Cúneo Libarona contó que enviarán al Senado los pliegos que reexaminaron para “llenar todas las vacantes”

El ministro de Justicia informó que también van a “apurar” al Consejo de la Magistratura para que “termine rápido los pliegos que tiene”. Además, anticipó que delinearán un “plan novedoso para tener un sistema procesal y penal adecuado para que el país de ejemplo de justicia y de orden”. Explicó el juicio por jurados y el uso de la toga.

El último ministro en hablar en el plenario de comisiones de Diputados fue el de Justicia, Mario Cúneo Libarona, quien contó que enviarán al Senado los pliegos que reexaminaron para “llenar todas las vacantes” y que van a “apurar” al Consejo de la Magistratura para que “termine rápido los pliegos que tiene”. Además, anticipó que delinearán un “plan novedoso para tener un sistema procesal y penal adecuado para que el país de ejemplo de justicia y de orden”. Explicó el juicio por jurados y el uso de la toga.

En su exposición, el funcionario manifestó: “Vengo con un ánimo cordial, no tengo problemas con nadie y voy a contestar incluso lo que no está previsto, lo que no conforma el temario. Ustedes son los representantes del pueblo y somos todos argentinos y todos queremos lo mejor para la patria nos podamos entender”.

Al defender la ley ómnibus, sostuvo que “se funda en la situación gravísima en la que está Argentina, años de política que no condujeron a un buen puerto, años de retroceso cultural, educativo, pobreza, inflación, estancamiento y en ese marco se llega a esta situación actual en donde la ciudadanía se expresó en forma mayoritaria en las urnas en un cambio, con un nuevo presidente que busca soluciones, achicar el Estado, ordenar, regular, dejar atrás un modelo económico con muchas regulaciones que no funcionaron”, y en materia de justicia anticipó que tratarán de “delinear un plan novedoso tendiente a que tengamos un sistema procesal y penal adecuado y que el país de ejemplo de justicia y de orden”.

“Tenemos un régimen en materia de justicia que ha fracasado, un régimen procesal que ha fracasado y un Código Penal que debe ser reformado. En ese marco se va a trabajar atacando todos los males que nos azotan a todos como la delincuencia, la corrupción, la trata, el narcotráfico, que nos dañan en todo”, planteó el ministro y agregó: “En ese marco y con las mejores intenciones se dictaron distintas medidas amplísimas con el propósito de cambio y de crear un país que se ponga de pie y camine”.

Al referirse a cada punto en materia jurídica que apunta a introducir “modernización”, arrancó con los depósitos judiciales y explicó: “Busca beneficiar al depositante y que no se beneficie el Banco, que no haya esas dicotomías sobre qué bancos intervienen. Se elige el litigante con la conformidad de las partes el Banco donde va a parar el dinero para que no haya disputas legislativas. Se eligen todos los Bancos oficiales que tengan competencia donde incluso las partes pueden sugerirle al juez el Banco y el Banco Central dispone la forma de inversión. Esto es en beneficio de las partes, es elegir un beneficio modernizado para la sociedad argentina”.

El segundo punto que detalló fue el de registros judiciales y universales: “Hay una ley de acceso a las partes que es un formulario verde que admite juicios universales en las quiebras o en las sucesiones. Lo que se pretende es que ese formulario que está en un subsuelo pase a ser electrónico, público, transparente y ágil que todos tengan conocimiento de un juicio universal y abreviado”.

Sobre la publicación de edictos, informó: “Se busca suprimir ese sistema que no existe prácticamente y hoy recurrir al boletín oficial electrónico y cargarlo de forma electrónica. Es la práctica que rige hoy, se busca suprimir este edicto y hacerlo por vía electrónica. Es un éxito indiscutible”.

Al hablar de los archivos judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, explicó que “se pretende es que no existan más los expedientes en papel y que todo se realice en forma digital. Hoy se impone la carga electrónica, algo que se inició con la pandemia y apresuró a los Tribunales a eso”.

Al referirse a los depósitos judiciales de los Tribunales Nacionales y Federales en el Banco Nación detalló: “El retiro de la plata de los bancos antes se hacía por cheques o por oficios según la Ley 9.667 se derogan los artículos 2, 3 y 4 y se impone un orden de un juez de una transferencia bancaria de una cuenta al destinatario para que se acaben las estafas de los cheques. Es entrar en un mundo de modernización”.

“Registro propiedad e inmueble”, fue el siguiente apartado que detalló Cúneo Libarona y precisó: “Se habla de la transferencia a la Ciudad, es natural a la luz de la Constitución y de la deuda que tiene. Se habla del escribano idóneo, fedatario, que pide informes de dominio en forma electrónica, se libera la jurisdicción y se establece un Registro Nacional de Inhibiciones”.

Por otro lado, habló del traspaso de la Justicia Nacional y manifestó que “la Constitución del 94’ habla por sí sola, pero yo no voy a más que remitirme a los fallos de la Corte del 2019 donde habla de la demora inusitada en la transferencia a la Ciudad y es un tema que sin dudas tiene que resolverse”.

“La Corte dijo que ‘han transcurrido décadas y resulta casi nulo el avance de la transferencia, es una de las claras mandas constitucionales. El Estado Nacional y la Ciudad solo habían avanzado en el traspaso de ciertas competencias penales’. Lo que se impone es establecer un plazo determinado para llevar a cabo estas demoradas transferencias de la justicia que no abarca solo la penal sino la laboral, civil, comercial, etc.”, respaldó.

Otro de los puntos que explicó fue sobre la inspección general de justicia: “Ahora se designa de forma distinta en el Poder Ejecutivo con una propuesta del Colegio de Escribanos y dos del colegio de Abogados. Es otra área de transferencia con plazos. El objetivo es mejorar la IGJ, salir del sistema que existía hasta este Gobierno, se tutela la producción, medios digitales, abreviar los plazos, aumentar el capital social, darle vigencia a las SAS, sociedades con objetos múltiples, libre acceso sin cargo a los registros societarios”.

Por el lado de las sucesiones sin controversias, comentó que sean testamentarias o simplificarla porque “al igual que el divorcio ante un escribano con intervención de abogados, con inspecciones y controles. Hay una disputa de trabajo entre los escribanos y los abogados. Lo mejor sería que si hay una sucesión sin controversia es mucho más barato concurrir ante los escribanos que tener que hacer un juicio ante los Tribunales”.

Respecto de las modificaciones a Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, señaló que “no es más que incorporar los fallos de la Cámara y de la Corte a la ley, dotar un proceso justo acorde a las convenciones internacionales, con publicidad, regular el procedimiento, tutela administrativa efectiva, derecho a ser oído, derecho de defensa, de aportar pruebas, plazos razonables, celeridad, economía, sencillez, eficiencia. Es darle las herramientas que la Corte establece que sea legítimo”.

En el tema de los honorarios de profesionales de abogados, brevemente explicó que “se deroga el artículo 5 de la ley 27.423 y se establece que las partes decidan de forma libre”.

Asimismo, las modificaciones al Régimen de Propiedad Intelectual de Gestión Colectiva de Derechos refieren a que “el autor cobra derechos por su trabajo y un organismo se encarga de custodiar esos derechos. Se crea la figura de salir del monopolio de la Ley de Onganía que establecía este organismo que es un gran impuesto a la cultura”.

INADI

Al hablar sobre la continuidad del INADI, aclaró que “se suprime el INADI creado por la Ley 24.515, pero no se suprimen las tareas y funciones que hace”, debido a que “el tema discriminación es fundamental, pero tiene que ser tratado, analizado y publicitado y juzgado, porque también es un delito, con la máxima energía”.

“Lo que se hace es tratar de ordenarlo en el sentido de crear un protocolo de actuación frente a las presentaciones que se hagan. Hay que armar un protocolo donde haya plazos y un procedimiento, con todas las garantías del debido proceso”, planteó.

En esa línea, cuestionó: “No se acepta que el INADI, que es un derecho humano, esté en forma independiente, tiene que pasar a ser analizado con la cantidad de derechos humanos que tenemos. Lo que relevo es tener 400 empleados en un edificio de capital federal cuando toda la justicia tiene menos. No puedo entender cómo em encuentro con 114 organismos en el interior del país, inmuebles que alquila el Ministerio de Justicia, 12 en Villa Gesell, 1 en Tafí del Valle”.

“No tengo nada en contra del INADI ni el derecho, me agravio de tener una estructura de semejante tamaño y costo para hechos de discriminación. No tiene que haber inmuebles en el interior porque con las comunicaciones que hoy tenemos, podemos estar enlazados a través de un teléfono de forma dinámica. El INADI sigue funcionando, se va a ordenar el monstruo de cantidad de gente para que tenga más dinamismo”, detalló.

Juicio por jurados

Profunda fue la explicación que Cúneo Libarona brindó para referirse al proceso legal: “Para que tengamos una justicia efectiva, rápida, primero tenemos que tener jueces. Si nosotros tenemos la enorme cantidad de vacantes que hay en la justicia, hoy un 33% es imposible que los jueces presten un buen servicio, trabajan a destajo. Hay Tribunales que no tienen jueces, por eso el primer paso va a ser nombrar a los jueces”.

En un paréntesis, adelantó que “en un breve lapso queremos enviar al Senado los pliegos que reexaminamos y apurar al Consejo de la Magistratura para que termine rápido los pliegos que tiene y podamos llenar todas las vacantes. Si no tenemos jueces trabajando es muy difícil”.

“Hay una ley que tiene muchos años y que está en vigencia es el nuevo sistema procesal penal y ya no vale la pena discutir si es buena o no, es el sistema acusatorio consiste en un fiscal que lleva adelante la investigación tiene que producir la prueba, versus una defensa y un juez que tiene facultades decisorias. Es el régimen que está en el mundo y está en Salta y Jujuy. Queremos instalar rápidamente en la mayor cantidad de provincias, lo que no podamos conseguir lo vamos a hacer igual y vamos a tener un sistema acusatorio amplio. El sistema y la celeridad es lo que más me preocupa”, anticipó.

El ministro agregó que “tiene que estar acompañado de otras reformas como la ley de juicio rápido y plazos razonables porque no puede ser que duren una eternidad”, por lo que informó que presentarán una Ley de tiempos para establecer plazos a los jueces para terminar los juicios. “Eso engancha el Código Penal que está trabajándose hoy y tiene que enganchar con el juicio por jurados”, agregó.

Definió al juicio por jurados como “soberanía popular” porque “es ser juzgado por los pares” y se basó en la Asociación de Juicio por Jurados para explicar en profundidad: “Es una deuda desde 1853, artículos 24, 75 inc. 2, 118 y 126, está en el capítulo quinto, rige en el país en 11 provincias. Tenemos que saldar la deuda y respetar las soberanías provinciales”.

“Es una ley y un sistema federal acusatorio, con juicios rápidos, con un Código Penal de naturaleza general y un juicio por jurados en el molde federal. El modelo es el clásico que toman en el país, de 12 personas, conducido por un solo juez, paridad de género con posibilidad de elección de jurados, el juez que da instrucciones y el veredicto es unánime. En caso de absolución no hay apelación y en caso de condena hay apelación, pero si no hay unanimidad se formula un nuevo juicio. Se invita a las provincias a  participar y se corresponde con los fallos de los Estados Unidos 2020, promotores del sistema de la toga y el martillo, el fallo Ramos versus Luisiana, donde dan todas las pautas del Tribunal por jurados”, explayó.

El ministro de Justicia precisó que “va para los delitos de naturaleza federal que superan los cinco años: narcotráfico, trata de personas, corrupción, falsificación, contrabando, lavado de dinero, administración fraudulenta, delitos tributarios”.

“Este sistema lo han adoptado en las provincias gobernadores de distintos colores políticos y de los que ustedes pertenecen”, resaltó el funcionario y remarcó que cada gobierno viene planteando el juicio por jurados, pero “nadie lo sacó”.

Tras más de un año encajonada en el Senado, el oficialismo comenzó a debatir sobre BUP, pero no logró dictaminar

Fue en un plenario de comisiones que pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 14. Desde UP criticaron el tratamiento del proyecto porque “no es algo urgente” y señalaron que “tiene contradicciones”. Dos senadoras patagónicas propusieron modificaciones.

Luego de estar más de un año encajonado en el Senado, el oficialismo se dispuso a desempolvar en la primera semana del nuevo año el proyecto sobre Boleta Única de Papel, que fue incluido en el temario del periodo de sesiones extraordinarias por el presidente de la Nación, quien cuando fue diputado nacional acompañó la iniciativa. La misma comenzó a ser tratada este miércoles, pero los liberales no lograron emitir dictamen como preveían, por lo que estiman hacerlo en una reunión el próximo 10 de enero a las 14.

Fue durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales que se reunieron en el Salón Arturo Illia y que, previamente, fueron conformadas siendo elegidos el entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal) y el riojano Juan Carlos Pagotto (LLA) como sus presidentes.

Previo al tratamiento de BUP, la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió dictamen favorable al expediente PE. 202/23 que autoriza al presidente de la Nación para ausentarse del país durante 2024, cuando razones del gobierno así lo requieran.

Hecho ese breve trámite, el plenario se abocó al tema central que es de interés presidencial y, además, tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde junio de 2022. En aquella ocasión, el texto fue aprobado por 132 votos afirmativos, 104 en contra y 4 abstenciones. Dentro de los 132 votos afirmativos se encuentran el de Javier Milei; el de la vicepresidenta Victoria Villarruel; y el resto de lo que era Juntos por el Cambio, el bloque Federal y los provinciales. El Frente de Todos, devenido en Unión por la Patria, votó negativamente en aquella oportunidad.

Así las cosas, debido a que las medias sanciones solo cuentan con una vigencia de dos años, la intención de los liberales es llevar el despacho de comisiones lo antes posible al recinto en una sesión que, a priori, tendría lugar el próximo 11 de enero.

El debate

Como miembro informante, Pagotto se encargó de explicar los lineamientos del proyecto que “viene a cumplir una vieja aspiración de toda la clase política y de la gente que esperan transparentar cada vez más los regímenes electorales y que nos permitan que la democracia se consolide y se eviten algunas patologías que han surgido dentro de los actos comiciales”.

La BUP es hoy por hoy una solución acorde a las necesidades de la época. Es un proyecto que tiene demasiadas normas y es ambicioso”, señaló el riojano y agregó que también trata modificaciones al Código Electoral, pero también “lleva adentro delitos electorales que, creo, debemos aprobarlo en esta primera instancia porque en algún momento tiene que volver a codificarse el sistema penal y tendría que estar dentro del Código Penal”.

En ese sentido, indicó que “la responsabilidad de todos los argentinos que los regímenes electorales sean cada vez más transparentes y se eviten ciertos problemas que se han venido suscitando con demasiada asiduidad en cada uno de los turnos electorales”.

“Propongo la aprobación porque el proyecto ya está con la media sanción de Diputados y debemos tratarlo para darle la validez constitucional y se debata como debe ser porque es un tema que requiere el debate y el conocimiento de toda la gente porque incluye una responsabilidad de todos”, manifestó y remarcó que “ha sido lo suficientemente debatido en la Cámara baja con argumentaciones sólidas de todos los espacios y es algo que tenemos que tener en cuenta al igual que la democracia es una responsabilidad de todos”.

El riojano planteó que “lo único que nos puede permitir transparentar en todo el país los actos comiciales es la Boleta Única, sin perjuicio de los medios tecnológicos que vayan a incorporarse en el futuro”. “No hay que tenerle miedo a la voluntad popular”, señaló y chicaneó: “No es la voluntad popular para citarla en algunas oportunidades y en otras no”.

Pagotto recordó que “hemos tenido experiencias desastrosas en cuestiones electorales como la Ley de Lemas que ha producido la atomización de los partidos políticos donde, en algunas ciudades, familias enteras ocupaban cada uno una lista y ha producido que ese órgano de la democracia se haya atomizado y perdieron la capacidad de generar dirigentes nuevos. Tenemos que mirar al futuro, no al pasado”.

A su turno, la secretaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Mariana Juri (UCR – Mendoza) celebró poder debatir en el Senado “un tema tan importante la Boleta Única de Papel porque teníamos una gran deuda y son de gran interés para los argentinos que estamos tan preocupados”.

“Es un tema ampliamente estudiado. La BUP no solo se trata de un instrumento electoral, también, se trata de poder darle a los ciudadanos una mejor posibilidad de elegir y ser elegidos”, y cuestionó que a la hora de ingresar a un cuarto oscuro “el elector se encuentra con una millonada de boletas mezcladas de distintos partidos y colores, se hace imposible elegir”, y puso como ejemplo su provincia donde rige el sistema de votación de BUP donde “en un mismo instrumento de votación tenemos toda la oferta electoral”.

“Esto les da a los ciudadanos la posibilidad de poder ser elegidos a quienes son tienen todas las herramientas de poner en cada una de las mesas de todo el país a todos sus candidatos, sino también con esto no solamente le impedimos la posibilidad de ser elegidos, sino también a los electorales le impedimos la posibilidad de que en cualquier mesa podamos tener igual cantidad de votos, en mismas condiciones, en el mismo instrumento, y que no atente”, explayó.

Juri también destacó que significa un “gran” ahorro económico y ecológico. “Para poder garantizar las boletas partidarias que puedan estar en sus mesas imprimimos más o menos dos padrones y medio para hacer entregas previas y cuando termina el acto electoral son bolsas donde desechamos kilos de papeles que no se utilizaron. Con la BUP se puede imprimir la cantidad de electores que haya o algún otro margen por si hay algún error y no se desperdicia”, explicó.

“Hablar de BUP es una deuda pendiente porque la Cámara Nacional Electoral lo viene recomendando desde el año 2007 y creo que tenemos una deuda y este Senado se lo debía. Las provincias donde está instalado este sistema pueden dar garantía de lo que significó”, planteó Juri y detalló que da “rapidez, transparencia y comodidad a las autoridades de mesa”.

La radical indicó que son 16 países en el mundo que “quedamos votando con una boleta partidaria. Es una herramienta que está aprobada y da más libertad a los ciudadanos”.

La neuquina Lucila Crexell (Cambio Federal) hizo una crítica a la gestión anterior por la conformación de las comisiones porque “Asuntos Constitucionales se conformó el último día para aprobar los títulos de los senadores electos. Estuvo dos años cerrada la comisión y parte de la reconstrucción del país tiene que ver con la reconstrucción del funcionamiento institucional que tuvo tan alterado durante tantos años”.

“La Boleta Única se trata de una reforma del Código Electoral y en la Ley Ómnibus que debería tratar Diputados hay una Reforma Electoral, que contradice lo estamos tratando aquí, ya que propone eliminar las PASO y en este proyecto se habla de las PASO”, señaló y pidió que “se trabaje con una agenda coordinada y con el equipo de asesores porque son temas rigurosos y técnicos para no legislar sobre el error”.

En su pedido de palabra, el catamarqueño Flavio Fama sostuvo que “el tratamiento es un avance institucional importante para este Senado”, y recordó que viene con media sanción de hace más de un año.

A lo expresado por Juri, sumó que “este proyecto genera un ahorro de papel, de costos y la disminución del impacto en el ambiente y se garantiza una mayor claridad hacia los ciudadanos, garantiza la participación de las minorías, quizás sea eso que se demoró el tratamiento en el Senado”, y pidió que se haga “rápidamente” el tratamiento y “no se demore” porque sería un “avance institucional y democrático extraordinario que el daría a los partidos políticas muchísima claridad y transparencia para el acto electoral”.

La rionegrina Mónica Esther Silva (JSRN) opinó: “Seguramente este tema no es lo que a la población hoy en día les preocupa, pero nosotros que estamos trabajando en aspectos que si nos preocupa nos interesa cada vez más hacer de las elecciones un acto transparente y posibilitar que las minorías se expresen”.

“Por eso creo que es necesario hacer algunas modificaciones a la media sanción que viene de Diputados para que estos objetivos sean verdaderamente cumplidos y facilitarles la elección a los electores”, sostuvo Silva y propuso dos modificaciones: “Una que la boleta pase a ser por categorías y facilite la mirada que cada lector hace de qué está votando y que se elimine el botón único de boleta completa. Se facilita el conocimiento de qué se está eligiendo en cada poder”, y adelantó que, si esas modificaciones son incorporadas, desde su bloque acompañarán el proyecto en el recinto.

En tanto, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Frente Pro) expresó: “Este proyecto de Boleta Única de Papel es una oportunidad inmensa para responder, con más institucionalidad, a ese pedido de la gente. Creo que es importante hacerlo lo más rápido posible porque es un gesto que acompaña a la gente”.

La chubutense Edith Terenzi (Cambio Federal) celebró el tratamiento del proyecto y contó: “La Boleta Única de Papel es un tema que vengo militando hace muchísimos años”, pero señaló que “el proyecto que se está tratando hoy no es el que estuve militando, coincido con la senadora Silva, mi proyecto también es separado por categorías porque hay diferencias de calidad, pero siento que es tarde, porque por categorías están distribuidos los candidatos es más accesible al elector, es más fácil el escrutinio”. También se mostró frustrada porque desde que presentó su iniciativa “jamás fue incluida en un temario por parte de las autoridades de las comisiones anteriores que nunca tuvieron ni la gentileza de incorporarlo”, y cerró: “Puede que no sea la ley ideal, pero es un paso y voy a acompañar este dictamen pese a que no es mi proyecto, pero a futuro se puede modificar”.

Al hacer uso de la palabra, el bonaerense radical Maximiliano Abad precisó que la BUP “es utilizada en un 80% del mundo, es un método muy simple al momento de elegir representantes. Es muy favorable, es universal, desalienta prácticas fraudulentas, es medioambientalmente positiva, genera equidad entre las fuerzas políticas y tiene un costo menor en la impresión de las boletas. Es un instrumento que tiene que generar una bisagra con el régimen caduco que tenemos. Si esta ley se cae estaremos dando un gesto malo a la sociedad porque tenemos que trabajar para hacerle la vida más sencilla”.

El radical planteó que “todo sistema electoral requiere para su modificación un debate amplio, consensos con el 50% más uno de los miembros de las cámaras y requiere que la ley, la implementación resuelva problemas. La ley BUP genera consecuencias favorables”.

“Traté en reiteradas oportunidades de implementar la Boleta Única de Papel en mi provincia, adelanto que estoy a favor de este proyecto. Estoy convencido que hay que tratar esto para ponerle un freno a una reforma electoral que se plantea en la ley ómnibus”, expresó el fueguino Pablo Blanco.

En su intervención, el liberal Francisco Paoltroni (Formosa) cuestionó: “Se están debatiendo temas que tienen 16 años, el pueblo ha mandado un fuerte mensaje y lo que espera del Senado es productividad, si se aprueba está ley y hubiera que tocar algún otro punto en el futuro, con productividad no demoramos ni un mes en cambiarlo”.

Al respecto, el correntino Carlos Espínola y el titular del bloque UCR, Eduardo Vischi, propusieron una moción para pasar a un cuarto intermedio a fin de buscar los consensos necesarios para “sacarse las dudas y tratar de sacar dictamen la semana que viene, pero es importante no dilatar el tratamiento del proyecto”.

La postura desde Unión por la Patria

El primero en hacer uso de la palabra por la principal bancada opositora fue el rionegrino Martín Doñate quien expresó: “Celebro que se esté trabajando en comisiones, pero me parece que esta no es la agenda que la sociedad argentina le está requiriendo al Congreso que se ocupe en esos momentos de la vida social y económica del país”.

“No es un tema excepcional para estar debatiendo un 3 de enero en el Congreso. Me parece que este proyecto se debe debatir en profundidad con todas las partes involucradas, de generar un marco normativo serio, que no sufra congruencias legislativas, que sea aplicable formalmente. Este Senado debería tomar en cuenta algunas cuestiones que están en el espíritu del oficialismo porque está plagado de contradicciones”, apuntó.

En esa línea, señaló que es “transversal el apoyo o rechazo, incluso en nuestro bloque algunos ven con buenos ojos lo de la Boleta Única de Papel, porque sin debate previo de los asesores, sin la participación de los sectores involucrados de la aplicabilidad de la ley puedan participar en el marco de la comisión para sacar una buena ley coherente, que tenga cohesión normativa con lo que pretende reformularse en la institucionalidad del país”.

Doñate cuestionó que “tratar el proyecto de ley de la Boleta Única de Papel es una contradicción que debe ser reparada”. “Esta iniciativa mantiene a las PASO, pero en la ley ómnibus se pide por su eliminación”, afirmó y consideró que también se contradice con el impulso del sistema uninominal de circunscripción y aseguró: “Queremos ayudar a que si se hacen reformas electorales se hagan con los consensos necesarios que se requieren”.

“La BUP va a tener enormes dificultades para ser aplicable en la provincia de Buenos Aires”, adelantó el rionegrino y chicaneó: “Va a ser una pared entera de un colegio, es algo impracticable”, y sostuvo que “hay que buscarle la vuelta para que se pueda aplicar en todas las provincias, hay que ensayar la aplicabilidad aprovechando en un año no electoral, no hagamos un mamarracho, un cachivache legislativo”.

El senador kirchnerista se distanció de quienes dicen que “hay falta de transparencia en el sistema de votación actual, porque si queremos proponer BUP por las características buenas que tiene, no le pongamos el dedo acusador a 40 años de construcción del sistema electoral que garantizaba la participación de minorías y tuvo resultados diversos en todo este tiempo porque ganaron de todos los partidos políticos. El sistema electoral es un buen sistema perfectible. La BUP también es bueno, pero hay que tratarlo seriamente”.

Doñate hizo hincapié en “la fragilidad del proyecto” porque “hay más proyectos presentados que no se pusieron en tratamiento que deberían haberse incluido”, e hizo observaciones que “hacen inviable la propuesta” e indicó que hay una sobre carga a la Cámara Electoral en desmedro de los juzgados electorales porque “todo lo que se le da no lo puede hacer, hay plazos incongruentes, falta de representación de agrupaciones provinciales”, y procedió a enumerar los aspectos a modificar de “la propuesta débil legislativamente”.

En el mismo sentido se manifestó el pampeano Daniel Bensusán quien cuestionó: “Este proyecto podría haberse tratado en las sesiones ordinarias porque no es un tema de extrema urgencia”.

“Algunos critican el sistema actual por supuestos de fraude, pero en estos 40 años de democracia, no hubo ningún fallo que determine que en alguna elección nacional haya habido fraude. Hay que ser serios cuando se critica un sistema para querer modificarlo”, expresó.

“Surgen muchas dudas sobre este proyecto de Boleta Única de Papel, advertimos la existencia de dos leyes, esta que estamos debatiendo aquí y la llamada ley ómnibus que está en Diputados, se puede estar a favor o en contra, pero no entiendo dónde está la urgencia”, sostuvo la riojana Florencia López.

La jujeña Carolina Moisés reiteró que “hay una contradicción, que es que el proyecto de la ley ómnibus elimina las PASO y en este proyecto hay un capítulo entero sobre las PASO. No podemos legislar por duplicado, sobre algo que está por tratarse de modo contrario en la Cámara de Diputados”.

Incertidumbre en torno al Presupuesto 2024: “Hay distintos rumores, no tenemos ninguna seguridad todavía de qué va a pasar”

Así lo afirmó en diálogo con parlamentario.com la diputada nacional Germana Figueroa Casas quien avizoró una cámara con “muchas más discusiones donde va a primar el diálogo”. Además, bregó para que “se tome en cuenta el pedido de seguridad y emergencia para Santa Fe”.

Con una nueva composición en el Congreso y ante un cambio de gobierno, parlamentario.com dialogó brevemente con la diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro – Santa Fe) quien avizoró el futuro funcionamiento legislativo: “Creo que habrá muchas más discusiones donde va a primar el diálogo”. Respecto del proyecto de Presupuesto Nacional 2024 enviado al Congreso por el Palacio de Hacienda el pasado 15 de agosto, expresó: “No sabemos nada, no tenemos ninguna seguridad todavía de qué va a pasar”.

Al ser consultada respecto de las primeras medidas que está tomando el gobierno de Javier Milei y a la espera del envío al Parlamento de “Ley Ómnibus”, la santafecina aseguró: “Para poder dar una opinión me gustaría esperar la llegada de la ‘Ley ómnibus’ o lo proyectos que se mencionan. Hay que esperar ver el funcionamiento de todo porque es pronto para dar una opinión y uno quiere apoyar a la persona que fue elegida por la gente. Estamos esperando cómo se da todo”.

“Con respecto a reducir funcionarios, al tema de bajar la pauta oficial obviamente son señales porque quizás no implica la reducción de déficit que uno necesita, pero son señales de que quieren hacer un gobierno austero que es lo que corresponde en un momento tan duro para el país”, expresó sobre el anuncio de este martes de la quita de pauta a medios de comunicación.

Por otro lado, avizoró la actividad legislativa dentro de la Cámara baja: “Creo que va a ser una cámara que va a tener muchas más discusiones de las que tuvo en los primeros dos años al estar más distribuido el poder, al ser un oficialismo que no tiene tantos diputados creo que va a primar el diálogo y eso es importante”.

“Hay muchos proyectos para tratar. Creo que va a tener mucho que ver la forma en que se plantean como por ejemplo la reforma laboral, tributaria hay mucho de baja de gastos que tenemos que ver y cuáles son las propuestas del Ejecutivo”, manifestó.

En su carácter de contadora pública se refirió al Presupuesto 2024, proyecto que ingresó al Congreso el pasado 15 de agosto y que solo tuvo tratamiento la separata del mismo en una sola reunión informativa que tuvo lugar el 25 de octubre: “Hay distintos rumores, no sabemos, no tenemos ninguna seguridad todavía, algunos dicen que van a reconducir el anterior, otros dicen que van a mandar un Presupuesto nuevo, así que estamos esperándolo”. Cabe recordar que el diputado nacional Carlos D’Alessandro (LLA) anticipó que prorrogarán el Presupuesto 2023.

“Estamos esperando esta Ley ómnibus. Hay algunos proyectos que estamos trabajando, pero le vamos a dar prioridad a esto porque tiene que ser algo factible y posible de que salga, así que esperando a ver qué sucede. Siempre viendo también qué pasa en Santa Fe, tenemos presentando ya y nos gustaría que se tome en cuenta el pedido de seguridad y emergencia para la provincia, pero también esperando a la ministra respecto de qué camino van a tomar. En el corto plazo es apoyo y tratar de construir algo bueno para el futuro”, planteó.

Por otro lado, Figueroa Casas respaldó la medida que tomó el gobernador de su provincia, Maximiliano Pullaro, de eliminar la repitencia en las escuelas: “Es una buena medida porque hay que priorizar la educación empezar a prestar atención y muchas veces cuando el chico sigue pasando y pasando se pierde el control de quién le está yendo bien y a quién le va mal porque hay chicos que llegan a la universidad sin tener una buena comprensión de texto y otros que no terminan el colegio y esto tiene mucho que ver con el aprendizaje y esperemos que sea una prioridad”.

Tras asumir, Milei alertó que “la situación del país es crítica y de emergencia” por lo que “no hay solución alternativa al ajuste”

El flamante presidente de la Nación enumeró la herencia que recibió del kirchnerismo en su discurso inaugural de su gestión: “Déficit fiscal, emisión monetaria, cepo cambiario, hiperinflación, deuda, pobreza, inseguridad”, entre los puntos. Le dejó un mensaje a la clase política.

Celeste y blanco. Banderas argentinas y algunas amarillas que flameaban al canto de “Viva la Libertad” en los alrededores en la Plaza de los Dos Congresos. Así se congregó una multitud a la espera de escuchar el primer discurso como presidente de la Nación de Javier Milei.

En un escenario montado en la explanada del Parlamento, donde fueron ubicados a sus costados los dignatarios extranjeros que vinieron a presenciar su asunción, el presidente electo inició su discurso cerca de las 12.20 del mediodía de este domingo. “Hola a todos”, fueron las primeras palabras de Milei que despertó la euforia de su público.

“Señores ministros de la Corte. Señores gobernadores. Señores diputados y senadores nacionales. Presidentes y mandatarios extranjeros. Argentinos. Hoy comienza una nueva era en la Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país”, arrancó su disertación.

Así, destacó que “los argentinos, de manera contundente, han expresado la voluntad de cambio que ya no tiene retorno. No hay vuelta atrás”, y resaltó: “Hoy enterramos décadas de fracasos, peleas intestinas y disputas sin sentido. Peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina. Hoy comienza una nueva era en la Argentina, una era de paz y prosperidad. Una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso”.

Recorrido histórico

Milei contó que “hace 200 años un grupo de ciudadanos argentinos reunidos en San Miguel de Tucumán le dijeron al mundo que las provincias unidas del Río de La Plata no eran más una colonia española y que a partir de ese histórico momento seríamos una Nación libre y soberana. Durante décadas nos enfrentamos en disputas internas acerca de cuál tendría que ser la forma institucional que nuestro país necesitaba”.

“En 1853, luego de 40 años de haber declarado la independencia, bajo el auspicio de un grupo de jóvenes idealistas que hoy conocemos como la generación del 37’ decidimos como pueblo abrazar las ideas de la libertad”, relató y sumó: “Así, se sancionó una Constitución liberal con el objetivo de asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

En esa línea, el presidente señaló que “lo que vino después de la sanción de esa Constitución de fuerte arraigo liberal fue la expansión económica más impresionante de nuestra historia. De ser un país de bárbaros enfrascados en una guerra sin cuartel pasamos a ser la primera potencia mundial. Para principios del siglo XX éramos el faro de luz de Occidente. Nuestras costas recibían con brazos abiertos a millones de inmigrantes que se escapaban de una Europa devastada en búsqueda de un horizonte de progreso. Lamentablemente, luego de nuestra dirigencia de modelo que nos había hecho rico, se abrazaron las ideas empobrecedoras del colectivismo”.

En contraste, cuestionó que “durante más de 100 años los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos”.

Un modelo que considera que la tarea de un político es dirigir la vida de los individuos en todos los ámbitos y esferas posibles. Un modelo que considera al Estado como un botín de guerra que hay que repartir entre los amigos. Señores, ese modelo ha fracasado en todo el mundo, pero en especial en nuestro país”, enfatizó y comparó: “Así como la caída del Muro de Berlín marcó el fin de una época trágica para el mundo, estas elecciones han marcado el cuento de quiebre de nuestra historia”, mientras los espectadores comenzaron a gritar “libertad, libertad”.

La herencia kirchnerista

En otro pasaje de su discurso, Milei hizo hincapié en “la herencia que vamos a recibir”, y apuntó: “Dejen que sea muy claro en esto: ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros”.

Así, criticó: “El kirchnerismo que en sus inicios se jactaba de tener superávits gemelos, esto es superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficits gemelos por 17% del PBI. A su vez, de esos 17 puntos, 15 puntos corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro Nacional y el Banco Central”.

“Por lo tanto, no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal. Al mismo tiempo, de esos 15 puntos de déficit fiscal 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al BCRA por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI que, a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado”, advirtió el economista.

Milei explicó que “es necesario limpiar los pasivos remunerados del BCRA los cuales son los responsables de los 10 puntos de déficit del mismo, de esta manera se pondría fin a la emisión de dinero y con ello a la única causa de la inflación empíricamente cierta y válida en términos teóricos”.

“Sin embargo, dado que la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 a 24 meses aun cuando hoy dejemos de emitir dinero, seguiremos pagando los costos del desmadre monetario del gobierno saliente. Haber emitido por 20 puntos del PBI como se hizo en el gobierno saliente no es gratis, lo vamos a pagar en inflación”, señaló.

Otra de las herencias que mencionó fue la el cepo cambiario que “no solo constituye una pesadilla social y productiva porque implica altas tasas de interés, bajo nivel de actividad, escaso nivel de empleo formal y salarios reales miserables que impulsan el aumento de pobres e indigentes, sino que además el sobrante de dinero de la economía hoy es el doble que había en la previa del Rodrigazo”.

“Para tener una idea de lo que eso implica, recordemos que el Rodrigazo multiplicó por seis veces la tasa de inflación por lo que un evento similar significaría multiplicar la tasa de inflación por doce veces y dado que la misma viene viajando a un ritmo del 300% podríamos pasar a una tasa anual del 3.600”, ejemplificó Milei.

“A su vez… tranquilos que no termina acá, la herencia sigue”, dijo en una breve advertencia y siguió: “Dada la situación de los pasivos remunerados del BCRA la cual es peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Raúl Alfonsín en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual. Esta es la herencia que nos dejan, una inflación plantada del 15 mil por ciento anual la cual vamos a luchar con uñas y dientes para poder erradicarla”.

El jefe de Estado alertó que “este número, que parece un disparate, quiero que sepan que implica una inflación del 52% mensual, mientras que hoy mismo ya viaja a un ritmo de acuerdo a estimaciones privadas que oscilan entre el 20 y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero”.

Esto es el gobierno saliente. Nos ha dejado plantada una hiperinflación y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 70% y la indigencia por encima del 50%. En consecuencia, no hay solución alternativa al ajuste”, señaló.

También contó que “la herencia no termina ahí, ya que los desequilibrios en tarifas solo es equiparable al desastre que nos dejó el kirchnerismo en el año 2015. En el plano cambiario, la brecha oscila entre el 150 y 200% niveles similares a los que teníamos en el Rodrigazo”.

“A su vez, la deuda con importadores supera los 30 mil millones de dólares y las sutilidades retenidas a las empresas extranjeras alcanzan los 10 mil millones de dólares”, agregó.

Además, comentó que la deuda del BCRA y de YPF suman 25 mil millones de dólares y la deuda del Tesoro pendiente suma unos 35 mil millones de dólares adicionales. “Esto es la bomba en términos de deuda asciende a 100 mil millones de dólares que habrá que sumar a los cerca de los 420 mil millones de dólares de deuda ya existente, naturalmente a estos problemas hay que sumarle también los vencimientos de deuda de este año, donde los vencimientos de deudas en pesos son equivalentes a 90 mil millones de dólares y 25 mil millones de dólares en moneda extranjera con organismos multilaterales de crédito”, contabilizó.

“Sin embargo, con mercados financieros cerrados y el acuerdo con el FMI caído por los brutales incumplimientos del gobierno saliente, el Roll Over de deuda es por más desafiante aún para el mítico cíclope”, alertó.

Milei reiteró que “no-hay-plata”

El economista planteó que “todo esto transcurre en una economía que no crece desde el año 2011 y en línea con lo anterior, el empleo formal en el sector privado se mantiene estancado en 6 millones de puestos de trabajo llegando a la locura de que el mismo fue superado en un 33% por el empleo informal”.

“Por eso, no debería sorprender a nadie que los salarios reales se hayan destruido ubicado en torno a los 300 dólares mensuales los cuales, no solo son 6 veces inferiores a los de la convertibilidad, sino que, de haberse mantenido la tendencia de aquellos años, o como lo decían ellos ‘el maldito neoliberalismo’ hoy oscilarían entre 3 mil y 3500 dólares por mes”, comparó y apuntó: “Nos han arruinado la vida, nos han hecho caer por 10 veces nuestros salarios”.

