Contra todos los pronósticos, el gobierno mejoró su posición parlamentaria y quedó frente a una prueba decisiva: transformar el capital político en leyes concretas. Reforma laboral, Presupuesto e inflación marcan un verano de alto riesgo, con números ajustados en el Senado, protestas en la calle y una economía que vuelve a tensionar la promesa presidencial de resultados rápidos.
Aliviado por el rotundo éxito electoral alcanzado el 26 de octubre, el presidente Javier Milei disfruta de esos efectos que le permiten matizar resultados incompletos de su política, pero ahora se enfrenta a la necesidad de conseguir los objetivos que se supone deberían estar ahora sí a su alcance tras la relación de fuerzas revertida en el Congreso.
Como hemos dicho, el propio presidente se había planteado un techo bien bajo cuando en la semana previa a los comicios anticipó su conformidad con alcanzar el tercio necesario para sostener los vetos. Un límite demasiado escueto para cualquier oficialismo, pero insuficiente para alcanzar las reformas prometidas por Javier Milei. El éxito electoral fue contundente, pero como ya habíamos anticipado no alcanzaría para que La Libertad Avanza siquiera llegara a ostentar la condición de primera minoría.
Cosa que logró finalmente cuando el oficialismo decidió abrir los grifos y habilitar el desarme completo del bloque Pro, que a partir de ello se disolvió en un 50 por ciento. De manera inversa, La Libertad Avanza vio crecer su número en la Cámara de Diputados en un 20 por ciento, en tanto que en el Senado el incremento del diminuto bloque oficialista se disparó en un 250 por ciento.
Semejante crecimiento en las dos cámaras llenó de responsabilidades al Gobierno nacional, que es por ello que ahora afronta la responsabilidad de emprender las reformas prometidas no solo durante la campaña, sino en lo que va de la gestión. La convocatoria a extraordinarias dejó claro que las prioridades oficiales son la modernización laboral, la reforma del Código Penal y aprobar, ahora sí, un presupuesto nacional -no porque lo desee íntimamente, sino porque se lo exigen las circunstancias y los organismos internacionales que apoyan a esta gestión-. Tres de las seis leyes pedidas al Congreso para este verano -las restantes tienen también su valor, pero no son determinantes-.
El verano es largo, y a priori la exigencia principal era de carácter formal y estaba representada por el Presupuesto 2026. Innecesariamente figuras oficiales se sumaron autoexigencias. Fundamentalmente la reforma laboral, que sorpresivamente se propusieron aprobar en el Senado antes de terminar el año, cuando todo indicaba que ese proyecto quedaría para debatir durante el resto del verano, y terminar de paso el año sin protestas masivas en las calles. Recordemos siempre que un espejo en el que se mira esta administración está en Cambiemos: el gobierno de Mauricio Macri ganó en 2017 por un porcentaje similar al de Milei y parte de su buen aura se consumió en las protestas contra la reforma previsional -recordar las 14 toneladas de piedras-. Ahora la CGT ha convocado a una movilización para el jueves 18, que esperan supere las 150 mil personas. La marcha contará con el respaldo de las otras centrales sindicales, gremios combativos y la izquierda.
Con aires de autosuficiencia, Patricia Bullrich quiere estrenar su traje de jefa del bloque oficialista del Senado aprobando la reforma laboral antes de fin de año. El proyecto no tiene medias tintas; es por demás ambicioso. La iniciativa tiene componentes que son parte de la prédica de la exministra de Seguridad, como las medidas antibloqueo, sin olvidar que desde hace un cuarto de siglo mantiene una contienda personal con los popes sindicales.
Por eso ella será protagonista principal de este debate y en tal sentido será quien encabeces la Comisión de Trabajo y Previsión Social donde se debatirá el tema. Patricia Bullrich quería arrancar con el tratamiento del proyecto de modernización laboral al día siguiente de la apertura de extraordinarias, cosa que no pudo porque el proyecto todavía no había sido mandado aún al Congreso. El argumento oficial fue que el presidente Milei tenía que firmarlo, de ahí la demora en presentarlo; pero todo el mundo interpretó que había artículos que querían resolver antes de que el proyecto saliera a la luz. La verdad es que para estos casos no corre la firma digital, y el presidente debía estar en el país para rubricar el texto, tal cual establece el artículo 88° de la Constitución; de lo contrario debería haberlo suscripto Victoria Villarruel -impensable-, o sino el presidente provisional Bartolomé Abdala, quien el lunes a la noche quedó a cargo del Poder Ejecutivo por estar la vice en España.
El viaje a Noruega, para participar de la premiación de Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz, le terminó jugando en contra a Milei, que emprendió su viaje de vuelta sin ver a la líder venezolana que terminó llegando más tarde. Lo que llevó al siempre muy crítico ex diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez a postear: “Nunca antes un presidente argentino había completado casi 25.000 kms. -entre ida y vuelta- para pasar una noche fuera del país, sin agenda”.
Con los tiempos muy acotados, el oficialismo intentará esta semana emitir dictamen del proyecto de modernización laboral y tratar de llevarlo al recinto entre el 29 y 30 de diciembre. Debería convertir en ley en esas mismas fechas el Presupuesto 2026. Más allá de la agenda, La Libertad Avanza deberá asegurarse para entonces al menos 37 votos que deberán salir de los 21 senadores propios, 3 del Pro y 10 radicales que imaginan votando a favor, en tanto que los tres restantes deberían salir de la chubutense Edith Terenzi; los 2 de Unidad Federal; la senadora neuquina; la tucumana Beatriz Ávila, y los 2 misioneros de Carlos Rovira. No le será sencillo al oficialismo conseguir 3 de esos 7 votos sobre un tema tan controversial. Esto es, que el peronismo haya perdido su poder de fuego en el Senado, no es señal de que La Libertad Avanza tenga allí aseguradas las leyes. Hay en el Senado un escenario tan ajustado como decisivo para el Gobierno, que no puede perder esa votación.
La inflación indoblegable
Hablábamos al principio de la necesidad oficial de matizar resultados incompletos de su política, en el inicio de un camino hacia las presidenciales. Será una cuenta regresiva para la paciencia de un electorado que le dio al Gobierno un crédito amplio hace un mes y medio, a la espera de más resultados que explicaciones. Y el jueves llegó con un dato negativo en ese sentido.
No por esperado, el número revelado por el INDEC dejó de encender luces de alarma en el Gobierno, que sabe que el freno a la inflación es su mayor activo, pero esa política muestra en el último trimestre una carrera ascendente que tampoco se frenará en diciembre: septiembre 2,1%; octubre 2,3%; noviembre 2,5%. Según estiman los economistas, recién en enero podría volver a haber una inflación que inicie con uno.
Noviembre volvió a mostrar señales de aceleración, impulsado por un aumento fuerte de las bebidas no alcohólicas y un impacto significativo del aumento de la carne. El economista y director de Analytica, Claudio Caprarulo, analiza que el desempeño general aún se compara relativamente bien con el año pasado: “Si vemos la foto de este año y la del anterior, sigue siendo un buen registro porque hubo un 100% anual. El gran interrogante es cómo se va a sostener en 2026”.
Para este economista, el frente cambiario sigue siendo el principal foco de incertidumbre: “Lo que no está resuelto es el tema de la oferta y la demanda de dólares, y uno de los objetivos del Gobierno es mostrar buenos datos inflacionarios”.
Sobre todo teniendo en cuenta que el propio presidente se ha comprometido a alcanzar “inflación cero” en el mes de agosto. A la luz de los hechos, un objetivo demasiado ambicioso, que tensiona la narrativa oficial y anticipa un 2026 donde la economía será juez y parte, y en el que al paciencia social puede ser tan volátil como los precios.
La digitalización financiera dejó de ser terreno exclusivo de los jóvenes. Según el relevamiento de Taquion, el ecosistema de billeteras y pagos electrónicos está ampliamente incorporado entre los argentinos de 50 años o más. Entre quienes ya están jubilados, el cambio se evidencia en un dato contundente: el 44% nunca o casi nunca utiliza efectivo […]
La digitalización financiera dejó de ser terreno exclusivo de los jóvenes. Según el relevamiento de Taquion, el ecosistema de billeteras y pagos electrónicos está ampliamente incorporado entre los argentinos de 50 años o más. Entre quienes ya están jubilados, el cambio se evidencia en un dato contundente: el 44% nunca o casi nunca utiliza efectivo para sus gastos habituales —supermercado, farmacia, servicios— y prefiere pagar con tarjeta o con el celular..
Ese comportamiento conecta con la forma en que administran y cobran sus haberes. El 77% accede a su dinero mediante tarjeta de débito u home banking, mientras que solo el 26% retira en cajeros automáticos y el 6% pasa por ventanilla.
En cuanto a las entidades, el Banco Nación concentra el 20% de los cobros, seguido por el Banco Provincia (17%), Macro (10%), BBVA (8%), Santander y Galicia (7% cada uno), Piano (5%) y Bancor (4%), con el resto de bancos por debajo del 3%.
El trabajo realizado del 14 al 24 de octubre de 2025, con 1.237 casos efectivos y un error muestral de ±2,7%, establece que la elección no siempre es voluntaria: el 34% declara que fue el banco que le asignaron, el 33% “ya cobraba ahí antes”, el 22% valora la cercanía, el 13% la atención y el 10% beneficios para jubilados; entre quienes fueron asignados, el 61% estaría dispuesto a migrar el cobro a una billetera virtual.
Aunque el sistema funciona sin grandes tropiezos, la mitad de los consultados cree que hay aspectos por mejorar: la atención al cliente (16%), la flexibilidad de las fechas de cobro (14%), la disponibilidad del dinero (10%), la posibilidad de operar sin depender de horarios bancarios (8%) y la seguridad del dinero (8%). De todos modos, 79% dice no tener inconvenientes o limitaciones y 50% “no le cambiaría nada”.
La experiencia presencial también se diluye: 43% no recuerda la última vez que fue al banco y 64% afirma que los horarios bancarios se adaptan “perfectamente” a su rutina; los episodios negativos más mencionados son el cajero sin dinero (10%), problemas no resueltos en la sucursal (7%) y filas de varias horas (4%).
En paralelo, las billeteras virtuales ganaron una posición central. El 85% de los encuestados las usó alguna vez (77% entre jubilados), y 9 de cada 10 se sienten cómodos usando tecnología en general; de hecho, 8 de cada 10 realizan gestiones financieras desde el celular por su cuenta. La relación con las billeteras se describe así: 39% las usa diariamente, 34% con frecuencia, 12% las utilizó para una situación particular y 12% las conoce pero no las usa; solo el 4% no las conoce ni sabe cómo funcionan.
Entre marcas, Mercado Pago lidera con 76%, seguida por Cuenta DNI (35%), Modo (32%), Naranja X (23%), BNA+ (21%), YPF App (16%), Personal Pay (12%), Ualá (9%), Claro Pay (6%), Brubank (3%), Buepp (3%) y Prex (3%).

¿Para qué se usan? Principalmente para operaciones cotidianas: transferencias (43%) y pagos en comercios presenciales (41%), además de compras por internet (31%), generación de rendimientos (20%), pagos de servicios (33%), recibir ingresos (19%) y cargar la SUBE o pagar transporte (17%).
Las ventajas más valoradas son poder resolver todo desde el celular (48%), no usar efectivo (40%), mayor seguridad en la calle (38%), disponibilidad en todo momento (38%), evitar ir al banco (37%), acceder a descuentos (33%), pagar servicios con facilidad (30%) y generar rendimientos (30%).
Del lado de las alertas, sobresalen el miedo a fraudes o estafas (52%), la falta de atención presencial (36%), problemas técnicos con el celular (28%), la no aceptación en comercios (20%), retiros de efectivo limitados (15%) y la dificultad para entender su funcionamiento (11%).
En términos de confianza social, el 72% tiene mucha o bastante confianza en la seguridad de las billeteras virtuales y el 65% percibe que “muchos” de sus pares las usan; a la vez, el 90% de los usuarios afirma que sería muy o bastante probable recomendar estas herramientas a otro adulto mayor.
Este clima de aceptación convive con un mensaje de libertad de elección: el 90% está de acuerdo con la frase “Cualquier persona debería poder elegir libremente dónde cobrar su jubilación y administrar su dinero”, mientras que el 60% dice que le da igual dónde cobrar, siempre que el dinero esté seguro, y el 69% declara que le gustaría aprender nuevas tecnologías para usar su dinero.
La disposición a dar un paso más también aparece: 6 de cada 10 encuestados (63%) estaría dispuesto a cobrar la jubilación en una billetera virtual, con mayor adhesión entre quienes aún no se jubilaron.

Entre los que no están dispuestos (37%), los motivos principales son que el banco “les da todo lo que necesitan” (38%), la falta de confianza (21%), la costumbre de usar el banco (19%), la percepción de que las billeteras no ofrecen beneficios específicos para jubilados (10%) y la preferencia por el efectivo (5%).
¿Qué tendría que ofrecer una billetera para convencerlos? Según Taquión, sobre todo garantías de seguridad y seguros contra fraudes (54%), seguido por beneficios y descuentos especiales (40%), asistencia telefónica con una persona real (37%) y la posibilidad de generar rendimientos con el saldo (25%); también pesan el retiro fácil de efectivo (18%), atención presencial (13%), cobrar antes de la fecha (13%) y tutoriales o capacitaciones (13%).
La modernización del sistema de pago de jubilaciones no se percibe como urgente para la mayoría: 27% la considera “definitivamente” necesaria, pero el impulso a modernizar crece al 66% entre quienes aún no están jubilados; al mismo tiempo, entre los mayores de 70 años, un 24% piensa que no es necesario.
En cuanto a inclusión, 79% cree que las billeteras son fáciles de usar para personas de todas las edades, aunque el 34% admite que a veces necesita ayuda; ¿qué soportes imagina la gente? tutoriales con videos online (32%), chat con personas (25%), atención especial para jubilados (25%), capacitaciones presenciales (14%) y hasta chatbots/IA (5%).
El capítulo del financiamiento confirma la preferencia por instrumentos formales y conocidos. Cuando necesitan dinero extra, el 47% se financia con tarjeta de crédito, el 28% recurre a préstamos personales, el 25% usa ahorros y el 11% pide a familiares o amigos; además, el 31% declara que no se financia y siempre paga con lo disponible.
El acceso al crédito está, sobre todo, en los bancos (58%), con menor presencia en billeteras (12%); un 19% dice no tener acceso y un 4% recurre a préstamos informales. Entre quienes pidieron crédito el último año (4 de cada 10), el 66% lo hizo en un banco, el 23% a través de una billetera virtual y el 10% por vía informal.
La idea de microcréditos específicos para jubilados despierta interés: el 84% los considera muy o bastante útiles; si el crédito es pequeño, el primer recurso sería un familiar o amigo (38%), el banco (28%) o la billetera virtual (27%).
Conclusión. La fotografía que devuelve Taquion es la de una transición ya en marcha: los adultos mayores operan con naturalidad en el entorno digital, usan billeteras en su día a día y reducen el efectivo, pero no perciben una urgencia por cambiar el modo de cobro de sus haberes. La clave para acelerar ese movimiento está en blindar la seguridad, ofrecer atención humana efectiva y diseñar beneficios concretos para jubilados. Con esas condiciones, el salto del banco a la billetera no solo es probable: muchos ya lo ven como el paso lógico.
Con Karina Milei como poder político central y Javier Milei concentrado en la economía, el Gobierno terminó de ordenar un Gabinete de lealtades verticales, internas soterradas y figuras que orbitan más por poder real que por cargos formales. Quién es quién en el ejército violeta “punzó” que gobierna la Casa Rosada.
El presidente Javier Milei y su “Jefe” y hermana, Karina Milei, moldearon un gabinete nacional a medida, en el que el jefe de Estado da las directrices económicas y la secretaria general de la Presidencia controla las áreas políticas, y la característica uniforme es que todos componen un ejército violeta “punzó” que responde verticalmente al generalato.
Contra su voluntad, Milei se va interesando cada vez más por las internas en la Casa Rosada (al principio decía que la política lo aburría), Palacio que su hermana decidió esculpir de violeta intenso, con ministros fieles al generalato.
El siempre polémico asesor presidencial Santiago Caputo no integra los papeles formales del Gabinete, pero sobrevuela en cada decisión que se toma, ya sea en las áreas neurálgicas que maneja o trabajos especiales que le encarga Milei, como lo que mejor hace: vender imagen y a veces humo, es decir la propaganda comunicacional.
Los Milei se encuentran con una particularidad respecto al otrora a multi asesor presidencial: políticos, empresarios y sindicalistas -y hasta algunos funcionarios- preguntan por él y dicen sentirse cómodos en la negociación con él, porque “conoce el juego”, a diferencia de otros actores.
Esa es una particularidad que muchos habitantes palaciegos detestan y le envidian a Caputo: su “poder de convencimiento”, tal como lo describieron admirados los anteriores jefes de la CGT cuando se reunieron con la cúpula del Gobierno en el primer verano libertario en la Casa Rosada.
Karina es la que siempre dijo que su hermano sería presidente y la que lo contiene y hace reflexionar, y demostró su fortaleza y templanza cuando en plena crisis por la ANDIS de Diego Spagnuolo rechazó que el jefe de Estado la dejara sin sus dos consejeros confidentes y armadores preferidos un 26 de agosto, cuando el principal habitante de la Casa Rosada le dijo que la suerte de ambos estaba echada.
“El Jefe”, en masculino como le dice Milei, tiene mano de hierro: lanzó por los aires del espacio de La Libertad Avanza a un amigo de su hermano, el por entonces ascendente Ramiro Marra, hoy recluido en un profundo anonimato que solo altera al mostrar su preferencia por las rubias.
Fue la única que se le enfrentó a Santiago Caputo, y a su hermano (cuando le hizo modificar decisiones que el Presidente le había comentado a otros); y fue la armadora que logró engordar exitosamente la Cámara de Diputados y de Senadores a números insospechados (aunque perdió la mayoría de las distritales, salvo CABA, que estruendosamente la catapultó al éxito).
Luis Caputo, el ministro de Economía, es el ejecutor de las políticas de Milei y sus asesores del establishment, y este año levantó su bajo perfil y se sumó a Milei en el hobby de las redes sociales y en algunas diatribas lanzadas hacia los periodistas y algunos opositores.
En su haber tiene dos pedidos de créditos al Fondo Monetario Internacional (uno con Macri y otro en abril pasado con LLA) y también en este gobierno sumó dos corridas cambiarias, en abril y septiembre pasados.
La experonista (luego pasó por otros varios partidos hasta ser candidata presidencial por el Pro/Juntos por el Cambio), Patricia Bullrich, quien se fue al Senado como jefa de bloque de La Libertad Avanza, se ganó el respeto de Milei y Karina (quien al principio no la aceptaba) a base de haber acabado con las manifestaciones callejeras de los piqueteros y de sectores de izquierda.
La ahora senadora mostró mano dura en la calle como hace tiempo no se veía, incluso con algunos excesos contra jubilados, trabajadores del Garrahan, familiares de discapacitados y periodistas, pero esa actitud fue celebrada y estimulada siempre por el jefe de Estado.
Luis Petri, ahora vicepresidente de la Cámara de Diputados y de origen radical, se fue de un plumazo de Juntos por en Cambio (había sido candidato a vicepresidente de Bullrich) y ocupó el Ministerio de Defensa, del que se va tras la adquisición de viejos aviones F-16 que no llegan a las islas Malvinas y una gran polémica en torno a denuncias en la obra social de las fuerzas armadas.
Petri también se ganó el respeto de Milei y los militares (que en masa votaron a LLA en octubre y noviembre de 2023) festejaron su llegada al edificio Libertador, pero el político mendocino no se va desde la misma manera.
Ahora va por la gobernación de Mendoza en 2027, a la que el actual mandatario, Alfredo Cornejo, no podrá aspirar a reelegir, pues lo impide la Constitución provincial, y a los dirigentes que dominaron la era, como el exgobernador y expresidente Julio Cobos, se les pasó el tiempo.
La ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello, es la única que -junto a Luis Caputo- reporta directamente al presidente, quien tiene una especial predilección por la licenciada en Periodismo.
Milei eyectó de la jefatura de Gabinete, sin hesitar, a su amigo Nicolás Posse por Pettovello, cuando la ministra le dijo que su amigo devenido en funcionario la espiaba, y también supo ponerle coto a incursiones del asesor Caputo cuando era el virtual jefe de Gabinete en las sombras, en el inicio de la gestión libertaria.
Pettovello y Karina apenas tienen la relación necesaria por sus cargos, ya que ninguna simpatiza de la otra, pero tampoco se agreden, y la licenciada en Periodismo ejerce el poder también con mano firme y estilo militar vertical.
Mariano Cúneo Libarona, famoso antaño por defender a polémicos personajes, había vaciado su despacho para volver a su estudio jurídico, pero la posibilidad de que su segundo, Sebastián Armerio, quedase como nuevo ministro, alertó a Karina y desalentó al veterano abogado a volverse a casa.
Mario Lugones, el ministro de Salud, también está en ese cargo por Santiago Caputo, y la maquinaria propagandística y comunicacional del Gobierno ha logrado que por ahora salga indemne del escándalo del fentanilo mortal y la floja intervención de la ANMAT.
Pablo Quirno (exmano derecha de Luis Caputo) asumió horas antes de la elección legislativa del 26 de octubre y su meta es acompañar la política de alineamiento a rajatabla con los Estados Unidos e Israel, cueste lo que cueste.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es uno de los principales autores de la Ley de Bases, sancionada a mitad del 2024 y con la que el Gobierno desreguló gran parte de la economía y otras áreas vitales en una sociedad como salud y educación.
Sturzenegger, con intervención cuestionada en el megacanje del exministro de Economía Domingo Cavallo, había estudiado esas desregulaciones para Bullrich cuando era precandidata presidencial por el Pro.
Milei lo llama “El Coloso”, por el respeto intelectual que le tiene, y su arribo al Gabinete nacional puso en guardia a su par de Economía, por la vieja rivalidad que siempre tuvieron, especialmente cuando integraban el Gobierno de Mauricio Macri.
Por último, hace pocas semanas ingresó al ejido libertario “punzó” el amarillo violáceo Diego Santilli, un peronista que se integró en su etapa naciente al Pro de Macri, del que últimamente se había distanciado.
Santilli fue una de las principales espadas del Pro que se tiñeron este año de violeta e impulsaron contra viento y marea -y Macri- el ingreso amarillo a una alianza incondicional con hegemonía de La Libertad Avanza.
Casualidad del destino, saltó al primer puesto como candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires cuando Milei barrió a José Luis Espert, y ganó la elección y quedó en la foto libertaria como uno de los postulantes top triunfales.
Le dieron un sillón caliente pletórico de reclamos de gobernadores y apenas una caja chica para viáticos, por lo que su trabajo para agrandar los bloques partidarios en el Congreso y en obtener votos para poder sancionar (con los votos libertarios no se llega) el presupuesto y las leyes laboral y tributaria cuenta con la ayuda de Karina y su equipo de consejeros, y de Luis Caputo.
El ex vocero presidencial Manuel Adorni saltó a la Jefatura de Gabinete, por decisión de Karina, para que sea sus ojos y oídos respecto a los ministros díscolos.
Adorni sigue siendo el vocero principal del Gobierno, en apariciones puntuales y esporádicas, ya que no hay más conferencias de prensa diarias, como al inicio de la administración de La Libertad Avanza.
Su ingreso al nuevo cargo causó cortocircuitos con algunos ministros, ya que filtró a la prensa que haría reuniones de Gabinete de seguimiento periódicas, sin Milei, y también auditorías, desliz que le causó una reprimenda de su jefa Karina Milei.
No es el jefe de Gabinete con las atribuciones que le da la Constitución de 1994, y además en los pasillos de la Casa Rosada lo denominan “figureti”, por el personaje televisivo que en su afán de sobresalir hace algunas apariciones en las redes con frases sin sentido y fotografías con funcionarios como si se dedicara al espectáculo y no a la función pública.
Milei no es el mismo que se sentó en la poltrona de Rivadavia el 10 de diciembre de 2023: el que prometía dolarización y el cierre del Banco Central, ni el que renegaba de Cristina Fernández de Kirchner, o que promete inflación cero para agosto del año próximo.
Va por la venganza contra la oposición en el Congreso, que según él le quiso dar un “golpe institucional” este año, y por frenar el ingreso a pie juntillas de China al país, para teñir y cincelar sus decisiones con los colores de la bandera de los Estados Unidos.
Ahora también Milei y Cristina se aprestan a negociar los nuevos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En una nueva edición del tradicional premio a los legisladores, se conocieron los nombres de los diputados y senadores más votados este año en la Legislatura provincial.
El senador Marcelo Feliú y la diputada Ayelén Rasquetti, piezas claves dentro de las bancadas oficialistas de UP, fueron los principales elegidos en la 30º edición de los Premios Parlamentario de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
El senador Feliú, fue escoltado en la Cámara alta por el presidente de la bancada de LLA Carlos Curestis y el jefe del bloque de Unión y Libertad Sergio Vargas; mientras que completan el podio junto la diputada Rasquetti las diputadas platenses del Pro Julieta Quintero Chasman y la diputada de UP Lucía Iañez.
En la edición 30º de los Premios Parlamentario en la provincia de Buenos Aires aparecen con la distinción mayor dos legisladores con trayectos temporales diferentes: el senador posee un largo recorrido en la Legislatura bonaerense; en tanto que la diputada apenas está concluyendo su primer mandato y se dispone a iniciar sus segundos cuatro años.
Ambos legisladores tienen un trabajo político importante: son dos dirigentes escuchados en sus organizaciones políticas y mientras Marcelo Feliú se nos presenta como un pilar técnico legislativo donde parece descansar el bloque oficialista, la diputada Ayelén Rasquetti parece perfilarse como una voz influyente entre los emergentes de “segunda generación” que aparecen en el massismo.
Como se sabe, los Premios Parlamentario, instituidos desde 1994 en la Legislatura bonaerense, se otorgan a partir de una encuesta acotada que se realiza entre los legisladores de ambas cámaras, de la que también participan asesores y periodistas de los diferentes medios que cubren la actividad legislativa provincial. Además, para los lectores de Parlamentario se incorporó la participación de la encuesta bonaerense a través de una casilla de correo electrónico.
Los distinguidos
El senador bahiense Marcelo Feliú fue galardonado con el Premio Parlamentario 2025, un reconocimiento que resalta su compromiso con la actividad parlamentaria.
Abogado y psicólogo de profesión, Feliú ya ha sido distinguido en varias oportunidades por su labor, consolidando su reputación en la Legislatura provincial, otrora como diputado y hoy como senador.
Es que obtuvo el principal Premio Parlamentario en 2010 y 2013 como diputado, y como senador lo hizo en 2022, convirtiéndose así en el único legislador que logra obtener esta distinción como miembro de sendas cámaras.
El senador ha sido y es un promotor de leyes que abordan temas críticos para la comunidad; entre sus numerosas iniciativas, se destacan las vinculadas con el procedimiento de la adopción, que buscan simplificar y garantizar el proceso para quienes desean formar una familia; la ley de protección de los pacientes en situación de agonía; la ley provincial de habeas data; la que regula la promoción de la convivencia y abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas de la provincia; la legislación en torno a la fertilidad asistida; y la protección de la vivienda única familiar, un tema de crucial importancia en un contexto económico desafiante.
Además, más cerca en el tiempo Feliú ha trabajado en la protección de los recién nacidos en situación de vulnerabilidad y la capacitación en RCP de los mayores a cargo, normativa de reciente promulgación. Como así también lo que tiene que ver en dar mayores herramientas a los jueces provinciales para poder actuar ante las consecuencias dañosas de quienes utilizan los medios digitales para dañar a otra persona, en especial a niños, niñas y adolescentes que son víctimas de estas conductas.
En el escenario actual de la Legislatura, Feliú también ocupa la presidencia de la Comisión de Presupuesto del Senado, un cargo que le otorga un papel esencial en la formulación y aprobación de leyes que influyen en la gestión económica de la provincia. Su actuación en esta comisión lo posiciona como una de las voces autorizadas para defender las propuestas del oficialismo en el recinto, lo que lo convierte en un actor clave en la necesaria construcción de consensos.

La otra gran distinguida con el Premio Parlamentario 2025 ,en la Cámara baja, es Ayelén Rasquetti, oriunda de Cañuelas, que registra los inicios de su carrera política en el Frente Renovador. Y por esas cosas del destino resulta ser la primera mujer en obtener el máximo galardón de los Premios Parlamentario en la Cámara de Diputados tras 29 años de existencia.
La actual legisladora fue concejala y luego secretaria de Desarrollo Social, roles desde los cuales consolidó un fuerte vínculo con el territorio y una agenda enfocada en las necesidades cotidianas de las familias.
En 2021 llegó a la Legislatura representando a la tercera sección electoral, convirtiéndose en la primera diputada mujer de Cañuelas y, por extensión, es también la primera legisladora de su ciudad en ser reelecta, marcando un hito en la representación local.
En términos legislativos, se destacó por su activa participación en proyectos vinculados a los derechos de las mujeres, como las iniciativas sobre endometriosis y fibromialgia, que abordan la salud desde una perspectiva de género, al cuidado del ambiente y a la modernización del Estado.
Su enfoque combina perspectiva de género, desarrollo local y sustentabilidad, tres ejes que definieron su identidad parlamentaria y su forma de articular la agenda de su distrito con los debates provinciales.
Uno de los hitos más recientes de su gestión fue la sanción de la ley que recupera y pone en valor el histórico Castillo de Cañuelas, una demanda largamente esperada por la comunidad. Este proyecto permitirá reconvertir ese patrimonio en un espacio accesible para la ciudadanía y se complementa con la creación del Juzgado de Familia, conformando un esquema de justicia de proximidad que beneficiará a toda la región.
A estos avances se suman iniciativas clave como la reducción progresiva de plásticos de un solo uso; el fortalecimiento del acceso a derechos para madres con hijas e hijos a cargo, y el proyecto Artistas por su Nombre, destinado a reconocer la identidad profesional de quienes trabajan en la cultura.

A la par de su producción legislativa, Rasquetti es reconocida por su capacidad de articulación dentro de las comisiones, impulsando consensos y acelerando la elaboración de dictámenes. Un caso emblemático fue su proyecto de ley sobre Bienes Restituidos, que logró reunir firmas de gran parte de los bloques y avanzar con amplio acompañamiento.
También se destaca por acercar la voz de los municipios, especialmente del interior, al debate provincial. Con un perfil joven, cercano y orientado a la gestión, se consolidó como una de las legisladoras de mayor actividad y presencia territorial del bloque oficialista.
El escolta en la Cámara alta, en esta edición de los Premios Parlamentario, es el senador Carlos Curestis, que se perfila para renovar su rol de presidente del bloque de LLA. La bancada libertaria del Senado a partir del recambio legislativo será la segunda minoría en el recinto y principal bloque opositor.
Este galardón llega como reconocimiento a su trabajo en la política, su conducción de la bancada libertaria y su creciente influencia dentro del armado libertario de la provincia con especial atención en la zona sur del conurbano.
Curestis, una figura clave en el ecosistema político de LLA, cuenta con el sólido respaldo de Karina Milei y Sebastián Pareja.
Despachante de aduana de profesión, el libertario de 57 años ingresó a la política empujado por una profunda frustración con lo que él veía como “una máquina de impedir” que representa el Estado. Esta perspectiva lo motivó a dar el salto a la arena política, donde primero se desempeñó como concejal en Esteban Echeverría entre 2015 y 2019.
Más adelante, su convicción lo llevó a sumarse a las filas de LLA, el movimiento de Javier Milei, convencido de que el proyecto de país liderado por el economista y presidente de la Nación podía ser una realidad transformadora para Argentina.
En la Legislatura viene de integrar varias comisiones y de ser una pieza clave para acciones conjuntas de la oposición que terminaron frenando el avance de varios proyectos del oficialismo no reparaban en “los equilibrios económicos de una administración responsable”.

La diputada platense del Pro Julieta Quintero Chasman también se supo ganar un lugar en el podio al obtener el reconocimiento de sus pares y forma parte así de la lista de los más laboriosos del 2024.
Esta diputada por La Plata, actualmente preside la Comisión de Ciencia y Nuevas Tecnologías, desde donde impulsa una agenda moderna, orientada a transformar la gestión pública a través de educación, datos y tecnologías emergentes.
Con una visión joven, práctica y profundamente comprometida con la realidad bonaerense, su trabajo legislativo se estructura sobre dos grandes convicciones: que la educación es el eje del desarrollo humano, y que la tecnología debe ser una herramienta para mejorar la vida cotidiana, no un obstáculo ni un privilegio.
A lo largo de su gestión, ha presentado proyectos que combinan innovación, eficiencia y sensibilidad social, entre ellos, la creación del Régimen de Capacitación Obligatoria en Tecnología para Funcionarios Públicos, el que establece a la educación como servicio esencial y otro que incorpora a la Inteligencia Emocional en la currícula escolar. También impulsó la implementación de Historias Clínicas Digitales, aplicación de tecnología Blockchain y la Despersonalización de Bienes Públicos, eliminando nombres de funcionarios en propiedades del Estado.
Su labor está guiada por una premisa clara: “modernizar sin trabar, innovar sin miedo y legislar para acompañar el cambio, no para frenarlo”, según detalla.
Su enfoque combina rigurosidad técnica, sensibilidad social y una convicción profunda de que la provincia necesita actualizar su cultura política para estar a la altura de los desafíos del presente y futuro.
Julieta Quintero Chasman representa una nueva generación de liderazgo comprometida con construir un gobierno más eficiente, más humano y más conectado con las necesidades reales de los bonaerenses.

El tercer lugar de los Premios Parlamentario 2025 es ocupado por el senador y presidente del bloque dialoguista de Unión y Libertad, Sergio Vargas. El senador es ex oficial de la Armada y abogado especialista en derecho penal, egresado de la Universidad Austral y del Liceo Naval Almirante Brown.
Como legislador, desde la presidencia de la Comisión de Industria, abrió las puertas del Senado para impulsar planes de inversiones e incentivos fiscales para la industria nacional e internacional. En ese sentido, Vargas fue impulsor del Régimen de Grandes Inversiones para atraer la planta de Gas Licuado a la ciudad de Bahía Blanca.
A su vez, como referente en el ámbito de la Justicia, desde la Comisión Asuntos Constitucionales y Acuerdos actuó como vértice entre los distintos bloques político para procurar los más de 400 acuerdos de pliegos de funcionarios judiciales que fueron tratados por la Cámara alta en los últimos tiempos.
En esa línea, Vargas se destacó como miembro del jury que se le realizó a la jueza Julieta Makintach, que intervino en la “causa Maradona”.
En esa instancia, el presidente de bloque opositor institucionalizó la expresión: “Cuando se encienden las cámaras, corre peligro que el ego de un juez apague la justicia”.
A Sergio Vargas lo acompañan en el bloque Carlos Kikuchi y Silvina Ventura, un colectivo que juega un rol central a la hora de conformar las mayorías en el recinto, ya sean oficialistas como opositoras.

A continuación es el turno de la diputada, abogada y docente platense Lucía Iañez. Con una extensa trayectoria en la militancia territorial y la defensa de derechos humanos, se ha consolidado como una figura clave dentro del bloque UP en Cámara de Diputados, y por segunda vez es seleccionada entre las más laboriosas del año.
Electa en 2021 y reelecta en 2025 por la octava sección electoral, Iañez es oriunda del barrio de Tolosa, egresada UNLP, y ha logrado forjar un perfil político con un fuerte anclaje en el peronismo de base.
No obstante, su carrera en la función pública despegó significativamente cuando asumió la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.
Su asunción como diputada marcó el inicio de una labor enfocada prioritariamente en temas de justicia con enfoque en la niñez. Desde la presidencia de la Comisión de Niñez que encabeza, ha buscado traducir su experiencia en políticas públicas concretas, orientando sus proyectos a garantizar y ampliar los derechos de los sectores más vulnerables de la población infantil y adolescente de la provincia.
Recientemente, su gestión ha resuelto la aprobación de dos leyes cruciales para la provincia.
Primero, la Ley de Unificación y Protocolo de Cámara Gesell, para prevenir la revictimización de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad o padecimientos mentales que son víctimas o testigos en procesos judiciales. Y segundo, la Ley de Ejecución de Condenas y Medidas Cautelares para Adolescentes Punibles.

También entre los distinguidos en esta edición está el senador radical Ariel Bordaisco; este abogado, docente y oriundo de Mar del Plata, se ha posicionado como una de las voces cantantes de la oposición en la Cámara alta de la provincia de Buenos Aires.
Este último tiempo estuvo al frente del bloque UCR-Cambio Federal; el legislador supo articular la postura radical frente al oficialismo de Axel Kicillof, marcando un perfil de control y crítica constante a la gestión provincial.
Con una trayectoria que incluye un paso previo por el Concejo Deliberante marplatense, la agenda legislativa de Bordaisco se caracteriza por un fuerte énfasis en el desarrollo regional, el apoyo a las PyMEs y una constante fiscalización de los organismos provinciales.

Y como no podía ser de otra manera, a continuación es el turno de Rubén Eslaiman, un reiterado ganador y distinguido por estos premios en múltiples oportunidades. Representante del peronismo nucleado en UP, Eslaiman es una figura clave del Frente Renovador, el espacio político liderado por el exministro Sergio Massa.
Dentro de su labor parlamentaria, Eslaiman preside la Comisión de Legislación General y es un miembro activo y de peso en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, y de Presupuesto e Impuestos.
Su rol va más allá de la mera pertenencia partidaria, siendo reconocido por su capacidad de diálogo y negociación. Esta habilidad es fundamental para alcanzar los consensos necesarios que permiten la aprobación de leyes cruciales para la gobernabilidad provincial.
Originario y con fuerte arraigo en el partido de General San Martín, en el conurbano bonaerense, Eslaiman mantiene una conexión directa con las problemáticas de la provincia. Su desempeño legislativo ha sido consistentemente valorado, por propios y extraños, destacándose como uno de los diputados con mayor labor y producción legislativa de la Cámara.

El quinto lugar es por primera vez en su experiencia legislativa para el senador platense del Pro Marcelo Leguizamón Brown, conocido en los pasillos de la política como “Chubyto”.
Su figura condensa la transición de una histórica raíz peronista a un rol protagónico dentro del bloque opositor del Pro, con un juego político muy importantes en esta segunda parte que arranca, con consecuencias impredecibles.
Leguizamón asumió su banca en diciembre de 2023 y su llegada a la Cámara alta se basó en una considerable experiencia previa, habiéndose desempeñado como secretario de Gobierno de la Municipalidad de La Plata y anteriormente como concejal platense entre 1987 y 1995, y ocupando diversos cargos en el Ejecutivo local.
En su rol de senador, Leguizamón siempre estuvo entre los legisladores que más proyectos presentan, y en el último corte realizado del primer semestre de 2025, fue el que más proyectos de ley presentó en la Cámara; ha capitalizado su experiencia en la gestión pública para enfocarse en temáticas concretas.
Entre sus posturas públicas recientes, el senador ha reclamado la necesidad de que el Congreso Nacional retome la discusión sobre la Boleta Única de Papel, para que las provincias puedan adherir a un sistema más transparente y ágil.

El quinto lugar de la Cámara de Diputados es para Martín Rozas, un profesor de 49 años que reside en el distrito de General San Martín y tiene una extensa trayectoria en la educación de gestión privada, pasando por diferentes cargos hasta llegar a asesor letrado del Instituto Maipú. Como parte de ese recorrido llegó a ocupar el cargo de vicepresidente de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA).
En las elecciones 2019 integró la lista de Consenso Federal como candidato a diputado nacional por la provincia, aunque no resultó electo. Además, en el ámbito legislativo fue asesor durante el mandato de su hermano Fernando Rozas, varios años.
En las elecciones 2023, se presentó como tercer candidato a diputado, en la lista de LLA, y resultó electo. Actualmente, preside el bloque de Unión y Libertad en la Cámara baja, una bancada clave en la construcción de consensos, equidistantes de los extremos.

En el Senado, el sexto lugar de esta nueva edición de los Premios Parlamentario es para la senadora de UP Rosa Martínez. No se trata de una recién llegada; su recorrido incluye una larga militancia que incluso se remonta en la Juventud Universitaria Peronista en los años 70, lo que le valió ser presa política durante cuatro años bajo la última dictadura militar. Esta experiencia vital es el pilar de su agenda legislativa, fuertemente anclada en la memoria, verdad y justicia.
Antes de dar el salto al Senado, Martínez construyó una carrera política que incluyó un paso por el Concejo Deliberante de Almirante Brown (2015-2019) y una banca como diputada nacional (2019-2023), donde integró el bloque del Frente de Todos. Su gestión en el ámbito nacional estuvo enfocada en temas de género, diversidad y políticas sociales.
Actualmente, desde su rol como senadora provincial, preside la crucial Comisión de Trabajo y Legislación Social, un espacio desde el cual impulsa la agenda de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), la vertiente sindical a la que pertenece.

Por segundo año consecutivo el diputado provincial Fabián Luayza se encuentra entre los legisladores más destacados de la Cámara de Diputados al ser distinguido nuevamente por los Premios Parlamentario.
El legislador nacido en Berazategui decidió este 2025 formar un nuevo espacio junto a los legisladores Gustavo Cuervo y Viviana Romano, formando así el bloque Nuevos Aires. El espacio participó en las últimas elecciones, presentando listas distritales y seccionales.
Como legislador sostiene que hay que “terminar con la grieta que tanto daño nos ha hecho como sociedad” y gestionar desde una herramienta tan simple como los es el sentido común.
Con una fuerte presencia política, Luayza se mueve por la Legislatura bonaerense y ya ha dicho en más de una ocasión que pretende pelear por la intendencia de Berazategui en 2027.

A continuación, es el turno de la senadora radical Nerina Neumann Losada, nacida en Darregueira y residente en Coronel Suárez, desde diciembre de 2023. Integra la oposición de la Cámara alta bonaerense, donde preside la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral en el Senado bonaerense y es una defensora de la implementación de la Boleta Única de Papel.
Con una marcada agenda federal, Neumann aboga por la autonomía municipal y la necesidad de un Estado eficiente, buscando soluciones a problemáticas que afectan al interior bonaerense, como las obras públicas paralizadas y el desarrollo industrial. Recientemente, asumió como vicepresidenta del bloque Metropolitano de la Unión de Parlamentarios del Mercosur (UPM). Es reconocida por su activa militancia radical y su participación en la formación de jóvenes líderes dentro del partido.

Por segundo año consecutivo, la diputada provincial Silvina Vaccarezza, del bloque UCR+CF, vuelve a ser distinguida por su trabajo legislativo a lo largo de 2025.
Desde la vicepresidencia de la estratégica Comisión de Presupuesto e Impuestos, la legisladora oriunda de Alberti apostó al diálogo y el consenso como vías para lograr los equilibrios necesarios para que el trabajo legislativo fluya y se logren las sanciones de los plenarios de proyectos significativos.
Desde su bancada fue una férrea defensora del interior bonaerense, promoviendo iniciativas que apuntan a los sectores productivos de la provincia y con espacial atención al sector agropecuario.

En esta trigésima edición, entre los destacados por su labor en la Cámara alta se encuentra el senador Pro Juan Manuel Rico Zini, un abogado recibido por la UNLP, especializado en derecho público y privado, civil y comercial; profesión que lo llevó a ejercer la vicepresidencia del Colegio de Abogados de Pergamino durante 8 años, a ser asesor letrado del municipio y posteriormente secretario de Gobierno.
Actualmente, es docente en la Universidad del Este, actividad que también ejerció en la escuela de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
En la Cámara alta, preside la Comisión de Modernización del Estado, Participación Ciudadana e Innovación Tecnológica, por sus conocimientos en derecho administrativo municipal.
Además, Rico Zini integra otros cinco cuerpos parlamentarios de la Cámara alta, entre ellos la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos y forma parte de la representación que tiene el Poder Legislativo en el Consejo de la Magistratura.

El siguiente seleccionado por quienes participaron de la encuesta es el diputado provincial de UP Carlos Puglelli construyó su perfil legislativo a partir de una agenda que combina seguridad, innovación tecnológica y fuerte anclaje territorial. Su trabajo en la Cámara se orienta a dar respuestas concretas a los problemas cotidianos de los bonaerenses, con especial atención al interior de la provincia y a la realidad de los municipios que representa.
Específicamente su mirada se centró en materia de seguridad, e impulsa un modelo integral que articula prevención, presencia estatal e inteligencia criminal aplicada. En esa línea se inscriben la ley que instituye el “Día de la Mujer Policía” y el proyecto que cuenta la aprobación en Diputados para implementar en el Ministerio de Seguridad la Plataforma Multiagencial, un sistema de gestión operativa que coordina en tiempo real a las distintas fuerzas y organismos, mejorando la respuesta frente al delito y las emergencias. A ello se suma la creación del Sistema de Protección Civil y Gestión del Riesgo y la regulación de la nocturnidad y de las bebidas alcohólicas.

