El titular de la Comisión, Miguel Ángel Pichetto, afirmó: “Este es un plan de acción que lo ha hecho el presidente en donde hemos colaborado con él para tratar de que la auditoría tenga avisos de normalidad”.
La Comisión Bicameral Permanente Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), se reunió este jueves en el Salón Arturo Illia donde se analizó y trató el Programa de Acción Anual 2026 (PAA) de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Al abrir la reunión, Pichetto destacó: “Hemos llegado a criterios bastante unánimes en el marco del trabajo de la comisión con los asesores. Estamos frente a un tema muy importante para la Auditoría porque es el plan de acción. Tenemos que darle estos instrumentos”.
“También la nueva composición en el mes de marzo puede revisar los puntos, siempre está la supremacía de la Comisión Bicameral por encima de la Auditoría no lo decimos con soberbia, sino porque surge de la ley y siempre la facultad de poder incorporar algún tema a voluntad de la comisión”, planteó.
Así, señaló que la AGN “probablemente en marzo la Auditoría tendría que estar integrada y representada en ambas cámaras”, y contó: “Este es un plan de acción que lo ha hecho el presidente en donde hemos colaborado con él para tratar de que la auditoría tenga avisos de normalidad”.
“Durante dos años jugamos arriba de la cuerda de la acefalía y no queremos convertir la AGN, órgano de control y fundamental en el plano internacional, algo parecido a la Defensoría del Pueblo de la Nación. No hago responsable al actual Gobierno, pero en ese tema el Congreso está en deuda hace 16 años”, pidió y agregó: “También como otros cargos fundamentales del país como el Procurador General de la Nación, la ausencia de dos integrantes de la Corte Suprema. Nos acostumbramos a las anomalías”.
Pichetto destacó el aporte de los senadores y diputados a la propuesta elevada de la AGN en septiembre sobre el Plan de Acción. “El dictamen consiste en lo que hemos trabajado hace ya casi un mes donde venimos trabajando para tener coincidencias. Hemos convocado a los presidentes de las comisiones de Presupuesto un requisito formal en este tema puntual porque se requiere el aval y la firma de ambos”, cerró.
El senador libertario Bruno Lucero Olivera resaltó el trabajo de la comisión porque “a ese primer plan que mandó la AGN ambos bloques hicieron modificaciones y se han equilibrado los pedidos de ambos sectores por lo cual en la mayoría de las cuestiones estamos de acuerdo con el plan de acción”.
El sanjuanino solicitó que se amplíen los plazos de algunas universidades nacionales que “no se habían auditado nunca para tener una perspectiva más global. Si estamos de acuerdo con las modificaciones introducidas, vamos a acompañar, pero si vemos algo que no compartimos presentaremos un dictamen de minoría, pero la idea es avanzar y que la AGN tenga su plan de acción para comenzar a trabajar”.
A su turno, el jefe del bloque de diputados de UP, Germán Martínez, consideró que “hemos logrado una propuesta muy razonable incorporando muchos elementos que desde las distintas perspectivas políticas están ahora incorporadas en el texto que se pone a consideración. Creo que, a pesar de la dificultad de funcionamiento de la auditoría, que son de público conocimiento y que varias veces se dijeron acá en esta comisión, creo que lo importante es que estamos terminando el año con este plan aprobado”, y bregó para que “en el menor tiempo posible tengamos resuelto el esquema de designación del cuerpo auditores”.
El santafecino resaltó: “Por suerte ahora están todos trabajando sobre la hipótesis de las 3 personas por Senado y las 3 personas por Diputados como para poder avanzar por el momento. Creo que es un muy digno cierre de una comisión con una Constitución que trabajó mucho”.
Así, reivindicó que el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, ha estado presente y dando los debates que tiene que dar el oficialismo porque “es la oportunidad de darle a estos ámbitos la fortaleza institucional de que el oficialismo y la oposición están presentes, es importante. Después es una cuestión de porotos, de firmas, de apoyos, de consensos, eso es otra historia, pero eso lo quiero reivindicar”.
“Creo que es un buen plan de acción donde mucho ha tenido que ver también el titular de la auditoría, Juan Manuel Olmos, haciéndose cargo de una situación muy difícil, pero enviando esta propuesta”, ponderó y cerró: “Daremos todos los debates para que tengamos la auditoría funcionando, el plan en desarrollo y que tengamos control en la Argentina. Lo que está en discusión, más allá de este plan, es si hay un oficialismo dispuesto a que se ejerzan los controles republicanos que indica la Constitución Nacional. Lo de hoy es un paso importante”.
A su turno, Atauche recalcó el trabajo en conjunto: “Nos han escuchado las dos partes. Nosotros hasta último momento estuvimos hablando con la Secretaria y pidiéndole algunas modificaciones, esas modificaciones vienen siendo escuchadas. La verdad que en ese sentido estamos muy conformes. Yo estoy de acuerdo que hay que pasar a dictaminar”.
Por último, Pichetto hizo una reflexión y señaló que “hay un prejuicio de los gobiernos equivocado de creer que es mejor que no los auditen ni los controlen. Digo que es equivocado porque la auditoría tiene una primera finalidad que es tratar de ayudar a la administración a que mejore en el funcionamiento administrativo”.
En esa línea, explicó que cuando la auditoría verifica que hay alguna cuestión a corregir con los equipos técnicos, ayuda al organismo determinado o al Estado central a mejorar y ordenar. “Con la auditoría se pueden ordenar un montón de cosas que si no se resuelven después en Comodoro Py. Así que hay que pensar con un sentido positivo de la tarea de la auditoría de generación. Es para ayudar a los gobiernos, no para joder a los gobiernos”.
El informe final consta con un total de 4.200 fojas con 20 recomendaciones que surgieron a partir del aporte de familiares de víctimas, especialistas en la materia y los documentos remitidos por las instituciones. Hasta el 9 de diciembre seguirán recibiendo aportes para sumar al expediente.
Con el aporte de familias, diputados y especialistas, la Comisión de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado, presidida por Mónica Fein, presentó este martes el informe final tras una ardua labor que consta de un expediente de 13 cuerpos con 2.600 fojas, y el informe final de 1.537 fojas y el total del expediente termina con 4200 fojas.
Dentro del informe, Fein explicó que son 20 recomendaciones que “tiene relación con lo detectado en la investigación como medidas que buscan prevenir futuros casos”, y procedió a leerlas:
Fein expresó: “Es un gran trabajo de la comisión que queda como gran aporte para la tarea que continuará el año próximo. El informe también tiene 20 recomendaciones. Lo hemos hecho todo con un gran trabajo colaborativo”. En tanto, consideró que “este es un punto de partida que permitirá al Congreso y otros ámbitos que se escuchen las recomendaciones de la comisión para que se tengan en cuenta a partir de esta tragedia algunas modificaciones o aportes a hacer”.
A continuación, la diputada y secretaria de la comisión Victoria Tolosa Paz (UP) manifestó que detrás del informe “hay una historia trágica de la Argentina que buscamos anteponer en la síntesis de un expediente en la búsqueda de una mejora de la calidad del Estado”.
Tolosa Paz procedió a explicar sintéticamente el informe y comentó que inicia con la historia del inicio de la comisión, reglamento, integrantes y funcionamiento que “permitió llegar en un marco de respeto y orden”. Así, destacó la participación y exposición del juez federal Ernesto Kreplak que “fueron tomadas para sumar a las recomendaciones finales del informe”. También añadieron las respuestas institucionales “todas fueron valiosas”. Por otro lado, lamentó no poder contar con “la contracara de quienes lo producen” porque “Argentina está adherida a mejorar los niveles de control. Todo lo que tiene que ver con la posible desviación de los que producen fentanilo para vías que se conocen como informales es un capítulo aparte”.
Además, contó que el informe cuenta con la palabra de los expertos para “mejorar la normativa del país. Fue muy importante para llegar a la comprensión”. En esa línea, precisó que “a partir de la página 21 un marco normativo muy exhausto que arranca con disposiciones de la ANMAT desde el 2011 que le dan las dos vías, porque el marco regulatorio es complejo. A su vez, hay un capítulo aparte respecto del incumplimiento de los deberes del funcionario público en reclamo de la presencia de los funcionarios nacionales, que también incluye una cronología de los hechos que “construye los datos precisos sobre los periodos en que se dieron las inhibiciones, clausuras, actos administrativos sobre los laboratorios que nos permite ir señalando las recomendaciones que se hacen”.
“Cada recomendación de los 20 puntos tiene en el informe detallado cuáles son las debilidades que hicieron que esto ocurriera”, precisó Tolosa Paz y cerró: “Van a ver en las notas al pie que aún estamos esperando documentación que nos tiene que remitir el juzgado 3 para tener toda la información respaldatoria para mejorar el Estado nacional. Que estas recomendaciones se conviertan en leyes para que ningún argentino tenga que volver a pasar por esto”.
A su turno, la vicepresidenta de la comisión, Silvana Giudici, señaló que “los mecanismos de control de organismos reguladores y los procedimientos de distribución y comercialización en todo el país y los mecanismos de asistencia a la víctima fallaron todos”. “En la sección de antecedentes y regulación está el esquema de control tanto a nivel nacional y provincial, la superposición de normas, los grises y grietas regulatorias que encontramos en el tema de trazabilidad y fármaco vigilancia. Esta es una de las recomendaciones más importantes”, resaltó y sumó: “También hay propuestas para modificar la ANMAT y perfeccionarla a través de una ley porque está creada por DNU”.
A su vez, explicó que “una de las iniciativas presentadas es que no puedan volver a tener la habilitación de un certificado medicinal, la licencia para fabricar medicamentos o la operación de un laboratorio. Esto se basó en los ejes que determina la conducta criminal que desarrolló el juez Kreplak porque “esto se hizo a sabiendas de que se estaba haciendo mal porque el laboratorio el 5 de mayo tuvo una alerta de la ANMAT y no se auto inhibió hasta el 8 de mayo. El fentanilo siguió circulando por el país esos tres días”.
“Está la cronología de la ANMAT donde detalla que HLB Pharma había recibido 118 inspecciones que determinaban las ineficiencias en la sujeción de buenas prácticas de fabricación del fentanilo. Nunca el laboratorio ni su responsable no lo revisaron, fraguaron la documentación”, precisó y agregó: “La causa establece que hay casi 5 kilos de fentanilo destruido por el laboratorio”.
Giudici dejó abierta la posibilidad de que la comisión vuelva a abrirse el año que viene para continuar el seguimiento de la causa y profundizar la investigación. Por último, indicó que el compromiso es que “no quede solo en las 20 recomendaciones a las que arribaron con las sugerencias de los diputados de todos los bloques, sino lograr la efectiva modificación del sistema de salud pública y privada del país”.
Al retomar la pablara, Fein planteó: “Queremos que haya un antes y un después, que cambie el sistema de producción de medicamentos, de control sobre los medicamentos y la fabricación, el control sobre la calidad de las clínicas y sanatorios, el acompañamiento a las víctimas, el rol del Estado para evitar esto. Que estas recomendaciones permitan que estos objetivos se lleven a las prácticas”.
El primero en pedir la palabra fue el titular del bloque DPS, Pablo Juliano, quien reclamó que en el día de ayer “recién nos llegó el informe que iba a circular el pasado viernes tal como se había acordado”, y planteó: “Me parece que pasar a la firma algo donde los aportes resulten rozando la testimonialidad no honra el trabajo de la comisión. Desde nuestra bancada nosotros tenemos un informe y entendimos donde hoy se podían confluir esas miradas. Si esta comisión va a reducirse a una firma nosotros no podríamos acompañar”.
Juliano explicó que “pasaron otras cosas en esta comisión para sumar como los antecedentes judiciales y administrativos de los laboratorios, la reconstrucción del brote, el análisis de la responsabilidad política de funcionarios y autoridades que cumplen en la ANMAT y en el Ministerio de Salud”.
El diputado Christian Castillo (Frente de Izquierda Unidad) anticipó que desde su bloque presentarán un texto con conclusiones políticas y recomendaciones. “La política de desregulación que lleva adelante el gobierno nacional es criminal en el terreno de la producción de medicamentos”, criticó al tiempo que dejó en claro su postura sobre “la contradicción evidente que ha mostrado la masacre del fentanilo entre el negocio capitalista de la salud y el derecho a la salud”.
Asimismo, los legisladores coincidieron en enfatizar el gran ejemplo que dejó la participación activa de los familiares de las víctimas, sentando un precedente para que, de ahora en adelante, las comisiones parlamentarias estén integradas por los particulares damnificados. Y, también, se comprometieron en transformar el informe en leyes.
Por último, Alejandro Ayala, familiar de una de las víctimas, reiteró que “no somos víctimas del fentanilo; somos víctimas de un estado ausente”. Y, en esa línea, agregó que “nos queda una larga agonía sobre esta situación, pero vamos a seguir peleando por nuestras familias, debido a que violaron su derecho a la vida y a la dignidad humana”.
Antes de concluir, Ayala realizó una propuesta especial a la Cámara de Diputados y a su presidencia para poder “conmemorar el Día Nacional de las Víctimas del Fentanilo y la Seguridad Farmacológica, que obliga al estado nacional a implementar no solamente conciencia social, sino también a exponer de forma transparente lo que se hace día a día en Argentina”. “Podría ser el 13 de mayo, día en que se dio curso a la investigación judicial y públicamente se reconoció lo que estaba pasando”, propuso.
En total pasaron a la firma cinco proyectos de comunicación y 33 de declaración. A su vez, el senador Alfredo De Ángeli se despidió de la presidencia de la comisión tras 12 años de labor legislativa.
En la última reunión del período ordinario y con el quórum ajustado, la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado, presidida por el entrerriano Alfredo De Ángeli (Pro), mantuvo un encuentro este jueves y emitió dictamen a un paquete de proyectos de declaración y cinco de comunicación.
Entre los proyectos, se encuentran pedidos de informes al Ejecutivo respecto de la modificación de la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTI) y la resolución del SENADA del ingreso de carne con hueso en zonas libres de aftosa como la Patagonia.
El senador del Pro se despidió de sus pares, asesores, representantes de Barbechando y a cada trabajador de la Casa: “Hoy es el último acto que voy a estar acá como senador de la Nación. Me llevo, después de 12 años, estas cosas que nos deja la vida, de conocer personas, y esto nos da la política”.
“Me llevo un montón de cosas en mi vida, cargada la mochila de información, de emociones, de sinsabores, que todos sabemos que a veces las cosas, uno quiere hacer cosas y no se pueden, ahora también qué pasaría si no estaríamos nosotros, qué cosas hubieran pasado que a lo mejor”, expresó.
Pidió la palabra el senador Guillermo Andrada (Convicción Federal) en nombre de su bloque le agradeció al entrerriano su predisposición de estar siempre atento a que la comisión trabaje. “Esta es una comisión que tiene los drivers para nuestro país, que nos puede hacer salir adelante, y siempre lo hemos tenido como un senador que ha tenido la franqueza de plantear desde temas desde la política, pero también desde la defensa de un sector que es tan importante para nuestro país”, planteó.
Foto: Comunicación Senado
El catamarqueño agregó: “Considero que por más que tenga esa capacidad de dar esos aguijonazos, siempre lo ha hecho con franqueza y como buen hombre de campo. Nosotros ponderamos su trabajo en este Senado, creo que nosotros va a tener un legislador que así esté fuera de este cuerpo, las inquietudes que tenga, que son valiosas, se las vamos a tratar de canalizar y todos trabajamos con una finalidad en esta casa que es defender a nuestras provincias, en este caso a abrir nuestra cabeza para que sectores como la agricultura, la ganadería y la pesca sean motor de desarrollo”.
También se sumó la cordobesa Carmen Álvarez Rivero: “La verdad que cuando yo era una ciudadana de a pie, tenía un líder primero en las rutas y después en el Senado, dándole voz, voto a todo ese impulso de la gente de campo que tanto pone a Córdoba o tanto pone para la Argentina. Así que fuiste un líder adelantado para mí, así que ha sido un placer trabajar estos años con vos y agradezco tal cual como dijiste, probablemente yo no estaría acá si no hubieras hecho tu tarea previa en ese camino”.
Luego de que el secretario de la comisión procediera a leer todos los expedientes previstos a tratarse en la reunión, De Ángeli anunció que no había quórum: “Estamos con un problema, a ser claro, pensábamos que teníamos quorum, no tenemos quórum. Así que, lamentablemente, no vamos a poder dictaminar. No, digo, hacer un intento que un senador nos falta, sea, que si viene... Yo pensé que teníamos quorum”. Sin embargo, minutos después ingresó al Salón Illia el senador Marcelo Lewandowski quien completó el quórum para que la comisión pueda dictaminar.
Al pedir la palabra, el senador salteño Juan Carlos Romero se refirió a dos proyectos de su autoría que estaban a tratar: “La Ley 25.507 del Instituto de Promoción de la Carne y Vacuna Argentina, y obliga a todos los sectores de la cadena cárnica nacional a hacer una contribución para financiar las exportaciones”.
“A mí me parece que esto es una exageración, que son muy pocos los frigoríficos que exportan, el consumidor tiene que contribuir en el precio de la carne con esta promoción. Lo mismo pasaba desregulando con el Instituto del Vino”, planteó e instó al gobierno a que aplique “este impuesto realmente a los sectores que se benefician con la promoción que son los exportadores, y que el mercado interno, que es la gente que consume, no vea esa carga en el precio de la carne. Creo que hay grandes perspectivas de que crezca la producción, pero seamos cautos en cuanto a tratar de defender el precio) que bastante ha subido”.
“Yo creo que el precio está generando para los próximos años un estímulo enorme a producir, y esto es una parte final de la producción que es no cargar al consumidor con esa tasa del Instituto de Promoción de la Carne y Vacuna Argentina. Por eso pido que no se cobre a aquellos frigoríficos o al interior que son la mayoría y que no están entre los 5 o 6 grandes que exportan”, cerró.
Foto: Comunicación Senado
Al intervenir, el formoseño Francisco Paoltroni coincidió con el proyecto de Romero, pero señaló que “en la cadena de la carne y vacuna tenemos muchos y grandes desafíos por delante, como es el caso de mi provincia, que actualmente se están faenando 30.000 cabezas por año de manera ilegal, sin ninguna norma sanitaria, y paralelamente se le exige caravana electrónica) a los productores, y ferias habilitadas, y todo el control como corresponde y por ley”.
“Tenemos estos mataderos que no cumplen ninguna norma sanitaria en zonas subtropicales, con lo que significa el manejo de carne con altas temperaturas. Se incumplen muchas leyes, se están cometiendo al menos 7 delitos, evasión de impuestos, atentado a la salud pública, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, proliferación de abigeato, porque los casos de abigeato en Formosa son tremendos, pero claro, aquí operan todas las mafias con comisarios, intendentes, juzgados de paz”, denunció.
El vicegobernador de San Juan continuará en su cargo acompañando la conducción de Marcelo Orrego. Había sido electo en las elecciones del pasado 26 de octubre con más del 30% de los votos.
Uno de los diputados electos el pasado 26 de octubre no irá al Congreso de la Nación el próximo miércoles 3 de diciembre a la sesión preparatoria para participar de la jura y asumir en su banca, ya que tomó la decisión de continuar en el cargo que actualmente ocupa en su provincia.
Se trata de Fabián Martín, quien se desempeña como vicegobernador de San Juan. Fuentes consultadas confirmaron a parlamentario.com que el funcionario seguirá en su rol acompañando el mandato de Marcelo Orrego, tras haber sido electo en segundo lugar con el 31,02% de los votos por el frente “Por San Juan” en los comicios de octubre.
La mesa chica liderada por Orrego acordó que lo mejor para la gestión era que el vicegobernador continuara manejando el recinto de la Cámara de Diputados, donde fue el constructor de las alianzas para que el oficialismo -que entró en minoría- pudiese alcanzar el número necesario para aprobar las leyes del Ejecutivo y del interbloque propio.
La Ley de Cupo que corre para elecciones nacionales establece que entre candidatos titulares y suplentes debe haber paridad de género: tres mujeres y tres hombres. El lugar de Martín sería para el bloquista Federico Rizo, pero priorizará su labor al frente de la Cámara de Diputados de San Juan para mantener la estabilidad legislativa local, debido a que, si el dirigente decidiera ir al Congreso, asumiría en su lugar en el recinto local Graciela Barraza, del peronismo y al frente de UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina).
Carlos Jaime, quien asumirá la banca como diputado nacional por San Juan
En consecuencia, la misma fuente consultada por este medio confirmó que la representación de San Juan en la Cámara baja nacional recaerá en Carlos Jaime, un dirigente con una trayectoria política íntimamente ligada al gobernador Marcelo Orrego, con quien comenzó a trabajar desde 2011, cuando asumió como intendente de Santa Lucía. En ese entonces, Jaime dejó un cargo en el Juzgado de Faltas para sumarse al equipo municipal, dando inicio a su carrera en la función pública.
Su primera experiencia de gestión fue como director de Juventud en la municipalidad de Santa Lucía, un puesto que le permitió desarrollar programas para jóvenes emprendedores. Desde allí, consolidó una carrera ascendente que lo llevó a la Legislatura provincial, donde actualmente cumple su segundo mandato (2019-2023 y 2023-2025).
Como diputado provincial, Jaime ha acumulado experiencia legislativa integrando comisiones clave como Minería y Energía, Hacienda y Presupuesto, y Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otras.
El titular de la Comisión de Defensa se despidió en la reunión de este martes y destacó la labor que se llevó a cabo: “Hemos cumplido con el trabajo y, a pesar de debates muy fuertes, siempre hemos logrado mantener el tono, las formas y el respeto mutuo”.
La Comisión de Defensa de Diputados mantuvo este martes la última reunión del periodo ordinario y su presidente, el diputado Ricardo López Murphy, se despidió de la misma habida cuenta que el 10 de diciembre dejará el Congreso: “Hemos permitido que este poder del Estado se desempeñe de la manera más honorable posible”.
López Murphy destacó la labor de la comisión que se reunió 18 veces: 11 en el 2024 y 7 en el 2025, poniendo a consideración 163 expedientes de los cuales 52 tuvieron dictamen.
“Esta es un área muy polémica en todos los países del mundo, porque hay cuestiones que afectan a la soberanía, a la defensa, al poder coactivo del Estado, son siempre muy complejas en todas las geografías, pero a lo largo de estos dos años tuvimos además la oportunidad de permitir que vinieran a exponer ex ministros, el ministro de Defensa, ex ministro de Defensa, ex jefe de Estado Mayor Conjunto y del Ejército”, ponderó.
El diputado sostuvo que han tenido la oportunidad de discutir y analizar los problemas que informan a la Defensa Nacional. “Me siento orgulloso de que hayamos funcionado y permitido que este poder del Estado se desempeñe de la manera más honorable posible y considero que en esta Comisión hemos cumplido con esas características y, a pesar de debates muy fuertes, siempre hemos logrado mantener el tono, las formas y el respeto mutuo”, resaltó.
“Me despido de mi vida parlamentaria y me despido de todos ustedes con la conciencia del deber cumplido y de haber vivido una experiencia extraordinaria de la vida institucional y política del país. Quería también señalarle a todos que parte del esfuerzo de convivencia y de capacidad de aceptar los matices y los puntos de vista diferentes y lo hemos logrado hacer siendo, me parece a mí, funcionales a que el país tenga en esta Comisión el lugar de debate inteligente, razonable sobre los temas de la defensa nacional”, expresó.
Así, cerró: “Mi agradecimiento por facilitarme el cumplimiento de la tarea. Yo estuve muy orgulloso cuando me eligieron presidente de la Comisión de Defensa Nacional y hoy que concluye esa tarea tengo ese reconocimiento, tanto al personal administrativo como a los miembros de la Cámara por facilitarme esa tarea”.
El diputado Ramiro Gutiérrez (UP) le agradeció por el trabajo que llevó adelante y remarcó: “Ha sido realmente muy importante que un Ministro de Defensa haya presidido esta Comisión. El conocimiento superlativo que usted ha tenido sobre el área nos ha permitido enriquecer los debates, los conocimientos de esta Comisión”.
“La defensa es una política trascendente, supera los límites, es fundacional siempre. Hemos tenido un debate que usted propició siempre desde el respeto, nos ha dejado hablar libremente a todos y siempre se llevó a buen puerto porque hemos tenido un montón de producción de esta Comisión”, señaló y le reiteró, en representación del bloque, el agradecimiento por el trabajo desarrollado a lo largo del año: “Ha mejorado la calidad institucional del país, seguramente con los pedidos de todos en conjunto y nos veremos en otros senderos de esta actividad que siempre tiene nuevos inicios”.
En el mismo sentido, la mendocina Lourdes Arrieta (Coherencia) agradeció a López Murphy por la labor, por llevar adelante discusiones de manera respetuosa y porque “hemos podido exponer nuestras preocupaciones, lo que pasa en el día a día de lo que vive la familia militar”.
La diputada planteó algunos temas para tener en cuenta en futuros debates de la comisión como la IOFA que “deje de ser una caja política para los gobiernos de turno, que realmente tendría que ser una ley donde también tendría que tener parte del directorio y ser parte de ello y la toma de decisiones de los suboficiales”.
También, propuso diversos temas sobre la cuestión Malvinas como becas para hijos de veteranos de guerra; el tan luchado anexo 40 para muchos veteranos de guerra que se retiraron por enfermedad y mencionó el caso de su padre: “Dos años sin caminar, suboficial también, que se retiraron con la ley 19.101 y que hoy es una deuda pendiente porque han sido mal retirados y no solamente el caso de mi papá, hay muchísimos veteranos suboficiales entre ellos que lamentablemente tienen un retiro de los cuales no terminan de cubrir todas sus necesidades”.
“Malvinas los sentimos propios y ver cómo usan a Malvinas y cómo usan los recursos del Estado para hacer campaña, para lucirse, mientras que otros se mueren de hambre. Reivindicar la memoria de nuestros héroes que quedaron en la turba malvinense, reivindicar la soberanía de Malvinas, que es lo que nos falta y que sea una lucha constante de todos los gobiernos”, planteó.
Fue en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y del Mercosur siendo la última reunión de ambas. El dictamen cosechó 52 firmas.
Un plenario de las comisiones Relaciones Exteriores y del Mercosur de Diputados se reunió este martes de forma breve para debatir y aprobar la enmienda al protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios del Mercosur, cuyo dictamen cosechó 52 firmas.
Al inicio del encuentro, el titular de la Comisión de Mercosur, Eduardo Valdés (UP), explicó que Argentina participó activamente de esta negociación con la intervención de los organismos especializados, especialmente el ENACOM, para asegurar que los compromisos internacionales sean plenamente compatibles con nuestro marco regulatorio interno.
Al pedir la palabra, el titular de la Comisión de RR.EE, Fernando Iglesias (Pro), sostuvo que el proyecto “ratifica el interés del gobierno y del país en mantenerse en los marcos del Mercosur y en los procesos que son de integración regional”.
A su turno, el diputado Ricardo López Murphy se despidió de la comisión y recordó: “Cuando me incorporé a la Comisión de Relaciones Exteriores hace 4 años, un afán que tuve era tratar de resolver todos los acuerdos y tratados que estuvieran, por distintas razones, demorados. Y creo que ese esfuerzo se hizo y a mí me parece que es valioso porque es muy importante que el país no esté trabado en cosas que al final no tienen razón de generar discrepancias”.
Así, celebró esa meta propuesta y destacó: “Se logró obtener esa doble calidad, un debate caldeado y enérgico que forma parte de una sociedad pluralista, pero también una actitud central en la política que las cuestiones exteriores del país no pueden ser subordinadas a las facciones. Y creo que esa síntesis es buena que la Argentina, la que el Congreso de la Nación la lleve adelante”.
En tanto, la diputada de UP Lorena Pokoik reclamó y dejó en evidencia que “hubo un solo grupo parlamentario de amistad que fue ofertado, que estaba dentro de los países y que históricamente había sido constituido en gestiones anteriores en las que yo no era diputada, que es el grupo de amistad parlamentario con Palestina, que nunca hemos logrado que se constituya y se convoque a la Embajada para poder resolverlo”.
Pokoik pidió trabajar en conjunto para que el próximo año se constituya dicho grupo: “No es un invento de quienes nos anotamos, sino que estaba dentro de la oferta de países y de grupos de amistad a constituir y que años anteriores estaban funcionando”.
En tanto, el santafecino Esteban Paulon expresó preocupación por la ausencia futura del presidente, Javier Milei, a la cumbre del Mercosur: “Se ha anunciado recientemente que el presidente no va a asistir. Esta ausencia se suma a la ausencia del presidente de la Cumbre de CELAC hace algunas semanas en Cartagena de Indias. Se suma a la ausencia algunas otras instancias del Mercosur, del compromiso de del presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales con el acuerdo Unión Europea Mercosur, el compromiso que ha expresado en esta comisión del trabajo y la inserción que Argentina tiene en ese bloque regional”.
“Creo que sería importante poder hacer, no un llamado de atención, pero sí una marca de preocupación sobre todo porque creo que Argentina hoy está en una actitud vinculada a ampliar sus vínculos comerciales, sus relaciones con otros países, pero esas relaciones con otros países, esos vínculos comerciales que se abren, tienen que preservar y cuidar también nuestro vínculo con nuestros vecinos, que casualmente incluyen al segundo socio comercial de Argentina, que es Brasil”, planteó.
Paulon bregó para que “se pueda encaminar una participación mucho más vigorosa, más activa y más integrada a nuestros socios regionales que, a mi parecer y según mi visión, no tengo dudas, son quienes nos van a garantizar una mejor inserción y diálogo con los otros espacios del mundo con quienes queremos dialogar y comerciar”.
Por último, la diputada Marcela Campagnoli (CC) pidió a los diputados que participen de las invitaciones de las Embajadas: “Cuando voy a los eventos de los días nacionales de las distintas Embajadas que nos invitan, no veo a ningún diputado. Y creo que es importante, ya que yo ya no voy a estar más, de que podamos ejercitar ese vínculo con las embajadas. Para ellos es importantísimo cuando vos le decís a un embajador que perteneces a tal comisión. Es importante que como diputados que también ejerzamos esa posibilidad de establecer vínculos con los países amigos a través de sus embajadores”.
El titular de la comisión, Maximiliano Ferraro, afirmó que el próximo encuentro será el martes 18 de noviembre en el Salón Delia Parodi donde harán la presentación del informe final. Desde la Libertad Avanza denunciaron que el proceso es “nulo” porque el desarrollo fue “irregular e ilegítimo”.
Con la presencia de 14 diputados se llevó a cabo este viernes la última reunión de la Comisión Investigadora sobre el caso de la criptomonedas $LIBRA, a cargo del diputado Maximiliano Ferraro, donde sumaron nuevos oficios que fueron aprobados con 13 votos positivos y afirmó que el informe final será presentado el próximo martes 18 de noviembre en el Salón Delia Parodi.
Ferraro explicó que el día de la fecha el expediente consta de 10 cuerpos integrados por todas las actuaciones de la etapa investigativa entre ellas: informes y extractos taquigráficos que surgen de las reuniones informativas y de la participación de especialistas, documental remitida por la plataforma Exchange, dictámenes y resoluciones de la comisión como medida de prueba.
Al pedir la palabra, la diputada Margarita Stolbizer destacó: “Se está llegando a un resultado importante en términos de trabajo que ha hecho la comisión. Estamos ya sobre el final”, por lo que solicitó producir una nueva prueba pidiendo un oficio a Google para que brinde información sobre la página web que promocionó el presidente Javier Milei llamada Viva La Libertad Project de Gmail. “No tenemos información de qué pasó con la página donde, seguramente, hubo gente que se inscribió”, explicó Stolbizer.
Así, precisó que solicitarán los datos completos sobre la titularidad de la cuenta, la información de los accesos que tuvo la cuenta durante el tiempo que estuvo, el detalle de la forma de recuperación secundaria, la nómina de la información llenada en los formularios.
De forma breve, la diputada de UP Sabrina Selva pidió que toda información que llegue a la comisión post dictamen sea incorporada al expediente.
De la vereda contraria, la libertaria Alida Ferreyra en nombre de su bloque criticó la creación de la comisión y los objetivos propuestos porque “desnaturalizan el rol del Congreso, avasallan la jurisdicción natural de los jueces y terminan entorpeciendo la investigación y pueden frustrar una estrategia judicial”.
Además, indicó que “hubo excesos cometidos en cómo estaba planteada la comisión porque no respetó el rol del Congreso, asumió facultades jurisdiccionales que no le competen”. En tanto, sostuvo que “el desarrollo irregular e ilegítimo de la comisión ha demostrado que un conjunto de diputados, arrogándose la representación de toda la Cámara, intentó vulnerar garantías individuales al pretender aplicar la fuerza pública para la comparecencia de funcionarios que, ni siquiera están acusados en el caso en cuestión de qué se trata”.
Por último, solicitó al secretario de la comisión que lea las firmas obtenidas para la aprobación del reglamento de la comisión y la nómina de los diputados presentes en la misma porque “hubo una aprobación de un reglamento y luego una posterior modificación. Además, de 28 miembros presentes se han obtenido solamente 14 firmas para la aprobación del mismo, siendo que la mayoría natural es 15. La conclusión de nuestro bloque es que el proceso sería nulo”.
$LIBRA, LA VERDAD AVANZA: EL 18 DE NOVIEMBRE SE PRESENTA EL INFORME FINAL DE LA INVESTIGACIÓN.
Hoy se realizó la última reunión de la etapa investigativa de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA. Durante estos tres meses, luego de destrabar el bloqueo inicial… pic.twitter.com/aeI9EsOqrq
— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) November 7, 2025
Con los tapones de punta le salió la diputada Selva quien le enrostró: “Si los diputados del oficialismo en vez de ausentarse en todas las reuniones de comisión, como lo han hecho en la mayoría de los casos. Incluso en esa reunión de comisión en donde usted notificó la resolución del Juzgado Federal Criminal y Correccional, en donde los miembros de esta comisión le solicitábamos el auxilio de la fuerza pública a los jueces para poder traer a los funcionarios a dar explicaciones. Justamente eran dos funcionarios incluso que ni siquiera estaban imputados, no están imputados en la causa judicial. Entonces, no había ninguna objeción para que no pudieran venir a esta comisión a dar explicaciones”.
Respecto a las mayorías necesarias, Selva invitó a la libertaria a “releer el reglamento porque todas las resoluciones que salieron de esta comisión fueron aprobadas con las mayorías necesarias que prevé. De manera que ni el reglamento es nulo, ni todo el trabajo que llevó adelante a esta comisión lo es”.
“Nosotros hasta acá no obstruimos para nada la investigación judicial. Lo único que hizo esta comisión investigadora desde que funciona es colaborar con la justicia aportando todas las medidas de pruebas que son trascendentes, que son contundentes, que abonan a la investigación que está llevando adelante el fiscal de instrucción. No hubo en lo más mínimo entorpecimiento de la tarea del poder judicial, todo lo contrario”, cerró Selva.
En el mismo sentido se expresó la diputada Mónica Frade (CC-ARI) quien apuntó: “Hay un reglamento que sería bueno que cada tanto el oficialismo lo lea, incluso este reglamento comentado del Dr. Menen, que es muy interesante y que les puede aportar mucho conocimiento”.
Frade aclaró: “No nos arrogamos facultades jurisdiccionales, claramente no la tenemos. Sí, tenemos facultades de control y son indiscutidas y las comisiones investigadoras están reguladas en el reglamento”. Así, calificó la nota del bloque oficialista como “plagada de cliché que no tiene ningún sustento”.
En tanto, Juan Marino (UP) propuso incorporar al expediente de la Comisión un informe técnico de parte del experto en blockchain, Fernando Molina, donde figura el total de billeteras virtuales, más de 140 mil que operaron con la criptomonedas, y se registra que hubo 36 que tuvieron una ganancia superior al millón de dólares, de este total tuvieron pérdidas con $LIBRA fue 114,410 y por lo tanto la conclusión es que el porcentaje de billeteras que tuvieron pérdidas con Libra fue del 79,90. “El 23% solamente 36 billeteras ganaron más de millón de dólares”, resaltó Marino.
A su turno, el diputado Rodolfo Tailhade anticipó que enviará una nota para tener a consideración respecto de “la pasividad de la querella del diputado José Luis Espert para avanzar en el esclarecimiento del hecho que él denuncio el supuesto hackeo de su cuenta. La denuncia que había hecho se tenía que calificar como violación de secretos y, por lo tanto, era un delito de acción privada. Desde el momento de la denuncia, José Luis Espert no hizo absolutamente ningún planteo”.
“El Congreso en su totalidad, tiene que tomar cartas en el asunto respecto de la representación legal, el domicilio legal de estas compañías, Twitter, Ox, YouTube. Es absolutamente inconcebible que ni la justicia ni la Cámara de Diputados en una comisión investigadora no puedan obtener respuestas concretas. No puede ser este bochorno de que esta gente, las plataformas, las redes y demás se manejen con esta impunidad, sobre todo cuando hay delitos que se cometen”, planteó.
Coincidentemente, Ana Carolina Gaillard (UP) consideró “fundamental el rol de esta comisión, no para suplantar a la justicia, pero sí que se sienta observada y que sepa que el Congreso también tiene facultades de control y que los funcionarios tienen que rendir cuentas”.
De forma breve, Selva le aclaró que “la diputada libertaria no integra la comisión, por ende, según el artículo 105 del reglamento no se puede tomar la suscripción de los despachos correspondientes”, y remarcó: “La nota de la diputada Alida Ferreira no corresponde ser tratada, salvo que lo proponga un miembro de esta comisión. Me parece que fue una expresión política”.
Por su parte, el diputado Esteban Paulon expresó: “¿Sabe qué es lo que entorpece el rol de la justicia y la investigación judicial? El silencio permanente y deliberado de Javier Gerardo Milei y de Karina Milei que no pueden explicar, sobre todo el presidente, ni siquiera quién le dio la información para postear en X el 14 de febrero durante varias horas. ¿Quién le avisó de esta operación minutos antes de que se concretara la criptofa? Ese es el silencio que en la justicia argentina resuena tronadoramente y que es el que entorpece verdaderamente esta investigación”.
Al cierre, Ferraro informó que el próximo martes 18 de noviembre en el salón Delia Parodi se realizará la una nueva reunión de la Comisión Investigadora a los fines de la presentación, consideración y firma del informe final establecido para ser elevado antes del 20 de noviembre a la Cámara de Diputados.
El 10 de diciembre finaliza el mandato de 24 senadores nacionales. Algunos lograron renovar su banca en las recientes elecciones, otros no alcanzaron los votos necesarios, y varios optaron por no presentarse nuevamente. Un repaso por los nombres y las decisiones que marcarán la nueva composición del Senado.
A un total de 24 senadores se les vence el mandato el próximo 10 de diciembre en el Congreso de la Nación. Algunos de ellos se presentaron en estas elecciones legislativas para renovar sus bancas; unos pocos lograron ese objetivo, mientras que otros no. En cambio, hubo senadores que directamente no se postularon como candidatos, por motu proprio o definitiva falta de chances.
Por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los senadores que terminan su mandato a fin de año son el radical Martín Lousteau que decidió no renovar su banca y probar suerte en cambio como diputado nacional, objetivo que alcanzó a través de la lista de Ciudadanos Unidos. Martín Recalde sí consiguió renovar su banca por el espacio de Fuerza Patria. En tanto, la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) no fue por la reelección y dejará el Congreso en diciembre, pero pasará a desempeñarse en la Legislatura porteña, donde consiguió un lugar en las elecciones del 18 de mayo pasado a través de la lista que encabezó el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, su referente político.
En representación de la provincia del Chaco, concluyen sus mandatos la kirchnerista María Inés Pilatti Vergara, Antonio Rodas (ambos del Frente Nacional y Popular) y el radical Víctor Zimmermann. Ninguno de los tres se postuló para renovar su banca y también dejarán el Parlamento.
El mismo camino siguieron los senadores entrerrianos Estefanía Cora (Unidad Ciudadana), Alfredo De Ángeli (Pro) y Stella Maris Olalla (UCR). Ninguno de los tres fue por la reelección.
Por Neuquén, la senadora peronista Silvia Sapag se postuló por la lista Fuerza Patria en busca de renovar su banca, pero no logró ese objetivo, ya que la nómina que encabezaba obtuvo el 13,91% de los votos y quedó tercera. En cambio, los senadores Oscar Parrilli (UP) y Lucila Crexell no se postularon como candidatos y se suman a los legisladores que abandonarán el Congreso este año.
En Santiago del Estero, se les vence el mandato a Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Gerardo Montenegro y José Neder, todos miembros de la bancada que conduce José Mayans. Neder fue el único que se postuló para la reelección y logró renovar al sacar un 19,44% de los votos por el Frente Fuerza Patria Peronista y obtener la banca por la minoría.
En cambio, en Salta la senadora Nora del Valle Giménez secundaba a Juan Manuel Urtubey en la lista de Fuerza Patria, pero no pudo renovar su banca, ya que esa lista quedó tercera, con el 13,67% de los votos. Los mismo le pasó a su compañero de bloque Sergio “Oso” Leavy, que se postuló con el Partido de la Victoria, pero tan solo obtuvo el 8,41% de los votos. Ambos, junto a Juan Carlos Romero, que no fue por la reelección, finalizarán su labor legislativa en diciembre.
Por la provincia de Rio Negro, los senadores Martín Doñate (UP), Silvina García Larraburu (UP) y Mónica Silva (Juntos Somos Rio Negro) terminarán sus mandatos. Ninguno de ellos fue siquiera por la reelección.
Sí lo hizo en Tierra del Fuego la senadora Cristina López, quien logró renovar su banca al obtener el 30,62% de los votos y se quedó con la banca por la minoría, pues en esa provincia ganó La Libertad Avanza. No corrió la misma suerte el radical Pablo Blanco, quien se postuló para renovar su escaño con la nómina de Provincias Unidas, pero solo sacó el 3,56% de los votos y deberá abandonar el Senado. También dejará su cargo la camporista Eugenia Duré, que no se presentó como candidata.
El gobernador Rolando Figueroa apuesta a retener las bancas que tiene en juego en ambas Cámaras. Los dos restantes escaños corresponden a Fuerza Patria.
Neuquén es una de las provincias donde en estas elecciones del domingo se elegirían representantes nuevos para Diputados y el Senado, donde el oficialismo provincial, a cargo de Rolando Figueroa, intentará retener los escaños que tiene en juego en ambas cámaras del Congreso de la Nación.
La contienda electoral será bastante reñida entre nueve listas que se disputarán los tres escaños en juego de Diputados y 3 de la Cámara alta. El pronóstico es de alta polarización entre el Frente La Neuquinidad del gobernador Figueroa y La Libertad Avanza. En tanto, el peronismo buscará perder lo menos posible en unos comicios donde arriesgará más que ninguna fuerza en un escenario atomizado.
Por el lado de la Cámara de Diputados dejarán sus cargos Tanya Bertoldi (UP), Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino) y Pablo Cervi (La Liga del Interior aliado al Gobierno nacional).
De esta manera, el gobierno provincial eligió para encabezar su nómina a Karina Maureira, secundada por Joaquín Perrén y María José Rodríguez. En tanto, La Libertad Avanza eligió a Gastón Riesco para que encabece la nómina, seguido de Soledad Mondaca y Joaquín Figueroa.
Por su parte, Fuerza Patria hizo una alianza compuesta por el Partido Justicialista, el Frente y la Participación Neuquina (FyPN), el Partido Solidario y Libres del Sur. Así, postuló como candidata principal a Beatriz Gentile que es rectora de la Universidad Nacional del Comahue. El segundo puesto es para Fernando Pieroni y en tercer lugar irá Mercedes Lamarca.
La lista de Fuerza Libertaria es encabezada por Joaquín Eguía, secundado por Victoria Grandi y Mariano Rolla. Mientras que el Frente de Izquierda postuló a Julieta Ocampo, César Parra y Florencia Beltrán.
Además, la lista de Más Por Neuquén eligió a Amancay Audicio, Ramón Fabián Palavecino y Malena Julieta Ortiz. Por Desarrollo Ciudadano irán Gloria Ruiz, Carlos Roberto Cides y Laura Rosana Nievas. Por último, la lista de Unidad Popular solo presentó candidatos a Diputados, Claudio Vázquez y Anahí Ruarte.
En cuanto al Senado, se ponen en juego tres bancas correspondientes a Silvia Sapag y Oscar Parrilli, (ambos de UP) y Lucila Crexell que responde al gobierno provincial. Estos dos últimos no renovarán su lugar y dejarán el Congreso el 10 de diciembre de 2025.
De esta manera, la lista del Frente La Neuquinidad postula como candidatos principales a Julieta Corroza y a Juan Luis Ousset. Mientras que La Libertad Avanza eligió a la actual diputada nacional Nadia Márquez y al “radical peluca” Pablo Cervi como principales candidatos para el Senado.
Por Fuerza Patria la actual senadora Silvia Sapag busca la reelección, secundada por Sebastián Villegas que buscará retener el lugar de Parrilli. En tanto, la lista de Fuerza Libertaria, que busca captar el voto por fuera de LLA, irá con Carlos Eguía y Cintia Meriño.
También presentó candidatos el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) con Andrés Blanco y Priscila Otton Araneda. En cuanto al frente Más Por Neuquén la boleta es encabezada por Carlos Quintriqueo y Ana Sandoval. Por último, la lista de Desarrollo Ciudadano eligió a Luis Alberto Vázquez y Mireya del Carmen Barros.
De los tres escaños que se renovarán, el oficialismo provincial conducido por Claudio Vidal y UP tienen altas chances de retener las suyas.
Las elecciones en Santa Cruz podrían dar un escenario donde las tres bancas para Diputados se repartirían entre tres fuerzas políticas diferentes, donde el oficialismo provincial y UP retendrían la suya, la incógnita recae en quién se quedará con la tercera.
Las tres bancas en juego son de los diputados nacionales Roxana Reyes (UCR), Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) y Gustavo “Kaky” González (UP) quienes decidieron no presentarse a le reelección.
Así, el oficialismo provincial de Claudio Vial eligió como principal candidato de su lista “Por Santa Cruz” al actual Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno, José Daniel Álvarez, secundado por Gisella Martínez, secretaria del vicegobernador de la provincia, con altas chances de retener la banca.
De la vereda de enfrente, el frente Fuerza Santacruceña que reúne al peronismo (Partido Justicialista, Kolina, Unión Popular) eligió al cura Juan Carlos Molina para encabezar lista a diputados nacionales. El religioso fue cercano al Papa Francisco y a la ex presidenta Cristina Kirchner. Molina había sido titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) entre 2013 y 2015, durante la segunda gestión de CFK. El cura estaría acompañado por Moira Lanesán Sancho del sector de Pablo Grasso. En el tercer lugar se confirmaría a Amadeo Figueroa abogado de Caleta Olivia.
La incógnita se concentra en el tercer lugar, que podría disputarse entre Pedro Muñoz (Coalición Cívica-ARI), Leonardo Roquel (Pro) y Jairo Guzmán (La Libertad Avanza).
La boleta de la Coalición Cívica estará representada por el candidato Pedro Muñoz, secundado por Mariana Olmos, una reconocida profesional de la ciudad de Caleta Olivia, que aportó su trayectoria en el ámbito local y regional. En tercer lugar, fue incluido Omar Fernández, dirigente de Pico Truncado identificado como un opositor firme dentro del espectro político provincial.
Muñoz se destaca por su nivel de conocimiento en toda la provincia, ya que fue secretario general de ADOSAC y es actual diputado provincial. Con perfil sindical y con una mirada crítica al gobierno nacional, se diferenció en la Legislatura del oficialismo provincial al no acompañar todas las iniciativas.
En esta ocasión, el Pro irá con candidato propio a las elecciones cuya cabeza de lista es el concejal y ex candidato a Intendente de Río Gallegos Leonardo Roquel. La lista se completa con Andrea Gallegos y Horacio Padín. La figura de Roquel en la zona norte es percibida como representativa de un sector más bien capitalino o riogalleguense, lo que limita su proyección territorial.
Por el lado de La Libertad Avanza, aparece el nombre de Jairo Guzmán, presidente del espacio en Santa Cruz y titular del PAMI. Estará acompañado por Perla Gómez de la Fuente, Matías Alzugaray, Analia Barría, Giovany Albea y Paula Álvarez, quienes buscarán acceder a una banca en el Congreso Nacional.
En tanto, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, tiene como cabeza de lista a Gabriela Ance militante del Partido Obrero. La acompañan Luis Díaz, de la Izquierda Socialista, y Oriana Toloza, del MST.
La nómina de la fuerza UNIR está conformada por Diego Bavio, quien fue candidato a parlamentario del Mercosur, Graciela Julio y Rodolfo Gilio.
En el Nuevo MAS confirmó a Jorge Jesús Mariano al frente de la lista, histórico militante del partido y empleado mercantil. Será acompañado en segundo término por Victoria Gaspari.
Las bancas en juego en las elecciones legislativas de este domingo corresponden uno a La Libertad Avanza, otra a Fuerza Patria y la restante al Pro.
Sin representación del oficialismo provincial, San Luis renovará este domingo en las elecciones legislativas tres bancas en juego por la Cámara de Diputados en una pulseada entre La Libertad Avanza, el Frente Justicialista, Fuerza Pueblo y Provincias Unidas.
El gobernador puntano, Claudio Poggi, no competirá con su coalición “Ahora San Luis” y reveló que votará por la lista libertaria que es encabezada con la candidata Mónica Becerra, ex ministra de Desarrollo Humano del actual gobernador, secundada por Carlos Almena y Dalma Guinda.
Por su parte, la lista del peronismo provincial, el Frente Justicialista, tiene como cabeza de lista a Jorge ‘Gato’ Fernández, un político muy cercano al ex gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá, quien lo había impulsado como sucesor en las elecciones ejecutivas, que ganó Poggi. La lista del peronismo la completan Gloria Petrino y José Farías.
En tanto, el diputado provincial Daniel González Espíndola encabeza la nómina de legisladores por la variante de Fuerza Patria en San Luis, que se llama “Fuerza Pueblo”, y que en segundo lugar lleva a la actual concejala Ana Laura Ferrarotti.
Provincias Unidas, eligió como candidato que encabeza la nómina a Andrés Vallone, ex diputado nacional y ex intendente de la localidad Juana Koslay, quien afirmó que el espacio que representa “nació como alternativa al ajuste y a la corrupción del pasado”.
A su vez, el Frente de Izquierda irá con Johana Gómez, Iván Amado y Luciana Linkopp como principales candidatos, mientras que el Movimiento socialista eligió a Ítalo Gallardo y Nilda Abregu.
Los diputados a quienes se les finaliza el mandato el 10 de diciembre son Alberto Arancibia Rodríguez (LLA), Karina Bachey (Pro) y Natalia Zabala Chacur (UP), ninguno de ellos renovará
En esta provincia, el Pro acompañará al gobierno provincial soltándole la mano a La Libertad Avanza. En tanto el peronismo buscará retener los dos escaños que arriesga.
El gobernador de San Juan, Manuel Orrego, irá con sus mejores fichas de cara al domingo de elecciones para retener la banca que pone en juego e irá acompañado por el Pro, entre otros espacios políticos, mientras que el peronismo hará lo mismo con las restantes dos que arriesga. Por su parte, La Libertad Avanza va por su lado.
La nómina de la lista oficialista “Por San Juan” tendrá como principal candidato a diputado a su actual vicegobernador Fabián Martín y en segundo lugar a Laura Palma, una mujer de su círculo político y ministra de Gobierno, y Federico Rizo, diputado provincial y referente bloquista, en el tercer lugar. El espacio es integrado por el Partido Producción y Trabajo, UCR, Pro, Dignidad Ciudadana y el Partido Bloquista.
El frente orreguista irrumpió en 2023 al destronar al justicialismo de Sergio Uñac y José Luis Gioja. Actualmente, el espacio, con Producción y Trabajo a la cabeza, está en el poder y enfrenta su primera elección bajo esa situación. Con Orrego que cuenta con altos niveles de imagen positiva e intención de voto, cuyo desafío es trasladar su caudal electoral a sus aspirantes.
En esa lógica, primó la idea de llevar un candidato “fuerte”, que, además de tener sobre sus espaldas la figura del Gobernador, pudiese aportar vuelo propio. Martín fue intendente de Rivadavia durante dos períodos y actual vice. Como presidente de la Cámara de Diputados, fue el constructor de las alianzas para que el oficialismo, que entró en minoría, pudiese alcanzar el número necesario para aprobar las leyes del Ejecutivo y del interbloque propio.
Por su parte, el frente que lidera el PJ va con la lista “Fuerza San Juan” con dirigentes con anclaje en lo municipal, como el ex intendente de San Martín Cristian Andino; la intendenta de Caucete, en segundo lugar, Romina Rosas y Fabián Gramajo, exintendente de Chimbas.
“Fuerza San Juan” está compuesta por Patria Grande, Partido Justicialista, Frente Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Conservador Popular, Movimiento Libres del Sur, MID, Convicción Federal.
El tercer gran actor en disputa es La Libertad Avanza (LLA). Con el aval de la conducción nacional y bajo la jefatura local del diputado José Peluc, el espacio libertario oficializó una lista propia y descartó cualquier alianza con el oficialismo provincial.
La nómina está encabezada por Abel Chiconi, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y hombre cercano al ministro Federico Sturzenegger. Su incorporación fue calificada como “sorprendente” y se lo considera clave para llevar la voz del mileísmo a los debates legislativos, en especial en materia de reforma laboral. La lista se completa con Cristina Mabel Tejada Heredia, abogada y exdirigente de Dignidad Ciudadana; Juan Sancassani, un bloquista disidente que podría aportar votos de ese sector.
Aunque las expectativas principales se concentran en los tres grandes bloques, el resto de los espacios también presentó candidaturas:
Provincias Unidas: lista encabezada por Emilio Baistrocchi, exintendente de Capital, Paola Diaz, Pedro Rodríguez.
Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U): primer candidato Cristian Jurado (MST), seguido de Gloria Cimino (IS) y Lucas Casiaro (PO).
Cruzada Renovadora: con el histórico Alfredo Avelín Nollens a la cabeza, Carmen Claudia Chimino, José Alejandro Gómez,
Partido Libertario: encabezado por Yolanda Agüero.
Ideas de la Libertad: liderado por Gastón Briozzo.
Evolución Liberal: con el empresario Sergio Vallejos al frente.
GEN San Juan: bajo el liderazgo del abogado constitucionalista Marcelo Arancibia.
Las tres bancas de diputados nacionales en juego son las de los peronistas Walberto Allende y Fabiola Aubone (UP) y la bloquista disidente, aliada de Orrego, María de los Ángeles Moreno. Ninguno de los tres buscará la reelección y dejarán el Congreso en diciembre.
El gobernador Sergio Ziliotto desafía al bloque violeta en las legislativas de este domingo. El bloque de la UCR intentará mantener su representación en el Congreso y se unió al sello de Provincias Unidas.
El oficialismo pampeano bajo las órdenes del gobernador Sergio Ziliotto apuesta a capturar dos de las tres bancas en juego de Diputados en las elecciones legislativas de este domingo, mientras La Libertad Avanza intentará quedarse con la restante.
Las tres bancas corresponden a Varinia Lis Marín (UP) quien va por la reelección, Martín Maquieyra (Pro) y Marcela Coli (UCR), estos dos últimos no renovarán y dejarán el Congreso a fin de año.
El peronismo está invicto en elecciones ejecutivas desde 1983, pero las legislativas siempre le han sido un hueso duro de roer. Si La Libertad Avanza logra una victoria, será un batacazo que hará mucho ruido. En tanto la UCR llega más debilitado, ya que a último momento recibió el respaldo de Provincias Unidas.
Así las cosas, el peronismo irá bajo el sello “Defendemos La Pampa” cuyo primer candidato será el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa Abelardo Ferrán en primer lugar, seguido por la actual diputada Varinia “Lichi” Marín y Ceferino Almudévar. Los suplentes serán Mónica Valor, Federico Ignaszewski y Rodecia Bernelli.
Por su parte, La Libertad Avanza junto al Pro irán juntos bajo el nombre “Alianza La Libertad Avanza” cuyo primer candidato es el economista y presidente del bloque libertario en la provincia Adrián Ravier, acompañado por la exconcejala del Pro Adriana García y Martín Matzkin que ejerce el cargo de director Nacional de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad cercano a Patricia Bullrich. La lista se completa con Lorena Ruiz, Juan Pablo Patterer y Sofía Mascaró de Garate como suplentes.
La UCR apuesta a la gente joven dentro de la lista “Cambia La Pampa” con Federico Guidugli que encabezará la nómina. Se trata de uno de los candidatos más jóvenes de La Pampa en estas elecciones con tan solo 35 años de profesión Comunicador político sin vínculos familiares en el poder, cuenta con experiencia en gestión pública, tras desempeñarse como secretario de Gobierno y Seguridad en General Acha.
Sus compañeros de fórmula serán Eugenia Forte y Néstor Omar Beltrán. Los suplentes son Carolina Sierra, Oscar Héctor Hecker y Silvia Beatriz Spohn.
En el último tramo el radicalismo buscó el paraguas del sello Provincias Unidas. Guidugli cosechó primero el respaldo del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, luego del jujeño Carlos Sadir y el chubutense Ignacio Torres.
La izquierda tendrá dos alternativas: por un lado, el Nuevo MAS, con Ayelén Pilcic a la cabeza, junto a Cristian Bustamante y Antonella Gaitán; y por otro, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U), con Claudia Lupardo al frente, secundada por Lucas Mateos Montigel y Marisa Pérez.
Las elecciones legislativas se desarrollarán el próximo 26 de octubre, cuando el electorado pampeano definirá qué tres representantes ocuparán las bancas en la Cámara baja del Congreso de la Nación.
Tras seis años representando al kirchnerismo en el Senado, el neuquino Oscar Parrilli, muy cercano a la expresidenta Cristina Kirchner, no irá por la reelección en las elecciones de este domingo.
Este domingo en las elecciones legislativas la provincia de Neuquén es una de las que renueva tres bancas en ambas cámaras del Congreso de la Nación, una de ellas corresponde a un senador clave que es mano derecha de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero no irá por la reelección y dejará el Parlamento a fin de año.
Se trata de Oscar Parrilli que, a los 74 años de edad y luego de estar seis años como senador nacional por Unión por la Patria y otros cuatro años como diputado, dejará su cargo el 10 de diciembre de 2025.
Parrilli se recibió de abogado en 1976, mismo año que comenzó su actividad política dentro del Partido Justicialista. Durante la dictadura militar (1976-1982), se dedicó al ejercicio profesional y fue vicepresidente del Colegio de Abogados de Neuquén.
Con el retorno de la democracia, Parrilli se postuló al cargo de diputado provincial el cual ejerció desde 1983 a 1987 presidiendo el bloque del Partido Justicialista y luego fue presidente del PJ neuquino entre 1988-1993. En ese mismo año llegó al Congreso de la Nación para ocupar una banca como diputado nacional, cargo que ejerció desde 1989 a 1993.
La cercanía a los Kirchner se produjo en 1998 cuando fundó el Grupo Calafate, núcleo político que impulsó la candidatura presidencial de Néstor Kirchner quien, en ese entonces era gobernador de Santa Cruz. A partir de allí, mantuvo una relación estrecha con él y con Cristina Fernández de Kirchner.
En el 2003, Kirchner lo designó como Secretario General de la Presidencia hasta el 2014. Fue ratificado en su puesto en 2007 durante la gestión de Cristina. En el 2014 fue nombrado como Secretario de Inteligencia y en 2015, Director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), hasta el fin del mandato de la ex mandataria.
Desde el 2016, Parrilli preside el Instituto Patria y en el 2019 llegó a la Cámara de Senadores por el bloque político Frente de Todos.
Cabe mencionar, que el senador está procesado en la causa del Memorándum con Irán, por lo que enfrenta un juicio oral. En diciembre de 2024, sectores de La Libertad Avanza impulsaron su suspensión en el Senado hasta marzo de 2025.
En su actividad legislativa dentro de la Cámara alta presentó 357 proyectos, de los cuales 130 son de ley, 126 de declaración, 23 de resolución.
El funcionario señaló que “tenemos que lograr que la Argentina pueda producir y trabajar, ese es el foco” y para ello: “En este esquema es fundamental mantener el equilibrio fiscal”.
Por sexta vez consecutiva se reunió este miércoles la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo del libertario Bertie Benegas Lynch, donde expuso el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, quien planteó que la gestión “busca efectivamente tener una eficiencia en la inserción laboral, un déficit que tenemos hace tiempo” y para lograr ese objetivo es necesario “mantener el equilibrio fiscal”.
Abrió la ronda de expositores el abogado Julio Gabriel Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quien criticó la gestión anterior porque “había una desarticulación entre distintos elementos que tenían que conformar un tronco común que es el desarrollo de la persona durante su vida porque se dejaba de lado algunos conocimientos necesarios en un mundo moderno para encontrar un trabajo digno de calidad. El trabajo estaba, pero la persona no tenía las actitudes para tomarlo”.
En esa línea, explicó que se plantearon dos ejes dentro del Ministerio de Capital Humano como la proyección en el tiempo que “nos llevara a pensar en formar a las personas desde que nacen en un contexto de crecimiento sano”, y el otro eje a lo inmediato porque “teníamos que abordar los dos elementos de manera unificada”.
“En la proyección y en la urgencia se empezó a trabajar en la primera secretaría que es Niñez y Familia pensando que una persona que está bien alimentada desde pequeño tiene mayores actitudes de aprendizaje a la época que necesita estudiar”, indicó y explicó que, por ese motivo, se aumentó la AUH, los planes: “Ahí hubo un carácter inmediato donde se eliminó la intermediación, se llegó a las familias de una manera más eficiente y efectiva a los efectos de permitir que el niño en edad de desarrollo tuviera todo lo necesario con un fuerte incremento”.
Cordero sostuvo que “en la Argentina la educación primaria se encuentra por competencia en cabeza de las provincias, se desarrollaron planes a los efectos de empezar a poder otorgar las capacidades básicas de la persona cuando tuviera que ingresar al mundo del trabajo”.
En lo que respecta al ámbito laboral, explicó que “se desarrollaron diversas acciones e importantes que están más centradas en el pensamiento que tenemos desde el Gobierno. El trabajo no es un elemento más de la sociedad, sino que es central porque tiene una dimensión económica porque el trabajo beneficia a la persona que lo recibe, también al que lo da porque recibe una contraprestación, a la sociedad en su conjunto porque se generan bienes y servicios”.
En otro aspecto, indicó que “hay que profundizar a futuro el aspecto personal de lo que uno recibe en su espíritu cuando trabaja. El trabajo nos permite una inserción social desde lo personal. Queremos que el trabajo no se vea como una mercancía o mercadería, porque el mundo que viene requiere que incorporemos estas dimensiones diferentes del trabajo y que lo llevemos de una manera clara y de una forma legislativamente adecuada”.
El secretario de trabajo detalló que la quinta dimensión se trata de “la dignidad del trabajo porque lleva a un pensamiento de que es infinitamente más importante de lo que cobro por él, si bien el dinero es fundamental, la trascendencia del trabajo es superior a eso”.
“La Ley de Contrato de Trabajo tiene en esta línea una acepción muy buena que dice que, si uno le paga al trabajador, pero no le da tareas se puede considerar despedido. La Ley piensa en la importancia y dignidad del trabajo y de la incorporación a ello. Esto lleva a un orden social”, resaltó.
“Para nosotros es valioso el trabajo en relación de dependencia porque ordena la vida del ser humano. Es valioso el trabajo autónomo y toda la actividad humana que se presenta de una manera prístina para permitir desarrollar lo que somos porque fabricamos riqueza a través de la producción y el trabajo. El dinero es un medio o instrumento, pero si uno crea más dinero artificialmente eso no produce riqueza, simplemente la quita o distribuye entre los mismos. Tenemos que lograr que la Argentina pueda producir y trabajar, ese es el foco”, expresó.
Cordero planteó la inteligencia artificial y la robótica “son instrumentos fantásticos para la humanidad” que hay que aprovechar como herramientas, pero indicó que “tenemos que tener en claro que son al servicio del ser humano y que se incorpora dentro de la actividad, no es excluyente”. “Para que el trabajo sea tomado como digno, tenemos que desarrollar una legislación y protocolos que permita que el ser humano sea el centro del trabajo”, señaló.
Respecto del Presupuesto, afirmó: “Se buscó darle un enorme foco dentro de lo que son los programas de entrenamiento para el trabajo, de inserción laboral, donde se busca que el Estado ocupe un rol más pequeño dando lugar al sector privado que es el que produce riqueza en la sociedad y tratando de darle al Estado sus funciones”.
“Si logramos este equilibrio que permite que el Estado se achoque lo suficiente para permitirle al sector privado ese crecimiento, podemos crear una sociedad magnífica y una Argentina que nos merecemos”, resaltó y agregó: “En este esquema es fundamental mantener el equilibrio fiscal, los principios que el presidente vino a marcar y queremos acompañar este desarrollo”.
Entre los puntos del Presupuesto, detalló: “Tenemos gasto de personal que están presupuestados en $93.000.804.000 que representan el 9,81% del presupuesto; bienes de consumo en la suma de $1.318.000.000 que representan el 0,14%, servicios no personales como alquileres $22.900.000 que representan el 2,4% del presupuesto, bienes de uso por 527.000 representando el 0,06%, programas de empleo y formación $838.059.000 que representa el 87,60%. Claramente el fuerte peso y la gestión busca algo que efectivamente tenga una enorme eficiencia en la inserción laboral de un déficit que tenemos hace tiempo”.
Cordero aseguró que están trabajando por "convenios de actividad" contemplando todas las actividades del país. "Luego las empresas o particularmente los empleadores que pueden y que negocian con sus propios sindicatos particulares en las propias empresas o con los mismos trabajadores, generan un diferencial hacia arriba para permitir pagarle a los trabajadores mejor. Esto es algo con lo que nosotros venimos trabajando especialmente en hace 2 meses, que es un es un plan de incremento eh salarial dinámico. Y esto es lo que muestra cuando ustedes ven las estadísticas ese diferencial entre los salarios llamados de 'convenio' y los 'salarios reales', que son los que marcan las empresas y los trabajadores en lo que lleva ARCA".
"El salario real es muy superior y debe serlo al salario básico paritario. Antes el salario básico paritario servía para paliar inflación. Cuando la inflación va bajando, ahora las negociaciones tienen que tratar de otra cosa y ese salario básico tiene que permitir que los empleadores le paguen más y mejor a los trabajadores, que también generen un diferencial y se destaquen. Cuando nosotros hablamos de la palabra 'dinámico', significa que hay trabajadores que conservan su puesto. No queremos que se baje la cantidad de trabajadores, lo que nosotros queremos es que continuando la cantidad de trabajadores e incrementándose la cantidad de trabajadores, los salarios generen este diferencial por mérito y esto es fundamental porque es ese dinamismo que se está proponiendo en el sentido de ahora reunirnos con los sindicatos para encontrar esos elementos objetivos que permitan ese diferencial para las calificaciones", explayó.
Desde Unión por la Patria, el diputado Sergio Palazzo criticó la situación del salario mínimo, vital y móvil que “cayó en un 34%” y se agravó la situación porque solo alcanza a cubrir un 27% de la canasta básica. También, cuestionó que hay 127.000 puestos de trabajos no registrados más y 321.000 puestos de trabajo menos porque “si no existe ningún castigo para las empresas que no registran a los trabajadores, difícilmente lo hagan”.
Sobre la reforma laboral que desde UP consideran “regresión laboral” porque debe ser “progresiva, inclusiva y mejorar”, apuntó: “Vuelven a hablar de cosas que en el país ya han pasado y fracasaron porque duplicaron la desocupación. Tenemos que trabajar en la laboralización de los trabajadores de plataformas”.
A su turno, el diputado de izquierda Juan Carlos Giordano indicó que se cerraron “30 empresas por día y 236.000 despidos. Los salarios perdieron un 30% de puntos frente a la inflación acumulada. El INDEC informó que el 80% de los argentinos reciben menos de 900.070 pesos mensuales”. Además, criticó: “La reforma laboral anti obrera pro patronal ya se vivió con Menem donde se remató el ferrocarril, empresas de teléfono, cable, etc. El país quedó hundido y el presidente lo halaga”. “La reforma laboral significa convenios con empresas, periodos de prueba de 3 a 6 u 8 meses abaratando despidos y rotación a pruebas, el verso de la industria del juicio.
A su vez, aprobaron recurrir a la Corte Suprema con un recurso extraordinario federal en caso de que se les rechace el recurso de apelación. También solicitarán información a un listado de plataformas de servicios virtuales de cripto.
La Comisión Investigadora sobre la Criptomonedas $LIBRA, presidida por el diputado Maximiliano Ferraro, se reunió este martes para determinas nuevas medidas de prueba y aprobó apelar a la Corte Suprema de Justicia si el Tribunal rechaza el recurso de apelación y, además, aprobó volver a citar al presidente Javier Milei ante la misma para que preste declaraciones.
En el encuentro se resolvió requerir a las plataformas de servicios de activos virtuales BBAT, Binance, Gateyo, Lemon, Ripio, Buenbit, Velo Bitget, OKX, Coin, Kraken, Crypto.com y Coinbase Coinbase la siguiente información:
También, aprobaron la autorización a las autoridades de la comisión y presidencia para interponer un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema intervenga en caso de que se revoque la sentencia del 6 de octubre del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Además, se aprobó la citación al presidente de la Nación; la solicitud de expedientes y actuaciones con respecto al ministro de Justicia y a la extitular de la unidad de investigación; y una reiterativa a Fix Flow.
A su vez, los presentes aprobaron una autorización para incorporar en el juzgado federal del doctor Martínez de Georgi y la autorización para la solicitud del auxilio de la fuerza pública para los funcionarios implicados.
En principio, Ferraro procedió a leer el expediente detallado que remitió el Juez Federal Ramos a la comisión y, luego, puso en conocimiento el informe sobre el estado procesal del recurso de apelación presentado contra la resolución del 6 de octubre en el que se les denegó el pedido de auxilio de la fuerza pública y la comparecencia del fuero federal para la tramitación del pedido.
Ferraro informó que la resolución dictada el 6 de octubre del 2025, el juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Penal N°8 resolvió declarar improcedente el pedido formulado por la comisión para que se dispusiera la comparecencia por la fuerza pública al cuerpo Legislativo a los señores Alejandro Melic, María Florencia Cicabo, Paula Stark y Roberto Emiliano Silva a efectos de que presten declaración testimonial.
El diputado de la CC contó que el pasado 13 de octubre presentaron un recurso de apelación para considerar que la decisión judicial resulta “manifiestamente arbitraria” porque efectúa un reconocimiento meramente teórico de las facultades implícitas del Congreso Nacional y que “se nos niega toda eficacia operativa”, por lo que consideró que “esta contradicción vacía de contenido, la prorrogativa legislativa que se nos que se reconoce en el 75 inciso 32 y transforma el reconocimiento conceptual en una mera fórmula declarativa incompatible con la vigencia efectiva del principio republicano de división de poderes”.
Además, señaló que esa decisión “desconoce la competencia del fuero federal en materia de auxilio judicial del Congreso de la Nación y desnaturaliza la finalidad política y de control institucional que subyace en la actuación de la Comisión Investigadora”.
“Hemos solicitado la tramitación urgente del recurso de apelación, así como la habilitación de días y horas inhábiles. Por resolución del 17 de octubre de 2025, la sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, fijó una audiencia para el día 28 de octubre del 2025 en forma presencial en la sede del tribunal. Frente a esta providencia, el 20 de octubre le hemos solicitado se adelante la audiencia en el plazo más breve previsto, ya que la demora en la resolución del recurso podría causar un daño irreparable a los intereses de la Comisión Investigadora y a las funciones de control del Congreso de la Nación”, leyó el diputado de la CC.
