología, pediatría, clínica médica y por todas las farmacias”.

El tucumano opinó que la implementación de la norma “es un proceso que se está llevando adelante”, y relató como experiencia personal que “en la mayoría de los momentos donde tuve la oportunidad de ver a alguien en una farmacia pidiendo un antibiótico o incluso en lo personal, se me ha pedido la receta duplicada o formato digital para poder archivarla que es el requerimiento que la Ley pone, además del diagnóstico y prescribir la dosis adecuada para el tratamiento completo”.

“Su implementación no es del todo mala”, resaltó el médico, pero señaló que “la fiscalización de las farmacias que es una tarea de cada una de las jurisdicciones, salvo en la Ciudad de Buenos Aires que es una tarea el Ministerio de Salud de la Nación”, y reiteró: “En el resto de las provincias es jurisdiccional y es la clave para que esto se cumpla con mejor calidad”.

El entonces diputado ponderó que “desde el punto legislativo hicimos una norma de avanzada, es una de las pocas de Latinoamérica”, y consideró que “en líneas generales, los médicos han tomado consciencia de la enorme gravedad que tiene la posibilidad de la resistencia antimicrobiana y la aparición de cepas multirresistentes que después no tienen posibilidad de tratamiento”.

Yedlin recordó que la ley también preveía una disminución en el uso de antimicrobianos en la industria tanto de producción animal para alimentación, como avícola, en el rubro veterinario, pero afirmó: “No tengo datos de cómo se está cumpliendo”.

Por ello, adelantó que han “incorporado en las preguntas que le hicimos al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, para ver cuál es el impacto en este sentido”, en referencia a la visita del funcionario al Congreso que hará a fines del mes de agosto.

“Es un poco precoz para tener un impacto definitivo, pero para que no se bajen los brazos en el control de esta Ley que es muy importante”, finalizó el legislador.

La Cámara de Diputados comenzó este miércoles a analizar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.

Fue en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, de Justicia, de Familias y de Presupuesto y Hacienda. La reunión fue de carácter informativa, ya que expusieron el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y Relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto. También participó el subsecretario de Política Criminal del Ministerio Público de la Nación, Alberto Nanzer.

La diputada Laura Rodríguez Machado, titular de la Comisión de Legislación Penal, detalló cómo será el debate: el próximo martes 6 de agosto solicitarán a los bloques que expliquen sus respectivos proyectos presentados; y el miércoles 14 de agosto darán inicio a la ronda de expositores e invitados que los bloques convocarán.

La radical Roxana Reyes, titular de la Comisión de Familias, expresó que el proyecto “es un régimen penal que apunta a garantizar la Convención de los Derechos del Niño y de las Normas previstas en Naciones Unidas sobre niños jóvenes que delinquen o están en el proceso de reproche penal”.

“Creemos que la comisión tiene la función de garantizar que el Régimen Penal tenga la función de resocialización, educación y que no sea necesariamente punitivo, sino que reinserte al joven que por razones diferentes multicausales ha ingresado a la actividad criminal”, resaltó.

El primer expositor fue Fernando Oscar Soto quien remarcó que la Ley argentina tiene “una deuda con la sociedad y la democracia” respecto de la Ley de menores porque la norma actual fue reformada por la dictadura militar. “Hace 44 años se está debatiendo la necesidad de reformar esta ley”, expresó y recordó que durante la campaña electoral “todos los partidos propusieron bajar la edad de imputabilidad y reformar la Ley de Régimen Penal Juvenil”.

“Esperemos que este Congreso tome el debate y sancione una ley que actualice el régimen penal con las características particulares y tienen en cuenta la edad de imputabilidad que es la que está en la región y en el mundo. Hay una necesidad de actualizar”, sostuvo Soto.

El funcionario comentó que vieron las estadísticas por la Corte Suprema de la Nación y de la provincia de Buenos Aires y alertó que “vienen en aumento todos los años en la franja de 16 y 17 años que son los punibles, pero en los pocos datos oficiales que hay, también viene en aumento los casos de menores que van de los 13 a los 15 años de edad”.

“Esto tiene que atenderse para proteger a la víctima y al adolescente que está en conflicto con la Ley penal y expuesto a una vulnerabilidad especial por su propio desarrollo psicofísico y por las circunstancias de verse inmerso en la conflictiva penal. Por lo tanto, hay que cuidarlo más allá de su eventual declaración de imputabilidad porque inimputable o menor incluso a la edad de 13 años que proponemos”, explayó.

Luego, disertó Sebastián Amerio quien defendió la iniciativa al plantear: “Entendimos que esta es una demanda que tiene la sociedad y que debemos atenderla como Ejecutivo y ustedes deben atenderla como representantes del pueblo y trabajar en comisión y buscar una reforma porque creemos que esta ley es superadora a la del año 1980”.

Amerio repasó algunos de los fundamentos que llevaron a presentar el proyecto, entre ellos comentó: “La situación de los menores en conflicto con la ley es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple, no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañan al adolescente luego con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada en este sentido”.

El secretario de Justicia destacó que la Ley 22.278, que es el actual Régimen Penal de la minoridad, fue sancionada en el año 1980 y “no responde a los principios reconocidos por la Constitución Nacional y en la legislación internacional respecto al menor que ha infringido la ley penal”.

En ese sentido, planteó que “es indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios a nuestra realidad social”, y explicó que “los adolescentes o actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales”.

"Actualmente los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes"

Además, señaló que la legislación actual presenta una serie de “problemas”, y enumeró: “El primero de ellos es la edad de imputabilidad vigente, porque actualmente los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”, y sumó: “Estas circunstancias genera una situación de injusticia que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones”.

Amerio precisó que la legislación argentina se encuentra en minoría en la región en cuanto al umbral de imputabilidad, debido a que la mayoría de los países han establecido sus edades de imputabilidad más baja y subrayó que “nuestro ordenamiento legal se encuentra desactualizado”.

“En nuestra sociedad y en las sociedades sobre todo latinoamericanas que tenemos los índices más elevados del mundo es necesario revisar y ajustar la normativa nacional para su alineamiento con la experiencia comparada y los estándares internacionales en la materia y, garantizar así, una respuesta más efectiva a la criminalidad juvenil”, consideró.

En tanto, informó que la República Argentina y la República de Cuba se encuentran son los únicos países de la región que han establecido los 16 años como la edad mínima de responsabilidad penal contrariamente en consonancia con los cambios operados en las últimas décadas otros países han modificado su legislación para evitar la impunidad en crímenes cometidos por adolescentes.

En esa línea, ejemplificó: Chile, Colombia y la República de Perú han fijado la edad en 14 años; Guatemala, Nicaragua y de la República Oriental del Uruguay en 13; Brasil y los Estados Unidos en 12 años y Granada y la República de Trinidad y Tobago en siete.

“Los niños, niñas y adolescentes poseen los mismos derechos que todas las personas, pero tienen, además, derechos especiales que derivan de su condición. Eso supone un tratamiento diferenciado en el ámbito de la Justicia penal juvenil lo que requiere la sanción de medidas específicas y esenciales para el resguardo de esos derechos”, aclaró.

Promediando su presentación, el secretario de Justicia brindó datos de la Corte Suprema de los primeros semestres de cada año que “demuestran que en los últimos cuatro años existió un aumento de intervenciones judiciales en adolescentes: 822 para el año 2021 que es un 22% de aumento con respecto al año anterior; 906 para el año 2022 que representa un 10% de aumento aproximadamente respecto al año anterior; y 986 para el mismo periodo en el año 2023 ya venía bastante elevado y esto representa un 9% de aumento respecto del año anterior”.

Por último, brindó tres argumentos de Justicia respecto de la “importancia que tiene este proyecto de ley”, y explayó: “La baja edad de imputabilidad tiene que ver con la falta de credibilidad y legitimidad del sistema porque no se atienden los casos de menores que generan impunidad. Este es un punto que nosotros entendemos que es así y podemos explicar los motivos”.

“Como segundo argumento de Justicia hay una adecuación o de fase entre el derecho penal Juvenil y el derecho constitucional que ha sido resuelto por vía jurisprudencial en el mencionado caso Maldonado de la Corte Suprema”, agregó y cerró: “La tercera cuestión es que hay una elevada reiteración delictiva juvenil. Hay un montón de estudios de criminólogos y sociólogos y especialistas en el tema que demuestran la gran cantidad de reiteración de los delitos que cometen los adolescentes”.

El oficialismo terminó este martes con un sabor amargo, tras haber experimentado en ambas cámaras sendos desaires. En Diputados, la oposición le infringió finalmente una derrota legislativa al forzar la sesión especial que había pedido para tratar el tema educativo. E inmediatamente después de concluida esa sesión en la que la oposición consiguió aprobar sendos emplazamientos para tratar proyectos relacionados al financiamiento universitario y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, concluía en el Salón Azul del Senado una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la que no pudo conseguir dictamen. Contrariamente a lo que se proponía, el oficialismo seguirá esperando para tener listo el paquete fiscal para llevar al recinto, pues cerca de las 19 y tras casi 5 horas de debate el senador Ezequiel Atauche anunció un nuevo cuarto intermedio con fecha y hora a confirmar.

El primero en hacer uso de la palabra fue el vicepresidente de la comisión, el puntano Fernando Salino (UP), quien analizó: “Le estamos dando a la reglamentación un espacio que no tiene porque hay potestades que no se pueden tratar por esa vía”, y explicó que reglamentar “no es legislar, es hacer operativa la ley. No se pueden modificar cuestiones propias tan profundas como las que se plantearon a partir de la reglamentación”.

Al respecto, indicó que lo establecido en el artículo 35 “no se puede hacer ni poner en la ley. No puede decir cuáles van a ser las excepciones a un régimen que otorga facilidades, lo tiene que decir la propia ley. Tenemos que trabajar en la comisión para hacer la ley amplia y profunda para que la reglamentación sea un paso operativo nada más”.

Salino valoró que se siga trabajando, que se escuchen todas las voces, pero “deberían ser escuchadas muchas más que nos ayudarían en el tema que es complejo”.

Por otro lado, se refirió al blanqueo de capitales y cuestionó el monto de 100 mil dólares, que se paga en dólares y la base imponible se calcula en dólares: “Es una posición que no compartimos porque esta no es nuestra moneda. Es una cuestión de soberanía”. También criticó que “nada se dice sobre saber el origen de los fondos que, además de grave, es peligroso porque se dejan de lado controles, tiene que ver con el lavado de dinero, con el narco lavado y lo menos que se debería exigir es una explicación del origen de los fondos. Se sugirió una declaración jurada y en principio no fue contemplado”.

En esa línea, también cuestionó que “no puede ser el mismo tratamiento para quien nunca participó de un blanqueo y quienes sí”, pero destacó que se incluya en el artículo 47 a los hermanos que “es algo que falta”.

“No compartimos el artículo 35 porque no se entiende el sentido del mismo, quiénes son los beneficiados. Esto es blanquear la figura del testaferro y no participamos de eso, no nos parece un tratamiento adecuado. Los funcionarios cuando explicaron parecen tener una voluntad, pero la ley dice otra cosa”, rechazó el puntano y sostuvo que “esto se soluciona trabajando poniendo en la ley lo que se quiera decir y cada legislador podrá coincidir o no. Las leyes no trasladan voluntades, sino una letra a la cual tenemos que atenernos todos y, en caso de diferencias, la justicia se va a tener a eso”.

Por otro lado, sugirió extender a 10 años la excepción de los funcionarios a la posibilidad de un blanqueo. “El blanqueo tiene que ver con bienes fuera del sistema, con quien ha evadido y hay un tratamiento similar a la moratoria, pero en una moratoria el contribuyente se auto determina. Se está facilitando las cuestiones para el blanqueo con bienes fueran del sistema con una serie de cuestiones que no compartimos”, manifestó.

El puntano cuestionó: “Es muy grave permitir blanquear a quienes han retenido dinero de los trabajadores y no lo han depositado y a esto se le da un trato exactamente igual que al resto de las cuestiones. Es un tratamiento demasiado ligero”.

Al hablar de bienes personales, Salino señaló: “El incremento del mínimo no imponible es del 786% hace que queden afuera del pago muchos grandes contribuyentes. Esto marca la tendencia de todo el proyecto y nos lleva a no acompañarlo porque en el impuesto a las Ganancias cada vez van a tributar más trabajadores, pero el impuesto a los bienes personales cada vez lo paguen una menor cantidad de grandes contribuyentes”, y anticipó que para fines del 2026 las provincias perderán de recaudación 1,6 billones de pesos por lo que alertó: “Esto no beneficia en nada a las provincias argentinas”.

En este sentido, indicó que uno de los puntos más graves es que por 5 años no están alcanzadas las incorporaciones al patrimonio: “Vemos difícil poder mejorar esta idea con un simple cambio, sino que requiere un cambio profundo”.

Sobre Ganancias, el senador de UP recordó que cuando se dictó el decreto 473/23 “al bajar el mínimo no imponible muchos trabajadores quedaron fuera de la obligación de tributar”. Así, señaló que el proyecto de ley dice que “el Ejecutivo puede aumentar el mínimo no imponible durante 2024, pero si el aumento no se produce, es mucho mayor el número de trabajadores que quedan alcanzados por el impuesto. Recién en 2025 está previsto que se aplique el IPC. Además, el aguinaldo que no estaba incluido, acá queda gravado”.

A su vez, Salino expresó su preocupación por el monotributo social porque “son 600 mil trabajadores los que se ven perjudicados. Lo más factible que suceda es que no tributen nada y esta posibilidad de acercarse a la formalidad, son trabajadores de muy bajos ingresos. Uno de los mayores perjuicios es que muchos dejen de tener su obra social”.

“Más de 1 millón de trabajadores van a quedar incluidos en el impuesto a las ganancias y 125 mil grandes contribuyentes se van a ver beneficiados con la reducción de los bienes personales”, advirtió y cuestionó: “Esto grafica una política y muestra bien hacia quiénes está dirigido este paquete fiscal y es fundamento suficiente para no acompañar. No representa ingresos tampoco ni beneficios”, cerró Salino y agregó: “Nos vamos a sentar para mejorar esta legislación que, en la situación que vive la Argentina, nos resulta difícil imponerlo”.

A continuación, tomó la palabra la bonaerense Juliana di Tullio (Unidad Ciudadana) para consultar si se continuará con la modalidad de traer invitados, a lo que Atauche le respondió: “Desde la presidencia por ahora no vamos a admitir más oradores, vamos a continuar con el debate”.

De forma breve, el titular del bloque UP el formoseño José Mayans lo corrigió al jujeño y le aclaró: “Usted no puede decir que la presidencia no va a admitir, eso es muy arbitrario y muy propio de la visión que ustedes tienen del poder. Usted tiene que decir ‘voy a poner a consideración’ y ahí la comisión decide. Es importante el tema porque nos ayuda a tener una mejor comprensión desde distintos sectores”.

Luego, el senador radical Martín Lousteau pidió la palabra para manifestar: “Tenemos que legislar y entender bien la materia que estamos tratando porque estamos haciendo cambios significativos para la vida de los argentinos como estabilidad tributaria por 15 años. Si las preguntas que tenemos se zanjan técnicamente sin llamar a ningún especialista podemos dar tranquilos el debate, pero ¿eso va a ocurrir? Pero si las respuestas a las preguntas que tenemos no surgen de la comisión, funcionarios o expertos van a tener que venir”, pero aclaró: “No me parece correcto que traigamos 100 o 50 expertos porque es una materia tributaria. Vale la pena apelar a una lista corta porque es una cuestión técnica”.

Al tomar la palabra, el libertario Bartolomé Abdala (San Luis) explicó: “La ley tiene dos aristas claras, por un lado, un blanqueo y, por otro lado, una moratoria. Son particularidades diferentes, pero pareciera que nos sorprendemos cuando somos todos conscientes que todos los gobiernos han hecho este tipo de legislación y de oportunidades para la ciudadanía”.

El puntano aclaró que lo que se busca es “recaudar algo para llevar a las arcas vacías que encontró el Estado el 10 de diciembre y oxigenar a las PyMES que estaban bastardenadas con una economía que viene complicada desde hace tiempo con la inflación. La posibilidad de esta ley es enriquecedora y la gente la está esperando”, y solicitó que quienes no gobiernen acompañen esta ley que la gente está esperando.

El salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) le enrostró al bloque opositor que el día del paro de la CGT, en el que UP no asistió a la reunión de comisión en la que disertaron funcionarios, se han “explicado largamente muchas dudas y hemos tenido respuestas de muchas de ellas. Acá se trata de saber si van a aceptar o si se puede hacer un texto modificado”, y cuestionó: “¿Qué nos puede venir a decir de nuevo la CGT acá, traer a las Madres de Plaza de Mayo?”, por lo que sugirió traer a dos o 3 funcionarios puntuales que terminen de aclarar dudas en torno a alunas modificaciones planteadas.

Tras la insistencia de Di Tullio y del senador Lousteau de traer expertos para que respondan preguntas técnicas sobre el paquete fiscal, el titular de la comisión afirmó: “Propongo que tras el debate llamemos a algún funcionario puntual del Ejecutivo a responder preguntas”. De la vereda de enfrente la bonaerense le planteó hacer un listado de pocos expertos y no solo invitar funcionarios.

A continuación, Di Tullio hizo consideraciones sobre el blanqueo que “habría que modificarlo, tengo muchas observaciones y es una herramienta de todos los Gobiernos que intentan evitar algunas cosas como captación de dólares, pero evitar dinero ilegal, o que se evite la elusión permanente, o que sean solo cinco años para atrás, evitar actos de corrupción”, y pidió prestar atención a los sujetos comprendidos en el artículo 53 y sugirió sacar cualquier suspicacia sobre los fideicomisos ciegos.

También expresó preocupación por el artículo 19 porque “nada indica en la redacción que no se pueda blanquear desde otro país. Yo lo evitaría, pero de no evitarse la trazabilidad sea seria y que el delito trasnacional no pueda blanquear en Argentina y no se convierta en un paraíso fiscal”.

Di Tullio calificó de “vergüenza” el capítulo sobre testaferros que va del artículo 35 al 40 y propuso eliminarlo por completo.

El secretario de la comisión, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR), sugirió que “no deberían poder blanquear aquellos que blanquearon últimamente y tiene que tener un plazo de 10 años como mínimo”. También sugirió sobre el artículo 28 de la base imponible de criptomonedas y criptoactivos para que “se pueda hacer una base imponible que tome la cotización al momento de la incorporación al blanqueo y no una fecha anterior como sugiere el proyecto”.

El chaqueño se refirió al artículo 32 sobre cuentas especiales de regularización y propuso que se incorporen las provincias para que “puedan tener una fuente de financiamiento propia”. Coincidió con sus pares de que los testaferros no pueden estar incluidos y no puedan blanquear y que el blanqueo de funcionarios sea de 10 años. Además, rechazó que se incorpore a los hermanos y descendientes.

Sobre bienes personales, sugirió que no se aplique el sistema especial y alícuota diferencial entre quienes tributan bienes y quienes tributarán producto del blanqueo, sino que “tiene que tener una tasa más alta”. Con respecto al impuesto a las Ganancias planteó que “se tenga en cuenta la deducción de los intereses de los Créditos UVA”, y expresó preocupación sobre la eliminación de la categoría del monotributo social.

Luego de una maratónica sesión que comenzó el lunes 29 de abril al mediodía y se extendió hasta casi las 9 del martes 30, el oficialismo logró en la Cámara de Diputados la aprobación en general del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. con 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones de los radicales Facundo Manes, Pablo Juliano, Marcela Coli y Fernando Carbajal; y la cívica Mónica Frade.

Los votos positivos fueron 142 de los cuales 37 correspondieron a La Libertad Avanza, 3 al flamante bloque MID; 36 del Pro; 30 de la UCR; 18 de HCF; los 8 de Innovación Federal y los 3 tucumanos del bloque Independencia. También votaron a favor las 2 diputadas de Buenos Aires Libre, las 2 diputadas sanjuaninas de Producción y Trabajo; la diputada de Creo, Paula Omodeo; Osvaldo Llancafilo del MPN, y José Luis Garrido, de Por Santa Cruz.

En contra votaron 98 de los 99 miembros del bloque Unión por la Patria; los 5 de la izquierda. De Hacemos Coalición Federal, votaron en contra la cordobesa Natalia de la Sota, y los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón.

Las abstenciones correspondieron a 4 radicales: Fernando Carbajal, Marcela Coli, Pablo Juliano y Facundo Manes; y una diputada de HCF, Mónica Frade.

Hubo solo 3 ausentes. El santacruceño Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Alvaro González (Pro) y el santafesino Roberto Mirabella (UP).

La ley antimafias comenzó a sumar adhesiones en el Congreso de la Nación tras el inminente anuncio que hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como una de las primeras medidas que tomó en medio de la guerra contra el narcoterrorismo que se apoderó de Rosario y que día a día se intensifica cobrándose la vida de un inocente.

Una de las diputadas que se mostró a favor fue la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) quien dialogó con parlamentario.com y cuestionó la inacción de la gestión anterior en el combate contra el narcotráfico. También lamentó que no se haya aprobado el cuarto artículo de la Ley Bases que establecía el fortalecimiento de la actuación de las Fuerzas Federales.

-Inmediatamente después del anuncio que hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, usted confirmó su voto a favor de la ley antimafias. ¿Cómo cree que podrían a llegar a votar tanto su propio bloque como los demás? ¿Cree que habrá acompañamiento por parte de UP?

-En relación al bloque Frente PRO, el presidente Cristian Ritondo ya ha manifestado públicamente su apoyo a la Ley Antimafias. Por lo tanto, así lo haremos. En relación al Bloque “K” la respuesta la deben dar ellos.

-¿Qué opina de los dichos del presidente de la Nación culpando al kirchnerismo y al socialismo por la situación que atraviesa Rosario hace años y que, en estos días, se está intensificando?

-Está claro que la gestión de Alberto Fernández no combatió debidamente al narcotráfico. Además, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Sabina Frederic, contaba con ocho subsecretarías. Una de las primeras medidas de la ministra fue la de disolver la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, que funcionaba hasta entonces. Como muestra basta un botón y fue la propia Frederic que le bajó el rango a Dirección. En definitiva, no le dio importancia a un tema tan sensible para los argentinos.

-Uno de los artículos que había en la Ley Bases, precisamente el inciso J del 4to artículo, establecía el fortalecimiento de la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad y Bullrich le reprochó al Congreso el rechazo del mismo. ¿Qué opina al respecto?

-Habría sido muy importante que se sancionara. Ahora ingresarán nuevos proyectos sobre el tema al Congreso de la Nación. Aquellos legisladores que no los voten favorablemente, deberán explicarle los motivos de su decisión no sólo a los rosarinos sino también a los argentinos en general. De todos modos, considero, que, en esta oportunidad, los proyectos van a ser aprobados.

-¿Qué otras iniciativas se pueden llevar a impulsar desde el Parlamento para ayudar a combatir el narcotráfico?

-Por lo pronto y la más importante es aprobar rápidamente las que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envíe el Congreso de la Nación.

-En este contexto de inseguridad y con el período de sesiones ordinarias ya inaugurado ¿hay alguna novedad respecto de la conformación de las comisiones para que rápidamente se pongan a trabajar sobre proyectos vinculados a este tema y otros 

-Aún no se han conformado la mayoría de las comisiones. Entiendo que esta semana se comenzará a hacerlo.

A casi dos semanas que el período ordinario fue inaugurado y a fin de comenzar a mover la actividad legislativa, la presidenta del Senado Victoria Villarruel convocó a tres comisiones para su constitución, aunque finalmente serán dos.

Se trata de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, la Comisión de Legislación General y la Comisión de Acuerdos, cuya conformación se llevará a cabo en el Salón Illia el miércoles 13 de marzo.

La primera en reunirse será la de Asuntos Administrativos y Municipales desde las 11, cuya presidencia estaba a cargo de la tucumana Beatriz Ávila y no se reúne desde octubre de 2022. Según pudo saber parlamentario.com fuentes cercanas del oficialismo confirmaron que el encargado de presidir la misma será el pampeano radical Daniel Kroneberger.

La siguiente comisión a reunirse estaba prevista para las 12, la Comisión de Legislación General que, hasta el año pasado, conducía el senador de UP Daniel Bensusán. Sin embargo esa reunión fue suspendida. Según pudo saber este medio, la comisión pasará a estar en manos del libertario puntano Bartolomé Abdala quien también ocupa el cargo de presidente provisional del Senado. El último encuentro que mantuvo la comisión fue en septiembre de 2023.

La jornada se cerrará con la reunión de una de las comisiones más importantes, la de Acuerdos a las 17. La misma se encarga dictaminar sobre los acuerdos pedidos por el Poder Ejecutivo para el nombramiento o remoción de funcionarios públicos y, hasta el año pasado, la presidencia era de la vicejefa del bloque UP -en ese momento Frente de Todos- Anabel Fernández Sagasti. Las fuentes consultadas por palamentario.com afirmaron que la comisión será presidida por la macrista Guadalupe Tagliaferri (Pro).

De concretarse esto, el bloque de Unión por la Patria no estará al frente de ninguna de las tres, solo tendrá cargos de vice o secretaría.

El último ministro en hablar en el plenario de comisiones de Diputados fue el de Justicia, Mario Cúneo Libarona, quien contó que enviarán al Senado los pliegos que reexaminaron para “llenar todas las vacantes” y que van a “apurar” al Consejo de la Magistratura para que “termine rápido los pliegos que tiene”. Además, anticipó que delinearán un “plan novedoso para tener un sistema procesal y penal adecuado para que el país de ejemplo de justicia y de orden”. Explicó el juicio por jurados y el uso de la toga.

En su exposición, el funcionario manifestó: “Vengo con un ánimo cordial, no tengo problemas con nadie y voy a contestar incluso lo que no está previsto, lo que no conforma el temario. Ustedes son los representantes del pueblo y somos todos argentinos y todos queremos lo mejor para la patria nos podamos entender”.

Al defender la ley ómnibus, sostuvo que “se funda en la situación gravísima en la que está Argentina, años de política que no condujeron a un buen puerto, años de retroceso cultural, educativo, pobreza, inflación, estancamiento y en ese marco se llega a esta situación actual en donde la ciudadanía se expresó en forma mayoritaria en las urnas en un cambio, con un nuevo presidente que busca soluciones, achicar el Estado, ordenar, regular, dejar atrás un modelo económico con muchas regulaciones que no funcionaron”, y en materia de justicia anticipó que tratarán de “delinear un plan novedoso tendiente a que tengamos un sistema procesal y penal adecuado y que el país de ejemplo de justicia y de orden”.

“Tenemos un régimen en materia de justicia que ha fracasado, un régimen procesal que ha fracasado y un Código Penal que debe ser reformado. En ese marco se va a trabajar atacando todos los males que nos azotan a todos como la delincuencia, la corrupción, la trata, el narcotráfico, que nos dañan en todo”, planteó el ministro y agregó: “En ese marco y con las mejores intenciones se dictaron distintas medidas amplísimas con el propósito de cambio y de crear un país que se ponga de pie y camine”.

Al referirse a cada punto en materia jurídica que apunta a introducir “modernización”, arrancó con los depósitos judiciales y explicó: “Busca beneficiar al depositante y que no se beneficie el Banco, que no haya esas dicotomías sobre qué bancos intervienen. Se elige el litigante con la conformidad de las partes el Banco donde va a parar el dinero para que no haya disputas legislativas. Se eligen todos los Bancos oficiales que tengan competencia donde incluso las partes pueden sugerirle al juez el Banco y el Banco Central dispone la forma de inversión. Esto es en beneficio de las partes, es elegir un beneficio modernizado para la sociedad argentina”.

El segundo punto que detalló fue el de registros judiciales y universales: “Hay una ley de acceso a las partes que es un formulario verde que admite juicios universales en las quiebras o en las sucesiones. Lo que se pretende es que ese formulario que está en un subsuelo pase a ser electrónico, público, transparente y ágil que todos tengan conocimiento de un juicio universal y abreviado”.

Sobre la publicación de edictos, informó: “Se busca suprimir ese sistema que no existe prácticamente y hoy recurrir al boletín oficial electrónico y cargarlo de forma electrónica. Es la práctica que rige hoy, se busca suprimir este edicto y hacerlo por vía electrónica. Es un éxito indiscutible”.

Al hablar de los archivos judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, explicó que “se pretende es que no existan más los expedientes en papel y que todo se realice en forma digital. Hoy se impone la carga electrónica, algo que se inició con la pandemia y apresuró a los Tribunales a eso”.

Al referirse a los depósitos judiciales de los Tribunales Nacionales y Federales en el Banco Nación detalló: “El retiro de la plata de los bancos antes se hacía por cheques o por oficios según la Ley 9.667 se derogan los artículos 2, 3 y 4 y se impone un orden de un juez de una transferencia bancaria de una cuenta al destinatario para que se acaben las estafas de los cheques. Es entrar en un mundo de modernización”.

“Registro propiedad e inmueble”, fue el siguiente apartado que detalló Cúneo Libarona y precisó: “Se habla de la transferencia a la Ciudad, es natural a la luz de la Constitución y de la deuda que tiene. Se habla del escribano idóneo, fedatario, que pide informes de dominio en forma electrónica, se libera la jurisdicción y se establece un Registro Nacional de Inhibiciones”.

Por otro lado, habló del traspaso de la Justicia Nacional y manifestó que “la Constitución del 94’ habla por sí sola, pero yo no voy a más que remitirme a los fallos de la Corte del 2019 donde habla de la demora inusitada en la transferencia a la Ciudad y es un tema que sin dudas tiene que resolverse”.

“La Corte dijo que ‘han transcurrido décadas y resulta casi nulo el avance de la transferencia, es una de las claras mandas constitucionales. El Estado Nacional y la Ciudad solo habían avanzado en el traspaso de ciertas competencias penales’. Lo que se impone es establecer un plazo determinado para llevar a cabo estas demoradas transferencias de la justicia que no abarca solo la penal sino la laboral, civil, comercial, etc.”, respaldó.

Otro de los puntos que explicó fue sobre la inspección general de justicia: “Ahora se designa de forma distinta en el Poder Ejecutivo con una propuesta del Colegio de Escribanos y dos del colegio de Abogados. Es otra área de transferencia con plazos. El objetivo es mejorar la IGJ, salir del sistema que existía hasta este Gobierno, se tutela la producción, medios digitales, abreviar los plazos, aumentar el capital social, darle vigencia a las SAS, sociedades con objetos múltiples, libre acceso sin cargo a los registros societarios”.

Por el lado de las sucesiones sin controversias, comentó que sean testamentarias o simplificarla porque “al igual que el divorcio ante un escribano con intervención de abogados, con inspecciones y controles. Hay una disputa de trabajo entre los escribanos y los abogados. Lo mejor sería que si hay una sucesión sin controversia es mucho más barato concurrir ante los escribanos que tener que hacer un juicio ante los Tribunales”.

Respecto de las modificaciones a Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, señaló que “no es más que incorporar los fallos de la Cámara y de la Corte a la ley, dotar un proceso justo acorde a las convenciones internacionales, con publicidad, regular el procedimiento, tutela administrativa efectiva, derecho a ser oído, derecho de defensa, de aportar pruebas, plazos razonables, celeridad, economía, sencillez, eficiencia. Es darle las herramientas que la Corte establece que sea legítimo”.

En el tema de los honorarios de profesionales de abogados, brevemente explicó que “se deroga el artículo 5 de la ley 27.423 y se establece que las partes decidan de forma libre”.

Asimismo, las modificaciones al Régimen de Propiedad Intelectual de Gestión Colectiva de Derechos refieren a que “el autor cobra derechos por su trabajo y un organismo se encarga de custodiar esos derechos. Se crea la figura de salir del monopolio de la Ley de Onganía que establecía este organismo que es un gran impuesto a la cultura”.

INADI

Al hablar sobre la continuidad del INADI, aclaró que “se suprime el INADI creado por la Ley 24.515, pero no se suprimen las tareas y funciones que hace”, debido a que “el tema discriminación es fundamental, pero tiene que ser tratado, analizado y publicitado y juzgado, porque también es un delito, con la máxima energía”.

“Lo que se hace es tratar de ordenarlo en el sentido de crear un protocolo de actuación frente a las presentaciones que se hagan. Hay que armar un protocolo donde haya plazos y un procedimiento, con todas las garantías del debido proceso”, planteó.

En esa línea, cuestionó: “No se acepta que el INADI, que es un derecho humano, esté en forma independiente, tiene que pasar a ser analizado con la cantidad de derechos humanos que tenemos. Lo que relevo es tener 400 empleados en un edificio de capital federal cuando toda la justicia tiene menos. No puedo entender cómo em encuentro con 114 organismos en el interior del país, inmuebles que alquila el Ministerio de Justicia, 12 en Villa Gesell, 1 en Tafí del Valle”.

“No tengo nada en contra del INADI ni el derecho, me agravio de tener una estructura de semejante tamaño y costo para hechos de discriminación. No tiene que haber inmuebles en el interior porque con las comunicaciones que hoy tenemos, podemos estar enlazados a través de un teléfono de forma dinámica. El INADI sigue funcionando, se va a ordenar el monstruo de cantidad de gente para que tenga más dinamismo”, detalló.

Juicio por jurados

Profunda fue la explicación que Cúneo Libarona brindó para referirse al proceso legal: “Para que tengamos una justicia efectiva, rápida, primero tenemos que tener jueces. Si nosotros tenemos la enorme cantidad de vacantes que hay en la justicia, hoy un 33% es imposible que los jueces presten un buen servicio, trabajan a destajo. Hay Tribunales que no tienen jueces, por eso el primer paso va a ser nombrar a los jueces”.

En un paréntesis, adelantó que “en un breve lapso queremos enviar al Senado los pliegos que reexaminamos y apurar al Consejo de la Magistratura para que termine rápido los pliegos que tiene y podamos llenar todas las vacantes. Si no tenemos jueces trabajando es muy difícil”.

“Hay una ley que tiene muchos años y que está en vigencia es el nuevo sistema procesal penal y ya no vale la pena discutir si es buena o no, es el sistema acusatorio consiste en un fiscal que lleva adelante la investigación tiene que producir la prueba, versus una defensa y un juez que tiene facultades decisorias. Es el régimen que está en el mundo y está en Salta y Jujuy. Queremos instalar rápidamente en la mayor cantidad de provincias, lo que no podamos conseguir lo vamos a hacer igual y vamos a tener un sistema acusatorio amplio. El sistema y la celeridad es lo que más me preocupa”, anticipó.

El ministro agregó que “tiene que estar acompañado de otras reformas como la ley de juicio rápido y plazos razonables porque no puede ser que duren una eternidad”, por lo que informó que presentarán una Ley de tiempos para establecer plazos a los jueces para terminar los juicios. “Eso engancha el Código Penal que está trabajándose hoy y tiene que enganchar con el juicio por jurados”, agregó.

Definió al juicio por jurados como “soberanía popular” porque “es ser juzgado por los pares” y se basó en la Asociación de Juicio por Jurados para explicar en profundidad: “Es una deuda desde 1853, artículos 24, 75 inc. 2, 118 y 126, está en el capítulo quinto, rige en el país en 11 provincias. Tenemos que saldar la deuda y respetar las soberanías provinciales”.

“Es una ley y un sistema federal acusatorio, con juicios rápidos, con un Código Penal de naturaleza general y un juicio por jurados en el molde federal. El modelo es el clásico que toman en el país, de 12 personas, conducido por un solo juez, paridad de género con posibilidad de elección de jurados, el juez que da instrucciones y el veredicto es unánime. En caso de absolución no hay apelación y en caso de condena hay apelación, pero si no hay unanimidad se formula un nuevo juicio. Se invita a las provincias a  participar y se corresponde con los fallos de los Estados Unidos 2020, promotores del sistema de la toga y el martillo, el fallo Ramos versus Luisiana, donde dan todas las pautas del Tribunal por jurados”, explayó.

El ministro de Justicia precisó que “va para los delitos de naturaleza federal que superan los cinco años: narcotráfico, trata de personas, corrupción, falsificación, contrabando, lavado de dinero, administración fraudulenta, delitos tributarios”.

“Este sistema lo han adoptado en las provincias gobernadores de distintos colores políticos y de los que ustedes pertenecen”, resaltó el funcionario y remarcó que cada gobierno viene planteando el juicio por jurados, pero “nadie lo sacó”.

Luego de estar más de un año encajonado en el Senado, el oficialismo se dispuso a desempolvar en la primera semana del nuevo año el proyecto sobre Boleta Única de Papel, que fue incluido en el temario del periodo de sesiones extraordinarias por el presidente de la Nación, quien cuando fue diputado nacional acompañó la iniciativa. La misma comenzó a ser tratada este miércoles, pero los liberales no lograron emitir dictamen como preveían, por lo que estiman hacerlo en una reunión el próximo 10 de enero a las 14.

Fue durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales que se reunieron en el Salón Arturo Illia y que, previamente, fueron conformadas siendo elegidos el entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal) y el riojano Juan Carlos Pagotto (LLA) como sus presidentes.

Previo al tratamiento de BUP, la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió dictamen favorable al expediente PE. 202/23 que autoriza al presidente de la Nación para ausentarse del país durante 2024, cuando razones del gobierno así lo requieran.

Hecho ese breve trámite, el plenario se abocó al tema central que es de interés presidencial y, además, tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde junio de 2022. En aquella ocasión, el texto fue aprobado por 132 votos afirmativos, 104 en contra y 4 abstenciones. Dentro de los 132 votos afirmativos se encuentran el de Javier Milei; el de la vicepresidenta Victoria Villarruel; y el resto de lo que era Juntos por el Cambio, el bloque Federal y los provinciales. El Frente de Todos, devenido en Unión por la Patria, votó negativamente en aquella oportunidad.

Así las cosas, debido a que las medias sanciones solo cuentan con una vigencia de dos años, la intención de los liberales es llevar el despacho de comisiones lo antes posible al recinto en una sesión que, a priori, tendría lugar el próximo 11 de enero.

El debate

Como miembro informante, Pagotto se encargó de explicar los lineamientos del proyecto que “viene a cumplir una vieja aspiración de toda la clase política y de la gente que esperan transparentar cada vez más los regímenes electorales y que nos permitan que la democracia se consolide y se eviten algunas patologías que han surgido dentro de los actos comiciales”.

“La BUP es hoy por hoy una solución acorde a las necesidades de la época. Es un proyecto que tiene demasiadas normas y es ambicioso”, señaló el riojano y agregó que también trata modificaciones al Código Electoral, pero también “lleva adentro delitos electorales que, creo, debemos aprobarlo en esta primera instancia porque en algún momento tiene que volver a codificarse el sistema penal y tendría que estar dentro del Código Penal”.

En ese sentido, indicó que “la responsabilidad de todos los argentinos que los regímenes electorales sean cada vez más transparentes y se eviten ciertos problemas que se han venido suscitando con demasiada asiduidad en cada uno de los turnos electorales”.

“Propongo la aprobación porque el proyecto ya está con la media sanción de Diputados y debemos tratarlo para darle la validez constitucional y se debata como debe ser porque es un tema que requiere el debate y el conocimiento de toda la gente porque incluye una responsabilidad de todos”, manifestó y remarcó que “ha sido lo suficientemente debatido en la Cámara baja con argumentaciones sólidas de todos los espacios y es algo que tenemos que tener en cuenta al igual que la democracia es una responsabilidad de todos”.

El riojano planteó que “lo único que nos puede permitir transparentar en todo el país los actos comiciales es la Boleta Única, sin perjuicio de los medios tecnológicos que vayan a incorporarse en el futuro”. “No hay que tenerle miedo a la voluntad popular”, señaló y chicaneó: “No es la voluntad popular para citarla en algunas oportunidades y en otras no”.

Pagotto recordó que “hemos tenido experiencias desastrosas en cuestiones electorales como la Ley de Lemas que ha producido la atomización de los partidos políticos donde, en algunas ciudades, familias enteras ocupaban cada uno una lista y ha producido que ese órgano de la democracia se haya atomizado y perdieron la capacidad de generar dirigentes nuevos. Tenemos que mirar al futuro, no al pasado”.

A su turno, la secretaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Mariana Juri (UCR – Mendoza) celebró poder debatir en el Senado “un tema tan importante la Boleta Única de Papel porque teníamos una gran deuda y son de gran interés para los argentinos que estamos tan preocupados”.