La senadora de LLA Florencia Arietto también supo hacerse un lugar entre los destacados por los Premios Parlamentario en esta trigésima edición. Abogada penalista y dirigente política argentina oriunda de Salto, que se ha consolidado como una figura pública de perfil confrontativo y una experta en temas de seguridad.
Su carrera se caracteriza por una notable "metamorfosis" posicional dentro del escenario político criollo, lo que le ha valido tanto reconocimiento por su versatilidad como críticas por su inestabilidad.

A continuación, es el turno de la diputada Marcela Basualdo, la primera mujer del distrito de San Miguel del Monte en ocupar una banca en la Legislatura bonaerense y que se ha consolidado como una figura clave dentro del bloque de UP.
Su perfil combina una fuerte identificación territorial con cierta experiencia en la gestión pública a nivel nacional, marcando su impronta en temas de previsión social y desarrollo municipal.
Actualmente, ejerce como vicepresidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, un área sensible que aborda la sostenibilidad del sistema jubilatorio y el bienestar de los pasivos, y participa activamente en otras comisiones permanentes que delinean el futuro de la provincia.
Hija del exintendente Raúl Basualdo, su incursión en la política se percibe como la continuación de un legado familiar de servicio público, aunque ha sabido forjar su propio camino.

Cierra la lista de destacados por los Premios Parlamentario alguien que desde las aulas de Pergamino supo llegar a una banca en la Cámara alta bonaerense, la senadora Laura Magdalena Clark.
Esta legisladora ha forjado su trayectoria política con una clara impronta en la militancia peronista y un fuerte anclaje en la educación y las problemáticas sociales. Asumió su banca de senadora en 2023 y rápidamente se ha posicionado como una legisladora activa en temas de género, niñez y prevención de adicciones.
Entre sus iniciativas más resonantes se encuentran las vinculadas a la violencia digital y la protección de la infancia. La distinguida impulsa activamente que la "Ley Ema PBA y Ley Belén PBA" sean aprobadas, buscando construir una institucionalidad que garantice el derecho a vivir libres de violencias en entornos digitales.

El presidente del bloque de la UCR+CF Diego Garciarena supo hacerse un lugar entre los destacados del 2025. Es un abogado y docente, con una trayectoria en la Legislatura bonaerense, donde despliega una marcada agenda centrada en la autonomía municipal, la educación y la seguridad.
Mientras promueve “un radicalismo de laburo”, se ha mostrado crítico con la gestión del gobernador Axel Kicillof y ha advertido que la Legislatura “no es una escribanía” del oficialismo.
Entre sus principales iniciativas legislativas, se destaca un proyecto de ley para regular las apuestas en línea y prevenir la ludopatía, especialmente entre menores, proponiendo medidas como la identificación biométrica obligatoria y la prohibición de publicidad con figuras públicas.

EL RESULTADO DE LA ENCUESTA
CÁMARA DE DIPUTADOS
| 1°) Ayelén Rasquetti (UP) | 168 | |
| 2°) Julieta Quintero Chasman (Pro) | 160 | |
| 3°) Lucía Iañez (UP) | 157 | |
| 4°) Rubén Eslaiman (UP) | 144 | |
| 5°) Martín Rozas (UyL) | 129 | |
| 6°) Fabián Luayza (NA) | 124 | |
| 7°) Silvina Vaccarezza (UCR+CF) | 122 | |
| 8°) Carlos Puglelli (UP) | 127 | |
| 9°) Marcela Basualdo (UP) | 125 | |
| 10°) Diego Garciarena (UCR+CF) | 118 | |
| 11°) Alejandro Dichiara (UP) | 111 | |
| 12°) Gustavo Cuervo (URyF) | 110 | |
| 13°) Alexis Guerrera (UP) | 108 | |
| 14°) Emiliano Balbín (UCR+CF) | 98 | |
| 15°) Florencia Retamoso (LLA) | 94 | |
| 16°) Gerandine Calvella (LLA) | 89 | |
| 17°) Luciana Padulo (UP) | 85 | |
| 18°) Laura Cano Kelly (PTS-FIU) | 81 | |
| 19°) Ramón “Nene” Vera (LLA) | 78 | |
| 20°) Susana González (UP) | 77 |
CÁMARA DE SENADORES
| 1°) Marcelo Feliú (UP) | 167 | |
| 2°) Carlos Curestis (LLA) | 155 | |
| 3°) Sergio Vargas (UyL) | 149 | |
| 4°) Ariel Bordaisco (UCR+CF) | 142 | |
| 5°) Marcelo Leguizamón (Pro) | 139 | |
| 6°) Rosa Martínez (UP) | 134 | |
| 7°) Nerina Neumann (UCR+CF) | 132 | |
| 8°) Juan Rico Zini (Pro) | 123 | |
| 9°) Florencia Arietto (LLA) | 121 | |
| 10°) Laura Clark (UP) | 116 | |
| 11°) Alex Campbell (Pro) | 113 | |
| 12°) Emilia Subiza (Pro) | 110 | |
| 13°) Agustín Máspoli (UCR+CF) | 105 | |
| 14°) Alejandro Rabinovich (Pro) | 101 | |
| 15°) Emmanuel Santalla (UP) | 99 | |
| 16°) Sofía Vannelli (UP) | 95 | |
| 17°) Eugenia Gil (UCR+CF) | 92 | |
| 18°) Gabriela Demaría (UP) | 84 | |
| 19°) Teresa García (UP) | 80 | |
| 20°) Betina Riva (LLA) | 79 |
Cuadro de Honor Histórico
2025: Senador Marcelo Feliú-Diputada Ayelén Rasquetti
2024: Senador Alex Campbell-Diputado Rubén Eslaiman
2022: Senador Marcelo Feliú –Diputado Maximiliano Abad
2021: Senador Andrés De Leo - Diputado Rubén Eslaiman
2020: Senador Gervasio Bozzano - Diputado Maximiliano Abad
2019: Senadora María Teresa García - Diputado Maximiliano Abad
2017: Senador Roberto Costa - Diputado Maximiliano Abad
2016: Senador Roberto Costa - Diputado Manuel Mosca
2015: Senador Roberto Costa - Diputado Ramiro Gutiérrez
2014: Senador Jorge D’Onofrio - Diputado Rubén Eslaiman
2013: Senador Roberto Costa - Diputado Marcelo Feliú
2012: Senador Jorge D’Onofrio - Diputado Juan De Jesús
2011: Senadora Cristina Fioramonti - Diputado Franco La Porta
2010: Senador Jorge D'Onofrio - Diputado Marcelo Feliú
2009: Senador Luis Malagamba - Diputado Carlos Bonicatto
2008: Senador Federico Scarabino - Diputado Eduardo Carlos Fox
2007: Senadora Adela Segarra - Diputado Raúl Pérez
2006: Senador Mónica Litza - Diputado Luis Bruni
2005: Senador Juan José Amondarain - Diputado Carlos Bonicatto
2004: Senador Juan José Amondarain - Diputado Osvaldo Mércuri
2003: Senadora Graciela De Leo - Diputado Gustavo Ferrari
2002: Senadora Graciela De Leo - Diputado Gustavo Ferrari
2001: Senador Luis Genoud - Diputado Gustavo Ferrari
2000: Senador Diego Rodrigo - Diputado Gustavo Ferrari
1999: Senador Eduardo Sigal - Diputado Juan Pedro Tunessi
1998: Senador Eduardo Sigal - Diputado Francisco Ferro
1997: Senadores Luis Genoud y Eduardo Florio - Diputado Juan Tunessi
1996: Senador Aníbal Fernández - Diputado Mario Espada
1995: Senadores José Díaz Bancalari y Miles Pelly - Diputado Mario Espada
1994: Senador Juan Tudino - Diputados Juan Tunessi y Luis Ángel Gutiérrez
La diputada nacional propone declarar de interés nacional las actividades vinculadas a la energía nuclear, fijar principios estratégicos para el desarrollo del sector y derogar el decreto que habilita la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina. El proyecto también modifica las leyes 27.742 y 24.804.
En medio de la polémica por el avance privatizador del Gobierno sobre áreas estratégicas, la diputada Julia Strada presentó un proyecto de ley que busca consolidar la soberanía energética argentina en materia nuclear. La iniciativa declara de interés nacional y como objetivos prioritarios todas las actividades de investigación, desarrollo y producción vinculadas a la energía nuclear, y establece los “Principios de la política energética nuclear de la República Argentina” como guía para las decisiones del Estado en el corto, mediano y largo plazo.
Entre los puntos centrales, el proyecto propone:
Además, la iniciativa deroga el artículo 8 de la Ley Bases (27.742), el decreto 695/2025 y el artículo 36 de la Ley 24.804, normas que habilitan la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).
Strada argumenta que la empresa es “estratégica y eficiente”, con resultados financieros positivos —$275.500 millones en 2024 y $74.905 millones en el segundo trimestre de 2025— y capacidad para ejecutar proyectos complejos como la extensión de vida de Embalse y la asistencia al CAREM.
En los fundamentos, la diputada advierte que el sector nuclear atraviesa una “situación crítica” por desfinanciamiento, paralización de proyectos y precarización laboral. Señala que el presupuesto 2026 prevé un recorte del 13,4% respecto de 2025 y del 53,1% frente a 2023, afectando la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y proyectos como el RA-10 y la nueva planta de uranio en Formosa.
“El decreto 695/2025 responde a una lógica dogmática que conspira contra la soberanía nacional”, sostiene Strada, y subraya que la privatización de NASA “va a contramano de la política nuclear de países como Francia, que reestatizó EDF en 2023”. El proyecto también plantea relanzar la cooperación nuclear con Brasil y fortalecer la integración regional en el marco de la ABACC.
Con esta propuesta, la legisladora busca frenar la extranjerización de activos estratégicos y garantizar que la política nuclear argentina se mantenga bajo control estatal, preservando capacidades tecnológicas acumuladas durante décadas.
La Presidencia del Cuerpo citó para el próximo martes con el objetivo de organizar el trabajo legislativo en el período de sesiones extraordinarias.
La Presidencia de la Cámara de Senadores convocó a los presidentes de bloques de ese Cuerpo a una reunión de Labor Parlamentaria para el próximo martes 16 de diciembre. La cita es a las 11 de la mañana, en el Salón Gris de esa Cámara.
La convocatoria se emitió este jueves por la mañana y tiene por objeto organizar el trabajo legislativo en el Senado para este período extraordinario. La primera tarea a la que deben abocarse es el armado de las comisiones, para lo cual el oficialismo ahora estará mucho mejor posicionado que lo que estuvo en 2024, cuando alcanzó una mayoría junto a aliados circunstanciales con los que suplió su endeblez numérica.
Ahora La Libertad Avanza cuenta con 21 miembros, considerando al cordobés Luis Juez, quien se sumó al oficialismo a modo “interbloque” este miércoles.
Entre esa bancada y Unión por la Patria, cuyo interbloque suma 28 integrantes, serán los más beneficiados en el reparto de las comisiones que corresponderá hacer a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel.
Las comisiones que deberán ponerse en marcha este verano y para las que ya la vicepresidenta solicitó las nóminas sugeridas a los bloques son las de Presupuesto y Hacienda; Trabajo y Previsión Social; Justicia y Asuntos Penales; y Minería, Energía y Combustibles. En principio Ezequiel Atauche suena para seguir al frente de Presupuesto y Hacienda, en tanto que Patricia Bullrich estaría al frente de Trabajo, al menos para este período en el que se debatirá el proyecto de Modernización Laboral. Juan Carlos Pagotto continuaría también al frente de Justicia y Asuntos Penales, mientras que el neuquino Pablo Cervi estaría al frente de Minería, Energía y Combustibles.
Los temas que ingresarán por el Senado son, según ha trascendido, la modernización laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal de la Nación.
Para el debate de la Modernización Laboral el oficialismo había amagado con iniciar el debate este mismo jueves, pero la demora en la presentación del proyecto replanteó los tiempos. El inicio del debate en comisión arrancará entonces la próxima semana y para entonces se verá si pueden avanzar con rapidez al recinto, para alcanzar la media sanción antes de fin de año. Los feriados de las fiestas complican sin duda el cronograma.
Se establece un régimen especial para el sector basado en la utilización de plataformas digitales.
El proyecto de ley de Modernización Laboral enviado por el Gobierno de Javier Milei al Congreso incorpora un capítulo específico para regular el trabajo en plataformas tecnológicas, como aplicaciones de reparto y transporte, estableciendo derechos, obligaciones y condiciones para prestadores y empresas.
El texto introduce un régimen especial para los servicios privados de movilidad de personas y reparto que utilizan plataformas digitales, con el objetivo de promover la economía de plataformas y garantizar la independencia de quienes prestan estos servicios.
La norma establece en su artículo 114 que se busca establecer reglas adecuadas para promover el desarrollo de la economía de plataformas tecnológicas en el país, “asegurando la independencia de quienes ofrecen o prestan a través de dichas plataformas, los servicios de movilidad de personas y/o reparto de bienes, productos u objetos”.
El artículo siguiente define las actividades incluidas en este régimen especial:
✔ “Servicio de Reparto a través de plataformas tecnológicas: comprende el retiro, traslado y entrega de bienes, productos u objetos (…) utilizando cualquier medio de transporte, incluyendo la prestación del servicio a pie”.
✔ “Servicio de movilidad de personas a través de plataformas tecnológicas: comprende el traslado de personas, concertado a través de una plataforma que conecta a usuarios y prestadores independientes por un precio de traslado convenido”.
✔ “Prestador independiente de plataformas tecnológicas: persona humana que conviene la prestación del servicio privado de reparto y/o de movilidad de personas a usuarios a través de las plataformas tecnológicas de forma independiente”.
Libertad de conexión y ámbito de aplicación
El artículo 116 garantiza la autonomía del prestador, al señalar que el “prestador independiente” será libre de conectarse a cualquiera de las plataformas, ofreciendo sus servicios durante los horarios y en el tiempo que estime convenientes, pudiendo aceptar y/o rechazar solicitudes según su conveniencia y oportunidad.
El artículo 117 establece que el régimen rige en todo el país para las relaciones entre prestadores independientes y plataformas que intermedian en servicios de reparto y transporte.
Obligaciones de las plataformas y prestadores
El artículo 119 dispone que las plataformas deben “brindar a los prestadores independientes la información necesaria a efectos que pueda decidir aceptar o rechazar la prestación del servicio; respetar la libertad de conexión; ofrecer información sobre seguridad vial; facilitar el acceso a elementos de seguridad; contar con un mecanismo digital de reporte de quejas; y arbitrar medios para que los prestadores tengan instancias de atención”.
Al prestador se refiere el artículo 120, que establece que el mismo debe estar inscripto debidamente ante las autoridades fiscales y cumplir con todas sus obligaciones tributarias y de seguridad social, notificando cualquier alteración en su situación fiscal. Asimismo, deberán “hacer los pagos de los aportes respectivos a través de los cuales tendrán acceso a la Prestación Básica Universal (PBU), el retiro por invalidez o la pensión por fallecimiento (…) y a las prestaciones del Sistema Nacional del Seguro de Salud.”
También deberán contar con una cuenta bancaria o billetera electrónica para recibir pagos y respetar las normas de tránsito.
El artículo 121 enumera derechos fundamentales de los prestadores: “Rechazar cualquiera de los pedidos y/o solicitudes que reciba por la aplicación, sin obligación de brindar justificativo alguno; recibir una explicación de los motivos por los cuales la plataforma suspenda o imposibilite el acceso; solicitar la portabilidad de sus datos; acceder a capacitaciones sobre uso de la plataforma y seguridad vial; acceder a un seguro de accidentes personales proporcionado por las plataformas; y recibir una retribución dineraria por la prestación de sus servicios, percibiendo además el CIEN POR CIENTO (100 %) del monto que los usuarios agreguen en concepto de gratificación, recompensa o ‘propina’”.
El proyecto aclara que estos derechos no implican relación laboral ni subordinación.
El proyecto de Ley de Modernización Laboral introduce cambios en dos regímenes especiales: el trabajo a domicilio y el contrato para el personal de casas particulares, con nuevas reglas sobre registración, derechos y obligaciones.
El proyecto de ley de Modernización Laboral enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso introduce cambios en dos regímenes especiales: el trabajo a domicilio y el contrato para el personal de casas particulares.
El texto propone modificaciones puntuales en leyes vigentes para simplificar trámites y actualizar condiciones laborales en actividades que históricamente tuvieron regulaciones específicas.
Trabajo a domicilio
El artículo 102 del proyecto sustituye el artículo 6° de la Ley N° 12.713 y establece un sistema único de registración:
“Los empresarios, intermediarios y talleristas que den trabajo a domicilio, deberán registrar a los trabajadores mediante su inscripción en los sistemas que la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) disponga a tal fin, sin que, a estos efectos, se les pueda exigir el cumplimiento de trámite adicional alguno ante otra autoridad”.
La norma aclara que esta inscripción será suficiente para cumplir con lo dispuesto por la Ley N° 24.013 sobre empleo, evitando exigencias adicionales. Además, el artículo 103 fija sanciones para quienes incumplan:
“El empresario, intermediario o tallerista que no se inscriba en los sistemas de la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA)… será sancionado conforme los términos contenidos en el Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales previsto en el Anexo II de la Ley Nº 25.212 y sus modificatorias”.
Casas particulares
El proyecto también modifica el régimen especial regulado por la Ley N° 26.844. El artículo 104 redefine el período de prueba:
“El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros SEIS (6) meses de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa y sin generarse derecho a indemnización alguna con motivo de la extinción. El empleador no podrá contratar a un mismo empleado más de UNA (1) vez utilizando el período de prueba”.
El artículo 105 detalla derechos y deberes comunes para el personal con y sin retiro:
“Jornada de trabajo que no podrá exceder de OCHO (8) horas diarias o CUARENTA Y OCHO (48) horas semanales; descanso semanal de TREINTA Y CINCO (35) horas corridas a partir del sábado a las TRECE (13) horas; provisión de ropa y elementos de trabajo, que luego del período de prueba podrá cumplirse mediante el pago de una suma no remunerativa; alimentación sana y suficiente; y la obligación del empleador de contratar un seguro por riesgos del trabajo”.
También se establece que entre el cese de una jornada y el inicio de la siguiente deberá mediar una pausa no inferior a DOCE (12) horas para el personal con retiro.
En cuanto a la formalidad de los pagos, el artículo 106 dispone:
“El recibo deberá ser instrumentado de forma electrónica, emitido por el sistema que determine la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA). La documentación obrante en el banco o la constancia que éste entregare al empleador constituirá prueba suficiente del hecho de pago”.
Finalmente, el artículo 107 incorpora la actualización de créditos laborales:
“Los créditos demandados provenientes de las relaciones laborales reguladas por la presente ley serán actualizados y devengarán intereses en los mismos términos y condiciones previstas en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744”.
El proyecto de Ley de Modernización Laboral que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso introduce cambios profundos en el régimen de despidos e indemnizaciones, fijando nuevos criterios para el cálculo, topes y la creación de un fondo especial para cubrir contingencias.
El proyecto de ley de Modernización Laboral redefine el régimen de despidos e indemnizaciones previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, con el objetivo declarado de dar previsibilidad a los costos laborales y habilitar mecanismos alternativos para el pago de compensaciones. La indemnización será de un mes de sueldo por año trabajado, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual, con topes basados en el convenio aplicable. Además, habilita a empleadores a constituir fondos de cese laboral para solventar dicha indemnización, y reafirma que esta compensación es la única reparación posible, excluyendo reclamos civiles paralelos. Se ajusta el régimen de preaviso y se mantienen las indemnizaciones especiales para supuestos de enfermedad, accidente o muerte del trabajador.
Indemnización por despido sin causa
El nuevo artículo 245 establece que, en los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, se deberá abonar al trabajador:
“Una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor”.
La norma precisa qué conceptos integran esa base: solo se considerarán las remuneraciones mensuales efectivamente devengadas y pagadas, excluyendo pagos no mensuales como el aguinaldo, vacaciones o premios extraordinarios. Para los rubros variables (horas extra, comisiones, premios mensuales), se tomará el promedio de los últimos seis meses o del último año, el que resulte más favorable al trabajador.
El proyecto introduce un tope indemnizatorio:
“La base salarial no podrá exceder el equivalente a tres veces el importe del salario mensual promedio de las remuneraciones previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable al trabajador al momento del despido”.
Ese tope será calculado por las partes del convenio y homologado por la autoridad de aplicación. Para trabajadores fuera de convenio, se aplicará el del establecimiento o el más favorable entre los convenios aplicables. Además, se fija un piso:
“En ningún supuesto la aplicación del tope podrá ser inferior al 67% de la remuneración mensual, normal y habitual calculada conforme a lo establecido”.
La indemnización nunca podrá ser inferior a un mes de sueldo y constituye la única reparación frente a la extinción sin causa del contrato. El artículo también habilita que, mediante convenio colectivo, se sustituya este régimen por un fondo o sistema de cese laboral, cuyo costo estará a cargo del empleador.
Contratos a plazo fijo
El artículo 95 regula el despido anticipado en contratos con fecha de vencimiento:
“El despido injustificado dispuesto con antelación al vencimiento del plazo convenido, dará derecho al trabajador a percibir las indemnizaciones que correspondan considerando, a ese solo efecto, la antigüedad que habría acumulado hasta la fecha de finalización del plazo originariamente pactado”.
Si la extinción se produce con preaviso y el contrato está íntegramente cumplido, se pagará lo previsto en el artículo 250.
Indemnización por muerte del trabajador
El artículo 248 mantiene el derecho a percibir una indemnización igual a la prevista en el artículo 247, que se distribuirá entre cónyuge o conviviente, hijos menores y mayores con discapacidad.
Fondo de Asistencia Laboral
Una novedad es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), regulado en el artículo 58. Este mecanismo busca garantizar el pago de indemnizaciones y otras obligaciones derivadas de la extinción del vínculo.
“Los Fondos de Asistencia Laboral se conformarán con una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de las contribuciones patronales con destino al SIPA”.
Cada empleador tendrá una cuenta individual, inembargable y de afectación específica, administrada por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores. Los recursos podrán aplicarse para cubrir pagos previstos en los artículos 95, 245 y otros vinculados a indemnizaciones por despido, preaviso e integración. La existencia o insuficiencia de fondos no limita la responsabilidad del empleador, que sigue siendo el único obligado al pago.
El proyecto aclara que este régimen no reemplaza el sistema indemnizatorio vigente, sino que lo complementa. Además, prevé beneficios fiscales para los rendimientos del fondo y una reducción de tres puntos en las contribuciones patronales para quienes cumplan con la obligación.
En un megaproyecto que reescribe las reglas del trabajo, el Gobierno avanza con una reforma laboral integral que recorta costos, limita la judicialización y redefine el rol sindical. El texto abarca desde la Ley de Contrato de Trabajo hasta los convenios colectivos, crea nuevos regímenes de empleo e incentivos impositivos y establece un giro profundo en la relación entre Estado, empresas y trabajadores, con un impacto político y social aún abierto.
La reforma laboral propuesta tiene por objeto modernizar el régimen de empleo en Argentina a través de reglas claras y previsibles, que desalienten la judicialización y permitan el desarrollo de relaciones más ágiles y acordes a las dinámicas productivas actuales.
A través de distintos mecanismos, el proyecto apunta a reducir los costos laborales, promover la creación y formalización del empleo, incentivar nuevas inversiones y simplificar la carga administrativa.
1. Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 o Ámbito de aplicación. Se excluye de la aplicación de la ley, a los trabajadores independientes y sus colaboradores (conf. artículo 97 de la Ley 27.742) y a los trabajadores de las plataformas tecnológicas.
■ Principio de la norma más favorable al trabajador. Se limita el principio de “norma más favorable para el trabajador”, a la aplicación del derecho y no las cuestiones de hecho.
■ Interpretación y aplicación de la ley. Se elimina como concepto interpretativo para la aplicación de la ley, la “justicia social”.
■ Acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios. Se prevé, con el fin de reducir la judicialización, que la homologación de los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios celebrados ante autoridad judicial o administrativa les otorga “autoridad de cosa juzgada”.
■ Aplicación analógica de las convenciones. Se elimina la aplicación analógica de las convenciones colectivas.
■ Antigüedad. Se aclara el alcance del cómputo de la antigüedad para la indemnización en el caso del trabajador que ingrese a trabajar con un empleador anterior. Esto, a fin de evitar que se abone dos (2) veces por el mismo período de servicios.
■ Jornada reducida. La reducción de la jornada máxima legal solamente procederá cuando lo establezcan las disposiciones vigentes en la materia, o se encuentre estipulado en los contratos individuales, Convenios Colectivos de Trabajo u otros acuerdos colectivos celebrados con la representación sindical en la empresa. Estos últimos podrán establecer métodos de cálculo de la jornada máxima en base a promedio, de acuerdo con las características de la actividad, siempre y cuando se respeten los descansos mínimos entre jornada y jornada de 12 horas y de descanso semanal de 35 horas. Asimismo, se podrá utilizar el banco de horas de modo de compensar la mayor jornada de algún día con la menor de otro, siempre y cuando no se supere el máximo legal de la jornada semanal.
■ Gratuidad. Se dispone que, en los casos de "pluspeticiones inexcusables", las costas serán soportadas solidariamente entre la parte y el profesional actuante.
■ Solidaridad. Se limita, a través de diversas disposiciones del proyecto, la extensión de la solidaridad entre una empresa usuaria y la principal; entre empresas subordinadas o relacionadas; y entre el adquirente y transmitente. En este último caso, únicamente respecto de la información oculta o viciada que no deba ser conocida como consecuencia de una debida diligencia.
■ Limitación a elecciones gremial del trabajador eventual. Se prevé que el trabajador eventual no puede ser candidato o designado en cargo gremial alguno.
■ Registración. Se simplifican las disposiciones referidas a la registración y libros de los trabajadores y se dispone que no podrán exigirse requisitos de registración adicionales a los dispuestos por ARCA.
■ Formación profesional. Se mantiene el principio vinculado a la promoción profesional yla formación del trabajo y se crea, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, el “Programa de Formación Laboral Básica” con el objeto de garantizar el desarrollo de las competencias mínimas necesarias para la incorporación al mundo laboral de las personas que por diversas situaciones no hubieran podido adquirirlas. También se eliminan las referencias a las organizaciones sindicales.
■ Remuneración. Se definen con la mayor precisión posible los conceptos que integran la remuneración a los efectos de reducir el margen de conflictividad respecto a los rubros que deben ser tenidos en cuenta para el pago de las indemnizaciones.
En este sentido:
a) Beneficios sociales.
➔ Se aclara que los beneficios sociales no podrán ser considerados "salarios en especie".
➔ Se dispone expresamente que no corresponde el pago de aportes ni contribuciones a la seguridad social ni de contribuciones patronales o aportes del trabajador, sobre los beneficios sociales.
➔ Se define con criterio más estricto que el actual, los conceptos que componen los beneficios sociales (e.g. servicios de comedor dentro del establecimiento del empleador o en establecimientos cercanos durante la jornada laboral contratados por empleador o los planes médicos integrales otorgados en especie o las diferencias de pago de las cuotas de dichos planes).
b) Propinas. Se aclara (en línea con las reformas ya realizadas por el Gobierno) que las propias no serán consideradas como remuneración.
c) Componentes retributivos dinámicos. Se habilita a que, mediante negociación colectiva, se puedan incorporar por arriba de los salarios otros componentes retributivos dinámicos adicionales considerando para ello, tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización.
d) Formas de pago. Se habilita el pago del salario en moneda nacional o extranjera.
e) Prestaciones complementarias. Se amplían y define con mayor precisión las excepciones a las prestaciones complementarias que integran la remuneración del trabajador.
■ Vacaciones. Se habilita la posibilidad de convenir el goce de las vacaciones fuera del período determinado en la ley y el fraccionamiento de las vacaciones siempre y cuando se respete un mínimo 7 días.
■ Banco de horas. Se habilita a las partes a que acuerden voluntariamente un “régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo” siempre que se respeten los descansos mínimos legales (entre jornada y jornada y de descanso semanal) y se asegure la protección, el beneficio e interés del trabajador.
■ Licencias por enfermedad. Se especifican los requisitos para acreditar la incapacidad.
Se establece la exigencia de que los certificados médicos contengan diagnóstico, tratamiento y cantidad de días de reposo. Además, se prevé que éstos sean emitidos por profesionales médicos habilitados.
Se regula la existencia de una junta médica para los casos de discrepancia entre los profesionales.
■ Reincorporación ante accidente o enfermedad con disminución definitiva. Se mantiene la obligación del empleador de sostener el empleo al trabajador que presente una disminución definitiva como consecuencia de accidente o enfermedad, pero se habilita la reducción del salario para que sea acorde a las nuevas condiciones de categoría y jornada.
■ Reserva de empleo para trabajadores electivos. Se elimina la obligación de reserva del empleo a los trabajadores que asumen cargos electivos.
■ Preaviso. Se elimina la obligación del empleador de preavisar durante el período de prueba.
■ Extinción del trabajo por mutuo acuerdo. Se agrega como causal de extinción por mutuo acuerdo en contratos de prestaciones continuas y permanentes, el transcurso del tiempo -dos (2) meses- sin que alguna de las partes haya manifestado su voluntad de continuidad.
■ Indemnización. Se mantiene la regla general según la cual, la indemnización en caso de despido sin justa causa luego de transcurrido el período de prueba es el monto equivalente a “1 mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor”.
A los fines de dar certidumbre a las relaciones laborales, se define:
Se establece de forma explícita que esta será la única reparación procedente en materia de indemnización por extinción de la relación laboral sin causa, por lo que no procederán reclamos de daños y perjuicios. Estos solo procederán cuando exista un daño autónomo y distinto al despido debidamente probado.
■ Actualización. Se da claridad y certidumbre respecto de la actualización de los créditos laborales.
■ Limite al reclamo. Se prohíbe la posibilidad de reclamar hacer reclamos de daños y perjuicios por fuera de las reglas de la Ley de Contrato de Trabajo y a través del Código Civil y Comercial de la Nación.
2. Fondos de Asistencia Laboral (FAL)
Se dispone la creación de los “Fondos de Asistencia Laboral” destinados a favorecer el cumplimiento de las indemnizaciones por parte de los empleadores del sector privado.
Así, entre otras cosas se prevé que:
3. Modificaciones a las Leyes 18.345 y 25.877
■ Obligaciones de los jueces laborales de seguir los precedentes de la CSJN.
■ Prohibición a los magistrados de la Cámara Nacional del Trabajo a dictar normas de superintendencia. Se establece que los criterios para resolver causas judiciales sólo podrán ser definidos por vía de sentencia plenaria.
■ Impulso procesal. Se modifica la Ley 18.345 a los efectos de prever el principio de impulso del proceso judicial a cargo de las partes.
■ Ofrecimiento de prueba. Se establece que, al igual que en el proceso civil y comercial, se deberá ofrecer la prueba en conjunto con la demanda.
■ Recusación sin causa. Se habilita la recusación sin expresión de causa de los jueces laborales, secretario, árbitros y peritos, al igual que en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
■ Excepciones de previo y especial pronunciamiento. Se establece que, en conjunto con la oposición de la excepción, deberá ofrecerse toda la prueba referida a ella.
■ Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. Se establece que la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta que se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias a la CABA.
■ Huelga y los servicios esenciales o actividades de importancia trascendental. Se insiste con la reforma dispuesta por el Decreto 70/23 respecto al derecho de huelga y sus limitaciones en materia de servicios esenciales o actividades de importancia transcendental.
■ Eliminación de la competencia del fuero laboral en las causas que involucran al Estado Nacional. Se establece que será el CAF el fuero que entienda en esas causas.
4. Modificaciones al Régimen de Casas Particulares
■ Período de prueba. Se extiende de treinta (30) días a seis (6) meses.
■ Recibo. El recibo deberá ser en forma electrónica
■ Constancia bancaria. La constancia bancaria constituirá prueba suficiente.
5. Régimen de Servicios Privados de Reparto y Movilidad de Personas que utilizan plataformas tecnológicas
Se prevé un régimen específico a los efectos de establecer reglas adecuadas para promover el desarrollo de la economía de plataformas tecnológicas asegurando la independencia de los prestadores de servicios de movilidad de personas y/o reparto.
6. Modificaciones a la Ley 14.250 sobre Convenios Colectivos
■ Ultraactividad. Se termina esencialmente con el principio de la “ultraactividad de los convenios colectivos”. En este sentido, se establece que un convenio cuyo término estuviere vencido, solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas (cláusulas normativas) y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue. El resto de las cláusulas (obligacionales) mantendrán su vigencia sólo por acuerdo de partes.
■ Suspensión de las cláusulas normativas. Además de lo anterior, la reforma prevé que, de oficio o a petición de parte, la autoridad administrativa podrá decretar la suspensión de las cláusulas normativas se hallaren vigentes sólo por ultraactividad hasta tanto la comisión paritaria concluya su cometido, cuando se alegare y demostrare sumariamente que su aplicación genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población.
■ Prelación de los convenios colectivos. Se prevé un cambio sustancial en las reglas de prelación de los convenios colectivos. En este sentido, se establece que:
7. Modificaciones a la Ley 14.250 sobre Asociaciones Sindicales
■ Límite a realizar Asambleas. Se dispone el deber de la asociación sindical de contar con autorización previa del empleador para la celebración de una asamblea tanto donde se realizará el horario y el tiempo de su duración y en caso de que se realice dentro del establecimiento deberá requerir autorización respecto del lugar. Además se aclara que el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma
■ Infracciones graves. Bloqueos de empresa. Se dispone, en línea con el DNU 70/23, entre las conductas prohibidas y consideradas infracciones muy graves, provocar el bloqueo o tomar un establecimiento.
■ Sindicatos de empresa. Se facilita el procedimiento para la obtención de personería gremial de los sindicatos de empresa.
■ Límite de horas. Se limita a diez (10) horas, el crédito para el ejercicio de las funciones de los delegados del personal.
■ Tutela sindical. Se regula con mayor precisión los límites a la tutela sindical.
8. Modificaciones a la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 27.348
Se incorpora, para aquellas jurisdicciones provinciales que hayan adherido, conforme el artículo 4 de la Ley, la obligación expresa a la “Tabla de evaluación de incapacidades laborales” y se prevén reglas uniformes para su aplicación.
9. Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral -Nuevo Empleo- (RIFL)
Se crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) por un (1) año, destinado a los empleadores del sector privado con el objeto de fomentar el nuevo empleo.
Sus notas principales son:
➔ Trabajador: i) no haya contado con una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025; o (ii) previo al mes de alta laboral, hubiera estado desempleado en los últimos seis (6) meses; o (iii) hubiera estado inscripto en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes; o (iv) su último empleo haya sido bajo relación de dependencia en el sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
➔ Incremento: que la incorporación implique un incremento neto de la nómina de trabajadores. Para ello se calcula la diferencia de trabajadores entre el promedio de los 6 meses anteriores a la vigencia de la ley y el mes devengado en que se imputa el beneficio.
c) Impedimento. No se pueden usar los beneficios respecto de trabajadores que hayan sido declarados en el Régimen General de la Seguridad Social y, luego de producido el distracto laboral, sean reincorporados por el mismo empleador dentro de los 12 meses desde su desvinculación.
d) Empleadores excluidos. Los inscriptos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL); y los que incurran en prácticas de uso abusivo del beneficio (sustituciones de personal).
e) Beneficios sociales: Los trabajadores que gocen de planes de asistencia social no perderán dicho beneficio durante el primer año de la relación laboral.
10. Beneficios al Empleo ya Registrado -Stock-
Se establecen beneficios aplicables al stock laboral del empleo actual.
En este sentido:
a) A partir del mes siguiente a la promulgación de la ley se reducen las contribuciones para el funcionamiento de obras sociales, a cargo del empleador de un seis por ciento (6%) a cinco por ciento (5%).
b) A partir del mes siguiente a la promulgación de la ley se reducen las contribuciones patronales con destino a los Subsistemas de la Seguridad Social INSSJ, Fondo Nacional de Empleo, SIPA y Régimen de Asignaciones Familiares de la siguiente manera:
- Del veinte coma cuarenta por ciento (20,40%) al diecisiete coma cuarenta por ciento (17,40%) para los empleadores de los sectores “servicios” y “comercio”, siempre que sus ventas totales anuales superen los límites para la categorización como empresa mediana tramo 2 (Resol. SEPyME N° 220/2019); y - Del dieciocho por ciento (18%) a quince por ciento (15%) para el resto de los empleadores del sector privado.
11. Promoción del Empleo Registrado (PER)
A los efectos de promover el empleo registrado:
a) Se prevé la posibilidad de regularizar relaciones laborales no registradas o deficientes, extinguiendo sanciones, deudas y acciones penales.
b) Se conceden condonaciones parciales de capital e intereses.
c) Se otorga reconocimiento previsional de hasta 60 meses a trabajadores regularizados y fijan parámetros de planes de pago.
12. Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI)
Se crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) con el objeto de incentivar las medianas inversiones nacionales y extranjeras, promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor, desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios; y favorecer la creación de empleo.
Entre los beneficios se destaca la amortización acelerada en el IG y devolución anticipada del IVA aplicable a las inversiones.
13. Modificaciones a leyes impositivas
■ Impuesto al Valor Agregado (IVA). Se reduce la alícuota aplicable a la provisión de energía eléctrica utilizada en sistemas de riego para el sector agroindustrial.
■ Impuesto a las Ganancias. Se eliminan los 2 Impuestos cedulares (inmuebles y renta financiera, excepto monedas digitales), eximiéndose las ganancias que hoy tributan bajo dichos regímenes, y se reducen las dos alícuotas máximas de la escala aplicable a personas jurídicas. Asimismo, se incorporan exenciones aplicables sobre la renta proveniente de los intereses generados por depósitos a plazo fijo en moneda extranjera, así como sobre la renta originada en el alquiler de inmuebles destinados a casa-habitación.
■ Valuación de hacienda de invernada. Se modifican los parámetros para acompañar el ciclo de vida del ganado, postergando la valuación de mercado al ejercicio de su realización.
■ Actualización de quebrantos: Se admite la actualización por IPC de quebrantos generados a partir de periodos fiscales iniciados a partir del 01/01/2025.
14. Reducción de la carga tributaria
■ Impuestos internos. Se eliminan los impuestos internos a:
a) Objetos suntuarios.
b) Automotores, motos, aeronaves y embarcaciones.
c) Servicios de telefonía celular y satelital.
d) Seguros.
e) Servicios de Comunicación audiovisual.
f) Entradas a espectáculos cinematográficos.
g) Videogramas grabados.
Aquí está la iniciativa del Poder Ejecutivo enviada al Senado. Consta en su totalidad de 79 páginas y contiene 197 artículos, distribuidos en 26 títulos.
Con 20 emplazamientos a comisión, 7 vetos del Poder Ejecutivo y 5 DNU rechazados, el año legislativo cerró con la menor producción de leyes de la última década y un Congreso donde la oposición logró imponer su agenda.
El año 2025 dejó un total de 11 leyes sancionadas en el Congreso durante el período ordinario, que concluyó el 30 de noviembre. Es el año con menor producción legislativa de la última década, en un contexto marcado por la falta de consensos y por el uso intensivo de herramientas de control por parte de la oposición.
Durante el año se realizaron 22 sesiones, de las cuales 11 fueron especiales, lo que evidencia las dificultades para acordar una agenda común entre las fuerzas políticas, detalla un informe especial elaborado por Directorio Legislativo.
El año también estuvo marcado por un uso inédito de los emplazamientos a comisión. Mientras que en períodos anteriores el máximo había sido de 3, en 2025 se registraron 20, una señal de que la oposición buscó forzar el tratamiento de proyectos frente a un oficialismo que evitaba habilitar debates.
Entre las leyes sancionadas se encuentran tres acuerdos internacionales (pendientes de la presidencia de Alberto Fernández) y ocho iniciativas impulsadas por la oposición: la declaración de emergencia en Bahía Blanca, dos aumentos para jubilaciones, la Emergencia en Discapacidad, la modificación a los aportes del Tesoro de la Nación a las provincias, el financiamiento de universidades nacionales, la Emergencia en Salud Pediátrica y la Ley Nicolás. No hubo proyectos del oficialismo convertidos en ley.
De las 11 leyes aprobadas, siete fueron vetadas por el Poder Ejecutivo. En tres de esos casos el Congreso insistió y revirtió los vetos.
En esta dinámica, el Congreso operó como un territorio opositor -señala esta organización de la sociedad civil- con un uso intensivo de herramientas legislativas para sostener su agenda y limitar al oficialismo. La tensión entre ambos poderes también se expresó en el control de los decretos de necesidad y urgencia: en 2025 se rechazaron cinco DNU sobre un total de 33.
La estrategia legislativa del oficialismo estuvo condicionada por su debilidad numérica. Sin embargo, la nueva composición del Congreso tras las elecciones de octubre abre un panorama favorable para el Gobierno, que podría pasar de una lógica defensiva a una más propositiva si logra construir las alianzas necesarias.
Un estudio nacional de la consultora MIDE revela que, tras 24 meses en el poder, el presidente mantiene un núcleo de apoyo del 36%, pero enfrenta una evaluación negativa del 40% y una imagen personal que retrocedió al 47%. La pobreza y la inflación siguen siendo las principales inquietudes sociales.
A dos años de la asunción de Javier Milei, la consultora Equipo MIDE presentó un estudio nacional que radiografía el humor social y la evaluación de la gestión libertaria. El relevamiento, realizado entre el 1 y el 5 de diciembre sobre 2.142 casos, muestra un escenario marcado por la polarización y la persistencia de problemas estructurales.
El informe, realizado sobre 2.142 casos en todo el país, muestra que el 52% cree que el país va en la dirección correcta, aunque la mayoría percibe un deterioro en su situación personal. El ajuste económico genera rechazo en seis de cada diez argentinos y la expectativa sobre la inflación y la pobreza es mayoritariamente pesimista.
El 52% de los encuestados considera que el país va en la dirección correcta, aunque la tendencia muestra un leve descenso respecto a los primeros meses de gobierno. En cuanto a la gestión, el balance es ajustado: 38% la califica como positiva, 22% regular y 40% negativa. Las áreas peor evaluadas son salud, asistencia social y obras públicas, con más del 40% de opiniones “muy malas”.
La imagen de Milei también refleja desgaste: 47% negativa y 38% positiva, con un 15% que no tiene opinión definida. Además, el estilo del mandatario divide aguas: el 39% afirma que “no le gusta nada”, frente a un 41% que lo aprueba en distinto grado.
Impacto económico y expectativas
El ajuste económico es el punto más crítico. Seis de cada diez argentinos dicen verse afectados negativamente, y un 32% admite que no llega a fin de mes. El 40% cree que el ajuste perjudica principalmente “a los que menos tienen”. Las expectativas tampoco son alentadoras: el 37% anticipa que la inflación será más alta en los próximos meses y el 48% proyecta un aumento de la pobreza.
El informe revela un clima social complejo: 24% dice tener esperanza, pero un 19% se declara con bronca y otro 23% con incertidumbre. En lo personal, el 51% asegura estar peor que antes de la llegada de Milei al poder, frente a un 24% que afirma haber mejorado.
De cara a 2027, el estudio indica que La Libertad Avanza retendría un 40% en un eventual balotaje, mientras que el peronismo alcanzaría el 30%. Sin embargo, la oposición aparece fragmentada: el 44% cree que no tiene un líder claro, aunque Axel Kicillof (24%) y Cristina Fernández (23%) encabezan las menciones.
Completado el recambio legislativo muchos de los legisladores que se fueron dejaron su huella en materia de iniciativas presentadas. parlamentario.com hizo un corte parcial al mes de octubre y estos son los resultados.
Un dato saliente respecto de los proyectos presentados en lo que va del año lo da el hecho de que la mayoría de los rubros en ambas cámaras están encabezados por senadores y diputados que concluyen este año sus mandatos. Al menos así sucedió hasta el mes de octubre, que es donde parlamentario.com ha hecho este corte parcial para reseñar quiénes son los legisladores más prolíficos del año en cada uno de los rubros.
Recordemos, a los efectos estadísticos, que este medio hace esos informes, para su Índice de Calidad Legislativa, contabilizando el período legislativo que va desde marzo a febrero, por lo que el que refiere la actividad del presente año concluye recién en febrero de 2026. Esto es, restan contabilizar 40 días para los diputados y senadores que ya concluyeron sus mandatos y el resto del verano para todos.
Lo cierto es que las senadoras kirchneristas Silvina García Larraburu y Eugenia Duré, cuyos mandatos concluyeron el 9 de diciembre, encabezaron en materia de proyectos de ley y de resolución, respectivamente. Lo mismo sucede con los proyectos de declaración, donde figuró el ahora exsenador radical Víctor Zimmermann. En cuanto a los proyectos de resolución, quien encabeza es la senadora fueguina Cristina López, quien renovó su mandato el pasado 26 de octubre.
En cuanto a la Cámara baja, en proyectos de ley figura primero, al mes de octubre, el exdiputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño. Otro diputado (MC), Gerardo Milman, es el que más proyectos de declaración presentó, mientras que el socialista Esteban Paulón figura al tope en proyectos de comunicación.
A continuación, detallamos los diez primeros diputados y senadores en cada uno de los rubros, al 31 de octubre:
CÁMARA DE SENADORES
Proyectos de ley
| Nombre | Cantidad |
| 1) Silvina García Larraburu | 59 |
| 2) Anabel Fernández Sagasti | 37 |
| 3) Beatriz Ávila | 31 |
| María Eugenia Duré | 31 |
| 5) Daniel Bensusán | 25 |
| 6) Antonio Rodas | 20 |
| 7) Alfredo De Angeli | 16 |
| Silvia Sapag | 16 |
| 9) Sergio Leavy | 14 |
| Bruno Olivera Lucero | 14 |
Proyectos de Declaración
| Nombre | Cantidad |
| 1) Víctor Zimmermann | 121 |
| 2) María Eugenia Duré | 96 |
| 3) Silvina García Larraburu | 44 |
| 4) Nora del Valle Giménez | 40 |
| 5) María Inés Pilatti Vergara | 39 |
| 6) Bartolomé Abdala | 38 |
| 7) Alicia Kirchner | 33 |
| 8) Pablo Blanco | 28 |
| 9) Stella Maris Olalla | 24 |
| 10) Bruno Olivera Lucero | 21 |
Proyectos de Comunicación
| Nombre | Cantidad |
| 1) María Eugenia Duré | 35 |
| 2) Nora del Valle Giménez | 21 |
| 3) Pablo Blanco | 14 |
| 4) Silvina García Larraburu | 13 |
| 5) María Inés Pilatti Vergara | 12 |
Proyectos de Resolución
| Nombre | Cantidad |
| 1) Cándida Cristina López | 5 |
| María Inés Pilatti Vergara | 5 |
| 3) Pablo Blanco | 4 |
| María Florencia López | 4 |
| José Mayans | 4 |
| 6) María Eugenia Duré | 3 |
| Marcelo Lewandowski | 3 |
| Carlos Alberto Linares | 3 |
CÁMARA DE DIPUTADOS
Proyectos de ley
| Nombre | Cantidad |
| 1) Oscar Agost Carreño | 104 |
| 2) Gerardo Milman | 55 |
| 3) Silvana Ginochio | 43 |
| 4) Marcela Pagano | 31 |
| 5) Silvia Lospennato | 29 |
| 6) Paula Oliveto | 27 |
| 7) Vanina Biasi | 26 |
| Carlos Castagneto | 26 |
| Mónica Macha | 26 |
| Esteban Paulón | 26 |
Proyectos de Declaración
| Nombre | Cantidad |
| 1) Gerardo Milman | 121 |
| 2) Yamila Ruiz | 63 |
| 3) Carlos Fernández | 39 |
| 4) Roxana Monzón | 32 |
| 5) Silvana Giudici | 25 |
| 6) Agustina Propato | 21 |
| 7) Margarita Stolbizer | 17 |
| 8) Daniel Arroyo | 13 |
| María Cecilia Ibáñez | 13 |
| Ana Clara Romero | 13 |
| Sebastián Nóblega | 13 |
Proyectos de Resolución
| Nombre | Cantidad |
| 1) Esteban Paulón | 113 |
| 2) Agustina Propato | 89 |
| 3) Ana María Ianni | 67 |
| 4) Christian Castillo | 53 |
| 5) Oscar Agost Carreño | 46 |
| 6) Gisela Marziotta | 43 |
| 7) Eduardo Valdés | 41 |
| 8) Mónica Fein | 38 |
| 9) Silvana Ginocchio | 37 |
| Daniel Vancsik | 37 |
FUENTE: ÍNDIDE DE CALIDAD LEGISLATIVA
Según trascendió, pretenden que el texto sea debatido en comisión este mismo jueves, con la intención de llevarlo al recinto la semana que viene. Negociaciones en torno a ciertos artículos.
Si bien la prioridad para este mes de diciembre es el Presupuesto 2026 (más la ley de inocencia fiscal), el Gobierno quiere mantener activas ambas cámaras y aprovechar eso para que el Senado tenga participación también y no tan solo deba esperar la llegada de la ley de leyes para ponerse en marcha.
En ese sentido, se sabe de las intenciones de llevar el proyecto de ley de modernización laboral al recinto en esa cámara este mismo mes de diciembre, con la intención al menos de darle media sanción a esa reforma clave.
No será fácil pero el tema ya le ha sido encomendado a la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien viene desarrollando en las últimas semanas una ultraactividad notoria en sus nuevas funciones. Tan es así que se le ha pedido que se haga cargo también de la comisión encargada del tema: la de Trabajo y Previsión Social. Una comisión que encabezaba hasta la renovación parlamentaria la cordobesa del Pro Carmen Álvarez Rivero, quien se pasó a La Libertad Avanza recientemente. No sería un buen mensaje para quien ha sido tan fiel al Gobierno de Javier Milei correrla de la comisión que presidía hasta ahora, pero el argumento utilizado sería que la medida es momentánea y a los efectos de aprovechar el conocimiento que en materia laboral tiene Bullrich (recordemos su paso por la cartera laboral en los 2000) para este fin inmediato. El año que viene, Álvarez Rivero ya retornaría a esa función.
No es habitual que quienes presiden bloques lo hagan también en las comisiones, pero La Libertad Avanza tuvo que hacer excepciones durante esta gestión, puesto que Ezequiel Atauche debía estar al frente también nada menos que de Presupuesto y Hacienda, en función de los pocos senadores que eran del oficialismo hasta ahora. Una condición que súbitamente LLA ha solucionado, pero utilizarán igual el antecedente en la emergencia.
La intención oficial era aprovechar esta semana para arrancar con el debate laboral en comisión. Este mismo jueves, en lo posible, cuestión de emitir un dictamen “exprés” y llevarlo al recinto el jueves venidero. No es lo que quiere Unión por la Patria, que reclama una “ronda de expositores”. Habrá roces con el oficialismo si eso no sucede, que si se garantiza los votos con sus eventuales aliados, LLA ignorará.
Todo dependerá, obviamente, de cuándo ingrese el proyecto. Porque hasta ahora circuló un borrador del que todos los medios se hicieron eco, pero la realidad es que el texto concreto todavía no está. Se esperaba que se conociera al final de este martes, para que ingresara a Mesa de Entrada del Senado este miércoles. La espera continúa y las versiones de cambios están a la orden del día, de modo tal que el eventual tratamiento del tema en el Senado queda en veremos. “Todos los cálculos se deberán hacer una vez el texto esté ingresado”, aclaró a parlamentario.com una fuente oficialista de la Cámara alta.
Un proyecto de ley busca que cada 13 de mayo se conmemore en todo el país a las personas fallecidas y afectadas por la administración de fentanilo adulterado, en el marco de la crisis sanitaria más grave por medicamentos en Argentina desde la creación de la ANMAT.
Buscan instituir en el Congreso el 13 de mayo como “Día Nacional de la Memoria de las Víctimas del Fentanilo Adulterado y de la Seguridad Farmacológica” en todo el territorio argentino. La iniciativa surge tras la crisis sanitaria más grave por adulteración de medicamentos registrada en el país desde la creación de la ANMAT en 1992.
La propuesta fue presentada por las diputadas Mónica Fein, Silvana Giudici y Victoria Tolosa Paz, quienes encabezaron la Comisión Especial Investigadora creada por unanimidad en la Cámara de Diputados para esclarecer el brote de fentanilo adulterado. Desde ese espacio, impulsaron medidas legislativas orientadas a fortalecer la trazabilidad y la seguridad farmacológica.
El proyecto apunta a incorporar la fecha al calendario oficial y establecer actividades conmemorativas cada año. El objetivo es honrar a las víctimas fatales y a los pacientes afectados, promover la concientización sobre los riesgos de la adulteración y reforzar los sistemas de control y trazabilidad de medicamentos.
Entre las acciones previstas se incluyen la publicación anual de un Informe de Seguridad Sanitaria elaborado por ANMAT, jornadas de concientización en hospitales y universidades, y un acto oficial con familiares de víctimas y autoridades sanitarias. También se prevé la actualización de protocolos interministeriales para mejorar la respuesta ante emergencias vinculadas a medicamentos adulterados.
La elección del 13 de mayo responde a la fecha en que se formalizó la denuncia que dio origen a la investigación, según consta en el expediente judicial FLP 17371/2025. Aquella pesquisa reveló fallas graves en los sistemas de control y demoras en la notificación de casos, lo que impidió dimensionar el alcance del daño.
“Este día no solo busca recordar una tragedia evitable, sino también garantizar que el Estado asuma su responsabilidad en materia de seguridad farmacológica”, sostienen los fundamentos del proyecto. De aprobarse, el país contará con una jornada destinada a reflexionar sobre una crisis que dejó decenas de víctimas fatales y secuelas permanentes, y que puso en evidencia la necesidad de reforzar los controles en la cadena de insumos críticos.
La iniciativa enviada al Congreso refuerza garantías sobre el derecho de propiedad, agiliza desalojos y limita expropiaciones. Además, elimina artículos clave de la ley de tierras rurales sancionada en 2011, que restringía la compra por extranjeros.
El Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento, para su tratamiento en sesiones extraordinarias, el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las propuestas surgidas del Consejo de Mayo. La iniciativa busca consolidar el derecho constitucional de propiedad, establecer reglas claras para expropiaciones y desalojos, y modificar regímenes vinculados a tierras rurales y ocupaciones irregulares.
Entre los puntos centrales, la ley redefine el cálculo de indemnizaciones por expropiación, que se limitarán al valor objetivo de mercado y daños directos, excluyendo ganancias hipotéticas o valores afectivos. Además, prohíbe la transferencia de dominio sin pago íntegro y establece que toda ocupación temporánea anormal no podrá superar los 60 días.
En materia de desalojos, el proyecto incorpora procedimientos más ágiles: el juez deberá ordenar la entrega inmediata del inmueble en casos de intrusión o falta de pago, previa presentación del título de propiedad y caución juratoria. También se habilita el uso de la fuerza pública y allanamientos para garantizar el cumplimiento de las sentencias.
Otro aspecto relevante es la derogación de artículos de la Ley 26.737, impulsada en su momento por Máximo Kirchner, que fijaba límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. El nuevo texto mantiene restricciones para Estados y empresas estatales extranjeras, pero flexibiliza condiciones para inversiones privadas.
La norma también restituye disposiciones sobre el manejo del fuego y modifica el régimen de regularización dominial para barrios populares, estableciendo cuotas que no superen el 20% del ingreso familiar.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca enviar una señal de seguridad jurídica y protección de la propiedad privada, en línea con su agenda de reformas estructurales.
La iniciativa busca garantizar el derecho constitucional de enseñar y aprender, reconoce el rol preferente de las familias y promueve la diversidad de proyectos pedagógicos. Incluye nuevas reglas para la educación básica, formas alternativas de enseñanza y un sistema de financiamiento equitativo.
El Poder Ejecutivo remitirá al Congreso, para su tratamiento en sesiones extraordinarias, el proyecto de Ley de Libertad Educativa, que redefine el sistema nacional de educación sobre principios de libertad, justicia y pluralismo. Se trata de otra de las propuestas del Consejo de Mayo: deroga la Ley de Educación Nacional y establece un marco que otorga mayor autonomía a las instituciones, reconoce la educación en el hogar y en entornos virtuales, y garantiza igualdad jurídica entre escuelas estatales y privadas.
La iniciativa que enviará el Gobierno al Parlamento plantea un cambio profundo en la organización del sistema educativo argentino. El proyecto consagra la libertad educativa como derecho fundamental, reconoce el rol preferente de las familias en la formación de sus hijos y establece que el Estado actúe como garante del acceso y la permanencia, sin sustituir la responsabilidad individual ni la iniciativa social.
Entre los puntos centrales, la ley define un Sistema Nacional de Educación basado en la autonomía institucional y la diversidad pedagógica, asegurando igualdad de trato entre instituciones estatales y privadas. Se garantiza la gratuidad en las escuelas públicas y se prevé financiamiento equitativo para todas las instituciones, mediante criterios centrados en el estudiante.
La propuesta también incorpora formas alternativas de enseñanza, como la educación en el hogar y en entornos virtuales, con mecanismos de acreditación basados en evaluaciones estandarizadas. Además, establece contenidos mínimos comunes para todo el país, respetando la identidad cultural y lingüística de los pueblos originarios, y crea el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES) como herramienta voluntaria para medir aprendizajes al finalizar la escolaridad obligatoria.
En materia docente, la ley introduce una nueva carrera profesional basada en mérito, formación continua y evaluación periódica, y crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente. También fija principios para el financiamiento educativo, incluyendo aportes regulares a instituciones privadas y dispositivos como vales o becas para garantizar la libre elección de escuela.
Con esta norma, el Gobierno busca modernizar el sistema educativo, ampliar la libertad de elección y reducir desigualdades, en un contexto de debate sobre la calidad y la equidad en la educación argentina.
La iniciativa prohíbe presupuestos deficitarios, limita la emisión monetaria y establece sanciones penales para funcionarios que incumplan las reglas fiscales. También incorpora mecanismos de control legislativo y reformas a la Ley de Administración Financiera.
El Poder Ejecutivo promueve el tratamiento en sesiones extraordinarias del proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca consolidar un marco normativo estricto para evitar desequilibrios presupuestarios y prácticas que comprometan la estabilidad macroeconómica.
La propuesta -enviada al Congreso el pasado 15 de septiembre- establece que el Presupuesto General de la Administración Nacional deberá proyectar un resultado financiero equilibrado o superavitario, prohibiendo expresamente la sanción de leyes que contemplen déficit. En caso de desvíos durante la ejecución, el jefe de Gabinete estará obligado a adoptar medidas correctivas, notificando al Congreso en un plazo de cinco días.
El proyecto también impone disciplina al Poder Legislativo: toda ley que implique gastos adicionales solo podrá aplicarse cuando las partidas estén incluidas en el presupuesto del ejercicio siguiente, salvo que la norma garantice financiamiento específico sin afectar el equilibrio fiscal. Además, se incorpora la obligación de presentar un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo para cualquier iniciativa que genere erogaciones o afecte recursos.
En materia monetaria, la ley prohíbe al Poder Ejecutivo solicitar adelantos transitorios al Banco Central para financiar gasto primario. El incumplimiento de estas disposiciones acarreará responsabilidades administrativas y penales: se crean nuevas figuras en el Código Penal que sancionan con prisión e inhabilitación a funcionarios que autoricen gastos sin respaldo o impulsen emisión irregular de moneda.
La iniciativa también modifica la Ley 24.156 de Administración Financiera, ampliando su alcance a todo el sector público y reforzando la obligación de consolidación presupuestaria. Las disposiciones tendrán carácter de orden público y regirán desde la próxima formulación del presupuesto nacional.
Con esta ley, el Gobierno busca enviar una señal de compromiso con la estabilidad fiscal y monetaria, en un contexto de alta volatilidad económica y negociaciones con organismos internacionales.
La iniciativa, ya presentada oportunamente, eleva los montos para configurar delitos tributarios, introduce mecanismos para extinguir la acción penal mediante pago voluntario y crea un régimen simplificado de declaración jurada para contribuyentes de menores ingresos. También redefine plazos de prescripción y busca reducir la litigiosidad.
Este proyecto busca incluir en la economía local los “dólares del colchón”.
El Poder Ejecutivo quiere que el Congreso apruebe en estas extraordinarias un proyecto de ley que propone cambios sustanciales en materia tributaria y penal fiscal, con el objetivo de garantizar el principio de inocencia fiscal y adecuar la normativa a la realidad económica. La iniciativa modifica el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, además de incorporar un régimen simplificado para la presentación de declaraciones juradas.
Este proyecto será debatido de manera conjunta con el Presupuesto 2026, y para eso pasará por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, que deberán constituirse para tal fin, pero que seguirán siendo presididas por Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.
Entre las principales reformas se destaca la actualización de los umbrales para la configuración de delitos tributarios, que pasarán de cifras históricas a montos acordes con la inflación acumulada. Por ejemplo, el mínimo para considerar evasión simple se eleva de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para evasión agravada el límite será de $1.000 millones. También se incrementan los valores en otros tipos penales y sanciones administrativas.
El proyecto introduce un mecanismo para extinguir la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación antes de la denuncia, pagando la totalidad de la deuda más intereses. Incluso, si la causa ya está iniciada, podrá cerrarse mediante el pago del monto adeudado más un adicional del 50%, dentro de los 30 días posteriores a la imputación.
Otra novedad es la creación de un régimen simplificado de declaración jurada para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones. Quienes adhieran podrán aceptar la propuesta de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y, tras el pago, obtener efecto liberatorio y presunción de exactitud en sus declaraciones, salvo casos de fraude o documentación apócrifa.
Asimismo, se redefine el plazo de prescripción para las acciones del fisco, que será de cinco años para contribuyentes inscriptos y diez para no inscriptos, con reducción a tres años si se cumplen ciertas condiciones. El proyecto también invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar regímenes simplificados similares.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca reducir la conflictividad judicial, dar mayor previsibilidad a los contribuyentes y modernizar un sistema que, según argumenta, quedó desactualizado frente a la dinámica económica.
El nuevo régimen se adecua a la Ley Nacional de Inversiones Mineras, introduce un esquema progresivo de alícuotas y crea un fondo para desarrollo económico y socioambiental.
El Senado de la provincia de Mendoza otorgó sanción definitiva al proyecto de Ley del Poder Ejecutivo que establece el régimen jurídico para la percepción de regalías mineras derivadas de la explotación de los recursos minerales en la provincia. Durante la votación, la propuesta fue aprobada por 30 votos a favor y 6 en contra.
La iniciativa, que se adecúa a la Ley Nacional 24.196 de Inversiones Mineras y a la adhesión provincial vigente, define cómo se calculan y controlan las regalías mineras, garantiza trazabilidad y responsabilidad ambiental en toda la cadena productiva y establece que una parte de los fondos se destinará a los municipios que adhieran al régimen.
El objetivo de la propuesta es establecer el régimen jurídico aplicable a la percepción, determinación, liquidación, control, distribución y destino de las regalías mineras generadas por la explotación de recursos minerales en la provincia, conforme a los principios de la legislación vigente.
La norma determina que la extracción de sustancias minerales de primera y segunda categoría —según los artículos 3 y 4 del Código de Minería de la Nación— queda sujeta al pago de regalías. El decreto reglamentario definirá el momento en que nace la obligación de pago, de acuerdo con la naturaleza de cada explotación.
El régimen alcanza a todas las personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que “en ejercicio principal o accesorio de su actividad, exploten, industrialicen y/o comercialicen minerales de primera y segunda categoría otorgados por el Estado provincial”. En los casos en que haya dos o más titulares, todos serán solidariamente responsables del pago total de la regalía.
Quedan exceptuadas las empresas consideradas microempresas, según la definición de la Autoridad de Aplicación Nacional (Ley 25.300), y la extracción de sustancias minerales destinadas a investigación o con fines científicos o culturales.
Monto y modalidad de las regalías
Las regalías se determinarán aplicando los porcentajes establecidos sobre el valor “boca mina”, conforme a la Ley 24.196 y su reglamentación.
La alícuota general será del 3% del valor del mineral. Para los proyectos que no hayan iniciado la construcción de la etapa de explotación antes de la entrada en vigencia de la Ley, se prevé una alícuota progresiva y móvil, que no podrá superar el 5%, según establezca la reglamentación.
La norma también contempla reducciones, exenciones parciales y regímenes diferenciales para promover proyectos con agregado de valor local, tecnologías limpias, obras de infraestructura con impacto social, o cumplimiento de estándares ambientales y de inclusión social y de género.
Distribución de los recursos
El proyecto establece que el 88% de la recaudación se destinará a Rentas Generales. De ese monto, el 15% será afectado al Fondo de Desarrollo Económico y Socioambiental, creado por esta Ley. Este Fondo financiará proyectos de desarrollo económico, social, productivo y territorial; obras e infraestructuras socioambientales vinculadas a la actividad minera; así como acciones de control, monitoreo, participación ciudadana y fortalecimiento institucional. Podrá administrarse mediante un fideicomiso u otra figura legal idónea.
El 12% restante se asignará a los municipios donde se realice la extracción, siempre que adhieran al régimen. Estos recursos deberán destinarse exclusivamente a obras públicas y a infraestructura económica, social, ambiental y productiva.
La fundamentación del proyecto sostiene que la propuesta “establece un régimen claro, equitativo y transparente de determinación y percepción de regalías mineras”, asegurando la adecuada participación provincial y municipal en la renta de la actividad. También remarca que los recursos asignados permitirán fortalecer el control ambiental, promover el desarrollo local y mejorar la capacidad institucional.
Además, se destaca que esta Ley provincial moderna “aporta certeza regulatoria, mejora la calidad institucional y favorece la atracción de inversiones responsables”, en consonancia con el régimen minero vigente. Finalmente, el texto subraya que el fortalecimiento de los estándares de trazabilidad y control es clave para sostener la licencia social y garantizar previsibilidad a lo largo del ciclo de vida de los proyectos.
El nuevo Fondo permitirá actuar de manera inmediata ante daños ambientales colectivos, emergencias o zonas degradadas. Se financiará con recursos provenientes de multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes por Declaraciones de Impacto Ambiental, créditos, donaciones y recuperos legales.
El Senado de Mendoza otorgó sanción definitiva al proyecto de ley que crea el Fondo de Compensación Ambiental, una herramienta destinada a fortalecer el desarrollo sustentable mediante la recomposición, mitigación o atención urgente frente a situaciones de daño ambiental. La propuesta fue aprobada por 30 votos afirmativos y 6 negativos, por lo que fue remitida al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.
Los recursos de este Fondo podrán utilizarse para la restauración o mitigación de daños de incidencia colectiva cuando los responsables sean insolventes o no estén determinados; para compensar áreas afectadas por actividades industriales; para intervenir en emergencias ambientales; y para ejecutar obras de recomposición ecológica que beneficien a comunidades impactadas.
La iniciativa recuerda que la Ley General del Ambiente (Ley Nacional 25.675) estableció la Política Ambiental Nacional y definió los presupuestos mínimos para una gestión adecuada del ambiente, la preservación de la diversidad biológica y el desarrollo sustentable, en concordancia con el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Esa norma prevé la creación de un Fondo de Compensación Ambiental administrado por la autoridad competente de cada jurisdicción, con el fin de garantizar la calidad ambiental, prevenir y mitigar efectos nocivos, atender emergencias y proteger o conservar los sistemas ecológicos. También establece que el fondo puede utilizarse para acciones de restauración que minimicen daños, y que su integración y destino deben definirse por ley especial.
En el ámbito provincial, se destaca que el artículo 3 de la Ley 5961 habilita la conformación de un fondo de estas características. Sin embargo, Mendoza aún no había dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 34 de la normativa nacional, que fija los presupuestos mínimos para la protección ambiental.
El proyecto
El articulado establece que el Ministerio de Energía y Ambiente será la autoridad de aplicación y administración del Fondo. Deberá presentar un informe anual sobre su gestión, ingresos y destinos.
La reglamentación definirá el sistema de gestión financiera y los mecanismos de control, conforme a las normas vigentes de la administración pública provincial.
El Fondo se destinará a obras y acciones de cese, restauración o mitigación de daños cuando los responsables no puedan solventarlos por insolvencia, falta de determinación u otras causas que impidan la reparación adecuada. También permitirá actuar de manera urgente ante situaciones que requieran intervención inmediata para evitar la propagación del daño.
En los casos de indemnizaciones judiciales y cuando la sentencia no establezca un destino específico, los recursos se aplicarán íntegramente a acciones de restauración, reparación, mitigación o compensación ambiental en la zona afectada.
El Fondo se financiará con multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes por Declaraciones de Impacto Ambiental, créditos, donaciones y recuperos legales.
Asimismo, se lo exime de todos los impuestos, tasas y contribuciones provinciales vigentes y futuras, incluidos Sellos e Ingresos Brutos, cuando estos gravámenes puedan afectar sus recursos. También se establece la inembargabilidad y la afectación exclusiva de los fondos al cumplimiento de su objeto legal, y se aclara que no constituye una garantía supletoria para damnificados directos por daños ambientales.
El texto invita al Departamento General de Irrigación y a los Municipios a adherir y destinar recursos al Fondo. Además, fija un plazo de 180 días para su reglamentación tras su promulgación.
Con 95 diputados y convertido en la primera minoría de la Cámara baja, La Libertad Avanza mantendrá este martes un encuentro clave con autoridades legislativas y el ministro Federico Sturzenegger para analizar el temario del período extraordinario que comienza este miércoles.
Los diputados del reforzado bloque oficialista volverán a reunirse este martes por la tarde para trabajar en torno al temario de las sesiones extraordinarias. La cita será a partir de las 19 y contará con la presencia de los 95 integrantes del bloque libertario, que tras las últimas incorporaciones se consolidó como la primera minoría en la Cámara de Diputados.
Según pudo saber este medio, el encuentro se realizará junto a autoridades de la Cámara y tendrá como invitado principal al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El eje de la charla será el análisis de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo para debatir durante el período extraordinario que arrancará este miércoles, tras la publicación del decreto presidencial en el Boletín Oficial.
La intención del oficialismo es que los legisladores de La Libertad Avanza —muchos de los cuales carecen de experiencia política y legislativa— se interioricen sobre los temas que dominarán la agenda parlamentaria en las próximas semanas. Se espera que se les brinde información detallada sobre el contenido de las iniciativas y el procedimiento legislativo que se seguirá.
Fuentes del bloque consultadas señalaron que la reunión tendrá un carácter “técnico-legislativo”, con explicaciones sobre los proyectos que surgen del denominado Consejo de Mayo y que forman parte del paquete de reformas impulsadas por el Gobierno.
A través de su encuesta anual realizada en ambas cámaras del Congreso de la Nación, la revista Parlamentario eligió a los diputados y senadores más destacados a lo largo del año. Además, se distinguió por la misma vía a los medios y periodistas que mejor cubrieron la actividad legislativa a lo largo del año.
2025 fue sin lugar a dudas un año de los más intensos. De hecho, cuando los números comprueban que fue de los años electorales de más actividad legislativa que se recuerde. Con un oficialismo asediado por la oposición, que marcó la agenda hasta que las elecciones del 26 de octubre establecieron un claro ganador y esa presión opositora se frenó. Y el Gobierno nacional retomó la agenda legislativa.
Esos datos fueron sin duda tenidos en cuenta a la hora de armar votar a los legisladores nacionales más laboriosos, en el marco de la encuesta anual de la revista Parlamentario para entregar los Premios Parlamentario correspondientes a este año.
El resultado mostró en el Senado a un alguien que supo ganar la máxima distinción numerosas veces, pero en la Legislatura bonaerense que integró durante muchos años: el radical bonaerense Maximliano Abad. Y en la Cámara baja, a alguien que no ganó nunca el premio principal en el Congreso de la Nación, pero que tampoco había figurado hasta ahora entre los diez nominados: la diputada Victoria Tolosa Paz.
Se trata de la trigésimo tercera edición de los Premios Parlamentario, que se entregarán entre los meses de marzo y abril del próximo año. Y corresponden a 2025 un año que tuvo en la diputada de Unión por la Patria una voz presente en los temas más relevantes, y que durante los últimos tiempos la mostró como figura destacada en el debate en torno a la crisis del fentanilo contaminado y/o adulterado. De hecho, fue secretaria de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre ese tema.
Fue también vicepresidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, e integró además las comisiones de Asuntos Cooperativos; Discapacidad, Defensa del Consumidor; Energía y Combustibles; Finanzas; Industria; Pequeñas y Medianas Empresas; y Presupuesto y Hacienda.
A propósito de su lugar en la Comisión de Discapacidad, Tolosa Paz fue otra de las voces que más se elevaron durante el debate durante la polémica por la no implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
A lo largo del año, la diputada bonaerense fue autora de once proyectos de ley, entre ellos la declaración de Emergencia Ambiental, Económica y Habitacional en la ciudad de Bahía Blanca y toda la región afectada por el temporal del 7 de marzo de este año.
Entre otras cuestiones, impulsó la obligatoriedad de la educación inicial desde los 3 años en el Sistema Educativo Nacional; y una reparación económica para jubilados y pensionados.
En el caso de Maximiliano Abad, este abogado de 48 años oriundo de Ranchos, pero graduado y de actividad plena en Mar del Plata, es vicepresidente de la Comisión de Deporte, e integra comisiones clave como las de Asuntos Constitucionales; de Relaciones Exteriores, y la de Acuerdos. Es también vocal en las de Asuntos Administrativos y Municipales; la de Coparticipación; la Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior y del Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados.
Motorizó este año, junto a sus pares bonaerenses Juliana di Tullio y Eduardo “Wado” de Pedro, el proyecto para declarar la Emergencia en Bahía Blanca por el temporal allí sucedido, el cual se convirtió en ley pero terminó siendo vetado por el Ejecutivo.
Fue autor este año de una decena de proyectos de ley, entre ellos uno de prevención y lucha contra la economía del delito; otro de asistencia y acompañamiento a la Universidad Nacional del Sur; y una iniciativa para actualizar de manera automática las penas tributarias. Impulsó en septiembre pasado un proyecto de ley de extinción de dominio, y motorizó varias iniciativas referidas al papa Francisco, con motivo de su deceso.
Abad también propuso la incorporación de conocimientos básicos de las finanzas personales en los establecimientos educativos de nivel secundario. Precisamente la educación es una de sus mayores preocupaciones y en tal sentido defiende la educación pública como herramienta transformadora.
Todos los premiados
De la encuesta anual de Parlamentario participan asesores, periodistas especializados y los propios diputados y senadores nacionales, que contestan planillas donde deben señalar a 5 diputados y otros tantos senadores. En orden cualitativo, de modo tal que el primero recibe 5 votos, el segundo 4, el tercero 3, el cuarto 2 y el quinto 1.
Maximiliano Abad consiguió 183 puntos este año. La ganadora en la Cámara de Diputados, Victoria Tolosa Paz, obtuvo 156 puntos.
En la Cámara baja, el segundo lugar fue para Silvana Giudici, que cosechó 149 puntos. Protagonista central de la actividad legislativa a lo largo del año, esta diputada tuvo mucha participación en los debates, planteando en general desde su papel de secretaria Parlamentaria del bloque Pro, posturas en defensa del Gobierno nacional. Pasadas las elecciones, fue una de las que se pasó a las filas de La Libertad Avanza, donde ocupará el mismo lugar que en el Pro dentro del bloque: la Secretaría Parlamentaria.