A su vez, sostuvo: “Tampoco nos deberíamos sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes”, y aclaró que “luego de dicho cuadro de situación que, a todas luces, parece irremontable debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste”.

“Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo porque todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras todos los programas de shock, salvo el del 59’, fueron exitosos”, proclamó el mandatario.

En ese sentido indicó que “si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de la Argentina, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal, haciendo que el mismo sea recesivo”.

Milei manifestó que “para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y lamentablemente tengo que decírselo de nuevo: no-hay-plata”. Por ende, continuó: “La conclusión es que no hay alterativa al ajuste, y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes”.

Anticipó entonces que “habrá estanflación, es cierto; pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. El PBI per cápita ha caído el 15% en un contexto donde acumulamos 5000% de inflación. Hace una década que vivimos en estanflación, por lo tanto, este es el último mal trago para iniciar la reconstrucción de Argentina”.

Antes tantas pálidas, Milei dijo esperanzado que “luego del reacomodamiento macro que vamos a impulsar, el cual será menos doloroso cuando mayor sea la caída del riesgo país y cuando mayor sea nuestra contención desde el Ministerio de Capital Humano la situación comenzará a mejorar. Esto es: habrá luz al final del camino”.

“En el caso alternativo, la propuesta sensiblera progresista cuya única fuente de financiamiento es la emisión de dinero derivará en una hiperinflación que llevará al país a la peor crisis de su historia sumado a que nos meterán en una espiral de decadencia que nos equiparará con la oscuridad de la Venezuela de Chávez y Maduro”, afirmó el economista.

Y reiteró: “Luego de semejante cuadro de situación no pueden quedar dudas que la única opción posible es el ajuste ordenado que caiga sobre toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado”.

“Sabemos que será duro, por eso quiero traerles una frase sobresaliente de uno de los mejores presidentes de la historia argentina que fue Julio Argentino Roca ‘nada grande, nada estable y duradero se conquista en el mundo cuando se trata de la libertad de los hombres y del engrandecimiento de los pueblos, sino es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios’”, expresó.

Inseguridad, pobreza, educación y salud

Por otro lado, durante su discurso planteó que sus “desafíos no terminan solamente en el plano económico”, ya que “el nivel de deterioro de nuestro país es tal, que abarca todas las esferas de la vida en comunidad”.

En materia de seguridad, consideró que la Argentina “se ha convertido en un baño de sangre. Los delincuentes caminan libres, mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas”, donde el narcotráfico “se apoderó lentamente de nuestras calles, a punto tal, que una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia”.

“Nuestras fuerzas de seguridad han sido humilladas y mal ternadas durante décadas, han sido abandonadas por una clase política que les ha dado la espalda a quienes nos cuidan. La anomia es tal que solo el 3% de los delitos son condenados”, criticó Milei y adelantó que “se acabó con el ‘siga, siga’ de los delincuentes”.

En materia social, contó que está recibiendo un país “donde la mitad de la población es pobre, con el tejido social completamente roto. Más de 20 millones de argentinos no puede vivir de una vida digna porque son presos de un sistema que lo único que genera es más pobreza. ‘Los planes contra la pobreza generan más pobreza’. La única forma de salir de la pobreza es con más libertad. Al mismo tiempo 6 millones de chicos hoy a la noche se irán a dormir con hambre, que caminan descalzos por la calle y otros que cayeron en la droga”.

Así, consideró que “lo mismo ocurre en materia educativa”, y detalló: “Para que tengan idea del deterioro que vivimos solo el 10% de nuestros chicos se reciben en tiempo y forma en nuestra escuela, solo el 16%, solo el 16 de cada 100”.

“El 84% no la terminan en tiempo y forma, y el 70% de los que terminan no puede resolver un problema de matemáticas básica o comprender un texto. De hecho, en las últimas evaluaciones PISA la Argentina se encuentra en el puesto 66 de 81 y séptima de América Latina, cuando supimos ser el primer país que terminó con el analfabetismo en el mundo”, precisó e ironizó indignado: “Si se levantara Sarmiento y viera lo que hicieron con la educación”.

Por último, se refirió al área de salud con un “sistema que se encuentra completamente colapsado. Los hospitales están destruidos, los médicos cobran miseria y los argentinos no tienen acceso a salud básica”. En ese sentido, se refirió a la pandemia y consideró que “si los argentinos hubiéramos hecho las cosas como la media de los países del mundo hubiéramos tenido 30 mil muertos, pero gracias al ‘Estado te cuida’ y su ineficiencia 130 mil argentinos perdieron la vida”.

El nuevo contrato social

“Ese es el Estado presente del que los políticos tanto hablan. Argumento que utilizan para justificar el aumento descomunal del gasto público que solo los beneficia a ellos. En todas las esferas, miren donde miren, la situación del país es de emergencia”, enrostró Milei.

Además, planteó: “Si miramos la infraestructura de nuestro país la situación es la misma. Solo el 16% de nuestras rutas se encuentran asfaltadas y solo el 11% se encuentra en buen estado. No es casualidad que mueran cerca de 15 mil argentinos por año en accidentes de tránsito”.

“Lo que quiero graficar con esto es que la situación del país es crítica y de emergencia. No tenemos alternativas y tampoco tenemos tiempo. No tenemos márgenes para discusiones estériles, nuestro país necesita de acción inmediata”, resaltó y apuntó: “La clase política deja a un país al borde de la crisis más profunda de nuestra historia y cada uno de ellos tendrá que hacerse cargo de su responsabilidad, no es tarea mía señalarlos”.

En tanto, aclaró: “No buscamos y deseamos las duras decisiones que habrá que tomar las próximas semanas, pero lamentablemente no nos han dejado opción. Nuestro compromiso con los argentinos es inalterable”, y anticipó: “Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política. Aún cuando al principio sea duro, sabemos que en el corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible del tiempo”.

“También sabemos que no todo está perdido, los desafíos que tenemos son enormes, pero también lo es nuestra capacidad para superarlos, no va a ser fácil porque 100 años de fracasos no se deshacen en un día, pero un día empieza y hoy es ese día”, insistió.

El presidente, destacó: “Hoy empezamos a desandar el camino de la decadencia y comenzamos a transitar el camino de la prosperidad. Tenemos todo para ser el país que siempre soñamos. Tenemos los recursos, tenemos la gente, tenemos la creatividad y mucho más importante tenemos la resiliencia para salir adelante”.

“Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, esas ideas que se resumen en la definición de liberalismo de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad el profesor Alberto Venegas Lynch hijo que dice ‘el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social’. En esa frase de 57 palabras está resumida la esencia del nuevo contrato social que eligieron los argentinos”, subrayó.

Milei sostuvo que “este nuevo contrato social nos propone un país distinto, donde el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos”, y dejó duras advertencias a los piqueteros: “Un país en el que las hace, las paga. Un país en el que quien corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la sociedad, el que corta, no cobra. Un país que dentro de la ley permite todo, pero fuera de la ley no permite nada. Un país que contiene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar por aquellos que utilizan a los que menos tienen para enriquecerse a ellos mismos”.

El mensaje a la dirigencia política

En el tramo final de su discurso, el jefe de Estado se dirigió a la clase política argentina: “Quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie, no venimos a saldar viejas vendettas, ni a discutir espacios de poder”.

“Nuestro proyecto no es un proyecto de poder, nuestro proyecto es un proyecto de país -aseguró-. No pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos”, expresó.

Milei anunció a continuación: “A todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos”. Y proclamó: “No importa de donde vengan, qué hayan hecho antes… Lo único que importa es hacia dónde quieren ir”.

Sobre el final advirtió que “aquellos que quieren utilizar la violencia y la extorsión, para obstaculizar el cambio, les decimos que se van a encontrar con un presidente de convicciones inamovibles, que utilizaré todos los resortes del Estado para avanzar en los cambios que nuestro país necesita”.

“No vamos a claudicar, no vamos a retroceder, no nos vamos a rendir… Vamos a avanzar con los cambios que el país necesita, porque estamos seguros que abrazar las ideas de la libertad es la única manera en la que podremos salir del pozo en el que nos han metido”, remarcó el flamante mandatario

Así, resaltó: “Hoy comienza una nueva era en Argentina, el desafío que tenemos es titánico, pero la verdadera fortaleza de un pueblo se mide cómo enfrentan los desafíos cuando se presenta y cada vez que creemos que nuestra capacidad para superar esos desafíos ha sido alcanzada miramos al cielo y recordamos que esa capacidad bien podría se ilimitada. el desafío es enorme, pero lo enfrentaremos con convicción, trabajaremos sin descanso y llegaremos a destino”.

A su vez, sostuvo que “no es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de la luz, ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad, la guerra de los macabeos es el símbolo del triunfo de los débiles por sobre los poderosos, de los pocos por sobre los muchos, de la luz por sobre la oscuridad, y sobre todas las cosas de la verdad por sobre la mentira, porque saben que prefiero decirles una verdad incómoda, antes que una mentira confortable. Estoy convencido que vamos a salir adelante”.

Por último, recordó que cuando ingresó al Congreso junto a su compañera presidencial, Victoria Villarruel, le dijeron “ustedes son dos sobre 257, no van a poder hacer nada”, por lo que destacó: “La victoria de las batallas no viene de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas del cielo. Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en ese desafío. Será difícil, pero lo vamos a lograr”, cerró al exclamar tres veces: “¡Viva la Libertad, carajo!”.

Sin elegir a sus autoridades, el Senado le tomó juramento a los legisladores electos y a los reemplazos

La Cámara alta cumplió con la toma de juramento de los legisladores elegidos el pasado octubre y de quienes completarán el mandado de los senadores que asumirán otros cargos. Así renovó un tercio de sus integrantes. La designación de autoridades quedaría para febrero como establece el reglamento.

Tras un emotivo homenaje al fallecido senador Matías Rodríguez, la Cámara alta procedió a cumplir con la formalidad de tomar juramento a los legisladores electos en las elecciones generales que asumirán el 10 de diciembre, renovando así un tercio de sus integrantes y también a quienes reemplazarán y completarán el mandato de los senadores que asumirán otros cargos.

Ausente la titular del Cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, por estar a cargo del Ejecutivo, y con su futura reemplazante observando desde el palco con un blazer rojo, Victoria Villarruel, la sesión preparatoria se inició a las 15.30 y estuvo presidida por la presidenta provisional Claudia Ledesma Abdala de Zamora quien estuvo a cargo de tomarle juramento a los 24 nuevos senadores: 11 de Unión por la Patria, 2 de JxC, 7 de La Libertad Avanza y 4 de los oficialismos provinciales; y a los seis reemplazos.

El secretario Parlamentario, Marcelo Jorge Fuentes, procedió a dar lectura a las renuncias de los senadores Ignacio “Nacho” Torres que asumirá como gobernador de la provincia de Chubut, el tucumano oficialista Pablo Yedlin que asumirá como diputado nacional, el santafecino Dionisio Scarpin (UCR) quien fue electo diputado provincial, el mendocino Alfredo Cornejo (UCR) que fue electo gobernador y el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Rio Negro) que también será mandatario provincial, las cuales fueron aprobadas por el cuerpo.

En una breve interrupción, el jefe del bloque oficialista José Mayans, hizo una aclaración previa a las juras: “Como esta es la sesión preparatoria y estamos hablando de renuncias de senadores que aún están en funciones, que se tenga en cuenta que solamente votan los que están en funciones”. El secretario Fuentes le agradeció el “recordatorio”, y procedió a dar lectura de todos los senadores consagrados en octubre, titulares y suplentes.

Luego volvió a hacer uso de la palabra Mayans, quien dejó constancia de la ausencia de impugnaciones y objeciones para todos los senadores consagrados, tras lo cual se votó la aprobación del despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y se inició la jura de los legisladores, comenzando por la vacante por el fallecimiento del senador Rodríguez, luego las suplencias y por último con los títulos correspondientes a la renovación del cuerpo por orden alfabético por provincias.

Desde los palcos miraban los gobernadores Axel Kicillof y Ricardo Quintela.

La jura de los reemplazos

Así, la primera en jurar ante la titular del Cuerpo fue la oficialista Cándida Cristina López -quien completará el mandato del fueguino- y lo hizo por “la patria, por Malvinas, por Tierra del Fuego y por los 30 mil desaparecidos”. Luego fue el turno de la chubutense Andrea Marcela Cristina que terminará el mandato de Torres.

A continuación, fue el turno del mendocino Rodolfo Suárez que terminará el mandato de Cornejo, quien lo acompañó junto a su familia en la jura. También juró Mónica Esther Silva la rionegrina que será la suplencia de Weretilneck.

Por la provincia de Santa Fe y en lugar de Scarpin juró Eduardo Horacio Galaretto y, por último, juró el exjefe de Gabinete Juan Manzur que asumirá para completar el mandato de Yedlin.

Los senadores electos juraron

Por la provincia de Buenos Aires el primero en jurar fue el senador Maximiliano Abad (JxC), seguido de Eduardo “Wado” De Pedro (UP) quien se llevó un fuerte aplauso del recinto, de la misma manera que Juliana Di Tullio que renueva su banca.

Por Formosa juraron María Teresa González y el jefe del bloque UP, José Mayans que lo hizo “por la gracia de Dios”. Ambos renovaron sus bancas. Por esa provincia también juró el liberal Francisco Paoltroni (LLA) quien será el futuro presidente provisional del Senado.

A continuación, fue el turno de los jujeños liberales Ezequiel Atauche -que fue elegido como presidente del bloque La Libertad Avanza- y Vilma Bedia. Por el UP renovó su banca Carolina Moisés.

Luego fue el turno de los riojanos de UP María Florencia López y Jesús Fernando Rejal. Por la misma provincia también lo hizo el liberal Juan Carlos Paggotto.

Por el Frente de la Concordia Misionero juraron Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. De esa misma provincia, pero para el bloque de JxC también juró Martín Göerling.

Los sanjuaninos fueron los siguientes, comenzado por María Celeste Giménez Navarro (UP) quien juró por “el pueblo sanjuanino, por Néstor y por Cristina y por los 30 mil compañeros detenidos y desaparecidos”. Siguió el liberal Bruno Antonio Olivera Lucero y cerró la jura por la provincia el exgobernador Sergio Uñac.

También juraron los puntanos Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta (ambos de LLA), y Fernando Salino (UP).

Las juras la cerraron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, ambos del FrentePor Santa Cruz referenciado en el nuevo gobernador de esa provincia, Claudio Vidal. La última fue la exgobernadora de esa provincia Alicia Kirchner quien juró por su hermano fallecido y expresidente de la Nación Néstor Kirchner y por “los derechos humanos y sociales, por los santacruceños”.

Finalizando la sesión, que se extendió más de una hora, se procedió a dar lectura y a aprobar las renuncias de las autoridades de la cámara en los cargos de secretarías, Marcelo Jorge Fuentes (Parlamentaria) y María Luz Alonso (Administrativa); Diego Emiliano Bermúdez al cargo de la Prosecretaría de Coordinación Operativa, Mariano Ramiro Cabral al cargo de la prosecretaría Administrativa y de Claudia Ledesma Abdala de Zamora a la Presidencia Provisional.

En ese marco, desde La Libertad Avanza adelantaron la intención de votar las nuevas autoridades la semana que viene.

El nuevo cuerpo estará conformado por UP- que se convertirá en la bancada opositora y primera minoría dentro de la cámara con 33 senadores, La Libertad Avanza tendrá 7, Unión Federal 3, Frente de la Concordia Misionero 2, Por Hacer Santa Cruz 2 y la monobloquista de JSRN. Habrá que ver si a Juntos por el Cambio se le contabilizan sus 24 representantes, o bien se los considera por bloques: 13 radicales, 7 del Pro y 4 de Cambio Federal. Lo más probable, si se considera lo que ha pasado en la Cámara baja.

Referentes sindicales respaldan reducir la jornada laboral, frente al rechazo de empresarios y académicos

El sector gremial hizo hincapié en la antigüedad de “más de 100 años” de la norma vigente. Desde el sector empresarial, abogados y especialistas académicos criticaron los proyectos, coincidieron en que “bajar las horas de trabajo no implica mayor productividad” y que “no es el momento adecuado del país para hacerlo”.

La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, a cargo de la oficialista Vanesa Siley, llevó a cabo este miércoles la segunda reunión informativa para debatir la reducción de la jornada laboral, que tiene como base siete proyectos de ley, cinco de oficialistas, uno de la izquierda y el restante del socialismo, con el objeto de lograr los consensos necesarios para modernizar la ley 11.544 que lleva casi 100 años de vigencia regulando la jornada de trabajo en nuestro país.

El encuentro contó con la participación y disertación de representantes gremiales que respaldaron la iniciativa la hacer hincapié en la antigüedad de “más de 100 años” de la normativa vigente. Por el contrario, del sector empresarial, académicos y abogados criticaron los proyectos, señalaron que no hay evidencia técnica que demuestre que “reducir las horas de trabajo implica mayor productividad”, y plantearon que “no es el momento adecuado del país” para lleva adelante esta propuesta.

Al inicio, Siley sostuvo que el tema “ha generado en la vida social repercusión y gran debate”, y recordó que en la reunión anterior asistieron nueve expositores, entre ellos la ministra de Trabajo Kelly Olmos. También informó que se contactaron desde la OIT (Organización Internacional del Trabajo) quienes manifestaron sus ganas de poder asistir, pero aclaró que “quedará para las próximas reuniones informativas porque requiere de todo un tiempo de preparación”.

Así, la titular de la comisión enumeró algunos puntos que surgieron del debate anterior para poder incorporarlos al dictamen futuro, tales como la desconexión digital por una necesidad de “programación progresiva”, y la discusión de las diferentes realidades laborales del país para que “puedan ser contempladas”.

También confirmó una tercera reunión en dos semanas, debido a que la que va del 9 al 12 (porque es fin de semana largo) habrá sesión de la cámara.

La palabra de funcionarios y gremialistas

Héctor Daer, secretario General de la CGT (Confederación General del Trabajo) despojó la iniciativa de una cuestión electoral al recordar que su sindicato en el 1ro de mayo anunció que “este año íbamos a trabajar la reducción de la jornada laboral”. “No es bueno que se pongan cuestiones terminantes de ‘esto es imposible’, ‘esto no se puede hacer’”, indicó y mostró datos de un estudio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) donde México tiene 48 horas laborales que “tramita la reducción”, Chile 45 horas “que ya la redujo posterior a esto”, y los demás están en 40 horas como Francia.

“Argentina aún tiene 48 horas y eso nos tiene que hacer pensar que estamos fuera del mapa”, señaló y se refirió a la falta de igualdad entre el hombre y la mujer al explicar que “cuando se habla del tiempo de trabajo es la mayor cantidad de tiempo de su vida activa que realiza. Todos pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa con la familia porque, no solo tenemos la jornada laboral sino también horas de viaje. Esto también cambió con el tiempo hace 100 años la cercanía al trabajo era mucho mayor que ahora y esto se modificó en los últimos 40 años”.

Daer consideró que “es fundamental discutir también la distribución de la jornada sobre cómo adecuarlo que tiene que ir por la vía de los convenios colectivos. Hay que establecer una jornada mínima, plazos para que se articule en los convenios y estoy de acuerdo en que hay que profundizar el debate”.

“Cuando hablamos de productividad empecemos a desagregar quién a lo largo del tiempo se llevó las ganancias y por ahí vamos a entender el camino que estamos buscando, que no hay que acelerar ni condicionar porque si no, no sale más esta ley. Tenemos que pensar en que Argentina tiene que dar un paso fundamental en la reducción de hora”, concluyó.

En su intervención, Estela Díaz, ministra de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, consideró que el debate sobre licencias parentales -al cual también asistió- está relacionado con la reducción de la jornada laboral algo que “es fundamental”.

“Era hora que empecemos a debatir una jornada laboral que se definió hace 100 años, mismo con las licencias que es algo que se definió hace décadas y es necesario plantearlo”, indicó y asimiló: “Debemos pensar la jornada laboral en torno a la relación entre el trabajo productivo, remunerado y el trabajo reproductivo y de cuidados, por eso los relaciono a ambos temas”.

Díaz planteó que cuando se habla de jornada laboral: “Tenemos que tener en consideración la enorme heterogeneidad del mundo del trabajo cuando debatimos el tema y hay que ser precisos en relación a todas las características que esta ley tenga”, y señaló que “cuando debatimos el trabajo también tenemos que tener en consideración las diferentes formas que tenemos varones y mujeres en el trabajo”.

“Cuando hablamos de jornada laboral hablamos del trabajo productivo, pero también tenemos que pensar en las horas de trabajo de cuidado”, reiteró. Así, comentó que un informe de Brechas de Género Laborales de Ingresos de 2023 elaborado por Hacienda bonaerense da un impacto donde “las mujeres promedio trabajamos mucho menos en el primer trimestre que varía según las edades”.

En tanto, detalló que “los varones en promedio trabajan 40 horas, pero sabemos que hay subocupaciones, aunque las mujeres trabajan 28 horas y hay brechas horarias en el trabajo formal muy significativas. Cuando hay sobreocupación las realizan los varones y eso hace a las brechas de ingresos, a la feminización de la pobreza y el tiempo de trabajo no remunerado”. Asimismo, precisó que las mujeres en promedio trabajan 6 horas y media en un trabajo no remunerado, que es el 75%, en cambio los varones la mitad.

“Cuando pensamos en la reducción de la jornada laboral, nos parece que es una clave en relación a cómo interactúa con la corresponsabilidad entre trabajo y familia”, consideró y analizó: “Vamos a un núcleo de desigualdad estructural de ingresos que hace al 27% promedio menor de los ingresos de las mujeres”, por lo que sugirió que la “reducción de la jornada mirando estas consideraciones es un factor que va a contribuir en el camino con otras medidas como la reducción de las brecas laborales y la división sexual en el trabajo y avanzar en una transformación cultural”.

A su turno, el exdiputado nacional y abogado laborista, Héctor Recalde, no coincidió con la postura que manifestaron desde la UIA y, por el contrario, destacó: “Volver a una limitación de la jornada como se está proponiendo después de casi 100 años, ¿vamos a esperar al 2029? felicito la iniciativa porque lo intentamos varias veces que se lleve a la práctica y seguimos con una legislación antigua que no comparece con la realidad”.

“No es cierto que no está probado que la reducción de la jornada aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo. Si aumenta la producción a los empresarios les tiene que interesar”, contradijo y agregó: “Reducir los accidentes laborales también reduce los costos del trabajo”.

En ese sentido, sostuvo que “no se justifica que sigan existiendo las aseguradoras de trabajo que son entidades de lucro”. “Seamos modernos, entonces salgamos de una ley que tiene casi 100 años”, pidió y mencionó que hay muchas actividades que ya cuentan con una reducción de horas.

En sintonía con las declaraciones de Díaz, manifestó que “es difícil alcanzar una igualdad por cuestiones sociales y culturales, es una utopía llegar a esa igualdad, pero vamos escalonando para llegar a esa igualdad”. “No entiendo que hoy en día se niegue a trabajar un poco menos, si el derecho laboral no creo ni destruye empleo, lo que hace es regular las jornadas, la economía es la que genera empleo. Probemos esta decisión por unos meses a ver si da resultados, si estuvimos 6 años con este sistema, porque para nosotros si aumenta la productividad”, cerró.

Claudio Dellecarbonara, trabajador del subte, miembro del Secretariado Ejecutivo de Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), cuestionó que en algunas exposiciones se plantea la reducción laboral con la productividad “o sea las con las ganancias de las empresas y capitalistas, de eso se trata cuando se habla de productividad del trabajo. Es la plusvalía que se les extrae a los trabajadores, el trabajo no remunerado que las empresas se llevan del trabajo que hacemos, de eso se trata”.

“Se trata de los trabajadores que en sus lugares de trabajo tienen que soportar pésimas condiciones laborales que no tiene seguridad que les garantice su propia vida, esa ganancia no solo está basada en el robo legalizado, sino también en la sangre de los trabajadores”, denunció.

Para Dellecarbonara el planteo “no se puede hacer si a la empresa, al empresario o al capitalista la reducción de la jornada le va a significar una pérdida de sus ganancias o una baja en la productividad laboral o no. A los trabajadores nos tiene que tener sin cuidado porque se ha dicho que en las últimas décadas ha habido un aumento exponencial de la productividad enorme y eso significa que los trabajadores somos más pobres, trabajando lo mismo o más”.

“Tenemos la necesidad de recuperar algo que ya nos han quitado”, expresó y criticó a “las empresas y a los bloques que los defienden los intereses de los patrones plantean todo como costos laborales. Son horas del trabajador sin ver a la familia, sin poder estudiar, sin poder tener ocio, algo que si se dan el lujo los empresarios. Ellos tienen el derecho a navegar, a andar en caballo”.

Al igual que los expositores preopinantes, reiteró: “Son los mismos que nos dicen que no podemos discutir una reducción de la jornada que tiene más de 100 años en el país”, y lo comparó con “la lucha” de los trabajadores del subte. Propuso una reducción laboral de 30 horas semanales sin afectación del salario que sea equivalente a la canasta básica, para “la creación de puestos de trabajo genuino ante un ajuste que sufrimos hace años de distintos gobiernos”. En tanto, invitó a los representantes gremiales a que cada uno baje la discusión en su sector para “imponerlo y lograr un avance”.

En su presentación, Sebastián Etchemendy, profesor investigador asociado de la Universidad Torcuato di Tella (UTDT) e investigador principal de FUNDAR, celebró esta iniciativa de reforma y cuestionó que cuando se habla de reformas “ciertos sectores de centroderecha piensan en ir para atrás para preservar el statu quo. Esta es una reforma inclusiva”.

“Es una tendencia mundial, no es un capricho es algo que pasa en el mundo. El impacto de la reforma es en el bienestar del trabajador y de forma distributiva son centrales, no sé si tiene tanto impacto en la formación de trabajo. Incentiva al empresario a buscar rentabilidad no vía la intensificación del trabajo, sino de otra manera como afectando la organización del trabajo o aplicando tecnología. Solo afecta a los trabajadores sobre ocupados, no a todos, no es algo general”, precisó y cerró: “Esto no va a afectar al trabajador informal”.

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Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y secretario general de FATICA, insistió en que es una ley que tiene casi 100 años y que en el mundo se discute y se debate la reducción de la jornada laboral y en algunos países ya la han implementado que “generaron condiciones favorables a los trabajadores”.

Sostuvo que los datos que se dieron de las jornadas semanales en Latinoamérica son “incorrectos” porque “la jornada laboral más extensa la tenemos acá en Argentina con el máximo permitido que son 48 horas semanales y la anual superan la de los países industrializados”.

Entre los beneficios destacó la “recomposición salarial, la salud y la calidad de vida, disminución de la ART para las empresas, redistribución de los cuidados de forma equitativa y equilibrada domésticos, tendrían más tiempo disponible, aumento de la productividad, reducción de combustión y de energía, circulación de personal, creación de puestos de trabajo, entre otras”.

“La jornada reducida existe en el marco de la realidad y existe hace muchos años porque existe la solidaridad de los trabajadores entre sí a través de las organizaciones laborales”, cerró.

En su alocución, Mario “Paco” Manrique, secretario Gremial de la CGT y adjunto del SMATA, destacó la autocrítica del sector empresarial cuando “expone que no pueden tratar esta ley porque tenemos trabajadores en negro, la informalidad, el monotributo, la precarización del trabajo”.

“Quieren poner arriba de la mesa argumentaciones que carecen de una realidad efectiva. Muchos dicen que no es el momento de tratar la ley, pero si estuviéramos hablando de achuicar derechos estaríamos al revés porque los empresarios estarían justificando por qué sí y nosotros los sindicalistas explicando el no. Se trata de mejorarles la calidad de vida a las personas y darle una mejor calidad integral a la sociedad”, criticó.

En esa línea, remarcó que la reducción de la jornada no debe ir en sintonía con una reducción salarial porque “estamos manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores y, en cierta medida, se lo aumentamos”. Así, aclaró que “no son medidas electorales, son los momentos que vive el país y lo necesita y dar pasos hacia adelante en la creación de condiciones para dar empleo a millones de argentinos que hoy no tienen la posibilidad”.

“Hay cosas por revisar, lo sabemos porque una legislación de esta naturaleza amerita que se vea todo completo. Disiento con algunos de mis compañeros respecto de la productividad que se logra con organizar el trabajo y la tecnología, y debemos estar preparados porque vamos a tener un año de crecimiento y la economía se va a potencia gobierne quien gobierne y tienen que estar las herramientas dadas para que ese crecimiento se deuda rápidamente distribuir y que saquen de la informalidad a millones de ciudadanos”, expresó y finalizó: “Tenemos que mirar para adelante”.

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La visión cordobesa

El vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Uribarren, afirmó que van a colaborar “en las iniciativas que generen mas trabajo, despejen las trabas que existen”, pero cuestionó que la discusión sobre la reducción de la jornada “es inoportuna en este contexto de crisis inflacionaria y retracción de la actividad económica”.

“Debe darse en un marco de consenso, sin presiones ni contexto electoral. No podemos discutir esto sin antes pensar en condiciones de base como el acceso al trabajo, un problema estructural de ahora”, enfatizó y enumeró: “La política económica sin control como inflación, gasto público, política de cambio, la perspectiva de trabajo es hacia la retracción de la actividad”.

Respecto de la informalidad, sostuvo que “no es ético discutir jornada laboral cuando el 40% de los trabajadores son informales según INDEC con un índice de ocupación que esconde formas de trabajo informal como el monotributo, familiar no remunerativo. Además, 3,6 millones de trabajadores asalariados no poseen descuentos jubilatorios”.

Hay que enfocarse primero en reducir la informalidad en vez de la jornada laboral. Argentina es en el cono sur el país con menos creación de empresas por cantidad de habitantes seguido de Venezuela, por ende, si no hay oferta de empleo no se supera la demanda”, detalló y remarcó que el empleo de baja calidad, informal y público “nunca puede ser la oferta en un país que quiere crecer”.

Según Uribarren en los últimos 6 años se incorporaron al mercado 3,2 millones de personas, solo el 10,8% son asalariados formales, el 47% son cuentapropistas y el 41% son asalariados no registrados. “El empleo crece en el monotributo y la informalidad donde no hay reducción de la jornada. No hay eficiencia de la formación”, cerró. También disertó Alejandro Manzanares, del Colegio de Abogados de Córdoba.

“Menos horas no implica más productividad”

En contraposición al proyecto, Juan José Etala, de la Unión Industrial Argentina, ratificó la exposición del vicepresidente de la entidad Julio Cordero la semana pasada, señaló que “no es adecuado el momento en el que se ha decidido avanzar en este complejo tema”.

“En la actualidad el país atraviesa una innegable crisis económica y con casi el 40% del empleo informal. Por ende, no parece que en este difícil escenario se pueda hablar de reducción de jornada y mucho menos sin las debidas consultas, análisis técnicos y económicos necesarios”, planteó.

En esa línea, advirtió que esa reforma “solo aumenta la presión sobre el sector formal y no consideran a los trabajadores no registrados”, al tiempo que indicó que “el foco debería estar en hacer los máximos esfuerzos en formalizar el empleo”.

“Una discusión de esta naturaleza debe hacerse con una estructura socioeconómicas estables y previamente deben estabilizarse las condiciones macroeconómicas y reducir el empleo informal”, ratificó y expresó: “Nos cuesta entender cómo un tema de esta magnitud y trascendencia en materia laboral, relaciones y costos no haya sido precedido de un efectivo diálogo social tripartito para discutir de manera adecuada y pormenorizadamente todas las alternativas y efectos que la norma implica”.

Etala recordó que fue la OIT el que determinó la jornada laboral de 8 horas y 48 semanales, por lo que consideró que “un tema de esta magnitud hubiera requerido necesariamente otro tipo de tratamiento tripartito que no puede ser comparencia de sectores empresariales al Congreso, es algo que se tiene que tratar de forma macro y con diálogo social”.

A su vez, cuestionó que algunos proyectos “están pensados para el marco de la pandemia que hoy ya no existen y otros analizan la necesidad de descanso que ya existen con las normas de limitación jornadas, y a la siniestralidad se la combate con el cumplimiento de las normas en materia de higiene y seguridad”. También afirmó que es “voluntarista de todo fundamento técnico” que la reducción de la jornada mejora la productividad.

“No se puede reducir genéricamente todas las jornadas de las diversas modalidades de trabajo. No es justificable reducir una jornada de seis horas porque es la adecuada, lo mismo sucede con los trabajos que requieren mayor tiempo de trabajo y diversidad de descanso. Bajar la jornada alegal manteniendo las remuneraciones implica un inédito aumento para la productividad porque al reducir la jornada de 8 a 6 horas debería incrementarse en un 36% y si la productividad no compensa el aumento de costos, necesariamente aumenta el costo de los productos”, explayó.

El empresario alertó que “en las actuales condiciones reducir la jornada laboral implica incrementar la informalidad y más inflación. Los países que lo jornada tiene una realidad distinta a la de Argentina, ya que la producción se encuentra estancada hace 10 años, la inflación es alta y no se generan empleos de calidad. La actividad privada contrata a 6 millones de trabajadores, por lo tanto, se crean empleos informales”.

“En este escenario reducir la jornada solo generará más inconvenientes y, no solo no se va a generar empleo, sino que va a generar más inflación. Suponer que reducir la jornada aumentará la contratación de empleados es una expresión de deseo”, advirtió y remarcó que “no se genera empleo por ley, sino cuando las condiciones económicas de país lo permiten. Argentina tiene un índice de desempleo del 6%. Una ley así solo recaerá sobre los trabajadores formales, mientras que los informales no tendrán reducción de jornada o los otros beneficios, la legislación recae solo en una parte de los trabajadores que son los registrados y que deberán aceptar el cumplimento de la ley”.

Y cerró: “Cada actividad o empresa regula la jornada de acuerdo a su realidad y eso no puede establecerse de forma genérica. Esta norma afecta seriamente a la productividad y la competitividad, no es cierto que trabajar menos aumenta la producción porque es algo que carece de sustento técnico”.

Juan Pablo Diab, asesor de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó que proyectos generales “no son representativos de la realidad de cada sector y de cada actividad”, al tiempo que afirmó comprender la inquietud del empleador, pero “no vemos que sea el momento para discutir esto. Las leyes zona temporales, no se pueden regir por un momento y en las PyMEs no se habla de ganancias, se habla de subsistencia. Vemos con asombro proyectos que hablan de jornadas de 30 o 40 horas. Esto lleva un mayor análisis y en mayor profundidad”.

Del lado de los referentes académicos Omar Yasín, abogado laboralista y profesor adjunto de Derecho del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires (UBA), remarcó que son proyectos que tratan de reducir una jornada legal que establece un máximo de 8 horas, sin reducción salarial cuyo costo “debe afrontar el empleador”, sin previsión de realizar horas extras, pero “es probable que sigan trabajando la misma cantidad de horas, pero se las van a facturar como horas extras”.

“Las buenas intenciones de decir que los trabajadores van a trabajar menos, es realidad van a trabajar igual y cobrar un poco más y se va a traducir en un aumento de salario compulsivo que va a tener que cubrir el sector privado como todas las decisiones de pandemia de cerrar la empresa, pero seguir pagando las prestaciones dinerarias y cumplir con todas las obligaciones”, criticó.

Yasín coincidió con Etala respecto de que “si uno trabaja menos horas, producirá más”, y dejó entrever que “puede pasar”, pero “habría que introducir otros elementos porque técnicamente la inercia normal es que si trabajo menos produzca menos”. También, compartió la idea de que hay que ver cada actividad, ya que “se ha generalizado todo esto y es un defecto esto porque hay actividades que pueden soportar costos y otras no”.

“Tenemos problemas con la economía, pero no con problemas de ocupación de acuerdo a los índices que publica INDEC”, chicaneó y subrayó que Argentina no ratificó el convenio de la OIT que establece las 40 horas semanales.

Yasín cuestionó que se eludió el derecho comparado en los proyectos, y ejemplificó: “Europa y los países nórdicos donde han bajado la jornada, pero la realidad es distinta, hay mucha productividad, los sueldos son buenos y se trabaja un día menos”. Recordó que el Congreso sancionó la Ley de Teletrabajo que “bajó lo siniestralidad laboral”.

Por otor lado, señaló que, de acuerdo a un informe de hogares, el 66% trabaja menos de 40 horas de la jornada legal, el 19% entre 40 y 48 horas y 15% más de 48 horas, por lo que 2 de cada 3 trabajadores trabaja menos de 40 horas.

Estos proyectos no tienen ninguna utilidad, no contribuyen a disminuir el trabajo no registrado que es el 42% laboral según INDEC. No van a generar empleo porque el empleado va a preferir pagar horas extras”, precisó y opinó: “No sería aconsejable dictar este tipo de normas pese que las intenciones son buenas en estas condiciones del país”.

También fueron invitados los referentes del ámbito académico Florencia Gutiérrez, integrante del Centro de Economía Política (CEPA); Ergasto Riva, licenciado en administración por la Universidad de Buenos Aires (UBA), y Oscar García Díaz, de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA) y Néstor Pritola, diputado nacional (MC), ex integrante de la comisión directiva y congresal del Sindicato Gráfico Argentino.

Santiago Cafiero afirmó que Argentina “tiene una deuda con Paraguay por Yacyretá de 36 millones de dólares”

En tanto, el canciller aseguró que se llegó a un acuerdo entre ambos países con un plan de pago en tres partes de 12 millones cada uno. Por otro lado, informó que aún “no está esclarecido lo que sucedió con la utilización unilateral del dique”.

Tras acusaciones cruzadas entre Paraguay y Argentina por las deudas de la represa binacional Yacyretá y ante la apertura unilateral de uno de los dos brazos del dique, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, afirmó ante la comisión homónima del Senado que el país “tiene una deuda con Paraguay por Yacyretá de 36 millones de dólares”.

El funcionario relató que “hubo un episodio no esclarecido donde, por el brazo de Aña Cuá, se utilizó unilateral un vertedero que es un recurso del agua que está en el dique, si se produce unilateral de verter esa agua es un recurso compartido porque la mitad de la generación de Yacyretá es Argentina y la otra paraguaya, pero la utilización es compartida por lo tanto las decisiones son compartidas”.

“Todo quedó empañado, hubo declaraciones muy malintencionadas que ya han sido aclaradas, pero avanzamos en generar un nuevo entendimiento a partir de lo que ocurrió. Empezó como una reacción de lo que pasaba en la Hidrovía o muchos dirigentes de paraguayos lo vinculaban a eso, en sí nunca hubo una relación entre ambas cosas, pero siendo un ámbito político era lo que surgía como información, vimos una micro escalada absurda de parte de dirigentes políticos de Paraguay que no han encontrado eco en nuestros dirigentes y eso habla de que tenemos un país vecino, hermano con el que queremos desarrollarnos en conjunto. No hay hipótesis de conflicto que nos vaya a cambiar nuestro punto de vista”, explayó.