En esa línea, remarcó que “la sistemática incomparecencia de los testigos citados genera un dispenso de la actividad legislativa, en tanto obstaculiza el normal desarrollo de las tareas de investigación encomendadas para la comisión, sobre todo porque los testigos citados revisten de carácter de funcionarios públicos cuyas funciones guardaban una estrecha vinculación con el objeto de investigación”.
Por último, Ferraro avisó que, en caso de que el Tribunal rechace el recurso de apelación, pondrá a consideración de la comisión la vía de apelación extraordinaria ante la Corte Suprema a través de la presentación de un recurso extraordinario federal.
Al pedir la palabra, el diputado Juan Marino (UP) planteó como primera medida que se resuelva volver a citar al presidente de la Nación, Javier Milei, respetando todas las prerrogativas establecidas en la Constitución, en el Código Penal, en el Código Procesal Penal para que “venga a dar explicaciones, a testimoniar y a clarificar sus dichos”.
Marino leyó la respuesta de Ripio -plataforma virtual de Argentina que ofreció Libra públicamente-, luego de que Milei afirmó ante una entrevista de la señal de TN que “perdió el Estado acá nada, digamos, perdió plata los argentinos. Te decía que tengo mis serias dudas. Digo que digo, no creo que sea más de cinco argentinos. Pero desterremos la idea que hay 44,000, o sea, son 5000 y la gran mayoría son estadounidenses y chinos”.
Ripio informó que “1358 usuarios con residencia en el país en Argentina han realizado compra o venta del token mencionado Libra. De estos existen 1329 argentinos. Al momento del lanzamiento del token, la sociedad contaba con 2.145.758 usuarios registrados en Argentina”. Al respecto, Marino apuntó: “Desmiente el discurso del presidente Milei de que esto era algo solamente accesible para público hiper especializado en operatoria en criptomonedas. Entonces, esto es importante porque pone de manifiesto una afirmación abiertamente, evidentemente y objetivamente falsa por parte del presidente”.
NOVEDADES DE LA INVESTIGACIÓN DE LIBRA EN EL CONGRESO
El exchange Ripio, la única que ofreció públicamente la criptomoneda LIBRA a las pocas horas que Milei la lanzó en sus redes, nos informó a los diputados de la Comisión investigadora que 1329 argentinos usuarios de su… pic.twitter.com/YEokV9pRIr
— Itai Hagman (@ItaiHagman) October 21, 2025
En tanto, planteó que “habría que trabajar que los fondos provenientes de la operatoria de Libra podrían estar en propiedad de Javier Milei, de Karina Milei y del propio Hayden Davis”.
Por otro lado, planteó librar un oficio al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por no otorgar el contenido de las actuaciones de la UTI y para que informen bajo qué números de expediente tramitaron en el sistema de documentación electrónico del Estado argentino sus actuaciones. “Porque a esta altura una de las hipótesis que manejamos es que están ocultando algo de importancia que no quieren que conozcamos. Otra de las hipótesis que manejamos directamente es que no hicieron nada”, cerró Marino.
A continuación, su par la diputada Sabrina Selva destacó el avance de la investigación y cuestionó las “obstrucciones que nos está poniendo la justicia que nos impiden acceder al expediente judicial, que nos impide traer a los funcionarios a dar explicaciones”, y precisó que “la justicia viene avanzando más lento que la justicia en Estados Unidos”. Selva reiteró el pedido de información a Fixed Float que “es otro de los exchange que voy a pedir que se ponga a votación porque es información nueva que tenemos que reiterar”, y volvió a solicitar la presencia de los funcionarios ante la comisión para que den explicaciones.
Luego, pidió la palabra la diputada Mónica Frade (CC - ARI) hizo una moción para que se apruebe una autorización en caso que, si los plazos vencen en días que no hay reunión, el presidente de la comisión en su representación arbitre todos los medios y los escritos que haya que dejar y las apelaciones y la cuestión federal que haya que interponer porque “es imprescindible para que la causa termine su proceso”.
“Tenemos una serie de personas acá particulares que han sido citadas y no han venido. Entonces, también voy a mocionar para que se dé autorización. Por supuesto, tenemos que esperar que finalice y que resuelva la apelación sobre el uso de la fuerza pública, pero en caso de que resuelva favorablemente esta comisión, voy a solicitar que demos autorización al presidente de la comisión para que la pida sin más a Mauricio Gaspar Noveli, Terrones Godoy, Sergio Morales, Demi Reidel y para la señorita hermana presidencial Karina Milei. Así que voy a dejar mocionado esos dos pedidos”, cerró.
El diputado de izquierda Cristian Castillo adhirió a citar al presidente Javier Milei para que “dé las explicaciones del caso, es lo que corresponde. Le habíamos girado las preguntas por escrito, no las respondió, así que creo que corresponde, evidentemente, citarlo”.
“Está bien dejar de manifiesto su falta de voluntad en colaborar y aclarar respecto a todos los temas sobre los cual él tiene que dar explicaciones. Le corresponde su obligación dar esas explicaciones”, planteó y consideró que la ausencia de los funcionarios implicados “es una verdadera falta de colaboración”.
👉🏼 Presentan nueva demanda ampliada por el escándalo internacional de $LIBRA:
La Justicia de Estados Unidos recibió este martes 21 una nueva versión ampliada de la demanda colectiva que investiga el fraude internacional de los tokens $LIBRA, $M3M3, $MELANIA, $ENRON y $TRUST,…
— Oscar Agost Carreño (@oagost) October 21, 2025
De forma breve, el diputado Rodolfo Tailhade (UP) sugirió que “tanto en uno como en el otro oficio incorporemos dos apercibimientos o una suerte de apercibimiento. En primer lugar, el bajo percibimiento de formular denuncia penal en orden a la posible comisión del artículo 255 del código, que dice ‘será reprimido con prisión de un mes a 4 años el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente’. Básicamente acá estamos ante la hipótesis de un ocultamiento que tampoco descartaría que fuese una destrucción”.
El segundo oficio, propuso una advertencia al ministro de Justicia de que “nosotros estamos en condiciones de ir a pedirle el registro, el allanamiento de sus oficinas, el allanamiento del edificio del Ministerio de Justicia para que la justicia secuestre el expediente digital.
En esa línea, la diputada Margarita Stolbizer adhirió a las palabras de Tailhade: “Hay que hacer un apercibimiento sobre lo que implica el delito de obstrucción a la justicia y por las características propias de la comisión investigadora que pueden asimilarse”. “Siento que es prácticamente imposible pensar con que se va a poder cumplir con el plazo establecido en la resolución de creación y, por lo tanto, me da la impresión que eso va a ser casi imprescindible”, concluyó.
La Comisión Especial Investigadora recibió a una nueva ronda de expositores de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos y de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital. La próxima semana continuarán con las informativas.
La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre los hechos relacionado con la utilización en el sistema de salud del fentanilo contaminado, presidida por la diputada Mónica Fein, se reunió nuevamente este martes para recibir a una nueva tanda de expositores.
En el encuentro, que se realizó en el Anexo “A”, expusieron representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital (AAFH) quienes coincidieron en manifestar su total compromiso con la salud de los pacientes y que, para ello, tanto las plantas y los procesos están sometidos a intensos controles.
En otro aspecto, expresaron pesar y solidaridad con los familiares de las personas fallecidas, además de estar a plena disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos investigados y el reclamo de justicia. También, consideraron que los sucesos están relacionados al incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y control. Por último, reafirmaron la importancia del cumplimiento normativo, donde el rol tanto de la autoridad sanitaria como de la industria son centrales.
Al inicio del encuentro, Fein estimó finalizar con las reuniones informativas la próxima semana con la presencia de los referentes de ANMAT, del Malbrán y de control de calidad del Ministerio de Salud. “La semana que viene deberíamos, de alguna manera, terminar con los expertos invitados”, planteó. Además, comentó que el próximo 3 de noviembre harán una reunión en Rosario cerca del mediodía en el Concejo Municipal, ya que “Santa Fe es una de las provincias que más familias afectadas tuvo”.
Abrió la ronda de expositores el Gerente de Asuntos Jurídicos de CILFA, Mariano Genovesi, quien expresó su pesar y solidaridad con las familias y su compromiso para el reclamo de justicia. Así, aclaró que ninguno de los laboratorios que están siendo investigados forman parte de la cámara y tampoco tienen relación.
Luego, expuso Ignacio Spotti, gerente de Asuntos Regulatorios de Laboratorios Adium, quien contó: “Soy farmacéutico hace más de 15 años tanto nacional como internacional. Como farmacéuticos profesionales de la salud y responsables técnicos, queremos manifestar que el principal compromiso es con la salud de los pacientes y para ello las plantas y procesos están sometidos a extensos y estrictos controles”.
“Las plantas están auditadas y aprobadas por autoridades regulatorias extranjeras. Toda nuestra actividad está regida por normas claras y específicas aplicables a todo el ciclo de vida del medicamento desde el desarrollo hasta el uso del paciente, pasando por la selección de insumos y proveedores, proceso productivo, control y garantías de calidad, almacenamiento y distribución, y el fármaco vigilancia”, explicó.
Spotti sumó: “La industria nacional cuenta con una infraestructura, procesos y procedimientos robustos con profesionales capacitados y herramientas de control que aseguran las buenas prácticas de manufactura y control. Los estrictos cumplimientos de estos principios garantizan que los medicamentos que llegan a la población cumplan con los más altos estándares de calidad, seguridad y eficacia”.
A su turno, Rosana Hilal, directora de Asuntos Regulatorios y codirectora técnica de Laboratorio Gador consideró que “los hechos investigados por la comisión están relacionados a incumplimientos de las buenas prácticas de fabricación y control”.
Hilal planteó que “es un error conceptual considerar a la bio equivalencia como parte del problema. La tragedia de fentanilo no tiene nada que ver con la bio equivalencia”, y explicó que se trata de un requerimiento cuyo propósito es demostrar equivalencia determinada forma farmacéutica y determinados principios activos y precisó que está “normatizado y tiene determinado alcance”.
“Está particularmente excluido una forma farmacéutica líquida inyectable como a que estamos tratando del fentanilo. La bio equivalencia no tiene nada que ver acá”, aclaró y sumó: “Todo indicaría que la causa fue el incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y control”, ratificó.
Jorgelina D’ Angelo, gerente de Asuntos Regulatorios y directora técnica de Laboratorios Roemmers reafirmó la “importancia del cumplimiento normativo donde el rol de la autoridad sanitaria y de la industria resultan centrales. Es hora de fortalecer ANMAT hay que garantizarle recursos, autonomía y respaldo institucional”.
“Estos hechos investigados por esta comisión estarían plenamente relacionados con el incumplimiento de buenas prácticas de manufactura y control que están establecidos en las normativas”, cerró.
Luego, hablaron Giannina Cinqui y Matías Quiroga, presidenta y vicepresidente de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital (AAFH). Cinqui sostuvo que “es importante que la autoridad sanitaria nos proteja, nos cuide a los profesionales de la salud, que nos controle, pero que también pueda cuidar a los pacientes y a la población”.
En otro aspecto, la titular de Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital lamentó: “Muy triste lo que ocurrió, sobre todo porque se podría haber evitado y que les costó la vida a muchas personas”. “Hay falta de inversión y políticas que entiendan que la salud es un derecho y que el medicamento es un bien social”, recalcó.
Desde el mismo organismo, su vicepresidente afirmó que “la disposición de farmacéuticos a nivel nacional es escasa”. En esa línea, explicó que “la realidad es que no hay tantos profesionales como la demanda que tenemos, y no hay capacidad con los farmacéuticos que contamos de ocupar todos los puestos sanitarios que se requieren, que es un problema que viene arraigado desde la facultad, que no se ha podido incentivar a los estudiantes para estudiar la carrera de Farmacia, siendo una de las que tiene menor desocupación en el país”.
El doctor Carlos Damin, especialista en toxicología y en salud pública, quien es jefe de la División Toxicología y director del Hospital Fernández, especificó que “el fentanilo es una sustancia muy noble que usamos todos los días hace más de cuarenta años en el país, en los pacientes que ingresan al quirófano, a las terapias intensivas, a las terapias neonatales y en cada una de las cirugías veterinarias”.
Sobre el caso puntual, aseguró que “lo que se rompió con este hecho es la confianza que depositamos cada uno de nosotros en las partes del uso de un medicamento”. “Lo que vino a hacer esta situación es producir un daño inconmensurable, porque lo que provoca es el daño en la gente que ahora pregunta ´ ¿me van a dar fentanilo? ´. Entonces, ¿cómo le explicas a la gente que el problema no fue el fentanilo, que fue la ampolla que produjo un laboratorio y que, en realidad, lo que producían las muertes eran las dos bacterias que estaban acompañadas adentro?", relató el médico Damin.
Antes de concluir su alocución, Damin dejó una reflexión sobre lo ocurrido con el fentanilo adulterado: “Es dramático, no solo por el número de personas que fallecieron, sino por la pérdida de confianza, esta ruptura de confiabilidad, que es una de las cosas que nos ha hecho fuertes siempre, que es nuestra salud pública”.
Asimismo, Mirtha Jaime, representando a la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), ratificó que “esto ha sido una gran tragedia”. Luego, al remarcar que “señalamos desde el inicio la crisis que se venía por las políticas de ajuste”, criticó que “hubo un mutismo absoluto de parte del ministro Lugones durante cuatro meses”.
La Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado retomó el cuarto intermedio para continuar en una reunión informativa el tratamiento de dos proyectos sobre la modificación del marco regulatorio de biocombustibles.
La Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, a cargo del radical Flavio Fama, reanudó este miércoles el debate sobre la modificación de la Ley de Biocombustibles con la presencia de los representantes de cinco instituciones que expusieron su opinión al respecto.
Abrió la ronda de debate Fernando Rodríguez Canedo, director Ejecutivo de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), cuyo perfil productivo es “netamente exportador”, generador de divisas por 9 mil millones de dólares por año, representa el 10% total de las exportaciones del país, el 47% del total de exportaciones de manufacturas de origen industrial.
Con respecto a los proyectos, se mostró disconforme y anticipó que no lo acompañarán porque “son totalmente contrarios a los intereses nuestros y generan mucha imprevisibilidad” en una industria que es de capital de trabajo intensivo.
“Uno de los proyectos establece la posibilidad que, a mayor oferta de insumos, mayor sea el corte. Eso nos genera un nivel de imprevisibilidad y no hay ninguna experiencia en el mundo que así lo determine. Los países que definen o cambian cortes como India, Indonesia, Tailandia, Brasil, se dan entre 3 a 5 años la posibilidad para hacer esos ajustes y tiene que ver con las adecuaciones que tienen que hacer las terminales en términos de inversión, desarrollo de proveedores, pruebas en campo, en laboratorio, modificación de normas, el proceso de homologación de los vehículos”, explicó.
Fernando Canedo (ADEFA) Foto: comunicación Senado
Además, indicó que “no encontramos a nivel mundial ningún antecedente que se fije esto, que sea creciente dependiendo la oferta. La realidad es que todos los países fijan máximos tanto en el corte del biodiesel y etanol, pero nunca de manera atada a lo que son los insumos ni tampoco a un corte progresivo en el tiempo. Es imposible para la industria automotriz ir cambiando el corte permanentemente y más si le sumamos la incógnita de si va a haber oferta o no de los insumos”. Canedo ejemplificó que en la Unión Europea la directiva del cambio de salto del etanol del 5 al 10% es del 2009 y recién lo aplicaron en el 2020.
El titular de ADEFA también argumentó su contraposición por los cortes que están fijados en ambos textos “en uno se habla de 15%, otro de 18%. Son dos cortes que no existen en ningún lugar del mundo, lo cual serían cortes específicos para Argentina y eso primero nos aislaría porque el 60% de lo que producimos lo exportamos a países que no tienen este nivel de corte. Pondríamos en riesgo el 60% de lo que producimos porque ninguno de los países que exportamos tiene estos niveles de corte y deberíamos hacer inversiones específicas”.
“También generaríamos un perjuicio a los consumidores porque en la oferta local, el 50% de lo que se patentó en el 2025 lo cubrimos con 11 modelos y en la escala no llegan a 18 mil. Ningún país en el mundo va a hacer un desarrollo para estos cortes. Se va a perjudicar la industria local y la oferta de productos importados”, cerró Canedo y propusieron debatir en conjunto un proyecto porque “la industria necesita previsibilidad y seguridad jurídica”.
Foto: Comunicación Senado
Desde el Instituto del Petróleo y el Gas, Pamela Vacca, analizó que en los últimos 20 años que estuvo vigente el régimen donde los precios estuvieron regulados y los cupos “no nos ayudó a fomentar la industria. Esto generó distorsiones en el mercado local y creemos que un mercado abierto es un punto importante”.
“Nos parece que el mercado abierto va a fomentar nuevas inversiones para el sector. Integrar corrientes vegetales dentro de las refinerías genera un gran valor agregado porque podemos obtener la misma molécula fósil, pero de un componente bio. Este es un proyecto que tiene que estar sobre la mesa donde el mundo está yendo y es súper relevante estas corrientes de co procesamiento”, planteó.
Vacca consideró que “hay que mantener el corte actual del 7,5% y, en el caso del bioetanol, proponemos que puede haber una diferencia entre el 12 y el 15% como corte voluntario. Esto puede ser utilizado como un medio sobre demandas. Hay que poner un marco dentro de lo que es el origen de la ley con una matriz energética actual”. Así, planteó que “hay que orientar los recursos en el co procesamiento, buscar alternativas de mejorar la oferta a los consumidores. Hay que generar un consenso”.
A su turno, Federico Martelli de la Cámara de PyMES Elaboradoras de Biocombustibles, manifestó el “claro rechazo al avance de la ley propuesta por la liga de provincias bioenergéticas tal como fue planteada”.
“Es una ley que tiene un título atractivo como aumento del corte, de la actividad agro industrial, aumento del valor agregado, pero atrás de ese título de molde existe la redacción de un articulado que centralmente en el planteo puntual del biodiesel conduce a la concentración de la producción de biodiesel en una sola provincia que es Santa Fe, en detrimento de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis”, criticó.
Martelli remarcó que “no se trata de una ley de consensos en el plano del biodiesel, pero si en el bioetanol y tiene un gran impulso de las provincias que lo producen. Pero en el plano del biodiesel donde cuatro de las cinco provincias donde se produce no se manifestaron a favor y se oponen”.
“Las empresas que represento producen el 60% del biodiesel del mercado interno, sin embargo, no son tenidas en cuenta nuestras posiciones de un re articulado para no vernos perjudicados. No es de consenso”, apuntó y agregó que violan la seguridad jurídica: “Cambiar las reglas de juego a mitad de camino es todo lo que la Argentina no tiene que hacer”.
Foto: Comunicación Senado
“Esta ley no genera nuevas inversiones en el mundo del biodiesel”, remarcó Martelli y alertó: “Esta ley condena a la quiebra a una parte importante de las PyMES y a otra parte importante las condena a la supervivencia porque reduce su participación en el mercado”.
Así, cerró: “Con un corte del 10% que implica una producción global 1.240.000 toneladas, de aprobarse esta ley, 1.028.000 toneladas van a pasar a producirse en la provincia de Santa Fe y solo 211.000 toneladas van a quedar para Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis. De este modo, Santa Fe pasa de producir actualmente el 40% a producir el 82%. Por eso nos oponemos al proyecto y estamos a completa disposición para trabajar la redacción de un articulado que defienda nuestros intereses que empieza por reconocer que, al menos el 7,5% del cupo, debe ser repartido entre las compañías PyMES que, actualmente, entregan para el mercado interno”.
Contrariamente, el presidente del Centro de Azucareros Argentino, Jorge Feijoo, respaldó: “El bioetanol está unido, sea de caña o de maíz. Este proyecto de ley que apoyamos decididamente no vino de la nada”.
“Estamos de acuerdo porque apunta a un cambio de normas que urgen frente a la normativa actual. Apunta a un cambio porque pasa de tener cupos por empresas y precios fijados por el Estado, a unas licitaciones competitivas, transparentes por precio y por volumen que tenga topes en la paridad de importación para garantizar la competitividad del mercado”, afirmó.
A su vez, consideró que el proyecto tiene un aumento del corte al 15% y mantener la participación de estas materias primas. En esa línea, desmintió al representante de ADEFA y sostuvo que “no es verdad que no haya países con el 15% como Estados Unidos y California. No produce problemas en los autos”.
Feijoo remarcó que los aumentos de corte previstos en el proyecto “no producen impacto fiscal, en el precio del consumidor y sin impacto en las petroleras. Desde la ley de biocombustibles del 2016 se crearon 50 industrias sin RIGI, sin subsidios, sin preventas ni beneficios fiscales”.
Por último, Daniel Ciaffone, en representación dela Cámara Argentina de Energía, cuestionó que la ley le costó 16 mil millones de dólares al país para el fisco, industria, consumidores. “Hace casi 20 años existe un marco regulatorio cuyos beneficios están reservados para un pequeño grupo de empresas que no es libre ni competitivo y es discrecional”.
“Se limita la producción de biocombustibles exclusivamente a aquellos provenientes de soja, azúcar y maíz”, indicó y criticó el proyecto de ley de la senadora Vigo porque “pretende mantener cerrado el mercado de biocombustibles, impidiendo la libertad de inversión, comercialización y de participación para sostener un régimen costoso, ineficiente y desleal”.
En una reunión conjunta de cinco comisiones legislativas, obtuvo dictamen de mayoría el proyecto que declara la emergencia productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria de las MIPYMES en todo el país. Con 88 firmas, la iniciativa propone alivios impositivos, suspensión de ejecuciones fiscales y beneficios para fomentar el empleo y el consumo.
En el marco de una reunión conjunta de las Comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas; Justicia; Energía y Combustibles; Finanzas; y Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados Mónica Fein (EF), Manuel Quintar (LLA), Lorena Villaverde (LLA) y Bertie Benegas Lynch (LLA), respectivamente, obtuvo dictamen de mayoría con 88 firmas el proyecto por el cual se declara la Emergencia productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en todo el territorio nacional.
En ese sentido, y como autor de una de las iniciativas, el diputado Carlos Heller (UP) explicó: “Es entender que existe una situación en el país que amerita esa declaración de emergencia que tiene alcances vinculadas a lo fiscal, laboral, financiero y tarifario. El plazo sería por un año y el Poder Ejecutivo Nacional podrá prorrogarla por igual plazo, en caso de mantenerse las causas que dieron origen a la misma”.
Heller precisó que plantean la suspensión de las ejecuciones fiscales, de corte de servicios y se facilitan moratorias diversas con quita de intereses y con años de gracia. También, indicó que excluyen PyMES medianas tramo 2 porque “su contextura, mercados y posibilidades no tienen nada que ver con micro PyMES. Incluimos a cooperativas, fabricas recolectadas y actores de la agricultura familiar”.
Además, proponen la exención total del impuesto al cheque, la reducción al 50% del anticipo del impuesto a las ganancias que le corresponda abonar, suspensión de intereses resarcitorios y punitorios de ARCA, devolución de IVA a consumidores que compren en MiPyMES por el 25% del IVA tributado en productos de primera necesidad.
“S establece la reducción del 50% de contribuciones patronales por nuevas contrataciones y prohibición de despidos durante la vigencia del beneficio. Combinamos alivio directo fiscal, justicia tributaria y un incentivo al consumo interno a través de la devolución del IVA”, indicó.
Desde el bloque Democracia para Siempre, la diputada Danya Tavela respaldó los proyectos mencionados por el diputado preopinante, mientras que su par Christian Castillo (PTS-Frente de izquierda) informó que presentarán un dictamen de minoría.
Por su parte, la diputada Daiana Fernández Molero (PRO) explicó que “no acompañarán los proyectos”, al argumentar que “no es porque no crean que las Pymes están pasando una situación complicada, sino porque este tipo de proyectos no resuelven los problemas de fondo, sino que los agrava”. “Necesitamos soluciones y no parches; necesitamos menos impuestos”, puntualizó, al agregar: “Espero que podamos discutir una reforma tributaria seria".
A su turno, la diputada Mónica Frade (CC) manifestó el apoyo de su bloque, aunque con alguna disidencia, al considerar que, con esta norma, “se cierra un círculo que tiene que ver con el empleo, el consumo, la producción, la justicia y el incentivo al empleo".
Luego, el diputado Julio Moreno Ovalle (LLA) explicó el rechazo a la norma, al remarcar: “No hagamos políticas con leyes de parches; hagamos proyectos globales y superadores”. “Las Pymes son una preocupación del Gobierno y por eso se anunciaron las próximas reformas tributarias, laborales y previsionales”, resaltó.
Además, la diputada Natalia Sarapura (UCR) expresó que se trata de “un avance para darle beneficios a las pymes para que puedan seguir creciendo”; mientras que, desde Encuentro Federal, la diputada Alejandra Torres anunció: “Vamos a presentar un proyecto que, como trata la problemática de las MIPYMES, es importante que esté como dictamen en minoría”. Finalmente, la diputada Paula Omodeo (CREO) manifestó: “Vamos a presentar un dictamen de minoría con cuestiones que si pueden ser una solución”.
El tratamiento se dio en el marco de una reunión informativa del plenario de comisiones donde los expositores coincidieron en la necesidad de contar con un marco normativo. La próxima semana se realizará otra informativa.
De cara a avanzar con un proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental que regule la aplicación de productos fitosanitarios, un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados se reunió este martes con expositores invitados que coincidieron en la necesidad de contar con un marco normativo. El próximo martes harán otro encuentro de carácter informativo.
El titular de la Comisión de Agricultura, Atilio Benedetti (UCR), informó que “este proyecto de ley no es una novedad en esta Cámara de Diputados, ya que ha tenido otros intentos y viene a responder a una necesidad postergada que es encontrar una ley que establezca presupuestos mínimos de cuidado ambiental, de protección a la salud y de posibilitar la producción agropecuaria para vastas regiones del país”.
“La ley es necesaria porque alguien puede pensar, o decir con razón, que es potestad de los distritos, de las jurisdicciones, de las regiones y provincias legislar en esta materia, pero la realidad es que tenemos un país federal y que hay distintas realidades en las diferentes regiones del país y que hay algunos lugares donde sí se ha abordado el tema, pero otros están totalmente desamparados y descuidados”, indicó.
El entrerriano sostuvo que “se pretende que el Congreso de la Nación sancione una ley de presupuestos mínimos. A partir de ahí dependerá de cada estado provincial la adopción de medidas complementarias”.
“Es un tema que en los últimos dos años se quiso meter debajo de la alfombra, pero la realidad es que de cada 10 hectáreas que se cultivan, 9 se cultivan con tecnología que se utiliza la aplicación de productos fitosanitarios. El 90% de las 38 hectáreas están incluidas en la necesidad de hacer esta regulación que estamos proponiendo. Es una actividad que necesita ser regulada. La actividad de aplicaciones es uno de los procesos más complejos, sensibles, pero más necesario de la agricultura”, explicó.
Abrió la ronda de expositores Ramiro Costa, coordinador General de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), quien explicó que dicho organismo “es un espacio de diálogo y de generación de consensos para encontrar soluciones a los problemas de la actividad”.
“Los ochenta integrantes que componemos la Red tenemos muchas expectativas sobre el proyecto de ley y demuestra que la construcción pública-privada es posible. Tenemos muchas expectativas en este proyecto de ley”, remarcó.
Desde la misma entidad, Nieves Pascuzzi, coordinadora Técnica de la RedBPA, detalló los hitos principales del proceso de trabajo en los acuerdos interinstitucionales de la Red para lograr los consensos necesarios y lograr acordar un proyecto unificado.
“Este año luego de varias reuniones con legisladores, que enriquecieron el proceso, llegamos a un texto mejorado tras casi once años de trabajo priorizando una mirada productiva-ambiental, consideramos que una norma en este sentido de base que genere condiciones claras y que tenga esta mirada es un avance para el sector productivo. Es necesario tener una ley en este sentido”, planteó.
En tanto, Eugenia Magnasco, RedBPA por CREA, hizo hincapié en porqué es necesario contar con una ley de presupuestos mínimos: “Existe una preocupación en la sociedad por la aplicación de fitosanitarios porque hay un vacío legal. Hay normativas municipales y provinciales son heterogéneas respecto de criterios, distancias y requisitos, muchas veces sin base científica. También, hay una creciente judicialización. Asimismo, existe una necesidad de compatibilizar las actividades productivas agropecuarias con la protección de la salud humana y del ambiente”.
Ramiro Cid, de la RedBPA representando a FEARCA y EX-INTA, precisó que el proyecto define varias zonas, como la zona sensible que “es aquella que no se puede hacer ningún tipo de aplicación agrícola” como pueblos, escuelas o zonas protegidas por ser parques nacionales o corrientes de agua; aledaño a esa, tenemos una zona de exclusión, donde no es posible hacer ningún tipo de aplicación; y, al margen de la zona de exclusión, de forma adyacente, está la zona de amortiguamiento, que al margen de requerir buenas prácticas, requiere además una serie más de requerimientos.
Luego, Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales de la provincia de Córdoba y como titular de la Comisión Federal Fitosanitaria, afirmó que “es necesaria una ley nacional que fije y armonice los objetivos, principios y procesos”.
“Necesitamos un marco nacional de coordinación, no de uniformización, porque las provincias somos heterogéneas, ya que tenemos producciones, climas, realidades, poblaciones y organización territorial distintas”, manifestó.
Al respecto, el funcionario cordobés instó que se identifique a los diferentes actores involucrados, como usuarios responsables, aplicadores, asesores fitosanitarios y expendedores. Además, que se instrumente la herramienta de la ley: la receta fitosanitaria, como así también que se instrumente los registros necesarios y que se contemple las sanciones a las faltas en los procesos, entre otras cuestiones. En contrapartida, Blanda consideró que “no es una ley de presupuestos mínimos, sino que se necesita una ley ordinaria que regule los aspectos generales y cotidianos de la vida social y económica”.
El presidente de CONINAGRO, Lucas Magnano, subrayó que “es sumamente importante la presentación de un proyecto de estas características que le hace un gran aporte a los productores para tener previsibilidad y certezas”. “Necesitamos que desde el Congreso tengamos una ley que ordene, con claridad y de una plataforma para empezar a ver a Argentina de aquí hacia adelante en un sendero de incremento de producción”, analizó. El presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, ponderó que la ley tiene como finalidad “primero en la persona, segundo en el ambiente y luego aumentar la producción”.
✅ El Presidente @lucasmagnano participó en Diputados de una reunión informativa de la Comisión de Agricultura y Ambiente junto a entidades y legisladores de distintos bloques encabezados por @atiliobenedetti y @maxiferraro. Presentaron un proyecto de ley que busca establecer… pic.twitter.com/k11GxV44wD
— CONINAGRO (@CONINAGRO) October 14, 2025
A su turno, el diputado nacional Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista FIT-Unidad) pidió que tengan voz los que “estamos en contra” de la ley entre otras cuestiones por “el uso de agro tóxicos en cercanía”. “Vamos a pedir que quienes sufren a diario vengan a exponer”, agregó.
Desde La Libertad Avanza, Pablo Ansaloni, anticipó todo su apoyo para encontrar la mejor ley que le “haga bien a los empresarios, a los pueblos y principalmente a los trabajadores”.
El presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, realizó algunas consideraciones políticas sobre la temática. “Este debate no puede partir de prejuicios, sumado a que debe salir de falsas dicotomías que se presentan sin ningún tipo de seriedad o evidencia científica a la hora de debatir. Es por ello, que tenemos que establecer reglas muy claras para construir consensos para armonizar la producción con la salud y la protección ambiental”, recalcó.
Con respecto al proyecto, ratificó que “con esta ley aspiramos a dar un paso más a la construcción necesaria de una agricultura mucho más moderna, competitiva y ambientalmente sostenible”.
Coincidentemente con Giordano, la diputada Blanca Osuna (UP) planteó como “indispensable escuchar las voces de otros actores que complementen la visión de quienes participaron hoy, principalmente poniendo primero en valor a la salud humana”.
Así lo confirmó la titular de la Comisión de Cultura de Diputados en la reunión informativa exprés que tuvo lugar este martes. Los funcionarios estaban convocados para hablar sobre la gestión de las plataformas públicas de exhibición digital Cine.ar TV y Cine.ar Play.
En una fugaz reunión informativa la Comisión de Cultura de Diputados, presidida por la catamarqueña Silvana Ginocchio (UP), se disponía este martes a recibir al secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, y al presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano, pero ninguno de los dos asistió por lo que volverán a convocarlos.
El encuentro estaba agendado para este martes a las 17.30 en la Sala 4 del 3° piso del “Anexo A” a fin de hablar sobre la gestión de las plataformas públicas de exhibición digital Cine.ar TV y Cine.ar Play; la retención de fondos con destino específico al Fomento y Producción de Cine y Audiovisual argentino Cine y Artes Audiovisuales; no consideración de las resoluciones de la Asamblea Federal del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y otros temas relacionados.
“Esta presidencia no ha recibido ningún tipo de respuesta con respecto a la citación que fue cursada a través de los mecanismos formales que están establecidos por la Cámara. No tenemos la convocatoria y nos preocupa porque los temas son específicos que hacen a una realidad que vive hoy la cultura específicamente un tema como el de Cine.ar y Cine.ar play”, expresó Ginocchio.
Al respecto, planteó que “de la reunión informativa de la semana pasada surgieron temas de interrogantes de profunda trascendencia e importancia y hubiese sido importante escuchar a Cifelli y a Pirovano en cuestiones puntuales. No tenemos hoy su asistencia”.
A su turno, el diputado Pablo Carro (UP) lamentó la ausencia de los funcionarios y recordó que “cuando estuvo Cifelli el año pasado no habló del INCAA porque se había comprometido a venir con Pirovano y todavía los estamos esperando. Estamos preocupados por el reservorio de películas, por los empleados, por el fomento. Nos falta la información que necesitamos y es una pena que no estén acá para responder sobre sus funciones de trabajo”.
“Pediría que se los vuelva a invitar en la fecha que ellos consideren oportuno, en esta ocasión ni contestaron. Parece que esa es la actitud que tienen los funcionarios del gobierno. Creo que hay que insistir”, planteó.
Esa solicitud fue recogida por la titular de la comisión quien manifestó: “El pueblo de la nación está solicitando respuestas sobre lo que está pasando con la cultura por eso vamos a insistir con la citación y que establezcan los días que pueden venir a la Cámara”.
La diputada Propato cuestionó el DNU que publicó el Gobierno en el Boletín Oficial que autoriza ejercicios con Chile y con Estados Unidos: “Claramente estamos frente a una flagrante violación de la Constitución Nacional”. También pasaron a la firma diversos proyectos.
La Comisión de Defensa Nacional, presidida por el diputado Ricardo López Murphy (EF), se reunió este martes para dictaminar una batería de proyectos de diversas temáticas, entre ellos el proyecto enviado por el Ejecutivo que solicita la autorización del ingreso y egreso de tropas al territorio.
Al inicio de la reunión el titular de la comisión procedió a pasar a la firma el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que por el cual se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de él, de fuerzas nacionales. En ese momento, pidió la palabra la diputada Agustina Propato quien señaló que hay un “claro incumplimiento de los plazos en el envío de los ejercicios militares porque tendrían que haber llegado la primera semana de marzo”.
Propato advirtió que este martes salió publicado en el Boletín Oficial un DNU que autoriza a dos ejercicios militares que “están contenidos en el paquete de propuesta a tratar hoy. Uno es con Chile y el otro es con Estados Unidos”, y alertó: “Lo cierto es que queremos denunciar que sistemáticamente se viene repitiendo esta situación”.
La diputada de UP remarcó que la Constitución Nacional en su Artículo 75 “le otorga y le confiere esta facultad al Congreso de la Nación de autorizar los ejercicios militares porque se trata del ingreso de tropas extranjeras a nuestro territorio y la salida de nuestras tropas fuera de nuestro territorio”.
“Es un tema que claramente compromete, o por lo menos, genera dudas acerca de la seriedad con que están realmente llevando adelante estas cuestiones. Ya lo vivimos en otras oportunidades y en este caso queremos denunciar que claramente estamos frente a una flagrante violación de la Constitución Nacional. Se están exponiendo a nuestras fuerzas armadas a un acto que tiene características de nulidad y que tiene características de inconstitucionalidad”, apuntó.
Otro de los proyectos que pasaron a la firma declara el interés de la Cámara de Diputados al programa “Embajadores Merlsenses por Malvinas” impulsado por el Municipio de Merlo. Se trata de un programa municipal que tiene como objetivo fortalecer la memoria colectiva y reafirmar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas en estudiantes de nivel secundario.
“Embajadores Merlsenses por Malvinas” tiene como objetivo fortalecer la memoria colectiva y reafirmar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas a partir de un concurso de arte, conocimiento y creatividad que promueve la participación inclusiva de estudiantes del nivel secundario de escuelas privadas y estatales, CENS y FinEs. Este programa municipal, premia a diez ganadores con un viaje a Malvinas junto a veteranos de guerra.
En ese marco, la diputada Roxana Monzón (UP), destacó que “no solo es un proyecto educativo, sino que es un proyecto de puente generacional que, entiendo, debe ser analizado como una herramienta pedagógica, pero también es un proyecto que tiene que ver con lograr justicia para los que dieron la vida por la causa Malvinas”.
“El proyecto entiende a los jóvenes como protagonistas de esta historia, como portadores de la causa Malvinas. Demás está decirles que los jóvenes siempre han sido protagonistas de grandes cambios y esta no es la excepción. Necesitamos que los jóvenes sean emblema de creatividad, necesitamos jóvenes con compromiso para seguir defendiendo la causa Malvinas, son el motor de los cambios históricos”.
“El municipio de Merlo ha sido sede fue el origen de este programa donde los jóvenes de las escuelas secundaria se manifiestan de diferente manera sobre la causa Malvinas. A través de una canción, del teatro, poesía, tik tok, ellos se expresan y manifiestan su sentir. Como premio a esta actividad que realizan, se les da la posibilidad de que 10 que ganan el concurso puedan viajar a Malvinas”, contó.
A su turno, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez quien es impulsor del proyecto comentó: “Trajimos una delegación de Merlo compuesta por nuestros primeros 10 embajadores merlenses para Malvinas, hay dos héroes de guerra, docentes que trabajaron en la propuesta que consiste en sumarse a otro programa que hay en Merlo que consiste en reencontrarse con el lugar de combate de los veteranos que lo deseen”.
“Esperamos que sea una causa que pueda unir a todos los argentinos más allá de las diferencias en otros temas, pero que la historia y el futuro nos pueda unir en ese sueño que tienen millones de argentinos de recuperar las islas y que así lo sientan estas nuevas generaciones”, planteó.
En tanto, el diputado Aldo Leiva (UP) y ex combatiente de Malvinas sumó: “La lucha continua, hoy, las armas son diferentes y tienen que ver con la educación, por eso, instarlos al compromiso con la Patria es fundamental”.
“Que Merlo sea el ejemplo, si cada provincia llevara a un grupo de veteranos junto a familiares de los caídos, no estaría faltando ninguna flor en ese lugar sagrado”, instó María Fernanda Araujo (LLA).
En el mismo contexto, se aprobó el proyecto de ley que reconoce al Brigadier Jorge Francisco Martínez en la “Guerra del Atlántico Sur” y le concede la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”
Asimismo, los legisladores reiteraron pedidos de informe al Poder Ejecutivo sobre la situación de IOSFA; solicitaron información sobre la posible venta de inmuebles del ejército argentino ubicados en la provincia de Córdoba; expresaron preocupación y rechazo a la Resolución N° 39/2025 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que convoca a la subasta pública del inmueble que se encuentra afectado al Regimiento de Infantería 1 "Patricios", entre otros.
También, se pasó a la firma el proyecto que se reconoce al brigadier (R) “VGM” Jorge Francisco Martínez en la “Guerra del Atlántico Sur” y concédase la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”. Además, la iniciativa que declara Héroes Nacionales al teniente coronel Juan Francisco Borges y al brigadier y capitán general Juan Felipe Ibarra.
Así lo expresó el doctor en ciencia política, Luis Sigman, en una reunión informativa de la Comisión de Prevención de Adicciones y Droga que se llevó a cabo este martes.
Con más de 100 muertes a causa de fentanilo contaminado, la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que preside la diputada Mónica Frade (CC), mantuvo este martes un segundo encuentro en el marco del estudio de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas (NSP) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
En esta ocasión, el doctor en Ciencia Política, Luis Ignacio García Sigman, coordinador de proyectos sobre drogas sintéticas de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, expuso sobre los “Mercados ilegales de opioides sintéticos en el Cono Sur”.
"El foco lo vamos a poner en los mercados ilegales de opioides en la región", indicó Sigman en el inicio del encuentro y definió a los opioides como “todas aquellas sustancias cuya estructura molecular es afín a los receptores opioides del sistema nervioso central y también del sistema gastrointestinal”.
Así, procedió a explicar los diferentes tipos de sustancias: “Podemos hablar de opioides naturales como el opio la morfina y la codeína, que habitualmente son conocidos como opiáceos. Por otro lado, podemos hablar también de opioides semisintéticos que son aquellos opioides que requieren de una base orgánica y, además de la intervención de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, en un proceso de fabricación lícito para obtener los como la heroína. Finalmente podemos hablar de opioides sintéticos que no requieren de ninguna base orgánica para su obtención, sino que se pueden obtener a partir de la síntesis derivada de la utilización de precursores químicos. Encontramos el fentanilo y remifentanilo”.
“Una dosis letal de heroína son 20 mg, de fentanilo son 2mg y carfentanilo son 0.2mgs”, precisó por lo que destacó que “la cooperación internacional es fundamental para el abordaje de este tipo de casos”.
Asimismo, alertó que “vemos un incremento en la frecuencia de procedimientos en los que se secuestra fentanilo farmacéutico, lo que forma parte de una tendencia amplia a nivel regional en América latina y el Caribe”. A nivel nacional, destacó que: “Casi la mitad de los procedimientos recientes se dieron en CABA Y PBA; y uno en las provincias de Formosa, Misiones y Mendoza."
En cuanto a las organizaciones delictivas, Sigman, explicó que “se identificaron grupos delictivos que contaban con al menos alguno de sus miembros relacionados con el ámbito de la salud.” “También detectamos organizaciones que tenían tradición en la venta de drogas que prevalecen en la región, pero que también operaban con ampollas de fentanilo farmacéutico. Y organizaciones que contrabandean fentanilo farmacéutico en la región", detalló.
"El alcance de la dinámica criminal, hasta 2025, tanto la operación de desvío como la oferta ilícita se daba dentro del territorio nacional, a partir del 2025, identificamos operaciones de tráfico intrarregional", agregó.
En la segunda parte de su exposición, Sigman abordó las diferencias entre los mercados ilegales de opioides sintéticos con los de América del Norte y los riesgos potenciales para la región.
Se trata del padre Juan Carlos Molina, quien fue titular de la Sedronar entre 2013 y 2015, y buscará retener la banca que arriesga el bloque en la Cámara baja. Son tres los escaños en juego cuyos miembros no renovarán. LLA y el Pro van separados.
Este domingo es el plazo límite para que los distintos frentes electorales en Santa Cruz presenten las listas de candidatos que competirán en las elecciones del 26 de octubre del 2025 donde se ponen en juego tres bancas en la Cámara de Diputados cuyos miembros no renovarán.
Se trata de los actuales diputados nacionales Roxana Reyes (UCR), Serio Acevedo (Por Santa Cruz) y Gustavo “Kaky” González (UP) quienes decidieron no presentarse a le reelección.
Así, el oficialismo provincial de Claudio Vial eligió como principal candidato de su lista al actual Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno, José Daniel Álvarez. Estaría secundado por Gisella Martínez, secretaria del vicegobernador de la provincia.
De la vereda de enfrente, el frente Fuerza Santacruceña que reúne al peronismo (Partido Justicialista, Kolina, Unión Popular) eligió al cura Juan Carlos Molina para encabezar lista a diputados nacionales. El religioso fue cercano al Papa Francisco y a la ex presidenta Cristina Kirchner. Molina había sido titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) entre 2013 y 2015, durante la segunda gestión de CFK. El cura estaría acompañado por Moira Lanesán Sancho del sector de Pablo Grasso. En el tercer lugar se confirmaría a Amadeo Figueroa abogado de Caleta Olivia.
Por el lado de La Libertad Avanza, aparece el nombre de Jairo Guzmán, presidente del espacio en Santa Cruz y titular del PAMI. Estará acompañado por Perla Gómez de la Fuente, Matías Alzugaray, Analia Barría, Giovany Albea y Paula Álvarez, quienes buscarán acceder a una banca en el Congreso Nacional.
En esta ocasión, el Pro irá con candidato propio a las elecciones y, de esta manera, eligió a ex concejal y ex candidato a Intendente de Río Gallegos Leonardo Roquel. La lista se completa con Andrea Gallegos y Horacio Padín.
El partido ARI-CC en Santa Cruz confirmó la nómina de sus precandidatos para competir en las elecciones de diputados nacionales, siendo cabeza de nómina Pedro Muñoz, secundado por Mariana Olmos, una reconocida profesional de la ciudad de Caleta Olivia, que aportó su trayectoria en el ámbito local y regional. En tercer lugar, fue incluido Omar Fernández, dirigente de Pico Truncado identificado como un opositor firme dentro del espectro político provincial.
En tanto, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, postuló para encabezar su lista a Gabriela Ance militante del Partido Obrero. La acompañan Luis Díaz, de la Izquierda Socialista, y Oriana Toloza, del MST.
La fuerza UNIR también irá con candidatos a diputados, cuya nómina quedó conformada por Diego Bavio, quien fue candidato a parlamentario del Mercosur, Graciela Julio y Rodolfo Gilio. Por último, el Nuevo MAS confirmó a Jorge Jesús Mariano al frente de la lista, histórico militante del partido y empleado mercantil. Será acompañado en segundo término por Victoria Gaspari.
El oficialismo provincial buscará retener una de las tres bancas en juego en la Cámara baja y la que arriesga en el Senado, donde los dos restantes escaños son de Fuerza Patria.
De cara a las elecciones del 26 de octubre, el oficialismo provincial de Neuquén a cargo de Rolando Figueroa pone en juego un escaño de los tres en disputa en la Cámara baja, mientras que por el Senado arriesga una banca de las tres que se renovarán. En cuanto a UP
Por el lado de la Cámara de Diputados dejarán sus cargos Tanya Bertoldi (UP), Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino) y Pablo Cervi (La Liga del Interior aliado al Gobierno nacional).
El pronóstico es de alta polarización entre el Frente La Neuquinidad del gobernador Figueroa y La Libertad Avanza. En tanto, el peronismo buscará perder lo menos posible en unos comicios donde arriesgará más que ninguna fuerza en un escenario atomizado.
De esta manera, el gobierno provincial eligió para encabezar su nómina a Karina Maureira, secundada por Joaquín Perrén y María José Rodríguez. En tanto, La Libertad Avanza eligió a Gastón Riesco para que encabece la nómina, seguido de Soledad Mondaca y Joaquín Figueroa.
Por su parte, Fuerza Patria hizo una alianza compuesta por el Partido Justicialista, el Frente y la Participación Neuquina (FyPN), el Partido Solidario y Libres del Sur. Así, postuló como candidata principal a Beatriz Gentile que es rectora de la Universidad Nacional del Comahue. El segundo puesto es para Fernando Pieroni y en tercer lugar irá Mercedes Lamarca.
La lista de Fuerza Libertaria es encabezada por el actual concejal capitalino Joaquín Eguía, secundado por Victoria Grandi y Mariano Rolla. Mientras que el Frente de Izquierda postuló a Julieta Ocampo, César Parra y Florencia Beltrán.
Además, la lista de Más Por Neuquén eligió a Amancay Audicio, Ramón Fabián Palavecino y Malena Julieta Ortiz. Por Desarrollo Ciudadano irán con la ex vicegobernadora destituida Gloria Ruiz, Carlos Roberto Cides y Laura Rosana Nievas. Por último, la lista de Unidad Popular solo presentó candidatos a Diputados, Claudio Vázquez y Anahí Ruarte.
Senado
En cuanto al Senado, se ponen en juego tres bancas correspondientes a Silvia Sapag y Oscar Parrilli, (ambos de UP) y Lucila Crexell que responde al gobierno provincial. Estos dos últimos no renovarán su lugar y dejarán el Congreso el 10 de diciembre de 2025.
De esta manera, la lista del Frente La Neuquinidad postula como candidatos principales a Julieta Corroza y a Juan Luis Ousset. Mientras que La Libertad Avanza eligió a la actual diputada nacional Nadia Márquez y al “radical peluca” Pablo Cervi como principales candidatos para el Senado.
Un paso más para defender la libertad y el futuro de Neuquén y el país.
Soy candidato a Senador Nacional por Neuquén, junto a Nadia Márquez en la lista de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo del Presidente @JMilei. Nos une la convicción de seguir construyendo un país… pic.twitter.com/xzHXkFJOeu
— Pablo Cervi (@CerviPablo) August 15, 2025
Por Fuerza Patria la actual senadora Sapag busca la reelección, secundada por Sebastián Villegas que buscará retener el lugar de Parrilli. En tanto, la lista de Fuerza Libertaria irá con Carlos Eguía y Cintia Meriño.
También presentó candidatos el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) con Andrés Blanco y Priscila Otton Araneda. En cuanto al frente Más Por Neuquén la boleta es encabezada por el dirigente de ATE Carlos Quintriqueo y la ex escribana general de la provincia de Neuquén Ana Sandoval. Por último, la lista de Desarrollo Ciudadano eligió a Marisa Torres San Juan y Luis Alberto Vázquez.
En la reunión también se informó que el próximo martes recibirán a la Escuela Superior de Guerra Conjunta. Pasaron a la firma proyectos de reconocimiento a producciones sobre Malvinas y Héroes Nacionales.
La Comisión de Defensa Nacional, que preside el diputado Ricardo López Murphy (EF), dictaminó un conjunto de proyectos que rinden homenaje a producciones literarias y audiovisuales a los veteranos de la guerra de Malvinas, y que reconocen a distintos protagonistas de la historia nacional como héroes. También se dio curso a proyectos de resolución y pedidos de informes sobre diversos temas.
El titular de la comisión comentó que el próximo martes 19 viene la Escuela Superior de Guerra Conjunta a las 11.30. A su vez, rindió homenaje a la Fuerza Aérea Argentina que el domingo 10 se cumplió el 113° aniversario del nacimiento de las fuerzas.
“Se celebra por el decreto del presidente Roque Sáenz peña que creó la escuela de aviación militar en los terrenos del Palomar donde está el asiento de la primera brigada aérea. La institución tiene como misión específica organizar, mantener y alistar la Fuerza Área de la Nación con el fin de contribuir a la defensa nacional ejerciendo la soberanía en el espacio aéreo”, planteó.
López Murphy leyó: “Asimismo a través del intituto de formación a lo largo de los años ha preparado y perfeccionado a su personal revalorizando su vocación, de modo tal, que todos sus integrantes asuman la responsabilidad de contribuir al cumplimiento de los exigentes objetivos de la institución”.
“Desde su comienzo la fuerza aérea trabajó con responsabilidad y firmeza para corresponder ética y profesionalmente al cuidado de los intereses que nuestra Constitución le ha conferido”, sumó y contó: “No puedo omitir que mi memoria el día 10 de agosto se concentró en los aviadores que cayeron en combate en defensa de la soberanía”.
Luego, se aprobó el reconocimiento al libro “Helicópteros en Malvinas” de autoría del Comodoro Julio Brouwer de Koning, veterano de la guerra. “Este libro, ‘Helicópteros en Malvinas’, de autoría de mi tío, que fue combatiente, pretende ser un aporte documental y humano, narrado desde la primera persona, pero con un sentimiento colectivo", destacó Gabriela Brouwer de Koning (UCR).
"Malvinas es una causa nacional irrenunciable, el Estado tiene la obligación de honrar y preservar el legado de quienes dieron la vida por nosotros: nuestros veteranos”, explicó la legisladora y agregó: “Pretende ser un puente entre generaciones, para que los jóvenes comprendan la magnitud de lo que sucedió en Malvinas, así como honrar y reconocer a los héroes”.
Por su parte, Julio Brouwer de Koning, autor del libro agradeció a los presentes “por seguir considerando a los veteranos de Malvinas que luchamos por la Patria”.
En el mismo sentido, los diputados dieron curso a la declaración de interés del documental “Malvinas: legado de sangre” que relata la historia de veteranos de la guerra que regresaron a las islas 42 años después del conflicto armado. “En el documental, se muestra cómo los veteranos, por primera vez, pudieron contar y compartir con sus nietos e hijos, todo lo que vivieron", señaló la diputada Roxana Monzón (UP), impulsora del reconocimiento.
A su turno, la diputada Silvana Ginocchio (UP), argumentó el proyecto de ley de su autoría que postula como héroe nacional al General Post Mortem, Felipe Varela: "Dedicó su vida a la defensa del federalismo, somos orgullosos herederos de Felipe Varela, esa resistencia perdura".
En la misma línea, los legisladores dictaminaron en favor de declarar como héroe nacional a Bernabé Araoz, a Francisco Bruno de Gurruchaga. Así como el reconocimiento al Brigadier veterano de la guerra de Malvinas, Carlos Antonio Tomba; y a la compañía de ingenieros de montaña 5 “General de División Enrique Mosconi”, entre otros.
En la reunión se establecieron lineamientos para el examen escrito, metodología y criterio de confidencialidad. Además, piden que el recinto de Diputados sea cedido para llevar a cabo el examen.
La Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas y Adolescentes, presidida por Natalia Sarapura, se reunió este martes para continuar con el concurso público a fin de elegir un nuevo titular de la Defensoría del Niño y les hicieron un particular pedido a los miembros del oficialismo.
Sarapura contó que “se inscribieron más de 200 postulantes para el cargo”, y precisó que del 22 al 28 de julio se hará un análisis, resolución y notificación de las impugnaciones. Además, se establecieron los lineamientos para el examen escrito, la metodología, criterio de confidencialidad, entre otros aspectos. Según explicaron, se garantiza un proceso de evaluación: “Transparente, seguro y respetuoso”.
El secretario de la comisión explicó que el Consejo Asesor Técnico propondrá los bloques temáticos de preguntas y respuestas con la modalidad de verdadero/falso, opción múltiple o consigna a desarrollar. Se conformarán seis bloques temáticos, siendo del 1 al 5 conformados por preguntas de opción múltiple y verdadero o falso, mientras que el bloque temático 6 incluirá consignas de desarrollo. Las preguntas y respuestas serán debidamente entregadas el 25 de julio, en forma impreso.
“Los integrantes de la Comisión Bicameral serán los únicos responsables del armado del examen. Los mismos determinarán el día para realizarlo en sesión reservada. El escribano público se presentará el día pactado con los sobres lacrados y custodiará todo el proceso. Para cada bloque temático de preguntas, se designará a dos legisladores de la Comisión Bicameral los cuales procederán a realizar un sorteo para extraer 14 preguntas para cada tema, totalizando 28 preguntas por bloque sin alteración alguna del material original propuesto por el consejo asesor técnico”, precisó.
Además, informó sobre las consignas a desarrollar de las propuestas de los consejeros, se elegirán cuatro, dos para cada tema al azar por un miembro de la Comisión Bicameral. A su vez, la confección del examen será realizada exclusivamente por los miembros de la Comisión Bicameral bajo supervisión directa del escribano.
Sarapura aprovechó la oportunidad de la presencia de dos legisladores oficialistas para pedirles “la viabilidad y la gestión de los recursos para el presupuesto de los concursos porque hasta ahora no se ha otorgado el presupuesto para dar cuenta. Estamos trabajando con presupuesto del año pasado y eso es fundamental”.
“Lamentablemente no estamos contando con el asesoramiento, el acompañamiento legal como lo hizo la comisión anterior que contó con el apoyo del Departamento de Asuntos Legales ni del escribano de la casa, por eso se está trabajando con el Colegio de Escribanos de la Ciudad”, criticó.
Por el oficialismo, alzó la voz su coterránea Vilma Bedia quien le respondió: “El presupuesto lo tiene que gestionar usted –Sarapura- no el oficialismo y hacer el proceso”.
Pidió la palabra la diputada de UP Eugenia Alianiello remarcó que el tema del presupuesto “lo hablamos más de una vez. Me sorprende senadora Bedia lo que dice porque hicimos una nota a la presidencia. Es un día importante para avanzar. Ustedes que son parte del oficialismo estaría bueno que viabilicen eso”.
“Hay mucho para hablar de este tema y sería bueno poder profundizarlo más adelante porque hay situaciones que nos podrían mejorar la dinámica del concurso si tendríamos el presupuesto asignado a la Bicameral”, sentenció Sarapura.
La titular de la comisión también planteó que se le ha solicitado al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que el examen se realice en el recinto. “Estamos esperándola respuesta y les solicito que nos ayuden en las gestiones porque esta presidenta tomó todas las medidas administrativas de gestión, de diálogo y, hasta ahora, no ha logrado tener unas respuestas positivas”.
“Los insto a que podamos colaborar todos para la realización del examen. Sería ideal el recinto porque cumple todas las condiciones. Seguimos insistiendo en la posibilidad que sea en el recinto. Nos parece que es el mejor lugar, el que cumple con todas las exigencias por la cantidad de concursantes que tenemos, pero también por todas las herramientas técnicas y de tecnología que tiene”, ratificó Sarapura.
Dado que el recinto del a Cámara de Diputados se encuentra bajo reformas, la senadora Bedia solicitó que, considerando que hay 230 inscriptos para este proceso, " que la comisión y la presidencia no bajen los brazos para que el examen se haga en el recinto. Sería un hecho histórico para esta bicameral, que impulso un Consejo de Asesor técnico ad honorem y que son los ojos del pueblo los que están esperando este proceso."
A su vez, la senadora Cora reclamó que "el lugar natural donde se tiene que llevar el examen es el recinto, no podemos estar dando vueltas. Al menos que haya un deseo manifiesto de que esto no funcione y que sea de entorpecer".
El calendario para elegir al Defensor sigue con la notificación previa al examen escrito, que tendrá lugar el 1° de agosto. En tanto, la fecha definitiva para la definición de los candidatos y su elevación a las Cámaras será el 22 de septiembre.
Se trata de las comisiones de Industria y Comercio; Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; Economías Regionales, Economía Social y Micro, Pequeña y Mediana Empresa; y Deporte. Todas establecieron días y horarios de reunión y un plan de trabajo.
Durante este jueves, el Senado de la Nación llevó adelante la constitución de cuatro comisiones permanentes de Industria y Comercio; Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; Economías Regionales, Economía Social y Micro, Pequeña y Mediana Empresa; y Deporte, en cuyas reuniones se procedió a la designación de autoridades, la determinación de días y horarios de funcionamiento y la presentación de un plan de trabajo para el presente período parlamentario.
Comisión de Industria y Comercio
La primera en conformarse fue la Comisión de Industria y Comercio en la que fue designado como presidente de la misma el senador santafecino Marcelo Lewandowski (FNyP), mientras que la vicepresidencia quedó para la macrista Guadalupe Tagliaferri y en la secretaría el radical Eduardo Galareto.
De acuerdo al artículo 103 del Reglamento que establece fijar días y horarios de reunión, se acordó que sea los martes a las 15.
Al hacer uso de la palabra, el santafecino expresó: “Esta comisión es fundamental y muy importante, es un ejemplo y alternativa que nosotros, desde esta cámara que representa a las provincias, debemos dar a un sector que es fundamental y básico que es la industria y el comercio, la producción genuina que tiene nuestro país y debemos atender más que nunca”.
“Esta comisión va a tener un trabajo arduo por todo lo que representa la industria y cada año trae sus preocupaciones. Tenemos que hacer un calendario de invitaciones para que expongan el problema de la industria y el comercio en el país”, planteó el jefe del bloque de UP, José Mayans.
Lewandowski comentó que van a girar todos los informes y proyectos presentados que tienen estado parlamentario para empezar a debatir muchos de ellos que “es una comisión que lamentablemente recién se conforma y hay muchas alternativas. Somos cabecera de muchos proyectos, otros se superponen con la Comisión de PyMES. Creo que podemos tener un trabajo mancomunado y hacer un plenario sería importante. Quiero que esta comisión apure proyectos”.
Foto: Comunicación Senado
A continuación, pidió la palabra la senadora chubutense Edith Terenzi quien, pese a no integrar la comisión, quien comentó que tiene un paquete de proyectos sobre inclusión referidos al autismo y uno de ellos está en la comisión. Se trata de un proyecto que establece la obligatoriedad para el rubro gastronómico para adaptar sus cartas con pictogramas. “Los pictogramas son dibujos que permiten que quienes tienen dificultades cognitivas, sobre todo a la condición del espectro autista, tengan la posibilidad de tener en sus manos una carta que puedan leer. Esto significa inclusión y libertad de elegir, de independencia”.
Terenzi se mostró decepcionada porque “es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo. Este proyecto ingresó en el 2021. En 2022 obtuvo dictamen unánime en las dos comisiones que fue girado. En el 2022 no pudimos lograr que se lo tratara en el recinto y perdió estado parlamentario. Cuesta un montón que lleguen al recinto”.
“Lo volvimos a presentar que tiene cabecera en Población e Industria. La última vez que esta comisión se reunió fue en diciembre de 2022. Le voy a poner todas las fichas a esta comisión a ver si funciona y si en algún momento se trata. Me duele no poder hablarnos y tratarlos y que luego no llegan al recinto”, manifestó.
El presidente de la comisión le respondió: “Queremos ponerle todas las ganas y yo no podía entender cómo esta comisión no estaba conformada. Lo que depende de la producción, venimos de provincias vinculadas al comercio y en el momento en que estamos transitando, no tener una respuesta desde estos lugares ni siquiera desde una comisión que toque esos temas, no estamos respondiendo al mandato”.
También se expresó la senadora fueguina Eugenia Duré quien se refirió a la cuestión de Tierra del Fuego: “Quiero recordar a lo que refiere al Régimen de Promoción Industrial de la provincia. Tenemos un proyecto de declaración por los 53 años que cumplimos el pasado 16 de mayo de la industria fueguina. Tierra del Fuego es el polo industria del país y ha sufrido en este año y medio taques a la industria por parte del presidente de la Nación. Queremos tratar este tema que refiere a la soberanía industrial y a los trabajadores que tienen en sus contratos y no saben qué va a pasar”.
En el mismo sentido se pronunció el radical Pablo Blanco quien propuso realizar un evento donde puedan asistir sectores vinculados a Tierra del Fuego a que expliquen lo que significa la industria electrónica a efectos de tratar de traer claridad porque “hay afirmaciones tanto de sectores políticos y de la prensa que nada atine que ver con la verdadera industria radicas en el sur y la importancia es la misma”.
Al cierre, se pronunció la vicepresidenta de la comisión: “Es importante empezar a escuchar a la industria y poner en tratamiento los proyectos y escuchar a los diferentes sectores industriales de cada región”.
Comisión de Medios y Libertad de Expresión
Luego fue el turno de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, que eligió por unanimidad como presidenta a la senadora Carolina Moisés (Convicción Federal). Quedaron en reserva las designaciones de la vicepresidencia y secretaría.
Durante el encuentro, senadores manifestaron su preocupación y repudio a los reiterados agravios del presidente de la Nación, Javier Milei, contra periodistas. y plantearon la necesidad de “generar protecciones ante los ataques permanentes a determinados periodistas solamente por opinar diferente”.
Comisión de PyMEs
A continuación, se reunió la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que ratificó por unanimidad a la senadora Nora Giménez (Unidad Ciudadana) como presidenta. Las designaciones para vicepresidencia (UCR) y secretaría (Pro) quedaron en reserva. Se acordó que la comisión se reunirá los miércoles a las 12.
La senadora Giménez expresó: "Agradezco el fuerte acompañamiento durante los años anteriores. Fue una gran responsabilidad y es un honor poder seguir presidiendo esta comisión donde se defiende a sectores comprometidos con el trabajo y la producción".
“Con esta gestión tenemos cifras alarmantes, y preocupantes y convocantes para que podamos desde el Senado hacer un aporte trascendente a través del trabajo parlamentario. Desgraciadamente nos ha quedado de la gestión anterior proyectos tratados y aprobados en comisión, y que no fueron tratados en el recinto. Venció el plazo y perdieron estado parlamentario. Será parte de la gran tarea que tenemos que llevar delante de la comisión que es amplia, que tiene que ver con economías regionales”, expresó.
“Es un sector del país que hoy cruje”, alertó Del Valle Giménez a fin de convocar una fuerte y comprometida acción y bregó para que “trabajemos con el mismo impulso y lleguemos a concretar con las iniciativas para que sean ley”. Por último, la legisladora reafirmó su compromiso con el desarrollo de las PyMEs y señaló que trabajará para concretar la reforma integral de la ley pyme, que es un importante anhelo del sector.
Al pedir la palabra, el radical Víctor Zimmermann afirmó que “hay un enorme desafío, sobre todo para nuestras provincias del norte, necesitamos de la mano de emprendedores y medianas y pequeñas empresas para dinamizar la economía. Hay un tema central donde tenemos que acelerar la discusión que tiene que ver con un RIGI para las PyMEs”.
“Cuando se votó el RIGI para grandes inversores, había un compromiso de un RIGI para pequeños emprendedores, es un programa de apoyo. Tenemos un desafío enorme para esto”, concluyó.
Comisión de Deportes
Por último, se llevó a cabo la reunión constitutiva de la Comisión de Deporte cuya presidencia quedó en manos de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana), la vicepresidencia para el bonaerense Maximiliano Abad (UCR); y la secretaría vacante. Se definió que la comisión funcionará los días jueves a las 14.
Al asumir la presidencia, la senadora Fernández Sagasti agradeció la confianza depositada y destacó su intención de imprimirle una "fuerte impronta de acción" a la comisión que “hace tiempo no está en funcionamiento”.
Foto: Comunicación Senado
“Sabemos que el deporte en el país está en discusión. Quienes creemos que es una inversión en salud y valores y también está quienes creen que solo es un negocio. Estamos discutiendo en el país qué clase de política deportiva queremos tener. Estoy segura que desde nuestros diversos puntos de vista vamos a encontrar puntos en común para trabajar. También recibir a las diferentes voces de clubes de barrio que son el corazón del deporte y también al deporte de alto rendimiento que está pasando una crisis muy importante por el desfinanciamiento que están atravesando y al deporte paraolímpico y de inclusión”, explayó.
El libertario Bartolomé Abdala y el radical Pablo Blanco solicitaron que la comisión se reúna cada 15 días para “analizar los proyectos a favor de los chicos del país que tanto esperan de nosotros”.
El presidente de la Nación vetó la ley de declaración de emergencia a Bahía Blanca y otras localidades bonaerenses afectadas por inundaciones. Esta es la tercera norma que voltea con la herramienta constitucional. Las otras dos fueron movilidad jubilatoria y el Financiamiento Universitario.
“Voy a vetar cualquier cosa que atente contra el déficit cero y el equilibrio fiscal”, fue la advertencia que el presidente de la Nación, Javier Milei, hizo hacia la oposición en el Congreso ante los eventuales leyes aprobadas que impliquen un costo presupuestario al Gobierno. Y cumplió ya en tres ocasiones.
Este martes, el Gobierno vetó la ley que declaraba la emergencia por inundaciones en Buenos Aires, puntualmente Bahía Blanca. Lo hizo a través del decreto N° 238/25, publicado en el Boletín Oficial, donde se indica que el veto es total.
La iniciativa había sido aprobada originalmente en Diputados por unanimidad el 12 de marzo –incluido el propio oficialismo-, pero el Senado terminó aprobando otro el pasado 7 de mayo, de autoría de Juliana di Tullio, Eduardo “Wado” de Pedro y Maximiliano Abad, que era muy similar y también salió por unanimidad. Finalmente se convirtió en ley el 5 de junio cuando el pleno del Cuerpo de la Cámara baja ratificó el texto que venía en revisión, pero en esa ocasión los libertarios votaron en contra. El resultado de la votación fue de 153 votos a favor, 32 en contra y ninguna abstención.
La norma creaba un fondo de 200.000 millones de pesos para la asistencia y reconstrucción de las ciudades afectadas por el catastrófico temporal. El Fondo Especial se integrará a través de las reasignaciones de las partidas presupuestarias que ordene disponga el jefe de Gabinete de Ministros. Se destinaría a otorgar subsidios y créditos para la reconstrucción de la estructura edilicia pública del Estado nacional, provincial y municipal afectada, para la construcción y reparación de viviendas de la población afectada, para reconstrucción y reparación que permita la normalización de los servicios públicos, y para la refuncionalización de actividades económicas que se hayan visto afectadas.
Movilidad jubilatoria la primera ley vetada
La declaración de emergencia a Bahía Blanca es la tercera ley a la que Milei le aplica el veto. Ya lo había hecho en dos ocasiones anteriores. El primer veto lo firmó contra la reforma de la fórmula de actualización de las jubilaciones por considerar que comprometía la sostenibilidad fiscal del Estado.
Tras un consenso entre la oposición más dura y la dialoguista, el 4 de junio se debatió en una extensa sesión el proyecto de ley que establecía una fórmula de movilidad jubilatoria y una recomposición del 8,1% para los haberes de la clase pasiva.
La iniciativa, cuyo dictamen era de los bloques UCR, HCF, IF y CC, resultó aprobada por 160 votos positivos, 72 negativos y 8 abstenciones, alcanzando así dos tercios de los votos de los presentes. Por esta media sanción fue que Milei llamó más de una vez “degenerados fiscales” a los legisladores, y también los culpó de la suba del dólar y el riesgo país.
Así las cosas y tras un debate que se extendió por más de ocho horas, Unión por la Patria y los llamados bloques “dialoguistas” (UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y Coalición Cívica) establecieron un acuerdo para establecer un cálculo que contempla el índice de inflación como referencia -al igual que el DNU-, pero suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE). A su vez, establecía una garantía para el haber mínimo, que tendrá como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total, que en abril fue de 268.012 pesos.
La iniciativa, cuyo dictamen era de los bloques UCR, HCF, IF y CC, resultó aprobado por 160 votos positivos, 72 negativos y 8 abstenciones, alcanzando así dos tercios de los votos de los presentes. Por esta media sanción fue que Milei llamó más de una vez “degenerados fiscales” a los legisladores, y también los culpó de la suba del dólar y el riesgo país.
Los votos a favor fueron 97 de Unión por la Patria; 34 de la UCR; 13 de Hacemos Coalición Federal; 8 de Innovación Federal; 6 de la Coalición Cívica; los 2 de Por Santa Cruz y Osvaldo Llancafilo del MPN. En tanto, los votos en contra fueron de La Libertad Avanza (36); Pro (30); MID (3); Ricardo López Murphy por HCF, y Buenos Aires Libre (2). Finalmente, las abstenciones correspondieron a la izquierda (5); las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo y Paula Omodeo (Creo).
Dos meses después, puntualmente el 22 de agosto de 2024 el Gobierno sufrió un nuevo revés cuando el Senado de la Nación aprobó definitivamente la ley con 61 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención, también con los dos tercios. Los votos positivos de los bloques UP, UCR, Pro, Cambio Federal, Unidad Federal, los dos santacruceños del Frente Por Santa Cruz y la senadora del bloque JSRN. En contra, además de los seis senadores libertarios, votó la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro).
En menos de 24 horas, el presidente anunció el veto a la ley de movilidad jubilatoria. Lo hizo a través de un comunicado que fue difundido a través de la cuenta oficial de la Oficina del Presidente en donde cuestionaba la iniciativa porque, según el oficialismo, tenía como único objetivo “destruir el programa económico”.