Fue una de las protagonistas del debate parlamentario durante la discusión del caso del fentanilo adulterado y/o contaminado, siendo quien impulsó la creación de la comisión investigadora, en la que ocupó el cargo de vicepresidenta 1°. En materia de comisiones, también es secretaria de la de Comunicaciones e Informática, donde es secretaria; y también forma parte de las de Energía y Combustibles; Libertad de Expresión; Peticiones, Poderes y Reglamento; Presupuesto y Hacienda, y la de Relaciones Exteriores y Culto.
A propósito, preside el Grupo Parlamentario de Amistad con Venezuela.
Completa el podio en la Cámara de Diputados, con 141 votos, el también oficialista Nicolás Mayoraz, quien comparte la Secretaría Parlamentaria del bloque con Giudici. Mayoraz es santafesino, y como tal encabezó la lista de candidatos a constituyentes de LLA que reformaron la Constitución de esa provincia este año. Tuvo entonces gran protagonismo en la redacción de ese texto.

Preside la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales y como tal fue protagonista de los debates más relevantes llevados adelante a lo largo de este año. Entre ellos, los que tuvieron que ver con la suspensión de las PASO y ficha limpia, aprobados ambos en la Cámara baja. Participó también en la elección de la defensora de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuestionando fuertemente el nombre de quien resultó elegida, aunque todavía resta que ese nombre pase por el Senado.
En medio de ese debate tuvo fuertes cruces con sus pares de Unión por la Patria, a los que enrostró: “500.000 niños abortados en Argentina; así cuidan la niñez”.
Germán Martínez ocupó el cuarto lugar de la lista que surgió de la elección de los Premios Parlamentario. El presidente del bloque Unión por la Patria consiguió 137 puntos, y fiel a su costumbre, fue protagonista de todos los debates. La emprendió una y otra vez contra el oficialismo, en cuestiones que iban desde el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, a los vetos presidenciales contra leyes como la Emergencia en Discapacidad, la Emergencia Pediátrica, el Financiamiento Universitario y los haberes jubilatorios.

Mantuvo la conducción del bloque, que llegó a las elecciones con sus 98 miembros, con el firme objetivo de sostener la unidad del peronismo y evitar fracturas internas, insistiendo en la necesidad de “coherencia y personalidad” en la oposición. Se opuso a la eliminación de las PASO y participó en las tensas sesiones extraordinarias de febrero, donde protagonizó un cruce con el presidente de la Cámara, llegando a desafiarlo con la célebre frase “Segurola y Habana”, en medio del debate de ese proyecto.
Defendió los proyectos de mejoras de haberes jubilatorios y actualización de bonos congelados; la ampliación de la moratoria previsional, y en su rol institucional se consolidó como principal vocero opositor en Diputados. Entre los hechos más recientes, denunció el “blindaje financiero” de Estados Unidos como una cesión de soberanía y criticó la “falta de rumbo económico” del Gobierno.
Nicolás Massot aparece en el quinto lugar, con 133 puntos. Fue articulador de la oposición durante este año de relación tan complicada entre el oficialismo y la oposición. Mano derecha de Miguel Pichetto en el bloque Encuentro Federal, fue desde allí de los que pusieron en marcha la agenda opositora. Muy severo con el Gobierno, le adjudicó a Javier Milei “una vocación de ir por la banquina”, afirmando que siendo un Gobierno que “ya no está en una situación excepcional, donde no puede hacer las cosas distinto, elige hacer las cosas mal”.

Fue uno de los protagonistas en la discusión por el tema $LIBRA, y al respecto sostuvo que le llamaba la atención que “los hermanos Milei se sienten cómodos siendo denunciados, pero sin denunciar a nadie”.
El sexto lugar fue para un diputado que concluye su mandato este año y no consiguió la reelección: Oscar Agost Carreño, quien consiguió 128 votos. También integra el bloque Encuentro Federal, y como tal estuvo en el trabajo fino de la agenda parlamentaria, mientras la oposición llevó las riendas de la misma. En ese marco, fue la voz cantante que estableció en el recinto un cronograma de trabajo para el emplazamiento impulsado sobre la modificación del Régimen Legal de los DNU.

Durante el año viajó a Estados Unidos para recopilar información sobre la causa $LIBRA, y a propósito de ese caso, propuso regular la actividad del “lobby”.
De muy buen diálogo con el periodismo parlamentario, cuya tarea siempre favoreció, este cordobés deja el Congreso habiendo presentado nada menos que 152 proyectos de ley durante su gestión. Entre los más recientes, por ejemplo, uno sobre la creación de la figura del defensor adjunto del Pueblo “por vacancia prolongada”.
La diputada radical Pamela Verasay fue la única integrante del partido centenario que consiguió la reelección por un nuevo mandato en las elecciones de octubre. También le fue bien en la elección para los Premios Parlamentario, donde se ubicó séptima, con 124 puntos. La mendocina preside la Comisión de Transportes, e integra también las de Educación, Energía y Combustibles, Finanzas, Legislación del Trabajo, Pequeñas y Medianas Empresas, y la de Recursos Naturales.

Durante el presente año impulsó proyectos como el que busca establecer la cantidad de representantes sindicales por establecimiento, y otro que modifica las paritarias provinciales.
Otro miembro de Unión por la Patria aparece a continuación. Es el tucumano Pablo Yedlin, que reunió 117 puntos y se ubicó en el octavo lugar. Presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, la misma fue una de las más activas durante el año. Fue impulsor del texto original que derivó en la Ley de Emergencia Pediátrica, pero tras su aprobación aclaró: “Si bien redacté el proyecto de ley, los verdaderos autores son las enfermeras, médicos y residentes del Hospital Garrahan que, con su resistencia, lograron que la mayoría de los bloques del Senado de la Nación lo aprobaran”.

A continuación se ubicó la diputada radical Karina Banfi, con 115 votos. Fue impulsora de la Ley de Emergencia por Bahía Blanca, de donde es oriunda. A lo largo de este año promovió propuestas como la regulación de la eutanasia; la creación de un Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud; un proyecto de atención temprana de ataques cerebrovasculares y una modificación de la Ley de Medicamentos para reforzar controles sobre origen de fondos y antecedentes penales.

Por último, cierra el listado de los diez diputados más votados, el cordobés Juan Brügge, con 109 votos, quien fue distinguido este año con la presidencia de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario. Durante el debate de la suspensión de las PASO, en el verano, Brügge se pronunció a favor de su eliminación definitiva, y durante el año impulsó una ley para limitar el uso discrecional del presupuesto nacional. Lo hizo en pleno debate entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo Nacional sobre los fondos provinciales. “El presupuesto es uno de los pilares de la República. Su manipulación discrecional pone en riesgo la credibilidad institucional, el equilibrio federal y la vigencia misma del Estado de Derecho”, expresó en tal sentido.

El resultado en el Senado
Detrás de Maximiliano Abad, se ubicó este año José Mayans, con 178 puntos. Ganador principal en los años 2020 y 2021, el formoseño fue como de costumbre una de las figuras centrales de la Cámara alta. Habitualmente ácido al referirse al Gobierno de Javier Milei, lo acusó de tratar de “clausurar uno de los poderes del Estado”, al desconocer las sesiones autoconvocadas por la oposición. Lideró las embestidas opositoras sobre el aumento de jubilaciones y bono previsional; la prórroga de la moratoria previsional y la Emergencia en Discapacidad, entre otras. También la ofensiva para rechazar decretos presidenciales que buscaban desmantelar organismos estatales.

“Tiene que sesionar todas las semanas el Congreso”, sostuvo en el transcurso del año, cuando la oposición robustecía sus embestidas en el Senado. Una y otra vez Mayans arremetió contra las intenciones privatizadoras del Gobierno en relación al plan nuclear argentino, que calificó como “una estafa a gran escala”. El formoseño también pidió el juicio político contra la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y reclamó la presencia en el Senado de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
El titular del bloque radical del Senado, Eduardo Vischi, se alzó con 169 puntos. El correntino se consolidó como jefe del bloque UCR en la Cámara alta, donde articuló acuerdos con otros espacios opositores y le marcó límites al oficialismo libertario. Criticó en ese sentido el uso “excesivo” de las herramientas legislativas otorgadas al Ejecutivo en 2024, alertando sobre el deterioro institucional y la falta de diálogo con el Congreso. Advirtió en ese sentido que al Gobierno “se les subieron los humos y se quisieron llevar todo por delante”.

Presentó y defendió proyectos para modificar la Ley del Impuesto a los Combustibles Líquidos y redistribuir automáticamente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), eliminando el manejo discrecional de fondos fiduciarios; como así también para garantizar coparticipación transparente y equitativa entre Nación, provincias y CABA. Ambas iniciativas fueron respaldadas por gobernadores de todos los signos políticos y se convirtieron en uno de los principales focos de tensión con el Ejecutivo, que vetó la ley de ATN en septiembre.
El cuarto lugar le correspondió al senador riojano Jesús Fernando Rejal, que consiguió 162 votos. Miembro del bloque Convicción Federal, este senador integra las comisiones de Presupuesto; Economía Nacional e Inversión; Economías Regionales; Agricultura, Minería; y de Ambiente. Es miembro titular además del Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados.

Impulsó a lo largo del año 13 proyectos, siendo el más reciente el que promueve la protección y preservación del ciclo nuclear argentino. Impulsó también modificaciones sobre la elaboración de estadísticas de la canasta básica alimentaria, conforme estándares internacionales; y la declaración de emergencia del sistema vial nacional por el término de dos años.
En el quinto lugar se ubicó, con 157 puntos, el jujeño Ezequiel Atauche. Ganador del Premio Parlamentario principal en 2024, quien fue hasta diciembre titular del diminuto bloque oficialista y presidente de la estratégica Comisión de Presupuesto. Debió arreglárselas con lo poco que tenía, numéricamente hablando, para defender las propuestas del Gobierno nacional. En ese sentido, tuvo que lidiar con la oposición en julio pasado, cuando la misma se autoconvocó en la Comisión de Presupuesto para dictaminar proyectos sociales, tales como jubilaciones y discapacidad, sin su autorización. Eso generó una fuerte disputa institucional, en la cual Atauche trató de desconocer esos dictámenes y defendió la postura oficialista de no tratar iniciativas que implicaran gasto adicional.

Al dejar su cargo en manos de Patricia Bullrich, agradeció la confianza dispensada en él por parte de Javier y Karina Milei. “En este tiempo, gracias al trabajo en equipo y a los acuerdos políticos alcanzados, pudimos avanzar en la aprobación de leyes que marcan el rumbo de transformación que propuso el presidente Javier Milei”, destacó, para agregar que “acompañamos un proceso histórico de reformas estructurales que devolvió al país el equilibrio fiscal y sentó las bases de un Estado más eficiente, transparente y moderno”.
Un escalón detrás se ubicó, con 148 puntos, el senador Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado. Fue ratificado en mayo como presidente provisional, luego de que en febrero no pudiera realizarse la sesión preparatoria por falta de quórum. En noviembre enfrentó rumores sobre su reemplazo por senadores electos, pero reafirmó que su mandato como autoridad parlamentaria se extiende hasta febrero de 2026.

En el recinto, impulsó la suspensión de las PASO, inclinándose por su eliminación, como parte de la agenda de “normalización política”. También promovió la ley de ficha limpia señalando que “no deberían participar en política quienes están condenados por delitos”.
El séptimo lugar fue para la tucumana Beatriz Ávila, quien consiguió 143 votos. Presidenta de la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso de la Nación, es también secretaria de la de Justicia y Asuntos Penales. Integra además las de Relaciones Exteriores; Legislación General; Seguridad Interior; Acuerdos y la de Salud. También forma parte de la Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

Ávila cerró el año sumándose a las filas del gobernador de su provincia, al armar el bloque Independencia en la Cámara alta. Por ahora será un monobloque, pero podría sumar a los senadores que responden a los gobernadores Sáenz y Rolando Figueroa.
El proyecto más reciente de Ávila consiste en establecer un régimen de reparación económica para menores, incorporando al homicidio doloso en las disposiciones generales. Asimismo impulsó un proyecto referido a las patentes de invención, con relación a las patentes desarrolladas con utilización de Inteligencia Artificial.
El octavo lugar fue ocupado por la senadora cordobesa Alejandra Vigo, con 137 puntos. Esta senadora preside la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales, por lo que estuvo al frente de los debates sobre la suspensión de las PASO y de ficha limpia. Precisamente sobre ese último tema, el 7 de mayo, tras la caída del proyecto de ley de ficha limpia en el pleno, denunció un pacto entre el Gobierno nacional y el de Misiones.

También trabajó en el debate en su comisión de proyectos para ampliar la Corte Suprema y la Auditoría General de la Nación.
La mendocina Mariana Juri quedó en el noveno lugar, con 124 puntos, preside la Comisión de Turismo, y precisamente por ese dato presentó una ley para nivelar beneficios fiscales entre aerolíneas para mejorar l a conectividad de provincias, permitir que utilicen saldos de IVA e impulsa más rutas de cabotaje.

Se mostró crítica respecto de las candidaturas testimoniales, al punto tal de que en julio pasado, junto a su comprovinciano Rodolfo Suárez, presentó un proyecto para inhabilitar por cuatro años a candidatos que habiendo sido elegidos, no asumen el cargo.
La chubutense Edith Terenzi (119 puntos) cierra esta lista de diez senadores bien ubicados en la encuesta. Terenzi se mostró particularmente interesada por los temas ambientales y como presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable presentó un proyecto para tipificar el ecocidio, con penas de 3 a 10 años (extendibles hasta 25 en caso de muertes), y sanciones para empresas como suspensión de contratos públicos por daños ambientales. Asimismo impulsó una ley marco para industria de hidrógeno renovable.