“Es un tema ampliamente estudiado. La BUP no solo se trata de un instrumento electoral, también, se trata de poder darle a los ciudadanos una mejor posibilidad de elegir y ser elegidos”, y cuestionó que a la hora de ingresar a un cuarto oscuro “el elector se encuentra con una millonada de boletas mezcladas de distintos partidos y colores, se hace imposible elegir”, y puso como ejemplo su provincia donde rige el sistema de votación de BUP donde “en un mismo instrumento de votación tenemos toda la oferta electoral”.

“Esto les da a los ciudadanos la posibilidad de poder ser elegidos a quienes son tienen todas las herramientas de poner en cada una de las mesas de todo el país a todos sus candidatos, sino también con esto no solamente le impedimos la posibilidad de ser elegidos, sino también a los electorales le impedimos la posibilidad de que en cualquier mesa podamos tener igual cantidad de votos, en mismas condiciones, en el mismo instrumento, y que no atente”, explayó.

Juri también destacó que significa un “gran” ahorro económico y ecológico. “Para poder garantizar las boletas partidarias que puedan estar en sus mesas imprimimos más o menos dos padrones y medio para hacer entregas previas y cuando termina el acto electoral son bolsas donde desechamos kilos de papeles que no se utilizaron. Con la BUP se puede imprimir la cantidad de electores que haya o algún otro margen por si hay algún error y no se desperdicia”, explicó.

“Hablar de BUP es una deuda pendiente porque la Cámara Nacional Electoral lo viene recomendando desde el año 2007 y creo que tenemos una deuda y este Senado se lo debía. Las provincias donde está instalado este sistema pueden dar garantía de lo que significó”, planteó Juri y detalló que da “rapidez, transparencia y comodidad a las autoridades de mesa”.

La radical indicó que son 16 países en el mundo que “quedamos votando con una boleta partidaria. Es una herramienta que está aprobada y da más libertad a los ciudadanos”.

La neuquina Lucila Crexell (Cambio Federal) hizo una crítica a la gestión anterior por la conformación de las comisiones porque “Asuntos Constitucionales se conformó el último día para aprobar los títulos de los senadores electos. Estuvo dos años cerrada la comisión y parte de la reconstrucción del país tiene que ver con la reconstrucción del funcionamiento institucional que tuvo tan alterado durante tantos años”.

“La Boleta Única se trata de una reforma del Código Electoral y en la Ley Ómnibus que debería tratar Diputados hay una Reforma Electoral, que contradice lo estamos tratando aquí, ya que propone eliminar las PASO y en este proyecto se habla de las PASO”, señaló y pidió que “se trabaje con una agenda coordinada y con el equipo de asesores porque son temas rigurosos y técnicos para no legislar sobre el error”.

En su pedido de palabra, el catamarqueño Flavio Fama sostuvo que “el tratamiento es un avance institucional importante para este Senado”, y recordó que viene con media sanción de hace más de un año.

A lo expresado por Juri, sumó que “este proyecto genera un ahorro de papel, de costos y la disminución del impacto en el ambiente y se garantiza una mayor claridad hacia los ciudadanos, garantiza la participación de las minorías, quizás sea eso que se demoró el tratamiento en el Senado”, y pidió que se haga “rápidamente” el tratamiento y “no se demore” porque sería un “avance institucional y democrático extraordinario que el daría a los partidos políticas muchísima claridad y transparencia para el acto electoral”.

La rionegrina Mónica Esther Silva (JSRN) opinó: “Seguramente este tema no es lo que a la población hoy en día les preocupa, pero nosotros que estamos trabajando en aspectos que si nos preocupa nos interesa cada vez más hacer de las elecciones un acto transparente y posibilitar que las minorías se expresen”.

“Por eso creo que es necesario hacer algunas modificaciones a la media sanción que viene de Diputados para que estos objetivos sean verdaderamente cumplidos y facilitarles la elección a los electores”, sostuvo Silva y propuso dos modificaciones: “Una que la boleta pase a ser por categorías y facilite la mirada que cada lector hace de qué está votando y que se elimine el botón único de boleta completa. Se facilita el conocimiento de qué se está eligiendo en cada poder”, y adelantó que, si esas modificaciones son incorporadas, desde su bloque acompañarán el proyecto en el recinto.

En tanto, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Frente Pro) expresó: “Este proyecto de Boleta Única de Papel es una oportunidad inmensa para responder, con más institucionalidad, a ese pedido de la gente. Creo que es importante hacerlo lo más rápido posible porque es un gesto que acompaña a la gente”.

La chubutense Edith Terenzi (Cambio Federal) celebró el tratamiento del proyecto y contó: “La Boleta Única de Papel es un tema que vengo militando hace muchísimos años”, pero señaló que “el proyecto que se está tratando hoy no es el que estuve militando, coincido con la senadora Silva, mi proyecto también es separado por categorías porque hay diferencias de calidad, pero siento que es tarde, porque por categorías están distribuidos los candidatos es más accesible al elector, es más fácil el escrutinio”. También se mostró frustrada porque desde que presentó su iniciativa “jamás fue incluida en un temario por parte de las autoridades de las comisiones anteriores que nunca tuvieron ni la gentileza de incorporarlo”, y cerró: “Puede que no sea la ley ideal, pero es un paso y voy a acompañar este dictamen pese a que no es mi proyecto, pero a futuro se puede modificar”.

Al hacer uso de la palabra, el bonaerense radical Maximiliano Abad precisó que la BUP “es utilizada en un 80% del mundo, es un método muy simple al momento de elegir representantes. Es muy favorable, es universal, desalienta prácticas fraudulentas, es medioambientalmente positiva, genera equidad entre las fuerzas políticas y tiene un costo menor en la impresión de las boletas. Es un instrumento que tiene que generar una bisagra con el régimen caduco que tenemos. Si esta ley se cae estaremos dando un gesto malo a la sociedad porque tenemos que trabajar para hacerle la vida más sencilla”.

El radical planteó que “todo sistema electoral requiere para su modificación un debate amplio, consensos con el 50% más uno de los miembros de las cámaras y requiere que la ley, la implementación resuelva problemas. La ley BUP genera consecuencias favorables”.

“Traté en reiteradas oportunidades de implementar la Boleta Única de Papel en mi provincia, adelanto que estoy a favor de este proyecto. Estoy convencido que hay que tratar esto para ponerle un freno a una reforma electoral que se plantea en la ley ómnibus”, expresó el fueguino Pablo Blanco.

En su intervención, el liberal Francisco Paoltroni (Formosa) cuestionó: “Se están debatiendo temas que tienen 16 años, el pueblo ha mandado un fuerte mensaje y lo que espera del Senado es productividad, si se aprueba está ley y hubiera que tocar algún otro punto en el futuro, con productividad no demoramos ni un mes en cambiarlo”.

Al respecto, el correntino Carlos Espínola y el titular del bloque UCR, Eduardo Vischi, propusieron una moción para pasar a un cuarto intermedio a fin de buscar los consensos necesarios para “sacarse las dudas y tratar de sacar dictamen la semana que viene, pero es importante no dilatar el tratamiento del proyecto”.

La postura desde Unión por la Patria

El primero en hacer uso de la palabra por la principal bancada opositora fue el rionegrino Martín Doñate quien expresó: “Celebro que se esté trabajando en comisiones, pero me parece que esta no es la agenda que la sociedad argentina le está requiriendo al Congreso que se ocupe en esos momentos de la vida social y económica del país”.

“No es un tema excepcional para estar debatiendo un 3 de enero en el Congreso. Me parece que este proyecto se debe debatir en profundidad con todas las partes involucradas, de generar un marco normativo serio, que no sufra congruencias legislativas, que sea aplicable formalmente. Este Senado debería tomar en cuenta algunas cuestiones que están en el espíritu del oficialismo porque está plagado de contradicciones”, apuntó.

En esa línea, señaló que es “transversal el apoyo o rechazo, incluso en nuestro bloque algunos ven con buenos ojos lo de la Boleta Única de Papel, porque sin debate previo de los asesores, sin la participación de los sectores involucrados de la aplicabilidad de la ley puedan participar en el marco de la comisión para sacar una buena ley coherente, que tenga cohesión normativa con lo que pretende reformularse en la institucionalidad del país”.

Doñate cuestionó que “tratar el proyecto de ley de la Boleta Única de Papel es una contradicción que debe ser reparada”. “Esta iniciativa mantiene a las PASO, pero en la ley ómnibus se pide por su eliminación”, afirmó y consideró que también se contradice con el impulso del sistema uninominal de circunscripción y aseguró: “Queremos ayudar a que si se hacen reformas electorales se hagan con los consensos necesarios que se requieren”.

“La BUP va a tener enormes dificultades para ser aplicable en la provincia de Buenos Aires”, adelantó el rionegrino y chicaneó: “Va a ser una pared entera de un colegio, es algo impracticable”, y sostuvo que “hay que buscarle la vuelta para que se pueda aplicar en todas las provincias, hay que ensayar la aplicabilidad aprovechando en un año no electoral, no hagamos un mamarracho, un cachivache legislativo”.

El senador kirchnerista se distanció de quienes dicen que “hay falta de transparencia en el sistema de votación actual, porque si queremos proponer BUP por las características buenas que tiene, no le pongamos el dedo acusador a 40 años de construcción del sistema electoral que garantizaba la participación de minorías y tuvo resultados diversos en todo este tiempo porque ganaron de todos los partidos políticos. El sistema electoral es un buen sistema perfectible. La BUP también es bueno, pero hay que tratarlo seriamente”.

Doñate hizo hincapié en “la fragilidad del proyecto” porque “hay más proyectos presentados que no se pusieron en tratamiento que deberían haberse incluido”, e hizo observaciones que “hacen inviable la propuesta” e indicó que hay una sobre carga a la Cámara Electoral en desmedro de los juzgados electorales porque “todo lo que se le da no lo puede hacer, hay plazos incongruentes, falta de representación de agrupaciones provinciales”, y procedió a enumerar los aspectos a modificar de “la propuesta débil legislativamente”.

En el mismo sentido se manifestó el pampeano Daniel Bensusán quien cuestionó: “Este proyecto podría haberse tratado en las sesiones ordinarias porque no es un tema de extrema urgencia”.

“Algunos critican el sistema actual por supuestos de fraude, pero en estos 40 años de democracia, no hubo ningún fallo que determine que en alguna elección nacional haya habido fraude. Hay que ser serios cuando se critica un sistema para querer modificarlo”, expresó.

“Surgen muchas dudas sobre este proyecto de Boleta Única de Papel, advertimos la existencia de dos leyes, esta que estamos debatiendo aquí y la llamada ley ómnibus que está en Diputados, se puede estar a favor o en contra, pero no entiendo dónde está la urgencia”, sostuvo la riojana Florencia López.

La jujeña Carolina Moisés reiteró que “hay una contradicción, que es que el proyecto de la ley ómnibus elimina las PASO y en este proyecto hay un capítulo entero sobre las PASO. No podemos legislar por duplicado, sobre algo que está por tratarse de modo contrario en la Cámara de Diputados”.

Con una nueva composición en el Congreso y ante un cambio de gobierno, parlamentario.com dialogó brevemente con la diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro – Santa Fe) quien avizoró el futuro funcionamiento legislativo: “Creo que habrá muchas más discusiones donde va a primar el diálogo”. Respecto del proyecto de Presupuesto Nacional 2024 enviado al Congreso por el Palacio de Hacienda el pasado 15 de agosto, expresó: “No sabemos nada, no tenemos ninguna seguridad todavía de qué va a pasar”.

Al ser consultada respecto de las primeras medidas que está tomando el gobierno de Javier Milei y a la espera del envío al Parlamento de “Ley Ómnibus”, la santafecina aseguró: “Para poder dar una opinión me gustaría esperar la llegada de la ‘Ley ómnibus’ o lo proyectos que se mencionan. Hay que esperar ver el funcionamiento de todo porque es pronto para dar una opinión y uno quiere apoyar a la persona que fue elegida por la gente. Estamos esperando cómo se da todo”.

“Con respecto a reducir funcionarios, al tema de bajar la pauta oficial obviamente son señales porque quizás no implica la reducción de déficit que uno necesita, pero son señales de que quieren hacer un gobierno austero que es lo que corresponde en un momento tan duro para el país”, expresó sobre el anuncio de este martes de la quita de pauta a medios de comunicación.

Por otro lado, avizoró la actividad legislativa dentro de la Cámara baja: “Creo que va a ser una cámara que va a tener muchas más discusiones de las que tuvo en los primeros dos años al estar más distribuido el poder, al ser un oficialismo que no tiene tantos diputados creo que va a primar el diálogo y eso es importante”.

“Hay muchos proyectos para tratar. Creo que va a tener mucho que ver la forma en que se plantean como por ejemplo la reforma laboral, tributaria hay mucho de baja de gastos que tenemos que ver y cuáles son las propuestas del Ejecutivo”, manifestó.

En su carácter de contadora pública se refirió al Presupuesto 2024, proyecto que ingresó al Congreso el pasado 15 de agosto y que solo tuvo tratamiento la separata del mismo en una sola reunión informativa que tuvo lugar el 25 de octubre: “Hay distintos rumores, no sabemos, no tenemos ninguna seguridad todavía, algunos dicen que van a reconducir el anterior, otros dicen que van a mandar un Presupuesto nuevo, así que estamos esperándolo”. Cabe recordar que el diputado nacional Carlos D’Alessandro (LLA) anticipó que prorrogarán el Presupuesto 2023.

“Estamos esperando esta Ley ómnibus. Hay algunos proyectos que estamos trabajando, pero le vamos a dar prioridad a esto porque tiene que ser algo factible y posible de que salga, así que esperando a ver qué sucede. Siempre viendo también qué pasa en Santa Fe, tenemos presentando ya y nos gustaría que se tome en cuenta el pedido de seguridad y emergencia para la provincia, pero también esperando a la ministra respecto de qué camino van a tomar. En el corto plazo es apoyo y tratar de construir algo bueno para el futuro”, planteó.

Por otro lado, Figueroa Casas respaldó la medida que tomó el gobernador de su provincia, Maximiliano Pullaro, de eliminar la repitencia en las escuelas: “Es una buena medida porque hay que priorizar la educación empezar a prestar atención y muchas veces cuando el chico sigue pasando y pasando se pierde el control de quién le está yendo bien y a quién le va mal porque hay chicos que llegan a la universidad sin tener una buena comprensión de texto y otros que no terminan el colegio y esto tiene mucho que ver con el aprendizaje y esperemos que sea una prioridad”.

Celeste y blanco. Banderas argentinas y algunas amarillas que flameaban al canto de “Viva la Libertad” en los alrededores en la Plaza de los Dos Congresos. Así se congregó una multitud a la espera de escuchar el primer discurso como presidente de la Nación de Javier Milei.

En un escenario montado en la explanada del Parlamento, donde fueron ubicados a sus costados los dignatarios extranjeros que vinieron a presenciar su asunción, el presidente electo inició su discurso cerca de las 12.20 del mediodía de este domingo. “Hola a todos”, fueron las primeras palabras de Milei que despertó la euforia de su público.

“Señores ministros de la Corte. Señores gobernadores. Señores diputados y senadores nacionales. Presidentes y mandatarios extranjeros. Argentinos. Hoy comienza una nueva era en la Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país”, arrancó su disertación.

Así, destacó que “los argentinos, de manera contundente, han expresado la voluntad de cambio que ya no tiene retorno. No hay vuelta atrás”, y resaltó: “Hoy enterramos décadas de fracasos, peleas intestinas y disputas sin sentido. Peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina. Hoy comienza una nueva era en la Argentina, una era de paz y prosperidad. Una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso”.

Recorrido histórico

Milei contó que “hace 200 años un grupo de ciudadanos argentinos reunidos en San Miguel de Tucumán le dijeron al mundo que las provincias unidas del Río de La Plata no eran más una colonia española y que a partir de ese histórico momento seríamos una Nación libre y soberana. Durante décadas nos enfrentamos en disputas internas acerca de cuál tendría que ser la forma institucional que nuestro país necesitaba”.

“En 1853, luego de 40 años de haber declarado la independencia, bajo el auspicio de un grupo de jóvenes idealistas que hoy conocemos como la generación del 37’ decidimos como pueblo abrazar las ideas de la libertad”, relató y sumó: “Así, se sancionó una Constitución liberal con el objetivo de asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

En esa línea, el presidente señaló que “lo que vino después de la sanción de esa Constitución de fuerte arraigo liberal fue la expansión económica más impresionante de nuestra historia. De ser un país de bárbaros enfrascados en una guerra sin cuartel pasamos a ser la primera potencia mundial. Para principios del siglo XX éramos el faro de luz de Occidente. Nuestras costas recibían con brazos abiertos a millones de inmigrantes que se escapaban de una Europa devastada en búsqueda de un horizonte de progreso. Lamentablemente, luego de nuestra dirigencia de modelo que nos había hecho rico, se abrazaron las ideas empobrecedoras del colectivismo”.

En contraste, cuestionó que “durante más de 100 años los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos”.

“Un modelo que considera que la tarea de un político es dirigir la vida de los individuos en todos los ámbitos y esferas posibles. Un modelo que considera al Estado como un botín de guerra que hay que repartir entre los amigos. Señores, ese modelo ha fracasado en todo el mundo, pero en especial en nuestro país”, enfatizó y comparó: “Así como la caída del Muro de Berlín marcó el fin de una época trágica para el mundo, estas elecciones han marcado el cuento de quiebre de nuestra historia”, mientras los espectadores comenzaron a gritar “libertad, libertad”.

La herencia kirchnerista

En otro pasaje de su discurso, Milei hizo hincapié en “la herencia que vamos a recibir”, y apuntó: “Dejen que sea muy claro en esto: ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros”.

Así, criticó: “El kirchnerismo que en sus inicios se jactaba de tener superávits gemelos, esto es superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficits gemelos por 17% del PBI. A su vez, de esos 17 puntos, 15 puntos corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro Nacional y el Banco Central”.

“Por lo tanto, no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal. Al mismo tiempo, de esos 15 puntos de déficit fiscal 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al BCRA por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI que, a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado”, advirtió el economista.

Milei explicó que “es necesario limpiar los pasivos remunerados del BCRA los cuales son los responsables de los 10 puntos de déficit del mismo, de esta manera se pondría fin a la emisión de dinero y con ello a la única causa de la inflación empíricamente cierta y válida en términos teóricos”.

“Sin embargo, dado que la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 a 24 meses aun cuando hoy dejemos de emitir dinero, seguiremos pagando los costos del desmadre monetario del gobierno saliente. Haber emitido por 20 puntos del PBI como se hizo en el gobierno saliente no es gratis, lo vamos a pagar en inflación”, señaló.

Otra de las herencias que mencionó fue la el cepo cambiario que “no solo constituye una pesadilla social y productiva porque implica altas tasas de interés, bajo nivel de actividad, escaso nivel de empleo formal y salarios reales miserables que impulsan el aumento de pobres e indigentes, sino que además el sobrante de dinero de la economía hoy es el doble que había en la previa del Rodrigazo”.

“Para tener una idea de lo que eso implica, recordemos que el Rodrigazo multiplicó por seis veces la tasa de inflación por lo que un evento similar significaría multiplicar la tasa de inflación por doce veces y dado que la misma viene viajando a un ritmo del 300% podríamos pasar a una tasa anual del 3.600”, ejemplificó Milei.

“A su vez… tranquilos que no termina acá, la herencia sigue”, dijo en una breve advertencia y siguió: “Dada la situación de los pasivos remunerados del BCRA la cual es peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Raúl Alfonsín en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual. Esta es la herencia que nos dejan, una inflación plantada del 15 mil por ciento anual la cual vamos a luchar con uñas y dientes para poder erradicarla”.

El jefe de Estado alertó que “este número, que parece un disparate, quiero que sepan que implica una inflación del 52% mensual, mientras que hoy mismo ya viaja a un ritmo de acuerdo a estimaciones privadas que oscilan entre el 20 y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero”.

“Esto es el gobierno saliente. Nos ha dejado plantada una hiperinflación y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 70% y la indigencia por encima del 50%. En consecuencia, no hay solución alternativa al ajuste”, señaló.

También contó que “la herencia no termina ahí, ya que los desequilibrios en tarifas solo es equiparable al desastre que nos dejó el kirchnerismo en el año 2015. En el plano cambiario, la brecha oscila entre el 150 y 200% niveles similares a los que teníamos en el Rodrigazo”.

“A su vez, la deuda con importadores supera los 30 mil millones de dólares y las sutilidades retenidas a las empresas extranjeras alcanzan los 10 mil millones de dólares”, agregó.

Además, comentó que la deuda del BCRA y de YPF suman 25 mil millones de dólares y la deuda del Tesoro pendiente suma unos 35 mil millones de dólares adicionales. “Esto es la bomba en términos de deuda asciende a 100 mil millones de dólares que habrá que sumar a los cerca de los 420 mil millones de dólares de deuda ya existente, naturalmente a estos problemas hay que sumarle también los vencimientos de deuda de este año, donde los vencimientos de deudas en pesos son equivalentes a 90 mil millones de dólares y 25 mil millones de dólares en moneda extranjera con organismos multilaterales de crédito”, contabilizó.

“Sin embargo, con mercados financieros cerrados y el acuerdo con el FMI caído por los brutales incumplimientos del gobierno saliente, el Roll Over de deuda es por más desafiante aún para el mítico cíclope”, alertó.

Milei reiteró que “no-hay-plata”

El economista planteó que “todo esto transcurre en una economía que no crece desde el año 2011 y en línea con lo anterior, el empleo formal en el sector privado se mantiene estancado en 6 millones de puestos de trabajo llegando a la locura de que el mismo fue superado en un 33% por el empleo informal”.

“Por eso, no debería sorprender a nadie que los salarios reales se hayan destruido ubicado en torno a los 300 dólares mensuales los cuales, no solo son 6 veces inferiores a los de la convertibilidad, sino que, de haberse mantenido la tendencia de aquellos años, o como lo decían ellos ‘el maldito neoliberalismo’ hoy oscilarían entre 3 mil y 3500 dólares por mes”, comparó y apuntó: “Nos han arruinado la vida, nos han hecho caer por 10 veces nuestros salarios”.

A su vez, sostuvo: “Tampoco nos deberíamos sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes”, y aclaró que “luego de dicho cuadro de situación que, a todas luces, parece irremontable debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste”.

“Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo porque todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras todos los programas de shock, salvo el del 59’, fueron exitosos”, proclamó el mandatario.

En ese sentido indicó que “si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de la Argentina, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal, haciendo que el mismo sea recesivo”.

Milei manifestó que “para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y lamentablemente tengo que decírselo de nuevo: no-hay-plata”. Por ende, continuó: “La conclusión es que no hay alterativa al ajuste, y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes”.

Anticipó entonces que “habrá estanflación, es cierto; pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. El PBI per cápita ha caído el 15% en un contexto donde acumulamos 5000% de inflación. Hace una década que vivimos en estanflación, por lo tanto, este es el último mal trago para iniciar la reconstrucción de Argentina”.

Antes tantas pálidas, Milei dijo esperanzado que “luego del reacomodamiento macro que vamos a impulsar, el cual será menos doloroso cuando mayor sea la caída del riesgo país y cuando mayor sea nuestra contención desde el Ministerio de Capital Humano la situación comenzará a mejorar. Esto es: habrá luz al final del camino”.

“En el caso alternativo, la propuesta sensiblera progresista cuya única fuente de financiamiento es la emisión de dinero derivará en una hiperinflación que llevará al país a la peor crisis de su historia sumado a que nos meterán en una espiral de decadencia que nos equiparará con la oscuridad de la Venezuela de Chávez y Maduro”, afirmó el economista.

Y reiteró: “Luego de semejante cuadro de situación no pueden quedar dudas que la única opción posible es el ajuste ordenado que caiga sobre toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado”.

“Sabemos que será duro, por eso quiero traerles una frase sobresaliente de uno de los mejores presidentes de la historia argentina que fue Julio Argentino Roca ‘nada grande, nada estable y duradero se conquista en el mundo cuando se trata de la libertad de los hombres y del engrandecimiento de los pueblos, sino es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios’”, expresó.

Inseguridad, pobreza, educación y salud

Por otro lado, durante su discurso planteó que sus “desafíos no terminan solamente en el plano económico”, ya que “el nivel de deterioro de nuestro país es tal, que abarca todas las esferas de la vida en comunidad”.

En materia de seguridad, consideró que la Argentina “se ha convertido en un baño de sangre. Los delincuentes caminan libres, mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas”, donde el narcotráfico “se apoderó lentamente de nuestras calles, a punto tal, que una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia”.

“Nuestras fuerzas de seguridad han sido humilladas y mal ternadas durante décadas, han sido abandonadas por una clase política que les ha dado la espalda a quienes nos cuidan. La anomia es tal que solo el 3% de los delitos son condenados”, criticó Milei y adelantó que “se acabó con el ‘siga, siga’ de los delincuentes”.

En materia social, contó que está recibiendo un país “donde la mitad de la población es pobre, con el tejido social completamente roto. Más de 20 millones de argentinos no puede vivir de una vida digna porque son presos de un sistema que lo único que genera es más pobreza. ‘Los planes contra la pobreza generan más pobreza’. La única forma de salir de la pobreza es con más libertad. Al mismo tiempo 6 millones de chicos hoy a la noche se irán a dormir con hambre, que caminan descalzos por la calle y otros que cayeron en la droga”.

Así, consideró que “lo mismo ocurre en materia educativa”, y detalló: “Para que tengan idea del deterioro que vivimos solo el 10% de nuestros chicos se reciben en tiempo y forma en nuestra escuela, solo el 16%, solo el 16 de cada 100”.

“El 84% no la terminan en tiempo y forma, y el 70% de los que terminan no puede resolver un problema de matemáticas básica o comprender un texto. De hecho, en las últimas evaluaciones PISA la Argentina se encuentra en el puesto 66 de 81 y séptima de América Latina, cuando supimos ser el primer país que terminó con el analfabetismo en el mundo”, precisó e ironizó indignado: “Si se levantara Sarmiento y viera lo que hicieron con la educación”.

Por último, se refirió al área de salud con un “sistema que se encuentra completamente colapsado. Los hospitales están destruidos, los médicos cobran miseria y los argentinos no tienen acceso a salud básica”. En ese sentido, se refirió a la pandemia y consideró que “si los argentinos hubiéramos hecho las cosas como la media de los países del mundo hubiéramos tenido 30 mil muertos, pero gracias al ‘Estado te cuida’ y su ineficiencia 130 mil argentinos perdieron la vida”.

El nuevo contrato social

“Ese es el Estado presente del que los políticos tanto hablan. Argumento que utilizan para justificar el aumento descomunal del gasto público que solo los beneficia a ellos. En todas las esferas, miren donde miren, la situación del país es de emergencia”, enrostró Milei.

Además, planteó: “Si miramos la infraestructura de nuestro país la situación es la misma. Solo el 16% de nuestras rutas se encuentran asfaltadas y solo el 11% se encuentra en buen estado. No es casualidad que mueran cerca de 15 mil argentinos por año en accidentes de tránsito”.

“Lo que quiero graficar con esto es que la situación del país es crítica y de emergencia. No tenemos alternativas y tampoco tenemos tiempo. No tenemos márgenes para discusiones estériles, nuestro país necesita de acción inmediata”, resaltó y apuntó: “La clase política deja a un país al borde de la crisis más profunda de nuestra historia y cada uno de ellos tendrá que hacerse cargo de su responsabilidad, no es tarea mía señalarlos”.

En tanto, aclaró: “No buscamos y deseamos las duras decisiones que habrá que tomar las próximas semanas, pero lamentablemente no nos han dejado opción. Nuestro compromiso con los argentinos es inalterable”, y anticipó: “Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política. Aún cuando al principio sea duro, sabemos que en el corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible del tiempo”.

“También sabemos que no todo está perdido, los desafíos que tenemos son enormes, pero también lo es nuestra capacidad para superarlos, no va a ser fácil porque 100 años de fracasos no se deshacen en un día, pero un día empieza y hoy es ese día”, insistió.

El presidente, destacó: “Hoy empezamos a desandar el camino de la decadencia y comenzamos a transitar el camino de la prosperidad. Tenemos todo para ser el país que siempre soñamos. Tenemos los recursos, tenemos la gente, tenemos la creatividad y mucho más importante tenemos la resiliencia para salir adelante”.

“Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, esas ideas que se resumen en la definición de liberalismo de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad el profesor Alberto Venegas Lynch hijo que dice ‘el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social’. En esa frase de 57 palabras está resumida la esencia del nuevo contrato social que eligieron los argentinos”, subrayó.

Milei sostuvo que “este nuevo contrato social nos propone un país distinto, donde el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos”, y dejó duras advertencias a los piqueteros: “Un país en el que las hace, las paga. Un país en el que quien corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la sociedad, el que corta, no cobra. Un país que dentro de la ley permite todo, pero fuera de la ley no permite nada. Un país que contiene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar por aquellos que utilizan a los que menos tienen para enriquecerse a ellos mismos”.

El mensaje a la dirigencia política

En el tramo final de su discurso, el jefe de Estado se dirigió a la clase política argentina: “Quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie, no venimos a saldar viejas vendettas, ni a discutir espacios de poder”.

“Nuestro proyecto no es un proyecto de poder, nuestro proyecto es un proyecto de país -aseguró-. No pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos”, expresó.

Milei anunció a continuación: “A todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos”. Y proclamó: “No importa de donde vengan, qué hayan hecho antes… Lo único que importa es hacia dónde quieren ir”.

Sobre el final advirtió que “aquellos que quieren utilizar la violencia y la extorsión, para obstaculizar el cambio, les decimos que se van a encontrar con un presidente de convicciones inamovibles, que utilizaré todos los resortes del Estado para avanzar en los cambios que nuestro país necesita”.

“No vamos a claudicar, no vamos a retroceder, no nos vamos a rendir… Vamos a avanzar con los cambios que el país necesita, porque estamos seguros que abrazar las ideas de la libertad es la única manera en la que podremos salir del pozo en el que nos han metido”, remarcó el flamante mandatario

Así, resaltó: “Hoy comienza una nueva era en Argentina, el desafío que tenemos es titánico, pero la verdadera fortaleza de un pueblo se mide cómo enfrentan los desafíos cuando se presenta y cada vez que creemos que nuestra capacidad para superar esos desafíos ha sido alcanzada miramos al cielo y recordamos que esa capacidad bien podría se ilimitada. el desafío es enorme, pero lo enfrentaremos con convicción, trabajaremos sin descanso y llegaremos a destino”.

A su vez, sostuvo que “no es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de la luz, ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad, la guerra de los macabeos es el símbolo del triunfo de los débiles por sobre los poderosos, de los pocos por sobre los muchos, de la luz por sobre la oscuridad, y sobre todas las cosas de la verdad por sobre la mentira, porque saben que prefiero decirles una verdad incómoda, antes que una mentira confortable. Estoy convencido que vamos a salir adelante”.

Por último, recordó que cuando ingresó al Congreso junto a su compañera presidencial, Victoria Villarruel, le dijeron “ustedes son dos sobre 257, no van a poder hacer nada”, por lo que destacó: “La victoria de las batallas no viene de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas del cielo. Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en ese desafío. Será difícil, pero lo vamos a lograr”, cerró al exclamar tres veces: “¡Viva la Libertad, carajo!”.

Tras un emotivo homenaje al fallecido senador Matías Rodríguez, la Cámara alta procedió a cumplir con la formalidad de tomar juramento a los legisladores electos en las elecciones generales que asumirán el 10 de diciembre, renovando así un tercio de sus integrantes y también a quienes reemplazarán y completarán el mandato de los senadores que asumirán otros cargos.

Ausente la titular del Cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, por estar a cargo del Ejecutivo, y con su futura reemplazante observando desde el palco con un blazer rojo, Victoria Villarruel, la sesión preparatoria se inició a las 15.30 y estuvo presidida por la presidenta provisional Claudia Ledesma Abdala de Zamora quien estuvo a cargo de tomarle juramento a los 24 nuevos senadores: 11 de Unión por la Patria, 2 de JxC, 7 de La Libertad Avanza y 4 de los oficialismos provinciales; y a los seis reemplazos.

El secretario Parlamentario, Marcelo Jorge Fuentes, procedió a dar lectura a las renuncias de los senadores Ignacio “Nacho” Torres que asumirá como gobernador de la provincia de Chubut, el tucumano oficialista Pablo Yedlin que asumirá como diputado nacional, el santafecino Dionisio Scarpin (UCR) quien fue electo diputado provincial, el mendocino Alfredo Cornejo (UCR) que fue electo gobernador y el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Rio Negro) que también será mandatario provincial, las cuales fueron aprobadas por el cuerpo.

En una breve interrupción, el jefe del bloque oficialista José Mayans, hizo una aclaración previa a las juras: “Como esta es la sesión preparatoria y estamos hablando de renuncias de senadores que aún están en funciones, que se tenga en cuenta que solamente votan los que están en funciones”. El secretario Fuentes le agradeció el “recordatorio”, y procedió a dar lectura de todos los senadores consagrados en octubre, titulares y suplentes.

Luego volvió a hacer uso de la palabra Mayans, quien dejó constancia de la ausencia de impugnaciones y objeciones para todos los senadores consagrados, tras lo cual se votó la aprobación del despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y se inició la jura de los legisladores, comenzando por la vacante por el fallecimiento del senador Rodríguez, luego las suplencias y por último con los títulos correspondientes a la renovación del cuerpo por orden alfabético por provincias.

Desde los palcos miraban los gobernadores Axel Kicillof y Ricardo Quintela.

La jura de los reemplazos

Así, la primera en jurar ante la titular del Cuerpo fue la oficialista Cándida Cristina López -quien completará el mandato del fueguino- y lo hizo por “la patria, por Malvinas, por Tierra del Fuego y por los 30 mil desaparecidos”. Luego fue el turno de la chubutense Andrea Marcela Cristina que terminará el mandato de Torres.

A continuación, fue el turno del mendocino Rodolfo Suárez que terminará el mandato de Cornejo, quien lo acompañó junto a su familia en la jura. También juró Mónica Esther Silva la rionegrina que será la suplencia de Weretilneck.

Por la provincia de Santa Fe y en lugar de Scarpin juró Eduardo Horacio Galaretto y, por último, juró el exjefe de Gabinete Juan Manzur que asumirá para completar el mandato de Yedlin.

Los senadores electos juraron

Por la provincia de Buenos Aires el primero en jurar fue el senador Maximiliano Abad (JxC), seguido de Eduardo “Wado” De Pedro (UP) quien se llevó un fuerte aplauso del recinto, de la misma manera que Juliana Di Tullio que renueva su banca.

Por Formosa juraron María Teresa González y el jefe del bloque UP, José Mayans que lo hizo “por la gracia de Dios”. Ambos renovaron sus bancas. Por esa provincia también juró el liberal Francisco Paoltroni (LLA) quien será el futuro presidente provisional del Senado.

A continuación, fue el turno de los jujeños liberales Ezequiel Atauche -que fue elegido como presidente del bloque La Libertad Avanza- y Vilma Bedia. Por el UP renovó su banca Carolina Moisés.

Luego fue el turno de los riojanos de UP María Florencia López y Jesús Fernando Rejal. Por la misma provincia también lo hizo el liberal Juan Carlos Paggotto.

Por el Frente de la Concordia Misionero juraron Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. De esa misma provincia, pero para el bloque de JxC también juró Martín Göerling.

Los sanjuaninos fueron los siguientes, comenzado por María Celeste Giménez Navarro (UP) quien juró por “el pueblo sanjuanino, por Néstor y por Cristina y por los 30 mil compañeros detenidos y desaparecidos”. Siguió el liberal Bruno Antonio Olivera Lucero y cerró la jura por la provincia el exgobernador Sergio Uñac.

También juraron los puntanos Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta (ambos de LLA), y Fernando Salino (UP).

Las juras la cerraron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, ambos del FrentePor Santa Cruz referenciado en el nuevo gobernador de esa provincia, Claudio Vidal. La última fue la exgobernadora de esa provincia Alicia Kirchner quien juró por su hermano fallecido y expresidente de la Nación Néstor Kirchner y por “los derechos humanos y sociales, por los santacruceños”.

Finalizando la sesión, que se extendió más de una hora, se procedió a dar lectura y a aprobar las renuncias de las autoridades de la cámara en los cargos de secretarías, Marcelo Jorge Fuentes (Parlamentaria) y María Luz Alonso (Administrativa); Diego Emiliano Bermúdez al cargo de la Prosecretaría de Coordinación Operativa, Mariano Ramiro Cabral al cargo de la prosecretaría Administrativa y de Claudia Ledesma Abdala de Zamora a la Presidencia Provisional.

En ese marco, desde La Libertad Avanza adelantaron la intención de votar las nuevas autoridades la semana que viene.

El nuevo cuerpo estará conformado por UP- que se convertirá en la bancada opositora y primera minoría dentro de la cámara con 33 senadores, La Libertad Avanza tendrá 7, Unión Federal 3, Frente de la Concordia Misionero 2, Por Hacer Santa Cruz 2 y la monobloquista de JSRN. Habrá que ver si a Juntos por el Cambio se le contabilizan sus 24 representantes, o bien se los considera por bloques: 13 radicales, 7 del Pro y 4 de Cambio Federal. Lo más probable, si se considera lo que ha pasado en la Cámara baja.

La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, a cargo de la oficialista Vanesa Siley, llevó a cabo este miércoles la segunda reunión informativa para debatir la reducción de la jornada laboral, que tiene como base siete proyectos de ley, cinco de oficialistas, uno de la izquierda y el restante del socialismo, con el objeto de lograr los consensos necesarios para modernizar la ley 11.544 que lleva casi 100 años de vigencia regulando la jornada de trabajo en nuestro país.

El encuentro contó con la participación y disertación de representantes gremiales que respaldaron la iniciativa la hacer hincapié en la antigüedad de “más de 100 años” de la normativa vigente. Por el contrario, del sector empresarial, académicos y abogados criticaron los proyectos, señalaron que no hay evidencia técnica que demuestre que “reducir las horas de trabajo implica mayor productividad”, y plantearon que “no es el momento adecuado del país” para lleva adelante esta propuesta.

Al inicio, Siley sostuvo que el tema “ha generado en la vida social repercusión y gran debate”, y recordó que en la reunión anterior asistieron nueve expositores, entre ellos la ministra de Trabajo Kelly Olmos. También informó que se contactaron desde la OIT (Organización Internacional del Trabajo) quienes manifestaron sus ganas de poder asistir, pero aclaró que “quedará para las próximas reuniones informativas porque requiere de todo un tiempo de preparación”.

Así, la titular de la comisión enumeró algunos puntos que surgieron del debate anterior para poder incorporarlos al dictamen futuro, tales como la desconexión digital por una necesidad de “programación progresiva”, y la discusión de las diferentes realidades laborales del país para que “puedan ser contempladas”.

También confirmó una tercera reunión en dos semanas, debido a que la que va del 9 al 12 (porque es fin de semana largo) habrá sesión de la cámara.

La palabra de funcionarios y gremialistas

Héctor Daer, secretario General de la CGT (Confederación General del Trabajo) despojó la iniciativa de una cuestión electoral al recordar que su sindicato en el 1ro de mayo anunció que “este año íbamos a trabajar la reducción de la jornada laboral”. “No es bueno que se pongan cuestiones terminantes de ‘esto es imposible’, ‘esto no se puede hacer’”, indicó y mostró datos de un estudio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) donde México tiene 48 horas laborales que “tramita la reducción”, Chile 45 horas “que ya la redujo posterior a esto”, y los demás están en 40 horas como Francia.

“Argentina aún tiene 48 horas y eso nos tiene que hacer pensar que estamos fuera del mapa”, señaló y se refirió a la falta de igualdad entre el hombre y la mujer al explicar que “cuando se habla del tiempo de trabajo es la mayor cantidad de tiempo de su vida activa que realiza. Todos pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa con la familia porque, no solo tenemos la jornada laboral sino también horas de viaje. Esto también cambió con el tiempo hace 100 años la cercanía al trabajo era mucho mayor que ahora y esto se modificó en los últimos 40 años”.

Daer consideró que “es fundamental discutir también la distribución de la jornada sobre cómo adecuarlo que tiene que ir por la vía de los convenios colectivos. Hay que establecer una jornada mínima, plazos para que se articule en los convenios y estoy de acuerdo en que hay que profundizar el debate”.