“El Congreso Nacional, en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, argumentaron desde Casa Rosada.
Así, anticipaban que “el proyecto sancionado con la anuencia de todos los partidos políticos es una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal; y por lo tanto será vetado por este Gobierno, el cual no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido”.
Esa advertencia se cumplió el 2 de septiembre cuando el presidente firmó el veto completo de la norma con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 782/2024, que constaba de tres artículos, el primero de los cuales observaba en su totalidad el proyecto de ley, mientras que en el segundo indicaba la devolución a Congreso del proyecto. De esta manera, el Parlamento disponía de la potestad de decidir si aceptaba el veto o insistía con la iniciativa. Y así lo hizo la oposición.
El texto volvió a la Cámara de Diputados en su carácter de cámara de origen donde debía ser aprobado con los dos tercios de los votos de los presentes y, si eso ocurría, el mismo proceso debería pasar en el Senado, pero eso no sucedió.
Con una gran movilización a las afuera del Congreso, el 11 de septiembre se convocó a una sesión en la Cámara baja que había sido solicitada por diputados de la UCR, Encuentro Federal y la CC. Finalmente, el oficialismo se alzó con el triunfo y logró blindar el veto presidencial contra la ley de movilidad jubilatoria tras contar con la ayuda de sus aliados y un grupo de cinco radicales.
Con el ojo puesto en las ausencias que achicaban mayorías para un lado y para el otro, por sobre todo en aquellos legisladores que respondían a sus gobernadores, el timón giró a favor de La Libertad Avanza y la votación resultó con 153 votos positivos, 87 negativos y 8 abstenciones. Hubo 8 ausentes. Con esa cantidad de diputados sentados, la oposición requería de 166 votos a favor para sostener la ley. Le faltaron 13. Durante la primera aprobación, los dos tercios se habían conseguido con 160.
Un día antes de la sesión convocada, el Gobierno había mantenido una reunión en Casa Rosada con cinco diputados de la UCR: Mariano Campero, Pablo Cervi, Luis Picat, Martín Arjol y Federico Tournier, quienes después de ese encuentro confirmaron que darían vuelta su voto (tres meses después fueron expulsados del Comité Nacional de la UCR). Solo Tournier no había estado en junio, pues todavía no era diputado. Ello, desató una fuerte interna dentro de la bancada radical. Al igual que ellos, también otros legisladores cambiaron de postura, incluso algunos de Unión por la Patria que responden a sus gobernadores.
Así las cosas, ocho radicales cambiaron su voto (de 7 afirmativos y un ausente a 5 negativos, 2 ausentes y 1 afirmativo); UP aportó por la afirmativa 97 en junio y 98 esta vez; el Pro cambió ausentes por negativos y uno pasó al apoyo de la ley; Innovación Federal modificó la posición a favor por la abstención; la izquierda pasó de abstenerse a acompañar; y el oficialismo solo perdió el voto de la mendocina Arrieta, quien ya no forma parte del bloque. Su logro fue haber construido los dos tercios con aliados y el puñado de radicales.
Financiamiento Universitario, la segunda ley vetada
Previamente a que el oficialismo lograra blindar el veto a la movilidad jubilatoria, el 15 de agosto la oposición llevó al recinto de la Cámara de Diputados el tema del financiamiento Universitario que proponía garantizar mayores fondos para las Casas de Altos estudios de carácter público durante todo el 2024.
Tras una maratónica sesión que se extendió por más de 20 horas, recibió la media sanción el segundo dictamen de minoría correspondiente al bloque radical, de los cuatro que se habían presentado. La votación resultó con 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención, correspondiente al mendocino Lisandro Nieri.
Un mes después, precisamente el 13 de septiembre, la ley se sancionó en el Senado con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención. Los votos en contra correspondieron a los legisladores de La Libertad Avanza, más los senadores del Pro Carmen Álvarez Rivero, Alfredo De Angeli y Enrique Göerling Lara, más el formoseño Francisco Paoltroni. Se abstuvo María Victoria Huala y estuvieron ausentes Lucía Corpacci, Silvina García Larraburu, Gerardo Montenegro y Rodolfo Suárez.
El 2 de octubre, Milei vetó la norma bajo el Decreto 879/2024, poco después de la Marcha Federal Universitaria. El presidente, justificó la decisión al argumentar que el financiamiento debía discutirse en el marco del Presupuesto Nacional 2025 y no mediante leyes “populistas”.
El veto fue ratificado en una sesión que se llevó a cabo en Diputados el 9 de octubre y la oposición no pudo salvar la Ley de Financiamiento Universitario. La votación por la insistencia de la norma, que debía reunir dos tercios de los presentes, resultó con 159 votos positivos, 85 negativos y 5 abstenciones.
En menos de un mes, el oficialismo anotaba una victoria más al lograr un tercio de legisladores que le permitieron sostener la decisión presidencial del veto, quienes fueron calificados por el presidente Javier Milei como los “85 héroes”.
A La Libertad Avanza los acompañaron sus aliados: 35 del Pro -excepto dos y un ausente-; 2 del Movimiento de Integración y Desarrollo; 3 tucumanos de Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo; la monobloquista de CREO Paula Omodeo; y 4 diputados de la UCR -Martín Arjol, Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier-. También lo hizo José Luis Garrido, del bloque Por Santa Cruz, alineado al gobernador Claudio Vidal; sin embargo, su compañero votó en contra del veto. En tanto, el radical Pablo Cervi, el quinto diputado de la UCR del grupo que se fotografió con Milei y había apoyado el veto sobre jubilaciones, se abstuvo en esa ocasión.
El veto, un as bajo la manga de Milei
Esta herramienta Constitucional que Milei convirtió en un “as bajo su manga” está establecido en la Constitución Nacional, cuyo artículo 83 especifica: “Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año”.
En concreto, esto significa que el camino que debe hacer el veto es: si una ley fue aprobada por mayoría especial en Diputados y, quizás también en el Senado, el Poder Ejecutivo puede vertarla sin importar el número con el cual fue sancionada. No importa si fue por unanimidad o dos tercios. La puede vetar total o parcialmente.
Las cámaras pueden insistir, pero esa insistencia, para ser válida, tiene que ser también, sí o sí, por los dos tercios. En ambas cámaras. En ese caso, de suceder eso, el presidente ya no puede hacer nada al respecto. En el caso de que las cámaras insistan, pero no se alcancen esas mayorías especiales necesarias, el tema no puede volver a ser tratado durante todo el año legislativo. Cabe aclarar que cuando se habla de 2/3, estamos hablando de legisladores presentes.
La agenda se alzó con una mayoría de ocho votos. El bloque oficialista no acompañó el mismo tras denunciar "falta de transparencia", una "mala interpretación del reglamento" y un "tratamiento exprés poco creíble". Por otro lado, fijaron una fecha para convocar a organizaciones y defensores.
Con un clima caliente y picantes discusiones, se llevó a cabo la cuarta reunión de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que preside la diputada Natalia Sarapura (UCR), en la cual se logró aprobar por mayoría un cronograma de trabajo de cara a la designación de un nuevo Defensor, cargo acéfalo tras la salida de Marisa Graham.
“Este procedimiento se encuentra definido en la Ley 26.061 y en la resolución 14 del Reglamento interno que la comisión ya discutió”, aclaró Sarapura y destacó que el cronograma es “con las mayores expresiones de consenso y preocupación porque hay que garantizar que el concurso sea aplicado con la mayor eficiencia y con el ajuste al reglamento”.
Sarapura afirmó: “Hemos construido procesos de acuerdo, de análisis, y de aplicación del Reglamento en una vocación colectiva que supere las cuestiones partidarias, y ponga sobre la mesa la realización de un concurso que sea ajustado al Reglamento y a la necesidad de tener, de la manera más eficiente y rápida, un defensor en el marco de la Ley 26.061”. El cronograma que se aprobó por mayoría establece:
El artículo del reglamento que desató el debate acalorado
Por las fechas para la publicación del listado de admitidos y no admitidos del 4/07 y 5/7, el diputado libertario Nicolás Mayoraz hizo una observación: “4 de julio es jueves, por lo que la recepción debería ser el 8 de julio, no el 7 porque no es 4 y 5, es 4 y 7 de julio”. El santafecino hizo hincapié en que debían ser dos días hábiles y planteó que la recepción de impugnaciones debería ser del 8 al 22 de julio”. La presidenta de la comisión le aclaró que el Reglamento en el artículo 7 establece dentro de los dos días hábiles posteriores. “Proponemos hacerlo el 4”, retrucó.
Mayoraz redobló la apuesta y remarcó que “el Reglamento dice que se hace dentro de los dos días, esto quiere decir que no hay un plazo de gracia. El día 7 termina ese día, usted no puede reducir los plazos, esa opción es del interesado no de la comisión”.
La diputada radical procedió a leer textual el artículo 7: “Listado de postulantes y publicación dentro de los dos días posteriores al cierre de la inscripción. La Comisión Bicameral deberá confeccionar la lista de postulantes admitidos y no admitidos, dejando debida constancia de los motivos de la exclusión. Este plazo puede ser prorrogado por única vez por el mismo término cuando las razones debidamente fundadas lo requieren. El historial de los postulantes admitidos junto con sus reseñas personales resumidas, tal como figura en el formulario de inscripción, debe ser publicado en el sitio web de ambas cámaras del congreso se refiere a dos días”.
Lejos de conformarse, Mayoraz volvió a plantear: “De ser publicados dos días. Estamos hablando de la publicidad. La publicidad es un acto fundamental, es decir, saber quién fue admitido y quién no fue admitido no puede ser un solo día de publicación, debe ser dos días de publicación”.
En ese momento, se metió en la discusión la senadora Stefanía Cora (Unidad Ciudadana) y remarcó: “Este trabajo es el esfuerzo de distintos asesores de legisladores de distintos partidos políticos que fueron y fuimos construyendo un consenso y un acuerdo apegado, siempre, al Reglamento que es nuestra principal responsabilidad”.
“Me parece que eso es importante dejarlo en claro para poder avanzar, porque todas las opiniones son claramente válidas en esta Bicameral, pero entiendo que lo que acá se presentó es resultado de un consenso y de un trabajo de todas las fuerzas que tenemos voluntad de que más temprano que tarde tengamos un defensor nombrado por el proceso que ordena sujeto a reglamento esta Bicameral”, expresó.
El diputado libertario continuó con su postura sobre la fecha y explicó: “Los plazos son siempre hábiles, la regla es plazo hábil, la excepción es plazo corrido. Si no dice nada es plazo hábil. El plazo siempre es hábil. Acá se aplica el derecho administrativo, no se aplica cualquier cosa. En el derecho administrativo los plazos siempre se computan en días hábiles. Entonces esto de que si no dice que es hábil y yo puedo hacer otra cosa, no. Siempre que el Reglamento no dice ‘hábil’ se considera que es hábil”.
“Le reafirmo que lo que dice este artículo es dentro de los dos días, o sea estipula la publicación en ese periodo”, le contestó Sarapura y siguió: “Este es un proceso de construcción de distintos ámbitos, por un lado, con asesores y, por otro lado, de una reunión informal que tuvimos. Es fundamental tener una vocación del respeto de tener un avance en la elección de un defensor en el marco de la ley, pero también construir los mayores consensos”.
Volvió a retomar la palabra Mayoraz, esta vez para quejarse por “reuniones reservadas, organizadas a las apuradas de la noche a la mañana”. “No me parece la mejor forma de trabajar”, cuestionó, al tiempo que planteó que “hubo diferencias entre los bloques en cuanto a cómo se aplicaba el Reglamento y cuáles eran los mejores plazos para aplicar”.
Así acusó: “Que ustedes hayan arribado a un aparente acuerdo hoy en una reunión mantenida a las 11 de la mañana para mí, lejos de darle claridad a esto, se la quita”, y reclamó la presencia de organizaciones porque “aquí no hay ni transparencia ni claridad. No ha habido ninguna consulta a las organizaciones”.
“Se está obviando en esto y se está cometiendo un error o se estaría cometiendo si lo resuelven que es de tomar una decisión trascendente, sin escuchar a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en los derechos de la niñez. Es muy grave porque si nosotros tenemos que definir qué perfil de defensor queremos y cómo valoramos y evaluamos la experiencia de estos cinco años en la que, por primera vez, tuvimos un defensor del niño, eso debe hacerse escuchando a las organizaciones y no a las apuradas”, reiteró y anticipó el rechazo al cronograma y una solicitud para realizar una reunión informativa convocando a las organizaciones.
“Queremos darle garantías a la sociedad a la comunidad de que esto va a ser algo transparente eso se lo debemos a los niños. No podemos hacer un procedimiento desprolijo y a las apuradas como lo estamos haciendo. Nosotros no vamos a acompañar esto, se están violando las fechas los reglamentos, no se respeta el reglamento, han reducido los plazos”, remató el libertario enojado.
Recogió el guante Sarapura quien le planteó: “Usted puede tener la decisión de ir o no ir a la reunión, pero tiene que ser respetuoso del proceso que se construye”. “Para ser respetuoso del proceso, esto se tiene que discutir acá. Si me está apurando para definir lo que va a hacer nuestro bloque, no es discutir”, le contestó Mayoraz.
“Tenga el respeto político, yo sé que ustedes tienen una dinámica de la democracia y la política distinta para ustedes construir consensos”, le enrostró la radical y denunció: “Claramente acá hay una intencionalidad de no avanzar y de no respetar los ejercicios que son de la política y de la democracia. Pido madurez política en no entrar en esas dinámicas que no benefician a nadie. Está haciendo una utilización del tema”.
Mayoraz propuso un cronograma propio desde su bloque que coincidía con los dos primeros ítems, pero planteó como fechas de publicación de listado 4 y 7 de julio para “respetar tiempos para corrección de exámenes”. Sin embargo, la votación resultó a favor de la propuesta inicial de mayoría.
Sarapura puso en valor el proceso logrado, por un lado, una reunión de asesores donde hubo una diversidad de opiniones sobre el reglamento y su aplicación. “Se han hecho correcciones en el cronograma que tienen que ver con una adecuación a propuestas”, destacó y remarcó: “Podemos tener distintos puntos de vista del ejercicio de la democracia y la política, creo que no está mal construir consensos, lo único que estamos haciendo es generar los procesos que tengan que ver con la construcción de acuerdos”, expresó.
“Para mi, generar todos los espacios de construcción son válidos y las reuniones informales fueron propuestas de las legisladoras que plantearon la necesidad de tener reuniones previas para evitar que los temas de los derechos de la niñez tengan este contexto. La mirada partidaria, sosegada e irrespetuosa del trabajo de legisladores. La reunión previa informal era una invitación honrar los espacios, no a acuerdos partidarios que no estén ajustados, sino construcción de dialogo y consensos y la política y democracia se ejercen así”, aclaró.
La radical, no se quedó callada y apuntó contra Mayoraz: “Me parece muy irrespetuoso que cuando lo que se construye no va con lo que pienso lo invalido. Hay personas que tenemos un ejercicio de la democracia distinto a otros y se han expuesto de sobre manera los procesos generados y los puntos de vista”.
Por su parte, la diputada del Pro María Sotolano sostuvo: “Por respeto a las organizaciones sociales nos dejaron en claro que quieren el concurso, terminar con el mandato de la Defensoría que venía hasta ahora y eso se cumplió. Fuimos avanzando pese a las diferencias, pero intentamos dar la discusión y logramos puntos”.
“Desde el Pro dejamos en claro que el concurso es algo que reclaman las organizaciones. Hay algo que se manifestó que es la voluntad de avanzar con el concurso y no encastrar el reglamento. Hasta el examen hay tiempos reglamentarios concretos y, después del examen podemos trabajar en un marco de acuerdo en un plan de trabajo y ahí están los matices. Nosotros planteamos tiempos hasta octubre. Hay que darles transparencia y garantías a los postulantes”, precisó. Sotolano también reclamó la presencia de las organizaciones para debatir y “darle una construcción colectiva a al Bicameral para que puedan ejercer su voz”.
“Hay plazos que son netamente que son de la política y esta Bicameral se va a tener que poner de acuerdo en montón de cuestiones. Lo más difícil son los acuerdos parlamentarios para llegar al recinto. Tenemos que ser claros con los tiempos para que sean ejecutables y transparentes en el reglamento”, concluyó.
También se manifestó en contra la senadora libertaria Vilma Bedia quien cuestionó: “No podemos ejecutar ni avanzar irresponsablemente porque acá no es la cuestión de banderas, nos tenemos que poner en el lugar de las instituciones que nos están mirando. Y sobre todo de los niños. Acá los niños son los protagonistas que están esperando una respuesta y no podemos hacer nada descabellado. Aferrarnos a las apuradas, al margen de los tiempos, a los consensos egoístas cuando tenemos que estar mirando la vida de niños y adolescentes”.
“No se puede evaluar en un día a 200 personas, porque se tiene que tener el perfil cuidado que requiere el puesto. No podemos desenfocarnos de la realidad de la sociedad, buscar un buen perfil con valores y convicciones que más de 20 años fueron olvidados”, cerró la jujeña.
Por último, Sarapura defendió: “El cronograma que se aprobó respeta plazos mínimos y máximos establecidos en el reglamento, en ningún caso se tomó de forma arbitraria. Considera todas las etapas obligatorias determinadas. Le da una organización lógica y eficiente a la aplicación y cumple el respeto de la publicidad. El derecho de los postulantes es lo que priorizamos y evitamos extensiones dilatoria que da la política a esta definición. Se tiraron fechas que nunca se aclararon esas propuestas. Los debates que enriquecen son los propositivos, no los descalificantes”.
“No hubo acuerdos de medianoche, interesados en una persona, son el ejercicio de la construcción de la política que se honra respetando la diversidad de opiniones ideológicas buscando un interés común, no la política se busca instalar lo que yo pienso y cuando no es así se desacredita y lo desvalorizo”, ratificó.
Por último, afirmó: “Tenemos un cronograma ajustado a la aplicación del Reglamento y a que tengamos un concurso y el 22 de septiembre tengamos los mejores candidatos”. En tanto, anticipó que el martes 24 de junio a las 16 horas “vamos a recibir a las organizaciones y defensores del pueblo porque es fundamental porque le da transparencia y dinamiza el concurso.
Fue en marco de una reunión de la Comisión de Salud del Senado donde seis expositores analizaron el tema sobre pensiones por discapacidad y auditorías. Luego, se abordó la problemática sobre la ludopatía del cual hay 22 proyectos presentados.
La Comisión de Salud del Senado, presidida por Lucía Corpacci (UP), mantuvo una extensa jornada este jueves en donde, tras pasar a la firma dos proyectos sobre donación de órganos e historia clínica ambiental, inició el debate con especialistas invitados sobre discapacidad y ludopatía. Cabe destacar que en una maratónica sesión la Cámara de Diputados aprobó y giró a la Cámara alta el proyecto que declara la emergencia hasta 2027 en materia de discapacidad.
Abrió la ronda de debate el Padre Pedro Molero, del FORO Permanente de Discapacidad, Promoción y Derechos, quien explicó que perder las prestaciones que reciben 250 mil personas “no es perder la prepaga y mañana ir y hacer la cola al hospital pública, significa quedarse sin atención directamente. No hay una atención de este tipo de prestaciones. No todas las personas con discapacidad necesitan este tipo de prestaciones, igual estamos cortos en cuántas personas deberían tenerla”.
Molero sostuvo que “el Estado no cuenta con hogares para personas con discapacidad, no tiene en lo público una respuesta. Las escuelas pueden ser un lugar de respuesta. El transporte también es un problema para trasladarse y acceder a una atención. Perder este tipo de prestaciones es quedarse en la nada por eso tenemos que darle respuestas a esas personas que necesitan atención”.
“Este Gobierno no ha buscado avanzar, pero no solo a nivel nación porque también hay responsabilidad de la provincia y son pocas las que invirtieron en tener centros de rehabilitación, atención temprana, son pocas las que armaron una red he invertido en esto”, cuestionó.
Así, indicó que “el Estado cubre la pensión que es casi un 25% de las personas que se atienden, pero lo demás sale de las obras sociales que pagan los trabajadores. Al PAMI le implica un 3% de su presupuesto estas prestaciones. Acá se juegan personas, no se puede discutir mucho”.
Además, precisó que la última actualización de las prestaciones fue en noviembre de 2024 donde se dio un 1% retroactivo a octubre, un 0,8% para noviembre y un 0,5% para diciembre, o sea entre todo un 2,3%. “No se cubría lo que fue inflación de octubre, todo fue para atrás y a, partir de diciembre, no se convocó más al directorio para tratar el tema”, denunció.
Luego expuso Celeste Fernández de la Asociación Civil por la Igualdad y la justicia quien señaló que “es una discusión que nos tiene que interpelar como comunidad política. El año pasado se inició un proceso de auditorías en todo el país sobre las personas que son beneficiarias de las pensiones no contributivas y creemos que hay una serie de problemas sobre qué y cómo se está auditando”.
“Hay problemas graves en qué se está auditando y en el cómo. En septiembre del año pasado se modificaron los requisitos para acceder a las prestaciones. Hoy con la regulación actual se vuelve a evaluar si una persona tiene ‘invalidez laboral’ bajo determinados diagnósticos médicos. Un sistema obsoleto y un sistema de creencias y prácticas que jerarquizó los cuerpos de las personas y condenó a vivir a las personas con discapacidad a vivir vidas devaluadas”, criticó.
Fernández señaló que “la exclusión que enfrentan no depende de porcentajes definidos por médicos, la exclusión es sistémica, es estructural y depende de barreras sociales, de prejuicios que hacen que no haya políticas de inclusión social y laboral”.
“La pensión no llega a los 290 mil pesos y no alcanza a cubrir a una canasta básica total y tampoco al salario mínimo, vital y móvil. Dejó de importar que la mayoría de las personas con discapacidad empleadas, que son pocas, tienen baja remuneraciones. Se vuelve a evaluar si tienen familiares obligados a proporcionarle alimentos, esto viola directamente el artículo 19 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, indicó y comparó que “estos requisitos en 2023 se habían derogado, pero ahora se volvió a una regulación desde hace tres décadas”. Fernández indicó que “el proceso de auditorías está teniendo falencias gravísimas que violan el debido proceso administrativo”.
La doctora Elizabeth Aimar, presidente de la Red de Asistencia Legal y Social, sumó: “Está en crisis todo el sistema donde se apoyaban todos los derechos que Argentina ha ratificado. No podemos darnos el lujo de volver hacia atrás, no hay que regresar atrás en materia de derechos humanos”.
“Se está teniendo una mirada de un modelo que dejó de existir hace 60 años. Hay que legislar con medidas de acción positiva y no por humanidad: las personas con discapacidad y las familias no necesitan que los miren con humanidad o empatía, necesitan que se cumplan las leyes. Familias con discapacidad llegan diciendo que perdieron la prestación, no pueden ir a lugares porque el transportista no va, esa es la situación que viven esas personas. Tenemos que comprometernos todos al cambio de que las personas con discapacidad puedan disfrutar y ser incluidos en sociedad y al sistema laboral que le permita ser competitivo y les den el valor social que merecen para tener una vida independiente y tener lugares de esparcimiento”, reclamó Aimar.
El presidente de la Asociación Tiflológica Luis Braille de Mendoza e integrante del seleccionado argentino de fútbol para ciegos “Los Murciélagos”, Federico Accardi, expresó: “Todo el colectivo de las personas con discapacidad necesitamos que se declare la ley de discapacidad en emergencia porque estamos sufriendo, nos costó mucho poder llegar a acceder a nuestros derechos”.
Florencia Braga Menéndez, directora de proyectos en ALAPA, reclamó: "Les pido que veamos la forma de reclamar un instrumento real de vigilancia: pongan ustedes, como comisión de Salud, una instancia a la que podamos acercarle los casos de los miles de personas que no están siendo cubiertas". En tanto, Eduardo Maidana del FORO permanente de Discapacidad sostuvo: “Estamos defendiendo la equidad, la transversalidad y la posibilidad de cada ciudadano, más allá de su condición, a tener acceso a la educación, a la salud y a todo aquello que necesite para ser un ciudadano derecho”.
Ludopatía
A continuación, la presidenta de la Comisión explicó: “Tuvimos respuesta de la secretaría parlamentaria sobre ludopatía que tenía pase a diversas comisiones, por lo que ahora todos los proyectos tienen giro a Salud, Legislación General, Justicia y Asuntos Penales”.
Así, precisó que “son las mismas comisiones y tenemos 22 proyectos en relación a ludopatía más la media sanción de Diputados, quiero pedir que insistan ante los presidentes de las comisiones para poder hacer las plenarias y avanzar con ludopatía. Es un tema que nos preocupa enormemente a todos”.
De forma breve, la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) pidió que se empiecen a trabajar los proyectos de forma tal de llegar a las plenarias con las iniciativas trabajadas conjuntamente con la media sanción de Diputados y poder consensuar porque “es un tema importante y no dilatarlo y consensuar modificaciones entre todos si es que se promueven para no tardar años en debatirlo”. Corpacci le aclaró que desde hace una semana se empezó a realizar ese trabajo para tener algo avanzado.
Hecha esas aclaraciones, la invitada Verónica Laplace, presidente del Consejo Consultivo Salud Mental y Adicciones, manifestó: “Venimos a expresar nuestro apoyo al proyecto de ley de prevención de la ludopatía que ya tuvo sanción en Diputados. Es un instrumento legal que propone una respuesta, un abordaje a una problemática de salud mental creciente que es el consumo problemático digital en adolescentes y jóvenes”.
“Es una respuesta a toda una variedad de acciones que implican el uso de las tecnologías y dentro de ello la apuestas en línea. Acciones que es preciso regular las apuestas en línea dado que afectan a las infancias, adolescencias y juventudes de un modo muy preocupante”, alertó.
Por último, Miguel Tollo, presidente del Foro de Infancias, planteó que “es sumamente necesario trabajar en la ley de ludopatía, los adolescentes perciben que el proyecto de vida es una cuestión azarosa, los adolescentes necesitan mucho de los adultos y de la protección comunitaria por eso es importante cuando plantea la necesidad que el sistema educativo se haga cargo dela situación. Hay que trabajar en la publicidad, en la virtualidad y la alfabetización digital”.
“Es una preocupación muy grande esto. El juego de apuestas lo caracteriza le vértigo a perder, no las ganas de ganar. El que apuesta va a perder. Entonces el adolescente tiene en eso un riesgo porque es fascinante para él. La publicidad les dice ‘no jueguen, esto es para adultos’, nada mejor para un adolescente eso”, explicó Mollo.
Así, agregó que “la problemática se suma dentro de lo que son los consumos problemáticos, no es solo una ludopatía, es algo interdisciplinario e intersectorial. No son patologías individuales, se necesitan distintos abordajes, y bregó que la ley salga porque “es muy importante el tema”.
Proyectos de declaración y comunicación
Por último, pasaron para la firma los proyectos de comunicación presentados por senadores y senadoras de diferentes bloques. Entre ellos, los referidos a la reestructuración del Hospital Nacional "Lic. Laura Bonaparte", el seguimiento del cáncer cervicouterino y del virus del papiloma humano, la implementación de la Ley 26.845 sobre concientización en donación de órganos, el aumento de los casos de sífilis, la cobertura de vacunación contra enfermedades como sarampión, rubéola y poliomielitis, y la distribución de insumos del Programa de Salud Sexual y Reproductiva. También se abordaron cuestiones vinculadas a la situación epidemiológica del dengue y la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de retirar a la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Asimismo, se pasaron a la firma siete proyectos de declaración, entre ellos la adhesión al Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales y al Día Mundial de la Hipertensión, así como reconocimientos a eventos médicos de relevancia, como el Congreso Argentino sobre Rejuvenecimiento y Longevidad Saludable en Rosario, el Simposio sobre Lupus en el Senado, el 50° Congreso Argentino de Anestesiología en Buenos Aires, y el XXXIX Congreso de la Federación Argentina de Ginecología y Obstetricia en Posadas. También se expresó beneplácito por una exitosa intervención fetal gemelar realizada en Tucumán, y preocupación por el estancamiento de la tasa de donación de órganos y tejidos.
Los miembros de la Comisión de Salud del Senado ya le habían enviado una nota de citación para esta semana, pero no obtuvieron ninguna respuesta por parte del funcionario a quien le solicitan que brinde un informe sobre su área a nivel nacional.
En medio del conflicto entre el Gobierno y los médicos y residentes del Hospital Garrahan, la Comisión de Salud del Senado, a cargo de la catamarqueña Lucía Corpacci (UP), volverá a citar al ministro de la cartera, Mario Lugones, para que asista a una reunión y brinde un informe sobre la situación del país y la decisión del cierre de determinadas áreas.
Corpacci recordó que se había invitado al ministro de Salud para que asistiera a comisión y brinde un informe sobre la situación de la salud en el país que “era una preocupación y había sido planteada la semana anterior, no tuvimos ninguna respuesta y tampoco vino el ministro”.
“Vamos a volver a circular la nota, dado que no todos la habían podido firmar, para insistir con la presencia del ministro”, comentó.
Al pedir la palabra, la vicejefe del bloque UP, Anabel Fernández Sagasti, apuntó: “Todas las semanas tenemos un martes 13 en el área de salud del Gobierno nacional, lo único que nos queda es interpelar, lamentablemente, aunque el oficialismo se enoje, pero nosotros queremos saber cuál es el plan que tiene el ministro con cierres de áreas tan caras a la salud como el Instituto Nacional del Cáncer, sistema de infectología, el conflicto del Garrahan”.
La iniciativa es de autoría de la senadora Silvia Sapag quien explicó que se trata del derecho que tiene el paciente a que se registren los factores ambientales en su historia clínica para poder determinar ciertas patologías.
La Comisión de Salud del Senado, a cargo de la senadora catamarqueña Lucía Corpacci (UP), debatió y pasó a la firma un proyecto de ley que propone la incorporación de una historia clínica ambiental de los pacientes.
Corpacci explicó que el proyecto también fue tratado en asesores. “Es muy importante incorporar la historia clínica ambiental porque cuando se hace una historia clínica de una persona, no es lo mismo si vive en un barrio que tiene cloacas, agua potable, de aquella que no lo tiene. No es lo mismo la que vive en una zona de alta contaminación ambiental”, precisó.
“Hay una serie de patologías que está relacionada por las condiciones en donde vive la persona, del ambiente en el que viven y orienta a la pesquisa de ciertas patologías como pueden ser parásitos, hepatitis, afecciones pulmonares. Es muy importante que estén reflejadas en la historia clínica. Explorar el ambiente, las condiciones de vida de la persona estén incorporados en la historia clínica”, resumió.
La autora de la iniciativa, la neuquina Silvia Sapag comentó que impulsó el proyecto por una invitación de la Sociedad de Pediatría Argentina y relató una experiencia personal de vida: “Yo nací en mi casa en Neuquén al igual que mis hermanos porque no había hospital. En la ciudad si había un solo hospital, pero no en el resto de la provincia. Había cinco médicos en el resto de las provincias. El frío y la pobreza hizo que hubiera enfermedades endémicas como tuberculosis, brucelosis, el bocio, hubo que luchar”.
“En el 63’ la mortalidad infantil era de 165 por mil, o sea de mil chicos un total de 165 morían. Se empezó una campaña de vacunación, de construir hospitales, caminos, etc. Así se fue bajando la mortalidad infantil y en el año 70 era 125 por mil, y en el 73 era el 61 por mil. En 2025 tenemos el 6,13 por mil. No solo porque se insistió en tener mejor atención médica, sino por otras series de condiciones como construcción de viviendas”, detalló.
Sapag concluyó que “el ambiente incide en la salud de niños y grandes. Es el derecho que tiene el paciente a que se registren los factores ambientales en su historia clínica”.
La iniciativa modifica la Ley Justina y establece que la donación de órganos de menores de edad fallecidos debe contar con la autorización de los dos progenitores. “Hay 183 niños en espera de trasplante”, informaron.
La Comisión de Salud del Senado, presidida por la catamarqueña Lucía Corpacci (UP), pasó a la firma un proyecto de ley que modifica la Ley Justina 27.447 respecto de la autorización para la donación de órganos de menores de edad post mortem por parte de los dos progenitores.
Corpacci contó que tuvieron una reunión con familiares de niños que esperan un trasplante quienes les comentaron su “dolorosa situación y concurrieron al Senado a solicitarnos su apoyo para fomentar la difusión de la importancia de la donación de órganos pediátricos y modificar la ley en cuanto la autorización para menores”.
“Esto proyecto se trabajó en dos oportunidades con asesores. Sufrió modificaciones y, en definitiva, se pide que los menores de 18 años tengan, para poder manifestar su voluntad de donación, la autorización de sus progenitores y, por supuesto, tienen que ser los dos progenitores quienes lo autoricen”, explicó y aclaró: “Todo el caso se habla de trasplantes de órganos post mortem, no estamos hablando de donantes vivos”.
Corpacci precisó que “es una necesidad imperiosa en el país porque hay 183 niños en espera de trasplante con una situación angustiante de la familia que no encuentran respuesta”.
Autor de la iniciativa, el senador Daniel Bensusán (UP) contó que el texto nació a raíz de entrevistas que tuvo con padres de niños que necesitan un trasplante respecto de la necesidad de manifestar la voluntad de los menores de 18 años, siempre se habla de situaciones post mortem. “En Argentina los únicos que pueden hacer trasplantes en vida son los mayores de 18 años y con ciertos requisitos de familiaridad”, aclaró.
“El caso de menores de 18 años que, lamentablemente fallecen, esa manifestación por lo general se produce en el momento de que pasó esa situación, con lo cual, obviamente, los papás o la mamá de ese niño o niña que acaba de fallecer no es el mejor momento para pensar de manera tranquila, clara y pensando en que puede salvar una vida, de que le va a autorizar la donación de los órganos de su hijo”, contextualizó el senador pampeano.
Bensusán informó que “hoy en Argentina hay más o menos 10.000 personas entre adultos y menores que esperan un trasplante”, y sumó: “Son menos de 200 a 180 y pico los menores de 18 años que necesitan un trasplante”. En ese sentido, remarcó que a partir de la sanción de la 27.477 la Ley Justina se han incrementado los porcentajes de donantes en la Argentina, pero señaló que “siempre ha sido mucho más bajo el porcentaje de donantes menores de 18 años porque, afortunadamente, en la Argentina la tasa de mortalidad infantil es baja”.
El senador de UP también remarcó la falta de información en situaciones de la vida normal y habitual de una familia. “Esta situación de permitir o facilitar de que los papás y las mamás puedan, en cualquier momento de la vida de sus hijos menores de 18 años, manifestar la voluntad o pensar en la posibilidad de que sus hijos puedan ser donantes y que pueden salvar una vida, que pueden ayudar a mejorar la vida de otros”.
“Este proyecto de ley que busca modificar la Ley Justina a este solo efecto de que los papás y las mamás de menores de 18 años, de acuerdo a nuestro Código Civil después de la reforma respecto a la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes menores de 13 años, sí o sí necesita la autorización de ambos progenitores”, explicó.
Bensusán planteó que la ley “no va a hacer magia para que haya más donantes”, peor “podemos darle las herramientas para facilitar la manifestación, pensar y prever campañas de sensibilización, de concientización”. Así, contó que hay otro proyecto que propone modificar la Ley 26.845 que es de promoción de toma de conciencia de la donación de órganos de personas mayores y menores para que “se hable de la donación pediátrica y se entienda de qué se trata, de la ayuda que le podemos dar. Reforzando los canales de difusión, de concientización esta modificación en la normativa que, de hacerlo, vamos a lograr que la Argentina pueda tener una mayor cantidad de donantes menores de 18 años”.
A su turno, la vicejefe del bloque de UP, Anabel Fernández Sagasti, expresó: “Es una lucha de los padres para salvar la vida de sus hijos. Es una costumbre argentina más bonita, transformar el dolor en lucha”.
“El principal objetivo es la difusión para salvar vidas, para concientizar, para que la solidaridad vuelva a reinar en el país y se ponga de moda”, remarcó. La mendocina se emocionó al homenajear a Thiago Narváez un chico que falleció en Tunuyán el 30 de mayo: “Su mamá hizo una publicación linda porque decidieron donar los órganos de su hijo. El dolor más grande que puede sentir una persona es perder a un hijo”.
“Este chico donó cinco de sus órganos y pudo salvar la vida de otras personas. Hoy muchos padres pueden seguir respirando. Ojalá podamos llevar este excelente proyecto al recinto y dar la punta pie para cambiar el paradigma de la sociedad”, cerró.
A continuación, el misionero Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia) sugirió que “este proyecto vaya en paralelo con el del senador Andrada del día de concientización y difusión del 30 de mayo y poder avanzar con los dos dictámenes para que informe a la población”.
Arce señaló que “podemos tener un problema con los protocolos en centros de salud donde hay mucha asimetría en el país, incluyendo la Ley Justina, de los números de trasplante que tenemos. Este proyecto de ley puede servir, porque hay provincias que tiene números escasos de trasplantes. Ojalá esto empuje a la concientización de la donación y que haya protocolos de generación de trasplantes”. Esa iniciativa, será tratada en una reunión conjunta con la Comisión de Educación.
Referentes de cámaras empresariales y PyMES coincidieron en que la actividad pesquera en Argentina “representa un sector que genera muchas divisas para el país y también muchos puestos de trabajo”. También pidieron diálogo con los gremios para modificar el Convenio Colectivo de Trabajo.
La Comisión de Industria de Diputados, presidida por la chubutense Ana Clara Romero (Pro), recibió a referentes de cámaras empresariales y PyMES del sector pesquero y naval quienes expusieron sobre la situación de crisis que atraviesan, por lo que pidieron un “diálogo sincero” entre las partes para arribar a un acuerdo.
El primer expositor, Eduardo Boiero de la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina (CAPECA) sostuvo que la situación de la industria “es igual a la que atraviesa el resto de las industrias del país”. “El Gobierno nacional está tratando de controlar la inflación, tipo de cambio, pero para la industria pesquera esta foto es complicada y nos vemos en la situación de reordenar la micro nosotros, con nuestros proveedores y trabajadores. Eso venimos intentando desde hace un tiempo, poner sobre la mesa los números de las pesquerías. No solo pesquería de langostinos está con problemas, sino varias otras y tiene que ver con el reordenamiento de la micro”, manifestó.
“Esto trae situaciones incómodas y de conflicto, pero no vemos otra salida, no tenemos una solución mágica para los problemas y, simplemente, sentarnos en una mesa todos y reorganizar lo que no funciona. Es lo que estamos haciendo de manera informal. No hemos hecho una presentación formal de procedimientos preventivos de crisis. Hemos presentado los números de manera informal a algunos gremios en marzo y, ahora, llevamos los números al Ministerio de Trabajo expusimos los números y la situación y cuál es la salida, pero estamos a la espera de un diálogo constructivo con los sectores de la pesquería”, planteó.
Por su parte, Agustín de la Fuente, de (Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CONARPESA y CAPIP) expresó: “No son situaciones para nada cómodas. Generamos para el país más de 2 mil millones de dólares, tenemos un impacto de más de 60 mil puestos de trabajo y de forma indirecta son mucho más y siempre tratamos de encontrar el estándar para ser declarados de economía regional, pero el derrotero de situaciones diarias que vivimos en cada localidad con puerto, tiene más significancia las economías regionales y podemos hablar de un montón de cuestiones que tiene que ver con el sector pesquero nuestro”.
“Nosotros no somos formadores de precios internacionales, nuestra materia es meramente exportadora, culturalmente nuestro consumo interno es mínimo. La solución no viene por el mercado interno, porque culturalmente somos generadores de divisas y tenemos una matriz meramente exportadora”, señaló.
De La Fuente sostuvo: “Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las matrices exportadores como el tipo de cambio. ¿Cómo hacemos competitivos los puertos? ¿Cómo son las tasas en cada municipio? pero la cadena productiva la componemos entre todos trabajadores, empresas, capital instalado. Hoy vamos en una situación que, si no nos ordenamos internamente, vamos a padecer un montón de situaciones que están hoy con otras matrices productivas”.
“Cabe aclarar que nosotros todavía tenemos toda nuestra capacidad instalada trabajando sin haber despedido un solo trabajador. Pero me parece que da pie para que discutamos cuestiones de adecuación, a que las condiciones no las ponemos nosotros. En un montón de cuestiones estamos operativamente fuera de la foto de costos y necesitamos actualizar condiciones que están antiguas a jornadas”, exigió.
Así, afirmó: “Sabemos que esta es una reunión informativa, no venimos a pedir nada porque también surge de la situación de que un montón de discusiones tributarias, cuestiones de derechos de exportación que paga el sector pesquero creo que con la Ley Bases ya dimos la discusión”.
“Pero hoy me parece que necesitamos ordenar esos convenios colectivos o esos acuerdos que hemos tenido hace muchos años para poder seguir trabajando. Obviamente de nuestra parte, de todas las cámaras hacemos hincapié en que el único camino es el diálogo, que el único camino es la sinceridad, que nosotros podemos tener sobre una matriz productiva impacta en nuestras familias, que vemos muchos trabajadores en nuestras plantas, en nuestros barcos, en cada servicio que generan nuestras provincias y cada puerto que tiene el litoral marítimo”, aseguró.
Así, el representante de CAPIP advirtió: “Si nosotros no informamos un estado de crisis que está al borde de un conflicto, porque la verdad que los conflictos se van a empezar a atender cuando estemos en la calle , cuando todos nos quejemos o cuando nosotros reflejemos todos los días que tenemos más de 113 barcos amarrados en los puertos porque no podemos dialogar con la otra parte, entonces este lugar es donde nos venimos a manifestar, dónde venimos a pedir a todo el Parlamento que el único camino es el diálogo para poder seguir trabajando y creo que manifestar eso todos los días es lo que nos va a llevar a ponernos de acuerdo para lograr eso”.
“Somos una matriz productiva mucho más importante que un montón de economías regionales sin quitarle importancia a ninguna, pero creo que desde desconocimiento que hay a nosotros también menos cabe explicar qué significa nuestro sector productivo. Las pesquerías la están pasando mal, todas estas empresas están fundidas, están haciendo un esfuerzo enorme para estar en pie y para que cambien las condiciones, pero me parece que si no ponemos un poco en agenda ésta urgencia vamos a ver muchos conflictos en la calle”, alertó.
“El único camino para lograr acuerdos y seguir trabajando va a ser el diálogo y ser sinceros para que los números sean claros. Los números son fríos, son situaciones incómodas, pero va a ser la única situación para seguir trabajando”.
A su turno, de Continental Armadores de Pesca S.A (Conarpesa), Darío Baroli, afirmó: “Nos interesa que sepan la magnitud que tenemos del problema en la flota langostinera que es un tema de precio”, y explicó: “Cuando se estableció el Convenio Colectivo de Trabajo con la gente de la marinería y la maestranza el precio del langostino era de $12,000 la tonelada promedio de venta en el año 2005 en la actualidad ese mismo langostino hoy vale $5500, o sea que el precio ha decrecido de manera significativa”.
“Nosotros no somos formadores de precio, viene dado de afuera. Entonces lo que buscamos nosotros, de alguna manera con los gremios, con quienes nos hemos reunido estos últimos días, es poder adecuar el precio de venta al precio de las liquidaciones que nosotros estamos pagando hoy”, explayó.
Baroli indicó que “el costo actual es superior al precio de venta, el valor de las tripulaciones en su totalidad llega a ser el 60% del total del precio de venta, cosa que antiguamente era alrededor del 35%. Esa es la situación que nosotros estuvimos viendo con los gremios y no hemos podido ponernos de acuerdo tan siquiera no hemos podido ni discutirlo”.
“Entonces lo que velamos, de alguna manera, es tratar de ver los números que nosotros proponemos, los números reales que tenemos, y poder discutirlos para tratar de tener algún tipo de acuerdo”, propuso y sumó: “Sabemos efectivamente que para los gremios modificar el Convenio Colectivo es sumamente difícil. Yo creo que a nadie nos gusta ganar menos, pero la realidad es que, en esta circunstancia, en esta situación actual se hace muy difícil que los barcos salgan a pescar durante este año”.
“Los buques congeladores tangoneros, que son alrededor de 106 más o menos, hacen alrededor de 100,000 toneladas por año. Este año tan siquiera ni salieron a pescar todavía”.
El referente de Conarpesa pidió “poder discutir todo esto, que los gremios no se escuchen, que vean los números reales para comprobar que es cierto. Esto es una situación circunstancial creemos nosotros, una crisis circunstancial y la situación se atiende con medidas circunstanciales”, y contó que “la gente está parada hace 7 meses prácticamente y si perdemos esta campaña de langostino que son los próximos cuatro meses, vamos a tener otros siete meses parados. Esto quiere decir que prácticamente en 18 meses la gente no va a trabajar”.
“Ese es el principal problema que tenemos después tenemos otros costos que son sumamente importantes también dentro del total que es los estamos trabajando con cada uno de los sectores Los costos portuarios, estiba, proveedores y varias cuestiones más, pero lo principal de todo esto para empezar destrabar la situación es la apertura de una discusión seria y cierta sobre los números que nosotros exponemos”, concluyó.
El presidente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera de Mar del Plata, Sebastián Agliano, subrayó que “la situación es bastante caótica, nos estamos fundiendo trabajando; no vemos un horizonte promisorio. Los insumos están dolarizados y no vemos ningún beneficio ni bajas en las importaciones, la realidad es esa. Tienen que venir a mojarse las botas para que vean la realidad”.
“Hoy quedamos 13 empresas chicas. Quizás una empresa grande se banca un paro, nosotros no. Nosotros nos fundimos directamente. No tenemos el acceso. Nuestra estructura financiera se desfinancia”, lamentó y comentó que “el 51% del costo es el combustible que lo paga también la gente que trabaja, pese a los gobiernos que pasaron”.
Agliano reflexionó: “Tarde o temprano, si seguimos de esta forma vamos a terminar todos en la calle, con un montón de quebrantos y con los barcos atados”. Además, describió que “la peor situación que le puede pasar a un pescador dueño de una pyme es naufragar en su propio barco”, y antes de concluir, sentenció: “Siento que la pesca en Argentina es mala palabra, fuimos castigados durante toda esta época desde los primeros embates de la Ley Bases, siento que somos la oveja negra de la industria argentina”.
Representando la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT) y de la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA), Mariano González, puso en foco en que “a pesar de la caída de los distintos precios de los productos a nivel internacional, el sector empresario ha mantenido los acuerdos salariales que se han firmado en los últimos años respecto a la inflación y a la caída del tipo de cambio”.
“Como sector, llegamos al día de hoy con situaciones claras, donde la pesca está teniendo un problema grave de rentabilidad y eso impacta directamente en la capacidad de competitividad que tienen nuestros productos; con nuestra estructura de costo no podemos seguir trabajando de esta manera”, describió González.
Diego Brandán, subsecretario de Pesca de la provincia de Chubut, consideró que “esta problemática no va a salir adelante si no hay diálogo y consenso entre las partes”. También expuso Mariano Vilar, del Sindicato de Conductores Navales, quien declaró que “estamos de acuerdo de que el problema es de costo, del aumento del derecho único de extracción y del precio del combustible”.
El secretario General del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, Raúl Durdos, recalcó que “la actividad pesquera en argentina representa un sector que genera muchas divisas para el país y también muchos puestos de trabajo”. En otro aspecto, sostuvo que “la actividad del trabajador marítimo es una de las más riesgosas y difíciles del mundo; este es un país que legisla de espaldas al mar y no podemos ser la variable del ajuste”. “Queremos trabajar en una ley de fomento de la industria pesquera para corregir todo en conjunto”, concluyó.
El nuevo proyecto fue elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional y presentado en una reunión que organizó la diputada Blanca Osuna en conjunto con legisladores de los bloques de UP, EF, DpS, UCR, FIT y la CC. ¿Cuáles son las fechas que manejan para llegar al recinto?
Un grupo de diputados opositores desafían una vez más al Gobierno nacional con una nueva ley de Financiamiento Universitario, el cual, fue elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional y presentado en una reunión que organizó la diputada nacional Blanca Osuna en conjunto con legisladores de los bloques de UP, EF, DpS, UCR, FIT y la CC en la que recibieron a autoridades de universidades, sindicatos, docentes y estudiantes.
Según explicó la diputada Osuna durante el encuentro, la idea es pedir el emplazamiento a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda en la sesión oficializada para el 4 de junio. De conseguir el quórum y el voto afirmativo, pedirán que el 10 de junio se realice una reunión conjunta de carácter informativa para poder dictaminar el 11 e ir al recinto el 19 de junio.
Durante el 2024, el tema había unido a distintos sectores de la oposición en una media sanción que fue votada en Diputados el 15 de agosto, y se sancionó finalmente el 13 de septiembre en el Senado. Sin embargo, el Gobierno vetó la norma que luego fue blindada en el Congreso por el oficialismo gracias al apoyo de aliados con 159 votos afirmativos, 85 negativos y 5 abstenciones el pasado 9 de octubre.
La diputada de UP Blanca Osuna motorizó la movida de este miércoles.
La presentación del proyecto
La vicepresidenta de la Comisión de Educación, Osuna explicó: “Estamos frente a un gran desafío, frente al conflicto que genera el desfinanciamiento de la educación. Que se contribuya a que efectivamente la toma de conciencia sobre el valor de la educación, sobre el sentido de la democracia, lo que significan los derechos, no se vacíen de contenido, estamos en ese punto y riesgo”.
“Que el cumplimiento y materialización de estas definiciones sobre educación, derechos y democracia, al diluirse en una práctica que trae consecuencias que es el desfinanciamiento, la destrucción de políticas activas, de algún modo, culmine con el descreimiento total por el sentido de la democracia”, alertó.
La entrerriana sostuvo: “Celebremos la política en el marco de lo son, de lo que deben ser las mejores negociaciones para los mejores procesos políticos que deben en beneficiar en este caso a estudiantes, docentes, etc. Una apelación solidaria porque en momentos donde la crueldad y la violencia pretenden imponerse, hay que ratificar un abrazo integral a todo el sistema educativo”.
“El sistema educativo son más que las universidades, vale la pena insistir porque el sistema educativo son las universidades que son punta de lanza y terminan con los niños que recién empiezan la escuela, con maestros mal pagos, con escuelas que se caen, con falta de programas, ese sea el mayor desafío en nuestras manos poder vertebrar toda la potencia posible para darle sentido a las negociaciones y acuerdos con la mayor altura, en contrario a la coacción y aprietes”, planteó.
Osuna explicó que presentaron una solicitud para que la comisión la integren legisladores de distintos bloques porque “ese es el otro valor a destacar, la diversidad de la representación nos da fuerza y lo hemos hecho reclamando ante al presidente de la comisión de Educación y el de Presupuesto y Hacienda que se traten los proyectos que obran en este cuerpo vinculados al financiamiento a la educación superior, por sobre todo a las universidades”.
A su turno, la vicepresidenta segunda de la Comisión de Educación, Danya Tavela, comentó que la idea es “poder visibilizar el conflicto por el cual atraviesan las casas de altos estudios y todo el sistema educativo y poder ponerle letra a la falta de presupuesto que nos ocupa por segundo año consecutivo”.
“En el marco de la unidad y el federalismo tenemos una representación amplia del sistema universitario de todo el país y esto nos da fortaleza en el debate y discusión de lo que se viene dentro en el Congreso y la sociedad”, adelantó y cerró: “Hay que hacer unos kilómetros de los principales centros urbanos para desatacar el valor que tiene la universidad dentro de cada sociedad, el impacto que tiene la universidad argentina en casa región y las posibilidades de futuro. Queremos defender al sistema de los ataques que tiene y construir un futuro que se construye con igualdad de oportunidades, justicia y a partir de tener esa herramienta de la posibilidad de acceder a la educación para emprender el camino individual de la vida”.
Por su parte, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Oscar Alpa, comentó: “Decidimos armar un proyecto para transmitir al Congreso que, desde la reforma universitaria, el no arancelamiento, la ceración de universidades, que pueda a llegar que tengamos hoy a más de 2 millones de estudiantes, 50 mil son de universidades públicas. Es el Congreso el que crea las universidades, el que interviene, el que financia y audita por eso nos debemos como tal”.
“La educación universitaria es el futuro de nuestro país, por lo tanto, el financiamiento del sistema universitario es pensar qué futuro de país queremos. Es un sistema tan eficiente y eficaz, con calidad de nuestros graduados y que lamentablemente del histórico 0,8%, que siempre esperamos llegar al 1% del PBI, hoy tenemos el 0,45% de esa inversión, esa pérdida del tercio”, detalló.
Alpa indicó: “Este proyecto muestra que la universidad pública argentina, es sistema, está unido para seguir debatiendo y en esa discusión de futuro de qué país queremos. La universidad argentina es pública, es no arancelada y buscando lo que implica un sistema de becas totalmente desactualizado”.
Así, agradeció y recordó la Ley 27.757 del año pasado que fue finalmente vetada por el Gobierno: “Fue una ley que, por el sistema constitucional, luego fue vetada, pero tuvo su aprobación de parte de diputados y senadores con una alta aprobación que es la representación del pueblo argentino a través de los representantes del Congreso”.
“Hoy queremos insistir, pero insistir inclusive con alguna alternativa de fuente de financiamiento”, remarcó y sumó: “Esta propuesta que estamos haciendo es similar en cuanto a que recordemos que se ha perdido el 33% de porcentaje de salario real docente y no docente”.
“Hubo una actualización que implicó poner al día respecto de la inflación del 2023, pero ahora no falta el 118% de la inflación del año pasado que, inclusive, por la forma que se distribuyó este presupuesto prorrogado en los primeros cuatro meses de este año estamos recibiendo las universidades nominalmente un 30% menos nominalmente”, indicó.
En esa línea, señaló que “también está la propuesta de actualización desde aquel momento manteniendo el equilibrio fiscal sin creación de impuestos. Es buscar una forma de asignación directa de los ingresos para que tengan una base para el sistema universitario, que la base del último presupuesto aprobado del 2023. Esa es la propuesta sin tocar absolutamente ni un impuesto ni coparticipación que le corresponde a las provincias”.
“Desde noviembre 2023 hasta enero del 2025 en números redondos con un 180% de inflación, los aumentos salariales fueron del 90% con lo cual hubo una pérdida del 90%, pero los ingresos tributarios aumentaron 210%, o sea, que ahí también es otra fuente de financiamiento que es el ingreso real de los impuestos tributarios sobre el ingreso prorrogado”, explicó.
También comentó que proponen un fondo para las carreras estratégicas, para que haya becas para que haya presupuesto, para esas carreras. “Seguimos trabajando en un sistema universitario público que esté pensando en las políticas de nuestro país. Es un aporte para que podamos tener una ley que asegure lo que dice la constitución respecto de la autonomía y autarquía universitaria”, cerró.
Franco Bartolacci, Rector de la Universidad Nacional de Rosario: "Hoy nos acercamos esta propuesta al Congreso con la voluntad, la expectativa de que pueda encontrar eco, tratamiento y aprobación para resolver estos problemas. Para caracterizarlo sintéticamente, es una propuesta, la que hoy presentamos, responsable porque pretende resolver de manera estructural el problema y porque busca esa respuesta en el ámbito que tiene competencia en una república en materia presupuestaria que es el Congreso de la Nación. Es una propuesta razonable porque busca esa solución de fondo sin comprometer fiscalmente el Estado".
"Todos creemos que la Argentina necesita una economía sólida, todos sabemos que en ese contexto de escasez hay que establecer prioridades, y nos asiste la convicción profunda de saber que la educación y la producción científica, sobre todo en un país que tiene los problemas que tiene la Argentina, debe ser una prioridad. Los países desarrollados en las sociedades del conocimiento invierten 5 veces más de lo que lo hace en Argentina sin tener un sistema público de educación superior robusto”, comparó.
Bartolacci advirtió: “Es un proyecto urgente porque la situación es realmente grave, es delicada y requiere atención rápida y es un proyecto desde nuestra perspectiva necesario porque vuelve a poner las cosas en su justo lugar. Yo creo mucho que las sociedades son muchas veces más inteligentes que sus dirigencias y fue la sociedad argentina la que conmovedoramente el año pasado todas las veces que hizo falta dijo que no hay en las universidades sin el sistema científico de la nación un problema, sino la posibilidad de encontrar una solución a los problemas estructurales que la Argentina tiene”.
Representante de la Federación Universitaria Argentina, Joaquín Carballo, gremio que nuclea a estudiantes del país, indicó: “Tenemos un sistema universitario con carácter federal por eso discutir esto en el Congreso está a tono. Quisiéramos que esta situación con las universidades estuviese resuelta, pero lamentablemente en 2024 nos encontramos con un veto presidencial, luego de que sea aprobada en ambas cámaras. Es una clara postura del gobierno de dónde está puesta la prioridad”.
“Un país que se precie de tal, no puede no invertir en educación si piensa que tiene que estar en la senda del desarrollo. Me pregunto cuál es el modelo de desarrollo que está mirando el Gobierno nacional. Eso nos preocupa”, criticó y sumó: “Hay una situación crítica con las becas universitarias que en muchos lugares se utilizan en cada una de las áreas donde un estudiante tiene que destinar su presupuesto. Hoy hablamos de dos becas nacionales PROGRESAR y Manuel Belgrano congeladas en $35 mil y $81 pesos”.
Así lo expresó la senadora rionegrina tras ser ratificada como presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología. La acompañarán al frente de la comisión el radical Víctor Zimmermann como vice y Victoria Huala como secretaria.
La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado se reunió este miércoles para ratificar a sus autoridades y, de esta manera, la presidencia volvió a queda en manos de la rionegrina Silvina García Larraburu (UP), la vicepresidencia Víctor Zimmermann (UCR), y la secretaría para la pampeana Victoria Huala (Pro). La comisión fijó como días y horarios de trabajo los miércoles a las 16
Al ser elegida titular de la comisión, García Larraburu expresó: “La verdad que en este contexto tan complejo que estamos viviendo en nuestro país, para mí es un enorme desafío y una gran alegría poder ser nuevamente presidenta de esta comisión que es tan importante para el desarrollo de nuestra Nación”.
“Me da mucho orgullo, como recién mencionaban, todo el año pasado, el anterior, y las veces que hemos convocado siempre logramos plena participación de todos los bloques que me parece que es una señal muy importante”, destacó la rionegrina y sumó: “También en estas épocas de tanta división y de tanta violencia, que podamos trabajar mancomunadamente más allá de nuestra ideología y de nuestros partidos, creo que esta comisión ha sido un fiel reflejo de la voluntad federal que tenemos de trabajar en un tema tan importante y tan caro para el desarrollo de las naciones como es el desarrollo científico y tecnológico”.
La senadora de UP contó: “Hemos, prácticamente, sacado todos los proyectos que teníamos el año pasado. Ahora tenemos ocho proyectos de comunicación que están a la firma que ya fueron tratados en asesores que hay acuerdo que son de la mayoría de los senadores”, y comunicó: “Después tenemos cinco proyectos de ley, tres proyectos de comunicación, un proyecto de resolución y 21 de declaración que, si les parece bien, pondríamos ya en tratamiento el martes que viene a las 11 de la mañana la reunión de asesores”.
Así, planteó: “La idea también este año es que podamos invitar a los actores de la ciencia y la tecnología Nacional de diferentes provincias para que nos vengan a contar cuál es su situación y ver también, desde nosotros, la forma de ayudarlos porque sin desarrollo científico y tecnológico no hay patria posible”.
Al tomar la palabra, el radical Zimmermann también destacó la labor realizada por la comisión y expresó: “Queremos seguir haciéndolo en ese marco. Es un desafío enorme todo lo que tiene que ver con innovación tecnológica, ciencia aplicada y, fundamentalmente, para las provincias nuestras del norte donde sabemos que todo lo que tiene que ver con el conocimiento es un instrumento muy interesante que tenemos que fortalecer”.
Por último, la senadora Huala expresó: “Tenemos un inmenso desafío porque es un mundo que está en constante cambio en todo esto que es el desarrollo de las tecnologías. Es una oportunidad que no tengo dudas que en esta comisión vamos a estar a la altura de las circunstancias que nos demanda la Argentina y el mundo”.
La senadora fueguina apuntó contra el Gobierno por la situación en su provincia: “Miles de mujeres están marchando porque tienen en riesgo su trabajo”. Así, destacó el trabajo “histórico” de la comisión y solicitó un trabajo conjunto entre todos los bloques para que sea “transversal, con una mirada integral y un compromiso político".
La Comisión Banca de la Mujer quedó constituida este miércoles siendo ratificada como presidenta de la misma la senadora nacional Eugenia Duré (UP- Tierra del Fuego) quien expresó: “Tenemos mucho por hacer en legislación para poder ir recuperando esos derechos que perdimos durante este último tiempo las mujeres”. A su vez, la vicepresidencia y secretaría quedaron, por el momento, reservadas.
Al tomar la palabra, la vicejefe del bloque UP, Anabel Fernández Sagasti, propuso: “Vamos a proponer a Eugenia Duré porque sigue los temas de género y de igualdad de la mujer hace muchos años. Estamos honradas de poder constituir esta comisión”.
Por su parte, la pampeana del Pro Victoria Huala felicitó a la electa presidenta, senadora Duré y pidió la reserva del lugar de vicepresidente y secretaria.
Tras ser ungida titular de la comisión, Duré agradeció a sus pares por el acompañamiento para “este nuevo desafío que tenemos. La conformación de la Banca de la Mujer es una comisión histórica, pero que, además, hace un año y medio que estábamos a la espera con mucho trabajo, mucho esfuerzo y con la responsabilidad que nos toca y el compromiso de ponerla en funcionamiento”.
Duré se tomó unos minutos para hablar sobre la situación que se vive en su provincia tras el anuncio del Gobierno sobre la baja de aranceles a productos tecnológicos importados que son ensamblados allí.
“Ustedes saben que soy representante de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hoy mi responsabilidad institucional es estar aquí con ustedes para la Constitución de esta comisión y de esta Banca de la Mujer. Pero hoy en la provincia, miles de mujeres trabajadoras están marchando. Ustedes saben que estamos en una situación muy compleja con nuestro régimen de promoción industrial y es por eso que, simplemente, quiero hacer mención a lo que estamos hoy solicitándoles”, contó.
Así, pidió el acompañamiento por “esas mujeres trabajadoras que hoy tienen en riesgo su trabajo, familias enteras y que yo no puedo estar ahí, pero sí desde aquí, desde el Senado de la Nación acompañarlas y saber también, que vamos a trabajar por todas las mujeres trabajadoras del país de cada una de nuestras provincias que nos toca representar”.
Luego repasó las funciones de la Banca de la Mujer según lo detalla el reglamento de la Cámara alta y enumeró la cantidad de proyectos pendientes de tratamiento un total de 89, de los cuales 23 son de ley cabeceras de la comisión, 61 de declaración, 4 de comunicación y 1 de resolución.
“Hay cuestiones también que tiene una Banca que es histórica. En el 2008 cuando nuestro espacio político piensa este lugar, no piensa fundamentalmente para el trabajo en la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de género. Todas sabemos que hoy estamos en un momento muy complejo. Hace un año y medio que las mujeres venimos retrocediendo y las diversidades también, con lo cual, yo simplemente quiero que podamos repensarnos en un trabajo conjunto entre todas y entre todos los bloques que esta Banca sea principalmente la voz de las mujeres y diversidades que puedan venir acompañarnos como ya lo hicimos”, propuso la senadora de UP.
En ese sentido, sostuvo: “Creo que tenemos mucho por hacer, sobre todo en la legislación para poder ir recuperando esos derechos que, durante este último tiempo, sobre todo, hemos perdido las mujeres. Para que volvamos a tener un presupuesto con perspectiva de género y, sobre todo, para que el impacto no sea hacia nuestros niños y juventudes porque ustedes saben que cuando las mujeres perdemos derechos, también lo pierden nuestros niños”.
“Simplemente convocarlas a todas. Me parece que la Banca tiene que ser transversal, tiene que tener una mirada integral y tiene que tener, también, un compromiso político de cada una de nosotras. Sepan que me toca estar al frente, pero que entre todas las senadoras de cada uno de los bloques haremos posible el funcionamiento”, cerró.
El plenario de comisiones que iba a debatir la iniciativa se suspendió. En tanto, la Comisión de Ambiente avanzó con el dictamen de tres proyectos de ley y un paquete de iniciativas de declaración.
Este miércoles estaba en agenda un plenario de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales del Senado para debatir el proyecto sobre trazabilidad de la pesca y acuicultura para poder dictaminar, pero el encuentro fue suspendido.
Según explicó la titular de la Comisión de Ambiente, la senadora chubutense Edith Terenzi, decidieron levantarla porque “muchos senadores nos solicitaron una nueva ronda de sugerencias. Vamos a presentar el proyecto en el Consejo Nacional Pesquero para introducirle modificaciones necesarias para que Argentina pueda colocar con excelencia sus productos en el mundo”.
“Vamos a iniciar una ronda de conversaciones y de explicación nuevamente del proyecto y de aquel dictamen al que llegamos con tantas sugerencias del proyecto original. Vamos a iniciar una nueva ronda para que los funcionarios relacionados con el área de pesca de cada provincia que están en el Consejo Nacional Pesquero para abrir el proyecto y trabajarlo todos juntos”, explayó.
Por otro lado, la comisión que preside pasó a la firma tres proyectos de ley. Uno de ellos declara capital nacional del Cóndor Andino a la localidad 28 de noviembre. La autora de la iniciativa, la senadora Natalia Gadano (Por Santa Cruz) explicó: “Esta iniciativa surgió en el marco de la feria internacional donde se acercó el referente de la Asociación Somos Huellas Patagónicas y nos comentó sobre el trabajo que vienen haciendo hace años. En el Senado hubo dos presentaciones anteriores de senadoras ya mandato cumplido. Desde el año 2012 vienen trabajando con diferentes censos y el último se h izo en semana santa en 2025 y dio un 134% ejemplares en un radio de 80 kilómetros cuadrados de la localidad de 28 de noviembre que queda en el suroeste de la provincia de Santa Cruz y su paisaje es cordillerano. Es pode colaborar para impulsar el desarrollo turístico del lugar a través de este proyecto”.
Luego, se trató el proyecto que declara a la localidad de Puerto Pirámides, provincia del Chubut, "Capital nacional de la ballena franca austral", cuya autoría es de Terenzi quien detalló: “Se trata de un proyecto que venimos impulsando desde la Cámara de Diputados desde el 2018”.
“La Península de Valdés fue declarada en 1999 patrimonio de la UNESCO y tiene una riqueza ambiental y de biodiversidad importante, se suma mucha flora y fauna relacionada a la zona y se suma este ejemplar magnífico que es la ballena franca austral que visita la Península de Valdés todos los años para iniciar su ciclo reproductivo”, informó.
La chubutense contó: “Se calculan alrededor de 2000 ballenas francas en la zona del Golfo y, aproximadamente, un nacimiento anual de 400 cachalotes. La localidad de Puerto Pirámides está directamente ligada a la ballena franca austral porque es el único Puerto en la Península de Valdés habilitado para hacer los avistajes de ballena franca”.
“La verdad que es una es una iniciativa que pone en valor declarar la capital de ballena franca la localidad de Puerto Pirámides, pone en valor todo el esfuerzo y el perfil conservacionista que sostiene desde hace muchos años la provincia del Chubut y que los chubutenses, incluso, estamos muy orgullosos de tener en nuestro territorio un patrimonio de la humanidad como es la Península de Valdés”, cerró Terenzi.
Por último, se pasó a la firma un expediente de la senadora María Victoria Huala que declara monumento natural, en los términos del art. 8 de la ley 22.351, al venado de La Pampa o ciervo pampeano.
También se le dio tratamiento a un paquete de proyectos de declaración y resolución, entre ellos uno de la senadora Vilma Bedia (LLA) que expresa preocupación por la creciente cantidad de incendios forestales que afectan a la Argentina y a la región sudamericana.
“Este proyecto es poner en énfasis y seguir replicando esto. Es necesario seguir preocupados en esta área que nos invade a cada una de las provincias y tenemos que seguir cuidando nuestra naturaleza. No es posible hacer este caso omiso del resguardo, de la preocupación y negligencia y todo lo que corresponde a cada institución. Espero que podamos tomar conciencia de la importancia en esta cuestión”, explicó Bedia.
De la vereda de enfrente, el senador radical Pablo Blanco le planteó: “Coincidimos plenamente en este proyecto sobre incendios. Sería importante que, ya que los propios senadores oficialistas presentan proyectos, que convenzan al Ejecutivo Nacional que se apliquen los fondos de combate contra incendios y no los tengas a efectos de un superávit fiscal y apliquen los recursos que corresponden”.
Bedia le replicó: “Creo que cada uno desde el Gobierno tiene esa preocupación, pero la cuestión está en que las provincias sean realmente las que se hagan cargo de los gastos necesarios para esas áreas y no sean gastados para otros lados. Si los fondos van al lugar que corresponde, no estaríamos tan preocupados. Es necesario tomar conciencia de la función de cada funcionario de las provincias”.
En ese momento, la titular de la comisión le aclaró que la cuestión de incendios está bajo la órbita del Servicio Nacional del Manejo del Fuego: “Significa que está bajo la órbita del Poder Ejecutivo lo que está sucediendo es que no están bajando los fondos específicos que tienen afectaciones específicas, eso no está sucediendo”.
La iniciativa, que fue tratada en el marco de una reunión de la Comisión de Salud, promueve la creación de un programa nacional de lucha y prevención contra el Alzheimer y otras demencias. También pasaron a la firma proyectos de resolución y pedidos de informes.
La Comisión de Salud de Diputados, presidida por el tucumano Pablo Yedlin (UP), se reunió este martes y emitió dictamen a un proyecto de ley que busca promover la salud cerebral y la creación de un programa nacional de lucha y prevención contra el Alzheimer y otras demencias. También pasaron a la firma iniciativas de resolución y pedidos de informes.
Al inicio del encuentro, Yedlin reclamó que “muchos de los proyectos que tienen dictamen esperan y duermen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda”. Así, explicó que el Reglamento de la Cámara en su artículo 102 que “si pasado un mes del dictamen y Presupuesto no dictamina, se pueden llevar al recinto directamente aclarando en la OD que no tienen dictamen de esa otra comisión”.
El diputado tucumano también informó que intentaron aplicar el artículo 109, pero “tampoco tuvimos respuesta. Si no vamos a tener que seguir con los emplazamientos”. “Si Presupuesto y Hacienda va a ser el derrotero habitual que esto va a quedar para siempre en esa comisión, no tiene sentido todo el esfuerzo que se hace para que esto termine”, lamentó.
Yedlin agregó: “El oficialismo cree que los proyectos generan gastos y por ese se resisten al debate, en vez de pensar en el dolor de argentinos que padecen enfermedades o necesitan adquirir medicamentos, en una palabra, no hay ministerio de Salud ejerciendo una rectoría, sino que es una delegación del ministro de Economía, Luis Caputo".
“La Cámara de Diputados tiene que tener sesiones ordinarias y no solo sesiones especiales, porque si no el numeroso trabajo de diputadas y diputados de todos los partidos políticos, nunca llega a tratarse ni a debatirse en el recinto", explicó Yedlin.
Hoy es un día muy importante porque la Comisión de Acción Social y Salud Pública de @DiputadosAR firmó el dictamen del proyecto que establece la promoción de la salud cerebral y crea un plan nacional para prevenir el #Alzheimer y otras demencias.
El mundo está envejeciendo,… pic.twitter.com/C7v3RSjGNa
— Facundo Manes (@ManesF) May 20, 2025
Sobre el proyecto de ley de promoción de la salud cerebral y Alzheimer y otras demencias, el autor de la iniciativa Facundo Manes explicó: “Este tema no es solo médico, es un tema económico, estratégico. El mundo está envejeciendo y las desigualdades ocurren en países de medianos y bajos ingresos como el nuestro”.