Y cerró: “Lo que acordamos hoy fue avanzar en el pago, porque había una deuda de parte del Gobierno argentino por la energía que le habíamos comprado el año pasado a Yacyretá son 36 millones de dólares, hay un plan de pago en 3 partes de 12 millones. Es el excedente que el país le compra y restaba pagarle. Fue parte de una confusión generalizada y se logró des escalar la cuestión mediática”.

Cafiero, sobre el peaje de la Hidrovía: “Es la tasa de un servicio que hay que pagar para hacer obras y poder garantizar la navegabilidad”

El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que el cobro de ese peaje “no se impide la navegabilidad en los ríos y no incumple tratados internacionales”. En tanto, indicó que representa aproximadamente 26 millones de dólares anuales para el Estado.

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, durante su presentación ante la comisión homónima del Senado que hizo este miércoles se refirió a los reclamos en torno al cobro del peaje de la Hidrovía Paraná-Paraguay y aclaró que “es la tasa de un servicio que hay que pagar para hacer obras y poder garantizar la navegabilidad”, que no impide la navegabilidad de los ríos y que no viola ningún tratado internacional.

En ese tramo de su presentación, Cafiero informó que la Hidrovía pasó, desde el año pasado, a la gestión de la Administración General de Puertos (AGP) en la que se pusieron de relieve obras que “se venían haciendo desde Santa Fe hacia el norte” para garantizar “una navegabilidad las 24 horas para que el flujo comercial se incrementara de forma competitiva la logística de la zona”, y agregó: “Bragados y balizamiento son las obras que se hacen en la zona”.

“¿Qué sucedió durante las concesiones anteriores?”, preguntó el canciller y explicó: “Se planteaba que el peaje únicamente se cobrara en Santa Fe para aguas abajo. Sin embargo, desde el 2010 estaba establecido que iba a haber un peaje para obras que debían hacer para quienes usaban la hidrovía, pero que quedaba momentáneamente en un monto cero y lo que se hizo es ponerle un monto acorde para que los argentinos no tengan que pagar el transporte fluvial de empresas privadas que viajan por la hidrovía”.

Los valores no son tan significativos para el Estado, pero son aproximadamente 26 millones de dólares anuales que ese tramo representa, pero no era justo que lo paguen todos, sino que lo paguen quienes lo usan. Se puso un valor que no excede ese monto”, detalló y aclaró que “no se impide la navegabilidad en los ríos, es solamente una tasa para pagar un servicio. No tiene nada que ver con la idea que Paraguay quiso instalar de que se estaban incumpliendo tratados internacionales”.

En ese punto, profundizó que “con esa tasa retributiva se están haciendo las obras”, pero clarificó que “no es una tasa que tenga como perspectiva amortizar los recursos que ya puso el país, sino que es para adelante y no tiene discriminación de bandera”. “Para garantizar la navegabilidad 24 horas esas obras se tiene que hacer y ese servicio hay que pagarlo, esa es la tasa retributiva”, remarcó Cafiero.

“No nos define un peaje, una relación con Paraguay. Nos estamos poniendo de acuerdo. El día de hoy hubo una reunión en las comisiones técnicas donde hay un principio de acuerdo donde estas tasas retributivas son necesarias. Estamos en un proceso de negociación. Hoy hubo un acta de acuerdo, es un tema que seguimos de cerca y se mezcló con lo de Yacyretá”, resumió.

Por el conflicto con Paraguay por Apipe, el canciller expresó: “Es una zona que tiene un grado de complejidad que debemos atender”

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto planteó ante la comisión homónima del Senado que esa discusión solo se puede resolver con un proyecto de ley e instó a los senadores a trabajar en conjunto para dicha iniciativa.

El canciller Santiago Cafiero se refirió ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado sobre la situación de tensión desatada con Paraguay a partir del accionar de prefectos de ese país con pescadores argentinos en inmediaciones de las islas Apipé, en la zona de Punta Ñaro, y expresó que “es una zona que tiene un grado de complejidad que debemos atender”, al tiempo que instó a los senadores a que esa discusión se puede resolver con un proyecto de ley.

En ese sentido, Cafiero explicó que también tiene que ver con la Comisión de Limitación Nacional que surgió a la luz “a partir de un episodio de seguridad”, y relató que se trató de pescadores argentinos que entraron “aparentemente” en aguas paraguayas en la zona de Apipé en Corrientes y cuando la Prefectura Paraguaya los quiso aprehender, se fueron a territorio nacional, produciéndose una situación que está bajo investigación.

Así, destacó que el gobernador correntino Gustavo Valdés tomó contacto con Cancillería. “Estuvimos con él y fuimos a sobrevolar la zona. Vimos cómo hay dificultades que tienen que ser resueltas a partir de protocolos y tratados que ya existen entre Argentina y Paraguay, pero hay que poner en funcionamiento y a respetarse”, completó.

“Más allá de la seguridad, hay que trabajar la cuestión de límites. Le ofrecimos a Valdés la vocación de la Cancillería, de la Comisión de Límites para hacer un trabajo pormenorizado de la situación”, afirmó y precisó que desde el año 1876 en adelante existe la delimitación entre Argentina y Paraguay y agregó que “con la construcción de Yacyretá y la soberanía de las islas de Apipé, que queda para territorio nacional, es una zona muy sinuosa donde el río ahí es como una serpiente y es complejo seguir el límite. Esto trajo acuerdos, pero muchos desencuentros con el gobierno paraguayo”.

El funcionario informó que, luego de la visita a la provincia de Corrientes, se hizo una convocatoria a una reunión que era en julio, pero “producto del cambio de gobierno en Paraguay no están definiendo las autoridades. La reunión tiene sentido en dos direcciones. La primera es que estén las Comisiones de Límites de ambos países, y lo segundo, que estén las autoridades de seguridad en nuestro caso que esté presente Prefectura porque ellos tienen un acuerdo para velar por la situación de pesca que se hace”, y reiteró que están a la espera de la designación de autoridades paraguayas para “avanzar con la reunión”.

Para Cafiero, la cuestión de límites “está atravesada por una historia, específicamente en esa zona, a partir de la construcción de Yacyretá. El gobierno militar determinó un límite específico que es el que está hoy, pero que fue revalidado en 1987 a partir de cartas reversales entre ambos cancilleres. En el 96’ se hizo un convenio de cooperación que tiene que ver con el uso ictícola de esa zona”.

“Hay una discusión, que hablé en profundidad con Valdés, que hay que tomarlas y se puede tomar desde aquí porque esa potestad y área de límites solo debería ser a partir de un proyecto de ley, no tenemos otra solución para avanzar. Si podemos desde el Ejecutivo dar todo el apoyo”, propuso para clarificar la posición de Argentina. “Hay una sedimentación de tratados y acuerdos que la única forma de poner a discusión es con un proyecto de ley. Es una discusión que hay que darla porque es una zona que tiene un grado de complejidad que debemos atender”, alertó.

Cafiero rechazó el mapa publicado por la Armada de Chile y pidió que respeten el Tratado de Amistad

El canciller planteó que el reclamo del país vecino “recién surgió en 2021 luego de que el Congreso votara el mapa bicontinental que tenemos de Argentina”, que “está aprobado y avalado por tratados internacionales”. También alertó que el mapa chileno viola el Tratado Antártico.

El canciller Santiago Cafiero asistió este miércoles a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, a cargo del puntano Adolfo Rodríguez Saá (FNyP), ante la que ratificó el rechazo y el reclamo realizado desde Cancillería a Chile por la publicación del gráfico ilustrativo de los espacios marítimos de jurisdicción chilena, elaborado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de ese país, incorporando como propios espacios marítimos que pertenecen a Argentina.

El funcionario, que estuvo acompañado de Gabriel Fuks, subsecretario para América Latina, y Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlético Sur, invitó al país vecino a advenirse al Tratado de Amistad de 1984. Así, precisó que recién en 2021 Chile hizo la presentación de su reclamo, luego de que el Congreso sancionara el mapa bicontinental que Argentina tiene actualmente y que está aprobado y avalado por tratados internacionales. También señaló que el reclamo chileno “viola el Tratado Antártico”.

Al inicio del encuentro, que tuvo lugar en el Salón Arturo Illia, el titular de la comisión agradeció al “receptividad” del funcionario ante la invitación que le realizaron y recordó que asistió en “una oportunidad anterior” en la que brindó un informe general de la política de la Cancillería.

“Tenemos algunos puntos que la comisión consideró muy importantes para tener la opinión de la Cancillería que están referidos a dos temas limítrofes trascendentes. Uno sobre la delimitación de los límites en la zona de Apipé en la provincia de Corrientes. El otro es la publicación de un mapa por la Armada de Chile que incluye como territorio chileno a espacios marítimos argentinos”, explicó Rodríguez Saá y sumó: “Como consecuencia del problema de Apipe tal vez tenemos problemas con la política de la hidrovía y de Yacyretá que nos parecieron temas importantes para escuchar, antes de tomar decisiones de nosotros, la posición de la Cancillería Argentina en estos temas”.

A continuación, Cafiero precisó que “la agenda abierta” es la “vocación que tenemos de dialogar entre los poderes y diálogo político que es lo que nos va a enriquecer en nuestra función pública y en la función política que tenemos”.

Rechazo al mapa publicado por la Armada de la Chile

Respecto de los proyectos puestos a consideración sobre este tema, el funcionario explicó que en el 27 de agosto 2021 “ya se hizo esta primera aproximación, este primer reclamo de parte de Chile”. Remontándose en el tiempo, planteó que “tiene que ver con un trabajo que inició Argentina y que esto es un reflejo de eso”.

En esa línea, contó: “La Argentina en su relación bilateral con Chile, la piedra angular de esa relación, es el Tratado de Paz de 1984 que fija y establece mecanismos para resoluciones limítrofes, para resolución de conflictos entre los países, para delimitaciones, ese Tratado por sobre todo es lo que la comunidad internacional y el derecho internacional asume como bagaje teórico y normativo para esta relación entre los dos países”.

“Teniendo en cuenta este Tratado, la Argentina avanzó en 2009 en Naciones Unidas en la Comisión de Límites. Allí avanzó con la limitación y nuestro país, al no tener objeciones de parte de Chile, las presentaciones de Argentina fueron aprobadas y es el mapa bicontinental hoy como está y son las delimitaciones que tiene todo nuestro territorio y están aprobadas por ley y registrado en la Comisión de Limitación de Naciones Unidas, es decir, está avalado internacionalmente”, afirmó.

En ese sentido, el titular de la cartera de Relaciones Exteriores planteó que al pasar de la aprobación a nivel internacional al tratamiento de la ley que se votó en ese momento, ahí fue cuando el Gobierno de Chile empieza a generar una reacción a partir del mapa que Argentina estaba presentando”.

“La reacción que tuvieron, a priori, fue tardía porque el mecanismo de Naciones Unidas implica que haya consensos o acuerdo, es decir, que si Chile cuando estábamos trabajando sobre la delimitación del año 2009, si Chile hubiera presentado una queja o una observación el proceso se hubiese detenido, pero nada de esto sucedió. Llegamos a la ley, se votó en el Congreso y es el mapa bicontinental que tenemos”, planteó y reiteró que “recién ahí nació el reclamo de Chile y la presentación sobre su plataforma marítima y continental y recién en el 2021 hace una presentación”.

En tanto, Cafiero opinó que “es una reacción al trabajo que hizo Argentina que se inició en 2009, atravesó colores políticos, la ley fue aprobada por el Congreso con la cual no admite discusión política ni mucho menos ideológica”.

A su vez, contó que en ese momento el Gobierno de Sebastián Piñera “trató de generar una instancia de arbitraje que era obsoleta porque los tiempos y plazos habían pasado. Se hicieron notas periodísticas para generar sentido en la prensa chilena sobre el tema y eso derivó en un decreto supremo 95 donde se hace la presentación del Gobierno de Chile sobre su mapa y se extiende sobre Tierra del Fuego”.

“Inmediatamente Argentina hizo utilización de esto y rechazamos categóricamente lo que había sucedido. En ese momento y con la última visibilización del mapa porque hicieron la puesta en escena del mapa que seguimos rechazándolo”, expresó Cafiero y señaló que Argentina busca “el arbitraje correspondiente en el Tratado de Amistad de 1984”.

Respecto de los pasos que hizo el país ante dicha situación, enumeró que lo primero fue expresar rechazo sobre el mapa, luego se avanzó en presentaciones en Naciones Unidas para que no quede como una cuestión “declamativa, sino avanzar en la Comisión de Limitación para que, donde hay un país que presenta un recurso se detiene el proceso de limitación”. Asimismo, contó que, ante la situación, designaron al abogado Marcelo Cohen como representante del país en la comisión que tiene el Tratado de 1984 y “desde hace un año le estamos solicitando al gobierno chileno que designe a la contraparte del representante argentino y aún no lo hizo”.

“La Argentina se movió rápido y bien y en el marco del derecho internacional y sobre todo en el Tratado de 1984”, afirmó Cafiero y procedió, con mapa en mano, a explicar los límites reconocidos de Argentina, lo que reclama Chile y “una parte más que está sobre la península antártica que está por debajo del paralelo 60 que está todo previsto en el Tratado Antártico por lo cual no solo tiene una dificultad, desde el punto de vista territorial argentina, sino que también es violatorio al Tratado Antártico. Es toda la documentación que estamos presentando no solo al gobierno de Chile, sino también a Naciones Unidas para detener este proceso y así lo hemos logrado hasta aquí”.

En esa línea, manifestó que desde Cancillería buscan que “los hermanos chilenos se advengan al Tratado de Amistad porque ahí hay mecanismos para resolver este tipo de conflictos. Ese tratado se generó para eso”.

“La última acción que se hizo fue el 8 de agosto que se remitió una nota de la Subsecretaría a la Embajada reiterando la necesidad de que se nombre a la contraparte y al miembro de conciliación chilena porque entendemos que el marco para resolver esto es el Tratado de 1984”, aseguró.

La defensa desde Corrientes

Al hacer uso de la palabra, el senador de JxC Eduardo Vischi (Corrientes) planteó que “hay un problema sistémico con Paraguay. El conflicto con Yacyretá es más grave porque surgió de un reclamo laboral y se actuó con la Armada paraguaya y se llevó a la acción de liberar el recurso que es el agua por el brazo Aña Cuá que está en construcción en este momento. No es menor el dato de tomar esta situación porque se nota el avance por parte de una decisión, no digo del Estado paraguayo, pero cuando hay una actividad de esta naturaleza de la armada hay un avance y nos ha generado un conflicto bastante seguido en la isla Apipe y el agua que lo rodea”

“Necesitamos realmente avanzar en la discusión de esos límites nuevamente”, planteó y destacó la propuesta de Cafiero de sentarse a trabajar en un proyecto de ley que permita “rechazar lo que fue esos límites que se establecieron que no están de acuerdo al Tratado original ni al Tratado de Yacyretá”, y planteó que el canal artificial que se construyó no puede cambiar el canal original que “generó el conflicto porque dejó a la isla argentina rodeada de agua paraguaya”.

en representación del Gobierno correntino habló el senador provincial Noel Breard quien agradeció al canciller haber sobrevolado la zona y planteó que “históricamente siempre hemos tenido conflictos de baja intensidad”

Recordó que el 1876 se firmó el tratado tras la finalización de la Guerra de la Triple Alianza y señaló que “ese tratado se firmó desde el triunfo cuando se dijo que la Isla Apipe iba a determinar la cercanía de las islas argentinas en la medida de la distancia y Yacyretá iba a ser la nave insignia de Paraguay y la cercanía iba a determinar la soberanía de las otras islas, se establece el concepto del canal principal que define el límite”.

“Durante 120 años el canal principal estaba al norte de Apipe y era el canal jesuítico por donde pasaban los barcos, donde se hacía la navegación normal y ahora hay que diferenciar los conceptos. El Parlamento Argentino no puede renunciar a tener la última palabra para ver si es o no nulo, si se respetó el título original del Tratado”, indicó Breard.

Así, destacó: “Lo de usted es un avance revolucionario a favor de la posición argentina y de Corrientes”, y contó que “desde Paraguay enviaron una carta en plena pandemia el 2 de septiembre diciendo que estaba el Tratado de 1876, que había sido ratificado por ley y que estaba el Tratado de Yacyretá que también había sido ratificado por ley y que la Comisión de Límite es un tema administrativo y con eso se agota la instancia”, por lo que insistió: “La última palabra es el Parlamento y puede cancelar esa posibilidad”.

Por último, alertó que hay 2.500 argentinos que viven ahí y que “están abandonados recién en 1995 se le puso luz”, hay una política de abandono. Se hace un esfuerzo moral y legítimo para perder la isla Apipe. No tenemos conectividad, no tenemos barcos permanentes, es un esfuerzo de la intendencia, si no fuera por la mano del gobierno provincial eso no es la argentina”.

“Tenemos que tomar los temas de forma simultánea de Hidrovía Yacyretá y el tema de Apipe como un tema integral y visibilizar. El tema de la tarifa es bueno porque permite visibilizar lo que estamos haciendo mal en la Hidrovía y la Argentina boba no sabe por qué hace más de 30 años da un aventaja competitiva y parece demencial que quieren que les paguemos el bragado. Es un problema de la Argentina, el Parlamento es el único que puede dar una respuesta nacional, inteligente y mandar a hacer una nueva Comisión de Límite que respete el tratado”, cerró.

A su turno, el jefe del bloque oficialista, el formoseño José Mayans, manifestó: “Hay que tener en cuenta que somos países hermanos, democráticos y respetuosos de los tratados y derechos internacionales, lo que hace falta es actuar. Tener la documentación, escuchar. Tenemos que profundizar las relaciones entre los países del Mercosur”.

Ley de Alquileres: Referentes inmobiliarios pidieron al Senado “celeridad y urgencia” para sacar una ley “equilibrada y justa”

En un plenario de comisiones, los expositores hicieron hincapié en que la media sanción de Diputados “generó incertidumbre e imprevisibilidad” en el mercado. Indicaron que un 47% de inmuebles fueron retirados. Este jueves continuará el debate con la presencia de inquilinos.

Luego del cuarto intermedio, la Cámara de Senadores reanudó este miércoles el debate por la modificación de la Ley de Alquileres en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de los oficialistas Daniel Bensusán y Ricardo Guerra respectivamente.

Al encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia, asistieron representantes que engloban a inmobiliarias y propietarios quienes hicieron hincapié en la “celeridad y urgencia” para sacar una ley y cuestionaron que la media sanción de Diputados y la mora en el tratamiento “generó incertidumbre e imprevisibilidad en el mercado”.

“Mañana invitaremos a los correspondientes inquilinos”, anunció el pampeano Bensusán refiriéndose a la reunión agendada para este jueves a las 11 donde retomarán el debate.

Previo a escuchar a los expositores, Guerra procedió a leer notas y emails que les han llegado de la Defensoría del Pueblo de Formosa, la Comunidad Federal Inquilina y no propietaria, el movimiento ‘La Ciudad es de quienes la habitamos’. “Es para que sepan que son tenidos en cuenta”, aclaró el riojano.

A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, el chaqueño Víctor Zimmermann UCR), agradeció a los expositores y pareció su presencia para “enriquecer el debate” y bregó tener una “buena jornada para sacar la mejor ley”.

Se pusieron sobre la mesa proyectos presentados sobre el mismo tema en el Senado por la senadora Clara Vega (propone 2 años para habitar, 3 para comercializar y ajuste de precio cada 6 meses), el de la misionera Magdalena Solari Quintana (que el locatario pueda renunciar cuando lo desee), el del radical Julio Martínez (2 años con prorroga por solo uno más), el de Maurice Closs (ajuste anual) y el de Carolina Losada que busca directamente la derogación.

La modificación de la Ley 27.551 llega con media sanción de la Cámara de Diputados, cuando la oposición se impuso con su proyecto que establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.

La palabra desde el sector inmobiliario

En representación del COFECI (Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios) expuso Virginia Manzotti quien sostuvo que desde el 2016 vienen trabajando “queriendo aportar lo mejor desde el sector para tener leyes justas y que toda la ciudadanía se vea beneficiada por las leyes”.

“Venimos a exponer una situación que ustedes ya la conocen, que es problemática y lo más importante, que creemos desde el Consejo, es llegar a una solución o por lo menos intentar una solución que beneficie a los inquilinos y a los propietarios”, remarcó y sumó: “Sabemos que no es una tarea fácil porque cuando nos ponemos a trabajar surgen inconvenientes o algunos derechos que ambas partes tienen”.

En esa línea, planteó que como corredores inmobiliarios “estamos en el medio de estas circunstancias donde recibimos a inquilinos y propietarios”. “A través de un centro de estadísticas e inmobiliarias podemos comprobar que hay un 47% de inmuebles retirados del mercado. Lo cual ha provocado lo que ocurre con la oferta y demanda”, alertó.

“Como dijeron que la ley se iba a derogar muchos propietarios frenaron los contratos y dijeron que iban a esperar. Eso pasó e hicieron contratos a 36 meses y desde que se puso otra vez en discusión la Ley de Alquileres hemos tenido un retiro muy importante de propietarios que están esperando la resolución del Senado”, manifestó y expresó la preocupación del sector por la situación.

Así, planteó que “todas las provincias quieren que sea una ley justa. Apelamos a la celeridad para que pronto tengamos una solución por sí o por no porque estamos con un vacío que provoca que los propietarios sigan esperando, saquen los inmuebles y esto se sigue agravando aún más. Desde el 2021 el aumento de los alquileres ha sido del 232%, algo ocurrió con la ley. Creemos y nos ponemos a disposición para colaborar para que la ley salga y lleguemos a darle solución a la gente”. “Esta Ley 27.551, tal como lo anticipamos en el 2016, fue caótica”, cerró.

Por la Federación Inmobiliaria de la República Argentina se expresó Emilio Caravaca Pazos quien indicó que “la situación en la que estamos desde que salió la media sanción en Diputados, es importante decir, que generó una situación de total incertidumbre en inquilinos que están en vísperas de firmar un contrato para poder alquilar”.

“Quiero hacer un llamado a la celeridad y a la urgencia que requiere el tema, ya que el Senado y Diputados son la caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad, interpretar esa necesidad de una resolución de la cuestión”, reclamó y advirtió que “esta paralización que ya se había dado con diferentes trascendidos que hablan de alguna posible suspensión de la ley o derogación o modificación, generan una paralización que realmente no colabora ni con propietarios ni con inquilinos”.

Además, aclaró que el mercado inmobiliario no es un oligopolio porque se compone entre propietarios e inquilinos que buscan acuerdos y necesitan respuestas por parte de la Legislatura y lograr “una ley meridiana, que cubra y contemple las necesidades e las partes y tenga en cuenta lo que generó esta ley actual y si cada 12 meses tenemos que hablar de esta ley es porque evidentemente algo está pasando y que está generando un perjuicio en gran parte de la sociedad. Hay que dar respuestas urgentes en este momento de incertidumbre”.

A continuación, la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), coincidió en que la media sanción de Diputados trajo mucha incertidumbre y es necesario de forma urgente la ley. Al respecto, le consultó si están de acuerdo con esa media sanción, con cobrar alquileres adelantados a los inquilinos y si el retiro de inmuebles del mercado no tiene que ver con los alquileres temporarios que “no están regulados”.

En respuesta, Caravaca Pazos se refirió a los alquileres temporarios y sostuvo que “según un relevamiento que hicimos representan un porcentaje muy pequeño. Tiene que ver con determinadas zonas y ciudades que pueden tener una receptividad turística diferente. Tienen incidencia en zonas determinadas, acá hablamos de leyes nacionales. No es nuestro expertiz el tema de los alquileres temporarios”.

Respecto al pago adelantado, planteó que “está contemplado como posibilidad y no como exigencia. Si eso es justo o no lo tienen que hacer los legisladores, no es algo de exigencia no es un requisito necesario”. La mendocina le retrucó que en los contratos de alquileres ese pago adelantado “no es algo que el inquilino tenga la fuerza para negociar. ¿Esto les parece justo y equitativo?”.

El expositor, comentó que han presentado dos observaciones, uno sobre la periodicidad de los ajustes “en un contexto de espiral inflacionario donde los 12 meses terminan siendo prejuicios para los valores iniciales y para el desfasaje de los años de contrato”, y también habían planteado el tema de la durabilidad de los contratos. “La ley no lo exige, pero con la modificación sobre esos dos puntos y un debate sobre los demás, podríamos a llegar a tener una mejoría del mercado o un camino hacia el equilibrio en un mercado que está totalmente desequilibrado. Sería un paliativo a corto plazo”, opinó.

“Lo que ocurre es que a medida que hay menor oferta las condiciones para alquilar un inmueble son peores y eso presiona”, completó, pero ante la insistencia de la senadora oficialista el expositor afirmó: “No me parece bien que se pague adelantado, pero no es lo que la ley dice, no lo plantea como requisito de ingreso al alquiler o como exigencia, yo no lo veo así, habla como una facultad y quita una prohibición”.

Pidió la palabra el senador fueguino Matías Rodríguez (FdT) quien cuestionó las “respuestas vacías o ir al tecnicismo no es el camino” porque “intentamos construir una mejor ley”. “Hemos escuchado colegas que hablan de la igualdad y que esté equilibrado el inquilino con el propietario cosa que me parece una zoncera y necesitamos que sean sinceros con las exposiciones”, reclamó y preguntó sobre la posición de la entidad de la cantidad de inmobiliarias en redes con precios en moneda extranjera.

El representante de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina le remarcó que en ese sentido la ley “es clara y tiene que ser actualizado por ICL los costos. Ese no es un fenómeno que no se da en todo el país, no es algo que se da en todas las provincias”. También resaltó que los corredores inmobiliarios tienen que trabajar “respetando la ley vigente”.

Pidió la palabra el jefe del bloque radical, el formoseño Luis Naidenoff, cuestionó a Rodríguez y señaló que “las asociaciones fueron invitados para escucharlos y hay que dar un debate en la comisión. Interpelar ante una posición que me puede o no agradar no corresponde, vivimos a escuchar”. “Si estamos tratando una ley que es mala para las partes, es porque estamos ante una realidad que la inflación desbordó y porque la ley fracasó porque tomaba como proceso de actualización un contrato de 3 años a los procesos inflacionarios”, señaló al pedir calma y que se escuchen a todos.

El riojano Julio Martínez (UCR) ratificó los dichos de Naidenoff e indicó que “el sistema de alquileres es un desastre y 8 millones de personas están en problemas. Las leyes son de acuerdo al momento. Esta ley que hoy tenemos, en un país normal sin inflación sería ideal. No en el país este que ustedes están gobernando y que nos llevan al 150% de inflación, no se puede”.

“Hay que actualizarla en este momento, quizás con un nuevo gobierno se puede volver con esta ley, pero si no ven que estamos haciendo daño a los inquilinos que ustedes dicen defender, pero los dejamos a la deriva porque nadie les hace contratos a 3 años ni actualizaciones cada año, entonces el inquilino termina yendo a uno temporario, en dólares. El 80% de los contratos son en dólares. No le podemos poner ideología y populismo a esto, es sentido común”, cerró.

Fue Fernández Sagasti quien le salió a responderles a ambos senadores de JxC quien pidió “no alarmarse” porque el debate será “largo” y recordó que consensuaron hacer un “debate rápido y expeditivo, pero con toda la responsabilidad que conlleva”. “No pongan opiniones para los medios, sino que hay un problema clave a trabajar y por eso preguntamos para tomar la mejor decisión en el dictamen”, agregó y retrucó: “Preguntar por los alquileres temporarios en la provincia que represento y para la cual trabajo no es interpelar”.

El próximo expositor fue Damián Tabakman en representación de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios a nivel nacional que, según explicó, se “encargan de adquirir terrenos, hacer edificios y vender los departamentos”. “Nosotros al tener demasiada incertidumbre sobre la ley de alquileres, la problemática que tenemos es que no se están comprando departamentos en pozo y no nos compran quienes en algún momento fueron un porcentaje muy significativo de nuestra clientela”, alertó.

“Si no me compran, no voy a fabricar y no construyo. Quizás esto no sea un inconveniente inmediato, pero a mediano y largo plazo, si no se construye, va a haber menos oferta aún”, advirtió Tabakman y sumó que eso “impacta sobre el nivel de actividad de la economía, sobre el nivel de inversión, de empleo, sobre un montón de cosas que hacen a nuestro día a día cotidiano”.

Además, lamentó que “clientes que nos compraban en pozo, buscaron oportunidades afuera, expulsamos un volumen estructural en nuestra industria. Fuimos un espacio para resguardar el ahorro del argentino. Ahora nadie compra un departamento en pozo con semejante incertidumbre, es un problemón para nosotros, pero para la sociedad también porque a futuro no va a haber propiedades y en la actualidad la industria privada esta frenada”.

FOTO: Comunicación Senado

Ante la consulta de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero sobre qué necesita el sector para recuperar inversores, el expositor contó: “Uno de los históricos reclamos son los incentivos fiscales porque se paga la misma carga impositiva si haces un trabajo o proyecto para el sector alto que para los bajos, no es justo y es un desincentivo y se tendría que trabajar, pero lo prioritario son las normas claras y reglas jurídicas”.

En su presentación, el licenciado Leonardo Rodríguez Nader de la Asociación Empresaria de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios de la Argentina resaltó la importancia de que se resuelva el tema de la ley en el marco de “incertidumbre e imprevisibilidad y en un contexto tan difícil” donde “no vemos una relación de fuerzas extremadamente inequitativa. Hay muchos argentinos que refugian sus ahorros y su valor en bienes raíces, y a partir de eso aspiran a tener una renta en una moneda que no se les devalúe”.

Las cifras con las que contamos nos marcan que hay un déficit habitacional por arriba del millón de viviendas y eso repercute directamente en los sectores medios y bajos. Son viviendas de calidad. En el mercado privado se construyen 100 mil viviendas al año y necesitaríamos duplicar o triplicar para cubrir ese déficit por durante al menos una década. Es necesaria un apolítica de Estado, un plan y una ley que contemple beneficios, un marco jurídico previsible para las partes y que tenga al Estado como principal actor”, señaló.

Puntualmente sobre la Ley de Alquileres, sostuvo que pedían la derogación y propuso: “Más vale una solución rápida a un problema grave que se arrastra de una mala ley que no prosperó, que la mejor solución ideal”.

En tanto, el licenciado Alejandro Hadrowa presidente del Colegio Profesional de inmobiliarios de Córdoba, expresó: “Creemos que quizás esta no sea la mejor ley, pero necesitamos una definición porque se está desequilibrando demasiado el mercado. Si dejamos la actualización cada 4 meses, muchos que se trasladaron al mercado temporario volverán al mercado anual”.

“La situación es realmente problemática. Tenemos un 37% de retiros en Córdoba, es una problemática muy fuerte. Esta ley no funcionó y no fuimos escuchados ni tenidos en cuenta”, cuestionó sumó: “Todo el sector está de acuerdo que la problemática, para solucionar hoy, es la modificación de dos artículos para dar certidumbre a la gente. Desde la media sanción ningún propietario quiere firmar un contrato”.

Así, enumeró: “Tenemos una fuerte problemática de déficit habitacional, de créditos hipotecarios, eso hizo en el tiempo que existan más inquilinos”. Al respecto, precisó que “es necesario volver al plazo de 2 años y buscar un acuerdo entre las partes para las actualizaciones de los contratos”.

Por su parte, Eduardo Awad presidente de la Asociación de Propietarios pidió a “los senadores y senadoras que mejoren lo que viene de Diputados de alguna manera. Si mejorar es modificar, bienvenida la modificación. Si mejorar es derogar la nefasta Ley de Alquileres que está rigiendo hoy en día, bienvenida la derogación”.

Marta Liotto, en representación del Colegio único de Corredores Inmobiliarios de CABA, planteó: “Esta ley que tenemos hoy es la peor que pueden haber tenido los inquilinos porque no hay inmuebles en oferta. El mercado de alquileres funciona cuando hay comunicación entre las partes. Creemos que la media sanción es un buen escenario para volver a empezar”.

“Esta ley fue nefasta y traumática para la ciudadanía por la falta de oferta y propuestas de inmuebles que hay en el mercado. El retiro de oferta alcanzó el 45% se han volcado a la venta, los propietarios decidieron que no les resultaba esta ley por la falta de confianza e incertidumbre y cuestiones que en este escenario no se dan”, criticó y resaltó que los contratos de 3 años es el principal problema porque “a los propietarios se les hace eterno”.

A su turno, Lillian Ledain en representación a la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires subrayó: “Escucho que dicen que ‘hoy se reúne una parte’. Nosotros los inmobiliarios no somos parte, somos intermediarios y acercamos a las partes para que ninguna de las dos se vea afectadas”.

Jorge Pighin secretario de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina remarcó que “podemos sacar la mejor ley del mundo, pero con un 140% de inflación no hay ley que soporte este flagelo. La ley actual nos hizo retroceder 123 años porque hoy en día las pensiones están abarrotadas”.

La vicepresidenta de la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios, María del Carmen Linkoniene, dijo: “Siento dolor que no puedan resolver este tema: es una cuestión de plazos y actualización, nada más que eso. La anterior Ley de Alquileres era previsible, aunque sé que con esta inflación no podemos hacer mucho”.

Al final, Claudio Vodanovich secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina, señaló que “hoy el mercado inmobiliario está paralizado porque no hay una definición. Si me preguntan si esta sanción que viene de Diputados soluciona la situación inmediata de las familias argentinas, les digo que sí. Y no digo que es la mejor ley, se puede perfeccionar”.

Robles se negó a responder, denunció que lo han “acusado falsamente” y que “intentaron construir una historia en base a calumnias”

El director de la vocalía del presidente de la Corte Suprema se amparó en el artículo 18 de la Constitución Nacional al testificar ante la Comisión de Juicio Político en el marco de la causal coparticipación de CABA. El oficialismo lo acusó de ser “reticente” y pidieron que se informe a los superiores para que tomen las medidas disciplinarias correspondientes.

Gran expectativa había en torno a la presencia de Silvio Robles, director general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, para que testificara ante la Comisión de Juicio Político de Diputados -presidida por la oficialista Carolina Gaillard– al retomar las reuniones por la causa sobre coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se investiga si el máximo tribunal deliberadamente intentó beneficiar a ese distrito.

La de Robles, quien fue nombrado en numerosas ocasiones desde que se inició el proceso de Juicio Político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, era la palabra esperada por el oficialismo que lo citó entre otras cosas para que testificara respecto a su presencia en la audiencia que las partes -Nación y Ciudad- tuvieron oportunamente en torno al tema coparticipación, situación en la cual Silvina Batakis contó en la última audiencia que lo había visto presente , pese a lo cual no figuró en el acta elaborada tras consumarse el encuentro.

Obviamente ese no fue único tema de interés por parte del kirchnerismo para indagarlo, ya que también lo interrogaron respecto de los famosos chats que mantuvo con el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro -quien no compadeció este martes, pero pidió reprogramar su presencia-, los cuales la justicia desestimó. En algunas preguntas se colaron los temas sobre el fallo 2×1 e irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

Previo a la ronda de preguntas, Robles afirmó que tiene una “relación funcional” con los magistrados y contó que a Rosatti lo conoce desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuando “fue ministro de esa cartera bajo la presidencia de Néstor Kirchner. En ese momento tuve el privilegio de conocerlo”.

“Hoy es mi superior jerárquico. Es una persona que admiro por su honestidad, por su carácter y por su integridad de principios. Más todavía cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales”, expresó.

FOTO: HCDN

“Me han acusado falsamente”

En el inicio, el funcionario pidió autorización para leer un documento con el fin de hacer algunas aclaraciones. “Desde la creación de la Comisión en este recinto algunos diputados me han acusado falsamente de distintos hechos. Esos diputados han intentado construir una historia sobre la base de fantasías o calumnias”, arrancó denunciando Robles.

“Han dicho que tengo departamentos en Nueva York. Es mentira. Han dicho que estaba prófugo de la justicia cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenía ninguna citación judicial. Han dicho, entre tantas cosas que dijeron, que también poseo propiedades en Miami y que visité esa ciudad durante este año. También es mentira. Han dado como ciertos y legítimos supuestos chats cuya veracidad, existencia o legalidad debe ser discutida judicialmente”, apuntó.

Además, Robles señaló que “han atacado a distintos miembros de mi familia. Tanto es así que uno de mis hijos, por ser un pasante monotributista, en una agencia municipal figura en los fundamentos de este juicio político”.

“Sin responsabilizar a estos diputados, mi otro hijo recibió en su domicilio particular la visita de personal civil que dijo pertenecer a una fuerza de seguridad, situación que ya fue denunciada en una causa penal”, agregó y siguió: “Han dicho que en una SRL que participé antes de entrar a la Corte, que en la actualidad tiene el cuit inactivo y que no tiene cuentas bancarias, era parte de una maniobra delictiva. Todo esto para atacar y presionar a un ministro de la Corte”.

En ese marco, Robles ratificó: “Algunos miembros de la comisión ya me han acusado falsamente. De esta manera me voy a abstener de contestar toda pregunta que pueda vincularse con las distintas acusaciones que se han hecho en mi contra o aquellas que me hagan el día de hoy hayan sido o no judicializadas. Me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

“No me amparo solo en disposiciones legales, ya fui con toda mi familia objeto de la agresión de quienes obtuvieron o inventaron informaciones personales a través de mecanismos ilegales”, cerró.

El pedido de reticencia del oficialismo y el rechazo opositor

El oficialista Ramiro Gutiérrez planteó que ante la reticencia del testigo “se tomen las medidas correspondientes y se informe al superior jerárquico”, porque “nosotros tenemos el derecho a saber, interrogar y preguntar. En base a un comportamiento renuente que se tomen las acciones para que la acción de superintendencia corresponda frente a un testigo renuente”.

A continuación, pidió la palabra el jefe del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, quien manifestó que “el testigo no es un acusado, no es un investigado,bajo ningún punto de vista por parte de los integrantes de la comisión”.

Martínez le explicó a Robles que se lo había citadoen función del artículo 12 del reglamento interno de la comisión que establece “que la comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad”, y le aclaró: “Por eso lo hemos convocado acá. Nosotros queremos su aporte para el esclarecimiento de la verdad para poner el foco en la posibilidad o no de mal desempeño por parte de los integrantes de la Corte”.

“Cada testigo tendrá sus subjetividades respecto de los miembros de la Corte, pero acá no estamos para hablar ni bien ni mal de nadie, ni estamos para tener ningún tipo de referencia de los testigos. Queremos saber la verdad y para eso lo citamos. Cualquier tipo de actitud de escurrirse de esta responsabilidad por parte del testigo lo pone en este lugar. Nadie de los que está acá tiene como objetivo al testigo que ha sido citado a declara que tiene que decir la verdad”, explayó Martínez.