Más allá de esas cuestiones, se preocupó especialmente por proyectos vinculados con la salud, como una modificación de la Ley de Régimen para la detección y posterior tratamiento de patologías den el recién nacido, incorporando la atrofia muscular espinal. Logró la aprobación del mismo en la Cámara alta y luego fue ella misma a una comisión de Diputados cuando comenzó a tratarse el tema allí, para explicar la necesidad de atender ese problema que es parte de un grupo de enfermedades genéticas raras que afectan principalmente a las neuronas motoras, las células nerviosas encargadas de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo como caminar, respirar, tragar y hablar. Estas neuronas se encuentran en la médula espinal y en la parte inferior del cerebro. Cuando estas células mueren o se deterioran, los músculos se debilitan progresivamente y se atrofian.
Medios premiados
Como es habitual, Parlamentario distingue el trabajo que cada año los medios de comunicación realizan cubriendo la actividad legislativa. Veamos quiénes fueron los ganadores de este año.
El diario La Nación volvió a imponerse en el rubro Medios Gráficos. Es la vigésimo quinta vez que se alza con la principal distinción. El segundo lugar fue para el diario Clarín.
En el rubro Mejor Cobertura Radial, el primer puesto fue para Radio Mitre, que aventajó a Rivadavia (ganadora del año 2023). Es la onceava vez que Mitre gana la principal distinción en radios.
En Televisión y por sexto año consecutivo, la distinción principal fue para Diputados TV, la señal que transmite a diario toda la actividad que acontece en la Cámara baja. El segundo lugar fue compartido por Senado TV y La Nación+.
En el rubro agencias y portales, el ganador fue la agencia Noticias Argentinas, que aventajó al portal de TN.com, ubicado en el segundo lugar.
No solo los medios son premiados por Parlamentario. También los trabajadores de prensa que diariamente cubren la actividad legislativa son por supuesto merecedores de distinciones y en este caso la principal en cuanto a Mejor Cobertura Gráfica fue este año para la periodista del diario La Nación Delfina Celichini, quien accede por primera vez a la principal distinción. Detrás se ubicó la periodista de Clarín Jazmín Bullorini.
En el rubro Mejor Cobertura Radial, el primer lugar este año fue para el periodista de Radio Mitre Jorge Moure, seguido por su colega Déborah de Urieta.
Como Mejor Cobertura Televisiva se impuso este año la periodista María Laura Morales, de Senado TV. Aventajó a Sofía Pica y Fernando Fraquelli.
Vale destacar que tanto la revista Parlamentario como parlamentario.com alcanzaron lugares sobresalientes en el rubro gráfico y el de portales de internet, pero por razones obvias estamos fuera de concurso.
Por último, en el rubro “asesores de prensa”, se impuso este año Richard Humberto Blanco, del equipo de difusión de la diputada Silvana Giudici.
CÁMARA DE SENADORES
| Nombre | Puntaje |
| 1°) Maximiliano Abad | 183 |
| 2°) José Mayans | 178 |
| 3°) Eduardo Vischi | 169 |
| 4°) Fernando Rejal | 162 |
| 5°) Ezequiel Atauche | 157 |
| 6°) Bartolomé Abdala | 148 |
| 7°) Beatriz Ávila | 143 |
| 8°) Alejandra Vigo | 137 |
| 9°) Mariana Juri | 124 |
| 10°) Edith Terenzi | 119 |
CÁMARA DE DIPUTADOS
| Nombre | Puntaje |
| 1°) Victoria Tolosa Paz | 156 |
| 2°) Silvana Giudici | 149 |
| 3°) Nicolás Mayoraz | 141 |
| 4°) Germán Martínez | 137 |
| 5°) Nicolás Massot | 133 |
| 6°) Oscar Agost Carreño | 128 |
| 7°) Pamela Verasay | 124 |
| 8°) Pablo Yedlin | 117 |
| 9°) Karina Banfi | 115 |
| 10°) Juan Brügge | 109 |
Los ganadores de las 33 ediciones de los Premios Parlamentario
2025:
Senador Maximiliano Abad – Diputada Victoria Tolosa Paz
2024:
Senador Ezequiel Atauche – Diputado Cristian Ritondo
2023:
Senador Ignacio “Nacho” Torres – Diputada Silvia Lospennato
2022:
Senador Ricardo Guerra – Diputado Omar De Marchi
2021:
Senador José Mayans – Diputado Cristian Ritondo
2020:
Senador José Mayans – Diputado Cristian Ritondo
2019:
Senadora Anabel Fernández Sagasti – Diputada Graciela Camaño
2018:
Senador Federico Pinedo – Diputado Mario Negri
2017:
Senador Miguel Angel Pichetto – Diputado Mario Negri
2016:
Senador Federico Pinedo – Diputada Graciela Camaño
2015:
Senador Rodolfo Urtubey – Diputado Mario Negri
2014:
Senador Rodolfo Urtubey – Diputado Mario Negri
2013:
Senador Rubén Giustiniani – Diputada Juliana Di Tullio
2012:
Senador Miguel Pichetto – Diputado Gustavo Ferrari
2011:
Senador Marcelo Guinle – Diputado Ricardo Gil Lavedra
2010:
Senador Rubén Giustiniani – Diputada Graciela Camaño
2009:
Senador Ernesto Sanz – Diputado Héctor Recalde
2008:
Senador Fabián Ríos – Diputado Agustín Rossi
2007:
Senador Sonia Escudero – Diputada Graciela Camaño
2006:
Senador Gerardo Morales – Diputado Patricia Vaca Narvaja
2005:
Senador Jorge Capitanich – Diputado Héctor Polino
2004:
Senador Miguel Angel Pichetto – Diputado Graciela Camaño
2003:
Senador Jorge Capitanich – Diputado Margarita Stolbizer
2002:
Senadora Sonia Escudero – Diputada Margarita Stolbizer
2001:
Senador José Luis Gioja – Diputado Raúl Baglini
2000:
Senador Antonio Cafiero – Diputada Graciela Camaño
1999:
Senador Augusto Alasino – Diputado Héctor Polino
1998:
Senador José Genoud – Diputado Emilio Martínez Garbino
1997:
Senadora Cristina Kirchner – Diputado Mario Das Neves
1996:
Senador Antonio Cafiero – Diputado Humberto Roggero
1995:
Senador Antonio Cafiero – Diputado Héctor Polino
1994:
Senador José Genoud – Diputados Jorge Argüello
1992:
Senador Oraldo Britos – Diputado Jorge Vanossi
El decreto 865/2025 fija el período entre el 10 y el 30 de diciembre e incluye iniciativas como el Presupuesto 2026, la Inocencia Fiscal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, la modernización laboral, la reforma del Código Penal y cambios en la Ley de Glaciares.
Tal cual había adelantado el viernes pasado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Poder Ejecutivo publicó este martes en el Boletín Oficial la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. Lo hizo a través del decreto 865/2025, que establece como período de sesiones extraordinarios el comprendido entre los días 10 al 30 de diciembre del presente año.
El decreto consta de tres artículos y lleva las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Se remite allí a asuntos comprendidos en un anexo en el que se detallan los temas a tratar en extraordinarias, a saber:
De todos estos proyectos, el Presupuesto 2026 ya se encuentra en el Congreso de la Nación, donde alcanzó dictamen, pero ese trámite deberá volver a empezar, ya que la composición de la Cámara ha variado.
También el proyecto de Inocencia Fiscal fue remitido el 5 de junio al Congreso, donde nunca fue tratado ni siquiera en comisiones. La iniciativa propone actualizar los montos previstos para las multas y reformula el régimen de prescripción, al establecer la posibilidad de reducir el plazo de prescripción tributaria a tres años en aquellos casos en que la declaración jurada haya sido presentada en término y no se verifiquen diferencias significativas.
En un segundo capítulo, establece modificaciones al Código Civil y Comercial con el objetivo de armonizar el régimen de prescripción en materia tributaria y de la seguridad social. Además, se incorpora la posibilidad de prever plazos reducidos en las leyes de previsión social, en condiciones análogas a las contempladas en materia impositiva.
En cuanto al Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, se trata de una norma que establece que el Presupuesto Nacional deberá ser siempre equilibrado o superavitario. No se autorizarán presupuestos con déficit, incluso en prórrogas presupuestarias. Así las cosas, cualquier nuevo gasto o ley que implique erogaciones, debe contar con financiamiento explícito y sustentable; de lo contrario, será nula de nulidad absoluta.
La norma establece la prohibición de emisión para gasto: se veta la emisión monetaria para financiar el déficit o gasto público, cerrando el acceso a fondos del Banco Central con ese fin.
En cuanto a la modernización laboral y la reforma del Código Penal, son proyectos que deben ser todavía enviados al Congreso, lo mismo que la modificación de la Ley de Glaciares.
Por compromisos internacionales del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel, el presidente provisional del Senado quedó a cargo del Poder Ejecutivo nacional.
Bartolomé Abdala asumió este lunes por la noche la responsabilidad de ejercer la Presidencia de la Nación, en virtud de la ausencia simultánea del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, ambos en agenda internacional.
Abdala, senador nacional desde el 10 de diciembre de 2023, fue elegido presidente provisional del Senado pocos días después de su asunción y ratificado en ese cargo en dos oportunidades: febrero de 2024 y febrero de 2025. Esa continuidad institucional lo coloca hoy en la línea sucesoria para ocupar el máximo rol del Estado.
Con esta designación, San Luis recupera presencia en la conducción nacional, algo que no ocurría desde diciembre de 2001, cuando Adolfo Rodríguez Saá asumió la Presidencia durante la crisis política que sacudió al país, cargo que ejerció entre el 23 y el 30 de diciembre de aquel año.
El único antecedente previo se remonta a 1861, cuando Juan Esteban Pedernera tomó las riendas del Poder Ejecutivo tras la renuncia de Santiago Derqui.
Según señalaron desde el entorno del senador Abdala, este episodio reafirma “el peso histórico de los dirigentes puntanos en momentos clave de la política argentina”, como así también destaca el rol institucional de Abdala en la actual etapa de gobierno.
Con el llamado a sesiones extraordinarias, Javier Milei inicia una carrera contrarreloj: tiene poco más de 300 horas para aprobar el presupuesto y tres reformas clave —penal, tributaria y laboral— que definirán el rumbo de su segundo tramo de gestión. Entre alianzas tensas y una oposición debilitada, el Gobierno apuesta todo a un sprint legislativo que busca concretar lo que no logró en dos años.
El Gobierno del presidente Javier Milei pondrá en funcionamiento este martes el reloj de arena y tiene exactamente poco más de 300 horas para convertir en leyes el presupuesto y tres ambiciosas reformas como son la penal, la tributaria y la laboral, o emular el repertorio de hace dos años cuando prometió lo que ahora se propone sancionar.
Milei y su "jefa", Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, hicieron los deberes entre el triunfante y glorioso 26 de octubre -en que le asestaron un golpe casi mortal al PJ-, e inician los dos últimos años de gestión con un disciplinado gabinete karinista y con la primera minoría en la estratégica Cámara de Diputados.
El marketing de La Libertad Avanza funciona a pleno: hasta con el otrora poderoso asesor estrella, Santiago Caputo, se arreglaron las cuitas con Karina, la custodia de los secretos de la oficina presidencial en la Casa Rosada; y hay un ímpetu reformista como en el albor del Gobierno en 2023.
Enfrente, el peronismo está acorralado y dubitativo: al kirchnerismo sólo le interesa la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (un imposible, porque está condenada judicialmente); al gobernador bonaerense Axel Kicillof, las herramientas para administrar el ahogo económico al que lo somete Milei; La Cámpora, obtener cargos y obstruir al mandatario bonaerense; los gobernadores, conseguir fondos nacionales para poder sobrevivir; y el neoperonista Sergio Massa, aliado impensadamente a La Cámpora, en subsistir como autoridad de la Cámara de Diputados provincial.
El radicalismo, una de las dos fuerzas políticas que dominaron el país desde 1983, con el regreso a la democracia, vive una lenta agonía que parece no tener fin: nadie quiere suceder al presidente saliente, Martín Losteau, porque los gobernadores candidatos -Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo- se sienten más cómodos negociando cara a cara con el Gobierno libertario.
El Pro atraviesa un proceso similar a la UCR: perdió en su bastión, en la Ciudad de Buenos Aires, y sus legisladores se fueron masivamente hacia el bloque de La Libertad Avanza, dejando en ridículo al titular partidario, el expresidente Mauricio Macri, con perfomamce desdibujada, y que luego del 26-O dijo que su fuerza presentará candidato a la Casa Rosada en 2027.
Lo cierto es que con el llamado a sesiones extraordinarias este martes al publicarse en el Boletín Oficial, el Gobierno dará vuelta el reloj de arena y las horas correrán rápido en momentos en que gran parte de la población sufre los embates de una crisis económica soslayada por la tremenda maquinaria propagandística del Gobierno.
La sanción del presupuesto es casi un hecho, salvo que aparezca algún episodio catastrófico, y es una incógnita enorme la discusión sobre la reforma laboral -en la que hubo sectores en pugna dentro del mismo Gobierno y también injerencia de estudios con mucho lobby en LLA- y lo mismo pasa con la modificación impositiva.
Milei salvó la ropa y su gobierno en septiembre ante una nueva corrida cambiaria, cuando la oportuna intervención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le brindó un apoyo político y económico inédito que le permitió llegar con vida a las elecciones legislativas y triunfar, inesperadamente.
Ahora cuenta con la tropa libertaria karinista unificada como nunca y a un gran número de los gobernadores opositores, incluidos del PJ, dispuestos a una partida de ajedrez con movida inicial de enroque, y con ese núcleo duro se tira de cabeza a intentar hacer en 300 horas -13 días (sin los 4 de las fiestas)- lo que no hizo en dos años (17.000 horas).
En el cierre del ciclo lectivo 2025, la educación argentina enfrenta su momento más crítico: recortes históricos, programas desmantelados y universidades al borde del colapso ponen en riesgo un derecho constitucional que costó décadas construir. Ante el intento de desfinanciar y fragmentar el sistema público, se impone un llamado urgente a defender la Ley de Educación Nacional y el futuro común.
Está finalizando el ciclo lectivo 2025. Las escuelas se preparan para despedir a sus egresados y egresadas; las familias reciben carpetas cargadas de trabajos y aprendizajes; maestras, maestros y profes ordenan materiales, cierran notas y planifican lo que vendrá. En cada una de las más de 60 mil escuelas de nuestro país se repite esta escena cotidiana de compromiso y presencia pedagógica. Allí, donde transitan 11 millones de estudiantes, se pone en acto el derecho a la Educación que el estado tiene la obligación de garantizar: derecho humano que respalda la Constitución y los tratados internacionales suscriptos por Argentina.
Sin embargo, este cierre de año llega atravesado por un deterioro deliberado y profundo de la política educativa nacional. La ejecución semestral acumulada de la Secretaría de Educación de la Nación muestra una caída de 47,6 puntos reales respecto del mismo período de 2023. Todo ello en el marco de un presupuesto prorrogado, administrado con discrecionalidad y sin debate parlamentario, ya que en 2024 y 2025 el gobierno decidió no tratar el proyecto de presupuesto en el Congreso.
Los últimos dos años estuvieron marcados por la desinversión. Este ajuste extremo tuvo consecuencias directas: incumplimiento de la paritaria nacional docente, cierre de programas como Conectar Igualdad, desaparicion del FONID, cero obras de infraestructura escolar y construcción de jardines de infantes, entre otras. Al mismo tiempo los ingresos docentes se encuentran en un piso histórico, con salarios equivalentes a valores previos a 2005.
Estas medidas fueron justificadas trasladándole toda la responsabilidad a las provincias en vista de un supuesto “federalismo”, cuando en realidad significaron incumplimiento de leyes y fragmentar el sistema educativo nacional, debilitando su capacidad de garantizar igualdad, inclusión y calidad en todo el territorio.
Los golpes más duros recayendo sobre quienes más necesitan del acompañamiento del estado: las y los jóvenes que buscan sostener su escolaridad o iniciar estudios superiores.
Las becas Progresar, reguladas por la Ley 27.726, sufrieron un recorte dramático: en el cuarto trimestre de 2024 sus recursos disminuyeron 27,3%, se perdieron 500.000 becas en un año, el monto permaneció congelado mientras la inflación crecía 236% interanual; el aumento a $35.000 llegó tarde y fue insuficiente. En 2025 no hubo nuevos incrementos y se redujo nuevamente el universo de becarios. Este ajuste no solo afecta a los bolsillos: afecta proyectos de vida, trayectorias educativas y oportunidades que tardan años —a veces generaciones— en consolidarse.
Las universidades nacionales, donde estudian casi 2.011.498 millones de estudiantes, están en serio riesgo. El gobierno incumple con la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) y otras normas vigentes, mientras el poder judicial mira para otro lado. El presupuesto asignado es insuficiente incluso para cubrir servicios esenciales, mientras que los salarios docentes y no docentes cayeron entre un 25% y un 30%. Más de 10.000 docentes universitarios dejaron sus cargos por falta de condiciones mínimas para sostener su subsistencia. Se trata de profesionales en cuya formación el Estado invirtió y que hoy se ven expulsados por decisiones erráticas.
Un proyecto para retroceder décadas
El Presupuesto 2026 profundiza este rumbo: el Poder Ejecutivo Nacional propone derogar los artículos que establecen metas de inversión educativa, incluidas las obligaciones de destinar el 6% del PBI a educación y el financiamiento de la Educación Técnico Profesional (artículo 52° de la Ley 26.206). Es decir, este gobierno renuncia explícitamente a su responsabilidad constitucional.
A esto se suma la circulación —sin autoría clara ni validación oficial— del presunto proyecto “Libertad Educativa”, asociado al Secretario de Educación Carlos Torrendell y al CEO de Techint, Paolo Rocca. Más allá de su indefinición formal, su contenido apunta a borrar responsabilidades legales del estado, y debilitar a la escuela publica como institución que sostiene comunidad, ciudadanía y democracia.
La defensa de la Ley de Educación Nacional
A fin de avanzar sin límites en ese cometido el gobierno necesita eliminar la Ley de Educación Nacional (26.206). Es necesario recordar que esta ley fue fruto de un debate amplio, federal y democrático impulsado por el presidente Néstor Kirchner. Miles de ciudadanos/as participaron con pasión y compromiso para expresar sus expectativas y definir un horizonte educativo común.
Las apoyaturas y las definiciones que hacen al núcleo “duro” de esta ley son: la concepción de la educación como un bien público, y como un derecho personal y social que el estado debe garantizar; la posibilidad de pensar un ideal de nación integrada, y de concretar efectivamente los principios de igualdad y de justicia y mayor responsabilidad del gobierno nacional y las jurisdicciones provinciales respecto de logros, de sus resultados y de su financiamiento. Este núcleo duro es el que busca destruir el neoliberalismo, y como condición necesaria debilitar a las escuelas y al rol de los docentes. En ese marco se explica el empoderamiento a las familias o a cualquier particular interesado en beneficiarse con el negocio que puede representar la mercantilización de la educación. Se empuja al sistema educativo, una vez resquebrajado, y a sus actores al abismo de la desigualdad educativa.
El sistema educativo argentino necesita transformaciones, como toda institución viva. Pero eso sólo es sostenible si se legitima con las leyes vigentes, producto de consensos democráticos con la participación de las escuelas, docentes y estudiantes con sus organizaciones, las comunidades y familias, siempre con un financiamiento adecuado y estable.
El proyecto educativo que la Argentina necesita debe ser soberano, inclusivo y capaz de enfrentar las nuevas realidades tecnológicas, productivas y sociales. Debe sostener y formar a sus docentes. Debe ampliar derechos, no restringirlos.
Por eso, frente al intento del gobierno de dinamitar el sistema educativo público, es urgente levantar la voz y aunar compromiso. No aceptamos que la Argentina retroceda a tiempos anteriores a la Ley 1420. No se lo merecen los millones de estudiantes y docentes que día a día se esfuerzan, enseñan y aprenden en nuestras instituciones educativas, ni las familias que sostienen y acompañan ese desafío.
La educación pública argentina es identidad y conquista histórica. La educación publica argentina es también, la base necesaria del proyecto de país justo y democrático que nos merecemos, esa utopía que está en construcción y tensión permanente y a la que no renunciaremos jamás.
Defenderla es defender presente y futuro común.
Blanca Osuna es diputada nacional de Unión por la Patria
El diputado libertario Guillermo Castello dejó su oficina en la Legislatura bonaerense con un gesto que no pasó desapercibido: la pintó de violeta antes de entregársela a la flamante legisladora camporista Mayra Mendoza.
Las mudanzas en la Legislatura suelen ser trámites burocráticos, pero Guillermo Castello decidió convertir la suya en un mensaje político. El diputado de La Libertad Avanza contó en redes que las autoridades le pidieron dejar su despacho “en buenas condiciones” porque sería ocupado por Mayra Mendoza, recién llegada al recinto por Unión por la Patria.
“Aprovechamos el finde largo para darle una manito de pintura. ¿Quedó bien?”, escribió en X, acompañando la frase con fotos del lugar renovado. El detalle: las paredes lucían un intenso color violeta, en alusión al color de La Libertad Avanza, claro está.
Castello se definió como “un buen vecino” y calificó la acción como “una picardía”, pero la ocurrencia no tardó en generar reacciones. Entre sus seguidores, el gesto fue celebrado como una provocación ingeniosa; desde el kirchnerismo, lo leyeron como una falta de respeto. Algunos medios lo interpretaron como una estrategia calculada para mantener visibilidad, que en definitiva fue lo que fue.
El episodio no sorprende en alguien que ha hecho de la confrontación su marca personal. Castello, abogado marplatense nacido en 1966, pasó por Recrear, la Coalición Cívica y Cambiemos antes de desembarcar en el universo libertario. En 2021 llegó a la Legislatura como referente de Avanza Libertad, el partido de José Luis Espert: luego armó su propio bloque y finalmente se alineó con La Libertad Avanza.
Su historial incluye proyectos que levantaron polvareda: intentó derogar la Ley de Paridad de Género, denunció las candidaturas testimoniales como “fraude” y defendió la boleta única como solución a lo que llama “crisis terminal” de representación. También protagonizó choques ideológicos fuertes: en 2024, Unión por la Patria pidió su expulsión tras calificar a Rodolfo Walsh como “terrorista asesino” en un homenaje.
En lo interno, tampoco esquivó tensiones: amagó con dejar el bloque libertario por diferencias con sus pares y se acercó al Pro en la alianza que lideró Patricia Bullrich.
La oficina violeta es, en definitiva, una postal del estilo Castello: irónico, mediático y dispuesto a incomodar. En tiempos donde la política bonaerense se debate entre acuerdos y rupturas, el gesto confirma que el legislador no pierde oportunidad para marcar territorio, aunque sea con brocha y rodillo.
Todo el listado de los diputados y senadores que concluyen sus mandatos este 9 de diciembre. Bloque por bloque, quiénes se van del Congreso.
Llegan a su fin los mandatos de 127 diputados y 24 senadores nacionales, de los cuales solo un puñado de diputados y senadores continuarán por otro período en sus bancas.
En Unión por la Patria se van diputados de la talla de Leopoldo Moreau, tras cumplir su sexto mandato y haber sido incluso presidente de la Cámara en el final del mandato de Raúl Alfonsín. También se van históricos como Carlos Heller, varias veces presidente de la Comisión de Presupuesto; Daniel Arroyo, Carolina Gaillard, Daniel Golán, Gisela Maziotta y Leandro Santoro.
El Pro fue bastante vaciado por La Libertad Avanza en este último tiempo. Llegaron al final de sus mandatos figuras como el exárbitro Héctor Baldassi, que concluyó así su tercer mandato; Germana Figueroa Casas, Fernando Iglesias, el economista Luciano Laspina, Gerardo Milman; la chubutense Ana Clara Romero, que no pudo ser reelecta y la exgobernadora María Eugenia Vidal. También se va la chaqueña Marilú Quiroz, de gran repercusión en el último tiempo por su posición antivacunas.
Como La Libertad Avanza no renueva mucho este año, son muy pocas las figuras destacadas que ya no siguen. Una, específicamente y de público conocimiento, como José Luis Espert, que después de haber encabezado la lista bonaerense debió renunciar, por sus vínculos con el extraditado Fred Machado.
Del bloque Encuentro Federal, que preside Miguel Pichetto, todos los que se van son figuras de importancia, comenzando por el muy prolífico Oscar Agost Carreño, la socialista Mónica Fein, el expresidente de la Cámara Emilio Monzó; el exministro del Interior Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer, que completó así cinco mandatos como diputada nacional.
La UCR queda diezmada tras este cierre de período legislativo, ya que del bloque oficial del partido centenario concluyeron los mandatos de diputados de la talla de su presidente, Rodrigo de Loredo; el exvicepresidente de la Nación Julio Cobos; y el entrerriano Atilio Benedetti, que concluyó su tercer mandato; la jujeña Natalia Sarapura, y el economista Martín Tetaz, entre otros.
De una de las escisiones de la UCR, el bloque Democracia para Siempre, concluyeron sus mandatos figuras de la talla del neurocientífico Facundo Manes, Fernando Carbajal, Ana Carla Carrizo (concluyó su tercer mandato) y Danya Tavela.
De Innovación Federal concluyó su mandato nada menos que la presidenta del bloque, la salteña Pamela Calletti. También se va el único diputado alineado con el gobernador rionegrino, Agustín Domingo.
La Coalición Cívica es otro de los bloques que ven reducidos sustancialmente su tamaño. Se le van figuras de la talla de Juan Manuel López, Marcela Campagnoli y Paula Oliveto.
De Liga del Interior, una escisión radical ya absorbida por el oficialismo vencía el mandato de Pablo Cervi, que pasó al Senado; en tanto que de la izquierda se van Vilma Ripoll y Alejandro Vilca; y de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy, quien no pudo renovar su banca.
Bloque por bloque, los que ya no siguen
UNIÓN POR LA PATRIA.
Eugenia Alianiello, Walberto Allende, Constanza María Alonso, Daniel Arroyo, Ana Fabiola Aubone, Adolfo Bermejo, Tanya Bertoldi, Pablo Carro, Leila Chaher, María Luisa Chomiak, Emiliano Estrada, Ramiro Fernández Patri, Ana Carolina Gaillard, Silvana Micaela Ginocchio, Daniel Gollán, Gustavo Carlos Miguel González, Carlos Heller, Ricardo Herrera, Bernardo José Herrera, Rogelio Iparraguirre, Tomás Ledesma, Mónica Litza, Dante López Rodríguez, Mónica Macha, Varinia Lis Marín, Gisela Marziotta, Magalí Mastaler, María Luisa Montoto, Micaela Morán, Leopoldo Moreau, Nilda Moyano, Liliana Paponet, Marcela Fabiana Passo, Gabriela Pedrali, Juan Manuel Pedrini, Julio Pereyra, Jorge Antonio Romero, Leandro Santoro, Eduardo Toniolli, Brenda Vargas Matyi, Carolina Yutrovic y Natalia Zabala Chacur.
PRO
Karina Ethel Bachey, Héctor W. Baldassi, Nancy Ballejos, Gabriela Besana, Sofía Brambilla, Germana Figueroa Casas, Fernando Adolfo Iglesias, Luciano Andrés Laspina, Martín Maquieyra, Gerardo Milman, Marilú Quiroz, Ana Clara Romero, María Sotolano y María Eugenia Vidal.
LA LIBERTAD AVANZA
Alberto Gustavo Arancibia Rodríguez, María Fernanda Araujo, José Luis Espert y Florencia Klipauka Lewtak.