En esa línea, aseguró que "la Argentina tiene alrededor de medio millón de personas con la enfermedad de Alzheimer. Esto impacta a todo el entorno familiar y afecta a millones de personas que están sufriendo. Esto tiene un impacto transversal, económico, de derechos y de salud”.
“Esto no es un cheque en blanco, por cada dólar que se invierte se ahorra tres, es un ahorro invertir en esto. Este proyecto no implica una asignación automática ni limitada de recursos. Crea un marco estratégico nacional mientras el presupuesto se define cada año a través del Poder Ejecutivo y con la supervisión parlamentaria. Es orden, es estrategia, no es un gasto descontrolado”, explicó Manes.
Además, señaló: “No es una ley para una enfermedad, es una decisión política pública inteligente frente al envejecimiento de nuestro país y, para lo cual, no hay una estrategia. Apoyarla no es una cuestión solamente humana, es una cuestión de racionalidad económica y también de responsabilidad institucional”.
La norma busca “prevenir e investigar la detección temprana, el tratamiento y los cuidados adecuados de las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer y otras Demencias”, así como también, establecer “la asistencia y orientación de los familiares convivientes y cuidadores de dichas personas”.
A continuación, el titular del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, resaltó que se trata de una iniciativa que fue acompañada por más de 160 diputados: “Lleva firmas que tiene prestigio, preocupadas que desnudan que la política, cuando se toca un tema tan sensible que está envuelto de tanta preocupación, se reúnen estos consensos. Es un proyecto que mira al futuro con tanta preocupación”.
Al respecto, la diputada Mónica Macha (UP) pidió que se regularice y valore la labor que llevan a cabo las cuidadoras domiciliarias y polivalentes porque “hacen un trabajo fundamental para este tipo de patologías”, y pidió mayor inversión en políticas de salud mental.
La diputada nacional Mónica Fein (PS) adelantó: “Apoyamos con mucha decisión, ya que la norma contempla una mirada federal y con el apoyo de distintos especialistas. Se trabajó mucho este proyecto”.
Declaración del rol del farmacéutico
En relación a la norma por la cual se expresa “reconocimiento al rol esencial del profesional farmacéutico en la protección del derecho a la salud”, el presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Ricardo Pesenti, señaló que “el medicamento no es una mercancía, sino un bien social intrínsecamente ligado al derecho, a la salud”, y en ese sentido, expresó: "El farmacéutico es parte esencial del sistema de salud”.
Pesenti sostuvo que “miles de profesionales farmacéuticos día a día con vocación, compromiso y responsabilidad construyen salud en cada rincón de nuestro país”. Así, afirmó: “Hoy no vengo solamente apoyar un proyecto de declaración, sino que vengo a agradecer una mirada, una decisión política y un gesto institucional que reconoce algo que, desde hace décadas, sostenemos los farmacéuticos que no somos comerciantes, que somos agentes sanitarios esenciales”.
“Una salud que no es un privilegio, sino un derecho humano básico que el Estado tiene el deber de garantizar. Esta declaración, también reconoce la función insustituible del farmacéutico como profesional calificado que garantiza el uso racional de los medicamentos, acompaña al paciente en sus tratamientos, educa a la comunidad y colabora activamente en el cuidado integral de la salud”, expresó.
El titular de la CAF recordó que “detrás de cada farmacia de barrio hay un farmacéutico que cumple turnos obligatorios, que atiende emergencia fuera de horario, que conoce el nombre y la historia clínica de sus pacientes y que, muchas veces, es el primer y único contacto que tiene con el sistema de salud, especialmente en zonas alejadas y rurales”.
“Un farmacéutico tiene un promedio entre 100 y 200 consultas diarias, muchas de ellas vinculadas con efectos adversos, interacciones de medicamentos, dudas, sobredosis, adherencias, cada una de estas intervenciones representa un acto profesional que cuida la salud, y muchas veces, evita una internación y una urgencia médica”, comentó. En esa línea, informó que “al menos un 10% de las intervenciones hospitalarias en nuestro país, se deben a errores o el mal uso de los medicamentos. Esta intervención oportuna del farmacéutico reduce significativamente ese riesgo y mejora en más de un 50% la adherencia en los tratamientos crónicos como hipertensión y diabetes”.
Además, recordó que, durante la pandemia cuando muchos servicios se vieron paralizados, las farmacias “estuvimos sin descanso, sosteniendo la cadena de acceso a los tratamientos, conteniendo emocionalmente a la población, mientras muchos servicios colapsaban o debían cerrar la farmacia permanecieron abiertas”.
“El 98% de las farmacias del país siguieron operando ininterrumpidamente en 2020 brindando contención, acceso a tratamientos y orientación sanitaria a toda la población argentina. Actuando como verdaderos centros de salud de cercanía”, destacó.
Pesenti señaló: “También debemos reconocer a los farmacéuticos hospitalarios que gestionan con precisión la terapéutica en pacientes internados, elaboran fórmulas magistrales, garantizan trazabilidad de tratamientos complejos y trabajan en equipos interdisciplinarios en terapias intensivas oncológicas y unidades especiales”.
“También no dejar de mencionar a los farmacéuticos que trabajan en la distribución que todos los días en posible que medicamentos críticos lleguen a tiempo a cada punto del país, aún en contextos de emergen. A los que se desempeñan en la industria farmacéutica aportando innovación, asegurando calidad de los productos y desarrollando nuevas formulaciones y cumpliendo rigurosos estándares internacionales”, ponderó.
El invitado alertó que “intentar desregular el ejercicio profesional, flexibilizar condiciones técnicas o permitir la venta de medicamentos fuera del ámbito farmacéutico, es poner en riesgo la seguridad de la población. Actuamos en defensa del interés sanitario de toda la sociedad y celebramos que la justicia haya reconocido la gravedad de ese intento de desprotección y haya otorgado a la medida cautelar solicitada”.
“La dispensación del medicamento es una actividad indisoluble del ejercicio profesional farmacéutico, no se trata de una transición. Somos imprescindibles para una argentina más justa más sana y solidaria”, cerró.
Fue en una reunión informativa de la Comisión de Industria de Diputados donde se pusieron a consideración dos proyectos que buscan establecer los criterios y parámetros para poder denominar a distintos productos con el término cuero, a fin de proteger la industria y a los consumidores.
La Comisión de Industria de Diputados, presidida por la chubutense Ana Clara Romero (Pro), se reunió este miércoles para recibir a referentes de la industria curtidora argentina con quienes analizaron dos proyectos que buscan establecer un marco legal que regule el uso del término “cuero” para la denominación de diferentes productos con el objetivo de proteger tanto a la industria como a los consumidores.
La presidenta de la comisión explicó que la sesión es de carácter informativa a fin de “analizar el término del empleo del cuero”, por los que hay dos proyectos que también tienen giro a la Comisión de Defensa del Consumidor.
Autor de uno de ellos, el diputado socialista Esteban Paulon explicó que “la idea es poder conversar sobre dos proyectos que establecen el criterio de utilización de la denominación cuero para los productos vinculados a dicho material”.
“La actividad es particularmente importante en Santa Fe en las localidades de Esperanza y las toscas donde tenemos dos de las principales curtiembres el país, pero también es un sector importante en otras provincias”, remarcó.
Paulon manifestó que “llegamos a este debate con demora a nivel internacional en establecer los criterios y parámetros para poder denominar a distintos productos con el término cuero, sino en nuestra propia región. A nivel internacional ya hay antecedentes como Brasil que desde 1960 estableció un criterio".
Así, precisó que estos proyectos buscan armonizar la legislación con la idea de poder avanzar en la compatibilidad de la denominación de cuero a nivel del Mercosur. Además, las iniciativas buscan “asegurar la autenticidad del material curo como material que es de origen animal, prohibiendo con la identificación del término a otros productos que tienen origen mineral y vienen de derivados de otra producción para evitar cuestiones que tienen que ver con el engaño y la falsificación y garantizar la calidad, la durabilidad y la estética”.
“Es una industria que genera muchos puestos de trabajo y en las localidades donde se desarrolla tiene un impacto económico importante y tiene que ver con la identidad cultural de cada localidad”, cerró.
A continuación, el salteño oficialista Julio Moreno Ovalle, autor del otro proyecto, contó: “Soy interesado en que se use la denominación cuero como corresponde porque es un subproducto de la ganadería, una de las actividades más importantes del país. Al cuero se le pueden dar diversos usos y para la venta del mercado interno y externo. Es importante que tengamos en claro para qué sirve el cuero”.
La palabra de los especialistas
Daniel Helman, de Curtiembre Arlei S.A, afirmó: “La importancia de esta ley radica en el marco regulatorio que se pretende obtener para la denominación cuero para garantizar calidad y autenticidad del producto”. En tanto, comparó que este tipo de ley está en Brasil desde 1964, en México, en Estados Unidos, en Italia, etc.: “En el mundo es algo que ya se ha hecho para proteger la autenticidad y la calidad de un producto tan noble como el cuero”.
“Esta ley beneficia a una gran cadena de valor del cuero, desde las curtiembres hasta el último artesano. Hay infinidad de actores en la actividad del cuero que se van a ver beneficiados por la lye. Además, impacta mucho en la defensa del consumidor, en la industria y en la sustentabilidad de la circularidad”, explicó.
En cuanto a la defensa del consumidor, Helman precisó que “se está engañando al consumidor porque cuando compramos estas imitaciones que no son cuero como el eco cuero, el cuero vegano, la cuerina, el símil cuero, nos están engañando. Quieren apropiarse los atributos del cuero para vendernos un producto que no es tal. El verdadero eco cuero es de origen animal, es un subproducto”.
“Nosotros tomamos los cueros de los animales que son faenados que, de no ser por la industria del cuero que les da valor y pasa a ser un producto de durabilidad, amigable con el medio ambiente, noble, duradero, que se va a biodegradar con el tiempo, si no estuvieran las curtiembres procesando esos cueros irían a vertederos naturales generando contaminación y una pérdida muy importante porque genera fuentes de trabajo”, explayó.
Helman destacó que la industria del cuero argentino “es marca registrada y fomenta una industria grande. El cuero argentino es una marca que tenemos que volver a poner en valor. Es un producto que tarda mucho en envejecer, se degrada naturalmente, no como otros productos que tiene derivados de hidrocarburos o plástico”.
Así, cerró: “Al consumidor lo engañan porque le venden un producto de plástico haciéndole creer que es cuero legítimo o auténtico”.
Luego expuso el concejal de Las Toscas, Iván Gastón Sánchez, que bregó para que el proyecto tenga luz verde y sea aprobado porque “se busca poder tener una protección para la industria misma como para los consumidores”.
“Una ley como esta contribuiría a que realmente se utilice el término cuero dentro de lo que la industria fabrica y esto permitirá la protección del trabajo. Esto es un proyecto que va a tener ámbito nacional porque va a cubrir esta materia prima en Argentina, pero uno como concejal quiere que esta industria tenga la protección necesaria para que este término se utilice en los productos que realizan. También para proteger al consumidor y que vayan con la tranquilidad de que van a comprar cuero”, explayó y cerró: “Tenemos que brindar estas herramientas para que la industria y los consumidores se sientas protegidos e incentivados y le demos estas herramientas importantes desde lo legal”.
En apoyo a las iniciativas, el presidente de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina (CICA), Eduardo Wydler, consideró fundamental “informar a los consumidores qué es lo que van a comprar”, al aseverar que “el sector ha perdido mercado con el cuero sintético”.
“Hemos gestionado muchas veces como cámara una norma que aclara esto para defender al consumidor y asegurara el desarrollo de la industria. Es una industria histórica porque el cuero se ha relacionado con la económica del país, pero la industria curtidora ha invertido mucho en muchas actividades para que la producción sea ambientalmente amigable”, explicó.
Wydler consideró que “no hay otro desarrollo vinculado con el cuero que sea el cuero original que viene del animal que se procesa dentro de la curtiembre”. En suma, sostuvo: “Este es un tema de suma importancia porque se ha utilizado para tratar de copiar al cuero, los más variados calificativos como eco cuero, cuero ecológico”.
“Compartimos y apoyamos esta propuesta para que siga su curso para ser aprobada y beneficiemos a la gente que sepa concretamente lo que compra. Aclaremos lo que es el cuero, el objetivo es informar y esto va a tener un beneficio para la industria”, concluyó.
En el mismo sentido, Cristian Alejandro Delssin, secretario General del Sindicato del Cuero, del departamento General Obligado, provincia de Santa Fe, afirmó: “Si esta ley ayuda a seguir manteniendo los puestos de trabajo, la vamos a apoyar”.
“Es una competencia desleal a los trabajadores al trabajo de los curtidores porque en Las Toscas dependemos mucho de la curtiembre. Creo que esta posibilidad de competir legalmente contra algo que no es cuero, que es otra cosa como plástico, y que lo quieran vender como cuero, nos deja en una situación incómoda porque nuestro trabajo lo usan con otro nombre. Nos preocupa mucho que, si hay una objeción sobre esta ley, no nos estarían ayudando a nosotros como trabajadores de la curtiembre”.
Delssin bregó para que el proyecto sea aprobado para “beneficiar a los trabajadores de la industria del cuero porque estamos preocupados y estamos pasando una situación complicada y esto ayudaría a que los puestos de trabajo sean valorados”.
Además, expusieron ante la comisión Tatiana Apstein, de Curtiembre ARLEI S.A, Leonardo Piatek, de la industria del cuero, y la diputada provincial (Santa Fe) María del Rosario Mancini.
El bloque de UP presentó un dictamen de rechazo al argumentar que “estamos discutiendo son DNU de la casta” y que “se escogió quirúrgicamente los 14 más intrascendentes”. El titular de la Comisión, Oscar Zago, aclaró que los DNU de presidencias anteriores: “Ya fueron tratados y tuvieron dictamen”.
La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el oficialista Oscar Zago, se reunió este martes para emitir dictamen sobre 14 Decretos de Necesidad y Urgencia correspondientes a la presidencia de Javier Milei referidos a la modificación de la Ley de Ministerios.
Al inicio del encuentro en el Salón Arturo Illia, Zago le solicitó al bloque de UP que para la próxima sesión brinden el nombre de quién ocupará la secretaría que le falta a la comisión para poder completarla.
Así, aclaró la modificación del giro del expediente 181/2025 DNU 97 que comunica el dictado del Decreto de facultades delegadas 97/25 que autoriza el procedimiento para la privatización total de corredores viales S.A bajo la modalidad de concesión de obra pública por el peaje, remitiéndolo a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado.
El opositor Mariano Recalde (FNyP) lamentó que “tenemos en el haber 102 DNU para tratar. Cuando comenzó la comisión en la anterior presidencia queríamos tratar los más importantes y nos dijeron que íbamos a empezar por los últimos, pero parece que cambió el criterio y de los 102 DNU se ve que escogió quirúrgicamente los 14 más intrascendentes o con menos trascendencia, habiendo DNU verdaderamente importantes que requieren un tratamiento rápido porque ya van a vencer”.
“Entiendo que está en campaña, pero vender humo acá también me parece que no es lo que corresponde”, le lanzó a Zago. “Queremos tratar rápidamente estos DNU, pero ponernos a discutir las cosas importantes que le afectan a la gente porque lo que estamos discutiendo son DNU de la casta, de cómo se acomodan los funcionarios, ministerios y demás. Entendemos que no hay ni necesidad ni urgencia en ninguno de ellos así que nosotros vamos a hacer un dictamen de rechazo”, anticipó Recalde.
De la vereda de enfrente recogió el guante el senador riojano Juan Carlos Pagotto quien le remarcó a Recalde que “todos los DNU hay que tratarlos, aunque a muchos por conveniencia política no les gusta”.
El oficialista sostuvo que “lo que es importante para algunos, no es para los otros. Por eso voy a mocionar para que se aprueben todos los decretos porque son modificaciones a la Ley de Ministerios que es una prerrogativa del Ejecutivo y esta comisión es conteste en ese sentido. Por lo tanto, el discurso político y los vendedores de humo no tengo interés en hacerle ofertas por nada”.
En el mismo sentido, se manifestó el diputado Francisco Monti (La Liga del Interior): “Creo que esto no es humo, es relevante la distribución de competencias y de departamentos y divisiones del trabajo para el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales del Ejecutivo”. El catamarqueño contradijo a Pagotto al aclarar que no se trata de una “prerrogativa” de la Ley de Ministerios porque “de así serlo no estaríamos acá”.
Monti sostuvo que “hay una práctica constitucional en lo que refiere a la utilización de los DNU para modificación de la Ley de Ministerio y la atribución de competencias que es histórica y que claramente no agravia a la Constitución y a la utilización de los institutos constitucionales”.
“Me parece que no tiene ningún sentido político de traer o intentar eludir el debate de los DNU en esta comisión. Apuesto a que podamos tener un plan de trabajo orientado que es lo que se frustró el año pasado, que podamos tratar todos los Decretos de manera ordenada por materia, por tiempo”, opinó.
En tanto, la diputada entrerriana Carolina Gaillard (UP) consideró que “ninguno de estos DNU cumple con el requisito esencial que deben tener, el uso de esta herramienta. Es una práctica común que la Ley de Ministerio se modifique por esta vía, vemos una decisión del presidente Milei de destruir el Estado y desmantelarlo, con lo que no estamos de acuerdo porque trae como consecuencia que se discontinúen programas proyectos, políticas públicas”.
Por último, el chaqueño radical Víctor Zimmermann celebró el trabajo de la Comisión y aclaró que los DNU de la presidencia de Alberto Fernández y Mauricio Macri también fueron tratados y, la mayoría, tiene dictamen. “Es cierto que estos DNU tienen que ver con una práctica común, pero también le dimos dictamen positivo a expedientes de estas características a presidentes anteriores”, le respondió a Gaillard.
Al cierre, Zago celebró que la comisión está funcionando: “Después de años y años de no funcionar, hoy esta trabajando y hemos sacado la mayoría de dictámenes que teníamos de presidencias anteriores y quedan solamente los expedientes del gobierno de Milei”.
Fue en un plenario de comisiones que se reunió este miércoles. Pese al emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, su titular el libertario José Luis Espert se ausentó y lo criticaron duramente por “no cumplir con su función”.
Un plenario de las comisiones de Discapacidad, de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda de Diputados se reunió este miércoles para dictaminar sobre la declaración de emergencia en todo el territorio nacional en materia de discapacidad hasta fines de 2027 que busca “asegurar los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad”.
En total se despacharon cuatro dictámenes: el de mayoría se alzó con 59 firmas de los bloques de UP, EF, CC e Izquierda, mientras que los de minoría reunieron uno 14 firmas del Pro y el MID; el otro tuvo 8 firmas de DPS, y el último 7 firmas de la UCR.
Pese a que en la sesión del pasado 8 de abril se había votado de manera afirmativa el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto, presidia por el libertario José Luis Espert, el diputado se ausentó en la reunión y lo criticaron duramente desde todos los sectores por no cumplir con su rol. En su lugar estuvo a cargo el diputado de UP Carlos Heller (ex presidente de dicha comisión).
Como autor del proyecto y en carácter de titular de la Comisión de Disparidad, el diputado Daniel Arroyo explicó que el texto plantea la emergencia en discapacidad en tres ejes: la emergencia en lo que hace a las prestaciones a los servicios para las personas con discapacidad; las pensiones en discapacidad y las dificultades que enfrentan las personas que quieren acceder a la pensión o ya tienen; y lo que refiere al maltrato.
Así, brindó cuatro ejemplos de la situación de prestaciones: “Una persona que trabaja en un taller protegido por cuatro horas cobra 28 mil pesos por mes, no por día. Ese monto no se actualiza desde febrero de 2023, estaos ante una evidente emergencia y un ingreso para la persona con discapacidad fuera de toda regla. El problema adicional es que las personas no cobraron ni enero, ni febrero ni marzo”.
Luego presentó el caso de un transportista que traslada a las personas con discapacidad para hacer sus tratamientos: “Esa persona cobra 541 pesos el litro de nafta. Con suerte los transporta dos días y la persona no hace su tratamiento como corresponde”. También contó lo que sucede con los acompañantes de alumnos con discapacidad que asisten a una escuela común: “Cobran a los 180 días 3 mil pesos por hora. Es evidente que no le alcanza y la persona se va, cuando el acompañamiento tiene que ser durante un año, y por eso van rotando”.
Hoy logramos un avance en serio para la Emergencia en Discapacidad. Vamos por lo que falta: la aprobación en el recinto. pic.twitter.com/HtQFkp0dlK
— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) April 30, 2025
“Los hogares están a punto de cerrar porque tienen deuda con ARCA hasta el 30 de junio y están viendo cómo hacen en un estado de desesperación porque no saben cómo pagar”, presentó como último ejemplo.
Arroyo aclaró que “ninguno de los problemas empezó hace 14 meses, la situación crítica de las personas con discapacidad viene hace tiempo, pero ha empeorado porque no hubo aumento este año”.
Así, explicó que el primer punto que trata el proyecto busca atender el problema del desfase de las prestaciones y la caída de las prestaciones “por eso la emergencia a las personas con discapacidad”. Sobre las pensiones por discapacidad precisó que hay 1.200.000 personas con pensión.
“El Gobierno inició una auditoría algo que es correcto, está claro que hay personas que accedieron a una pensión que no les correspondía, pero no está haciendo la auditoría como corresponde porque la forma de hacerla es identificar a los médicos que han dado cantidad de certificados truchos y evaluar la situación, identificar las localidades, no poner en estado de desesperación a 1.200.000 personas que les llegan cartas documentos que no saben cómo atender porque lo que está desfasado es la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad”, criticó.
Arroyo también cuestionó que hay 500 mil personas que se presentaron para acceder a la pensión, pero “en los últimos 14 meses solo entraron 586, el 0,81%”. “Es necesario hacer una auditoría, pero no poner en estado de desesperación a las personas que hacen 10 horas de cola. A la ANDIS le han pedido un nivel de ajuste que no es posible cumplir con las auditorías y ha generado este estado al conjunto del sistema desacomodando la situación de las pensiones”, apuntó.
Por último, se refirió al maltrato: “Se generó una estigmatización y las personas con discapacidad vienen siendo invisibilizadas hace mucho tiempo, sufriendo falta de servicios y de apoyo. El Gobierno hizo la Resolución 187 en enero donde cambia el sistema de pensiones y vuelve 100 años atrás al concepto de pensión por invalidez laboral y en sus consideraciones denomina a las personas con discapacidad como ‘idiotas’, ‘imbéciles’, ‘débiles mentales’”.
“El proyecto apunta a resolver las tres cuestiones, tomando como base para las pensiones diciembre de 2023 antes del 120% de devaluación, actualiza las prestaciones al mes de abril, descuenta lo que ya fue aumentado y en función de eso compensa para evitar que los hogares cierren y para evitar el estado de desesperación de las personas. A partir de esa compensación, establece que la ANDIS debe hacer un nuevo nomenclador razonable, lógico en término de los montos que requieren las prestaciones para las personas con discapacidad”, resumió Arroyo.
Así, destacó que la iniciativa tuvo mejoras “sustantivas” de diversos bloques como el cuidado del sistema de seguridad social; da claridad sobre la imposibilidad de que una persona tenga a la vez pensión y jubilación por discapacidad “quienes hacen la evaluación sobre el impacto fiscal no deberían confundirse”; y actualiza el valor de los aranceles.
“Es evidente que estamos ante una emergencia, no es que el sistema está un poco desfasado, esta desactualizado. Necesitamos un sistema de pensiones lógico y razonable y declarar la emergencia hasta fines de 2027, establece con claridad condiciones para ordenar lo que está mal y tener un nuevo nomenclador, ordena sanamente el tema de las pensiones no generando un impacto fiscal y sale del maltrato”, concluyó.
A continuación, el titular de la Comisión de Acción Social y Salud, Pablo Yedlin (UP), cuestionó la ausencia del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert (LLA): “Estamos a la espera que se decida a convocarnos. El mecanismo de emplazar funciona, habrá que seguir implementándolo”. El tucumano recordó que la iniciativa ya cuenta con dictamen, pero resaltó que “viene mejorado con el aporte de muchos”.
ANTE LA EMERGENCIA, ACCIÓN 🚨
Acabo de firmar el dictamen para que la #emergenciaendiscapacidad SEA LEY!
No podemos consentir el maltrato que el gobierno cruel de @JMilei dispensa a las personas con discapacidad, sus familias y prestadores de servicios
Que sea ley! 🙌 pic.twitter.com/6wcW32aBiU— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) April 30, 2025
En el mismo sentido, la diputada santafecina Mónica Fein (EF) lamentó la falta de Espert porque “esta comisión tiene quórum y es su responsabilidad estar acá presente”. Luego, remarcó que es un “mecanismo perverso que el Gobierno ha definido para que le cierren los números, dejar a los más vulnerables que requieren del Estado para ser acompañados, restándole prestaciones, limitando aportes, servicios, las maestras, si no también acusando a través de una auditoría y dejando a las personas con discapacidad en una situación de sospecha, vulnerabilidad y abandono. Queremos que sea ley la emergencia”.
“Esto no es una auditoría, es la decisión de que cierren los números y poder dar de baja a más de 400 mil pensiones. No entender que las personas con discapacidad requieren de un Estado presente, un presidente que utiliza el síndrome de Down como insulto para referirse a un gobernador, habla de la falta de humanidad y crueldad, de la incapacidad de comprender una sociedad diversa. Más allá de las dificultades que nos pone el oficialismo impidiendo que discutamos que las personas con discapacidad merecen un trato humano, respetuoso, inclusivo”, cerró adelantando su apoyo al dictamen.
También informando de su acompañamiento al dictamen, Christian Castillo, del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, acentuó la idea de que “viendo el pacto que el Gobierno acaba de firmar con el FMI esto se va a agravar; así como el tema de los adultos mayores, la discapacidad es una de las preferencias de la motosierra de este gobierno”, sentenció. Asimismo, alertó por la posibilidad de un eventual veto presidencial.
EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD @PabloJulianoLP fuerte contra @jlespert
"Qué jodido tenés que ser para presidir la comisión de Presupuesto y Hacienda, tener un emplazamiento de todo el pleno y borrarte. ¿Con qué cara vas a recorrer la Provincia de Buenos Aires para buscar el voto… pic.twitter.com/NIwH2fOjry
— democraciaparasiempre (@dipdemocraciaps) April 30, 2025
La pampeana Marcela Coli (Democracia para Siempre) le agradeció al diputado Carlos Heller (UP) por tomar la presidencia de la Comisión de Presupuesto y “poder hacer ese llamado al titular de la comisión José Luis Espert de no cumplir con su rol, más allá de que esté de acuerdo o no con la temática que se debate. Cuando uno cumple una función, tiene que hacer lo que se debe hacer. Hoy tenía que hacer eso y no está cumpliendo su función, escuchar lo que no quiera escuchar. Lamentablemente no da una buena imagen de su rol”.
“Estamos totalmente de acuerdo que la discapacidad transita la emergencia. Nuestro país recién en 2011 se adhirió a la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad y le dio jerarquía constitucional. Hasta el día de hoy pasaron 5 presidencias donde la discapacidad no ha tenido la atención e inversión de recursos necesarios para tener esa dinámica, esa contención, planes de atención, programas para que hoy la Argentina no este discutiendo una emergencia. Es vergonzoso”, expresó.
Al pedir la palabra, el diputado del Pro Martín Maquieyra señaló que la responsabilidad de la situación por la que pasan hoy en día las personas con discapacidad es “de quienes han gobernado, sobre todo de quienes más han gobernado durante más tiempo”.
“Nuestro dictamen plantea la actualización por el índice de precios al consumidor (IPC) del nomenclador y prestaciones porque creemos que es un problema que hay que solucionar. También planteamos adaptar el vocabulario que se dictan en los organismos. Planteamos que el Ejecutivo reglamente los montos a los talleres protegidos, nos parece inviable en este momento con esos montos que una persona pueda trabajar. Lo diferente es que nosotros creemos que la real dignidad de la persona es poder conseguir un trabajo y no atarlos a una voluntad del Gobierno y por eso plantemos una modificación a la ley laboral para que se triplique el beneficio a quienes contraten personas con discapacidad”, precisó.
Para Maquieyra: "La mejor forma de dar dignidad a cualquier persona es que pueda conseguir un trabajo en blanco, sobre todo un empleo en el sector privado; creemos que esa es la manera de que Argentina salga adelante y ese derecho se le tiene que brindar a todas las personas con discapacidad”.
La radical Carla Carrizo expresó: “Las pensiones no contributivas están sospechadas porque los gobiernos han hecho política partidaria con ellas, pero la dignidad de las personas con discapacidad no puede estar bajo sospecha. SÍ, debe haber controles y auditorías sobre las pensiones".
"Estamos de acuerdo con esta Ley. Pero presentamos dictamen de minoría porque creemos que la emergencia debe ser sólo por 12 meses. También queremos establecer un presupuesto para la misma, no puede quedar en facultad del Ejecutivo disponer una partida", concluyó.
En tanto, el diputado Eduardo Valdés (UP) lanzó una dura crítica al Poder Ejecutivo por el abandono y la violencia institucional hacia el colectivo de personas con discapacidad: “Nunca estuvieron tan mal como ahora. Este gobierno usa la palabra ‘auditar’ como sinónimo de recortar derechos. Lo hicieron con las universidades, con los jubilados y ahora con las personas con discapacidad. La única política de discapacidad que aplican es la crueldad”.
Valdés advirtió que “se está regresando al modelo médico de los años 70, que ya había sido superado por las luchas del colectivo y por los marcos de derechos humanos. “Volvieron a poner el foco en la patología, en la ‘medición de la discapacidad’, en lugar de entender las barreras sociales. Es un retroceso de 50 años”.
Además, Valdés denunció la vigencia de la Resolución 187/25, que el gobierno prometió derogar, pero continúa publicada en los portales oficiales. “Ese texto incluye términos como ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’ para clasificar personas. Es inadmisible, y demuestra el pensamiento real que tienen sobre el tema”, sostuvo.
Estuvieron presentes en la reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados referentes de distintas entidades agropecuarias quienes coincidieron en la necesidad de la eliminación de dicho impuesto y una ley del Congreso que lo respalde.
La Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, presidida por el radical Atilio Benedetti, se reunió este miércoles para continuar con el debate sobre las propuestas referidas a la baja de los derechos de exportación para los productos agropecuarios, a la cual asistieron referentes del sector quienes expresaron la necesidad de eliminar dicho impuesto y le pidieron al Congreso una ley que lo respalde.
Al inicio del encuentro desde el Salón Delia Parodi el titular de la comisión recordó que el debate se inició hace un mes con la presentación de seis proyectos de diferentes autores sobre los derechos de exportación. Así, pidió hacer un esfuerzo la próxima reunión para emitir dictamen de todos los proyectos.
“Estamos ante una situación mundial donde compiten por quién pone más aranceles para complicar importaciones, y nosotros estamos con el problema de los derechos de exportación. Conozco el sector y el esfuerzo que hizo con respecto a este nuevo gobierno, pero el tiempo transcurre. Hay una previsibilidad que se aumenten las retenciones que fueron bajadas por el Gobierno en enero, pero como no hay una ley que contenga existe la posibilidad que aumenten en julio”, expresó el radical.
Por la Sociedad Rural Argentina habló Ivana Nadal, quien planteó que hace 20 años vienen pregonando por la eliminación de los derechos de exportación ante todos los gobiernos e, incluso, agotaron la instancia judicial porque “este impuesto solo postergó inversiones y la posibilidad de desarrollo del país con más de 200 mil millones de dólares que se transfirieron a las arcas del Estado contribuyendo que 100.006 productores abandonaran su actividad”.
“Este impuesto ha deteriorado la economía del interior del país y, por ende, el federalismo que constituye una de las causas de estancamiento del país”, lamentó y precisó que los derechos de exportación son un “mal impuesto, discriminatorio, confiscatorio e inconstitucionales porque genera desincentivos a los productores”.
Nadal remarcó que son una de “las pocas actividades que se aplica este impuesto. Se discrimina a sus productores agropecuarios”. También comentó que desde la Sociedad Rural presentaron un amparo colectivo para que declaren la inconstitucionalidad e ilegitimidad el cobro de derecho de exportación en 2022. “Los derechos de exportación exigen una ley del Congreso”, reclamó.
Por último, informó que la Mesa de Enlace coincide en que hay que derogar el 755 del Código Aduanero, la eliminación de retenciones y que es por ley donde se deben establecer los derechos de exportación.
Pablo Ginestet, de Confederaciones Rurales Argentinas, ratificó que deben ser eliminados los derechos de exportación por una ley y eliminar el 755 del Código. “Los productores agropecuarios venimos pagando retenciones hace más de 20 años, se han aportado más de 200 mil millones de dólares”, informó.
“Los límites a la producción que imponen generan dolor y el impacto devastador a las comunidades, por eso son el peor impuesto”, apuntó y explicó que los derechos de exportación, conocidos también como “retenciones”, son impuestos que se aplican a la venta de los productores al exterior. “En la práctica son profundamente regresivos porque lejos de beneficiar al país, impidieron el desarrollo del interior, pusieron un techo a la producción y profundizaron la desigualdad que genera pobreza. Estos tributos reducen el precio al productor atacando la rentabilidad y desincentivando la inversión en tecnología e innovación”, planteó.
Ginestet sostuvo que la eliminación de las retenciones generaría “previsibilidad al sector” y agregó: “Argentina necesita un sistema tributario estable y transparente para promover la inversión, facilitar acceso a créditos, planificar la producción”, y pidió que se enfoquen “con decisión y valentía en la urgencia que enfrenta el país que es la reducción del gasto público”.
Por último, lamentó que desde la implementación de las retenciones desde 2002 hasta la actualidad el país perdió más de 75 mil productores agropecuarios, una caída superior del 25%.
Desde Federación Agraria, Claudio Angeleri reiteró el pedido de quita de retenciones de forma gradual o de una sola vez. “A lo largo de los años nos han prometido que iban a sacar ese derecho, y ninguno ha cumplido. Necesitamos previsibilidad para poder invertir, no tenemos la herramienta para hacerlo”, criticó y detalló: “De lo que tributamos, el 72% se va a en impuestos”.
Mientras que desde la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Patricia Luque consideró que "eliminar los derechos de exportación no implica resignar recursos fiscales, sino reorientarlos. Es una medida de política económica correcta para fortalecer el crecimiento, el desarrollo del interior productivo, generación de empleo y divisas y estabilidad fiscal del país”. Luque señaló que es “imprescindible” para mejorar la competitividad, garantizar un crecimiento sostenible en toda la cadena productiva.
“El agro es un pilar fundamental del desarrollo de la economía, especialmente ene l interior donde son la principal fuente de empleo y dinámica económica. Representa 1 de cada 4 puestos de trabajo privado; 1 de cada 4 pesos del PBI; 1 de cada 5 pesos de recaudación tributaria; 5 de cada 10 dólares de exportación”, indicó.
Por su parte, Ángeles Naveyra, presidenta de la Fundación Barbechando remarcó: "Necesitamos previsibilidad y reglas claras para ser una Argentina competitiva”. “Todos queremos un país con desarrollo federal y para eso necesitamos que los cinco motores arranquen, la agroindustria es la que más está traccionando y es el único generador de divisas”, agregó.
Por último, Juan Schilling, de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), dijo que “la propuesta es eliminar las retenciones sin afectar el superávit fiscal”, y en ese sentido, señaló que “planteamos financiar el impacto fiscal, negativo que tiene esto, con una eliminación progresiva en tercios por año y la emisión de un bono similar al que se usó para regularizar las importaciones atrasadas que heredó este Gobierno".
Durante la reunión informativa que se desarrolló en el Salón Delia Parodi del Congreso Nacional, además, expusieron Ariel Angeli, líder de Unidad investigación y desarrollo CREA, y Nicolle Pisani Claro (FADA).
La palabra de diputados
El pampeano Martín Ardohain (Pro) señaló que hablar de retenciones es “hablar del daño que le hicimos al campo y al sector productivo. Fueron 22 años nefastos para la producción, los números son contundentes, el sistema no funcionó, fracasamos y miles de puestos de trabajo se perdieron”. “Hay que sacarle el pie de encima a la producción”, remarcó.
El diputado nacional Carlos Gutiérrez, que responde al gobernador Martín Llaryora, insistió en que la Cámara baja dictamine un proyecto para que las rebajas parciales al impuesto por los derechos de exportaciones del Agro no vuelvan a subir en junio, según el plazo establecido por el Gobierno Nacional.
El legislador cordobés instó a que “lo más pronto posible” la Comisión de Agricultura y Ganadería defina una iniciativa para garantizar que las rebajas parciales a las retenciones no suban desde mitad de año.
Al respecto, Gutiérrez sostuvo: “No es un capricho político ni de conveniencia. Para Córdoba y las provincias que integramos la zona central del país y para todas las economías regionales es fundamental que -de una vez por todas- no existan más las retenciones”.
“Hoy no sabemos cómo van a impactar las medidas comerciales impulsadas por Estados Unidos, aunque si debemos ser prudentes y tener un pronóstico de lo que puede traer aparejado para nuestro país. En cualquier caso, que no nos encuentre a contramano de lo que debe ser nuestra política productiva fundamentalmente ligada a las exportaciones”, afirmó el legislador y agregó: “Acompañamos el objetivo del superávit fiscal, pero sin un desarrollo productivo no nos lleva sino nuevamente a una frustración sobre el destino de nuestro país”.
También resaltó: “Estamos de acuerdo con que municipios y provincias se sumen a este esfuerzo de baja impositiva y a contribuir con la competitividad, pero debe hacerse con una discusión de una nueva matriz tributaria. Si no se le suelta la mano a las provincias sin importar lo que les pueda suceder”.
“Es una falacia que no se puede enfrentar el costo fiscal. Se lo puede hacer desde la progresividad y desde la discusión de una nueva matriz impositiva “, expresó por último Gutiérrez.
El tucumano Roberto Sánchez (UCR) expresó que “la mayoría de los impuestos que se han puesto aún persisten. Hubo una gran transferencia desde el campo a los gobiernos. Hay que ver con buenos ojos lo que hizo el Gobierno de mermar un 20% algunas producciones, pero no dan previsibilidad porque es solo hasta junio, no hay previsibilidad”, y cerró: “Vamos a tratar de dar la mejor ley que necesita el campo para salir de este letargo y no nos deja competir con los demás productores de los países y no podemos crecer”.
Diputados referentes de entidades gremiales criticaron los proyectos que proponen la eliminación de la “cuota solidaria” y respaldaron la actividad de los gremios. El titular de la Comisión de Legislación del Trabajo informó el cronograma de las siguientes reuniones.
En la antesala al paro general anunciado por la CGT, un sector de la oposición en Diputados retomó este martes el debate por la reforma sindical, puntualmente el eje del encuentro fue sobre la eliminación de la llamada “cuota solidaria”.
Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el radical Martín Tetaz, quien anunció que la próxima semana se llevará a cabo un encuentro de carácter informativo y, la siguiente, intentarán sacar un dictamen.
Tetaz aclaró que los proyectos presentados puestos en debate proponen modificar el artículo 9 de la Ley 14.250 y el artículo 37 de la 23.551 que tienen que ver con la famosa “cuota solidaria” que son “descuentos que los trabajadores reciben en sus recibos de sueldo y no han sido expresamente autorizados por el trabajador”.
Tras ser ungido como secretario de la comisión, el diputado de UP José Gómez (Santiago del Estero) le aclaró que “todo lo que hace a la acción sindical está aprobado a través de asambleas o convenios colectivos de trabajo”.
Al tomar la palabra, el diputado monobloquista Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) explicó que en su iniciativa propone la eliminación de los aportes obligatorios de quienes no son afiliados y no han consentido las contribuciones. Así, sostuvo que en los convenios internacionales se prevé “el pluralismo sindical” y que “no se debe usar el poder coactivo del Estado para servir a organizaciones”.
Por la Libertad Avanza, se manifestó la diputada Marcela Pagano quien contó que su iniciativa fue presentada en octubre y propone darles la posibilidad a los empleadores de lo que puedan elegir qué hacer con los recursos que consideran que deben retribuir como capacitación o beneficios a los empleados. “En mi proyecto planteo que los aportes, que hoy son obligatorios en materia de capacitación y seguros, pasen a ser voluntarios”, precisó.
Pagano contó que ha recibido denuncias por parte de empleadores y que les han comentado que “los fondos del 0,5% del sector de comercio, por ejemplo, no fueron a la capacitación. Desde el 2008 no cuentan con un solo empleado que haya recibido capacitación alguna, siendo que está esta obligación que fue homologada en la paritaria con el Ministerio de Trabajo. El beneficio que tiene que ser para el empleador y empleado no está ocurriendo y los fondos están yendo a algún lugar, pero nadie responde qué hacen con los fondos”.
La libertaria propuso que se “investiguen el destino de estos costos ocultos”, y preguntó: “¿A dónde va financieramente el dinero que se aporta en tiempo y forma? ¿cómo se capitaliza? Me pregunto si tenemos la legislación eficiente para que los fondos sea realmente el destino final las capacitaciones y no sean manos que manosean fondos y se los quedan para beneficios d algunos pocos”. Así, insistió en que el aporte debe ser voluntario y que se investigue qué se hace con los fondos.
De la vereda de enfrente, el diputado Pablo Carro (UP) le planteó que si de las Cámaras Empresarias hay denuncias de malversación de fondos deben ir a la justicia para que “no sea una discusión ideológica”, en el mismo sentido se manifestó López Murphy.
Foto: HCDN
Por su parte, como integrante del sindicato del gas y petróleo privado, el diputado chubutense Jorge Ávila (Encuentro Federal) le retrucó a Pagano y se defendió: “A todos los trabajadores nuestros los capacitamos. Hacemos balance y presentación de eso. Vamos con la documentación. Nosotros nos manejamos así porque si no se prepara al empleado no se puede trabajar, esa es la virtud de los fondos”, y apuntó: “No tiene coherencia el proyecto que estás presentando”.
Ávila criticó: “No es un proyecto que nos va a cambiar la idea de ver el gremialismo. Busquen una mejor acción, de que su gobierno controle mejor. El proyecto que está presentando es ilógico, por eso no lo vamos a votar”.
El diputado nacional y uno de los secretarios generales de la CTA, Hugo Yasky (UP), criticó que la mayor cantidad de proyectos “parten de desconocer lo que es la base jurídica del Estado de derecho que garantiza la autonomía y libertad sindical”. En tanto, cuestionó el proyecto de López Murphy y sostuvo que “lo que propone es absurdo porque la OIT plantea desde su inicio es el respeto a las decisiones que toman los sindicatos que están fiscalizadas por el orden público”.
Yasky defendió la cuota solidaria: “Desconocen que son decisiones que toman los propios trabajadores en uso y práctica de su autonomía. Los sindicatos son organizaciones libres y no pueden estar sometidas a la lógica de un Estado”, y comparó que en Europa existe la cuota solidaria. Así, desmintió que el sindicalismo impone la afiliación: “Es todo mentira, en Argentina la afiliación es voluntaria”. En ese sentido, apuntó que el oficialismo “necesita recursos para la campaña”.
“Se está aplicando una doble vara que, además, es violatoria de la ley. Hay un solo proyecto de este paquete que contemplaba alguna medida que favorecía a los trabajadores fue excluido. Quizás se debe al clima de época de la comisión”, denunció Yasky.
Lejos de quedarse callado, López Murphy le contestó: “Es una cosa anómala que permanezcan por décadas los mismos representantes a cargo”, y sumó: “La idea de que un grupo corporativo le imponga a las personas que no pertenecen, contribuciones forzosas, es inaceptable”. A su turno, Carro chicaneó al diputado de Encuentro Federal: “Inaceptable es firmarle un DNU al presidente para que acuerde con el FMI pese a que la Constitución dice que lo tiene que hacer el Congreso por ley”.
📑 La comisión de Legislación del Trabajo, presidida por @martintetaz, se reunió hoy para debatir proyectos de ley tendientes a eliminar o modificar las contribuciones de solidaridad de los trabajadores en beneficio de las asociaciones sindicales. pic.twitter.com/iRKnyy6UNP
— Bloque Diputados UCR (@diputadosucr) April 1, 2025
“Es un delirio desde mi punto de vista que se quiera reventar una legislación nacional que ha sido de mucha utilidad”, cuestionó Carro y sumó: “Necesitamos la opinión de las Cámaras Empresarias, no se tienen que meter con la vida de los sindicatos porque estos fondos son de muchísima utilidad. No conozco empresarios que estén en contra de esto, si conozco políticos que ideológicamente están en contra de esto”.
El dirigente sindical de SMATA Mario Manrique (UP) cuestionó que “hay una visión distorsionada de las cosas porque parece que hablan de una mafia organizada y fuéramos apunto de pistola a firmar acuerdos”, y defendió: “Todo lo que discute el sindicato es en beneficio de todos los trabajadores, afiliados o no”. Manrique señaló que el eje de la discusión es si se está a favor o en contra del sistema sindical del país.
“Lo que buscan todos estos proyectos es desfinanciar a los sindicatos. No buscan mejorarle la calidad de vida a los trabajadores, la productividad a empresarios, abaratamiento de los costos para la creación de empleo”, apuntó y agregó: “Se está usando de excusa los aportes y contribuciones sindicales, pero se está poniendo en duda el sistema gremial”.
Manrique disparó contra el oficialismo: “Si algo no funciona, hay que hacerlo funcionar no eliminarlo porque si no es la ley del menor esfuerzo que es lo que el Gobierno no hace, eliminan lo que dicen que no funcionan. Son unos vagos, no quieren laburar. Hay que hacer funcionar al país cumpliendo las leyes que ya están, no creando nuevas”.
Desde el bloque Pro, Gerardo Milman señaló: "Nosotros venimos a defender los intereses del pueblo y una gran parte de eso son los trabajadores, no tenemos que venir en función de si somos empresarios, sindicalistas, venimos como diputados".
En ese sentido, el diputado afirmó que “estos aportes afectan la capacidad de ingresos de los trabajadores”, al tiempo que bregó por “una ley de modernización laboral” con el fin de “sacar de la informalidad a muchos trabajadores”.
En tanto, la diputada Soledad Carrizo (UCR) manifestó que “es fundamental reformar el sector del sindicalismo no solo en su representación sino respecto a la cuota sindical”, al tiempo que apoyó “la eliminación de la obligatoriedad del aporte". En la misma línea, Agustín Domingo (Innovación Federal) coincidió con su par en la “necesidad de una modernización laboral".
De la reunión de la Comisión de Minería participaron los representantes de San Juan, Jujuy, Catamarca, Santa Cruz, Mendoza y La Rioja. También disertó el secretario de la Nación, Enrique Lucero. Hubo coincidencias en la necesidad de discutir un nuevo código minero o actualizarlo.
La Comisión de Minería de la Cámara baja, presidida por el sanjuanino Walberto Allende (UP), se reunió este miércoles para recibir al secretario de Minería de la Nación, Enrique Lucero, y funcionarios provinciales quienes disertaron sobre los desarrollos mineros en las provincias. También estuvo presente el titular de la Cámara, Martín Menem.
Del encuentro, que se llevó a cabo en el Anexo “A”, participaron representantes de las provincias de Jujuy, Catamarca, Mendoza, San Juan, Santa Cruz y La Rioja, sumado a empresarios vinculados al sector. Por su parte, desde la provincia de Salta no pudo asistir el ministro, debido a que se encuentran afectados por las inundaciones.
La exposición la abrió el secretario de Minería quien afirmó: “Estamos viviendo un momento extraordinario en el precio del oro sin precedentes”. Además, brindó datos sobre los proyectos en marcha en las diferentes provincias, precisó cifras sobre las inversiones y detalló qué empresas solicitaron la adhesión al RIGI.
También puntualizó: "Integro un gobierno que lleva apenas un año en el poder y creo que estamos hablando de un deterioro de más de cincuenta años y me parece aventurado exigirle al Gobierno Nacional en este momento”. En la misma línea, pidió que “seamos equilibrados; por favor no hagamos de la minería federal cuando conviene y algo nacional cuando no conviene”.
Foto: HCDN, secretario de minería de la Nación, Enrique Lucero
San Juan
El ministro de minería de San Juan, Juan Pablo Perea Fontivero, destacó la unidad para los grupos inversores que “es algo que el país ha dado un salto de calidad de transformarnos, pasar a ser un país minero”. En cuanto a la provincia, sostuvo que “pudimos avanzar después de 20 años en un moderno sistema de evaluación ambiental. Estamos trabajando para tener un ministerio de minería digitalizado porque son herramientas que debemos mostrarle al grupo inversor para que confíe y ser más atractivos”.
“La minería ha transformado en los últimos 20 años la matriz productiva de la provincia. El incremento del precio del oro pudimos dar un salto de calidad y modificó los números. En 2024 se exportó por unos 1.847 millones de dólares un 66% más que el 2023, se despachó en 2024 unas 690 mil toneladas un 25% más del año anterior. Por facturación, el oro es el principal producto de exportación con 1.467 millones un 80% más que en 2023. En 2024 el 82% de las exportaciones de San Juan liderado por el oro. Las demás exportaciones también crecieron con respecto al 2023 en un 25% promedio”, precisó y cerró: “Para nosotros la minería es el motor principal de crecimiento”.
A su turno, el secretario de ambiente de San Juan, Roberto Moreno, explicó la nueva normativa de su área que rige desde diciembre de 2024: “Reunimos toda la normativa dispersa en otros decretos que se sacaban con el transcurso de los años. Se adaptaba la normativa a los proyectos que salían. Así volvimos a cumplir con los plazos que establece el Código de Minería para la evaluación ambiental de todas las etapas. En los proyectos grandes se mantiene la Comisión Interdisciplinaria de evaluación ambiental Minera, y también se introdujo que todas las actualizaciones de evaluaciones ambiental se presentarán por declaración jurada”.
Jujuy
El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles, expresó la necesidad de discutir la actualización de políticas sobre minería que “nos están afectando”, porque los datos “nos marcan que Argentina está ante grandes desafíos, pero a los grandes problemas necesitamos soluciones”. “El cambio de la matriz energética en el mundo, hizo que nuestro país sea demandando en el tema de la minería y cambio en tecnologías, por lo cual, hace falta poder discutir un nuevo código minero o actualizarlo”, planteó.
“Tenemos un total de 21 proyectos de exploración en tema de litio, 43 proyectos en evaluación sobre los salares. En los próximos años vamos a tener arduo trabajo en el tema, sobre todo en la búsqueda de polimetálicos, pero el desafío de las provincias es generar proveedores mineros capacitados, especialización en todo esto del litio y minería para que podamos retener parte de ese valor agregado y se transforme en puestos de trabajo”, consideró.
Abud Robles sostuvo que “tenemos que estar preparados con una legislación acorde a esta demanda mundial. Hay que darles especialización a nuestros habitantes, ingenieros, empresas. Ese es un gran desafío, también otro desafío es discutir el código minero para que vengan inversores”.
“Es el momento de esta actividad en el país para tener inversiones, para poder crecer ante los precios internacionales, generar valor agregado y empleo en cada provincia. Si no somos capaces de generar mayor valor agregado, creo que se nos va esta oportunidad de las manos y tenemos que trabajar de forma conjunta”, concluyó.
Catamarca
La directora de promoción y responsabilidad sociedad minera, Yésica Yornet, comentó que en etapa de exploración cuentan con 30 proyectos con vida vigente respecto del litio “un mineral crítico de la provincia”. Sobre proyectos metalíferos y no metalíferos cuentan con más de 20 iniciativas en exploración y 3 en explotación. De ellos destacó Agua Rica “con el que se sigue trabajando”, y Diablillos “es un proyecto compartido con Salta”.
Yornet afirmó que trabajan bajo el eje de la transparencia al adherirse al estándar EITI en 2023. También, trabajan bajo los ejes de lo social con una contratación de mano de obra local del 70%, y lo ambiental: “Participan las comunidades locales y se las capacitan. También la perspectiva de género en la participación y en la redacción del impacto ambiental”.
Al cierre de su alocución, la funcionaria catamarqueña remarcó la necesidad de crear “alianzas estratégicas. Tenemos un fuerte compromiso en lo ambiental y social. Es posible la minería bajo ciertos parámetros para que sea sustentable”.
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Santa Cruz
A través de un video, destacaron que es una de la provincia argentina número uno en exportaciones mineras, donde 4 de cada 10 dólares que exporta el país en minería se producen por esa provincia. Así, la minería representa el 80% de las exportaciones totales de Santa Cruz y en 2024 crecieron en un 8% interanual. De la canasta minera de exportación, el oro representa un 89,7% y la plata un 10,1%. Así, la provincia cuenta con un total de 36 proyectos en exploración de oro y plata, 7 en producción, 3 en exploración de uranio y lignito.
Además, destaca que se trata de la única provincia que cuenta con una ley de cierre de minas, sistema de control y monitoreo ambiental remoto que disminuye errores, produce reportes y acceso a la información. También está adherida al EITI para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.
La secretaria del área, Nadia Ricci, explayó que “gracias a la ley de inversiones mineras estamos en un hito similar al RIGI es líder en minería desde hace 30 años, pero pasaron cosas y no se ha tenido una continuidad en política minera porque es un territorio sub explorado y es algo que estamos tratando de revertir desde dos ejes fundamentales, es una de las grandes oportunidades”. “La actividad minera es la acción más concreta que se tiene”, remarcó.
Así, contó que están trabajando en el fortalecimiento institucional, la promoción para la atracción de inversiones. “También estamos en el desarrollo de digitalización y transparencia que es importante al momento de los inversores evalúen dónde invertir el dinero. Pero recuperar los años perdidos para la provincia es un imposible, es como comenzar de nuevo”, lamentó. Por último, pidió que el Congreso o la secretaría trabaje en la extensión de los beneficios del RIGI a ciertas empresas y discutir créditos fiscales que “permitan más credibilidad para que inviertan”.
Mendoza
Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza y exdiputada nacional, recalcó la decisión firme del gobernador de su provincia para “desarrollar una política de promoción minera capitalizando los aprendizajes y acelerando la exploración, que durante muchos años en Argentina nos ha llevado a no certificar reservas, siendo el peor de los escenarios porque las inversiones se apalancan de dichas certificaciones”.
“En cuanto al potencial geológico, Mendoza comparte con San Juan y Chile cinco de las principales fajas metalogénicas del cinturón del pacífico, esto significa que tenemos un gran potencial”, puntualizó la ex diputada nacional. Sin embargo, aclaró que “Mendoza tiene una legislación ambiental restrictiva, pero no es prohibitiva”, y tiene una modificación del Código de Procedimiento Minero para “agilizar los procesos de otorgamiento de permisos, para tener estándares de sostenibilidad ambiental y social”, y reafirmó: “La importancia de la minería como eje de la economía andina basada en el desarrollo de la industria energética y minera”.
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La Rioja
Participó del encuentro Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, quien celebró que en la comisión estén juntos el sector público y el privado. “Nosotros somos los que legislamos y el sector privado es el que invierte; o sea, está en nuestras manos generar las condiciones de sustentabilidad de este tipo de inversiones que son a largo plazo”, ratificó.
“Tenemos una oportunidad inédita para la historia de nuestro país en dar un paso adelante en este rubro de la economía que tanto necesita, que es el mundo de los minerales; aprovechemos esta oportunidad, legislemos en pos de no ahuyentar los capitales, que son ellos los que van a generar trabajo, regalías y mejores condiciones de vida para 47 millones de argentinos”, afianzó el titular de Diputados.
Al referirse al RIGI, Menem acentuó que “más allá de lo importante que es para nuestra industria, habla de nuestro fracaso en términos políticos; viene a ser el parche a un sistema que no pudimos generarle condiciones de estabilidad de manera natural y permanente en torno a la inversión de los capitales”.
El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, analizó que “en los últimos años ha habido un avance muy positivo hacia dentro de las provincias en consolidar procesos importantes para que la minería crezca, y buscar alternativas concretas que permitan inversiones futuras cercanas de alta envergadura y con proyectos de clase mundial, que representan un hito para la Argentina a medida que puedan desarrollarse”.
“Hay que atacar totalmente al tema de nuevas exploraciones, pero tenemos que tratar de consolidar los proyectos existentes, porque si no en poco tiempo nos vamos a quedar con una explotación disminuida”, reflexionó Cacciola y, en esa misma línea solicitó “generar instrumentos que permitan incentivar nuevamente los proyectos que están en producción y tengan la posibilidad de incrementar significativamente la exploración que va a derivar en mayores erogaciones”, definió.
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También, hicieron uso de la palabra en representación de La Rioja Federico Bazán, ministro de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja, e Ivana Guardia, secretaria de Minería; Alfredo Vitaller, director de Asuntos Corporativos de la Empresa Vicuña Corp; Santiago Cichetti, gerente de Asuntos Exteriores de la Empresa Río Tinto; y Néstor Rigamonti, de Minera Santa Cruz.
El funcionario disertó ante la Comisión de Minería de Diputados y brindó datos sobre los proyectos en marcha en las diferentes provincias, precisó cifras sobre las inversiones y detalló qué empresas solicitaron la adhesión al RIGI.
El secretario de Minería de la Nación, Luis Enrique Lucero, participó este miércoles de la reunión de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados donde brindó datos sobre los proyectos en marcha en las diferentes provincias, precisó cifras sobre las inversiones y detalló qué empresas solicitaron la adhesión al RIGI y destacó que “estamos viviendo un momento extraordinario en el precio del oro sin precedentes”.
El funcionario hizo un resumen de los sucesos vinculados al sector ocurridos desde junio de 2024 a marzo de 2025. Al respecto, comentó que en materia de inauguración de operaciones se puso en marcha una planta de litio del proyecto Centenario Ratones (en Salta), planta de hidróxido de litio del proyecto de Sal de Oro y la planta de cloruro de litio del proyecto Mariana. “Con esto ya son 6 las minas de litio en operación en el país: en Jujuy, Cauchari-Olaroz y Olaroz; en Catamarca, Fenix”, precisó y destacó: “Es un gran progreso”.
En cuanto a los anuncios de inversión mencionó el de Glencore por 400 millones de dólares en proyectos MARA (Catamarca) y El Pachón (Jujuy) entre 2024 y 2026 con destino en estudios de factibilidad y trabajos tempranos. También, Kobrea Exploration anunció inversiones por 20 millones de dólares en exploración en Mendoza. Se suma Río Tinto con inversiones por más de 2.700 millones de dólares para la construcción de una planta de carbonato de litio en Salta. Además, la empresa realizó la presentación al RIGI en febrero de 2025 con el proyecto Salar del Rincón. Por último, la empresa Ganfeng Lithium anunció inversiones por 40 millones de dólares en su proyecto Cauchari-Olaroz para instalaciones de una planta prototipo de extracción directa de litio.
Solicitud de adhesión al RIGI
Lucero precisó que Minas Argentinas S.A con su proyecto Gualcamayo en San Juan presentó una inversión estimada en 1.000 millones de dólares para continuar la producción de oro. Galan S.A con su proyecto Hombre Muerto Oeste en Catamarca presentó una inversión estimada en 228 millones de dólares para iniciar producción de cloruro de litio.
Posco Argentina con Sal de Oro presentó una inversión de 1.002 millones de dólares para iniciar la producción de carbonato e hidróxido de litio. En tanto, Litio Minera Argentina S.A con su proyecto Mariana presentó una inversión de 980 millones de dórales para iniciar la producción de cloruro de litio, mientras que Andres Corporación Minera con su proyecto de cobre Los Azules se presentó con una inversión de 227 millones de dólares. Por último, Rincón Mining PTY Limited con un proyecto en Salar de Rincón invirtió 2.724 millones de dólares para iniciar la producción de carbonato de litio.
En lo que respecta a misiones al exterior, Lucero destacó los “esfuerzos y el trabajo federal desde la secretaría. Nos sentimos acompañados y felices de compartir misiones para empujar la minería argentina”.
“Estuvimos en Londres en conjunto con las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, Mendoza y San Juan en la semana de la Bolsa de Metales, una de las más importantes del mundo. En noviembre firmamos un memorándum de entendimiento con el Servicio Geológico Alemán”, contó.
También informó que firmaron memorándums con Estados Unidos, con Emiratos Árabes y con el Departamento de Recursos Naturales de Canadá. “Avanzamos con el memorándum con la Unión Europea, firmamos una hoja de ruta definiendo temas y proyectos y lo mismo con la India”.
“Estamos viviendo un momento extraordinario en el precio del oro sin precedentes, plata y cobre en buen momento. El litio sigue sufriendo por ahora”, ponderó, pero en cuanto a los proyectos advirtió que para el 2035 estiman una caída de la producción de oro “a menos que logremos con algunas medidas remontar la exploración y que haya reservas”.
También puntualizó: "Integro un gobierno que lleva apenas un año en el poder y creo que estamos hablando de un deterioro de más de cincuenta años y me parece aventurado exigirle al Gobierno Nacional en este momento”. En la misma línea, pidió que “seamos equilibrados; por favor no hagamos de la minería federal cuando conviene y algo nacional cuando no conviene”.
El titular de la comisión, Walberto Allende consideró que las palabras del secretario “pone en evidencia lo que significa recorrer los diferentes países del mundo hablando de las bondades de Argentina respecto de estos minerales tan requeridos y se manifiesta en cada inversión”.
“Ha cambiado la mentalidad del argentino, particularmente en lo que es capital federal que fue reacio a aceptar esta actividad que podemos hacerla cuidando el ambiente. Creo que tiene que ver mucho con las decisiones de los gobiernos provinciales de apostar fuerte, trabajar con las comunidades y entender que aquellas provincias que estamos recostados sobre la Cordillera no tenemos plan b si no hacemos minería”, expresó el sanjuanino y remarcó que “nuestra esperanza está en la minería y por eso la decisión política de los gobiernos provinciales es fundamental”.
Luego de cinco meses, un plenario de comisiones de la Cámara baja retomó el debate sobre la baja de edad de imputabilidad este miércoles. Desde la UCR, CC, DpS coincidieron en instituciones de resocialización para los menores que cometen delitos. El FIT adelantó su rechazo absoluto.
Luego del pedido que hizo el presidente Javier Milei en la apertura del período ordinario al Congreso para que aprueben el proyecto sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 13 años, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados retomó este miércoles el debate tras cinco meses de la última reunión informativa que habían tenido.
El plenario, que duró poco más de una hora y se desarrolló en el Anexo “C”, estuvo compuesta por las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, a cargo de Laura Rodríguez Machado (Pro), Roxana Reyes (UCR), Manuel Quintar (LLA) y José Luis Espert (LLA), respectivamente.
El proyecto de régimen penal juvenil fue uno de los temas de seguridad que el año pasado no avanzó por la falta de consenso entre el oficialismo y la oposición, dada la variedad de propuestas para reformar la legislación vigente, tras siete reuniones informativas que hubo. Sin embargo, el trágico caso de la nena de siete años Kim Gómez que fue asesinada por dos menores de edad, reactivó el reclamo por parte del Gobierno.
En lo que respecta al proyecto del Poder Ejecutivo, se propone un régimen penal aplicable a adolescentes de 13 a 18 años, bajando así la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Esto regirá para cuando fueran imputados por delitos tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales.
Se define que la finalidad será “fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos” y “lograr su educación, resocialización e integración social”.
De acuerdo con el proyecto, las penas privativas de la libertad serán: en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.
Estará “prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años. Además, prevé penas tales como: amonestación, prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima. También, la prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salir del país y prestación de servicios a la comunidad. Asimismo, la iniciativa contempla una serie de medidas complementarias como programas educativos, deportivos, de capacitación laboral, entre otras.
Al inicio de la reunión, Laura Rodríguez Machado -titular de la comisión de Legislación Penal- aclaró: "Este plenario no es informativa. En el día de hoy la decisión que hemos tomado con los presidentes de bloques es no emitir despacho por ahora y trabajar en la posición que tiene cada uno de los bloques sobre la temática”.
“Hemos tenido 7 reuniones de comisión y hemos escuchado a los doce autores de los proyectos que van a ser tenidos en cuenta presentes al momento de dictaminar, a más de 26 especialistas en la temática. Si alguno de los bloques considera que hay que tener presente alguna otra exposición la vamos a incorporar por escrito”, recordó.
Machado pidió que los expositores dejen explícito su punto de vista sobre lo que consideran como edad mínima de imputabilidad, pena máxima, plazos de implementación, penas alternativas a la prisión, modalidades atenuadas, programas de resocialización, tratamientos médicos, figura de supervisor, que son algunos puntos que existen coincidencias y discrepancias.
La primera en hacer uso de la palabra fue la radical Soledad Carrizo quien celebró el tratamiento inmediato de un tema “tan importante” y recordó que hace ya 11 meses que ingresó el proyecto del Ejecutivo. Así, remarcó que a la sociedad “tenemos que darle una solución”.
“En lo personal creo que este debate está agotado, que tenemos que avanzar en un dictamen en los meses restantes sabiendo que es un tema complejo. Hay que tomar una decisión”, planteó. En tanto, resaltó que todos coincidieron en que “la criminalidad, la delincuencia”, y manifestó: “No solamente lo debemos mirar desde un paradigma punitivo, entendemos que tenemos que tener en cuenta todas las problemáticas”.
Carrizo afirmó que “la pena en la cuestión de los jóvenes tiene que tener una finalidad reeducadora y resocializadora, sino no tiene sentido discutir el tema”. Además, cuestionó que se ha querido reducir el tema en cifras sobre criminalidad de menores: “Nos quedamos en cifras aritméticas, pero hay una realidad que la sociedad, las víctimas destrozadas han vivido en manos de menores, por lo tanto, tenemos que entender que esta criminalidad juvenil existe y debemos abordarla definitivamente”. La radical pidió que entre marzo y abril se tome una decisión porque “no es algo que viene desde ahora, es una ley desde 1980 que se sancionó con paradigmas diferentes a las actuales. Hay que modernizarla y poner al país en otra mirada integral del régimen penal juvenil”.
A continuación, la diputada Marcela Campagnoli (CC-ARI) coincidió con su par preopinante de que “no se puede seguir mirando para otro lado”, porque “tenemos un régimen de 1980 sin ninguna garantía procesal para el menor”. Campagnoli cuestionó que en la provincia de Buenos Aires “muchas veces la única respuesta que da el Estado es penal”, pero aclaró que “esa respuesta punitiva tiene que estar, pero esto no viene de ahora sino desde el año 2000”.
Campagnoli enumeró que los proyectos que fueron presentados por su bloque durante estos años propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años, crear un Régimen de responsabilidad penal juvenil, donde estén todas las garantías procesales que tienen también los adultos, medidas socio educativas, reclusión privativa de libertad para delitos de acción pública.
La diputada de la CC pidió que se decida si se quiere o no que haya un régimen penal juvenil, aunque remarcó que “debe haber lugares de alojamiento adecuados, porque recuerdo que no hay planta. ¿Los vamos a meter con los adultos?”. Así, manifestó que “el Gobierno en su afán de conformar a la sociedad sale con medidas tribuneras, pero la realidad es que no hay dónde alojarlos a los menores. Necesitamos un debate sincero y profundo”.
La bonaerense dijo que, pese a que solo el 2% de delitos lo comenten los menores, hay que dar una respuesta y crear un sistema de responsabilidad penal juvenil. Sin embargo, remarcó que los jóvenes que delinquen “están bajo el consumo de sustancias” por lo que pidió tratar la Ley de Salud Mental.
“La mayoría de los proyectos son coincidentes, tenemos muy pocas diferencias o sea que podemos avanzar con el régimen con medidas socioeducativas para delitos de menor escala, prisión para delitos más graves. La mayoría propone 14 años de edad”, destacó y solicitó crear un grupo de asesores que quieran buscar un dictamen de mayoría y ceder en algunas cosas “si tenemos la voluntad de dar una respuesta a la sociedad”.
Desde la izquierda, manifestaron su rechazo en un “100%” el proyecto y acusó a todos los gobiernos de hacer de las necesidades de la gente “una campaña electoral”. La diputada Mónica Schlotthauer señaló que “no es ninguna garantía que con esta iniciativa se va a terminar con la inseguridad, esto es imposible”.
“No digan más que con leyes duras vamos a resolver el problema de la inseguridad. Solo quieren seguir metiendo presos a los pibes y criminalizar la pobreza, lo que no resuelven”, apuntó y propuso: “Democratizar la justicia, basta de poner jueces a dedo, los tienen que votar la gente. Es una vergüenza que se siga hablando de esto”.
En tanto el diputado Christian Castillo sumó: “La baja de edad no solo no soluciona el problema, sino que es perjudicial”, y brindó detalles sobre delitos: “Argentina tiene 4,2 delitos cada 100 mil personas. Ecuador que tiene 12 años tiene un 46,1%, Honduras 31,1%, Venezuela 20,8”. “Los países que bajaron la edad de punibilidad aumentaron la cantidad de delitos por menores”, planteó y cuestionó: “Esto es humo para criminalizar a los pibes, para no resolver los problemas estructurales y tener política de vendetta sobre pibes en situación de vulnerabilidad”.
“Es ridícula la frase de ‘crimen de adulto, pena de adulto’. Solo el 0,45% de niños y adolescentes entran en el sistema penal”, cerró.
El radical correntino Manuel Aguirre planteó que la delincuencia juvenil es multicausal desde la familia, la escuela, seguridad que llevan a “una desviación de conducta”. Por eso remarcó que en su proyecto propone: “Hay que tratar de ayudarlos a que se rencaucen socialmente porque no sirve imponerlo con sanciones graves. Yo puse 14 años en sentido formal, pero no creo que se necesite edad. Hay que tratar de recuperar a los chicos, hay que hacer institutos, no cárceles, porque hay que recuperar a los chicos de su desviación de conducta”.
Por su parte, el neuquino Osvaldo Llancafilo adelantó su acompañamiento la baja de edad de imputabilidad a los 14 años entendiendo que “se deja de lado algo que es tan importante lo que pasa con las víctimas y las familias que han tenido que pasar un homicidio en manos de un adolescente”. Así, sostuvo que hay que considerar “su edad y su responsabilidad al cometer un delito de grande”.
“Hablan de cuestiones que tienen que ver con el entorno socioeconómico, la cuestión social, la vulnerabilidad, pero en Gales y en Inglaterra la de imputabilidad es de 10 años hablamos de países desarrollados y dudo que allí no haya oportunidades, en función de las comparaciones que hacen. Claro está que hay una cuestión que tiene que ver con que los legisladores demos respuestas a una cuestión coyuntural que estamos viviendo y que parte de la sociedad pide”, manifestó y criticó: “Estar reduciendo esto a una cuestión de índices a ver si baja o no la inseguridad, me parece que es un enfoque errado”.
Al igual que los demás, Llancafilo también propuso la necesidad de tener un sistema de resocialización y políticas correccionales acorde a lo que sucede: “Ojalá se trate rápidamente el proyecto y dictaminar y llevarlo al recinto. El tema de la inseguridad y el delito penal juvenil tiene muchos años en el país y ninguna gestión ha logrado resolverlo. Hablan de programas y leyes, pero está claro que el tema no se resolvió”.
“La baja de edad de imputabilidad me parece es un buen paso para dar una respuesta a una cuestión coyuntural que vivimos. El Estado tiene que ocuparse de la resocialización de esos jóvenes y para eso tienen que invertir para la contención. Se debe hablar de un enfoque restaurativo”, cerró.
Ramiro Gutiérrez por el bloque de Unión por la Patria expresó brevemente: “Debemos preguntarnos si necesitamos un Régimen que debe tener la instrumentación de los hechos. Se necesitan órganos regidos por el principio de especialidad y especificidad. Se necesita un proceso que establezca cómo va a ser el sistema de atribución de responsabilidades, de pruebas, medidas, determinar una implementación real, posible y financiada. Si hay todo eso estaremos poniendo una medida que nos puede ayudar a todos y lograr un consenso mayoritario”.