De la vereda de enfrente, el diputado Alejandro Finocchiaro (Pro) le planteó a Gaillard: “A tenor de lo que ha leído, el testigo ha jurado ser veraz. Si bien usted no es magistrada y pertenece a un espacio político usted tiene el deber de salvaguardar los derechos del testigo de no declarar contra sí mismo y a su honor. Y que por favor le ruego que no permita las preguntas de cargo a que tan aficionados son en su espacio político”.

En el mismo sentido se expresó el diputado Álvaro González (Pro) quien le dijo a Robles que “se sienta con la plena libertad de decir y hacer lo que crea conveniente sin que genere por parte del preconcepto que va a ser reticente. Diga lo que tenga que decir y se terminó”. También se sumó Pablo Tonelli, quien denunció que al testigo “se le ha hecho conocer una suerte de amenaza en orden a pedirle a la Corte que ejerza sus facultades de superintendencia si no responde a determinadas preguntas, algo que no tiene nada que ver”.

La ronda de preguntas

Fue el diputado oficialista Leopoldo Moreau quien abrió este tramo de la reunión, pero previo a realizar las preguntas hizo una aclaración: “Acá no hay ninguna acusación al doctor Rosatti, solo se trata saber si ocurrieron distintas circunstancias que pueden llevar a una acusación, no se trata venir a victimizar al doctor Rosatti”.

“Es la primera vez que un testigo pretende elaborar las preguntas de quienes lo venimos a indagar. Eso es propio de cada diputado. Esto es un procedimiento que esta en la Constitución Nacional en el marco de las facultades que tiene con el reglamento que lo ordena la comisión”, sumó y cerró: “El testigo está como testigo no como imputado, por eso no se le aplica el artículo 18 de la Constitución Nacional, salvo que haya una circunstancia que el testigo pueda fundar en el hecho de auto incriminarse en una causa”.

Hechas esas aclaraciones, Moreau le preguntó desde cuándo conoce a Rosatti, a lo que Robles volvió a reiterar que es desde que trabajó como ministro en el Ministerio de Justicia en el 2004 en donde “era responsable de comunicaciones, inicialmente, después estuve acompañando en las distintas actividades que Rosatti indicaba”.

“Trabajé 15 años en el sector privado en distintos rubros en cargos gerenciales. Antes de estar con Rosatti, estuve casi un semestre en la Secretaría de Transporte de la Nación en la presidencia de Néstor Kirchner, el titular era el ingeniero Ricardo Jaime. Luego de estar en el Ministerio de Justicia, fui convocado para estar en el de Economía a cargo de Felisa Miceli. Desde agosto de 2016 soy empleado judicial en la Corte Suprema”, relató Robles y afirmó que tiene título de periodista, no de abogado.

“¿Qué cargos y qué funciones tiene actualmente en la Corte?”, preguntó tajante Moreau, a lo que el funcionario contó: “Soy secretario no letrado en la vocalía del doctor Rosatti y el cargo que tengo es de director general”.

En una breve interrupción la diputada Mara Brawer le preguntó los motivos por cambio “de escalafón importante” de ser subsecretario de administración a director. “El cargo es subsecretario administrativo y el pase a director de la vocalía se realizó a través de una resolución firmada por los ministros de la Corte”, respondió y aclaró: “Yo no puedo evaluar la decisión de mis superiores”, y dijo desconocer “el contenido del expediente” respecto de los motivos de su traspaso.

A continuación, Moreau le pidió una descripción de sus actividades a diario a lo que Robles explicó que es secretario de Rosatti y que se encarga de las tareas de la superintendencia que Rosatti indica. “¿Usted se comunica con letrados de las otras vocalías para transmitir directivas del presidente de la Corte?”, consultó el oficialista, pero el funcionario solo respondió: “No soy abogado, por ende, no manejo temas jurisdiccionales”.

Moreau insistió: “¿Usted se encarga de poner a la firma del doctor Rosatti los despachos?”, pero Robles reiteró: “Yo no manejo temas jurisdiccionales. El doctor es quien indica a todos sus colaboradores las decisiones que va a tomar, yo no le pongo nada a Rosatti”.

“¿Usted es el encargado de transmitir las directivas del doctor en relación a los expedientes que se tratan en las Secretarías judiciales de la Corte?”, interrumpió otra vez Brawer con una pregunta, pero el testigo insistió en que “no” maneja temas jurisdiccionales. Al respecto, la diputada le marcó que el doctor Gustavo Naveira secretario a cargo de la Secretaría N°7 de la Corte dijo que recibía directivas de expedientes del doctor Rosatti “directamente a través de Silvio Robles”. Pese a esa declaración, el testigo volvió a defenderse: “Yo no doy directivas, no manejo temas jurisdiccionales. Los únicos que dan directivas son los ministros”.

En un tono alterado, el kirchnerista Rodolfo Tailhade interrumpió con la reformulación de las preguntas previas y cuestionó: “La pregunta no es si maneja o no temas jurisdiccionales, es si lleva instrucciones de Rosatti a algunas de las secretarías conozca o no temas jurídicos. ¿Lleva o no lleva temas? La pregunta es otra, no lo que él responde”.

Bajando la espuma, Gaillard procedió a explicarle a Robles: “Hay testigos que manifestaron que, para dirigirse al doctor Rosatti era a través suyo. La pregunta por eso es si usted da instrucciones en nombre de Rosatti a las distintas vocalías”. Inmediatamente le salió al cruce la diputada Mariana Stilman (CC-ARI): “No se le puede contrastar al testigo con declaraciones de otras personas. Se le puede repreguntar para que amplié, pero no se le puede decir que otra persona dijo tal cosa que se contrapone con lo que dice”.

Pese a eso, Robles retrucó: “Como soy empleado y funcionario judicial estoy comprendido dentro del reglamento de justicia nacional. El artículo 8 inciso B me obliga a guardar absoluta reserva de las cuestiones del tribunal”. “Es reticente, es reticente, se ampara para no responder”, comenzó a gritar Tailhade y lanzó: “Aparte está recontra mintiendo porque hace un ratito contestó y ahora no puede contestar”.

Tomando como base una nota periodística del diario Clarín, Moreau le preguntó si por el fallo 2×1 se reunió con el actual senador José Torello y “Pepín” Rodríguez Simón, en una negativa a contestar Robles volvió a decir: “No manejo temas jurisdiccionales”. Moreau, disconforme con la respuesta volvió a repreguntar, ante lo que Robles dijo: “Desconozco absolutamente eso”.

“¿Conoce a Marcelo D’Alessandro?”, tiró de una Moreau, pero el testigo se negó a responder por si o por no y expresó: “Me remito a lo que dije al principio”. Ante ello, Gaillard le aclaró que “conocer o no a una persona no lo auto incrimina en algo”, pero Robles volvió a respaldarse: “Hay cuestiones que si están judicializadas y en atención al artículo 18 de la Constitución no voy a responder esa pregunta”.

Le salió al cruce Germán Martínez quien le pidió que mencione las causas que están judicializadas que “lo llevan a invocar el artículo 18”. Pero la mano derecha de Rosatti planteó que no es abogado, sino que estaba en carácter de testigo y que “no está mi abogado que tramita las causas, no conozco los expedientes”. Ante la insistencia de Martínez, respondió: “Son las causas donde hubo denuncias la mayoría son públicas y que están en trámite, no recuerdo la carátula ni el número”.

Tailhade le planteó: “No existe hoy ninguna causa en trámite donde esté imputado el señor Robles. La única causa está cerrada”. En el mismo sentido y reiterando lo dicho al comienzo, Gutiérrez pidió que “se de curso a la pregunta que estaba en trámite para evaluar o no la reticencia del testigo y así informar a los superiores”.

Es manifiestamente reticente el testigo porque invoca falsamente el artículo 18”, expresó Moreau tras reiterar su pregunta y pidió que se notifique a las autoridades superiores de la actitud del testigo.

Sobre la causa de coparticipación, el oficialista remitió a una nota del diario Perfil en el que informaba de una reunión entre jueces federales y funcionarios del Poder Judicial, de los cuales dos llegaron juntos al lugar D’Alessandro y Robles, ante lo que el diputado le preguntó si eso fue así. Sin embargo, el testigo expresó: “En esa comisión fui acusado de supuestas vinculaciones con personas, contactos, reuniones. En atención a eso, no voy a responder la pregunta”.

Por otro lado, Moreau indagó por las declaraciones que hizo el contador Héctor Marchi en el tema de las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial respecto de la reticencia que tuvo para firmar el informe 4 y la no circulación del mismo a la totalidad de los ministros.

“Dentro de las historias relatadas en este recinto por el contador Marchi a distintos niveles de acusaciones, pero como ni bien dice el texto leído, además el contador Marchi fue a sede judicial y está judicializado en la justicia federal y en atención al artículo 18 no voy a responder”, apuntó Robles y sumó: “El contador Marchi relató distintas historias, con distintas acusaciones y luego fue a sede judicial”.

Al respecto, Moreau pidió que “ante las reiteras contradicciones” se vote un careo entre ambos para “clarificar la situación” respecto del informe 4 de las irregularidades de la OSPJN. También le consultó por la eliminación de la casilla de emails del presidente de la Corte que le pidió a Andrés Sacchi.  Brawer también le preguntó qué hizo con el informe 4, si lo circuló o se publicó dentro de algún sitio en la Corte como “se hizo con los demás informes”.

En ese contexto de negación por parte del testigo a responder, Martínez cuestionó que “hay una cantidad de respuestas prediseñadas por parte de Robles que no hacen fácil la situación porque a cada una de las preguntas vino formateado con alguna respuesta específica”. “Yo no tengo claro si sabe que es funcionario público”, disparó y sumó: “El sueldo se lo paga el pueblo argentino, no se lo paga Rosatti. Tener en cuenta esto es una absoluta falta de educación y de respeto a otro poder del Estado. La reiteración sistemática de respuestas evasivas en cada pregunta claramente va manifestando el poquísimo deseo del testigo de poder tener realmente el cumplimento de lo que lo obliga el reglamento de la comisión”.

“Me siento hostigado, más cuando hay causas judicializadas. Tampoco entiendo por qué me preguntan sobre cosas que hice antes de trabajar en la Corte Suprema. Me siento hostigado por el diputado al decir que tengo que ir a la Comisión Bicameral de Inteligencia”, lanzó Robles.

Retomando el tema central sobre coparticipación, Moreau le preguntó si participó de la audiencia de conciliación que se realizó en el Salón Bermejo y que convocó la Corte en marzo de 2022, a lo que Robles afirmó: “Estuve un rato, no toda la audiencia. Estuve por indicación de Rosatti por si necesitaba alguna asistencia. Creo que es la que se refirió la licenciada Batakis que me marcó en un lugar que no recuerdo dónde estaba, tampoco recuerdo dónde estaba sentada ella. Había gente para asistir a los ministros de maestranza, había gente de otras vocalías y había colegas de otra vocalía que saludé”.

“Me sorprendió que Batakis me marcara en un pizarrón cuando yo ni recuerdo si estaba sentado o parado o en el lado que ella indica. Ni sé dónde estaba ella”, agregó y negó haber participado de otras audiencias de conciliación.

El diputado oficialista le preguntó por la inundación que hubo en el despacho, a lo que el funcionario contó: “Fue a fin de enero, un lunes nos enteramos porque nos avisaron antes de llegar que se había roto un caño en el piso séptimo y filtró hasta la planta baja de un costado del ala de Uruguay donde tenemos los escritorios. Hubo un mail que, después el área pertinente informó, sobre el nivel de desperfectos que tenían más que ver con mampostería, muebles, aire acondicionado, las computadoras y discos rígidos no se dañaron. Ahora, después de que dejaron secar las paredes y el piso, estamos de vuelta en el despacho”.

Tetaz sostuvo que el oficialismo “nunca estuvo dispuesto a derogar la Ley de Alquileres”

El diputado y economista de JxC analizó un posible escenario en el recinto post las PASO al tratar en sesión la derogación de la Ley de Alquileres que la oposición logró convocar para el 23 de agosto: “Tenemos que tener cohesionados a los 13 bloques que firmaron para derrotar el dictamen de mayoría”.

Por Déborah Nohely González

Una de las leyes más controversiales cuyo tratamiento reclama la sociedad de forma urgente es sin lugar a dudas la de Alquileres, que fue aprobada por la Cámara baja en tiempos de Cambiemos en noviembre de 2019, y sancionada durante la gestión actual de Alberto Fernández en junio de 2020. La Ley fracasó por el aumento de la inflación, punto en el que todos coinciden.

A principios del corriente año, desde el oficialismo trascendió a través del entonces presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, que el Gobierno tenía la intención de modificar la norma, pero eso no ocurrió y se dilató con el tiempo, pese a que había dos dictámenes de comisión desde junio de 2022. De la vereda de enfrente, Juntos por el Cambio fue más allá y pidió la derogación de la Ley en reiteradas ocasiones en el recinto, pero el FdT rechazó siempre ese pedido.

Recientemente, en la última sesión de Diputados que tuvo fecha el 5 de julio, la oposición volvió a poner el tema en el recinto, que en un primer intento fracasó en que se trate un proyecto sobre tablas que propone su derogación, pero que, en segundo término, logró poner contra las cuerdas al oficialismo para que se solicite una sesión especial para debatir el tema el próximo 23 de agosto logrando la firma de 13 bloques.

En ese contexto, parlamentario.com dialogó con el diputado nacional y economista Martín Tetaz (Evolución Radical) sobre el tema y analizó un posible escenario de lo que podría llegar a pasar en esa sesión, teniendo en cuenta que será luego de las elecciones PASO.

– En la sesión de Diputados se solicitó al Cuerpo tratar la derogación de la Ley de Alquileres, no se logró, pero JxC pudo cosechar la firma de 13 bloques para darle tratamiento en agosto. ¿Qué expectativas tiene al respecto? ¿Cuál cree que va a ser la postura del oficialismo post elecciones PASO?

– El oficialismo va a intentar aprobar el dictamen de mayoría de ellos. Obviamente nosotros tenemos que tener cohesionados a los 13 bloques que firmaron el nuestro para asegurarnos, primero derrotar ese dictamen, y después ir por el nuestro de minoría”.

– La última vez que se trató el tema de alquileres fue en junio del 2022; pasó ya un año. ¿Cómo afecta esto a los inquilinos y a los propietarios o inmobiliarias en un contexto inflacionario cada vez peor?

Toda expectativa que se genera en torno a la renovación o derogación de la Ley es muy mala para el mercado inmobiliario. Toda la discusión del año pasado y que finalmente terminara en la nada es muy nocivo para el mercado porque las partes se retiran esperando las reglas nuevas, entonces es importante que sea el 23 y que, si no lo logramos el 23, que sea con el nuevo Gobierno. Afecta muy negativamente a las partes y máximo ahora porque la inflación es el doble que el año pasado. Con una inflación más alta las consecuencias son mucho más gravosos porque el propietario pide muchísimo más en el inicio de contrato para cubrirse de esa inflación más alta y entonces los valores de acceso a una propiedad son prohibitivos.

– El Gobierno había amagado este año con derogarla, ¿por qué cree que eso no se concretó?

– El Gobierno no tiene la capacidad para gestionar absolutamente nada. Sergio Massa no tiene consenso de todos los diputados adentro de su propio bloque y, por lo tanto, lo que hizo fue, en mi opinión, una sugerencia muy inoportuna porque generó la expectativa de la derogación frenó todo el mercado y en definitiva ellos nunca estuvieron dispuestos a hacerlo, era mentira. Nosotros pedimos en cada oportunidad, esta es la segunda vez que lo hacemos, de la derogación de la Ley. Yo lo hice personalmente la sesión anterior para ver si el Gobierno realmente estaba dispuesto a derogar o si era fulbito para la tribuna y terminó siendo fulbito para la tribuna.

Roxana Reyes: “Es lamentable que el Pro haya abandonado Cambia Santa Cruz para integrar un frente electoral sin posibilidades de triunfo”

Así se expresó la candidata a gobernadora por Santa Cruz, en desacuerdo con la decisión de una parte de su espacio de incluir al partido SER de Claudio Vidal, a quien calificó de “kirchnerista decadente”, y remarcó que solo lo hacen “por una cuestión electoral y no ideológica”.

Por Déborah Nohely González

La precandidata a gobernadora por Santa Cruz y actual diputada nacional Roxana Reyes (UCR) dialogó con parlamentario.com y ratificó su desacuerdo con la decisión del Pro de formalizar una alianza con el gremialista kirchnerista Claudio Vidal, diputado nacional por el partido SER. “Es lamentable que el Pro haya abandonado Cambia Santa Cruz para integrar un frente electoral sin posibilidades de triunfo”, expresó la radical.

La ruptura se dio en la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) -columna vertebral del Frente Cambia Santa Cruz- realizada el fin de semana pasado en Puerto Deseado en donde habían dejado la puerta abierta para sumar al petrolero que en 2019 fue parte del FdT y en 2021 consiguió con su partido, Somos Energía para Renovar Santa Cruz, un espacio en el Congreso de la Nación.

Sin embargo, la decisión tomada en la Convención fue con una condición excluyente y de difícil cumplimiento: Cambia Santa Cruz debería presentarse con una sola fórmula para competir el próximo 13 de agosto y, en el caso de que eso suceda, los votos se sumarían de acuerdo con la Ley de Lemas.

A sabiendas de que Reyes no declinaría su candidatura a la gobernación, un sector de radicales rebeldes intentó convocar a una nueva convención para eliminar dicha exigencia, pero todo terminó con un fallo judicial que no solo canceló la convocatoria sino que fue el sello de ruptura.

De esta manera, el Pro y Encuentro Ciudadano decidieron aceptar al petrolero Vidal y armaron el nuevo frente “Por Santa Cruz”, mientras que la UCR, el Partido Socialista, UNIR Santacruceño y la CC respaldaron a Reyes.

Cabe remarcar que Santa Cruz votará con la vigencia de la ley de lemas, sistema que permite que varios candidatos a un mismo cargo -aún con visiones enfrentadas- compitan dentro de un mismo partido político. Todos los votos se suman y se impone el que más votos junte dentro del lema. Y se puede dar la paradoja de que el voto termine sumando para el candidato que el elector no votó. No gana el candidato más votado individualmente, sino el que sumó más votos dentro de su lema.

Este fue el diálogo de la diputada con parlamentario.com:

– ¿Qué sucedió en la convención provincial de la UCR con Claudio Vidal? ¿Qué opina respecto de que el Pro le abriera las puertas el diputado del Ser, ya que se lo fotografió junto a Horacio Rodríguez Larreta?

– En la Convención de la UCR se decidió que si no se unificaba un solo candidato de Cambia Santa Cruz no se podía ingresar en un Lema con Claudio Vidal porque significaba el riesgo de ponerlo en el gobierno y se manifestaron categóricamente con no compartir nada con ese espacio liderado por el petrolero.  Resulta lamentable que el Pro haya abandonado Cambia Santa Cruz para integrar un frente electoral sin posibilidades de triunfo con un partido con el que no tienen coincidencias.

-Usted ha dicho que es una cuestión electoral y no ideológica a fin de sumar votos. ¿Por qué?

– Claudio Vidal es un kirchnerista decadente y más violento. Los que plantean una alianza sin duda lo hacen para ganar la elección, solo electoral, no se avanza en ninguna coincidencia ideológica o de programas de gobierno.

-Tomando en cuenta su reciente posteo en redes -“¡No se saca terrorismo con terrorismo, no es a cualquier precio!”-, da cuenta de una mirada más que negativa que tiene sobre Claudio Vidal.

– Las prácticas de Claudio Vidal me han convencido de que no tenemos puntos de contacto. La Ley de Lemas es un sistema electoral mentiroso, porque los votos de un candidato terminan sumando para otro dentro de su lema y la gente no termina de saber a quién va su voto. Alicia, Vidal y Belloni en el 2019 le mintieron al electorado porque los votos de uno terminaron sumándole al otro, pero no le mintieron tanto porque son ideológicamente parecidos, son kirchneristas. Ahora, de hacer Cambia Santa Cruz una alianza con Claudio Vidal, estaríamos causando la mayor estafa electoral, porque somos diametralmente opuestos.

– ¿Cómo ve la provincia de Santa Cruz actualmente y cómo avizora su futuro electoral?

– La provincia de Santa Cruz es tierra devastada por el kirchnerismo en sus diversas caras. Estado macrocefálico, donde el gran dador de trabajo es el Estado desalentando la actividad privada y el empleo genuino, justicia absolutamente influenciada por el poder político y manipulación de la información y de los sistemas de control. Desmantelamiento del Estado, con funcionarios ricos y prestanombres y amigos del poder.  Sistema electoral tramposo como la Ley de Lemas, diputado por pueblo y reelección indefinida. Nuestro espacio ha ganado reiteradamente las elecciones legislativas y se le ha arrebatado la gobernación por la Ley de Lemas, llegando gobernar Alicia Kirchner solamente con el 22% de los votos. Le hemos ganado la última elección legislativa a dos aparatos como el Frente de Todos con todo el poder del Gobierno y a Ser con el aparato del gremio petrolero. Sabemos que representamos el cambio y no creemos en ganar elecciones con cualquiera para que nada cambie o para que las cosas se agraven.

– ¿Con qué frente político competirá finalmente y quiénes lo integran?

– Integramos el Frente Electoral Cambia Santa Cruz formado por la UCR, Coalición Cívica, Socialismo Santacruceño y Unir Santa Cruz.

– ¿Cuál es la lectura que hace del apoyo que ha recibido en redes por parte de dirigentes de la Coalición Cívica y de la UCR?

– Agradezco los apoyos recibidos de mi candidatura de los dirigentes nacionales quienes sobre todo conocen mi trabajo y la convicción que comparto con cada uno de ellos.

Representantes del sector agropecuario plantearon ante Diputados la problemática de las retenciones y una posible solución

La Fundación Agropecuaria expuso ante la Comisión de Agricultura y Ganadería y planteó “bajar de manera inmediata 12 puntos a todos los productos, lo que significa la eliminación de los derechos de exportación en todos los productos, menos en soja”.

La Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, presidida por el radical formoseño Ricardo Buryaile, llevó a cabo este miércoles en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, una reunión informativa junto a representantes del sector agropecuario.

Al encuentro asistieron como miembros de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) su presidente Gustavo Vitelli, y David Miazzo, economista jefe de FADA; “a fin de considerar la situación impositiva del sector agropecuario, su impacto en la producción y en la economía nacional”.

Al inicio del encuentro, Buryaile agradeció la presencia de los diputados porque “es una fecha complicada”, e hizo particular el agradecimiento al presidente del bloque oficialista, Germán Martínez. También al senador Alfredo De Angeli “por acompañarnos”.

Buryaile contó que el encuentro se gestó luego de un llamado de Miazzo para poder plantear en el marco de la comisión la inquietud y un análisis de la situación del sector por los derechos de exportación. “No pensé que íbamos a estar tan holgados las dos frentes de la cámara”, expresó el radical.

“Mi espíritu como presidente y, calculo que los que están acá de la comisión, una de las cosas que se plantean es que previo a la discusión política hay sustento técnico para hacerlo y posicionamientos políticos para hacerlo. Hoy esta acá una fundación que va a hablar de por qué cree que el tratamiento de los derechos de exportación va en un sentido, con mucho gusto esta comisión se va a abrir para el que crea que va en otro sentido y para el que quiera exponer situación que comparta o no el oficialismo y la oposición”, planteó Buryaile.

En tanto, sostuvo: “Lo que sucede es que los oficialismos en las cámaras cuando son circunstanciales a breves por cuestiones políticas se les da un tratamiento de mayor celeridad sin el debido debate de las cuestiones y las leyes no son todo lo buena que quizás debiéramos sacarlas”.

En un párrafo aparte, el formoseño saludó a los periodistas presentes en su día: “Mi compromiso y mi respeto hacia quienes siempre buscan la verdad, que informan la verdad y tienen una opinión desde sus convicciones”.

A su vez, el formoseño ratificó que “la comisión va a estar abierta para todo aquel que quiera venir a exponer algo que haga a los intereses relativos a los que maneja la comisión”.

Retenciones cero

El presidente de la Fundación Barbechando, Germán Paats, sostuvo: “Vamos a escuchar una idea que nos permita empezar a pensar una Argentina distinta donde tenemos que volver a plantear todos los temas arriba de la mesa”, e invitó a los legisladores el 27 de junio en la Bolsa de cereales de Buenos Aires al primer Congreso de Políticas Públicas para la AgroBioindustria con el objetivo de mostrarle a la política los ejemplos de países como Brasil que “hicieron las cosas distintas y cómo han evolucionado en los 20 años”. También adelantó que propondrán ideas para “una Argentina grande, en crecimiento, desarrollo” porque “tenemos todas las herramientas para hacerlo, pero hay que hacerlo en conjunto con la política”.

A su turno, Gustavo Vitelli en su carácter de presidente de FADA explicó que es una organización sin fines de lucro que nació hace 14 años en Río Cuarto “dedicada especialmente a la elaboración de políticas públicas con una mirada general y no sectorial. Tratamos de mantener una mirada general para toda la comunidad. Es una perspectiva federal”.

También informó que cuentan con un equipo económico que se encargan de elaborar proyectos, informes y análisis para elaborar las propuestas de políticas públicas. “Tratamos de poner nuestro grano de área para tener mejores políticas públicas para hacer crecer al país”, resaltó y agregó: “En todos esos trabajamos que venimos haciendo, venimos advirtiendo que la otrora competitividad del agro argentino que lo tenemos como un hecho ya no es tanto”.

“Hoy hemos perdido mucho terreno con nuestros vecinos y competidores internacionales y queremos revertir la situación y eso lo hacemos con datos”, planteó Vitelli y contó que se le pidió al equipo económico que analicen el impacto de las decisiones a tomar de manera tal que “la consideremos viable y sujetar todas las mejoras”.

Y sumó: “Queremos tratar de abrir el juego desde otro ángulo mirando las externalidades positivas que pueden tener las medidas. Estamos abiertos a cualquier opinión y a disposición de lo que crean necesario porque buena parte de nuestro trabajo es apoyar a los dirigentes que tienen necesidades de información o proyectos”.

A continuación, fue el turno del economista jefe de FADA, David Miazzo, explicó las cuatro claves para “crecer” y generar medio millón de puestos de trabajo.

“¿Cuánto puede producir Argentina?”, preguntó y procedió a detallar: “En términos de granos podemos llegar a producir 213 millones de toneladas, eso es un 56% más de lo que producimos hoy, parte por el aumento de la superficie producto de una mayor rentabilidad que permita que áreas que hoy no están en producción producto de las distancias de fletes, condiciones de clima y suelo, más un cierre de brechas productivas de rindes por mayor uso de tecnología, fertilizantes, semillas y también el riego que puede generar que la producción crezca”.

“También podríamos producir 1 millón más de toneladas de carne bovina, incrementar 1 millón más de carne porcina, el corte de biodiesel lo podemos llevar hasta un 15% y en el caso de bioetanol hasta un 20%. Tenemos más de una docena de economías regionales de las cuales se podrían hablar de impactos”, precisó Miazzo.

En otro ejemplo, sostuvo que un 56% de aumento de la producción cuando “se quitaron los derechos de exportación y las restricciones a las exportaciones de maíz y trigo en solo tres campañas la producción de maíz se incrementó un 68% y la del trigo un 46%. Podemos lograr este incremento de producción en 10 años “.

Al hacer una comparación con Brasil, planteó como interrogante dónde estaría Argentina si en los últimos 20 años se hubiese comportado con la producción agrícola de la misma manera que el país vecino. Entonces, detalló: “El año pasado hubiésemos producido un 66% más, con 34 mil millones de dólares adicionales por año de exportaciones. Cerca de la mitad de las discusiones económicas que hoy tenemos, no las tendríamos si el año pasado Argentina hubiese sido capaz de generar 34 mil millones de dólares adicionales de exportaciones”.

“Estos incrementos de producción, solo en las cadenas de granos, estimamos que en 10 años pueden llegar a generar 370 mil nuevos puestos de trabajo adicionales a los 3,7 millones de trabajos que hoy generan las cadenas agropecuarias y agroindustriales”, precisó el economista.

Al respecto, precisó que esos puestos de trabajo se distribuyen en las producciones de soja, maíz, cebada, girasol, trigo y enumeró que los puestos de trabajo se distribuyen en huerteros, productores, tamberos, veterinarios, operarios, transportistas, abogados, aceiteros, molineros entre otros tanto. “Para graficar la complejidad que tiene la cadena agropecuaria y cuando hablamos de incrementar la producción no solo hablamos de una persona más, sino toda esa cadena compleja”, planteó.

En esa línea, sostuvo que esos impactos se verían en los primeros años cuatro años y el 56% de producción se generaría el 27% de aumento de producción y llevarla a 174 millones de toneladas y, en 10 años, serían 76 millones de toneladas adicionales lo que genera “un mayor valor de producción a la Argentina de 36 mil millones de dólares que implicaría llevar la producción de 55 mil millones de dólares a 85 mil millones de dólares. Son números similares a lo que se habla de Vaca Muerta”.

“En los próximos cuatro años, solamente esto estaría adicionando 2,4 puntos al PBI y estaría aportando un año de crecimiento. Después se necesitan el resto de las actividades económicas”, ejemplificó Miazzo.

También planteó que, en inversión en insumos, significaría que el mercado debería crecer hasta 7 mil millones de dólares adicionales por año y agrego que “hay estudios que hablan de montos superiores a este”. “Solo la maquinaria agrícola nueva para el pequeño incremento de superficie son mil millones de dólares adicionales y la renovación de la maquinaria. Esto es industria, metal mecánico. Son sectores que se dinamizan”, afirmó.

Sobre la logística dijo que “mover estos millones de toneladas adicionales significan 3 millones de fletes lo que es un gran desafío en la infraestructura del transporte. Si lo ponemos en números estamos hablando de 14 mil millones de dólares a lo largo de los próximos 10 años que crecería el mercado de fletes y logística, pensemos en los impactos indirectos que son combustible, neumáticos”.

“Si a este ejemplo sobre granos, les sumamos los biocombustibles y carnes estamos hablando de otros 7 mil millones de dólares, un PBI que en estos 10 años agregaría 7 puntos y en puestos de trabajo se vería más la diferencia se iría a 544 mil puestos que se pueden generar con estos niveles de producción”, planteó Miazzo y sumó: “Esto podría cambiar la dinámica porque hoy una gran preocupación de los argentinos es el salario porque llevamos 6 años donde cae, y una de las maneras genuinas de que el salario crezca y mejore es si somos capaces de generar más producción, riqueza, trabajo que es una gran preocupación”.

Al respecto, contó que hay cuatro políticas de base para lograr esto: “Cero retenciones, cero restricciones, un dólar y reglas claras de juego”. Y las complementarias son: “Apertura de mercados, impuestos distorsivos, infraestructura de transporte, seguros, fertilizantes, riegos, genética, biocombustibles, conectividad”.

“Todas políticas que, si no se dan sobre una base fuerte de las cuatro medidas, solo terminan actuando en el margen y solucionando problemas no tan significativos”, analizó. Así, planteó que de estas cuatro claves el “mayor desafío se presenta en 0 retenciones dada la situación de déficit fiscal y de inestabilidad económica que hay. Es el principal desafío”.

Para amortiguar el impacto fiscal de esa clave de retenciones cero trajimos como propuesta bajar de manera inmediata 12 puntos a todos los productos lo que significa la eliminación de los derechos de exportación en todos los productos menos en soja y, en el caso de soja, que vaya al 21 de manera inmediata”, propuso y explicó que “esto es básicamente porque la soja es la más significativa de la graduación y limitamos el desarrollo productivo de muchas actividades cuando en términos de caja no termina de significar tanto”.

Para la soja, que quedará en 21%, propusieron “eliminar el impuesto y reemplazar de forma transitoria por cuatro años por un mecanismo transitorio un pago a cuenta de impuestos que en un futuro se pueda utilizar. El Estado puede otorgar un certificado que sería de aplicación decreciente para que vaya a cero, que pueda ser transferible, nominado en dólares para que tenga algún valor y a partir del 5to año pueda ser utilizado en cuotas para el pago de impuestos o que se empiece a amortizar en cuotas y así desaparece el derecho de exportación como impuesto y, de manera transitoria, queda un mecanismo que permite amortiguar el impacto fiscal”.

Miazzo detalló que la entrega del certificado de crédito fiscal, como mecanismo transitorio para amortiguar el impacto fiscal, amortigua el impacto en la caja del Estado, crece la recaudación por otros impuestos y mayor actividad económica, el productor recibe mayor ingreso, hay un incentivo a producir más.

La palabra de los diputados

El radical Víctor Romero (Córdoba) sostuvo que “todos tenemos que aspirar a la mejora en el sector agropecuario porque es la salida que tiene la Argentina”. “Todo como un aspecto positivo unificar las políticas de tipo de cambio porque no hay posibilidad de proyectar una mejora si mantenemos la macroeconómica como esta y, claramente, la inestabilidad no hay posibilidad de inversión”.

“La baja de retenciones tiene que ir con una baja del gasto público, de una eficiencia del gasto en sí. También de una política integral porque tenemos un 40% de informalidad laboral”, consideró Romero.

El diputado Fabio Quetglas (UCR) destacó el proyecto, pero planteó que “cuando hay que hacer una política pública hay que pensar en ganadores y perdedores y largo y corto plazo porque la gran limitante que tuvo este tipo de iniciativas es que lo que es una patología para la economía agropecuaria es una protección al industrialismo obsoleto. Hay un montón de perdedores que, si es más larga que los ganadores, produce bloqueo político”.

El presidente de CARBIO, Luis Zubizarreta, manifestó que “no es justo que se discriminar a un producto como la soja que es nuestro futuro y desarrollo, pero tampoco podemos discriminar al sector industrial cargándole todos estos millones de impuestos y que los demás no contribuyan. Esto patea el avispero para seguir trabajando y se reparta más equitativo todo para desarrollar los sectores competitivos”.

Expertos y funcionarios del sector privado disertaron sobre el reciclado de Residuos de Artes de pesca en Diputados

En la reunión de comisión, de carácter informativa, se puso a consideración un proyecto de la diputada Mariana Zuvic sobre Presupuestos Mínimos para la Gestión Ambiental de Residuos de Artes de Pesca.

La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados se reunió este jueves en la Sala 2 del Anexo para debatir sobre el “Reciclado de Residuos de Artes de Pesca”, teniendo a consideración un proyecto de la diputada Mariana Zuvic sobre Presupuestos Mínimos para la Gestión Ambiental de Residuos de Artes de Pesca.

Al encuentro, presidido por la legisladora Zuvic (CC-ARI), asistieron y disertaron funcionarios y representantes del sector privado: Julián Suárez, director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, el director del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Oscar Padín; la directora nacional de investigación del INIDEP, Claudia Carozza; y el jefe del Programa Artes de Pesca del INIDEP, Ricardo Roth.

La lista de oradores se completó con Gabriel Capello, subgerente comercial de Moscuzza Artes de Pesca; Diego Taboada, presidente del Instituto de Conservación de Ballenas; y Consuelo Bilbao, directora Política del Círculo de Políticas Ambientales.

FOTO: HCDN

Al inicio de la reunión, Zuvic sostuvo que “esta comisión da garantías siempre y, es algo que nos comprometimos conjuntamente con la vicepresidenta de la comisión Marcela Passo, que sea un trabajo participativo, colaborativo y representativo de todos los sectores y todas las voces para que podamos en conjunto con los diputados quienes, en virtud de este proyecto, hemos recibido un montón de aportes y poder construir y elaborar una ley robusta y que le dé garantías a todos los sectores y los protagonistas que son los que están aquí presentes para abordar el tema”.

Respecto al proyecto de su autoría, comentó que fue apoyado por más de una docena de diputados. “Hemos recibido comentarios tanto de Moscuzza como de la Subsecretaría de Pesca”, agregó Zuvic y agradeció la presencia de Julián Suárez y destacó que, respecto a la temática, “él ha avanzado, y esto es un hito importante en el país y a nivel internacional, con la disposición 4 del 2023 respecto de la trazabilidad que está incorporado dentro del articulado del proyecto”.

“Estamos a disposición para trabajar junto al INIDEP, a Moscuzza y a todos los presentes en un equipo de trabajo porque sabemos que este proyecto es bastante ambicioso y requiere de la participación y protagonismo de todos”, sumó la titular de la comisión.

Respecto de las Artes de Pesca, explicó que “están abandonadas, perdidas y descartadas generan enormes daños al ambiente, a la salud. En la economía se estiman que, aproximadamente, de 640 mil toneladas abandonadas o perdidas en los océanos”. Así, precisó que el objetivo del proyecto es “gestionar los residuos generados por las artes de pesca. Es un proyecto bastante ambicioso porque buscamos, a través de la implementación del principio responsabilidad extendida al productor. Es complejo, motivo por el cual requerimos la participación de todos los actores”.

“Esto permite englobar a todo un universo de residuos que son plásticos y micro plásticos que llega a la cadena alimentaria y pude ser absolutamente nocivo para la salud de las personas”, alertó Zuvic.

FOTO: HCDN

 La vicepresidenta de la comisión, la oficialista Marcela Passo, consideró que “es un tema muy importante porque la gestión de los residuos en general es un tema que nos obliga a ocuparnos cuanto más interesantes se vuelven cuando se hace el abordaje con los sectores en particular”.

También celebró la presencia, el interés y la participación de los invitados lo cual “da cuenta de la preocupación y ocupación en el tema para que podamos arribar a la mejor norma posible”, y ratificó que el compromiso es generar equipos de trabajo para “poder escucharlos y arribar a la mejor conclusión posible”.

La palabra de los referentes de la Subsecretaria de Pesca

Abrió la ronda de expositores Julián Suárez, director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, quien puso a consideración uno de los hitos de gestión que se llevó a cabo desde la Subsecretaría de Pesca porque “como país, y esto nos tiene que llenar de orgullo, nos hemos convertido en el primer país en regular el mercado de pesca y arrastre en consonancia con las directrices que ha emitido la FAO a nivel internacional”.

Al respecto, señaló que fue un trabajo “arduo, complejo” que “nos llevó a viajar por nuestro litoral marítimo”, y a encontrarse con todos los eslabones que componen la labor pesquera. “Se ha convertido en una característica destacada de la gestión de tener esta visión y accionar inclusivo de cara a cada uno de los sectores”, planteó.

Al referirse a los invitados presentes, destacó que “han traído a la mesa propuestas, críticas constructivas, que nos permitieron arribar al dictado de una norma que goza de total legalidad y gran legitimidad que también nos tiene que llenar de orgullo”.

Por otro lado, recordó que comenzaron a trabajar la temática en 2021 tomando como base un proyecto elaborado por el equipo del INIDEP que “había trabajado durante años y fue el mercado de las artes de pesca que se utilizan para la captura de la especie centolla en nuestro país y fue la primera experiencia exitosa de mercado de artes de pesca. También es la primera regulación de la historia pesquera en el país que se encarga de normar el mercado de arte de pesca. Esto fue una evolución muy importante en la cual nos hemos sustentado para continuar avanzando con las artes de pesca de arrastre que son las que predominan en el Mar Argentino en la jurisdicción nacional”.