Encuentro Federal
Oscar Agost Carreño, Mónica Fein, Emilio Monzó, Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer.
Unión Cívica Radical
Atilio Benedetti, Gabriela Brouwer De Koning, Soledad Carrizo, Julio Cobos, Rodrigo de Loredo, Fabio José Quetglas, Roxana Reyes, Roberto Antonio Sánchez, Natalia Silvina Sarapura y Martín Alberto Tetaz.
DEMOCRACIA PARA SIEMPRE
Manuel Ignacio Aguirre, Marcela Antola, Fernando Carbajal, Ana Carla Carrizo, Marcela Coli, Melina Giorgi, Facundo Manes, Juan Carlos Polini y Danya Tavela.
INNOVACIÓN FEDERAL
Pamela Calletti, Agustín Domingo y Carlos Alberto Fernández.
COALICIÓN CÍVICA
Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Juan Manuel López y Paula Oliveto Lago.
INDEPENDENCIA
Agustín Fernández
LIGA DEL INTERIOR
Martín Arjol, Pablo Cervi y Francisco Monti.
IZQUIERDA
Mercedes de Mendieta, Juan Carlos Giordano, Vilma Ripoll y Alejandro Vilca.
POR SANTA CRUZ
Facundo Prades
PRODUCCIÓN Y TRABAJO
María de los Ángeles Moreno.
CREO
Paula Omodeo.
DEFENDAMOS SANTA FE
Roberto Mirabella
FUTURO Y LIBERTAD
Gabriel Felipe Chumpitaz.
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO
Osvaldo Llancafilo.
REPUBLICANOS UNIDOS
Ricardo López Murphy.
Somos Fueguinos
Ricardo Garramuño.
UNIDOS
Mario Barletta.
Panorama en el Senado
En la Cámara alta se van figuras de Unión por la Patria como Claudia Ledesma Abdala de Zamora, quien fue presidenta provisional del Senado; también las kirchneristas María Inés Pilatti Vergara, María Eugenia Duré y Silvina García Larraburu. También dejan la Cámara figuras como Martín Doñate, Sergio “Oso” Leavy y el exsecretario general de la Presidencia y titular de la AFI Oscar Parrilli.
De los radicales, se van figuras como su presidente, Martín Loustau, el fueguino Pablo Daniel Blanco y Víctor Zimmermann. En tanto que del Pro se van Alfredo De Angeli y Guadalupe Tagliaferri.
Se van también históricos como el salteño Juan Carlos Romero, después de haber estado 18 años (3 mandatos) en la Cámara alta. Asimismo se marcha del Cuerpo la neuquina Lucila Crexell.
UNIÓN POR LA PATRIA
Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Gerardo Montenegro, José Neder, María Inés Pilatti Vergara, Antonio Rodas, Stefanía Cora, Martín Doñate, María Eugenia Duré, Silvina García Larraburu, Nora del Valle Giménez, Sergio Leavy, Oscar Parrilli y Silvia Sapag.
UNIÓN CÍVICA RADICAL
Pablo Daniel Blanco, Martín Lousteau, Stella Maris Olalla y Víctor Zimmermann.
PRO
Alfredo De Angeli y Guadalupe Tagliaferri.
CAMBIO FEDERAL
Juan Carlos Romero.
MOVIMIENTO NEUQUINO
Crexell, Lucila Neuquén 2025
JUNTOS SOMOS RÍO NEGRO
Silva, Mónica Río Negro 2025
Con un nivel inédito de discrecionalidad desde 1983, Milei ajustó más de 65 mil millones de dólares sin pasar por el Congreso y dejó en suspenso la negociación del Presupuesto 2026. La pregunta que sobrevuela ahora es si volverá a prorrogarlo por decreto, por tercer año consecutivo.
Durante la primera mitad de su mandato, el presidente Javier Milei manejó el Presupuesto Nacional con el nivel más alto de discrecionalidad que un gobierno democrático lo haya administrado desde 1983.
Según estimaciones de nuestro Instituto Consenso Federal, con ese margen de decisión Milei ajustó en 65.000 millones de dólares la ejecución presupuestaria, entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de noviembre de 2025.
Es que, por dos años consecutivos, el Poder Ejecutivo prorrogó el Presupuesto de 2023 y, en ese lapso, ya aprobó 18 modificaciones presupuestarias, adoptándolas mediante Decisiones Administrativas o través de Decretos de Necesidad y Urgencia.
Ese mecanismo le permitió al ministro Toto Caputo y a la tecnocracia libertaria ajustar todas las partidas presupuestarias en términos reales y desfinanciar groseramente algunos compromisos fundamentales, como es el caso de las transferencias de recursos nacionales a las provincias, las que -sólo en 2024- se redujeron 75,6% en términos reales.
Peor aún, la ejecución de los gastos de capital, principalmente destinados a obras de infraestructura en todo el país, cayó 73,9% en 2024 y, sobre ese histórico derrumbe, ya lleva 32,3% de baja acumulada en lo que va de 2025, siempre en términos reales.
Se trata de datos oficiales, basados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) que administra el propio Poder Ejecutivo Nacional, periódicamente analizado con rigurosidad por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Semejante libertad en el margen de maniobra para ir redibujando un Presupuesto de ajuste casi todos los meses, sin tener que someterse a las decisiones al Congreso, es ya un componente esencial del método de gobierno libertario. No se trata de un "desvío"; es una práctica consolidada.
Que quede bien claro: Milei no ha tenido presupuestos por ley porque no ha querido. En cambio, decidió aprovechar al máximo las concesiones que se autoasignó al prorrogar los presupuestos anuales con que navegó durante la primera mitad de su mandato.
Llegado diciembre, se supone que el Poder Ejecutivo está ahora inclinado a debatir el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 enviado al Congreso, que proyecta un gasto total de 148 billones de pesos, con un superávit fiscal primario anual de 1,5% del PBI.
Se dice que muchos gobernadores ya están decididos a "presionar" o "negociar" la incorporación de recursos para sus provincias. Y sobre la base de ese supuesto escenario, muchos aseguran que el gobierno tendrá que ceder para aprobar la Ley de Presupuesto anual.
La pregunta que cabe es ¿por qué? No hay un solo argumento que indique, con fundamento, por qué razón ahora el Gobierno nacional daría un vuelco esencial y se dispondría a negociar un Presupuesto.
Algunas explicaciones al respecto se han venido ensayando, aunque todas resultan poco sustanciales.
Se ha dicho que el Gobierno nacional necesita negociar con los gobernadores y, por añadidura, acordar un presupuesto, por una cuestión de "gobernabilidad".
Se trata de un razonamiento viejo; caduco. Ese era el escenario hipotético que algunos habían construido antes de la elección legislativa, creyendo que Milei perdería, para terminar ofreciéndose ellos como los "salvadores".
La realidad de hoy es otra. El "salvavidas" que, por ejemplo, imaginaron los creadores de Provincias Unidas, se hundió antes de ser inflado. La Libertad Avanza dejó tercero a Maximiliano Pullaro en Santa Fe y le sacó 14 puntos de ventaja al tándem Schiaretti - Llaryora en Córdoba.
¿Por qué extraña razón ahora los gobernadores de Córdoba y Santa Fe creen que Milei entregará a esas dos provincias los fondos que sistemáticamente les quitó y negó durante dos años? Nadie está dando una respuesta razonable.
También se ha sostenido que el Gobierno tendrá que aprobar un Presupuesto en el Congreso porque así lo estarían exigiendo Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional.
Ni el último de los inocentes creería que la administración Trump, campeona del dislate institucional, esté seriamente ocupada en empujar al Gobierno argentino a implementar prácticas internas de buen gobierno con calidad institucional, menos aún en materia presupuestaria.
En todo caso, apuntarían a sus intereses relevantes, como las normas sobre patentes o la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial, que por algo asoma como un asunto prioritario en el temario que se impuso para el llamado a sesiones extraordinarias.
Y el FMI, se sabe, en asuntos de carácter institucional es preciso y algo ampuloso para reiterar, pero termina siendo concesivo, especialmente cuando se trata de gobiernos adictos a la primacía de las finanzas, como el argentino.
En este contexto, hay que preguntarse: ¿puede Milei volver a prorrogar el Presupuesto Nacional?
Ya se sabe que en términos formales no tendría limitaciones legales para hacerlo.
La Ley de Administración Financiera (N° 24.156) ofrece un hueco. En su artículo 27, la norma establece que "si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior". No el que se aprobó el año anterior, sino "el que estuvo en vigencia".
Eso le permitiría a Milei, decreto mediante, seguir gobernando con el Presupuesto 2023, más las ampliaciones incorporadas hasta el cierre del ejercicio 2025.
Distinto sería si la ley estableciera que "si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, sólo por un ejercicio anual consecutivo regirá el que estuvo en vigencia el año anterior". Pero hasta tanto no se animen a reformarla, la ley dice lo que dice.
Entonces, el interrogante debería ir más allá de lo formal: ¿hay cierta probabilidad de que Milei prefiera prorrogar nuevamente el Presupuesto, en lugar de aprobarlo por ley del Congreso? Sí, la hay.
Milei evaluará cuánto le cuesta la eventual negociación. Si los parámetros presupuestarios y la posición política del gobierno se alteran, entonces no tardarán en reaparecer las acusaciones oficialistas hacia los supuestos "degenerados fiscales", para terminar reprogramando el Presupuesto por decreto, por tercer año consecutivo.
Hay quienes se ilusionan con llevarle al Gobierno alternativas que no pongan en riesgo el superávit, pero quitan y sacan partidas. La inocencia les hace creer que a Milei le da todo lo mismo, con tal de que cierre el número. Pero Milei es un decisor ideológico, no un decisor racional.
El gobierno libertario está cebado. Aprendió a administrar el Presupuesto con decisiones del Ejecutivo, sin el Congreso.
Saben que una nueva prórroga les permitiría ajustar todas las partidas sin excepción, para luego ir actualizándolas por goteo, en los casos que se requiera y en las exactas magnitudes que la política o las necesidades impostergables lo indiquen.
Han experimentado, además, que manejar por el mango la sartén del Presupuesto les permite mantener diálogos y eventuales compromisos bilaterales con cada una de las provincias, desalentando reclamos colectivos o concesiones de carácter general, como las que naturalmente surgirían del tratamiento parlamentario.
Por eso, en contra de todo lo que se dice, se anuncia y se escribe al respecto, no hay que descartar que -una vez más- Milei decida prorrogar por decreto el Presupuesto Nacional.
Alejandro "Topo" Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal
El Gobierno cierra el año con una jugada audaz: mientras promete acumular reservas y enfrenta alertas sobre la fragilidad cambiaria, recurre a deuda para cumplir compromisos sin tocar dólares. Entre expectativas de reforma laboral, tensiones provinciales y señales mixtas de la economía, la administración libertaria busca sostener la calma en un tablero político más favorable, aunque plagado de riesgos.
Primer acto: Toto dice que puede comprar hasta 20.000 millones de dólares de reservas, dependiendo de las circunstancias. Segundo acto: el FMI le recuerda al Gobierno que debe acumular reservas. Tercer acto: Toto anuncia la emisión de deuda para pagar los compromisos de enero, y de esa forma no tocar reservas. ¿Cómo se llama la obra? “No contaban con mi astucia”. De este modo, la administración libertaria patea el compromiso para adelante. Está agrandado: viene de ganar las elecciones por una diferencia no esperada, se convirtió en la primera minoría no peronista en Diputados después de 8 años, y cuenta con el respaldo americano (aunque esta semana hubo algún ruido).
Así va terminando el año el Gobierno, entusiasmado con poder aprobar la reforma laboral durante el verano porteño. Pero, al margen de la estabilidad cambiaria y el retorno al mercado de crédito (local), no cesa el debate sobre el valor de la divisa y las amenazas que se pueden cernir sobre la economía vernácula. Esta semana se lo volvieron a marcar dos “kirchneristas” como Cavallo y Redrado, y también lo deslizó el tan mentado presidente del Banco Central peruano: sin reservas no hay paraíso. Solo una prueba: tenemos récord de turismo al exterior, el cual más que duplicará al de 2024. Parece que los campeones siguen comprando porque les parece barato (o porque en un futuro no muy lejano, puede encarecerse mucho).
Otros detalles de la semana: 1) la OCDE corrigió la proyección de crecimiento del PBI argentino 2026, desde el 4,3 al 3 %; 2) si quitamos a la intermediación financiera, el EMAE de septiembre del INDEC daría negativo; 3) se cae la producción y exportación de vehículos; 4) bajó la coparticipación a las provincias en noviembre porque se cae la recaudación nacional por cuarto mes consecutivo (las provincias ajustan hacia abajo, lo cual le está trayendo dolores de cabeza a los municipios); y 5) la multinacional Mondelez que fabrica golosinas muy populares dejó de producir hasta enero (la calle sigue fría).
Pese a todo lo comentado, como dijimos hace 2 semanas, existen suficientes datos políticos y económicos positivos como para prever que el león debería tener cierta paz hasta que empiece la segunda parte del año, cuando el flujo de divisas por exportación merme estacionalmente. Los dialoguistas en el Congreso mantienen su buena onda con el oficialismo, no por convencimiento, sino por necesidad. Con el ajuste de hecho que están sufriendo las finanzas provinciales, y después del shock del resultado electoral, no les queda otra que bajar la cabeza y pedirle a “Tata Dios” que les abra alguna canilla, ya sea propia -difícil con el exigente objetivo de superávit fiscal para los próximos dos años- o ajena -la autorización a tomar empréstitos en el extranjero.
El presupuesto va a ser el primer test: ¿se cumplirán algunos pedidos de los caudillos provinciales al “colo” Santilli? Algunos gestos de desagrado se empiezan a manifestar por estas horas. Es difícil conformar a todos los actores, sobre todo en un contexto de escasez, y en un marco de fragmentación política inédito, lo cual vuelve más complejas las negociaciones. Sin embargo, por ejemplo, LLA va a extraordinarias con un texto de reforma laboral que no fue ni siquiera consensuado en el Consejo de Mayo y, más allá del desagrado sindical, tampoco terminó de conformar al empresariado industrial, uno de los afectados / necesitados de dicha ley. Uno de los industriales más poderosos del país dejó trascender cierto malestar con algunos artículos, además de estar fastidiado por la apertura a las importaciones chinas (que le pegan de lleno en su core business).
A partir de este 10 de diciembre el Gobierno estará en una mejor situación política – parlamentaria, lo cual eleva la vara respecto a lo que pueda lograr. Recordemos que arrancó como el oficialismo más débil desde 1983 y la actitud “perdonavidas” de los dialoguistas le permitió sortear los obstáculos. Después del fracaso de la Ley Ómnibus, que enmendó a mitad de 2024 con la más modesta Ley Bases, la mayor parte de este año LLA perdió casi todas las votaciones en el Congreso. ¿Habrá aprendido Chacarita? Si ahora la reforma laboral no sale, o sale escueta, ¿de quién será la culpa? Si tuviste los votos de la gente, tenés muchísimos más legisladores y además tenés el voto de oro de Trump, ¿qué te estaría faltando para que La Libertad Avance?
Capítulo aparte fue la conformación de los interbloques en el Congreso, particularmente en Diputados, lo cual ha traído varias novedades inestables (porque no sabe si la foto pre10 de diciembre se mantendrá en el tiempo, siendo lo más probable que haya idas y venidas). El gran Ignacio Zuleta dijo hace unas semanas que el resultado electoral del 26-O se iba a saber recién cuando se supiera cómo quedarían conformados los bloques. Tal cual, porque ahora tenemos un impensado “reentré” de Cambiemos, además de un Provincias Unidas con más poder de fuego del imaginado la noche del comicio. Los federales del norte están haciendo su parte, y un personaje de bajo perfil como el gobernador sanjuanino Orrego decidió ser equidistante y quedarse con una estratégica minoría de 2 soldados.
Axel dejó jirones en la negociación por la toma de deuda, sin la cual estaría ahogado. Ahora hay que ver si el Gobierno se lo autoriza o lo hace parir. Dentro del peronismo bonaerense se profundiza la percepción de que el personaje no tiene uñas de guitarrero para encabezar una renovación interna. El público propio, y mucho menos el ajeno, no lo ve como una figura distinta de Cristina. Por eso los adversarios internos lo aprietan: porque saben que en cualquier momento lo tienen entre la espada y la pared. La jefa sigue siendo lo más importante para el tercio pero-kirchnerista.
Gracias a las fuerzas del cielo (¿el Chiqui?) a Argentina le tocó una fase inicial facilonga en el Mundial, pero que se puede complicar rápidamente en los 16avos de final. ¿Acaso es una analogía de lo que le podría esperar a la economía local?
En la Casa Rosada se selló la paz: Karina Milei y Santiago Caputo acordaron un armisticio que devuelve al estratega libertario al corazón del poder. Tras meses de tensión, el pacto redefine límites internos mientras Milei busca aprobar reformas clave en medio de la crisis económica.
Karina Milei y Santiago Caputo, los otrora dos dueños del Gobierno junto al presidente Javier Milei, firmaron un armisticio total que pone al asesor estrella nuevamente dentro del núcleo de poder del círculo palaciego de la Casa Rosada.
El cese al fuego entre la secretaria general de la Presidencia y jefa partidaria de La Libertad Avanza y el asesor propagandístico y comunicacional resultó lo mejor para ambos, para el jefe de Estado y para el futuro de la administración libertaria, evalúan en la Casa Rosada.
Karina no se fuma al impetuoso asesor y no le perdona haber intentado mellar su articulación electoral en todo el año, con fuertes cuestionamientos a impulsar candidaturas violetas en cada distrito, al contrario de hacer acuerdos con sectores de poder de cada provincia, como quería Caputo.
Caputo, a su vez, con esa insólita pelea puso a prueba al presidente, quien sin drama optó por su hermana, y ahora con el recambio ministerial pos electoral prefirió seguir en las sombras manejando áreas sensibles y no ir al enigmático Ministerio del Interior, bajo el ala karinista.
El armisticio establece límites para ambos, ya que ninguno puede meterse en el área del otro, pero no todos los laderos lo respetan, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde el experonista libertario karinista Sebastián Pareja trata de barrer todo lo que huela a las Fuerzas del Cielo de Caputo.
Hay diversos rumores: por un lado en los pasillos de la Casa Rosada se comenta que el acuerdo sería duradero, por los dos años que restan de gobierno de LLA, pero por lo bajo se escucha que marzo es la fecha dead line para el asesor propagandístico.
Es que Milei quiere tener aprobado para marzo el Presupuesto nacional (en realidad este tema para diciembre) y las leyes que considera fundamentales para tratar de hacer arrancar al país, estacionado en una deprimente meseta económica de caída del consumo, despido de trabajadores y cierres de empresas.
Se trata de la ley de reforma la laboral, que beneficiará a los empresarios al quitarle muchos costos por juicios, y la Impositiva, para unificar criterios en el orden nacional, provincial y municipal, algo que parece un imposible en medio de la grieta política.
Caputo se vio fortalecido con el cambio en la SIDE, de Cristian Auguadra por Sergio Neifferf, porque el nuevo, al igual que el defenestrado, le son cercanos, y ello significa un aviso para las primeras espadas de Karina Milei, que entendieron que pueden estar con la guardia alta pero no atacar al voleo.
Uno de los notificados es Pareja, quien tuvo que aceptar a regañadientes que el caputista de las Fuerzas del Cielo Agustín Romo, continuara al frente de la Jefatura de bloque de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires
Por si fuera poco, se conoció que dos amigos de Caputo, los hermanos Neuss, asociados a Chernajovsky y Stanley, entre otros empresarios locales, se adjudicaron las represas Alicurá y Cerros Colorados, en el marco de cuatro hidroeléctricas concesionarias.
Datos que indican que el asesor sigue ejerciendo influencia en el palacio de la Casa Rosada, pese a que ahora tiene un contrincante hiper karinista en el manejo de la información off en la zona del Patio de las Palmeras: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Tras una victoria inédita que convirtió a La Libertad Avanza en primera minoría en Diputados y multiplicó su presencia en el Senado, el oficialismo festeja, pero enfrenta el desafío de gobernar sin mayoría propia. Mientras busca aliados para aprobar reformas clave, Karina Milei ya mueve fichas pensando en la próxima batalla electoral.
El presidente que tildó al Congreso de “nido de ratas”, que denostó a sus habitantes una y otra vez con los peores insultos, y que dio su primer discurso en el cargo de espaldas al Palacio Legislativo, volvió a concurrir a ese lugar la última semana. Como ningún otro mandatario, en dos años ya ha concurrido tres veces por fuera de sus obligaciones institucionales (apertura de sesiones ordinarias). La última, el miércoles pasado, cuando lo hizo para celebrar una vez más el monumental éxito alcanzado el 26 de octubre, cuando La Libertad Avanza se alzó con el 68% de las bancas en juego en la Cámara baja y el 54% de los lugares del Senado. Una victoria inédita para un no peronismo.
Aunque la de la idea de ir al Congreso ese día habría sido de su hermana Karina, a fin de acompañar a Martín Menem, que de haber sido eventualmente reemplazado, como llegó a especularse varias veces en los últimos tiempos, aparece hoy empoderado y fue ahora ratificado sin pronunciamientos en contra.
El comportamiento de una parte de los diputados lejos pareció de estar a la altura de lo que la institucionalidad reclama, y de alguna manera planteó el tamaño de la grieta en la política, como así también adelantó el clima que se verá en el recinto en los tiempos que vienen.
La realidad es que la del miércoles pasado fue una verdadera fiesta para La Libertad Avanza, el punto final de una carrera que se inició el 26 de octubre pasado, y en cuyo lapso el bloque se incrementó en un 156% en la Cámara baja. Y en el Senado, LLA creció un 233% respecto de la cantidad de miembros que tenía hasta las elecciones de octubre. Tenía para festejar Javier Milei.
Esto no implica que vaya a tener La Libertad Avanza las manos libres en el Congreso, donde por otra parte sigue siendo minoría. Pero ha conseguido logros contundentes, impensados hasta tiempos recientes. Por lo pronto, se convirtió en primera minoría en la Cámara baja; nadie podía imaginarlo, comenzando por el presidente, que en los días previos a la elección se conformaba con asegurar el tercio de diputados que le permitiera blindar definitivamente los vetos. Y si bien el propio Milei dijo la noche del triunfo haber conseguido la primera minoría, con 104 diputados, ese dato que le acababan de aportar refería a un supuesto interbloque con el Pro.
Como el partido amarillo no se mostró convencido de formalizar ese tipo de alianza, los libertarios optaron por llegar a la primera minoría por sí solos… a expensas sobre todo del Pro: de los 16 diputados extras que consiguieron, 12 tienen origen en el Pro, y un décimotercero fue por la salida de Diego Santilli, cuya asunción en un cargo ejecutivo le permitió a LLA sumar otro miembro propio.
Así y todo, el oficialismo necesitó de una escisión en Unión por la Patria para acceder al primer lugar, de lo contrario hubiera sido imposible. Necesitó las salidas de cinco diputados que figuraban en el haber el 26 de octubre para confirmarla. El primero en dar el salto fue un tucumano que respondía a Juan Manzur y terminó alineándose con el gobernador Osvaldo Jaldo, sumándose a su bloque Independencia. Le siguió un diputado puntano cercano a Alberto Rodríguez Saá, y completaron 3 catamarqueños, que coqueteaban con el portazo desde hacía tiempo. Se hablaba de 4, pero la senadora kirchnerista Lucía Corpacci, exgobernadora, hizo valer su ascendencia y alcanzó a retener a una diputada.
El bloque que seguirá llamándose UP -la denominación Fuerza Patria se archivó por corresponder a una derrota como fue la de octubre- quedó con 93 diputados, dos menos que un oficialismo coronado como primera minoría, una condición que -a priori- no representa efectos más que simbólicos: por uso y costumbre, la vicepresidencia primera seguirá en manos de la principal oposición y el reparto en las comisiones será similar entre LLA y UP. Pero más allá de eso, es un dato clave a futuro, para cuando se discutan en 2026 temas tales como los cargos en la Auditoría General de la Nación y el Consejo de la Magistratura. De haberse resuelto ese tipo de cuestiones este año, al Gobierno no le hubiera correspondido nada.
Por otra parte, no haber tenido que apelar al recurso de los interbloques exhibe una inocultable muestra de fortaleza para una Libertad Avanza que de esta manera pobló de propios su bancada, a diferencia de otros como por ejemplo el Pro y Provincias Unidas, que necesitaron armar alianzas pegadas con alfileres con el solo fin de mejorar cuantitativamente. En el caso del partido amarillo, por ejemplo, Cristian Ritondo pasa de un día a otro de liderar un bloque de 35 a uno de apenas una docena de diputados.
Pero de esos bloques dependerá el oficialismo para sacar las leyes, pues a esa primera minoría todavía le falta una treintena de votos para abrir cada sesión y aprobar los proyectos. Tiene de dónde buscar: el interbloque donde está el Pro, que armó con lo que queda de la UCR una suerte de Juntos por el Cambio blue, tiene 22 diputados, la misma cantidad del interbloque Unidos, que responde a ese grupo de gobernadores que se habían juntado en la campaña hacia octubre con intenciones de fijar las bases para 2027, pero a los que les fue tan mal que ahora están viendo tan solo de qué manera plantarse frente al Gobierno. Allí al oficialismo le costará un poco más conseguir votos, pero igual se trata de un bloque dialoguista; y más allá de esos dos sectores grandes, hay 21 diputados restantes que completan ese universo donde La Libertad Avanza podrá buscar el quórum y los votos para cada sesión. Es un grupo de 65 diputados que en principio no intentarán perjudicar al Gobierno, lo que deja abierto un panorama positivo para el oficialismo. Se verá.
Para la búsqueda de apoyos trabaja activamente el ministro Diego Santilli, quien sigue su ronda de diálogo con gobernadores que esperan le permita al Gobierno alzarse con las reformas que impulsa para esta segunda parte de la gestión. Sobre todo la laboral, cuyos detalles se conocerán esta semana y cuya aprobación será clave para marcar un camino “exitoso” del Gobierno en la materia.
Tanto se mira Milei en lo que fue la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019, que vale recordar que esa administración no pudo avanzar con la reforma laboral, a pesar de haber ganado las elecciones intermedias con un porcentaje similar al obtenido ahora por La Libertad Avanza. Como ahora, pensaba hacer entrar esa reforma por el Senado, donde tenía todo arreglado con la CGT y los senadores peronistas para que avanzara esa propuesta, hasta la intervención de Pablo Moyano, que enarboló el fantasma de “la Banelco” y la central obrera dio marcha atrás, ante lo cual Miguel Pichetto aclaró que si no había consenso con la CGT, ellos no iban a avalar nada y el proyecto se pinchó.
El mencionado Santilli acompañó al presidente y su hermana en su visita al Congreso el miércoles pasado; compartieron palco con el jefe de Gabinete. El Colo sabe del valor que tiene la cercanía con los hermanos Milei, sobre todo pensando en su futuro electoral, que él ata a la provincia de Buenos Aires, donde alguna vez Horacio Rodríguez Larreta lo alentó a trabajar con el objetivo de gobernarla. Pero también tomó nota el funcionario proveniente del Pro de la masiva reunión que había organizado el domingo anterior Karina Milei en Mar del Plata, donde congregó a 600 cuadros libertarios del principal distrito del país. Entre los participantes, un dirigente de Tornquist llamado Gabriel Rodríguez admitió ante una cronista que durante el encuentro se había dicho que “puede estar el candidato a gobernador (de 2027) acá adentro”. Y ante la insistencia sobre si se habían hecho nombres, terminó admitiendo que “hubo un aplausómetro por Sebastián Pareja”. No fue el único dirigente que mencionó al presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y persona de extrema confianza de Karina Milei.
Ya lo hemos dicho aquí: la lideresa del oficialismo privilegia para 2027 a los propios, en todos los distritos.
Se trata de un proyecto de ley para regular las remuneraciones de diputados y senadores, estableciendo que los incrementos no superen los aumentos de las jubilaciones. La iniciativa busca derogar una norma dictada por la última dictadura militar.
La diputada nacional María Eugenia Vidal presentó un proyecto de ley que apunta a regular los porcentajes de las remuneraciones de los legisladores nacionales, tanto en concepto de dieta como de compensación por gastos y representación, y a limitar las actualizaciones de dichos montos.
Según el texto, “el porcentaje de aumento total anual de la remuneración de los legisladores nacionales no podrá superar en ningún caso el porcentaje de aumento anual del haber de jubilación del sistema integrado de jubilaciones y pensiones”. Además, se establece que la cantidad de tramos con aumentos no podrá ser superior a los que recibe el personal legislativo del Congreso.
La iniciativa también dispone que “en ningún momento el porcentaje de aumento acumulado de las remuneraciones podrá superar el aumento acumulado correspondiente a la jubilación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”, y fija como remuneración inicial la percibida el mes anterior a la sanción de la ley. Asimismo, propone derogar la ley N° 22.994, dictada en 1983 por el gobierno de facto.
En los fundamentos, Vidal señala: “En la Argentina de hoy en la que trabajar no garantiza estar por debajo de la línea de pobreza, los aumentos para Diputados y Senadores Nacionales surgen de la discrecionalidad manifiesta de las autoridades de cada Cámara”. Y agrega: “Es momento, que de aquí en adelante, se elimine el privilegio con el que la política se otorga a sí misma sus aumentos salariales y se termine con una legislación impuesta por un gobierno militar”.
La diputada remarca que el proyecto “no busca afectar los aumentos que pudiere percibir la planta administrativa del Congreso de la Nación, sino ponerle un tope al aumento de Diputados y Senadores”, anclando la actualización de sus remuneraciones a la correspondiente a los haberes jubilatorios.
Finalmente, Vidal concluye: “Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis compañeros Diputados que acompañen este proyecto de ley”.
El Ejecutivo afina los detalles del amplio proyecto de modernización laboral que enviará al Congreso en los próximos días. El texto al que parlamentario.com accedió propone una reescritura profunda de la Ley de Contrato de Trabajo, crea un Fondo de Asistencia Laboral y redefine conceptos clave como indemnizaciones, registración, beneficios sociales y modalidades de contratación. El oficialismo buscará presentarlo como “la mayor reforma del sistema laboral en 50 años”.
El Gobierno entró en la etapa final de elaboración del proyecto de ley de Modernización Laboral, un texto de casi 200 artículos que reescribe buena parte de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y que, según fuentes oficiales, será enviado al Congreso la próxima semana. La iniciativa, que comenzó a circular en despachos parlamentarios y que este medio revisó en detalle, propone cambios estructurales en el régimen laboral argentino, desde la definición misma de trabajo hasta el sistema de indemnizaciones, pasando por nuevas modalidades contractuales, regulaciones sobre registro y un nuevo esquema financiero para cubrir despidos.
El articulado —extenso, técnico y de impacto transversal en la normativa vigente— se presenta como un intento de “modernizar un régimen pensado para 1974”, según suelen explicar en el oficialismo. La premisa aparece expresada también en el corazón del texto, que redefine el concepto central del sistema: “Constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración”, señala el nuevo artículo 4°, con un agregado conceptual: “El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre”.
Redefinir el alcance de la ley
Uno de los cambios más discutidos internamente es el nuevo artículo 2°, que establece el ámbito de aplicación de la LCT. La propuesta excluye explícitamente a empleados públicos, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, contrataciones civiles y comerciales, trabajadores independientes y trabajadores de plataformas digitales, “conforme la regulación específica”. La redacción abre la puerta a un debate sobre la frontera entre trabajo dependiente y autónomo, y plantea una intención oficial clara: reducir la presunción de relación de dependencia allí donde existan otras formas de contratación.
En la misma línea, el artículo 23 limita la presunción de vínculo laboral cuando existan facturas o recibos correspondientes a contratos de obra o servicios profesionales. El Gobierno considera que esta precisión es clave para “dar seguridad jurídica a la contratación moderna”.
La reforma otorga un rol central a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), nuevo organismo recaudador creado por el Ejecutivo, que pasa a unificar la registración laboral. El artículo 52 establece que los empleadores deberán registrar trabajadores “ante la ARCA”, y que esa registración será suficiente “a todos los fines”, evitando requisitos adicionales de otros organismos.
El Ejecutivo interpreta esta modificación como una simplificación; los sindicatos, como una recentralización que desplaza la capacidad de fiscalización del Ministerio de Trabajo.
El proyecto incorpora también la posibilidad de digitalizar libros y recibos, y redefine la entrega de certificados de aportes al momento de la desvinculación, permitiendo su cumplimiento de manera enteramente digital.
Indemnizaciones: un régimen con topes
Uno de los capítulos más extensos y políticamente sensibles es el que rediseña el sistema de indemnizaciones.
Dice el proyecto: “En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso y luego de transcurrido el período de prueba, se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de TRES (3) meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor”.
Se entiende como remuneración, a estos fines, la devengada y pagada en cada mes calendario, por cuanto no tendrán incidencia los conceptos de pago no mensuales como el sueldo anual complementario, vacaciones, premios que no sean de pago mensual, etcétera. Se define como habitual, a estos fines, aquellos conceptos devengados como mínimo seis meses en el último año aniversario.
Así lo establece el artículo 245, que propone una nueva fórmula de cálculo, basada en la “mejor remuneración mensual, normal y habitual”, pero delimita los conceptos considerados habituales y fija un tope equivalente a tres veces el salario promedio del convenio correspondiente. A la vez, establece un piso: la indemnización nunca podrá ser inferior al 67% de esa base teórica.
El texto también habilita alternativas al régimen tradicional. “Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará a cargo del empleador”, indica el proyecto. Esta posibilidad abre el camino para un esquema similar al de la construcción, donde el empleador aporta mensualmente y evita la indemnización final.
Ese esquema se profundiza con el Título II, que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Su objetivo es coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones derivadas de despidos y preavisos. El fondo se financia con una contribución del 3 % mensual sobre la masa salarial y se administra como “un patrimonio separado, inembargable y de afectación específica”. El empleador podrá usarlo para cubrir total o parcialmente las liquidaciones finales, pero la responsabilidad por el pago al trabajador seguirá siendo exclusiva del empleador.
Desde el Gobierno lo presentan como “una herramienta para darle previsibilidad al sistema”, mientras que sectores sindicales lo ven como “la antesala de la eliminación progresiva de las indemnizaciones”.
Beneficios sociales, modalidades y remuneración
El capítulo de remuneración no solo redefine los conceptos remunerativos sino que vuelve a establecer con claridad qué no es salario. Los “beneficios sociales”, como reintegros médicos, ropa de trabajo, cursos, guardería o servicios de alimentación, se consideran conceptos no remunerativos y no pagan cargas sociales. El artículo 103 bis es explícito: “En ningún caso corresponderá el pago de aportes ni contribuciones a la seguridad social”.
También se habilita, mediante el artículo 104 bis, que empleadores y trabajadores pacten “componentes retributivos dinámicos adicionales”, fijos o variables, que no generarán derecho adquirido ni continuidad tácita. Para los especialistas en derecho laboral, esta disposición introduce flexibilidad salarial con una amplitud inédita.
En cuanto a modalidades, el proyecto reescribe el contrato a tiempo parcial, habilita la realización voluntaria de horas suplementarias y permite que los convenios colectivos fijen porcentajes máximos de personal bajo esta modalidad.
Además, introduce un artículo clave sobre bancos de horas, permitiendo que empleadores y trabajadores “acuerden voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, formalizado por escrito y con un sistema de control verificable. Para el oficialismo, esto apunta a “acomodar la jornada al siglo XXI”; para los sindicatos, representa “una desregulación encubierta de la jornada laboral”.
Enfermedades, certificaciones y control médico
Uno de los puntos donde el Ejecutivo buscó ser más preciso es el régimen de ausencias por enfermedad. El artículo 210 exige que los certificados sean “firmados digitalmente” a través de plataformas autorizadas, un cambio que busca reducir los conflictos por licencias médicas. En caso de discrepancia entre el médico del trabajador y el designado por el empleador, se convocará a una Junta Médica, pudiendo intervenir organismos privados “de reconocida solvencia técnica”.
El proyecto sustituye el artículo 276 y establece que los créditos laborales se actualizarán por el índice de precios al consumidor (IPC) más una tasa del 3 % anual. El Gobierno sostiene que la fórmula “equilibra el resguardo del crédito del trabajador con la previsibilidad para el empleador”, mientras que especialistas laborales advierten que la tasa podría quedar por debajo de la inflación real.
En materia judicial, el nuevo artículo 277 fija que los honorarios de primera instancia no podrán exceder el 25 % del monto de la sentencia y prohíbe pactos de cuota litis que superen el 20 %. También ordena que “todo pago se efectivizará mediante depósito en la cuenta sueldo del trabajador”.
Una reforma integral que el Ejecutivo calificará como “histórica”
El Gobierno planea presentar el proyecto acompañado de un mensaje político fuerte: que se trata de la reforma más profunda del sistema laboral en medio siglo. En privado, funcionarios del área señalan que la intención es “ordenar un mercado laboral fragmentado, reducir la litigiosidad y potenciar el empleo registrado”.
Sin embargo, en los bloques opositores ya anticipan resistencia. El paquete toca intereses sindicales, empresariales y profesionales, y se superpone con debates preexistentes en el Congreso. Los gremios, por su parte, estudian el texto artículo por artículo: no descartan medidas de fuerza, pero esperan el envío formal para fijar posición.
Lo cierto es que, tal como está redactado, el proyecto de modernización laboral abre una discusión de enorme impacto político y económico. Y si, como prevé el Ejecutivo, se presenta la próxima semana, será uno de los debates más intensos de la agenda parlamentaria de fin de año.
Extraordinarias y modernización laboral figuran en una agenda que se esclarecerá este martes con la publicación en el Boletín Oficial. Las prioridades de diciembre y las de febrero.
Será este mismo viernes, o pasará a lo largo de este último fin de semana largo del año, pero lo cierto es que el presidente Javier Milei firmará en estas horas el decreto que, tras su publicación en el Boletín Oficial del martes 9, convocará al Congreso a sesiones extraordinarias. La fecha tentativa es la que siempre se mencionó: miércoles 10 de diciembre, primer día en el que los mandatos de los diputados y senadores nacionales elegidos el 26 de octubre y que ya prestaron el juramento correspondiente, comienzan a regir formalmente. Y todo indica que sería hasta fin de mes (30 de diciembre), aunque algunos no descartan la posibilidad de que la convocatoria se haga “de un tirón” hasta el último día de hábil de febrero (viernes 27), cuestión de tener todo listo y sin necesidad de emitir decretos complementarios a lo largo del verano.
Como sea, no hay mayor misterio en torno a los temas a tratar: Presupuesto 2026 e inocencia fiscal, son las prioridades del mes de diciembre; en tanto que la modernización laboral, las reformas al Código Penal, la tributaria y la Ley de Glaciares figurarán también en el temario.
De estas últimas, la que podría ser incluida dentro del texto del decreto que se conocerá la medianoche del martes es la reforma laboral, cuyos detalles circularon intensamente por algunos medios en las últimas horas. En caso de ser incluido el tema en el mismo -como todo indica-, comenzaría a ser debatido en la Cámara alta, mientras Diputados hace lo suyo con la ley de leyes. Al respecto, el dictamen alcanzado en noviembre pasado por el Presupuesto -en realidad fueron cuatro- perdió vigencia al cambiar la conformación de las cámaras.
Así las cosas, dicho dictamen debería ser debatido en comisiones a lo largo de la semana que viene y, a más tardar, tener dictamen el martes 16, para su tratamiento en el recinto el día posterior. Tal cual suele suceder con los tratamientos de los presupuestos en el Senado, allí el tema debería tener un trámite exprés, posiblemente entre las fiestas.
En cuanto a la modernización laboral, algunos optimistas especulan con una media sanción antes de fin de año. Se verá. El proyecto está “terminado pero en revisión”, señalan algunas fuentes oficiales, y podría llegar a conocerse oficialmente este martes. El mismo incluiría flexibilización de jornadas, bancos de horas, indemnizaciones escalonadas y restricciones a la huelga.
En cuanto al proyecto de inocencia fiscal, el mismo ingresó al Congreso el 6 de junio pasado, pero nunca fue tratado en comisión. Propone instaurar un cambio en la filosofía y la práctica del régimen tributario argentino. Según palabras del Gobierno, la propuesta prevé dejar de lado un régimen que definen como “persecutorio” aplicado por el fisco, donde se partía de una presunción de culpabilidad del contribuyente.
El texto propone actualizar los montos previstos para las multas y reformula el régimen de prescripción, al establecer la posibilidad de reducir el plazo de prescripción tributaria a tres años en aquellos casos en que la declaración jurada haya sido presentada en término y no se verifiquen diferencias significativas. En un segundo capítulo, establece modificaciones al Código Civil y Comercial con el objetivo de armonizar el régimen de prescripción en materia tributaria y de la seguridad social. Además, se incorpora la posibilidad de prever plazos reducidos en las leyes de previsión social, en condiciones análogas a las contempladas en materia impositiva.
Por otro lado, impulsa la creación de un régimen especial y simplificado aplicable a la recién implementada declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, que alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que cumplan ciertos requisitos patrimoniales y de ingresos.
Lo que tiene que ver con glaciares y la reforma del Código, se conocerá más a fondo en las próximas semanas y quedará para su debate en el mes de febrero. No se descarta que alguno de estos temas, sobre todo las modificaciones penales, queden para llegar al recinto a lo largo del período ordinario.
Luego de la sesión preparatoria del 3 de diciembre, marcada por juramentos fuera de protocolo y discursos críticos, la diputada oficialista presentó un proyecto para prohibir agregados en la fórmula y repetir la jura hasta que se cumpla estrictamente.
La sesión preparatoria del miércoles 3 de diciembre en la Cámara de Diputados dejó imágenes inusuales: varios legisladores electos aprovecharon el momento de la jura para pronunciar discursos extensos y críticas políticas, apartándose de las fórmulas establecidas. Ante ese escenario, la diputada nacional de La Libertad Avanza Sabrina Ajmechet presentó un proyecto de resolución que apunta a modificar el artículo 12 del Reglamento interno.
El texto establece que “el juramento será tomado en voz alta por el presidente estando todos de pie. Queda estrictamente prohibida cualquier mención, adición o referencia ajena a las fórmulas determinadas en el Artículo 10 de este Reglamento”.
Además, fija un mecanismo para garantizar el cumplimiento: “En caso de que un diputado electo intente o manifieste la voluntad de modificar, agregar o sustituir la fórmula de respuesta establecida, el presidente de la Cámara lo intimará a ceñirse estrictamente a las fórmulas establecidas. El juramento se repetirá hasta que sea prestado de forma reglamentaria y la incorporación al cuerpo no será válida hasta que eso ocurra”.
En los considerandos, Ajmechet explica que la reforma busca “esclarecer el procedimiento de jura de los Diputados que ingresan a la Cámara” y “reafirmar el compromiso primordial […] despojando el acto de toda mención de índole político-partidista o de facción”.
“Se propone así, limitar las fórmulas a la invocación de valores y textos de fe, o al compromiso cívico fundamental con la Constitución Nacional y la República”, señala el proyecto.
La diputada advierte que, si el juramento no se realiza conforme al reglamento, “no quedarán incorporados al cuerpo”.
La iniciativa surge tras una ceremonia que se convirtió en tribuna política, con legisladores que incluyeron consignas partidarias y mensajes críticos en sus juramentos. El oficialismo busca evitar que estas prácticas se repitan en futuras sesiones.
El oficialismo arranca con una bancada de 95 miembros, mientras que Unión por la Patria queda en 93. Nuevos interbloques que se igualan en cantidad de integrantes. Todos los nombres.
Bloque por bloque
LA LIBERTAD AVANZA (95)
Ajmechet, Sabrina
Almena, Carlos
Almirón, Lisandro
Andreussi, Bárbara Vanesa
Ansaloni, Pablo
Arabia, Damián
Avico, Belén
Basualdo, Atilio
Becerra, Mónica
Benedit, Beltrán
Benegas Lynch, Bertie
Bonacci, Rocío
Bongiovanni, Alejandro
Bornoroni, Gabriel
Brizuela, Adrián
Campero, Mariano
Carrancio, Alejandro
Castelnuovo, Giselle
Chiconi, Abel
Correa Llano, Facundo
Diez, Romina
Emma, Nicolás
Ferreyra, Alida
Fargosi, Alejandro
Fligliuolo, Sergio “Tronco”
Flores, María Gabriela
Frías, Maira
Gallardo, Virginia
García, Álvaro
García, Carlos
Giudici, Silvana
Goitía, Mercedes del Rosario
Gonzáles, Alfredo
González Estevarena, María
Gruber, Maura Ester
Guzmán, Jairo
Hartfield, Diego
Holzman, Patricia
Huesen, Gerardo
Humenuk, Gladys
Ibáñez, María Cecilia
Laumann, Andrés
Lemoine, Lilia
Leone, Andrés
Llano, Mercedes
Lluch, Enrique
Longo, Johanna
Macyszyn, Lorena
Martínez, Álvaro
Mayoraz, Nicolás
Menem, Martín
Metral, María Julieta
Molinuevo, María Soledad
Mondaca, Soledad
Montenegro, Guillermo
Montenegro, Juan Pablo
Morchio, Francisco
Moreno Ovalle, Julio
Muñoz, Gabriela
Niveyro, Miriam
Ojeda, Joaquín
Bruno, Eliana Lorena
Pareja, Sebastián
Patiño Brizuela, Marcos
Pauli, Santiago
Pellegrini, Agustín Andrés
Pelli, Federico
Peluc, José
Petri, Luis
Petrovic, Lorena
Picat, Luis Albino
Ponce, María Celeste
Quintar, Manuel
Ravera, Valentina Loana
Razzini, Verónica
Ravier, Adrián
Reichardt, Karen
Riesco, Gastón
Roca, Gonzalo
Rodríguez, Luis
Rodríguez Machado, Laura
Santillán Juárez Brahim, Juliana
Santurio, Santiago
Soldano, Laura
Tomassoni, Yamile Vanesa
Torres, Rubén Darío
Tortoriello, Aníbal
Tournier, José Federico
Treffinger, César
Urien, Hernán
Vásquez, Patricia
Vera, Andrea
Villaverde, Lorena
Visconti, Gino
Zapata, Carlos Raúl
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FUERZA PATRIA (93)
Aguirre, Hilda
Alí, Ernesto "Pipi"
Andino, Cristian
Araujo Hernández, Jorge Neri
Andrade, Javier
Aveiro, Martín
Barbur, Marcelo
Basterra, Luis Eugenio
Bordet, Gustavo
Borgatta, Alejandrina Belén
Cafiero, Santiago
Campitelli, Celia
Campo, Julieta
Cámpora, Lucía
Carignano, Florencia
Casas, Sergio Guillermo
Castagneto, Carlos Daniel
Chica, Jorge
Cisneros, Carlos
Daives, Ricardo
De la Rosa, María Graciela
Díaz, Fernanda
Dolce, Sergio
Estévez, Gabriela Beatriz
Félix, Emir
Ferrán, Abelardo
Freites, Andrea
Galmarini, Sebastián
García, María Teresa
Giuliano, Diego A.
Glinski, José
Gómez, José
Grabois, Juan
Gutiérrez, Ramiro
Hadad, Raúl “Rulo”
Hagman, Itai
Ianni, Ana María
Kirchner, Máximo Carlos
Leiva, Aldo
López, Jimena
López Pasquali, Cecilia
Luque, Juan Pablo
Mango, Marcelo
Manrique, Mario
Marclay, Marianela
Marín, Varinia Lis
Marino, Juan
Martínez, Germán Pedro
Michel, Guillermo
Miño, Fernanda
Molle, Matías
Molina, Juan Carlos
Monzón, Roxana
Moreau, Cecilia
Moyano (h), Hugo
Mukdise, Jorge
Neder, Estela Mary
Osuna, Blanca Inés
Olmos, Kelly
Palazzo, Sergio
Palladino, Claudia
Parola, María Graciela
Pedrali, Gabriela
Penacca, Paula Andrea
Pietragalla, Horacio
Pokoik, Lorena
Potenza, Luciana
Propato, Agustina
Rauschenberger, Ariel
Roberto, Santiago
Rossi, Agustín
Salzmann, Marina
Lanesán Sancho, Moira
Sand, Nancy
Serquis, Adriana Cristina
Selva, Sabrina
Siley, Vanesa
Snopek, Guillermo
Strada, Julia
Taiana, Jorge
Tailhade, Rodolfo
Tepp, Caren
Tita, Paulo
Todero, Pablo
Tolosa Paz, Victoria
Trotta, Nicolás
Valdés, Eduardo Félix
Velázquez, María Elena
Volnovich, Luana
Yasky, Hugo
Yedlin, Pablo Raúl
Zaracho, Natalia
Zulli, Christian Alejandro
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INTERBLOQUE UNIDOS (22)
PROVINCIAS UNIDAS (18)
Arrieta, Lourdes
Ávila, Jorge "Loma"
Basualdo, Carolina del Valle
Brügge, Juan Fernando
Capozzi, Sergio
Coletta, Mariela
Farías, Pablo Gustavo
Juliano, Pablo
García Aresca, Ignacio
Gutiérrez, Carlos
Lousteau, Martín
Núñez, José
Paulón, Esteban
Rizzotti, Jorge
Scaglia, Gisela
Schiaretti, Juan
Torres, Alejandra
Zigarán, María Inés
ENCUENTRO FEDERAL (2)
Massot, Nicolás
Pichetto, Miguel Ángel
COALICION CIVICA (2)
Ferraro, Maximiliano
Frade, Mónica
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INTERBLOQUE SIN DENOMINACIÓN (22)
PRO (12)
Ardohain, Martín
Bianchetti, Emmanuel
De Andreis, Fernando
De Sensi, Florencia
Fernández Molero, Daiana
Finocchiaro, Alejandro
Fregonese, Alicia
Giampieri, Antonela
González, Álvaro
Ritondo, Cristian
Sánchez Wrba, Javier
Yeza, Martín
UNIÓN CÍVICA RADICAL (6)
Agüero, Guillermo
Cipolini, Gerardo
González, Diógenes
Nieri, Lisandro
Schneider, Darío
Verasay, Pamela
MID (2)
Falcone, Eduardo
Zago, Oscar
ADELANTE BUENOS AIRES (1)
Banfi, Karina
POR SANTA CRUZ (1)
Garrido, José Luis
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INNOVACIÓN FEDERAL (7)
Arrúa, Alberto
Biella, Bernardo
Herrera Ahuad, Oscar
Outes, Pablo
Ruíz, Yamila
Vancsik, Daniel
Vega, Yolanda
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FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDAD (4)
Bregman, Myriam
Del Caño, Nicolás
Del Plá, Romina
Pitrola, Néstor
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COHERENCIA (3)
Álvarez, Claudio
González, Gerardo Gustavo
Pagano, Marcela Marina
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INDEPENDENCIA (3)
Fernández de Mansilla, Elia
Medina, Gladys
Noguera, Javier
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ELIJO CATAMARCA (3)
Ávila, Fernanda
Monguillot, Fernando
Nóblega, Sebastián
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PRODUCCION Y TRABAJO (2)
Jaime Quiroga, Carlos
Picón Martínez, Nancy Viviana
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LA NEUQUINIDAD (1)
Maureira, Karina
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DEFENDAMOS CÓRDOBA (1)
De la Sota, Natalia
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PJ San Luis (1)
Fernández, Jorge “Gato”
El radical Gerardo Cipolini quedó en el centro de la polémica por comentarios sexistas captados por un micrófono abierto. Las frases generaron repudio en el recinto y en redes, mientras el legislador atribuyó el hecho a una supuesta manipulación digital.
La sesión preparatoria en la Cámara de Diputados, donde juraron los 127 legisladores electos, quedó marcada por un episodio polémico. Gerardo Cipolini, diputado radical y presidente circunstancial del acto por ser el de mayor edad (82 años), fue captado por los micrófonos realizando comentarios inapropiados sobre colegas mujeres.
Mientras se desarrollaba la ceremonia, una frase atribuida a Cipolini —“Qué buena que está la peruca. Tremendo”— se filtró en la transmisión oficial y rápidamente se viralizó en redes sociales. Según trascendió, los dichos habrían estado dirigidos a la diputada formoseña María Graciela de la Rosa y a otras legisladoras, entre ellas las libertarias Mónica Becerra (San Luis) y Rosario Goitía (Chaco).
El hecho generó repudio inmediato en el recinto y motivó la intervención de Cecilia Moreau, vicepresidenta primera de la Cámara, quien expresó: “Las mujeres somos mucho más que un buen cuerpo; somos cabeza, corazón, ideas, coraje y perseverancia”, reclamando respeto e igualdad en el ámbito parlamentario.
Cipolini, por su parte, intentó desactivar la polémica alegando que se trató de una “operación en redes” y que su voz habría sido manipulada mediante inteligencia artificial, aunque su argumento no logró frenar la ola de críticas.
La Libertad Avanza llega al recambio legislativo con 95 miembros, superando por 2 a Unión por la Patria. El resto, un cuarto de la Cámara, se reagrupó en interbloques para disputar lugares en comisiones y cargos clave, pero exhibe un agudo panorama de dispersión.
Como nunca hasta el presente, se armó en la Cámara baja una gran disputa en torno a la conformación de los bloques, que trascendió incluso el “dead line” que se había fijado para el martes pasado, ya que recién este miércoles, durante la misma sesión, terminaron de armarse las bancadas. O mejor dicho, los interbloques, pues ese fue el recurso utilizado por los legisladores de la oposición menos extrema para aglutinarse, más allá de las diferencias internas que tienen entre sí.
Toda la discusión quedó en el sector minoritario y disperso que comprende a poco más del 25% de la Cámara, ya que más del 73% de los diputados pertenecen a los dos grandes polos que tiene hoy el Congreso: La Libertad Avanza y Unión por la Patria. Y en esa competencia que estos dos espacios se plantearon abiertamente terminó prevaleciendo el oficialismo, que en su arremetida final le ganó al bloque que mantendrá el nombre Unión por la Patria, luego de que este espacio sufriera la salida de tres catamarqueños y se confirmara también la del puntano Jorge “Gato” Fernández.
UP quedó con 93, y LLA ganó la partida con 95. Un triunfo fundamentalmente psicológico, dado que el sistema D’Hont que se usa para distribuir lugares en las comisiones no establecería una mayor diferencia en favor de quien tiene apenas dos miembros más en el bloque. Así lo planteaba este miércoles por la tarde una fuente oficialista, poniendo como ejemplo que en una comisión de 31 diputados, 12 irían para LLA y 12 para UP.
El resto de esos lugares -apenas 7-, deberían disputárselos los demás bloques, que este miércoles discutían quién podía sumar más, ya no con la integración de los bloques, sino trazando alianzas para la conformación de interbloques.
A pesar del duro golpe sufrido en las elecciones de octubre, cuando la aspiración de convertirse en una alternativa de poder para 2027 sufrió un severo traspié que sacudió la autoestima de ese espacio, Provincias Unidas se había propuesto ser la tercera minoría de la Cámara. Las negociaciones que se habían complicado con Encuentro Federal cuando Miguel Pichetto se enojó porque lo vetaban como jefe del bloque, se encaminaron con el armado de un interbloque que terminó sumando a 18 diputados de Provincias Unidas, 2 de Encuentro Federal y 2 de la devaluada Coalición Cívica. Total: 22 diputados.
Con ese número llegaron los miembros de ese interbloque a la sesión, a sabiendas de que el Pro no había podido anudar las alianzas suficientes para prevalecer. Y encima había sufrido fugas que a última hora lo dejaron en su piso histórico de 12 diputados. En las últimas horas se le fueron el santafesino José Núñez y el rionegrino Sergio Capozzi. Ambos cercanos a Patricia Bullrich, pero sin intenciones de hacerse libertarios, terminaron sumándose a Provincias Unidas. Y la única alianza que habían alcanzado las huestes de Cristian Ritondo era con el MID, que solo tiene 2 diputados. Sin embargo, en el transcurso de la sesión se rubricó un nuevo acta por el cual se establecía un interbloque más robusto, producto de la inclusión del bloque radical (que quedó reducido a 6 miembros), el santacruceño José Luis Garrido, y la también radical que había optado por armar un monobloque llamado Adelante Buenos Aires, Karina Banfi. Total: 22 miembros.
| Bloque | Diputados | Presidente |
| La Libertad Avanza | 95 | Gabriel Bornoroni |
| Unión por la Patria | 93 | Germán Martínez |
| Provincias Unidas | 18 | Gisela Scaglia |
| Pro | 12 | Cristian Ritondo |
| MID | 2 | Oscar Zago |
| UCR | 6 | Pamela Verasay |
| Producción y Trabajo | 2 | Nancy Picón Martínez |
| Coalición Cívica | 2 | Maximiliano Ferrraro |
| Innovación Federal | 7 | Alberto Arrúa |
| Encuentro Federal | 2 | Miguel Pichetto |
| Adelante Buenos Aires | 1 | Karina Banfi |
| Por Santa Cruz | 1 | José Luis Garrido |
| Defendamos Córdoba | 1 | Natalia de la Sota |
| La Neuquinidad | 1 | Karina Maureira |
| PJ San Luis | 1 | Jorge “Gato” Fernández |
| Coherencia | 3 | Claudio Álvarez |
| Independencia | 3 | Gladys Medina |
| Elijo Catamarca | 3 | Fernando Monguillont |
| Frente de Izquierda | 4 | Myriam Bregman |
| Total | 257 |
Esta paridad desembocó en una disputa en la sesión de este miércoles. Es que Gisela Scaglia reclamó la vicepresidencia tercera para el cordobés Ignacio García Aresca, recordando que en “pre labor” habían acordado que el tercer vice sería para bloques mayoritarios, y ellos tenían 18 diputados, pero en interbloque eran 22. Desde el Pro, Javier Sánchez Wrba planteó que ellos sumaban 22 como interbloque, pero Pablo Juliano -del interbloque PU- remarcó que ellos eran 18 como bloque. “Es una integración unívoca, no hay nada que someter a consideración. Entendemos que el tercer espacio debería ser para Provincias Unidas”.
Terció la ahora oficialista Silvana Giudici, que aclaró que “la representación de la Cámara es por espacio político y el interbloque tiene la misma cantidad de diputados que ellos”. El tema quedó para resolver en la próxima sesión. Pero la discordia opositora no solo habla de su dispersión; es también música para los oídos del Gobierno, que ya bastante sufrió a lo largo de este año con una oposición unida en su contra.
El espacio que al final no pudo expandirse fue el otro impulsado por los gobernadores, en el que trabajaban mandatarios del norte -Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Hugo Pasalacqua (Misiones), más el neuquino Rolo Figueroa-, pero la confluencia no prosperó: parece que a Jaldo, Jalil y Figueroa les cierra más negociar por separado. Además, solo hubieran sumado 15 diputados, menos que Provincias Unidas; de ahí que seguirá existiendo el bloque Innovación Federal, con 7 diputados, uno menos que la conformación que tenía hasta ahora.
Este es el panorama que se le traza a un oficialismo más vigoroso que lo que era hasta ahora -creció un 156% respecto de la conformación que tuvo el último año-, pero que enfrenta el desafío de ir ahora a la búsqueda de las leyes, para lo cual necesitará más de una treintena de apoyos para abrir las sesiones y aprobar proyectos. Un objetivo para el cual necesitarán de “mucho acuerdo”, tal cual remarcó una alta fuente oficialista ante la prensa parlamentaria.
Ese universo que redondea un cuarto de la cámara es donde La Libertad Avanza deberá encontrar los votos para avanzar.
La diputada del Frente de Izquierda, que dejará su banca la próxima semana, buscó acercarse al presidente para reclamar por el Hospital Garrahan cuando salía del Congreso. Fue contenida por la seguridad y el incidente derivó en tensión con simpatizantes oficialistas.
La todavía diputada nacional Vilma Ripoll, cuyo mandato vencerá la semana que viene, protagonizó una protesta este miércoles al tratar de interceptar al presidente de la Nación, Javier Milei, cuando salía del Congreso al que asistió para presenciar la jura de los diputados electos el 26 de octubre.
La diputada del Frente de Izquierda intentó acercarse al vehículo oficial para reclamar por la situación del Hospital Garrahan. La dirigente fue contenida por personal de seguridad y terminó quebrada en llanto frente a las puertas del Congreso.
El episodio derivó en un cruce con una militante de Las Fuerzas del Cielo, lo que generó momentos de tensión en la vía pública.
👉🏼 La diputada Vilma Ripoll buscó interceptar a @JMilei al salir del Congreso entre lágrimas, para plantearle la emergencia en el Garrahan y las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad.
❌ El operativo de seguridad impidió que pudiera acercarse. pic.twitter.com/9BPzCI0iqA
— Haceinstantes (@Haceinstantes) December 3, 2025
Lo anunció ella misma a través de una carta al presidente Javier Milei que hizo pública a través de las redes. Según pudo saberse, la propia Patricia Bullrich le pidió que diera un paso al costado.
Finalmente la diputada nacional Lorena Villaverde anunció su decisión de dar un paso al costado y prescindir de la banca en el Senado que había conseguido en las elecciones del 26 de octubre pasado. La decisión se adoptó el mismo día de la jura de los nuevos diputados nacionales, donde no juró quien iba a sucederla en su banca, ya que el día previo la rionegrina resolvió retirar la renuncia presentada oportunamente en Diputados.
Según pudo saberse, Patricia Bullrich, quien ya oficia de jefa del bloque de senadores oficialistas de La Libertad Avanza, le habría solicitado directamente tomar esa decisión. Fue en el marco de una reunión mantenida este miércoles en el despacho de Martín Menem en la Cámara baja.
“No podemos esperar hasta febrero”, le dijo la exministra de Seguridad, que le pidió a su vez continuar en la Cámara baja. De tal manera, Lorena Villaverde mantendrá su banca en la Cámara baja, en tanto que su banca en el Senado será ocupada por Enzo Fullone, ex jefe del distrito de Vialidad Nacional en Río Negro.
La diputada había retirado el día anterior su renuncia a la Cámara baja luego de quedarse sin jura en la ceremonia del Senado del viernes pasado. En ese caso elevó una nota el lunes pasado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Su pliego había sido impugnado la Comisión de Asuntos Constitucionales en rigor de su presunta vinculación con Fred Machado, detenido e imputado por lavado de activos y narcotráfico en Estados Unidos.
Lorena Villaverde tiene mandato en Diputados hasta diciembre del 2027 y su reemplazante iba a ser Natalia Chemor, tercera en la boleta del Partido Fe que compitió anexada a la candidatura presidencial de Javier Milei.
La dirigente libertaria oficializó su decisión a través de un extenso posteo en X con una carta dirigida al primer mandatario. Este es el texto:
Señor Presidente:
Me dirijo a usted con el respeto y la convicción profunda que me trajeron a la vida pública: la defensa irrestricta de la libertad, el apego absoluto a nuestra Constitución Nacional y el compromiso inquebrantable con el proyecto de transformación que usted lidera y que, sin exagerar, está marcando un antes y un después en la historia argentina.
Es una decisión que nace desde el amor, la responsabilidad y la coherencia: mis hijos están antes que cualquier cargo, porque ninguna ambición política vale más que su bienestar. En estos meses fui víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar. No fueron discusiones políticas: fue una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a la vieja política.
Aceptar continuar bajo esas condiciones sería convalidar el daño y poner en riesgo a mi familia. No lo voy a hacer.
Al mismo tiempo, entiendo el momento histórico que estamos viviendo. Sectores del viejo régimen han intentado convertir mi situación personal en una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque oficialista en el Senado y desgastar al proyecto de cambio. No voy a ser parte de esa maniobra. No me van a usar como pieza para detener el rumbo que millones de argentinos eligieron.
Frente a este escenario, y fiel a mis convicciones, quiero dejar algo claro: yo no me involucré en este proyecto por un asiento, ni por una dieta, ni por honores personales. Entré porque creo en la libertad, en el mérito, en el trabajo duro y en su liderazgo. Y precisamente por eso, porque creo en este rumbo como la única salida posible para la Argentina, pongo a su entera disposición mi renuncia a la banca de Senadora por la provincia de Río Negro.
Lo hago con la serenidad de quien sabe quién es, y con la certeza de que ningún cargo vale más que la oportunidad histórica de que la Argentina rompa definitivamente con el fracaso estructural. También lo hago porque sé que dilatar decisiones solo beneficia a quienes quieren ver caer este proceso de transformación. Yo soy libre y voy a defender la libertad, incluso si eso implica dar un paso al costado.
No renuncio a mis convicciones.
No renuncio a mi compromiso con Río Negro.
No renuncio a acompañar este proyecto histórico.
Solo renuncio a ser usada como herramienta para dañar al gobierno, a las reformas y al futuro de los argentinos.
A su disposición, como siempre.
Cordialmente.
@JMilei
@LLibertadAvanRN
Se realiza la sesión en la que juran 127 diputados nacionales electos el 26 de octubre pasado. El oficialismo estrena su condición de primera minoría, y se prevé la designación de las autorizadas.
A las 13.19 comenzó en el recinto de la Cámara de Diputados la sesión preparatoria que más expectativa despertó en los últimos tiempos. Fundamentalmente por el salto gigante que ha dado el bloque libertario, que de 37 miembros ha tenido un incremento del 156%, al pasar a ser de 95 miembros. Y con el agregado que se conoció cerca del mediodía de que el presidente de la Nación, Javier Milei, se haría presente en el recinto, para seguir de manera presencial los detalles de esta sesión que marca el fuerte empoderamiento del oficialismo.
El presidente llegó acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y se ubicó en el palco principal de la Cámara baja, acompañados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.
Luego de ser convocado por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, el diputado nacional de mayor edad pasó a presidir la sesión. Con 82 años de edad, el radical Gerardo Cipolini tomó ese rol, para convocar a continuación al libertario Pablo Ansaloni a izar la bandera y se entonó el Himno Nacional Argentino. A continuación, se pasó a la elección del presidente provisional para tomar juramento a los legisladores nacionales, cosa que hizo Gabriel Bornoroni, quien sugirió que continuara al frente de la sesión el chaqueño Cipolini, tras lo cual se iniciaron las juras de legisladores.
El bloque que seguirá conduciendo el cordobés Gabriel Bornoroni suma formalmente desde este 3 de diciembre 95 diputados nacionales, que lo convierten en la primera minoría, tras desplazar a un Unión por la Patria que contaba con 98 diputados el 26 de octubre y con los tres catamarqueños que acaban de dejar el bloque ha quedado por debajo de La Libertad Avanza.
En las últimas horas el “libro de pases” experimentó una actividad febril de parte de todos los sectores deseosos de engrosar sus filas, con el fin de redondear números que les permitan ser considerados a la hora del reparto de las comisiones. En este contexto, hay dos polos que se llevan la mayoría: entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria, suman el más del 73% de los miembros de las cámaras.
Miembros del veintipico por ciento restante, el resto de los bloques pugnaban en las últimas horas por alcanzar números más considerables que les permitieran sumar mejor para integrar las comisiones. Tres sectores competían para convertirse en la tercera minoría. Por caso, los gobernadores, divididos en dos grupos diferenciados por el tipo de relación que pretenden alcanzar con el Gobierno nacional. Los del norte, más un patagónico, y los de Provincias Unidas, que pugnaban este martes por pasar la veintena de miembros.
Estos últimos habiendo conseguido sumar finalmente a Miguel Pichetto y Nicolás Massot, que el lunes habían estallado contra los popes de Provincias Unidas por pretender estos que la vicegobernadora santafesina Gisela Scaglia presida el bloque, contra la voluntad de los otros, que consideraban natural que ese cargo lo ostentara Pichetto. Ahora estaban a la búsqueda de conseguir alinear junto a ellos a los dos de la Coalición Cívica.
En el caso del Pro, buscaba revivir una suerte de nuevo Juntos por el Cambio con los radicales, el MID y Coherencia. Entre tantas fugas, el Pro se acercaba a reunir apenas una docena, ahora con la salida de otros dos bullrichistas, mas sin destino libertario: José Núñez y Sergio Capozzi, quienes irían a Provincias Unidas.
Luego de las juras de los diputados se procederá a la elección de autoridades, comenzando por el presidente de la Cámara, que será revalidado (Martín Menem) y luego tres vicepresidencias.
El diputado entrerriano sorprendió al incorporarse al bloque libertario. Explicó que la decisión, tomada junto al gobernador Rogelio Frigerio, buscó impedir que el kirchnerismo controlara la agenda parlamentaria.
El diputado entrerriano Francisco Morchio dio la nota el martes por la noche al confirmarse su pase al bloque de La Libertad Avanza, constituyéndose en el diputado número 95 del mismo, con lo que se confirmaba la calidad de “primera minoría” por parte del oficialismo en esa Cámara.
Y poco después de concluida la sesión en la que se aceptaron las renuncias de diputados, el diputado que tiene origen en el Pro explicó el porqué de su decisión: “Fue para evitar que el kirchnerismo tuviera la primera minoría”, argumentó el diputado Morchio al ser entrevistado por Diputados TV.
De bajo perfil, Morchio rompió el silencio este miércoles para aclarar que habían tomado la decisión junto al gobernador entrerriano Rogelio Frigerio porque “no podía ser nunca el kirchnerismo el que manejara la agenda del Congreso”.
En su diálogo, Morchio aclaró que si el score no hubiera estado “94 a 94” en la previa de la toma de esa decisión, “hubiera estado en el bloque del Pro, está claro”. Pero como se hacía necesario desempatar la situación, resolvió sumarse al oficialismo.
En la entrevista, Morchio confió que “las decisiones las tomamos juntos”, en referencia al gobernador de su provincia, pero ante la consulta de qué hubiera hecho si no hubiera estado Frigerio aportando su opinión, no tuvo dudas en contestar afirmativamente: “hubiera hecho lo mismo”.
“Cuando uno está en estas situaciones, que las pone el azar, tiene que pensar porqué está ahí, y qué es lo que hay que hacer. Vine a impedir que el kirchnerismo se salga con la suya”, reiteró, para concluir: “Podría haberme quedado en un bloque afuera y ceder la primera minoría a ellos. Decidí no hacerlo”.
Desde las 11.15, la Cámara baja realiza la primera de las dos sesiones previstas para este miércoles: en este caso será para aceptar las renuncias de legisladores que se van para asumir en otros cargos.
Como aperitivo para la sesión preparatoria prevista para las 13 de este miércoles, se realizó en la Cámara baja una sesión especial con el fin de que aceptar una serie de renuncias.
Se trata de legisladores que presentaron su dimisión para ir a ocupar otros cargos, y deberán dejar lugar a sus reemplazantes; otros que compitieron en estas elecciones y resultaron electos, pero como tenían mandato hasta 2027 ahora deberán renunciar a ese período anterior; y otros que fueron candidatos pero finalmente no asumirán.
La sesión fue muy breve: arrancó a las 11.15, se cantó el Himno Nacional Argentino y se procedió a la lectura de los nombres de los renunciantes. El diputado Christian Castillo, en su última intervención como diputado nacional por este período, hizo un intento por colar un apartamiento de reglamento para tratar la amenaza de “invasión” de Estados Unidos a Venezuela, pero el titular del Cuerpo, Martín Menem, le aclaró que se había acordado en Labor tratar solo las renuncias. Igual se votó a mano alzada el apartamiento, sin que obviamente prosperara la cuestión.
En primer lugar en la lectura de los renunciantes figuraba el nombre de Diego Santilli, actual ministro del Interior, que presentó su renuncia formal el pasado 7 de noviembre. Como no hubo sesión durante este tiempo, nunca se le aceptó esa renuncia y, por lo tanto, no pudo asumir su reemplazante hasta este 10 de diciembre, que era Nelson Marino. Pero como también resultó electo en octubre, tiene otra renuncia para el mandato 2025-2029. En ese sentido, jurará en su lugar Rubén Darío Torres.
Tras el nombre de Santilli, se agregó el de Carolina Piparo, cuyo mandato ya vence, pero solicitó renunciar a partir del 1 de diciembre porque asumirá en un cargo en el Directorio del Banco Nación.
Ha sido un enorme honor trabajar en el Congreso por una Argentina cada día más libre.
Me voy agradecida, con la alegría y la convicción de que las ideas de la libertad le ganaron al pasado: Argentina está cambiando para siempre!
Les deseo lo mejor a los nuevos diputados!
LLA🇦🇷 pic.twitter.com/jAlYgpffro— Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) December 3, 2025
También se aceptaron las renuncias de las libertarias Nadia Márquez y Emilia Orozco, que se mudarán al Senado y serán reemplazadas para completar el mandato hasta 2027 por Gabriela Muñoz y Eliana Bruno, respectivamente. No fue considerada en cambio la renuncia de la rionegrina Lorena Villaverde, quien la había presentado pero la retiró este martes a la espera de lo que suceda con su pliego en el Senado.
Otro de los casos es el de la tucumana Gladys Medina, con mandato hasta 2027, por el cual la reemplazará Elia Fernández de Mansilla. Pero asumirá hasta 2029, tras ser electa en octubre pasado, cuando compitió en el segundo lugar de la lista que encabezó Osvaldo Jaldo, gobernador que compitió de manera testimonial, también renunció y su lugar lo ocupará Javier Noguera.
Desde Unión por la Patria, el rionegrino Martín Soria renunció tras ser electo senador nacional. Su mandato lo completará Marcelo Mango.
En el caso de Itai Hagman, que tenía mandato hasta 2027, también compitió como diputado nacional, encabezando la lista de Fuerza Patria en la Ciudad. Su reemplazo será el camporista Javier Andrade, mientras que él tendrá mandato ahora hasta 2029.
El jefe del bloque Coherencia, Carlos D'Alessandro, renunció para asumir como legislador provincial de San Luis. Con mandato hasta 2027, será reemplazado por Claudio Álvarez.
También estará la renuncia de la diputada del Pro Silvia Lospennato, quien finalmente decidió no seguir en la Cámara baja, donde le quedaban dos años más de mandato, sino que asumirá su cargo en la Legislatura porteña, para el que fue elegida en mayo. En su lugar entrará la bullrichista Lorena Petrovich.
Asimismo se aceptó la renuncia del diputado Christian “Chipi” Castillo, en este caso por el sistema de rotación que utilizan en la izquierda. En su lugar asumirá Néstor Pitrola.
En el transcurso de la misma jurarán los 127 diputados nacionales electos el 26 de octubre pasado. Será a partir de las 13 y previamente habrá una sesión para aceptar renuncias, prevista para las 11. El oficialismo estrenará su condición de primera minoría.
Una nueva era se inicia este miércoles en la Cámara de Diputados. Es que si bien se trata de una sesión protocolar, establecida por el reglamento del Cuerpo, para tomar juramento de sus nuevos miembros y elegir autoridades, está claro que esto tendrá lugar en una cámara muy distinta de la que existió a lo largo de estos dos años. Y sobre todo el último, en el que mandó claramente la oposición sobre un oficialismo que tuvo que defenderse todo el tiempo.
Este miércoles La Libertad Avanza estrenará en la Cámara de Diputados su nuevo rol de primera minoría. Una condición que alcanzó trabajosamente, luego de que las elecciones del 26 de octubre pasado le permitieran duplicar al oficialismo la cantidad de sus miembros. Pero esos 79 diputados que registraba la noche de esa elección registraron las últimas semanas un fuerte incremento numérico, del 20%. Ese es el excedente en diputados que LLA tiene con relación a cuando abrieron las urnas.
El bloque que seguirá conduciendo el cordobés Gabriel Bornoroni suma formalmente desde este 3 de diciembre 95 diputados nacionales, que lo convierten en la primera minoría, tras desplazar a un Unión por la Patria que contaba con 98 diputados el 26 de octubre y con los tres catamarqueños que acaban de dejar el bloque ha quedado por debajo de La Libertad Avanza.
En las últimas horas el “libro de pases” experimentó una actividad febril de parte de todos los sectores deseosos de engrosar sus filas, con el fin de redondear números que les permitan ser considerados a la hora del reparto de las comisiones. En este contexto, hay dos polos que se llevan la mayoría: entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria, suman el más del 73% de los miembros de las cámaras.
Miembros del veintipico por ciento restante, el resto de los bloques pugnaban en las últimas horas por alcanzar números más considerables que les permitieran sumar mejor para integrar las comisiones. Tres sectores competían en las últimas horas para convertirse en la tercera minoría. Por caso, los gobernadores, divididos en dos grupos diferenciados por el tipo de relación que pretenden alcanzar con el Gobierno nacional. Los del norte, más un patagónico, y los de Provincias Unidas, que pugnaban este martes por pasar la veintena de miembros.
Estos últimos habiendo conseguido sumar finalmente a Miguel Pichetto y Nicolás Massot, que el lunes habían estallado contra los popes de Provincias Unidas por pretender estos que la vicegobernadora santafesina Gisela Scaglia presida el bloque, contra la voluntad de los otros, que consideraban natural que ese cargo lo ostentara Pichetto. Ahora estaban a la búsqueda de conseguir alinear junto a ellos a los dos de la Coalición Cívica.
En el caso del Pro, buscaba revivir una suerte de nuevo Juntos por el Cambio con los radicales, el MID y Coherencia. Entre tantas fugas, el Pro se acercaba a reunir apenas una docena, ahora con la salida de otros dos bullrichistas, mas sin destino libertario: José Núñez y Sergio Capozzi, quienes irían a Provincias Unidas.
La sesión preparatoria prevista para este miércoles será presidida por el diputado de más edad, en este caso el radical chaqueño Gerardo Cipollini (82 años), y luego el pleno tendrá la oportunidad de elegir a un presidente provisional, que será quien les tome juramento a los diputados entrantes. No se descarta que sea la misma persona.
Luego de las juras de los diputados se procederá a la elección de autoridades, comenzando por el presidente de la Cámara, que será revalidado (Martín Menem) y luego tres vicepresidencias. Se estima que la duración de esta sesión no debería extenderse más de dos horas y media.
Tras semanas de silencio y en medio de la polémica por su frustrada llegada al Senado, la diputada rionegrina Lorena Villaverde salió a responder las acusaciones que la vinculan con el narcotráfico y denunció “operaciones mediáticas sin precedentes” en su contra.
En una entrevista concedida a Infobae en vivo, la diputada rionegrina de La Libertad Avanza Lorena Villaverde, decidió romper el silencio y responder a las acusaciones mediáticas y judiciales que la rodearon en los últimos meses, entre ellas las que la vinculan con el narcotráfico y con el empresario Fred Machado.
“Durante todo este tiempo se habló de mí, se me demonizó, construyendo una imagen que no soy. Elegí callar en campaña porque quería enfocarme en lo que venía y en lo que había que votar. Hoy decido hablar para despejar las sombras que se han instalado sobre mi nombre”, afirmó la legisladora, quien denunció lo que considera “un ensañamiento y operaciones mediáticas sin precedentes” en su contra.
La entrevista se da en medio de un escenario complejo: Villaverde retiró la renuncia a su banca en Diputados y aún persiste la controversia por su frustrada asunción como senadora nacional. Sobre este punto explicó: “Hoy retiré la renuncia. El trámite en el Senado sigue su curso administrativo y ahí se definirá con la nueva composición. Confío en que el prestigio y la moral que defiende el Senado no deberían violar la Constitución. Hasta que se resuelva, ambos cargos no serían incompatibles”.
Adonde sí está pensando en renunciar en breve sería a la conducción de La Libertad Avanza en su provincia, dado que -confesó- fue un tema que no hizo más que perjudicarla.
Respecto de las versiones que la vinculan con delitos de narcotráfico, fue categórica: “No es verdad que estuve presa por traficar cocaína”. Al relatar el origen de la causa, recordó: “Me fui muy joven a Estados Unidos tras la muerte de mi padre. Abrí una boutique y, en una compra para el local, hubo una redada en el estacionamiento. Había mucha gente y todos quedamos sujetos a la investigación. Nunca en mi vida estuve frente a una sustancia ilegal”.
Añadió que entre los presentes había “ocho personas y yo solo conocía a una. Era la primera vez que iba a ese lugar, con un auto alquilado y mi tarjeta de crédito. Fue un momento traumático y desolador”.
Un diputado entrerriano le puso la frutilla al postre que ya estaba servido con la decisión (cantada) de los catamarqueños de irse de Unión por la Patria. Los números finales de todos los bloques se conocerán este miércoles.
Tal cual venía anticipando parlamentario.com, La Libertad Avanza llegó a la sesión preparatoria con todas las chances de convertirse en primera minoría. Y virtualmente lo consiguió, luego de que se anunciara la salida de tres de los cuatro diputados catamarqueños del bloque Unión por la Patria: contando al puntano Jorge “Gato” Fernández todavía dentro de esa bancada -como desde allí lo aseveran-, las huestes de Germán Martínez se reducían a 94, el mismo número de La Libertad Avanza.
Se sabía que en caso de que tal paridad existiera, el oficialismo echaría mano a sus “reservas” para torcerle el brazo al peronismo. Incluso es vox pópuli que un diputado de origen libertario que estaría dispuesto a regresar, le pidieron que se quede donde está, “por ahora”.
Lo cierto es que el que terminó desnivelando el score en favor del oficialismo en Diputados fue el gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, quien mandó a Francisco Morchio a sumarse a las filas de La Libertad Avanza. Así, el diputado entrerriano de origen en el Pro abandona el bloque Encuentro Federal, que terminó fusionándose a Provincias Unidas, para saltar al espacio violeta.
De esta manera el bloque que conduce Gabriel Bornoroni estaría llegando a 95 miembros, 16 más de los que tenía el 26 de octubre por la noche, producto de la absorción de buena parte del bloque Pro, el bloque completo de Liga del Interior y otros más sumados sin prisa ni pausa.
Con esa condición, el bloque La Libertad Avanza no solo se asegurará un diputado más en todas las comisiones, sino también la vicepresidencia primera de la Cámara baja, en detrimento de Cecilia Moreau, que si es reelecta este miércoles, será para descender un escalón, a la vicepresidencia segunda.
La irrupción de buques rusos en el Caribe y la respuesta inmediata de Estados Unidos reabrieron una discusión que parecía enterrada: ¿sigue viva la Doctrina Monroe o asistimos a su derrumbe silencioso? Entre sanciones que empujan alianzas inesperadas, sobreextensión militar y un orden multipolar en ascenso, el hemisferio occidental vuelve a ser escenario de una disputa que ya no reconoce dueños.
Hay hechos que no suceden en un día sino en un siglo, aunque el mundo los vea pasar como quien mira un barco cruzar el horizonte sin advertir que, detrás de su estela, se ha movido el mapa entero. Así ocurrió hace unas semanas, cuando un puñado de buques rusos entró silencioso en las aguas cálidas del Caribe venezolano y dejó flotando en el aire la sospecha de que algo muy antiguo se había quebrado: la seguridad con la que Estados Unidos creyó, durante doscientos años, que el hemisferio occidental era asunto exclusivo de su mirada.
Poco después, el mar Caribe ofreció una segunda escena. A la estela de las fragatas rusas le siguió la respuesta de Washington: destructores, guardacostas y aeronaves de patrullaje surcaron esas mismas aguas, como si una doctrina que muchos daban por enterrada se negara, tozuda, a abandonar el escenario. En ese espejo salino, buques rusos y buques estadounidenses se observan desde la distancia como dos presagios mudos de un orden que ya no sabe si está por terminar o por comenzar.
No hizo falta disparo alguno.
Bastó el rumor metálico de los cascos sobre el mar para resquebrajar un credo que Estados Unidos había proclamado casi como mandato divino: que todo lo que ocurriera en este hemisferio, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, era, por derecho histórico y “destino manifiesto”, asunto suyo. Durante dos siglos, la Doctrina Monroe funcionó como contraseña y advertencia. Pero las doctrinas, como los imperios, no mueren de un solo golpe: primero se agrietan, luego se llenan de fisuras y, al final, un día descubren que ya nadie las obedece del mismo modo.
La llegada de Rusia al Caribe no fue un capricho ni una aventura romántica. Fue el resultado de una cadena de decisiones políticas: la expansión de la OTAN hacia las fronteras donde Rusia guarda su respiración más profunda; la voluntad de Moscú de reconstruir su condición de potencia; la necesidad de Caracas de encontrar aliados en medio del asedio económico; y la decisión de Washington de responder mostrando barcos, pero no compromisos claros a largo plazo. No hubo destino escrito: hubo cálculo, miedo, ambición y, también, errores.
Porque la política internacional —ese teatro donde se juega la vida de los pueblos sin que los pueblos lo sepan— no se mueve por discursos, sino por la combinación inestable de fuerza y percepción. Lo que Moscú vio acercarse en Europa durante tres décadas no explica todo, pero ayuda a entender por qué hoy busca proyectar su sombra en un mar que Estados Unidos consideró siempre propio.
Es un concepto clave del Realismo Geopolítico: la expansión de una potencia o alianza (la OTAN) genera inevitablemente una respuesta de balance (la proyección rusa en el Caribe). Es un juego de suma cero intensificado por la Teoría de la Decadencia Imperial de Estados Unidos, cuya sobreextensión en Asia y Europa le ha drenado la energía justo en el momento en que su hegemonía era más necesaria en su propia casa. Es decir, no se trata de moral, sino de la inestable combinación de fuerza y atención en el tablero global.
Al mismo tiempo, Rusia no es solamente una potencia reaccionando: es también un actor que lleva años reivindicando una “esfera de influencia privilegiada”, interviniendo en su vecindario y apostando por una presencia militar que la confirme como protagonista de primer orden.
Ni víctima inocente ni monstruo absoluto: Rusia es, como Estados Unidos, un jugador del viejo juego del poder.
Del otro lado, los estrategas de Washington cometieron un pecado histórico que ningún alumno atento de política internacional debería pasar por alto: intentaron contener a Rusia sin incluirla, expandieron una alianza militar creada para encerrar a un enemigo que ya no existía y empujaron la frontera del miedo hasta las ventanas de Moscú. Las grandes potencias —esas criaturas inmensas que respiran en siglos— no toleran alianzas rivales rozando sus cristales. Que la OTAN no lo haya comprendido fue el error; que Rusia haya respondido, la consecuencia. Cómo respondió, en cambio, fue decisión suya.
A esta historia hay que añadirle un capítulo menos vistoso pero más profundo: la guerra económica. Las sanciones, presentadas como castigos quirúrgicos, se volvieron una red que terminó atrapando a quienes pretendían aislar. Venezuela, Irán, Cuba, Siria y luego la propia Rusia tejieron, por necesidad vital, un sistema paralelo para sobrevivir fuera del dólar y del circuito financiero dominado por Estados Unidos. La multipolaridad empezó a tomar cuerpo ahí, no en los discursos altisonantes, sino en la obstinación de los sancionados por no rendirse.
Así, casi sin que nadie lo notara a simple vista, Venezuela dejó de ser un problema interno de América Latina para convertirse en pieza de un tablero mucho más grande. A fuerza de presiones y castigos, Washington no debilitó al gobierno venezolano: lo arrojó a los brazos de quienes buscaban una puerta de entrada al hemisferio occidental. Sin proponérselo, convirtió a Caracas en enclave estratégico de Rusia, China e Irán: en un puerto de entrada militar, financiero y político.
La tragedia —si cabe la palabra— es que todo esto ocurre mientras la credibilidad moral de Estados Unidos se desvanece como tinta al sol. Los pueblos ya no creen en sus cruzadas por la libertad. Irak, Libia, Afganistán, Guantánamo… han dejado una sombra demasiado larga como para volver a iluminarla con palabras. Cuando la retórica pierde valor, queda sólo el poder desnudo. Y cuando el poder se muestra desnudo, lo que surge casi siempre es la resistencia.
Hoy, la sobreextensión de Estados Unidos —ese afán desmedido por estar en todas las guerras y en todas las esquinas del planeta— lo ha dejado exhausto, dividido y sin manos libres para responder en su propio vecindario. Ucrania, Taiwán, el mar Rojo, Oriente Medio… demasiados frentes para un solo corazón imperial. Fue en ese instante de cansancio, casi humano, cuando los barcos rusos atravesaron el Caribe y los barcos estadounidenses acudieron a marcar presencia, como si el dueño de casa se hubiese despertado tarde y a medio vestir.
La escena no anuncia, por ahora, una guerra abierta.
Anuncia algo más complejo: el final de una certeza.
Por eso el título de esta nota es, a la vez, diagnóstico y exageración. La Doctrina Monroe que creímos eterna ya no existe como regla indiscutida, aunque permanezca en los libros y todavía inspire reflejos defensivos. Lo que vemos no es un certificado de defunción, pero sí una enfermedad grave: una crisis terminal de esa idea de hegemonía exclusiva. El nuevo siglo no reconoce dueños únicos ni vigilantes indiscutibles. Es un mundo donde cada fuerza busca su equilibrio, donde los castigos generan alianzas inesperadas, donde los excluidos levantan su propio sistema.
Sin embargo, conviene no idealizar el paisaje. La multipolaridad no llegó para ofrecernos un paraíso de equilibrios justos. La historia de las relaciones internacionales enseña, con una frialdad casi cruel, que los sistemas multipolares suelen ser más inestables y más propensos al conflicto que los unipolares o bipolares. Demasiadas potencias, demasiadas agendas, demasiados malentendidos. Un mundo de varias manos puede ser más libre, pero también más imprevisible.
En el Caribe, los buques rusos y estadounidenses no proclamaron una paz nueva ni declararon una guerra vieja. Anunciaron algo tal vez más inquietante: un mundo donde nadie tiene la última palabra, donde las lógicas geográficas se mezclan con decisiones políticas a veces racionales y a veces no, donde los sancionados buscan refugio unos en otros y donde las grandes potencias reparten su atención entre Europa, Asia y América sin saber si les alcanzarán las fuerzas.
Cuando el poder pretende abarcarlo todo, corre el riesgo de perderlo justamente donde más lo necesita: en su propia casa.
Y en ese margen estrecho —entre la soberbia de los imperios y la fatiga de sus ciudadanos— se abre un tiempo nuevo, lleno de incertidumbres. No será la historia, ni la geografía, ni las doctrinas las que decidan su desenlace, sino las decisiones humanas —a veces lúcidas, a veces irracionales— de quienes hoy están al mando de estos barcos que cruzan el horizonte moviendo, sin decirlo, el mapa entero.
La diputada Blanca Osuna presentó un proyecto para que el Ejecutivo detalle las gestiones bilaterales con Uruguay respecto a la posible instalación de una planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en Paysandú.
A través de un proyecto de resolución, la entrerriana Blanca Osuna (Unión por la Patria) solicita al Poder Ejecutivo Nacional información precisa sobre las reuniones bilaterales mantenidas entre el canciller argentino Pablo Quirno y su par uruguayo Mario Lubetkin, los días 18 y 26 de noviembre, en torno a la posible instalación de una planta industrial en la ciudad de Paysandú, República Oriental del Uruguay.
El emprendimiento, promovido por la empresa HIF Global, prevé la producción de hidrógeno verde, metanol y combustibles sintéticos a orillas del Río Uruguay, en el canal secundario a la altura del kilómetro 219. Según el proyecto, la planta produciría metanol en grandes volúmenes, una sustancia altamente tóxica e inflamable, lo que genera preocupación por los riesgos para la salud humana y los ecosistemas.
Osuna reclama que se informe si se presentaron estudios de impacto ambiental y en qué instancia se encuentran, si la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) tomó conocimiento formal del proyecto y qué actuaciones realizó conforme al Estatuto del Río Uruguay. También se consulta si hubo intercambio de información técnica con la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y si se evaluó la posibilidad de relocalizar la planta, tal como se planteó en una reunión en Colón, Entre Ríos, encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio.
En los fundamentos, la diputada advierte que la instalación de esta industria “exige actuar con prudencia, rigor técnico y máxima transparencia”, y reclama que se activen los mecanismos de información y consulta previstos en los artículos 7° a 13° del Estatuto del Río Uruguay. Además, solicita que el Gobierno Nacional disponga plazos para resolver la situación y suspenda cualquier avance hasta alcanzar acuerdos claros.
“El Río Uruguay es un recurso vital para la vida, el ambiente y las actividades productivas. El Gobierno tiene la responsabilidad indelegable de protegerlo y garantizar la salud de las comunidades ribereñas”, concluye el texto, que también lleva las firmas de Roxana Monzón, Carlos Castagneto, Hugo Yasky, Nancy Sand, Juan Manuel Pedrini, Lorena Pokoik, Jorge Romero y Jorge Araujo Hernández.
Con la presencia de embajadores y autoridades parlamentarias, se conmemoró la creación del organismo en 1945. El encuentro destacó los lazos históricos entre Argentina y el mundo árabe y la importancia de la diplomacia parlamentaria para fortalecer la cooperación bilateral.
En la emblemática Confitería del Molino se realizó la actividad organizada por la Dirección de Diplomacia Parlamentaria junto a la Misión de la Liga de los Estados Árabes, para conmemorar los 80 años de la creación del organismo regional, fundado en 1945. La Liga, integrada por 22 Estados miembros y representada en Argentina por 12 misiones diplomáticas, desempeña un papel clave en la promoción del diálogo político y la cooperación entre ambas regiones.
El evento contó con la presencia de varios embajadores de países árabes, lo que realzó el carácter institucional y el valor del intercambio. La apertura estuvo a cargo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien destacó “los lazos históricos, humanos y culturales de gran valor que existen con nuestro país” y subrayó “el trabajo llevado a cabo para fortalecer los vínculos y el desarrollo de nuevas oportunidades de cooperación en una diversidad de aspectos”.
Por su parte, el embajador de la Liga, Hesham Abdel Wahab, recordó la trascendencia del organismo: “Representa el corazón del mundo antiguo, uniendo continentes”. A su turno, el Embajador del Reino de Marruecos, Fares Yassir, remarcó que el objetivo principal de la Liga es “consolidar la independencia de las naciones árabes, fomentar la cooperación entre los propios países, defender la soberanía y la cooperación internacional”, y valoró el rol de la Cámara de Diputados en tender puentes con la región.
La diputada nacional Marcela Campagnoli cerró el encuentro agradeciendo la presencia de las delegaciones y resaltando que “la diplomacia parlamentaria y los grupos de amistad son fundamentales para la mejora de las relaciones bilaterales de las naciones”.
Participaron también la directora de Diplomacia Parlamentaria, Luciana Términe; la directora de Cultura, Museo y Extensión Federal, Flavia Alemann; el director general de la Confitería del Molino, Marcelo Rodríguez; y los diputados nacionales Cecilia Ibáñez (LLA), Martín Maquieyra y Sergio Capozzi (Pro), Carlos Alberto Fernández (Innovación Federal) y Alejandra Torres (Encuentro Federal).
La Comisión Especial de la Cámara de Diputados presentó su informe sobre el escándalo del fentanilo contaminado que dejó más de un centenar de víctimas fatales. El documento revela irregularidades graves en la producción, vacíos regulatorios, omisiones en el control estatal y responsabilidades penales que alcanzan a laboratorios y funcionarios. Propone reformas urgentes para evitar que la tragedia se repita.
Los miembros de la Comisión Especial que investigó el caso del fentanilo adulterado, considerado el mayor desastre sanitario vinculado a medicamentos en la historia reciente del país, emitió finalmente este martes su informe final. El documento, de más de 200 páginas, reconstruye cómo dos lotes del opioide —31202 y 31244— elaborados por Laboratorios Ramallo S.A. bajo la marca HLB Pharma fueron contaminados con bacterias multirresistentes, provocando la muerte de al menos 124 pacientes y dejando decenas de sobrevivientes con secuelas.
La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre el Fentanilo Contaminado, creada el 17 de septiembre de 2025 (Resolución Presidencial N.º 572/25) señala en el documento emitido que “el Hospital Italiano de La Plata fue el nosocomio que dio la primera alerta”. El 15 de abril de 2025, la microbióloga Virginia González detectó tres casos con la bacteria Ralstonia pickettii, vinculados al uso de fentanilo HLB. “La rapidez con la que pudo actuar se debió a que en el mencionado Hospital cuentan con Historia Clínica Digital y un equipo interdisciplinario”.
La ANMAT recibió el aviso el 2 de mayo y recién el 8 emitió la alerta pública: “no deberá utilizarse en todo el territorio nacional”. Para entonces, el producto ya había sido administrado en múltiples centros de salud.
El informe describe un escenario alarmante: “Los registros de lote fueron confeccionados ex post facto con datos inexistentes, inventados o copiados, lo que constituyó una falsificación”. Además, se comprobó “un único ensayo de esterilidad por hasta 8 lotes que tenían la misma solución de lavado” y “una escasa cantidad de muestras de ensayo con relación a la cantidad total por lote (60 sobre 160.000 unidades)”.
Estas prácticas violaron las Buenas Prácticas de Fabricación y facilitaron la contaminación con Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica.
Responsabilidades penales y omisiones regulatorias
La investigación judicial, a cargo del juez Ernesto Kreplak, determinó que “existió un relajamiento generalizado de los controles internos y un desapego a la regulación vigente”. El magistrado también advirtió que “ha sido el propio Juzgado el que se ocupó -y aún se ocupa- de retirar de circulación las ampollas del medicamento contaminado”, ante la inacción del laboratorio y las demoras de la ANMAT.
El informe confirma que los directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo fueron procesados y detenidos por adulteración de medicamentos y omisión deliberada del retiro.
Impacto federal y testimonios
La Comisión relevó la situación en varias jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires ordenó la cuarentena el 8 de mayo y registró “20 casos confirmados, 5 sospechosos y 2 descartados” (pág. 18). Santa Fe emitió la Alerta de Farmacovigilancia N.º 07/25 el 8 de mayo. CABA informó que no hubo casos en el sistema público, aunque la Justicia detectó afectados en el Sanatorio Dupuytren.
Los familiares participaron activamente: “Su presencia ha permitido un vínculo directo con quienes resultaron más afectados por los hechos investigados”.
Vacíos normativos y riesgos persistentes
El informe advierte que “el Estado controla la producción, importación y distribución a gran escala, pero no sigue cada ampolla o parche de fentanilo desde su origen hasta el paciente” (pág. 22). Esta “zona gris” impide reconstruir el recorrido del producto y facilita desvíos hacia circuitos ilícitos.
Además, “muchos centros de salud no consignan la marca ni el número de lote al momento de la administración del medicamento, tornando impracticable su posterior rastreo”.
Recomendaciones: trazabilidad, controles y sanciones
Entre las 20 medidas propuestas se destacan:
El informe concluye: “La conjunción de negligencias empresariales y vacíos regulatorios derivó en una tragedia evitable”.
El exlegislador nacional que padece ELA contó por primera vez su íntimo deseo, que quedará librado a la autorización de su familia. “Esa es mi misión”, confió.
“¡Qué te mueve a vos en esta etapa de tu vida a seguir batallando en la política, estar tan comprometido con la vida pública? ¿Cuál es el motor para esa esperanza, porque evidentemente tenés una esperanza?”, fue la pregunta que le hizo el periodista Carlos Pagni a Esteban Bullrich, quien se expresa a través de un sofisticado sistema basado en una plataforma que permite crear una versión digital de la voz original de la persona antes de perder la capacidad de hablar.
El ex diputado y senador nacional del Pro se comunica escribiendo mensajes que son reproducidos con esa voz digital. Y para escribir sus mensajes utiliza un teclado virtual que controla con la mirada, letra por letra, hasta formar las frases que luego se convierten en audio. Esta tecnología se basa en inteligencia artificial.
Por esa vía, Bullrich contó cuál es el motor de esa esperanza: “Primero, Dios me sostiene. Segundo, cuando renuncié al Senado, dije que renunciaba a los honores, pero no a la lucha. Y la lucha sigue siendo la misma: dejarle un mejor país a mis hijos”.
“A veces no entienden que esa es mi misión en la vida. Mi hija mayor me dijo: tu misión es ser mi papá… Los entiendo perfectamente, voy a ser su papá aunque me muera, pero cuando uno siente tanto que encontró su misión, no puede escapar. Obvio que (su esposa) María Eugenia y mis hijos tienen la última palabra, pero yo me quiero presentar como candidato a presidente en 2027”, anunció finalmente este lunes por la noche en el programa Odisea Argentina. Y agregó: “Creo que aunque pierda puedo unir a los argentinos, y esa es mi misión”.
Esteban Bullrich concluyó señalando que “hace tiempo que solo puedo mover mis ojos, y los ojos son la puerta del alma”, por lo que sostuvo que la campaña se basaría en hablarle “al alma de los argentinos”.
“Pero repito: María Eugenia y mis hijos tienen la última palabra, no podría hacerlo sin ellos”, aseguró el exministro de Educación de la Nación.