Su compañera de espacio Agustina Propato afirmó que es “sumamente necesario construir desde una visión una respuesta real al postergado régimen penal juvenil”. Sin embargo, resaltó que el proyecto del Ejecutivo incurre en la inconstitucionalidad y falencias del debido proceso. “Hay que ir a una propuesta que concilie los aspectos de constitucionalidad y constituya una respuesta que está en espera desde 1980”, consideró y concluyó: “Hay muchas coincidencias en los proyectos, pero se requiere un debate profundo”.
La diputada criticó que la iniciativa del Ejecutivo “tiene bastante de un oportunismo coyuntural carroñero de la tragedia que hemos vivido recientemente, que a todos nos interpela, pero creo no puede estar sujeto a estos momentos en donde la opinión mediática y pública exige respuestas y van allí inmediatamente a sacar cual delivery una respuesta inconstitucional”.
Por el bloque Democracia Para Siempre se manifestó el formoseño Fernando Carbajal quien reiteró su pedido para que un proyecto de su autoría sea sumado al debate y consideró que “no se puede debatir un nuevo régimen si no asumimos la respetabilidad de establecer cuáles son las reglas mínimas de los centros de contención de menores”.
“Acá no se cumple ni el reglamento, pero cuando discutimos leyes penales nos convertimos en fundamentalistas de la legalidad y que esto tendrá impacto sobre la realidad. Lo que se propone con esto extender el régimen penal a un espacio de vida que estaba excluido y acá está el problema, creemos que va a tener impacto en la realidad, pero en términos de política de seguridad va a tener un impacto igual a cero, pero es necesario debatir nuestro régimen de menores porque tiene falencias, pero no se puede sustraer el contexto político en que esto se plantea”, argumentó.
Carbajal criticó duramente que el fondo del proyecto: “Es volver a la edad media”, y señaló que “debe ser discutido en un contexto diferente”, y sugirió para dar “un matiz de racionalidad es sustraer el tema de la coyuntura porque no se va a resolver ningún problema de seguridad, pero establezcamos estándares mínimos que deben tener los centros de contención de menores”.
Al cierre, el libertario y titular de la Comisión de Justicia, Manuel Quintar, señaló: “El tema está agotado, no da para más seguir dándole vuelta al a cuestión y buscándole la quinta pata al pato y sacarle un redito político. Tenemos que dictaminar en forma urgente, tenía ganas de dictaminar, pero hay una sesión politizada. Esto es un tema central, esta semana tenemos que emitir dictamen o el borrador, nos tenemos que poner las pilas porque es una demanda de la sociedad y no puede haber más casos como Kim y es una vergüenza no dar respuesta social y entrar en debates burocráticos que, sabemos que con una ley no se soluciona la vida, no estamos en disneylandia, le faltan condimentos y perfeccionarla, pero hay que dar un mensaje claro y rápido”. Así, convocó a todos los bloques a circular un borrador de dictamen para, la próxima semana, convocar un plenario y dictaminar.
A las 16.35 la vicepresidenta Victoria Villarruel dio por levantada la sesión que estaba prevista para este lunes donde se iban a elegir a las autoridades del Cuerpo. El oficialismo estuvo a tan solo un senador para alcanzar los 37.
El oficialismo en general y la titular de la Cámara alta en particular sufrieron un revés legislativo este lunes al no reunir el apoyo necesario para llevar a cabo la sesión preparatoria del Senado de la Nación donde se iban a ratificar las autoridades del Cuerpo tal como lo indica el artículo 1° del reglamento de la Cámara, por la ausencia de los senadores por Santa Cruz. Tal como había anticipado parlamentario.com, los senadores de la provincia patagónica estaban dispuestos a hacer nota su disconformidad en esta sesión.
El artículo en cuestión plantea que “el 24 de febrero de cada año o el día inmediato hábil anterior en caso de que sea feriado, se reúne el Senado en sesiones preparatorias a fin de designar autoridades y fijar los días y horas de sesiones ordinarias, los que pueden ser alterados por decisión de la Cámara”.
El encuentro estaba pautado para las 16, pero pasada la media hora la vicepresidenta de la Nación confirmó: “No habiendo quórum damos por levantada la sesión siguiendo el artículo 15 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores”.
Inmediatamente, el senador salteño Juan Carlos Romero hizo uso de la palabra para dejar asentado que las ausencias de los dos senadores de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, “han impedido tener el quórum para esta sesión”. Así, propuso que “ya en el periodo ordinario veamos cómo resolvemos el cargo vacante porque por reglamento las autoridades quedan prorrogadas”.
Victoria Villarruel dando por levantada la sesión.
Al no avanzar con la sesión, por reglamento, se prorrogarán los períodos de las actuales autoridades. De esta manera, el puntano Bartolomé Abdala continuará como presidente provisional del Senado, como así también las tres mujeres que ocupan la escala sucesoria de la Cámara: la kirchnerista neuquina Silvia Sapag como vicepresidenta; la radical santafesina Carolina Losada como vice primera y la cordobesa Alejandra Vigo, de Las Provincias Unidas, vice segunda.
Además, se iba a poner a consideración el reemplazo de María Laura Izzo al frente de la Secretaría Administrativa, por Emilio Viramonte, quien trabaja con la vice hace tiempo. Villarruel quiere que Agustín Giustinian siga como secretario Parlamentario, en tanto que como prosecretario Administrativo seguirían Lucas Clark, y como prosecretaria Parlamentaria la exdiputada radical Dolores Martínez.
La sesión precisaba 37 para el quórum y no se llegó por uno aunque, días atrás, los 38 se habían comprometido a ratificar a las autoridades, salvo la secretaría administrativa.
A la ausencia del bloque de Unión por la Patria que se daba por descontada, a través de sus 34 senadores, se sumaron los dos senadores que responden al gobernador Claudio Vidal. No es casualidad que no hayan bajado al recinto, ya que dicha decisión se da en medio del malestar del gobierno provincial por el Decreto 115/25 que firmó el Gobierno nacional oficializando la creación de Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima, que deja atrás la figura de YCRT, siendo que el 51% de las acciones serán del Estado nacional. A su vez, ambos legisladores solicitaban, dentro de la bandeja de opciones, la secretaría administrativa o la presidencia provisional del Senado, ya que no estarían conformes con la designación de Viramonte.
Al Gobierno nacional puede que no le caiga para nada mal lo que sucedió este lunes, enfrentado como está con Victoria Villarruel, cuyo revés más de uno debe haber celebrado en la Rosada. Si bien se presumía que los santacruceños pudiesen jugar con el quórum, no se le ocurrió en Gobierno a nadie levantar el teléfono para consultar al gobernador para ver si había alguna chance de hacer ceder la postura de sus senadores.
La bancada que conduce José Mayans desde el 2023 quería cobrarse lo que le hicieron con el reparto de las comisiones y la falta de conformación de varias de ellas, como la de Banca de la Mujer. “Es la primera vez que en este Senado de la Nación no se conforma una banca históricamente reconocida por otros parlamentos. Creada en el año 2008; jamás la presidencia de este Senado no había conformado esta comisión tan importante para trabajar sobre todo en estos temas”, expresó en la sesión del jueves pasado la senadora camporista Eugenia Duré.
Así lo confirmó a parlamentario.com el misionero Martín Göerling Lara. El encuentro será el martes 28 a las 16. El senador del partido amarillo también dio detalles del encuentro que mantuvieron este miércoles con el jefe de Gabinete y la vicepresidenta.
El bloque de senadores del Pro se reunirá la próxima semana para dialogar y definir quién reemplazará al cordobés Luis Juez como presidente del bloque quien anunció días atrás su deseo de no seguir al frente del espacio en el Senado a fin de convertirse en candidato de Javier Milei a gobernador de Córdoba.
Así lo confirmó a parlamentario.com el senador misionero Martín Göerling: “El martes a las 16 vamos a tener una reunión donde va a estar Luis (Juez) y ahí todo el bloque vamos a ver qué decisión tomamos. Hoy el vicepresidente del espacio es Alfredo De Ángeli y lo más probable es que sea quien reemplace a Luis, pero lo vamos a discutir el martes”.
Cabe recordar que las nuevas autoridades tienen que estar resueltas para la última semana de febrero, que es cuando se hace la reunión preparatoria del Senado (donde se votan autoridades).
Por otro lado, fue consultado por el encuentro en el que participó este miércoles junto a bloques aliados con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
“La reunión la vimos muy positiva que se haya acercado el ministro con sus funcionarios hasta el Senado a dialogar. Hicimos un repaso de la actividad legislativa del año pasado que fue complicada en el primer año de gobierno de Milei y también el año legislativo con Ley Bases, Paquete Fiscal y todos los inconvenientes que hubo en el Senado. Desde ese punto de vista charlamos bastante para que no vuelvan a suceder varias cosas que pasaron el año pasado”, explayó.
También comentó que “sobre extraordinarias tocamos los puntos que están en el temario entendiendo la reunión previa que habían tenido con diputados. El ministro nos contó los proyectos que puedan tener mayor consenso y ahí coincidimos y vamos a tratar de armar una agenda lo más prolija posible para poder sancionar algo en extraordinarias que no van a ser fácil entendiendo que el Senado es distinto de Diputados y los números los tenemos muy finos y hay que hacer un esfuerzo muy grande de juntar el quórum y los votos”.
Al ser consultado por la falta del Presupuesto 2025 en el temario, cuestión por el cual el Pro emitió un duro comunicado contra el Gobierno, Göerling expresó: “No creo que el tema del Presupuesto sea un problema para lograr quórum, por lo menos en el Senado, no creo que haya objeciones”.
Por otro lado, sobre las PASO informó que “se habló sobre una posible suspensión y así se manifestó el ministro porque es el camino que va a estar más allanado porque la suspensión va a tener mayor consenso y debatir a fondo después el proyecto de eliminarlas”.
“Dentro del Pro vamos a darnos el debate interno partidario para ver qué decisión final tomamos con respecto al tema. Lo que más consenso puede llegar a tener según lo que manifestaron los otros bloques la suspensión va a tener mayor efecto en esta ocasión”, afirmó.
Respecto de los pliegos a candidatos a ocupar un lugar en la Corte Suprema de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla aseguró: “Yo estoy en contra de la nominación de Ariel Lijo y la mayoría de nuestro bloque también. Hay algunos que no se han manifestado. El presidente de nuestro partido también ha sido claro”.
“En la reunión no se habló mucho, prácticamente nada entendiendo que no estaba presente Unión por la Patria que la llave de ese nombramiento la tienen ellos al tener 34 miembros y sin la voluntad de ellos es imposible conseguir los dos tercios. Esa discusión ni siquiera la abrimos”, manifestó.
Y concluyó: “Estamos muy finos con las mayorías, se han perdido soldados en el camino así que valoro mucho el trabajo que hizo tanto la vice como su equipo de trabajo durante el año. Es distinto el funcionamiento del Senado. Fue muy cordial la reunión, la vice casi no intervino”.
Ambos funcionarios habían sido citados a la Comisión de Acción Social y Salud Pública la semana pasada. Especialistas invitados criticaron la resolución del PAMI y las medidas del Gobierno de Javier Milei. Desde la comisión elaborarán un informe con preguntas para "llevárselas personalmente" a las autoridades.
En el marco del artículo 106 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados se llevó a cabo este martes una reunión informativa de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por Pablo Yedlin (UP), para debatir con especialistas invitados sobre el recorte de medicamentos que llevó a cabo el Gobierno a través del PAMI.
Al encuentro, que tuvo lugar en la sala 7 del Anexo “A” estaban citados el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, pero ninguno de los dos se hizo presente. Al cierre de la misma, el titular de la comisión comunicó que elaborarán un informe con preguntas que recogerán de los distintos bloques para "llevárselas" personalmente a dichas autoridades a fin de que respondan.
Yedlin explicó que ante la resolución que tomó el PAMI que “sorprendió a nuestros jubilados afiliados a esta obra social, que generó que los medicamentos que se cubrían al 100%, dejaran de cubrir para la mitad de los jubilados porque cobraban por arriba de 309,000 y para aquellos que cobraban por debajo de $309,000 pesos de haberes”.
“También dejaron de cubrir porque los obligó a hacer una serie de trámites administrativos que. por supuesto, fueron imposibles de realizar en los tiempos que teníamos. Así que el 100% de los jubilados afiliados al PAMI de un día y para otro y sin avisar quedaron sin cobertura de medicamentos al 100% lo que generó que muchísimos jubilados y jubiladas afiliados argentina cuando se dirigieron a las farmacias y se les dijo que pagar un copago por los medicamentos que necesitaban optaron por no llevar el medicamento porque no tenían los recursos para llevarlo”, contó el titular de la comisión.
Así, recordó que en la reunión de la semana pasada hubo expresiones de diputados de todas las bancadas y se decidió entre todos hacer una declaración en contra de la medida y, además, convocar al ministro Lugones y al director ejecutivo del instituto de jubilados y jubilados del PAMI “a que se vengan hoy a la reunión de comisión 14.30. Esa invitación fue cursada al presidente de la Cámara. Hablé con Martín Menem y me garantizó que esa invitación llegó a ambos funcionarios y evidentemente estamos nuevamente ante un faltazo del Poder Ejecutivo siendo convocado formalmente a las comisiones de nuestro Congreso”.
Yedlin reclamó que “los funcionarios del Poder Ejecutivo se niegan a venir a dar explicaciones y a debatir y trabajar al Congreso Nacional para ver cómo solucionamos los problemas que tiene la gente”. Por último, lamentó la ausencia que “no es optativa. Pero sí hay una obligación republicana de controlar a Poder Ejecutivo. No es una decisión, tenemos la obligación. Somos responsables por eso y es responsable aquel funcionario que, siendo convocado en tiempo y en forma, sin siquiera haber tenido una carta diciendo’ mire no puedo llegar, tengo otra cosa’, deciden ausentarse a lo que es el control republicano de Gobierno”.
A continuación, el subsecretario general de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Juan José Bockel, explicó que las últimas medidas tomadas por el PAMI “nos indujeron a tomar una acción de oficio”.
“Nosotros no podemos adoptar ninguna resolución sin antes oír a la autoridad respectiva, en este caso el PAMI”, aclaró y contó que le enviaron un pedido de informes debido a que “todos los datos que motivaron este cambio en el suministro de medicamentos que, si bien no se apartan de la estructura fundamental, pero que inciden directamente en los bolsillos de los jubilados y pensionados, nos llevó a tratar de buscar datos”. Así, procedió a leer las preguntas que les realizaron y resaltó: “Nosotros no podemos emitir opinión hasta que nos contesten. Hemos cumplido con nuestra ley de creación y funcionamiento”.
A su turno, Eugenio Semino, defensor de la tercera edad en CABA, sostuvo que es un “tema crítico, no solo de ahora. El tema de los medicamentos parece no tener remedio en Argentina. El PAMI ha sido un instrumento de lo que son las tres cámaras que conformaron la industria en el 97’ donde a partir de ese momento se cartelizó la actividad”.
“El PAMI es un tercio del mercado del medicamento y el que pone las condiciones, condiciona al resto del mercado, por lo cual, es un problema estructural”, indicó y sumó: “Tenemos hace tiempo un grave problema en términos de la atención primaria”.
“Esta crisis del sistema se profundizó a partir de la pandemia. No tenemos salud mental, no existe como concepto. Tenemos un bajo grado de rehabilitación en pacientes, sobre todo en pobres. No tenemos camas en residencia de adulto mayor con control psiquiátrico. La Ley de Salud Mental fue un escollo porque no teníamos la red suficiente para satisfacer lo que la norma preveía”, detalló.
Semino remarcó que “este problema va generando una mala utilización del medicamento, no por decisión del paciente porque hace lo que puede. En pleno siglo XXI donde hay una necesidad hay un negocio y la industria es parte”, a lo que planteó que “hay que articular un sistema que sea racional porque hoy en la crisis del sistema de salud estamos perdiendo lo más difícil de recuperar que es el recurso humano porque las pagas son muy malas, las condiciones de trabajo también lo son y quienes se reciben en estos años no se quieren hacer cargo de un paciente crónico. Esto es algo muy complejo y si n o tenemos sistema de salud vamos a tener medicamento tirado a la marchanta. Todo lo que uno se mete en el organismo no es inocuo”.
“Dentro de esta complejidad viene el disparate que no empezó la semana pasada, esto empezó en agosto. Desaparecieron 44 moléculas del vademécum PAMI y así empezaron a desaparecer medicamentos que estaban al 100 por ciento de cobertura”, sostuvo Semino.
“Hay 5 millones de jubilados que ganan 329 mil pesos lo cual agrava todo y el estado de necesidad. El haber es miserable y por eso la necesidad de un medicamento al 100%”, denunció.
Por último, afirmó: “Lo que no se dijo es que se le dio fin al programa ‘Vivir mejor’ y se volvió a una vieja práctica en PAMI que era el medicamento por vía de excepción, aunque no se lo llama como tal. Esa disposición con requisitos grotescos es del 2005”. Así, criticó el trámite vía online porque “un jubilado que gana 329 mil pesos no le alcanza ni para pagarse el wifi y era un jeroglífico el trámite. ¿Presencial? Hay colas eternas”.
“El jubilado en Argentina no consume el medicamento conforme la prescripción en términos de dosis que le da el médico, sino que lo consume conforme lo que tiene en el bolsillo para poder comprar”, alertó Semino.
En tanto, el abogado especialista en derecho previsional, Christian D’ Alessandro, lamentó “tener que volver a la Cámara para hablar de la situación de los jubilados, de afiliados al PAMI que desde que asumió hace un año Javier Milei empezó con la poda indiscriminada de prestaciones que se materializó la semana pasada en la quita del 100% de cobertura”.
“Me niego a naturalizar que por ingresos alguien determine si nuestros jubilados tienen o no cobertura sin cargo cuando han aportado todas sus vidas al sistema", criticó. Luego recordó "todos los recortes que hizo el gobierno de Milei les sirve ahora para sostener que el PAMI está en una situación crítica cuando en realidad fueron ellos los que causaron la crisis".
D’ Alessandro alertó: “Lo que está pensando el Gobierno es en cerrar el PAMI… el cierre del PAMI es inminente y lo van a hacer de esta forma. Le van a tirar los viejos a las provincias en su sistema de salud. ¿Qué sistema de salud se puede sostener con 10 mil pesos?”.
El diputado nacional y jefe del bloque UP, Germán Martínez, destacó que "esta comisión está demostrando que se puede seguir trabajando aun en receso así que felicito a las autoridades de esta Comisión porque son un ejemplo para las otras comisiones". "Yedlin a usted me parece que le tocaron todos los ministros cobardes que no se animan a venir", destacó Martínez.
En tanto, la santefecina Mónica Fein señaló que "todos tenemos un familiar a uno amigo que esté viviendo un drama por los medicamentos del PAMI". Y pidió que la Comisión " no abandone este tema, tenemos que insistir y si ellos no vienen vayamos nosotros a ver a los funcionarios".
Por su parte, Luana Volnovich, ex directora ejecutiva del PAMI, dijo que "los programas que hicimos en su momento terminaron con la corrupción del sector", y "me parece bien que hoy defendamos juntos los dos programas que están atacando".
La decisión fue anunciada este miércoles en una reunión de la comisión. Diputados de los diferentes bloques criticaron que “la medida se tomó sin aviso”. Además, el presidente de la comisión, Pablo Yedlin, envió un comunicado al titular de la Cámara baja.
A pesar de haber culminado el período ordinario y sin novedades respecto a la convocatoria de sesiones extraordinarias, En el marco del artículo 106 del reglamento interno de la Cámara de Diputados se llevó a cabo este miércoles una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública convocada por su presidente, Pablo Yedlin (UP), a fin de dialogar y buscar una solución al reciente recorte de medicamentos para jubilados del PAMI que anunció el Gobierno.
En el encuentro, que se llevó a cabo en el Anexo “A”, Yedlin anunció que citarán para la próxima semana, precisamente el martes a las 12.30, a las autoridades del PAMI, Esteban Leguizamo, y al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para “ver cómo podemos resolver esta situación porque no podemos pasar el verano porque hay muchos pacientes que van a quedar sin tratamiento y poniendo en riesgo la vida de mucha gente”.
Además, el tucumano informó que elaboró un comunicado que lleva su firma a fin de elevarlo al titular de la Cámara, Martín Menem, para que lo envié a las autoridades correspondientes.
“Muchos diputados de distintos bloques hemos visto con mucha preocupación la normativa que tomó el PAMI a nivel nacional de decidir que aquellos jubilados que reciban por arriba de 309.000 pesos de haberes no van a poder recibir más medicamentos sin costos. Aquellos que perciban por debajo tienen un trámite bastante engorroso para poder acceder”, expresó Yedlin.
Así, cuestionó que “estas medidas se tomaron de un día para el otro de forma llamativa y millones de argentinos que, normalmente dependían de este tipo de cobertura para su medicación habitual, se quedaron sin su medicación o tenerla que pagar en un momento donde los haberes jubilatorios están por el piso histórico de estos valores. Por otro lado, el tema de los gastos que la tercera edad tiene en cuanto a medicamentos han aumentado muy por arriba de los alimentos, tarifas, transporte, alquileres, poniendo a millones de argentinos en riesgo sanitario absolutamente innecesario”.
“Los jubilados ya pagaron gran parte del ajuste en el país de forma innecesariamente quieren dejarlos sin medicamentos, me parece que por eso es importante que estemos acá”, criticó.
Al pedir la palabra, la diputada de Democracia para siempre Carla Carrizo aclaró que no están “en contra de los controles para garantizar la accesibilidad, estamos en contra de la arbitrariedad con la que se hace. Se hizo sin aviso, es una decisión súbita”.
“Hay jubilados en tratamiento y no avisar para que cada uno se prepare. El mecanismo de control para que el PAMI no gaste mal no es correcto, porque el Estado tiene la información para cruzar los datos porque el 80% de los beneficiarios de PAMI tiene la jubilación mínima de 260 mil pesos. La modalidad no está bien y la temporalidad sin aviso tampoco”, manifestó.
La ex titular del PAMI y diputada de UP Luana Volnovich recordó que le tocó llevar adelante el programa “Medicamentos gratis” y comentó que ha presentado un proyecto para convertirlo en ley que “incorpora el derecho universal el acceso a medicamentos gratis al vademécum vigente y no como un subsidio”.
“Cuando iniciamos el programa el 2019 con muchas dudas porque nos decían que ‘no lo íbamos a poder pagar’, ‘se va a descontrolar’, nada de eso sucedió por más que intenten hacer campañas de desprestigio para justificar el ajuste. La estimación era que el consumo de medicamentos estaba reprimido en un 30% y el consumo creció un 30% como estaba proyectado presupuestariamente”, contó.
Volnovich destacó que el programa convivía con la receta electrónica que “hace que uno tenga la conducta prescriptiva de los médicos a lo largo y ancho del país y que puedas tener información de lo que prescriben los médicos y lo que consumen los afiliados”, y el otro ítem del programa era “el uso racional de medicamentos que evaluaba la conducta y los consumos y determinaba topes”.
“El PAMI tiene 13 millones de recetas por mes. El volumen de información es la base de datos de salud más grande del país”, resaltó y desmintió que “los viejos se aprovechaban del programa. Si tenes ganas de controlar, controlas y no necesitas sacar el programa”, y sumó: “Es mentira que no es sustentable porque 4 millones consumieron sus medicamentos durante 4 años; es mentira que no se puede controlar”.
Volnovich informó que el programa se logró el dispositivo en articulación pública y privada con la industria farmacéutica que “pudo garantizar un derecho a la salud de forma controlada, sustentable y con precios accesible de los medicamentos. Ahora los medicamentos aumentaron el doble que las jubilaciones”.
“El subsidio tiene un trámite y las agencias están todas explotadas. El PAMI tiene un sistema de turnos que está colapsada y ves largas colas en las oficinas”, criticó y planteó: “El impuesto PAIS iba al PAMI y sin eso lo que hay es la decisión del Gobierno de beneficiar importadores mientras los viejos se cagan de hambre y encima ahora les quitan los medicamentos. Es una decisión política, no es que no hay plata. Es una decisión política de dejar morir a una generación que hoy necesitan sus remedios. Nosotros como diputados tenemos que hacer cumplir la ley”.
Por el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño apuntó: “Este Gobierno tiene un nivel de crueldad y saña contra los adultos mayores es algo brutal porque el ajuste que ha llevado adelante lo han pagado los mayores con el ajuste al sistema previsional y tuvieron la caradurez de vetar una recomposición salarial”.
“Todos los miércoles se hace una marcha acá en la puerta de Congreso de adultos mayores y hacen un operativo millonario de policías que vienen a pegarle a personas que trabajaron toda su vida. Es una saña brutal del Gobierno y esta resolución que les hace hacer trámites a los jubilados y pasar por situaciones tremendas, mientras a los empresarios les dan desburocratización”, comparó Del Caño.
El diputado de izquierda sostuvo que “los jubilados están pagando el ajuste del Gobierno. Quitarle los medicamentos, que ya se venían restringiendo, han aumentado el doble de lo que aumentó la inflación y los haberes. Tenemos una situación muy grave”, y anunció que presentarán un proyecto de resolución para que se retrotraiga esta medida porque “no alcanza la plata para pagar los medicamentos”.
La socialista santafecina Mónica Frade calificó la medida de “inhumano” que “no podemos creer esta actitud inhumana ponga a tanta gente en una situación de que las personas no van a poder tener accesible sus medicamentos”.
“Los grandes laboratorios fijan las políticas de medicamentos hace mucho tiempo en el país lamentablemente. En los últimos tiempos vienen generando una serie de acciones como sacar a la venta libre ciertos remedios para que no tengan cobertura de la obra social.”, denunció y sumó: “Esto es un acto de crueldad y quieren hacer lo que dijo una ex canciller –por Diana Mondino- de ‘no darles créditos a los viejos porque se van a morir’”.
Su compañero de bloque Estaban Paulón agregó: “La medida que se puso en práctica es un nuevo capítulo de política de crueldad del Gobierno. Son los jubilados que van a tener que demostrar que 300 mil pesos no es una jubilación de hambre y miseria para poder seguir recibiendo sus medicamentos”.
“Esto es eliminar de cuajo un beneficio para que después esos jubilados tengan que peregrinar a las oficinas del PAMI, buscar alguna colaboración para llenar los formularios y poder acceder a los medicamentos”, criticó y expresó: “Me da vergüenza el formulario donde el jubilado que gana 300 mil pesos tenga que justificar si tiene aeronave o no. Es un chiste. Es cínico y cruel”.
“Se terminó la fiesta de la aspirina de los antidepresivos”, chicaneó Paulon por los dichos del diputado libertario Julio Moreno Ovalle que dijo: “No me parece que sea para tanto… a los jubilados los pueden ayudar los familiares. Se terminó la fiesta de medicamentos”.
Por último, avizoró que para la próxima semana Lugones va a seguir el “camino de Sandra Pettovello que la esperamos un año y nunca apareció. Seguirá el camino del saliente Mario Russo a quien nunca le conocimientos la voz”, y remató: “Solo se lo conoce por sus acciones que es recortar derechos y beneficiar al sector que representa dentro de un Gobierno de las corporaciones de la medicina privada”.
La diputada de izquierda Mónica Schlotthauer señaló que las medidas del oficialismo son un “gerontocidio” no solo por lo que les pagan que “no alcanza para comer, sino por la falta de medicamentos”. “Es repudiable esto. Solo queremos darles a los jubilados lo que han aportado durante años. Hay que devolverles a los jubilados lo que les robaron”, planteó y remató: “Tienen que ir presos los que fomentan este tipo de medidas”.
El ministro de Justicia expuso ante la comisión homónima del Senado sobre el proyecto de ley que busca castigar las denuncias falsas por violencia de género. Al respecto, afirmó que hay que “sanear” la justicia porque “está en un desprestigio tremendo” y sostuvo: “El Código Penal necesita una reforma urgente tiene más de 100 años”.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, se reunió este martes para dictaminar sobre el proyecto de ley para castigar las denuncias falsas por violencia de género, que contó con la presencia y disertación del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y diversos especialistas en la materia.
Desde el Salón Azul, el funcionario calificó de “magnífico” el proyecto presentado por la senadora radical Carolina Losada. “Tenemos un mandato en la sociedad del Gobierno que es ordenar la situación actual en materia económica, de seguridad y no podemos olvidar la situación de la justicia. Hay que sanearla porque hoy está en un desprestigio tremendo. Es una de las instituciones que se encuentra debajo de todo. Una misión que me he propuesto es reconciliar a la sociedad con la justicia”, expresó.
“Nunca se ha consagrado y respetado tanto la división de poderes. Nosotros no intervenimos en el Poder Judicial. No tenemos ninguna vocación de hacer y no lo hemos hecho. Nuestro trabajo en el Ministerio de Justicia es darles a los jueces y al sistema acusatorio las herramientas legales para esta ley por eso estamos construyendo en todo el país edificios, internet, medios de pruebas para que los jueces puedan trabajar de forma independiente libre del poder político”, comentó.
Sobre el proyecto de ley de ley señaló que es “una práctica que se ha vuelto recurrente en nuestro sistema que es la falsa denuncia y el falso testimonio que, a mi juicio, son actos muy perjudiciales para el funcionamiento adecuado del sistema de justicia y que les produce un daño a otros bienes jurídicos, el honor, el patrimonio la vida, la propiedad, etcétera”, y planteó: “Nosotros no podemos tolerar la mentira, el engaño y que se abuse del sistema judicial porque es gratuito y dañar a otros semejantes para obtener beneficios ilegítimos”.
“La falsa denuncia no solo daña a la víctima de esa denuncia mentirosa, sino que vulnera todo el sistema en general y la credibilidad de las instituciones y, en concreto, está en el título vinculado a la administración pública, concretamente la administración de justicia, y esta nueva Argentina que entre todos tenemos la misión de crear, está en un proceso de regeneración moral y restauración del orden de los últimos 100 años y es que no puede tolerarse la mentira al juez, al fiscal, a la policía”, expresó.
Cúneo Libarona manifestó que “no puede tolerarse utilizar una herramienta judicial para obtener un beneficio personal o de un tercero y, entonces, tienen que ser castigados los que cometen delitos y máxime los que acusan falsamente autores ser víctimas, falsos de delitos hay que proteger a los argentinos”.
En tanto, remarcó la necesidad de reformar de forma “urgente” el Código Penal que “fue creado en 1921 antes de la Segunda Guerra Mundial, tiene más de 100 años y la sociedad evolucionó. Cuando se creó el Código Penal no existían los automotores, no existían las tarjetas de crédito, no existe internet, no existía lo que hoy viene que es el ciberdelito. Lo penal tiene que estar antes que el delincuente y ser ejemplar. Tuvo 900 reformas. Estamos a un cambio rotundo en la normativa”.
Así, destacó: “Esta es una iniciativa y un cambio de enfoque genera. Esta es una intervención quirúrgica y la sociedad que ustedes representan y a sus provincias clama por un marco normativo penal adaptado al mundo actual, que sea moderno, que responda a este clamor social y castigue los nuevos delitos porque el delincuente no puede ir más rápido de la justicia. Tenemos que adaptarnos a la realidad de lo que vamos viviendo, nuevos fraudes, nuevas modalidades delictivas”.
El funcionario contó que el ministerio está en máxima comisión trabajado tanto en el orden procesal como en el orden penal. “Es una tarea que la sociedad necesita y vamos a estos dos delitos que están relacionados con otro delito que es la calumnia, la falsa denuncia”, sumó y explicó que la calumnia un delito creado recién en 1949 por la Ley 13.569.
En ese sentido, explicó que inicialmente estaba como un delito de desacato y explayó: “¿En qué consiste? en simular un delito. Una persona acusa falsamente que se cometió un delito y sabe perfectamente con dolo directo que no se cometió”.
El ministro informó que el falso testimonio está “encadenado ya es viejísimo, viene del código del siglo 23 antes de Cristo, son delitos gravísimos y no tienen la ridícula penalidad que tienen en nuestro sistema. Los valores sociales de 1886 no son los valores actuales que nos tocan transitar en este mundo actuales mentiras”.
“El falso testimonio es una persona que va personalmente al juez y le dice en la cara o al fiscal una mentira. ¿Por qué lo hace? para ayudar a un amigo, por plata, por interés personal de cobrar un seguro, por ejemplo y miente y esto produce un efecto perjudicial tremendo”, contó.
Así, ponderó: “Me resulta una saludable iniciativa que no tengo ninguna duda de que el país y nuestra sociedad necesita. El delito de falsa denuncia que está contemplado en el actual artículo 245 tiene una pena de 2 meses a un año de prisión, o sea, un delito prácticamente insignificante de los de menor pena del Código Penal”, y reiteró indignado: “Una pena de meses a un año. No tiene agravantes y tiene una multa no actualizada que es insignificante".
"El falso testimonio está en el artículo 275 tiene una pena mayor de un mes a cuatro años de prisión y solamente contiene agravantes cuando es en una causa penal en perjuicio del inculpado o un cohecho y otra multa insignificante”.
“Los tribunales no le dan atención al falso testimonio y son causas no tienen conciencia la gravedad que tienen. No tienen conciencia de que les están faltando el respeto a los mismos tribunales”, expresó y opinó: “Es gravísimo mentirle en la cara al policía para obtener un beneficio, es burlarse de la autoridad, es faltarle el respeto”.
El funcionario pidió que la pena “tiene que ser ejemplar porque es inventar un delito un hecho falso, inventar un culpable ponerle todo el aparato judicial en funcionamiento, costos que pagan los argentinos con esfuerzo de impuestos, tiempo tribunales plagados de causas, todo con falsedad, con abogados inescrupulosos que los asisten y buscan engañar por interés”.
“El delito ataca la administración pública, pero algo más grave es que ataca a la persona en su honor, al patrimonio, hay un montón de bienes jurídicos que se ven perjudicados. Hay muchas denuncias falsas y falsos testimonios para cobrar planes sociales, numerosos testigos falsos y todo esto tiene que limitarse con el ejemplo y el ejemplo es el Código Penal que existe para sancionar las conductas unibles que son valiosas para la sociedad y gran parte de las falsas denuncias son por cuestiones de violencia y producen daños irreversibles”, manifestó.
El abogado señaló que se crean “situaciones injustas, gente que va a prisión por denuncias de casos de género, gente que se ha suicidado, destrucción de la familia, impedimento de contacto inmediato con la simple denuncia sin necesidad de prueba alguna del impedimento del padre con el hijo, desprestigio familiar, desprestigio social, pérdida laboral y entre otros efectos dolorosos”.
“Una denuncia de género falsa destruye la vida de una persona”, sentenció Cúneo Libarona. “Se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente, 'hermana tenés que denunciar y te vamos a acompañar' y eso no es siempre así”, parafraseó el relato dominante de la mano del feminismo en su versión kirchnerista.
Luego de ejemplificar con diferentes casos, como el de los rugbiers franceses que estuvieron detenidos por una denuncia de abuso sexual en Mendoza, remarcó que “estas denuncias matan, y nosotros lo que queremos es proteger a todas las víctimas de violencia sin usos políticos por justicia y el sistema que está actualmente no funciona. Los jueces y fiscales son parciales en la toma de decisiones que, a veces, tienen miedo. La sociedad le exige que sean imparciales y justos en todos los casos y acá hay presión. Entonces los jueces tienen miedo, les preocupa la prensa, les preocupa a las organizaciones que criminalizan a veces estos hechos”.
“Tiene que haber un cambio, es el cambio que yo pienso, propongo y acompaño un régimen penal más justo. En primer lugar, no puede tenerse en consideración el marco de pena tan irrisorio que tiene un delito tan grave como son las falsas denuncias y falsos testimonios”, propuso.
Cúneo Libarona indicó que “son delitos graves. Hay un valor en la acción y un des valor en el resultado. Es tremendo el perjuicio, es tremenda la motivación, es espuria hay solo directo de engañar a la justicia”.
“En segundo término, al margen de incrementar el marco punitivo, tiene que considerarse agravantes como el proyecto denuncias falsas cometidas en el contexto de delito sexual violencia de género o que afecte a los niños y adolescentes porque es mucho mayor el daño que se provoca a una falsa denuncia o falso testimonio simple”.
El ministro señaló como tercer agravante que “es muy importante cuando sea un funcionario público el mentiroso porque tiene un deber de lealtad y de veracidad que supera al ciudadano normal y, el cuarto caso, es importante explicarlo jurídicamente porque el Código Penal actual es un mamarracho y un desorden tremendo. El Código Penal te dice ‘cuando calumnias a una persona imputas a una persona la comisión de un delito’. Es calumnia falsa denuncia no tenes que imputar a nadie entonces la calumnia cuando le imputaste a alguien tiene una pena de multa de $3000”.
“Para mí el honor no tiene precio. Es muy perjudicial destruir a alguien en su honor. Para mí esta discusión tiene que agotarse por vía legislativa y las soluciones suprimir el delito de calumnia, que es un delito de instancia privada, tiene que impulsarlo y tiene esta penita de multa y dejar la falsa denuncia que comprenda la mentira sea por un hecho sin dar un autor”.
Por último, expresó: “Con agravantes en caso de los contextos de violencia de género, delitos sexuales, afectar niños, la destrucción de la familia lo impedimento de la relación familiar que incluya personas determinadas y sacar la calumnia y la denuncia del funcionario público que tiene ese plus de lealtad y veracidad y de esta manera quedaría sin efecto el plenario del año 53 y había claridad”.
“Estamos haciendo cambios drásticos en orden a lo que se venía haciendo que no funciona el sistema judicial. Estamos haciendo cambios profundos que no se hicieron en años y creo que tenemos un rumbo claro, firme e indudable con una decisión política de avanzar en un cambio en la justicia. Lo necesitamos todos”, finalizó.
A continuación, Andrea Guacci, referente del Frente de Mujeres contra Falsas Denuncias, afirmó que "las falsas denuncias no discriminan género", y que "cumplen en todos los casos con un objetivo: atentar contra sus derechos humanos, su honor y buen nombre". Asimismo, dijo que "la depresión, la angustia, el daño psicológico es grave" y que "esto va a proteger a las verdaderas víctimas de violencia".
En tanto, la abogada especialista en cuestiones de género, María Fátima Silva, señaló que "la contracara de la ideología de género es la falsa denuncia que el daño también es a los afectos porque destruye a las familias completas y las falsas denuncias se dan en dos ámbitos: penal y civil".
"No existirían las falsas denuncias si la justicia y los fiscales investigaran cada denuncia profundamente y como corresponde, porque deberían detectar que la denuncia es falsa", prosiguió, al tiempo que instó a conformar la Comisión Nacional de Revisión de Causas.
Al finalizar el tratamiento de dicho proyecto de ley, la comisión debatió en conjunto, y pasó a la firma, un proyecto de ley de autoría de la senadora Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana) que modifica el código penal en lo relativo a delitos de homicidio culposo y lesiones culposas cometidos por la conducción de un vehículo con motor.
También se trató el proyecto de las senadoras María Victoria Huala (Pro) y Beatriz Ávila (Por la Justicia Social) que modifica el Código Penal de la Nación sobre delitos por siniestros viales, el incremento de su escala punitiva, agravantes y excepción de suspensión del proceso a prueba.
"Me parece importante remarcar el trabajo que vienen haciendo las agrupaciones de familiares que fueron víctimas en casos de siniestros viales. Buscamos justicia”, afirmó Huala.
Por último, también pasó a la firma otro proyecto de ley de autoría de la senadora Losada sobre el delito de bloqueos extorsivos. La radical santafecina informó que "la ley antibloqueo trata de generar una figura penal para aquellos que bloqueen una empresa", y que "sanciona más gravosamente a una persona que es parte de un sindicato y está bloqueando la entrada. También genera la posibilidad de despido para la persona que genere el bloqueo del acceso a la empresa".
El dictamen de mayoría alcanzó 15 firmas, a tan solo una para poder llegar al recinto. No contó con el apoyo del bloque de Miguel Pichetto, quien argumentó: “El Gobierno se planteó un objetivo ambicioso, me parece que no alcanza con un debate meramente parlamentario”.
El proyecto de Democracia Sindical naufragó este martes en Diputados al no reunir la cantidad de firmas necesarias (16) para que el dictamen pueda llegar al recinto y ser debatido, ya que contó con el rechazo del bloque Encuentro Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, quien argumentó: “El Gobierno se planteó un objetivo ambicioso, me parece que no alcanza con un debate meramente parlamentario”.
El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Martín Tetaz (UCR), tenía esperanzas de reunir las 16 firmas y alzarse con el despacho, pero todo se truncó porque, según contó a parlamentario.com, "no se respetaron los compromisos pautados que había".
Cabe recordar que el oficialismo también había frenado la iniciativa cuando abrieron un frente de diálogo con la cúpula cegetista y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que se realizó el 1° de octubre pasado en la Casa Rosada. Dos semanas después, ante la postura libertaria, Tetaz tuvo que suspender los encuentros de comisión. A raíz de ello, se incorporaron al dictamen “muchas de las propuestas impulsadas por nuestro espacio y forma parte central de nuestra agenda parlamentaria”, según habían comunicado desde LLA.
El dictamen de Democracia Sindical condensaba un total de 28 proyectos que iban en la misma sintonía que, entre otros puntos, postulan la cantidad de períodos en los que pueden ser elegidos los representantes sindicales, la forma de dicha elección, la participación de las minorías, la perspectiva de género, la libertad de obra social, y la forma de financiamiento de los sindicatos incluida la discusión de las cuotas sindicales. Por su parte, UP no había presentado dictamen de rechazo.
No fue casualidad que el titular del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto se hiciera presente en la comisión, sino que ingresó en lugar de la cordobesa Alejandra Torres, quien había participado intensamente en las demás reuniones aportando modificaciones que fueron tomadas en cuenta para el dictamen final.
Por esa maniobra, el presidente del bloque radical, Rodrigo de Loredo, apuntó contra el gobernador de su provincia Martín Llaryora: “El gobernador retiró a una diputada nacional de la Comisión de Legislación del Trabajo para que entre otro en su lugar, y así otorgar el voto decisivo en contra del proyecto que impulsamos que propone entre otras cosas terminar con los privilegios de los gremios, sus reelecciones indefinidas, eliminar la obligatoriedad de la cuota solidaria, y obligarlos a que presenten declaraciones juradas… Llaryora reniega en público de Cristina, pero cuando no lo miran juega para el kirchnerismo”.
Por Llaryora se cayó la reforma sindical. El gobernador retiró a una diputada nacional de la Comisión de Legislación del Trabajo para que entre otro en su lugar, y así otorgar el voto decisivo en contra del proyecto que impulsamos que propone entre otras cosas terminar con los…
— Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) November 19, 2024
En la misma sintonía, Tetaz contó a este medio que tenía el compromiso con Torres -que hizo varias sugerencias de modificaciones al dictamen- cuando no contaban con las firmas de los libertarios. “Nosotros habíamos negociado y ella estaba dispuesta a acompañar con alguna disidencia parcial y Agustín Domingo (Innovación Federal) no iba a venir. Ese compromiso teníamos. Para la segunda ronda Pichetto la cambia a Torres y viene él para mantener el acuerdo con los gremios”, relató y apuntó contra Pichetto: "Tenía un acuerdo político para bloquearnos”.
El rechazo de Pichetto
Al hacer uso de la palabra, Pichetto anticipó su rechazo y planteó: “Este Congreso ha hecho un esfuerzo extraordinario, un abordaje en el marco de las relaciones laborales donde hemos sacado una ley que fue ratificada por el Senado que tenía por objetivo tratar de mejorar el ingreso de los trabajadores al mundo del trabajo”.
“Hemos eliminado las multas, ampliado el periodo de prueba, hemos incorporado un sistema voluntario de los sindicatos lo que tiene que ver con el sistema de cese sindical. Me parece que estos tres elementos son muy importantes para un año parlamentario donde el Gobierno se planteó un objetivo ambicioso, pero que para abordar este tema que tiene con la reforma de las organizaciones sindicales, me parece que no alcanza con un debate meramente parlamentario”, fundamentó su postura.
Pese a que hubo reuniones informativas, el titular de Encuentro Federal expresó: “Es imprescindible llamar a los representantes de las organizaciones sindicales. Hay algunas experiencias que han sido muy frustrantes en la vida argentina de querer abordar esta temática y les ha ido mal a los gobiernos”.
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“Esto no se puede hacer sin los actores del mundo del trabajo. Me parece que es fundamental hacer una convocatoria más amplia y, además, tener un determinado consenso para llevar adelante una reforma de esta naturaleza. También se requiere poder político”, apuntó y resaltó que el Gobierno tiene “límites” en el Congreso.
Pichetto cerró su intervención ratificando su voto negativo: “Hay que agotar otra discusión y otro debate con el Gobierno, con los representantes de los sindicatos. Todos estos debates requieren de una amplitud de discusión mucho más amplia que lo limitado de este espacio parlamentario”.
De la vereda de enfrente, el titular de la comisión le enrostró que han hecho dos reuniones informativas en las que han venido representantes de la CGT y sectores gremiales.
“Hemos dado un debate profundo sobre el tema”, le remarcó.
El debate
En la misma sintonía, el diputado del FIT el jujeño Alejandro Vilca expresó su rechazo y denunció que detrás “de la libertad sindical se esconde una clara intención de la intervención del Estado sobre las organizaciones de los trabajadores”.
“Nosotros podemos tener muchas críticas a los dirigentes sindicales, de hecho, lo hemos expresado contra la CGT, pero eso no justifica a que se quiera avanzar sobre la organización de los trabajadores, sobre su libertad sindical, sobre las medidas”, justificó Vilca y criticó que el Gobierno avanza sobre los derechos de los trabajadores y “toma medidas en favor de los empresarios”.
La radical Soledad Carrizo manifestó: “Hemos discutido estos temas más de tres meses. Soy autora de un proyecto desde el 2016 y se llegó a una unificación de un dictamen muy bueno. Es importante pasar a la firma del despacho y quedaremos en esta Argentina mostrando quiénes estamos del lado de las reformas que necesariamente necesitamos a hacer y quienes se oponen al status quo”.
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Por el contrario, el dirigente sindical de la Bancaria y diputado de UP, Sergio Palazzo, aclaró que no han presentado dictamen de rechazo y desafió a Tetaz: “El que tiene que juntar las 16 firmas es usted”.
“No acompañamos la posición del proyecto presentado porque entendemos que se vulnera el principio de autonomía sindical consagrado en el convenio 87 la OIT. No es ningún cargo poder defender ese principio. Las asociaciones sindicales pueden libremente pactar cuota solidaria porque el sistema sindical argentino, inclusive, es distinto al sistema sindical en otros lugares del mundo”, argumentó
“El sistema sindical argentino implica que la organización sindical defiende, no solo al afiliado, sino también al no afiliado y los comprende a todos en un convenio colectivo. Por eso existe la cuota de solidaridad”, planteó Palazzo. Sobre la prohibición de reelecciones indefinidas expresó: “Es un tema que vulnera los principios del convenio 87 de libertad sindical. Las convocatorias de elecciones, las declaraciones juradas”, reiteró y cerró: “Es un tema que tienen que resolver los afiliados de la organización sindical y no nosotros con una ley que vulnera el principio de libertad sindical del convenio 87”.
De la otra vereda, el presidente del bloque radical, Rodrigo De Loredo, manifestó: “Para nosotros esta probablemente sea una de las reformas por la que más bregamos durante todo este año”, y señaló que “una de las pocas reformas que se mantiene perenne, estática, cristalizada, justamente la organización de los gremios”.
“En la historia de nuestro país nos hemos acostumbrado que la representación gremial de los trabajadores pertenezca a una expresión política. Es un dato de la realidad hace mucho tiempo”, indicó y resaltó que “esta modernización de la legislación vinculada a los sindicatos nos parece que le hace un aporte que es absolutamente indispensable en el devenir institucional y democrático de la argentina”.
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Desde el Pro, la santafecina Germana Figueroa Casas sostuvo: “Más allá de lo ya mencionado sobre sospechas de corrupción o enriquecimiento ilícito, estamos en un país que hay un 50% casi de gente que no tiene esa representación y está trabajando en la informalidad sin nadie que los defienda”.
“¿Por qué negarse a que haya una renovación? ¿por qué tiene que estar eternamente los mismos los mismos nombres, los hijos de los mismos y etcétera? siempre como como jefes de esos sindicatos, como directivos de esos sindicatos. ¿No podemos pensar realmente que puede haber algo mejor? ¿no vale la pena probar algo distinto?”, planteó.
Al cierre, el titular de la comisión destacó el “esfuerzo extraordinario de los bloques de esta cámara” para poder “dar mayor competitividad al proceso electoral de los gremios, para tratar de aportar más transparencia y para tratar de darle más libertad a los trabajadores de elegir si es que quieren hacer aportes o no quieren hacerlos, para el sostenimiento de sus organizaciones y si quieren o no quieren recibir distintos tipos de descuento en su recibo de sueldo”.
Así, anunció: “Hemos conseguido 15 firmas. No alcanzan para hacer un dictamen. La inmensa mayoría de la población argentina sigue esperando que le pongamos un límite a las reelecciones indefinidas de los sindicatos. No es equiparable la situación de un sindicato con la de cualquier espacio de la organización civil porque tienen las obras sociales sindicales que manejan”.
“Lamentablemente no alcanzaron los números en esta oportunidad, ya vamos a trabajar o seguir trabajando para poder construirla”, concluyó.
Actualización y repotenciación de los créditos laborales
Por otro lado, se trató la actualización y repotenciación de los créditos laborales del cual confluyeron tres dictámenes: uno de mayoría que reunió 15 firmas, uno de minoría y otro de rechazo del FIT.
En este sentido, en representación del dictamen de mayoría, Sergio Capozzi (Pro) explicó que "este proyecto trata de poner certeza, permitirá no solo recomponer y adecuar el crédito original en un reclamo de índole laboral, sino también, otorgará previsibilidad y seguridad jurídica”.
Por su parte, en representación de la minoría, Sergio Palazzo (UP) señaló que “vamos acompañar la propuesta del diputado Ávila porque entendemos exigua la tasa del 3%, creemos que la norma tiene que tener alcance a los juicios en trámite o con sentencia no confirmada para que su crédito laboral se actualice”.
En contrapartida, Alejandro Vilca (FIT), presentó un dictamen de rechazo: “Cuando hablamos de créditos, lo que buscan es ponerle limite desfavorable para el trabajador, es perjudicial”.
El bloque de UP llegó al final del encuentro y pidió la “impugnación” de la reunión porque, según argumentaron, no había quórum. También se pasó a la firma el proyecto para crear un sistema de trazabilidad de la pesca.
En el tercer intento para dictaminar y con el quórum ajustado, un plenario de las comisiones Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reunió este miércoles y emitió dictamen al proyecto de ley que deroga su similar 27.604 que modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego.
“Es un proyecto que deroga la Ley del Manejo del Fuego que fue creada del 2012 y se votó en 2020. Es una ley que desde el sector agropecuario afirmamos que es contraproducente. El sector agropecuario está pidiendo que saquemos dictamen porque la ley con estos dos artículos que modifica la 26.815 era potestad de las provincias y esta ley del 2020 le quitó eso. Además, prohíbe a muchos por 60 años no modificar nada a todo lo que son áreas protegidas y motes nativos”, explicó Alfredo De Ángeli (Pro) autor de la iniciativa de derogación.
Así, ejemplificó que “se te quema el campo y por 60 años no podes tocar ni vender nada. Encima le echan la culpa al dueño del campo. Y para los campos agrícolas ganaderos es de 30 años no puede cambiar, no puede subdividir, no puede modificar. Encima invade las atribuciones de las provincias”.
El senador entrerriano titular de la Comisión de Agricultura les solicitó a sus pares “volver a la 26.815 que es un pedido de la gente del campo. No sé por qué se hizo esta Ley 27.604. Buscamos derogar esos dos artículos”. El proyecto pasó a la firma.
Sistema de Trazabilidad de la Pesca
A su turno, la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la chubutense Edith Terenzi, explicó su iniciativa que busca crear un Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura y apuntó contra el bloque de UP que se ausentó durante la primera parte de la reunión: “Siempre somos los mismos los que venimos a trabajar”.
“Es un proyecto que hemos venido trabajando durante mucho tiempo”, resaltó y destacó el trabajo del equipo de asesores. “Este proyecto de trazabilidad empezó a tratarse a principios de año son tres comisiones juntas. Se hizo un trabajo abierto, plural, se puso a disposición los textos. Hubo muchas sugerencias y buscamos incluir todas al texto”.
“Lo que buscamos con este sistema de trazabilidad es la rastreabilidad o el seguimiento de todos los productos pesqueros para poder tener la seguridad alimentaria los consumidores de que el producto va a tener un paso por todas las alternativas productivas desde el momento de la captura hasta el momento del consumo. Esto tiene que ver con la protección de nuestras pesquerías”, informó y sumó: “Las provincias que tenemos litoral marítimo sabemos muy bien de qué se trata el tema de la pesca y poder tener la posibilidad de rastrear productos que, justamente, no vienen de pesca irregular como hay tanta en la zona. También garantiza la seguridad alimentaria”.
Al hacer uso de la palabra, el formoseño Francisco Paoltroni acotó que la iniciativa sirve para “continuar la trazabilidad a los mercados de exportación”. La iniciativa pasó a la firma y quedó listo para el recinto.
El reclamo de UP y las críticas al bloque por su ausencia
Promediando el plenario, los miembros del bloque de unió por la Patria ocuparon sus respectivos lugares. Al pedir la palabra, la senadora fueguina Eugenia Duré (UP) reclamó que al inicio del encuentro no había quórum por lo que no se puede emitir dictamen: “Nosotros no estamos de acuerdo sino todo lo contrario no es la primera vez que suceden estas cosas en las comisiones que les toca presidir”.
“A las 12.30 comenzó y la reunión estaba convocada para las 12 y no contaba con los miembros para ser llevada adelante como indica el reglamento en el artículo 100. A las 12.33 llegó el último senador y están contando un quórum inexistente. No es viable el desarrollo de la comisión y hay que impugnarla”, remató.
De la vereda de enfrente, le respondió el senador Pablo Blanco (UCR) quien llegó demorado unos minutos con previo aviso por razones de tránsito: “Me sorprende que algunos senadores vengan a plantear acá que por cuatro o cinco minutos no se dé por válida una comisión”.
“Los que nos critican han hecho hasta sesiones pasados varios minutos y han llevado a cabo sesiones sin el quórum suficiente. Me sorprende este tipo de actitudes cuando, hasta ahora, ni siquiera en el transcurso del año no integraron la comisión. Recién ingresan y lo primero que hacen es cuestionarnos porque me demoré tres minutos. La verdad que yo estoy siempre presente y tuve un inconveniente personal. Por tres minutos quieren voltear una reunión de comisión y me parece una total falta de respeto a los que participamos. Venimos trabajando armoniosamente como deberíamos algunos que nunca vinieron vienen a plantearlo”, le enrostró Blanco.
El presidente de la Comisión de Agricultura aclaró que Blanco había avisado que estaba demorado por cuestiones de tránsito y chicaneó a UP: “Es sentido común más allá de son oposición y quieran oponerse… bienvenidos, bienvenidos a que hayan venido a la reunión. Me pone contento que integren la comisión. La primera vez en un año”.
Terenzi también le salió al cruce: “Nos hemos reunido en muchísimas oportunidades a lo largo de todo el año y quiero rescatar la tolerancia. Tuvimos la apertura suficiente para abrir el debate sabiendo lo necesario que es el proyecto y tener leyes que necesitamos. Hay que hacer prevalecer la tolerancia”.
Así lo expresó el secretario de Minería, Luis Lucero, en su exposición ante un plenario de comisiones del Senado al debatir los proyectos que proponen presupuestos mínimos de protección ambiental en el cierre de minas. También disertó Laura Delgado del COFEMIN.
Con la ausencia del bloque de UP, un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado le dio tratamiento este miércoles a tres proyectos que establecen presupuestos mínimos de protección ambiental en el cierre de minas.
Una de las iniciativas es de la exsenadora Gladys González, otro es de autoría de Antonio Rodas y el tercero de Lucia Corpacci.
La reunión, que se llevó a cabo en el Salón Illia en minoría, contó con la disertación del Secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, quien expresó: “El tema es de importancia para la industria. El cierre de minas es desde hace algunos años de preocupación de la industria porque hace a la sustentabilidad de las áreas en las cuales las operaciones mineras ocurren”.
“Es conocido que la industria provoca impacto ambiental y la forma en que los espacios donde algunas partes de la infraestructura minera fueron ocupadas, tienen que ser rehabilitados de alguna forma ambientalmente responsable. Ese es el primer aspecto sustancial del cierre de minas”, planteó.
Lucero agregó: “La legislación suele incluir un aspecto que tiene que ver con la constitución de garantías o una satisfacción por parte de las autoridades ambientales provinciales de que la compañía minera contará, llegado el momento al fin de la operación minera cosa que puede ocurrir a los 15 o 20 años de actividad, con los recursos financieros suficientes para llevar adelante esos trabajos de rehabilitación. De eso se trata cualquier legislación de cierre de minas”.
El funcionario comentó que en la República hay dos normas vigentes. Una resolución ministerial en la provincia de Catamarca que fue “pionera en la sanción de este tipo de legislación en buena medida porque se iba a llevar a cabo el cierre parcial debajo la Lumbrera. A nivel ministerial emitieron una resolución que establecía la progresividad de los trabajos de cierre y de la Constitución de las garantías y cuáles eran los instrumentos financieros adecuados para que las garantías sean constituidas. La provincia de Santa Cruz también dictó su propia ley”.
“Llegar a un punto en que Nación tenga incorporado en el Código de Minería un capítulo que, a mi modo de ver personal, complementaría el capítulo existente de protección ambiental para la actividad minera sería un paso adelante”, destacó.
“En ese sentido comparto que uno de los trabajos que estaba sometido a tratamiento fue un trabajo conjunto de la Secretaría de Minería de la Nación y el Consejo Federal Minero integrado por las máximas autoridades de cada provincia elaboraron uno de los proyectos en tratamiento”, ponderó y sumó: “La minería es una industria que tiene que acercarse más a la mayoría de la población que está lejos de donde se hace minería”.
Lucero informó que el proyecto que trabajó el COFEMIN con la Secretaría años atrás apunta a estar en línea con las mejores prácticas internacionales. “Se trabajó para compararlo con regímenes de la región como Chile y Perú que tienen industrias avanzadas y estándares ambientales avanzados, y con Canadá y Australia que son países con geografías parecidas y recursos parecidos y estándares ambientales muy altos”, explicó.
“El proyecto ha intentado reflejar las mejores prácticas de, por lo menos, cuatro jurisdicciones que es el camino que tenemos que seguir que consideremos para poder reformar la legislación para adecuarnos a lo que el mundo está haciendo. Hemos mirado otras legislaciones para estar a todo con ello”, agregó.
Al cierre comentó que “el propósito era analizar, trabajar y debatir un proyecto sobre cierre de minas. Los espacios donde la infraestructura minera fue ocupada tienen que ser ambientalmente responsables y esto hace algunos años es una preocupación de la industria”, y cerró: “El mundo tiende a que la industria minera adopte estándares que la instalen como segura y, definitivamente, sostenible con institutos internacionales fondeados por compañías y gobiernos para eso”.
Por su parte, la vicepresidenta segunda del Consejo Federal de Minería (COFEMIN), María Laura Delgado, comentó que el proyecto viene trabajándose desde 2017 y “se empezó a asesorarnos como órgano de qué se trataba todo esto. Se realizaron charlas internacionales con expertos durante varios años y el resultado fueron las dos normativas vigentes en el país”.
“En El 2021 seguimos trabajando y se hizo una capacitación específica de cierre de minas donde se trabajó puntualmente el tema de las garantías que dentro del proyecto es muy importante para que el estado provincial tenga los medios suficientes para solventar los gastos para remediar o mitigar en post uso ese lugar que tuvo una actividad extractiva”, contó.
La representante de COFEMIN expresó: “Para nosotros es urgente pensar en el cierre de minas y para eso se necesita tener una normativa nacional que permita a las autoridades nacionales poder reglar y accionar sobre esta problemática”, y cerró: “En los planes de cierre de minas es muy importante saber qué se hace con la infraestructura instalada, pero también es relevante tener en cuenta la sustentabilidad y el sostenimiento económico de la comunidad que está alrededor cuando el proyecto no esté”.
Por último, el titular de la Comisión de Energía, el catamarqueño Flavio Fama, remarcó que los proyectos tratados son de “senadores que no están presentes. Hubiese sido bueno que se pueda discutir en una sesión. Agradezco a las autoridades por ponerse a disposición y el esfuerzo del COFEMIN porque una incorporación al Código de Minería de aspectos generales que resuelva o defina aspectos que tienen que ver con el cierre de minas es necesario”.
“Vamos a seguir trabajando para algún día tener un dictamen y poder reformar el Código de Minería y tener ese marco normativo que las provincias necesitan y esto no invade las facultades de cada provincia. Esto es un marco de certeza a las provincias y empresas porque la minería en el país son elementos y palancas que van a permitir un desarrollo de la Argentina”, cerró.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Ambiente, la chubutense Edith Terenzi, lamentó no haber conseguido quórum y resaltó la necesidad y urgencia de contar con “un proyecto de estas características porque desde la visión de ambiente hablamos de desarrollo sustentable y ahí cae el tema del cierre de minas. Que todo proyecto tenga la previsión al comienzo de cómo va ser el cierre de las minas tratando de cubrir todos los aspectos de la explotación porque todas las provincias necesitan la previsibilidad de un cierre de minas para que las explotaciones sean sustentables”.
La exdiputada nacional y profesional senior de la AGN criticó al oficialismo por la falta de designación de tres miembros de la Cámara baja a la Auditoría General, analizó la situación del Congreso y comparó la gestión en educación de Milei con la de Sergio Massa.
Mientras el Gobierno avanza con su plan de auditar las universidades, tras vetar la ley de financiamiento universitario, y luego de que la Comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que preside el diputado de la oposición dialoguista Miguel Ángel Pichetto, le pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que sean prioridad para auditar las facultades de Medicina, de Ciencias Económicas, y de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para agosto de 2025.
En ese contexto, parlamentario.com dialogó con la exdiputada nacional del Frente Renovador y profesional senior de la AGN, Carla Pitiot, quien apuntó contra el Gobierno por su embestida contra las Casa de Altos Estudios y analizó el panorama dentro del Congreso de la Nación.
Pitiot explicó que la AGN y las auditorías son organismos de control “fundamentales para fortalecer la democracia y las auditorías sirven para garantizar gestiones transparentes y eficaces”. “Lo que sucedió con las universidades fue una gran confusión porque la AGN ya las auditaba. Además, en el plan de acción para el 2025 la auditoría incluyó más de 10 universidades a auditar”, explicó y planteó: “Llegado el caso lo que debemos repensar y debatir son las facultades de la Auditoría. Donde hay fondos públicos debe haber control argumental, no hay dudas al respecto”.
Cabe recordar que los propios miembros de La Libertad Avanza votaron en contra del artículo que establecía auditar en la ley de financiamiento universitario que finalmente fue vetada. Al respecto, la abogada opinó: “Es una gran contradicción, por eso me parece que muchas veces este gobierno usa el control como un eslogan, pero poco está haciendo para garantizarlo”.
“De hecho, en su gobierno hay funcionarios que ejercen como tales sin estar designados y hay conflicto de intereses, eso también debería controlarse…”, remarcó y le propuso al oficialismo que como acción podría llevar a cabo una “revisión de la Ley de ética pública”.
Al ser consultada por las autoridades que faltan designar en la AGN y que corresponden a la Cámara de Diputados, Pitiot apuntó: “Desde la creación de la AGN nunca habían transcurrido tantos meses con tres cargos vacantes sin designación. En estos días el presidente de la HCDN (Martín Menem) estuvo diciendo en medios que no llegaban a acuerdos, pero se acordaron un poco tarde, ¿no? Hace siete meses que deberían haberse designado los tres auditores/as”.
Sobre la conformación de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que se constituyó hace una semana y recibió al presidente de la AGN este martes, la exdiputada celebró su conformación, pero remarcó: “El que se haya constituido a esta altura del año es otro síntoma de que el control importa poco. Es como un hacer de cuenta que le interesa a este gobierno, pero los hechos demuestran otra cosa”.
La reforma de 1994 formalizó la existencia de la AGN en la Constitución Nacional (CN), dándole un marco normativo y reconocimiento constitucional que antes no tenía a través del art. 85 de la Carta Magna. Sin embargo, a 30 años de la última Asamblea Constituyente, el artículo citado continúa sin reglamentarse y en consecuencia nuestro Sistema de Control Externo, encargado de promover la gestión legal, transparente, eficaz, eficiente, económica y sostenible, permanece desamparado.
Al respecto, Pitiot señaló que “es una deuda pendiente de la democracia, sin dudas”, y recordó que durante su mandato como legisladora “había varios proyectos sobre ese tema, pero nunca tuvimos el consenso para debatirlos y lograr dictamen. El control, generalmente, es un tema al que no se le presta mucha atención, no se dimensiona el impacto que puede tener para la calidad en la gestión pública y como consecuencia también sobre la sociedad”.
El artículo 85 expresa: “El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo. El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación. Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Tendrá a su cargo el control de la legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos. De esta manera reforzó su autonomía e independencia, asegurando que pudiera desempeñar sus funciones sin interferencias del Poder Ejecutivo, ya que la AGN pasó a ser un órgano dependiente del Congreso de la Nación, garantizando un control más imparcial y objetivo. En este sentido, el control en los actos de gobierno es un pilar fundamental para el buen funcionamiento de una democracia y para asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en la administración pública".
En ese sentido, en su carácter de exdiputada nacional analizó el trabajo parlamentario en lo que va del año y consideró: “Este parece ser un Congreso muy fragmentado, en el que cada vez es más difícil alcanzar consensos, salvo excepciones como la modificación de la ley de DNU o el proyecto de bien restituido, que están trabajando y apoyando diputados y diputadas de distintos espacios políticos”, y agregó: “En cuanto a los vetos es muy curioso lo que pasa, o no. Pero se nota una fuerte presión del Ejecutivo para lograr sus objetivos”.
Por último, la abogada comparó la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía y la actual, en relación a los recortes en el área de educación: “La inversión nacional en educación en 2025 será del 0,88% del PBI, por debajo de lo invertido en 2024 (0,91%) y 2023 (1,48%), ejercicios en los que Sergio Massa fue ministro”, y alertó: “En 2025, se eliminarán los programas ‘Mejoramiento de la calidad educativa’, ‘Conectar Igualdad’, ‘Fortalecimiento territorial’ y ‘Acompañamiento de organizaciones educativas’. ¿Esto es priorizar la educación y federalizar las políticas educativas? Me preocupa mucho porque perjudica a los más pobres y más vulnerables”.
Así lo expresaron representantes provinciales ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados. Diputados se quejaron por la ausencia de funcionarios del Ejecutivo en las reuniones que han sido invitados y nunca asistieron.
La Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, presidida por Daniel Gollan (UP), escuchó este martes a representantes provinciales del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT) quienes alertaron por la falta de financiamiento en el sistema actual en las diversas jurisdicciones.
Gollan comentó que el motivo de la reunión surge habida cuenta de que el Ejecutivo en lo que va del año no se ha reunido con el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología: “Esto agregaba una preocupación más y es algo que hemos escuchando en las múltiples recorridas por centros tecnológicas y universitarios en todo el país la necesidad imperiosa de que las instituciones funcionen”.
“Nosotros, lamentablemente, no tenemos una capacidad resolutiva, simplemente cumplimos con lo que debemos cumplir por parte del Legislativo que es escuchar y visibilizar la problemática”, explicó.
El titular de la comisión comentó que han citado a Alejandro Cosentino –quien estaba al frente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología- pero un día antes a asistir renunció. También han convocado al secretario Darío Genua, pero “a la fecha no ha venido. Nos recibió en una reunión y se comprometió en que no tenía problema en asistir. Hoy fue invitado y no pudo asistir”.
“Es imprescindible que tengan que funcionar estas instituciones. No se puede naturalizar esto de que no hay respuestas, de que no hay reuniones. Estoy mencionando una serie de cosas que son graves y que no hay manera de mantener un vínculo dentro de lo que debería ser institucionalmente con los funcionarios y no hay manera de que este Cuerpo legislativo pueda dialogar con ellos y no debería ser así porque nunca pasó”, se quejó Gollan.
Representantes del COFECYT
La primera oradora fue la representante del COFECYT en el Directorio del CONICET, Luz Lardone quien alertó por la fragilidad institucional del Consejo Federal y del presupuesto e informó que “al día de la fecha no se ha constituido el Consejo en esa primera reunión”. Así, explicó que cada uno de los representantes provinciales son designados por decreto de sus gobernadores. Se arma un cronograma donde lo que se reúne es el Comité Ejecutivo, que funciona mensualmente. Como su nombre lo indica, pretendidamente federal, funcionan los consejos regionales en espejo con los consejos, pero el Consejo Federal tampoco está funcionando”.
Lardone se mostró preocupada por el financiamiento: “¿Cómo recuperamos la institucionalidad de este Consejo?”, preguntó y precisó: “Es un ámbito donde se ha discutido, no solo la política científica del país, un espacio donde, además, se articulaban esas políticas con el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología y, en ese marco, considerar una política científica con perspectiva federal de cómo ir trabajando los instrumentos de política pública que pudieran dar cuenta, no solo de las realidades y las inequidades y las asimetrías presentes en cada una de las provincias, sino también, cómo proponer soluciones con una mirada situada que pueda atender la diversidad federal de nuestro país”.
En tanto, indicó que desde el 2019 al 2023 se realizaron un total de 15 asambleas, por lo que advirtió que “esas representatividades también han caducado en su mayoría”.
“Es preocupante, no solo la cuestión presupuestaria que no se está cumpliendo con la Ley de Financiamiento. Tampoco se está cumpliendo con la Ley del Plan de Ciencia y Tecnología en cuyo corazón están definidas por las provincias que integran este Consejo Federal”.
La Rioja
Hugo Vera, secretario de Ciencia y Tecnología de La Rioja, destacó la visión estratégica y la decisión política de su gobernador, Ricardo Quintela, de “fomentar, promocionar todo lo que hace a este andarivel de la ciencia y la tecnología a este camino de la innovación y el conocimiento a este sendero de la investigación y el desarrollo”.
Así, conto que su provincia “viene transformándose de la mano del sector” que le han dado un “crecimiento exponencial” gracias a los programas federales y comentó que nueve laboratorios han sido equipados y puestos en valor por los proyectos federales. También ponderó 23 iniciativas que “hablan de soluciones concretas a nuestros territorios, a economías regionales”.
“Había un paraguas desde Nación con una gestión muy federal en donde se apalancaban programas, se financiaban distintas líneas de acción. Con un programa que se denomina Popularización de la Ciencia y la Tecnología estamos federalizando, democratizando el conocimiento y estamos logrando hacer unidades de ciencia y tecnología en todos los municipios de nuestra provincia”, ponderó.
Vera lamentó la posibilidad de que “se dilapide, de que se pierda, de que se diluya todo eso porque necesitamos fundamentalmente que se haga realidad ese Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, que se ejecute, que se ponga en marcha y que se apalanque financieramente y presupuestariamente a una serie de programas de acciones que necesitamos las provincias y que esos programas sean fundamentalmente federales”.