“Somos conscientes que la actividad pesquera es una actividad productiva que genera cierto grado de contaminación, no acá en la Argentina únicamente sino a nivel internacional. Es un flagelo que se atraviesa a nivel internacional y por eso la FAO estuvo emitiendo sus directrices internacionales para que los países pesqueros adopten medidas y las incorporen internamente”, informó Suárez.

En esa línea, precisó que en eso estuvieron trabajando desde junio del 2022 viajando a las ciudades pesqueras, conversando con los actores y arribar a la Disposición 4 que “regula el mercado de las artes de pesca, el mercado de las boyas y de los portones que son los equipos de pesca. Fuimos un poco más allá porque hace a todo el equipo”.

“La pérdida de arte de pesca es incidental. La realidad es que los equipos son muy costosos. Las embarcaciones no pierden las artes de pesca de manera intencional o el abandono, sino que pueden existir casos fortuitos o de causa mayor por las cuales se terminan perdiendo como la inclemencia climática en altamar”, manifestó Suárez.

También contó que implementaron el año pasado una reglamentación de cara al equipamiento que deben tener los buques pesqueros antes de despachar la pesca en la jurisdicción nacional, para el recupero de todo tipo de elementos que “es la gran utilización de bicheros poniendo el valor vida por encima del plástico”.

“Hemos reglamentado en las 3 disposiciones cuál es el accionar que debe tener el armador, el capitán del barco, al momento de encontrar un elemento de arte de pesca abandonada o perdida. Debe informar a la Prefectura Naval Argentina y a la dirección a mi cargo para que se pueda poner a conocimiento del propietario de esa arte de pesca para su reutilización, reciclado y disposición final del arte de pesca, todo ello enmarcado en una economía circular”, detalló.

En tanto, planteó que Argentina “tiene la capacidad para desarrollar ese tipo de industria y ese círculo virtuoso se culmine en nuestro propio país, agregando valor, generando trabajo, ahorrar divisas y tiempo”.

Por último, se refirió a la trazabilidad de la pesca y señaló que “era importante hacer visibles a quienes eran invisibles históricamente porque en la Administración Pública Nacional nunca se tuvo en consideración al redero y hemos creado un registro para que todos del país se inscriban en el registro y obtengan un código de identificación. El proyecto elaborado se complementa muy bien al del Ejecutivo. Una ley de este estilo será muy beneficiosa para complementar el trabajo y que no quede inconclusa el factor ambiental”.

Representantes del INIDEP

A su turno, el director del INIDEP, el licenciado Oscar Padín, agradeció a todas las empresas que los siguen ayudando, a la Prefectura, a la Fundación de Conservación de Ballenas y otros actores que “son sustantivos para avanzar en estas ideas y conceptos”.

Padín explicó que el INIDEP es un Instituto de Investigación, pero también “es una oficina que tiene que cumplir con todas las normas del Estado, no es una empresa privada, y tenemos todas las consideraciones que se deben cumplir para poder seguir actuando, no solo como un instituto de investigación científica, sino también como un armador de buques”.

A continuación, tomó la palabra la directora nacional de investigación del INIDEP, Claudia Carozza, contó que cuentan con 30 programas de investigación y 10 gabinetes que sustentan toda la investigación pesquera y oceanográfica.

“Nuestro país tiene 3 buques de investigación, dos de última generación. Tenemos relevado todo el Mar Argentino con lo cual hay mucha información. Es un orgullo comentar esto en esta comisión”, destacó.

Asimismo, se refirió a los micro plásticos: “Tenemos un especialista en este tema y estamos tratando de fortalecer el grupo y algunos resultados preliminares indican que hay mucha concentración de micro plásticos en las zonas donde hay encuentros de corrientes que son los lugares más productivos del Mar Argentino donde se producen todos los aspectos relevantes para el ciclo de vida de las especies, la concentración de las crías. En esos lugares donde mayormente de han encontrado la concentración de micro plásticos y las mayores partículas vienen de fibras textiles”.

De forma breve, el ingeniero y jefe del programa de Artes de Pesca del INIDEP, Ricardo Roth, celebró la oportunidad de participar en la elaboración del proyecto, corrección y sugerencias y expresó predisposición en colaborar en lo que necesiten.

Moscuzza Artes de Pesca

Por otro lado, disertó Gabriel Capello, subgerente comercial de Moscuzza Artes de Pesca, indicó que “en principio logramos entender que hay un problema con las Artes de Pesca que tenemos que solucionarlo de alguna manera”.

“Al leer el proyecto de ley, me surgieron algunas cosas para poder aclarar de las redes y del mercado”, adelantó Capello y contó: “Hoy logramos de voluntad propia y sin ninguna imposición generar un circuito de reciclado de pesca de la mano de dos empresas que nos han aportado su visión ambientalista y lograron hacer un nexo entre privados”.

Capello explicó que la empresa se dedica a la fabricación de las redes y afirmó que “en esa fabricación hay un desperdicio, pero es de materia prima virgen. Ese desperdicio se logra colocar en algunos recicladores que son del país”. Luego, precisó que esas redes “van a los rederos o pesqueras que son los que confeccionan el arte de pesca. Esa confección también puede tener un mínimo desperdicio porque es material caro”.

“El tercer momento que genera residuos es cuando se reparan esas artes de pesca, se cambian porciones de la red y nosotros recolectamos. El mayor momento de generación de residuos es cuando un arte de pesca completo no sirve más son muchas toneladas de redes que quedan en los depósitos de las empresas”, planteó y agregó que ahí empezaron a ver que había una posibilidad de recuperar eso.

Y añadió: “En algún momento pensamos en poner una planta de reciclado, pero el mayor problema que se encuentra es que no hay un gran volumen para justificar un montón de gastos que requiere”. Así, comentó que la decisión que tomaron fue que “cuando entregamos mercadería a los clientes ese flete negativo con camiones propios lo usamos para traer mercadería de los clientes hacia Mar del Plata, Buenos Aires, etc. Decidimos dejar eso de lado y empezar a traer las redes para reciclar. En ese momento empezamos a copiar redes para reciclar, pero nos encontramos que no teníamos dónde colocarlas”.

“El material es muy variable y las cantidades anuales que se pueden conseguir tampoco son fijas porque dependen mucho del lugar dónde vayan a pescar, el cupo de pesca que tengan, depende de la necesidad de ventas, hay un montón de fatores que hacen que un año sean tantas toneladas para reciclar y al otro año sean otras. Si sabemos que puede haber entre 200 y 300 toneladas anuales de redes para reciclar, es lo que tenemos calculado. Ese volumen es muy complejo para poner una planta y no justifica una inversión para poder reciclar el material, son costos enormes porque hay que separar poliestireno de nylon, separar boyas, empaquetarlo y despacharlo”, explayó Capello.

Así, aseguró que “ese proceso lo hace Moscuzza y tiene un costo más el trabajo de recibir redes, volver a cortarlas, limpiarlas, generar de nuevo la materia prima, genera que el costo de esa materia prima sea mucho mayor que el costo mayor de la materia prima virgen. Entonces el mercado que hay que lograr para poder pagarlo”.

“En Argentina no existe algo así y tenemos aún problemas de jurisdicción porque en Ushuaia tenemos más de 40 toneladas de redes que siguen ahí y hace varios años queremos traerlas, pero nos piden que paguemos impuestos o que se rompan de manera tal que es imposible”, alertó Capello.

Sobre el proyecto que plantea que esas redes se utilicen para otra función como un gallinero, explicó que el problema es que “una vez que sale del mercado de la pesca, le perdemos el rastro. Son materiales desgastados que rápidamente se van a convertir en basura y van a ser descartados y volvemos a tener basura”.  También planteó que utilizar la materia prima para redes nuevas tampoco se puede porque “se generarían redes de menor calidad, es decir, que se rompen más rápido, van a ser más pesadas y vamos a tener el doble de basura”.

Sobre los materiales bio degradables precisó que “también tienen el mismo problema porque no tienen la misma resistencia, no duran lo mismo y serían basura rápidamente y no estaríamos solucionando el problema”.

“Logramos recuperar 200 toneladas de redes, pero se logró con un consenso entre los privados, los rederos, las pesqueras, y pensamos que con ese consenso que la ley tenga ese consenso general que siga siendo no por un tema de imposición o castigo, sino que sea por beneficios sería buenos que estén relacionados con la compra de material nacional. Espero que se pueda seguir trabajando en una ley que nos aporte y nos ayude”, cerró el subgerente comercial.

El impacto en la biodiversidad

Asimismo, Diego Taboada, presidente del Instituto de Conservación de Ballenas que realizó alianza con la empresa Moscuzza para reciclar; se expresó sobre la situación de la fauna marina. “Se estima que mueren más de 135 mil ballenas, defines y otros mamíferos marinos atrapados en estas redes”.

 “A nivel mundial aproximadamente el 45% de todos los animales marinos de la lista roja de especies amenazadas se han visto afectados por equipos de pesca perdidos o abandonados”, aseveró y añadió: “Debemos contar con lugares de disposición adecuado. En cada instancia de proceso industrial de la pesca tiene que haber infraestructura apropiada. Es uno de los principales reclamos del sector portuario y es una cuestión de poder segregar bien los materiales”.

También alertó que la contaminación plástica es uno de los problemas ambientales globales de más rápido crecimiento, ya que se estima que 11 millones de toneladas de plástico ingresan al océano por año, siendo un 10% de origen pesquero y 640.000 toneladas corresponden a aparejos de pesca abandonados.

Consuelo Bilbao, directora Política del Círculo de Políticas Ambientales, habló de la responsabilidad extendida del productor, en donde se enmarca el proyecto. Y consideró importante “dar solución a la gestión del material plástico para ir hacia una transición sustentable y circular”.

 “La contaminación va mayormente al mar, el 80% de los residuos que caen al mar son de origen terrestre, el 20% son de origen marítimo. El 10% de ese porcentaje la FAO define que son artes de pesca y que, dentro de todas estas fuentes de contaminación, la más dañina para el ecosistema marino son las artes de pesca”, agregó Bilbao.

 Además, participaron Roxana Schteinbarg del instituto conservación de ballenas; Luis Giorgetti, redero en artes de pesca, entre otros.

FOTO: HCDN

¿Qué son las artes de pesca?

Es todo lo que se usa para capturar peces. Hay artes de pesca deportiva, que se hace con caña; las artes de pesca comerciales o artesanales, en la que se utilizan redes, o canastos; el palangre.

El proyecto tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional para la gestión de los residuos de artes de pesca a través de la implementación del principio de responsabilidad extendida del productor, con la finalidad de proteger la salud de las personas y del ambiente.

Objetivos de la ley:

  • Minimizar hasta reducir a cero el abandono y/o disposición final de artes de pesca, ya sea en el ecosistema marino y/o costero como en los vertederos de residuos, aplicando los conocimientos y mejores técnicas disponibles para su reutilización, tratamiento y reciclado;
  • Fomentar la utilización de materiales de mayor durabilidad, cuyo proceso de reciclado sea el más eficiente, y cuyo impacto ambiental durante su ciclo de vida sea el mínimo;
  • Promover la utilización de materiales biodegradables en la conformación de las artes de pesca;
  • Disminuir y eliminar los daños causados a las especies marinas y/o terrestres por las artes de pesca abandonadas y/o inutilizadas, ya sea en el ecosistema o en su disposición final;
  • Evitar la diseminación de micro-plásticos y/u otras sustancias químicas resultantes de la degradación de las artes de pesca abandonadas y/o inutilizadas en el ecosistema marino, costero y terrestre;
  • Proteger la salud humana, animal y vegetal, evitando el ingreso de contaminantes derivados de la degradación de las artes de pesca en la cadena alimentaria.

Los productores de artes de pesca deberán procurar la confección de las artes de pesca cuya vida útil sea la más extensa posible, conformadas por los materiales de menor impacto ambiental, priorizando aquellos cuyos componentes que, cumpliendo su función, sean biodegradables.

Para los pescadores, operadores y empresas pesqueras usuarios de las artes de pesca queda prohibida la disposición en el ambiente, junto a los residuos domiciliarios o en cualquier tipo de vertedero de los residuos de artes de pesca que ya no puedan cumplir su función, sean parciales o totales, ya sea por deterioro causado por el uso, rotura, y/o falla de fabricación.

Se estima que cada año se pierden o abandonan 640.000 toneladas de artes de pesca en los océanos. Una décima parte de todos los desechos en los océanos se componen de aparejos abandonados, según cifras de la FAO y el Programa de las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente

Una vez que son descartados, los anzuelos, redes, y líneas de pesca abandonados en el ambiente acuático continúan causando estragos en la vida acuática, matando animales de todo tipo, y causándoles sufrimiento durante extensos períodos, lo que configura una seria amenaza para la biodiversidad marina.

No solo se trata solamente de un problema ambiental, sino también económico. Algunos estudios estiman que más del 90% de las especies capturadas por el abandono de artes de pesca tienen valor comercial.

En el Atlántico Sudoccidental conviven especies amenazadas de extinción y/o con poblaciones reducidas, entre las que se encuentran tiburones, rayas, mamíferos marinos y aves, las artes de pesca abandonadas pueden causar un daño severo a especies cuyo estatus poblacional es muy delicado. Según datos de la WWF, la “pesca fantasma” causa daño al 66% de las especies de mamíferos marinos y al 50% de las especies de aves marinas.

El Senado pasó a la firma el proyecto de Mono-tech

La iniciativa tiene media sanción de Diputados. Desde JxC presentaron una nota solicitando la presencia del ministro del área y expertos en el tema para que brinden su opinión.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, a cargo del riojano Ricardo Guerra (FdT) retomó este miércoles el cuarto intermedio del pasado 10 de mayo para continuar con el análisis del proyecto que establece un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos (Mono-tech) y un régimen cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos que ya cuenta con media sanción de Diputados. Tras el tratamiento el texto pasó a la firma.

Guerra explicó que el proyecto que “tuvo un amplio ámbito de aprobación y es demandado por numerosos profesionales que se encuentran en el ámbito del conocimiento. Plantea un nuevo régimen tributario simplificado consolidado que contempla el impuesto a las ganancias, al valor agregado y también los aportes previsionales y si se desea también incorporar la obra social”.

“También plantea un régimen cambiario nuevo que simplifica y le permite a los monotributistas disponer de su dinero cobrado en moneda extranjera que en la mayoría de los casos se da, sin tener la necesidad de liquidarlos en el mercado libre de cambio”, agregó el riojano.

En esa línea, precisó que el proyecto está dirigido a quienes prestan servicios en el marco de la industria del conocimiento y lo desarrollan en el país, pero ese servicio usado en el exterior y “como contraprestación perciben en moneda extranjera”. Además, alcanza a quienes participan en competencias deportivas de manera online que “perciben premios en moneda extranjera. Es una de las condiciones de que los ingresos provengan del exterior y está dirigido a personas físicas”.

“El objetivo es recaudar divisas, algo importante para el país”, remarcó Guerra y agregó: “También evitar la informalidad de quienes prestan estos servicios. Esto incentiva el registro tributario y permite ampliar derechos porque son personas que van a tener una obra social, aportes previsionales, ingresos que son considerados del sistema formal y pueden acceder a tarjetas de crédito y préstamos. Estas personas se van a ver involucrados en el incremento de sus derechos”.

El bloque opositor presentó una nota en la que solicitó invitar al ministro del área y a representantes de los sectores involucrados para brindar sus opiniones al respecto. Luego, el proyecto pasó a la firma.

El proyecto

El régimen se encuentra destinado a los pequeños contribuyentes que realicen actividades relativas a la economía del conocimiento, y a aquellos que efectúen cualquier tipo de prestación de servicios, siempre que estas actividades sean realizadas en el país, pero su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior.

También quedan comprendidos en este nuevo régimen los ingresos derivados por el ejercicio de “eSports” o deportes electrónicos, entendiendo por tales a las muy difundidas competiciones organizadas a nivel profesional, multijugador y de diferentes disciplinas de videojuegos con acceso desde diferentes dispositivos y plataformas de forma online u offline.

Según el texto, serán considerados “Pequeños Contribuyentes Tecnológicos” las personas humanas residentes en el país que obtengan ingresos brutos por las actividades anteriormente referenciadas, en los 12 meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión al “Mono-Tech”, inferiores o iguales a un equivalente de 30.000 dólares.

De acuerdo a la escala, estarán comprendidos en la categoría D quienes registren ingresos hasta 10 mil dólares anuales; en la F quienes registren entre 10 mil y 20 mil dólares anuales; y en la H quienes tengan hasta 30 mil dólares anuales de ingresos.

Asimismo, se señala que el “Mono-Tech” facilitará “la operatoria fiscal de los contribuyentes alcanzados toda vez que sustituye e integra en un solo pago, de corresponder, el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado y los Recursos de la Seguridad Social; y para el caso en el que el contribuyente se encuentre comprendido por otras actividades en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), se establecen disposiciones tendientes a la compatibilización de uno con otro”.

Además, el texto propone un Régimen Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos que posibilite que estos sujetos se encuentren exceptuados de la obligación de liquidar las divisas percibidas por las actividades alcanzadas por la medida en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Dictamen favorable a los proyectos de muerte perinatal y pubertad precoz en el Senado

Fue en un plenario de las comisiones de Salud y Presupuesto y Hacienda. Ambas iniciativas cuentan con media sanción de Diputados. El oficialista Antonio Rodas propuso modificaciones en la redacción de una de las normas.

Un plenario de las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda del Senado, a cargo de los oficialistas Pablo Yedlin (Tucumán) y Ricardo Guerra (La Rioja) respectivamente, se reunieron este martes para emitir dictamen favorable y dejar listo para el recinto los proyectos de ley sobre muerte perinatal y pubertad precoz, ambas iniciativas que vienen con media sanción de Diputados.

Antes de comenzar con el tratamiento de los proyectos, Guerra procedió a leer los cambios que hubo en la comisión que preside: “Quiero informar que por decreto de Presidencia N° 13/23 en su artículo segundo menciona designase al senador Pablo Yedlin y a Lucía Corpacci en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en reemplazo del senador Carlos Linares y la senadora Silvia Sapag”.

Muerte Perinatal

A continuación, Yedlin explicó: “Tenemos para tratar dos medias sanciones que llegaron de Diputados”. Respecto a la primera iniciativa, sostuvo: “Tiene relación con un proyecto del senador Antonio Rodas acerca de la importancia de que el sistema de salud, sobre todo las maternidades, tengan previsto cómo tratar, cómo atender, cómo cuidas y acompañar a aquellas mujeres que, en momentos de dar a luz, tienen la muerte perinatal que es definida por la OMS desde la semana 22 de gestación hasta el nacimiento”.

“Esto tiene que ver con una situación de duelo, de mucha complejidad que en general no están atendidas correctamente en las maternidades que están previstas para otro tipo de tratamiento, entonces lo que la ley es importante que tiene por objeto, a través de la autoridad de aplicación, llevar adelante la capacitación, el adiestramiento, la infraestructura, el equipamiento, para la necesidad de estas mujeres y familias frente a esta situación dura que es la muerte perinatal”, precisó el tucumano.

En tanto, resaltó que el proyecto fue votado por unanimidad en Diputados y agregó: “Entiendo que deberíamos acompañar para poder transformarlo en ley y que este esfuerzo de mucho tiempo se concrete y podamos tener en las maternidades de la Argentina, del sector público y privado equipos preparados para esta eventualidad dramática que muchas madres viven y pueda ser superada con atenciones especiales”.

Pidió la palabra el senador chaqueño Antonio Rodas (FdT) quien remarcó: “Por supuesto que es importante esta ley, la hemos trabajado con nuestros asesores. Hubo un consenso mayoritario, hemos tenido dos dictámenes que lamentablemente nunca llegaron al recinto y, por lógica, esta es una situación transversal que nos golpea a todos sin ninguna distinción de bandería política ni religiosas, estamos de acuerdo en que se le dé la celeridad necesaria”, pero cuestionó que envió a la presidencia de la comisión para que incorpore las distintas modificaciones que “son el resultado de una serie de entidades que han trabajado durante todo este tiempo los dos dictámenes”.

“Queremos ser justos de que no se detenga el proyecto, en este año difícil de conformación de las comisiones de llevarlas adelante y que, por supuesto, salgan los dictámenes para el recinto. Nosotros vamos a estar ansiosos esperando que esto sea tratado en la próxima sesión para que se pueda cristalizar y vamos a estar atentos para ver de qué manera se incluyen las modificaciones que en su gran mayoría son coincidentes con las modificaciones en lo que respecta a la redacción. Voy a acompañar la firma para que de esa manera no se detenga el proceso para seguir trabajando y esperando la incorporación que sugerimos”, adelantó Rodas.

Al respecto, Yedlin aclaró: “Cualquier modificación que se le haga al proyecto requiere que vuelva a la Cámara de Diputados, pero me parece bien que lo discutamos y coincide con Rodas porque las modificaciones no modifican tanto el fondo de la cuestión para devolverlo a Diputados al proyecto, es un tema a discutir”.

Luego hizo uso de la palabra el vicepresidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR), quien le preguntó a Rodas si “firma el proyecto y pasa al recinto para ver la posibilidad de modificarlo o vuelve a comisión para hacerle las modificaciones pertinentes”. A lo que el chaqueño aclaró: “Vamos a firmar el dictamen y, a su vez, vamos a darle la posibilidad sobre tablas, por supuesto, charlando con anterioridad con los distintos integrantes de la comisión porque entendí en la premuera del caso. Retroceder hace que tengamos una dilatación que creo que hoy por hoy lo que menos queremos los senadores de ambas bancas es frenar los procesos legislativos porque estamos expuestos a constantes agravios y nos marcan como que los senadores no proceden con cuestiones que son problemas de la gente y que la agenda es nuestra del Senado y son distintas a la de la gente”.

“Voy a ser guardián de que las modificaciones que hice entrar por la secretaría correspondiente sean realmente tenidas en cuenta y ejecutadas. Las modificaciones serán cumplidas evitando el retroceso y sigamos para adelante en el proceso legislativo que necesita el país”, cerró Rodas.

También hizo uso de la palabra la vicejefa del bloque FdT, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien agradeció que en la primera reunión se hayan incorporado el proyecto que “fue trabajado por Rodas atendiendo las demandas de los diferentes colectivos y de familias que han tenido la terrible experiencia de pasar por una situación como la que estamos tratando”.

“Esta comisión como muchas otras se han hecho eco de las problemáticas que se vienen impulsando desde la sociedad y eso me parece fantástico tener un Senado así que no es el mismo desde cuando yo llegué porque es más abierto, de más escucha, de recepción de las demandas que tienen que ver con sectores que vienen luchando hace tiempo porque una ley les garantiza sus derechos”, reflexionó la oficialista.

Así, agradeció a Rodas por la labor realizada y por la convicción para que “esto se acelere y poder consensuar para el recinto lo que haga a una mejor ley siempre pensando en que también está la posibilidad de la reglamentación del Ejecutivo y también que en el recinto podamos ver las diferentes modificaciones y entendamos que hacen a una mejor norma”.

“Estas no son temáticas para especular, son temáticas para ir para adelante. Si estamos convencidos que es una ley importante para la Nación venga de donde venga tenemos que apoyarla”, remarcó Fernández Sagasti y sumó: “Sigamos el ejemplo de Rodas para que esta ley pueda tener dictamen y ojalá pronto tengamos sesión para llevarla al recinto”.

Además, consideró que “solo quien pasó por una situación así, sabe que se necesita un tratamiento específico, un trato humanizado a las familias que tienen que atravesar la tragedia”, y contó que le pasó de “una forma cercana” por lo que comprende que “en estos tiempos la humanización de todas las redes sociales, tenemos que tratar de indicar a través de las leyes cuál es el camino”.

Volvió a hacer uso de la palabra el presidente de la Comisión de Salud quien explicó: “Ambos proyectos tuvieron consulta en la secretaría de presupuesto. Esta no tiene costos fiscales”. Así la iniciativa pasó a la firma.

El proyecto establece procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, aprobada en la Cámara baja en noviembre pasado con 216 votos a favor y solo uno en contra.

El proyecto, bautizado “Ley Johanna”, por el caso de Johanna Piferrer -impulsora de la iniciativa y quien fue víctima de violencia obstétrica-, indica que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliadas/os, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.

Se busca dotar las/os profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal.

También, posibilitar un ambiente de contención y cuidado, con el acompañamiento de especialistas; y facilitar opciones terapéuticas, gestiones a realizar, documentación a cumplimentar y consultas sucesivas.

Pubertad Precoz

Respecto del dicha iniciativa, Yedlin recordó que “es un proyecto que se trabajó mucho en Diputados. En alguna sesión se planteó la necesidad de una ley. En ese momento derivamos al colectivo que pedía sobre esta patología al Minsiterio de Salud y eso generó que se incorpore al DMO la medicación para este tratamiento, pero de todas maneras nos llega una ley con amplia mayoría”.

“Es una patología de causa desconocida en la mayoría de las veces por la cual los niños y niñas empiezan su proceso de pubertad en forma temprana, antes de lo normal. Es normal que una nena de 8 años empiece su proceso de pubertad que empieza con desarrollo mamario y dos años después con su primera menstruación, eso es lo más temprano como normal. SI esto empieza antes entonces se considera pubertad precoz. En los varones el signo es el aumento testicular”, explicó el tucumano.

En tanto, sumó: “Además de la importancia psicológica que tiene el desarrollo previo donde todos los demás compañeros no se han desarrollo y lo que ello implica, hay un tema de altura y talla final porque una vez que una niña tiene su menarca ya no crece mucho más, entonces se pierden años de crecimiento, y a partir de la aparición de determinados tratamientos que detienen la pubertad se puede permitir que estos chicos crezcan los centímetros que tiene que crecer y cuando llegan a la edad acorde a que la pubertad se desarrolle, se libera la pubertad y entonces el niño ha crecido 5 o 6 centímetros más”.

“Tiene un tema psicológico, social, de redes, familiar y un tema de talla final que no es menos importante. La ley prevé un programa nacional que garantice para todo el sistema de salud público el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y la capacitación del equipo tratante y la difusión de esta enfermedad para su conocimiento para que se conozca, se diagnostique y se trate en tiempo y forma”, explayó Yedlin.

Además, afirmó que pasó por la oficina de presupuesto y “tiene un costo cerca de los $900 millones anuales. El costo total entre diagnóstico, tratamiento y divulgación. Es un costo pequeño para el sistema de salud frente al beneficio que genera. Es una enfermedad infrecuente 1 cada 5 mil casos”.

Hizo uso de la palabra Fiad quien aseguró: “Estamos todos de acuerdo con esto. Hay una resolución previa con el Ministerio de Salud”, y puso en valor que “pubertad precoz es una enfermedad poco frecuente de las 8 mil enfermedades poco frecuentes. Es una necesidad el tratamiento”.

“Hay un proyecto que presente sobre la conformación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de la normativa de legislativa en salud. Creo que sería bueno tratarlo porque se podría evitar barreras administrativas que tiene las leyes. Pondría en valor cada norma sanitaria”, planteó el radical.

El segundo expediente establece la creación de un programa de prevención, diagnóstico y tratamiento integral de la pubertad precoz en niñas y niños, sancionado en Diputados el pasado 19 de abril con 175 votos a favor.

El proyecto promueve la capacitación, formación y perfeccionamiento de profesionales de la salud en el abordaje y tratamiento de la pubertad precoz, como así también generar protocolos de atención de niñas y niños con ese diagnóstico.

Asimismo, prevé la realización de estudios estadísticos sobre la Pubertad Precoz Central, que abarquen todo el país, y llevar adelante campañas informativas/educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos, tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad.

Desde el Ministerio de Salud expusieron en la Cámara alta el informe sobre la Ley “Mil Días”

La disertación estuvo a cargo de la secretaria del ministerio, Sandra Marcela Tirado, quien informó que “en el 2021 Argentina tuvo la tasa de mortalidad infantil más baja”. Previamente, la Comisión de Salud ratificó sus autoridades.

La Comisión de Salud del Senado se reunió este martes en el Salón Arturo Illia para tratar una serie de proyectos y también para ratificar a sus autoridades. Así, volvió a ser designado como presidente de la misma el tucumano Pablo Yedlin (FNyP-FdT), y en la vicepresidencia al jujeño Mario Fiad (UCR-JxC), en la secretaría quedó Lucía Corpacci.

Al inicio de la reunión se oficializó un cambio en la comisión: la senadora María Teresa Margarita González (FNyP – Formosa) reemplazará a Guillermo Andrada (Catamarca)

Al hacer uso de la palabra para ratificar a las autoridades, al vicejefa del interbloque FdT, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que fue una comisión que en estos años “ha tenido mucha visibilidad, no solamente por la pandemia sino también por los consensos que se han en la comisión para sacar proyectos que son muy deseados y muchos han trabajado para ser tratados en el Senado. Confiamos en este tridente de conducción”.

Informe de la Ley “Mil Días”

Luego, la comisión recibió a Sandra Marcela Tirado, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, quien expuso para dar a conocer las conclusiones de un informe anual (septiembre 2021-agosto 2022) sobre la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, más conocida como “Mil Días”, que se sancionó junto a la Ley del Aborto en diciembre de 2020.

Tirado agradeció la invitación y la posibilidad de “dar la devolución del primer año de la implementación de la Ley”. Al inicio, hizo un repaso de los principales puntos de la norma, que establece un acompañamiento, protección y cuidado integral de la salud y de la vida de las personas gestantes y niñas y niños en los primeros 3 años de vida.

Según recordó la funcionaria, la Ley tiene como objetivo reducir la mortalidad y la malnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos y el desarrollo, comprender la salud de manera integral y prevenir violencias.

Además, resaltó que la norma fue un “desafío que lo estamos pudiendo hacer desde la unidad coordinadora con el trabajo intersectorial, las diferentes políticas integrales y públicas, gestión federal de 1000 días. El trabajo intersectorial es una de las cuestiones más ricas y potentes que tiene la Ley”.

“Todas las políticas siguen la perspectiva de curso de vida es una forma de ver la salud e implementar la política pública de los diferentes cursos de vida teniendo en cuenta la prevención durante el embarazo, la niñez, adultos mayores, y no desde un enfoque de patologías sino desde un enfoque desde salud y prevención”, explicó.

Sobre los ejes de la Ley, detalló: “El foco está sobre disminuir la mortalidad infantil y materna, luego prosperar para lograr una salud integral y bienestar, y transformar desde la diversidad y la prevención de la violencia. Con este enfoque intersectorial de equidad, curso de vida y territorial”.

“El marco normativo tiene acuerdos internacionales en relación a los derechos de niños y niñas, también de mujeres, y todas aquellas leyes nacionales que de alguna manera están relacionadas a esta Ley y, a su vez, normativas provinciales en relación a todas las leyes que dieron origen a esta Ley 27.611. La Ley prevé que la autoridad de aplicación está en el Ministerio de Salud de la Nación que debe diseñar un modelo de atención y cuidado integral de salud específico y adecuado para la etapa de embarazo y hasta los 3 años y genera y crea la unidad coordinadora y forman parte todos los ministerios y organismos del Estado que están relacionados a la implementación de políticas públicas de esta ley y, también, con las provincias para el trabajo conjunto”, explayó.

Tirado precisó que el Ministerio de Salud cuenta con 3 secretarías. La secretaría de Acceso a la Salud donde se encuentra la sub secretaría de Estrategia Sanitaria y la dirección nacional de abordaje por curso de vida con la dirección de Salud perinatal y niñez como “grandes áreas relacionadas con la implementación de ‘Mil Días’, pero también la subsecretaría de medicamentos por la distribución de insumos y la dirección nacional de reproducción sexual”.

Sobre el período que tiene la Ley desde la gestación hasta los 3 años de vida manifestó: “Entendemos el entorno familiar y comunitario como estructuras que estarán siempre presentes en este curso de vida al igual que los servicios de salud y, después, diferentes áreas del Estado que tienen trabajo en diferentes momentos como ANSeS durante la gestación con la asignación por embarazo que pasó a ser de 9 meses, la asignación por nacimiento, por adopción y dentro de la AUH se incorpora la asignación por cuidado integral mediante ciertos parámetros de control de salud y vacunas. Los organismos de proyección en situaciones de vulnerabilidad para lograr el derecho a una vida libre de violencia”.

 “Desde que la Ley se reglamentó, poder definir las políticas públicas a trabajar en conjunto y poder que este peso que se le da a las políticas públicas tener esta Ley, que se votó por unanimidad en ambas cámaras, nos da un peso de política de Estado muy fuerte”, sostuvo la secretaria de Salud.

Por otro lado, destacó el capítulo sobre Nutrición que tiene la Ley y consideró que “la lactancia es fundamental para esa buena nutrición. El 97% de los niños y niñas inician la lactancia al nacer, pero solo el 44% tiene lactancia exclusiva hasta los 6 meses por eso lo tenemos como algo importante a mejorar, al igual que el acceso a centros de cuidados infantil o a una vida libre de violencia”.

Además, brindó distintos indicadores, siendo el primero de ellos sobre los nacimientos en todo el país: “Tenemos una tasa de natalidad que desde el 2015 tiene una disminución en lo que hace a la tasa de natalidad total, pero no a la tasa de nacidos prematuros que siguen manteniendo una tasa estable por lo cual también ha sido una definición desde la unidad coordinadora el trabajo en la prevención como en la atención”.

En lo que hace a la mortalidad infantil, Tirado aseguró que “en el 2021 Argentina tuvo la tasa de mortalidad infantil más baja de 8 por 1000 y de ahí sus dos componentes, la tasa de mortalidad neonatal sigue siendo la más grande que es de 5,7 por 1000 y la de post neonatal de 2,3 por 1000. La prematurez es la principal causa de mortalidad infantil en el componente neonatal”.

Respecto a los indicadores de mortalidad materna afirmó que “suele presentar cambios de subir y bajar en diferentes años. En el 2021 tenemos un ascenso muy importante, siendo la razón de 7,4 por 10 mil y esto se debe a la gran mayoría por muerte por Covid-19”.

Políticas integrales e indicadores desde la implementación de la Ley

“Esta Ley se basa en derechos como la identidad, la seguridad social, la salud integral, a la información y capacitación. En cada uno de estos derechos se implementan políticas públicas”, precisó Tirado.

Al respecto, comentó que sobre las políticas de identidad: “Estamos con un trabajo de maternidades seguras donde se realizan los partos, proceso de identificación de recién nacido y gestantes a través de pulseras identificatorias con códigos QR. Se entregaron 400.000 en 2022”.

Sobre el cuidado integral, contó: “Todo lo relacionado a políticas integrales para la prematurez, lactancia y nutrición, desarrollo infantil, acceso a la salud y algunas estrategias específicas como sueño seguro, parto respetado y primera hora de vida, prevención de lesiones y embarazo adolescente”.

“Un indicador es la campaña de invierno porque durante el primer año de vida una de las causas de mortalidad infantil son las infecciones respiratorias, las bronquiolitis y por eso tenía que estar incluida en el informe. Un dato es el palivizumab que son ampollas anticuerpos para prevenir la bronquiolitis que se administran en prematuros de alto riesgo o en niños con cardiopatías congénitas”, explayó.

También detalló que se realizan la pesquisa neonatal de enfermedades congénitas con análisis garantizando el 100% de cobertura, intervenciones de cardiopatías congénitas “durante el año se realizaron 982 intervenciones de menores de 3 años”. Se incorporó la distribución de test de embarazos en el botiquín Remediar.

“Hicimos un convenio con el Sistema Penitenciario Federal para poder hacer las cunas. A su vez se hizo el manual por el cual tenemos la definición de lo que es una cuna segura junto con la Sociedad Argentina de Pediatría estamos en la distribución de los primeros 14 mil kits y se van a distribuir 54 mil kits posteriormente”, precisó y sumó: “También insumos obstétricos. Sobre trombofilia es algo que incorporó la Ley que no lo teníamos y es la primera ver que se compra tratamientos específicos para la trombofilia y se distribuyeron 547 tratamientos”.

Sobre la hipoacusia, la funcionaria informó: “Se recuperó el Programa de Hipoacusia y las compras de audífonos, de implantes cocleares y de vinchas osteointegradas. En el botiquín Remediar se hizo específico de Mil Días tanto con medicación para prevenir prematurez como trombofilia y medicación para los primeros 3 años de vida y se distribuyeron en los 8 mil centros de salud”.

En relación a nutrición y lactancia, la secretaria precisó que se está distribuyendo en todas las provincias el “Fierritas” para la prevención de anemia que es de “fácil” administración. También hay un kit de lactancia que “son un saca leche con termitos para mantener la lactancia”.

“Es la primera ver que desde el Ministerio de Salud se compra la cantidad necesaria para todo el país de leche de fórmula especiales de prematuros, para fenilcetonuria y fórmula de inicio”, indicó y detalló que se distribuyeron en neonatologías de todas las provincias 200 monitores de TA no invasivos, 20 monitores de Función Cerebral, 25 potenciadores evocados, 20 oftalmoscopios binoculares indirectos para ROP y 300 otoemisores.

En suma, contó que se desarrollaron guías para la atención del prematuro, para el control posparto, control prenatal, trombofilia, crianza y cuidado. “Todo esto tiene que tener una impronta federal y tiene que llegar a todas las provincias y para eso se hacen cursos de gestión territorial. Se capacitó a 650 personas de las 24 jurisdicciones que son sectores territoriales de los 1000 días”, planteó Tirado.

“Todo el presupuesto destinado a cada una de las políticas públicas de mil días está marcados como etiqueta de mil días y podemos decir tanto desde ANSeS como de Educación y SENAF el presupuesto con el crédito vigente ponderado de cada una de las políticas públicas que le da el soporte real. Nos da un crédito vigente ponderado de $314.127.372.475”, finalizó.

Hizo uso de la palabra la senadora Fernández Sagasti quien destacó la sanción de una Ley que “tiene que ver con la vida, con el cuidado, con la accesibilidad de medicamentos de tratamientos a personas que el sistema de salud no llega”.

Al respecto, le transmitió dos preocupaciones y le explicó: “En la provincia de Mendoza estamos teniendo un problema grave de profesionales de salud en general, pero con pediatría y neonatología en particular por los bajos salarios que tiene la provincia. Somos la segunda provincia con peores salarios del país. Los efectores del sistema de salud se están yendo a trabajar a otras provincias porque los salarios son más elevados”.