“Cuando hablamos de productividad empecemos a desagregar quién a lo largo del tiempo se llevó las ganancias y por ahí vamos a entender el camino que estamos buscando, que no hay que acelerar ni condicionar porque si no, no sale más esta ley. Tenemos que pensar en que Argentina tiene que dar un paso fundamental en la reducción de hora”, concluyó.

En su intervención, Estela Díaz, ministra de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, consideró que el debate sobre licencias parentales -al cual también asistió- está relacionado con la reducción de la jornada laboral algo que “es fundamental”.

“Era hora que empecemos a debatir una jornada laboral que se definió hace 100 años, mismo con las licencias que es algo que se definió hace décadas y es necesario plantearlo”, indicó y asimiló: “Debemos pensar la jornada laboral en torno a la relación entre el trabajo productivo, remunerado y el trabajo reproductivo y de cuidados, por eso los relaciono a ambos temas”.

Díaz planteó que cuando se habla de jornada laboral: “Tenemos que tener en consideración la enorme heterogeneidad del mundo del trabajo cuando debatimos el tema y hay que ser precisos en relación a todas las características que esta ley tenga”, y señaló que “cuando debatimos el trabajo también tenemos que tener en consideración las diferentes formas que tenemos varones y mujeres en el trabajo”.

“Cuando hablamos de jornada laboral hablamos del trabajo productivo, pero también tenemos que pensar en las horas de trabajo de cuidado”, reiteró. Así, comentó que un informe de Brechas de Género Laborales de Ingresos de 2023 elaborado por Hacienda bonaerense da un impacto donde “las mujeres promedio trabajamos mucho menos en el primer trimestre que varía según las edades”.

En tanto, detalló que “los varones en promedio trabajan 40 horas, pero sabemos que hay subocupaciones, aunque las mujeres trabajan 28 horas y hay brechas horarias en el trabajo formal muy significativas. Cuando hay sobreocupación las realizan los varones y eso hace a las brechas de ingresos, a la feminización de la pobreza y el tiempo de trabajo no remunerado”. Asimismo, precisó que las mujeres en promedio trabajan 6 horas y media en un trabajo no remunerado, que es el 75%, en cambio los varones la mitad.

“Cuando pensamos en la reducción de la jornada laboral, nos parece que es una clave en relación a cómo interactúa con la corresponsabilidad entre trabajo y familia”, consideró y analizó: “Vamos a un núcleo de desigualdad estructural de ingresos que hace al 27% promedio menor de los ingresos de las mujeres”, por lo que sugirió que la “reducción de la jornada mirando estas consideraciones es un factor que va a contribuir en el camino con otras medidas como la reducción de las brecas laborales y la división sexual en el trabajo y avanzar en una transformación cultural”.

A su turno, el exdiputado nacional y abogado laborista, Héctor Recalde, no coincidió con la postura que manifestaron desde la UIA y, por el contrario, destacó: “Volver a una limitación de la jornada como se está proponiendo después de casi 100 años, ¿vamos a esperar al 2029? felicito la iniciativa porque lo intentamos varias veces que se lleve a la práctica y seguimos con una legislación antigua que no comparece con la realidad”.

“No es cierto que no está probado que la reducción de la jornada aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo. Si aumenta la producción a los empresarios les tiene que interesar”, contradijo y agregó: “Reducir los accidentes laborales también reduce los costos del trabajo”.

En ese sentido, sostuvo que “no se justifica que sigan existiendo las aseguradoras de trabajo que son entidades de lucro”. “Seamos modernos, entonces salgamos de una ley que tiene casi 100 años”, pidió y mencionó que hay muchas actividades que ya cuentan con una reducción de horas.

En sintonía con las declaraciones de Díaz, manifestó que “es difícil alcanzar una igualdad por cuestiones sociales y culturales, es una utopía llegar a esa igualdad, pero vamos escalonando para llegar a esa igualdad”. “No entiendo que hoy en día se niegue a trabajar un poco menos, si el derecho laboral no creo ni destruye empleo, lo que hace es regular las jornadas, la economía es la que genera empleo. Probemos esta decisión por unos meses a ver si da resultados, si estuvimos 6 años con este sistema, porque para nosotros si aumenta la productividad”, cerró.

Claudio Dellecarbonara, trabajador del subte, miembro del Secretariado Ejecutivo de Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), cuestionó que en algunas exposiciones se plantea la reducción laboral con la productividad “o sea las con las ganancias de las empresas y capitalistas, de eso se trata cuando se habla de productividad del trabajo. Es la plusvalía que se les extrae a los trabajadores, el trabajo no remunerado que las empresas se llevan del trabajo que hacemos, de eso se trata”.

“Se trata de los trabajadores que en sus lugares de trabajo tienen que soportar pésimas condiciones laborales que no tiene seguridad que les garantice su propia vida, esa ganancia no solo está basada en el robo legalizado, sino también en la sangre de los trabajadores”, denunció.

Para Dellecarbonara el planteo “no se puede hacer si a la empresa, al empresario o al capitalista la reducción de la jornada le va a significar una pérdida de sus ganancias o una baja en la productividad laboral o no. A los trabajadores nos tiene que tener sin cuidado porque se ha dicho que en las últimas décadas ha habido un aumento exponencial de la productividad enorme y eso significa que los trabajadores somos más pobres, trabajando lo mismo o más”.

“Tenemos la necesidad de recuperar algo que ya nos han quitado”, expresó y criticó a “las empresas y a los bloques que los defienden los intereses de los patrones plantean todo como costos laborales. Son horas del trabajador sin ver a la familia, sin poder estudiar, sin poder tener ocio, algo que si se dan el lujo los empresarios. Ellos tienen el derecho a navegar, a andar en caballo”.

Al igual que los expositores preopinantes, reiteró: “Son los mismos que nos dicen que no podemos discutir una reducción de la jornada que tiene más de 100 años en el país”, y lo comparó con “la lucha” de los trabajadores del subte. Propuso una reducción laboral de 30 horas semanales sin afectación del salario que sea equivalente a la canasta básica, para “la creación de puestos de trabajo genuino ante un ajuste que sufrimos hace años de distintos gobiernos”. En tanto, invitó a los representantes gremiales a que cada uno baje la discusión en su sector para “imponerlo y lograr un avance”.

En su presentación, Sebastián Etchemendy, profesor investigador asociado de la Universidad Torcuato di Tella (UTDT) e investigador principal de FUNDAR, celebró esta iniciativa de reforma y cuestionó que cuando se habla de reformas “ciertos sectores de centroderecha piensan en ir para atrás para preservar el statu quo. Esta es una reforma inclusiva”.

“Es una tendencia mundial, no es un capricho es algo que pasa en el mundo. El impacto de la reforma es en el bienestar del trabajador y de forma distributiva son centrales, no sé si tiene tanto impacto en la formación de trabajo. Incentiva al empresario a buscar rentabilidad no vía la intensificación del trabajo, sino de otra manera como afectando la organización del trabajo o aplicando tecnología. Solo afecta a los trabajadores sobre ocupados, no a todos, no es algo general”, precisó y cerró: “Esto no va a afectar al trabajador informal”.

Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y secretario general de FATICA, insistió en que es una ley que tiene casi 100 años y que en el mundo se discute y se debate la reducción de la jornada laboral y en algunos países ya la han implementado que “generaron condiciones favorables a los trabajadores”.

Sostuvo que los datos que se dieron de las jornadas semanales en Latinoamérica son “incorrectos” porque “la jornada laboral más extensa la tenemos acá en Argentina con el máximo permitido que son 48 horas semanales y la anual superan la de los países industrializados”.

Entre los beneficios destacó la “recomposición salarial, la salud y la calidad de vida, disminución de la ART para las empresas, redistribución de los cuidados de forma equitativa y equilibrada domésticos, tendrían más tiempo disponible, aumento de la productividad, reducción de combustión y de energía, circulación de personal, creación de puestos de trabajo, entre otras”.

“La jornada reducida existe en el marco de la realidad y existe hace muchos años porque existe la solidaridad de los trabajadores entre sí a través de las organizaciones laborales”, cerró.

En su alocución, Mario “Paco” Manrique, secretario Gremial de la CGT y adjunto del SMATA, destacó la autocrítica del sector empresarial cuando “expone que no pueden tratar esta ley porque tenemos trabajadores en negro, la informalidad, el monotributo, la precarización del trabajo”.

“Quieren poner arriba de la mesa argumentaciones que carecen de una realidad efectiva. Muchos dicen que no es el momento de tratar la ley, pero si estuviéramos hablando de achuicar derechos estaríamos al revés porque los empresarios estarían justificando por qué sí y nosotros los sindicalistas explicando el no. Se trata de mejorarles la calidad de vida a las personas y darle una mejor calidad integral a la sociedad”, criticó.

En esa línea, remarcó que la reducción de la jornada no debe ir en sintonía con una reducción salarial porque “estamos manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores y, en cierta medida, se lo aumentamos”. Así, aclaró que “no son medidas electorales, son los momentos que vive el país y lo necesita y dar pasos hacia adelante en la creación de condiciones para dar empleo a millones de argentinos que hoy no tienen la posibilidad”.

“Hay cosas por revisar, lo sabemos porque una legislación de esta naturaleza amerita que se vea todo completo. Disiento con algunos de mis compañeros respecto de la productividad que se logra con organizar el trabajo y la tecnología, y debemos estar preparados porque vamos a tener un año de crecimiento y la economía se va a potencia gobierne quien gobierne y tienen que estar las herramientas dadas para que ese crecimiento se deuda rápidamente distribuir y que saquen de la informalidad a millones de ciudadanos”, expresó y finalizó: “Tenemos que mirar para adelante”.

La visión cordobesa

El vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Uribarren, afirmó que van a colaborar “en las iniciativas que generen mas trabajo, despejen las trabas que existen”, pero cuestionó que la discusión sobre la reducción de la jornada “es inoportuna en este contexto de crisis inflacionaria y retracción de la actividad económica”.

“Debe darse en un marco de consenso, sin presiones ni contexto electoral. No podemos discutir esto sin antes pensar en condiciones de base como el acceso al trabajo, un problema estructural de ahora”, enfatizó y enumeró: “La política económica sin control como inflación, gasto público, política de cambio, la perspectiva de trabajo es hacia la retracción de la actividad”.

Respecto de la informalidad, sostuvo que “no es ético discutir jornada laboral cuando el 40% de los trabajadores son informales según INDEC con un índice de ocupación que esconde formas de trabajo informal como el monotributo, familiar no remunerativo. Además, 3,6 millones de trabajadores asalariados no poseen descuentos jubilatorios”.

“Hay que enfocarse primero en reducir la informalidad en vez de la jornada laboral. Argentina es en el cono sur el país con menos creación de empresas por cantidad de habitantes seguido de Venezuela, por ende, si no hay oferta de empleo no se supera la demanda”, detalló y remarcó que el empleo de baja calidad, informal y público “nunca puede ser la oferta en un país que quiere crecer”.

Según Uribarren en los últimos 6 años se incorporaron al mercado 3,2 millones de personas, solo el 10,8% son asalariados formales, el 47% son cuentapropistas y el 41% son asalariados no registrados. “El empleo crece en el monotributo y la informalidad donde no hay reducción de la jornada. No hay eficiencia de la formación”, cerró. También disertó Alejandro Manzanares, del Colegio de Abogados de Córdoba.

“Menos horas no implica más productividad”

En contraposición al proyecto, Juan José Etala, de la Unión Industrial Argentina, ratificó la exposición del vicepresidente de la entidad Julio Cordero la semana pasada, señaló que “no es adecuado el momento en el que se ha decidido avanzar en este complejo tema”.

“En la actualidad el país atraviesa una innegable crisis económica y con casi el 40% del empleo informal. Por ende, no parece que en este difícil escenario se pueda hablar de reducción de jornada y mucho menos sin las debidas consultas, análisis técnicos y económicos necesarios”, planteó.

En esa línea, advirtió que esa reforma “solo aumenta la presión sobre el sector formal y no consideran a los trabajadores no registrados”, al tiempo que indicó que “el foco debería estar en hacer los máximos esfuerzos en formalizar el empleo”.

“Una discusión de esta naturaleza debe hacerse con una estructura socioeconómicas estables y previamente deben estabilizarse las condiciones macroeconómicas y reducir el empleo informal”, ratificó y expresó: “Nos cuesta entender cómo un tema de esta magnitud y trascendencia en materia laboral, relaciones y costos no haya sido precedido de un efectivo diálogo social tripartito para discutir de manera adecuada y pormenorizadamente todas las alternativas y efectos que la norma implica”.

Etala recordó que fue la OIT el que determinó la jornada laboral de 8 horas y 48 semanales, por lo que consideró que “un tema de esta magnitud hubiera requerido necesariamente otro tipo de tratamiento tripartito que no puede ser comparencia de sectores empresariales al Congreso, es algo que se tiene que tratar de forma macro y con diálogo social”.

A su vez, cuestionó que algunos proyectos “están pensados para el marco de la pandemia que hoy ya no existen y otros analizan la necesidad de descanso que ya existen con las normas de limitación jornadas, y a la siniestralidad se la combate con el cumplimiento de las normas en materia de higiene y seguridad”. También afirmó que es “voluntarista de todo fundamento técnico” que la reducción de la jornada mejora la productividad.

“No se puede reducir genéricamente todas las jornadas de las diversas modalidades de trabajo. No es justificable reducir una jornada de seis horas porque es la adecuada, lo mismo sucede con los trabajos que requieren mayor tiempo de trabajo y diversidad de descanso. Bajar la jornada alegal manteniendo las remuneraciones implica un inédito aumento para la productividad porque al reducir la jornada de 8 a 6 horas debería incrementarse en un 36% y si la productividad no compensa el aumento de costos, necesariamente aumenta el costo de los productos”, explayó.

El empresario alertó que “en las actuales condiciones reducir la jornada laboral implica incrementar la informalidad y más inflación. Los países que lo jornada tiene una realidad distinta a la de Argentina, ya que la producción se encuentra estancada hace 10 años, la inflación es alta y no se generan empleos de calidad. La actividad privada contrata a 6 millones de trabajadores, por lo tanto, se crean empleos informales”.

“En este escenario reducir la jornada solo generará más inconvenientes y, no solo no se va a generar empleo, sino que va a generar más inflación. Suponer que reducir la jornada aumentará la contratación de empleados es una expresión de deseo”, advirtió y remarcó que “no se genera empleo por ley, sino cuando las condiciones económicas de país lo permiten. Argentina tiene un índice de desempleo del 6%. Una ley así solo recaerá sobre los trabajadores formales, mientras que los informales no tendrán reducción de jornada o los otros beneficios, la legislación recae solo en una parte de los trabajadores que son los registrados y que deberán aceptar el cumplimento de la ley”.

Y cerró: “Cada actividad o empresa regula la jornada de acuerdo a su realidad y eso no puede establecerse de forma genérica. Esta norma afecta seriamente a la productividad y la competitividad, no es cierto que trabajar menos aumenta la producción porque es algo que carece de sustento técnico”.

Juan Pablo Diab, asesor de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó que proyectos generales “no son representativos de la realidad de cada sector y de cada actividad”, al tiempo que afirmó comprender la inquietud del empleador, pero “no vemos que sea el momento para discutir esto. Las leyes zona temporales, no se pueden regir por un momento y en las PyMEs no se habla de ganancias, se habla de subsistencia. Vemos con asombro proyectos que hablan de jornadas de 30 o 40 horas. Esto lleva un mayor análisis y en mayor profundidad”.

Del lado de los referentes académicos Omar Yasín, abogado laboralista y profesor adjunto de Derecho del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires (UBA), remarcó que son proyectos que tratan de reducir una jornada legal que establece un máximo de 8 horas, sin reducción salarial cuyo costo “debe afrontar el empleador”, sin previsión de realizar horas extras, pero “es probable que sigan trabajando la misma cantidad de horas, pero se las van a facturar como horas extras”.

“Las buenas intenciones de decir que los trabajadores van a trabajar menos, es realidad van a trabajar igual y cobrar un poco más y se va a traducir en un aumento de salario compulsivo que va a tener que cubrir el sector privado como todas las decisiones de pandemia de cerrar la empresa, pero seguir pagando las prestaciones dinerarias y cumplir con todas las obligaciones”, criticó.

Yasín coincidió con Etala respecto de que “si uno trabaja menos horas, producirá más”, y dejó entrever que “puede pasar”, pero “habría que introducir otros elementos porque técnicamente la inercia normal es que si trabajo menos produzca menos”. También, compartió la idea de que hay que ver cada actividad, ya que “se ha generalizado todo esto y es un defecto esto porque hay actividades que pueden soportar costos y otras no”.

“Tenemos problemas con la economía, pero no con problemas de ocupación de acuerdo a los índices que publica INDEC”, chicaneó y subrayó que Argentina no ratificó el convenio de la OIT que establece las 40 horas semanales.

Yasín cuestionó que se eludió el derecho comparado en los proyectos, y ejemplificó: “Europa y los países nórdicos donde han bajado la jornada, pero la realidad es distinta, hay mucha productividad, los sueldos son buenos y se trabaja un día menos”. Recordó que el Congreso sancionó la Ley de Teletrabajo que “bajó lo siniestralidad laboral”.

Por otor lado, señaló que, de acuerdo a un informe de hogares, el 66% trabaja menos de 40 horas de la jornada legal, el 19% entre 40 y 48 horas y 15% más de 48 horas, por lo que 2 de cada 3 trabajadores trabaja menos de 40 horas.

“Estos proyectos no tienen ninguna utilidad, no contribuyen a disminuir el trabajo no registrado que es el 42% laboral según INDEC. No van a generar empleo porque el empleado va a preferir pagar horas extras”, precisó y opinó: “No sería aconsejable dictar este tipo de normas pese que las intenciones son buenas en estas condiciones del país”.

También fueron invitados los referentes del ámbito académico Florencia Gutiérrez, integrante del Centro de Economía Política (CEPA); Ergasto Riva, licenciado en administración por la Universidad de Buenos Aires (UBA), y Oscar García Díaz, de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA) y Néstor Pritola, diputado nacional (MC), ex integrante de la comisión directiva y congresal del Sindicato Gráfico Argentino.

Tras acusaciones cruzadas entre Paraguay y Argentina por las deudas de la represa binacional Yacyretá y ante la apertura unilateral de uno de los dos brazos del dique, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, afirmó ante la comisión homónima del Senado que el país “tiene una deuda con Paraguay por Yacyretá de 36 millones de dólares”.

El funcionario relató que “hubo un episodio no esclarecido donde, por el brazo de Aña Cuá, se utilizó unilateral un vertedero que es un recurso del agua que está en el dique, si se produce unilateral de verter esa agua es un recurso compartido porque la mitad de la generación de Yacyretá es Argentina y la otra paraguaya, pero la utilización es compartida por lo tanto las decisiones son compartidas”.

“Todo quedó empañado, hubo declaraciones muy malintencionadas que ya han sido aclaradas, pero avanzamos en generar un nuevo entendimiento a partir de lo que ocurrió. Empezó como una reacción de lo que pasaba en la Hidrovía o muchos dirigentes de paraguayos lo vinculaban a eso, en sí nunca hubo una relación entre ambas cosas, pero siendo un ámbito político era lo que surgía como información, vimos una micro escalada absurda de parte de dirigentes políticos de Paraguay que no han encontrado eco en nuestros dirigentes y eso habla de que tenemos un país vecino, hermano con el que queremos desarrollarnos en conjunto. No hay hipótesis de conflicto que nos vaya a cambiar nuestro punto de vista”, explayó.

Y cerró: “Lo que acordamos hoy fue avanzar en el pago, porque había una deuda de parte del Gobierno argentino por la energía que le habíamos comprado el año pasado a Yacyretá son 36 millones de dólares, hay un plan de pago en 3 partes de 12 millones. Es el excedente que el país le compra y restaba pagarle. Fue parte de una confusión generalizada y se logró des escalar la cuestión mediática”.

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, durante su presentación ante la comisión homónima del Senado que hizo este miércoles se refirió a los reclamos en torno al cobro del peaje de la Hidrovía Paraná-Paraguay y aclaró que “es la tasa de un servicio que hay que pagar para hacer obras y poder garantizar la navegabilidad”, que no impide la navegabilidad de los ríos y que no viola ningún tratado internacional.

En ese tramo de su presentación, Cafiero informó que la Hidrovía pasó, desde el año pasado, a la gestión de la Administración General de Puertos (AGP) en la que se pusieron de relieve obras que “se venían haciendo desde Santa Fe hacia el norte” para garantizar “una navegabilidad las 24 horas para que el flujo comercial se incrementara de forma competitiva la logística de la zona”, y agregó: “Bragados y balizamiento son las obras que se hacen en la zona”.

“¿Qué sucedió durante las concesiones anteriores?”, preguntó el canciller y explicó: “Se planteaba que el peaje únicamente se cobrara en Santa Fe para aguas abajo. Sin embargo, desde el 2010 estaba establecido que iba a haber un peaje para obras que debían hacer para quienes usaban la hidrovía, pero que quedaba momentáneamente en un monto cero y lo que se hizo es ponerle un monto acorde para que los argentinos no tengan que pagar el transporte fluvial de empresas privadas que viajan por la hidrovía”.

“Los valores no son tan significativos para el Estado, pero son aproximadamente 26 millones de dólares anuales que ese tramo representa, pero no era justo que lo paguen todos, sino que lo paguen quienes lo usan. Se puso un valor que no excede ese monto”, detalló y aclaró que “no se impide la navegabilidad en los ríos, es solamente una tasa para pagar un servicio. No tiene nada que ver con la idea que Paraguay quiso instalar de que se estaban incumpliendo tratados internacionales”.

En ese punto, profundizó que “con esa tasa retributiva se están haciendo las obras”, pero clarificó que “no es una tasa que tenga como perspectiva amortizar los recursos que ya puso el país, sino que es para adelante y no tiene discriminación de bandera”. “Para garantizar la navegabilidad 24 horas esas obras se tiene que hacer y ese servicio hay que pagarlo, esa es la tasa retributiva”, remarcó Cafiero.

“No nos define un peaje, una relación con Paraguay. Nos estamos poniendo de acuerdo. El día de hoy hubo una reunión en las comisiones técnicas donde hay un principio de acuerdo donde estas tasas retributivas son necesarias. Estamos en un proceso de negociación. Hoy hubo un acta de acuerdo, es un tema que seguimos de cerca y se mezcló con lo de Yacyretá”, resumió.

El canciller Santiago Cafiero se refirió ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado sobre la situación de tensión desatada con Paraguay a partir del accionar de prefectos de ese país con pescadores argentinos en inmediaciones de las islas Apipé, en la zona de Punta Ñaro, y expresó que “es una zona que tiene un grado de complejidad que debemos atender”, al tiempo que instó a los senadores a que esa discusión se puede resolver con un proyecto de ley.

En ese sentido, Cafiero explicó que también tiene que ver con la Comisión de Limitación Nacional que surgió a la luz “a partir de un episodio de seguridad”, y relató que se trató de pescadores argentinos que entraron “aparentemente” en aguas paraguayas en la zona de Apipé en Corrientes y cuando la Prefectura Paraguaya los quiso aprehender, se fueron a territorio nacional, produciéndose una situación que está bajo investigación.

Así, destacó que el gobernador correntino Gustavo Valdés tomó contacto con Cancillería. “Estuvimos con él y fuimos a sobrevolar la zona. Vimos cómo hay dificultades que tienen que ser resueltas a partir de protocolos y tratados que ya existen entre Argentina y Paraguay, pero hay que poner en funcionamiento y a respetarse”, completó.

“Más allá de la seguridad, hay que trabajar la cuestión de límites. Le ofrecimos a Valdés la vocación de la Cancillería, de la Comisión de Límites para hacer un trabajo pormenorizado de la situación”, afirmó y precisó que desde el año 1876 en adelante existe la delimitación entre Argentina y Paraguay y agregó que “con la construcción de Yacyretá y la soberanía de las islas de Apipé, que queda para territorio nacional, es una zona muy sinuosa donde el río ahí es como una serpiente y es complejo seguir el límite. Esto trajo acuerdos, pero muchos desencuentros con el gobierno paraguayo”.

El funcionario informó que, luego de la visita a la provincia de Corrientes, se hizo una convocatoria a una reunión que era en julio, pero “producto del cambio de gobierno en Paraguay no están definiendo las autoridades. La reunión tiene sentido en dos direcciones. La primera es que estén las Comisiones de Límites de ambos países, y lo segundo, que estén las autoridades de seguridad en nuestro caso que esté presente Prefectura porque ellos tienen un acuerdo para velar por la situación de pesca que se hace”, y reiteró que están a la espera de la designación de autoridades paraguayas para “avanzar con la reunión”.

Para Cafiero, la cuestión de límites “está atravesada por una historia, específicamente en esa zona, a partir de la construcción de Yacyretá. El gobierno militar determinó un límite específico que es el que está hoy, pero que fue revalidado en 1987 a partir de cartas reversales entre ambos cancilleres. En el 96’ se hizo un convenio de cooperación que tiene que ver con el uso ictícola de esa zona”.

“Hay una discusión, que hablé en profundidad con Valdés, que hay que tomarlas y se puede tomar desde aquí porque esa potestad y área de límites solo debería ser a partir de un proyecto de ley, no tenemos otra solución para avanzar. Si podemos desde el Ejecutivo dar todo el apoyo”, propuso para clarificar la posición de Argentina. “Hay una sedimentación de tratados y acuerdos que la única forma de poner a discusión es con un proyecto de ley. Es una discusión que hay que darla porque es una zona que tiene un grado de complejidad que debemos atender”, alertó.

El canciller Santiago Cafiero asistió este miércoles a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, a cargo del puntano Adolfo Rodríguez Saá (FNyP), ante la que ratificó el rechazo y el reclamo realizado desde Cancillería a Chile por la publicación del gráfico ilustrativo de los espacios marítimos de jurisdicción chilena, elaborado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de ese país, incorporando como propios espacios marítimos que pertenecen a Argentina.

El funcionario, que estuvo acompañado de Gabriel Fuks, subsecretario para América Latina, y Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlético Sur, invitó al país vecino a advenirse al Tratado de Amistad de 1984. Así, precisó que recién en 2021 Chile hizo la presentación de su reclamo, luego de que el Congreso sancionara el mapa bicontinental que Argentina tiene actualmente y que está aprobado y avalado por tratados internacionales. También señaló que el reclamo chileno “viola el Tratado Antártico”.

Al inicio del encuentro, que tuvo lugar en el Salón Arturo Illia, el titular de la comisión agradeció al “receptividad” del funcionario ante la invitación que le realizaron y recordó que asistió en “una oportunidad anterior” en la que brindó un informe general de la política de la Cancillería.

“Tenemos algunos puntos que la comisión consideró muy importantes para tener la opinión de la Cancillería que están referidos a dos temas limítrofes trascendentes. Uno sobre la delimitación de los límites en la zona de Apipé en la provincia de Corrientes. El otro es la publicación de un mapa por la Armada de Chile que incluye como territorio chileno a espacios marítimos argentinos”, explicó Rodríguez Saá y sumó: “Como consecuencia del problema de Apipe tal vez tenemos problemas con la política de la hidrovía y de Yacyretá que nos parecieron temas importantes para escuchar, antes de tomar decisiones de nosotros, la posición de la Cancillería Argentina en estos temas”.

A continuación, Cafiero precisó que “la agenda abierta” es la “vocación que tenemos de dialogar entre los poderes y diálogo político que es lo que nos va a enriquecer en nuestra función pública y en la función política que tenemos”.

Rechazo al mapa publicado por la Armada de la Chile

Respecto de los proyectos puestos a consideración sobre este tema, el funcionario explicó que en el 27 de agosto 2021 “ya se hizo esta primera aproximación, este primer reclamo de parte de Chile”. Remontándose en el tiempo, planteó que “tiene que ver con un trabajo que inició Argentina y que esto es un reflejo de eso”.

En esa línea, contó: “La Argentina en su relación bilateral con Chile, la piedra angular de esa relación, es el Tratado de Paz de 1984 que fija y establece mecanismos para resoluciones limítrofes, para resolución de conflictos entre los países, para delimitaciones, ese Tratado por sobre todo es lo que la comunidad internacional y el derecho internacional asume como bagaje teórico y normativo para esta relación entre los dos países”.

“Teniendo en cuenta este Tratado, la Argentina avanzó en 2009 en Naciones Unidas en la Comisión de Límites. Allí avanzó con la limitación y nuestro país, al no tener objeciones de parte de Chile, las presentaciones de Argentina fueron aprobadas y es el mapa bicontinental hoy como está y son las delimitaciones que tiene todo nuestro territorio y están aprobadas por ley y registrado en la Comisión de Limitación de Naciones Unidas, es decir, está avalado internacionalmente”, afirmó.

En ese sentido, el titular de la cartera de Relaciones Exteriores planteó que al pasar de la aprobación a nivel internacional al tratamiento de la ley que se votó en ese momento, ahí fue cuando el Gobierno de Chile empieza a generar una reacción a partir del mapa que Argentina estaba presentando”.

“La reacción que tuvieron, a priori, fue tardía porque el mecanismo de Naciones Unidas implica que haya consensos o acuerdo, es decir, que si Chile cuando estábamos trabajando sobre la delimitación del año 2009, si Chile hubiera presentado una queja o una observación el proceso se hubiese detenido, pero nada de esto sucedió. Llegamos a la ley, se votó en el Congreso y es el mapa bicontinental que tenemos”, planteó y reiteró que “recién ahí nació el reclamo de Chile y la presentación sobre su plataforma marítima y continental y recién en el 2021 hace una presentación”.

En tanto, Cafiero opinó que “es una reacción al trabajo que hizo Argentina que se inició en 2009, atravesó colores políticos, la ley fue aprobada por el Congreso con la cual no admite discusión política ni mucho menos ideológica”.

A su vez, contó que en ese momento el Gobierno de Sebastián Piñera “trató de generar una instancia de arbitraje que era obsoleta porque los tiempos y plazos habían pasado. Se hicieron notas periodísticas para generar sentido en la prensa chilena sobre el tema y eso derivó en un decreto supremo 95 donde se hace la presentación del Gobierno de Chile sobre su mapa y se extiende sobre Tierra del Fuego”.

“Inmediatamente Argentina hizo utilización de esto y rechazamos categóricamente lo que había sucedido. En ese momento y con la última visibilización del mapa porque hicieron la puesta en escena del mapa que seguimos rechazándolo”, expresó Cafiero y señaló que Argentina busca “el arbitraje correspondiente en el Tratado de Amistad de 1984”.

Respecto de los pasos que hizo el país ante dicha situación, enumeró que lo primero fue expresar rechazo sobre el mapa, luego se avanzó en presentaciones en Naciones Unidas para que no quede como una cuestión “declamativa, sino avanzar en la Comisión de Limitación para que, donde hay un país que presenta un recurso se detiene el proceso de limitación”. Asimismo, contó que, ante la situación, designaron al abogado Marcelo Cohen como representante del país en la comisión que tiene el Tratado de 1984 y “desde hace un año le estamos solicitando al gobierno chileno que designe a la contraparte del representante argentino y aún no lo hizo”.

“La Argentina se movió rápido y bien y en el marco del derecho internacional y sobre todo en el Tratado de 1984”, afirmó Cafiero y procedió, con mapa en mano, a explicar los límites reconocidos de Argentina, lo que reclama Chile y “una parte más que está sobre la península antártica que está por debajo del paralelo 60 que está todo previsto en el Tratado Antártico por lo cual no solo tiene una dificultad, desde el punto de vista territorial argentina, sino que también es violatorio al Tratado Antártico. Es toda la documentación que estamos presentando no solo al gobierno de Chile, sino también a Naciones Unidas para detener este proceso y así lo hemos logrado hasta aquí”.

En esa línea, manifestó que desde Cancillería buscan que “los hermanos chilenos se advengan al Tratado de Amistad porque ahí hay mecanismos para resolver este tipo de conflictos. Ese tratado se generó para eso”.

“La última acción que se hizo fue el 8 de agosto que se remitió una nota de la Subsecretaría a la Embajada reiterando la necesidad de que se nombre a la contraparte y al miembro de conciliación chilena porque entendemos que el marco para resolver esto es el Tratado de 1984”, aseguró.

La defensa desde Corrientes

Al hacer uso de la palabra, el senador de JxC Eduardo Vischi (Corrientes) planteó que “hay un problema sistémico con Paraguay. El conflicto con Yacyretá es más grave porque surgió de un reclamo laboral y se actuó con la Armada paraguaya y se llevó a la acción de liberar el recurso que es el agua por el brazo Aña Cuá que está en construcción en este momento. No es menor el dato de tomar esta situación porque se nota el avance por parte de una decisión, no digo del Estado paraguayo, pero cuando hay una actividad de esta naturaleza de la armada hay un avance y nos ha generado un conflicto bastante seguido en la isla Apipe y el agua que lo rodea”

“Necesitamos realmente avanzar en la discusión de esos límites nuevamente”, planteó y destacó la propuesta de Cafiero de sentarse a trabajar en un proyecto de ley que permita “rechazar lo que fue esos límites que se establecieron que no están de acuerdo al Tratado original ni al Tratado de Yacyretá”, y planteó que el canal artificial que se construyó no puede cambiar el canal original que “generó el conflicto porque dejó a la isla argentina rodeada de agua paraguaya”.

en representación del Gobierno correntino habló el senador provincial Noel Breard quien agradeció al canciller haber sobrevolado la zona y planteó que “históricamente siempre hemos tenido conflictos de baja intensidad”

Recordó que el 1876 se firmó el tratado tras la finalización de la Guerra de la Triple Alianza y señaló que “ese tratado se firmó desde el triunfo cuando se dijo que la Isla Apipe iba a determinar la cercanía de las islas argentinas en la medida de la distancia y Yacyretá iba a ser la nave insignia de Paraguay y la cercanía iba a determinar la soberanía de las otras islas, se establece el concepto del canal principal que define el límite”.

“Durante 120 años el canal principal estaba al norte de Apipe y era el canal jesuítico por donde pasaban los barcos, donde se hacía la navegación normal y ahora hay que diferenciar los conceptos. El Parlamento Argentino no puede renunciar a tener la última palabra para ver si es o no nulo, si se respetó el título original del Tratado”, indicó Breard.

Así, destacó: “Lo de usted es un avance revolucionario a favor de la posición argentina y de Corrientes”, y contó que “desde Paraguay enviaron una carta en plena pandemia el 2 de septiembre diciendo que estaba el Tratado de 1876, que había sido ratificado por ley y que estaba el Tratado de Yacyretá que también había sido ratificado por ley y que la Comisión de Límite es un tema administrativo y con eso se agota la instancia”, por lo que insistió: “La última palabra es el Parlamento y puede cancelar esa posibilidad”.

Por último, alertó que hay 2.500 argentinos que viven ahí y que “están abandonados recién en 1995 se le puso luz”, hay una política de abandono. Se hace un esfuerzo moral y legítimo para perder la isla Apipe. No tenemos conectividad, no tenemos barcos permanentes, es un esfuerzo de la intendencia, si no fuera por la mano del gobierno provincial eso no es la argentina”.

“Tenemos que tomar los temas de forma simultánea de Hidrovía Yacyretá y el tema de Apipe como un tema integral y visibilizar. El tema de la tarifa es bueno porque permite visibilizar lo que estamos haciendo mal en la Hidrovía y la Argentina boba no sabe por qué hace más de 30 años da un aventaja competitiva y parece demencial que quieren que les paguemos el bragado. Es un problema de la Argentina, el Parlamento es el único que puede dar una respuesta nacional, inteligente y mandar a hacer una nueva Comisión de Límite que respete el tratado”, cerró.

A su turno, el jefe del bloque oficialista, el formoseño José Mayans, manifestó: “Hay que tener en cuenta que somos países hermanos, democráticos y respetuosos de los tratados y derechos internacionales, lo que hace falta es actuar. Tener la documentación, escuchar. Tenemos que profundizar las relaciones entre los países del Mercosur”.

Luego del cuarto intermedio, la Cámara de Senadores reanudó este miércoles el debate por la modificación de la Ley de Alquileres en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de los oficialistas Daniel Bensusán y Ricardo Guerra respectivamente.

Al encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia, asistieron representantes que engloban a inmobiliarias y propietarios quienes hicieron hincapié en la “celeridad y urgencia” para sacar una ley y cuestionaron que la media sanción de Diputados y la mora en el tratamiento “generó incertidumbre e imprevisibilidad en el mercado”.

“Mañana invitaremos a los correspondientes inquilinos”, anunció el pampeano Bensusán refiriéndose a la reunión agendada para este jueves a las 11 donde retomarán el debate.

Previo a escuchar a los expositores, Guerra procedió a leer notas y emails que les han llegado de la Defensoría del Pueblo de Formosa, la Comunidad Federal Inquilina y no propietaria, el movimiento ‘La Ciudad es de quienes la habitamos’. “Es para que sepan que son tenidos en cuenta”, aclaró el riojano.

A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, el chaqueño Víctor Zimmermann UCR), agradeció a los expositores y pareció su presencia para “enriquecer el debate” y bregó tener una “buena jornada para sacar la mejor ley”.

Se pusieron sobre la mesa proyectos presentados sobre el mismo tema en el Senado por la senadora Clara Vega (propone 2 años para habitar, 3 para comercializar y ajuste de precio cada 6 meses), el de la misionera Magdalena Solari Quintana (que el locatario pueda renunciar cuando lo desee), el del radical Julio Martínez (2 años con prorroga por solo uno más), el de Maurice Closs (ajuste anual) y el de Carolina Losada que busca directamente la derogación.

La modificación de la Ley 27.551 llega con media sanción de la Cámara de Diputados, cuando la oposición se impuso con su proyecto que establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.

La palabra desde el sector inmobiliario

En representación del COFECI (Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios) expuso Virginia Manzotti quien sostuvo que desde el 2016 vienen trabajando “queriendo aportar lo mejor desde el sector para tener leyes justas y que toda la ciudadanía se vea beneficiada por las leyes”.

“Venimos a exponer una situación que ustedes ya la conocen, que es problemática y lo más importante, que creemos desde el Consejo, es llegar a una solución o por lo menos intentar una solución que beneficie a los inquilinos y a los propietarios”, remarcó y sumó: “Sabemos que no es una tarea fácil porque cuando nos ponemos a trabajar surgen inconvenientes o algunos derechos que ambas partes tienen”.

En esa línea, planteó que como corredores inmobiliarios “estamos en el medio de estas circunstancias donde recibimos a inquilinos y propietarios”. “A través de un centro de estadísticas e inmobiliarias podemos comprobar que hay un 47% de inmuebles retirados del mercado. Lo cual ha provocado lo que ocurre con la oferta y demanda”, alertó.

“Como dijeron que la ley se iba a derogar muchos propietarios frenaron los contratos y dijeron que iban a esperar. Eso pasó e hicieron contratos a 36 meses y desde que se puso otra vez en discusión la Ley de Alquileres hemos tenido un retiro muy importante de propietarios que están esperando la resolución del Senado”, manifestó y expresó la preocupación del sector por la situación.

Así, planteó que “todas las provincias quieren que sea una ley justa. Apelamos a la celeridad para que pronto tengamos una solución por sí o por no porque estamos con un vacío que provoca que los propietarios sigan esperando, saquen los inmuebles y esto se sigue agravando aún más. Desde el 2021 el aumento de los alquileres ha sido del 232%, algo ocurrió con la ley. Creemos y nos ponemos a disposición para colaborar para que la ley salga y lleguemos a darle solución a la gente”. “Esta Ley 27.551, tal como lo anticipamos en el 2016, fue caótica”, cerró.

Por la Federación Inmobiliaria de la República Argentina se expresó Emilio Caravaca Pazos quien indicó que “la situación en la que estamos desde que salió la media sanción en Diputados, es importante decir, que generó una situación de total incertidumbre en inquilinos que están en vísperas de firmar un contrato para poder alquilar”.

“Quiero hacer un llamado a la celeridad y a la urgencia que requiere el tema, ya que el Senado y Diputados son la caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad, interpretar esa necesidad de una resolución de la cuestión”, reclamó y advirtió que “esta paralización que ya se había dado con diferentes trascendidos que hablan de alguna posible suspensión de la ley o derogación o modificación, generan una paralización que realmente no colabora ni con propietarios ni con inquilinos”.