“Necesitamos que esté incorporado en el actual presupuesto las partidas necesarias para darle continuidad a esas construcciones”, cerró
Santa Fe
La secretaria de Ciencia y Tecnología de la provincia, Érica Hynes, planteó que Santa Fe “no escapa a la coyuntura nacional que han descrito quienes me precedieron en la palabra”, y destacó que la provincia tiene “mucha actividad científico tecnológica con polos de conocimiento en varias de las ciudades, especialmente en Rosario y en Santa Fe capital”.
También, destacó que tienen actividades “con mucho dinamismo industrial, empresas de biotecnología que “tienen una relevancia y un impacto que es reconocido en todo el país”. “Esto todo tiene una relación muy fuerte con la producción de conocimiento y con la producción de datos de información novedosa que, después, es la que se va a poder convertir en innovación en las empresas”, informó.
“Hay una gran preocupación por lo que está detenido”, alertó y comentó que Santa Fe tiene una agencia de ciencia y tecnología que fue creada en 2013 y refrendada por Ley en 2017 que tiene “la obligación y la responsabilidad institucional de ejecutar la mayor parte del presupuesto de ciencia y tecnología provincial”. Por último, manifestó que están abriendo convocatorias nuevas para “poder sostener esto en un contexto muy difícil donde todos miran a la a la provincia como una fuente de recursos”.
Tierra del Fuego
La ministra de Educación, Cultura ay Ciencia, Analía Cubino, criticó: “No sé si nos queda alguna posibilidad de tener que justificar el rol de la ciencia y la tecnología respecto de la vida de los argentinos”, y agregó: “Pasados 10 meses tenemos que empezar a convencernos de que no hay plata, pero que no hay democracia es algo difícil de asumir. Poder hablar de leyes que no se están cumpliendo porque se han redactado y votado con unanimidad de todos los sectores políticos y el respeto a las instituciones es lo que tenemos que hacer”.
“Es muy grave que no esté funcionando el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, pedimos que se reabra y se convoque desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología para habilitar la discusión de las realidades de las provincias”, exigió y recordó que fue creado por decreto y firmado por Carlos Menem.
“Realmente nos preocupa porque, más allá de que las provincias no hemos recibido un solo peso para el sector, que no se ha ejecutado el presupuesto 2023. Que ahora se va a discutir el nuevo presupuesto. En 2024 estamos viendo con gravedad todos los artículos que se están soslayando, suspendiendo de leyes de ciencia, de educación y todos los ámbitos que nos circulan”, expresó.
Córdoba
Gabriel Tonetti, secretario de articulación científico tecnológico, señaló que para su provincia es “importante la institucionalidad y que podamos seguir trabajando y arranquemos con las sesiones, reuniones y trabajo conjunto dentro del Consejo Federal”.
“En Córdoba, la iniciativa de nuestro gobernador fue poner a la ciencia y la tecnología dentro de los ejes estratégicos de desarrollo socioproductivo de la provincia”, destacó y señaló que “el presupuesto con el que contamos para la ciencia no se ha tocado, de hecho, estamos llegando al 100% de la ejecución. Estamos con un programa de financiamiento a la ciencia y tecnología”.
El funcionario provincial remarcó que el eje “fundamental la vinculación y la transferencia. En cómo llegar de las 12 universidades que tenemos, las 18 instituciones de Ciencia y Tecnología tanto nacionales como provinciales poder transferir ese conocimiento a las empresas y eso sin un Estado presente es prácticamente imposible y muy difícil de lograr. Tenemos que seguir trabajando a nivel nacional y seguir uniéndonos entre las provincias y llevar este desarrollo de las empresas y la economía basado en el conocimiento”, cerró.
Catamarca
El ministro provincia, Isauro Molina, expresó: “En este contexto nacional complejo y difícil, en Catamarca no hemos logrado avanzar en la ejecución de los fondos para la creación del Centro Científico, Tecnológico y Productivo que está proyectado porque carecemos de los fondos, por eso es importante tener estos ámbitos para debatir e incluir estos temas en la agenda legislativa”.
“El modelo nacional concentra el presupuesto de ciencia en las dos Buenos Aires, sino federalizar, democratizar y descentralizar el sector”, finalizó.
Buenos Aires
En su intervención, el secretario del área bonaerense Nahuel Ares contó cómo desde la provincia están “tratando de paliar la ausencia del Gobierno nacional en todo lo que refiere a ciencia y tecnología”. “El COFECYT se tiene que reunir. Tenemos las leyes del conocimiento, de nano y biotecnología, el Plan 2030 con todas las provincias y Nación. Nos parece que tenemos que dar esa discusión acá en el Congreso”, planteó y reclamó despidos que se están llevando en el INTI, CONICET.
“La ciencia y tecnología sirve para el desarrollo de nuestro país”, planteó y remarcó las obras paralizadas en Buenos Aires: “Tenemos 22 obras paralizadas, más de 193 equipos que dejaron de pasar fondos. Eran compromisos asumidos por el Estado Nacional y hoy se está incumpliendo la ley”.
También resaltó que el COFECYT viene desde los 90 y precisó que el artículo 5 establece cuáles son las obligaciones del Estado Nacional donde “esta financiar la ciencia y tecnología y promover el desarrollo federal del país y ninguna de esas cosas se está llevando a cabo”. “No podemos dejar de lado la ausencia y desidia del Gobierno nacional en este momento en todo lo que tiene que ver con ciencia e innovación y el desarrollo federal”, manifestó.
Corrientes
“Desde Corrientes impulsamos acciones que promovieron el desarrollo de carácter público y privado, de manera articulada para lograr resultados concretos generando un proceso de consolidación constante”, informó la subsecretaría de Coordinación Institucional, Micaela Van Der Woerd e indicó: “Generamos mecanismos ágiles y de articulación y acciones conjuntas con el COFECYT”.
Así, destacó que el COFECYT: “Es esencial el rol que desempeña porque es el cuerpo de elaboración, asesoramiento y articulación estratégica de políticas prioritarias nacionales y regionales que promueven el desarrollo armónico de las actividades científica. Es un espacio donde se escuchan las demandas territoriales dando cuenta de un importante criterio federal”.
Por último, expresó: “Confiamos en que los desembolsos pendientes se regularicen pronto para poder cumplir con los compromisos adquiridos”.
Jujuy
Desde la provincia del norte, Luis Bono secretario ejecutivo de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia se mostró preocupado por la pérdida de federalización porque “se está dejando de lado las convocatorias”.
“Estamos cumpliendo más de 110 días que no tenemos respuestas de Nación del presupuesto para la construcción de nuestro Polo Tecnológico. Se trabajó con el Ministerio de Infraestructura para poder iniciar la obra”, denunció.
Formosa
El secretario de Ciencia y Técnica, Camilo Orrabalis, resaltó “la falta de diálogo desde las direcciones que toman decisiones a nivel nacional, están totalmente ausentes. Pese a eso en Formosa se sigue apostando a la ciencia y a la tecnología, se está terminando el Instituto Politécnico Formosa y otros proyectos, con recursos propios”.
“Lamentamos la decisión de no convocar a las asambleas que son necesarias. Uno hace reclamos y del otro lado hay ausencias”, manifestó y contó que en su provincia desde el 2003 al 2015 el “desarrollo en ciencia y tecnología ha crecido en infraestructura. Pudimos completar un Polo Científico que hoy está en funcionamiento”, y criticó que las decisiones políticas “centralistas siempre perjudican a las provincias del norte”.
San Luis
El director de Vinculación Estratégica del Ministerio, Delfor Sergnese, afirmó: “Estamos esperando la convocatoria del Consejo Federal y vemos con preocupación que no se realice. Desde San Luis estamos trabajando tanto en la vinculación como en la transferencia de conocimiento en conjunto con los organismos provinciales y nacionales”.
También disertaron la directora general de Economía del Conocimiento de La Pampa, Laura Biasioti; el presidente de la Agencia de Desarrollo e Innovación Tecnológica de Misiones, Nicolás Daviña; el director General de Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero, Edmundo Vizgarra Gómez; la ex presidenta del CONICET, Ana Franchi; la exsecretaria de Ciencia de Chubut, Georgina Davis; la representante de la Mesa Federal de Ciencia, Josefina Vaca.
La funcionaria disertó ante un plenario de comisiones en Diputados sobre el proyecto de presupuestos mínimos de emisión de metano del cual señaló que “la autoridad de aplicación no debe ser Ambiente”, y se quejó que “estaba en la Ley Bases, pero en la negociación se quitó”.
La subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético de la Nación, Mariela Beljansky, disertó ante un plenario de las comisiones de Ambiente y Energía de Diputados en el arranque del debate sobre el proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos.
La funcionaria destacó la importancia de reducir las emisiones de metano porque “el sector de petróleo y gas que siga creciendo y crezca más porque no nos sirven de nada los recursos si están enterrados, sino que tenemos que poder utilizarlos. Para el gas natural hay una ventana temporal que es imprescindible tratar de aprovechar al máximo para generar riqueza”.
“Argentina pretende ser un país netamente exportador y la demanda, tanto de hidrocarburos como de otros bienes que la Argentina puede producir y exportar, requiere del cumplimiento de compromisos de gases de efecto invernadero”, señaló y agregó que el país debe “cumplir” con los compromisos como, por ejemplo, no exceder las 349 megatoneladas netas absolutas del inventario del 2030 que es el compromiso “legal vinculante” por Ley en 2016 el Congreso ratificó la suscripción del acuerdo de París.
Beljansky destacó que esta gestión de Gobierno “por primera vez” crea en su estructura que es una subsecretaría de transición en la órbita de Energía bajo el Ministerio de Economía a fin de tener “una mirada y abordaje integral de la transición hacia economías más bajas en carbono. En dicho ministerio están representadas el 90% de las emisiones de efecto invernadero del país. Las emisiones del sector energético nada más representan el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero”.
“Hay que tratar de hacer la transición hacia una economía más baja en carbono, una oportunidad para ser un país netamente exportador porque no hay que olvidarse que es parte de lo que pretendemos para que Argentina tena mucho más nivel de producción económica y exportación y tener confiabilidad para poder acceder a financiamientos”.
La funcionaria explicó que dentro de las misiones de la secretaría “están enfocadas en establecer una asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que resulten compatibles con el cumplimiento del acuerdo de París en la proporción en que, cada quien que emite, tiene que hacerse responsable de sus emisiones, pero a su vez, es libre de cumplir con no superar ese umbral de derechos de emisión como quiera”, y sumó: “También para hacer que la transición sea más costo efectivo, justamente para tratar de poder crecer con la menor cantidad de limitaciones. No auto imponernos más limitaciones que, la demanda de productos y del cumplimiento de los acuerdos que tenemos suscriptos, nos requiera”.
La expositora contó que establecerán un mecanismo de Mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero conocido como “Cap and Trade”. “En eso venimos trabajando desde el 11 de diciembre del año pasado y hemos avanzado bastante en ese sentido en el diseño del esquema de asignación de derechos de emisión y en el esquema de mercado de derechos de emisión”, comentó y explicó que han hecho una presentación de interés para tener la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo.
“Hay 38 ‘Cap and Trade’ vigentes operativos en el mundo 14 países que están evaluando implementarlo básicamente porque ha demostrado ser un instrumento que pone un precio al carbono que resulta más efectivo y que aumenta la productividad de las Industrias o de los sujetos obligados”, informó y planteó: “Estamos en un momento donde Argentina justamente quiere crecer y hay que tratar de crecer de la manera más inteligente para poder cumplir también con los requerimientos de nuestros compradores de bienes y productos que queremos exportar”.
Sobre el proyecto de ley, puso el foco en la autoridad de aplicación que establece que sea Ambiente: “En realidad es una ley que está dedicada y enfocada en el sector de exploración, explotación y todo lo que tenga que ver con el gas y, en realidad eso está dentro de las competencias que tiene la Secretaría de Energía”.
Sin embargo, propuso que “puede ser una responsabilidad compartida porque energía y ambiente en muchos casos se interrelacionan”, pero reiteró: “Las misiones y funciones de la Secretaría de Energía está generar todos los instrumentos para ver que ese sector energético sea sustentable en términos económicos, pero también en términos ambientales”
Así, adelantó que el ‘Cap and Trade’ sobre el que están avanzando está enfocado en implementarlo en el sector energético, pero “aspiramos realmente a poder extenderlo a otros sectores de la economía que va a tener sus propias reglas de juego”, y precisó: “Lo que nosotros estamos aspirando es en diseñar de manera muy participativa con las compañías cómo vamos a hacer nuestras ecuaciones para ver cuáles son las emisiones que cada uno de esos sujetos obligados está emitiendo para ver si cumplió o no cumplió con el umbral asignado”.
“La Argentina tiene que reportar su inventario Nacional de gases de efecto invernadero. El inventario tal como se hace en este momento no captura muchas de las implementaciones que son el más costo efectivas para la industria de petróleo y gas a la hora de reducir emisiones básicamente, porque usamos un factor de misiones por defecto para producción de sheil y un factor de misiones por defecto para producción de hidrocarburos convencionales y multiplicamos actividad productiva o volumen de producción por ese factor de emisiones por defecto”, explicó Beljansky, pero señaló: “La verdad es que eso no captura posibles medidas que las compañías pueden implementar. Entonces no hay un incentivo real, eso no se ve reflejado porque simplemente se multiplica un dato de actividad por un factor de emisiones que no lo está capturando”.
“El país tiene el compromiso de no exceder las 349 mega toneladas netas absolutas”
Otro de los puntos del proyecto que le generó preocupación, es si la autoridad de aplicación es Ambiente “puede tener sus reglas de cálculo que, en principio, son las del inventario y, entonces, no se van a ver reflejadas las medidas que las compañías van a estar implementando y, por otro lado, van a tener una manera de reportar cuál es su nivel de emisiones asociados con el ‘Cap and Trade’ que va a estar operativo”, y sugirió: “Lo más razonable es que las reglas de juego y la manera de reportar de las compañías sea única. No dupliquemos esfuerzos, pero me parece que en el ‘Cap and Trade’ vamos a establecer cómo son las reglas para poder implementarlo”.
“Me parece fundamental que la autoridad de aplicación sea la misma autoridad que está implementando el ‘Cap and Trade’ para el sector energético, que al fin y al cabo es la que genera la normativa técnica o la reglamentación de detalle para ver cómo se van a reportar o a declarar o a verificar o a controlar las emisiones de metano en este caso, pero en realidad nosotros lo haríamos para todas las emisiones no solo asociadas a metano”, consideró.
Otro punto que señaló de la iniciativa es la compensación de créditos y explicó: “El que hizo las cosas bien antes, ahora no se le está pidiendo un poco más, sino que justamente, no perjudicamos al que innovó y, por el otro lado, que tenemos sí o sí que dejar derechos de emisión gratuitos para nuevos volúmenes de producción o para nuevos actores para que esto no se convierta en algo que pueda hacer una barrera de ingreso, pero para eso necesitamos una actividad muy comprometida de las empresas para tratar de entender. No se busca perjudicar a nadie, pero saber que tenemos que hacer nuestro desarrollo y tener un crecimiento con estas condiciones de borde”.
Así, celebró que “haya iniciativas como éstas que están alineadas en tratar de tener un desarrollo económico y de un sector que entiendo que va realmente a explotar. Va a ser un sector que va a tener muchísimo crecimiento en los próximos años y es fundamental que hagamos las cosas también para que el mercado esté dispuesto y esperando nuestros productos y no que empecemos a generar algún rechazo de algún tipo”.
“Estamos en el momento correcto y, si hacemos las cosas bien, hay una ventana temporal para valorizar nuestros recursos de hidrocarburos fenomenal y la verdad que insisto en que me parece valioso”, destacó.
Por otro lado, hizo algunas consideraciones respecto de la redacción como por ejemplo las compensaciones: “Acá se habla como de forestar con especies nativas. En realidad, nuestro inventario nacional habla de emisiones netas absolutas. No me gustaría que en nuestro ‘Cap and Trade’ no va a haber una limitación de que alguien compense con especies nativas. Se puede compensar con cualquier cosa que capture porque, insisto, nuestro compromiso país está sobre misiones netas absolutas de no exceder ese 349 en el inventario 2030”.
Beljansky cuestionó que el tema “efectivamente estaba en la Ley Bases que en algún momento de la negociación se quitó. Si me hubieran preguntado yo no le hubiera quitado”.
En tanto, indicó que “ya estaba dentro de las funciones de la secretaría hacer instrumentos sectoriales para cumplir con mitigación o adaptación frente a escenarios climáticos futuros”, y manifestó que la intención era que estuviesen todos los sectores involucrados y no solo el sector de energía.
Así, planteó que uno de los pilares del sector era “encarar la transición energética, no copiando un modelo de otros países, sino haciendo un propio modelo entendiendo que el sector energético tenía que tener un perfil netamente exportador con un crecimiento muy importante. Para eso teníamos que mostrar sustentabilidad económica, pero sustentabilidad ambiental también porque gran parte de nuestros producidos van a mercados que están también mirando”.
La Comisión de Cultura recibió y escuchó a referentes del sector cultural este jueves en una reunión informativa. Hay cuatro proyectos con estado parlamentario que se pusieron sobre la mesa y los diputados buscan arribar a un dictamen de consenso.
La Comisión de Cultura de Diputados, presidida por la catamarqueña Silvana Ginocchio (UP), se reunió este jueves para iniciar el debate sobre el fomento de la actividad privada en actividades culturales, también conocido como mecenazgo, con artistas y expertos invitados a disertar sobre el tema.
Así, la diputada de UP comentó que hay cuatro proyectos que tienen giro a la comisión y bregó para poder construir consenso y llegar a un dictamen. “Trabajar en este tema nos ayuda a democratizar la participación en la cultura de manera nacional y federal”, resaltó Ginocchio.
La presidenta de la comisión sostuvo que la cultura es “desarrollo, trabajo, nos enriquece y tiene un impacto dentro de las economías”. Así, señaló que debe ser un “eje central trabajar, apostar, garantizar, fomentar, desarrollar la cultura” y que el Estado “tiene que formar parte porque es una política (…) el Estado no se tiene que retrotraer de un deber que tiene de garantizar la cultura con un reconocimiento a que las actividades culturales y los derechos culturales tienen una enorme influencia en lo individual y colectivo”.
Pidió la palabra el vicepresidente de la comisión, Hernán Lombardi (Pro), quien manifestó: “Estamos en deuda porque la Ciudad de Buenos Aires tiene la ley desde el 2007. Otras provincias también tienen sus leyes. Hay muchos municipios que tienen ordenanzas de mecenazgo. Se ha expandido esto por todo el país, pero Nación no lo ha tocado. Esta cuestión de darle participación a la sociedad civil y al sector privado en la cultura nos parece claro”.
El primero en exponer fue Federico Cermelo, abogado y director del Observatorio de Familias y Juventudes de la HCDN, autor de uno de los proyectos que se convirtió en ley en la provincia de Buenos Aires a fines de 2016.
“Esta experiencia de mecenazgo estamos en deuda a nivel nacional. Toda persona que trabaja en arte o cultura se da cuenta que necesitamos una ley. No solo por el aporte, sino porque es un puente que tiende a unir las necesidades del artista, del Estado que optimiza sus recursos y del sector privado que tiene ganas de cooperar con la cultura. Es una retroalimentación muy positiva si está bien legislada y muy negativa si solo le otorga beneficios al sector privado que, claramente, no es la idea”, expresó.
Cermelo indicó que el antecedente de la ley de capital federal es “positivo” para empezar a legislar al igual que otras provincias. Así, contó que cuando se inició el tratamiento en la provincia de Buenos Aires “había muchos prejuicios de diferentes espacios políticos”. “Somos un poder del Estado intentando generar un recurso más a la cultura por lo que sería muy ingenuo pensar que estamos queriendo correr al Estado cuando queremos legislar en mecenazgo”, planteó.
“Lo que estamos legislando en mecenazgo son derechos, oportunidades de crecimiento y desarrollo para la vasta familia cultural para el artista, para el que realiza festivales, feria y un claro beneficio para el que consume cultura”, afirmó y describió: “La cultura es transversal, es identidad porque son tradiciones y valores. La cultura también es turismo porque las fiestas son un impacto. Cuando hablamos de cultura también hablamos de patrimonio cultural inmaterial que son las bellezas naturales y el turismo es industria al igual que la cultura, pero tiene que ser nacional, pujante, productiva con oportunidades para todos y ese sentido tiene que tener la ley”, y señaló que “históricamente” han querido legislar en mecenazgo, pero “transformándolo” en beneficios para el privado.
Cermelo comentó que han tomado como antecedente la legislación de Uruguay donde “existen escuelas de artistas de gestión privada unido a la educación y a la cultura”, pero resaltó que los proyectos pedían la universalidad de la educación, la accesibilidad a las poblaciones vulnerables y excelencia de las escuelas.
En esa línea, concluyó: “Cuando logramos legislar de una manera armoniosa para el gestor, el artista, empresarios y sobre la cultura, mecenazgo da resultado y puede ser una gran alternativa”, y criticó a la exgobernadora Verónica Magario y al mandatario provincial actual, Axel Kicillof, que “no implementaron la adecuación presupuestaria”.
A continuación, fue el turno de la exdiputada nacional Elda Pértile actual presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Chaco quien comentó que el mecenazgo es “proteger el desarrollo de las artes, de las letras, ciencias”. Pértile contó que en su provincia ya rige una ley en ese sentido desde el 2012 que ha sido “muy fructífera con resultados valiosos” por lo que remarcó la necesidad de llevar es mirada de forma “federal, nacional” a fin de “atender necesidades que van más allá del Estado y que involucraría al sector privado, a empresas que quieren colaborar”.
“En materia cultural disponer de recursos no es muy fácil”, señaló y comentó que uno de sus proyectos presentados durante su mandato involucraba “el teatro, artes visuales, danzas, música, medios de comunicación y todo quehacer que involucre en materia cultural”, y contó que planteaban la creación de un Consejo Nacional de mecenazgo y que sea presidido por la autoridad máxima cultural de la Nación para que evalúe los proyectos desde una mirada federal y diversidad de expresiones culturales y artísticas.
Además, detalló que los proyectos se financiarían con una desgravación de un porcentaje del 5% de las ganancias netas del ejercicio y un 10% iría a un fondo solidario nacional de mecenazgo. “Hay una necesidad de tener una ley nacional de mecenazgo que extienda los beneficios”, cerró.
Luego expuso Emiliano Fuentes Firmani, investigador del Instituto de Arte y Cultura de la UNTREF, quien remarcó que es un tema “altamente demorado” y planteó: “El mecenazgo es una articulación público-privada que busca estimular la inversión en la cultura. Es solo una herramienta de intervención interesante que en el país ha generado controversias y hasta la actualidad no pudimos avanzar y es una herramienta más dentro de las políticas de financiamiento y fomento de la cultura y de ninguna manera puede reemplazar la acción del Estado, sino que debe funcionar como complemento”.
“Es importante que el mecenazgo impulse el desarrollo de pequeños y micro emprendimientos culturales con alcance federal y equitativo entre las provincias, para compensar las asimetrías históricas”, subrayó Fuentes Firmani y agregó: “A pesar de tener un importante desarrollo jurídico e institucional para el fomento cultural, en nuestro país nos debemos un debate profundo sobre los modos, competencia y concurrencias que Nación y provincias deben asumir sobre el tema”.
El investigador señaló que es importante la promoción de la inversión privada en la cultura porque amplía las posibilidades de desarrollo cultural y fomenta la diversidad de las expresiones culturales; ayuda a construir la sustentabilidad de los proyectos y procesos culturales y porque las empresas y el sector productivo tienen una responsabilidad social.
Para concluir, pidió que haya “una política de mecenazgo con sólidos mecanismos de control y transparencia que permitan tanto la protección de los recursos fiscales como del patrimonio cultural involucrado y acciones de fomento”.
El presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, Julio Crivelli, insistió con la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires y sugirió que “asociar demasiadas y complejas asociaciones colaterales del Estado no va a ser beneficioso”, y consideró que “los fondos deben ser empleados en instituciones que tienen una trayectoria importante de transparencia y de tradición o en personas físicas que presentan un proyecto que resulta atractivo a la cultura”.
“No vemos necesario una intervención sistemática del Estado en estas cosas. La cuestión presupuestaria la pueden acordar el privado y el sector artístico interesado”, opinó y cerró: “Lamentablemente el presupuesto del Estado no ha sido nunca importante para el desarrollo de la cultura”.
La legisladora porteña Cecilia Ferrero actual titular de la comisión de Cultura de la legislatura, enumeró las características principales de la Ley de Mecenazgo en la Ciudad. Al respecto, detalló que “en la modificación que le hicimos este año, buscamos robustecer la autoridad de aplicación en todo lo que tiene que ver en acompañar a la persona física o jurídica que presenta el proyecto para que la burocracia sea lo menos pesada posible. Buscamos más flexibilidad”.
“La ley está vigente desde el 2007, cumplimos 14 años de funcionamiento interrumpidamente con dos o tres modificaciones”, comentó y concluyó: “Ojalá haya una ley nacional de mecenazgo, porque el ejemplo de la Ciudad es un éxito; así lo plantean quienes se presentan tanto para ser beneficiarios como a querer apoyar el arte”.
De forma remota, expuso el presidente de la Asociación Italiana de Charata, Marcelo Golob, quien resaltó que desde el 2010 tienen la Ley de Mecenazgo y precisó: “Puedo dar fe que contribuyen honrada y honorablemente a cada institución cultural y deportiva”.
“El Estado tiene prioridades sobre eso y debe afianzarse como prioridad con herramientas válidas a través de porcentajes provinciales y nacionales. La cultura es una creencia con valores y formas de vida de una población que se puede transmitir de generación en generación. Mediante la ley, buscamos personas físicas o jurídicas que tengan exenciones o impuestos a pagar para poder promover la actividad privada, la financiación de obras, teatros y actividades artísticas”, destacó y cerró: “No sustituir al Estado, contribuir a ayudar para mejorar involucrando a sociedades sin fines de lucro”.
El presidente de la Asociación Premios Hugo, Ricky Pashkus, señaló que el mecenazgo “supone estimulación hacia los jóvenes y hacia la autogestión que define independencia económica, vivir de lo que amamos. Es una bajada a la federalización porque en algunas provincias actores no tienen manera de acceder a los recursos. Hay que hacer una tarea importante cultural para motivar la proactividad que esto implica”.
“El mecenazgo es algo útil para las dos partes, pero de nada sirve si no está el jurado heterogéneo con una visión de la cultura diversa, con diversos lenguajes y hay una necesidad expresiva de los jóvenes en el país”, indicó y planteó que “hay que tener una conciencia educativa para que llegue a los más bajos estratos –ingreso económico- porque está ahí y no se usa. Esto va a traer futuro y cambio. El arte no tiene sponsor privado, contrario al deporte. Todo lo que hagamos va a generar identidad, estimular a jóvenes, independencia económica, movilidad en el país y traer una cultura que pinte el pueblo”.
El artista visual Miguel Ángel Ronsino: “Hay una riqueza y una variedad cultural muy potente que no depende solo del mecenazgo; se necesitan muchas más herramientas para poder tener una vida desarrollada sobre esto que elegimos, que es la producción de capital simbólico”. Mientras que el músico Gustavo Grobocopatel: “En mi opinión, para que este proyecto sea revolucionario tiene que haber una amplitud en la convocatoria con muchos incentivos para entrar y después debería haber regulaciones que limiten”.
“La cultura tracciona el desarrollo económico del país, pero nunca la vimos integrada a eso y no se pudo monetizar. Es un gran desafío que tiene la Argentina”, manifestó Grobocopatel quien explicó dos experiencias propias y planteó que “la cultura tiene que llegar a todos los rincones del país.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Civil Taller Flotante de Entre Ríos, Soledad Ferrería: “En esta propuesta de ley de mecenazgo queremos influir a favor de las organizaciones de la sociedad civil que generamos políticas culturales, y que al momento de aplicarlas puedan expandir nuestros derechos”.
También disertaron de forma presencial Federico Peralta, cooperativista de Gualeguaychú, Adriana Rosemberg, presidenta de la Fundación PROA; y José Catagnino, presidente el Museo Juan B. Castaglino.
Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente. También, comenzaron a analizar el proyecto que busca presupuestos mínimos en la gestión de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos. El pedido de la oposición para quitar el giro de algunos proyectos a Presupuesto y Hacienda.
La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente de Diputados, a cargo del libertario Carlos D’Alessandro, se reunió este martes para iniciar el debate sobre el proyecto “Convenio de creación del Parque Interjurisdiccional Marino Monte León”, suscripto entre el Estado Nacional y la provincia de Santa Cruz el 11 de octubre de 2023 que “no genera asignación presupuestaria”.
También, comenzaron a analizar una iniciativa que busca presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos. Además, pasaron a la firma proyectos de declaración y de resolución. La comisión completó a sus autoridades y estableció un encuentro cada 15 días los martes a las 12.
Antes de iniciar la ronda de expositores, la comisión completó a sus autoridades siendo designado como secretario el radical Pablo Juliano reprodujo el “espíritu de colaboración, las ganas de empujar la agenda fundamental porque tenemos un compromiso”.
De forma breve, la diputada Fabiola Aubone (UP) solicitó retirar momentáneamente de la comisión un proyecto de su autoría que estaba para dictaminar que declaraba de interés la mesa permanente de la gestión integrada del agua en la provincia de San Juan y acotó: “Una gran propuesta que, ante el cambio de gobierno, se ha desarticulado”.
El titular de la comisión, Carlos D'Alessandro, de La Libertad Avanza. (Foto: HCDN)
A su turno, el diputado de la CC-ARI Maximiliano Ferraro planteó la posibilidad de pedir la anulación de giro a otras comisiones de algunos proyectos de resolución y pedido de informes. “Esto la verdad es un artilugio que han utilizado todos los oficialismos en Diputados, pero creo que este rompe con el principio fundamental que tenemos los diputados de poder solicitar informes al Ejecutivo y para valorar esta herramienta y no caer en estos artilugios que demoran el trámite parlamentario”, argumentó.
En esa línea, indicó que varios de los proyectos puestos sobre la mesa tienen giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista José Luis Espert, por lo que propuso solicitarle a la Secretaría Parlamentaria y al presidente de la Cámara la anulación del giro a otras comisiones de una segunda competencia que “es para demorar el trámite”.
D’Alessandro le respondió que van a “considerar” el planteo porque “estamos acá para solucionar este tipo de temas” y afirmó: “Entiendo lo de los giros que a veces es molesto. Nosotros tenemos 48 proyectos de los cuales vamos a dictaminar 14 y dos en estudio”.
Al pedir la palabra, la diputada Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) remarcó la importancia de armar “una agenda institucional” sobre los temas de ambiente que “garantice un funcionamiento permanente de la comisión” y pidió tener fecha para tratar los proyectos relacionados con los presupuestos mínimos del metano. También solicitó tratar el mes siguiente la ley de envases que “es importante” para “poder organizarnos”.
Stolbizer adhirió a las palabras de Ferraro y remarcó que el Convenio sobre el Parque Monte León que contempla un giro a Presupuestos siendo que “no hay un adicional de presupuesto solicitado y es el que ya tenía. Esto sería inminente para que no vaya a complicar tener el dictamen y pasar al recinto, ya que tiene un gran acuerdo y empuje y tenemos que facilitarlo tratando de evitar que Presupuesto nos ponga una traba”.
Ampliación del Parque Monte León
La primera oradora fue Martina Sasso, directora Ejecutiva Fundación Por el Mar, explicó que la ampliación sería de la tierra hacia el mar del futuro Parque interjurisdiccional Marino Monte León se da en Santa Cruz. “Este parque tiene 1.023 kilómetros cuadrados y fue creado en el 2004 y fue el primer parque creado en la Argentina en post de conservar el mar. Es el primer parque costero que mira la biodiversidad marina, los valores pesqueros y de conservación y desarrollo para poder proyectar esta área”, informó.
“La razón fundamental, por lo que durante los últimos 3 años los distintos gobiernos, fue el valor de conservación que se intenta proteger son los bosques de macro algas. Es el ecosistema de esta era, es lo que el mundo está queriendo proteger. Estos ecosistemas son fundamentales para la industria pesquera. Si estos bosques de algas no estuvieran, la pesquería de la centolla que es clave para las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego no existiría”, explicó.
Sasso también resaltó la importancia del turismo: “Al igual que un bosque en tierra, tiene un montón de especies asociadas como delfines, tiburones, pingüinos. Estos bosques de algas son fundamentales para las colonias de pingüinos y hoy generan un gran destino turístico para la Patagonia”.
La funcionaria alertó que en el mundo se está perdiendo un 40% de estos bosques de algas y destacó que “gracias a la investigación científica, Argentina generó los primeros mapas de distribución de este sistema. Tenemos el 30% del ecosistema global en nuestro país y la comunidad internacional está muy interesada en nuestros bosques por la genética. Es el único lugar del mundo donde estos bosques están expandiéndose en vez de reduciéndose”.
“Se consume el alga en el mundo, se han desarrollado matrices productivas en el mundo. Este ecosistema de este ser viviente es el organismo que más rápido crece en el planeta, puede crecer 40 cm por día. La viabilidad para producir este ecosistema y poder desarrollar una matriz productiva a partir de él es súper viable”, ponderó.
Sasso recordó que en 2004 se creó el área terrestre de Monte León y que la Administración de Parques Nacionales siguió trabajando en post de ir a proteger el mar. En el 2012 se presentó un proyecto de ley que “que realmente era irracional por sus tamaños, por cómo cruzaba de jurisdicciones agua nacionales” por lo que se dio de baja.
“Esto se retoma con el trabajo, no solamente nuestra organización, sino Parques Nacionales impulsándolo internamente y otros actores de la sociedad para la investigación y empezar a fomentar la creación. En el 2023 se firma un tratado inédito la interjudiccionalidad un convenio entre la provincia y la nación donde en el 2023 se firma entre la provincia de Santa Cruz y la Administración de Parques Nacionales, representando al Ejecutivo, se ponen de acuerdo y luego fue ratificado por la Cámara a nivel Nacional”, explayó.
La directora ejecutiva de la Fundación Por el Mar resaltó que Parques Nacionales tiene la mayor concentración de algas de Santa Cruz y se presentó una declaración de interés para “poder hacer un manejo activo de este ecosistema y la conservación activa”. También comentó que el COFEMA (Confederación Federal en el Ambiente” se expidió con una declaración de interés de la preservación de los bosques en Santa Cruz.
“Esos bosques se encuentran solo en Santa Cruz y Tierra del Fuego, no tienen otra distribución. Tierra del Fuego el año pasado creó el área protegida Península Mitre que preserva la mayor concentración de algas”
En 2024 la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz aprobó la creación del Parque Mario Monte León: “Fue un hecho histórico porque fue el primer parque que se vota en los últimos 10 años. Eso ha generado motor de desarrollo. Es una provincia que tiene mucha fricción con la generación de áreas protegidas, industria ganadera, la pesca”, y planteó: “El paso que falta es este la ratificación por Ley Nacional”.
Sasso afirmó que el futuro es la interjurisdiccionalidad porque “es la única manera de poder gestionar el mar de una manera correcta y competente es con ambas jurisdicciones. Tenemos tres parques interjurisdiccional: en Chubut que fue el primero Pimcpa, luego Makenke y el Parque Isla Pingüino que fueron versiones mejoradas de esas leyes iniciales. Tenemos modelos de gestión que son diferentes. La interjurisdiccionalidad es algo nuevo y a esta gestión le toca el desafío de implementar”.
Según explicó, en la interjurisdiccionalidad no hay sesión de jurisdicción: “Es algo muy acertado, sobre todo en este gobierno, porque no hay recursos. No podemos pretender que Nación ponga todo o la provincia ponga todo. Hay que trabajar de forma mancomunada, debería ser el formato para poder funcionar”.
“Este proyecto de ley Monte León de ampliación al mar es mejorado a lo que es la gestión al resto de las áreas. Este va a ser el primer Parque Marino que tiene base en tierra”, destacó.
Al hablar de la sostenibilidad pesquera, señaló que Monte León en los últimos 10 años “ha tenido un total de mil horas de presión pesquera. Esto se considera como pesca marginal. La industria pesquera apoya el proyecto porque se preserva un área de especies que les interesa a ellos”.
Respecto de la asignación presupuestaria, subrayó que “ya cuenta con una estructura terrestre, esto es una ampliación. La Administración de Parques cuenta con un total de 14 agentes de conservación, tiene equipamiento".
"El parque está preparado para no absorber ni generar ninguna asignación presupuestaria, es casi nula”, y destacó: “La gestión e implementación del futuro Parque Marino Monte León puede llevarse adelante sin recursos adicionales”.
Además, indicó que la extensión del parque hacia el mar “es un avance crucial para el desarrollo del turismo de naturaleza. Modelos de desarrollo de siembra de algas en el país que tiene cero impactos”. Por último, sostuvo que el proyecto toca cuatro pilares que son turismo naturaleza, gobernanza, conservación activa y jerarquización del sistema de áreas protegidas.
A continuación, expuso Cristian Larsen, presidente de Parques Nacionales, quien contextualizó que “parques nacionales tiene cinco millones de hectáreas terrestres que equivale a la provincia de Jujuy y administra trece millones de hectáreas marinas que equivale a la provincia de Córdoba”. Con respecto al Parque Monte León, el funcionario aclaró que “tiene sesenta y dos mil hectáreas y lo que se quiere ampliar es a 1023 km cuadrados más”.
Al referirse a la interjurisdiccionalidad, Larsen sostuvo que “la relación entre parques nacionales y la provincia, específicamente a la conservación, no ha sido la mejor”. “Si bien el impacto presupuestario es menor, no podemos dejar de ver que existe un impacto y en caso de que se dañe el tema de las macroalgas va a tener que hacerse un trabajo de restauración, y esto hay que tenerlo en cuenta al evaluar el proyecto en general”, especificó.
“Estoy a favor del proyecto, de que cada vez conservemos más espacios y, sobre todo, cuando hay un valor tan importante como la macroalga. Pero, habría que definir si esto es un Parque Nacional, que lo sea en su conjunto y sumarlo a Monte León; o bien, que esto quede para la provincia”, manifestó y, en ese aspecto, añadió: “La coadministración presenta un desafío muy importante para Parques, sobre todo cuando hay que preservar tantos millones de hectáreas; seguir agregando terreno y parques nacionales nos invita a pensar con qué recursos vamos a contar, con qué personal y cuál es la infraestructura que se necesita”.
La diputada Sabrina Selva (UP) destacó que es un proyecto que “tiene consensos entre el Estado, la provincia, desde distintos partidos políticos. El mayor desafío de Parques Nacionales serían las dificultades que traen las interjurisdiccionalidad en un momento donde escasean los recursos”, y criticó el Presupuesto 2025 donde “parques nacionales no ha sido beneficiada con el presupuesto del Gobierno. La ampliación de un parque con los recursos que hoy tiene va a ser un desafío enorme”, y sugirió “exigirle al Gobierno” que haya recursos para este tipo de proyectos porque “es importante la conservación del ambiente”.
“Tenemos que encontrar una forma para que la administración de parques pueda asumir el desafío y continuar con el proyecto. El Parque Nacional está capacitado para encarar estos desafíos con los recursos que tiene, con el personal profesional, es un parque con un potencial enorme. La articulación con las provincias para la preservación del ecosistema en el país es fundamental”, cerró Selva.
A su turno, Ferraro se distanció de la idea de “retrotraer la posibilidad de crear el parque si debe ser nacional o provincial” porque “estamos en un país federal”, y planteó encontrar una solución “armoniosa” y reiteró: “No comparto la idea de retrotraer o demorar una expresión del Poder Legislativo de Santa Cruz que ratificó una parte del convenio y que nosotros demos marchas atrás porque se perdería la cuestión del parque por entrar en discusión con el actual gobernador por la cesión o no de jurisdicción entendiendo que los recursos son finos”.
Así, solicitó tener “la buena voluntad” de avanzar en el dictamen del parque y “ver de qué manera el aporte está restructurado”. Desde la presidencia de la comisión le respondió que “es voluntad avanzar sobre la ratificación del acuerdo entre Santa Cruz y Nación”.
Protección ambiental de gestión de emisiones de metano
En la continuidad, expuso Martín Maquieyra (Pro), autor del proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos, quien explicó que el fin es “poder regular y mitigar las emisiones de metano, que es uno de los que más impacto tiene en la industria energética”. “La idea es poder detectar las fugas y repararlas, avanzando en tecnología que permita una mayor identificación de las emisiones de metano”, agregó.
Sobre el proyecto, Maquieyra informó que en primer lugar se apunta a trabajar con “la industria de los hidrocarburos que es la que más rápida se pueda adaptar ya que no tenemos tiempo por el calentamiento global”. El pampeano planteó que vengan funcionarios y ONG’S en reuniones informativas para que sumen sus aportes para “poder producir con el menor impacto posible”. En ese sentido el diputado socialista Esteban Paulón sugirió que esas reuniones se hagan en conjunto con las comisiones de Energía y de Presupuesto para “acelerar el dictamen” y fijar un listado de invitados. A modo complementario, Stolbizer pidió que se cite a la secretaria de Ambiente para que informe cuál es el plan de Gobierno atendiendo el recorte del presupuesto en materia ambiental para el 2025.
El presidente de la comisión mostró preocupación de que la secretaría de Ambiente sea subsecretaría porque “nos juega en contra mundialmente”, y afirmó que asume el compromiso de hablar con la jefatura de Gabinete y solicitarle una reunión.
Proyectos de resolución y declaración
Luego, fue el turno de los proyectos de resolución y declaración. En primer término, se avalaron los pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre el derrame de hidrocarburos y aceites frente al Glaciar Perito Moreno; con la implementación de la ley 26331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos; con los incendios ocurridos en la provincia de Córdoba durante el mes de septiembre de 2024 (en este caso se unificaron dos iniciativas); y para que disponga las medidas necesarias para la elaboración e implementación de un “Glosario Ambiental Federal”, confeccionado por especialistas idóneos en la materia.
También, los legisladores le dieron el visto bueno a los proyectos para declarar de interés de la Cámara de Diputados de la Nación el “2° Congreso Internacional de Educación Ambiental e Innovación Inclusiva, infanto juvenil hacia la resignificación del aprendizaje y su relación post pandemia, desde la tecnológica y la transversalidad”, a realizarse del 20 al 24 de mayo de 2024 en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires; el II aniversario de la Ley de Humedales de la provincia de Misiones, a conmemorarse el 9 de junio de 2024; y a la “Alianza Verde Argentina”, conformada el 22 de abril de 2024, destinada a priorizar el cuidado ambiental.
Asimismo, se avalaron cuatro iniciativas para expresar beneplácito por el Día Internacional de la Diversidad Biológica, a celebrarse el 22 de mayo de cada año; por el Día Provincial de la Selva Misionera, que se celebra el 7 de mayo de cada año; por el Día Mundial del Ambiente, que se conmemora el 5 de junio de cada año; por el Día Provincial de las Áreas Naturales Protegidas, a conmemorarse el 12 de junio de cada año en la provincia de Misiones; y por la conmemoración del Día Nacional del Agua, a celebrarse el 31 de marzo de 2024.
Por último, el proyecto que apunta a expresar repudio y rechazo a la caza ilegal del ejemplar de yaguareté en la provincia de Formosa, acaecida en julio de 2024.
Así lo solicitaron ante un plenario de comisiones respecto de la decisión que tomó la Cámara de Diputados de rechazar el artículo 2: “Para nosotros solamente se basó en una cuestión ideológica porque jurídicamente no hay el más mínimo argumento para seguir sosteniéndolo que siga en el Ministerio de Justicia”.
Con la ausencia del bloque de Unión por la Patria, un plenario de comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta comenzó a debatir este martes el proyecto de ley que busca ampliar el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, creado mediante la Ley 26.879, de modo de abarcar la investigación de otros delitos graves.
El encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia, contó con la participación del director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto; y el abogado y exfuncionario de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier. La titular de la Comisión de Seguridad Interior, la radical Carolina Losada, informó que la próxima semana se reunirán con el objetivo de poder dictaminar.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y parte del “paquete Bullrich” obtuvo media sanción el pasado 14 de agosto en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el radicalismo propuso modificar el artículo 2 del texto, que establecía que el Registro de Datos Genéticos pasase a la cartera de Seguridad, pero se acordó en el recinto que siga bajo la órbita del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.
El primer expositor fue Soto quien contó que desde 1891 “no hay un cambio tan revolucionario en la identificación genética y criminal, que es a través de la identificación genética las huellas dactilares, algo que se desarrolló en Argentina con Vucetich y revolucionó la manera de establecer quién era el autor de un delito”.
“Tenemos la oportunidad histórica de extenderlo a un método que se utiliza en todo el mundo como en Estados Unidos, en Canadá, en Europa en España, Francia, en Australia, en Gran Bretaña, en Canadá, en México, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en fin, en casi todo el mundo para establecer la identificación del autor de un delito”, consideró Soto.
Así, el funcionario resaltó que “se puede ampliar a través de la identificación de todos los imputados y todos los condenados por todos los delitos, pero esto no es solamente para la identificación criminal de alguien que va a ser juzgado, sino también como una herramienta fundamental para desvincular a alguien que tiene que demostrar su inocencia y, si no hay una herramienta como esto, es muy difícil probarlo”.
“Este sistema permite también poder utilizar la identificación genética para buscar personas extraviadas o desaparecidas. Sin perjuicio a la base de datos que está para el periodo de marzo 1976 y diciembre 1983 para los desaparecidos de la dictadura militar que eso sigue incólume y no se toca. Para los demás casos en que hay personas que se están buscando y hoy en día no hay ningún método para poder identificarlas, este sistema va a poder permitir en forma voluntaria -no por orden judicial- que los familiares aporten al registro su identificación genética y que se compare, con su consentimiento, con los restos de cuerpos que se encuentren o personas inconscientes que no puedan ser identificadas y establecer la identificación”, explayó.
El funcionario hizo hincapié en el artículo 2 que establece bajo qué ministerio u organismo estará el registro y precisó que “es una herramienta de investigación criminal, que se toman los datos de todas las personas imputadas, de todas las personas condenadas y se toman las muestras y evidencias que se encuentran en la escena del hecho. Las evidencias en la escena del hecho son de ADN, pero hoy en día ya no hace falta que se tengan fluidos en sangre, sino que basta el ADN de contacto en este lugar simplemente por la declamación microscópica de las células que entran en contacto con un objeto. Eso en un sistema que es la determinación del ADN hace que se obtenga un perfil genético que se traduce en un código de barras y se compara ese código de barras con el código de barras del imputado o del condenado”.
“El registro es una herramienta de investigación y estaba en la Ley del 2013 que se había sancionado en este Congreso por unanimidad, porque en esa época recién se separaba justicia de seguridad, y establecieron que va a la dirección de registro del Ministerio de Justicia como un registro más”, contextualizó, pero señaló que “en ninguna parte del mundo los registros de información genética funcionan en el Ministerio de Justicia”.
Soto comentó que han hablado con el ministro de Justicia para iniciar la gestión del traspaso, pero en Diputados se consideró que debería permanecer bajo esa órbita. “Para nosotros solamente se basó en una cuestión ideológica porque jurídicamente no hay el más mínimo argumento para seguir sosteniéndolo en el Ministerio de Justicia”, opinó.
Así, solicitó que revisen el artículo 2 y que restituyan que quede el registro bajo el Ministerio de Seguridad porque “tiene el enlace y el trabajo con la fuerza y seguridad. Es una función natural del Ministerio de Seguridad poder llevar esta ley a cabo”.
“Esta es una oportunidad histórica para modificar un sistema que va a revolucionar la identificación criminal en Argentina, estamos en deuda en realidad porque Argentina siempre fue pionero desde Vucetich hasta en la época es que se investigaron los crímenes de la dictadura militar el equipo forense hizo la identificación genética criminal. Este mismo Congreso hace más de 10 años sancionó la ley y quedó en aguas de borraja”, argumentó Soto.
Y ratificó: “Es el momento para dar un cambio un giro revolucionario identificación criminal, poner en funcionamiento algo que ya existe. Es una herramienta puede ser que tenga razones para justificar indiscutible con la certeza del 99,99%. Por eso funciona tan efectivamente esta herramienta que nosotros le solicitamos que la aprueben y que, además, permitan que el Ministerio de Seguridad pueda desarrollar todas las herramientas para hacer una implementación que ya lo estamos haciendo con todas las provincias. Ya tenemos 10 provincias que nos piden la implementación y ya quieren una adhesión y poder implementar además y capacitar a todas las fuerzas de seguridad para levantar el ADN”.
“La Corte ya ha dicho de hace mucho tiempo que la extracción de una gota de sangre no afecta la integridad psicofísica de la persona, pero ni siquiera hace falta eso. Entonces con todo este método que, además es cada vez más rápido y más económico, el ADN cada vez más rápido y más económico, se puede hacer que no haya impunidad. Esto implica un ahorro enorme en investigación jurisdiccionales de juicios enormes sin poder definir una sentencia y los tratamientos psicológicos y médicos para las víctimas”, cerró.
A su turno, Gianni Venier compartió su experiencia y brindó detalles sobre el funcionamiento de este registro implementado en Mendoza desde 2016. También, destacó la reducción de costos, "desde el punto de vista sistémico" que permite su implementación, "la asepsia del sistema", la cantidad de hechos resueltos y que, su uso en la provincia, "ha sido una excelente decisión", finalizó.
Previamente la Comisión de Seguridad Interior mantuvo un encuentro para pasar a la firma siete proyectos de declaración sobre la conmemoración del aniversario de la creación de la Prefectura Naval Argentina y de la Gendarmería Nacional. También, los senadores acompañaron cinco proyectos de comunicación referidos a la solicitud de informes sobre aspectos vinculados al narcotráfico y el pedido de mayor presencia de Prefectura en aguas limítrofes con Paraguay, entre otros.
El secretario de Justicia de la Nación lamentó no haber cumplido con “este programa durante 170 años nos convirtió en un país de gran fragilidad institucional y descreimiento en la justicia”. Además, enumeró los beneficios del juicio por jurado y resaltó que tiene un costo presupuestario del 0,65%.
Un plenario de las Comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda de Diputados recibieron este martes a funcionarios y especialistas en materia judicial para profundizar el debate sobre una ley federal de juicios por jurados.
El primer expositor fue el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, quien señaló que son nueve los proyectos presentados que tienen diferencias entre sí. “El juicio por jurados no solo estuvo estipulado en la Constitución de 1853 y efectivamente fue reconfirmado en la reforma del 54. Este sistema de enjuiciamiento existe desde Sumeria en el 3.500 A. C igual que el principio de legalidad”, informó.
“No hay ningún tribunal judicial más independiente e imparcial que el jurado. De su veredicto no dependen ni sus ascensos, ni sus carreras judiciales, ni que los echen de sus trabajos, ni un jury de enjuiciamiento. Este carácter accidental, no permanente, les da la más amplia libertad de decisión sobre los casos conocidos en los sistemas judiciales”, comentó.
Amerio explicó que “el tribunal de jurados es el único tribunal de poder sin ambición propia. Esto es absolutamente fundamental. Son doce conciudadanos que, probablemente, tengan con mucha suerte la oportunidad de participar una sola vez en su vida en esto y los datos empíricos recabados dan cuenta de, no solo lo honorable que resulta para los jurados populares participar, sino el cambio de percepción que tienen de la imagen judicial y en el conocimiento y la dificultad que es juzgar a un ciudadano”.
“El veredicto del jurado por el altísimo número de doce y por la robusta deliberación que implica, goza de una legitimidad incuestionable”, afirmó y sumó: “Las decisiones de los jueces técnicos son a veces difíciles o insoportables de digerir para la población en general. Los ciudadanos no comprenden de absoluciones o condenas de jueces técnicos”.
El funcionario, sostuvo que “muchas veces está esa sensación de que no se hizo justicia y genera recurrentes crisis de legitimidad. Cuando un jurado popular es el que interviene en un veredicto, la confianza en esa decisión es inmensamente superior”.
“El jurado promueve la máxima transparencia de los actos del gobierno del Poder Judicial. Obliga a las partes a presentar sus pruebas y teorías del caso de modo sencillo y preciso para poder ser entendido por la comunidad. El jurado promueve mejor ciudadanía. Quienes ofician como jurado emergen de una experiencia como personas más comprometidas con los temas comunitarios, con más confianza en el Poder Judicial y en los poderes del Estado”, enumeró.
También indicó que “ser jurado hace que el individuo salga de ese círculo vicioso de individualismo y desconfianza absoluta hacia las instituciones. El jurado refuerza la independencia del Poder Judicial al tomar por sí la parte más difícil de la decisión, el jurado permite que se fortalezca la institución de los jueces. Las democracias más sólidas del mundo jamás presidirían del sistema de jurados”.
“Los jurados analizan hechos y pruebas a través de sus experiencias y del sentido común. Es muy importante esto. La decisión de culpable o inocente parte de lo que el ciudadano ve”, manifestó.
Amerio resaltó que “esto es una reforma estructural muy grande donde el fiscal se ocupa de acusar, el juez está más apartado, en ese sistema acusatorio un jurado más imparcial sin la de formación profesional los convierte en personas que están absolutamente vírgenes del sistema. Esto es algo que todos los proyectos basan su cuestión filosófica”.
“El jurado es la máxima democratización de la justicia porque participa de manera directa en el Poder Judicial a través del jurado. El jurado permite un inmenso ahorro en tiempo y dinero dentro del Poder Judicial representa el 0.65% del presupuesto. Son debates rápidos de un par de horas y llegan a la unanimidad, no se estancan. Trabajan en días corridos, jornadas completas. Juicios grandes no duran más de cuatro días”.
El secretario de Justicia afirmó que “el jurado es considerado la herramienta esencial para el gobierno de un Poder Judicial democrático, transparente y abierto al pueblo”, y lamentó: “No haber cumplido con este programa durante 170 años nos convirtió en un país de gran fragilidad institucional y descreimiento en la justicia”.
"El jurado es el único tribunal capaz de absorber las presiones sociales y demandas ciudadanas de justicia que se abaten sobre los sistemas judiciales del siglo XXI", consideró Amerio. Además, el representante del Poder Ejecutivo, apeló a “encontrar los consensos para avanzar” ya que “el jurado promueve la máxima transparencia del Poder Judicial, promueve mejor ciudadanía".
Respecto de los proyectos, indicó que en algunos de ellos se les asigna a la Corte Suprema la Administración de una Oficina Central de Jurados que se conoce como OFICEJ que se encarga de coordinar equipos profesionales en una red de oficinas instaladas a lo largo y ancho del país. “Esto es algo que me gustaría levantar porque es una tarea muy administrativa que a Corte hay que ver si quieren llevar adelante. Sugerimos que la haga Casación Federal, pero es un tema menor”, sugirió.
Amerio informó que son once las provincias que utiliza el sistema de juicio por jurados. “la ola juradista sobre todo en 2018 ha ido avanzando en una velocidad extraordinaria, pero cada provincia tiene su idiosincrasia y queremos que sea analizado, pero es importante hablar de eso. Esta ley federal va a poder articularse con las leyes de juicio por jurado que ya existen”.
Foto: HCDN-Víctor del Río
Por su parte, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, Víctor del Río, recordó que “Chaco fue la tercera provincia a nivel nacional en poner en marcha este sistema", y explicó: "Tenemos muchos delitos en juicios por jurados, y muchas de las excusas para que no se implemente este sistema era que ‘no hay plata’. La plata está muy bien gastada, hemos recuperado la confianza de los ciudadanos".
"Es un honor, como chaqueño, destacar uno de nuestros mayores logros: haber cumplido con un sueño republicano de nuestros constituyentes al ser la tercera provincia en implementar juicios por jurados”, cerró.
Andrés Harfuch, director del área de juicios por jurados del INECIP expresó: "Estamos a punto de hacer realidad una ley tan ansiada por nuestros constituyentes, cuyas características fundamentales han sido validadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
También formaron parte del debate el fiscal General Departamental de Dolores, Diego Escoda quien manifestó: "Existen muchas posibilidades para avanzar hacia sistemas procesales modernos, más eficientes y el juicio por jurados es uno de ellos. La capacitación es fundamental una vez que este sistema entre en funcionamiento”. En tanto, la presidente de la Asociación de Juicios por Jurados, Silvina Manes sostuvo: "La sanción de leyes de juicios por jurado en 11 provincias argentinas demuestra que este sistema llegó para quedarse. Debemos ocuparnos de la ingeniería de este proyecto de ley”.
El director Ejecutivo de INECIF, Julián Alfie les habló a los diputados y les hizo saber que "tienen en sus manos la ley más significativa de toda la agenda de reforma judicial que todos los gobiernos han propuesto durante años. Los juicios por jurados abordan la desconfianza de la ciudadanía hacia las decisiones judiciales”.
El abogado Roberto Rallin afirmó: "Tenemos una oportunidad única de sancionar esta ley. Quizás haya que corregir detalles con el devenir de los juicios, pero no debemos dejar pasar este momento histórico. Es una deuda con nuestra sociedad y nuestros constituyentes”, mientras que Francisco Oneto celebró que "por primera vez el Congreso promoverá la ley de juicio por jurado. Considero que el proyecto que presenta el diputado Carbajal es el que debe sancionar la Cámara”. También disertó Augusto Cassiau.
Previo al debate, los diputados designaron a José Federico Tournier (UCR) como secretario 2° de la comisión de Justicia, cargo que se encontraba vacante.
El pedido fue solicitado por el diputado oficialista Lisandro Almirón para “lograr un dictamen consensuado entre los bloques”, al que adhirieron los representantes del Pro, la UCR y la CC. El debate se retomará el próximo martes a las 10.30 para sacar despacho.
Con polémica y acusaciones de “dilatar” el tratamiento, la Comisión de Transportes de Diputados, presidida por la radical Pamela Verasay, pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 10 de septiembre a las 10.30 para retomar el debate sobre el Fondo de compensación tarifaria del transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país y poder emitir despacho.
El pedido fue solicitado por el oficialista Lisandro Almirón de pasar a un cuarto intermedio hasta la próxima semana para “lograr un borrador de dictamen consensuado entre los distintos bloques de acuerdo a las posibilidades que tiene el Estado”, atento a las circunstancias de la quita del subsidio al AMBA y a pocas semanas de tratar el Presupuesto, ya que “es fundamental acordar con todo el arco político frente a esta necesidad de saber concretamente con qué erogaciones cuenta el Estado para afrontar este gasto importante que tiene en materia de transporte en todo el interior del país”.
Al respecto, el vicepresidente de la comisión, el diputado de UP Diego Giuliano recordó la visita de los intendentes y el proyecto que les acercaron para garantizar el fondo compensador del transporte del interior que “fue cancelado por este Gobierno”.
“Todos sabemos apenas inició su gestión esa cancelación significó un perjuicio muy grande al sistema de transporte del interior del país y, además, significó que las tarifas para los usuarios se hayan escalado de una manera desproporcionada. En muchos lugares, hay una asimetría que tiene mucha historia en la Argentina, pero que ha habido acciones políticas o decisiones para equilibrar y otras que han sido para desequilibrar”, señaló.
Giuliano destacó el proyecto de los intendentes argentinos de todos los sectores políticos que “establece un fondo compensador de transporte para el interior del país que tiene una fuente de financiamiento responsable”, y precisó: “Si uno mira los números del presupuesto del año pasado, que hoy está en curso, se van a dar cuenta que tampoco les alcanza porque el ejecutado llegaría a 73.000.000 y, justamente, lo que sea ejecutado y lo que se ha devengado en el año anterior han sido 85.000 millones y 102.000 de ampliación presupuestaria”.
Así, contó que dialogaron con los distintos sectores políticos para trabajar en un proyecto que contemple tanto el subsidio hacia la oferta “que es algo que plantean los intendentes”, y también al usuario o demanda.
“Generamos un proyecto de dictamen que incluye ambas cosas. Un período de transición de subsidio, en este caso como lo piden los intendentes a la oferta hasta tanto en el término de un año podamos tener SUBE en toda la Argentina de los usuarios del país, con lo cual estaríamos en condiciones ya de esa transición”, informó.
Giuliano remarcó la necesidad de “generar las mayorías para que, por lo menos desde la Comisión de Transporte, tengamos la posibilidad de dictaminar tal como pidió la red de intendentes del país hace más de dos meses, con los aportes que se han hecho de distintos sectores porque tienen en cuenta la transición, el momento de la llegada de la SUBE a todo el país, los criterios que hacen a la equidad y que, de alguna manera, combinan lo que es la población con el territorio”.
“Por supuesto que cuando hay una mayor extensión territorial y menor cantidad de pasajeros transportados la ecuación económica y financiera del transporte se complica. Eso tiene que estar también en el proyecto y es esto lo que lo que hemos, de alguna manera, consensuado en Unión por la Patria con otros sectores que, probablemente, estén de acuerdo con la misma propuesta”, cerró.
Por su parte, el socialista Esteban Paulón planteó que: “Llegada esta fecha de septiembre es importante que avancemos con este tema. Entiendo que en pocas semanas nos vamos a meter en el debate del Presupuesto que parece que va a venir el presidente a presentarlo en persona, pero si seguimos esperando información que ya está disponible y de la que contamos, seguimos generando un perjuicio para el transporte urbano de pasajeros en las localidades de las provincias”. Al respecto, acotó: “No sabemos si los pedidos de información pública van a llegar o no porque en este momento están suspendidos. Quizás algún funcionario en el Ejecutivo le parece que no es relevante que el Congreso conozca alguna información en relación al subsidio al transporte”.
Paulón contó que en varias localidades de la provincia de Santa Fe “el transporte urbano de pasajeros está siendo perjudicado fuertemente”, y precisó: “En el mes de enero nuestra provincia aportó por impuesto a los combustibles líquidos 3,500 millones de pesos. Ese monto en el mes de agosto fue de 18.500, más de cinco veces se multiplicó el aporte”, y denunció que “esos recursos quedan concentrados en el Gobierno nacional”.
“Este año fruto del acuerdo del actual presidente con el excandidato Sergio Massa se prorrogó el presupuesto, por lo tanto, hay un presupuesto que ejecutar, hay recursos que están ingresando y hay ciudadanos de Argentina que no están recibiendo una contraprestación”, criticó y pidió: “Me parece importante que nos aboquemos a discutir hoy con los recursos que están qué hacemos con este tema”.
El diputado socialista contó que en algunas ciudades se paga el boleto $1000 por lo que planteó “apurar” el debate para que sea un alivio a los municipios y provincias que “están haciendo un esfuerzo enorme aportando también subsidios en un contexto donde todo aumenta” y adelantó su posición negativa a otorgar el cuarto intermedio porque: “Creo que se ha estudiado bastante este tema se ha trabajado bastante y estamos en condiciones de avanzar en un dictamen”.
En la misma línea, el santafecino Eduardo Toniolli (UP) recordó que “en febrero de este año se hizo patente que el Gobierno Nacional no iba a enviar ni un peso más en concepto de Fondo Compensador al Transporte del interior. Fuimos algunos a la Justicia Federal para intentar que esa medida se retrotrajera, medida que después el Gobierno formalizó efectivamente a través de un DNU”.
“Los gobiernos locales, en el caso del transporte urbano, y los gobiernos provinciales en el caso del transporte interurbano, tuvieron que aumentar las tarifas del transporte público de pasajeros para poder cubrir esos fondos que Nación dejaba de enviar”, alertó y agregó que “las empresas sacaron unidades de colectivos de las calles, de las rutas, en función de que le cerraran un poco más los números”.
Toniolli indicó que la consecuencia de esas dos decisiones derivó a que “muchísimos usuarios se empezaron a bajar del transporte público de pasajeros en búsquedas de otras opciones”. Al respecto, manifestó que “con un boleto de colectivo como en Rosario, como en Santa Fe, como en Córdoba de $940 y posiblemente dentro de poco a $1200, se evidenció una brutal caída en la cantidad de usuarios”.
“Los datos del último estudio de la movilidad muestran que hay una caída brutal de usuarios del transporte urbano. Entre junio del 2022 y junio del 2023 hubo 64 millones de viajes cancelados. Dentro del sistema de junio del 2023 a junio de este año 55 millones de viajes cancelados, es decir una caída de 9 millones de viajes. Entre año y año sin la asistencia del Estado nacional esto termina mal, con un escenario de quiebra de los sistemas de transporte público”, advirtió.
El santafecino apuntó: “Para nosotros hoy el planteo de un cuarto intermedio es dilatar la definición que venimos reclamando desde hace tiempo y ustedes le consta que lo venimos reclamando insistentemente y no es una cuestión partidaria el reclamo de los intendentes”. “Esto es un reclamo pluripartidario de quienes tienen responsabilidades de gestión y están viendo que se van a quedar sin movilidad en sus ciudades o sus regiones y, cuando se cae la movilidad de una ciudad, lo primero que se cae es la actividad comercial”, alertó.
En cumplimiento de ordenes emanadas del Ejecutivo, @PameVerasay, presidenta de la Comisión de Transporte, dió por finalizada abruptamente la reunión y se retiró con los diputados de LLA, PRO, UCR y CC, para evitar dictaminar sobre la recuperación de los subsidios al transporte.
— Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) September 5, 2024
“No estamos de acuerdo con este planteo cuarto intermedio, la propuesta de dictamen que tenemos incorpora incluso esta nueva realidad. Lo que pretendemos es construir un amplio consenso en este Congreso por eso el proyecto de dictamen que presentamos incorpora las regiones que tienen SUBE y las que no. Incorpora la perspectiva de los intendentes tal como las plantearon. También incorpora la nueva realidad donde se pretende retirar los subsidios. Es una mirada integral sobre el tema para lograr un amplio consenso”, explicó.
Toniolli señaló que el proyecto se tiene que “poder aprobar en el recinto con un número que lo haga impermeable a la compulsión que tiene este presidente de la Nación de vetar todo lo que él considera que tocan su caja”, y reiteró: “Vamos por la construcción de un amplio acuerdo con una mayoría parlamentaria que, lamentablemente tengo que decirlo, vaya a contramano de lo que pretende el Gobierno que es eliminar la posibilidad de que el interior cuente con recursos o dejarlo reducido exclusivamente a la pequeña fracción”.
“Nuestro dictamen le incorpora ir por la demanda, la tarjeta SUBE y toda esa perspectiva lo que lo hace viable económicamente y lo que lo hace viable también políticamente para poder ser aprobado con una amplia mayoría en el recinto de este Cuerpo para convertirlo en un proyecto de mayoría amplio y sólido”, cerró.
Por la Coalición Cívica se expresó el diputado Maximiliano Ferraro remarcó que el tema se “viene discutiendo en los últimos años y que se ve inserto en un contexto de decisiones unilaterales, intempestivas y que uno no puede compartir en términos del rumbo que quiere darle el Gobierno nacional”. “Es un debate que siempre nos costó encontrar un acuerdo y es parte del juego democrático político que tenemos”, criticó y planteó: “Creo que tenemos que encontrar una solución definitiva en términos de ley”.
“Yo no estoy de acuerdo con las prórrogas constantes en el marco de la negociación presupuestaria del Fondo Compensador. Siempre discutíamos de qué manera buscar una solución integral que pueda dar respuesta a las jurisdicciones provinciales, que pueda dar respuestas también a los intendentes y a los municipios, de qué manera se podía compatibilizar o que recorran en un camino virtuoso la situación del AMBA”, manifestó Ferraro.
Así, sostuvo: “Tenemos que tratar de encontrar un texto que reúna a la mayor cantidad de diputados”, y afirmó desconocer el dictamen del bloque UP: “Ninguno de los diputados miembros me conversaron en el día de ayer y en el día de hoy y en todo este periodo”, y aseguró que le solicitó tiempo a la presidenta de la Comisión “para poder verlo porque quiero ver la viabilidad del proyecto, no por una cuestión de demorar o dilatar la cosa, sino por una cuestión de que podemos encontrar un acuerdo más lógico que construya una mayoría ante el disparate de una posibilidad de poder de veto del presidente a nosotros nos permita poder insistir o poder dar una respuesta seriamente en términos de una ley”.
“La cuestión del subsidio al transporte, esta situación de manera discrecional de uno u otros gobiernos hasta el propio, siempre estuvo ligada al látigo de la billetera con respecto a los gobernadores y con respecto a los intendentes. Entonces este Congreso tiene la facultad de poder dar una respuesta integral en términos de qué manera pasamos a subsidiar verdaderamente la demanda reivindicando la SUBE, pero también viendo de qué manera podemos integrar otros dispositivos en este sentido para que realmente llegue la plata al que le tiene que llegar”, expresó.
“Sin ánimo de dilatar la cosa, voy a pedir por lo menos una semana más para el martes que viene, si es posible, para tratar de ver si podemos encontrar un texto que reúna un amplio consenso para que ese amplio consenso a su vez pueda salir de la caja negra que muchas veces se ha convertido la Comisión de Presupuesto en estos últimos 7 meses y que lo hemos visto en otros intentos. Puedo entender el enojo y el malestar que puedan tener algunos diputados porque estoy pidiendo esta prórroga o este cuarto intermedio de 48 o 72 horas hábiles para trabajar en un texto que, vuelvo a decir, tenga viabilidad, sea realista y sea pragmático desde el punto de vista político del recinto”, concluyó el diputado de la CC-ARI.
En la Comisión de Transporte en @DiputadosAR acompañé el pedido de cuarto intermedio. Necesitamos ese tiempo para avanzar en encontrar una solucion integral y sostenible a los subsidios.
Hay dos discusiones pendientes, una la inequidad entre AMBA e interior y otra, acerca del…
— Germana Figueroa Casas (@germanafc) September 5, 2024
Por su parte, la diputada del Pro Germana Figueroa Casas coincidió en que es una discusión que “ya la hemos dado muchas veces”, y opinó: “Nosotros tenemos que tomar una decisión sobre de qué forma evitar inequidades porque venimos con una historia anterior con empresas que estuvieron recibiendo dinero de antes, había gente que recibía más de lo que correspondía que hubiera sido bueno auditar”.
Figueroa Casas destacó que con el sistema SUBE “se avanzó mucho porque se empezó a tener detalle de los kilómetros, de los recorridos, por eso creo que tenemos que buscar una solución un poco más integral”. Así, solicitó poder ver el proyecto de UP: “No me parece que se mantenga la simetría que hay con AMBA, no sé si se está planteando esa transición ahí, por eso me gustaría poder leerlo para para tener claro”.
“Somos un país que se dice federal, pero no lo somos. Me gustaría poder aclarar apoyo el cuarto intermedio. Si vamos a ir por una solución integral, si podemos ver los proyectos que están ahora para dictaminar, nosotros hemos tenido charlas con el oficialismo y nos han dado una respuesta con una propuesta que quizás se podría mejorar, por eso me gustaría acompañar el pedido cuarto intermedio”, concluyó.
A su turno, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, apuntó: “Hay un gobierno que le saca los recursos al transporte del interior y nosotros queremos reponer el daño provocado. Hay propuestas que intentan recuperar recursos para el transporte de pasajero del interior de la Argentina, mientras que hay un Gobierno que, primero, arrancó por el interior”.
Martínez señaló que los recortes aparecieron en el mes de febrero, criticó a la comisión porque “pasaron 90 días desde que recibimos a los intendentes y estamos exactamente en el mismo lugar del punto de vista del debate político, pero estamos mucho peor del punto de vista de la gestión del sistema de transporte por todo lo que hemos hablado”.
“Creo que somos mayoría los que creemos que el transporte tiene que tener recursos, porque hay un Gobierno que no quiere recursos para el transporte de pasajeros que le sacó 450.000 millones de pesos a las provincias para darle a la Ciudad. El propio Congreso argentino definió para el presupuesto 2022 4.000 millones de pesos al Fondo Compensador, o sea que en una decisión administrativa le saca las provincias un monto equivalente a la mitad del fondo compensador del año 2023”.