“¿Han tenido en cuenta esta crisis sobre todo en la pediatría, han incluido alguna estrategia para esta situación que es a nivel nacional? ¿Están pensando alguna línea para reforzar el tema de pediatría?”, preguntó la oficialista y en segundo lugar consultó: “El tema PROGRESAR que ha venido una iniciativa de Diputados para convertirlo en ley, lo cual me parece excelente, si se puede incluir el tema de salud como en la AUH para que puedan seguir con la prestación. Poner un ítem en el PREGRESAR de asistir a un centro de salud una vez por mes o al año para que se hagan chequeos y cruzarlo con el tema de salud mental, sería muy bueno que se incluya dentro del PROGRESAR el tema de los cuidados médicos”.

Al responderle, la secretaria de Salud afirmó que conocen la crisis que se está atravesando con la falta de profesionales de “varias especialidades”. “Venimos trabajando con la Secretaria de Calidad para poder estimular para que se presenten a las residencias, se hacen incentivos, pero a pesar de eso se presentan la mitad. También estamos capacitando para cuestiones específicas para poder hacer más eficiente el recurso humano”.

Sobre el PROGRESAR, aseguró que “tenemos salud mental que trabaja en la unidad coordinadora y ahí tenemos una experiencia que trabajamos con asesorías en clubes, escuelas. Hay que buscar dónde están los adolescentes y con las asesorías tuvimos buenos resultados. Incluir cierta obligatoriedad me parece bien”.

A continuación, Yedlin expresó: “La pandemia fue de tal impacto y de tanta potencia y tal cicatriz que nos dejó que hay muchas políticas públicas de tremendo efecto e impacto, de inversión y resultados que por ahí han pasado desapercibidas. Muy bueno el informe creo que es importante seguir trabajando. Si no hubiese sido por la pandemia, la mortalidad infantil más baja del país hubiera tenido un impacto distinto hoy pasa un poco desapercibido con la cantidad de mortalidades que hubo en pandemia. Es un mérito jurisdiccional”.

Luego habló el radical Fiad consideró que “tenemos que hacer un replanteo en particular de déficit general que se esta dando a nivel general sobre los profesionales. Hay que dar respuestas inmediatas. No solo es la cantidad sino la mala distribución por eso hay que incentivar las actividades y poder asistir las demandas que existen y pensar incentivos para erradicar profesionales del interior”.

Por último, pasaron a la firma una serie de proyectos de declaración y resolución.

Mayans: “La Corte da un golpe político, son jueces de la dictadura”

El jefe del bloque oficialista en el Senado lanzó duras críticas hacia el máximo tribunal al que tildó de “corrupto”, y denunció que “no tiene ni jurisdicción ni competencia para actuar sobre las elecciones provinciales violaron el esquema de procedimiento y la Constitución Nacional”.

El jefe del bloque oficialista, el formoseño José Mayans, cerró la ronda de oradores en la sesión informativa de este jueves a la que se presentó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, a brindar su informe de gestión en el que cuestionó la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan, lo que Mayans consideró como “un golpe político”.

El formoseño aclaró que Rossi había solicitado presentarse en abril, pero por cuestiones de agenda del Parlamento se pospuso. “El informe hay más de mil preguntas que se hicieron y estaba presentado”, ponderó.

Además, valoró “muchísimo” la presencia del jefe de Gabinete porque “hace al contacto directo con los legisladores de la oposición y el oficialismo y cada uno puede hacer lo que se hizo de expresas sus dudas”.

“Lo que estamos discutiendo acá es el gran problema institucional que tenemos en Argentina. La Corte da un golpe político eso es lo que ha hecho porque a confesión de parte relevo de prueba, como se dice, un periodista cercano que sabe de estas cosas, dice que alguien lo llamó a Rosatti y le dijeron ‘che, tenes pisada la causa. Tenes que sacar ya el tema’. Entonces Rosatti, teniendo en cuenta el tema del juicio político, lo que hace es distraer la atención y evitar para el domingo el cinco a cero”, comenzó su disertación.

Y preguntó: “¿Por qué pasó esto? porque se esta viniendo abajo todos los argumentos que están dando acá los senadores de la oposición con todas esas encuestas truchas que tienen porque hasta acá venía todo mal, pero uno de los senadores preopinantes no ha sacado ni el 25% en su provincia sino el 4%. Terrible decisión de las provincias donde castigan esas políticas públicas”.

“Entonces la Corte toma una decisión política que está fuera de su jurisdicción y competencia, alevosamente. No lo digo yo, lo dice la Procuración General de la Nación porque existen jurisdicciones y competencias nacionales y provinciales. Es terrible el tema, actúan como primera instancia”, denunció Mayans y sumó: “Reciben un pedido de amparo, una solicitud de certeza y acá está la acción política de la Corte. Eso es prevaricato puro porque saben que no lo pueden hacer porque actúan como Corte de primera instancia porque estamos hablando de elecciones provinciales”.

En esa línea, criticó: “La Corte está violando la Constitución provincial y nacional. Este es el grave problema institucional que tenemos en el país. Están más sucios que una papa. Es algo absolutamente indecente”.

“¿Cómo empieza esto? Con ‘Pepín’ Rodríguez Simón con Carlos Rosenkrantz. ¿Qué hacen? le sacan los fueros a Milagro Sala para poder entregarle a esa provincia, al feudo de Jujuy, para poder condenarla”, agregó el formoseño.

Además, planteó: “Sabemos que hubo gente que hizo de GESTAPO, que hubo persecución a opositores políticos, a empresarios, a sindicalistas, esta es la crisis que estamos teniendo y obviamente lo del presidente de la Corte no tiene desperdicio porque primero tiró a tierra la ley del Consejo de la Magistratura, nos emplaza a nosotros ¿quién se cree que es? Y nosotros resucitamos una ley muerta. Hoy, ese Consejo es nulo de nulidad absoluta”.

Es un golpe. Son jueces de la dictadura que juraban por la Constitución y el proceso de Reorganización Nacional.  Es una Corte corrupta totalmente”, afirmó.

Y recordó: “Encima le dice al Senado cómo tiene que elegir al representante. Es una vergüenza lo que hizo la Corte con el Consejo de la Magistratura. Es violatorio de la Constitución Nacional porque no existe ley del Consejo. Nosotros tenemos que hacer el proceso de selección de jueces, pero se negaron a venir a la comisión y violaron el esquema de subrogancia”.

“Negociaron el 2×1, negociaron el tema de Coparticipación. Es superior a la decisión del presidente, del Congreso y tenemos un emperador en la Corte que nos da lecciones de economía ahora”, fustigó el oficialista.

Y lanzó: “¿Por qué no le dijiste a Macri cuando emitió una base monetaria del 84% que es la herencia que recibimos? No le dijo nada porque ese grupo económico y ese sector algo saben del emperador (Horacio) Rosatti. De (Juan Carlos) Maqueda ni hablar ya sabemos el manejo de la Obra Social del Poder Judicial y Rosenkrantz se autorregula honorarios por 20 mil millones de pesos. Y el sector político con una reacción de mezquindad total”.

La Corte no tiene ni jurisdicción ni competencia para actuar sobre las elecciones provinciales violaron el esquema de procedimiento y la Constitución Nacional. Invaden la autonomía provincial”, reiteró.

Y cuestionó que “este Cuerpo tiene que defender eso y acá hay mezquindad de pronunciamiento avalando el prevaricato de la Corte por parte de los amigos. Esta conformado por un grupo de personas que violan sistemáticamente la Constitución y mandan mensajes políticos”.

“Espero que haya sensatez en este tiempo político que viene, es una cuestión muy seria a 40 años de la democracia. Ojalá haya división de poderes y se termine con la persecución política, demostrada en la negación del intento de magnicidio a la vicepresidenta”, cerró Mayans.

“Esta Corte que tanto embisten y cuestionan fue elegida por la mayoría de los integrantes que están acá”

Así le enrostró el jefe del bloque UCR, el senador Luis Naidenoff, al oficialismo las críticas hacia el máximo tribunal. Cuestionó el informe del jefe de Gabinete: “Usted viene a hablar en nombre de un presidente que no le cree nadie”.

“Gracias por estar en el recinto y dar la cara por un Gobierno que hace un año no da la cara en el Senado de la Nación”, arrancó su intervención el jefe del bloque UCR, el senador Luis Naidenoff (Formosa), al dirigirse hacia el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, que brindó este jueves en el Senado su informe de gestión.

Y continuó su disertación: “Comprensible algunas cosas, por qué la ausencia de un Gobierno. Comprensible por la soledad de un presidente de la República, por la orfandad del presidente, por un gobierno que se destrozó por las propias internas, pero nada impide desde la política dar la cara”. “Este gesto de dar la cara después de un año para nosotros es importante”, destacó.

Al referirse de forma breve al fallo de la Corte que suspendió las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan, Naidenoff sostuvo: “No estamos hablando de un atropello de la Corte. Las propias Constituciones provinciales, la propia manda Constitucional provincial de San Juan y de Tucumán establecen límites a las reelecciones. El resto es invento. Hay que leerlo a (Sergio)Uñac y hay que leerlo también a (José) Gioja para darse cuenta que al final del camino esto podía pasar. Es muy fácil patear la pelota a la Corte cuando el atropello y el creerse dueño de todo está en quien ejerce el poder en la propia provincia y se cree dueño de todo de vulnerar la re-re-elección los propios límites que establece la Constitución. El resto es historia”.

Sobre el informe de Rossi, el radical apuntó: “Obviamente que fue muy vehemente y que se siente muy cómodo cuando se trata de los desafíos que tiene la Argentina que arrancó muy bien en cuanto a estos 40 años de democracia y en las luchas con las corporaciones”.

“Coincidido que es un desafío de la política en la Argentina. De cómo aborda la política poder frenar a las corporaciones, pero cuando hablamos de corporaciones está desde la corporación política. como en este caso Tucumán y San Juan que se gobierna y se pasa por encima a los propios límites de la propia Constitución, de la propia reelección. Eso también es una corporación política que desplaza y se cree dueño de todo”, cuestionó el formoseño

El legislador, también planteó que “está la corporación gremial que algún día hay que dar un debate sobre eso que hoy, cuando este Gobierno ya está en retirada, ya amenazan que para el Gobierno que viene lo primero van a hacer es paro o a los 180 días lo tumban”.

“Porque la corporación sindical en el país se sienta de los dos lados de la mesa. La corporación es oficialismo y dice representar también a los trabajadores. También ese es un debate que tiene el país”, propuso.

En esa línea, manifestó: “Me quiero detener en esta idea que planteó de la corporación judicial. Es una corporación, claro está. Es una corporación que defiende sus intereses, claro está. Tienen jueces, tienen consejos profesionales, tienen Colegio de Magistrados, claro está”, y le enrostró al oficialismo: “Ahora, esta Corte que está que tanto embiste y tanto cuestionan fue elegida por la mayoría de los integrantes que están acá. Es la Corte que ustedes aplaudieron cuando en Rio Negro se ha puesto freno a las intenciones Weretilneck”.

“Entonces hay que decir las cosas como son. ¿Por qué hoy ustedes arremeten y se sienten muy cómodos con esta idea de la victimización, de la proscripción, de la corporación judicial? Porque usted ministro viene a poner la cara por un Gobierno que fracasó. Y vaya que si hace esfuerzo por los pergaminos que exhibió. Fue 10 años presidente del bloque de diputados, ministro de Defensa, y con el mejor empeño viene a tratar de defender lo que no se puede. Por eso no vale la pena en interpelarlo porque no ha hecho referencia ni a la inflación, ni a la inseguridad, ni a la pobreza. Porque la realidad nos da una piña en la cara”, criticó.

A su vez, expresó: “Reconozco su valentía y por eso durante un año nadie vino a este recinto porque usted viene a hablar en nombre de un presidente que no le cree nadie y que renunció a la precandidatura para competir en las PASO”.

De un presidente que cuando algunos lo tratan de ocupa, prácticamente tiene el trato que le dispensa el propio Gabinete, sus propios compañeros de un expresidente en ejercicio. Entonces la sociedad tiene que mirar qué pasa con el ministro de Economía, qué pasa con el informe, pero nadie mira a un expresidente en ejercicio porque ese trato lo genera el propio oficialismo cuando habla con Alberto Fernández”, agregó Naidenoff.

En suma, opinó que “hay otro problema mayor con el oficialismo nadie quiere agarrar la brasa caliente. No tienen candidatos. Es tan desastrosa la gestión de Gobierno cuando no se puede exhibir nada que el FdT no tiene candidatos. Que van a las PASO, pero unificados, para tratar de manotear algo. Es desastrosa la gestión”.

“Me parece muy bien que brinde un informe político y algún día vamos a recoger el guante para dar en serio el debate de las corporaciones. Me quiero quedar con un tuit suyo del 2017 que marca la cancha desde el sentido común ‘tu realidad la marca la heladera, no el televisor’. Coincido que la realidad de los argentinos la marca la heladera. Vaya mis respetos para venir a defender al presidente del peor gobierno que recuerde la democracia desde 1983 hasta la fecha”, cerró.

¿Cuántos proyectos se presentaron en el Congreso para que se emitan billetes de mayor denominación?

El Gobierno nacional estaría dispuesto a emitir billetes de mayor denominación tras conocerse la inflación del 2022 del 95% y un dólar que no para de trepar. Las diferentes propuestas en el ámbito legislativo.

billetes de mil pesos

Por Déborah González

Con un 2022 que cerró con un índice inflacionario del 95% y ante el valor del dólar que día a día se dispara hacia arriba, diferentes propuestas se han presentado en el Congreso a lo largo de los años para que el Gobierno nacional emita billetes de mayor denominación y parece ser que, finalmente, estaría dispuesto a hacerlo.

En los últimos días esa medida se coló en la agenda económica. Por lo menos así lo dejó trascender el ministro de Economía, Sergio Massa, quien analizará el tema con Ángel Mario Elettore, el nuevo titular de la Casa de Moneda, tras la abrupta renuncia de Rodolfo Gabrielli al frente de la institución. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía prefirieron no precisar detalles sobre esta eventual decisión, aunque se habla de la emisión de billetes de 2.000, 5.000 e incluso 10.000 pesos.

Pero más allá de los factores económicos, la decisión de ampliar la familia de billetes es netamente política. Cuando recién había llegado al Banco Central, Miguel Pesce intentó en plena pandemia instalar la necesidad de crear un billete de 5.000 pesos. La idea fue rechazada inmediatamente por Alberto Fernández al argumentar que introducir billetes “más grandes” era una forma de aceptar la pérdida de valor de la moneda y que incentivaría la inflación.

Incluso en mayo del 2022 el Gobierno anunció la emisión de nuevos billetes, pero solo se reemplazaban las figuras de los animales -elegidos durante la gestión anterior- por figuras de la historia argentina. Así, el billete de 100 pesos contendría la imagen de María Eva Duarte de Perón y el de 1.000 pesos la de José de San Martín, mientras que las denominaciones de 200 pesos homenajearían a Martín Miguel de Güemes y a Juana Azurduy, y las de 500 pesos a María Remedios del Valle y a Manuel Belgrano. Sin embargo, aún no están en circulación.

Pese a eso, ni el hornero ni el General San Martín pueden luchar contra la pérdida de valor adquisitivo, ya que desde que el billete de 1.000 pesos -el de mayor denominación en Argentina- fue emitido allá por el 2017 ya perdió el 90% de su valor y apenas equivalen a USD 2,68 si se tiene en cuenta la cotización de $372 del dólar “blue” a la que cerró este viernes.

Los proyectos en el Congreso

Lo cierto es que hay numerosos proyectos presentados en el Congreso de la Nación para que el Gobierno emita billetes de mayor denominación. A pocos días de comenzado el 2023, la senadora tucumana Beatriz Ávila un proyecto de ley solicitando al Estado Nacional que avance en la creación de billetes de 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 pesos.

Si nos remontamos al 2022, el último proyecto que se presentó en este sentido fue el 18 de octubre del 2022 por parte de la diputada del Pro Graciela Ocaña. Si bien dicha iniciativa solicitaba al Ejecutivo un informe sobre los siguientes puntos en referencia a la importación, acopio y distribución de pesos argentinos, también pedía saber los motivos “por los cuales no se producen billetes de más alta denominación que salden la demanda existente en la actualidad en la Argentina”. Dicho proyecto tiene como antecedente el Expediente 6094-D-2020.

El 28 de junio el diputado fueguino Federico Frigerio (Pro) presentó un proyecto de ley de Actualización obligatoria, periódica y desmonetización de billetes y monedas, que establecía que el Banco Central y la Casa de Moneda “dispondrán las medidas necesarias para actualizar el valor de los billetes y monedas en circulación con el objeto de que el billete de mayor denominación, actualmente de $1.000 (pesos mil), represente un poder de compra similar al del momento de su primera emisión en el año 2017”.

Incluso, proponía sustituir el artículo 17 inciso “A” de la Carta Orgánica del Banco Central para que tenga la facultad de emitir billetes de 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500 y 200 pesos; y monedas de 100, 50, 20 y 10 pesos.

Entre los fundamentos, Frigerio planteaba que “ante la inflación, resulta necesario establecer un método de actualización periódica de los valores de los billetes y monedas que sostenga el poder de compra de los mismos”.

“Es inentendible el capricho del Estado Nacional, en no querer imprimir billetes de mayor denominación, cuyos beneficios son de variada índole: desde reducir costos al no tener que imprimir inmensas cantidades de billetes de menor denominación, recuperar la independencia en la impresión de los mismos, evitar el faltante y rápido agotamiento de circulante en cajeros automáticos en los que se generan largas filas a principio de cada mes, ocupar menos espacio físico en toda la cadena de traslado, etc.”, explayaba.

La Coalición Cívica, encabezados por la diputada Victoria Borrego, el 1 de junio solicitaron al Ejecutivo una serie de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la presentación de una nueva serie de billetes. En particular hicieron hincapié en que indiquen: “Los motivos por los cuáles no se ha dispuesto la impresión de nuevos billetes de mayor denominación a la que se encuentra actualmente en circulación ($ 1.000); Si el Banco Central de la República Argentina ha aprobado con anterioridad la emisión de billetes de mayor denominación; y si se han emitido informes sobre cuál ha sido el costo generado por la impresión de billetes por no emitir billetes con mayor denominación”.

Borrego argumentó que “la desvalorización en términos de poder adquisitivo que ha sufrido nuestra moneda en los últimos años y la austeridad con que deben utilizarse los recursos públicos especialmente en época de emergencia económica, requiere que el Gobierno a través de su autoridad monetaria, reconozca la necesidad de imprimir billetes de mayor denominación a fin de reducir la cantidad de billetes en circulación así como con la finalidad de ahorrar el innecesario gasto que se produce por la necesidad de impresión y/o importación de billetes”.

Del otro lado del Salón de Pasos Perdidos, el 31 de mayo el chubutense Ignacio “Nacho” Torres presentó un proyecto de ley para que el Ejecutivo emita billetes de mayor denominación para la creación de un Fondo de Emergencia Educativa.

Básicamente, Torres proponía la emisión de billetes de 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 pesos, cuya imagen estampada en el papel deberían ser sucesos históricos vinculados a la independencia, constitución, consolidación de la unidad nacional y organización de la Republica; figuras públicas del S.XIX; sucesos y próceres vinculados al establecimiento de la democracia y a la libertad del sufragio. En esa línea, planteaba que con el ahorro que “de lugar la emisión de billetes de denominación más alta será afectado a un Fondo Especial de Emergencia Educativa”.

Senador Ignacio Torres

Torres entre sus fundamentos apuntó contra el Gobierno por el “empecinamiento” de no emitir billetes de mayor denominación “para no confesar la mayor inflación anual que registra el país en los últimos 30 años”.

Otro de los proyectos presentados el 27 de mayo proponía sacarle dos ceros al peso. La iniciativa del diputado Gerardo Milman (Pro) establecía en su primer artículo que el Banco Central emita billetes y monedas de curso legal “sobre la paridad de un peso equivalente a cien pesos. La centésima parte del peso se denominará ‘centavo’”.

“Los valores fijados en pesos hasta la fecha de emisión de la nueva denominación, será convertidos a pesos y centavos sobre la base de la paridad establecida en el artículo 1°”, agregaba. “Motiva el presente proyecto de ley el marcado crecimiento de circulación de dinero en efectivo, por el efecto inflacionario que este Gobierno promueve disimular, al no querer emitir billetes de mayor denominación, pero si gastar en emitir billetes con nuevas imágenes. Bueno, dado ese contexto, hoy se propone la quita de dos ceros en nuestra moneda de curso legal”, concluyó Milman en los argumentos de su iniciativa.

El diputado del Pro ya había presentado el 15 de diciembre de 2021 un proyecto para emitir billetes de curso legal de $2.000; $5.000 y $10.000.

Un día antes, el 26 de mayo de 2022, el diputado santafecino José Carlos Núñez (Pro) presentó un pedido de informes al Gobierno para que explique la causa por la que no se han impreso billetes de mayor denominación a los emitido. Al igual que sus pares, Núñez también hizo hincapié en que el billete de 1.000 pesos -de mayor denominación- “ha quedado desvalorizado a raíz de los elevados índices inflacionarios”.

A principios de mayo del año pasado Graciela Ocaña ya había solicitado informes al Ejecutivo interesada en conocer cuestiones relacionadas con la fabricación de billetes de $1.000. La iniciativa tenía que ver con la existencia de posibles dificultades que estaría atravesando la fabricación de los billetes de mayor denominación.

“Este problema está íntimamente relacionado con la obtención del hilo de seguridad que posee el billete, una deficiencia en el llamado a licitación para la provisión de materia prima para la producción del mismo, así como la emisión desenfrenada de moneda”, alertó Ocaña.

También planteó que “informen si tienen instrucciones de reactivar la creación del billete de cinco mil pesos ($5000), e indiquen los motivos por los cuales aún no ha sido creado, siendo que sus autoridades lo han aprobado durante el año 2020”.

Martín Tetaz (Evolución Radical)

A su vez, el 2 de marzo Martín Tetaz, acompañado entre otros por sus pares Luciano Laspina, Gerardo Milman y Rodrigo De Loredo reclamaron la emisión de billetes de curso legal de 5.000 y 10.000 pesos. Esa emisión, agrega la iniciativa, permitirá un ahorro al que hasta le da un destino: en su artículo 2°, el proyecto sugiere que ese dinero sea destinado a la constitución de un Fondo permanente para atender Emergencias climáticas y/o de Recursos Naturales.

A principios de febrero, el radical Ricardo Buryaile presentó un proyecto para crear billetes de 2.000; 5.000 y 10.000 pesos. Recuerda la iniciativa que nuestro billete de mayor denominación es el de mil pesos y data del 30 de noviembre de 2017, siendo que apenas alcanza para comprar alrededor de u$s5 en promedio, según la cotización que se tome.

Un detalle no menor en el que hace hincapié el proyecto de Buryaile es el indicador de que el billete de $1.000 se quedó sin letras en el abecedario y, por tanto, debe recurrir a la doble letra para no repetir las series de impresiones anteriores.

El primer día de febrero de 2022, el diputado del Pro Federico Angelini también fue autor de una iniciativa en el mismo sentido solicitando la emisión de billetes de 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 pesos. Justamente el “Repasando la cronología, el billete de $1.000 nació en diciembre de 2017 y cuando comenzó a circular equivalía a unos U$S 57, según el tipo de cambio oficial de ese momento”.

Así llegamos al 2021, donde los últimos meses de dicho año Gerardo Milman ya había presentado un proyecto para emitir billetes de curso legal de $2.000; $5.000 y $10.000. En su iniciativa, el diputado del Pro incluyó un cuadro en el que puede observarse que la circulación de billetes que más ha aumentado es la de mil pesos ($ 1000) en un 73,56 %.

“Evidentemente la emisión de estos nuevos billetes no solucionará el problema inflacionario ni pondrá fin al déficit fiscal, pero si permitirá una adecuación en los billetes en circulación para el desenvolvimiento de la actividad económica basada en transacciones con efectivo y generará además un sustancial ahorro en el costo de emisión atento que la cantidad necesaria a imprimir para satisfacer la demanda sería mucho menor”, señaló Milman en su iniciativa.

gerardo milman
Gerardo Milman (Pro)

El mendocino Omar De Marchi propuso también emitir billetes de denominación de 2.000, 5.000 y 10.000 pesos. En su iniciativa también hacía referencia a los 57 dólares estadounidenses que permitían comprar el billete de mil pesos para la fecha de su presentación. “Menos de cuatro años después, entre inflación, corridas cambiarias y cepo, ese poder de compra se aniquiló. Hoy, al valor del dólar oficial, ese billete ilustrado con el hornero vale 9,84 dólares estadounidenses”, señalaba el diputado del Pro el 8 de julio de 2021, advirtiendo que si se tomaban en cuenta el valor del denominado “contado con liquidación” equivalían a 5,19 dólares. “En otras palabras, en ese período perdió un 83% de su valor en dólares”, detalló De Marchi.

También en la Cámara alta hay iniciativas en el mismo sentido. El radical fueguino Pablo Daniel Blanco viene insistiendo con la emisión de billetes de mucha mayor denominación. Puntualmente en febrero del año pasado promovió una iniciativa para emitir billetes de $5.000 y de $10.000 pesos.

En su proyecto, Blanco hace un repaso de lo que fue la inflación en cada Gobierno desde 1983 a la fecha. “La alta inflación en la Argentina es un tema recurrente. Con excepción, de la presidencia de Fernando De la Rúa, en la que hubo deflación, no hay registro de gobierno alguno desde el regreso de la democracia que no la haya tenido”.

José Luis Martiarena (FdT)

Incluso, en el primer año de gestión de Alberto Fernández, el entonces diputado del Frente de Todos José Luis Martiarena (Jujuy) presentó un proyecto para que se emitan billetes de 2.000 pesos con la figura de Juan Domingo Perón. El jujeño planteaba que la iniciativa “viene a proponer una solución a los inconvenientes que trae a los ciudadanos y al sistema bancario no contar con un billete del ‘peso’, de moneda de curso legal argentino con un calor más alto al actual circulante”.

Además, remarcaba que “emitir un billete de mayor valor va a mejorar sustancialmente el abastecimiento de los cajeros bancarios, reducirá el costo por impresión de billetes”.

Así podríamos seguir enumerando de forma cronológica todos los proyectos que se presentaron, tanto en Diputados como en el Senado, para que el Poder Ejecutivo anuncie la emisión de billetes de mayor denominación. ¿Habrá en 2023 nuevos valores en los billetes?

Tras la pandemia, qué diputados registraron más faltas y quiénes tuvieron asistencia perfecta en 2022

La diputada con más faltas corresponde al FdT y fue por problemas de salud. Sin embargo, los legisladores de JxC fueron quienes más faltaron a las sesiones. ¿Cuál fue a performance de los jefes de bloque y qué datos se destacan en el tradicional relevamiento de parlamentario.com?

Por Déborah N. González

El 2022 fue muy particular para la Cámara de Diputados, ya que fue el primer año tras la pandemia que se legisló en su totalidad de forma presencial. Sin embargo, el balance cuantitativo arroja datos negativos en cuanto al nivel de presentismo respecto a los últimos dos años, siendo aún peor si tenemos en cuenta que no se trató de un año electoral como 2021.

Como todos los años, parlamentario.com elaboró un informe para su Índice de Calidad Legislativa, en base a los datos oficiales publicados por la Cámara baja. La toma de asistencia está a cargo de la Dirección de Coordinación de Labor Parlamentaria y corresponde al inicio de la sesión.

El conteo se realizó sobre un total de 14 reuniones, sin contemplar la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo, ni tampoco las dos sesiones en minoría que se registraron sobre el final del año. Una de ellas la preparatoria del 1° de diciembre.

De las 14 sesiones consensuadas, en la séptima se registró el índice más alto de diputados ausentes: 41 en total. La misma se realizó el sábado 3 de septiembre -algo atípico- con el fin de repudiar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

El 25 de octubre el tablero del recinto de Diputados registró asistencia perfecta: 257 bancas ocupadas para la sesión número 11 del 2022, en la cual se llevó a cabo el debate sobre el Presupuesto 2023.

Previsiblemente, el porcentaje de asistencia descendió si lo comparamos con 2021, año en el cual se trabajó de manera virtual y recién en el mes de octubre se retomó la presencialidad. Así que más allá de que ese fuera un año electoral, las asistencias fueron más entonces.

En porcentajes, 2022 tuvo un 93,22% de presentes y un 3,97% ausentes; por el contrario, en 2021 -de forma remota- hubo un 94,10% presentes y 4,50% ausentes, mientras que en el período extraordinario -ya con el regreso a la presencialidad plena- hubo una asistencia del 97,67% y tan solo 1,29% de ausentes. Incluso si tomamos el 2020, en pleno Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, un 93,94% estuvieron presentes y 3.44% ausentes.

Los diputados que más faltas registraron

La diputada que encabeza la lista con más ausentes en el año es la santiagueña del Frente de Todos Graciela Navarro. Según consta en el Boletín de Asuntos Entrados (BAE), Navarro pidió licencia para el 5 de junio por razones particulares. Tres días después volvió a pedir licencia, pero esta vez por razones de salud. Volvió a pedir licencia por razones particulares el 14 de septiembre, 12 de octubre y 9 de noviembre. Finalmente, pidió una última licencia el 24 de noviembre por cuestiones de salud. Tuvo en total 7 ausencias, una sin aviso. La santiagueña de 64 años ya había sido la diputada con más ausencias en el 2018, año en el que a fines del mes de agosto sufrió un ACV y quedó internada en grave estado, en esa oportunidad se ausentó en 10 sesiones.

Graciela Navarro, ausente en 7 oportunidades.

Con 6 faltas figura el tucumano Carlos Cisneros, también del bloque Frente de Todos.

Detrás aparecen dos opositores, con 5 ausencias: Mariana Zuvic (CC-ARI), quien no pidió licencia en ninguna ocasión, y el economista Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) que pidió licencia desde el 20 de julio al 3 de agosto.

Así llegamos al escalón de las 4 ausencias, donde aparece la diputada radical Jimena Latorre, quien en el mes de abril hizo pública la noticia de que padece un cáncer de mama detectado en febrero. Pese a ese cuadro, la mendocina solo pidió licencia en cuatro ocasiones por motivos de salud: 15 de junio, el 5 de julio, 3 de septiembre y la última el 1ro de diciembre.

La presencia de Jimena Latorre pese a estar luchando contra el cáncer fue siempre muy ponderada por sus pares.

También registraron la misma cantidad de faltas cuatro diputados del Pro: el cordobés Héctor Baldassi -pidió licencia el 3 de septiembre-, el santafecino Luciano Laspina -licencia para el 9 de noviembre-, el pampeano Matías Maquieyra -solicitó licencia en dos ocasiones, la primera del 3 al 23 de marzo, y luego el 3 de septiembre- y el cordobés Gustavo Santos (Pro) -quien pidió licencia en cuatro ocasiones: 3 de septiembre, 12 de octubre, 24 de noviembre y 1ro de diciembre.

Completa la nómina con 4 faltas el puntano Claudio Poggi que solicitó licencia del 2 al 18 de mayo sin goce de diete, y el 3 de septiembre, y el bonaerense Florencio Randazzo.

La asistencia de los jefes de bloques e interbloques

La performance perfecta correspondió al jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien asumió ese cargo el 1ro de febrero luego de la abrupta renuncia de Máximo Kirchner en disconformidad por el acuerdo con el FMI. Al igual que el santafecino, el que también se hizo presente en todas las sesiones fue el titular del interbloque Provincias Unidas, el rionegrino Luis Di Giacomo.

Germán Martínez, presente en todas las sesiones.

Tampoco faltó nunca el presidente del bloque Evolución Radical, Rodrigo De Loredo, ni el titular de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.

En cambio  registraron una ausencia el jefe del bloque UCR, Mario Negri; el titular del Frente Pro, Cristian Ritondo; y el presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez.

Por su parte, el líder del bloque La Libertad Avanza, Javier Milei, se ausentó en 2 sesiones, mientras que José Luis Espert (Avanza Libertad) faltó a una.

Los diputados de la izquierda Nicolás del Caño, Romina del Plá, Myriam Bregman y Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda, no faltaron nunca.

Presidencia de la Cámara y otros datos

Si algo tuvo el 2022 fueron acontecimientos que quedarán marcados en la historia del Congreso, por sobre todo en la Cámara baja. Uno de ellos fue la renuncia de Sergio Massa como presidente del Cuerpo para ocupar el cargo de ministro de Economía. El tigrense estuvo hasta la sesión 6 y faltó una sola vez.

Así, el 2 de agosto el sillón de la Presidencia de Diputados fue ocupado por primera vez en la historia por una mujer: la oficialista Cecilia Moreau, quien tuvo una asistencia perfecta durante todo el año. A la massista le costó lograr consensos con los bloques opositores, tal es el caso, que no logró el quórum en tres sesiones, una de ellas la sesión preparatoria.

En cuanto a la banca de Massa, fue ocupada por el líder del Partido Piquetero, Juan Marino, en la sexta sesión y, desde entonces, no faltó en ninguna ocasión.

Por cambios en el gabinete nacional, la diputada bonaerense Victoria Tolosa Paz dejó su banca para asumir al frente del Ministerio de Desarrollo Social. De esta manera, la albertista llegó hasta la décima sesión sin registrar ausencias. En su lugar, asumió el 12 de octubre Micaela Morán representante del Frente Renovador que ocupó el 17° lugar de la lista del Frente de Todos votada en noviembre de 2021.

Otra de las diputadas que renunció a su banca en Diputados fue Jimena López, para reemplazar al actual secretario del Ministerio de Transporte Diego Giuliano. La massista se hizo presente hasta la sesión 15 y hasta entonces solo había faltado en una ocasión. En su lugar, asumió el 1ro de diciembre Carolina Arricau, que participó entonces de esas dos últimas accidentadas sesiones del año.

Quienes también se destacaron por no faltar nunca son el vicepresidente segundo de la Cámara, el sanjuanino José Luis Gioja (Frente de Todos); la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, la camporista Paula Penacca, y el diputado con más edad del Cuerpo, Carlos Heller.

En la vereda de enfrente, el vicepresidente primero de Diputados, el mendocino Omar De Marchi (Pro); el vice tercero, el radical Julio Cobos; y la secretaria parlamentaria del Pro, la macrista Silvia Lospennato, registraron solo una ausencia.

Siendo el primer año post pandemia con presencialidad plena, 2022 tuvo una presencialidad aceptable, ya que 123 diputados no registraron faltas.

Ranking de ausencias

Con 7 faltas (1): Graciela Navarro (FdT).

Con 6 faltas (1): Carlos Cisneros (FdT).

Con 5 faltas (2): Ricardo López Murphy (RU) y Mariana Zuvic (CC).

Con 4 faltas (7): Héctor Baldassi, Luciano Laspina, Martín Maquieyra, Gustavo Santos (Pro), Jimena Latorre (UCR), Claudio Poggi (Avanzar San Luis), Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense).

Con 3 faltas (15): Gustavo Bouhid, Juan Carlos Polini, Jorge Vara (UCR); Carolina Castets, Paula Oliveto (CC-ARI); Karina Bachey, Camila Crescimbeni, Ingrid Jetter, María Luján Rey, Francisco Sánchez, Noemi Ruarte (Pro); Alejandro Cacace (Evolución Radical); Graciela Camaño (Identidad Bonaerense); Sebastián García de Luca (Encuentro Federal), Claudio Vidal (SER).

Con 2 faltas (39): Juan Carlos Alderete, Sergio Casas, Itaí Hagman, Emiliano Estrada, Sergio Palazzo y Carolina Moisés (FdT).

Manuel Aguirre, Lidia Ascárate, Mario Barletta, Fernando Carbajal, Gerardo Cipolini, Marcela Coli, Ximena García, Gabriela Lena y Roxana Reyes (UCR).

Federico Angelini, Gabriela Besana, Sofía Brambilla, Virginia Cornejo, Federico Frigerio, Rogelio Frigerio, Álvaro Gustavo González, Fernando Iglesias, Mercedes Joury, Álvaro Martínez, José Núñez, Graciela Ocaña, Marilú Quiroz, Ana Clara Romero, Diego Santilli y Héctor Stefani (Pro).

Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca (Córdoba Federal); Emilio Monzó (Encuentro Federal); Felipe Álvarez (SER); Humberto Orrego (Producción y Trabajo); Javier Milei (La Libertad Avanza) y Carolina Píparo (Avanza Libertad).

Con 1 falta (70):  Lía Verónica Caliva, Pamela Calletti, Hilda Aguirre, Alicia Aparicio, Mara Brawer, Rosana Bertone, Mabel Luisa Caparros, Marcelo Casaretto, Chahla Rossana, Gabriela Estévez, Eduardo Fernández, Ana Carolina Gaillard, Silvana Ginocchio, Santiago Igon, Máximo Kirchner, Mónica Litza, Jimena López, Gisela Marziotta, Sergio Massa, Vanesa Massetani, Leopoldo Moreau; Hernán Pérez Araujo, Eduardo Valdés y Natalia Zaracho (FdT).

Sabrina Ajmechet, Omar De Marchi, Germana Figueroa Casas, Gustavo Hein, Florencia Klipauka, Silvia Lospennato, Gerardo Milman, Cristian Ritondo, Laura Rodríguez Machado, Alfredo Schiavoni, Pablo Tonelli, Aníbal Tortoriello, María Eugenia Vidal y Waldo Wolff (Pro).

Karina Banfi, Ricardo Buryaile, Julio Cobos, Juan Martín, Miguel Nanni, Mario Negri, Lisandro Nieri, Fabio Quetglas, Víctor Hugo Romero, Roberto Sánchez y Pamela Verasay (UCR).

Marcela Antola, Ana Carla Carrizo, María Tejeda y Emiliano Yacobitti (Evolución Radical).

Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Rubén Manzi, Leonor María Martínez Villada y Mariana Stilman (Coalición Cívica).

Domingo Amaya, Margarita Stolbizer (Encuentro Federal); Mario Leito, Natalia Zabala (FdT); José Luis Espert (Avanza Libertad); Victoria Villarruel (La Libertad Avanza); Susana Laciar (Producción y Trabajo); Paula Omodeo (CREO); Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) y Carlos Zapata (Ahora Patria).