Además, aclaró que el mercado inmobiliario no es un oligopolio porque se compone entre propietarios e inquilinos que buscan acuerdos y necesitan respuestas por parte de la Legislatura y lograr “una ley meridiana, que cubra y contemple las necesidades e las partes y tenga en cuenta lo que generó esta ley actual y si cada 12 meses tenemos que hablar de esta ley es porque evidentemente algo está pasando y que está generando un perjuicio en gran parte de la sociedad. Hay que dar respuestas urgentes en este momento de incertidumbre”.

A continuación, la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), coincidió en que la media sanción de Diputados trajo mucha incertidumbre y es necesario de forma urgente la ley. Al respecto, le consultó si están de acuerdo con esa media sanción, con cobrar alquileres adelantados a los inquilinos y si el retiro de inmuebles del mercado no tiene que ver con los alquileres temporarios que “no están regulados”.

En respuesta, Caravaca Pazos se refirió a los alquileres temporarios y sostuvo que “según un relevamiento que hicimos representan un porcentaje muy pequeño. Tiene que ver con determinadas zonas y ciudades que pueden tener una receptividad turística diferente. Tienen incidencia en zonas determinadas, acá hablamos de leyes nacionales. No es nuestro expertiz el tema de los alquileres temporarios”.

Respecto al pago adelantado, planteó que “está contemplado como posibilidad y no como exigencia. Si eso es justo o no lo tienen que hacer los legisladores, no es algo de exigencia no es un requisito necesario”. La mendocina le retrucó que en los contratos de alquileres ese pago adelantado “no es algo que el inquilino tenga la fuerza para negociar. ¿Esto les parece justo y equitativo?”.

El expositor, comentó que han presentado dos observaciones, uno sobre la periodicidad de los ajustes “en un contexto de espiral inflacionario donde los 12 meses terminan siendo prejuicios para los valores iniciales y para el desfasaje de los años de contrato”, y también habían planteado el tema de la durabilidad de los contratos. “La ley no lo exige, pero con la modificación sobre esos dos puntos y un debate sobre los demás, podríamos a llegar a tener una mejoría del mercado o un camino hacia el equilibrio en un mercado que está totalmente desequilibrado. Sería un paliativo a corto plazo”, opinó.

“Lo que ocurre es que a medida que hay menor oferta las condiciones para alquilar un inmueble son peores y eso presiona”, completó, pero ante la insistencia de la senadora oficialista el expositor afirmó: “No me parece bien que se pague adelantado, pero no es lo que la ley dice, no lo plantea como requisito de ingreso al alquiler o como exigencia, yo no lo veo así, habla como una facultad y quita una prohibición”.

Pidió la palabra el senador fueguino Matías Rodríguez (FdT) quien cuestionó las “respuestas vacías o ir al tecnicismo no es el camino” porque “intentamos construir una mejor ley”. “Hemos escuchado colegas que hablan de la igualdad y que esté equilibrado el inquilino con el propietario cosa que me parece una zoncera y necesitamos que sean sinceros con las exposiciones”, reclamó y preguntó sobre la posición de la entidad de la cantidad de inmobiliarias en redes con precios en moneda extranjera.

El representante de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina le remarcó que en ese sentido la ley “es clara y tiene que ser actualizado por ICL los costos. Ese no es un fenómeno que no se da en todo el país, no es algo que se da en todas las provincias”. También resaltó que los corredores inmobiliarios tienen que trabajar “respetando la ley vigente”.

Pidió la palabra el jefe del bloque radical, el formoseño Luis Naidenoff, cuestionó a Rodríguez y señaló que “las asociaciones fueron invitados para escucharlos y hay que dar un debate en la comisión. Interpelar ante una posición que me puede o no agradar no corresponde, vivimos a escuchar”. “Si estamos tratando una ley que es mala para las partes, es porque estamos ante una realidad que la inflación desbordó y porque la ley fracasó porque tomaba como proceso de actualización un contrato de 3 años a los procesos inflacionarios”, señaló al pedir calma y que se escuchen a todos.

El riojano Julio Martínez (UCR) ratificó los dichos de Naidenoff e indicó que “el sistema de alquileres es un desastre y 8 millones de personas están en problemas. Las leyes son de acuerdo al momento. Esta ley que hoy tenemos, en un país normal sin inflación sería ideal. No en el país este que ustedes están gobernando y que nos llevan al 150% de inflación, no se puede”.

“Hay que actualizarla en este momento, quizás con un nuevo gobierno se puede volver con esta ley, pero si no ven que estamos haciendo daño a los inquilinos que ustedes dicen defender, pero los dejamos a la deriva porque nadie les hace contratos a 3 años ni actualizaciones cada año, entonces el inquilino termina yendo a uno temporario, en dólares. El 80% de los contratos son en dólares. No le podemos poner ideología y populismo a esto, es sentido común”, cerró.

Fue Fernández Sagasti quien le salió a responderles a ambos senadores de JxC quien pidió “no alarmarse” porque el debate será “largo” y recordó que consensuaron hacer un “debate rápido y expeditivo, pero con toda la responsabilidad que conlleva”. “No pongan opiniones para los medios, sino que hay un problema clave a trabajar y por eso preguntamos para tomar la mejor decisión en el dictamen”, agregó y retrucó: “Preguntar por los alquileres temporarios en la provincia que represento y para la cual trabajo no es interpelar”.

El próximo expositor fue Damián Tabakman en representación de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios a nivel nacional que, según explicó, se “encargan de adquirir terrenos, hacer edificios y vender los departamentos”. “Nosotros al tener demasiada incertidumbre sobre la ley de alquileres, la problemática que tenemos es que no se están comprando departamentos en pozo y no nos compran quienes en algún momento fueron un porcentaje muy significativo de nuestra clientela”, alertó.

“Si no me compran, no voy a fabricar y no construyo. Quizás esto no sea un inconveniente inmediato, pero a mediano y largo plazo, si no se construye, va a haber menos oferta aún”, advirtió Tabakman y sumó que eso “impacta sobre el nivel de actividad de la economía, sobre el nivel de inversión, de empleo, sobre un montón de cosas que hacen a nuestro día a día cotidiano”.

Además, lamentó que “clientes que nos compraban en pozo, buscaron oportunidades afuera, expulsamos un volumen estructural en nuestra industria. Fuimos un espacio para resguardar el ahorro del argentino. Ahora nadie compra un departamento en pozo con semejante incertidumbre, es un problemón para nosotros, pero para la sociedad también porque a futuro no va a haber propiedades y en la actualidad la industria privada esta frenada”.

Ante la consulta de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero sobre qué necesita el sector para recuperar inversores, el expositor contó: “Uno de los históricos reclamos son los incentivos fiscales porque se paga la misma carga impositiva si haces un trabajo o proyecto para el sector alto que para los bajos, no es justo y es un desincentivo y se tendría que trabajar, pero lo prioritario son las normas claras y reglas jurídicas”.

En su presentación, el licenciado Leonardo Rodríguez Nader de la Asociación Empresaria de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios de la Argentina resaltó la importancia de que se resuelva el tema de la ley en el marco de “incertidumbre e imprevisibilidad y en un contexto tan difícil” donde “no vemos una relación de fuerzas extremadamente inequitativa. Hay muchos argentinos que refugian sus ahorros y su valor en bienes raíces, y a partir de eso aspiran a tener una renta en una moneda que no se les devalúe".

“Las cifras con las que contamos nos marcan que hay un déficit habitacional por arriba del millón de viviendas y eso repercute directamente en los sectores medios y bajos. Son viviendas de calidad. En el mercado privado se construyen 100 mil viviendas al año y necesitaríamos duplicar o triplicar para cubrir ese déficit por durante al menos una década. Es necesaria un apolítica de Estado, un plan y una ley que contemple beneficios, un marco jurídico previsible para las partes y que tenga al Estado como principal actor”, señaló.

Puntualmente sobre la Ley de Alquileres, sostuvo que pedían la derogación y propuso: “Más vale una solución rápida a un problema grave que se arrastra de una mala ley que no prosperó, que la mejor solución ideal”.

En tanto, el licenciado Alejandro Hadrowa presidente del Colegio Profesional de inmobiliarios de Córdoba, expresó: “Creemos que quizás esta no sea la mejor ley, pero necesitamos una definición porque se está desequilibrando demasiado el mercado. Si dejamos la actualización cada 4 meses, muchos que se trasladaron al mercado temporario volverán al mercado anual".

“La situación es realmente problemática. Tenemos un 37% de retiros en Córdoba, es una problemática muy fuerte. Esta ley no funcionó y no fuimos escuchados ni tenidos en cuenta”, cuestionó sumó: “Todo el sector está de acuerdo que la problemática, para solucionar hoy, es la modificación de dos artículos para dar certidumbre a la gente. Desde la media sanción ningún propietario quiere firmar un contrato”.

Así, enumeró: “Tenemos una fuerte problemática de déficit habitacional, de créditos hipotecarios, eso hizo en el tiempo que existan más inquilinos”. Al respecto, precisó que “es necesario volver al plazo de 2 años y buscar un acuerdo entre las partes para las actualizaciones de los contratos”.

Por su parte, Eduardo Awad presidente de la Asociación de Propietarios pidió a “los senadores y senadoras que mejoren lo que viene de Diputados de alguna manera. Si mejorar es modificar, bienvenida la modificación. Si mejorar es derogar la nefasta Ley de Alquileres que está rigiendo hoy en día, bienvenida la derogación”.

Marta Liotto, en representación del Colegio único de Corredores Inmobiliarios de CABA, planteó: “Esta ley que tenemos hoy es la peor que pueden haber tenido los inquilinos porque no hay inmuebles en oferta. El mercado de alquileres funciona cuando hay comunicación entre las partes. Creemos que la media sanción es un buen escenario para volver a empezar”.

“Esta ley fue nefasta y traumática para la ciudadanía por la falta de oferta y propuestas de inmuebles que hay en el mercado. El retiro de oferta alcanzó el 45% se han volcado a la venta, los propietarios decidieron que no les resultaba esta ley por la falta de confianza e incertidumbre y cuestiones que en este escenario no se dan”, criticó y resaltó que los contratos de 3 años es el principal problema porque “a los propietarios se les hace eterno”.

A su turno, Lillian Ledain en representación a la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires subrayó: “Escucho que dicen que 'hoy se reúne una parte'. Nosotros los inmobiliarios no somos parte, somos intermediarios y acercamos a las partes para que ninguna de las dos se vea afectadas”.

Jorge Pighin secretario de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina remarcó que “podemos sacar la mejor ley del mundo, pero con un 140% de inflación no hay ley que soporte este flagelo. La ley actual nos hizo retroceder 123 años porque hoy en día las pensiones están abarrotadas”.

La vicepresidenta de la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios, María del Carmen Linkoniene, dijo: “Siento dolor que no puedan resolver este tema: es una cuestión de plazos y actualización, nada más que eso. La anterior Ley de Alquileres era previsible, aunque sé que con esta inflación no podemos hacer mucho".

Al final, Claudio Vodanovich secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina, señaló que “hoy el mercado inmobiliario está paralizado porque no hay una definición. Si me preguntan si esta sanción que viene de Diputados soluciona la situación inmediata de las familias argentinas, les digo que sí. Y no digo que es la mejor ley, se puede perfeccionar”.

Gran expectativa había en torno a la presencia de Silvio Robles, director general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, para que testificara ante la Comisión de Juicio Político de Diputados -presidida por la oficialista Carolina Gaillard- al retomar las reuniones por la causa sobre coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se investiga si el máximo tribunal deliberadamente intentó beneficiar a ese distrito.

La de Robles, quien fue nombrado en numerosas ocasiones desde que se inició el proceso de Juicio Político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, era la palabra esperada por el oficialismo que lo citó entre otras cosas para que testificara respecto a su presencia en la audiencia que las partes -Nación y Ciudad- tuvieron oportunamente en torno al tema coparticipación, situación en la cual Silvina Batakis contó en la última audiencia que lo había visto presente , pese a lo cual no figuró en el acta elaborada tras consumarse el encuentro.

Obviamente ese no fue único tema de interés por parte del kirchnerismo para indagarlo, ya que también lo interrogaron respecto de los famosos chats que mantuvo con el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro -quien no compadeció este martes, pero pidió reprogramar su presencia-, los cuales la justicia desestimó. En algunas preguntas se colaron los temas sobre el fallo 2x1 e irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

Previo a la ronda de preguntas, Robles afirmó que tiene una “relación funcional” con los magistrados y contó que a Rosatti lo conoce desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuando “fue ministro de esa cartera bajo la presidencia de Néstor Kirchner. En ese momento tuve el privilegio de conocerlo”.

“Hoy es mi superior jerárquico. Es una persona que admiro por su honestidad, por su carácter y por su integridad de principios. Más todavía cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales”, expresó.

“Me han acusado falsamente”

En el inicio, el funcionario pidió autorización para leer un documento con el fin de hacer algunas aclaraciones. “Desde la creación de la Comisión en este recinto algunos diputados me han acusado falsamente de distintos hechos. Esos diputados han intentado construir una historia sobre la base de fantasías o calumnias”, arrancó denunciando Robles.

“Han dicho que tengo departamentos en Nueva York. Es mentira. Han dicho que estaba prófugo de la justicia cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenía ninguna citación judicial. Han dicho, entre tantas cosas que dijeron, que también poseo propiedades en Miami y que visité esa ciudad durante este año. También es mentira. Han dado como ciertos y legítimos supuestos chats cuya veracidad, existencia o legalidad debe ser discutida judicialmente”, apuntó.

Además, Robles señaló que “han atacado a distintos miembros de mi familia. Tanto es así que uno de mis hijos, por ser un pasante monotributista, en una agencia municipal figura en los fundamentos de este juicio político”.

“Sin responsabilizar a estos diputados, mi otro hijo recibió en su domicilio particular la visita de personal civil que dijo pertenecer a una fuerza de seguridad, situación que ya fue denunciada en una causa penal”, agregó y siguió: “Han dicho que en una SRL que participé antes de entrar a la Corte, que en la actualidad tiene el cuit inactivo y que no tiene cuentas bancarias, era parte de una maniobra delictiva. Todo esto para atacar y presionar a un ministro de la Corte”.

En ese marco, Robles ratificó: “Algunos miembros de la comisión ya me han acusado falsamente. De esta manera me voy a abstener de contestar toda pregunta que pueda vincularse con las distintas acusaciones que se han hecho en mi contra o aquellas que me hagan el día de hoy hayan sido o no judicializadas. Me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

“No me amparo solo en disposiciones legales, ya fui con toda mi familia objeto de la agresión de quienes obtuvieron o inventaron informaciones personales a través de mecanismos ilegales”, cerró.

El pedido de reticencia del oficialismo y el rechazo opositor

El oficialista Ramiro Gutiérrez planteó que ante la reticencia del testigo “se tomen las medidas correspondientes y se informe al superior jerárquico”, porque “nosotros tenemos el derecho a saber, interrogar y preguntar. En base a un comportamiento renuente que se tomen las acciones para que la acción de superintendencia corresponda frente a un testigo renuente”.

A continuación, pidió la palabra el jefe del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, quien manifestó que “el testigo no es un acusado, no es un investigado,bajo ningún punto de vista por parte de los integrantes de la comisión”.

Martínez le explicó a Robles que se lo había citadoen función del artículo 12 del reglamento interno de la comisión que establece “que la comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad”, y le aclaró: “Por eso lo hemos convocado acá. Nosotros queremos su aporte para el esclarecimiento de la verdad para poner el foco en la posibilidad o no de mal desempeño por parte de los integrantes de la Corte”.

“Cada testigo tendrá sus subjetividades respecto de los miembros de la Corte, pero acá no estamos para hablar ni bien ni mal de nadie, ni estamos para tener ningún tipo de referencia de los testigos. Queremos saber la verdad y para eso lo citamos. Cualquier tipo de actitud de escurrirse de esta responsabilidad por parte del testigo lo pone en este lugar. Nadie de los que está acá tiene como objetivo al testigo que ha sido citado a declara que tiene que decir la verdad”, explayó Martínez.

De la vereda de enfrente, el diputado Alejandro Finocchiaro (Pro) le planteó a Gaillard: “A tenor de lo que ha leído, el testigo ha jurado ser veraz. Si bien usted no es magistrada y pertenece a un espacio político usted tiene el deber de salvaguardar los derechos del testigo de no declarar contra sí mismo y a su honor. Y que por favor le ruego que no permita las preguntas de cargo a que tan aficionados son en su espacio político”.

En el mismo sentido se expresó el diputado Álvaro González (Pro) quien le dijo a Robles que “se sienta con la plena libertad de decir y hacer lo que crea conveniente sin que genere por parte del preconcepto que va a ser reticente. Diga lo que tenga que decir y se terminó”. También se sumó Pablo Tonelli, quien denunció que al testigo “se le ha hecho conocer una suerte de amenaza en orden a pedirle a la Corte que ejerza sus facultades de superintendencia si no responde a determinadas preguntas, algo que no tiene nada que ver”.

La ronda de preguntas

Fue el diputado oficialista Leopoldo Moreau quien abrió este tramo de la reunión, pero previo a realizar las preguntas hizo una aclaración: “Acá no hay ninguna acusación al doctor Rosatti, solo se trata saber si ocurrieron distintas circunstancias que pueden llevar a una acusación, no se trata venir a victimizar al doctor Rosatti”.

“Es la primera vez que un testigo pretende elaborar las preguntas de quienes lo venimos a indagar. Eso es propio de cada diputado. Esto es un procedimiento que esta en la Constitución Nacional en el marco de las facultades que tiene con el reglamento que lo ordena la comisión”, sumó y cerró: “El testigo está como testigo no como imputado, por eso no se le aplica el artículo 18 de la Constitución Nacional, salvo que haya una circunstancia que el testigo pueda fundar en el hecho de auto incriminarse en una causa”.

Hechas esas aclaraciones, Moreau le preguntó desde cuándo conoce a Rosatti, a lo que Robles volvió a reiterar que es desde que trabajó como ministro en el Ministerio de Justicia en el 2004 en donde “era responsable de comunicaciones, inicialmente, después estuve acompañando en las distintas actividades que Rosatti indicaba”.

“Trabajé 15 años en el sector privado en distintos rubros en cargos gerenciales. Antes de estar con Rosatti, estuve casi un semestre en la Secretaría de Transporte de la Nación en la presidencia de Néstor Kirchner, el titular era el ingeniero Ricardo Jaime. Luego de estar en el Ministerio de Justicia, fui convocado para estar en el de Economía a cargo de Felisa Miceli. Desde agosto de 2016 soy empleado judicial en la Corte Suprema”, relató Robles y afirmó que tiene título de periodista, no de abogado.

“¿Qué cargos y qué funciones tiene actualmente en la Corte?”, preguntó tajante Moreau, a lo que el funcionario contó: “Soy secretario no letrado en la vocalía del doctor Rosatti y el cargo que tengo es de director general”.

En una breve interrupción la diputada Mara Brawer le preguntó los motivos por cambio “de escalafón importante” de ser subsecretario de administración a director. “El cargo es subsecretario administrativo y el pase a director de la vocalía se realizó a través de una resolución firmada por los ministros de la Corte”, respondió y aclaró: “Yo no puedo evaluar la decisión de mis superiores”, y dijo desconocer “el contenido del expediente” respecto de los motivos de su traspaso.

A continuación, Moreau le pidió una descripción de sus actividades a diario a lo que Robles explicó que es secretario de Rosatti y que se encarga de las tareas de la superintendencia que Rosatti indica. “¿Usted se comunica con letrados de las otras vocalías para transmitir directivas del presidente de la Corte?”, consultó el oficialista, pero el funcionario solo respondió: “No soy abogado, por ende, no manejo temas jurisdiccionales”.

Moreau insistió: “¿Usted se encarga de poner a la firma del doctor Rosatti los despachos?”, pero Robles reiteró: “Yo no manejo temas jurisdiccionales. El doctor es quien indica a todos sus colaboradores las decisiones que va a tomar, yo no le pongo nada a Rosatti”.

“¿Usted es el encargado de transmitir las directivas del doctor en relación a los expedientes que se tratan en las Secretarías judiciales de la Corte?”, interrumpió otra vez Brawer con una pregunta, pero el testigo insistió en que “no” maneja temas jurisdiccionales. Al respecto, la diputada le marcó que el doctor Gustavo Naveira secretario a cargo de la Secretaría N°7 de la Corte dijo que recibía directivas de expedientes del doctor Rosatti “directamente a través de Silvio Robles”. Pese a esa declaración, el testigo volvió a defenderse: “Yo no doy directivas, no manejo temas jurisdiccionales. Los únicos que dan directivas son los ministros”.

En un tono alterado, el kirchnerista Rodolfo Tailhade interrumpió con la reformulación de las preguntas previas y cuestionó: “La pregunta no es si maneja o no temas jurisdiccionales, es si lleva instrucciones de Rosatti a algunas de las secretarías conozca o no temas jurídicos. ¿Lleva o no lleva temas? La pregunta es otra, no lo que él responde”.

Bajando la espuma, Gaillard procedió a explicarle a Robles: “Hay testigos que manifestaron que, para dirigirse al doctor Rosatti era a través suyo. La pregunta por eso es si usted da instrucciones en nombre de Rosatti a las distintas vocalías”. Inmediatamente le salió al cruce la diputada Mariana Stilman (CC-ARI): “No se le puede contrastar al testigo con declaraciones de otras personas. Se le puede repreguntar para que amplié, pero no se le puede decir que otra persona dijo tal cosa que se contrapone con lo que dice”.

Pese a eso, Robles retrucó: “Como soy empleado y funcionario judicial estoy comprendido dentro del reglamento de justicia nacional. El artículo 8 inciso B me obliga a guardar absoluta reserva de las cuestiones del tribunal”. “Es reticente, es reticente, se ampara para no responder”, comenzó a gritar Tailhade y lanzó: “Aparte está recontra mintiendo porque hace un ratito contestó y ahora no puede contestar”.

Tomando como base una nota periodística del diario Clarín, Moreau le preguntó si por el fallo 2x1 se reunió con el actual senador José Torello y “Pepín” Rodríguez Simón, en una negativa a contestar Robles volvió a decir: “No manejo temas jurisdiccionales”. Moreau, disconforme con la respuesta volvió a repreguntar, ante lo que Robles dijo: “Desconozco absolutamente eso”.

“¿Conoce a Marcelo D’Alessandro?”, tiró de una Moreau, pero el testigo se negó a responder por si o por no y expresó: “Me remito a lo que dije al principio”. Ante ello, Gaillard le aclaró que “conocer o no a una persona no lo auto incrimina en algo”, pero Robles volvió a respaldarse: “Hay cuestiones que si están judicializadas y en atención al artículo 18 de la Constitución no voy a responder esa pregunta”.

Le salió al cruce Germán Martínez quien le pidió que mencione las causas que están judicializadas que “lo llevan a invocar el artículo 18”. Pero la mano derecha de Rosatti planteó que no es abogado, sino que estaba en carácter de testigo y que “no está mi abogado que tramita las causas, no conozco los expedientes”. Ante la insistencia de Martínez, respondió: “Son las causas donde hubo denuncias la mayoría son públicas y que están en trámite, no recuerdo la carátula ni el número”.

Tailhade le planteó: “No existe hoy ninguna causa en trámite donde esté imputado el señor Robles. La única causa está cerrada”. En el mismo sentido y reiterando lo dicho al comienzo, Gutiérrez pidió que “se de curso a la pregunta que estaba en trámite para evaluar o no la reticencia del testigo y así informar a los superiores”.

“Es manifiestamente reticente el testigo porque invoca falsamente el artículo 18”, expresó Moreau tras reiterar su pregunta y pidió que se notifique a las autoridades superiores de la actitud del testigo.

Sobre la causa de coparticipación, el oficialista remitió a una nota del diario Perfil en el que informaba de una reunión entre jueces federales y funcionarios del Poder Judicial, de los cuales dos llegaron juntos al lugar D’Alessandro y Robles, ante lo que el diputado le preguntó si eso fue así. Sin embargo, el testigo expresó: “En esa comisión fui acusado de supuestas vinculaciones con personas, contactos, reuniones. En atención a eso, no voy a responder la pregunta”.

Por otro lado, Moreau indagó por las declaraciones que hizo el contador Héctor Marchi en el tema de las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial respecto de la reticencia que tuvo para firmar el informe 4 y la no circulación del mismo a la totalidad de los ministros.

“Dentro de las historias relatadas en este recinto por el contador Marchi a distintos niveles de acusaciones, pero como ni bien dice el texto leído, además el contador Marchi fue a sede judicial y está judicializado en la justicia federal y en atención al artículo 18 no voy a responder”, apuntó Robles y sumó: “El contador Marchi relató distintas historias, con distintas acusaciones y luego fue a sede judicial”.

Al respecto, Moreau pidió que “ante las reiteras contradicciones” se vote un careo entre ambos para “clarificar la situación” respecto del informe 4 de las irregularidades de la OSPJN. También le consultó por la eliminación de la casilla de emails del presidente de la Corte que le pidió a Andrés Sacchi.  Brawer también le preguntó qué hizo con el informe 4, si lo circuló o se publicó dentro de algún sitio en la Corte como “se hizo con los demás informes”.

En ese contexto de negación por parte del testigo a responder, Martínez cuestionó que “hay una cantidad de respuestas prediseñadas por parte de Robles que no hacen fácil la situación porque a cada una de las preguntas vino formateado con alguna respuesta específica”. “Yo no tengo claro si sabe que es funcionario público”, disparó y sumó: “El sueldo se lo paga el pueblo argentino, no se lo paga Rosatti. Tener en cuenta esto es una absoluta falta de educación y de respeto a otro poder del Estado. La reiteración sistemática de respuestas evasivas en cada pregunta claramente va manifestando el poquísimo deseo del testigo de poder tener realmente el cumplimento de lo que lo obliga el reglamento de la comisión”.

“Me siento hostigado, más cuando hay causas judicializadas. Tampoco entiendo por qué me preguntan sobre cosas que hice antes de trabajar en la Corte Suprema. Me siento hostigado por el diputado al decir que tengo que ir a la Comisión Bicameral de Inteligencia”, lanzó Robles.

Retomando el tema central sobre coparticipación, Moreau le preguntó si participó de la audiencia de conciliación que se realizó en el Salón Bermejo y que convocó la Corte en marzo de 2022, a lo que Robles afirmó: “Estuve un rato, no toda la audiencia. Estuve por indicación de Rosatti por si necesitaba alguna asistencia. Creo que es la que se refirió la licenciada Batakis que me marcó en un lugar que no recuerdo dónde estaba, tampoco recuerdo dónde estaba sentada ella. Había gente para asistir a los ministros de maestranza, había gente de otras vocalías y había colegas de otra vocalía que saludé”.

“Me sorprendió que Batakis me marcara en un pizarrón cuando yo ni recuerdo si estaba sentado o parado o en el lado que ella indica. Ni sé dónde estaba ella”, agregó y negó haber participado de otras audiencias de conciliación.

El diputado oficialista le preguntó por la inundación que hubo en el despacho, a lo que el funcionario contó: “Fue a fin de enero, un lunes nos enteramos porque nos avisaron antes de llegar que se había roto un caño en el piso séptimo y filtró hasta la planta baja de un costado del ala de Uruguay donde tenemos los escritorios. Hubo un mail que, después el área pertinente informó, sobre el nivel de desperfectos que tenían más que ver con mampostería, muebles, aire acondicionado, las computadoras y discos rígidos no se dañaron. Ahora, después de que dejaron secar las paredes y el piso, estamos de vuelta en el despacho”.

Por Déborah Nohely González

Una de las leyes más controversiales cuyo tratamiento reclama la sociedad de forma urgente es sin lugar a dudas la de Alquileres, que fue aprobada por la Cámara baja en tiempos de Cambiemos en noviembre de 2019, y sancionada durante la gestión actual de Alberto Fernández en junio de 2020. La Ley fracasó por el aumento de la inflación, punto en el que todos coinciden.

A principios del corriente año, desde el oficialismo trascendió a través del entonces presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, que el Gobierno tenía la intención de modificar la norma, pero eso no ocurrió y se dilató con el tiempo, pese a que había dos dictámenes de comisión desde junio de 2022. De la vereda de enfrente, Juntos por el Cambio fue más allá y pidió la derogación de la Ley en reiteradas ocasiones en el recinto, pero el FdT rechazó siempre ese pedido.

Recientemente, en la última sesión de Diputados que tuvo fecha el 5 de julio, la oposición volvió a poner el tema en el recinto, que en un primer intento fracasó en que se trate un proyecto sobre tablas que propone su derogación, pero que, en segundo término, logró poner contra las cuerdas al oficialismo para que se solicite una sesión especial para debatir el tema el próximo 23 de agosto logrando la firma de 13 bloques.

En ese contexto, parlamentario.com dialogó con el diputado nacional y economista Martín Tetaz (Evolución Radical) sobre el tema y analizó un posible escenario de lo que podría llegar a pasar en esa sesión, teniendo en cuenta que será luego de las elecciones PASO.

- En la sesión de Diputados se solicitó al Cuerpo tratar la derogación de la Ley de Alquileres, no se logró, pero JxC pudo cosechar la firma de 13 bloques para darle tratamiento en agosto. ¿Qué expectativas tiene al respecto? ¿Cuál cree que va a ser la postura del oficialismo post elecciones PASO?

- El oficialismo va a intentar aprobar el dictamen de mayoría de ellos. Obviamente nosotros tenemos que tener cohesionados a los 13 bloques que firmaron el nuestro para asegurarnos, primero derrotar ese dictamen, y después ir por el nuestro de minoría”.

- La última vez que se trató el tema de alquileres fue en junio del 2022; pasó ya un año. ¿Cómo afecta esto a los inquilinos y a los propietarios o inmobiliarias en un contexto inflacionario cada vez peor?

- Toda expectativa que se genera en torno a la renovación o derogación de la Ley es muy mala para el mercado inmobiliario. Toda la discusión del año pasado y que finalmente terminara en la nada es muy nocivo para el mercado porque las partes se retiran esperando las reglas nuevas, entonces es importante que sea el 23 y que, si no lo logramos el 23, que sea con el nuevo Gobierno. Afecta muy negativamente a las partes y máximo ahora porque la inflación es el doble que el año pasado. Con una inflación más alta las consecuencias son mucho más gravosos porque el propietario pide muchísimo más en el inicio de contrato para cubrirse de esa inflación más alta y entonces los valores de acceso a una propiedad son prohibitivos.

- El Gobierno había amagado este año con derogarla, ¿por qué cree que eso no se concretó?

- El Gobierno no tiene la capacidad para gestionar absolutamente nada. Sergio Massa no tiene consenso de todos los diputados adentro de su propio bloque y, por lo tanto, lo que hizo fue, en mi opinión, una sugerencia muy inoportuna porque generó la expectativa de la derogación frenó todo el mercado y en definitiva ellos nunca estuvieron dispuestos a hacerlo, era mentira. Nosotros pedimos en cada oportunidad, esta es la segunda vez que lo hacemos, de la derogación de la Ley. Yo lo hice personalmente la sesión anterior para ver si el Gobierno realmente estaba dispuesto a derogar o si era fulbito para la tribuna y terminó siendo fulbito para la tribuna.

Por Déborah Nohely González

La precandidata a gobernadora por Santa Cruz y actual diputada nacional Roxana Reyes (UCR) dialogó con parlamentario.com y ratificó su desacuerdo con la decisión del Pro de formalizar una alianza con el gremialista kirchnerista Claudio Vidal, diputado nacional por el partido SER. “Es lamentable que el Pro haya abandonado Cambia Santa Cruz para integrar un frente electoral sin posibilidades de triunfo”, expresó la radical.

La ruptura se dio en la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) -columna vertebral del Frente Cambia Santa Cruz- realizada el fin de semana pasado en Puerto Deseado en donde habían dejado la puerta abierta para sumar al petrolero que en 2019 fue parte del FdT y en 2021 consiguió con su partido, Somos Energía para Renovar Santa Cruz, un espacio en el Congreso de la Nación.

Sin embargo, la decisión tomada en la Convención fue con una condición excluyente y de difícil cumplimiento: Cambia Santa Cruz debería presentarse con una sola fórmula para competir el próximo 13 de agosto y, en el caso de que eso suceda, los votos se sumarían de acuerdo con la Ley de Lemas.

A sabiendas de que Reyes no declinaría su candidatura a la gobernación, un sector de radicales rebeldes intentó convocar a una nueva convención para eliminar dicha exigencia, pero todo terminó con un fallo judicial que no solo canceló la convocatoria sino que fue el sello de ruptura.

De esta manera, el Pro y Encuentro Ciudadano decidieron aceptar al petrolero Vidal y armaron el nuevo frente “Por Santa Cruz”, mientras que la UCR, el Partido Socialista, UNIR Santacruceño y la CC respaldaron a Reyes.

Cabe remarcar que Santa Cruz votará con la vigencia de la ley de lemas, sistema que permite que varios candidatos a un mismo cargo -aún con visiones enfrentadas- compitan dentro de un mismo partido político. Todos los votos se suman y se impone el que más votos junte dentro del lema. Y se puede dar la paradoja de que el voto termine sumando para el candidato que el elector no votó. No gana el candidato más votado individualmente, sino el que sumó más votos dentro de su lema.

Este fue el diálogo de la diputada con parlamentario.com:

- ¿Qué sucedió en la convención provincial de la UCR con Claudio Vidal? ¿Qué opina respecto de que el Pro le abriera las puertas el diputado del Ser, ya que se lo fotografió junto a Horacio Rodríguez Larreta?

- En la Convención de la UCR se decidió que si no se unificaba un solo candidato de Cambia Santa Cruz no se podía ingresar en un Lema con Claudio Vidal porque significaba el riesgo de ponerlo en el gobierno y se manifestaron categóricamente con no compartir nada con ese espacio liderado por el petrolero.  Resulta lamentable que el Pro haya abandonado Cambia Santa Cruz para integrar un frente electoral sin posibilidades de triunfo con un partido con el que no tienen coincidencias.

-Usted ha dicho que es una cuestión electoral y no ideológica a fin de sumar votos. ¿Por qué?

- Claudio Vidal es un kirchnerista decadente y más violento. Los que plantean una alianza sin duda lo hacen para ganar la elección, solo electoral, no se avanza en ninguna coincidencia ideológica o de programas de gobierno.

-Tomando en cuenta su reciente posteo en redes -“¡No se saca terrorismo con terrorismo, no es a cualquier precio!”-, da cuenta de una mirada más que negativa que tiene sobre Claudio Vidal.

- Las prácticas de Claudio Vidal me han convencido de que no tenemos puntos de contacto. La Ley de Lemas es un sistema electoral mentiroso, porque los votos de un candidato terminan sumando para otro dentro de su lema y la gente no termina de saber a quién va su voto. Alicia, Vidal y Belloni en el 2019 le mintieron al electorado porque los votos de uno terminaron sumándole al otro, pero no le mintieron tanto porque son ideológicamente parecidos, son kirchneristas. Ahora, de hacer Cambia Santa Cruz una alianza con Claudio Vidal, estaríamos causando la mayor estafa electoral, porque somos diametralmente opuestos.

- ¿Cómo ve la provincia de Santa Cruz actualmente y cómo avizora su futuro electoral?

- La provincia de Santa Cruz es tierra devastada por el kirchnerismo en sus diversas caras. Estado macrocefálico, donde el gran dador de trabajo es el Estado desalentando la actividad privada y el empleo genuino, justicia absolutamente influenciada por el poder político y manipulación de la información y de los sistemas de control. Desmantelamiento del Estado, con funcionarios ricos y prestanombres y amigos del poder.  Sistema electoral tramposo como la Ley de Lemas, diputado por pueblo y reelección indefinida. Nuestro espacio ha ganado reiteradamente las elecciones legislativas y se le ha arrebatado la gobernación por la Ley de Lemas, llegando gobernar Alicia Kirchner solamente con el 22% de los votos. Le hemos ganado la última elección legislativa a dos aparatos como el Frente de Todos con todo el poder del Gobierno y a Ser con el aparato del gremio petrolero. Sabemos que representamos el cambio y no creemos en ganar elecciones con cualquiera para que nada cambie o para que las cosas se agraven.

- ¿Con qué frente político competirá finalmente y quiénes lo integran?

- Integramos el Frente Electoral Cambia Santa Cruz formado por la UCR, Coalición Cívica, Socialismo Santacruceño y Unir Santa Cruz.

- ¿Cuál es la lectura que hace del apoyo que ha recibido en redes por parte de dirigentes de la Coalición Cívica y de la UCR?

- Agradezco los apoyos recibidos de mi candidatura de los dirigentes nacionales quienes sobre todo conocen mi trabajo y la convicción que comparto con cada uno de ellos.

La Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, presidida por el radical formoseño Ricardo Buryaile, llevó a cabo este miércoles en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, una reunión informativa junto a representantes del sector agropecuario.

Al encuentro asistieron como miembros de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) su presidente Gustavo Vitelli, y David Miazzo, economista jefe de FADA; “a fin de considerar la situación impositiva del sector agropecuario, su impacto en la producción y en la economía nacional”.

Al inicio del encuentro, Buryaile agradeció la presencia de los diputados porque “es una fecha complicada”, e hizo particular el agradecimiento al presidente del bloque oficialista, Germán Martínez. También al senador Alfredo De Angeli “por acompañarnos”.

Buryaile contó que el encuentro se gestó luego de un llamado de Miazzo para poder plantear en el marco de la comisión la inquietud y un análisis de la situación del sector por los derechos de exportación. “No pensé que íbamos a estar tan holgados las dos frentes de la cámara”, expresó el radical.

“Mi espíritu como presidente y, calculo que los que están acá de la comisión, una de las cosas que se plantean es que previo a la discusión política hay sustento técnico para hacerlo y posicionamientos políticos para hacerlo. Hoy esta acá una fundación que va a hablar de por qué cree que el tratamiento de los derechos de exportación va en un sentido, con mucho gusto esta comisión se va a abrir para el que crea que va en otro sentido y para el que quiera exponer situación que comparta o no el oficialismo y la oposición”, planteó Buryaile.

En tanto, sostuvo: “Lo que sucede es que los oficialismos en las cámaras cuando son circunstanciales a breves por cuestiones políticas se les da un tratamiento de mayor celeridad sin el debido debate de las cuestiones y las leyes no son todo lo buena que quizás debiéramos sacarlas”.

En un párrafo aparte, el formoseño saludó a los periodistas presentes en su día: “Mi compromiso y mi respeto hacia quienes siempre buscan la verdad, que informan la verdad y tienen una opinión desde sus convicciones”.

A su vez, el formoseño ratificó que “la comisión va a estar abierta para todo aquel que quiera venir a exponer algo que haga a los intereses relativos a los que maneja la comisión”.

Retenciones cero

El presidente de la Fundación Barbechando, Germán Paats, sostuvo: “Vamos a escuchar una idea que nos permita empezar a pensar una Argentina distinta donde tenemos que volver a plantear todos los temas arriba de la mesa”, e invitó a los legisladores el 27 de junio en la Bolsa de cereales de Buenos Aires al primer Congreso de Políticas Públicas para la AgroBioindustria con el objetivo de mostrarle a la política los ejemplos de países como Brasil que “hicieron las cosas distintas y cómo han evolucionado en los 20 años”. También adelantó que propondrán ideas para “una Argentina grande, en crecimiento, desarrollo” porque “tenemos todas las herramientas para hacerlo, pero hay que hacerlo en conjunto con la política”.

A su turno, Gustavo Vitelli en su carácter de presidente de FADA explicó que es una organización sin fines de lucro que nació hace 14 años en Río Cuarto “dedicada especialmente a la elaboración de políticas públicas con una mirada general y no sectorial. Tratamos de mantener una mirada general para toda la comunidad. Es una perspectiva federal”.

También informó que cuentan con un equipo económico que se encargan de elaborar proyectos, informes y análisis para elaborar las propuestas de políticas públicas. “Tratamos de poner nuestro grano de área para tener mejores políticas públicas para hacer crecer al país”, resaltó y agregó: “En todos esos trabajamos que venimos haciendo, venimos advirtiendo que la otrora competitividad del agro argentino que lo tenemos como un hecho ya no es tanto”.