Una senadora por Tierra del Fuego presentó una denuncia penal por lesiones, amenazas y agresión sexual contra personal de seguridad del Senado, en medio de una disputa institucional con la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La senadora Cristina López expresó un juramento destinado especialmente a quien estaba delante suyo. (Foto Comunicación Senado)
La senadora nacional de Fuerza Patria Cándida Cristina López dio la nota el viernes pasado en la sesión de jura de los senadores nacionales. En primer lugar, por haber sido la que juró con más acompañantes (nueve personas la acompañaron en el momento de la jura, cuando habían acordado que no fueran más de tres); y después, por haber roto el protocolo al efectuar expresar un prolongado juramento en el que invocó a los 30.000 desaparecidos.
La senadora fueguina juró por su provincia, las Islas Malvinas y los 30.000 desaparecidos, deletreando el número dígito con dígito.
Y este lunes radicó una denuncia penal luego de un violento episodio ocurrido en su intento por recuperar objetos personales de su despacho en el Senado. Según la legisladora, el conflicto se originó tras la decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel de cambiar la cerradura, colocar una faja en la puerta y retirar la placa identificatoria del lugar que López había comenzado a ocupar.
Según el entorno de la senadora de Unión por la Patria, el episodio de la jura que protagonizó ella marcó el inicio de una tensión política que derivó en la intervención directa de la Presidencia del Senado.
De acuerdo con la denuncia, el viernes pasado Villarruel ingresó al despacho junto a personal de seguridad, ordenó el cambio de cerradura y colocó una faja en la puerta, dejando en el interior pertenencias de la senadora, entre ellas su computadora personal. “Que la vicepresidenta ingrese de manera ilegal al despacho de otro senador nacional es un ataque de extrema gravedad institucional”, sostuvo López.
Este lunes, tras no recibir respuesta a sus llamados y mensajes, la senadora se presentó en el lugar con un cerrajero para recuperar sus objetos. Personal de seguridad le cerró el paso, lo que derivó en un forcejeo, del que la senadora resultó con lesiones que, indicó, el médico del Senado constató: en su tobillo y el brazo derecho.
Para López, el episodio vulnera la autonomía del Poder Legislativo: “Los dueños del Senado son los senadores, no la vicepresidenta. Ninguna autoridad puede impedir que un legislador acceda a su lugar de trabajo”, indicó la representante de Tierra del Fuego, que recordó que el despacho en cuestión había sido traspasado por el senador salteño saliente Sergio Leavy, en línea con prácticas habituales entre bloques.
La denuncia penal quedó radicada contra los agentes involucrados y apunta también a la responsabilidad política de la vicepresidenta. “Si se permite que una autoridad castigue a un senador por su postura, mañana se podrá hacer lo mismo con cualquier representante. Es un mensaje muy peligroso para la democracia”, concluyó López.
Expreso mi más enérgico repudio a los gravísimos hechos ocurridos en el Senado de la Nación, que incluyeron agresiones físicas y acciones inaceptables contra la senadora fueguina Cristina López.
El ingreso irregular al despacho de una senadora, el cambio de cerraduras, el fajado… pic.twitter.com/eCFFCfa8h3
— Walter Vuoto (@WalterVuotoTDF) December 2, 2025
El gobernador Gustavo Melella expresó su repudio a los hechos ocurridos en el Senado de la Nación, que derivaron en lo que definió como “una situación de tensión y maltrato hacia la senadora fueguina Cristina López. Estos episodios no pueden naturalizarse ni pasar por alto”. A través de la red social X, Melella señaló que “los derechos constitucionales y el respeto por la representación democrática deben garantizarse siempre. Cuando se vulneran, se debilita la confianza en las instituciones y se habilitan prácticas que como sociedad no podemos aceptar”.
Y tras expresar su apoyo a la senadora, solicitó que lo sucedido sea investigado “con seriedad para esclarecer responsabilidades. Las y los representantes del pueblo deben poder ejercer su tarea con total libertad y en un entorno de respeto”.
La polémica con el jefe de Gabinete
Cristina López es la senadora que protagonizó un fuerte conflicto con el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante la sesión informativa en el Senado del 26 de junio de 2025. Fue cuando la fueguina acusó al funcionario de “mentiroso” y criticó al Gobierno por “basurear a las provincias” y desatender la soberanía del Atlántico Sur, la causa Malvinas y el futuro de la Antártida. También cuestionó la baja de aranceles a productos electrónicos ensamblados en su provincia, la paralización de obras públicas y el abandono de políticas federales.
Francos le pidió que se retractara, pero ante la negativa de la senadora, abandonó abruptamente el recinto. López redobló sus críticas, acusando al Gobierno de querer “entregar la provincia a las potencias extranjeras” y calificando la salida del funcionario como “correr como una rata” en redes sociales. El incidente derivó en un cuarto intermedio y en la decisión de volver a convocar al jefe de Gabinete para otra sesión.
Mientras el mundo apuesta por tecnologías para reducir emisiones sin frenar la producción, un proyecto de Unidos por la Patria propone gravar el metano del ganado, medida que podría encarecer la carne y comprometer la soberanía alimentaria. ¿Ignorancia o alineamiento con intereses externos?
En la década del 70 el general Juan Perón advertía a los argentinos que la problemática a la que se aproximaba el mundo sería la comida, que había que aumentar el stock ganadero a 200 millones de cabezas de ganado vacuno. El mensaje era claro: la seguridad nacional del futuro no pasaría por la militarización, sino por la capacidad de producir alimentos. Sin embargo, hoy el bloque de legisladores Unidos por la Patria parece no haber comprendido aquella advertencia histórica. Un sector referenciado en Juan Grabois ha presentado un proyecto para desalentar el aumento de la producción ganadera, en un país que actualmente cuenta con 51.626.000 cabezas y necesita expandirse para sostener su matriz alimentaria y exportadora.
El proyecto -que propone gravar las emisiones de metano de las vacas- nace con una argumentación ambiental de superficie, pero contiene una profunda contradicción: mientras el mundo invierte millones de dólares en tecnologías para reducir emisiones sin frenar la producción, en Argentina se impulsa una medida punitiva que castigaría al productor y a sus vacas por sus “pedos, lo que encarecería la carne en el mercado interno y debilitaría la soberanía alimentaria nacional.
La pregunta cae por su propio peso: o son muy ignorantes, o están trabajando para el enemigo en el marco de la Agenda 2030, esa misma que, aplicada sin inteligencia nacional, termina favoreciendo a las potencias que dominan el comercio global de alimentos.
Porque no es cierto que la única respuesta al problema del metano sea reducir los rodeos. Los estudios científicos de INTA y FAUBA muestran reducciones del 30% en emisiones mediante extractos vegetales autóctonos; investigaciones globales confirman que la dieta, el manejo de pasturas, la genética y los sistemas de engorde son factores decisivos. A esto se suman las tecnologías de captura y aprovechamiento del estiércol, que permiten convertir un residuo en biogás o biometano, es decir, energía limpia y fertilizantes.
No estamos ante un problema sin solución: estamos ante un problema que demanda ciencia, inversión y política, no castigos fiscales.
Y ahora vamos a lo político: ¿a quién beneficia esta obsesión por desensibilizar a la ganadería argentina? A Estados Unidos y a sus satélites agroalimentarios.
Porque mientras acá se discuten impuestos al “pedo de la vaca”, ellos inauguran plantas de captura de metano, subsidian a sus productores y se preparan para abastecer mercados donde otros países -como Argentina- se autoimponen restricciones. Si el productor local vende su plantel por inviabilidad económica y el gobierno liberal debe importar carne, el resultado es obvio: ganan ellos, pierde el país.
La propuesta legislativa de UP se ubica exactamente en ese juego geopolítico, aunque sus autores pretendan ignorarlo. En vez de promover una ganadería moderna, sostenible y con agregado científico nacional, se elige el camino más torpe: penalizar a quienes sostienen la ruralidad, la economía interior y el abastecimiento de alimentos.
Es una lógica que castiga al pequeño y mediano productor, beneficia la concentración y abre la puerta a la dependencia externa. El mismo error que Perón denunció durante toda su vida: creer que la defensa del ambiente consiste en debilitar a la Nación.
La verdadera agenda ambiental argentina debe ser nacional, no importada. Debe apoyarse en la ciencia propia, la tecnología de nuestras universidades e institutos, la cultura del trabajo rural y el federalismo productivo.
Debe reducir emisiones, sí, pero sin destruir la base productiva que alimenta al país y sostiene millones de puestos de trabajo. Por eso la pregunta no es retórica: ¿para quién juega el bloque UP cuando propone leyes que debilitan al productor argentino y fortalecen al exportador norteamericano?
La respuesta determinará el futuro de nuestra soberanía alimentaria y, en última instancia, el rumbo político de la Argentina profunda.
La ceremonia de premiación se realizará este martes a las 14.30 en el Salón Dorado. El máximo galardón fue para la diputada radical Aldana Crucita.
Tal cual sucede cada año a esta altura de diciembre, Parlamentario se hará presente en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer entrega de los Premios Parlamentario a los diez legisladores más laboriosos de 2025, quienes fueron elegidos por diputados, asesores y periodistas acreditados en esa Casa.
El evento se llevará a cabo este martes a partir de las 14,30 en el Salón Dorado de ese Parlamento, ubicado en Perú 160, y contará con la presencia de las autoridades del Palacio Legislativo, legisladores de las distintas bancadas y público en general.
En esta oportunidad el máximo galardón será para la diputada de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev), la más joven de la Casa, Aldana Crucitta.
En segundo lugar también será distinguido el vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López (Vamos por Más), en tanto que completa el podio la presidenta del bloque Unión por la Patria (UP), Claudia Neira, ganadora de la máxima distinción el año anterior.
También recibirán distinciones Facundo Del Gaiso (VJ); Paola Michielotto (VxM), Pilar Ramírez (LLA), Matías Barroetaveña (UP), Gimena Villafruela (VxM), Hernán Reyes (CC ARI) y Rebeca Fleitas (LLA).
La líder de la Coalición Cívica, junto a Matías Yofe y Facundo del Gaiso, pidió investigar a dos empresarios vinculados al presidente de la AFA por la compra de una lujosa propiedad en Pilar. Señalan maniobras para ocultar el verdadero dueño y el origen de los fondos.
Elisa Carrió, acompañada por el presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, y el legislador porteño Facundo del Gaiso, presentó una denuncia para que se investigue la posible comisión del delito de lavado de dinero y otros ilícitos precedentes por parte de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes —según la presentación— podrían ser testaferros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.
Los denunciados son titulares de la firma Real Central SRL, que habría adquirido una propiedad en Villa Rosa, partido de Pilar, compuesta por dos lotes que suman más de 105 mil metros cuadrados. Según el escrito, el predio incluye “autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples”.
Carrió y sus acompañantes sostienen que el incremento del capital social de la empresa no justificaría la magnitud de la operación: “Con solo un poco de sentido común se infiere la imposibilidad evidente para afrontar dicha compra de semejante envergadura económica”, remarcan.
demanda Conte-Pantano vffLa denuncia también menciona vínculos entre Pantano y figuras del fútbol argentino. En enero de 2023, Pantano asumió como presidente de Mendoza Wines SA y se asoció con Lucas Labbad, ex gerente general de Boca Juniors durante la gestión de Daniel Angelici. “Su asociación le habría permitido fortalecer su posicionamiento en el mundo empresarial del fútbol y, a su vez, ingresar al entorno directo de un dirigente de alto nivel”, señala el texto.
Los dirigentes de la Coalición Cívica advierten que existen versiones públicas que vinculan el inmueble y los bienes mencionados —autos y caballos de carrera— con Tapia, lo que refuerza la necesidad de investigar la trazabilidad de los activos. “La maniobra descripta constituye prima facie una operación de adquisición y disimulación de bienes provenientes de un ilícito penal, mediante la interposición de personas y uso de una estructura societaria para otorgarles apariencia de origen lícito”, argumentan.
El escrito cita el artículo 303 del Código Penal y recuerda que el delito de lavado de activos es autónomo, por lo que basta la existencia de indicios vehementes para habilitar la investigación. “Pantano y Conte habrían actuado como testaferros, valiéndose de la persona jurídica Real Central SRL como sociedad pantalla, con el único objeto de ocultar la identidad del verdadero dueño del inmueble y del capital aportado”, concluye la presentación.
Entre las pruebas solicitadas, los denunciantes incluyen un tuit del exfutbolista Carlos Tévez que haría referencia a los hechos denunciados.
Me parece q tantas idas y vuelta a pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino .A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas en pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba
— Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) March 6, 2024
En busca de destrabar esta semana la autorización para endeudarse, tras el rechazo en Diputados y las tensiones con La Cámpora y el massismo, el gobernador se reúne hoy con intendentes y dará una conferencia para exigir que la Legislatura apruebe el proyecto sin más dilaciones.
Alexis Guerrera y Facundo Tignanelli, escuchando el llamado de Sergio Massa, en lo que Kicillof entiende fue una puesta en escena.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof decidió tomar el toro por las astas y este lunes por la tarde, tras reunirse con intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), y luego ofrecer una conferencia de prensa para pedir a la Legislatura terminar la “extorsión” sobre el Ejecutivo y le vote “sin chistar” el endeudamiento solicitado, requerimiento que incluirá principalmente a las huestes de La Cámpora y Sergio Massa.
La Cámara de Diputados viene dilatando esa sanción y el viernes ocurrió el colmo de los colmos para Kicillof, cuando se enteró de que no le habían votado ese pedido y, además, le reclamaban crear una comisión bilateral -es decir fuera de la potestad del Ejecutivo- para manejar el dinero que irá a todos los municipios.
El detonante de la bronca fue una simulación que tramaron el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, y el jefe del bloque peronista, el camporista de Máximo Kirchner, Facundo Tignanelli.
Un fotógrafo registró un llamado en medio de la sesión de Massa a Guerrera, por WhatsApp (se veía la foto del líder del Frente Renovador y la abreviatura STM), quien le hacía escuchar a Tignanelli el “pedido” de que había que sancionar la ley de endeudamiento y había que bregar para que fuera esta misma semana.
Para los dirigentes cercanos a Kicillof, eso fue “una puesta en escena burda” y por ello Kicillof hizo una ronda de consultas y decidió convocar para las 16 de este lunes a los intendentes de su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, y luego ofrecer una conferencia de prensa.
Ante los periodistas, el gobernador planea pedir a la Legislatura que le vote el pedido de autorización para tomar deuda por hasta USD 3.035 millones, contenido en dos artículos: uno por USD 1.990 y otro por USD 1.045.
El problema radica en que hay un punto que traba y tensa al máximo las negociaciones y es la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, y la discusión es cómo y quién lo va a distribuir.
Kicillof garantiza el fondo y aceptó a que se conforme no solo por el 8% de la autorización de la deuda que vaya a colocar por USD 1.990, sino que comprenda asimismo al otro endeudamiento, es decir el de USD 1.045.
Incluso, el gobernador se mostró predispuesto a consensuar sobre el uso de ese dinero por parte de los intendentes y aceptó también que sean de “libre disponibilidad”.
El mandatario no dirá que quiere una solución “sin chistar” (la frase del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en campaña, justamente pidiéndole a La Cámara apoyen sin tapujos a Kicillof en la Legislatura), pero está enojado con sus socios de Fuerza Patria, el camporismo/kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa, porque entiende que son ellos los que obstruyen la sanción.
Tras la decisión de la Cámara alta de devolver su pliego a comisión, la senadora electa de La Libertad Avanza destacó en redes sociales el respaldo del cordobés, a quien calificó como un hombre “valiente e íntegro” por cuestionar las acusaciones en su contra y exigir rigor jurídico en el debate.
Todavía golpeada por la decisión de la Cámara alta de devolver a la Comisión de Asuntos Constitucionales su pliego, la senadora electa Lorena Villaverde expresó su agradecimiento al senador que más la defendió en el recinto y en los medios, argumentando una y otra vez que la rionegrina no tiene ninguna causa pendiente ni hay argumentos para evitar que pueda jurar como senadora.
Lo hizo este domingo a través de las redes sociales, en las que publicó un posteo con un fotografía en la que aparecen ella con sus hijos y el senador del bloque Pro Luis Juez.
“Hoy quiero hacer algo más que un posteo -escribió-. Quiero agradecerle públicamente a un hombre enorme”. Y agregó que se refería a Luis Juez, “quien hizo una defensa impecable que no fue solo política: fue un acto de absoluta humanidad, valentía e integridad, en tiempos donde pocos se animan a poner el cuerpo y el nombre por la verdad”.
Cuando se debatieron los pliegos de los nuevos senadores, el cordobés fue quien más enfáticamente defendió a la diputada nacional de La Libertad Avanza. Tuvo varias intervenciones en esa reunión en las que se preguntó “si aparte de leer los copetes y algún recorte periodístico estamos dispuestos a tener algún rigor técnico jurídico”, y cuestionó que no se hubiera chequeado lo que se estaba diciendo. “Acá no estamos discutiendo la conducta de Fred Machado; estamos hablando de una senadora que antes fue votada como diputada y damos por sentado situaciones judiciales que no son”, expresó el cordobés, para insistir en que se habían tirado acusaciones “a la ligera”.
Tras lo cual leyó los fallos judiciales que desestimaron todas las acusaciones contra Lorena Villaverde. “Se descartaron las hipótesis delictivas”, resumió, y agregó: “Por eso digo que podemos votar como queramos, pero no podemos decir cualquier cosa, porque mañana me puede tocar a mí, a cualquiera… Nos puede gustar o no, no sé ni quién es (Villaverde), pero no podemos hacer comparaciones odiosas”.
Quien lo escuche en las entrevistas habituales que da, podrá verificar que es aún más enfático en defender a Villaverde, razón por la cual la susodicha no pudo más que agradecerle públicamente.
Sebastián Pareja reunió a la tropa libertaria en Mar del Plata para consolidar poder y lanzar su ambición: disputar la gobernación bonaerense en 2027 y enfrentar a Diego Santilli y Kicillof. El encuentro dejó señales claras del liderazgo de “La Jefa” y del rol clave del triángulo Milei-Menem en la estrategia violeta.
El jefe de la Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, el experonista y electo diputado nacional, Sebastián Pareja, armó un cónclave de coroneles ultravioletas en Mar del Plata y aspira a suceder en 2027 al gobernador Axel Kicillof y ganarle la interna al amarillo violáceo Diego Santilli.
Pareja es el dueño libertario de la provincia y soldado fiel de Karina Milei, la jefa partidaria y secretaria general de la Presidencia, y quien tras la elección legislativa del 26 de octubre se convirtió en líder nacional junto al presidente Javier Milei.
“La Jefa”, como la llama el jefe de Estado, estuvo escoltada también por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo y segundo en la Secretaría General de la Presidencia, Lule Menem, quienes con el presidente conforman el ahora renovado “triángulo de hierro” que maneja a su antojo el poder en la Casa Rosada.
¡Bienvenida Jefe @KarinaMileiOk al Seminario de Políticas Legislativas de Buenos Aires! Es un privilegio contar con tu apoyo constante. Seguiremos reforzando nuestro compromiso desde LLA PBA para hacer a nuestra Provincia grande de nuevo, como @Jmilei esta haciendo con nuestro… pic.twitter.com/k8P1C7fOyH
— Sebastián Pareja (@SPareja_) November 30, 2025
El acto mostró muchos mensajes: Pareja se considera el artífice del triunfo de La Libertad Avanza en territorio bonaerense el 26 de octubre, si bien acepta que el enroque del amarillo Pro Diego Santilli por el libertario José Luis Espert lo ayudó.
Y por ello, el único aspirante violeta de pura cepa a sentarse en el sillón de Dardo Rocha de la gobernación bonaerense en 2027.
La particularidad del cónclave en Mar del Plata es que no invitaron al titular partidario del Pro, Cristian Ritondo, ni a Santilli, a quien le endilgan haberse atribuido el triunfo del 26 de octubre.
Sí estuvo presente el intendente de Mar del Plata y electo senador provincial por el pacto violáceo amarillo, Guillermo Montenegro, quien jugó a favor de la alianza cuando el presidente del Pro, Mauricio Macri, confrontaba con Karina y el jefe de Estado por un espacio de poder en el Gabinete que nunca le dieron e hizo tambalear en algún momento la alianza.
La otra lectura es la consolidación clara del liderazgo de Karina en los 24 distritos electorales, y en el Parlamento, adonde mantiene a Martín Menem y ahora tiene a la aguerrida Patricia Bullrich en el Senado.
En el acto, “La Jefa” dejó en claro que el presidente Milei irá por la reelección en 2027, como ya lo había hecho en Corrientes.
Otro mensaje claro es que los Menem son los “ojos, oídos y brazos ejecutores” de la jefa partidaria y quienes generan la política de La Libertad Avanza.
Ambos sufrieron -al igual que Pareja- muchas críticas tras la derrota del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, ante el peronista Axel Kicillof, y también sintieron un embate entre bambalinas a manos del asesor propagandístico Santiago Caputo, por posibles implicancias en la causa iniciada por los audios de Diego Spagnuolo, ahora ex titular de la ANDIS.
Ahora no hay lugar para dudas: Karina y los Menem son el poder; Bullrich es la soldada karinista en el Senado y Santilli en el diálogo con los gobernadores; mientras que Santiago Caputo es solo un funcionario de consulta.
La experiencia de Cambiemos y el derrumbe del peronismo como primera minoría sirven de espejo para entender el avance libertario: pactos, rupturas silenciosas, pases al oficialismo y un Congreso reconfigurado que deja a Milei a un paso del quórum propio.
El bloque libertario crecerá de manera exponencial.
Mauricio Macri llegó al poder con el karma de encabezar el primer gobierno en minoría en ambas cámaras de los últimos cien años. Cambiemos tenía 87 diputados y apenas 15 senadores. ¿Cómo se las arregló para gobernar? En el Senado, hizo un pacto de gobernabilidad con Miguel Pichetto, jefe del bloque mayoritario en esa Cámara, por el cual el peronista se comprometía a no hacer un oposición de bloqueo, y allí las leyes pudieron circular; no todas, por ejemplo la Boleta Única Electrónica (2016) y la reforma laboral (2017) fueron obturadas por el bloque PJ-FpV. Pero el resto, incluso dos jueces para la Corte Suprema, avanzó. Eso sí, la principal oposición no le permitió a Cambiemos tener siquiera “las comisiones de gobernabilidad”. Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, por caso, siguieron en manos del peronismo.
En Diputados fue bien distinto: el kirchnerismo arrancaba como primera minoría, con 97 diputados -casi el mismo número con el que Unión por la Patria llegó a las elecciones. El nuevo oficialismo no llamó a extraordinarias entonces, pero trabajó para dividir al peronismo, y en el mes de enero 17 diputados se separaron de la principal oposición, que con 80 diputados dejó de ser la primera minoría, condición que le asistió entonces a Cambiemos. Ese bloque se llamó Justicialista y respondía a gobernadores dialoguistas. Ese grupo, más una bancada del Frente Renovador, que sumaba 23 miembros, le permitió a Cambiemos hacerse fuerte en la Cámara baja y sacar las leyes que necesitaba.
El Gobierno de Javier Milei llegó al poder con una minoría mucho más pequeña: la mitad de lo que tenía Cambiemos en 2015. Y si bien sumó miembros a un bloque que no llegaba a 40 en la Cámara baja, en su primer año terminó siendo expulsivo, perdiendo en el camino varios diputados y hasta uno de sus escasos 7 senadores. En cuanto a la posibilidad de dividir a la oposición, el único acuerdo próspero en ese sentido fue el alcanzado con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, que se llevó 3 diputados del bloque conducido por Germán Martínez. Éste a su vez se mostró tolerante con las disidencias, haciendo la vista gorda respecto de aquellos diputados alineados con gobernadores que en leyes clave colaboraron con La Libertad Avanza, ya sea ausentándose o directamente votando a favor en casos puntuales.
Martínez optó por ese camino en aras de mantener la unidad, objetivo que logró al menos en los primeros dos años.
Pero ya se sabe que las derrotas suelen tener un efecto que va más alá del resultado numérico inicial. Sobre todo para un partido de poder como el peronista. Y es lo que terminó sucediendo el 26 de octubre. La Libertad Avanza consiguió ese día más que duplicar su caudal numérico en Diputados, llegando a sumar 79 miembros. Así y todo, el presidente Milei dijo en su discurso de celebración que serían la primera minoría con más de un centenar de diputados. Mucho más que el tercio con el que días antes de la elección decía conformarse para blindar los vetos, pero menos que lo que estaba cuantificando. En ese momento estaba sumando al Pro, se interpretó, y días después comenzó a corroborarse ese pronóstico cuando las autoridades legislativas hablaron de formar un interbloque, opción que siendo muchos menos habían desechado en 2023.
Esa alternativa generó señales confusas desde el Pro, donde no parecían estar convencidos de ir detrás de los libertarios, marchando ordenadamente hacia una extinción silenciosa. Ante las primeras resistencias, la señal desde el oficialismo fue clara: “si no hacen el interbloque, los desplumamos”. Palabras más, palabras menos. Y trascartón, comenzó el éxodo bullrichista: el último día de octubre, se fueron del bloque Pro Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vásquez y Silvana Giuidici. A las que había que sumar a Marilú González Estevarena y Carlos Almena, que ya no reportaban al Pro, pero sí a Bullrich. Llamó la atención que no se hubieran ido otros bullrichistas, como Alejandro Bongiovanni, pero ya se sabía que más temprano que tarde lo haría, cosa que sucedió el último viernes y lo celebró la ahora senadora Patricia Bullrich, que le dio la bienvenida mostrándose con él en redes sociales y definiéndolo como “un histórico luchador de la libertad y del sentido común”.
Alejandro es un histórico luchador de la libertad y del sentido común.
Tiene un trabajo excepcional en Diputados, con la misma convicción de desregulación que impulsa este Gobierno.
Y cuando las ideas están por encima de todo, el equipo se fortalece.
Bienvenido a nuestro… pic.twitter.com/HKbvEx5wYr
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 30, 2025
La Libertad Avanza llegó a este fin de semana con la certeza de tener 94 miembros, la mayoría proveniente del Pro, pero incluyendo también a los “radicales peluca” y a Verónica Razzini, otra ex Pro y también bullrichista, que La Libertad Avanza tenía reservados para ir dosificando los pases en función de sus necesidades. La alternativa del interbloque ya había quedado de lado cuando el Pro oficialmente anunció que no lo integraría.
Y no se descarta que pueda sumar alguno más del bloque amarillo, incluso luego de que Silvia Lospennato confirmara su decisión de ir a la Legislatura porteña como se había comprometido en su momento, sumándole con su salida un miembro más a LLA y restándole a su partido, pues en su lugar asumirá Lorena Petrovich, también bullrichista.
Todo indica que La Libertad Avanza llegará a la sesión preparatoria siendo primera minoría, ya no solo por haber sumado tanto, sino por las rupturas que ahora sí se darán en Unión por la Patria, que se supone pasará a llamarse Fuerza Patria desde el 10 de diciembre.
En ese bloque ya es un secreto a voces la salida de los cuatro catamarqueños que responden todos al gobernador Raúl Jalil, cuya esposa Silvana Ginocchio deja el Congreso este 10 de diciembre y era la más refractaria a acordar con el Gobierno. La decisión sería anunciada a más tardar este martes, fecha límite para definir cómo quedan los bloques. También se irían los santiagueños, lo cual sería un mazazo para la bancada peronista, pues es la única provincia cuya totalidad de diputados responde al gobernador. Y estamos hablando de 7 miembros.
De confirmarse la salida de los catamarqueños, santiagueños y el puntano Jorge “Gato” Fernández, la bancada de Germán Martínez quedaría reducida a 85 diputados.
La búsqueda del quórum
Todo este panorama es ideal para el oficialismo en función de la conformación de las comisiones, que inmediatamente comenzarán a integrarse según la relación de fuerzas que se conozca este miércoles. Pero a partir del número que vaya a sumar con los propios, comenzará de cara a cada sesión la búsqueda del quórum y las leyes. Ese es otro cantar.
Por eso es tan importante la manera como vayan a quedar los bloques del medio, qué tanto dialoguismo habrá disponible para que el Gobierno pueda avanzar con las leyes que necesita y quiere.
En ese sentido, el bloque que están armando los gobernadores del norte será clave para toda negociación. Lo estarían conformando los gobernadores de Salta, Misiones, Tucumán y Catamarca, más el patagónico Rolando Figueroa. Ese espacio estaría reuniendo entre 15 y 20 diputados; más el Pro, que desplumado y todo sigue siendo aliado, La Libertad Avanza estaría a las puertas del quórum.
Y está también el factor Provincias Unidas, que después de una elección tan mala como la que tuvo en octubre muestra un desconcierto que se traslada a su conformación definitiva. La semana pasada tuvo cortocircuitos con Encuentro Federal, que era un aliado natural y que por ahora estaría armando un bloque en soledad. A menos que todos terminen confluyendo en un interbloque, como incluso quieren figurar los gobernadores del Norte + Neuquén.
¿Se pueden considerar los interbloques y no solo los bloques, para el reparto de comisiones? Una encumbrada fuente libertaria aclaró a parlamentario.com que si hay acuerdo con los bloques, se puede.
Con ese escenario tan impensado como optimista llega el Gobierno de Milei a esta sesión preparatoria en la que se sentarán las bases sobre las que deberá gobernar en la segunda mitad de este mandato. Con unas perspectivas muchísimo más halagüeñas que las que tenía al iniciar este camino.
Con señales futboleras y sin palabras, el Presidente marcó posición tras el escándalo que sacude a la AFA y ya llegó a la justicia federal. Mientras el Gobierno capitaliza el viento a favor que dejó el 26-O y busca evitar tropiezos legislativos, la interna oficialista se ordena y el Colo Santilli gana protagonismo en el Congreso.
El Javo se bajó del avión, hizo gala de la camiseta de Estudiantes, posteó una foto de Bilardo y Zubeldía, y mandó a dos perros a ladrar un poco: el Coloso y la Pato. Buenos reflejos para un presidente que acaba de recibir un apoyo sustantivo en las elecciones del 26-O. Es que el lío de la AFA ha terminado por trascender lo que eufemísticamente Néstor llamó “corrupción entre privados” (refiriéndose al caso Skanska), para pasar a ser un tema de la justicia federal. En la opinión pública, el gobierno lleva las de ganar. La flamante senadora Bullrich lo planteó en términos adecuados: Tapia y compañía forman parte de la casta que se debe desmantelar.
El león dio señales simbólicas, pero por ahora no pronunció palabras. Estuvo listo. Siempre se puede desenganchar de lo que hayan dicho y hecho los demás. Sobre todo, cuando se trata de un personaje / organización con la cual la gestión había firmado una tregua y había salido de agenda la conversión de los clubes en sociedades anónimas. Sabemos de memoria que es un tema delicado porque atrás del Chiqui habrá que vérselas con el poder supranacional de la FIFA, y teniendo en cuenta que el próximo Mundial se juega nada menos que en la casa de Trump. Son de esos temas en los que hay tantos hilos cruzados que casi es preferible no hacer olas.
¿Cuántos hilos puede haber entre el affaire AFA y lo que se va a empezar a discutir en Diputados en pocos días? Nunca se sabe. LLA debe avanzar con paso firme y evitar un martes 13 con la reforma laboral, teniendo en cuenta que tiene todo para imponerse, mientras va operando en el Senado. ¿Para qué sumar problemas innecesarios? Mejor dejar que las aguas fluyan. Lo importante es lo importante. Ya varios errores políticos y legislativos cometió esta administración en 2025 cuando tenía viento a favor.
Ese viento está patentizado hoy en la opinión pública. No se podría decir que el “gatito mimoso” es alto, pero sí rubio y de ojos celestes. El último reporte del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Di Tella informó un crecimiento por segundo mes consecutivo, luego de haber tenido abruptas caídas en agosto y septiembre. Es decir que todo lo que perdió en su momento, lo recuperó en las pre y post elección del 26-O. La diferencia es que lo generado en esta última medición de noviembre -casi 18 % de incremento- se debió a las lógicas expectativas positivas post triunfo electoral, bastante por encima de lo esperable. Algo así como “el ganador cobra doble”. Excluyendo diciembre de 2023, cuando recién asumió Milei, es la suba más pronunciada en estos 23 meses de gestión, para tener una idea del impacto de la victoria en el electorado.
¿Hasta cuándo seguirá subiendo? Es difícil de decir, pero probablemente esté cerca del techo, sobre todo teniendo en cuenta que la sensación mayoritaria es que la actividad no está creciendo (pese a los datos corregidos del EMAE del INDEC). Los cierres de fábricas para convertirse en importadoras están a la hora del día, la mora sigue subiendo notablemente, los bancos pierden rentabilidad, las ventas en los supermercados siguen sin recuperarse, y muchos municipios de varias provincias van a tener problemas para pagar aguinaldos porque se cayeron mucho las coparticipaciones provinciales.
Es una sociedad que, una vez que depositó su voto en las urnas, se dio media vuelta y siguió adelante con su vida cotidiana hasta nuevo aviso. Como sabemos, estamos entrando en la estacionalidad pre fiestas la cual, no solo vira el foco hacia lo familiar / personal, sino que además está habitualmente teñida de optimismo por el espíritu de celebración y de balance. Salvo que acontezca algo muy negativo con el gobierno, lo más probable es que la temporada veraniega distraiga del acontecer político y eventualmente el interés regrese en marzo, con el año escolar en marcha.
Algunos indicadores económicos negativos -como los señalados antes- no le vienen nada mal a la gestión libertaria, ya que obliga a varios gobernadores a ser prudentes y concesivos. Si estuvieran “dulces”, quizá no serían colaborativos. Con el shock político de las elecciones, la administración Milei parece más calma y ordenada. Parte de los conflictos internos se desactivaron porque la puja de poder y conceptual la ganó Karina frente al “pibe de oro”. Como lo señalamos ya en marzo, el “triángulo de hierro” había dejado de existir. La última prueba la dio el jefe de la SIDE, quien cambió de bando sin decir agua va. ¿Para qué pelearse con la secretaria general de la presidencia, que es como enfrentarse con el propio primer mandatario?
Este aparente ordenamiento político le estaría facilitando las cosas a Santilli, quien sin duda está haciendo lucir una astucia de la que quizá carecía Francos, aun con todos los atributos favorables que poseía. El “Colo” levanta el teléfono correcto antes de avanzar, tomando una distancia prudencial de Santiago Caputo. Esto le ha permitido un primer logro que es la conformación de un interbloque federal basado mayormente en los gobernadores del norte, varios de origen peronista. Como en toda negociación, cada parte da un paso, pero no avanza a uno siguiente hasta que no ve correspondencia de la contraparte. Hasta acá hubo anuncio de dicho espacio. Ahora resta ver si el Gobierno cumple con los requerimientos que se le han planteado.
Mientras, Kicillof está transpirando la gota gorda porque tendrá presupuesto, pero por ahora sin autorización para endeudarse. El cristinismo no lo va a ayudar por la puja política (salvo que Axel firme una rendición incondicional, difícil que suceda). Sin ordenamiento económico, no puede tomar decisiones autónomas en lo político, pensando en la presidencial. Por cierto ¿un gobernador peronista del norte se animaría a darle pelea al bonaerense, imaginando que puede reeditar la famosa interna Menem – Cafiero? Soñar no cuesta nada. ¿El Gobierno empezó a operar en ese ámbito eligiendo adversario?
La pelota no se mancha, pontificó el Diego. Total, la que está manchada es la AFA.
En medio de la pulseada con la AFA y la interna por las SAD, Javier Milei evita choques y prioriza mostrar fuerza legislativa: jura sin polémicas, fractura en UP y una aspiradora que deja al Pro reducido a su mínima expresión.
“No es la primera vez que vivimos esto; pasaron tres presidentes en apenas 9 años que me toca presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más”, lanzó en tono desafiante el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, durante la entrega de los Premios Alumni, una especie de Martín Fierro del fútbol que propició esta semana un ámbito muy amigable para el mandamás del fútbol en el momento más crítico de su gestión. Esa frase del yerno de Hugo Moyano encierra muchos significados paralelos: sus ansias de eternidad; el sentirse más poderoso que los presidentes de la Nación (“ellos pasan, yo sigo”); el deseo de emular (y por qué no superar) a Julio Humberto Grondona...
El ferretero de Avellaneda que gobernó 35 años la AFA y llegó a ser vicepresidente de la FIFA, vio “pasar” una docena de presidentes -cuatro de ellos de facto-, lo cual indica le indica al Chiqui, según su lógica, que va bien rumbeado. Ya ganó un Mundial, como Grondona, y fue ratificado esta última semana como miembro pleno del Consejo de FIFA en representación de la Conmebol. La carrera es larga y “sin techo”.
Como al principio de su gestión, Javier Milei lo puso en la mira nuevamente esta semana, cuando tomó abiertamente partido por Juan Sebastián Verón y su Estudiantes de La Plata en la polémica por el “pasillo-gate”. En efecto, en el inicio del gobierno libertario, Milei impulsó abiertamente la idea de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) en el fútbol argentino, que la AFA rechaza con uñas y dientes, y en principio frenó con una medida judicial. Tras meses de tensión, el gobierno y Tapia terminaron estableciendo una suerte de acuerdo de no agresión rubricado con un amigable encuentro en la sede de la Conmebol en Asunción -hace justo un año-, en el que -conforme un protocolo no escrito- el Chiqui les regaló camisetas de la Selección a Karina Milei y Manuel Adorni.
Precisamente la secretaria general de la Presidencia no estaría muy convencida de que su hermano retome la pelea con Tapia, por más deteriorada que esté su imagen ante la sociedad. Lo de las SAD siempre fue un proyecto afín a las ideas de Milei, pero cuya autoría intelectual le adjudican a Macri. Y ya se sabe que el expresidente no es santo de la devoción de KM.
Como sea, el Presidente decidió el jueves bajarse de un nuevo viaje a Estados Unidos para participar del sorteo del Mundial de Fútbol. Resulta extraña tal determinación, tratándose de una invitación del propio Donald Trump, pero deben haber sopesado la inconveniencia de exponer al Presidente a cruzarse con el titular de la AFA en un momento en el que en partidos de fútbol y recitales se canta contra Tapia.
Debe tomarse tal decisión como una muestra de pragmatismo del Milei versión post 26-O. El mismo pragmatismo oficialista que primó en vísperas de la sesión de jura de los nuevos senadores nacionales. Si bien para ese día propios y extraños daban por seguro que Lorena Villaverde conseguiría los votos para ser ratificada en su banca, el oficialismo cedió ante el pedido de senadores provinciales y del radicalismo, aceptando devolver el pliego de la rionegrina a la Comisión de Asuntos Constitucionales para analizar las impugnaciones en su contra. Toda una sorpresa tratándose del gobierno de Javier Milei, pero tiene lógica: el oficialismo le quitó así todo viso de polémica a la ceremonia de la jura de los senadores, que debía ser expuesta como una muestra del poder que ahora sí puede exhibir La Libertad Avanza en el Congreso.
Juraron el viernes los senadores electos en ocho distritos, en seis de los cuales ganó LLA. Solo en una provincia no consiguió representación, y de los 24 senadores electos, la mitad más uno correspondían a alianzas del gobierno. Semejante muestra no podía ser opacada por una discusión que echara sombras sobre la cosecha oficial.