Asistencia perfecta (123):

Eugenia Alianiello, Walberto Allende, Constanza Alonso, Daniel Arroyo, Fabiola Aubone, Héctor “Cacho” Bárbaro, Adolfo Bermejo, Tanya Bertoldi, Fabián Borda, Lisandro Bormioli, María Brítez, Daniel Brue, Guillermo Carnaghi, Nilda Carrizo, Pablo Carro, Graciela Caselles, Leila Chaher, María Luisa Chomiak, Marcos Cleri, Anahí Costa, Ricardo Daives, Nelly Daldovo, Pedro Dantas, Federico Fagioli, Ramiro Fernández Patri, Agustín Fernández, Julio Ferreyra, José Luis Gioja, Lucas Godoy, Daniel Gollan, Gustavo González, Leonardo Grosso, Ramiro Gutiérrez, Carlos Heller, Estela Hernández, Bernardo Herrera, Ricardo Herrera, Rogelio Iparraguirre, Florencia Lampreabe, Susana Landriscini, Tomás Ledesma, Aldo Leiva, Dante López Rodríguez, Mónica Macha, Varinia Lis Marín, Juan Marino, Germán Martínez, María Rosa Martínez, María Masin, Magalí Mastaler, María Montoto, Micaela Morán, Cecilia Moreau, Nilda Moyano, Estela Neder, Alejandra del Huerto Obeid, Claudia Ormachea, Blanca Osuna, Liliana Paponet, María Parola, Marcela Passo, Gabriela Pedrali, Juan Pedrini, Paula Penacca, Julio Pereyra, Eber Albano Pérez Plaza, Carlos Ponce, Agustina Propato, Jorge Romero, Nancy Sand, Leandro Santoro, Carlos Selva, Vanesa Siley, Natalia Souto, Rodolfo Tailhade, Eduardo Toniolli, Marisa Uceda, Brenda Vargas Matyi, Jorge Verón, Paola Vessvessian, Liliana Yambrun, Lucio Yapor, Hugo Yasky y Carolina Yutrovic (FdT).

Alberto Asseff, Alejandro Finocchiaro, Gabriel Chumpitaz, Hernán Lombardi, Dina Rezinovsky, Victoria Morales Gorleri, María Sotolano, Soher El Sukaria, Matías Taccetta, Pablo Torello (Pro).

Miguel Bazze, Soledad Carrizo, Martín Arjol, Gustavo Carasso, Pedro Galimberti, Facundo Manes, Jorge Rizzotti, Francisco Monti, Sebastián Salvador (UCR).

Rodrigo De Loredo, Martín Berhongaray, Gabriela Brower de Koning, Pablo Cervi, Dolores Martínez, Danya Tavela, Martín Tetaz (Evolución Radical).

Juan Manuel López (CC-ARI); Luis Di Giacomo y Agustín Domingo (JSRN); Enrique Estévez, Mónica Fein (Partido Socialista); Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal), Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero).

Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina Del Pla, Alejandro Vilca (Frente de Izquierda); Carlos Fernández (Frente de la Concordia Misionero) y Rolando Figueroa (Movimiento Popular Neuquino).

Quiénes faltaron en cada sesión

1- Sesión del 10 de marzo: Francisco Sánchez, Fernando Iglesias, Martín Maquieyra.

2- Sesión del 5 de mayo: Hilda Aguirre, Carlos Cisneros, Diego Sartori, Claudio Poggi.

3- Sesión del 8 de junio: Carlos Cisneros, Vanesa Massetani, Eduardo Valdés, Graciela Navarro, Mario Negri, Sergio Massa.

4- Sesión del 15 de junio: Alicia Aparicio, Jimena López, Álvaro Martínez, Javier Milei, Humberto Orrego, Juan Carlos Polini, Cristian Ritondo, Lidia Acárate, Laura Castets, Marcela Coli, Jimena Latorre, Fabio Quetglas, Adriana Ruarte y Jorge Vara.

5- Sesión del 5 de julio: Héctor Baldassi, Carlos Cisneros, Mónica Litza, Florencio Randazzo, Diego Sartori, Sergio Casas, Mercedes Joury, Jimena Latorre, Carolina Moisés, Graciela Navarro, María Luján Rey.

6- Sesión del 2 de agosto: Héctor Baldassi, Mabel Caparros, Natalia de la Sota, José Luis Espert, Silvia Lospennato, Paula Oliveto, Carolina Píparo, Florencio Randazzo, Claudio Vidal, Natalia Zabala, Mariana Zuvic, Karina Bachey, Gustavo Bouhid, Ana Carla Carrizo, Sergio Casas, Ricardo López Murphy, Leopoldo Moreau.

7- Sesión del 3 de septiembre: Manuel Aguirre, Karina Bachey, Mario Barletta, Victoria Borrego, Sofía Brambilla, Ricardo Buryaile, Marcela Campagnoli, Fernando Carbajal, Marcelo Casaretto, Laura Castets, Rossana Chahla, Marcela Coli, Omar De Marchi, Agustín Domingo, Carlos Fernández, Mónica Frade, Federico Frigerio, Ignacio García Aresca, Sebastián García De Luca, Ximena García, Fernando Iglesias, Máximo Kirchner, Luciano Laspina, Gabriela Lena, Ricardo López Murphy, Rubén Manzi, Juan Martín, Leonor Martínez Villada, Álvaro Martínez,  Lisandro Nieri, Graciela Ocaña, Paula Oliveto, Paula Omodeo, Marilú Quiroz, Roxana Reyes, Laura Rodríguez Machado, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, Ana Clara Romero, Roberto Sánchez, Mariana Stilman, Pablo Tonelli, Aníbal Tortoriello, Pamela Verasay, Waldo Wolff, Carlos Zapata, Mariana Zuvic, Sabrina Ajmechet, Felipe Álvarez, Federico Angelini, Marcela Antola, Lidia Ascárate, Héctor Baldassi, Karina Banfi, Gabriela Besana, Alejandro Cacace, Gerardo Cipolini, Virginia Cornejo, Camila Crescimbeni, Emiliano Estrada, Germana Figueroa Casas, Rogelio Frigerio, Silvana Ginocchio, Gustavo Hein, Ingrid Jetter, Mercedes Joury, Florencia Klipauka, Susana Laciar, Jimena Latorre, Martín Maquieyra, Miguel Nanni, José Núñez, Humberto Orrego, Claudio Poggi, Juan Polini, María Luján Rey, Víctor Hugo Romero, Adriana Ruarte, Francisco Sánchez, Gustavo Santos, Alfredo Schiavoni, Héctor Stefani, María Tejeda, Jorge Vara, Claudio Vidal, Emiliano Yacobitti, Natalia Zabala Chacur, Natalia Zaracho.

8- Sesión del 14 de septiembre: Juan Carlos Alderete, Federico Angelini, Julio Cobos, Natalia De La Sota, Javier Milei, Sergio Palazzo, Mariana Zuvic, Álvaro González, Graciela Navarro, Roxana Reyes.

9- Sesión del 15 de septiembre: Sergio Palazzo, Carolina Píparo, Mariana Zuvic, Karina Bachey.

10- Sesión del 12 de octubre: Mario Barletta, Mara Brawer, Carlos Cisneros, Gabriela Estévez, Santiago Igon, Ricardo López Murphy, Claudio Poggi, Margarita Stolbizer, Victoria Villarruel, Gustavo Bouhid, Alejandro Cacace, Camila Crescimbeni, Graciela Navarro, Gustavo Santos, Héctor Stefani.

11- Sesión del 25 de octubre: asistencia perfecta

12- Sesión del 9 de noviembre: Juan Carlos Alderete, Rosana Bertone, Lía Verónica Caliva, Itaí Hagman, Ricardo López Murphy, Gisela Marziotta, Emilio Monzó, Hernán Pérez Araujo, Florencia Randazzo, Ana Clara Romero, Matías Taccetta, Alejandro Cacace, Pamela Calletti, Gerardo Cipolini, Emiliano Estrada, Luciano Laspina, Graciela Navarro, Graciela Camaño, Ana Carolina Gaillard, Ximena García, Ingrid Jetter.

13- Sesión del 24 de noviembre: Sofía Brambilla, Carlos Cisneros, Agustín Domingo, Maximiliano Ferraro, Sebastián García de Luca, Luciano Laspina, Mario Leito, Martín Maquieyra, Gerardo Milman, Carolina Moisés, Marilú Quiroz, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Natalia Zabala Chacur, Graciela Camaño, Álvaro González, Graciela Navarro, Graciela Ocaña, Paula Oliveto, Noemi Ruarte, Gustavo Santos.

14- Sesión del 1 de diciembre: Manuel Aguirre, Felipe Álvarez, Domingo Amaya, Héctor Baldassi, Gustavo Bouhid, Graciela Camaño, Fernando Carbajal, Carlos Cisneros, Virginia Cornejo, Camila Crescimbeni, Federico Frigerio, Rogelio Frigerio, Pedro Galimberti, Ignacio García Aresca, Sebastián García De Luca, Ingrid Jetter, Luciano Laspina, Mario Leito, Gabriela Lena, Ricardo López Murphy, Martín Maquieyra, Emilio Monzó, Graciela Navarro, Claudio Poggi, Florencio Randazzo, Diego Santilli, Jorge Vara, Claudio Vidal, Mariana Zuvic, Gabriela Besana, Laura Castets, Jimena Latorre, José Núñez, Juan Polini, María Luján Rey, Francisco Sánchez, Gustavo Santos.

Bahillo sostuvo que “nuestro país tiene que ser el líder mundial en la producción de alimentos”

Además, el secretario de Agricultura destacó la importancia de las economías regionales por la “ocupación y el trabajo que generan”.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, se presentó este miércoles en la Comisión homónima del Senado, que preside el rionegrino Alberto Weretilneck, ante la cual brindó una presentación respecto a la labor llevado a cabo por la cartera y sostuvo que “nuestro país tiene que ser el líder mundial en la producción de alimentos”. También, destacó la importancia de las economías regionales.

Al inicio de la reunión, que se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia, el titular de la Comisión manifestó su “satisfacción” por recibir al funcionario a quien le agradeció su participación en el “ámbito más federal de la representación en el Congreso porque cada senador representamos distintas provincias y algo sumamente importante son las economías regionales porque necesitamos no solamente que el país son los granos, sino otros temas como la pesca, ganadería”.

En su ponencia, Bahillo sostuvo que “se debe dar un diálogo comunicacional constructivo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo que permita construir una agenda de las decisiones de las políticas publicas y dar las respuestas que la sociedad demanda”.

Nuestro país tiene que ser el líder mundial en la producción de alimentos, es una decisión que tenemos. Tenemos una matriz productiva diversificada que es muy rica y diversa, coproductores muy eficientes con mucha tecnología que podemos integrar en dos grandes vectores en lo que es la región pampeana- la región centro y lo que son las economías regionales. para nosotros son todas de igual importancia”, expresó el funcionario.

Además, contó que tanto el ministro de Economía como el presidente les han dado indicaciones de “trabajar con igual intensidad, responsabilidad y prioridad en todas las economías que hacen al nivel primario de actividad productiva”.

Por otro lado, informó que “tenemos la mayor cuenca fotosintética del planeta por lo cual nos permite partir de condiciones objetivas muy competitivas en lo que es agricultura y ganadería. Tenemos productores con un buen nivel de eficiencia y tecnología que son de lo más avanzado del mundo que nos permite tener en la región centro un volumen de producción importante y un ingreso de divisas significativo”.

Respecto a las economías regionales, Bahillo sostuvo que “no tienen la visibilidad y el reconocimiento que nos gustaría que tengan por la importancia que tienen las mismas en todos los rincones del país”. Asimismo, comparó que “no generan el mismo volumen que generan   la región centro en cuanto dólares, pero genera una ocupación y una cantidad importantísima en cuanto a jornadas, mano de obra, trabajadores, que hacen que sean tan importantes como las otras actividades de la región centro”.

A continuación, compartió datos para “mostrar la significancia” en términos productivos que tiene el país dividido en dos cuestiones: por un lado, la cuestión agrícola de la región centro y, por el otro lado, las economías regionales.

Foto: Juan Carlos Cardenas / Comunicación Senado

Región centro

“Los principales cereales y oleaginosas cuando vamos al volumen producido y la superficie sembrada cuando tomamos trigo, maíz, soja, cebada tenemos 35 millones de hectáreas sembradas, 71.300 productores, con una producción de 134 millones de toneladas, con un volumen de exportación en dólares de 39 mil millones en la campaña 2021-2022”, detalló el funcionario y sumó: “A esto hay que agregarle lo que se destina al mercado interno el consumo a través de las moliendas, el trigo, o la proteína vegetal que se transforma en animal”.

En cuanto a la producción de soja que “es el cultivo más extensivo” que hay explicó: “Se siembran 16,1 millones de hectáreas, 6.300 productores, la producción son 44 millones de toneladas y 23.800 millones de dólares de exportación”.

“Hay una concepción errónea de que nuestro país tiene una economía primerizada” cuestionó Bahillo y precisó: “Si bien en maíz se exporta el 66%, en soja se exporta el 90% y con un grado de agregado de valor, pero es muy poco el poroto de soja y mucha la harina y demás subproductos”. “Aún cuando exportamos un grano de maíz deberíamos repensar si está tan primerizada esa economía porque detrás de ese grano de maíz hay un desarrollo muy importante en genética, en eventos para llegar a esa tecnología para tener agricultura de precisión, ene l desarrollo de maquinaria agrícola”, sumó.

Sobre el maíz detalló que hay 8 millones de hectáreas, 48.700 productores, la producción es de 59 millones de toneladas y la exportación es por 9.295 millones de dólares y “ahí tenemos las provincias con mayor superficie sembrada”. En cuanto al girasol contó: “Tenemos 2 millones de hectáreas sembradas, 11.600 productores, 4 millones de toneladas y 1334 millones de dólares en exportación”.

“En cebada, que es un cultivo casi exclusivo de la provincia de Buenos Aires viene creciendo, tenemos 1.600.000 hectáreas sembradas, 8.700 productores, con un volumen de 5,3 millones de toneladas, y se exportan por 943 millones”, agregó en otro pasaje de su informe y afirmó: “Cuando hacemos la sumatoria de lo que invierte el sector primario en estos cinco cultivos en capital de trabajo más la tecnología y todo lo que invierten año a año andan alrededor de los 35 mil millones de dólares.

En ese sentido, informó que “el paquete tecnológico para poder sembrar una hectárea de maíz anda alrededor de los 1.200 dólares por hectárea”, y resaltó: “Esa es la importancia de dinamizar las economías y a los pueblos del interior”.

Economías Regionales

En este eje, Bahillo explicó: “Cuando dividimos por región y hacemos la sumatoria son cerca de 40, vemos la importancia de las mismas. Algunas de ellas con un grado de desarrollo en la cadena de valor muy importante como es la vitivinicultura, el limón en Tucumán, la avicultura en Entre Ríos”.

Sobre la mano de obra en las economías regionales ejemplificó: “Si tomamos los cítricos dulces como mandarina, naranja y arándanos en Entre Ríos nada más la mano de obra que ocupa es de 20 mil personas por año”. “Esto permite visibilizar la importancia de las económicas regionales en cuanto a la ocupación y el trabajo que generan”, destacó Bahillo.

“Argentina produce al año 7,5 millones de toneladas anuales de frutas que se distribuyen en 500 mil hectáreas. Se generan 200.000 puestos de trabajos directo y exportaciones por 2.200 millones de dólares. En hortalizas se producen 7 millones de toneladas anuales en más de 700 mil hectáreas que va al mercado interno. El sector demanda 10 millones de jornales por año y exporta 420 millones de dólares”, explayó.

También, precisó que “hay 2 mil productores de peras y manzanas que generan entre 50 mil y 60 mil empleos directos e indirectos. Se industrializa el 10% de la producción que va a jugos. En frutales cítricos, que es una cadena de valor muy importante, tenemos limón, mandarina, pomelo y naranja. Nuestro país ha tenido una fuerte agenda en los últimos tiempos que ha sido el ingreso de cítricos dulces a Estados Unidos, pero los del NEA no pueden ingresas por cuestiones políticas. Algunas provincias han llevado gestiones importantes en los últimos 10 años para poder ingresar”.

Es un tema que ha estado en la agenda de los acuerdos comerciales bilaterales. En la visita que va a hacer el ministro de Economía en los próximos días le hemos introducido este tema como prioritario”, adelantó Bahillo.

En suma, detalló que “la vid es otra de las cadenas de valor más importantes porque es la que más integrada y desarrollada está con una superficie de 15 mil hectáreas”. “El ajo es una de las economías que no tiene la visibilidad y la importancia que merecen, pero tiene un impacto local fuerte. Se exporta el 66%, el 28% es de consumo interno y la semilla el 10%”, agregó.

“La cebolla 1.500 productores, 2.500 puestos de trabajo permanente. Esto no sale en los grandes títulos de la prensa, por lo general no tiene mucha visibilidad, pero creo que mi responsabilidad por lo menos es visibilizar estas economías regionales por el impacto que tienen.  La producción de papa tiene entre 500 y 700 productores, 240 mil productores temporales, 2.150 empleados, exportaciones por 265.000 millones de dólares consumo interno 72%”, explayó.

Foto: Juan Carlos Cardenas / Comunicación Senado

Sector ganadero

Al respecto, el funcionario precisó que “el sector porcino es uno de los que más ha crecido en los últimos años tiene un grado de integración importante como el sector avícola. En ganadería bobina, lo que es de cría y engorde tenemos una con mucha tecnología y productores muy eficientes, con una conversión e índice productivo muy bueno”, pero lamentó que hay “una ganadería de segunda que no tiene el grado de tecnificación ni los indicadores productivos que deberíamos tener”.

“Ahí hay que trabajar en fondos rotatorios provinciales que atiendan a la capacitación de los productores para que mejoren el manejo del rodeo y hacer un seguimiento cercano con los productores. Todo es para mejorar sus establecimientos y mejorar técnicas de manejo”, consideró el secretario.

En suma, opinó que con respecto al sector ovino “hay que analizar algunas cuestiones que tienen que ver con la rentabilidad y con la posibilidad de atender estas economías regionales con políticas directas porque no están pasando por un buen momento”.

“Vamos a un año récord de exportación de carne bobina alrededor de las 900 mil toneladas al año con el 27% de la faena que se va a exportación. Es un muy buen número”, adelantó el funcionario de Agricultura.

Por último, comentó: “Queremos incorporar en esta reconfiguración del ministerio de Economía una mirada acerca del sector primario porque queramos trabajar la cadena de valor porque no podemos mirar al sector productivo deteniéndonos solamente en el nivel primario. Tenemos que ver el grado de industrialización y de participación que tienen en cada uno de los sectores porque también es un rol del Estado ordenar la cadena cuando es muy distorsionada”.

“El grado de industrialización es una obligación del Estado trabajar en ese sentido. Vamos por más producción, por más exportaciones. Entendemos que todo esto debe hacerse con sostenibilidad ambiental porque tenemos que sumar a la agenda productiva el ambiente y la sostenibilidad del mismo. Estamos convencidos que hay que salir de esas discusiones que nos inmovilizan, siempre y cuando se cuide el ambiente”, remarcó Bahillo y cerró: “Tenemos que ir por más con sostenibilidad ambiental, incorporando ciencia y técnica, políticas del Estado como programas de riego. Tenemos que tener políticas de crecimiento para tener la capacidad de resolver tensiones sin que afecten los niveles de producción. Todo esto lo tenemos que hacer con políticas públicas que incluyan la oferta laboral”.

Alcohol Cero: expusieron en Diputados familiares de víctimas de tránsito y especialistas

“En Argentina se consumen 10 litros de alcohol puro por habitante por año. Eso nos ubica terceros en América Latina. En lo que corresponde a la franja etaria de 12 a 17 años, estamos primero, porque un 54% consume alcohol”, alertaron los invitados. Este miércoles se llevará a cabo otra reunión informativa.

Con una sala repleta de banderas y fotos de víctimas de accidentes viales, la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, a cargo del jujeño Jorge Rizzotti (UCR), volvió a reunirse este martes para continuar con el análisis sobre la problemática de alcohol cero al volante, a la cual asistieron representantes de Asociaciones Civiles y familiares de víctimas.

El presidente de la Comisión adelantó que “mañana a las 14 hay otra reunión informativa y luego habrá otra instancia para redactar el dictamen de mayoría, para que pase a la otra Comisión y ahí al recinto. La idea es poder sancionar una ley que modifique el tema de transporte puntualmente”.

Al encuentro que está pautado para este miércoles 24 a las 14 fueron invitados el ingeniero Fabián Pons, el doctor Fernando Campagnini y Esteban Bicarrilli.

La palabra de los invitados

Al inicio de la reunión, la vicepresidenta de la Comisión, Jimena López, agradeció a los referentes de las asociaciones la presencia para que brinden su opinión en un “tema tan valioso como es alcohol cero”.

El primero en hablar fue el jefe médico especializado en toxicología del Hospital Fernández, Carlos Fabián Demín, quien contextualizó lo que es el consumo de alcohol en el país y la implicancia que tiene en una persona que maneja. “El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. El incremento del consumo de alcohol es cada vez mayor. Es una suerte de anestésico y hace años se lo usaba como tal. Cuando uno toma alcohol parece que esta desinhibido”, precisó.

“El alcohol produce un proceso de desinhibición y eso se debe a que hubo una inhibición de las inhibiciones del sistema nervioso central que va acompañado, además, de una disminución de la capacidad de reacción de una disminución de los reflejos acompañado de una disminución de la capacidad para advertir un riesgo, medir un peligro y tomar una decisión. Eso es crucial a la hora de manejar un vehículo”, explicó el médico y agregó que “eso hace que uno no pueda advertir el riesgo a la velocidad que corresponde y tomar la decisión adecuada se puede disminuir en segundos y terminar generando un siniestro”.

En Argentina se consumen 10 litros de alcohol puro por habitante por año. Eso nos ubica terceros en América Latina. En lo que corresponde a la franja etaria de 12 a 17 años, estamos primero, porque un 54% consume alcohol”, informó Demín.

Por otro lado, señaló que Argentina es un “consumidor muy importante” de alcohol e informó que “consumimos alrededor de 9.8 o 10 litros de alcohol puro por habitante y por año. Esto nos ubica terceros en América, atrás de Canadá que consumen acerca de 12 litros y de Estados Unidos que consumen 10.2”, y ejemplificó: “Si uno mira lo que tiene una botella de cerveza de un litro, tiene entre 40 y 60 centímetros cúbicos de alcohol puro. Una botella de whisky, de vodka o de fernet tiene 400 centímetros cúbicos de alcohol puro. Cuando alguien toma 1 litro de whisky se tomo casi la mitad de alcohol uro, alcohol de farmacia”.

En ese marco, observó que “las franjas etarias más jóvenes de 12 a 17 años, lo que corresponde a la edad escolar, nos ubicamos primero porque el 54% de los argentinos de esa edad consumen alcohol”, lo calificó como “un disparate”, ya que según la última encuesta de CEDRONAR “los canadienses que toman más alcohol que nosotros cuidan a sus adolescentes, no más del 10% de los canadienses en edad escolar toma alcohol”. A su vez, adelantó que dicha entidad está realizando una encuesta nueva, pero advirtió que “este dato va a ser aún peor”.

“Tenemos una población muy joven que consume mucho alcohol y a los 17 se empieza a conducir vehículos. Esta población, si miramos la misma encuesta, y lo llevamos los 25 años tenemos que va aumentando el consumo de alcohol y cuando llegamos al grupo que va hasta los 35 años, nos encontramos que el 94% de los argentinos consume alcohol. Es mucho porcentaje”, alertó.

FOTO: HCDN

En ese sentido, sumó que según datos oficiales “se triplicó desde 2010 a 2017 el consumo de marihuana en los niños adolescentes de 10 a 17 y en la franja que va de 17 a 24. Tenemos un segundo factor agravante. Cuando pasamos los 30 y 32 años comienza otro problema que tiene que ver con el consumo de psicofármacos”.

Podríamos decir que los argentinos somos consumidores de sustancias, nos gusta consumir sustancias. El 7% de la población está medicada con algún psicofármaco y actúan en el mismo lugar que lo hace el alcohol y tienen un efecto similar”, remarcó Damín e indició que “cuando dimensionamos el problema del alcohol no lo podemos hacer solo, porque el alcohol interacciona absolutamente con cualquier sustancia porque es una sustancia química”.

A su vez, cuestionó la ley actual que plantea 0,5 para automovilistas, 0,2 para motociclistas y 0 para profesionales porque “hay incongruencias”. “Es indispensable tener una ley de alcohol cero, no estamos pidiendo una ley seca ni que no se venda alcohol. La ley que prohíbe vender alcohol a menores de 18 se cumple poco, siendo que provoca daños neurológicos”, cerró y agregó que “no solo es la ley, tiene que haber controles y que se controle psicofármacos, el éxtasis y la marihuana”.

A continuación, Carlos Silvestri de la Mesa Chubutense de Víctimas Viales, provincia que tiene sancionada la ley de tolerancia cero de alcohol por lo que dejó expresa la “voluntad de apoyar este proyecto por parte de la asociación de familiares de víctimas de siniestros viales”.

En tanto, denunció que los legisladores “sufren presiones” de sectores que “priorizan su beneficio económico ante el único valor irremplazable que es la vida”, y aclaró que ese beneficio “no se ve afectado por la norma según las experiencias de países vecinos”.

“El alcohol cero existe desde 1998 para profesionales y nunca fue objetado por lo que todos los argumentos en contra de esta norma, son falaces”, recordó y bregó: “El concepto de que tolerancia cero al volante más temprano que tarde va a ser ley después de tantos años de lucha”.

Y cerró, con una voz quebrada por la angustia: “La energía renovable de los familiares de víctimas de transito es el dolor que llevamos las 24 horas los 7 días de la semana y los 365 días del año. La próxima lucha es el Código Penal para que no siga permitiendo que los homicidios por accidentes viales sean el crimen perfecto”.

También hizo uso de la palabra Angélica Gramajo de la Asociación Civil Martín Gramajo de Santiago del Estero quien sostuvo: “También representamos a familiares de víctimas del NOA y del NEA. Hace 24 años que trabajamos en prevención de siniestros viales después de transformar los porqués que quedaron después de la partida de nuestros hijos. Nos decimos por qué a mi hijo, porqué a mí. Las eternas preguntas, pero transformamos eso en un para qué y empezar a trabajar para que a otros no les pase lo mismo”.

“La primero que descubrimos es que la mayoría no conoce la Ley de Tránsito 24.449 y generamos nuestra tarea en base a su contenido. Son 24 años de lucha, de entrega de generar acciones, proyectos”, relató Gramajo y consideró que la Ley de Tránsito “debe ser actualizada y mejorada”.

Foto: HCDN-Angélica Gramajo de la Asociación Civil Martín Gramajo de Santiago del Estero.

En suma, disparó contra el Estado porque “nos re victimiza y nos da la espalda. Nos obligan a contar y relatar a pedir una y otra vez a volver a ese primer día tan doloroso. Un Estado que no permitió a nuestros seres queridos porque permitió que un individuo transforme su auto como un arme y asesine a nuestros seres queridos”.

En su alocución y con las lágrimas en los ojos, Silvia González presidenta de la Asociación Estrellas Amarillas de La Pampa quien expresó: “Nosotros nos encontramos con algo terrible que es la falta de solidaridad y empatía. Todo el mundo piensa que no le va a pasar. Nosotros hace 20 años que venimos acá. Nos reunimos con todos los presidentes de la Nación, dormíamos en la terminal de Retiro. Eso es lo que venimos haciendo hace 20 años, si ustedes hubiesen legislado esto no pasaría”.

“Por favor necesitamos que nos vean. Hicimos lo de las estrellas para que nos vean”, reclamó González y contó que las estrellas amarillas simbolizan las leyes, la educación, la infraestructura, prevención y control. “El país tiene esas patas desarticuladas. La educación vial jamás se cumplió”, criticó y finalizó: “Por favor legislaren y ayúdennos a terminar con esta sangría”.

La siguiente en exponer fue Norma Bonelli de la Asociación Civil Carla Arduini quien remarcó que “esto es importantísimo queremos que esta ley se apruebe”, y ratificó que “el consumo de alcohol es muy grande en todos. El alcohol al volante afecta y deteriora acciones esenciales, como la visión, para una conducción segura y eso aumenta el riesgo de fatalidad”.

Mariana Sena de la Asociación Compromiso Vial señaló que “venimos a una Comisión de Tránsito pidiendo justicia porque tiene que ser con un abordaje integral, todo aquello ambiguo y que no permita llegar antes y prevenir, la gran deuda que tiene el Estado”.

A su vez resaltó la importancia de reformar el Código Penal porque “nuestro primer enfrentamiento contra el Estado se da en Tribunales porque los fiscales no tienen las herramientas para hacer el pedido de justicia. Es muy absurdo y doloroso que se ve a diario”.

Baldassi: “Vamos a insistir para que Lammens asista a la Comisión y de detalles de las políticas públicas vinculadas al deporte”

El diputado nacional y presidente de la Comisión de Deportes analizó la situación actual del fútbol argentino y sostuvo que “la violencia debe abordarse de manera integral” remarcando que “las leyes están vigentes, es cuestión de que la apliquen los fiscales y jueces ante los casos concretos”.

Por Déborah Nohely González

A tan solo cuatro meses para que se inicie el Mundial de Qatar 2022 la mirada está puesta en el seleccionado argentino. Sin embargo, desde el arco político el foco está puesto en otra cuestión: los barrabravas, motivo por el cual exigen a las carteras pertinentes, tanto de Seguridad como de Deportes, que expliquen cuáles son las políticas que van a implementar para evitar que viajen.

Por otro lado, en plano local la violencia en el fútbol se profundiza, tanto afuera de la cancha como adentro de la misma. Hechos recientes lo demuestran, como fue el enfrentamiento entre barras del clásico del ascenso entre Luján y Alem que le costó la vida a un hincha que nada tenía que ver.

En ese contexto, parlamentario.com dialogó con el diputado nacional y presidente de la Comisión de Deportes, Héctor Baldassi (Pro – Córdoba), quien cuestionó que “en reiteradas oportunidades” invitaron al titular de la cartera homónima, Matías Lammens, pero “nunca asistió”. En ese sentido, afirmó que “vamos a insistir desde la comisión para que el ministro asista para explicar detalles de las políticas públicas vinculadas al deporte en general”.

Por otro lado, el exárbitro mundialista consideró que desde el Ministerio de Seguridad es de donde “deben dar mayores precisiones sobre las medidas para que no viajen las barras bravas” al mundial. En suma, aseguró que “la violencia en el fútbol debe abordarse de manera integral. En lo preventivo, en lo cultural y en lo sancionatorio”.

-De cara al mundial de Qatar y como presidente de la Comisión de Deporte ¿tienen previsto invitar al ministro de la cartera para que brinde detalles respecto a las medidas que implementarán para que no viajen barras bravas?

-Nosotros hemos invitado al ministro Matías Lammens a la comisión de deportes en reiteradas oportunidades, durante el 2020 en la etapa más dura de la cuarentena, cuando los deportistas no podían entrenar y los clubes estaban cerrados, pero no fue. Sin embargo, vamos a insistir desde la comisión para que el ministro asista para explicar detalles de las políticas públicas vinculadas al deporte en general. En cuanto a Qatar, desde luego que es importante las respuestas que pueda dar el ministro Lammens, pero me parece que si de controlar las medidas para que no viajen los barrabravas se trata, creo que desde el ministerio de seguridad es desde donde deberían dar mayores precisiones.

-Como presidente de la Comisión y ante los reiterados hechos de violencia en el fútbol argentino tal es el caso del enfrentamiento entre Luján y Alem que le costó la vida a un hincha, ¿están trabajando en algún proyecto vinculado a ese tema? ¿en qué otras iniciativas están avanzando?

-La violencia en el fútbol debe abordarse de manera integral. En lo preventivo, en lo cultural y en lo sancionatorio. Las leyes están vigentes, es cuestión de que la apliquen los fiscales y jueces ante los casos concretos, y es una política tanto de los clubes como de los gobiernos, sea cual fuera el signo político, trabajar en cambios culturales que permitan cuidar el fútbol.

-Como exárbitro argentino, ¿qué opina de los arbitrajes actuales y de la aplicación del VAR?

-Como exárbitro del fútbol argentino creo que el VAR es una herramienta muy importante para el arbitraje, y hay que utilizarla de manera comprometida con la justicia y que haga más transparente al fútbol. A veces las decisiones que se toman no son las correctas, por eso creo que lo importante es trabajar en el ordenamiento, en el manejo y el protocolo de la herramienta VAR. Los arbitrajes actuales buscan lograr un crecimiento al que se llega con esfuerzo, compromiso, criterio y coraje para darle suficiente credibilidad a la profesión, la que no se logra de un día para otro sino a través de la sumatoria de los partidos. Por eso hoy lo que está pasando en el arbitraje argentino es que no todos tienen esa credibilidad, a excepción de algunos por supuesto, y entonces sus decisiones se transforman en sospecha o en la valoración de que algunos no pueden estar dirigiendo esos partidos.

Para Sánchez: “El gobierno de Neuquén le da una jerarquía a la Confederación Mapuche que no tiene”

El diputado del Pro expresó preocupación sobre la “Consulta Previa” que presentó el gobernador Omar Gutiérrez a los jefes de esas comunidades para la traza del gasoducto Néstor Kirchner, a quienes lo comparó con un sindicato. También denunció que “las empresas y los neuquinos venimos sufriendo extorsiones constantes”.

Por Deborah Noely González

La comunidad mapuche vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez no es por ataques violentos en El Bolsón, sino porque el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, les propuso un acuerdo que podría perjudicar el desarrollo y las inversiones en el yacimiento de Vaca Muerta, puntualmente con el proyecto de construcción del gasoducto Néstor Kirchner que aún está paralizado.

El mandatario les presentó un “Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada” (CLPI) a los referentes de esas comunidades, lo cual fue recibido como una suerte de conquista, ya que les otorga intervención y capacidad de veto en el desarrollo de esa infraestructura crucial si se comprobara que atraviesa tierras consideradas ancestrales. Esto último los habilita a exigir dinero, beneficios u otras acciones.

Sin embargo, según los especialistas y técnicos que trazaron la obra no detectaron ningún derecho de propiedad afectado: ni la provincia ni la nación reconoce como dueño de esas tierras a comunidad aborigen alguna.

El acuerdo en cuestión generó un fuerte rechazo desde la oposición política. Así lo dejó explícito el diputado nacional Francisco Sánchez (Pro) en diálogo con parlamentario.com quien consideró esta maniobra como una “extorsión” y advirtió que “va en detrimento del desarrollo productivo no solo de Neuquén, sino de todo el país”.

Además, describió a la Confederación Mapuche como “un ente que intenta aglutinar los intereses de las comunidades reconocidas y no reconocidas para que sus líderes se enriquezcan como lo han venido haciendo hasta ahora”, y los comparó con un sindicato. A su vez, denunció “aprietes, amenazas y violencia física” por parte de esas comunidades hacia las empresas y los neuquinos.

¿Qué opinión le merece la decisión del Gobierno de Neuquén de consultar a las comunidades mapuches para la traza del gasoducto Néstor Kirchner?

-La consulta previa representa una excusa para que los líderes de la Confederación Mapuche, empiecen a participar de manera formal en el negocio de Vaca Muerta. Pero no como lo haría cualquier emprendedor, sino a través de la extorsión, ya que es una herramienta que les va a permitir detener cualquier proceso productivo con la excusa que afecta sus intereses. Es decir, es una cuestión que va mucho más allá del gasoducto por construir y que va en detrimento del desarrollo productivo no solo de Neuquén, sino de todo el país.

¿El Gobierno neuquino reconoce a la Confederación Mapuche?

-El gobierno de Neuquén le da una jerarquía a la Confederación mapuche que no tiene, ya que ni siquiera se trata de una entidad formal. Se trata de un ente que intenta aglutinar los intereses de las comunidades reconocidas y no reconocidas para que sus líderes se enriquezcan como lo han venido haciendo hasta ahora. En ese sentido no se diferencian demasiado de un sindicato por ejemplo, que tiene prácticamente propietarios con títulos nobiliarios. En Neuquén están los (Gabriel) Cherqui y los (Jorge) Nahuel que se parecen mucho a un Moyano: una oligarquía que actúa a espaldas de los intereses que dicen representar.

Cabe recordar que Cherqui en el mes de abril le planteó al propio presidente, Alberto Fernández –que había viajado a Vaca Muerta- un mensaje amenazante: “Sin consulta no va a haber gasoducto Néstor Kirchner ni exploración”. Se lo transmitió en el aeropuerto junto a otras dos activistas mapuches, ante la mirada del gobernador neuquino.

¿Este es un reconocimiento implícito de estas comunidades como actores legales para ejercer reclamos de este tipo?

-Si, es un reconocimiento implícito, cedido por un gobernador al que lo único que le importa es retirarse sin conflictos, y para eso nos embarga a los neuquinos y a los argentinos en conflictos que ahora encuentran legitimidad en la jurisprudencia de esta cesión que implica el reconocimiento a la consulta previa.

¿Qué tipo de presiones vienen sufriendo las empresas petroleras en la región, de parte de estos sectores?

-Las empresas y los neuquinos en general venimos sufriendo extorsiones constantes de estas agrupaciones de pseudo mapuches. Las empresas muchas veces son presionadas a ceder en arreglos económicos y en acuerdos privados que incluyen contrataciones de servicios especiales. Pero también los particulares de una basta región sufren la ocupación de sus tierras, los aprietes, amenazas y violencia física, con el doble daño del desamparo al que los somete la autoridad gubernamental.

Luján Rey: “Los subsidios deben dejar de ser a las empresas, tienen que ir directamente a los pasajeros”

La diputada del Pro aseguró que “esto permite mayor control”. Además, apuntó contra el Gobierno por la falta de combustibles: “Es una gestión que improvisa todo el tiempo”.

En medio de una crisis que golpea al transporte de pasajeros en el interior del país por la falta de equilibrio en el reparto de los subsidios, sumado a la falta de combustible, la diputada nacional y vicepresidente segunda de la Comisión de Transporte, María Luján Rey (Pro – Buenos Aires) dialogó con parlamentario.com sobre el tema y opinó que “los subsidios deben dejar de ser a las empresas y tiene que ir directamente a los pasajeros”. Por otro lado, la legisladora de la bancada opositora apuntó contra el Gobierno por la escasez de combustibles: “Es una gestión que improvisa todo el tiempo”.

Al ser consultada por la reunión informativa de este martes, a la que estaba invitado el titular de la cartera de Transporte, Alexis Guerrera, a la Comisión homónima, pero que por cuestiones de agenda comunicó que no asistirá y en su lugar irán secretarios del área, Luján Rey manifestó sus expectativas: “Mañana esperábamos escuchar por parte del ministro las razones por las cuales están demorados los subsidios a las provincias. Que nos expliquen cuáles son los motivos por los que no ha llegado todavía ese dinero a las provincias”.

“También cómo tienen pensado ampliar el fondo que ha quedado insuficiente, entendemos. Pero que también sabemos que cuenta con todas las herramientas para resolverlo sin necesidad que se genere una ley”, remarcó la diputada. Por consiguiente, contó que “se han presentado proyectos en este sentid” y bregó por “avanzar en algún proyecto consensuado que declare la emergencia y amplié el fondo destinado a los subsidios al transporte del interior”.

En esa línea, apuntó: “También es cierto que el Ejecutivo Nacional podría estar dando una solución sin esperar todos estos plazos”, y lamentó: “Nos iba a venir bien escuchar al ministro mañana para saber los motivos por los cuales llegamos a esta situación y cómo piensa salir de ella y de aquí en más regularizar la situación para los transportistas del interior”.