“Hoy hemos perdido mucho terreno con nuestros vecinos y competidores internacionales y queremos revertir la situación y eso lo hacemos con datos”, planteó Vitelli y contó que se le pidió al equipo económico que analicen el impacto de las decisiones a tomar de manera tal que “la consideremos viable y sujetar todas las mejoras”.

Y sumó: “Queremos tratar de abrir el juego desde otro ángulo mirando las externalidades positivas que pueden tener las medidas. Estamos abiertos a cualquier opinión y a disposición de lo que crean necesario porque buena parte de nuestro trabajo es apoyar a los dirigentes que tienen necesidades de información o proyectos”.

A continuación, fue el turno del economista jefe de FADA, David Miazzo, explicó las cuatro claves para “crecer” y generar medio millón de puestos de trabajo.

“¿Cuánto puede producir Argentina?”, preguntó y procedió a detallar: “En términos de granos podemos llegar a producir 213 millones de toneladas, eso es un 56% más de lo que producimos hoy, parte por el aumento de la superficie producto de una mayor rentabilidad que permita que áreas que hoy no están en producción producto de las distancias de fletes, condiciones de clima y suelo, más un cierre de brechas productivas de rindes por mayor uso de tecnología, fertilizantes, semillas y también el riego que puede generar que la producción crezca”.

“También podríamos producir 1 millón más de toneladas de carne bovina, incrementar 1 millón más de carne porcina, el corte de biodiesel lo podemos llevar hasta un 15% y en el caso de bioetanol hasta un 20%. Tenemos más de una docena de economías regionales de las cuales se podrían hablar de impactos”, precisó Miazzo.

En otro ejemplo, sostuvo que un 56% de aumento de la producción cuando “se quitaron los derechos de exportación y las restricciones a las exportaciones de maíz y trigo en solo tres campañas la producción de maíz se incrementó un 68% y la del trigo un 46%. Podemos lograr este incremento de producción en 10 años “.

Al hacer una comparación con Brasil, planteó como interrogante dónde estaría Argentina si en los últimos 20 años se hubiese comportado con la producción agrícola de la misma manera que el país vecino. Entonces, detalló: “El año pasado hubiésemos producido un 66% más, con 34 mil millones de dólares adicionales por año de exportaciones. Cerca de la mitad de las discusiones económicas que hoy tenemos, no las tendríamos si el año pasado Argentina hubiese sido capaz de generar 34 mil millones de dólares adicionales de exportaciones”.

“Estos incrementos de producción, solo en las cadenas de granos, estimamos que en 10 años pueden llegar a generar 370 mil nuevos puestos de trabajo adicionales a los 3,7 millones de trabajos que hoy generan las cadenas agropecuarias y agroindustriales”, precisó el economista.

Al respecto, precisó que esos puestos de trabajo se distribuyen en las producciones de soja, maíz, cebada, girasol, trigo y enumeró que los puestos de trabajo se distribuyen en huerteros, productores, tamberos, veterinarios, operarios, transportistas, abogados, aceiteros, molineros entre otros tanto. “Para graficar la complejidad que tiene la cadena agropecuaria y cuando hablamos de incrementar la producción no solo hablamos de una persona más, sino toda esa cadena compleja”, planteó.

En esa línea, sostuvo que esos impactos se verían en los primeros años cuatro años y el 56% de producción se generaría el 27% de aumento de producción y llevarla a 174 millones de toneladas y, en 10 años, serían 76 millones de toneladas adicionales lo que genera “un mayor valor de producción a la Argentina de 36 mil millones de dólares que implicaría llevar la producción de 55 mil millones de dólares a 85 mil millones de dólares. Son números similares a lo que se habla de Vaca Muerta”.

“En los próximos cuatro años, solamente esto estaría adicionando 2,4 puntos al PBI y estaría aportando un año de crecimiento. Después se necesitan el resto de las actividades económicas”, ejemplificó Miazzo.

También planteó que, en inversión en insumos, significaría que el mercado debería crecer hasta 7 mil millones de dólares adicionales por año y agrego que “hay estudios que hablan de montos superiores a este”. “Solo la maquinaria agrícola nueva para el pequeño incremento de superficie son mil millones de dólares adicionales y la renovación de la maquinaria. Esto es industria, metal mecánico. Son sectores que se dinamizan”, afirmó.

Sobre la logística dijo que “mover estos millones de toneladas adicionales significan 3 millones de fletes lo que es un gran desafío en la infraestructura del transporte. Si lo ponemos en números estamos hablando de 14 mil millones de dólares a lo largo de los próximos 10 años que crecería el mercado de fletes y logística, pensemos en los impactos indirectos que son combustible, neumáticos”.

“Si a este ejemplo sobre granos, les sumamos los biocombustibles y carnes estamos hablando de otros 7 mil millones de dólares, un PBI que en estos 10 años agregaría 7 puntos y en puestos de trabajo se vería más la diferencia se iría a 544 mil puestos que se pueden generar con estos niveles de producción”, planteó Miazzo y sumó: “Esto podría cambiar la dinámica porque hoy una gran preocupación de los argentinos es el salario porque llevamos 6 años donde cae, y una de las maneras genuinas de que el salario crezca y mejore es si somos capaces de generar más producción, riqueza, trabajo que es una gran preocupación”.

Al respecto, contó que hay cuatro políticas de base para lograr esto: “Cero retenciones, cero restricciones, un dólar y reglas claras de juego”. Y las complementarias son: “Apertura de mercados, impuestos distorsivos, infraestructura de transporte, seguros, fertilizantes, riegos, genética, biocombustibles, conectividad”.

“Todas políticas que, si no se dan sobre una base fuerte de las cuatro medidas, solo terminan actuando en el margen y solucionando problemas no tan significativos”, analizó. Así, planteó que de estas cuatro claves el “mayor desafío se presenta en 0 retenciones dada la situación de déficit fiscal y de inestabilidad económica que hay. Es el principal desafío”.

“Para amortiguar el impacto fiscal de esa clave de retenciones cero trajimos como propuesta bajar de manera inmediata 12 puntos a todos los productos lo que significa la eliminación de los derechos de exportación en todos los productos menos en soja y, en el caso de soja, que vaya al 21 de manera inmediata”, propuso y explicó que “esto es básicamente porque la soja es la más significativa de la graduación y limitamos el desarrollo productivo de muchas actividades cuando en términos de caja no termina de significar tanto”.

Para la soja, que quedará en 21%, propusieron “eliminar el impuesto y reemplazar de forma transitoria por cuatro años por un mecanismo transitorio un pago a cuenta de impuestos que en un futuro se pueda utilizar. El Estado puede otorgar un certificado que sería de aplicación decreciente para que vaya a cero, que pueda ser transferible, nominado en dólares para que tenga algún valor y a partir del 5to año pueda ser utilizado en cuotas para el pago de impuestos o que se empiece a amortizar en cuotas y así desaparece el derecho de exportación como impuesto y, de manera transitoria, queda un mecanismo que permite amortiguar el impacto fiscal”.

Miazzo detalló que la entrega del certificado de crédito fiscal, como mecanismo transitorio para amortiguar el impacto fiscal, amortigua el impacto en la caja del Estado, crece la recaudación por otros impuestos y mayor actividad económica, el productor recibe mayor ingreso, hay un incentivo a producir más.

La palabra de los diputados

El radical Víctor Romero (Córdoba) sostuvo que “todos tenemos que aspirar a la mejora en el sector agropecuario porque es la salida que tiene la Argentina”. “Todo como un aspecto positivo unificar las políticas de tipo de cambio porque no hay posibilidad de proyectar una mejora si mantenemos la macroeconómica como esta y, claramente, la inestabilidad no hay posibilidad de inversión”.

“La baja de retenciones tiene que ir con una baja del gasto público, de una eficiencia del gasto en sí. También de una política integral porque tenemos un 40% de informalidad laboral”, consideró Romero.

El diputado Fabio Quetglas (UCR) destacó el proyecto, pero planteó que “cuando hay que hacer una política pública hay que pensar en ganadores y perdedores y largo y corto plazo porque la gran limitante que tuvo este tipo de iniciativas es que lo que es una patología para la economía agropecuaria es una protección al industrialismo obsoleto. Hay un montón de perdedores que, si es más larga que los ganadores, produce bloqueo político”.

El presidente de CARBIO, Luis Zubizarreta, manifestó que “no es justo que se discriminar a un producto como la soja que es nuestro futuro y desarrollo, pero tampoco podemos discriminar al sector industrial cargándole todos estos millones de impuestos y que los demás no contribuyan. Esto patea el avispero para seguir trabajando y se reparta más equitativo todo para desarrollar los sectores competitivos”.

La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados se reunió este jueves en la Sala 2 del Anexo para debatir sobre el “Reciclado de Residuos de Artes de Pesca”, teniendo a consideración un proyecto de la diputada Mariana Zuvic sobre Presupuestos Mínimos para la Gestión Ambiental de Residuos de Artes de Pesca.

Al encuentro, presidido por la legisladora Zuvic (CC-ARI), asistieron y disertaron funcionarios y representantes del sector privado: Julián Suárez, director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, el director del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Oscar Padín; la directora nacional de investigación del INIDEP, Claudia Carozza; y el jefe del Programa Artes de Pesca del INIDEP, Ricardo Roth.

La lista de oradores se completó con Gabriel Capello, subgerente comercial de Moscuzza Artes de Pesca; Diego Taboada, presidente del Instituto de Conservación de Ballenas; y Consuelo Bilbao, directora Política del Círculo de Políticas Ambientales.

Al inicio de la reunión, Zuvic sostuvo que “esta comisión da garantías siempre y, es algo que nos comprometimos conjuntamente con la vicepresidenta de la comisión Marcela Passo, que sea un trabajo participativo, colaborativo y representativo de todos los sectores y todas las voces para que podamos en conjunto con los diputados quienes, en virtud de este proyecto, hemos recibido un montón de aportes y poder construir y elaborar una ley robusta y que le dé garantías a todos los sectores y los protagonistas que son los que están aquí presentes para abordar el tema”.

Respecto al proyecto de su autoría, comentó que fue apoyado por más de una docena de diputados. “Hemos recibido comentarios tanto de Moscuzza como de la Subsecretaría de Pesca”, agregó Zuvic y agradeció la presencia de Julián Suárez y destacó que, respecto a la temática, “él ha avanzado, y esto es un hito importante en el país y a nivel internacional, con la disposición 4 del 2023 respecto de la trazabilidad que está incorporado dentro del articulado del proyecto”.

“Estamos a disposición para trabajar junto al INIDEP, a Moscuzza y a todos los presentes en un equipo de trabajo porque sabemos que este proyecto es bastante ambicioso y requiere de la participación y protagonismo de todos”, sumó la titular de la comisión.

Respecto de las Artes de Pesca, explicó que “están abandonadas, perdidas y descartadas generan enormes daños al ambiente, a la salud. En la economía se estiman que, aproximadamente, de 640 mil toneladas abandonadas o perdidas en los océanos”. Así, precisó que el objetivo del proyecto es “gestionar los residuos generados por las artes de pesca. Es un proyecto bastante ambicioso porque buscamos, a través de la implementación del principio responsabilidad extendida al productor. Es complejo, motivo por el cual requerimos la participación de todos los actores”.

“Esto permite englobar a todo un universo de residuos que son plásticos y micro plásticos que llega a la cadena alimentaria y pude ser absolutamente nocivo para la salud de las personas”, alertó Zuvic.

 La vicepresidenta de la comisión, la oficialista Marcela Passo, consideró que “es un tema muy importante porque la gestión de los residuos en general es un tema que nos obliga a ocuparnos cuanto más interesantes se vuelven cuando se hace el abordaje con los sectores en particular”.

También celebró la presencia, el interés y la participación de los invitados lo cual “da cuenta de la preocupación y ocupación en el tema para que podamos arribar a la mejor norma posible”, y ratificó que el compromiso es generar equipos de trabajo para “poder escucharlos y arribar a la mejor conclusión posible”.

La palabra de los referentes de la Subsecretaria de Pesca

Abrió la ronda de expositores Julián Suárez, director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, quien puso a consideración uno de los hitos de gestión que se llevó a cabo desde la Subsecretaría de Pesca porque “como país, y esto nos tiene que llenar de orgullo, nos hemos convertido en el primer país en regular el mercado de pesca y arrastre en consonancia con las directrices que ha emitido la FAO a nivel internacional”.

Al respecto, señaló que fue un trabajo “arduo, complejo” que “nos llevó a viajar por nuestro litoral marítimo”, y a encontrarse con todos los eslabones que componen la labor pesquera. “Se ha convertido en una característica destacada de la gestión de tener esta visión y accionar inclusivo de cara a cada uno de los sectores”, planteó.

Al referirse a los invitados presentes, destacó que “han traído a la mesa propuestas, críticas constructivas, que nos permitieron arribar al dictado de una norma que goza de total legalidad y gran legitimidad que también nos tiene que llenar de orgullo”.

Por otro lado, recordó que comenzaron a trabajar la temática en 2021 tomando como base un proyecto elaborado por el equipo del INIDEP que “había trabajado durante años y fue el mercado de las artes de pesca que se utilizan para la captura de la especie centolla en nuestro país y fue la primera experiencia exitosa de mercado de artes de pesca. También es la primera regulación de la historia pesquera en el país que se encarga de normar el mercado de arte de pesca. Esto fue una evolución muy importante en la cual nos hemos sustentado para continuar avanzando con las artes de pesca de arrastre que son las que predominan en el Mar Argentino en la jurisdicción nacional”.

“Somos conscientes que la actividad pesquera es una actividad productiva que genera cierto grado de contaminación, no acá en la Argentina únicamente sino a nivel internacional. Es un flagelo que se atraviesa a nivel internacional y por eso la FAO estuvo emitiendo sus directrices internacionales para que los países pesqueros adopten medidas y las incorporen internamente”, informó Suárez.

En esa línea, precisó que en eso estuvieron trabajando desde junio del 2022 viajando a las ciudades pesqueras, conversando con los actores y arribar a la Disposición 4 que “regula el mercado de las artes de pesca, el mercado de las boyas y de los portones que son los equipos de pesca. Fuimos un poco más allá porque hace a todo el equipo”.

“La pérdida de arte de pesca es incidental. La realidad es que los equipos son muy costosos. Las embarcaciones no pierden las artes de pesca de manera intencional o el abandono, sino que pueden existir casos fortuitos o de causa mayor por las cuales se terminan perdiendo como la inclemencia climática en altamar”, manifestó Suárez.

También contó que implementaron el año pasado una reglamentación de cara al equipamiento que deben tener los buques pesqueros antes de despachar la pesca en la jurisdicción nacional, para el recupero de todo tipo de elementos que “es la gran utilización de bicheros poniendo el valor vida por encima del plástico”.

“Hemos reglamentado en las 3 disposiciones cuál es el accionar que debe tener el armador, el capitán del barco, al momento de encontrar un elemento de arte de pesca abandonada o perdida. Debe informar a la Prefectura Naval Argentina y a la dirección a mi cargo para que se pueda poner a conocimiento del propietario de esa arte de pesca para su reutilización, reciclado y disposición final del arte de pesca, todo ello enmarcado en una economía circular”, detalló.

En tanto, planteó que Argentina “tiene la capacidad para desarrollar ese tipo de industria y ese círculo virtuoso se culmine en nuestro propio país, agregando valor, generando trabajo, ahorrar divisas y tiempo”.

Por último, se refirió a la trazabilidad de la pesca y señaló que “era importante hacer visibles a quienes eran invisibles históricamente porque en la Administración Pública Nacional nunca se tuvo en consideración al redero y hemos creado un registro para que todos del país se inscriban en el registro y obtengan un código de identificación. El proyecto elaborado se complementa muy bien al del Ejecutivo. Una ley de este estilo será muy beneficiosa para complementar el trabajo y que no quede inconclusa el factor ambiental”.

Representantes del INIDEP

A su turno, el director del INIDEP, el licenciado Oscar Padín, agradeció a todas las empresas que los siguen ayudando, a la Prefectura, a la Fundación de Conservación de Ballenas y otros actores que “son sustantivos para avanzar en estas ideas y conceptos”.

Padín explicó que el INIDEP es un Instituto de Investigación, pero también “es una oficina que tiene que cumplir con todas las normas del Estado, no es una empresa privada, y tenemos todas las consideraciones que se deben cumplir para poder seguir actuando, no solo como un instituto de investigación científica, sino también como un armador de buques”.

A continuación, tomó la palabra la directora nacional de investigación del INIDEP, Claudia Carozza, contó que cuentan con 30 programas de investigación y 10 gabinetes que sustentan toda la investigación pesquera y oceanográfica.

“Nuestro país tiene 3 buques de investigación, dos de última generación. Tenemos relevado todo el Mar Argentino con lo cual hay mucha información. Es un orgullo comentar esto en esta comisión”, destacó.

Asimismo, se refirió a los micro plásticos: “Tenemos un especialista en este tema y estamos tratando de fortalecer el grupo y algunos resultados preliminares indican que hay mucha concentración de micro plásticos en las zonas donde hay encuentros de corrientes que son los lugares más productivos del Mar Argentino donde se producen todos los aspectos relevantes para el ciclo de vida de las especies, la concentración de las crías. En esos lugares donde mayormente de han encontrado la concentración de micro plásticos y las mayores partículas vienen de fibras textiles”.

De forma breve, el ingeniero y jefe del programa de Artes de Pesca del INIDEP, Ricardo Roth, celebró la oportunidad de participar en la elaboración del proyecto, corrección y sugerencias y expresó predisposición en colaborar en lo que necesiten.

Moscuzza Artes de Pesca

Por otro lado, disertó Gabriel Capello, subgerente comercial de Moscuzza Artes de Pesca, indicó que “en principio logramos entender que hay un problema con las Artes de Pesca que tenemos que solucionarlo de alguna manera”.

“Al leer el proyecto de ley, me surgieron algunas cosas para poder aclarar de las redes y del mercado”, adelantó Capello y contó: “Hoy logramos de voluntad propia y sin ninguna imposición generar un circuito de reciclado de pesca de la mano de dos empresas que nos han aportado su visión ambientalista y lograron hacer un nexo entre privados”.

Capello explicó que la empresa se dedica a la fabricación de las redes y afirmó que “en esa fabricación hay un desperdicio, pero es de materia prima virgen. Ese desperdicio se logra colocar en algunos recicladores que son del país”. Luego, precisó que esas redes “van a los rederos o pesqueras que son los que confeccionan el arte de pesca. Esa confección también puede tener un mínimo desperdicio porque es material caro”.

“El tercer momento que genera residuos es cuando se reparan esas artes de pesca, se cambian porciones de la red y nosotros recolectamos. El mayor momento de generación de residuos es cuando un arte de pesca completo no sirve más son muchas toneladas de redes que quedan en los depósitos de las empresas”, planteó y agregó que ahí empezaron a ver que había una posibilidad de recuperar eso.

Y añadió: “En algún momento pensamos en poner una planta de reciclado, pero el mayor problema que se encuentra es que no hay un gran volumen para justificar un montón de gastos que requiere”. Así, comentó que la decisión que tomaron fue que “cuando entregamos mercadería a los clientes ese flete negativo con camiones propios lo usamos para traer mercadería de los clientes hacia Mar del Plata, Buenos Aires, etc. Decidimos dejar eso de lado y empezar a traer las redes para reciclar. En ese momento empezamos a copiar redes para reciclar, pero nos encontramos que no teníamos dónde colocarlas”.

“El material es muy variable y las cantidades anuales que se pueden conseguir tampoco son fijas porque dependen mucho del lugar dónde vayan a pescar, el cupo de pesca que tengan, depende de la necesidad de ventas, hay un montón de fatores que hacen que un año sean tantas toneladas para reciclar y al otro año sean otras. Si sabemos que puede haber entre 200 y 300 toneladas anuales de redes para reciclar, es lo que tenemos calculado. Ese volumen es muy complejo para poner una planta y no justifica una inversión para poder reciclar el material, son costos enormes porque hay que separar poliestireno de nylon, separar boyas, empaquetarlo y despacharlo”, explayó Capello.

Así, aseguró que “ese proceso lo hace Moscuzza y tiene un costo más el trabajo de recibir redes, volver a cortarlas, limpiarlas, generar de nuevo la materia prima, genera que el costo de esa materia prima sea mucho mayor que el costo mayor de la materia prima virgen. Entonces el mercado que hay que lograr para poder pagarlo”.

“En Argentina no existe algo así y tenemos aún problemas de jurisdicción porque en Ushuaia tenemos más de 40 toneladas de redes que siguen ahí y hace varios años queremos traerlas, pero nos piden que paguemos impuestos o que se rompan de manera tal que es imposible”, alertó Capello.

Sobre el proyecto que plantea que esas redes se utilicen para otra función como un gallinero, explicó que el problema es que “una vez que sale del mercado de la pesca, le perdemos el rastro. Son materiales desgastados que rápidamente se van a convertir en basura y van a ser descartados y volvemos a tener basura”.  También planteó que utilizar la materia prima para redes nuevas tampoco se puede porque “se generarían redes de menor calidad, es decir, que se rompen más rápido, van a ser más pesadas y vamos a tener el doble de basura”.

Sobre los materiales bio degradables precisó que “también tienen el mismo problema porque no tienen la misma resistencia, no duran lo mismo y serían basura rápidamente y no estaríamos solucionando el problema”.

“Logramos recuperar 200 toneladas de redes, pero se logró con un consenso entre los privados, los rederos, las pesqueras, y pensamos que con ese consenso que la ley tenga ese consenso general que siga siendo no por un tema de imposición o castigo, sino que sea por beneficios sería buenos que estén relacionados con la compra de material nacional. Espero que se pueda seguir trabajando en una ley que nos aporte y nos ayude”, cerró el subgerente comercial.

El impacto en la biodiversidad

Asimismo, Diego Taboada, presidente del Instituto de Conservación de Ballenas que realizó alianza con la empresa Moscuzza para reciclar; se expresó sobre la situación de la fauna marina. “Se estima que mueren más de 135 mil ballenas, defines y otros mamíferos marinos atrapados en estas redes”.

 “A nivel mundial aproximadamente el 45% de todos los animales marinos de la lista roja de especies amenazadas se han visto afectados por equipos de pesca perdidos o abandonados”, aseveró y añadió: "Debemos contar con lugares de disposición adecuado. En cada instancia de proceso industrial de la pesca tiene que haber infraestructura apropiada. Es uno de los principales reclamos del sector portuario y es una cuestión de poder segregar bien los materiales”.

También alertó que la contaminación plástica es uno de los problemas ambientales globales de más rápido crecimiento, ya que se estima que 11 millones de toneladas de plástico ingresan al océano por año, siendo un 10% de origen pesquero y 640.000 toneladas corresponden a aparejos de pesca abandonados.

Consuelo Bilbao, directora Política del Círculo de Políticas Ambientales, habló de la responsabilidad extendida del productor, en donde se enmarca el proyecto. Y consideró importante “dar solución a la gestión del material plástico para ir hacia una transición sustentable y circular”.

 “La contaminación va mayormente al mar, el 80% de los residuos que caen al mar son de origen terrestre, el 20% son de origen marítimo. El 10% de ese porcentaje la FAO define que son artes de pesca y que, dentro de todas estas fuentes de contaminación, la más dañina para el ecosistema marino son las artes de pesca”, agregó Bilbao.

 Además, participaron Roxana Schteinbarg del instituto conservación de ballenas; Luis Giorgetti, redero en artes de pesca, entre otros.

¿Qué son las artes de pesca?

Es todo lo que se usa para capturar peces. Hay artes de pesca deportiva, que se hace con caña; las artes de pesca comerciales o artesanales, en la que se utilizan redes, o canastos; el palangre.

El proyecto tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional para la gestión de los residuos de artes de pesca a través de la implementación del principio de responsabilidad extendida del productor, con la finalidad de proteger la salud de las personas y del ambiente.

Objetivos de la ley:

• Minimizar hasta reducir a cero el abandono y/o disposición final de artes de pesca, ya sea en el ecosistema marino y/o costero como en los vertederos de residuos, aplicando los conocimientos y mejores técnicas disponibles para su reutilización, tratamiento y reciclado;
• Fomentar la utilización de materiales de mayor durabilidad, cuyo proceso de reciclado sea el más eficiente, y cuyo impacto ambiental durante su ciclo de vida sea el mínimo;
• Promover la utilización de materiales biodegradables en la conformación de las artes de pesca;
• Disminuir y eliminar los daños causados a las especies marinas y/o terrestres por las artes de pesca abandonadas y/o inutilizadas, ya sea en el ecosistema o en su disposición final;
• Evitar la diseminación de micro-plásticos y/u otras sustancias químicas resultantes de la degradación de las artes de pesca abandonadas y/o inutilizadas en el ecosistema marino, costero y terrestre;
• Proteger la salud humana, animal y vegetal, evitando el ingreso de contaminantes derivados de la degradación de las artes de pesca en la cadena alimentaria.

Los productores de artes de pesca deberán procurar la confección de las artes de pesca cuya vida útil sea la más extensa posible, conformadas por los materiales de menor impacto ambiental, priorizando aquellos cuyos componentes que, cumpliendo su función, sean biodegradables.

Para los pescadores, operadores y empresas pesqueras usuarios de las artes de pesca queda prohibida la disposición en el ambiente, junto a los residuos domiciliarios o en cualquier tipo de vertedero de los residuos de artes de pesca que ya no puedan cumplir su función, sean parciales o totales, ya sea por deterioro causado por el uso, rotura, y/o falla de fabricación.

Se estima que cada año se pierden o abandonan 640.000 toneladas de artes de pesca en los océanos. Una décima parte de todos los desechos en los océanos se componen de aparejos abandonados, según cifras de la FAO y el Programa de las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente

Una vez que son descartados, los anzuelos, redes, y líneas de pesca abandonados en el ambiente acuático continúan causando estragos en la vida acuática, matando animales de todo tipo, y causándoles sufrimiento durante extensos períodos, lo que configura una seria amenaza para la biodiversidad marina.

No solo se trata solamente de un problema ambiental, sino también económico. Algunos estudios estiman que más del 90% de las especies capturadas por el abandono de artes de pesca tienen valor comercial.

En el Atlántico Sudoccidental conviven especies amenazadas de extinción y/o con poblaciones reducidas, entre las que se encuentran tiburones, rayas, mamíferos marinos y aves, las artes de pesca abandonadas pueden causar un daño severo a especies cuyo estatus poblacional es muy delicado. Según datos de la WWF, la “pesca fantasma” causa daño al 66% de las especies de mamíferos marinos y al 50% de las especies de aves marinas.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, a cargo del riojano Ricardo Guerra (FdT) retomó este miércoles el cuarto intermedio del pasado 10 de mayo para continuar con el análisis del proyecto que establece un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos (Mono-tech) y un régimen cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos que ya cuenta con media sanción de Diputados. Tras el tratamiento el texto pasó a la firma.

Guerra explicó que el proyecto que “tuvo un amplio ámbito de aprobación y es demandado por numerosos profesionales que se encuentran en el ámbito del conocimiento. Plantea un nuevo régimen tributario simplificado consolidado que contempla el impuesto a las ganancias, al valor agregado y también los aportes previsionales y si se desea también incorporar la obra social”.

“También plantea un régimen cambiario nuevo que simplifica y le permite a los monotributistas disponer de su dinero cobrado en moneda extranjera que en la mayoría de los casos se da, sin tener la necesidad de liquidarlos en el mercado libre de cambio”, agregó el riojano.

En esa línea, precisó que el proyecto está dirigido a quienes prestan servicios en el marco de la industria del conocimiento y lo desarrollan en el país, pero ese servicio usado en el exterior y “como contraprestación perciben en moneda extranjera”. Además, alcanza a quienes participan en competencias deportivas de manera online que “perciben premios en moneda extranjera. Es una de las condiciones de que los ingresos provengan del exterior y está dirigido a personas físicas”.

“El objetivo es recaudar divisas, algo importante para el país”, remarcó Guerra y agregó: “También evitar la informalidad de quienes prestan estos servicios. Esto incentiva el registro tributario y permite ampliar derechos porque son personas que van a tener una obra social, aportes previsionales, ingresos que son considerados del sistema formal y pueden acceder a tarjetas de crédito y préstamos. Estas personas se van a ver involucrados en el incremento de sus derechos”.

El bloque opositor presentó una nota en la que solicitó invitar al ministro del área y a representantes de los sectores involucrados para brindar sus opiniones al respecto. Luego, el proyecto pasó a la firma.

El proyecto

El régimen se encuentra destinado a los pequeños contribuyentes que realicen actividades relativas a la economía del conocimiento, y a aquellos que efectúen cualquier tipo de prestación de servicios, siempre que estas actividades sean realizadas en el país, pero su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior.

También quedan comprendidos en este nuevo régimen los ingresos derivados por el ejercicio de “eSports” o deportes electrónicos, entendiendo por tales a las muy difundidas competiciones organizadas a nivel profesional, multijugador y de diferentes disciplinas de videojuegos con acceso desde diferentes dispositivos y plataformas de forma online u offline.

Según el texto, serán considerados “Pequeños Contribuyentes Tecnológicos” las personas humanas residentes en el país que obtengan ingresos brutos por las actividades anteriormente referenciadas, en los 12 meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión al “Mono-Tech”, inferiores o iguales a un equivalente de 30.000 dólares.

De acuerdo a la escala, estarán comprendidos en la categoría D quienes registren ingresos hasta 10 mil dólares anuales; en la F quienes registren entre 10 mil y 20 mil dólares anuales; y en la H quienes tengan hasta 30 mil dólares anuales de ingresos.

Asimismo, se señala que el “Mono-Tech” facilitará “la operatoria fiscal de los contribuyentes alcanzados toda vez que sustituye e integra en un solo pago, de corresponder, el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado y los Recursos de la Seguridad Social; y para el caso en el que el contribuyente se encuentre comprendido por otras actividades en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), se establecen disposiciones tendientes a la compatibilización de uno con otro”.

Además, el texto propone un Régimen Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos que posibilite que estos sujetos se encuentren exceptuados de la obligación de liquidar las divisas percibidas por las actividades alcanzadas por la medida en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Un plenario de las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda del Senado, a cargo de los oficialistas Pablo Yedlin (Tucumán) y Ricardo Guerra (La Rioja) respectivamente, se reunieron este martes para emitir dictamen favorable y dejar listo para el recinto los proyectos de ley sobre muerte perinatal y pubertad precoz, ambas iniciativas que vienen con media sanción de Diputados.

Antes de comenzar con el tratamiento de los proyectos, Guerra procedió a leer los cambios que hubo en la comisión que preside: “Quiero informar que por decreto de Presidencia N° 13/23 en su artículo segundo menciona designase al senador Pablo Yedlin y a Lucía Corpacci en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en reemplazo del senador Carlos Linares y la senadora Silvia Sapag”.

Muerte Perinatal

A continuación, Yedlin explicó: “Tenemos para tratar dos medias sanciones que llegaron de Diputados”. Respecto a la primera iniciativa, sostuvo: “Tiene relación con un proyecto del senador Antonio Rodas acerca de la importancia de que el sistema de salud, sobre todo las maternidades, tengan previsto cómo tratar, cómo atender, cómo cuidas y acompañar a aquellas mujeres que, en momentos de dar a luz, tienen la muerte perinatal que es definida por la OMS desde la semana 22 de gestación hasta el nacimiento”.

“Esto tiene que ver con una situación de duelo, de mucha complejidad que en general no están atendidas correctamente en las maternidades que están previstas para otro tipo de tratamiento, entonces lo que la ley es importante que tiene por objeto, a través de la autoridad de aplicación, llevar adelante la capacitación, el adiestramiento, la infraestructura, el equipamiento, para la necesidad de estas mujeres y familias frente a esta situación dura que es la muerte perinatal”, precisó el tucumano.

En tanto, resaltó que el proyecto fue votado por unanimidad en Diputados y agregó: “Entiendo que deberíamos acompañar para poder transformarlo en ley y que este esfuerzo de mucho tiempo se concrete y podamos tener en las maternidades de la Argentina, del sector público y privado equipos preparados para esta eventualidad dramática que muchas madres viven y pueda ser superada con atenciones especiales”.

Pidió la palabra el senador chaqueño Antonio Rodas (FdT) quien remarcó: “Por supuesto que es importante esta ley, la hemos trabajado con nuestros asesores. Hubo un consenso mayoritario, hemos tenido dos dictámenes que lamentablemente nunca llegaron al recinto y, por lógica, esta es una situación transversal que nos golpea a todos sin ninguna distinción de bandería política ni religiosas, estamos de acuerdo en que se le dé la celeridad necesaria”, pero cuestionó que envió a la presidencia de la comisión para que incorpore las distintas modificaciones que “son el resultado de una serie de entidades que han trabajado durante todo este tiempo los dos dictámenes”.

“Queremos ser justos de que no se detenga el proyecto, en este año difícil de conformación de las comisiones de llevarlas adelante y que, por supuesto, salgan los dictámenes para el recinto. Nosotros vamos a estar ansiosos esperando que esto sea tratado en la próxima sesión para que se pueda cristalizar y vamos a estar atentos para ver de qué manera se incluyen las modificaciones que en su gran mayoría son coincidentes con las modificaciones en lo que respecta a la redacción. Voy a acompañar la firma para que de esa manera no se detenga el proceso para seguir trabajando y esperando la incorporación que sugerimos”, adelantó Rodas.

Al respecto, Yedlin aclaró: “Cualquier modificación que se le haga al proyecto requiere que vuelva a la Cámara de Diputados, pero me parece bien que lo discutamos y coincide con Rodas porque las modificaciones no modifican tanto el fondo de la cuestión para devolverlo a Diputados al proyecto, es un tema a discutir”.

Luego hizo uso de la palabra el vicepresidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR), quien le preguntó a Rodas si “firma el proyecto y pasa al recinto para ver la posibilidad de modificarlo o vuelve a comisión para hacerle las modificaciones pertinentes”. A lo que el chaqueño aclaró: “Vamos a firmar el dictamen y, a su vez, vamos a darle la posibilidad sobre tablas, por supuesto, charlando con anterioridad con los distintos integrantes de la comisión porque entendí en la premuera del caso. Retroceder hace que tengamos una dilatación que creo que hoy por hoy lo que menos queremos los senadores de ambas bancas es frenar los procesos legislativos porque estamos expuestos a constantes agravios y nos marcan como que los senadores no proceden con cuestiones que son problemas de la gente y que la agenda es nuestra del Senado y son distintas a la de la gente”.

“Voy a ser guardián de que las modificaciones que hice entrar por la secretaría correspondiente sean realmente tenidas en cuenta y ejecutadas. Las modificaciones serán cumplidas evitando el retroceso y sigamos para adelante en el proceso legislativo que necesita el país”, cerró Rodas.

También hizo uso de la palabra la vicejefa del bloque FdT, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien agradeció que en la primera reunión se hayan incorporado el proyecto que “fue trabajado por Rodas atendiendo las demandas de los diferentes colectivos y de familias que han tenido la terrible experiencia de pasar por una situación como la que estamos tratando”.

“Esta comisión como muchas otras se han hecho eco de las problemáticas que se vienen impulsando desde la sociedad y eso me parece fantástico tener un Senado así que no es el mismo desde cuando yo llegué porque es más abierto, de más escucha, de recepción de las demandas que tienen que ver con sectores que vienen luchando hace tiempo porque una ley les garantiza sus derechos”, reflexionó la oficialista.

Así, agradeció a Rodas por la labor realizada y por la convicción para que “esto se acelere y poder consensuar para el recinto lo que haga a una mejor ley siempre pensando en que también está la posibilidad de la reglamentación del Ejecutivo y también que en el recinto podamos ver las diferentes modificaciones y entendamos que hacen a una mejor norma”.

“Estas no son temáticas para especular, son temáticas para ir para adelante. Si estamos convencidos que es una ley importante para la Nación venga de donde venga tenemos que apoyarla”, remarcó Fernández Sagasti y sumó: “Sigamos el ejemplo de Rodas para que esta ley pueda tener dictamen y ojalá pronto tengamos sesión para llevarla al recinto”.

Además, consideró que “solo quien pasó por una situación así, sabe que se necesita un tratamiento específico, un trato humanizado a las familias que tienen que atravesar la tragedia”, y contó que le pasó de “una forma cercana” por lo que comprende que “en estos tiempos la humanización de todas las redes sociales, tenemos que tratar de indicar a través de las leyes cuál es el camino”.

Volvió a hacer uso de la palabra el presidente de la Comisión de Salud quien explicó: “Ambos proyectos tuvieron consulta en la secretaría de presupuesto. Esta no tiene costos fiscales”. Así la iniciativa pasó a la firma.

El proyecto establece procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, aprobada en la Cámara baja en noviembre pasado con 216 votos a favor y solo uno en contra.

El proyecto, bautizado “Ley Johanna”, por el caso de Johanna Piferrer -impulsora de la iniciativa y quien fue víctima de violencia obstétrica-, indica que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliadas/os, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.

Se busca dotar las/os profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal.

También, posibilitar un ambiente de contención y cuidado, con el acompañamiento de especialistas; y facilitar opciones terapéuticas, gestiones a realizar, documentación a cumplimentar y consultas sucesivas.

Pubertad Precoz

Respecto del dicha iniciativa, Yedlin recordó que “es un proyecto que se trabajó mucho en Diputados. En alguna sesión se planteó la necesidad de una ley. En ese momento derivamos al colectivo que pedía sobre esta patología al Minsiterio de Salud y eso generó que se incorpore al DMO la medicación para este tratamiento, pero de todas maneras nos llega una ley con amplia mayoría”.

“Es una patología de causa desconocida en la mayoría de las veces por la cual los niños y niñas empiezan su proceso de pubertad en forma temprana, antes de lo normal. Es normal que una nena de 8 años empiece su proceso de pubertad que empieza con desarrollo mamario y dos años después con su primera menstruación, eso es lo más temprano como normal. SI esto empieza antes entonces se considera pubertad precoz. En los varones el signo es el aumento testicular”, explicó el tucumano.

En tanto, sumó: “Además de la importancia psicológica que tiene el desarrollo previo donde todos los demás compañeros no se han desarrollo y lo que ello implica, hay un tema de altura y talla final porque una vez que una niña tiene su menarca ya no crece mucho más, entonces se pierden años de crecimiento, y a partir de la aparición de determinados tratamientos que detienen la pubertad se puede permitir que estos chicos crezcan los centímetros que tiene que crecer y cuando llegan a la edad acorde a que la pubertad se desarrolle, se libera la pubertad y entonces el niño ha crecido 5 o 6 centímetros más”.

“Tiene un tema psicológico, social, de redes, familiar y un tema de talla final que no es menos importante. La ley prevé un programa nacional que garantice para todo el sistema de salud público el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y la capacitación del equipo tratante y la difusión de esta enfermedad para su conocimiento para que se conozca, se diagnostique y se trate en tiempo y forma”, explayó Yedlin.

Además, afirmó que pasó por la oficina de presupuesto y “tiene un costo cerca de los $900 millones anuales. El costo total entre diagnóstico, tratamiento y divulgación. Es un costo pequeño para el sistema de salud frente al beneficio que genera. Es una enfermedad infrecuente 1 cada 5 mil casos”.

Hizo uso de la palabra Fiad quien aseguró: “Estamos todos de acuerdo con esto. Hay una resolución previa con el Ministerio de Salud”, y puso en valor que “pubertad precoz es una enfermedad poco frecuente de las 8 mil enfermedades poco frecuentes. Es una necesidad el tratamiento”.

“Hay un proyecto que presente sobre la conformación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de la normativa de legislativa en salud. Creo que sería bueno tratarlo porque se podría evitar barreras administrativas que tiene las leyes. Pondría en valor cada norma sanitaria”, planteó el radical.

El segundo expediente establece la creación de un programa de prevención, diagnóstico y tratamiento integral de la pubertad precoz en niñas y niños, sancionado en Diputados el pasado 19 de abril con 175 votos a favor.

El proyecto promueve la capacitación, formación y perfeccionamiento de profesionales de la salud en el abordaje y tratamiento de la pubertad precoz, como así también generar protocolos de atención de niñas y niños con ese diagnóstico.

Asimismo, prevé la realización de estudios estadísticos sobre la Pubertad Precoz Central, que abarquen todo el país, y llevar adelante campañas informativas/educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos, tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad.