Martínez sostuvo que hay que pensar en los ciudadanos, en los intendentes, una visión nacional y una visión integral del problema y resumió el dictamen de su bloque: “Hay que volver a tener un Fondo Federal de Compensaciones para el sistema de transporte público de pasajeros urbano y suburbano del interior; que no vaya en detrimento de los recursos que tienen que ir al área metropolitana de Buenos Aires; reclamo de los intendentes sobre la distribución del impuesto a los combustibles líquidos; los subsidios van a ser distribuidos a los usuarios a través de la SUBE; darle formalidad y peso al Consejo Federal del Transporte”.
“Cualquier demora hoy es incomprensible. No podemos estar en el mismo nivel de debate siempre, hay que generar borradores porque da la sensación de que no termina una vocación en cerrar el tema”, finalizó.
Por la UCR, el jujeño Jorge Rizzotti le recordó a Martínez que “no estaríamos en esta situación si hubiéramos logrado, cuando me tocó presidir la comisión la gestión anterior, una ley que garantice este famoso subsidio del transporte. En ese momento ustedes oficialistas no podían acceder y tenían instrucciones desde el Ejecutivo”.
Rizzotti vio con esperanza una unificación de los dictámenes presentados para la próxima semana y bregó para “tener para la semana siguiente un dictamen para avanzar y llevar ya un dictamen a Presupuesto y lograr la mayoría para que pueda ser bajado al recinto”.
Al cierre, Verasay anunció finalmente el pase a un cuarto intermedio para la próxima semana, lo que generó un fuerte enojo por parte del bloque de Unión por la Patria. “Vamos a un cuarto intermedio con todos los dictámenes, ya se han manifestado todos los bloques”, argumentó la presidenta de la comisión.
“Tenemos una gran oportunidad de dictaminar”, le planteó el vice de la comisión Giuliano y sumó: “Hay pedido de la palabra… mantengamos un debate responsable. Hay que dar el debate y tenemos un despacho de comisión porque hemos trabajo”. Por detrás, la diputada Paula Penacca (UP) le preguntó irónicamente al libertario Almirón: “¿No querés trabajar más Almirón?”.
Verasay desestimó el pedido de UP y ratificó el pase al cuarto intermedio para la próxima semana porque “hay voluntad mayoritaria”.
Así lo confirmó la titular de la Comisión de Transportes este martes: “Antes del 14 de septiembre sacar dictamen”. También comentó que ministros del interior e intendentes serán citados a exponer. Pasaron a la firma un paquete de proyectos de resolución y de declaración.
En medio de la quita de subsidios al transporte que anunció el Gobierno la comisión homónima de Diputados, presidida por la radical Pamela Verasay, recibió este martes al presidente del Comité Federal de Transporte, Marcelo Ferraris, quien expuso sobre la situación en las provincias. Así, Verasay afirmó que dictaminarán sobre un nuevo Fondo Compensador antes de que el Ejecutivo envíe al Congreso el Presupuesto Nacional.
Al comienzo, la titular de la comisión explicó que hubo problemas con las invitaciones hacia los diputados y no pudieron llegar al encuentro, por lo que sesionaron en minoría. En tanto, afirmó que antes del 14 de septiembre sacarán dictamen del nuevo Fondo Compensador “previo a que el Ejecutivo envíe el Presupuesto”.
Por ello, comentó que “hay ministros de transporte que quieren venir a exponer sobre la situación de cada provincia y una nueva visita de la red de intendentes de capitales”, por lo que propuso armar una agenda de debate.
Al exponer, Ferraris alertó que “la situación del transporte en el interior de la argentina está atravesando una de las peores crisis”, pero señaló que “es una complejidad que viene desde hace años”. También comparó los cuadros tarifarios de CABA y AMBA con el resto de las provincias.
A continuación, y luego de hacer un descargo contra el libertario Beltrán Benedit, el diputado Eduardo Toniolli (UP) adhirió a las palabras de Ferraris y manifestó la “urgencia” para que el Cuerpo avance en una resolución.
Así, criticó al secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, porque en la última reunión que estuvo presente “mintió, dijo que en realidad no hay un recorte de subsidio al interior, sino que agarraron la masa de subsidios que antes se asignaba vía fondo compensador del interior y se la trasladó a la demanda a través de la tarjeta SUBE. Si esto fuera así, nosotros estaríamos de acuerdo”.
Toniolli mostró los números por ejemplo de la ciudad de Rosario: “Desde abril del año 2023 el estado nacional, vía fondo compensador del transporte, vía atributos sociales de la tarjeta SUBE, ponía el 21% de los recursos necesarios para sostener el sistema de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario. En abril del 2024 pone el 4%, es decir pasó el 21 al 4% vía exclusivamente los atributos sociales de la tarjeta SUBE”.
“Eso que generó que fuera todo a parar a la tarifa los gobiernos locales en el caso del transporte urbano y los gobiernos provinciales. En el caso de transporte interurbano traslada rápidamente a tarifa lo que Nación deja de poner en materia de subsidios. Las empresas del sector lo que hacen es, para que le cierren un poco más los números, sacan colectivos de la calle en el caso del transporte urbano y de las rutas en el caso del transporte interurbano. Eso genera el aumento del boleto, el servicio se resiente porque hay menos unidades, menos frecuencia”, criticó el santafecino. Así, propuso fijar fecha para dictaminar y no estirar más el tratamiento del tema.
Me alegra escuchar en la Comisión de Transporte a tantos diputados que ahora protestan por las inequidades de los subsidios entre el AMBA y las provincias.
Lástima que antes hacían silencio.
Desde Mendoza, siempre reclamamos por la equidad, sin importar quien gobierne. pic.twitter.com/xHwdwaamPc
— Pamela Verasay (@PameVerasay) August 27, 2024
En tanto, la diputada Mónica Fein (Encuentro Federal) sostuvo que "es primordial darle una respuesta al interior porque el valor del transporte es muy alto”, y alertó que “no estamos quedando sin empresas de transporte de magnitud”, al tiempo que pidió transparencia con los datos sobre el subsidio al AMBA. “Hay un castigo claro al interior”, apuntó Fein sobre la eliminación y resaltó la “inequidad e injusticia” sobre el tema.
“Estamos perdiendo empresas. La modernidad es un sistema de transportes controlado, seguro, accesible y sustentable”, cerró la santafecina y solicitó una fecha para dictaminar. En el mismo sentido, el diputado de izquierda Alejandro Vilca (Jujuy) expresó: “Nos sentimos discriminados porque los subsidios son fondos que se cobran a todos y parece que para algunos hay y para otros no. Es una situación grave”.
El diputado Diego Giuliano (UP), consideró: "El Fondo compensador retroalimenta todo el sistema económico. Fue eliminado en 2018 con la firma del Pacto Fiscal y se restauró en pandemia".
“Las partidas están vigentes y no están ejecutados porque el Presupuesto está prorrogado. Está la plata para el subsidio del transporte al interior, simplemente no lo pagan. Los que creen que el subsidio es tirar la plata se equivocan. Tiene un valor en la seguridad vial, es algo fundamental, tiene impacto ecológico y de retroalimentación. Es momento que el Congreso dictamine, porque partida y plata hay”, manifestó Giuliano.
Por el contrario, la diputada Alida Ferreyra (LLA) pidió “ser responsables” y “no apurar un tratamiento hasta conocer el Presupuesto 2025, que será presentado por el Poder Ejecutivo antes del 15 de septiembre”.
El jefe del bloque UP, Germán Martínez, advirtió que la situación se está “agravando mucho en poco tiempo y lo peor es mirar para el costado y no avanzar. Tenemos como un cepo legislativo en Presupuesto y Hacienda y no me gustaría que se ponga en las comisiones especializadas en este tema”.
Así, indicó que la misma cifra de subsidios al transporte de pasajeros del interior es la que el Gobierno destinó para la SIDE.
El diputado de UP hizo un desagravio contra los dichos “lesivos” de Benedit contra la agrupación tras decir que “pintar estrellas amarillas en el suelo son expresiones paganas contrarias a la fe cristiana”. El opositor le recordó la visita a genocidas y le sugirió que pida perdón.
El diputado nacional Eduardo Toniolli (UP) hizo un desagravio este martes en la Comisión de Transporte hacia los dichos “lesivos” del libertario Beltrán Benedit contra la Agrupación Estrellas Amarillas.
El santafecino recordó que, en el cierre de la última reunión de la comisión, previo al receso invernal, Benedit hizo un planteo respecto de uno de los expedientes que se habían puesto a consideración que era una declaración de interés por parte del Congreso sobre la labor de “Estrellas Amarillas”
“Para quienes no saben qué es ‘Estrella Amarilla’ es una de las tantas organizaciones de familiares de víctimas de accidentes de seguridad vial Argentina. Muchas de estas organizaciones, reconstituyéndose desde el dolor, convirtiendo ese dolor en una herramienta de lucha para mejorar las condiciones de la seguridad vial de todos los argentinos”, explicó Toniolli.
Así, recordó que Benedit argumentó que no iba a firmar ese expediente porque “las Estrellas Amarillas, que los familiares de las víctimas de siniestros viales pintan en el pavimento para recordar a esas víctimas en el lugar donde se produjeron esos siniestros, eran expresiones paganas contrarias a la fe cristiana”.
El santafecino planteó un desagravio y lamentó la ausencia del libertario en la comisión para que “escuche y, por lo menos, tenga la oportunidad de pedir perdón. Sobre todo, porque se trata organizaciones que hacen un trabajo denodado en favor del conjunto de los argentinos organizaciones, con las que hemos tenido contacto en los últimos años a partir del impulso de una ley que está vigente en la Argentina que es la Ley de Alcohol Cero al volante”.
“Memoria, prevención, justicia, ley y educación eso significan las cinco puntas de las estrellas amarillas”, explicó Toniolli y apuntó: “Las declaraciones del diputado han ofendido a muchísima gente. Muchos de ellos católicos cristianos o que profesan distintos cultos. Por eso, mi desagravio frente a estos dichos muy lesivos”.
“El diputado tiene el cristianometro desalineado, averiado”, disparó el legislador de UP al recordar la visita de los libertarios a genocidas detenidos en Ezeiza: “Porque son contrarios a la fe cristiana dice él los familiares de las víctimas de siniestro viales, pero los Astiz, los Pernía y compañía …. Dicho esto, mi reconocimiento mi homenaje a todas las asociaciones de familiares de víctimas de siniestros viales por el trabajo que hacen”.
El presidente del Comité Federal de Transportes expuso ante Diputados y criticó al Gobierno por eliminar totalmente el subsidio en el interior y mantener los de CABA y AMBA: “Esto es una situación de inequidad muy importante que obligó a las provincias a tener que subir de una manera muy alta lo que es la tarifa”.
Tras el anuncio del Gobierno Nacional de la eliminación completa de los subsidios al transporte del interior, el presidente del Comité Federal de Transportes, Marcelo Ferraris, disertó ante la comisión homónima de Diputados este martes y alertó que “la falta de subsidios ha traído aparejado una situación muy compleja. Si bien esta complejidad ya viene de años, en estos tiempos se ha profundizado enormemente y la situación del transporte en el interior de la argentina está atravesando una de las peores crisis”.
En su exposición, Ferraris expresó: “Como Comité Federal de Transporte es sumamente importante tener la posibilidad de venir a comentar respecto de cuál es la realidad del transporte en el interior de la Argentina”. Así, explicó que el COFETRA es una agrupación que nuclea a todos los representantes de transporte de la argentina incluido provincia de Buenos Aires donde comparten datos técnicos para “poder mejorar los sistemas de transporte del interior” que, por otro lado, “son la única herramienta del interior para lograr que los pueblos vayan mejorando, la conectividad, que la gente en las grandes localidades urbanas pueda desenvolverse en el trabajo y educación”.
“La situación del transporte en el interior de la argentina está atravesando una de las peores crisis. Estamos en un momento donde los sistemas están, por un lado, empeorando la calidad y, por otro lado, estamos asistiendo en muchos lugares a empresas que están dejando de prestar servicio. La realidad económica, sumado a la falta de subsidios, ha traído aparejado una situación muy compleja que, si bien esta complejidad ya viene de años, en estos tiempos se ha profundizado enormemente”.
El expositor comentó que el subsidio “es necesario para un sistema de transporte confiable y que permita la mejor y mayor conectividad en las distintas provincias, en los distintos municipios”. En esa línea, detalló que la Argentina es el octavo país en el mundo en extensión geográfica y que “en un centro, puntualmente lo que es CABA, es el 0,1% de la extensión territorial de la argentina que se nuclea casi el 40% de la población, con lo cual las provincias del interior para poder conectar nuestras localidades, para poder brindar un servicio necesitamos del subsidio para poder cubrir costos que son necesarios y que hacen al sistema”.
Ferraris criticó al Gobierno Nacional que “ha dispuesto a partir del mes de enero la eliminación total y absoluta en lo que es al interior provincial del subsidio, y ha sostenido los subsidios para los que es CABA”, y remarcó que “es una situación de inequidad muy importante que obligó a las provincias a tener que subir de una manera muy alta lo que es la tarifa. Esto, en consecuencia, también trajo toda una recesión en el sistema de transporte y sin número de problemas que afectan directamente al transporte. Prueba de ello es la situación actual en materia tarifaria”.
Así, precisó que en AMBA para el primer el tramo el costo del boleto asciende a $370 y comparó que en el norte de la Argentina el promedio de boleto es de $826 en la provincia de Jujuy, mientras que en localidades de Formosa tienen el boleto en $1050. “En localidades como Tandil en provincia de Buenos Aires tienen el boleto promedio en $913 y Pergamino tiene el boleto en $1.400 es el boleto más caro dentro de lo que es provincia de Buenos Aires. Córdoba Rosario y Santa Fe, por ejemplo, tienen el boleto en $940 y en el sur de la Argentina el boleto promedio es $859. En la provincia de Neuquén y Cipolletti tiene el boleto en $1500”, detalló.
“La inequidad en materia tarifaria es consecuente con la inequidad que hay en el reparto de subsidio y que las provincias venimos desde hace rato insistiendo en este sentido”, recordó y planteó que actualmente AMBA recibió 70.000 millones de pesos en el mes de agosto y cuestionó: “A partir del mes de enero de este año las provincias recibieron $0 en concepto de subsidios”.
En ese sentido, indicó que “todos los meses, desde enero a la fecha, el Gobierno Nacional sistemáticamente estuvo transfiriendo fondos y subsidiando lo que es el sistema en CABA que permite que tengan en $370 y en el caso del interior de enero a la fecha la ecuación es 0 peso para las provincias”.
Ferraris explicó que hasta diciembre del 2023 las composiciones de los ingresos del sistema de transporte eran, por un lado, el subsidio nacional, por otro lado, el subsidio provincial y la recaudación a través de los cuales “se obtenían ingresos para poder cubrir los costos”.
“A nivel general los subsidios provinciales cubrían un 56% del costo, el subsidio nacional cubría un 15% del costo y la recaudación cubría un 28% del costo total del sistema. Eso es diciembre del 2023, pero si nos paramos en el mes de enero de 2024 la realidad cambió producto de la quita de subsidio por parte del Gobierno Nacional”, indicó y sumó: “En este caso, el promedio del subsidio provincial a las jurisdicciones locales pasó a un 69%, el subsidio nacional pasó a cero y la recaudación pasó a un 31%”.
El titular de COFETRA manifestó que “las provincias en menor o mayor medida continuaron subsidiando sus sistemas de transporte, pero no fueron inyectando mayores fondos porque no tenían la posibilidad de hacerlo producto del recorte. Necesariamente esto se fue trasladando a tarifa y se hace muy difícil para el usuario común poder pagar estos costos”.
“Las provincias, en líneas generales, aportan un 54% al sistema, algunas aportan más, otras menos. Pero este porcentaje a medida que pasa el tiempo se va licuando, no solamente por la imposibilidad de incluir nuevos subsidios al sistema, sino también por la licuación que va teniendo el mismo fondo producto del aumento sistemático de los costos donde mucho de ellos están dolarizados”, alertó.
En ese sentido, precisó que los costos de repuestos, neumáticos y gasoil están dolarizados. “El gasoil en diciembre de 2023 tenía un costo de $675. En agosto del 2024 se incrementó en un 70%, estamos hablando del litro de gasoil a $1139 y, en el caso del norte, el gasoil tiene un costo extra de $100 más por cada litro de lo que se paga acá en el AMBA”.
También señaló que los costos extras se van pagando en el interior y lo mismo sucede con los convenios que hace UTA: “Casi el 60% es mano de obra de los choferes las provincias nos vemos obligadas a respetar un acuerdo salarial que hace el AMBA con la UTA. Nos obligan a las provincias a tener que soportar acuerdos paritarios salariales que son muy gravosos para las jurisdicciones del interior”.
Ferraris recordó que “en muchas de las provincias están con paro de transporte. En el caso de Formosa hasta no hace mucho tiempo estuvieron 90 días con paro de transporte y hay varias jurisdicciones donde están de nuevo conflicto producto de los incrementos”.
“Esta es una realidad muy mala, muy penosa que, a medida que va pasando el tiempo, se va profundizando porque las provincias no pueden seguir subsidiando solas el sistema”, planteó y bregó para que el Congreso “busque alguna alternativa, sobre todo para que la gente del interior lo pase mejor”.
Por último, lamentó que “es un sistema que está muy deteriorado, la calidad es realmente muy deficiente en el interior. Hay muchas localidades del interior profundo que están dejando de tener sistemas de transporte porque, aparentemente, la idea del Gobierno nacional es trabajar en un sistema de total de regulación del sistema de transporte y esto en el interior sería muy malo porque dejar Librado a que la oferta y la demanda puedan regir los destinos del sistema de transporte”.
Fue un plenario de comisiones donde los invitados del Poder Ejecutivo y de la Cámara Electoral explicaron las modificaciones introducidas al dictamen de mayoría que tiene media sanción de Diputados y que llevarán al recinto. Desde UP criticaron fuertemente la iniciativa y respaldaron el sistema electoral vigente.
El oficialismo en el Senado reflotó este martes en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales el debate sobre el proyecto de boleta única de papel para las elecciones nacionales, que quedó trabado hace siete meses durante las sesiones extraordinarias, ocasión en la que se habían emitido dos dictámenes.
Uno de ellos es el de mayoría que respalda el Ejecutivo y viene con media sanción de la Cámara de Diputados desde mayo de 2022. El otro, corresponde a la rionegrina Mónica Silva que cuenta con el aval de UP.
En la reunión, que se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia, disertaron funcionarios del Poder Ejecutivo Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete de Interior; el vicejefe de Gabinete de Ministros, José Rolandi; la subsecretaria de Asuntos Políticos de la Secretaría de Interior, Giselle Castelnuovo; y la directora Nacional Electoral, Luz Landívar.
Los invitados respaldaron el proyecto que “mejora la oferta electoral” y resuelve problemáticas tales como robo o rotura de boletas; y explicaron las propuestas de modificaciones al despacho de mayoría. Desde el bloque Unión por la Patria criticaron la reunión y respaldaron el sistema electoral vigente.
Al inicio del encuentro, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Edgardo Kueider (Unidad Federal), planteó: “Hemos quedado en claro que este proyecto iba a tener y se iban a aceptar propuestas en el recinto a la hora de su tratamiento”.
Kueider informó que, en el transcurso desde que se emitieron los dictámenes hasta el día de la fecha, han ingresado otros proyectos de ley: uno de su autoría, otro de la radical Carolina Losada, otro del jefe del bloque UP José Mayans. Así, comentó que, en vistas de un eventual tratamiento en el recinto, el Poder Ejecutivo “ha tomado vista del proyecto a sancionar y también ha hecho observaciones”.
El entrerriano sostuvo que, cuando se firmaron los dictámenes, “la idea era tener una ley de BUP y luego íbamos a proponer una modificación posterior”, pero recordó que “había quedado una eventual discusión sobre unos puntos en particular que darían una paridad en la definición del proyecto. Por lo tanto, en esos nuevos aportes que surgieron aparecen cuestiones que no podemos llevarlas al recinto dada su complejidad y comenzar a debatirlos ahí”.
Por eso, Kueider explicó el motivo de la reunión informativa para saldar esas modificaciones “para cuando se haga la convocatoria a sesión estemos en conocimiento de cuáles son las distintas propuestas y arribar a un mayor consenso y en el recinto ir directamente al debate en el tema en sí mismo. La idea es emprolijar el eventual tratamiento que en algún momento se dará”.
“Hagamos un proyecto que salve todas las cuestiones que puedan llegar a ser discutibles, hagamos un buen proyecto de ley. No hagamos proyectos de ley que después tengamos que ir emparchando y démosle a la República Argentina una ley electoral que perdure en el tiempo y que esté fuera de discusión. Ojalá podamos arribar a eso con el mayor consenso”, expresó.
Además, contó que “se han tenido consideraciones hechas por la jueza María Servini de Cubría y esas observaciones están contempladas en estas modificaciones que se van a plantear aprovechando la oportunidad de introducir cambios. Se va a analizar lo de la tilde sí o no en la boleta completa que algunos senadores habían planteado”.
“Se había definido un diseño como el de Córdoba y Santa Fe, pero aparecen otras opciones que le aportan mayor claridad al elector para que tenga facilidad a la hora de emitir el voto y es un modelo nuevo que se aplica en Mendoza”, contó.
A continuación, tomó la palabra el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el libertario Juan Carlos Pagotto, quien planteó la necesidad de “solucionar” el tema para “darle mayor claridad al sistema electoral y profundizar los cimientos de la República”. Así, bregó en “ponernos de acuerdo y mirar para adelante”.
De lado opositor, el rionegrino Martín Doñate (UP) le reprochó al presidente de la comisión cabecera que “todo esto que se dijo es lo que planteamos nosotros oportunamente desde nuestro bloque que no se podía sacar a las apuradas un dictamen con un tema tan estructural para las instituciones de la patria, para la democracia”. En tanto, se diferenció de que “el método hasta ahora haya sido poco transparente, todo lo contrario”.
“Esto es una escenografía que debíamos evitar. Volver a discutir sobre dictámenes ya emitidos que están para el recinto por apurarse y querer jugar en la chiquita sacando una ventaja política o un triunfo legislativo en comisiones que no sucedió. Después de siete meses seguimos discutiendo y manoseando un tema que es trascendental para la Argentina. Lamento profundamente que se tenga que estar debatiendo nuevamente eso y no lo hemos hecho con la seriedad que el caso amerita”, cerró.
La palabra de los funcionarios
El primero en exponer fue Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete de Interior, resaltó que es un tema que “se debatió mucho”, pero afirmó que el Ejecutivo hace meses “nos pusimos a trabajar y a ver la viabilidad y la mejor forma de implementar la BUP en el caso de que se apruebe”.
"La boleta única es un requerimiento de la mayoría de la ciudadanía, no porque el sistema actual no sea transparente, sino porque eso significa una simplificación del sistema electoral y, sobre todo, una simplificación de aquellos partidos que tienen menos estructura partidaria. Lo que significa para los partidos más chicos la reposición de boletas, tener fiscales en cada mesa, etc. La boleta única creemos que va a traer aparejado una simplificación del sistema electoral, del sistema de representación más allá de que también trae un ahorro en el costo financiero del Estado”, afirmó.
Catalán planteó algunas “modificaciones que consideramos necesarias desde el punto de vista operativo para tratar de implementar y llevar adelante el proceso de elecciones de la manera más prolija posible”.
FOTO: COMUNICACIÓN SENADO
“Observamos que en el proyecto que viene de Diputados que tuvo dictamen de mayoría, hay modificaciones que no hacen un planteo político que vaya en perjuicio de algún partido político, sino que hacen a cuestiones operativas como, por ejemplo, los plazos de todo el proceso electoral”, precisó y comparó: “No es lo mismo imprimir las boletas tradicionales de los partidos políticos que la BUP que tiene ciertas características y no todas las imprentas del país tienen la capacidad operativa para hacerlo. No es lo mismo que la CNE apruebe los pdf de las boletas tradicionales que llevar adelante la impresión de las BUP y la logística de distribución a todos los rincones del país”.
Así, manifestó que hay “cuestiones técnicas, operativas, sin trasfondos políticos”, para un sistema “lo más perfectible para todos los partidos políticos”. En respuesta a las críticas de Doñate, el funcionario le respondió: “En la casa de la democracia nunca está demás seguir debatiendo para hacer un mejor sistema. Vamos a respetar lo que diga la mayoría de los senadores y eso no me parece montar un show político, venimos a dar nuestra opinión para mejorar la media sanción de Diputados para que se mejore el sistema electoral argentino”.
A su turno, el vicejefe de Gabinete de Ministros, José Rolandi, ratificó que “hay una demanda ciudadana para mejorar el sistema electoral que tenemos. Es un sistema complejo, pero que funciona y es perfectible”.
“La bondad de la BUP es que asegura la oferta electoral en cada una de las mesas de todo el país”, aseguró poniendo como ejemplo la complejidad de la reposición de boletas, la rotura, robos y remarcó: “La boleta única es una mejora a esa problemática”.
“Este cambio de sistema por primera vez le pasa la responsabilidad de la logística y la impresión del 100% de las boletas al Poder Ejecutivo y entendemos que este proyecto, que se originó en la Cámara de Diputados, desde el legislativo hoy le queremos agregar esa mirada desde los que tenemos la responsabilidad de que las elecciones se lleven a cabo con normalidad, de cuáles son los cambios que nosotros necesitamos para que este cambio se pueda implementar y sea viable operativamente”, cerró Rolandi.
Catalán acotó que un tema “fundamental” que proponen y que “es un impedimento para llevar correctamente todo el proceso electoral desde el inicio del calendario electoral hasta el momento de la elección” son los plazos y de cronograma desde que se aprueban las alianzas hasta el día de la elección, por lo que explicaron cómo se debe reprogramar el calendario.
FOTO: COMUNICACIÓN SENADO
La encargada de ello fue la directora Nacional Electoral, Luz Landívar, quien explicó: “Cuando estudiamos la media sanción nos encontramos con que existen pocas imprentas están en condiciones de imprimir 50 millones de boletas más, un porcentaje como se establece en la media sanción para tener boletas ante cualquier eventualidad”.
Landívar detalló que hay cinco imprentas en Capital Federal y se necesitan distribuir a todos los juzgados federales las boletas: “Empezamos a mirar el cronograma y a contar plazos de cuánto tiempo le demandaría a una imprenta imprimir estos 50 millones. Indefectiblemente los plazos que teníamos esos más o menos 30 días. Esto era imposible porque tengan en cuenta que las boletas como es el procedimiento se imprimen en las imprentas, de allí hay un traslado hacia los juzgados federales y ahí ahora tienen una nueva competencia que es la de diseñar la boleta y controlar luego esta boleta que se diseñó y se aprobó en una audiencia de boletas. Tienen que hacer este control. Una vez controladas estas boletas son trasladadas a distintos locales de votación o locales intermedios”.
“Hoy con el sistema actual de boletas sábanas los juzgados federales necesitan 20 días para empezar a hacer el envío. Esto no se puede hacer todo en un mismo día necesitamos un plazo por lo que deben ser extendidos para un sistema donde todavía se requiere de mucho más tiempo y mucho más cuidado”, sugirió y propuso: “Tenemos que adelantar todos los plazos de que estaban en este proyecto. Algunos son fundamentales, pero otros veíamos que no estaban contenidos y por eso consideramos que hay que introducir estos artículos”.
Así, explico que proponen, por ejemplo, con el cierre de alianzas “es más necesitado correr el calendario hacia adelante unos 20 días. Entonces hoy tenemos que se cierran las alianzas 60 días antes de las elecciones Esto pasará a ser 80 días y, en consecuencia, si hacemos eso estiramos el registro de candidatos también unos 20 días. Pasa de 50 a 60 y así van a ver que están concatenados algunos plazos”.
“Todo esto tiene que ver simplemente con una cuestión logística de implementación absolutamente necesaria. Por otra parte, van a ver alguna redistribución de competencias que consideramos que se debe ordenar precisamente para que funcione esta logística. Este modelo de boleta está relacionado con la oferta electoral que tienen en su distrito”, concluyó Landívar.
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También disertó la subsecretaria de Asuntos Políticos de la Secretaría de Interior, Giselle Castelnuovo, quien expresó: “El proyecto que tiene media sanción tenía algunas mejoras que tienen que ver con esto del acto electoral que lo llevamos adelante desde el Ministerio interior, en la vice jefatura de Gabinete, los juzgados y la Cámara los partidos políticos y, entre todos, tenemos que redistribuir mejor las funciones que tienen”.
Así, propuso uno de los principales cambios que “el Poder Ejecutivo tenga la capacidad de fijar pautas mínimas en la confección de la boleta porque una licitación llevaba un montón de tiempo para que sea transparente y se haga de la forma que corresponde. Entonces nosotros necesitamos, una vez que esté este proyecto aprobado, poder largar una licitación para que las imprentas tengan tiempo de imprimir y equiparse con todo el material nuevo y distinto que necesitan para poder imprimir como les estamos diciendo de mínima 50 millones de boletas”.
Además, planteó que las dimensiones de la boleta única partidaria y de la boleta única papel son distintas por lo que “las imprentas no están preparadas para eso”. Ante ello, proponen que sea el Ejecutivo quien determine pautas mínimas de tamaño, que la Cámara Nacional sea quien determine el formato base para que “haya una uniformidad en todo el país y que los juzgados electorales, que son quienes tienen la competencia al final del día, sean los que determinen cómo se va a ordenar eso dentro de ese papel de esa boleta única”.
“Es una necesidad mínima poder establecer el tamaño por ejemplo nosotros lo llamamos en el equipo para para diseñar ‘el módulo’. La boleta única va a tener distintos cuadraditos o rectángulos donde están los candidatos. Tratar de establecer ese mínimo para poder determinar un objeto imprimir”, explicó
En tanto, sumó: “Para hacer la obra de la licitación necesitamos determinar cuántos módulos o qué tamaño de hoja vamos a va a ocupar la boleta única. Todo lo que tiene que ver con dónde van los logos, qué foto va, el orden en el que aparecen los candidatos, el orden en que aparecen los partidos, es una discusión que van a tener los partidos con la justicia. El Ejecutivo ahí no va a tener nada que ver”.
FOTO: COMUNICACIÓN SENADO
Al respecto, Catalán comentó que “no se refiere al diseño, ni al orden de los partidos políticos, simplemente a cuestiones muy operativas y que hacen a las funciones de la Dirección Nacional Electoral como por ejemplo tamaño de las urnas, tamaño de las rendijas donde uno ingresa el voto”.
Así, contó que hicieron pruebas y una urna llena de votos de boleta única pesa aproximadamente 9 kg por lo que “eso cambia la calidad de las urnas que se necesitan. Hay un montón de cuestiones operativas que, uno al momento de diseñar un proyecto de ley, se le pasan este por alto”.
Además, planteó que las dimensiones de la boleta única partidaria y de la boleta única papel son distintas por lo que “las imprentas no están preparadas para eso”. Ante ello, proponen que sea el Ejecutivo quien determine pautas mínimas de tamaño, que la Cámara Nacional sea quien determine el formato base para que “haya una uniformidad en todo el país y que los juzgados electorales, que son quienes tienen la competencia al final del día, sean los que determinen cómo se va a ordenar eso dentro de ese papel de esa boleta única”.
Al respecto, Catalán comentó que “no se refiere al diseño, ni al orden de los partidos políticos, simplemente a cuestiones muy operativas y que hacen a las funciones de la Dirección Nacional Electoral como por ejemplo tamaño de las urnas, tamaño de las rendijas donde uno ingresa el voto”.
Así, contó que hicieron pruebas y una urna llena de votos de boleta única pesa aproximadamente 9 kg por lo que “eso cambia la calidad de las urnas que se necesitan. Hay un montón de cuestiones operativas que, uno al momento de diseñar un proyecto de ley, se le pasan este por alto”.
“Cuando hablamos de transparencia no es que objetamos el sistema actual por la falta de consecuencia de los resultados con los votos, simplemente es simplificar el sistema en el sentido de garantizarle a todos los partidos políticos, sobre todo aquellos partidos políticos que no tienen una estructura tan desarrollada ni que tienen este el abastecimiento de algunas estructuras externas de soporte logístico, para que las boletas de todos estén en el aula. Al momento de votar para que la boleta de todos se reponga en el caso de faltar y para modernizar el sistema electoral argentino. Es perfectible”, aclaró.
También acotó que en Sudamérica solo Uruguay y Argentina usan el mismo sistema y, sobre el costo económica, comentó que se muestra un ahorro entre un 45% y 55% de gastos en impresión de boletas.
La postura de los bloques
De la vereda de enfrente, el neuquino Oscar Parrilli respaldó el sistema actual porque “ha sido muy exitoso, muy transparente y además nos ha permitido a todos ganar y perder”, y resaltó que “la transparencia ya está, la legitimidad ya está, es un sistema que funciona, que ha sido exitoso. Creo que lo más seguro que hay para mantener la democracia es no cambiar las reglas de juego”.
Parrilli señaló que “en el trasfondo de este tema de eliminar la boleta sábana, encuentro que en algunos sectores hay un rasgo antipopular, antiperonista y hay un rasgo de decir ‘se manipula la gente, se le vende a la gente el voto, se cambia, se hace trampa’, todas estas cosas nunca se probaron, de manera que me parece más una cuestión desde el punto de vista más político que electoral. No se está buscando un mejoramiento de la calidad institucional, de un mejor funcionamiento de la Democracia, sino que se intenta utilizarlo políticamente para decir ‘los peronistas son viejos, vetusto, retrasados y no quieren la boleta única y quieren la boleta de papel sábana’”.
Así, criticó que la BUP es “una boleta oculta” porque “se va a estar votando gente que no va a figurar en la boleta. Es un voto oculto porque es imposible poner todos los nombres en la boleta”, y comparó que en la boleta sábana aparecen todos los nombres en la lista al resaltar la cuestión de la transparencia. En tanto, preguntó si “han calculado el costo económico que tiene modificar este sistema. Debería reflexionarse seriamente sobre este tema. No veo cosas positivas en la BUP, sino que hay más problemas”.
Su coterránea y compañera de bloque Silvia Sapag consideró que “cuando se hace una reforma electoral no se tiene que pensar en costos o en tiempos de distribución” sino que el foco tiene que estar puesto en “los votantes puedan votar a quienes quieran. Eso hay que pensar cuando votemos la ley en el recinto”.
“Cada boleta significa una ideología. Eso desaparece con la boleta única de papel donde están todos mezclados, pero tampoco están todos los candidatos. Eso es una burla. Tiene que ser lo más simple y transparente posible para el votante”, cerró.
FOTO: COMUNICACIÓN SENADO
Por su parte, la macrista Guadalupe Tagliaferri (Pro) se quejó por algunas modificaciones que propone el Poder Ejecutivo que no fueron debatidas y alertó que “van sobre el sistema electoral” como por ejemplo “los votos nulos, los votos no válidos. Se elimina el financiamiento para la capacitación a la ciudadanía sobre la implementación de BUP; se elimina la boleta para personas ciegas”, y planteó: “Se supone que uno está mejorando la boleta única para hacer algo mejor”. Al respecto, Catalán le aclaró que si habrá capacitación, pero no la van a concentrar en la Cámara Federal Electoral por lo que "debe ser compartida con los juzgados federales. Financiamiento va a haber".
También señaló que “elimina la posibilidad, en el artículo 27, respecto a lo electrónico. Hoy puede ser que no sea lo mejor, pero estamos haciendo una ley para que quede muchos años, no para que estar modificando las de acuerdo a la realidad o sea tienen el sistema electrónico para un montón de cuestiones, pero específicamente de lo que viene de Diputados en el artículo 27 tiene que ver con el voto electrónico. Me llama la atención porque lo prohíben de movida”.
“No sacaron que se vote lista completa al botón de tilde único, sino que además lo ponen las PASO”, criticó Tagliaferri y agregó: “Se meten también con respecto a la cantidad de alianzas”.
A su turno, la riojana Florencia López (UP) se quejó de que no les han hecho llegar a su bloque las modificaciones sugeridas por el Ejecutivo. “No podemos debatir ni elaborar preguntas porque nos encontramos en desigualdad. Eso es injusto. Nos merecemos conocer qué estamos debatiendo”, y le solicitó al presidente de la comisión cabecera que levante la reunión hasta tanto no tenga cada uno un borrador con los cambios propuestos. Kueider se defendió alegando que él tampoco contaba con un documento con las modificaciones y disparó: “Esta reunión no requiere quórum, el que no quiera seguir…”.
La rionegrina Mónica Silva respaldó su dictamen de minoría en el que propone "la boleta única por categorías", y explicó: "Me parece que es muy ordenador y que simplifica el proceso. En ese mismo dictamen propuse que no existiera el tilde de boleta completa. Creo que es muy importante que en este proceso en el que queremos mejorar la boleta y el sistema, o sea para el sistema electoral, una boleta única para mejorar el sistema es muy importante aprovechar la oportunidad para que la ciudadanía tenga cada vez más poder en sus manos, cada vez más poder en su lápiz, con la que va a tildar las candidaturas que va a votar".
La experiencia de Santa Fe y Mendoza
La radical Carolina Losada contó la experiencia de Santa Fe que “fue la primera provincia en la Argentina que empezó con el sistema de boleta única en 2011 y tiene excelentes resultados, no solamente ahorro, que sí es importante en el contexto en el que vivimos, sino que se terminan muchos curros de la política como los famosos sellos de goma”.
“Es más barato, es más eficaz, es menos confuso para la gente”, precisó Losada y criticó a UP: “No entiendo las objeciones respecto de este sistema más moderno se evitan un montón de fraudes que se suelen hacer”.
Por su parte, la mendocina Mariana Juri también comentó sobre la implementación de BUP en su provincia: “Venimos hace mucho tiempo intentando empujar la boleta única, así como lo hicimos en Mendoza. Sabemos lo que significa la boleta única en términos de transparencia, de ahorro en materia económica, pero también en materia ambiental. Sin duda la boleta única ayuda también a que haya más participación y que haya mayores posibilidades de elegir y creo que, mientras mejor se elige, se mejora la calidad institucional”.
“El modelo que aplicamos en Mendoza realmente fue muy exitoso y que, a pesar de que había muchos detractores de este sistema que entre las cosas era ‘el ciudadano no va a saber votar’, ‘cuando llegue va a tener dificultad la gente grande’. Nada de eso pasó, no solamente se votó de forma más rápida tuvimos los resultados antes, la gente votó con mucha comodidad aun cuando fue la primera vez que se hizo”, destacó Juri.
Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo en la que hay presentados un total de 28 proyectos para modificar la Ley de Democracia Sindical. Desde UP y el FIT cuestionaron el temario, se quejaron por el funcionamiento de la comisión y reclamaron por el tratamiento de los temas que "quedaron a la deriva" como reducción de jornada laboral por lo que terminaron abandonando la reunión.
El tratamiento de la reforma sindical comenzó con un clima tenso en la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo en Diputados que se llevó a cabo este martes donde los diputados, autores de proyectos que van en sintonía con modificar la Ley de Democracia Sindical (23.551), explicaron los puntos centrales de los mismos.
La modalidad de trabajo de la comisión despertó las quejas por parte del bloque de Unión por la Patria y la izquierda quienes le reprocharon al titular de la misma, Martín Tetaz, el temario de la convocatoria y reclamaron por el tratamiento de los temas que "quedaron a la deriva" como reducción de jornada laboral por lo que terminaron abandonando la reunión.
Previo a iniciar el debate, el diputado de izquierda Alejandro Vilca presentó una nota sobre un pedido de informes para elevar a la Secretaría de Trabajo respecto del programa Intercosecha que “el Gobierno no está pagando a los trabajadores rurales como por ejemplo del tabaco hace cuatro meses” a fin de saber si efectivamente se va a pagar porque “significa un prejuicio muy grande para trabajadores rurales de diferentes cosechas”. Además, solicitó que en el temario de las próximas comisiones se incorporen los proyectos referidos a intercosecha.
Luego, el titular de la comisión el radical Martín Tetaz explicó que hay un total de 28 proyectos vinculados a la cuestión de la democracia sindical y precisó: “Muchos tienen que ver con la cantidad de períodos que puede ser electo un representante sindical; la forma de elección; la participación de minorías; la libertad de obra social; las formas de financiamiento de los sindicatos incluida la discusión sobre las cuotas sindicales; algunos vinculados a cuestiones impositivas. Otros tienen discusión de la participación de los órganos que tienen que ver con cuestiones de género”.
“Hay varios proyectos vinculados al tema, muchos tienen superposiciones y es evidente que con seguridad en el trabajo de comisiones se va a ver favorecida la posibilidad de unificar estos proyectos en torno al menos de dos o tres dictámenes”, adelantó.
Tetaz comentó que el próximo martes 20 continuarán exponiendo los diputados que al día de la fecha no pudieron estar presentes para explicar sus iniciativas. Luego, se convocará a una reunión de asesores para avanzar con la discusión de los dictámenes y unificarlos. En paralelo, informó que empezarán las reuniones informativas que, a priori, serán una o dos, por lo que pidió que se convoquen expertos y las partes interesadas a disertar.
Así, la primera en exponer fue la radical Roxana Reyes quien explicó que su iniciativa propone “dar respuesta a miles de trabajadores argentinos que requieren que el rol de las asociaciones sindicales siga su cauce para el cual fue concebido en sus principios que es la defensa genuina de los derechos de los trabajadores”, debido a que la sociedad argentina “no cree en la dirigencia sindical”.
De la Ley 23.551 modifica el artículo 17 sobre la composición de los órganos de administración y dirección sindical: “Proponemos que pase de 5 a 9 miembros de integración o múltiplo de tres para garantizar la representación de las minorías, siempre que la minoría haya alcanzado el 25% de los votos emitidos”.
También incorpora el cese de la reelección indefinida y cuestionó que “la ley prevé una duración de mandato de cuatro años, pero con reelecciones indefinidas. Hoy tenemos dirigentes sindicales que están 25 y hasta 30 años conduciendo un sindicato. La falta de alternancia es lo que queremos eliminar para que, de alguna forma, sea totalmente democratizado”.
“Va tener una sola reelección inmediata y siempre y cuando haya cumplido íntegramente el mandato anterior. En el caso de quienes estén en cumplimiento de su mandato al momento de la sanción de la ley, ese será el primer mandato para la reelección”, precisó. En cuanto al voto, que la ley vigente establece que es directo y secreto, le agregan la obligatoriedad de modo tal de “conseguir mayor participación en la minoría interna del sindicato y, en el caso de no cumplirse con el voto, hay una multa equivalente a un día de salario que va destinado a las obras sociales”.
Unión por la Patria se retiró de la reunión de la Comisión de Legislación Laboral de @DiputadosAR que trataba varios proyectos sobre la modernización sindical. Se ofenden no por los derechos de los trabajadores, sino para proteger los privilegios de los patrones sindicales.
— Pamela Verasay (@PameVerasay) August 13, 2024
También plantea requisitos sobre la idoneidad, por lo que incorpora la “ficha limpia sindical” que “fundamentalmente apunta a que exista o esté inhabilitado para ejercer los cargos de administración o dirección aquellos que tenga alguna condena en primera instancia”.
Se agrega la exigencia de presentar la declaración jurada patrimonial en los órganos de dirección y administración y renovarla de forma anual. “Quienes no la presenten serán considerados que incurren en una falta que el Ministerio de Capital Humano estará autorizado a denunciarlo a la justica para pedir la suspensión y cancelación de la personería gremial e, incluso, intervención”, advirtió Reyes.
Sobre las elecciones, plantea que deben ser convocadas en el plazo de 90 días previo al vencimiento del mandato y se deben realizar 20 días antes de dejar el cargo y adelantó: “Próximamente vamos a estar presentando un agregado a este proyecto que tiene que ver con que quienes ejercen cargos en los órganos de dirección o administración de las organizaciones sindicales no pueden ejercer en simultáneo en ejecutivo y legislativo nacionales, provinciales y municipales”.
A continuación, comenzó a disertar la diputada Mónica Frade (CC-ARI) quien sostuvo que “en el orden del día hay tres proyectos de mi autoría, donde estamos proponiendo darles entidad ministerial a las PyMEs a través de la creación de una agencia, para que puedan participar del diseño de políticas públicas”. Sin embargo, inmediatamente la diputada Vanesa Siley (UP) le pidió una breve interrupción al sentirse aludida por las palabras de Reyes.
Por ello, le consultó cuál es el oic de idoneidad que puede tener un dirigente sindical para ejercer un cargo político y le recordó que comparte un cargo con el en el Consejo de la Magistratura de la Nación y planteó: “Si alguna vez hemos incurrido los diputados, que somos de tracción sindical o en mi caso que además ocupo con usted el Consejo de la Magistratura, faltas, ausencias, no estudio de los temas, no presentación de proyectos y no estar a la altura de las circunstancias del cargo de la representatividad para poder ejercerla en igualdad de condiciones, o incluso con mayores responsabilidades en mejores condiciones que otros diputados y diputadas de la Nación”.
La rionegrina la respondió: “No había reparado que usted estaba en esta situación”, y le explicó que “así como algunos casos, como por ejemplo los abogados, concretamente mi provincia, tienen inhabilidad para ejercer la función de diputado y de abogado, y no se ejerce la función de abogado y sí pueden ejercer la de médico siendo diputados nacionales o provinciales, porque se considera que hay en algún momento algún tipo de conflicto de intereses ejerciendo las dos funciones y eso no habla de la capacidad técnica ni de la voluntad de trabajo”.
“Aceptamos esas inhabilidades cuando puede haber conflicto de intereses. En el caso de la representación sindical hemos entendido que la representación sindical y el ejercicio de funciones en este caso, la legislativa, pero inclusive ejecutivas como un gobernador, un intendente, un presidente de una comisión de fomento, junto con la defensa de intereses laborales cuando la actividad sindical fue concebida para la defensa prioritaria de los derechos de los trabajadores, puede tener conflicto de intereses una inhabilidad que para nada habla de la persona. Yo soy estoy afectada por inhabilidades en el ejercicio de profesión las entiendo las asumo y las consiento y elijo Cuál de los dos roles tengo que desempeñar”, explayó la radical.
Inmediatamente, habló el diputado y secretario adjunto de SMATA Mario “Paco” Manrique (UP) quien consultó: “A mí me gustaría que un proyecto de ley estuviese basado sobre hechos reales y no sobre prejuicio. Quiero saber en qué todas estas modificaciones la diputada cree que va a mejorar la calidad de la Democracia sindical, dado que hoy ya están los mecanismos institucionales de control en todos los procesos electorales que se llevan adelante. En qué va a mejorar, dónde cree ella que va a mejorar y en qué casos porque lo mismo podríamos hablar de la política de la justicia de cualquier otra entidad que es mal vista por la sociedad”.
Reyes le enrostró que su iniciativa se basa en datos de un relevamiento que hizo en 2017 la agencia “Jacob y Asociados” donde se llegó a la conclusión que el sindicalismo argentino tenía un 81.6 de margen negativa. “La encuesta abarcó a 2000 personas y ‘corruptos’ fue la palabra que más utilizó la gente para definirlos”, detalló.
Además, argumentó que “una encuesta realizada por seis GP reveló en el 2023 que el 71.1% de los participantes dijo ‘no confiar en los sindicatos’”, y sostuvo: “Estos son hechos objetivos que puede recabar de estos lugares que hicieron estas encuestas de trabajo, pero sin perjuicio de eso si nosotros estamos tratando hoy en unas horas la ficha Limpia para acceder a cargos selectivos donde decimos que un condenado por delitos graves, por delitos de corrupción, por delitos de abuso sexual, no pueden representarnos y que hay un interés general superior al interés particular de una persona para postularse, con más razón tenemos que ser muy cuidadosos en todo lo que es representación. No se ve cuál es lo negativo en empezar a hablar de la ficha limpia sindical. Es simplemente equilibrar los requisitos y no tenemos que sentirnos agraviados”.
“Se democratiza la participación de las minorías. También es importante en la medida que la minoría tenga un piso de votos emitidos. La presentación de declaración jurada patrimoniales nosotros tenemos sindicalistas ricos no todos, pero si tenemos muchos sindicalistas ricos. Inclusive utilizando recursos del sindicato para actividades políticas esto que tiene que ver con las inhabilidades no todos algunos. Por eso tenemos que buscar márgenes de transparencia, por eso tenemos que transparentar el manejo de los recursos y tenemos muchos sindicalistas ricos y representados pobres. Entonces la declaración es juradas patrimoniales por qué un diputado lo tiene que presentar y no un sindicalista y si no la presentan no son víctimas de sanción. No son seres intocables y tienen que tener la misma vara que la gente común”, manifestó.
Manrique comenzó a reprocharle que “no me contestó, no me contestó… estamos usando las palabras como queremos. Todo lo que dijo estoy en desacuerdo” … Tetaz le planteó: “Esta en todo su derecho de no estar de acuerdo”, y le aclaró que el objetivo de la reunión es que cada diputado que presentó proyectos los explique y lanzó: “Si no le satisfacerlas respuestas, se sigue y se salta la página”.
Volvió a tomar la palabra Manrique quien se quejó que Reyes no le contestó y le aclaró que “cumplo como dirigente sindical con todos los relatos. Ella expuso y no me contestó por qué no puede haber reelección, los mecanismos de control, la representatividad desde las minorías…”. Tetaz le reiteró: “Si usted no tiene ninguna duda técnica no es entrar en el debate. SI le gusta o no que las no reelecciones no aumentan la democracia sindical, está en su derecho y es parte del debate. Pero no abramos el debate en cada punto ahora…”.
Le salió al cruce Siley quien le preguntó entonces “para qué está citada la comisión, no me queda claro los motivos”, pero Tetaz tiró leña al fuego: “Ya lo dije, si usted hubiera escuchado cuando arranqué y tiene la citación”. “Me lo puede repetir”, reprochó Siley y chicaneó: “Es una tribuna para venir a escuchar proyectos en contra los sindicatos y desarmarlos. Entonces me voy… usted no da la palabra y se piensa que ser presidente es ser autoritario está muy confundido”, cuestionó, a lo que el titular de la comisión le planteó: “Diputada usted haga lo que considere que tiene que hacer y le parezca razonable… ahora le toca a la diputada Frade y luego al diputado Yasky. Hay un montón de proyectos y si quiere presentar alguno lo puede hacer. Hay 28 iniciativas”.
Al conflicto se sumó Vilca quien, al igual que la diputada de UP, le reclamó por el temario de la comisión porque “veníamos trabajando con el tema de la propina, reducción de la jornada laboral y teníamos pensado que eso se iba a dictaminar y pasamos a otro tema. ¿En qué quedó lo que veníamos trabajando? Ahora pasamos a otro tema a cuestionar la dinámica sindical”.
Tetaz le aclaró: “La reunión está convocada para discutir los temas que están en el orden del día y sumar a la semana siguiente los que considere razonable. Si tiene algún proyecto lo invitamos”.
Al tomar la palabra Frade se quejó: “Se supone que cuando uno da la palabra es para una acotación breve”, y rápidamente se abocó a explicar los motivos de sus proyectos y se refirió la necesidad de “transparentar los manejos sindicales”.
Frade contó que hace un tiempo atrás hizo un pedido de acceso de información pública pidiéndole al Ministerio de Capital Humano la remisión para la exhibición de los las memorias y los balances de cuatro sindicatos: camioneros, trabajadores de edificios de renta, comercio y gastronómicos.
“Por eso digo que discutamos mucho la transparencia de los fondos sindicales, porque se supone que son fondos que deben estar al alcance de todos en el control, y la ministro de Capital Humano, en un Gobierno que dice que viene a transparentar todo y es mentira, me contesta que los límites del derecho de acceso a la información pública son excepcionales establecidos previamente me invoca el artículo 8 de la Ley 27. 275 que tiene que ver con secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad y lesionar los intereses del sujeto obligado”, cuestionó.
La diputada de la CC aportó que un alto dirigente de uno de los sindicatos mencionados previamente “se reunió conmigo y ya sabía de esto. Esto está acordado con la ministra e indica la necesidad de que regulemos mecanismos de trasparencia, además de ficha limpia, en los sindicatos, pero es necesario que se transparenten los fondos que se manejan, por sobre todo en sindicalistas enriquecidos que usan la tercerización y lo digo con conocimiento de causa porque participé en denuncias”.
“Es imperioso que todo esto esté al alcance de todos porque es transversal porque ningún diputado está para ocultar nada y hacer el esfuerzo de la transparencia”, cerró.
Sergio Palazzo, secretario general de la Bancaria y diputado de UP, se quejó porque la “mecánica de funcionamiento propuesta no se está cumpliendo”. “Que quede claro que los dirigentes que tenemos obligaciones en organizaciones sindicales estamos comprendidos como personas políticamente expuestas y obligados a presentar declaraciones juradas y la UIF hace un seguimiento esto. Con el ánimo de acelerarle los proyectos, pero la diputada –Reyes- se levanta y se va y la verdad plantear un debate donde quienes estamos dando quórum no son los autores de las supuestas mayorías de proyectos que tiene la comisión se hace engorroso y difícil. Si se retiran hagamos una reunión más seria. Es una reunión que no tiene sentido y yo no me voy a prestar para un circo acá y vengan y hagan una radio abierta y cada uno se vaya. Discúlpeme, pero no me voy a quedar”.
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A continuación, el titular de la comisión le cedió la palabra al diputado Hugo Yasky (UP) representante de la CGT quien cuestionó que “hay una distorsión en el funcionamiento de la comisión. Los proyectos son presentados, tienen que ser explicados, la comisión tiene que hacer las preguntas necesarias”, y acusó a Tetaz de impedir “que se explayara el diputado Manrique, le sugirió y no es así. Yo le voy a pedir que para la próxima reunión leamos el reglamento de la comisión para ponernos de acuerdo de cómo funciona sin direccionar la palabra. Son proyectos que necesitamos sean discutidos exhaustivamente en el seno de la comisión”.
“Los temas deben discutirse sin ningún tipo de limitación, ni de horario ni contenido y los que presentan proyectos tienen la obligación de estar presentes para poder discutir los puntos que consideren pertinente. No pasó así con la diputada Reyes”, criticó Yasky, a lo que Tetaz le respondió: “Cuando empezó la reunión dije el problema personal de que se iba a retirar. A ustedes también les ha pasado y es habitual que un diputado que presente su proyecto por alguna razón tiene que ir a otra reunión”.
Yasky, antes de retirarse al igual que sus compañeros de bloque de la sala, le pidió al titular de la comisión que en la próxima reunión primero se lea el reglamento sobre el funcionamiento de la comisión, que haya una reunión de asesores sobre los proyectos discutiros tal cual lo planteó Vilca que “quedaron en el camino y a la deriva y cómo van a continuar tratándose como reducción de jornada laboral”. Así, se quejó de que hay una “composición descompensada” porque hay 27 proyectos que apuntan a reformas regresivas a derechos de trabajadores. Espero que la próxima reunión podamos discutir todos los proyectos y la agenda tenga equilibrio”.
En su defensa, Tetaz le comunicó que habló con el diputado Palazzo sobre la dinámica de la reunión y le aclaró que se hizo una preselección de expedientes que “estaba abierta a que puedan sumarse otras iniciativas en esta temática. No hay límites para la incorporación de expedientes, son todos bienvenidos. La convocatoria es esta y se hace de manera transparente. Ya se había consensuado con el diputado Palazzo y no hemos roto nada de eso que se acordó, no se entiende cuál es la molestia que tienen con el funcionamiento, pero no voy a discutir el reglamento de la comisión”.
Yasky insistió en una reunión de asesores para dejar hecho un temario “no para satisfacción mía, pero la comisión debe tener una cantidad de temas a tratar. Hemos discutido temas que no sabemos cuál fue la deriva”.
De la vereda de enfrente Tetaz le aclaró que “en la última reunión informativa y, lo hablamos y coincidió conmigo Palazzo, que ninguno de los espacios tenía el número para dictaminar y había que esperar que el número apareciera y por eso no hay otra reunión sobre reducción de jornada laboral porque nadie tiene un expediente consensuado para dictaminar”.
Le salió al cruce el diputado Vilca quien le reclamó que “el tema de los temarios debería discutirlo abiertamente en comisión y no por privado con un diputado personalmente. Es democrático”.
La santafecina Verónica Razzini (Pro) comentó que presentó dos proyectos, uno de modernización laboral que “algunos puntos fueron sumados a la Ley Bases”, pero planteó que “hay otros puntos interesantes que deben ser tratados como la materia probatoria que reafirma el principio general de los hechos invocados cuando hablamos de despido y multas; la posibilidad del empleador de modificar un acuerdo con el trabajador en las condiciones de contrato que contempla la posibilidad de requerir homologación; incorpora como medio de pagos de remuneración de otras categorías; conservación de recibo de sueldo en forma digital”.
El otro proyecto ‘Antibloqueo’ en el que “trabajé personalmente después de mi experiencia al haber formado el Movimiento Empresarial Antibloqueo hace tres años en Argentina después de haber sufrido un bloque más de tres meses porque hoy Argentina necesita una ley que le dé una figura penal a los bloqueos sindicales extorsivos, que están organizados por personas que tienen una planificación respecto de esto y hay que condenar a ellos. Hemos asistido a más de 71 empresas que han sido bloqueadas y les hemos dado asistencia”.
Razzini diferenció “los buenos sindicatos y existe la mafia sindical y este proyecto apunta a la mafia sindical que tiene que tener castigo y buscamos una figura penal”.
La diputada del Pro le aclaró que “la mafia sindical es la que utiliza a los trabajadores y se esconde de la defensa de los derechos laborales, pero no debe existir el abuso de la protesta y se creó una mafia gigantesca detrás de esto. Bloquear una empresa es un delito y esto se tiene que terminar porque nadie va a querer emprender en el país”.
Desde la izquierda volvió a tomar la palabra Vilca quien expresó: “No aceptamos que se intervenga o se subjetive a la organización sindical de esta manera. Nadie cuestiona las grandes ganancias que tiene la organización o la sociedad rural. No me parecen estas las condiciones y también me voy a retirar porque el temario no es equilibrado”.
La cordobesa Soledad Carrizo (UCR) recordó que viene trabajando desde el inició de su gestión la democratización de los sindicatos y “nunca pudimos lograr que se abra la comisión para tratar el tema”. “Tenemos que mirar un sistema dirigencial sindical donde Argentina es uno de los países de Latinoamérica con más alta afiliación con un 40%, con más de 3300 entidades reconocidas y que efectivamente vemos del otro lado un 40% de argentinos en la informalidad”, planteó.
“En mi proyecto se pone énfasis en el tema de las reelecciones indefinidas, sobre todo en órganos de administración. Creo que es necesario un presupuesto mínimo como legislación nacional donde demos la oportunidad de la alternancia y establecer la posibilidad de reelección por cuatro años para dar oxigenación y así poder legitimar más aún esta falta de afiliación sindical”, explicó.
Carrizo criticó la ausencia de Unión por la Patria porque “podemos estar de acuerdo o no. Hemos participado de muchos gobiernos donde hubo abusos en materia sindical y lo hemos discutido”, y cerró: “Es necesario una reforma laboral de la sociedad también”.
Al tomar la palabra, el diputado rionegrino Sergio Capozzi (Pro) apuntó contra UP por retirarse de la reunión y manifestó: “Eso demuestra la falta de innovación democrática. Era un excelente momento este para debatir. Parece que algunos no saben o no conocen lo que pasó en la historia en 113 años con una Asamblea donde se abolieron los privilegios del sindicalismo, pero muchos de ellos quieren seguir con esos privilegios y se genera esa tensión de ‘la mía está, no me la toquen’. Es necesario democratizar los sindicatos. Hay dirigentes sindicales con 40 años en el poder y están eximidos de rendir cuentas y hay que equilibrar esto”.
Desde el mismo bloque, el cordobés Luis Picat (UCR), expresó que “tenemos la mitad del sistema en negro en un sistema monotributista por la inflexibilidad que tiene el sistema argentino y son los que más perjudican al trabajador. Hace 13 años venimos en caída con el crecimiento del PBI”.
Al hablar de su proyecto, el legislador consideró que el objetivo es “retirar la obligación de la famosa cuota solidaria, que a empleados obliga a dar un monto al sindicato para su uso en diferentes emprendimientos que tengan referidos a talleres de capacitación, cultura, etc.”.
Al cierre, Tetaz sostuvo que “hay un consenso político en Argentina, mayoritario, que demuestra interés en avanzar en el tema de democracia sindical. Vamos a continuar el martes próximo con la presentación de proyectos”.
Fue en el marco de una breve reunión en la que se puso a consideración el proyecto que aprueba el Convenio sobre el Cuaderno A.T.A. para la importación temporal de mercaderías, adoptado en Bruselas en 1961. La comisión completó sus autoridades.
En una breve reunión, la Comisión de Economía de Diputados, presidida por el pampeano Ariel Rauschenberger (UP), acordó citar para un próximo encuentro a autoridades de Aduana y AFIP a fin de que opinen sobre el proyecto de ley que aprueba el Convenio sobre el Cuaderno A.T.A. para la importación temporal de mercaderías, adoptado en Bruselas en 1961.
El titular de la comisión expresó: “Es un proyecto que trata de un convenio internacional que se firmó en Bruselas en 1961, que la Argentina lo aprobó en el Senado en 1998. No hay antecedentes de tratamiento en el ámbito de la Cámara de Diputados”.
Así, explicó que es un convenio sobre el Cuaderno A.T.A. para la importación temporal de mercaderías por un plazo que no puede superar el año. “La condición es que la mercadería que se exporta tiene que retornar en la misma condición que se exportó y durante el período que está fuera del país tiene que ser comercializado”, precisó.
“Teniendo en cuenta que es algo que se firmó en 1961, se aprobó por una sola Cámara en 1998 y atendiendo el tiempo transcurrido consideramos que, para darle un tratamiento racional y responsable, deberíamos tener la opinión de expertos y autoridades competentes del orden nacional para que den su mirada sobre los impactos que puede tener el convenio al país”, propuso el pampeano.
A su turno, el libertario Julio Moreno Ovalle (Salta) adhirió a la propuesta y sugirió comunicarse con autoridades de AFIP y Aduana para que “nos digan qué es lo que está pasando, qué movimientos hubo en estos periodos que hubo y, obviamente, el futuro que pueda llegar a tener este convenio”.
“Nos vamos a comprometer a traer gente de AFIP y de Aduana para enriquecernos y después sacar una conclusión sobre este tema. En forma personal puedo hacer las gestiones con todo el apoyo de todos ustedes. Sería interesante que escuchemos otras opiniones al margen de lo que podamos llegar a tratar”, comentó el salteño.
Luego, la diputada cordobesa Alejandra Torres expresó: “Me parece súper interesante este tema porque personalmente lo he abordado en otras etapas de mi vida y me parece muy interesante que solicitemos la comparecencia de gente que está actualmente en el marco de la gestión porque podríamos aprovechar para preguntar cuestiones vinculadas con la disminución de las trabas burocráticas, la aceleración de los procesos y una serie de cuestiones que tienen que ver justamente con este tipo de normativas que provocan una movilización de mercancía y que muchas veces, a raíz de diferentes cuestiones legales así como también trabas digitales, provocan una demora”.
“No solamente encarece la cuestión, sino también debilita el beneficio para la sociedad argentina”, consideró y solicitó saber con anticipación quiénes asistirán a la próxima reunión a fin de elaborar una serie de preguntas para agilizar el trámite. Sin embargo, Rauschenberger afirmó: “La idea es no dejar una fecha fija para la próxima reunión, sino coordinar con las autoridades”.
Por otro lado, la comisión completó sus autoridades siendo designados como vicepresidente 1ro Carlos Castagneto (UP); vicepresidencia 2da el rionegrino Agustín Domingo; secretarías el chaqueño Juan Carlos Polini (UCR) y la catamarqueña María Fernanda Ávila (UP).
Por último, Castagneto expresó: “Ojalá que podamos trabajar en esta comisión que es muy importante y que podemos, no solo proyectos, sino realizar informes que sirvan para un diagnóstico de la economía y de un trabajo en conjunto con todas las propuestas que puedan surgir”.
El despacho tuvo 18 firmas, entre ellas la de los senadores Martín Lousteau, Pablo Blanco y José María Carambia de la bancada provincial. El oficialismo irá con un dictamen propio con modificaciones, entre ellos la recomposición del 8,1% y la actualización por inflación.
Un día de “miércoles” para el oficialismo en el Senado luego de que la principal bancada opositora se alzara con el dictamen de mayoría del proyecto de ley de movilidad jubilatoria ratificando la media sanción que viene de Diputados y desafiando el equilibrio fiscal de Javier Milei que buscará vetar la norma.
El dictamen de Unión por la Patria contó con un total de 18 firmas, entre las cuales, se encontraron la de los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco -en disidencia parcial-; y el senador provincial José María Carambia (Por Santa Cruz). La intención del bloque Unión por la Patria es convocar a una sesión para la próxima semana para darle sanción definitiva.
La media sanción establece un cálculo que contempla el índice de inflación como referencia y suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE). A su vez, establece una garantía para el haber mínimo, que tendrá como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total. La iniciativa estipula que se otorgue un incremento adicional del 8,1% para recuperar los ingresos de la clase pasiva y el pago a las provincias con cajas no transferidas y sentencias firmes de juicios previsionales.
Por el lado del oficialismo, el dictamen propone modificaciones a lo aprobado en Diputados: proponen la eliminación de los artículos 2, 4 y 10 (la garantía del piso del haber mínimo referenciado en la Canasta Básica Total; el pago de deudas a las provincias con las cajas previsionales no transferidas y sentencias de juicios previsionales). También que se apliquen las actualizaciones, luego de la sanción de la ley, no de forma retroactiva desde abril. Además, la recomposición del 8,1% y la actualización por inflación.
Los restantes radicales y bancadas provinciales deberán ahora decidir si acompañarán o no al oficialismo en su propuesta en la Cámara alta. En Diputados, el consenso había sido alcanzado entre los bloques dialoguistas -entre ellos la UCR- y la oposición más dura. La aprobación se alcanzó con dos tercios de los votos, mayoría que de repetirse en el Senado complicaría los planes de veto del Ejecutivo. Si bien lo podría hacer, ambas cámaras podrían tratar nuevamente el proyecto y, si obtiene los mismos números, el Gobierno estaría obligado a directamente promulgarlo, según el artículo 83 de la Constitución Nacional.
En el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda que tuvo lugar en el Salón Illia, estuvo de invitado Manuel Mera director de Protección Social de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) quien brindó la mirada de la organización respecto del tema.
El expositor planteó tocar el tema de la movilidad previsional “dentro de lo que es todo el sistema previsional argentino que es muy complejo que, a lo largo de este año, se ha llevado a cabo diferentes discusiones en el Congreso e imaginamos también el año que viene va a continuar”.
Mera comentó que se pueden medir los sistemas en tres dimensiones: cuánto cubre, cuántas personas cubre y que tan buenos son los beneficios y qué tan caro es. Así, precisó que “dos de esas tres maneras de medir qué tan bueno es un sistema, Argentina en términos de cobertura está rankeada muy bien porque el 95% de los mayores de 65 años tienen algún tipo de cobertura. Incluso si nos vamos un poquito más arriba 70 años la cobertura es casi total”.
Respecto de la adecuación sostuvo que “el estándar internacional es más o menos una tasa de sustitución de 45%. Esto de que los jubilados ganen más o menos un 45% de lo que es un salario promedio de la economía. El último cálculo de estos días daba en 43 es un 150% de salario mínimo. En términos estándares internacionales está bien, en términos de adecuación es razonable en términos de estándares internacionales. Sin embargo, sí es un es un sistema caro es un sistema que cuando uno ve lo que es la evolución y el proceso de envejecimiento en Argentina presenta problemáticas”.
Mera advirtió que, si se toma “todo el sistema entre ANSeS, las cajas provinciales, las cajas profesionales, el gasto llegaba casi más del 12% del PBI eso es alto para para región y para el mundo”, y señaló que “este número se ha bajado un poco en los últimos años por el impacto que tiene la inflación sobre los haberes, pero hay una cuestión de cómo sostenemos esto en el largo plazo que es uno de los temas a abordar para el mejoramiento de un sistema provisional”.
"Estamos pidiendo a la persona que tenga en promedio 67% de su vida laboral formal, es una barrera muy alta para exigir".
El director de CIPPEC indicó que “el gran desorden” está en que “hay 200 maneras de entrar a una jubilación”, y planteó: “El régimen general, propiamente dicho la gente que alcanza los 30 años, si va por el régimen general es más o menos el 40% de todas las personas que tienen algún beneficio jubilatorio, el resto entra por algún tipo de excepción”.
Así, propuso pensar el régimen a largo plazo teniendo en cuenta el proceso de envejecimiento de la población porque “en los últimos 10 años cayó, por un lado, la fecundidad en un 34% a 38, hay muchos menos nacimientos y también hay una mayor esperanza de vida. Esto nos compara quizás con distintos momentos en los cuales se pensó el régimen actual piensen que en los 90’ la esperanza de 71 años hoy es de 78 años, y para fin de siglo va a ser casi 88 según las proyecciones”.
“El sistema previsional argentino tiene esta lógica de la contribución, los trabajadores tienen que contribuir y el trabajador formal logra acceder. Pero un país que hace muchas décadas tiene alto nivel de informalidad estamos pidiendo a la persona que tenga en promedio 67% de su vida laboral formal, es una barrera muy alta para exigir y, si no tenés esos 30 años, perdes lo aportado”, criticó Mera.
También cuestionó que “en los últimos más de 10 años, desde que se aprobó la primera moratoria, la gran mayoría de las altas se dan a través de una entrada excepcional que no termina de resolver la cuestión de fondo que es la equidad o la inequidad que genera esos 30 años requeridos para la formalidad”. Así, sostuvo que parte de un problema que hay que resolver es cómo se dejan de aprobar moratorias permanentemente.
"Casi el 70% en 2021 necesitaron algún tipo de excepcionalidad para poder acceder. También hay una cuestión de inequidad al trabajador que aportó años y no lo logró”.
Mera explicó que el sistema previsional es un sistema contributivo que se basa en lo que se aporta y precisó que “de los 8.3 puntos que estimamos que se gastó el año pasado, 3 puntos no vinieron de contribuciones laborales de todo el régimen, vienen de impuestos específicos y en algunos casos transferencia del tesoro”, y aclaró que eso es un déficit contributivo porque “lo que no logramos cubrir con contribuciones, gran parte tiene que ver con el cubrir en pensiones no contributivas, con cubrir algunos regímenes que tienen subsidios como pueden ser el monotributo, por cubrir alguna cuestión como la moratorias”.
“El 24% del gasto se va en el régimen general en jubilaciones y pensiones de las personas que cumplieron el requisito puntual de la ley de aportar 30 años; el 23% es moratoria, es decir, personas que entran con excepcionalidad al régimen de pagos para completar lo que se les adeuda; y luego hay una masa de cajas provinciales y una serie de regímenes o puertas de entradas pensiones no contributivas, especiales y diferenciales que generan debate están alrededor de 14% del gasto”, detalló.
Al respecto, planteó la necesidad de reducir ese gasto y cómo hacerlo sostenible para la sociedad que está envejeciendo, por lo que propuso “ordenar y tratar de reducir estas inequidades”.
Así sugirió: “Dejar de pensar en moratorias y quitar el requisito de 30 años mínimo para obtener una jubilación. Pensar en un componente universal que tenga un valor similar a una moratoria, pero al fin del día es más o menos un 80%”.
“Hacer un componente contributivo que premie todos los aportes hechos por la persona. Esto se alinea con lo que se están haciendo en muchos países”, agregó y sumó: “Se había planteado una prestación de retiro proporcional dentro de la Ley de Bases. Esto va en esa línea con qué hacemos con esas personas que no alcanzan los 30 años, pero algo aportaron. Eso tiene un impacto en distributivo y de equilibrio fiscal”.