Protagonista central de la sesión fue sin lugar a dudas la flamante presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien tuvo su cruce con Victoria Villarruel por una cuestión reglamentaria menor, pero que sirvió para que ambas partes pudieran marcar territorio. Todo estuvo monitoreado desde lo alto de uno de los palcos por “el poder real” que representa la hermanísima, flanqueada por Manuel Adorni y Diego Santilli, convertidos en una suerte de escuderos para este tramo de la gestión. Funcionarios que -sobre todo el ministro del Interior- por estos días cumplen la tarea de aceitar la relación con los gobernadores, que serán clave para las reformas que el gobierno se propone aprobar este verano.
Ese trabajo está dando frutos en el Congreso, donde lograron congelar la actividad opositora en el tramo final del período ordinario: desde las elecciones, no volvieron a abrirse las puertas de los recintos, donde entre otras cosas quedaron colgados temas como la reforma de la ley que regula los DNU, cuya aprobación hubiera representado un durísimo golpe para esta gestión. La oposición ya no tendrá ninguna otra oportunidad para avanzar en una medida similar, por lo que los gobiernos venideros deberán agradecerle a este por haber frenado la embestida más seria contra tan importante prerrogativa oficial.
Pero además, está en marcha la ruptura del bloque Unión por la Patria, clave para el dominio que La Libertad Avanza pretende imponer para los próximos dos años. Después de haber ratificado la escisión de los tucumanos del bloque Independencia, le alcanzará con oficializar el alejamiento de los catamarqueños de la bancada que conduce Germán Martínez para garantizarle al bloque oficialista de Diputados ser la primera minoría en esa Cámara. Algo impensado hasta el 26 de octubre, cuando el propio Presidente confesaba su menguado objetivo de asegurarse el tercio del Cuerpo.
Para eso fue necesario también activar la aspiradora, sumando entre otros a los radicales peluca y -sobre todo- a buena parte del Pro, que arrancará esta nueva etapa reducido a su mínima expresión: el partido amarillo llegó a las elecciones con 35 diputados, 21 de los cuales concluían sus mandatos. A esos 14 que quedaban, sumó una decena producto del resultado electoral, pero llegará al 10 de diciembre con apenas 14 -con suerte, porque un par más podrían irse en las próximas horas-. Esto es, habrá perdido más del 40% de sus diputados, a expensas del partido al que Mauricio Macri decidió ayudar a llegar al gobierno en vísperas del balotaje.
La última baja fue la de Silvia Lospennato, quien tras largas cavilaciones anunció el viernes por la noche que cumpliría su palabra de asumir en la banca para la que fue elegida en mayo pasado, en la Legislatura porteña: un cargo muy menor, para el que tiene que renunciar a la banca de Diputados, donde le quedaban dos años de mandato. En su lugar, asumirá una diputada del riñón de Patricia Bullrich, que obviamente irá directamente al bloque LLA.
Se especulaba con que en aras de evitar acrecentar la diáspora del bloque Pro, Lospennato se quedara, pero prefirió evitar que en el futuro le facturen haber sido una candidata “testimonial”, y se irá a una Legislatura porteña complicada, donde el macrismo no tiene mayoría y en la que La Libertad Avanza lejos está de retribuirle al partido amarillo el apoyo que le dan en el Congreso nacional. Más bien lo contrario.

Lo anunció Lospennato a través de un posteo en el que se mostró sonriente en una foto junto a los primos Macri, uno de los cuales -el expresidente- hubiera preferido que siguiera en el Congreso y eso le debe haber pedido también. Crítica del gobierno nacional desde que resultó evidente el papel mileísta en el fracaso de la ley de ficha limpia, Silvia Lospennato sufrió en carne propia el fuego amigo cuando se diferenció del resto de su bloque al votar en contra de los vetos presidenciales contra las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica; pero sobre todo al argumentarlo en el recinto. Cristian Ritondo la reprendió en plena sesión por esa actitud, y Alejandro Finocchiaro la acusó de alinearse con el kirchnerismo, sugiriendo irónicamente que algunos colegas deberían “cruzar hacia las gradas de enfrente donde habita la alegre banda populista que quiere tumbar a este gobierno”. “No te voy a permitir que me digas kirchnerista porque no voto como vos querés”, le contestó la diputada que ahora se va a la Legislatura porteña, para regocijo del otro Macri, quien deberá vérselas en figurillas dentro de dos años para tratar de retener el cargo frente a la segura embestida de los libertarios.
La diputada Micaela Morán (UP) presentó una iniciativa que fija plazos para contestar solicitudes de información y comparecer ante el Parlamento. Incluye sanciones económicas y penas de prisión para quienes incumplan.
Ante las reiteradas ausencias de funcionarios de esta gestión a citaciones de parte de la oposición, la diputada nacional Micaela Morán (Unión por la Patria) impulsa un proyecto de ley que busca regular el procedimiento para la contestación de pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo y la presencia de ministros en el Congreso, tal como lo establece la Constitución Nacional en sus artículos 71 y 100 inciso 11.
La propuesta establece que el Poder Ejecutivo deberá responder por escrito en un plazo máximo de 30 días hábiles y de manera “precisa y completa” los requerimientos aprobados por las Cámaras. Además, los ministros y autoridades de organismos estatales estarán obligados a concurrir cuando sean citados para brindar informes verbales, ya sea en sesiones, comisiones o plenarios.
El proyecto fija sanciones para los incumplimientos: descuento del 20% del salario para funcionarios que obstaculicen el procedimiento y, en casos reiterados, la consideración de falta grave. También incorpora al Código Penal el artículo 249 bis, que prevé penas de prisión de dos meses a dos años e inhabilitación especial para quienes omitan responder tras reiteración del requerimiento.
Morán fundamenta la iniciativa en la necesidad de fortalecer el control parlamentario sobre la gestión del Ejecutivo y garantizar un flujo de información “completo y de calidad” para robustecer las instituciones democráticas. La propuesta se inspira en normas similares vigentes en provincias como Chaco y Tierra del Fuego.
Se trata de la chaqueña Marilú Quiróz, cuyo mandato vence a fin de año. Qué posición tiene sobre el tema y cuáles son los proyectos que impulsó durante su gestión.
Una de las protagonistas (negativas) de esta semana en el Congreso fue sin dudas la diputada del Pro por la provincia del Chaco Marilú Quiróz, quien quedó en el centro de una fuerte polémica por organizar en el Anexo de la Cámara baja un polémico encuentro con expositores antivacunas, titulado “¿Qué contienen realmente las vacunas Covid-19?”.
El evento contó con expositores que difundieron teorías sin sustento científico, como supuestos vínculos entre vacunas y autismo, exceso de aluminio en sangre y hasta demostraciones de “magnetización” en personas vacunadas contra el Covid.
La iniciativa fue duramente cuestionada por sociedades médicas, legisladores de distintos bloques y el propio Pro, que emitió un comunicado reafirmando su compromiso con la ciencia y las políticas públicas basadas en evidencia. E
La legisladora chaqueña defendió el encuentro promovido alegando que “no soy responsable de que la gente no se vacune” y expuso que su objetivo era “escuchar todas las voces” sobre la vacunación. Pero lo cierto es que ella se manifestó en contra de la vacunación obligatoria y compulsiva, afirmando que “nadie puede ir a buscarme con la policía para vacunarme”.
¿Quién es la diputada Quiróz? Una empresaria del sector turismo, de 68 años, que llegó a su banca en 2021 a través de la lista de Juntos por el Cambio, en cuya boleta figuró segunda, detrás del diputado radical Juan Carlos Polini.
Durante su gestión, próxima a concluir, presentó 13 proyectos de ley (uno representado, el que busca declarar patrimonio cultural inmaterial de la Nación a la Bienal del Chaco).
Su proyecto más reciente data de octubre del año pasado y busca crear un Programa Nacional de Salud Mental Escolar, cuyo objetivo es fortalecer el abordaje de la salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el ámbito escolar, en todos los niveles obligatorios de gestión pública estatal.
Entre otras cosas, prevé que cada institución educativa deberá contar con al menos un profesional de salud mental por nivel educativo.
Es autora también de un proyecto para extender y aumentar el Fondo Algodonero, y otro para declarar el 29 de octubre de cada año como Día Nacional de los Cuidados y el apoyo, una iniciativa que tiene por objeto reducir, redistribuir y valorar el trabajo del cuidado y el trabajo doméstico no remunerado.
En 2023 buscó declarar la emergencia sanitaria y nutricional en su provincia, como así también impulsó la creación del boleto docente rural.
En septiembre de 2022 presentó un proyecto de ley para declarar patrimonio cultural de la Nación a los meteoritos “El Chaco” y “El Gancedo”, uicados en la localidad de Gancedo, provincia del Chaco.
Impulsó además proyectos sobre ajustes en los alquileres, para fomentar el empleo joven y la creación de espacios de lactancia en todas las dependencias u oficinas de la administración pública nacional; como así también un proyecto sobre licencias especiales.
Marilú Quiroz es vicepresidenta primera de la Comisión de Turismo y vocal en las de Agricultura y Ganadería; de las Personas Mayores; PyMEs, y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
El reglamento de la Cámara baja establece en su artículo 2° que la apertura de la sesión corresponde al diputado de más edad, aunque después el Cuerpo elige a un presidente provisional. La lista de candidatos para el arranque.
El radical Atilio Benedetti fue quien arrancó la última sesión preparatoria, realizada en 2023.
“Con el privilegio de -a pesar de mi juventud- ser el de mayor edad de esta Cámara, doy por iniciada esta sesión preparatoria”, expresó el 7 de diciembre de 2023 el diputado radical entrerriano Atilio Benedetti al dar por iniciado la última sesión preparatoria en Diputados. En esa oportunidad sería ungido presidente el riojano Martín Menem, pero el juramento de los legisladores votados en octubre no lo tomó Benedetti, sino Carlos Heller, en su rol de presidente provisional elegido a tal efecto.
Es que así lo establece el reglamento de la Cámara, que en su artículo 2° establece que los diputados en ejercicio cuyo mandato no finalice en el mes corriente, juntamente con los electos, en número suficiente para formar quórum, “se procederá a elegir entre los primeros, a pluralidad de votos, un presidente provisional, presidiendo esta votación el diputado en ejercicio de mayor edad”.
En rigor, Benedetti tenía en ese momento 68 años, y Carlos Heller 83, pero este último terminó siendo votado a instancias de la propuesta del oficialismo saliente, a través de Paula Penacca.
En 2021 en cambio, abrió la sesión el secretario Parlamentario de la Cámara, que convocó luego al diputado de más edad, el jujeño Julio Daniel Ferreyra, que entonces tenía 79 años. Tras la entonación del Himno, se procedió a designar al presidente provisional, siendo propuesto para tal fin Sergio Massa, quien más tarde sería ratificado en el cargo de presidente de la Cámara.
En 2019 en cambio, el diputado de más edad designado para abrir la sesión fue el radical Pedro Antonio Del Cerro, quien luego fue propuesto por Máximo Kirchner para seguir presidiendo la preparatoria como presidente provisional.
Para la sesión preparatoria de este miércoles, el diputado de más edad que debería arrancar la sesión es el radical chaqueño Gerardo Cipolini, quien tiene 82 años de edad y mandato hasta 2027.
¿Y si él no estuviera? Le correspondería en ese caso al santiagueño de Unión por la Patria Ricardo Daives, o bien a Miguel Angel Pichetto, ambos de 75 años.
Le siguen en orden de edad el cordobés Carlos Gutiérrez (72) y el libertario salteño Julio Moreno Ovalle (71).
Minuto a minuto, la conformación de las bancadas en pos de sumar número con vistas a la conformación de comisiones. La intensa lucha por la primera minoría.
Bloque por bloque
FUERZA PATRIA (96)
Aguirre, Hilda
Alí, Ernesto "Pipi"
Andino, Cristian
Araujo Hernández, Jorge Neri
Andrade, Javier (completa el mandato de Itai Hagman)
Aveiro, Martín
Avila, Fernanda
Barbur, Marcelo
Basterra, Luis Eugenio
Bordet, Gustavo
Borgatta, Alejandrina Belén
Cafiero, Santiago
Campitelli, Celia
Campo, Julieta
Cámpora, Lucía
Carignano, Florencia
Casas, Sergio Guillermo
Castagneto, Carlos Daniel
Chica, Jorge
Cisneros, Carlos
Daives, Ricardo
De la Rosa, María Graciela
Díaz, Fernanda
Dolce, Sergio
Félix, Emir
Ferrán, Abelardo
Freites, Andrea
Galmarini, Sebastián
García, María Teresa
Giuliano, Diego A.
Glinski, José
Gómez, José
Grabois, Juan
Gutiérrez, Ramiro
Hadad, Raúl “Rulo”
Hagman, Itai*
Ianni, Ana María
Kirchner, Máximo Carlos
Leiva, Aldo
López, Jimena
López Pasquali, Cecilia
Luque, Juan Pablo
Mango, Marcelo (completa el mandato del senador electo Martín Soria)
Manrique, Mario
Marclay, Marianela
Marín, Varinia Lis
Marino, Juan
Martínez, Germán Pedro
Michel, Guillermo
Miño, Fernanda
Molle, Matías
Molina, Juan Carlos
Monguillot, Fernando
Monzón, Roxana
Moreau, Cecilia
Moyano (h), Hugo
Mukdise, Jorge
Neder, Estela Mary
Nóblega, Sebastián
Osuna, Blanca Inés
Estévez, Gabriela Beatriz
Olmos, Kelly
Palazzo, Sergio
Palladino, Claudia
Parola, María Graciela
Pedrali, Gabriela
Penacca, Paula Andrea
Pietragalla, Horacio
Pokoik, Lorena
Potenza, Luciana
Propato, Agustina
Rauschenberger, Ariel
Roberto, Santiago
Rossi, Agustín
Salzmann, Marina
Lanesán Sancho, Moira
Sand, Nancy
Serquis, Adriana Cristina
Selva, Sabrina
Siley, Vanesa
Snopek, Guillermo
Strada, Julia
Taiana, Jorge
Tailhade, Rodolfo
Tepp, Caren
Tita, Paulo
Todero, Pablo
Tolosa Paz, Victoria
Trotta, Nicolás
Valdés, Eduardo Félix
Velázquez, María Elena
Volnovich, Luana
Yasky, Hugo
Yedlin, Pablo Raúl
Zaracho, Natalia
Zulli, Christian Alejandro
LA LIBERTAD AVANZA (94)
Ajmechet, Sabrina
Almena, Carlos
Almirón, Lisandro
Andreussi, Bárbara Vanesa
Ansaloni, Pablo
Arabia, Damián
Avico, Belén
Basualdo, Atilio
Becerra, Mónica
Benedit, Beltrán
Benegas Lynch, Bertie
Bonacci, Rocío
Bongiovanni, Alejandro
Bornoroni, Gabriel
Brizuela, Adrián
Campero, Mariano
Carrancio, Alejandro
Castelnuovo, Giselle
Chiconi, Abel
Correa Llano, Facundo
Diez, Romina
Emma, Nicolás
Ferreyra, Alida
Fargosi, Alejandro
Fligliuolo, Sergio “Tronco”
Flores, María Gabriela
Frías, Maira
Gallardo, Virginia
García, Álvaro
García, Carlos
Giudici, Silvana
Goitía, Mercedes del Rosario
Gonzáles, Alfredo
González Estevarena, María
Gruber, Maura Ester
Guzmán, Jairo
Hartfield, Diego
Holzman, Patricia
Huesen, Gerardo
Humenuk, Gladys
Ibáñez, María Cecilia
Laumann, Andrés
Lemoine, Lilia
Leone, Andrés
Llano, Mercedes
Lluch, Enrique
Longo, Johanna
Macyszyn, Lorena
Martínez, Álvaro
Mayoraz, Nicolás
Menem, Martín
Metral, María Julieta
Molinuevo, María Soledad
Mondaca, Soledad
Montenegro, Guillermo
Montenegro, Juan Pablo
Moreno Ovalle, Julio
Muñoz, Gabriela (completa el mandato de la senadora electa Nadia Márquez)
Niveyro, Miriam
Ojeda, Joaquín
Bruno, Eliana Lorena (completa el mandato de la senadora electa Emilia Orozco)
Pareja, Sebastián
Patiño Brizuela, Marcos
Pauli, Santiago
Pellegrini, Agustín Andrés
Pelli, Federico
Peluc, José
Petri, Luis
Petrovich, Lorena (asumirá en lugar de Silvia Lospennato, quien se va a la Legislatura, y se pasará al bloque LLA)
Picat, Luis Albino
Ponce, María Celeste
Quintar, Manuel
Ravera, Valentina Loana
Razzini, Verónica
Ravier, Adrián
Reichardt, Karen
Riesco, Gastón
Roca, Gonzalo
Rodríguez, Luis
Rodríguez Machado, Laura
Santillán Juárez Brahim, Juliana
Santurio, Santiago
Soldano, Laura
Tomassoni, Yamile Vanesa
Torres, Rubén Darío (reemplazará a Diego Santilli, que va al gabinete)
Tortoriello, Aníbal
Tournier, José Federico
Treffinger, César
Urien, Hernán
Vásquez, Patricia
Vera, Andrea
Chemor, Nadia (completa el mandato de la senadora electa Lorena Villaverde)
Visconti, Gino
Zapata, Carlos Raúl
PRO (14)
Ardohain, Martín
Bianchetti, Emmanuel
Capozzi, Sergio Eduardo
De Andreis, Fernando
De Sensi, Florencia
Fernández Molero, Daiana
Finocchiaro, Alejandro
Fregonese, Alicia
Giampieri, Antonela
González, Álvaro
Núñez, José
Ritondo, Cristian A.
Sánchez Wrba, Javier
Yeza, Martín
MID (2)
Falcone, Eduardo
Zago, Oscar
COHERENCIA (4)
Arrieta, Lourdes Micaela
Claudio Alvarez (Asumirá en lugar de Carlos D'Alessandro)
González, Gerardo Gustavo
Pagano, Marcela Marina
INNOVACIÓN FEDERAL (7)
Arrúa, Alberto
Biella, Bernardo
Herrera Ahuad, Oscar
Outes, Pablo
Ruíz, Yamila
Vancsik, Daniel
Vega, Yolanda
ENCUENTRO FEDERAL (5)
Avila, Jorge Antonio
Massot, Nicolás
Morchio, Francisco
Paulón, Esteban
Pichetto, Miguel Ángel
PROVINCIAS UNIDAS (11)
Basualdo, Carolina del Valle
Brügge, Juan Fernando
Farías, Pablo Gustavo
Garrido, José Luis
González, Diógenes
Gutiérrez, Carlos
Lousteau, Martín
Scaglia, Gisela
Schiaretti, Juan
Siciliano, Miguel Angel
Torres, Alejandra
UNIÓN CÍVICA RADICAL (7)
Agüero, Guillermo
Banfi, Karina
Cipolini, Gerardo
Nieri, Lisandro
Schneider, Darío
Verasay, Pamela
Zigarán, María Inés
DEMOCRACIA PARA SIEMPRE (3)
Coletta, Mariela
Juliano, Pablo
Rizzotti, Jorge
COALICION CIVICA (2)
Ferraro, Maximiliano
Frade, Mónica
INDEPENDENCIA (3)
Fernández de Mansilla, Elia* (asume en lugar de Gladys Medina)
Medina, Gladys (completará su mandato actual a pesar de haber sido electa para otro período el 26 de octubre)
Noguera, Javier (asumirá en lugar de Osvaldo Jaldo)
PRODUCCION Y TRABAJO (2)
Martín, Fabián
Picón Martínez, Nancy Viviana
LA NEUQUINIDAD (1)
Maureira, Karina
DEFENDAMOS CORDOBA (1)
De la Sota, Natalia
Monobloque con nombre a designar (1)
Fernández, Jorge “Gato”
FRENTE DE IZQUIERDA (4)
Bregman, Myriam
Castillo, Christian
Del Caño, Nicolás
Del Plá, Romina
*Aparecen en negrita todos los diputados electos el 26 de octubre.
Con la salida de la diputada nacional, el bloque amarillo quedará reducido a 14 integrantes a partir del 10 de diciembre.
Si bien se especulaba fuertemente con la posibilidad de que se quedara en el bloque Pro para evitar ampliar la diáspora en las filas que encabeza Cristian Ritondo, Silvia Lospennato confirmó este viernes que se sumará a la Legislatura porteña a partir del 10 de diciembre.
Lo hizo a través de un posteo en la red social X, en la que, mostrándose junto a los primos Macri -el expresidente y el jefe de Gobierno- anunció: “Con mucha alegría quiero confirmarles que voy a cumplir con mi palabra y a partir del 10 de diciembre voy a honrar cada voto de confianza al Pro desde mi banca en la Legislatura de la Ciudad”.
“Junto al presidente del Pro Nacional Mauricio Macri y a nuestro jefe de Gobierno Jorge Macri seguiremos trabajando cada día para defender los valores de la Libertad y la República, el orden y la seguridad ciudadana, la salud y la educación de calidad, el desarrollo de la iniciativa privada, la inversión pública y la innovación permanente porque entendemos la gestión pública como un servicio para mejorar la vida de cada ciudadano porteño”, agregó la diputada que pondrá fin a su mandato como diputada nacional que vencía en 2027.
Con su salida, el bloque Pro perderá seguramente otro miembro, reduciéndose a 14 diputados, ya quien asumirá en lugar de Lospennato se irá seguramente a La Libertad Avanza, pues se tratad de Lorena Petrovich, quien es muy cercana a Patricia Bullrich. Es actualmente directora nacional de Bienestar del Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza hasta el 9 de diciembre su mentora.
Lospennato concluyó su mensaje en X así: “Me voy del Congreso Nacional sintiendo que cumplí con absoluta responsabilidad y profesionalismo el enorme honor que me dieron los argentinos y sumaré toda esa experiencia legislativa y mi entusiasmo por transformar juntos cada día esta Ciudad que es nuestro orgullo”.
Se desarrolló este viernes la ceremonia de jura de 23 de los senadores elegidos el 26 de octubre pasado. Las imágenes de la sesión especial.