La Comisión de Salud del Senado se reunió este martes en el Salón Arturo Illia para tratar una serie de proyectos y también para ratificar a sus autoridades. Así, volvió a ser designado como presidente de la misma el tucumano Pablo Yedlin (FNyP-FdT), y en la vicepresidencia al jujeño Mario Fiad (UCR-JxC), en la secretaría quedó Lucía Corpacci.

Al inicio de la reunión se oficializó un cambio en la comisión: la senadora María Teresa Margarita González (FNyP – Formosa) reemplazará a Guillermo Andrada (Catamarca)

Al hacer uso de la palabra para ratificar a las autoridades, al vicejefa del interbloque FdT, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que fue una comisión que en estos años “ha tenido mucha visibilidad, no solamente por la pandemia sino también por los consensos que se han en la comisión para sacar proyectos que son muy deseados y muchos han trabajado para ser tratados en el Senado. Confiamos en este tridente de conducción”.

Informe de la Ley “Mil Días”

Luego, la comisión recibió a Sandra Marcela Tirado, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, quien expuso para dar a conocer las conclusiones de un informe anual (septiembre 2021-agosto 2022) sobre la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, más conocida como “Mil Días”, que se sancionó junto a la Ley del Aborto en diciembre de 2020.

Tirado agradeció la invitación y la posibilidad de “dar la devolución del primer año de la implementación de la Ley”. Al inicio, hizo un repaso de los principales puntos de la norma, que establece un acompañamiento, protección y cuidado integral de la salud y de la vida de las personas gestantes y niñas y niños en los primeros 3 años de vida.

Según recordó la funcionaria, la Ley tiene como objetivo reducir la mortalidad y la malnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos y el desarrollo, comprender la salud de manera integral y prevenir violencias.

Además, resaltó que la norma fue un “desafío que lo estamos pudiendo hacer desde la unidad coordinadora con el trabajo intersectorial, las diferentes políticas integrales y públicas, gestión federal de 1000 días. El trabajo intersectorial es una de las cuestiones más ricas y potentes que tiene la Ley”.

“Todas las políticas siguen la perspectiva de curso de vida es una forma de ver la salud e implementar la política pública de los diferentes cursos de vida teniendo en cuenta la prevención durante el embarazo, la niñez, adultos mayores, y no desde un enfoque de patologías sino desde un enfoque desde salud y prevención”, explicó.

Sobre los ejes de la Ley, detalló: “El foco está sobre disminuir la mortalidad infantil y materna, luego prosperar para lograr una salud integral y bienestar, y transformar desde la diversidad y la prevención de la violencia. Con este enfoque intersectorial de equidad, curso de vida y territorial”.

“El marco normativo tiene acuerdos internacionales en relación a los derechos de niños y niñas, también de mujeres, y todas aquellas leyes nacionales que de alguna manera están relacionadas a esta Ley y, a su vez, normativas provinciales en relación a todas las leyes que dieron origen a esta Ley 27.611. La Ley prevé que la autoridad de aplicación está en el Ministerio de Salud de la Nación que debe diseñar un modelo de atención y cuidado integral de salud específico y adecuado para la etapa de embarazo y hasta los 3 años y genera y crea la unidad coordinadora y forman parte todos los ministerios y organismos del Estado que están relacionados a la implementación de políticas públicas de esta ley y, también, con las provincias para el trabajo conjunto”, explayó.

Tirado precisó que el Ministerio de Salud cuenta con 3 secretarías. La secretaría de Acceso a la Salud donde se encuentra la sub secretaría de Estrategia Sanitaria y la dirección nacional de abordaje por curso de vida con la dirección de Salud perinatal y niñez como “grandes áreas relacionadas con la implementación de ‘Mil Días’, pero también la subsecretaría de medicamentos por la distribución de insumos y la dirección nacional de reproducción sexual”.

Sobre el período que tiene la Ley desde la gestación hasta los 3 años de vida manifestó: “Entendemos el entorno familiar y comunitario como estructuras que estarán siempre presentes en este curso de vida al igual que los servicios de salud y, después, diferentes áreas del Estado que tienen trabajo en diferentes momentos como ANSeS durante la gestación con la asignación por embarazo que pasó a ser de 9 meses, la asignación por nacimiento, por adopción y dentro de la AUH se incorpora la asignación por cuidado integral mediante ciertos parámetros de control de salud y vacunas. Los organismos de proyección en situaciones de vulnerabilidad para lograr el derecho a una vida libre de violencia”.

 “Desde que la Ley se reglamentó, poder definir las políticas públicas a trabajar en conjunto y poder que este peso que se le da a las políticas públicas tener esta Ley, que se votó por unanimidad en ambas cámaras, nos da un peso de política de Estado muy fuerte”, sostuvo la secretaria de Salud.

Por otro lado, destacó el capítulo sobre Nutrición que tiene la Ley y consideró que “la lactancia es fundamental para esa buena nutrición. El 97% de los niños y niñas inician la lactancia al nacer, pero solo el 44% tiene lactancia exclusiva hasta los 6 meses por eso lo tenemos como algo importante a mejorar, al igual que el acceso a centros de cuidados infantil o a una vida libre de violencia”.

Además, brindó distintos indicadores, siendo el primero de ellos sobre los nacimientos en todo el país: “Tenemos una tasa de natalidad que desde el 2015 tiene una disminución en lo que hace a la tasa de natalidad total, pero no a la tasa de nacidos prematuros que siguen manteniendo una tasa estable por lo cual también ha sido una definición desde la unidad coordinadora el trabajo en la prevención como en la atención”.

En lo que hace a la mortalidad infantil, Tirado aseguró que “en el 2021 Argentina tuvo la tasa de mortalidad infantil más baja de 8 por 1000 y de ahí sus dos componentes, la tasa de mortalidad neonatal sigue siendo la más grande que es de 5,7 por 1000 y la de post neonatal de 2,3 por 1000. La prematurez es la principal causa de mortalidad infantil en el componente neonatal”.

Respecto a los indicadores de mortalidad materna afirmó que “suele presentar cambios de subir y bajar en diferentes años. En el 2021 tenemos un ascenso muy importante, siendo la razón de 7,4 por 10 mil y esto se debe a la gran mayoría por muerte por Covid-19”.

Políticas integrales e indicadores desde la implementación de la Ley

“Esta Ley se basa en derechos como la identidad, la seguridad social, la salud integral, a la información y capacitación. En cada uno de estos derechos se implementan políticas públicas”, precisó Tirado.

Al respecto, comentó que sobre las políticas de identidad: “Estamos con un trabajo de maternidades seguras donde se realizan los partos, proceso de identificación de recién nacido y gestantes a través de pulseras identificatorias con códigos QR. Se entregaron 400.000 en 2022”.

Sobre el cuidado integral, contó: “Todo lo relacionado a políticas integrales para la prematurez, lactancia y nutrición, desarrollo infantil, acceso a la salud y algunas estrategias específicas como sueño seguro, parto respetado y primera hora de vida, prevención de lesiones y embarazo adolescente”.

“Un indicador es la campaña de invierno porque durante el primer año de vida una de las causas de mortalidad infantil son las infecciones respiratorias, las bronquiolitis y por eso tenía que estar incluida en el informe. Un dato es el palivizumab que son ampollas anticuerpos para prevenir la bronquiolitis que se administran en prematuros de alto riesgo o en niños con cardiopatías congénitas”, explayó.

También detalló que se realizan la pesquisa neonatal de enfermedades congénitas con análisis garantizando el 100% de cobertura, intervenciones de cardiopatías congénitas “durante el año se realizaron 982 intervenciones de menores de 3 años”. Se incorporó la distribución de test de embarazos en el botiquín Remediar.

“Hicimos un convenio con el Sistema Penitenciario Federal para poder hacer las cunas. A su vez se hizo el manual por el cual tenemos la definición de lo que es una cuna segura junto con la Sociedad Argentina de Pediatría estamos en la distribución de los primeros 14 mil kits y se van a distribuir 54 mil kits posteriormente”, precisó y sumó: “También insumos obstétricos. Sobre trombofilia es algo que incorporó la Ley que no lo teníamos y es la primera ver que se compra tratamientos específicos para la trombofilia y se distribuyeron 547 tratamientos”.

Sobre la hipoacusia, la funcionaria informó: “Se recuperó el Programa de Hipoacusia y las compras de audífonos, de implantes cocleares y de vinchas osteointegradas. En el botiquín Remediar se hizo específico de Mil Días tanto con medicación para prevenir prematurez como trombofilia y medicación para los primeros 3 años de vida y se distribuyeron en los 8 mil centros de salud”.

En relación a nutrición y lactancia, la secretaria precisó que se está distribuyendo en todas las provincias el “Fierritas” para la prevención de anemia que es de “fácil” administración. También hay un kit de lactancia que “son un saca leche con termitos para mantener la lactancia”.

“Es la primera ver que desde el Ministerio de Salud se compra la cantidad necesaria para todo el país de leche de fórmula especiales de prematuros, para fenilcetonuria y fórmula de inicio”, indicó y detalló que se distribuyeron en neonatologías de todas las provincias 200 monitores de TA no invasivos, 20 monitores de Función Cerebral, 25 potenciadores evocados, 20 oftalmoscopios binoculares indirectos para ROP y 300 otoemisores.

En suma, contó que se desarrollaron guías para la atención del prematuro, para el control posparto, control prenatal, trombofilia, crianza y cuidado. “Todo esto tiene que tener una impronta federal y tiene que llegar a todas las provincias y para eso se hacen cursos de gestión territorial. Se capacitó a 650 personas de las 24 jurisdicciones que son sectores territoriales de los 1000 días”, planteó Tirado.

“Todo el presupuesto destinado a cada una de las políticas públicas de mil días está marcados como etiqueta de mil días y podemos decir tanto desde ANSeS como de Educación y SENAF el presupuesto con el crédito vigente ponderado de cada una de las políticas públicas que le da el soporte real. Nos da un crédito vigente ponderado de $314.127.372.475”, finalizó.

Hizo uso de la palabra la senadora Fernández Sagasti quien destacó la sanción de una Ley que “tiene que ver con la vida, con el cuidado, con la accesibilidad de medicamentos de tratamientos a personas que el sistema de salud no llega”.

Al respecto, le transmitió dos preocupaciones y le explicó: “En la provincia de Mendoza estamos teniendo un problema grave de profesionales de salud en general, pero con pediatría y neonatología en particular por los bajos salarios que tiene la provincia. Somos la segunda provincia con peores salarios del país. Los efectores del sistema de salud se están yendo a trabajar a otras provincias porque los salarios son más elevados”.

“¿Han tenido en cuenta esta crisis sobre todo en la pediatría, han incluido alguna estrategia para esta situación que es a nivel nacional? ¿Están pensando alguna línea para reforzar el tema de pediatría?”, preguntó la oficialista y en segundo lugar consultó: “El tema PROGRESAR que ha venido una iniciativa de Diputados para convertirlo en ley, lo cual me parece excelente, si se puede incluir el tema de salud como en la AUH para que puedan seguir con la prestación. Poner un ítem en el PREGRESAR de asistir a un centro de salud una vez por mes o al año para que se hagan chequeos y cruzarlo con el tema de salud mental, sería muy bueno que se incluya dentro del PROGRESAR el tema de los cuidados médicos”.

Al responderle, la secretaria de Salud afirmó que conocen la crisis que se está atravesando con la falta de profesionales de “varias especialidades”. “Venimos trabajando con la Secretaria de Calidad para poder estimular para que se presenten a las residencias, se hacen incentivos, pero a pesar de eso se presentan la mitad. También estamos capacitando para cuestiones específicas para poder hacer más eficiente el recurso humano”.

Sobre el PROGRESAR, aseguró que “tenemos salud mental que trabaja en la unidad coordinadora y ahí tenemos una experiencia que trabajamos con asesorías en clubes, escuelas. Hay que buscar dónde están los adolescentes y con las asesorías tuvimos buenos resultados. Incluir cierta obligatoriedad me parece bien”.

A continuación, Yedlin expresó: “La pandemia fue de tal impacto y de tanta potencia y tal cicatriz que nos dejó que hay muchas políticas públicas de tremendo efecto e impacto, de inversión y resultados que por ahí han pasado desapercibidas. Muy bueno el informe creo que es importante seguir trabajando. Si no hubiese sido por la pandemia, la mortalidad infantil más baja del país hubiera tenido un impacto distinto hoy pasa un poco desapercibido con la cantidad de mortalidades que hubo en pandemia. Es un mérito jurisdiccional”.

Luego habló el radical Fiad consideró que “tenemos que hacer un replanteo en particular de déficit general que se esta dando a nivel general sobre los profesionales. Hay que dar respuestas inmediatas. No solo es la cantidad sino la mala distribución por eso hay que incentivar las actividades y poder asistir las demandas que existen y pensar incentivos para erradicar profesionales del interior”.

Por último, pasaron a la firma una serie de proyectos de declaración y resolución.

El jefe del bloque oficialista, el formoseño José Mayans, cerró la ronda de oradores en la sesión informativa de este jueves a la que se presentó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, a brindar su informe de gestión en el que cuestionó la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan, lo que Mayans consideró como “un golpe político”.

El formoseño aclaró que Rossi había solicitado presentarse en abril, pero por cuestiones de agenda del Parlamento se pospuso. “El informe hay más de mil preguntas que se hicieron y estaba presentado”, ponderó.

Además, valoró “muchísimo” la presencia del jefe de Gabinete porque “hace al contacto directo con los legisladores de la oposición y el oficialismo y cada uno puede hacer lo que se hizo de expresas sus dudas”.

“Lo que estamos discutiendo acá es el gran problema institucional que tenemos en Argentina. La Corte da un golpe político eso es lo que ha hecho porque a confesión de parte relevo de prueba, como se dice, un periodista cercano que sabe de estas cosas, dice que alguien lo llamó a Rosatti y le dijeron ‘che, tenes pisada la causa. Tenes que sacar ya el tema’. Entonces Rosatti, teniendo en cuenta el tema del juicio político, lo que hace es distraer la atención y evitar para el domingo el cinco a cero”, comenzó su disertación.

Y preguntó: “¿Por qué pasó esto? porque se esta viniendo abajo todos los argumentos que están dando acá los senadores de la oposición con todas esas encuestas truchas que tienen porque hasta acá venía todo mal, pero uno de los senadores preopinantes no ha sacado ni el 25% en su provincia sino el 4%. Terrible decisión de las provincias donde castigan esas políticas públicas”.

“Entonces la Corte toma una decisión política que está fuera de su jurisdicción y competencia, alevosamente. No lo digo yo, lo dice la Procuración General de la Nación porque existen jurisdicciones y competencias nacionales y provinciales. Es terrible el tema, actúan como primera instancia”, denunció Mayans y sumó: “Reciben un pedido de amparo, una solicitud de certeza y acá está la acción política de la Corte. Eso es prevaricato puro porque saben que no lo pueden hacer porque actúan como Corte de primera instancia porque estamos hablando de elecciones provinciales”.

En esa línea, criticó: “La Corte está violando la Constitución provincial y nacional. Este es el grave problema institucional que tenemos en el país. Están más sucios que una papa. Es algo absolutamente indecente”.

“¿Cómo empieza esto? Con ‘Pepín’ Rodríguez Simón con Carlos Rosenkrantz. ¿Qué hacen? le sacan los fueros a Milagro Sala para poder entregarle a esa provincia, al feudo de Jujuy, para poder condenarla”, agregó el formoseño.

Además, planteó: “Sabemos que hubo gente que hizo de GESTAPO, que hubo persecución a opositores políticos, a empresarios, a sindicalistas, esta es la crisis que estamos teniendo y obviamente lo del presidente de la Corte no tiene desperdicio porque primero tiró a tierra la ley del Consejo de la Magistratura, nos emplaza a nosotros ¿quién se cree que es? Y nosotros resucitamos una ley muerta. Hoy, ese Consejo es nulo de nulidad absoluta”.

“Es un golpe. Son jueces de la dictadura que juraban por la Constitución y el proceso de Reorganización Nacional.  Es una Corte corrupta totalmente”, afirmó.

Y recordó: “Encima le dice al Senado cómo tiene que elegir al representante. Es una vergüenza lo que hizo la Corte con el Consejo de la Magistratura. Es violatorio de la Constitución Nacional porque no existe ley del Consejo. Nosotros tenemos que hacer el proceso de selección de jueces, pero se negaron a venir a la comisión y violaron el esquema de subrogancia”.

“Negociaron el 2x1, negociaron el tema de Coparticipación. Es superior a la decisión del presidente, del Congreso y tenemos un emperador en la Corte que nos da lecciones de economía ahora”, fustigó el oficialista.

Y lanzó: “¿Por qué no le dijiste a Macri cuando emitió una base monetaria del 84% que es la herencia que recibimos? No le dijo nada porque ese grupo económico y ese sector algo saben del emperador (Horacio) Rosatti. De (Juan Carlos) Maqueda ni hablar ya sabemos el manejo de la Obra Social del Poder Judicial y Rosenkrantz se autorregula honorarios por 20 mil millones de pesos. Y el sector político con una reacción de mezquindad total”.

“La Corte no tiene ni jurisdicción ni competencia para actuar sobre las elecciones provinciales violaron el esquema de procedimiento y la Constitución Nacional. Invaden la autonomía provincial”, reiteró.

Y cuestionó que “este Cuerpo tiene que defender eso y acá hay mezquindad de pronunciamiento avalando el prevaricato de la Corte por parte de los amigos. Esta conformado por un grupo de personas que violan sistemáticamente la Constitución y mandan mensajes políticos”.

“Espero que haya sensatez en este tiempo político que viene, es una cuestión muy seria a 40 años de la democracia. Ojalá haya división de poderes y se termine con la persecución política, demostrada en la negación del intento de magnicidio a la vicepresidenta", cerró Mayans.

“Gracias por estar en el recinto y dar la cara por un Gobierno que hace un año no da la cara en el Senado de la Nación”, arrancó su intervención el jefe del bloque UCR, el senador Luis Naidenoff (Formosa), al dirigirse hacia el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, que brindó este jueves en el Senado su informe de gestión.

Y continuó su disertación: “Comprensible algunas cosas, por qué la ausencia de un Gobierno. Comprensible por la soledad de un presidente de la República, por la orfandad del presidente, por un gobierno que se destrozó por las propias internas, pero nada impide desde la política dar la cara”. “Este gesto de dar la cara después de un año para nosotros es importante”, destacó.

Al referirse de forma breve al fallo de la Corte que suspendió las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan, Naidenoff sostuvo: “No estamos hablando de un atropello de la Corte. Las propias Constituciones provinciales, la propia manda Constitucional provincial de San Juan y de Tucumán establecen límites a las reelecciones. El resto es invento. Hay que leerlo a (Sergio)Uñac y hay que leerlo también a (José) Gioja para darse cuenta que al final del camino esto podía pasar. Es muy fácil patear la pelota a la Corte cuando el atropello y el creerse dueño de todo está en quien ejerce el poder en la propia provincia y se cree dueño de todo de vulnerar la re-re-elección los propios límites que establece la Constitución. El resto es historia”.

Sobre el informe de Rossi, el radical apuntó: “Obviamente que fue muy vehemente y que se siente muy cómodo cuando se trata de los desafíos que tiene la Argentina que arrancó muy bien en cuanto a estos 40 años de democracia y en las luchas con las corporaciones”.

“Coincidido que es un desafío de la política en la Argentina. De cómo aborda la política poder frenar a las corporaciones, pero cuando hablamos de corporaciones está desde la corporación política. como en este caso Tucumán y San Juan que se gobierna y se pasa por encima a los propios límites de la propia Constitución, de la propia reelección. Eso también es una corporación política que desplaza y se cree dueño de todo”, cuestionó el formoseño

El legislador, también planteó que “está la corporación gremial que algún día hay que dar un debate sobre eso que hoy, cuando este Gobierno ya está en retirada, ya amenazan que para el Gobierno que viene lo primero van a hacer es paro o a los 180 días lo tumban”.

“Porque la corporación sindical en el país se sienta de los dos lados de la mesa. La corporación es oficialismo y dice representar también a los trabajadores. También ese es un debate que tiene el país”, propuso.

En esa línea, manifestó: “Me quiero detener en esta idea que planteó de la corporación judicial. Es una corporación, claro está. Es una corporación que defiende sus intereses, claro está. Tienen jueces, tienen consejos profesionales, tienen Colegio de Magistrados, claro está”, y le enrostró al oficialismo: “Ahora, esta Corte que está que tanto embiste y tanto cuestionan fue elegida por la mayoría de los integrantes que están acá. Es la Corte que ustedes aplaudieron cuando en Rio Negro se ha puesto freno a las intenciones Weretilneck”.

“Entonces hay que decir las cosas como son. ¿Por qué hoy ustedes arremeten y se sienten muy cómodos con esta idea de la victimización, de la proscripción, de la corporación judicial? Porque usted ministro viene a poner la cara por un Gobierno que fracasó. Y vaya que si hace esfuerzo por los pergaminos que exhibió. Fue 10 años presidente del bloque de diputados, ministro de Defensa, y con el mejor empeño viene a tratar de defender lo que no se puede. Por eso no vale la pena en interpelarlo porque no ha hecho referencia ni a la inflación, ni a la inseguridad, ni a la pobreza. Porque la realidad nos da una piña en la cara”, criticó.

A su vez, expresó: “Reconozco su valentía y por eso durante un año nadie vino a este recinto porque usted viene a hablar en nombre de un presidente que no le cree nadie y que renunció a la precandidatura para competir en las PASO”.

“De un presidente que cuando algunos lo tratan de ocupa, prácticamente tiene el trato que le dispensa el propio Gabinete, sus propios compañeros de un expresidente en ejercicio. Entonces la sociedad tiene que mirar qué pasa con el ministro de Economía, qué pasa con el informe, pero nadie mira a un expresidente en ejercicio porque ese trato lo genera el propio oficialismo cuando habla con Alberto Fernández”, agregó Naidenoff.

En suma, opinó que “hay otro problema mayor con el oficialismo nadie quiere agarrar la brasa caliente. No tienen candidatos. Es tan desastrosa la gestión de Gobierno cuando no se puede exhibir nada que el FdT no tiene candidatos. Que van a las PASO, pero unificados, para tratar de manotear algo. Es desastrosa la gestión”.

“Me parece muy bien que brinde un informe político y algún día vamos a recoger el guante para dar en serio el debate de las corporaciones. Me quiero quedar con un tuit suyo del 2017 que marca la cancha desde el sentido común ‘tu realidad la marca la heladera, no el televisor’. Coincido que la realidad de los argentinos la marca la heladera. Vaya mis respetos para venir a defender al presidente del peor gobierno que recuerde la democracia desde 1983 hasta la fecha”, cerró.

Por Déborah González

Con un 2022 que cerró con un índice inflacionario del 95% y ante el valor del dólar que día a día se dispara hacia arriba, diferentes propuestas se han presentado en el Congreso a lo largo de los años para que el Gobierno nacional emita billetes de mayor denominación y parece ser que, finalmente, estaría dispuesto a hacerlo.

En los últimos días esa medida se coló en la agenda económica. Por lo menos así lo dejó trascender el ministro de Economía, Sergio Massa, quien analizará el tema con Ángel Mario Elettore, el nuevo titular de la Casa de Moneda, tras la abrupta renuncia de Rodolfo Gabrielli al frente de la institución. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía prefirieron no precisar detalles sobre esta eventual decisión, aunque se habla de la emisión de billetes de 2.000, 5.000 e incluso 10.000 pesos.

Pero más allá de los factores económicos, la decisión de ampliar la familia de billetes es netamente política. Cuando recién había llegado al Banco Central, Miguel Pesce intentó en plena pandemia instalar la necesidad de crear un billete de 5.000 pesos. La idea fue rechazada inmediatamente por Alberto Fernández al argumentar que introducir billetes "más grandes" era una forma de aceptar la pérdida de valor de la moneda y que incentivaría la inflación.

Incluso en mayo del 2022 el Gobierno anunció la emisión de nuevos billetes, pero solo se reemplazaban las figuras de los animales -elegidos durante la gestión anterior- por figuras de la historia argentina. Así, el billete de 100 pesos contendría la imagen de María Eva Duarte de Perón y el de 1.000 pesos la de José de San Martín, mientras que las denominaciones de 200 pesos homenajearían a Martín Miguel de Güemes y a Juana Azurduy, y las de 500 pesos a María Remedios del Valle y a Manuel Belgrano. Sin embargo, aún no están en circulación.

Pese a eso, ni el hornero ni el General San Martín pueden luchar contra la pérdida de valor adquisitivo, ya que desde que el billete de 1.000 pesos -el de mayor denominación en Argentina- fue emitido allá por el 2017 ya perdió el 90% de su valor y apenas equivalen a USD 2,68 si se tiene en cuenta la cotización de $372 del dólar “blue” a la que cerró este viernes.

Los proyectos en el Congreso

Lo cierto es que hay numerosos proyectos presentados en el Congreso de la Nación para que el Gobierno emita billetes de mayor denominación. A pocos días de comenzado el 2023, la senadora tucumana Beatriz Ávila un proyecto de ley solicitando al Estado Nacional que avance en la creación de billetes de 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 pesos.

Si nos remontamos al 2022, el último proyecto que se presentó en este sentido fue el 18 de octubre del 2022 por parte de la diputada del Pro Graciela Ocaña. Si bien dicha iniciativa solicitaba al Ejecutivo un informe sobre los siguientes puntos en referencia a la importación, acopio y distribución de pesos argentinos, también pedía saber los motivos “por los cuales no se producen billetes de más alta denominación que salden la demanda existente en la actualidad en la Argentina”. Dicho proyecto tiene como antecedente el Expediente 6094-D-2020.

El 28 de junio el diputado fueguino Federico Frigerio (Pro) presentó un proyecto de ley de Actualización obligatoria, periódica y desmonetización de billetes y monedas, que establecía que el Banco Central y la Casa de Moneda “dispondrán las medidas necesarias para actualizar el valor de los billetes y monedas en circulación con el objeto de que el billete de mayor denominación, actualmente de $1.000 (pesos mil), represente un poder de compra similar al del momento de su primera emisión en el año 2017”.

Incluso, proponía sustituir el artículo 17 inciso “A” de la Carta Orgánica del Banco Central para que tenga la facultad de emitir billetes de 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500 y 200 pesos; y monedas de 100, 50, 20 y 10 pesos.

Entre los fundamentos, Frigerio planteaba que “ante la inflación, resulta necesario establecer un método de actualización periódica de los valores de los billetes y monedas que sostenga el poder de compra de los mismos”.

“Es inentendible el capricho del Estado Nacional, en no querer imprimir billetes de mayor denominación, cuyos beneficios son de variada índole: desde reducir costos al no tener que imprimir inmensas cantidades de billetes de menor denominación, recuperar la independencia en la impresión de los mismos, evitar el faltante y rápido agotamiento de circulante en cajeros automáticos en los que se generan largas filas a principio de cada mes, ocupar menos espacio físico en toda la cadena de traslado, etc.”, explayaba.

La Coalición Cívica, encabezados por la diputada Victoria Borrego, el 1 de junio solicitaron al Ejecutivo una serie de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la presentación de una nueva serie de billetes. En particular hicieron hincapié en que indiquen: “Los motivos por los cuáles no se ha dispuesto la impresión de nuevos billetes de mayor denominación a la que se encuentra actualmente en circulación ($ 1.000); Si el Banco Central de la República Argentina ha aprobado con anterioridad la emisión de billetes de mayor denominación; y si se han emitido informes sobre cuál ha sido el costo generado por la impresión de billetes por no emitir billetes con mayor denominación”.

Borrego argumentó que “la desvalorización en términos de poder adquisitivo que ha sufrido nuestra moneda en los últimos años y la austeridad con que deben utilizarse los recursos públicos especialmente en época de emergencia económica, requiere que el Gobierno a través de su autoridad monetaria, reconozca la necesidad de imprimir billetes de mayor denominación a fin de reducir la cantidad de billetes en circulación así como con la finalidad de ahorrar el innecesario gasto que se produce por la necesidad de impresión y/o importación de billetes”.

Del otro lado del Salón de Pasos Perdidos, el 31 de mayo el chubutense Ignacio “Nacho” Torres presentó un proyecto de ley para que el Ejecutivo emita billetes de mayor denominación para la creación de un Fondo de Emergencia Educativa.

Básicamente, Torres proponía la emisión de billetes de 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 pesos, cuya imagen estampada en el papel deberían ser sucesos históricos vinculados a la independencia, constitución, consolidación de la unidad nacional y organización de la Republica; figuras públicas del S.XIX; sucesos y próceres vinculados al establecimiento de la democracia y a la libertad del sufragio. En esa línea, planteaba que con el ahorro que “de lugar la emisión de billetes de denominación más alta será afectado a un Fondo Especial de Emergencia Educativa”.

Torres entre sus fundamentos apuntó contra el Gobierno por el “empecinamiento” de no emitir billetes de mayor denominación “para no confesar la mayor inflación anual que registra el país en los últimos 30 años”.

Otro de los proyectos presentados el 27 de mayo proponía sacarle dos ceros al peso. La iniciativa del diputado Gerardo Milman (Pro) establecía en su primer artículo que el Banco Central emita billetes y monedas de curso legal “sobre la paridad de un peso equivalente a cien pesos. La centésima parte del peso se denominará ‘centavo’”.

“Los valores fijados en pesos hasta la fecha de emisión de la nueva denominación, será convertidos a pesos y centavos sobre la base de la paridad establecida en el artículo 1°”, agregaba. “Motiva el presente proyecto de ley el marcado crecimiento de circulación de dinero en efectivo, por el efecto inflacionario que este Gobierno promueve disimular, al no querer emitir billetes de mayor denominación, pero si gastar en emitir billetes con nuevas imágenes. Bueno, dado ese contexto, hoy se propone la quita de dos ceros en nuestra moneda de curso legal”, concluyó Milman en los argumentos de su iniciativa.

El diputado del Pro ya había presentado el 15 de diciembre de 2021 un proyecto para emitir billetes de curso legal de $2.000; $5.000 y $10.000.

Un día antes, el 26 de mayo de 2022, el diputado santafecino José Carlos Núñez (Pro) presentó un pedido de informes al Gobierno para que explique la causa por la que no se han impreso billetes de mayor denominación a los emitido. Al igual que sus pares, Núñez también hizo hincapié en que el billete de 1.000 pesos -de mayor denominación- “ha quedado desvalorizado a raíz de los elevados índices inflacionarios”.

A principios de mayo del año pasado Graciela Ocaña ya había solicitado informes al Ejecutivo interesada en conocer cuestiones relacionadas con la fabricación de billetes de $1.000. La iniciativa tenía que ver con la existencia de posibles dificultades que estaría atravesando la fabricación de los billetes de mayor denominación.

“Este problema está íntimamente relacionado con la obtención del hilo de seguridad que posee el billete, una deficiencia en el llamado a licitación para la provisión de materia prima para la producción del mismo, así como la emisión desenfrenada de moneda”, alertó Ocaña.

También planteó que “informen si tienen instrucciones de reactivar la creación del billete de cinco mil pesos ($5000), e indiquen los motivos por los cuales aún no ha sido creado, siendo que sus autoridades lo han aprobado durante el año 2020”.

A su vez, el 2 de marzo Martín Tetaz, acompañado entre otros por sus pares Luciano Laspina, Gerardo Milman y Rodrigo De Loredo reclamaron la emisión de billetes de curso legal de 5.000 y 10.000 pesos. Esa emisión, agrega la iniciativa, permitirá un ahorro al que hasta le da un destino: en su artículo 2°, el proyecto sugiere que ese dinero sea destinado a la constitución de un Fondo permanente para atender Emergencias climáticas y/o de Recursos Naturales.

A principios de febrero, el radical Ricardo Buryaile presentó un proyecto para crear billetes de 2.000; 5.000 y 10.000 pesos. Recuerda la iniciativa que nuestro billete de mayor denominación es el de mil pesos y data del 30 de noviembre de 2017, siendo que apenas alcanza para comprar alrededor de u$s5 en promedio, según la cotización que se tome.

Un detalle no menor en el que hace hincapié el proyecto de Buryaile es el indicador de que el billete de $1.000 se quedó sin letras en el abecedario y, por tanto, debe recurrir a la doble letra para no repetir las series de impresiones anteriores.

El primer día de febrero de 2022, el diputado del Pro Federico Angelini también fue autor de una iniciativa en el mismo sentido solicitando la emisión de billetes de 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 pesos. Justamente el “Repasando la cronología, el billete de $1.000 nació en diciembre de 2017 y cuando comenzó a circular equivalía a unos U$S 57, según el tipo de cambio oficial de ese momento”.

Así llegamos al 2021, donde los últimos meses de dicho año Gerardo Milman ya había presentado un proyecto para emitir billetes de curso legal de $2.000; $5.000 y $10.000. En su iniciativa, el diputado del Pro incluyó un cuadro en el que puede observarse que la circulación de billetes que más ha aumentado es la de mil pesos ($ 1000) en un 73,56 %.

“Evidentemente la emisión de estos nuevos billetes no solucionará el problema inflacionario ni pondrá fin al déficit fiscal, pero si permitirá una adecuación en los billetes en circulación para el desenvolvimiento de la actividad económica basada en transacciones con efectivo y generará además un sustancial ahorro en el costo de emisión atento que la cantidad necesaria a imprimir para satisfacer la demanda sería mucho menor”, señaló Milman en su iniciativa.

El mendocino Omar De Marchi propuso también emitir billetes de denominación de 2.000, 5.000 y 10.000 pesos. En su iniciativa también hacía referencia a los 57 dólares estadounidenses que permitían comprar el billete de mil pesos para la fecha de su presentación. “Menos de cuatro años después, entre inflación, corridas cambiarias y cepo, ese poder de compra se aniquiló. Hoy, al valor del dólar oficial, ese billete ilustrado con el hornero vale 9,84 dólares estadounidenses”, señalaba el diputado del Pro el 8 de julio de 2021, advirtiendo que si se tomaban en cuenta el valor del denominado “contado con liquidación” equivalían a 5,19 dólares. “En otras palabras, en ese período perdió un 83% de su valor en dólares”, detalló De Marchi.

También en la Cámara alta hay iniciativas en el mismo sentido. El radical fueguino Pablo Daniel Blanco viene insistiendo con la emisión de billetes de mucha mayor denominación. Puntualmente en febrero del año pasado promovió una iniciativa para emitir billetes de $5.000 y de $10.000 pesos.

En su proyecto, Blanco hace un repaso de lo que fue la inflación en cada Gobierno desde 1983 a la fecha. “La alta inflación en la Argentina es un tema recurrente. Con excepción, de la presidencia de Fernando De la Rúa, en la que hubo deflación, no hay registro de gobierno alguno desde el regreso de la democracia que no la haya tenido”.

Incluso, en el primer año de gestión de Alberto Fernández, el entonces diputado del Frente de Todos José Luis Martiarena (Jujuy) presentó un proyecto para que se emitan billetes de 2.000 pesos con la figura de Juan Domingo Perón. El jujeño planteaba que la iniciativa “viene a proponer una solución a los inconvenientes que trae a los ciudadanos y al sistema bancario no contar con un billete del ‘peso’, de moneda de curso legal argentino con un calor más alto al actual circulante”.

Además, remarcaba que “emitir un billete de mayor valor va a mejorar sustancialmente el abastecimiento de los cajeros bancarios, reducirá el costo por impresión de billetes”.

Así podríamos seguir enumerando de forma cronológica todos los proyectos que se presentaron, tanto en Diputados como en el Senado, para que el Poder Ejecutivo anuncie la emisión de billetes de mayor denominación. ¿Habrá en 2023 nuevos valores en los billetes?

Por Déborah N. González

El 2022 fue muy particular para la Cámara de Diputados, ya que fue el primer año tras la pandemia que se legisló en su totalidad de forma presencial. Sin embargo, el balance cuantitativo arroja datos negativos en cuanto al nivel de presentismo respecto a los últimos dos años, siendo aún peor si tenemos en cuenta que no se trató de un año electoral como 2021.

Como todos los años, parlamentario.com elaboró un informe para su Índice de Calidad Legislativa, en base a los datos oficiales publicados por la Cámara baja. La toma de asistencia está a cargo de la Dirección de Coordinación de Labor Parlamentaria y corresponde al inicio de la sesión.

El conteo se realizó sobre un total de 14 reuniones, sin contemplar la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo, ni tampoco las dos sesiones en minoría que se registraron sobre el final del año. Una de ellas la preparatoria del 1° de diciembre.

De las 14 sesiones consensuadas, en la séptima se registró el índice más alto de diputados ausentes: 41 en total. La misma se realizó el sábado 3 de septiembre -algo atípico- con el fin de repudiar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

El 25 de octubre el tablero del recinto de Diputados registró asistencia perfecta: 257 bancas ocupadas para la sesión número 11 del 2022, en la cual se llevó a cabo el debate sobre el Presupuesto 2023.

Previsiblemente, el porcentaje de asistencia descendió si lo comparamos con 2021, año en el cual se trabajó de manera virtual y recién en el mes de octubre se retomó la presencialidad. Así que más allá de que ese fuera un año electoral, las asistencias fueron más entonces.

En porcentajes, 2022 tuvo un 93,22% de presentes y un 3,97% ausentes; por el contrario, en 2021 -de forma remota- hubo un 94,10% presentes y 4,50% ausentes, mientras que en el período extraordinario -ya con el regreso a la presencialidad plena- hubo una asistencia del 97,67% y tan solo 1,29% de ausentes. Incluso si tomamos el 2020, en pleno Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, un 93,94% estuvieron presentes y 3.44% ausentes.

Los diputados que más faltas registraron

La diputada que encabeza la lista con más ausentes en el año es la santiagueña del Frente de Todos Graciela Navarro. Según consta en el Boletín de Asuntos Entrados (BAE), Navarro pidió licencia para el 5 de junio por razones particulares. Tres días después volvió a pedir licencia, pero esta vez por razones de salud. Volvió a pedir licencia por razones particulares el 14 de septiembre, 12 de octubre y 9 de noviembre. Finalmente, pidió una última licencia el 24 de noviembre por cuestiones de salud. Tuvo en total 7 ausencias, una sin aviso. La santiagueña de 64 años ya había sido la diputada con más ausencias en el 2018, año en el que a fines del mes de agosto sufrió un ACV y quedó internada en grave estado, en esa oportunidad se ausentó en 10 sesiones.

Con 6 faltas figura el tucumano Carlos Cisneros, también del bloque Frente de Todos.

Detrás aparecen dos opositores, con 5 ausencias: Mariana Zuvic (CC-ARI), quien no pidió licencia en ninguna ocasión, y el economista Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) que pidió licencia desde el 20 de julio al 3 de agosto.

Así llegamos al escalón de las 4 ausencias, donde aparece la diputada radical Jimena Latorre, quien en el mes de abril hizo pública la noticia de que padece un cáncer de mama detectado en febrero. Pese a ese cuadro, la mendocina solo pidió licencia en cuatro ocasiones por motivos de salud: 15 de junio, el 5 de julio, 3 de septiembre y la última el 1ro de diciembre.

También registraron la misma cantidad de faltas cuatro diputados del Pro: el cordobés Héctor Baldassi -pidió licencia el 3 de septiembre-, el santafecino Luciano Laspina -licencia para el 9 de noviembre-, el pampeano Matías Maquieyra -solicitó licencia en dos ocasiones, la primera del 3 al 23 de marzo, y luego el 3 de septiembre- y el cordobés Gustavo Santos (Pro) -quien pidió licencia en cuatro ocasiones: 3 de septiembre, 12 de octubre, 24 de noviembre y 1ro de diciembre.

Completa la nómina con 4 faltas el puntano Claudio Poggi que solicitó licencia del 2 al 18 de mayo sin goce de diete, y el 3 de septiembre, y el bonaerense Florencio Randazzo.

La asistencia de los jefes de bloques e interbloques

La performance perfecta correspondió al jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien asumió ese cargo el 1ro de febrero luego de la abrupta renuncia de Máximo Kirchner en disconformidad por el acuerdo con el FMI. Al igual que el santafecino, el que también se hizo presente en todas las sesiones fue el titular del interbloque Provincias Unidas, el rionegrino Luis Di Giacomo.

Tampoco faltó nunca el presidente del bloque Evolución Radical, Rodrigo De Loredo, ni el titular de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.

En cambio  registraron una ausencia el jefe del bloque UCR, Mario Negri; el titular del Frente Pro, Cristian Ritondo; y el presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez.