También manifestó revisar el sistema de pensiones por fallecimiento, pensiones por invalidez, porque “acciones que se pensaron para un mercado laboral para una estructura familiar que ya no existe”, y explicó que “en Argentina tenemos una duplicación de beneficio muy alto que lo vuelve un sistema caro. La idea no es quitarlo, sino buscar un equilibrio".
Por último, insistió en la necesidad de tomar el índice de inflación que “creemos es muy positivo para el debate” y aclaró: “Sería importante incorporar algún tipo de ajuste por salario real por dos cuestiones: por una cuestión de esta relación que tiene la pensión con el trabajo esta idea de que una jubilación lo que hace es cubrir a la persona en periodo donde no puede trabajar, o sea, que hay una relación directa ahí. Otra cuestión es práctica para evitar litigiosidad, el hecho de que el ajuste por inflación y el ajuste de salarios se pueda mover por carriles distintos puede generar discusiones y judicialización por la actualización de los haberes”.
Recibimos en @SenadoArgentina a @manuelmera83, Director de Asistencia Social de @CIPPEC para continuar con el tratamiento de iniciativas de movilidad previsional. Un debate urgente que debe ir hacia una reforma integral del sistema, para llevar justicia a los jubilados. pic.twitter.com/mNGmuT3YdT
— Peteco Vischi (@PeteCoVischi) August 7, 2024
“Nosotros tenemos un sistema muy amplio, una economía que creció muy poco, que tiene salarios bajos y jubilaciones bajas. Necesitamos que las jubilaciones sean más altas y para eso hay que hacer más equitativo al sistema. Tenemos más de la mitad por fuera del régimen general”, sostuvo Martín Lousteau, mientras que su par el chaqueño Víctor Zimmermann opinó: “La modificación que se plantea en el dictamen del oficialismo es que la actualización del 8,1% sea a partir de la sanción de la ley. Creo que se puede hacer un esfuerzo con respecto a este punto”.
En tanto, el puntano Fernando Salino (UP) consideró: “Necesitamos mejorar el poder adquisitivo de los jubilados y no podemos avalar una medida que solo conserve su poder adquisitivo actual. Estamos de acuerdo en usar el IPC, pero resulta imprescindible hacer correcciones por salario también”, mientras que la bonaerense Juliana Di Tullio (UP) expresó: “Según datos actuales, hay 600 mil trabajadores menos aportando. Este no es un buen escenario para discutir un sistema previsional”.
Los autores de los proyectos explicaron ante un plenario de comisiones los puntos centrales de sus iniciativas y remarcaron las coincidencias y diferencias del enviado por el Ejecutivo. ¿Cómo seguirá el tratamiento?
Un plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomó este martes el debate del proyecto enviado por el Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.
En esta segunda reunión, que se llevó a cabo en el Anexo “C”, expusieron los autores de los proyectos presentados vinculados a la temática. Además, Laura Rodríguez Machado –titular de Legislación General- aclaró que los diputados que presentaron proyectos, pero que no disertaron en el encuentro de este martes serán convocados para la próxima reunión y resaltó: “Serán escuchados todos”.
El primero en defender su iniciativa fue el diputado de UP Ramiro Gutiérrez quien expresó: “Es un tema muy importante porque tiene un reflejo profundo en la sociedad en la determinación de la responsabilidad penal de los menores por la comisión de delitos previstos en el código penal argentino”. El bonaerense explicó que su proyecto establece un criterio “pro minoris, pero también de defensa de la sociedad y de las víctimas de la comisión de delitos”.
“No es un simple proyecto de ley, es un verdadero código que tiene dos capítulos, ocho títulos y 62 artículos. Nos llevó más de un año la elaboración donde hemos verificado desde la legislación comparada hasta los regímenes de responsabilidad penal juvenil que hoy imperan en nuestro país como en la provincia de Buenos Aires o en La Rioja”, detalló.
Así, el diputado opositor recordó que han presentado en el año 2016 un Código Penal para la República Argentina y precisó: “Ese código establece una nueva forma y un nuevo baremo de delitos, modernizando un Código Penal que hoy tiene más de 100 años en la Argentina”.
“Este código de responsabilidad penal juvenil complementa la responsabilidad de los mayores. Cualquiera que quiera hablar de responsabilidad del menor tiene que hablar de la responsabilidad del mayor, porque los institutos de la suspensión del juicio, prueba atenuante, agravantes, excusas absolutorias, todas las formas de autoría y coautoría, la reincidencia todo está regulado en el código de mayores. Entonces no puede venir una ley complementaria que toma esos institutos a tener independencia respecto de un código el modelo. El código de adultos debe reflejar el modelo de código este de responsabilidad penal juvenil”, explayó.
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Al retomar su iniciativa, precisó que tiene “dos grandes capítulos: uno de encuadramiento especial y la especialidad del fuero. Este es un fuero que se rige por tres principios generales: interpretación prominoris, especialidad y especificidad”.
Así, indicó que en el artículo 3 del proyecto de ley tiene en nueve incisos, 21 principios especiales para regular la responsabilidad del joven, 21 normas interpretativas y regulatorias para la mirada de los órganos de persecución, defensa, enjuiciamiento, revisión y ejecución de la pena que deben regirse en forma especial.
Gutiérrez explicó que el artículo 8 contiene cuatro enfoques: género, derechos, interculturalidad y restauración del conflicto. En el artículo 22 se receptan 12 garantías procesales además de las garantías de los adultos, hay 12 garantías en el proceso penal del joven expresamente previsto.
En el artículo 24 se establece un límite temporal de la pena que son los 6 años y explicó: “Antes de los 6 años, el fiscal puede hacer uso de la disposición de la acción penal y, después de los 6 años, son donde se impone las medidas más restrictivas de privación de la libertad para los delitos que tienen pena mayor a los 6 años donde se prevén las medidas alternativas terapéuticas o las medidas de internaciones”.
El artículo 28 prevé el aseguramiento preventivo para los casos de penas mayores de 6 años que “es como la medida cautelar más intensa del proceso está prevista”. El artículo 31 establece la capacitación en principios de especialidad y de prominoris para todos, tanto como el personal que intervenga en el ciclo de prevención y de seguridad, como todo aquel que tenga contacto con un menor en la etapa de la prevención o en la etapa de juicio o en la etapa de ejecución de la pena tiene que ser debidamente formado.
El artículo 32 tiene seis medidas cautelares para los padres o representantes legales; el artículo 46 prevé 10 medidas alternativas a la medida cautelar más intensa; el artículo 48 es la medida cautelar más intensa que es la internación y solo se establece para delitos con pena superior a los 6 años y se prevén sanciones o medidas que son las que el juez va a tener en su haber”.
El diputado opositor destacó las cláusulas transitorias que propone “porque es la implementación y es la gran diferencia con los otros proyectos”, y planteó: “No se puede incrementar en un plazo mínimo de 3 años el fuero de responsabilidad penal juvenil como propone El Ejecutivo”, y remarcó que “debe haber posibilidades de resocialización y reinserción y por ello debemos formar a todos los operadores”.
“Hemos puesto una cláusula de suspensión transitoria por 3 años para la verdadera instrumentación de un fuero que hoy la Argentina no tiene y que es necesaria. Cuando un joven comete delito no nos debemos lavar las manos, debemos intervenir, resolver y solucionar un problema que hoy existe y que la peor manera de abordarlo es no tratarlo”, consideró.
Gutiérrez precisó que "la responsabilidad del menor imputable la fijamos en 14 años" y argumentó: “Hemos seguido los criterios de la Convención de los Derechos del Niño que, en la resolución del año 19, insta los países adoptar una responsabilidad, es decir un grado de esfuerzo de comprensión de la criminalidad del acto que se verifica a partir de los 14 años de edad”. Así ejemplificó que la persona que pone un arma de fuego en la cabeza o en el cuerpo de otra y dispara a los 14 años entiende la gravedad de lo que hace y de las consecuencias que va a causar, pero planteó que “la responsabilidad debe ser diferente a la de los adultos. Comprende, pero el régimen de responsabilidad debe ser diferenciada”, e indicó que hay que regular el proceso penal.
Por último, señaló que prevén medidas cautelares para los padres cuando el menor de edad toma un bien de los padres y produce un daño; se debe poder disponer medidas cautelares como la inhibición general de bienes u otras que van a repercutir sobre el hacer de los padres; si un juez dispone que uno de los chicos debe empezar un tratamiento el padre tiene que supervisar ese tratamiento y es una obligación de hacer que acompañan las medidas cautelares.
Además, explicó que establece más de diez medidas cautelares para que el juez tenga como alternativa frente a un menor porque “no puede dar la misma fórmula para todos”.
"La responsabilidad del menor imputable la fijamos en 14 años. Hemos seguido los criterios de la Convención de los Derechos del Niño".
El segundo en exponer fue el diputado Martín Yeza (Pro) quien criticó los argumentos de algunos legisladores en la reunión informativa pasada que “realmente me han dado escozor al respecto de la noción de cuál es el rol del Estado sobre los menores”.
“Si el mejor argumento que tiene para ofrecer esta Cámara -que tiene como fin legislar, regular construir soluciones, normativas para los problemas profundos que tiene de arrastre en la Argentina- es que si un chico, lamentablemente, tiene padres pobres lo único que le queda es la delincuencia, creo que mínimamente lo que nos debe generar es una reflexión al respecto”, cuestionó.
“Si el mejor argumento que tiene para ofrecer esta Cámara -que tiene como fin legislar, regular construir soluciones, normativas para los problemas profundos que tiene de arrastre en la Argentina- es que si un chico, lamentablemente, tiene padres pobres lo único que le queda es la delincuencia, creo que mínimamente lo que nos debe generar es una reflexión al respecto”, cuestionó. Yeza planteó que las leyes en la Argentina “no se cumplen” y recordó el caso de Morena, la nena de 11 años asesinada camino al colegio en Lanús por “un pibe de 15 años que había tenido 22 ingresos a la comisaría”.
El diputado del Pro afirmó compartir parte del proyecto de su par preopinante, pero también del proyecto del Gobierno nacional al respecto de bajar la edad de imputabilidad y remarcó que “las pequeñas y sutiles diferencias entre los distintos proyectos tiene que ver con cuáles son las soluciones que han alcanzado distintos países del mundo”, y remarcó que al día de hoy solo la Argentina solamente comparte la edad de imputabilidad con el gobierno de Cuba.
Dije que solo iba a hablar en el congreso por instrucción del jefe de bloque: hoy defendí el proyecto de baja de edad de imputabilidad a 14 años. https://t.co/4Ht3fL4jga
— Martín Yeza (@martinyeza) August 6, 2024
“Después hay un grupo de países entre los cuales están Suecia, Noruega y Finlandia que comparten una edad de imputabilidad de 15 años y después el resto de los países de la región comparten un estándar internacional. La mayoría de la democracias liberales y occidentales del mundo deben ser los 14 años”, manifestó, pero señaló que científicamente no está establecido si la conciencia termina de desarrollarse entre los 12 y 13 años, aunque remarcó que “es un estándar internacional que definitivamente es a partir de los 14 años”.
Sin embargo, apeló a los criterios jurídicos y a la experiencia comparada a nivel internacional “se observa una mayor cantidad de casos a partir de los 14 años en un tipo de delito que tiene una complejidad dado que la Argentina”.
“En los últimos 20 años se constituyó en un país sin luchar contra el crimen, sin crecimiento económico, con crecimiento de la pobreza, con consolidación del narcotráfico en el caso de la provincia de Buenos Aires, con un narcotráfico organizado en el caso de todo el conurbano mezclado con la marginalidad, lo que ha generado es que en este Régimen Jurídico Penal de la argentina se utilicen a menores de 16 años por el narcotráfico presos de las adicciones”, cuestionó.
Yeza manifestó que “no existe nuestra Constitución Nacional que el derecho a la vida valga menos según quien sea la persona que le quite la vida a las personas”, y respaldó que la edad de imputabilidad sea a partir de los 14 años.
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Así, explicó que su iniciativa desarrollo dos sistemas: un sistema cerrado y un sistema semicerrado en donde se contemplan a la vez dos tipos de casos. “El primero y principal el caso en donde las víctimas tienen que ser encerradas privadas de su libertad, pero después por supuesto en casos más complejos que es cuando tratamos con victimarios que tienen problemas psiquiátricos psicológicos o algún tipo de adicción y que merecen otro tipo de tratamiento”.
Además, el proyecto contempla penas para los padres de distinta índole y aclaró: “No solamente inhibición de bienes, sino también vinculados a su propiedad y a otro tipo de herramienta jurídicas”, y cerró: “Hay que pasar a un régimen del imperio de la ley de la justicia que además contemple la rehabilitación de estos menores que entre 14 y 18 años”.
Luego expuso la sanjuanina Nancy Picón Martínez sostuvo que el proyecto tiene que ver con los datos que la misma Corte de Justicia lanza “sobre cómo viene siendo el incremento de menores cometiendo delitos y frente a esto una sociedad que está pidiendo hace rato respuesta y que por supuesto son temas complicados de tratar”.
Picón Martínez señaló coincidencias en varios de los puntos del proyecto presentado por el Ejecutivo, pero aclaró que tiene algunas diferencias. Si bien coincide en que la edad sea de 13 años, su iniciativa “establece que sea un cuerpo de psicólogos y psiquiatras que le diga al Poder Judicial por qué debe responder por este acto, entendiendo que serán ellos quienes estén capacitados de decirle si el menor comprende la criminalidad del acto que llevó a cabo”.
“¿Por qué 13 años?”, preguntó y respondió: “A los 13 años si el menor puede elegir si tener relaciones sexuales libremente, entonces creemos que si tenemos la posibilidad de elegir frente a otro acto”.
La sanjuanina comentó que la Corte brindó datos que reflejan que ha habido un incremento: “El 21% más que el periodo del año anterior. Respecto a los hechos cometidos por menores y justamente la edad en que cometen estos delitos comienzan a los 13 años”. “Para cuidar los derechos de estos chicos tenemos que saber si comprendió la criminalidad del acto. Si la comprendió, entonces debe ser juzgado por esto y es hora de que la sociedad comience a tener respuesta en estos temas”, planteó.
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Además, coincide en incentivarlos a estudiar; cuidado de menores en lugares distintos a los adultos a fin de cuidar su integridad. “Nuestro proyecto habla de que los chicos mayores de 14 años y menores de 18 que se han reprimidos por pena privativa de libertad, cuyo máximo en abstracto no sea inferior a 15 años, serán sometidos a las medidas de coerción seguridad, pena privativa de la libertad y ejecución como los mayores de edad, salvo el alojamiento”, SUMÓ.
“Entendemos que es hora de que comiencen a responder y porque luego de hablar con muchas familias víctimas del dolor por actos llevados a cabo por menores también nos damos cuenta de que todos tenemos derechos, pero también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones”, expresó.
Por último, indicó: “En lo demás coinciden los proyectos, básicamente nuestra diferencia sustancial está dada en esto de que a los 13 años los chicos primero pasen por una auditoría para saber, por personas que estén realmente capacitadas, si el chico comprendía o no el acto que estaba llevando a cabo”.
La última en exponer fue la chubutense Eugenia Alianiello (UP) quien propuso buscar puntos de consenso entre los proyectos, pero criticó: “Es un error caer solamente en la edad de punibilidad creo que tenemos que pensar para poder legislar qué entendemos por encierro, para qué planteamos el encierro, cuáles son las herramientas de resocialización que se van a brindar”.
Así, explicó que en su iniciativa establecen la edad de 16 años y propuso: “Cuando dicen a los 13 años baja edad de punibilidad tienen que saber que cumplida la pena esos adolescentes van a volver a vivir en sociedad y depende de cuál es el tránsito que ellos tengan con qué herramientas van a salir para poder saber cómo se van a reinsertar en la sociedad. Creo que ese es el punto de inflexión del funcionamiento o no del sistema de protección integral”.
“Tenemos un profundo convencimiento de que nuestro país necesita un Régimen Penal Juvenil ágil, eficiente y especializado, pero sobre todas las cosas tener presente que no alcanza solamente con el Poder Judicial”, consideró Alianiello y precisó que proponen la derogación de la Ley 22.278 “que tiene muchas referencias con el proyecto oficialista y que fue firmada por Videla”.
La chubutense sostuvo que “hay que abordar el tema con un enfoque integral, no solamente punitivo, entendiendo a los jóvenes como lo que son sujetos de derechos porque es necesario contar con un sistema penal juvenil que contemple la justicia restaurativa y, a la vez, la responsabilización de los adolescentes con conductas infractoras”, y afirmó: “La solución no es bajar la edad de punibilidad, ni castigar, sino responsabilizar”.
También destacó que la iniciativa de su autoría plantea que “sin disponibilidad de recursos, sin estructura institucional, sin cumplimiento de las leyes vigentes y los acuerdos internacionales todo esto es un callejón sin salida”.
“El proyecto del Poder Ejecutivo es inconstitucional, ineficaz, inquisitivo, inconsulto, irresponsable e invotable”, destrozó.
Y cerró: “hay una necesidad de debatir este tema tan sensible con una mirada integral, amplia y seria, apoyada en datos certeros y no en meras especulaciones ideológicas teniendo como eje principal de debate acerca del sistema de protección integral el punto de la edad de punibilidad”.
A un año de la reglamentación de la norma, el diputado de Unión por la Patria afirmó ante parlamentario.com que “es un poco precoz para tener un impacto definitivo”, pero adelantó que han incorporado preguntas para el jefe de Gabinete para conocer datos y que “no bajen los controles”.
El pasado 24 de julio se cumplió un año de la reglamentación de la Ley 27.680 del Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana y las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud, más conocida como Ley de Resistencia Antimicrobiana.
La norma fue sancionada por unanimidad en el Senado en agosto de 2022 y establece la regulación de cuestiones vinculadas al expendio, como que “todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica debe ser la de ‘venta bajo receta archivada’”.
El proyecto prohíbe “toda forma de anuncio al público de todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica”. La iniciativa modificó el artículo 13 que reza: “Las presentaciones destinadas a la promoción sin valor comercial, muestras gratis, muestras para profesionales o cualquier otra denominación abarcativo de los medicamentos que incluyan Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA), que tengan actividad antimicrobiana sistémica, solamente pueden ser entregados a los pacientes bajo receta del profesional médico que autoriza su entrega, en cantidad suficiente para tratamiento completo y en un solo envase”.
Asimismo, establece que “deberá regularse y promoverse el uso racional y prudente de los antimicrobianos en salud animal y producción agroalimentaria a través de sus organismos competentes” y que “se eliminará gradualmente el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento en animales para consumo humano”.
En un principio, la norma se cumplía al pie de la letra, por sobre todo a la hora de ir a una farmacia para comprar un antibiótico, es decir, contar con la receta del médico y un duplicado. Sin embargo, en los últimos meses comenzó a observarse que en algunas jurisdicciones la exigencia de contar con dicha documentación mermó.
Por ello, parlamentario.com dialogó con uno de los principales autores de la iniciativa, el actual diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria), quien destacó que la Ley de Prevención de la Resistencia Antimicrobiana “es una ley del Congreso Nacional porque se votó con enorme unanimidad de las cámaras y ha sido muy bienvenida por toda la sociedad científica que tienen que ver con la infectología, pediatría, clínica médica y por todas las farmacias”.
El tucumano opinó que la implementación de la norma “es un proceso que se está llevando adelante”, y relató como experiencia personal que “en la mayoría de los momentos donde tuve la oportunidad de ver a alguien en una farmacia pidiendo un antibiótico o incluso en lo personal, se me ha pedido la receta duplicada o formato digital para poder archivarla que es el requerimiento que la Ley pone, además del diagnóstico y prescribir la dosis adecuada para el tratamiento completo”.
“Su implementación no es del todo mala”, resaltó el médico, pero señaló que “la fiscalización de las farmacias que es una tarea de cada una de las jurisdicciones, salvo en la Ciudad de Buenos Aires que es una tarea el Ministerio de Salud de la Nación”, y reiteró: “En el resto de las provincias es jurisdiccional y es la clave para que esto se cumpla con mejor calidad”.
El entonces diputado ponderó que “desde el punto legislativo hicimos una norma de avanzada, es una de las pocas de Latinoamérica”, y consideró que “en líneas generales, los médicos han tomado consciencia de la enorme gravedad que tiene la posibilidad de la resistencia antimicrobiana y la aparición de cepas multirresistentes que después no tienen posibilidad de tratamiento”.
Yedlin recordó que la ley también preveía una disminución en el uso de antimicrobianos en la industria tanto de producción animal para alimentación, como avícola, en el rubro veterinario, pero afirmó: “No tengo datos de cómo se está cumpliendo”.
Por ello, adelantó que han “incorporado en las preguntas que le hicimos al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, para ver cuál es el impacto en este sentido”, en referencia a la visita del funcionario al Congreso que hará a fines del mes de agosto.
“Es un poco precoz para tener un impacto definitivo, pero para que no se bajen los brazos en el control de esta Ley que es muy importante”, finalizó el legislador.
Los invitados informaron que “en los últimos cuatro años existió un aumento de intervenciones judiciales en adolescentes”, remarcaron la necesidad de modificar la Ley vigente “para proteger a la víctima y al adolescente” porque el ordenamiento legal “está desactualizado” y alertaron que “los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”.
La Cámara de Diputados comenzó este miércoles a analizar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.
Fue en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, de Justicia, de Familias y de Presupuesto y Hacienda. La reunión fue de carácter informativa, ya que expusieron el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y Relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto. También participó el subsecretario de Política Criminal del Ministerio Público de la Nación, Alberto Nanzer.
La diputada Laura Rodríguez Machado, titular de la Comisión de Legislación Penal, detalló cómo será el debate: el próximo martes 6 de agosto solicitarán a los bloques que expliquen sus respectivos proyectos presentados; y el miércoles 14 de agosto darán inicio a la ronda de expositores e invitados que los bloques convocarán.
La radical Roxana Reyes, titular de la Comisión de Familias, expresó que el proyecto “es un régimen penal que apunta a garantizar la Convención de los Derechos del Niño y de las Normas previstas en Naciones Unidas sobre niños jóvenes que delinquen o están en el proceso de reproche penal”.
“Creemos que la comisión tiene la función de garantizar que el Régimen Penal tenga la función de resocialización, educación y que no sea necesariamente punitivo, sino que reinserte al joven que por razones diferentes multicausales ha ingresado a la actividad criminal”, resaltó.
El primer expositor fue Fernando Oscar Soto quien remarcó que la Ley argentina tiene “una deuda con la sociedad y la democracia” respecto de la Ley de menores porque la norma actual fue reformada por la dictadura militar. “Hace 44 años se está debatiendo la necesidad de reformar esta ley”, expresó y recordó que durante la campaña electoral “todos los partidos propusieron bajar la edad de imputabilidad y reformar la Ley de Régimen Penal Juvenil”.
“Esperemos que este Congreso tome el debate y sancione una ley que actualice el régimen penal con las características particulares y tienen en cuenta la edad de imputabilidad que es la que está en la región y en el mundo. Hay una necesidad de actualizar”, sostuvo Soto.
El funcionario comentó que vieron las estadísticas por la Corte Suprema de la Nación y de la provincia de Buenos Aires y alertó que “vienen en aumento todos los años en la franja de 16 y 17 años que son los punibles, pero en los pocos datos oficiales que hay, también viene en aumento los casos de menores que van de los 13 a los 15 años de edad”.
“Esto tiene que atenderse para proteger a la víctima y al adolescente que está en conflicto con la Ley penal y expuesto a una vulnerabilidad especial por su propio desarrollo psicofísico y por las circunstancias de verse inmerso en la conflictiva penal. Por lo tanto, hay que cuidarlo más allá de su eventual declaración de imputabilidad porque inimputable o menor incluso a la edad de 13 años que proponemos”, explayó.
Luego, disertó Sebastián Amerio quien defendió la iniciativa al plantear: “Entendimos que esta es una demanda que tiene la sociedad y que debemos atenderla como Ejecutivo y ustedes deben atenderla como representantes del pueblo y trabajar en comisión y buscar una reforma porque creemos que esta ley es superadora a la del año 1980”.
Amerio repasó algunos de los fundamentos que llevaron a presentar el proyecto, entre ellos comentó: “La situación de los menores en conflicto con la ley es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple, no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañan al adolescente luego con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada en este sentido”.
El secretario de Justicia destacó que la Ley 22.278, que es el actual Régimen Penal de la minoridad, fue sancionada en el año 1980 y “no responde a los principios reconocidos por la Constitución Nacional y en la legislación internacional respecto al menor que ha infringido la ley penal”.
En ese sentido, planteó que “es indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios a nuestra realidad social”, y explicó que “los adolescentes o actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales”.
"Actualmente los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes"
Además, señaló que la legislación actual presenta una serie de “problemas”, y enumeró: “El primero de ellos es la edad de imputabilidad vigente, porque actualmente los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”, y sumó: “Estas circunstancias genera una situación de injusticia que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones”.
Amerio precisó que la legislación argentina se encuentra en minoría en la región en cuanto al umbral de imputabilidad, debido a que la mayoría de los países han establecido sus edades de imputabilidad más baja y subrayó que “nuestro ordenamiento legal se encuentra desactualizado”.
“En nuestra sociedad y en las sociedades sobre todo latinoamericanas que tenemos los índices más elevados del mundo es necesario revisar y ajustar la normativa nacional para su alineamiento con la experiencia comparada y los estándares internacionales en la materia y, garantizar así, una respuesta más efectiva a la criminalidad juvenil”, consideró.
En tanto, informó que la República Argentina y la República de Cuba se encuentran son los únicos países de la región que han establecido los 16 años como la edad mínima de responsabilidad penal contrariamente en consonancia con los cambios operados en las últimas décadas otros países han modificado su legislación para evitar la impunidad en crímenes cometidos por adolescentes.
En esa línea, ejemplificó: Chile, Colombia y la República de Perú han fijado la edad en 14 años; Guatemala, Nicaragua y de la República Oriental del Uruguay en 13; Brasil y los Estados Unidos en 12 años y Granada y la República de Trinidad y Tobago en siete.
“Los niños, niñas y adolescentes poseen los mismos derechos que todas las personas, pero tienen, además, derechos especiales que derivan de su condición. Eso supone un tratamiento diferenciado en el ámbito de la Justicia penal juvenil lo que requiere la sanción de medidas específicas y esenciales para el resguardo de esos derechos”, aclaró.
Promediando su presentación, el secretario de Justicia brindó datos de la Corte Suprema de los primeros semestres de cada año que “demuestran que en los últimos cuatro años existió un aumento de intervenciones judiciales en adolescentes: 822 para el año 2021 que es un 22% de aumento con respecto al año anterior; 906 para el año 2022 que representa un 10% de aumento aproximadamente respecto al año anterior; y 986 para el mismo periodo en el año 2023 ya venía bastante elevado y esto representa un 9% de aumento respecto del año anterior”.
Por último, brindó tres argumentos de Justicia respecto de la “importancia que tiene este proyecto de ley”, y explayó: “La baja edad de imputabilidad tiene que ver con la falta de credibilidad y legitimidad del sistema porque no se atienden los casos de menores que generan impunidad. Este es un punto que nosotros entendemos que es así y podemos explicar los motivos”.
“Como segundo argumento de Justicia hay una adecuación o de fase entre el derecho penal Juvenil y el derecho constitucional que ha sido resuelto por vía jurisprudencial en el mencionado caso Maldonado de la Corte Suprema”, agregó y cerró: “La tercera cuestión es que hay una elevada reiteración delictiva juvenil. Hay un montón de estudios de criminólogos y sociólogos y especialistas en el tema que demuestran la gran cantidad de reiteración de los delitos que cometen los adolescentes”.
Fue tras el pedido reiterativo de UP y la UCR, que fue recogido por el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El tratamiento del proyecto pasó a un nuevo cuarto intermedio con fecha y horario a confirmar.
El oficialismo terminó este martes con un sabor amargo, tras haber experimentado en ambas cámaras sendos desaires. En Diputados, la oposición le infringió finalmente una derrota legislativa al forzar la sesión especial que había pedido para tratar el tema educativo. E inmediatamente después de concluida esa sesión en la que la oposición consiguió aprobar sendos emplazamientos para tratar proyectos relacionados al financiamiento universitario y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, concluía en el Salón Azul del Senado una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la que no pudo conseguir dictamen. Contrariamente a lo que se proponía, el oficialismo seguirá esperando para tener listo el paquete fiscal para llevar al recinto, pues cerca de las 19 y tras casi 5 horas de debate el senador Ezequiel Atauche anunció un nuevo cuarto intermedio con fecha y hora a confirmar.
El primero en hacer uso de la palabra fue el vicepresidente de la comisión, el puntano Fernando Salino (UP), quien analizó: “Le estamos dando a la reglamentación un espacio que no tiene porque hay potestades que no se pueden tratar por esa vía”, y explicó que reglamentar “no es legislar, es hacer operativa la ley. No se pueden modificar cuestiones propias tan profundas como las que se plantearon a partir de la reglamentación”.
Al respecto, indicó que lo establecido en el artículo 35 “no se puede hacer ni poner en la ley. No puede decir cuáles van a ser las excepciones a un régimen que otorga facilidades, lo tiene que decir la propia ley. Tenemos que trabajar en la comisión para hacer la ley amplia y profunda para que la reglamentación sea un paso operativo nada más”.
Salino valoró que se siga trabajando, que se escuchen todas las voces, pero “deberían ser escuchadas muchas más que nos ayudarían en el tema que es complejo”.
Por otro lado, se refirió al blanqueo de capitales y cuestionó el monto de 100 mil dólares, que se paga en dólares y la base imponible se calcula en dólares: “Es una posición que no compartimos porque esta no es nuestra moneda. Es una cuestión de soberanía”. También criticó que “nada se dice sobre saber el origen de los fondos que, además de grave, es peligroso porque se dejan de lado controles, tiene que ver con el lavado de dinero, con el narco lavado y lo menos que se debería exigir es una explicación del origen de los fondos. Se sugirió una declaración jurada y en principio no fue contemplado”.
En esa línea, también cuestionó que “no puede ser el mismo tratamiento para quien nunca participó de un blanqueo y quienes sí”, pero destacó que se incluya en el artículo 47 a los hermanos que “es algo que falta”.
Foto: Comunicación Senado
“No compartimos el artículo 35 porque no se entiende el sentido del mismo, quiénes son los beneficiados. Esto es blanquear la figura del testaferro y no participamos de eso, no nos parece un tratamiento adecuado. Los funcionarios cuando explicaron parecen tener una voluntad, pero la ley dice otra cosa”, rechazó el puntano y sostuvo que “esto se soluciona trabajando poniendo en la ley lo que se quiera decir y cada legislador podrá coincidir o no. Las leyes no trasladan voluntades, sino una letra a la cual tenemos que atenernos todos y, en caso de diferencias, la justicia se va a tener a eso”.
Por otro lado, sugirió extender a 10 años la excepción de los funcionarios a la posibilidad de un blanqueo. “El blanqueo tiene que ver con bienes fuera del sistema, con quien ha evadido y hay un tratamiento similar a la moratoria, pero en una moratoria el contribuyente se auto determina. Se está facilitando las cuestiones para el blanqueo con bienes fueran del sistema con una serie de cuestiones que no compartimos”, manifestó.
El puntano cuestionó: “Es muy grave permitir blanquear a quienes han retenido dinero de los trabajadores y no lo han depositado y a esto se le da un trato exactamente igual que al resto de las cuestiones. Es un tratamiento demasiado ligero”.
Al hablar de bienes personales, Salino señaló: “El incremento del mínimo no imponible es del 786% hace que queden afuera del pago muchos grandes contribuyentes. Esto marca la tendencia de todo el proyecto y nos lleva a no acompañarlo porque en el impuesto a las Ganancias cada vez van a tributar más trabajadores, pero el impuesto a los bienes personales cada vez lo paguen una menor cantidad de grandes contribuyentes”, y anticipó que para fines del 2026 las provincias perderán de recaudación 1,6 billones de pesos por lo que alertó: “Esto no beneficia en nada a las provincias argentinas”.
En este sentido, indicó que uno de los puntos más graves es que por 5 años no están alcanzadas las incorporaciones al patrimonio: “Vemos difícil poder mejorar esta idea con un simple cambio, sino que requiere un cambio profundo”.
Sobre Ganancias, el senador de UP recordó que cuando se dictó el decreto 473/23 “al bajar el mínimo no imponible muchos trabajadores quedaron fuera de la obligación de tributar”. Así, señaló que el proyecto de ley dice que “el Ejecutivo puede aumentar el mínimo no imponible durante 2024, pero si el aumento no se produce, es mucho mayor el número de trabajadores que quedan alcanzados por el impuesto. Recién en 2025 está previsto que se aplique el IPC. Además, el aguinaldo que no estaba incluido, acá queda gravado”.
A su vez, Salino expresó su preocupación por el monotributo social porque “son 600 mil trabajadores los que se ven perjudicados. Lo más factible que suceda es que no tributen nada y esta posibilidad de acercarse a la formalidad, son trabajadores de muy bajos ingresos. Uno de los mayores perjuicios es que muchos dejen de tener su obra social”.
“Más de 1 millón de trabajadores van a quedar incluidos en el impuesto a las ganancias y 125 mil grandes contribuyentes se van a ver beneficiados con la reducción de los bienes personales”, advirtió y cuestionó: “Esto grafica una política y muestra bien hacia quiénes está dirigido este paquete fiscal y es fundamento suficiente para no acompañar. No representa ingresos tampoco ni beneficios”, cerró Salino y agregó: “Nos vamos a sentar para mejorar esta legislación que, en la situación que vive la Argentina, nos resulta difícil imponerlo”.
Foto: Comunicación Senado
A continuación, tomó la palabra la bonaerense Juliana di Tullio (Unidad Ciudadana) para consultar si se continuará con la modalidad de traer invitados, a lo que Atauche le respondió: “Desde la presidencia por ahora no vamos a admitir más oradores, vamos a continuar con el debate”.
De forma breve, el titular del bloque UP el formoseño José Mayans lo corrigió al jujeño y le aclaró: “Usted no puede decir que la presidencia no va a admitir, eso es muy arbitrario y muy propio de la visión que ustedes tienen del poder. Usted tiene que decir ‘voy a poner a consideración’ y ahí la comisión decide. Es importante el tema porque nos ayuda a tener una mejor comprensión desde distintos sectores”.
Luego, el senador radical Martín Lousteau pidió la palabra para manifestar: “Tenemos que legislar y entender bien la materia que estamos tratando porque estamos haciendo cambios significativos para la vida de los argentinos como estabilidad tributaria por 15 años. Si las preguntas que tenemos se zanjan técnicamente sin llamar a ningún especialista podemos dar tranquilos el debate, pero ¿eso va a ocurrir? Pero si las respuestas a las preguntas que tenemos no surgen de la comisión, funcionarios o expertos van a tener que venir”, pero aclaró: “No me parece correcto que traigamos 100 o 50 expertos porque es una materia tributaria. Vale la pena apelar a una lista corta porque es una cuestión técnica”.
Al tomar la palabra, el libertario Bartolomé Abdala (San Luis) explicó: “La ley tiene dos aristas claras, por un lado, un blanqueo y, por otro lado, una moratoria. Son particularidades diferentes, pero pareciera que nos sorprendemos cuando somos todos conscientes que todos los gobiernos han hecho este tipo de legislación y de oportunidades para la ciudadanía”.
El puntano aclaró que lo que se busca es “recaudar algo para llevar a las arcas vacías que encontró el Estado el 10 de diciembre y oxigenar a las PyMES que estaban bastardenadas con una economía que viene complicada desde hace tiempo con la inflación. La posibilidad de esta ley es enriquecedora y la gente la está esperando”, y solicitó que quienes no gobiernen acompañen esta ley que la gente está esperando.
El salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) le enrostró al bloque opositor que el día del paro de la CGT, en el que UP no asistió a la reunión de comisión en la que disertaron funcionarios, se han “explicado largamente muchas dudas y hemos tenido respuestas de muchas de ellas. Acá se trata de saber si van a aceptar o si se puede hacer un texto modificado”, y cuestionó: “¿Qué nos puede venir a decir de nuevo la CGT acá, traer a las Madres de Plaza de Mayo?”, por lo que sugirió traer a dos o 3 funcionarios puntuales que terminen de aclarar dudas en torno a alunas modificaciones planteadas.
Tras la insistencia de Di Tullio y del senador Lousteau de traer expertos para que respondan preguntas técnicas sobre el paquete fiscal, el titular de la comisión afirmó: “Propongo que tras el debate llamemos a algún funcionario puntual del Ejecutivo a responder preguntas”. De la vereda de enfrente la bonaerense le planteó hacer un listado de pocos expertos y no solo invitar funcionarios.
A continuación, Di Tullio hizo consideraciones sobre el blanqueo que “habría que modificarlo, tengo muchas observaciones y es una herramienta de todos los Gobiernos que intentan evitar algunas cosas como captación de dólares, pero evitar dinero ilegal, o que se evite la elusión permanente, o que sean solo cinco años para atrás, evitar actos de corrupción”, y pidió prestar atención a los sujetos comprendidos en el artículo 53 y sugirió sacar cualquier suspicacia sobre los fideicomisos ciegos.
También expresó preocupación por el artículo 19 porque “nada indica en la redacción que no se pueda blanquear desde otro país. Yo lo evitaría, pero de no evitarse la trazabilidad sea seria y que el delito trasnacional no pueda blanquear en Argentina y no se convierta en un paraíso fiscal”.
Di Tullio calificó de “vergüenza” el capítulo sobre testaferros que va del artículo 35 al 40 y propuso eliminarlo por completo.
El secretario de la comisión, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR), sugirió que “no deberían poder blanquear aquellos que blanquearon últimamente y tiene que tener un plazo de 10 años como mínimo”. También sugirió sobre el artículo 28 de la base imponible de criptomonedas y criptoactivos para que “se pueda hacer una base imponible que tome la cotización al momento de la incorporación al blanqueo y no una fecha anterior como sugiere el proyecto”.
El chaqueño se refirió al artículo 32 sobre cuentas especiales de regularización y propuso que se incorporen las provincias para que “puedan tener una fuente de financiamiento propia”. Coincidió con sus pares de que los testaferros no pueden estar incluidos y no puedan blanquear y que el blanqueo de funcionarios sea de 10 años. Además, rechazó que se incorpore a los hermanos y descendientes.
Sobre bienes personales, sugirió que no se aplique el sistema especial y alícuota diferencial entre quienes tributan bienes y quienes tributarán producto del blanqueo, sino que “tiene que tener una tasa más alta”. Con respecto al impuesto a las Ganancias planteó que “se tenga en cuenta la deducción de los intereses de los Créditos UVA”, y expresó preocupación sobre la eliminación de la categoría del monotributo social.
El oficialismo contó con el apoyo del bloque Pro, Innovación Federal, y bloques aliados. Cómo votó HCF y la UCR.
Luego de una maratónica sesión que comenzó el lunes 29 de abril al mediodía y se extendió hasta casi las 9 del martes 30, el oficialismo logró en la Cámara de Diputados la aprobación en general del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. con 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones de los radicales Facundo Manes, Pablo Juliano, Marcela Coli y Fernando Carbajal; y la cívica Mónica Frade.
Los votos positivos fueron 142 de los cuales 37 correspondieron a La Libertad Avanza, 3 al flamante bloque MID; 36 del Pro; 30 de la UCR; 18 de HCF; los 8 de Innovación Federal y los 3 tucumanos del bloque Independencia. También votaron a favor las 2 diputadas de Buenos Aires Libre, las 2 diputadas sanjuaninas de Producción y Trabajo; la diputada de Creo, Paula Omodeo; Osvaldo Llancafilo del MPN, y José Luis Garrido, de Por Santa Cruz.
En contra votaron 98 de los 99 miembros del bloque Unión por la Patria; los 5 de la izquierda. De Hacemos Coalición Federal, votaron en contra la cordobesa Natalia de la Sota, y los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón.
Las abstenciones correspondieron a 4 radicales: Fernando Carbajal, Marcela Coli, Pablo Juliano y Facundo Manes; y una diputada de HCF, Mónica Frade.
Hubo solo 3 ausentes. El santacruceño Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Alvaro González (Pro) y el santafesino Roberto Mirabella (UP).
La diputada cordobesa cuestionó la gestión anterior por disolver la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. En tanto, planteó que lo “más importante es aprobar rápidamente las leyes que la ministra de seguridad envíe el Congreso”.
La ley antimafias comenzó a sumar adhesiones en el Congreso de la Nación tras el inminente anuncio que hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como una de las primeras medidas que tomó en medio de la guerra contra el narcoterrorismo que se apoderó de Rosario y que día a día se intensifica cobrándose la vida de un inocente.
Una de las diputadas que se mostró a favor fue la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) quien dialogó con parlamentario.com y cuestionó la inacción de la gestión anterior en el combate contra el narcotráfico. También lamentó que no se haya aprobado el cuarto artículo de la Ley Bases que establecía el fortalecimiento de la actuación de las Fuerzas Federales.
-Inmediatamente después del anuncio que hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, usted confirmó su voto a favor de la ley antimafias. ¿Cómo cree que podrían a llegar a votar tanto su propio bloque como los demás? ¿Cree que habrá acompañamiento por parte de UP?
-En relación al bloque Frente PRO, el presidente Cristian Ritondo ya ha manifestado públicamente su apoyo a la Ley Antimafias. Por lo tanto, así lo haremos. En relación al Bloque “K” la respuesta la deben dar ellos.
-¿Qué opina de los dichos del presidente de la Nación culpando al kirchnerismo y al socialismo por la situación que atraviesa Rosario hace años y que, en estos días, se está intensificando?
-Está claro que la gestión de Alberto Fernández no combatió debidamente al narcotráfico. Además, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Sabina Frederic, contaba con ocho subsecretarías. Una de las primeras medidas de la ministra fue la de disolver la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, que funcionaba hasta entonces. Como muestra basta un botón y fue la propia Frederic que le bajó el rango a Dirección. En definitiva, no le dio importancia a un tema tan sensible para los argentinos.
-Uno de los artículos que había en la Ley Bases, precisamente el inciso J del 4to artículo, establecía el fortalecimiento de la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad y Bullrich le reprochó al Congreso el rechazo del mismo. ¿Qué opina al respecto?
-Habría sido muy importante que se sancionara. Ahora ingresarán nuevos proyectos sobre el tema al Congreso de la Nación. Aquellos legisladores que no los voten favorablemente, deberán explicarle los motivos de su decisión no sólo a los rosarinos sino también a los argentinos en general. De todos modos, considero, que, en esta oportunidad, los proyectos van a ser aprobados.
-¿Qué otras iniciativas se pueden llevar a impulsar desde el Parlamento para ayudar a combatir el narcotráfico?
-Por lo pronto y la más importante es aprobar rápidamente las que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envíe el Congreso de la Nación.
-En este contexto de inseguridad y con el período de sesiones ordinarias ya inaugurado ¿hay alguna novedad respecto de la conformación de las comisiones para que rápidamente se pongan a trabajar sobre proyectos vinculados a este tema y otros
-Aún no se han conformado la mayoría de las comisiones. Entiendo que esta semana se comenzará a hacerlo.
Serán dos las comisiones que se constituirán este miércoles: Asuntos Administrativos y Municipales, y la de Acuerdos. Unión por la Patria no presidirá ninguna de ellas.
A casi dos semanas que el período ordinario fue inaugurado y a fin de comenzar a mover la actividad legislativa, la presidenta del Senado Victoria Villarruel convocó a tres comisiones para su constitución, aunque finalmente serán dos.
Se trata de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, la Comisión de Legislación General y la Comisión de Acuerdos, cuya conformación se llevará a cabo en el Salón Illia el miércoles 13 de marzo.
La primera en reunirse será la de Asuntos Administrativos y Municipales desde las 11, cuya presidencia estaba a cargo de la tucumana Beatriz Ávila y no se reúne desde octubre de 2022. Según pudo saber parlamentario.com fuentes cercanas del oficialismo confirmaron que el encargado de presidir la misma será el pampeano radical Daniel Kroneberger.
La siguiente comisión a reunirse estaba prevista para las 12, la Comisión de Legislación General que, hasta el año pasado, conducía el senador de UP Daniel Bensusán. Sin embargo esa reunión fue suspendida. Según pudo saber este medio, la comisión pasará a estar en manos del libertario puntano Bartolomé Abdala quien también ocupa el cargo de presidente provisional del Senado. El último encuentro que mantuvo la comisión fue en septiembre de 2023.
La jornada se cerrará con la reunión de una de las comisiones más importantes, la de Acuerdos a las 17. La misma se encarga dictaminar sobre los acuerdos pedidos por el Poder Ejecutivo para el nombramiento o remoción de funcionarios públicos y, hasta el año pasado, la presidencia era de la vicejefa del bloque UP -en ese momento Frente de Todos- Anabel Fernández Sagasti. Las fuentes consultadas por palamentario.com afirmaron que la comisión será presidida por la macrista Guadalupe Tagliaferri (Pro).
De concretarse esto, el bloque de Unión por la Patria no estará al frente de ninguna de las tres, solo tendrá cargos de vice o secretaría.
El ministro de Justicia informó que también van a “apurar” al Consejo de la Magistratura para que “termine rápido los pliegos que tiene”. Además, anticipó que delinearán un “plan novedoso para tener un sistema procesal y penal adecuado para que el país de ejemplo de justicia y de orden”. Explicó el juicio por jurados y el uso de la toga.
El último ministro en hablar en el plenario de comisiones de Diputados fue el de Justicia, Mario Cúneo Libarona, quien contó que enviarán al Senado los pliegos que reexaminaron para “llenar todas las vacantes” y que van a “apurar” al Consejo de la Magistratura para que “termine rápido los pliegos que tiene”. Además, anticipó que delinearán un “plan novedoso para tener un sistema procesal y penal adecuado para que el país de ejemplo de justicia y de orden”. Explicó el juicio por jurados y el uso de la toga.
En su exposición, el funcionario manifestó: “Vengo con un ánimo cordial, no tengo problemas con nadie y voy a contestar incluso lo que no está previsto, lo que no conforma el temario. Ustedes son los representantes del pueblo y somos todos argentinos y todos queremos lo mejor para la patria nos podamos entender”.
Al defender la ley ómnibus, sostuvo que “se funda en la situación gravísima en la que está Argentina, años de política que no condujeron a un buen puerto, años de retroceso cultural, educativo, pobreza, inflación, estancamiento y en ese marco se llega a esta situación actual en donde la ciudadanía se expresó en forma mayoritaria en las urnas en un cambio, con un nuevo presidente que busca soluciones, achicar el Estado, ordenar, regular, dejar atrás un modelo económico con muchas regulaciones que no funcionaron”, y en materia de justicia anticipó que tratarán de “delinear un plan novedoso tendiente a que tengamos un sistema procesal y penal adecuado y que el país de ejemplo de justicia y de orden”.
“Tenemos un régimen en materia de justicia que ha fracasado, un régimen procesal que ha fracasado y un Código Penal que debe ser reformado. En ese marco se va a trabajar atacando todos los males que nos azotan a todos como la delincuencia, la corrupción, la trata, el narcotráfico, que nos dañan en todo”, planteó el ministro y agregó: “En ese marco y con las mejores intenciones se dictaron distintas medidas amplísimas con el propósito de cambio y de crear un país que se ponga de pie y camine”.
Al referirse a cada punto en materia jurídica que apunta a introducir “modernización”, arrancó con los depósitos judiciales y explicó: “Busca beneficiar al depositante y que no se beneficie el Banco, que no haya esas dicotomías sobre qué bancos intervienen. Se elige el litigante con la conformidad de las partes el Banco donde va a parar el dinero para que no haya disputas legislativas. Se eligen todos los Bancos oficiales que tengan competencia donde incluso las partes pueden sugerirle al juez el Banco y el Banco Central dispone la forma de inversión. Esto es en beneficio de las partes, es elegir un beneficio modernizado para la sociedad argentina”.
El segundo punto que detalló fue el de registros judiciales y universales: “Hay una ley de acceso a las partes que es un formulario verde que admite juicios universales en las quiebras o en las sucesiones. Lo que se pretende es que ese formulario que está en un subsuelo pase a ser electrónico, público, transparente y ágil que todos tengan conocimiento de un juicio universal y abreviado”.
Sobre la publicación de edictos, informó: “Se busca suprimir ese sistema que no existe prácticamente y hoy recurrir al boletín oficial electrónico y cargarlo de forma electrónica. Es la práctica que rige hoy, se busca suprimir este edicto y hacerlo por vía electrónica. Es un éxito indiscutible”.
Al hablar de los archivos judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, explicó que “se pretende es que no existan más los expedientes en papel y que todo se realice en forma digital. Hoy se impone la carga electrónica, algo que se inició con la pandemia y apresuró a los Tribunales a eso”.
Al referirse a los depósitos judiciales de los Tribunales Nacionales y Federales en el Banco Nación detalló: “El retiro de la plata de los bancos antes se hacía por cheques o por oficios según la Ley 9.667 se derogan los artículos 2, 3 y 4 y se impone un orden de un juez de una transferencia bancaria de una cuenta al destinatario para que se acaben las estafas de los cheques. Es entrar en un mundo de modernización”.
“Registro propiedad e inmueble”, fue el siguiente apartado que detalló Cúneo Libarona y precisó: “Se habla de la transferencia a la Ciudad, es natural a la luz de la Constitución y de la deuda que tiene. Se habla del escribano idóneo, fedatario, que pide informes de dominio en forma electrónica, se libera la jurisdicción y se establece un Registro Nacional de Inhibiciones”.
Por otro lado, habló del traspaso de la Justicia Nacional y manifestó que “la Constitución del 94’ habla por sí sola, pero yo no voy a más que remitirme a los fallos de la Corte del 2019 donde habla de la demora inusitada en la transferencia a la Ciudad y es un tema que sin dudas tiene que resolverse”.
“La Corte dijo que ‘han transcurrido décadas y resulta casi nulo el avance de la transferencia, es una de las claras mandas constitucionales. El Estado Nacional y la Ciudad solo habían avanzado en el traspaso de ciertas competencias penales’. Lo que se impone es establecer un plazo determinado para llevar a cabo estas demoradas transferencias de la justicia que no abarca solo la penal sino la laboral, civil, comercial, etc.”, respaldó.
Otro de los puntos que explicó fue sobre la inspección general de justicia: “Ahora se designa de forma distinta en el Poder Ejecutivo con una propuesta del Colegio de Escribanos y dos del colegio de Abogados. Es otra área de transferencia con plazos. El objetivo es mejorar la IGJ, salir del sistema que existía hasta este Gobierno, se tutela la producción, medios digitales, abreviar los plazos, aumentar el capital social, darle vigencia a las SAS, sociedades con objetos múltiples, libre acceso sin cargo a los registros societarios”.
Por el lado de las sucesiones sin controversias, comentó que sean testamentarias o simplificarla porque “al igual que el divorcio ante un escribano con intervención de abogados, con inspecciones y controles. Hay una disputa de trabajo entre los escribanos y los abogados. Lo mejor sería que si hay una sucesión sin controversia es mucho más barato concurrir ante los escribanos que tener que hacer un juicio ante los Tribunales”.
Respecto de las modificaciones a Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, señaló que “no es más que incorporar los fallos de la Cámara y de la Corte a la ley, dotar un proceso justo acorde a las convenciones internacionales, con publicidad, regular el procedimiento, tutela administrativa efectiva, derecho a ser oído, derecho de defensa, de aportar pruebas, plazos razonables, celeridad, economía, sencillez, eficiencia. Es darle las herramientas que la Corte establece que sea legítimo”.
En el tema de los honorarios de profesionales de abogados, brevemente explicó que “se deroga el artículo 5 de la ley 27.423 y se establece que las partes decidan de forma libre”.
Asimismo, las modificaciones al Régimen de Propiedad Intelectual de Gestión Colectiva de Derechos refieren a que “el autor cobra derechos por su trabajo y un organismo se encarga de custodiar esos derechos. Se crea la figura de salir del monopolio de la Ley de Onganía que establecía este organismo que es un gran impuesto a la cultura”.
Al hablar sobre la continuidad del INADI, aclaró que “se suprime el INADI creado por la Ley 24.515, pero no se suprimen las tareas y funciones que hace”, debido a que “el tema discriminación es fundamental, pero tiene que ser tratado, analizado y publicitado y juzgado, porque también es un delito, con la máxima energía”.
“Lo que se hace es tratar de ordenarlo en el sentido de crear un protocolo de actuación frente a las presentaciones que se hagan. Hay que armar un protocolo donde haya plazos y un procedimiento, con todas las garantías del debido proceso”, planteó.
En esa línea, cuestionó: “No se acepta que el INADI, que es un derecho humano, esté en forma independiente, tiene que pasar a ser analizado con la cantidad de derechos humanos que tenemos. Lo que relevo es tener 400 empleados en un edificio de capital federal cuando toda la justicia tiene menos. No puedo entender cómo em encuentro con 114 organismos en el interior del país, inmuebles que alquila el Ministerio de Justicia, 12 en Villa Gesell, 1 en Tafí del Valle”.
“No tengo nada en contra del INADI ni el derecho, me agravio de tener una estructura de semejante tamaño y costo para hechos de discriminación. No tiene que haber inmuebles en el interior porque con las comunicaciones que hoy tenemos, podemos estar enlazados a través de un teléfono de forma dinámica. El INADI sigue funcionando, se va a ordenar el monstruo de cantidad de gente para que tenga más dinamismo”, detalló.
Profunda fue la explicación que Cúneo Libarona brindó para referirse al proceso legal: “Para que tengamos una justicia efectiva, rápida, primero tenemos que tener jueces. Si nosotros tenemos la enorme cantidad de vacantes que hay en la justicia, hoy un 33% es imposible que los jueces presten un buen servicio, trabajan a destajo. Hay Tribunales que no tienen jueces, por eso el primer paso va a ser nombrar a los jueces”.
En un paréntesis, adelantó que “en un breve lapso queremos enviar al Senado los pliegos que reexaminamos y apurar al Consejo de la Magistratura para que termine rápido los pliegos que tiene y podamos llenar todas las vacantes. Si no tenemos jueces trabajando es muy difícil”.
“Hay una ley que tiene muchos años y que está en vigencia es el nuevo sistema procesal penal y ya no vale la pena discutir si es buena o no, es el sistema acusatorio consiste en un fiscal que lleva adelante la investigación tiene que producir la prueba, versus una defensa y un juez que tiene facultades decisorias. Es el régimen que está en el mundo y está en Salta y Jujuy. Queremos instalar rápidamente en la mayor cantidad de provincias, lo que no podamos conseguir lo vamos a hacer igual y vamos a tener un sistema acusatorio amplio. El sistema y la celeridad es lo que más me preocupa”, anticipó.
El ministro agregó que “tiene que estar acompañado de otras reformas como la ley de juicio rápido y plazos razonables porque no puede ser que duren una eternidad”, por lo que informó que presentarán una Ley de tiempos para establecer plazos a los jueces para terminar los juicios. “Eso engancha el Código Penal que está trabajándose hoy y tiene que enganchar con el juicio por jurados”, agregó.
Definió al juicio por jurados como “soberanía popular” porque “es ser juzgado por los pares” y se basó en la Asociación de Juicio por Jurados para explicar en profundidad: “Es una deuda desde 1853, artículos 24, 75 inc. 2, 118 y 126, está en el capítulo quinto, rige en el país en 11 provincias. Tenemos que saldar la deuda y respetar las soberanías provinciales”.
“Es una ley y un sistema federal acusatorio, con juicios rápidos, con un Código Penal de naturaleza general y un juicio por jurados en el molde federal. El modelo es el clásico que toman en el país, de 12 personas, conducido por un solo juez, paridad de género con posibilidad de elección de jurados, el juez que da instrucciones y el veredicto es unánime. En caso de absolución no hay apelación y en caso de condena hay apelación, pero si no hay unanimidad se formula un nuevo juicio. Se invita a las provincias a participar y se corresponde con los fallos de los Estados Unidos 2020, promotores del sistema de la toga y el martillo, el fallo Ramos versus Luisiana, donde dan todas las pautas del Tribunal por jurados”, explayó.
El ministro de Justicia precisó que “va para los delitos de naturaleza federal que superan los cinco años: narcotráfico, trata de personas, corrupción, falsificación, contrabando, lavado de dinero, administración fraudulenta, delitos tributarios”.
“Este sistema lo han adoptado en las provincias gobernadores de distintos colores políticos y de los que ustedes pertenecen”, resaltó el funcionario y remarcó que cada gobierno viene planteando el juicio por jurados, pero “nadie lo sacó”.
Fue en un plenario de comisiones que pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 14. Desde UP criticaron el tratamiento del proyecto porque “no es algo urgente” y señalaron que “tiene contradicciones”. Dos senadoras patagónicas propusieron modificaciones.
Luego de estar más de un año encajonado en el Senado, el oficialismo se dispuso a desempolvar en la primera semana del nuevo año el proyecto sobre Boleta Única de Papel, que fue incluido en el temario del periodo de sesiones extraordinarias por el presidente de la Nación, quien cuando fue diputado nacional acompañó la iniciativa. La misma comenzó a ser tratada este miércoles, pero los liberales no lograron emitir dictamen como preveían, por lo que estiman hacerlo en una reunión el próximo 10 de enero a las 14.
Fue durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales que se reunieron en el Salón Arturo Illia y que, previamente, fueron conformadas siendo elegidos el entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal) y el riojano Juan Carlos Pagotto (LLA) como sus presidentes.
Previo al tratamiento de BUP, la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió dictamen favorable al expediente PE. 202/23 que autoriza al presidente de la Nación para ausentarse del país durante 2024, cuando razones del gobierno así lo requieran.
Hecho ese breve trámite, el plenario se abocó al tema central que es de interés presidencial y, además, tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde junio de 2022. En aquella ocasión, el texto fue aprobado por 132 votos afirmativos, 104 en contra y 4 abstenciones. Dentro de los 132 votos afirmativos se encuentran el de Javier Milei; el de la vicepresidenta Victoria Villarruel; y el resto de lo que era Juntos por el Cambio, el bloque Federal y los provinciales. El Frente de Todos, devenido en Unión por la Patria, votó negativamente en aquella oportunidad.
Así las cosas, debido a que las medias sanciones solo cuentan con una vigencia de dos años, la intención de los liberales es llevar el despacho de comisiones lo antes posible al recinto en una sesión que, a priori, tendría lugar el próximo 11 de enero.
Como miembro informante, Pagotto se encargó de explicar los lineamientos del proyecto que “viene a cumplir una vieja aspiración de toda la clase política y de la gente que esperan transparentar cada vez más los regímenes electorales y que nos permitan que la democracia se consolide y se eviten algunas patologías que han surgido dentro de los actos comiciales”.
“La BUP es hoy por hoy una solución acorde a las necesidades de la época. Es un proyecto que tiene demasiadas normas y es ambicioso”, señaló el riojano y agregó que también trata modificaciones al Código Electoral, pero también “lleva adentro delitos electorales que, creo, debemos aprobarlo en esta primera instancia porque en algún momento tiene que volver a codificarse el sistema penal y tendría que estar dentro del Código Penal”.
En ese sentido, indicó que “la responsabilidad de todos los argentinos que los regímenes electorales sean cada vez más transparentes y se eviten ciertos problemas que se han venido suscitando con demasiada asiduidad en cada uno de los turnos electorales”.
“Propongo la aprobación porque el proyecto ya está con la media sanción de Diputados y debemos tratarlo para darle la validez constitucional y se debata como debe ser porque es un tema que requiere el debate y el conocimiento de toda la gente porque incluye una responsabilidad de todos”, manifestó y remarcó que “ha sido lo suficientemente debatido en la Cámara baja con argumentaciones sólidas de todos los espacios y es algo que tenemos que tener en cuenta al igual que la democracia es una responsabilidad de todos”.
El riojano planteó que “lo único que nos puede permitir transparentar en todo el país los actos comiciales es la Boleta Única, sin perjuicio de los medios tecnológicos que vayan a incorporarse en el futuro”. “No hay que tenerle miedo a la voluntad popular”, señaló y chicaneó: “No es la voluntad popular para citarla en algunas oportunidades y en otras no”.
Pagotto recordó que “hemos tenido experiencias desastrosas en cuestiones electorales como la Ley de Lemas que ha producido la atomización de los partidos políticos donde, en algunas ciudades, familias enteras ocupaban cada uno una lista y ha producido que ese órgano de la democracia se haya atomizado y perdieron la capacidad de generar dirigentes nuevos. Tenemos que mirar al futuro, no al pasado”.
A su turno, la secretaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Mariana Juri (UCR – Mendoza) celebró poder debatir en el Senado “un tema tan importante la Boleta Única de Papel porque teníamos una gran deuda y son de gran interés para los argentinos que estamos tan preocupados”.
“Es un tema ampliamente estudiado. La BUP no solo se trata de un instrumento electoral, también, se trata de poder darle a los ciudadanos una mejor posibilidad de elegir y ser elegidos”, y cuestionó que a la hora de ingresar a un cuarto oscuro “el elector se encuentra con una millonada de boletas mezcladas de distintos partidos y colores, se hace imposible elegir”, y puso como ejemplo su provincia donde rige el sistema de votación de BUP donde “en un mismo instrumento de votación tenemos toda la oferta electoral”.
“Esto les da a los ciudadanos la posibilidad de poder ser elegidos a quienes son tienen todas las herramientas de poner en cada una de las mesas de todo el país a todos sus candidatos, sino también con esto no solamente le impedimos la posibilidad de ser elegidos, sino también a los electorales le impedimos la posibilidad de que en cualquier mesa podamos tener igual cantidad de votos, en mismas condiciones, en el mismo instrumento, y que no atente”, explayó.
Juri también destacó que significa un “gran” ahorro económico y ecológico. “Para poder garantizar las boletas partidarias que puedan estar en sus mesas imprimimos más o menos dos padrones y medio para hacer entregas previas y cuando termina el acto electoral son bolsas donde desechamos kilos de papeles que no se utilizaron. Con la BUP se puede imprimir la cantidad de electores que haya o algún otro margen por si hay algún error y no se desperdicia”, explicó.
“Hablar de BUP es una deuda pendiente porque la Cámara Nacional Electoral lo viene recomendando desde el año 2007 y creo que tenemos una deuda y este Senado se lo debía. Las provincias donde está instalado este sistema pueden dar garantía de lo que significó”, planteó Juri y detalló que da “rapidez, transparencia y comodidad a las autoridades de mesa”.
La radical indicó que son 16 países en el mundo que “quedamos votando con una boleta partidaria. Es una herramienta que está aprobada y da más libertad a los ciudadanos”.
La neuquina Lucila Crexell (Cambio Federal) hizo una crítica a la gestión anterior por la conformación de las comisiones porque “Asuntos Constitucionales se conformó el último día para aprobar los títulos de los senadores electos. Estuvo dos años cerrada la comisión y parte de la reconstrucción del país tiene que ver con la reconstrucción del funcionamiento institucional que tuvo tan alterado durante tantos años”.
“La Boleta Única se trata de una reforma del Código Electoral y en la Ley Ómnibus que debería tratar Diputados hay una Reforma Electoral, que contradice lo estamos tratando aquí, ya que propone eliminar las PASO y en este proyecto se habla de las PASO”, señaló y pidió que “se trabaje con una agenda coordinada y con el equipo de asesores porque son temas rigurosos y técnicos para no legislar sobre el error”.
En su pedido de palabra, el catamarqueño Flavio Fama sostuvo que “el tratamiento es un avance institucional importante para este Senado”, y recordó que viene con media sanción de hace más de un año.
A lo expresado por Juri, sumó que “este proyecto genera un ahorro de papel, de costos y la disminución del impacto en el ambiente y se garantiza una mayor claridad hacia los ciudadanos, garantiza la participación de las minorías, quizás sea eso que se demoró el tratamiento en el Senado”, y pidió que se haga “rápidamente” el tratamiento y “no se demore” porque sería un “avance institucional y democrático extraordinario que el daría a los partidos políticas muchísima claridad y transparencia para el acto electoral”.
La rionegrina Mónica Esther Silva (JSRN) opinó: “Seguramente este tema no es lo que a la población hoy en día les preocupa, pero nosotros que estamos trabajando en aspectos que si nos preocupa nos interesa cada vez más hacer de las elecciones un acto transparente y posibilitar que las minorías se expresen”.
“Por eso creo que es necesario hacer algunas modificaciones a la media sanción que viene de Diputados para que estos objetivos sean verdaderamente cumplidos y facilitarles la elección a los electores”, sostuvo Silva y propuso dos modificaciones: “Una que la boleta pase a ser por categorías y facilite la mirada que cada lector hace de qué está votando y que se elimine el botón único de boleta completa. Se facilita el conocimiento de qué se está eligiendo en cada poder”, y adelantó que, si esas modificaciones son incorporadas, desde su bloque acompañarán el proyecto en el recinto.
En tanto, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Frente Pro) expresó: “Este proyecto de Boleta Única de Papel es una oportunidad inmensa para responder, con más institucionalidad, a ese pedido de la gente. Creo que es importante hacerlo lo más rápido posible porque es un gesto que acompaña a la gente”.
La chubutense Edith Terenzi (Cambio Federal) celebró el tratamiento del proyecto y contó: “La Boleta Única de Papel es un tema que vengo militando hace muchísimos años”, pero señaló que “el proyecto que se está tratando hoy no es el que estuve militando, coincido con la senadora Silva, mi proyecto también es separado por categorías porque hay diferencias de calidad, pero siento que es tarde, porque por categorías están distribuidos los candidatos es más accesible al elector, es más fácil el escrutinio”. También se mostró frustrada porque desde que presentó su iniciativa “jamás fue incluida en un temario por parte de las autoridades de las comisiones anteriores que nunca tuvieron ni la gentileza de incorporarlo”, y cerró: “Puede que no sea la ley ideal, pero es un paso y voy a acompañar este dictamen pese a que no es mi proyecto, pero a futuro se puede modificar”.
Al hacer uso de la palabra, el bonaerense radical Maximiliano Abad precisó que la BUP “es utilizada en un 80% del mundo, es un método muy simple al momento de elegir representantes. Es muy favorable, es universal, desalienta prácticas fraudulentas, es medioambientalmente positiva, genera equidad entre las fuerzas políticas y tiene un costo menor en la impresión de las boletas. Es un instrumento que tiene que generar una bisagra con el régimen caduco que tenemos. Si esta ley se cae estaremos dando un gesto malo a la sociedad porque tenemos que trabajar para hacerle la vida más sencilla”.
El radical planteó que “todo sistema electoral requiere para su modificación un debate amplio, consensos con el 50% más uno de los miembros de las cámaras y requiere que la ley, la implementación resuelva problemas. La ley BUP genera consecuencias favorables”.
“Traté en reiteradas oportunidades de implementar la Boleta Única de Papel en mi provincia, adelanto que estoy a favor de este proyecto. Estoy convencido que hay que tratar esto para ponerle un freno a una reforma electoral que se plantea en la ley ómnibus”, expresó el fueguino Pablo Blanco.
En su intervención, el liberal Francisco Paoltroni (Formosa) cuestionó: “Se están debatiendo temas que tienen 16 años, el pueblo ha mandado un fuerte mensaje y lo que espera del Senado es productividad, si se aprueba está ley y hubiera que tocar algún otro punto en el futuro, con productividad no demoramos ni un mes en cambiarlo”.
Al respecto, el correntino Carlos Espínola y el titular del bloque UCR, Eduardo Vischi, propusieron una moción para pasar a un cuarto intermedio a fin de buscar los consensos necesarios para “sacarse las dudas y tratar de sacar dictamen la semana que viene, pero es importante no dilatar el tratamiento del proyecto”.
El primero en hacer uso de la palabra por la principal bancada opositora fue el rionegrino Martín Doñate quien expresó: “Celebro que se esté trabajando en comisiones, pero me parece que esta no es la agenda que la sociedad argentina le está requiriendo al Congreso que se ocupe en esos momentos de la vida social y económica del país”.
“No es un tema excepcional para estar debatiendo un 3 de enero en el Congreso. Me parece que este proyecto se debe debatir en profundidad con todas las partes involucradas, de generar un marco normativo serio, que no sufra congruencias legislativas, que sea aplicable formalmente. Este Senado debería tomar en cuenta algunas cuestiones que están en el espíritu del oficialismo porque está plagado de contradicciones”, apuntó.
En esa línea, señaló que es “transversal el apoyo o rechazo, incluso en nuestro bloque algunos ven con buenos ojos lo de la Boleta Única de Papel, porque sin debate previo de los asesores, sin la participación de los sectores involucrados de la aplicabilidad de la ley puedan participar en el marco de la comisión para sacar una buena ley coherente, que tenga cohesión normativa con lo que pretende reformularse en la institucionalidad del país”.
Doñate cuestionó que “tratar el proyecto de ley de la Boleta Única de Papel es una contradicción que debe ser reparada”. “Esta iniciativa mantiene a las PASO, pero en la ley ómnibus se pide por su eliminación”, afirmó y consideró que también se contradice con el impulso del sistema uninominal de circunscripción y aseguró: “Queremos ayudar a que si se hacen reformas electorales se hagan con los consensos necesarios que se requieren”.
“La BUP va a tener enormes dificultades para ser aplicable en la provincia de Buenos Aires”, adelantó el rionegrino y chicaneó: “Va a ser una pared entera de un colegio, es algo impracticable”, y sostuvo que “hay que buscarle la vuelta para que se pueda aplicar en todas las provincias, hay que ensayar la aplicabilidad aprovechando en un año no electoral, no hagamos un mamarracho, un cachivache legislativo”.
El senador kirchnerista se distanció de quienes dicen que “hay falta de transparencia en el sistema de votación actual, porque si queremos proponer BUP por las características buenas que tiene, no le pongamos el dedo acusador a 40 años de construcción del sistema electoral que garantizaba la participación de minorías y tuvo resultados diversos en todo este tiempo porque ganaron de todos los partidos políticos. El sistema electoral es un buen sistema perfectible. La BUP también es bueno, pero hay que tratarlo seriamente”.
Doñate hizo hincapié en “la fragilidad del proyecto” porque “hay más proyectos presentados que no se pusieron en tratamiento que deberían haberse incluido”, e hizo observaciones que “hacen inviable la propuesta” e indicó que hay una sobre carga a la Cámara Electoral en desmedro de los juzgados electorales porque “todo lo que se le da no lo puede hacer, hay plazos incongruentes, falta de representación de agrupaciones provinciales”, y procedió a enumerar los aspectos a modificar de “la propuesta débil legislativamente”.
En el mismo sentido se manifestó el pampeano Daniel Bensusán quien cuestionó: “Este proyecto podría haberse tratado en las sesiones ordinarias porque no es un tema de extrema urgencia”.
“Algunos critican el sistema actual por supuestos de fraude, pero en estos 40 años de democracia, no hubo ningún fallo que determine que en alguna elección nacional haya habido fraude. Hay que ser serios cuando se critica un sistema para querer modificarlo”, expresó.
“Surgen muchas dudas sobre este proyecto de Boleta Única de Papel, advertimos la existencia de dos leyes, esta que estamos debatiendo aquí y la llamada ley ómnibus que está en Diputados, se puede estar a favor o en contra, pero no entiendo dónde está la urgencia”, sostuvo la riojana Florencia López.
La jujeña Carolina Moisés reiteró que “hay una contradicción, que es que el proyecto de la ley ómnibus elimina las PASO y en este proyecto hay un capítulo entero sobre las PASO. No podemos legislar por duplicado, sobre algo que está por tratarse de modo contrario en la Cámara de Diputados”.