“En cuanto a la distribución de los subsidios hay varios proyectos presentados, algunos en esta redistribución que plantean afectarían a los subsidios que hoy reciben el AMBA. Como diputada de la provincia de Buenos Aires, pero como diputada nacional también entiendo que es algo que se tiene que debatir y estudiar en profundidad escuchando a todas las partes involucradas”, remarcó Luján Rey.

Además, la vicepresidenta segunda de la Comisión de Transporte consideró que “no es la urgencia de hoy, la urgencia es solucionar el problema que atraviesan los transportistas del interior, pero la redistribución es un tema pendiente sin duda que hay que discutir y hay que buscar los mejores consensos para que se mejore la situación de todos los transportistas”.

“En lo personal creo que tenemos que pensar que los subsidios deben dejar de ser a las empresas y tiene que ir directamente a los pasajeros, esto permite mayor control y evitar situaciones que ya hemos visto y vivido en el transporte público nacional cuando se entregan subsidios a los empresarios y después no se los controla”, opinó la diputada del Pro e insistió: “Entiendo que más allá de discutir la redistribución de los subsidios, también tendríamos que poner en cuestión a quiénes vamos a subsidiar y en lo personal, insisto en que debe ser el pasajero y no el empresario”.

Por último, al ser consultada por la falta de combustibles que afecta a gran parte del país, advirtió que “la situación es cada vez más preocupante”, y disparó contra el Ejecutivo porque “es una situación que se venía anunciando que hace tiempo el Gobierno debió haber tenido en cuenta y evidentemente no lo hizo, es una gestión que improvisa todo el tiempo y estos son los resultados”.

Un país que hoy se encuentra con 19 provincias sin gasoil, lo que dificulta, no solo el traslado de las mercaderías, sino también las cosechas, la siembra”, indicó. En tanto, recordó el informe que brindó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en el Senado y lanzó: “Más allá de lo que manifestó el jefe de Gabinete, la realidad es que es con acciones que se resuelven las situaciones y no con palabras nada más”.

Y cerró: “Sería bueno que el jefe de Gabinete se acercara a la Cámara de Diputados a darnos los informes que corresponden como dice la Constitución Nacional y poder preguntarle por qué llegamos a esta situación, por qué hoy nuestro país esa a punto de estar paralizado por falta de gasoil”.

Constitucionalistas y economistas expusieron en Diputados sobre el proyecto para pagarle al Fondo con plata fugada

La primera ronda contó con la participación de seis especialistas en el tema que dividieron voces a favor y en contra. El debate continuará la próxima semana.

Con media sanción del Senado tras ser aprobado por 37 votos a favor y 31 en contra el pasado 12 de mayo, la Comisión de Legislación General, que preside la oficialista Cecilia Moreau, comenzó este miércoles el tratamiento del proyecto para crear un fondo para pagarle al FMI con dólares fugados que fue impulsado por el neuquino Oscar Parrilli.

La reunión se llevó a cabo en el Anexo “C” de la Cámara alta y contó con la disertación de los especialistas Eduardo Barcesat, Noemí Brenta, Pablo Manzanelli, Horacio Rovelli, Mercedes Dalessandro, Andrés Edelstein y Guido Lorenzo.

Abrió la ronda de expositores el constitucionalista Eduardo Barcesat, quien se refrió al preámbulo de la Constitución Nacional que expresa “promover el bienestar general” porque “una Nación que ostenta, como la Argentina, una deuda externa de una magnitud equivalente al PBI evidentemente no está en condiciones materiales satisfactorias para promover el bienestar general de la Nación”.

Por otro lado, hizo alusión al artículo 75 de la norma superior que refiere a las actividades del Congreso y recordó el inciso 4 que “faculta al Poder Legislativo a contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y más específico su inciso 7 establece el proceder a arreglar el pago de la deuda interior y exterior”.

“Recalco esto porque es menester que en la Convención Constituyente del año 94’ no es que estos incisos fueron intocados, sino que fueron revalidados. Las fuerzas políticas mayoritarias y otras apoyaron mantener en cabeza del Poder Legislativo de la Nación esas facultades”, explicó.

También señaló que dicha invocación sirve para “desmantelar algunas propuestas semánticas que expresaron en el Senado que buscaron bautizar esta norma como de ‘blanqueo’, o que es una norma penal o tributaria, creo que la norma no tiene otro nombre de la de su finalidad que es proceder el arreglo de la deuda externa aportando un criterio particular para ese arreglo y por ello la necesidad de una nueva ley”, respaldó Barcesat.

En suma, remarcó que dichas facultades “son indelegables conforme lo establece el artículo 76 de la C.N dado que la materia de administración puede provocar delegación y corresponden como tarea central a este Congreso proceder a ese arreglo de la deuda externa”.

Respecto del proyecto, cuestionó el artículo 25 que sostiene “que el ministro de Economía disponga respecto de la deuda externa, es decir contraer empréstitos”, y señaló que “esto es un error porque no esta facultado para contraer nada, los que disponen son ustedes, el Congreso  a través de la Comisión Bicameral, pero la competencia constitucional es de este Congreso de la Nación, el ministro de Economía es un empleado del Poder Ejecutivo y está sujeto a  las decisiones que tome el Congreso de la Nación”.

Sobre los fundamentos, consideró que “la mención más valiosa es la de los artículos 1 y 2 de ambos Pactos Internacionales de Naciones Unidas que tienen la particularidad de iniciar con la misma cláusula” porque “es expresión de la conciencia jurídica de la humanidad de buscar que el derecho de la auto libre determinación de la independencia económica de los estados y la titularidad de los pueblos sobre el conjunto de sus riquezas  y recursos naturales adquiera un énfasis o relieve particular, de manera que, todo aquello que provenga de la explotación de riquezas y recursos naturales, debe atender a esta designación que hace la norma del derecho internacional de los derechos humanos, que la titularidad es de los pueblos y de ahí los derechos de poder gravar, de poder exigir, el derecho de poder regular respecto de lo que resulta de esa explotación de riqueza  de titularidad de los pueblos”.

“La Argentina ha ratificado tanto a nivel nacional e internacional los protocolos facultativos de los Pactos Internacionales que son las normas de mayor jerarquía de los derechos internacionales de los derechos humanos y son vinculantes para la órbita de los 124 estados que forman Nacionales Unidas, frente a esta normativa es difícil que se pueda imponer otra norma”, agregó el constitucionalista.

Entre los protocolos facultativos de la Convención Interamericana, resaltó la resolución que “establece dos recomendaciones: una de ellas refiere a la deuda externa donde los expertos aconsejan suspender los pagos de la deuda externa en tanto la vigencia de la pandemia y buscar aliviar el peso para poder atender la crisis que provocó la pandemia y se acrecienta con un conflicto bélico que tiene impacto en la humanidad toda”.

“Cuidar el tema de los pagos de la deuda externa subordinarnos a superar la situación de excepcionalidad, primero por la pandemia que prosigue y segundo por la situación de conflicto bélico que afecta a la humanidad y lo estamos padeciendo. Esto no puede escapar de la premisa del preámbulo”, señaló Barcesat y sumó: “Poner contribuciones excepcionales que duren el tiempo de la necesidad para que pueda atenderse a estos valores supremos de la vida, la salud y la integridad personal”.

Por último, informó que hay proyectos para crear una Convención Internacional de prevención y sanción de la fuga de capitales que calificó como “crimen económico contra la humanidad de jurisdicción universal e imprescriptible. Es una iniciativa poder impulsar una Convención para prevenir esa sangría de la riqueza de los pueblos del continente en beneficio de ese capitalismo financiero que financia los peores crímenes de la humanidad”, y resaltó que el proyecto oficialista está respaldado por los Pactos Internacionales.

A su turno el contador público y especialista en finanzas, Andrés Edelstein, respecto al proyecto en general consideró que “la finalidad que tiene es evidentemente una decisión de ámbito político”, y precisó que “algunos de sus lineamientos tienen que ver con los medios elegidos de dotar de recursos a este Fondo que se pretende crear y esos medios elegidos es lo que se denomina ‘pago’ en el proyecto, ‘aporte especial’ en el proyecto original”, y opinó que “no es más que un régimen de exteriorización o de normalización a un blanqueo, más allá que el término no suene bien o tenga alguna connotación negativa, ese mecanismo genera los principales reparos”.

Además, indicó que “una medida de estas características puede tener cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia y tiene sentido ser analizados”. En cuanto a la oportunidad, explicó que “tratándose de un régimen de exteriorización especial, normalmente se dan estos regímenes cuando se dan circunstancias extraordinarias que se dan por un deseo de generar inversiones que no pueden realizarse por existir una masa de recursos no declarados, o la otra es cuando la percepción del riesgo de quienes tienen bienes no declarados es tan levada que tiene sentido un régimen de estas características porque va a permitir una adhesión de estas características porque va a permitir una adhesión masiva, pero no es lo que está ocurriendo en el contexto actual en cuanto a la oportunidad de estas características”.

Sobre el mérito, señaló que “si tiene en cuenta la dimensión de la deuda con el FMI a la luz de lo que se permitió exteriorizar, cualquiera de los regímenes anteriores de exteriorización ve que es una tarea titánica y por ende duda bastante de la eficacia de este mecanismo para cancelar la deuda con el Fondo”.

En cuanto a la conveniencia de la figura, Edelstein precisó que “es una relación de costo- beneficio en ese caso este régimen de exteriorización sería el quinto registro de estas características que se crea en los últimos 14 años. Es un desincentivo más para los contribuyentes cumplidores dada la recurrencia de este tipo de regímenes excepcionales”.

Sobre aspectos puntuales de la iniciativa, destacó las adecuaciones que fueron introducidas al texto que cuenta con media sanción que “dieron alguna precisión adicional”, pero “sigue siendo susceptible de mejoras porque tiene imprecisiones importantes”.

“El primer punto tiene que ver con el articulo 7 que establece el pago sobre los bienes no declarados por parte de los sujetos residentes en el país, bienes no declarados que se detecten o localicen desde la entrada en vigencia de esta ley. Es a partir de ese momento están sujetos a este pago. El tema es que, tratándose de un régimen extraordinario de exteriorización, el hecho de no tener una fecha de corte preciso, sumado a que el Fondo esta previsto que dure en tanto se mantenga la deuda con el FMI, esto le da una característica de régimen extraordinario permanente de regularización, lo cual va a en contra de todo principio básico de un régimen de estas características”, explayó el economista e hizo hincapié en que “es un desincentivo a quienes pagan sus impuestos correctamente. Es el aspecto central y más relevante”.

Además, cuestionó: “Para aquellos que no adhieran a este esquema se estima que estarán sujetos a la regla general en materia tributaria y penal, pero se agrega que además de todo eso y las sanciones van a tener que ingresar un pago que empieza con el 20%, pero dado que no esta precisada la naturaleza jurídica de este pago que es un impuesto especial, podría cuestionarse que es una doble sanción”.

“El tercer tema tiene que ver con el Tribunal Fiscal de la Nación en el artículo 15 que modifica el efecto suspensivo y se transforma en efecto devolutivo”, enumero. Por último sobre la figura del colaborador remarcó que es “novedosa” porque en el derecho tributario no está contemplada, pero si en otros países si aparece como una figura privada, informantes, con una recompensa, que colabore, aunque advirtió que “puede tener efectos colaterales y perjudiciales, porque el régimen de un colaborador que recibe recompensas necesita un marco institucional adecuado y un funcionamiento de la justicia con celeridad no estamos en condiciones de eso y los efectos pueden ser preocupantes, da pie a que la litigiosidad aumenten”.

A continuación, el licenciado en economía Horacio Rovelli resaltó que es “importante e imprescindible” que se haga ley el proyecto porque “es necesario que funcione la Bicameral de Seguimiento de contratos y pagos de la deuda”. En ese sentido, recordó que la apertura de sesiones ordinarias el presidente de la Nación le solicitó al Banco Central un informe de la deuda contraída por la gestión anterior que fue de “más de 100 mil millones de dólares que 24 mil millones se usaron para pagar deuda vieja, entre ellos los Fondos Buitres”.

“Sospechamos que los bancos no cumplieron con la Ley 25.246 de lavados y encubrimiento de activos que exige a los bancos, que cuando compran dólares, deben brindar la procedencia de los fondos y no se hizo porque hay una incoherencia entre las compras y los estados contables de las empresas. Esto hay que investigarlo. No que el pueblo pague una deuda que no lo benefició”, cerró.

La economista e investigadora del CONICET Noemi Brenta respaldó la iniciativa, aunque indicó que aún “tiene cuestiones para tocar desde el punto de vista técnico” para que sea “factible, inobjetable y aplicable y que cumpla la función para saldar la deuda con el FMI que es enorme y que nos va a condicionar muchos años porque estamos con el Fondo hasta 2036 por lo menos si es que los desembolsos y los pagos se dan todos bien”.

En ese sentido, remarcó la necesidad de que la ley sea aprobada para que “la deuda la paguen los que se beneficiaron con ella y se comportaron de una manera ilícita porque los pagos salen de los ajustes presupuestarios”. A su vez propuso darle un nombre al Fondo como “Fondo de reparación o de resarcimiento al pueblo argentino por el daño de 46 años de sobreendeudamiento”.

“Esta norma es necesaria para construir un país libre de los condicionamientos del Fondo y con una base imponible acorde a la capacidad contributiva de los argentinos y no achicada por el ocultamiento de activos fuera del país”, cerró Brenta.

En su exposición, el economista Guido Lorenzo hizo un repaso de algunos puntos en cuanto al diseño del proyecto: “La mala práctica e inequidad del proyecto, hay un montón de contribuyentes que están en regla y este proyecto plantea una alícuota diferencial muy baja que perdonaría para un montón de dinero que se pretende recaudar para el pago de la deuda. Eso es generar desincentivos y por lo general no es aconsejado y más aún hacerlo de manera sistemática”.

“Tampoco hay un incentivo de intercambio de información de países que ya existe por lo cual no hay más allá de una generosidad del blanqueo. Otro punto es la contrariedad del acuerdo con el Fondo Monetario porque en el último plan, este Congreso dijo que no se iba a hacer otra amnistía fiscal, por lo cual de la manera en que le quieren pagar al FMI es contrario a lo que se votó”, agregó.

Y continuó: “La inconsistencia entre los bienes interiores y exteriores. ¿Por qué alguien que tiene bienes en el exterior tiene que pagar una alícuota menor que el que tiene justamente bienes no declarados al interior del país? Eso incentiva llevar bienes al exterior no declararlos y pagar menos. Es ilógico”.

El proyecto carece de todo sentido. Buscarle una vuelta al tema del FMI es redundante”, apuntó Lorenzo.

“Hay una falta de justicia con las provincias a favor del Tesoro Nacional. ¿Por qué está subordinada la deuda de las provincias a la del Fondo Monetario? no tiene sentido”, apuntó y sumó: “Quinto punto es la deuda con privados porque puede traer contingencias a futuro, no tiene sentido práctico”.

Otra de las críticas que hizo Lorenzo fue: “Si el pago se hace en dólares, ¿qué pasa si se detectan inmuebles y no tiene los dólares para pagarlo?, ¿quién me lo va a dar si el Banco Central no tiene reservas?”. Sobre l figura del colaborador, cuestionó: “¿Qué sentido tiene que alguien residente, que delata, reciba dólares que sabemos que hay escaseo, por ese delate? A tal punto que esta mal diseñado que le quita recursos al propio fondo”.

“El proyecto tiene plazo indeterminado para el pago. ¿No estaba resuelto el tema del pago con el Fondo? tenemos previstos pagos de desembolsos. ¿Por qué insisten en que es ilegal la compra de dólares?, una cosa es la compra que lo permite el Banco Central y otra es la fuga y dinero negro no exteriorizado”, preguntó y finalizó: “El proyecto carece de todo sentido. Buscarle una vuelta al tema del FMI es redundante”.

A su turno, el investigador Pablo Manzanelli se basó en los fundamentos económicos del proyecto que busca resolver “el problema de una deuda histórica contraída por el gobierno anterior” que no fue “emitida en moneda local para financiar déficit fiscal, sino que fue emitida en moneda extranjera lo cual agrava los términos de solvencia financiera”. “Se pasó de una economía con baja deuda a una economía con deuda insostenible”, disparó Manzanelli y finalizó: “Quien plantee con artilugios técnicos que esta iniciativa no es correcta sin proponer una alternativa, pide ajuste y devaluación para solucionar el tema de la deuda y, por ende, más pobreza e indigencia en la economía argentina”.

Cerró la ronda de expositores la exfuncionaria en materia económica, Mercedes Dalessandro, que ponderó la iniciativa al sostener que “tenemos un gran problema que es una deuda más grande con el Fondo Monetario Internacional, ese crédito que se otorgó al país no fue materializado en escuelas, ni en hospitales, ni en la mejora de la calidad de vida del pueblo y eso es lo que se ha empezado a tratar de resolver”.

“Este problema no está resuelto, lo que hicimos fue comprar cuotas de tiempo para ver cómo reconstruimos una economía pujante, una calidad de producción, es decir estamos tratando de resolver en el presente un problema que viene del pasado y que nos lleva al futuro generando limitaciones en términos de lo que podemos o no hacer”, explayó.

En tanto, cuestionó el acuerdo al que se llegó con el Fondo porque “viene con metas fiscales, con metas monetarias, con metas de recebas, tenemos que seguir un rumbo para cumplir esas metas que tiene ciertas cuestiones que no van a permitir que el país se desarrolle libremente porque tenemos que ajustar el camino al cumplimiento de ciertos hitos”.

“Argentina no es el único país con problemas de endeudamiento, estamos en un contexto que venimos de dos años con una pandemia y ahora una guerra que repercute en la economía de los demás países”, indicó la economista y reiteró que “el problema del endeudamiento es un tema que atraviesa la economía mundial” y ponderó el proyecto porque “dará herramientas para buscar el dinero fugado, que se blanquee”, y opinó que se “debería buscar todos los incentivos para que el dinero no se siga fugando”.

Agustín Domingo, sobre la Ley de Alquileres: “Estamos dialogando para lograr un dictamen de consenso”

En una entrevista con parlamentario.com el diputado del bloque Juntos Somos Rio Negro también opinó sobre el Consejo de la Magistratura y expresó malestar: “Las divisiones de los bloques mayoritarios perjudican siempre a los bloques minoritarios”.

En una semana cargada de actividad parlamentaria, parlamentario.com dialogó con el diputado nacional Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) e integrante del bloque Provincias Unidas, quien se refirió al debate por la Ley de Alquileres: “Estamos dialogando con diputados de otros bloques para lograr un dictamen de consenso”. Por otro lado, expresó su postura respecto al conflicto por el Consejo de la Magistratura y la ruptura en dos del bloque FdT en el Senado: “Las divisiones de los bloques mayoritarios en ambas cámaras perjudican siempre a los bloques minoritarios como el nuestro que quedan sin representación”. También opinó sobre el proyecto kirchnerista para crear un Fondo Nacional para cancelar la deuda con el FMI.

Diputados debatió la Ley de Alquileres y luego de escuchar las diferentes voces de más de 100 expositores invitados, Domingo adelantó: “No apoyamos la derogación total porque hay aspectos de la Ley 27.551 que fueron positivos y tampoco creemos que una mayor intervención del estado sea una solución, por el contrario, agravaría aún más la situación”.

“Nosotros proponemos volver al plazo de 2 años y dejar librado a la autonomía de las partes la determinación del precio y de los eventuales ajustes durante la duración del contrato. También proponemos medidas para incentivar la formalización de los contratos que apuntan a simplificar y reducir la carga tributaria de los propietarios monotributistas”, explicó respecto al proyecto presentado por su bloque.

En ese sentido y previo a obtener dictamen, Domingo manifestó: “Estamos dialogando con diputados de otros bloques que presentaron proyectos para lograr un dictamen de consenso. Somos optimistas en lograr un acuerdo que pueda mejorar el texto de la ley y corregir los aspectos que contribuyeron a retraer la oferta de unidades en alquiler.

Cabe recordar que, durante las exposiciones con invitados, desde el sector de martilleros y corredores inmobiliarios coincidieron en que “ninguna modificación va a terminar solucionando el problema de los alquileres mientras haya tanta inflación, y estuvieron de acuerdo con la modificación de la ley, puntualmente en bajar de tres a dos años los contratos y que las actualizaciones sean de forma semestral. Mientras que los representantes de asociaciones de inquilinos respaldaron la Ley de Alquileres, pidieron que los contratos continúen siendo de tres años porque “sí da previsibilidad” y que las actualizaciones sean cada un año.

Consultado por la situación en torno al Consejo de la Magistratura y al proyecto del Ejecutivo que obtuvo media sanción en el Senado, pero que no llegó a ser debatido en tiempo y forma en Diputados, mencionó: “Nosotros presentamos desde el bloque de JSRN de Diputados el mismo proyecto que presento el senador Alberto Weretilneck en el Senado y que sirvió para introducir cambios al proyecto del oficialismo que le darán una perspectiva más federal al Consejo de la Magistratura, con abogados y magistrados elegidos por regiones”, remarcó: “Desde Diputados vamos a defender esos cambios”.

Sobre la jugada que hizo el bloque Frente de Todos de partir el espacio en dos para quedarse con un lugar en el Consejo, Domingo apuntó: “Las divisiones de los bloques mayoritarios en ambas cámaras perjudican siempre a los bloques minoritarios como el nuestro que quedan sin representación. Es una maniobra que se repite a ambos lados de la grieta”.

Por último, como exministro de economía de su provincia, sobre el proyecto oficialista que propone crear un Fondo Nacional para cancelar la deuda con el FMI con bienes no declarados en el exterior, expresó: “No creo que pagarle al fondo sea una prioridad en este momento cuando el primer vencimiento es dentro de 4 años”, y remarcó que “deberíamos orientar todo el esfuerzo del Estado a recomponer la macroeconomía para volver a los mercados voluntarios de deuda, y poder atender todos los vencimientos de nuestra deuda (no solo la del FMI) a tasas razonables”.

El Senado sesionará para convertir en ley el acuerdo con el FMI

El interbloque de JxC habilitó los dos tercios y el proyecto será tratado sobre tablas este jueves a partir de las 14 en el recinto de la Cámara alta. Se descuenta una aprobación por amplio margen.

recinto senado sesion preparatoria 24 febrero 2022

La Cámara alta, presidida por Cristina Fernández de Kirchner, sesionará este jueves a partir de las 14 para darle tratamiento al proyecto de ley que permite al Ejecutivo refinanciar la deuda existente con el Fondo Monetario Internacional, que viene con media sanción de Diputados y se descuenta una aprobación por amplio margen.

Este martes el jefe del bloque de FdT en el Senado, el formoseño José Mayans, tras la reunión de la Comisión de Presupuesto adelantó que sesionarían este jueves para tratar de convertir en ley en tiempo y forma el acuerdo, de modo tal de cumplir con ese trámite antes del martes 22, fecha de nuestro próximo vencimiento.

Por la noche de ese mismo día la presidencia de la Cámara alta dio a conocer el decreto en donde oficializaba la convocatoria a sesionar, aunque restaba la postura de la bancada opositora de habilitar o no los dos tercios para que el proyecto sea tratado sobre tablas. Dicha decisión fue comunicada este miércoles tras una reunión que mantuvo el interbloque de JxC.

Mayans, había asegurado en declaraciones radiales que el bloque opositor tenía “absoluta predisposición” de hacerlo y no tener que esperar que trascurran siete días desde la firma del dictamen para darle tratamiento al proyecto en el recinto, tal como establece el reglamento de la Cámara de Senadores.

Al igual que ocurrió en Diputados, dentro del propio Frente de Todos se estima que un grupo de senadores no acompañe el proyecto oficial, en contra del acuerdo con el FMI, pero se acordó “respetar la decisión de cada senador”, pues los cálculos estiman que igualmente la ley saldrá con apoyo mayoritario.

El análisis en el Senado

El tratamiento del Programa de Facilidades Extendidas a efectos de refinanciar la deuda existente con el Fondo Monetario Internacional fue exprés, ya que comenzó este lunes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Ricardo Guerra, con la presencia en el Salón Azul del ministro de Economía, Martín Guzmán; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del BCRA, Miguel Pesce; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, entre otros funcionarios, quienes estuvieron respondiendo preguntas de los senadores.

Ya para el martes no se programó una reunión con invitados de otros sectores, pues se consideró que ese debate se saldó en Diputados, y se procedió a emitir dictamen por unanimidad. Solo dos senadoras del oficialismo firmaron en disidencia, que probablemente no apoyarían el proyecto en el recinto: la bonaerense Juliana Di Tullio y la santacruceña Ana María Ianni.

El proyecto

En la madrugada del viernes pasado, la Cámara baja dio media sanción a la iniciativa por 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones.

A instancias de la oposición, el oficialismo debió retirar del proyecto el artículo que hacía referencia al programa económico de Guzmán y solo habilitar la autorización al Poder Ejecutivo para que refinancie la deuda.

Así, el proyecto quedó compuesto por tres artículos, estableciendo en el 1ro. que se apruebe “de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75, inciso 7, de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2° de la ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el ‘Programa de Facilidades Extendidas’ a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del Acuerdo Stand By celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario”.

Y agrega que “el Poder Ejecutivo nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”.

Para Ledesma deben “repensar y reforzar los ejes de la campaña” para las próximas elecciones

El candidato del FdT aseguró que la derrota en las PASO les “llamó la atención”, por lo que “deben analizar el contexto de gestión”, pero el “el ojo debe estar puesto en el bolsillo de la gente no por una cuestión electoral, sino para mejorarle un poco la vida a la gente”.

El candidato a diputado nacional Tomás Ledesma por el Frente de Todos por Entre Ríos, hizo referencia al resultado de las últimas elecciones PASO, en donde las urnas marcaron la derrota por 22 puntos frente a Juntos por Entre Ríos, de lo cual sostuvo “nos llamó la atención, nos manda a poner el oído para escuchar”, y habló del desafío rumbo a las próximas elecciones el 14 de noviembre en donde el foco “debe estar puesto en el bolsillo de la gente”.

Fue un resultado electoral que nos llama la atención, que nos manda a poner el oído, a escuchar”, manifestó el referente oficialista en diálogo por la 100.3 y agregó: “Nosotros somos peronistas y partimos de un precepto de que ‘el pueblo nunca se equivoca’ y sobre eso estamos trabajando de cara a la gente y hubo importantes cambios en el Gabinete, una batería de medidas que muestran que pusimos los oídos en las urnas. Esperemos que de cara a noviembre la realidad sea otra”.

En este sentido, contó que “el gobernador nos transmitió a nosotros que hará cambios a fines de año en áreas que él considere que hay que hacer”, y destacó que tuvieron diferentes charlas en el marco del proceso electoral para “redireccionar el rumbo en términos de la campaña y de mejorar la sintonía fina en espacios de la gestión y aportar al proceso que marco el rumbo del Gobierno Nacional”.

“Hicimos una lectura respecto a los resultados en la provincia, pero necesitamos repensar muchas cosas. También en lo territorial de los candidatos e intendentes tienen que reforzar los ejes de la campaña, pero fundamentalmente, al ser parte de un Gobierno Nacional, nos llama a repensar y analizar el contexto de la gestión”, ratificó Ledesma.

A su vez, cuestionó: “La realidad es que vivimos 4 años en la Argentina en donde en cada día nos despertábamos y estábamos viviendo un poco peor, nos tocó agarrar un país partido al medio y a los tres meses nos toco atravesar una pandemia que profundizo un montón de problemas”, aunque resaltó que “podemos tener la tranquilidad de que le garantizamos a cada argentino una cama de terapia intensiva y un respirador artificial”.

“Después tomamos un montón de medidas económicas para ayudar a los sectores más golpeados, pero no alcanzó. En un contexto donde muchas personas están buscando trabajo, donde muchos jóvenes quieren irse a estudiar, esperamos aún el impacto en el bolsillo de la gente un montón de números en lo macroeconómico y creo que la gente volcó su descontento”, señaló el candidato del FdT.

Por otro lado, precisó que “durante la pandemia hemos mantenido las obras públicas, tenemos el nivel más alto de obras públicas en la historia en Entre Ríos, tenemos inversiones”, pero subrayó que “el ojo debe estar puesto en el bolsillo de la gente no por una cuestión electoral, sino que todos los que nos sentamos a hacer política creyendo en mejorarle un poco la vida a la gente, lo que más nos interpele es eso, que la gente tenga inflados los bolsillos que llegue tranquila a fin de mes”.

“Una de las discusiones que vienen es en el marco de la unidad, en términos de estrategia electoral el futuro no tiene que estar marcado por internas, ellos estuvieron marcados por internas que les dio dinamismo”, expresó el candidato entrerriano.

En esta línea, aseguró: “Nosotros estas elecciones fue medir nuestra propia lista. En noviembre vamos a ver un panorama más real de dónde estamos. En Entre Ríos sumaron casi 12 mil votos y nosotros perdimos casi 150 mil votos en esa lógica tenemos que tener un proceso de reconquista”.

“Estamos analizando y viendo en lugares donde hicimos grandes elecciones hemos ganado, pero tuvimos menos participación. La realidad es que el contexto nacional también nos afectó a todos de forma pareja y ellos nos estaban esperando y no tuvieron el cara a cara. Ahora vamos a poder estar presentes, hacer recorridas, estar con la gente, con el ciudadano”, precisó Ledesma.

Por último, criticó a la oposición porque durante la campaña “estos tipos no les importaba nada, no respetaban ni un solo protocolo, iban y se acercaban. En plena pandemia organizaron marchas en contra sin barbijo”, y comparó “no tienen la conciencia que tuvimos nosotros”.

“Estamos planificando una agenda por los barrios de Paraná con un cara a cara, a través de la sinceridad de la mirada le vamos a poder transmitir que estamos tratando de cambiar las cosas, las videollamadas ya no sirven para transmitir la misma sensibilidad que en el mano a mano”, detalló Ledesma.

Pablo Cervi: “En Zapala no se enteraron de los beneficios de Vaca Muerta”

A eso se refirió el dirigente de Juntos por el Cambio luego de visitar la ciudad neuquina en donde “todo sigue igual” y propone con su candidatura un país donde “progresemos todos”.

El precandidato a diputado nacional Pablo Cervi de Juntos por el Cambio en la provincia de Neuquén habló con los vecinos de Zapala en donde observó que allí “no se enteraron de los beneficios de Vaca Muerta porque todo sigue igual”, ante lo que manifestó que tienen “un proyecto nacional desde Neuquén” cuyo objetivo es “construir una Argentina distinta”.

En Zapala no se enteraron de los beneficios de Vaca Muerta, porque no derrama nada, todo sigue igual y es cada vez más grande la desigualdad con la zona de la Confluencia”, resaltó el dirigente por Cambia Neuquén, motivo por el cual destacó que deben ser parte de “un proyecto nacional” desde dicha provincia para “construir una Argentina distinta, donde se genere un entorno de país productivo”.

Cervi agregó que estarán “del lado del laburante, del que quiera progresar con su esfuerzo” porque “es la forma de que Argentina avance y salga adelante” por lo que afirmó que “la dirigencia debe pensar en la generación de empleo genuino, sobre todo para los jóvenes en localidades como Zapala, porque hoy vemos que del desarrollo que tuvo Vaca Muerta, acá no se enteraron. No ha derramado nada. 

En referencia a lo que se pone en juego en estas elecciones, el precandidato a diputado nacional describió que “hoy existen dos modelos de país en debate. Y somos nosotros los que debemos decidir si queremos más populismo, que representa pobreza y estancamiento, como en Venezuela o Cuba, o si queremos tener un país en donde progresemos todos, y donde al que trabaja le pueda ir bien. Donde el estudiante sea premiado. Hoy lamentablemente, con las personas que uno habla, dicen por lo bajo que hay que ser amigo del puntero o sindicalista para conseguir un laburo”.

El dirigente neuquino insistió con que “para que eso cambie, tenemos que recuperar los valores de la República, sobre todo la división de poderes. Para que realmente seamos todos iguales ante la ley. Hoy se están llevando puesta a la República, porque quieren avanzar sobre la justicia y se está gobernando por decreto aprovechando la pandemia”.

Por último, reiteró su pertenencia a la coalición de JxC, junto a Alfredo Cornejo, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y Patricia Bullrich, entre otros dirigentes que le brindaron su respaldo.

Correo Argentino se encargará de la transmisión y entrega de telegramas para las elecciones

Dicha disposición fue adjudicada por el Ministerio del Interior y publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior, que conduce Eduardo “Wado” de Pedro, le concedió a la empresa Correo Argentina la prestación del diseño, planificación, desarrollo y operación del servicio de recolección, digitalización, transmisión y entrega de telegramas de mesa de cara las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las elecciones generales, que se realizarán el 12 de septiembre y el 14 de noviembre, respectivamente.

A través de la disposición administrativa 783/2021 publicada este viernes en el Boletín Oficial y en conformidad con lo establecido en el artículo 105 del Código Nacional Electoral, Ley N° 19.945 (T.O. Decreto N° 2135/83) y sus modificatorias, establece que “el Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima tiene a su cargo la recolección y transmisión de los telegramas con los resultados de mesa”.

A su vez, el Gobierno Nacional aprobó la oferta presentada por la empresa para la contratación del servicio la cual y, con el visto bueno de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, tendrá una erogación de $2.496.214.487 que serán solventados a través del presupuesto del Ministerio del Interior.

Asseff: “Apoyaremos la ley de etiquetado frontal mientras no afecte a la producción ni exportación”

El legislador Pro dio el visto bueno a la ley de etiqueta frontal porque eso ayudará a “concientizar sobre la buena nutrición”.

El diputado nacional Alberto Asseff (que forma parte del interbloque de JxC) mantuvo un encuentro virtual con la Fundación InterAmericana del Corazón (FIC) y acordaron que “hay que concientizar sobre la buena nutrición” por lo que “la advertencia del etiquetado ayudará” y si ello no interfiere en la “producción y exportación de alimentos” será apoyada por la coalición opositora.

Respecto de la videoconferencia que mantuvo el dirigente macrista y presidente del partido UNIR con la institución sin fines de lucro, que se ocupa de las enfermedades cardiovasculares, expresó: “En la medida de que la ley de etiquetado frontal no afecte a la producción ni la exportación de alimentos la apoyaremos”.

A su vez, tanto el diputado nacional como los integrantes de la Fundación coincidieron “en vincular los problemas cardiovasculares con la mala nutrición que deriva del consumo de alimentos que tienen márgenes más allá de lo aconsejable de azúcares y sodio”.

“Todo exceso es pernicioso, pero aclaramos que no demonízanos ni al azúcar ni al sodio. Lo que sostenemos es que hay que concientizar sobre la buena nutrición y la advertencia del etiquetado ayudará”, manifestaron las autoridades de la institución y ejemplificaron con la experiencia de Chile que “es un país de economía abierta donde el etiquetado no ha perjudicado la producción alimenticia”. 

Desde la Fundación InterAmericana del Corazón, indicaron que es necesaria en el país la ley de etiquetado frontal porque advierte sobre la constitución de los alimentos que se consumen. 

Al finalizar la reunión, Asseff y los referentes de la institución estuvieron de acuerdo en que “la ley de etiquetado frontal no afecta a la industria nacional alimenticia ni a la capacidad competitiva en el mercado interno ni en el externo” y, por el contrario, destacaron que “favorece la salud pública, la buena nutrición. Se evitan enormes sobrecostos, tanto en materia de asistencia a la salud, como también en la actividad laboral y económica porque las enfermedades relacionadas al corazón generan internaciones o tratamientos crónicos que producen la disminución de la capacidad laboral o literalmente la necesidad de una licencia en el trabajo, redundando en un grave perjuicio tanto para las personas, como para el mundo de la actividad económica”.

“Argentina dejó de ser elegible para los propios ciudadanos”

Así lo expresó la diputada nacional Carla Carrizo al analizar que los jóvenes y adultos tengan como objetivo “irse” del país.

La diputada nacional Carla Carrizo advirtió sobre “un deterioro democrático tan profundo” que conspira contra el deseo de muchos argentinos de quedarse en el país, aunque aclaró que ello “no es sinónimo de Venezuela por un montón de razones”.

En declaraciones a través de Radio Ciudad por la AM 1110 la vicepresidenta del bloque UCR expresó: “Hay un deterioro democrático tan profundo en la Argentina de instituciones, de hábitat, de bienestar que no es verdad que se quieran ir los jóvenes: se quieren ir los jóvenes, los adultos y las personas mayores”, por lo que “dejó de ser elegible por los propios ciudadanos”.

“Hay un agotamiento. No estamos viviendo bien porque la democracia es un hábitat. Es un modo de vivir de tranquilidad, de disfrutar y todo eso se ha perdido. Entonces necesitamos recuperar ese país. Hay un deterioro democrático tan profundo en la Argentina que dejó de ser elegible por los propios ciudadanos”, ratificó la legisladora.

Carrizo remarcó que “hay un componente autoritario en el partido de gobierno, en el Frente de Todos, pero no es sinónimo de Venezuela. Argentina no es Venezuela por un montón de razones”.

“Hay que bajar los decibeles, liderar un proyecto que construya sensatez, bienestar y cuidado. Estamos a diez diputados de que el Frente de Todos tenga mayoría propia en la Cámara de Diputados. Necesitamos minimizar la capacidad de daño de un oficialismo que se piensa a sí mismo, y al mismo tiempo liderar un proyecto en la Argentina que dure, que puede generar un ciclo de bienestar, de desarrollo, sensatez y confianza que es lo que todos necesitamos”, razonó la diputada nacional.

Tolosa Paz: “Acompañaremos desde el Congreso para consolidar el rumbo de recuperación”

La precandidata oficialista habló de la necesidad de “reafirmar el camino del crecimiento con redistribución” al trazar el post pandemia.

victoria tolosa paz

La precandidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos- Provincia de Buenos Aires) sostuvo que el país “necesita diputados y diputadas capaces de dar un debate en el Congreso” con el propósito de encontrar una salida de la pandemia y apuntó contra JxC porque “cuando gobiernan llevan a la práctica políticas opuestas a las que prometen en campaña”.

En declaraciones en el programa “Ahora Dicen” de FM FutuRöck, la dirigente oficialista aseguró que “para reafirmar el camino del crecimiento con redistribución necesitamos apoyar al presidente”, motivo por el cual aseguró que “los diputados y diputadas acompañaremos desde el Congreso para consolidar el rumbo de recuperación”.

“Argentina necesita diputadas y diputados capaces de dar un debate en el Congreso sobre cómo salimos de esta pandemia en el marco de políticas de desarrollo y la capacidad productiva de nuestro pueblo”, resaltó la titular del Consejo Nacional de Políticas Sociales.

Por último, la dirigente K se diferenció del bloque opositor al sostener que “expresan un mismo proyecto de país” porque “la Alianza Cambiemos en campaña nos cuenta cualquier cosa, pero cuando gobiernan llevan a la práctica políticas diametralmente opuestas a las que prometen”.