Por su parte, el líder del bloque La Libertad Avanza, Javier Milei, se ausentó en 2 sesiones, mientras que José Luis Espert (Avanza Libertad) faltó a una.

Los diputados de la izquierda Nicolás del Caño, Romina del Plá, Myriam Bregman y Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda, no faltaron nunca.

Presidencia de la Cámara y otros datos

Si algo tuvo el 2022 fueron acontecimientos que quedarán marcados en la historia del Congreso, por sobre todo en la Cámara baja. Uno de ellos fue la renuncia de Sergio Massa como presidente del Cuerpo para ocupar el cargo de ministro de Economía. El tigrense estuvo hasta la sesión 6 y faltó una sola vez.

Así, el 2 de agosto el sillón de la Presidencia de Diputados fue ocupado por primera vez en la historia por una mujer: la oficialista Cecilia Moreau, quien tuvo una asistencia perfecta durante todo el año. A la massista le costó lograr consensos con los bloques opositores, tal es el caso, que no logró el quórum en tres sesiones, una de ellas la sesión preparatoria.

En cuanto a la banca de Massa, fue ocupada por el líder del Partido Piquetero, Juan Marino, en la sexta sesión y, desde entonces, no faltó en ninguna ocasión.

Por cambios en el gabinete nacional, la diputada bonaerense Victoria Tolosa Paz dejó su banca para asumir al frente del Ministerio de Desarrollo Social. De esta manera, la albertista llegó hasta la décima sesión sin registrar ausencias. En su lugar, asumió el 12 de octubre Micaela Morán representante del Frente Renovador que ocupó el 17° lugar de la lista del Frente de Todos votada en noviembre de 2021.

Otra de las diputadas que renunció a su banca en Diputados fue Jimena López, para reemplazar al actual secretario del Ministerio de Transporte Diego Giuliano. La massista se hizo presente hasta la sesión 15 y hasta entonces solo había faltado en una ocasión. En su lugar, asumió el 1ro de diciembre Carolina Arricau, que participó entonces de esas dos últimas accidentadas sesiones del año.

Quienes también se destacaron por no faltar nunca son el vicepresidente segundo de la Cámara, el sanjuanino José Luis Gioja (Frente de Todos); la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, la camporista Paula Penacca, y el diputado con más edad del Cuerpo, Carlos Heller.

En la vereda de enfrente, el vicepresidente primero de Diputados, el mendocino Omar De Marchi (Pro); el vice tercero, el radical Julio Cobos; y la secretaria parlamentaria del Pro, la macrista Silvia Lospennato, registraron solo una ausencia.

Siendo el primer año post pandemia con presencialidad plena, 2022 tuvo una presencialidad aceptable, ya que 123 diputados no registraron faltas.

Ranking de ausencias

Con 7 faltas (1): Graciela Navarro (FdT).

Con 6 faltas (1): Carlos Cisneros (FdT).

Con 5 faltas (2): Ricardo López Murphy (RU) y Mariana Zuvic (CC).

Con 4 faltas (7): Héctor Baldassi, Luciano Laspina, Martín Maquieyra, Gustavo Santos (Pro), Jimena Latorre (UCR), Claudio Poggi (Avanzar San Luis), Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense).

Con 3 faltas (15): Gustavo Bouhid, Juan Carlos Polini, Jorge Vara (UCR); Carolina Castets, Paula Oliveto (CC-ARI); Karina Bachey, Camila Crescimbeni, Ingrid Jetter, María Luján Rey, Francisco Sánchez, Noemi Ruarte (Pro); Alejandro Cacace (Evolución Radical); Graciela Camaño (Identidad Bonaerense); Sebastián García de Luca (Encuentro Federal), Claudio Vidal (SER).

Con 2 faltas (39): Juan Carlos Alderete, Sergio Casas, Itaí Hagman, Emiliano Estrada, Sergio Palazzo y Carolina Moisés (FdT).

Manuel Aguirre, Lidia Ascárate, Mario Barletta, Fernando Carbajal, Gerardo Cipolini, Marcela Coli, Ximena García, Gabriela Lena y Roxana Reyes (UCR).

Federico Angelini, Gabriela Besana, Sofía Brambilla, Virginia Cornejo, Federico Frigerio, Rogelio Frigerio, Álvaro Gustavo González, Fernando Iglesias, Mercedes Joury, Álvaro Martínez, José Núñez, Graciela Ocaña, Marilú Quiroz, Ana Clara Romero, Diego Santilli y Héctor Stefani (Pro).

Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca (Córdoba Federal); Emilio Monzó (Encuentro Federal); Felipe Álvarez (SER); Humberto Orrego (Producción y Trabajo); Javier Milei (La Libertad Avanza) y Carolina Píparo (Avanza Libertad).

Con 1 falta (70):  Lía Verónica Caliva, Pamela Calletti, Hilda Aguirre, Alicia Aparicio, Mara Brawer, Rosana Bertone, Mabel Luisa Caparros, Marcelo Casaretto, Chahla Rossana, Gabriela Estévez, Eduardo Fernández, Ana Carolina Gaillard, Silvana Ginocchio, Santiago Igon, Máximo Kirchner, Mónica Litza, Jimena López, Gisela Marziotta, Sergio Massa, Vanesa Massetani, Leopoldo Moreau; Hernán Pérez Araujo, Eduardo Valdés y Natalia Zaracho (FdT).

Sabrina Ajmechet, Omar De Marchi, Germana Figueroa Casas, Gustavo Hein, Florencia Klipauka, Silvia Lospennato, Gerardo Milman, Cristian Ritondo, Laura Rodríguez Machado, Alfredo Schiavoni, Pablo Tonelli, Aníbal Tortoriello, María Eugenia Vidal y Waldo Wolff (Pro).

Karina Banfi, Ricardo Buryaile, Julio Cobos, Juan Martín, Miguel Nanni, Mario Negri, Lisandro Nieri, Fabio Quetglas, Víctor Hugo Romero, Roberto Sánchez y Pamela Verasay (UCR).

Marcela Antola, Ana Carla Carrizo, María Tejeda y Emiliano Yacobitti (Evolución Radical).

Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Rubén Manzi, Leonor María Martínez Villada y Mariana Stilman (Coalición Cívica).

Domingo Amaya, Margarita Stolbizer (Encuentro Federal); Mario Leito, Natalia Zabala (FdT); José Luis Espert (Avanza Libertad); Victoria Villarruel (La Libertad Avanza); Susana Laciar (Producción y Trabajo); Paula Omodeo (CREO); Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) y Carlos Zapata (Ahora Patria).

Asistencia perfecta (123):

Eugenia Alianiello, Walberto Allende, Constanza Alonso, Daniel Arroyo, Fabiola Aubone, Héctor “Cacho” Bárbaro, Adolfo Bermejo, Tanya Bertoldi, Fabián Borda, Lisandro Bormioli, María Brítez, Daniel Brue, Guillermo Carnaghi, Nilda Carrizo, Pablo Carro, Graciela Caselles, Leila Chaher, María Luisa Chomiak, Marcos Cleri, Anahí Costa, Ricardo Daives, Nelly Daldovo, Pedro Dantas, Federico Fagioli, Ramiro Fernández Patri, Agustín Fernández, Julio Ferreyra, José Luis Gioja, Lucas Godoy, Daniel Gollan, Gustavo González, Leonardo Grosso, Ramiro Gutiérrez, Carlos Heller, Estela Hernández, Bernardo Herrera, Ricardo Herrera, Rogelio Iparraguirre, Florencia Lampreabe, Susana Landriscini, Tomás Ledesma, Aldo Leiva, Dante López Rodríguez, Mónica Macha, Varinia Lis Marín, Juan Marino, Germán Martínez, María Rosa Martínez, María Masin, Magalí Mastaler, María Montoto, Micaela Morán, Cecilia Moreau, Nilda Moyano, Estela Neder, Alejandra del Huerto Obeid, Claudia Ormachea, Blanca Osuna, Liliana Paponet, María Parola, Marcela Passo, Gabriela Pedrali, Juan Pedrini, Paula Penacca, Julio Pereyra, Eber Albano Pérez Plaza, Carlos Ponce, Agustina Propato, Jorge Romero, Nancy Sand, Leandro Santoro, Carlos Selva, Vanesa Siley, Natalia Souto, Rodolfo Tailhade, Eduardo Toniolli, Marisa Uceda, Brenda Vargas Matyi, Jorge Verón, Paola Vessvessian, Liliana Yambrun, Lucio Yapor, Hugo Yasky y Carolina Yutrovic (FdT).

Alberto Asseff, Alejandro Finocchiaro, Gabriel Chumpitaz, Hernán Lombardi, Dina Rezinovsky, Victoria Morales Gorleri, María Sotolano, Soher El Sukaria, Matías Taccetta, Pablo Torello (Pro).

Miguel Bazze, Soledad Carrizo, Martín Arjol, Gustavo Carasso, Pedro Galimberti, Facundo Manes, Jorge Rizzotti, Francisco Monti, Sebastián Salvador (UCR).

Rodrigo De Loredo, Martín Berhongaray, Gabriela Brower de Koning, Pablo Cervi, Dolores Martínez, Danya Tavela, Martín Tetaz (Evolución Radical).

Juan Manuel López (CC-ARI); Luis Di Giacomo y Agustín Domingo (JSRN); Enrique Estévez, Mónica Fein (Partido Socialista); Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal), Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero).

Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina Del Pla, Alejandro Vilca (Frente de Izquierda); Carlos Fernández (Frente de la Concordia Misionero) y Rolando Figueroa (Movimiento Popular Neuquino).

Quiénes faltaron en cada sesión

1- Sesión del 10 de marzo: Francisco Sánchez, Fernando Iglesias, Martín Maquieyra.

2- Sesión del 5 de mayo: Hilda Aguirre, Carlos Cisneros, Diego Sartori, Claudio Poggi.

3- Sesión del 8 de junio: Carlos Cisneros, Vanesa Massetani, Eduardo Valdés, Graciela Navarro, Mario Negri, Sergio Massa.

4- Sesión del 15 de junio: Alicia Aparicio, Jimena López, Álvaro Martínez, Javier Milei, Humberto Orrego, Juan Carlos Polini, Cristian Ritondo, Lidia Acárate, Laura Castets, Marcela Coli, Jimena Latorre, Fabio Quetglas, Adriana Ruarte y Jorge Vara.

5- Sesión del 5 de julio: Héctor Baldassi, Carlos Cisneros, Mónica Litza, Florencio Randazzo, Diego Sartori, Sergio Casas, Mercedes Joury, Jimena Latorre, Carolina Moisés, Graciela Navarro, María Luján Rey.

6- Sesión del 2 de agosto: Héctor Baldassi, Mabel Caparros, Natalia de la Sota, José Luis Espert, Silvia Lospennato, Paula Oliveto, Carolina Píparo, Florencio Randazzo, Claudio Vidal, Natalia Zabala, Mariana Zuvic, Karina Bachey, Gustavo Bouhid, Ana Carla Carrizo, Sergio Casas, Ricardo López Murphy, Leopoldo Moreau.

7- Sesión del 3 de septiembre: Manuel Aguirre, Karina Bachey, Mario Barletta, Victoria Borrego, Sofía Brambilla, Ricardo Buryaile, Marcela Campagnoli, Fernando Carbajal, Marcelo Casaretto, Laura Castets, Rossana Chahla, Marcela Coli, Omar De Marchi, Agustín Domingo, Carlos Fernández, Mónica Frade, Federico Frigerio, Ignacio García Aresca, Sebastián García De Luca, Ximena García, Fernando Iglesias, Máximo Kirchner, Luciano Laspina, Gabriela Lena, Ricardo López Murphy, Rubén Manzi, Juan Martín, Leonor Martínez Villada, Álvaro Martínez,  Lisandro Nieri, Graciela Ocaña, Paula Oliveto, Paula Omodeo, Marilú Quiroz, Roxana Reyes, Laura Rodríguez Machado, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, Ana Clara Romero, Roberto Sánchez, Mariana Stilman, Pablo Tonelli, Aníbal Tortoriello, Pamela Verasay, Waldo Wolff, Carlos Zapata, Mariana Zuvic, Sabrina Ajmechet, Felipe Álvarez, Federico Angelini, Marcela Antola, Lidia Ascárate, Héctor Baldassi, Karina Banfi, Gabriela Besana, Alejandro Cacace, Gerardo Cipolini, Virginia Cornejo, Camila Crescimbeni, Emiliano Estrada, Germana Figueroa Casas, Rogelio Frigerio, Silvana Ginocchio, Gustavo Hein, Ingrid Jetter, Mercedes Joury, Florencia Klipauka, Susana Laciar, Jimena Latorre, Martín Maquieyra, Miguel Nanni, José Núñez, Humberto Orrego, Claudio Poggi, Juan Polini, María Luján Rey, Víctor Hugo Romero, Adriana Ruarte, Francisco Sánchez, Gustavo Santos, Alfredo Schiavoni, Héctor Stefani, María Tejeda, Jorge Vara, Claudio Vidal, Emiliano Yacobitti, Natalia Zabala Chacur, Natalia Zaracho.

8- Sesión del 14 de septiembre: Juan Carlos Alderete, Federico Angelini, Julio Cobos, Natalia De La Sota, Javier Milei, Sergio Palazzo, Mariana Zuvic, Álvaro González, Graciela Navarro, Roxana Reyes.

9- Sesión del 15 de septiembre: Sergio Palazzo, Carolina Píparo, Mariana Zuvic, Karina Bachey.

10- Sesión del 12 de octubre: Mario Barletta, Mara Brawer, Carlos Cisneros, Gabriela Estévez, Santiago Igon, Ricardo López Murphy, Claudio Poggi, Margarita Stolbizer, Victoria Villarruel, Gustavo Bouhid, Alejandro Cacace, Camila Crescimbeni, Graciela Navarro, Gustavo Santos, Héctor Stefani.

11- Sesión del 25 de octubre: asistencia perfecta

12- Sesión del 9 de noviembre: Juan Carlos Alderete, Rosana Bertone, Lía Verónica Caliva, Itaí Hagman, Ricardo López Murphy, Gisela Marziotta, Emilio Monzó, Hernán Pérez Araujo, Florencia Randazzo, Ana Clara Romero, Matías Taccetta, Alejandro Cacace, Pamela Calletti, Gerardo Cipolini, Emiliano Estrada, Luciano Laspina, Graciela Navarro, Graciela Camaño, Ana Carolina Gaillard, Ximena García, Ingrid Jetter.

13- Sesión del 24 de noviembre: Sofía Brambilla, Carlos Cisneros, Agustín Domingo, Maximiliano Ferraro, Sebastián García de Luca, Luciano Laspina, Mario Leito, Martín Maquieyra, Gerardo Milman, Carolina Moisés, Marilú Quiroz, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Natalia Zabala Chacur, Graciela Camaño, Álvaro González, Graciela Navarro, Graciela Ocaña, Paula Oliveto, Noemi Ruarte, Gustavo Santos.

14- Sesión del 1 de diciembre: Manuel Aguirre, Felipe Álvarez, Domingo Amaya, Héctor Baldassi, Gustavo Bouhid, Graciela Camaño, Fernando Carbajal, Carlos Cisneros, Virginia Cornejo, Camila Crescimbeni, Federico Frigerio, Rogelio Frigerio, Pedro Galimberti, Ignacio García Aresca, Sebastián García De Luca, Ingrid Jetter, Luciano Laspina, Mario Leito, Gabriela Lena, Ricardo López Murphy, Martín Maquieyra, Emilio Monzó, Graciela Navarro, Claudio Poggi, Florencio Randazzo, Diego Santilli, Jorge Vara, Claudio Vidal, Mariana Zuvic, Gabriela Besana, Laura Castets, Jimena Latorre, José Núñez, Juan Polini, María Luján Rey, Francisco Sánchez, Gustavo Santos.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, se presentó este miércoles en la Comisión homónima del Senado, que preside el rionegrino Alberto Weretilneck, ante la cual brindó una presentación respecto a la labor llevado a cabo por la cartera y sostuvo que “nuestro país tiene que ser el líder mundial en la producción de alimentos”. También, destacó la importancia de las economías regionales.

Al inicio de la reunión, que se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia, el titular de la Comisión manifestó su “satisfacción” por recibir al funcionario a quien le agradeció su participación en el “ámbito más federal de la representación en el Congreso porque cada senador representamos distintas provincias y algo sumamente importante son las economías regionales porque necesitamos no solamente que el país son los granos, sino otros temas como la pesca, ganadería”.

En su ponencia, Bahillo sostuvo que “se debe dar un diálogo comunicacional constructivo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo que permita construir una agenda de las decisiones de las políticas publicas y dar las respuestas que la sociedad demanda”.

“Nuestro país tiene que ser el líder mundial en la producción de alimentos, es una decisión que tenemos. Tenemos una matriz productiva diversificada que es muy rica y diversa, coproductores muy eficientes con mucha tecnología que podemos integrar en dos grandes vectores en lo que es la región pampeana- la región centro y lo que son las economías regionales. para nosotros son todas de igual importancia”, expresó el funcionario.

Además, contó que tanto el ministro de Economía como el presidente les han dado indicaciones de “trabajar con igual intensidad, responsabilidad y prioridad en todas las economías que hacen al nivel primario de actividad productiva”.

Por otro lado, informó que “tenemos la mayor cuenca fotosintética del planeta por lo cual nos permite partir de condiciones objetivas muy competitivas en lo que es agricultura y ganadería. Tenemos productores con un buen nivel de eficiencia y tecnología que son de lo más avanzado del mundo que nos permite tener en la región centro un volumen de producción importante y un ingreso de divisas significativo”.

Respecto a las economías regionales, Bahillo sostuvo que “no tienen la visibilidad y el reconocimiento que nos gustaría que tengan por la importancia que tienen las mismas en todos los rincones del país”. Asimismo, comparó que “no generan el mismo volumen que generan   la región centro en cuanto dólares, pero genera una ocupación y una cantidad importantísima en cuanto a jornadas, mano de obra, trabajadores, que hacen que sean tan importantes como las otras actividades de la región centro”.

A continuación, compartió datos para “mostrar la significancia” en términos productivos que tiene el país dividido en dos cuestiones: por un lado, la cuestión agrícola de la región centro y, por el otro lado, las economías regionales.

Región centro

“Los principales cereales y oleaginosas cuando vamos al volumen producido y la superficie sembrada cuando tomamos trigo, maíz, soja, cebada tenemos 35 millones de hectáreas sembradas, 71.300 productores, con una producción de 134 millones de toneladas, con un volumen de exportación en dólares de 39 mil millones en la campaña 2021-2022”, detalló el funcionario y sumó: “A esto hay que agregarle lo que se destina al mercado interno el consumo a través de las moliendas, el trigo, o la proteína vegetal que se transforma en animal”.

En cuanto a la producción de soja que “es el cultivo más extensivo” que hay explicó: “Se siembran 16,1 millones de hectáreas, 6.300 productores, la producción son 44 millones de toneladas y 23.800 millones de dólares de exportación”.

“Hay una concepción errónea de que nuestro país tiene una economía primerizada” cuestionó Bahillo y precisó: “Si bien en maíz se exporta el 66%, en soja se exporta el 90% y con un grado de agregado de valor, pero es muy poco el poroto de soja y mucha la harina y demás subproductos”. “Aún cuando exportamos un grano de maíz deberíamos repensar si está tan primerizada esa economía porque detrás de ese grano de maíz hay un desarrollo muy importante en genética, en eventos para llegar a esa tecnología para tener agricultura de precisión, ene l desarrollo de maquinaria agrícola”, sumó.

Sobre el maíz detalló que hay 8 millones de hectáreas, 48.700 productores, la producción es de 59 millones de toneladas y la exportación es por 9.295 millones de dólares y “ahí tenemos las provincias con mayor superficie sembrada”. En cuanto al girasol contó: “Tenemos 2 millones de hectáreas sembradas, 11.600 productores, 4 millones de toneladas y 1334 millones de dólares en exportación”.

“En cebada, que es un cultivo casi exclusivo de la provincia de Buenos Aires viene creciendo, tenemos 1.600.000 hectáreas sembradas, 8.700 productores, con un volumen de 5,3 millones de toneladas, y se exportan por 943 millones”, agregó en otro pasaje de su informe y afirmó: “Cuando hacemos la sumatoria de lo que invierte el sector primario en estos cinco cultivos en capital de trabajo más la tecnología y todo lo que invierten año a año andan alrededor de los 35 mil millones de dólares.

En ese sentido, informó que “el paquete tecnológico para poder sembrar una hectárea de maíz anda alrededor de los 1.200 dólares por hectárea”, y resaltó: “Esa es la importancia de dinamizar las economías y a los pueblos del interior”.

Economías Regionales

En este eje, Bahillo explicó: “Cuando dividimos por región y hacemos la sumatoria son cerca de 40, vemos la importancia de las mismas. Algunas de ellas con un grado de desarrollo en la cadena de valor muy importante como es la vitivinicultura, el limón en Tucumán, la avicultura en Entre Ríos”.

Sobre la mano de obra en las economías regionales ejemplificó: “Si tomamos los cítricos dulces como mandarina, naranja y arándanos en Entre Ríos nada más la mano de obra que ocupa es de 20 mil personas por año”. “Esto permite visibilizar la importancia de las económicas regionales en cuanto a la ocupación y el trabajo que generan”, destacó Bahillo.

“Argentina produce al año 7,5 millones de toneladas anuales de frutas que se distribuyen en 500 mil hectáreas. Se generan 200.000 puestos de trabajos directo y exportaciones por 2.200 millones de dólares. En hortalizas se producen 7 millones de toneladas anuales en más de 700 mil hectáreas que va al mercado interno. El sector demanda 10 millones de jornales por año y exporta 420 millones de dólares”, explayó.

También, precisó que “hay 2 mil productores de peras y manzanas que generan entre 50 mil y 60 mil empleos directos e indirectos. Se industrializa el 10% de la producción que va a jugos. En frutales cítricos, que es una cadena de valor muy importante, tenemos limón, mandarina, pomelo y naranja. Nuestro país ha tenido una fuerte agenda en los últimos tiempos que ha sido el ingreso de cítricos dulces a Estados Unidos, pero los del NEA no pueden ingresas por cuestiones políticas. Algunas provincias han llevado gestiones importantes en los últimos 10 años para poder ingresar”.

“Es un tema que ha estado en la agenda de los acuerdos comerciales bilaterales. En la visita que va a hacer el ministro de Economía en los próximos días le hemos introducido este tema como prioritario”, adelantó Bahillo.

En suma, detalló que “la vid es otra de las cadenas de valor más importantes porque es la que más integrada y desarrollada está con una superficie de 15 mil hectáreas”. “El ajo es una de las economías que no tiene la visibilidad y la importancia que merecen, pero tiene un impacto local fuerte. Se exporta el 66%, el 28% es de consumo interno y la semilla el 10%”, agregó.

“La cebolla 1.500 productores, 2.500 puestos de trabajo permanente. Esto no sale en los grandes títulos de la prensa, por lo general no tiene mucha visibilidad, pero creo que mi responsabilidad por lo menos es visibilizar estas economías regionales por el impacto que tienen.  La producción de papa tiene entre 500 y 700 productores, 240 mil productores temporales, 2.150 empleados, exportaciones por 265.000 millones de dólares consumo interno 72%”, explayó.

Sector ganadero

Al respecto, el funcionario precisó que “el sector porcino es uno de los que más ha crecido en los últimos años tiene un grado de integración importante como el sector avícola. En ganadería bobina, lo que es de cría y engorde tenemos una con mucha tecnología y productores muy eficientes, con una conversión e índice productivo muy bueno”, pero lamentó que hay “una ganadería de segunda que no tiene el grado de tecnificación ni los indicadores productivos que deberíamos tener”.

“Ahí hay que trabajar en fondos rotatorios provinciales que atiendan a la capacitación de los productores para que mejoren el manejo del rodeo y hacer un seguimiento cercano con los productores. Todo es para mejorar sus establecimientos y mejorar técnicas de manejo”, consideró el secretario.

En suma, opinó que con respecto al sector ovino “hay que analizar algunas cuestiones que tienen que ver con la rentabilidad y con la posibilidad de atender estas economías regionales con políticas directas porque no están pasando por un buen momento”.

“Vamos a un año récord de exportación de carne bobina alrededor de las 900 mil toneladas al año con el 27% de la faena que se va a exportación. Es un muy buen número”, adelantó el funcionario de Agricultura.

Por último, comentó: “Queremos incorporar en esta reconfiguración del ministerio de Economía una mirada acerca del sector primario porque queramos trabajar la cadena de valor porque no podemos mirar al sector productivo deteniéndonos solamente en el nivel primario. Tenemos que ver el grado de industrialización y de participación que tienen en cada uno de los sectores porque también es un rol del Estado ordenar la cadena cuando es muy distorsionada”.

“El grado de industrialización es una obligación del Estado trabajar en ese sentido. Vamos por más producción, por más exportaciones. Entendemos que todo esto debe hacerse con sostenibilidad ambiental porque tenemos que sumar a la agenda productiva el ambiente y la sostenibilidad del mismo. Estamos convencidos que hay que salir de esas discusiones que nos inmovilizan, siempre y cuando se cuide el ambiente”, remarcó Bahillo y cerró: “Tenemos que ir por más con sostenibilidad ambiental, incorporando ciencia y técnica, políticas del Estado como programas de riego. Tenemos que tener políticas de crecimiento para tener la capacidad de resolver tensiones sin que afecten los niveles de producción. Todo esto lo tenemos que hacer con políticas públicas que incluyan la oferta laboral”.

Con una sala repleta de banderas y fotos de víctimas de accidentes viales, la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, a cargo del jujeño Jorge Rizzotti (UCR), volvió a reunirse este martes para continuar con el análisis sobre la problemática de alcohol cero al volante, a la cual asistieron representantes de Asociaciones Civiles y familiares de víctimas.

El presidente de la Comisión adelantó que “mañana a las 14 hay otra reunión informativa y luego habrá otra instancia para redactar el dictamen de mayoría, para que pase a la otra Comisión y ahí al recinto. La idea es poder sancionar una ley que modifique el tema de transporte puntualmente”.

Al encuentro que está pautado para este miércoles 24 a las 14 fueron invitados el ingeniero Fabián Pons, el doctor Fernando Campagnini y Esteban Bicarrilli.

La palabra de los invitados

Al inicio de la reunión, la vicepresidenta de la Comisión, Jimena López, agradeció a los referentes de las asociaciones la presencia para que brinden su opinión en un “tema tan valioso como es alcohol cero”.

El primero en hablar fue el jefe médico especializado en toxicología del Hospital Fernández, Carlos Fabián Demín, quien contextualizó lo que es el consumo de alcohol en el país y la implicancia que tiene en una persona que maneja. “El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. El incremento del consumo de alcohol es cada vez mayor. Es una suerte de anestésico y hace años se lo usaba como tal. Cuando uno toma alcohol parece que esta desinhibido”, precisó.

“El alcohol produce un proceso de desinhibición y eso se debe a que hubo una inhibición de las inhibiciones del sistema nervioso central que va acompañado, además, de una disminución de la capacidad de reacción de una disminución de los reflejos acompañado de una disminución de la capacidad para advertir un riesgo, medir un peligro y tomar una decisión. Eso es crucial a la hora de manejar un vehículo”, explicó el médico y agregó que “eso hace que uno no pueda advertir el riesgo a la velocidad que corresponde y tomar la decisión adecuada se puede disminuir en segundos y terminar generando un siniestro”.

En Argentina se consumen 10 litros de alcohol puro por habitante por año. Eso nos ubica terceros en América Latina. En lo que corresponde a la franja etaria de 12 a 17 años, estamos primero, porque un 54% consume alcohol", informó Demín.

Por otro lado, señaló que Argentina es un “consumidor muy importante” de alcohol e informó que “consumimos alrededor de 9.8 o 10 litros de alcohol puro por habitante y por año. Esto nos ubica terceros en América, atrás de Canadá que consumen acerca de 12 litros y de Estados Unidos que consumen 10.2”, y ejemplificó: “Si uno mira lo que tiene una botella de cerveza de un litro, tiene entre 40 y 60 centímetros cúbicos de alcohol puro. Una botella de whisky, de vodka o de fernet tiene 400 centímetros cúbicos de alcohol puro. Cuando alguien toma 1 litro de whisky se tomo casi la mitad de alcohol uro, alcohol de farmacia”.

En ese marco, observó que “las franjas etarias más jóvenes de 12 a 17 años, lo que corresponde a la edad escolar, nos ubicamos primero porque el 54% de los argentinos de esa edad consumen alcohol”, lo calificó como “un disparate”, ya que según la última encuesta de CEDRONAR “los canadienses que toman más alcohol que nosotros cuidan a sus adolescentes, no más del 10% de los canadienses en edad escolar toma alcohol”. A su vez, adelantó que dicha entidad está realizando una encuesta nueva, pero advirtió que “este dato va a ser aún peor”.

“Tenemos una población muy joven que consume mucho alcohol y a los 17 se empieza a conducir vehículos. Esta población, si miramos la misma encuesta, y lo llevamos los 25 años tenemos que va aumentando el consumo de alcohol y cuando llegamos al grupo que va hasta los 35 años, nos encontramos que el 94% de los argentinos consume alcohol. Es mucho porcentaje”, alertó.

En ese sentido, sumó que según datos oficiales “se triplicó desde 2010 a 2017 el consumo de marihuana en los niños adolescentes de 10 a 17 y en la franja que va de 17 a 24. Tenemos un segundo factor agravante. Cuando pasamos los 30 y 32 años comienza otro problema que tiene que ver con el consumo de psicofármacos”.

“Podríamos decir que los argentinos somos consumidores de sustancias, nos gusta consumir sustancias. El 7% de la población está medicada con algún psicofármaco y actúan en el mismo lugar que lo hace el alcohol y tienen un efecto similar”, remarcó Damín e indició que “cuando dimensionamos el problema del alcohol no lo podemos hacer solo, porque el alcohol interacciona absolutamente con cualquier sustancia porque es una sustancia química”.

A su vez, cuestionó la ley actual que plantea 0,5 para automovilistas, 0,2 para motociclistas y 0 para profesionales porque “hay incongruencias”. “Es indispensable tener una ley de alcohol cero, no estamos pidiendo una ley seca ni que no se venda alcohol. La ley que prohíbe vender alcohol a menores de 18 se cumple poco, siendo que provoca daños neurológicos”, cerró y agregó que “no solo es la ley, tiene que haber controles y que se controle psicofármacos, el éxtasis y la marihuana”.

A continuación, Carlos Silvestri de la Mesa Chubutense de Víctimas Viales, provincia que tiene sancionada la ley de tolerancia cero de alcohol por lo que dejó expresa la “voluntad de apoyar este proyecto por parte de la asociación de familiares de víctimas de siniestros viales”.

En tanto, denunció que los legisladores “sufren presiones” de sectores que “priorizan su beneficio económico ante el único valor irremplazable que es la vida”, y aclaró que ese beneficio “no se ve afectado por la norma según las experiencias de países vecinos”.

“El alcohol cero existe desde 1998 para profesionales y nunca fue objetado por lo que todos los argumentos en contra de esta norma, son falaces”, recordó y bregó: “El concepto de que tolerancia cero al volante más temprano que tarde va a ser ley después de tantos años de lucha”.

Y cerró, con una voz quebrada por la angustia: “La energía renovable de los familiares de víctimas de transito es el dolor que llevamos las 24 horas los 7 días de la semana y los 365 días del año. La próxima lucha es el Código Penal para que no siga permitiendo que los homicidios por accidentes viales sean el crimen perfecto”.

También hizo uso de la palabra Angélica Gramajo de la Asociación Civil Martín Gramajo de Santiago del Estero quien sostuvo: “También representamos a familiares de víctimas del NOA y del NEA. Hace 24 años que trabajamos en prevención de siniestros viales después de transformar los porqués que quedaron después de la partida de nuestros hijos. Nos decimos por qué a mi hijo, porqué a mí. Las eternas preguntas, pero transformamos eso en un para qué y empezar a trabajar para que a otros no les pase lo mismo”.

“La primero que descubrimos es que la mayoría no conoce la Ley de Tránsito 24.449 y generamos nuestra tarea en base a su contenido. Son 24 años de lucha, de entrega de generar acciones, proyectos”, relató Gramajo y consideró que la Ley de Tránsito “debe ser actualizada y mejorada”.

En suma, disparó contra el Estado porque “nos re victimiza y nos da la espalda. Nos obligan a contar y relatar a pedir una y otra vez a volver a ese primer día tan doloroso. Un Estado que no permitió a nuestros seres queridos porque permitió que un individuo transforme su auto como un arme y asesine a nuestros seres queridos”.

En su alocución y con las lágrimas en los ojos, Silvia González presidenta de la Asociación Estrellas Amarillas de La Pampa quien expresó: “Nosotros nos encontramos con algo terrible que es la falta de solidaridad y empatía. Todo el mundo piensa que no le va a pasar. Nosotros hace 20 años que venimos acá. Nos reunimos con todos los presidentes de la Nación, dormíamos en la terminal de Retiro. Eso es lo que venimos haciendo hace 20 años, si ustedes hubiesen legislado esto no pasaría”.

“Por favor necesitamos que nos vean. Hicimos lo de las estrellas para que nos vean”, reclamó González y contó que las estrellas amarillas simbolizan las leyes, la educación, la infraestructura, prevención y control. “El país tiene esas patas desarticuladas. La educación vial jamás se cumplió”, criticó y finalizó: “Por favor legislaren y ayúdennos a terminar con esta sangría”.

La siguiente en exponer fue Norma Bonelli de la Asociación Civil Carla Arduini quien remarcó que “esto es importantísimo queremos que esta ley se apruebe”, y ratificó que “el consumo de alcohol es muy grande en todos. El alcohol al volante afecta y deteriora acciones esenciales, como la visión, para una conducción segura y eso aumenta el riesgo de fatalidad”.

Mariana Sena de la Asociación Compromiso Vial señaló que “venimos a una Comisión de Tránsito pidiendo justicia porque tiene que ser con un abordaje integral, todo aquello ambiguo y que no permita llegar antes y prevenir, la gran deuda que tiene el Estado”.

A su vez resaltó la importancia de reformar el Código Penal porque “nuestro primer enfrentamiento contra el Estado se da en Tribunales porque los fiscales no tienen las herramientas para hacer el pedido de justicia. Es muy absurdo y doloroso que se ve a diario”.

Por Déborah Nohely González

A tan solo cuatro meses para que se inicie el Mundial de Qatar 2022 la mirada está puesta en el seleccionado argentino. Sin embargo, desde el arco político el foco está puesto en otra cuestión: los barrabravas, motivo por el cual exigen a las carteras pertinentes, tanto de Seguridad como de Deportes, que expliquen cuáles son las políticas que van a implementar para evitar que viajen.

Por otro lado, en plano local la violencia en el fútbol se profundiza, tanto afuera de la cancha como adentro de la misma. Hechos recientes lo demuestran, como fue el enfrentamiento entre barras del clásico del ascenso entre Luján y Alem que le costó la vida a un hincha que nada tenía que ver.

En ese contexto, parlamentario.com dialogó con el diputado nacional y presidente de la Comisión de Deportes, Héctor Baldassi (Pro – Córdoba), quien cuestionó que “en reiteradas oportunidades” invitaron al titular de la cartera homónima, Matías Lammens, pero “nunca asistió”. En ese sentido, afirmó que “vamos a insistir desde la comisión para que el ministro asista para explicar detalles de las políticas públicas vinculadas al deporte en general”.

Por otro lado, el exárbitro mundialista consideró que desde el Ministerio de Seguridad es de donde “deben dar mayores precisiones sobre las medidas para que no viajen las barras bravas” al mundial. En suma, aseguró que “la violencia en el fútbol debe abordarse de manera integral. En lo preventivo, en lo cultural y en lo sancionatorio”.

-De cara al mundial de Qatar y como presidente de la Comisión de Deporte ¿tienen previsto invitar al ministro de la cartera para que brinde detalles respecto a las medidas que implementarán para que no viajen barras bravas?

-Nosotros hemos invitado al ministro Matías Lammens a la comisión de deportes en reiteradas oportunidades, durante el 2020 en la etapa más dura de la cuarentena, cuando los deportistas no podían entrenar y los clubes estaban cerrados, pero no fue. Sin embargo, vamos a insistir desde la comisión para que el ministro asista para explicar detalles de las políticas públicas vinculadas al deporte en general. En cuanto a Qatar, desde luego que es importante las respuestas que pueda dar el ministro Lammens, pero me parece que si de controlar las medidas para que no viajen los barrabravas se trata, creo que desde el ministerio de seguridad es desde donde deberían dar mayores precisiones.

-Como presidente de la Comisión y ante los reiterados hechos de violencia en el fútbol argentino tal es el caso del enfrentamiento entre Luján y Alem que le costó la vida a un hincha, ¿están trabajando en algún proyecto vinculado a ese tema? ¿en qué otras iniciativas están avanzando?

-La violencia en el fútbol debe abordarse de manera integral. En lo preventivo, en lo cultural y en lo sancionatorio. Las leyes están vigentes, es cuestión de que la apliquen los fiscales y jueces ante los casos concretos, y es una política tanto de los clubes como de los gobiernos, sea cual fuera el signo político, trabajar en cambios culturales que permitan cuidar el fútbol.

-Como exárbitro argentino, ¿qué opina de los arbitrajes actuales y de la aplicación del VAR?

-Como exárbitro del fútbol argentino creo que el VAR es una herramienta muy importante para el arbitraje, y hay que utilizarla de manera comprometida con la justicia y que haga más transparente al fútbol. A veces las decisiones que se toman no son las correctas, por eso creo que lo importante es trabajar en el ordenamiento, en el manejo y el protocolo de la herramienta VAR. Los arbitrajes actuales buscan lograr un crecimiento al que se llega con esfuerzo, compromiso, criterio y coraje para darle suficiente credibilidad a la profesión, la que no se logra de un día para otro sino a través de la sumatoria de los partidos. Por eso hoy lo que está pasando en el arbitraje argentino es que no todos tienen esa credibilidad, a excepción de algunos por supuesto, y entonces sus decisiones se transforman en sospecha o en la valoración de que algunos no pueden estar dirigiendo esos partidos.

Por Deborah Noely González

La comunidad mapuche vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez no es por ataques violentos en El Bolsón, sino porque el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, les propuso un acuerdo que podría perjudicar el desarrollo y las inversiones en el yacimiento de Vaca Muerta, puntualmente con el proyecto de construcción del gasoducto Néstor Kirchner que aún está paralizado.

El mandatario les presentó un “Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada” (CLPI) a los referentes de esas comunidades, lo cual fue recibido como una suerte de conquista, ya que les otorga intervención y capacidad de veto en el desarrollo de esa infraestructura crucial si se comprobara que atraviesa tierras consideradas ancestrales. Esto último los habilita a exigir dinero, beneficios u otras acciones.

Sin embargo, según los especialistas y técnicos que trazaron la obra no detectaron ningún derecho de propiedad afectado: ni la provincia ni la nación reconoce como dueño de esas tierras a comunidad aborigen alguna.

El acuerdo en cuestión generó un fuerte rechazo desde la oposición política. Así lo dejó explícito el diputado nacional Francisco Sánchez (Pro) en diálogo con parlamentario.com quien consideró esta maniobra como una “extorsión” y advirtió que “va en detrimento del desarrollo productivo no solo de Neuquén, sino de todo el país”.

Además, describió a la Confederación Mapuche como “un ente que intenta aglutinar los intereses de las comunidades reconocidas y no reconocidas para que sus líderes se enriquezcan como lo han venido haciendo hasta ahora”, y los comparó con un sindicato. A su vez, denunció “aprietes, amenazas y violencia física” por parte de esas comunidades hacia las empresas y los neuquinos.

-¿Qué opinión le merece la decisión del Gobierno de Neuquén de consultar a las comunidades mapuches para la traza del gasoducto Néstor Kirchner?

-La consulta previa representa una excusa para que los líderes de la Confederación Mapuche, empiecen a participar de manera formal en el negocio de Vaca Muerta. Pero no como lo haría cualquier emprendedor, sino a través de la extorsión, ya que es una herramienta que les va a permitir detener cualquier proceso productivo con la excusa que afecta sus intereses. Es decir, es una cuestión que va mucho más allá del gasoducto por construir y que va en detrimento del desarrollo productivo no solo de Neuquén, sino de todo el país.

-¿El Gobierno neuquino reconoce a la Confederación Mapuche?

-El gobierno de Neuquén le da una jerarquía a la Confederación mapuche que no tiene, ya que ni siquiera se trata de una entidad formal. Se trata de un ente que intenta aglutinar los intereses de las comunidades reconocidas y no reconocidas para que sus líderes se enriquezcan como lo han venido haciendo hasta ahora. En ese sentido no se diferencian demasiado de un sindicato por ejemplo, que tiene prácticamente propietarios con títulos nobiliarios. En Neuquén están los (Gabriel) Cherqui y los (Jorge) Nahuel que se parecen mucho a un Moyano: una oligarquía que actúa a espaldas de los intereses que dicen representar.

Cabe recordar que Cherqui en el mes de abril le planteó al propio presidente, Alberto Fernández -que había viajado a Vaca Muerta- un mensaje amenazante: “Sin consulta no va a haber gasoducto Néstor Kirchner ni exploración”. Se lo transmitió en el aeropuerto junto a otras dos activistas mapuches, ante la mirada del gobernador neuquino.

-¿Este es un reconocimiento implícito de estas comunidades como actores legales para ejercer reclamos de este tipo?

-Si, es un reconocimiento implícito, cedido por un gobernador al que lo único que le importa es retirarse sin conflictos, y para eso nos embarga a los neuquinos y a los argentinos en conflictos que ahora encuentran legitimidad en la jurisprudencia de esta cesión que implica el reconocimiento a la consulta previa.

-¿Qué tipo de presiones vienen sufriendo las empresas petroleras en la región, de parte de estos sectores?

-Las empresas y los neuquinos en general venimos sufriendo extorsiones constantes de estas agrupaciones de pseudo mapuches. Las empresas muchas veces son presionadas a ceder en arreglos económicos y en acuerdos privados que incluyen contrataciones de servicios especiales. Pero también los particulares de una basta región sufren la ocupación de sus tierras, los aprietes, amenazas y violencia física, con el doble daño del desamparo al que los somete la autoridad gubernamental.

En medio de una crisis que golpea al transporte de pasajeros en el interior del país por la falta de equilibrio en el reparto de los subsidios, sumado a la falta de combustible, la diputada nacional y vicepresidente segunda de la Comisión de Transporte, María Luján Rey (Pro – Buenos Aires) dialogó con parlamentario.com sobre el tema y opinó que “los subsidios deben dejar de ser a las empresas y tiene que ir directamente a los pasajeros”. Por otro lado, la legisladora de la bancada opositora apuntó contra el Gobierno por la escasez de combustibles: “Es una gestión que improvisa todo el tiempo”.

Al ser consultada por la reunión informativa de este martes, a la que estaba invitado el titular de la cartera de Transporte, Alexis Guerrera, a la Comisión homónima, pero que por cuestiones de agenda comunicó que no asistirá y en su lugar irán secretarios del área, Luján Rey manifestó sus expectativas: “Mañana esperábamos escuchar por parte del ministro las razones por las cuales están demorados los subsidios a las provincias. Que nos expliquen cuáles son los motivos por los que no ha llegado todavía ese dinero a las provincias”.

“También cómo tienen pensado ampliar el fondo que ha quedado insuficiente, entendemos. Pero que también sabemos que cuenta con todas las herramientas para resolverlo sin necesidad que se genere una ley”, remarcó la diputada. Por consiguiente, contó que “se han presentado proyectos en este sentid” y bregó por “avanzar en algún proyecto consensuado que declare la emergencia y amplié el fondo destinado a los subsidios al transporte del interior”.

En esa línea, apuntó: “También es cierto que el Ejecutivo Nacional podría estar dando una solución sin esperar todos estos plazos”, y lamentó: “Nos iba a venir bien escuchar al ministro mañana para saber los motivos por los cuales llegamos a esta situación y cómo piensa salir de ella y de aquí en más regularizar la situación para los transportistas del interior”.

“En cuanto a la distribución de los subsidios hay varios proyectos presentados, algunos en esta redistribución que plantean afectarían a los subsidios que hoy reciben el AMBA. Como diputada de la provincia de Buenos Aires, pero como diputada nacional también entiendo que es algo que se tiene que debatir y estudiar en profundidad escuchando a todas las partes involucradas”, remarcó Luján Rey.

Además, la vicepresidenta segunda de la Comisión de Transporte consideró que “no es la urgencia de hoy, la urgencia es solucionar el problema que atraviesan los transportistas del interior, pero la redistribución es un tema pendiente sin duda que hay que discutir y hay que buscar los mejores consensos para que se mejore la situación de todos los transportistas”.

“En lo personal creo que tenemos que pensar que los subsidios deben dejar de ser a las empresas y tiene que ir directamente a los pasajeros, esto permite mayor control y evitar situaciones que ya hemos visto y vivido en el transporte público nacional cuando se entregan subsidios a los empresarios y después no se los controla”, opinó la diputada del Pro e insistió: “Entiendo que más allá de discutir la redistribución de los subsidios, también tendríamos que poner en cuestión a quiénes vamos a subsidiar y en lo personal, insisto en que debe ser el pasajero y no el empresario”.

Por último, al ser consultada por la falta de combustibles que afecta a gran parte del país, advirtió que “la situación es cada vez más preocupante”, y disparó contra el Ejecutivo porque “es una situación que se venía anunciando que hace tiempo el Gobierno debió haber tenido en cuenta y evidentemente no lo hizo, es una gestión que improvisa todo el tiempo y estos son los resultados”.

“Un país que hoy se encuentra con 19 provincias sin gasoil, lo que dificulta, no solo el traslado de las mercaderías, sino también las cosechas, la siembra”, indicó. En tanto, recordó el informe que brindó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en el Senado y lanzó: “Más allá de lo que manifestó el jefe de Gabinete, la realidad es que es con acciones que se resuelven las situaciones y no con palabras nada más”.

Y cerró: “Sería bueno que el jefe de Gabinete se acercara a la Cámara de Diputados a darnos los informes que corresponden como dice la Constitución Nacional y poder preguntarle por qué llegamos a esta situación, por qué hoy nuestro país esa a punto de estar paralizado por falta de gasoil”.

Con media sanción del Senado tras ser aprobado por 37 votos a favor y 31 en contra el pasado 12 de mayo, la Comisión de Legislación General, que preside la oficialista Cecilia Moreau, comenzó este miércoles el tratamiento del proyecto para crear un fondo para pagarle al FMI con dólares fugados que fue impulsado por el neuquino Oscar Parrilli.

La reunión se llevó a cabo en el Anexo “C” de la Cámara alta y contó con la disertación de los especialistas Eduardo Barcesat, Noemí Brenta, Pablo Manzanelli, Horacio Rovelli, Mercedes Dalessandro, Andrés Edelstein y Guido Lorenzo.

Abrió la ronda de expositores el constitucionalista Eduardo Barcesat, quien se refrió al preámbulo de la Constitución Nacional que expresa “promover el bienestar general” porque “una Nación que ostenta, como la Argentina, una deuda externa de una magnitud equivalente al PBI evidentemente no está en condiciones materiales satisfactorias para promover el bienestar general de la Nación”.

Por otro lado, hizo alusión al artículo 75 de la norma superior que refiere a las actividades del Congreso y recordó el inciso 4 que “faculta al Poder Legislativo a contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y más específico su inciso 7 establece el proceder a arreglar el pago de la deuda interior y exterior”.

“Recalco esto porque es menester que en la Convención Constituyente del año 94’ no es que estos incisos fueron intocados, sino que fueron revalidados. Las fuerzas políticas mayoritarias y otras apoyaron mantener en cabeza del Poder Legislativo de la Nación esas facultades”, explicó.

También señaló que dicha invocación sirve para “desmantelar algunas propuestas semánticas que expresaron en el Senado que buscaron bautizar esta norma como de ‘blanqueo’, o que es una norma penal o tributaria, creo que la norma no tiene otro nombre de la de su finalidad que es proceder el arreglo de la deuda externa aportando un criterio particular para ese arreglo y por ello la necesidad de una nueva ley”, respaldó Barcesat.

En suma, remarcó que dichas facultades “son indelegables conforme lo establece el artículo 76 de la C.N dado que la materia de administración puede provocar delegación y corresponden como tarea central a este Congreso proceder a ese arreglo de la deuda externa”.

Respecto del proyecto, cuestionó el artículo 25 que sostiene “que el ministro de Economía disponga respecto de la deuda externa, es decir contraer empréstitos”, y señaló que “esto es un error porque no esta facultado para contraer nada, los que disponen son ustedes, el Congreso  a través de la Comisión Bicameral, pero la competencia constitucional es de este Congreso de la Nación, el ministro de Economía es un empleado del Poder Ejecutivo y está sujeto a  las decisiones que tome el Congreso de la Nación”.

Sobre los fundamentos, consideró que “la mención más valiosa es la de los artículos 1 y 2 de ambos Pactos Internacionales de Naciones Unidas que tienen la particularidad de iniciar con la misma cláusula” porque “es expresión de la conciencia jurídica de la humanidad de buscar que el derecho de la auto libre determinación de la independencia económica de los estados y la titularidad de los pueblos sobre el conjunto de sus riquezas  y recursos naturales adquiera un énfasis o relieve particular, de manera que, todo aquello que provenga de la explotación de riquezas y recursos naturales, debe atender a esta designación que hace la norma del derecho internacional de los derechos humanos, que la titularidad es de los pueblos y de ahí los derechos de poder gravar, de poder exigir, el derecho de poder regular respecto de lo que resulta de esa explotación de riqueza  de titularidad de los pueblos”.

“La Argentina ha ratificado tanto a nivel nacional e internacional los protocolos facultativos de los Pactos Internacionales que son las normas de mayor jerarquía de los derechos internacionales de los derechos humanos y son vinculantes para la órbita de los 124 estados que forman Nacionales Unidas, frente a esta normativa es difícil que se pueda imponer otra norma”, agregó el constitucionalista.

Entre los protocolos facultativos de la Convención Interamericana, resaltó la resolución que “establece dos recomendaciones: una de ellas refiere a la deuda externa donde los expertos aconsejan suspender los pagos de la deuda externa en tanto la vigencia de la pandemia y buscar aliviar el peso para poder atender la crisis que provocó la pandemia y se acrecienta con un conflicto bélico que tiene impacto en la humanidad toda”.

“Cuidar el tema de los pagos de la deuda externa subordinarnos a superar la situación de excepcionalidad, primero por la pandemia que prosigue y segundo por la situación de conflicto bélico que afecta a la humanidad y lo estamos padeciendo. Esto no puede escapar de la premisa del preámbulo”, señaló Barcesat y sumó: “Poner contribuciones excepcionales que duren el tiempo de la necesidad para que pueda atenderse a estos valores supremos de la vida, la salud y la integridad personal”.

Por último, informó que hay proyectos para crear una Convención Internacional de prevención y sanción de la fuga de capitales que calificó como “crimen económico contra la humanidad de jurisdicción universal e imprescriptible. Es una iniciativa poder impulsar una Convención para prevenir esa sangría de la riqueza de los pueblos del continente en beneficio de ese capitalismo financiero que financia los peores crímenes de la humanidad”, y resaltó que el proyecto oficialista está respaldado por los Pactos Internacionales.

A su turno el contador público y especialista en finanzas, Andrés Edelstein, respecto al proyecto en general consideró que “la finalidad que tiene es evidentemente una decisión de ámbito político”, y precisó que “algunos de sus lineamientos tienen que ver con los medios elegidos de dotar de recursos a este Fondo que se pretende crear y esos medios elegidos es lo que se denomina ‘pago’ en el proyecto, ‘aporte especial’ en el proyecto original”, y opinó que “no es más que un régimen de exteriorización o de normalización a un blanqueo, más allá que el término no suene bien o tenga alguna connotación negativa, ese mecanismo genera los principales reparos”.

Además, indicó que “una medida de estas características puede tener cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia y tiene sentido ser analizados”. En cuanto a la oportunidad, explicó que “tratándose de un régimen de exteriorización especial, normalmente se dan estos regímenes cuando se dan circunstancias extraordinarias que se dan por un deseo de generar inversiones que no pueden realizarse por existir una masa de recursos no declarados, o la otra es cuando la percepción del riesgo de quienes tienen bienes no declarados es tan levada que tiene sentido un régimen de estas características porque va a permitir una adhesión de estas características porque va a permitir una adhesión masiva, pero no es lo que está ocurriendo en el contexto actual en cuanto a la oportunidad de estas características”.

Sobre el mérito, señaló que “si tiene en cuenta la dimensión de la deuda con el FMI a la luz de lo que se permitió exteriorizar, cualquiera de los regímenes anteriores de exteriorización ve que es una tarea titánica y por ende duda bastante de la eficacia de este mecanismo para cancelar la deuda con el Fondo”.

En cuanto a la conveniencia de la figura, Edelstein precisó que “es una relación de costo- beneficio en ese caso este régimen de exteriorización sería el quinto registro de estas características que se crea en los últimos 14 años. Es un desincentivo más para los contribuyentes cumplidores dada la recurrencia de este tipo de regímenes excepcionales”.

Sobre aspectos puntuales de la iniciativa, destacó las adecuaciones que fueron introducidas al texto que cuenta con media sanción que “dieron alguna precisión adicional”, pero “sigue siendo susceptible de mejoras porque tiene imprecisiones importantes”.

“El primer punto tiene que ver con el articulo 7 que establece el pago sobre los bienes no declarados por parte de los sujetos residentes en el país, bienes no declarados que se detecten o localicen desde la entrada en vigencia de esta ley. Es a partir de ese momento están sujetos a este pago. El tema es que, tratándose de un régimen extraordinario de exteriorización, el hecho de no tener una fecha de corte preciso, sumado a que el Fondo esta previsto que dure en tanto se mantenga la deuda con el FMI, esto le da una característica de régimen extraordinario permanente de regularización, lo cual va a en contra de todo principio básico de un régimen de estas características”, explayó el economista e hizo hincapié en que “es un desincentivo a quienes pagan sus impuestos correctamente. Es el aspecto central y más relevante”.

Además, cuestionó: “Para aquellos que no adhieran a este esquema se estima que estarán sujetos a la regla general en materia tributaria y penal, pero se agrega que además de todo eso y las sanciones van a tener que ingresar un pago que empieza con el 20%, pero dado que no esta precisada la naturaleza jurídica de este pago que es un impuesto especial, podría cuestionarse que es una doble sanción”.

“El tercer tema tiene que ver con el Tribunal Fiscal de la Nación en el artículo 15 que modifica el efecto suspensivo y se transforma en efecto devolutivo”, enumero. Por último sobre la figura del colaborador remarcó que es “novedosa” porque en el derecho tributario no está contemplada, pero si en otros países si aparece como una figura privada, informantes, con una recompensa, que colabore, aunque advirtió que “puede tener efectos colaterales y perjudiciales, porque el régimen de un colaborador que recibe recompensas necesita un marco institucional adecuado y un funcionamiento de la justicia con celeridad no estamos en condiciones de eso y los efectos pueden ser preocupantes, da pie a que la litigiosidad aumenten”.

A continuación, el licenciado en economía Horacio Rovelli resaltó que es “importante e imprescindible” que se haga ley el proyecto porque “es necesario que funcione la Bicameral de Seguimiento de contratos y pagos de la deuda”. En ese sentido, recordó que la apertura de sesiones ordinarias el presidente de la Nación le solicitó al Banco Central un informe de la deuda contraída por la gestión anterior que fue de “más de 100 mil millones de dólares que 24 mil millones se usaron para pagar deuda vieja, entre ellos los Fondos Buitres”.

“Sospechamos que los bancos no cumplieron con la Ley 25.246 de lavados y encubrimiento de activos que exige a los bancos, que cuando compran dólares, deben brindar la procedencia de los fondos y no se hizo porque hay una incoherencia entre las compras y los estados contables de las empresas. Esto hay que investigarlo. No que el pueblo pague una deuda que no lo benefició”, cerró.

La economista e investigadora del CONICET Noemi Brenta respaldó la iniciativa, aunque indicó que aún “tiene cuestiones para tocar desde el punto de vista técnico” para que sea “factible, inobjetable y aplicable y que cumpla la función para saldar la deuda con el FMI que es enorme y que nos va a condicionar muchos años porque estamos con el Fondo hasta 2036 por lo menos si es que los desembolsos y los pagos se dan todos bien”.

En ese sentido, remarcó la necesidad de que la ley sea aprobada para que “la deuda la paguen los que se beneficiaron con ella y se comportaron de una manera ilícita porque los pagos salen de los ajustes presupuestarios”. A su vez propuso darle un nombre al Fondo como “Fondo de reparación o de resarcimiento al pueblo argentino por el daño de 46 años de sobreendeudamiento”.

“Esta norma es necesaria para construir un país libre de los condicionamientos del Fondo y con una base imponible acorde a la capacidad contributiva de los argentinos y no achicada por el ocultamiento de activos fuera del país”, cerró Brenta.

En su exposición, el economista Guido Lorenzo hizo un repaso de algunos puntos en cuanto al diseño del proyecto: “La mala práctica e inequidad del proyecto, hay un montón de contribuyentes que están en regla y este proyecto plantea una alícuota diferencial muy baja que perdonaría para un montón de dinero que se pretende recaudar para el pago de la deuda. Eso es generar desincentivos y por lo general no es aconsejado y más aún hacerlo de manera sistemática”.

“Tampoco hay un incentivo de intercambio de información de países que ya existe por lo cual no hay más allá de una generosidad del blanqueo. Otro punto es la contrariedad del acuerdo con el Fondo Monetario porque en el último plan, este Congreso dijo que no se iba a hacer otra amnistía fiscal, por lo cual de la manera en que le quieren pagar al FMI es contrario a lo que se votó”, agregó.

Y continuó: “La inconsistencia entre los bienes interiores y exteriores. ¿Por qué alguien que tiene bienes en el exterior tiene que pagar una alícuota menor que el que tiene justamente bienes no declarados al interior del país? Eso incentiva llevar bienes al exterior no declararlos y pagar menos. Es ilógico”.

El proyecto carece de todo sentido. Buscarle una vuelta al tema del FMI es redundante”, apuntó Lorenzo.

“Hay una falta de justicia con las provincias a favor del Tesoro Nacional. ¿Por qué está subordinada la deuda de las provincias a la del Fondo Monetario? no tiene sentido”, apuntó y sumó: “Quinto punto es la deuda con privados porque puede traer contingencias a futuro, no tiene sentido práctico”.

Otra de las críticas que hizo Lorenzo fue: “Si el pago se hace en dólares, ¿qué pasa si se detectan inmuebles y no tiene los dólares para pagarlo?, ¿quién me lo va a dar si el Banco Central no tiene reservas?”. Sobre l figura del colaborador, cuestionó: “¿Qué sentido tiene que alguien residente, que delata, reciba dólares que sabemos que hay escaseo, por ese delate? A tal punto que esta mal diseñado que le quita recursos al propio fondo”.

“El proyecto tiene plazo indeterminado para el pago. ¿No estaba resuelto el tema del pago con el Fondo? tenemos previstos pagos de desembolsos. ¿Por qué insisten en que es ilegal la compra de dólares?, una cosa es la compra que lo permite el Banco Central y otra es la fuga y dinero negro no exteriorizado”, preguntó y finalizó: “El proyecto carece de todo sentido. Buscarle una vuelta al tema del FMI es redundante”.

A su turno, el investigador Pablo Manzanelli se basó en los fundamentos económicos del proyecto que busca resolver “el problema de una deuda histórica contraída por el gobierno anterior” que no fue “emitida en moneda local para financiar déficit fiscal, sino que fue emitida en moneda extranjera lo cual agrava los términos de solvencia financiera”. “Se pasó de una economía con baja deuda a una economía con deuda insostenible”, disparó Manzanelli y finalizó: “Quien plantee con artilugios técnicos que esta iniciativa no es correcta sin proponer una alternativa, pide ajuste y devaluación para solucionar el tema de la deuda y, por ende, más pobreza e indigencia en la economía argentina”.

Cerró la ronda de expositores la exfuncionaria en materia económica, Mercedes Dalessandro, que ponderó la iniciativa al sostener que “tenemos un gran problema que es una deuda más grande con el Fondo Monetario Internacional, ese crédito que se otorgó al país no fue materializado en escuelas, ni en hospitales, ni en la mejora de la calidad de vida del pueblo y eso es lo que se ha empezado a tratar de resolver”.

“Este problema no está resuelto, lo que hicimos fue comprar cuotas de tiempo para ver cómo reconstruimos una economía pujante, una calidad de producción, es decir estamos tratando de resolver en el presente un problema que viene del pasado y que nos lleva al futuro generando limitaciones en términos de lo que podemos o no hacer”, explayó.

En tanto, cuestionó el acuerdo al que se llegó con el Fondo porque “viene con metas fiscales, con metas monetarias, con metas de recebas, tenemos que seguir un rumbo para cumplir esas metas que tiene ciertas cuestiones que no van a permitir que el país se desarrolle libremente porque tenemos que ajustar el camino al cumplimiento de ciertos hitos”.

“Argentina no es el único país con problemas de endeudamiento, estamos en un contexto que venimos de dos años con una pandemia y ahora una guerra que repercute en la economía de los demás países”, indicó la economista y reiteró que “el problema del endeudamiento es un tema que atraviesa la economía mundial” y ponderó el proyecto porque “dará herramientas para buscar el dinero fugado, que se blanquee”, y opinó que se “debería buscar todos los incentivos para que el dinero no se siga fugando”.

En una semana cargada de actividad parlamentaria, parlamentario.com dialogó con el diputado nacional Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) e integrante del bloque Provincias Unidas, quien se refirió al debate por la Ley de Alquileres: “Estamos dialogando con diputados de otros bloques para lograr un dictamen de consenso”. Por otro lado, expresó su postura respecto al conflicto por el Consejo de la Magistratura y la ruptura en dos del bloque FdT en el Senado: “Las divisiones de los bloques mayoritarios en ambas cámaras perjudican siempre a los bloques minoritarios como el nuestro que quedan sin representación”. También opinó sobre el proyecto kirchnerista para crear un Fondo Nacional para cancelar la deuda con el FMI.

Diputados debatió la Ley de Alquileres y luego de escuchar las diferentes voces de más de 100 expositores invitados, Domingo adelantó: “No apoyamos la derogación total porque hay aspectos de la Ley 27.551 que fueron positivos y tampoco creemos que una mayor intervención del estado sea una solución, por el contrario, agravaría aún más la situación”.

“Nosotros proponemos volver al plazo de 2 años y dejar librado a la autonomía de las partes la determinación del precio y de los eventuales ajustes durante la duración del contrato. También proponemos medidas para incentivar la formalización de los contratos que apuntan a simplificar y reducir la carga tributaria de los propietarios monotributistas”, explicó respecto al proyecto presentado por su bloque.

En ese sentido y previo a obtener dictamen, Domingo manifestó: “Estamos dialogando con diputados de otros bloques que presentaron proyectos para lograr un dictamen de consenso. Somos optimistas en lograr un acuerdo que pueda mejorar el texto de la ley y corregir los aspectos que contribuyeron a retraer la oferta de unidades en alquiler.

Cabe recordar que, durante las exposiciones con invitados, desde el sector de martilleros y corredores inmobiliarios coincidieron en que “ninguna modificación va a terminar solucionando el problema de los alquileres mientras haya tanta inflación, y estuvieron de acuerdo con la modificación de la ley, puntualmente en bajar de tres a dos años los contratos y que las actualizaciones sean de forma semestral. Mientras que los representantes de asociaciones de inquilinos respaldaron la Ley de Alquileres, pidieron que los contratos continúen siendo de tres años porque “sí da previsibilidad” y que las actualizaciones sean cada un año.

Consultado por la situación en torno al Consejo de la Magistratura y al proyecto del Ejecutivo que obtuvo media sanción en el Senado, pero que no llegó a ser debatido en tiempo y forma en Diputados, mencionó: “Nosotros presentamos desde el bloque de JSRN de Diputados el mismo proyecto que presento el senador Alberto Weretilneck en el Senado y que sirvió para introducir cambios al proyecto del oficialismo que le darán una perspectiva más federal al Consejo de la Magistratura, con abogados y magistrados elegidos por regiones”, remarcó: “Desde Diputados vamos a defender esos cambios”.

Sobre la jugada que hizo el bloque Frente de Todos de partir el espacio en dos para quedarse con un lugar en el Consejo, Domingo apuntó: “Las divisiones de los bloques mayoritarios en ambas cámaras perjudican siempre a los bloques minoritarios como el nuestro que quedan sin representación. Es una maniobra que se repite a ambos lados de la grieta”.

Por último, como exministro de economía de su provincia, sobre el proyecto oficialista que propone crear un Fondo Nacional para cancelar la deuda con el FMI con bienes no declarados en el exterior, expresó: “No creo que pagarle al fondo sea una prioridad en este momento cuando el primer vencimiento es dentro de 4 años", y remarcó que "deberíamos orientar todo el esfuerzo del Estado a recomponer la macroeconomía para volver a los mercados voluntarios de deuda, y poder atender todos los vencimientos de nuestra deuda (no solo la del FMI) a tasas razonables”.

La Cámara alta, presidida por Cristina Fernández de Kirchner, sesionará este jueves a partir de las 14 para darle tratamiento al proyecto de ley que permite al Ejecutivo refinanciar la deuda existente con el Fondo Monetario Internacional, que viene con media sanción de Diputados y se descuenta una aprobación por amplio margen.

Este martes el jefe del bloque de FdT en el Senado, el formoseño José Mayans, tras la reunión de la Comisión de Presupuesto adelantó que sesionarían este jueves para tratar de convertir en ley en tiempo y forma el acuerdo, de modo tal de cumplir con ese trámite antes del martes 22, fecha de nuestro próximo vencimiento.

Por la noche de ese mismo día la presidencia de la Cámara alta dio a conocer el decreto en donde oficializaba la convocatoria a sesionar, aunque restaba la postura de la bancada opositora de habilitar o no los dos tercios para que el proyecto sea tratado sobre tablas. Dicha decisión fue comunicada este miércoles tras una reunión que mantuvo el interbloque de JxC.

Mayans, había asegurado en declaraciones radiales que el bloque opositor tenía “absoluta predisposición” de hacerlo y no tener que esperar que trascurran siete días desde la firma del dictamen para darle tratamiento al proyecto en el recinto, tal como establece el reglamento de la Cámara de Senadores.

Al igual que ocurrió en Diputados, dentro del propio Frente de Todos se estima que un grupo de senadores no acompañe el proyecto oficial, en contra del acuerdo con el FMI, pero se acordó “respetar la decisión de cada senador”, pues los cálculos estiman que igualmente la ley saldrá con apoyo mayoritario.

El análisis en el Senado

El tratamiento del Programa de Facilidades Extendidas a efectos de refinanciar la deuda existente con el Fondo Monetario Internacional fue exprés, ya que comenzó este lunes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Ricardo Guerra, con la presencia en el Salón Azul del ministro de Economía, Martín Guzmán; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del BCRA, Miguel Pesce; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, entre otros funcionarios, quienes estuvieron respondiendo preguntas de los senadores.

Ya para el martes no se programó una reunión con invitados de otros sectores, pues se consideró que ese debate se saldó en Diputados, y se procedió a emitir dictamen por unanimidad. Solo dos senadoras del oficialismo firmaron en disidencia, que probablemente no apoyarían el proyecto en el recinto: la bonaerense Juliana Di Tullio y la santacruceña Ana María Ianni.

El proyecto

En la madrugada del viernes pasado, la Cámara baja dio media sanción a la iniciativa por 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones.

A instancias de la oposición, el oficialismo debió retirar del proyecto el artículo que hacía referencia al programa económico de Guzmán y solo habilitar la autorización al Poder Ejecutivo para que refinancie la deuda.

Así, el proyecto quedó compuesto por tres artículos, estableciendo en el 1ro. que se apruebe “de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75, inciso 7, de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2° de la ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el ‘Programa de Facilidades Extendidas’ a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del Acuerdo Stand By celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario”.

Y agrega que “el Poder Ejecutivo nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”.

El candidato a diputado nacional Tomás Ledesma por el Frente de Todos por Entre Ríos, hizo referencia al resultado de las últimas elecciones PASO, en donde las urnas marcaron la derrota por 22 puntos frente a Juntos por Entre Ríos, de lo cual sostuvo “nos llamó la atención, nos manda a poner el oído para escuchar”, y habló del desafío rumbo a las próximas elecciones el 14 de noviembre en donde el foco “debe estar puesto en el bolsillo de la gente”.

“Fue un resultado electoral que nos llama la atención, que nos manda a poner el oído, a escuchar”, manifestó el referente oficialista en diálogo por la 100.3 y agregó: “Nosotros somos peronistas y partimos de un precepto de que ‘el pueblo nunca se equivoca’ y sobre eso estamos trabajando de cara a la gente y hubo importantes cambios en el Gabinete, una batería de medidas que muestran que pusimos los oídos en las urnas. Esperemos que de cara a noviembre la realidad sea otra”.

En este sentido, contó que “el gobernador nos transmitió a nosotros que hará cambios a fines de año en áreas que él considere que hay que hacer”, y destacó que tuvieron diferentes charlas en el marco del proceso electoral para “redireccionar el rumbo en términos de la campaña y de mejorar la sintonía fina en espacios de la gestión y aportar al proceso que marco el rumbo del Gobierno Nacional”.

“Hicimos una lectura respecto a los resultados en la provincia, pero necesitamos repensar muchas cosas. También en lo territorial de los candidatos e intendentes tienen que reforzar los ejes de la campaña, pero fundamentalmente, al ser parte de un Gobierno Nacional, nos llama a repensar y analizar el contexto de la gestión", ratificó Ledesma.

A su vez, cuestionó: “La realidad es que vivimos 4 años en la Argentina en donde en cada día nos despertábamos y estábamos viviendo un poco peor, nos tocó agarrar un país partido al medio y a los tres meses nos toco atravesar una pandemia que profundizo un montón de problemas”, aunque resaltó que “podemos tener la tranquilidad de que le garantizamos a cada argentino una cama de terapia intensiva y un respirador artificial”.

“Después tomamos un montón de medidas económicas para ayudar a los sectores más golpeados, pero no alcanzó. En un contexto donde muchas personas están buscando trabajo, donde muchos jóvenes quieren irse a estudiar, esperamos aún el impacto en el bolsillo de la gente un montón de números en lo macroeconómico y creo que la gente volcó su descontento”, señaló el candidato del FdT.

Por otro lado, precisó que “durante la pandemia hemos mantenido las obras públicas, tenemos el nivel más alto de obras públicas en la historia en Entre Ríos, tenemos inversiones”, pero subrayó que “el ojo debe estar puesto en el bolsillo de la gente no por una cuestión electoral, sino que todos los que nos sentamos a hacer política creyendo en mejorarle un poco la vida a la gente, lo que más nos interpele es eso, que la gente tenga inflados los bolsillos que llegue tranquila a fin de mes”.

“Una de las discusiones que vienen es en el marco de la unidad, en términos de estrategia electoral el futuro no tiene que estar marcado por internas, ellos estuvieron marcados por internas que les dio dinamismo”, expresó el candidato entrerriano.

En esta línea, aseguró: “Nosotros estas elecciones fue medir nuestra propia lista. En noviembre vamos a ver un panorama más real de dónde estamos. En Entre Ríos sumaron casi 12 mil votos y nosotros perdimos casi 150 mil votos en esa lógica tenemos que tener un proceso de reconquista”.

“Estamos analizando y viendo en lugares donde hicimos grandes elecciones hemos ganado, pero tuvimos menos participación. La realidad es que el contexto nacional también nos afectó a todos de forma pareja y ellos nos estaban esperando y no tuvieron el cara a cara. Ahora vamos a poder estar presentes, hacer recorridas, estar con la gente, con el ciudadano”, precisó Ledesma.

Por último, criticó a la oposición porque durante la campaña “estos tipos no les importaba nada, no respetaban ni un solo protocolo, iban y se acercaban. En plena pandemia organizaron marchas en contra sin barbijo”, y comparó “no tienen la conciencia que tuvimos nosotros”.

“Estamos planificando una agenda por los barrios de Paraná con un cara a cara, a través de la sinceridad de la mirada le vamos a poder transmitir que estamos tratando de cambiar las cosas, las videollamadas ya no sirven para transmitir la misma sensibilidad que en el mano a mano”, detalló Ledesma.

El precandidato a diputado nacional Pablo Cervi de Juntos por el Cambio en la provincia de Neuquén habló con los vecinos de Zapala en donde observó que allí “no se enteraron de los beneficios de Vaca Muerta porque todo sigue igual”, ante lo que manifestó que tienen “un proyecto nacional desde Neuquén” cuyo objetivo es “construir una Argentina distinta”.

“En Zapala no se enteraron de los beneficios de Vaca Muerta, porque no derrama nada, todo sigue igual y es cada vez más grande la desigualdad con la zona de la Confluencia”, resaltó el dirigente por Cambia Neuquén, motivo por el cual destacó que deben ser parte de “un proyecto nacional” desde dicha provincia para “construir una Argentina distinta, donde se genere un entorno de país productivo”.

Cervi agregó que estarán “del lado del laburante, del que quiera progresar con su esfuerzo” porque “es la forma de que Argentina avance y salga adelante” por lo que afirmó que “la dirigencia debe pensar en la generación de empleo genuino, sobre todo para los jóvenes en localidades como Zapala, porque hoy vemos que del desarrollo que tuvo Vaca Muerta, acá no se enteraron. No ha derramado nada. 

En referencia a lo que se pone en juego en estas elecciones, el precandidato a diputado nacional describió que “hoy existen dos modelos de país en debate. Y somos nosotros los que debemos decidir si queremos más populismo, que representa pobreza y estancamiento, como en Venezuela o Cuba, o si queremos tener un país en donde progresemos todos, y donde al que trabaja le pueda ir bien. Donde el estudiante sea premiado. Hoy lamentablemente, con las personas que uno habla, dicen por lo bajo que hay que ser amigo del puntero o sindicalista para conseguir un laburo”.

El dirigente neuquino insistió con que “para que eso cambie, tenemos que recuperar los valores de la República, sobre todo la división de poderes. Para que realmente seamos todos iguales ante la ley. Hoy se están llevando puesta a la República, porque quieren avanzar sobre la justicia y se está gobernando por decreto aprovechando la pandemia”.

Por último, reiteró su pertenencia a la coalición de JxC, junto a Alfredo Cornejo, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y Patricia Bullrich, entre otros dirigentes que le brindaron su respaldo.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior, que conduce Eduardo "Wado" de Pedro, le concedió a la empresa Correo Argentina la prestación del diseño, planificación, desarrollo y operación del servicio de recolección, digitalización, transmisión y entrega de telegramas de mesa de cara las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las elecciones generales, que se realizarán el 12 de septiembre y el 14 de noviembre, respectivamente.

A través de la disposición administrativa 783/2021 publicada este viernes en el Boletín Oficial y en conformidad con lo establecido en el artículo 105 del Código Nacional Electoral, Ley N° 19.945 (T.O. Decreto N° 2135/83) y sus modificatorias, establece que “el Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima tiene a su cargo la recolección y transmisión de los telegramas con los resultados de mesa”.

A su vez, el Gobierno Nacional aprobó la oferta presentada por la empresa para la contratación del servicio la cual y, con el visto bueno de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, tendrá una erogación de $2.496.214.487 que serán solventados a través del presupuesto del Ministerio del Interior.

El diputado nacional Alberto Asseff (que forma parte del interbloque de JxC) mantuvo un encuentro virtual con la Fundación InterAmericana del Corazón (FIC) y acordaron que “hay que concientizar sobre la buena nutrición” por lo que “la advertencia del etiquetado ayudará” y si ello no interfiere en la “producción y exportación de alimentos” será apoyada por la coalición opositora.

Respecto de la videoconferencia que mantuvo el dirigente macrista y presidente del partido UNIR con la institución sin fines de lucro, que se ocupa de las enfermedades cardiovasculares, expresó: “En la medida de que la ley de etiquetado frontal no afecte a la producción ni la exportación de alimentos la apoyaremos”.

A su vez, tanto el diputado nacional como los integrantes de la Fundación coincidieron “en vincular los problemas cardiovasculares con la mala nutrición que deriva del consumo de alimentos que tienen márgenes más allá de lo aconsejable de azúcares y sodio”.

“Todo exceso es pernicioso, pero aclaramos que no demonízanos ni al azúcar ni al sodio. Lo que sostenemos es que hay que concientizar sobre la buena nutrición y la advertencia del etiquetado ayudará”, manifestaron las autoridades de la institución y ejemplificaron con la experiencia de Chile que “es un país de economía abierta donde el etiquetado no ha perjudicado la producción alimenticia”. 

Desde la Fundación InterAmericana del Corazón, indicaron que es necesaria en el país la ley de etiquetado frontal porque advierte sobre la constitución de los alimentos que se consumen. 

Al finalizar la reunión, Asseff y los referentes de la institución estuvieron de acuerdo en que “la ley de etiquetado frontal no afecta a la industria nacional alimenticia ni a la capacidad competitiva en el mercado interno ni en el externo” y, por el contrario, destacaron que “favorece la salud pública, la buena nutrición. Se evitan enormes sobrecostos, tanto en materia de asistencia a la salud, como también en la actividad laboral y económica porque las enfermedades relacionadas al corazón generan internaciones o tratamientos crónicos que producen la disminución de la capacidad laboral o literalmente la necesidad de una licencia en el trabajo, redundando en un grave perjuicio tanto para las personas, como para el mundo de la actividad económica”.

La diputada nacional Carla Carrizo advirtió sobre “un deterioro democrático tan profundo” que conspira contra el deseo de muchos argentinos de quedarse en el país, aunque aclaró que ello “no es sinónimo de Venezuela por un montón de razones”.

En declaraciones a través de Radio Ciudad por la AM 1110 la vicepresidenta del bloque UCR expresó: “Hay un deterioro democrático tan profundo en la Argentina de instituciones, de hábitat, de bienestar que no es verdad que se quieran ir los jóvenes: se quieren ir los jóvenes, los adultos y las personas mayores”, por lo que “dejó de ser elegible por los propios ciudadanos”.

“Hay un agotamiento. No estamos viviendo bien porque la democracia es un hábitat. Es un modo de vivir de tranquilidad, de disfrutar y todo eso se ha perdido. Entonces necesitamos recuperar ese país. Hay un deterioro democrático tan profundo en la Argentina que dejó de ser elegible por los propios ciudadanos”, ratificó la legisladora.

Carrizo remarcó que “hay un componente autoritario en el partido de gobierno, en el Frente de Todos, pero no es sinónimo de Venezuela. Argentina no es Venezuela por un montón de razones”.

“Hay que bajar los decibeles, liderar un proyecto que construya sensatez, bienestar y cuidado. Estamos a diez diputados de que el Frente de Todos tenga mayoría propia en la Cámara de Diputados. Necesitamos minimizar la capacidad de daño de un oficialismo que se piensa a sí mismo, y al mismo tiempo liderar un proyecto en la Argentina que dure, que puede generar un ciclo de bienestar, de desarrollo, sensatez y confianza que es lo que todos necesitamos”, razonó la diputada nacional.

La precandidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos- Provincia de Buenos Aires) sostuvo que el país “necesita diputados y diputadas capaces de dar un debate en el Congreso” con el propósito de encontrar una salida de la pandemia y apuntó contra JxC porque “cuando gobiernan llevan a la práctica políticas opuestas a las que prometen en campaña”.

En declaraciones en el programa “Ahora Dicen” de FM FutuRöck, la dirigente oficialista aseguró que “para reafirmar el camino del crecimiento con redistribución necesitamos apoyar al presidente”, motivo por el cual aseguró que “los diputados y diputadas acompañaremos desde el Congreso para consolidar el rumbo de recuperación”.

“Argentina necesita diputadas y diputados capaces de dar un debate en el Congreso sobre cómo salimos de esta pandemia en el marco de políticas de desarrollo y la capacidad productiva de nuestro pueblo”, resaltó la titular del Consejo Nacional de Políticas Sociales.

Por último, la dirigente K se diferenció del bloque opositor al sostener que “expresan un mismo proyecto de país” porque “la Alianza Cambiemos en campaña nos cuenta cualquier cosa, pero cuando gobiernan llevan a la práctica políticas diametralmente opuestas a las que prometen”.