Karina Milei flanqueada por Diego Santilli y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Romina Almeida, nueva senadora por Entre Ríos.

Adán Bahl, el representante de Fuerza Patria por Entre Ríos.

Pablo Cervi, otro que pegó el salto de la Cámara baja a la Alta.

Belén Monte de Oca juró como senadora fueguina.

Ana Marks juró acompañada por su familia.
Se trata de un cargo que había quedado vacante hace meses, tras la renuncia de Emilio Viramonte Olmos, quien duró apenas un mes en ese puesto.
En el inicio de la sesión de jura convocada en el Senado para este viernes, el Cuerpo procedió a cubrir una vacante clave entre las autoridades del Cuerpo: la Secretaría Administrativa, que quedó en manos de Alejandro Eduardo Fitzgerald.
El todavía titular del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, fue quien propuso el nombre de Fitzerald, cosechando el inmediato acompañamiento de José Mayans, titular del interbloque Unión por la Patria, tras lo cual Patricia Bullrich -futura presidenta del bloque libertario y sentada estratégicamente a la derecha de Atauche- dio su consentimiento con su dedo pulgar en alto.

Se trata de un trámite pendiente desde hace un buen tiempo y que se sabía que la presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, quería completar en la primera sesión que pudiera realizarse antes de que concluyera el actual período ordinario.
La designación de Fitzgerald entrará en vigencia a partir del 10 de diciembre, y viene a cubrir el lugar dejado por Emilio Viramonte Olmos, quien duró muy poquito tiempo en el cargo cuando renunció ante la imposibilidad de hacerse cargo del manejo total de la Secretaría Administrativa.
Fitzgerald ya se desempeña en el Senado, donde cuenta con treinta años de experiencia. En la actualidad ocupaba un cargo en la Dirección General de Comisiones.
La primera designada para la Secretaría Administrativa fue María Laura Izzo, quien también dejó el cargo por diferencias con Villarruel.
La ceremonia se desarrolla en el recinto de la Cámara alta, con el dato saliente de que la rionegrina Lorena Villaverde no será de la partida, al haberse resuelto devolver su pliego a comisión.
Presidida por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se desarrolla la sesión de jura de los senadores nacionales electos hace un mes. Todos menos una: la rionegrina libertaria Lorena Villaverde, cuyo pliego se resolvió que vuelva a la Comisión de Asuntos Constitucionales, para analizar allí las impugnaciones presentadas en su contra, antes de tomar la determinación de votar su destino en el recinto.
La ceremonia arrancó a las 11.12, con la presencia exclusiva de los senadores nuevos y los que tienen mandato hasta 2027 o 2029.
Sin la cuestión Villaverde puesta en debate, se espera que la sesión transite por los caminos normales, sin mayores estridencias. La elección de autoridades, otro de los temas que podría haber agitado el avispero, quedó para el mes de febrero, como es de uso y costumbre por cuestiones reglamentarias.
Prestarán juramento este viernes, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Patricia Bullrich y Agustín Monteverde por La Libertad Avanza, y Mariano Recalde por Fuerza Patria.
Producto de la alianza entre LLA y el radicalismo gobernante en el Chaco, asumirán por la mayoría los senadores Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, actual vicegobernadora radical, que renunciará a ese cargo. Y por la minoría lo hará el exgobernador Jorge Capitanich.
En representación de Neuquén, jurarán por La Libertad Avanza Nadia Márquez y Pablo Cervi, mientras que por La Neuquinidad lo hará Julieta Corroza.
Por Entre Ríos, prestarán juramento los libertarios Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, y por FP lo hará Adán Bahl.
En representación de Salta, los libertarios María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán, mientras que por Primero Los Salteños, lo hará Flavia Royón, cercana al gobernador Gustavo Sáenz.
Por Santiago del Estero, jurará el gobernador saliente de esa provincia, Gerardo Zamora, y Elia Montero, los dos por el Frente Cívico, en tanto que por Fuerza Patria lo hará José Neder, alineado también con Zamora.
Por la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, asumirán los libertarios Agustín Coto y Belén Monte de Oca, más la kirchnerista Cristina Cándida López, quien resultó reelecta.
Finalmente por la provincia de Río Negro, solo jurarán Martín Soria y Ana Marks, representantes de Fuerza Patria, quedando pendiente quien vaya a representar a la minoría votada el 26 de octubre pasado.
La novedad se conoció este jueves por la noche, luego de que los jefes de bloques acordaran mandar el pliego de la rionegrina de vuelta a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La Cámara de Senadores tendrá este viernes su sesión de jura, con una novedad de suma importancia: en lugar de jurar los 24 senadores electos el 26 de octubre pasado, lo harán 23. La excepción corresponde a la rionegrina Lorena Villaverde, cuyo pliego se acordó que vuelva a comisión para analizar las impugnaciones presentadas en su contra.
Fue toda una novedad la noticia que se conoció este jueves por la noche, cuando se daba por descontado que el tema despertaría una previsible controversia entre el oficialismo y la oposición más dura, pero que finalmente el tema sería saldado a favor de La Libertad Avanza a través de los votos que terminarían favoreciendo a la senadora electa por la minoría en la provincia de Río Negro. Sin embargo los jefes de bloques terminaron acordando postergar la eventual jura de Villaverde, mandando de vuelta su pliego a la Comisión de Asuntos Constitucionales para analizar las impugnaciones en su contra.
La decisión adoptada por el oficialismo de aceptar retirar el pliego de la polémica senadora electa podría enmarcarse dentro del pragmatismo que puede esperarse de la nueva jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich. Los senadores del radicalismo y provinciales, indispensables para conseguir los votos para aprobar a Villarruel habían expresado sus reparos, lo que redundó en la decisión final del oficialismo. Esos votos que ahora estaban en duda serán indispensables para aprobar las leyes que mandará el Poder Ejecutivo para extraordinarias.
El pliego de Villarruel había sido tratado el 19 de noviembre en la Comisión de Asuntos Constitucionales a la que ahora volverá. En esa oportunidad, la oposición se alzó con el dictamen de mayoría en contra del pliego de la rionegrina, que recibió dos impugnaciones: una del Partido Justicialista de Río Negro, y otra de una particular llamada Noelia Nerina Vásquez.
Se la relaciona con Federico “Fred” Machado, empresario argentino extraditado a EE.UU. por narcotráfico y lavado de dinero.
También se menciona su cercanía con Claudio Ciccarelli, primo de Machado y señalado como presunto testaferro.
Los registros judiciales indican que Villaverde fue detenida en Miami en 2002, acusada de comprar cocaína. También se menciona una detención previa en 2001 por “obstrucción de la Justicia”.
Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales ingresaron también impugnaciones contra los miembros de Fuerza Patria Martín Soria y Jorge Capitanich, quienes sin embargo podrán jurar este viernes sin problemas.
Sin la asunción de Villaverde, el bloque de La Libertad Avanza quedará con 19 miembros. De ahí que sea realmente importante saber cuándo se resolverá su situación. En el caso que resuelvan retirar el pliego, debería asumir en lugar de la rionegrina Enzo Fullone, quien era segundo en la lista de La Libertad Avanza.
Quien no va a estar en esta sesión es la senadora nacional por Córdoba Alejandra Vigo, por razones de salud familiar de público conocimiento: su esposo, el exgobernador cordobés y diputado nacional electo Juan Schiaretti, será sometido a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo. Vigo notificó su ausencia, formal y oportunamente, ante la Secretaría Parlamentaria del Senado de la Nación y sus pares del interbloque que conforma.
Quiénes van a jurar
Más allá de la cuestión Villaverde, cuya ausencia en la sesión permitirá liberar a la misma de tensiones, prestarán juramento este viernes, en la sesión que arrancará a las 11 de la mañana, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Patricia Bullrich y Agustín Monteverde por La Libertad Avanza, y Mariano Recalde por Fuerza Patria.
Producto de la alianza entre LLA y el radicalismo gobernante en el Chaco, asumirán por la mayoría los senadores Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, actual vicegobernadora radical, que renunciará a ese cargo. Y por la minoría lo hará el exgobernador Jorge Capitanich.
En representación de Neuquén, jurarán por La Libertad Avanza Nadia Márquez y Pablo Cervi, mientras que por La Neuquinidad lo hará Julieta Corroza.
Por Entre Ríos, prestarán juramento los libertarios Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, y por FP lo hará Adán Bahl.
En representación de Salta, los libertarios María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán, mientras que por Primero Los Salteños, lo hará Flavia Royón, cercana al gobernador Gustavo Sáenz.
Por Santiago del Estero, jurará el gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora, y Elia Montero, los dos por el Frente Cívico, en tanto que por Fuerza Patria lo hará José Neder, alineado también con Zamora.
Por la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, asumirán los libertarios Agustín Coto y Belén Monte de Oca, más la kirchnerista Cándida López, quien resultó reelecta.
Finalmente por la provincia de Río Negro, solo jurarán Martín Soria y Ana Marks, representantes de Fuerza Patria, quedando pendiente quien vaya a representar a la minoría votada el 26 de octubre pasado.
En una jugada clave para el Congreso que viene, gobernadores del peronismo y fuerzas provinciales se unen con ex-libertarios y buscan convertirse en una tercera fuerza. Su estrategia podría alterar el equilibrio de poder y busca darles mayor incidencia en la agenda legislativa nacional.
A medida que se acerca el recambio legislativo de diciembre, un grupo de gobernadores del peronismo y fuerzas provincialistas está dando forma a un nuevo interbloque en la Cámara de Diputados, que busca irrumpir en la polarización entre el Unión por la Patria (Fuerza Patria seguramente en breve) y La Libertad Avanza (LLA). Encabezados por el gobernador salteño Gustavo Sáenz, quienes se agrupan bajo el proyecto del “País Federal” buscan posicionarse como una tercera fuerza en el Congreso, con el objetivo de influir en las decisiones clave y asegurar una mayor autonomía para sus provincias.
El interbloque está tomando forma con la participación activa de gobernadores como el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, el misionero Hugo Passalacqua y el neuquino Rolando Figueroa, quien hasta el momento no contaba con representación formal propia en Diputados. En paralelo, diputados de fuerzas como Coherencia, el MID (Movimiento de Integración y Desarrollo), y otros sectores del peronismo disidente se sumarían al proyecto, aumentando su número a una veintena de legisladores.
El interbloque no solo representa un desafío para los dos grandes polos del Congreso, sino que también podría alterar el mapa de poder en la Cámara baja, con la posibilidad de que La Libertad Avanza (LLA) se convierta en la primera minoría.
La estrategia de los gobernadores apunta a consolidar una fuerza que logre un mayor control sobre las comisiones y pueda llevar adelante una agenda provincialista, con un fuerte foco en obras públicas y en el desarrollo económico de las regiones fuera del centro del poder. El bloque se define como un espacio de “diálogo” y no como una oposición cerrada al Gobierno, a pesar de las diferencias internas en cuanto a la estrategia de negociación.
“Este es un bloque de gobernadores que quieren acompañar, pero también que sus provincias crezcan de manera autónoma”, explicó Sáenz, al tiempo que su par tucumano, Osvaldo Jaldo, insistió en que este bloque busca un equilibrio: “Queremos que al Gobierno nacional le vaya bien, pero también que la Argentina no se olvide de las provincias”.
Las centrales sindicales iniciaron una ronda de encuentros con bloques legislativos para expresar su rechazo a las reformas laboral e impositiva y alertar sobre el impacto de los recortes presupuestarios.
Representantes de las dos CTA se reunieron este jueves en el Congreso con los diputados de Unión por la Patria Germán Martínez, Cecilia Moreau y Paula Penacca. El encuentro fue el primero de una serie de reuniones que las centrales mantendrán con distintos bloques, tanto en Diputados como en el Senado, para advertir sobre los riesgos de un presupuesto “regresivo en materia de derechos” y de las leyes de reforma laboral e impositiva que, según señalaron, “profundizarán el ataque contra el pueblo argentino”.
Durante la reunión, las CTA manifestaron su preocupación por los recortes en educación, salud, obra pública, recursos para las provincias y el funcionamiento del Estado, así como por el cierre de empresas y el aumento de despidos en los últimos meses. Respecto de la reforma laboral, rechazaron cualquier modificación que retome aspectos declarados inconstitucionales por la Justicia en relación con el Decreto 70/23 y denunciaron la intención del Gobierno de “fragmentar y atomizar al movimiento obrero bajo el pretexto de la modernización”.
Las centrales reafirmaron la necesidad de articular una estrategia común dentro y fuera del Congreso: “Unidad para resistir y también para construir condiciones para la victoria”, remarcaron.
En ese sentido, anticiparon que seguirán impulsando acciones de resistencia y movilización en las calles, los territorios y los lugares de trabajo, además de promover un debate sobre una reforma laboral que contemple “las nuevas necesidades y derechos de los trabajadores y trabajadoras, y no sólo los intereses de los grandes grupos empresarios”.
La comisión presidida por Miguel Ángel Pichetto inició el tratamiento del programa que define las auditorías para el próximo año y convocará a una nueva reunión para buscar consensos.
La Comisión Mixta Revisora de Cuentas se reunió este jueves en el Salón Illia del Senado para continuar el análisis del Programa de Acción Anual (PAA) 2026 presentado por la Auditoría General de la Nación (AGN), que establece las tareas de control previstas para el año próximo. El encuentro fue encabezado por el diputado Miguel Ángel Pichetto, presidente de la Bicameral, y el senador camporista Mariano Recalde, vicepresidente, con la participación del titular de Presupuesto y Hacienda, senador Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza).
Pichetto abrió la reunión recordando que el objetivo es “ratificar el plan de trabajo de la AGN”, y señaló que Unión por la Patria presentó una propuesta alternativa con nuevos temas. Atauche, por su parte, informó que su bloque también acercó un proyecto adaptado al original, con el aval del diputado Bertie Benegas Lynch (LLA), presidente de Presupuesto en Diputados.
El debate giró en torno a la necesidad de garantizar un plan que permita el funcionamiento de la Auditoría. Pichetto anticipó que la próxima semana se convocará a una nueva reunión para consensuar “un plan razonable a partir de todas estas propuestas”.
En la misma línea, el senador José Mayans destacó la importancia del PAA para “garantizar la eficiencia en el control del gasto y explicar el endeudamiento público”, especialmente en vísperas de un nuevo presupuesto. También valoró el trabajo de la Bicameral, pese a la falta de acuerdo sobre la integración de la AGN.
Finalmente, Atauche coincidió en la necesidad de alcanzar consensos y recordó los intentos fallidos de aprobar el presupuesto en años anteriores. “Este año volveremos a intentarlo”, afirmó, convocando a todos los sectores a construir acuerdos “por el bien de la Nación” y proponiendo extender el trabajo una semana más para aprobar el plan y avanzar en la integración de la Auditoría.
El presidente de la Cámara de Diputados mantuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, en el marco de una visita oficial destinada a fortalecer los vínculos bilaterales.
En el Salón de Honor del Palacio Legislativo, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, recibió al canciller israelí Gideon Sa’ar, acompañado por el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela. La reunión formó parte de la agenda de trabajo que el ministro de Relaciones Exteriores desarrolla en el país para consolidar la relación entre ambas naciones.
Del encuentro participaron Amir Ofek, director adjunto para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores; Itai Bar Dov, jefe de Gabinete de Política Exterior; Elliot Seth Friedman, asesor del Ministro; Oren Marmorstein, portavoz del Ministerio; Michael Maoz, portavoz del ministro; y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish.
Por parte del Congreso, estuvieron presentes los diputados nacionales Fernando Iglesias (Pro), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Santiago Santurio y Laura Rodríguez Machado (ambos de La Libertad Avanza), junto con la directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados, Luciana Términe.
Tras las elecciones del 26 de octubre, La Libertad Avanza se consolida en la Cámara alta con 20 senadores, pasando del 10% al 27% de representación. Bajo el liderazgo de Patricia Bullrich, el oficialismo incorpora perfiles diversos —desde empresarios y dirigentes históricos hasta referentes provinciales— y redefine su estrategia legislativa para el próximo período.
El bloque oficialista en el Senado triplicará su dotación a partir del 10 de diciembre. Llegará así a tener una veintena de miembros, en este caso ya no por deserciones ajenas, sino estrictamente por mérito propio: solo una senadora dejó el Pro para integrarse a La Libertad Avanza; el resto fueron todos elegidos a través de las listas violeta.
Es que la del 26 de octubre fue una excelente elección para el oficialismo nacional si de senadores se trata, pues obtuvo representación en siete de las ocho provincias que elegían miembros para la Cámara alta, además de haber ganado en seis de esas provincias.
Así las cosas, podrá mejorar en su tercer año de vida en el Senado la representación que había arrancado apenas con un 10% del cuerpo, con los 7 senadores que pudo sumar La Libertad Avanza cuando llegó al poder. Ahora, con 20 miembros, eleva su representación en el Senado al 27% de la Cámara.
Todos estarán bajo la conducción de Patricia Bullrich, que llega como gran estrella a la Cámara alta, por su peso específico forjado por su experiencia (12 años en el Congreso), y haber sido la ministra mejor ponderada del gabinete de Javier Milei.
Veamos ahora, uno por uno, quiénes son los miembros del futuro bloque oficialista en la Cámara de Senadores.

El pequeño bloque libertario se triplicará a partir del 10 de diciembre.
Los nuevos del bloque libertario
Romina María Almeida

Ocupó el segundo lugar en la lista de La Libertad Avanza para el Senado en la provincia de Entre Ríos. Proviene de la actividad privada, donde estuvo al frente de una empresa familiar dedicada a la producción de galletitas saladas llamada Leitis. Tiene 47 años durante 15 comandó esa PyME familiar.
Es arquitecta y se sumó a la política en 2023, directamente en La Libertad Avanza. Ya en esa oportunidad fue candidata suplente para el Senado, pero el provincial, por el departamento de Paraná, donde vive desde que era niña, aunque nació en Gualeguay.
De perfil bajo, está casada y tiene dos hijos. Su esposo es apoderado de La Libertad Avanza. Tiene 840 seguidores en su cuenta de Instagram.
Joaquín Benegas Lynch

Hermano del diputado nacional Bertie Benegas Lynch, e hijo del economista Alberto Benegas Lynch, una figura de referencia histórica para Javier Milei; un pionero del pensamiento liberal en el país, y parte de una tradición que el presidente busca reivindicar y continuar desde la presidencia. Joaquín Benegas Lynch es empresario y miembro de Liberty International, una organización libertaria educativa y de redes sin fines de lucro, con sede en Dallas, Texas.
Licenciado en Administración de Empresas, vive desde 2007 en La Paz, Entre Ríos, donde fundó Glocal Terra, una empresa que se dedica a asesorar inversores y administrar campos. Entrevistado por Infobae, definió al Congreso como “un piquete que no permite que los beneficios de la transformación lleguen a todos”. Sostiene también que los senadores y diputados actuales “van en contra de los argentinos de bien” y ambas cámaras están en contra “del laburante y el sector privado”.
Tiene 5 hijos, es hincha de Racing y es guitarrista de “La Banda Liberal”, en la que su hermano Bertie toca la batería, que acompañó a Javier Milei durante el show en el Luna Park en mayo de 2024, y ya como “Banda Presidencial” secundó al presidente en el show del Movistar Arena, previo a las elecciones del 26 de octubre.
Patricia Bullrich

Es, por lejos la nueva senadora oficialista que llega al cargo con más pergaminos políticos, habiendo sido candidata presidencial de Juntos por el Cambio en las últimas elecciones. Es actualmente ministra de Seguridad, cargo que ocupó también durante la gestión de Cambiemos, y fue también ministra de Trabajo durante el Gobierno de Fernando de la Rúa.
Con mucha experiencia legislativa, fue durante tres períodos diputada nacional (entre 1993 y 1997, y desde 2007 a 2015).
En los 70 tuvo militancia en la Juventud Peronista y a lo largo de su carrera política pasó por múltiples espacios: el Partido Justicialista, la Alianza, la Coalición Cívica, Unión por la Patria y el Pro, que llegó a presidir. Ahora está afiliada a La Libertad Avanza y también fundó su propio partido: Unión por Todos, que luego pasó a denominar Unión por la Libertad.
Tiene 69 años y es doctora en Ciencia Política.
Pablo Cervi

De origen radical, Pablo Cervi es ingeniero agrónomo y desde 2021 ocupa una banca en la Cámara de Diputados, adonde llegó a través de las listas de Cambia Neuquén (dentro de Juntos por el Cambio), por la Unión Cívica Radical, aunque hoy forma parte del bloque Liga del Interior, producto de su acercamiento a La Libertad Avanza.
En 2023 fue candidato a gobernador de Neuquén, pero salió quinto, con solo el 3,88% de los votos.
En 2019 fue primer suplente en la lista de candidatos a senadores de JxC, que encabezaba el radical Horacio “Pechi” Quiroga. Ante su fallecimiento, la Junta Electoral nacional lo reemplazó por Cervi, en función de un decreto presidencial que estableció que, en caso de reemplazo de candidatos, debía primar la igualdad de género. Pero la justicia terminó avalando el reclamo de Lucila Crexell, segunda de la lista original, para quedarse con la senaduría.
Ahora Cervi llega a la Cámara alta secundando a la libertaria Nadia Márquez. Tiene 54 años.
Agustín Coto

Llega al Senado a través de la lista de La Libertad Avanza de Tierra del Fuego, provincia donde presidía el bloque de republicanos Unidos – La Libertad Avanza en la Legislatura provincial. Nacido en Tierra del Fuego, es licenciado en Historia; pero la historia más surrealista -así la ha definido- que puede relatar es una que lo tiene como protagonista: cuando a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas y fue retenido por la policía de seguridad aeroportuaria luego de que el pasajero que se había sentado a su lado le atribuyera falsamente una amenaza de bomba. Luego de las indagatorias y averiguaciones correspondientes, él pudo viajar finalmente, no así el denunciante, de origen brasileño. En un posteo que puede encontrarse en su cuenta de X, concluye como moraleja: “Hay que evitar viajar en aviones sentado al lado de colifas”.
En 2022 fundó Republicanos TDF, y su relación con Milei viene de cuando fue su alumno en un posgrado que hizo en la Universidad de Belgrano. Fue convencional en 2022 en la Constituyente que reformó la Carta Orgánica de Ushuaia, ciudad donde nació.
Juan Cruz Godoy

Llega al Senado por la provincia del Chaco, donde encabezó la nómina junto a la vicegobernadora radical Silvana Schneider. Con 30 años de edad, será el senador más joven de la Cámara alta.
Como buen libertario, es muy crítico del rol del Estado, que a su juicio debe limitarse a definir las reglas de juego y garantizar el respeto por la vida, la libertad y la propiedad privada.
Es licenciado en Administración de Empresas.
Gonzalo Guzmán Coraita

Secundó a María Emilia Orozco en la lista de candidatos en Salta. Guzmán Coraita es director de Salta Transparente, organización que integra la ROCC (Red de Organizaciones contra la Corrupción) y que es coordinada por Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparencia Internacional. En el ámbito público se desempeñó como asesor legislativo, y como tal es autor de proyectos de ley sobre derecho de acceso a la información pública, ética pública y transparencia y sobre regulación de la distribución y contenido de la publicidad oficial en Salta.
De profesión abogado, recibido en la Universidad Nacional de Tucumán, especialista en Derechos de Daños y miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Salta. Se desempeña como docente de dicha materia en esa casa de estudios.
Conduce el programa de TV del Colegio de Abogados de Salta que se emite por Cablevisión Salta.
Nadia Márquez

Abogada y pastora evangélica, nacida en Neuquén el 2 de febrero de 1983, Nadia Judith Márquez es una de las actuales oficialistas de la Cámara baja que dan el salto al Senado. Arrancó su carrera política como concejal en 2019, impulsada por el exgobernador Jorge Sobisch. En 2023 fue electa diputada nacional por el espacio Arriba Neuquén, y ahora llega al Senado con el 35, 6% de los votos en Neuquén.
Preside La Libertad Avanza en su provincia desde julio de este año. De fuerte perfil “pro vida”, se opone al aborto legal, al que calificó como “uno de los genocidios más grandes de la historia”. Es miembro de la iglesia bautista Jesús es Rey, y como tal es referente del sector evangélico libertario, clave en la estrategia de Javier Milei para consolidar vínculos con las iglesias.
Belén Monte de Oca

Nacida en Ushuaia, donde es actualmente concejal por esa ciudad, electa por Juntos por el Cambio, fue amenazada durante una sesión en la que se opuso a la ocupación irregular de tierras, diciéndole que se merecía que le rompieran los dientes. Como referente del Pro que era, lamentaba los roces que existían en el mismo a nivel nacional, convencida de que había que “acompañar la gestión del presidente Milei. Es el cambio o el no cambio, porque la gente dio un mensaje en las urnas y es importante que se escuche ese mensaje”.
Tiempo después alertó sobre la desintegración del partido amarillo en su provincia: “Lastimosamente quedé como única representante. El Pro está en una discusión donde está viendo poco a las provincias. Yo puedo criticar y tener mis diferencias y hace mucho tiempo que con el Pro de Tierra del Fuego no pasa nada. Frente a una próxima elección, sería bueno que se active el mecanismo y funcione como partido político. Estaremos colaborando para que eso suceda”, advertía.
Ya a principios de este año anunció que el bloque que representaba en Ushuaia dejaba de llamarse JxC-Pro para pasar a denominarse “La Libertad Avanza”, espacio al que se pasaba. Lo anunció mostrándose en una fotografía junto a Agustín Coto y Patricia Bullrich.
Agustín Monteverde

Miembro del Jockey Club, fundador de la consultora Massot / Monteverde & Asoc, junto al empresario de medios Vicente Massot, es doctor en Economía y en 2006 fue ascendido a capitán de fragada, pese a ser civil, en reconocimiento por su vinculación e identificación con “los principios y objetivos fundamentales que animan el accionar del personal superior de la Armada”.
Secundó a Patricia Bullrich en la lista de LLA para senadores en CABA, mientras que en las elecciones de 2019 integró el equipo del Frente NOS que llevó como candidato a Juan José Gómez Centurión, de quien era su principal asesor económico. Se presenta como un defensor del liberalismo económico.
María Emilia Orozco

A poco de asumir cumplirá 37 años. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, ese título le sirvió para encabezar la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, donde se le cuestionó las pocas reuniones que tuvo: este año apenas dos veces se reunió, razón por la cual la oposición llegó a amagar con su desplazamiento de la presidencia.
Integrante del partido de Alfredo Olmedo, Ahora Patria, en el que arrancó como encargada de prensa de la campaña para gobernador en 2019, y fue concejal por ese partido. Orozco es una de las espadas más filosas de La Libertad Avanza, partido al que se alió formalmente cuando en junio de 2023 firmó como candidata a diputada nacional en primer término por Ahora Libertad, la versión salteña por entonces de La Libertad Avanza.
Junto a Olmedo organizó durante esa campaña electoral un polémico sorteo diario de cien dólares.
El 26 de octubre pasado encabezó la lista de La Libertad Avanza para senadores que terminó imponiéndose, por lo que el oficialismo nacional se alzó allí con las dos bancas por la mayoría.
Lorena Villaverde

Lorena Villaverde
Nacida en San Antonio Oeste hace 51 años, María Lorena Villaverde fue electa diputada nacional en 2023 y es otra de las que este año pega el salto a la Cámara de Senadores por parte de La Libertad Avanza.
Madre de dos hijas, no concluyó la carrera de contadora pública. Se define como emprendedora, habiéndose destacado en áreas como el marketing turístico, logística portuaria, distribución de combustibles, desarrollos inmobiliarios y construcción comercial en Río Negro y Buenos Aires.
Se sumó a La Libertad Avanza en 2023, elecciones en las que fue candidata a intendenta de Las Grutas, para ser luego electa diputada nacional. En la Cámara baja llegó a presidir la Comisión de Energía.
Llega al Senado envuelta en mucha polémica, en razón de situaciones judiciales que llevaron a la oposición en el Senado a resistir su asunción en esa Cámara. Fundamentalmente por dos causas que le abrieron en Estados Unidos, vinculadas con la venta de drogas. Las causas fueron cerradas, pero le revocaron la visa. En Argentina tuvo denuncias que la involucraron con el lavado de dinero, fraudes inmobiliarios y venta irregular de terrenos, pero ella exhibe como respuesta un certificado de buena conducta con fecha de este año que la muestra “limpia”, al menos en nuestro país.
Los senadores que continúan
Bartolomé Abdala

El senador puntano es contador público nacional y presidente provisional del Senado. Su primer cargo público lo desempeñó entre 2008 y 2009, en el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, encabezando el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de San Luis.
Fue diputado provincial entre 2013 y 2021 por Compromiso Federal primero y luego por Cambiemos. Como dirigente deportivo, presidió la Liga Sanluiseña de Fútbol.
En una entrevista con TN el 5 de septiembre de 2024, admitió que 13 de sus 20 asesores del Congreso estaban trabajando en su campaña para la gobernación de San Luis. “Tengo más de 15 asesores, muchos en San Luis; mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener vivo el territorio. Son mis módulos”, dijo entonces generando gran polémica.
Carmen Alvarez Rivero

Casada y madre de cuatro hijos, la actual senadora cordobesa es empresaria, docente y analista de sistemas. Ingresó a la Cámara alta en 2021, a través de las listas de Juntos por el Cambio, secundando a Luis Juez, quien la convocó a sumarse a la política, e integró el bloque Frente Pro hasta que en noviembre pasado se incorporó a La Libertad Avanza, oficialismo al que le votó todo en estos dos años, diferenciándose muchas veces con el bloque que entonces integraba.
En el ámbito empresarial, fue presidenta y directora de Proyectos en la Fundación Civilitas, y directora comercial de Senior Consulting desde 2015.
En la Cámara alta presidió estos años la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, participando además de la Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social.
Fue protagonista de numerosas controversias, sobre todo la que se dio durante el debate por la Ley de Emergencia Pediátrica, cuando expresó: “Yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado”. Palabras que fueron interpretadas como un cuestionamiento al derecho universal de acceso a la salud, lo que generó un fuerte repudio de senadores como Lucía Corpacci, Guadalupe Tagliaferri y Martín Lousteau, quienes le recordaron la Constitución y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Como respuesta, Álvarez Rivero argumentó que la salud es competencia provincial y que el financiamiento nacional del Garrahan genera “ineficiencia y superposición de funciones”, aunque pidió disculpas “si mi frase ha sensibilizado a padres y pacientes”.
Ivana Arrascaeta

De perfil bajo, Ivana Arrascaeta es senadora nacional por la provincia de San Luis desde 2023. Se la vinculó en el inicio de su gestión con posibles irregularidades en afiliaciones al partido, tras presentarse listas con firmas de personas fallecidas o empleados públicos.
Recibió críticas por su baja participación legislativa y por operar bajo la influencia de su esposo, el empresario Rodolfo Negri, señalado como el verdadero poder detrás de su banca.
Ezequiel Atauche

De origen empresarial, fue el presidente del bloque de senadores oficialistas durante la primera mitad de la gestión mileísta, hasta la llegada de Patricia Bullrich al Senado, quien quedará a cargo de esa bancada.
Licenciado en Marketing por la Universidad Católica de Santiago del Estero; obtuvo un título en Desarrollo Inmobiliario de la Universidad Blas Pascal, y completó un MBA en la Universidad Torcuato Di Tella.
Desarrolló múltiples emprendimientos en los sectores de inmobiliaria, construcción, transporte, minería, software y agroindustria, fundando empresas como Tecnoblock, Meet Go On y EA Desarrollo Inmobiliario.
Presidió durante estos dos años la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, y fue elegido Premio Parlamentario 2024 en su primer año en la banca. En su primer año presentó 45 proyectos (21 de ley), incluyendo reformas al régimen de promoción de la economía del conocimiento, con foco en criptominería y blockchain.
Vilma Bedia

Bastante prolífica en materia de proyectos, es secretaria de las comisiones de Turismo y de la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es pastora evangélica, y tuvo cuestionamientos cuando a mediados de su primer año en el Senado se difundió que había contratado en el Senado a sus tres hijos, un hermano, una sobrina y a su cuñada.
En tiempos de pandemia, mostró su oposición a la vacunación contra el Covid-19. En varios temas controvertidos en los que su bancada votó en contra, se ausentó en las votaciones.
Bruno Olivera Lucero

Representante de San Juan en el Senado, tiene 38 años y es contador y empresario. Como tal, es dueño de una franquicia de gimnasios en su provincia. Ejerció en la actividad privada el cargo de auditor interno, liderando equipos de control de gestión.
Se metió en política en 2017, como contador del partido Acción por una Democracia Nueva.
En el Senado, impulsó un proyecto para que la instrucción financiera sea obligatoria en la escuela secundaria. Firmó el plan de aumento de dietas de senadores, aunque luego declaró haberse equivocado.
Al defender la reforma laboral, sostuvo que “si a algún trabajador no le cierra, puede conseguir otro empleo”.
Juan Carlos Pagotto

Recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, es propietario del estudio jurídico Pagotto & Asociados. Procurador y abogado, tenía experiencia política antes de llegar al Senado, pues fue constituyente entre 1985 y 1986. Hoy preside la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
Pagotto es menemista, al punto tal de resaltar de Javier Milei que “es el único que reivindica la obra de gobierno de Carlos Saúl Menem”, y sostiene que “la Argentina estuvo entre los primeros lugares del proyecto mundial en el gobierno de Menem”.
En 2013 participó en el juicio llevado a cabo por la Cámara Federal de Córdoba por las apelaciones a los procesamientos en una causa en la que se encontraban imputados, entre otros, Jorge Rafael Videla y Luciano B. Menéndez, y actuó como defensor del exjuez federal de La Rioja Roberto Catalán y de Roberto Ganem. En ese marco, dijo que todas las fuerzas de seguridad estaban bajo las órdenes de las fuerzas armadas y al juez que él defendía se le comunicaba la detención una vez que ya estaba hecha. En ese contexto se preguntó cómo se le podía endilgar a alguien la privación ilegal de la libertad cuando al juez ya le llegaban detenidos. Sobre Ganem, dijo que era un simple oficial escribiente y aseguró que no existían pruebas en contra de él, por lo que solicitó la nulidad de la resolución.
También defendió al ex oficial de la Armada Angel Ricardo Pezzetta, acusado por el asesinato de dos curas.
Dice que siempre militó en el justicialismo, partido al que acusa de haber sido un gran expulsor de militantes. Se siente “muy identificado con Milei” y definió en su momento a Patricia Bullrich como “la montonerita buena”.
Francisco Paoltroni

Arrancó con el pie izquierdo en el Senado, cuando fue anunciado originalmente como presidente provisional del Senado, aunque luego el cargo quedó para el puntano Bartolomé Abdala. El oficialismo lo compensó con la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero no tardó en mostrar diferencias en su bancada, distanciándose públicamente de Santiago Caputo, con fuertes críticas al nombramiento de Ariel Lijo en la Corte. Eso derivó en su expulsión de La Libertad Avanza, por lo que formó el monobloque “Libertad, Trabajo y Progreso”.
Es el quinto de seis hermanos, hijo de una familia de pequeños productores agropecuarios. Cursó Ingeniería Agrónoma en la Universidad Nacional del Centro y en la extensión de La Plata, sin poder finalizar por dificultades económicas. Posteriormente obtuvo títulos de martillero público, tasador y corredor de comercio en la Universidad Nacional del Litoral.
Fundó cuatro empresas agropecuarias en Formosa: Los Angelitos SRL, Ganaderos de Formosa SRL, CSI SRL, El Divisadero SRL.
En 2021 fundó el partido Libertad, Trabajo y Progreso para enfrentar al gobernador Gildo Insfrán en Formosa. El mandatario de su provincia es su obsesión y no hay discurso en el Senado en el que no lo incluya.
Antes de las elecciones había comenzado a restablecer la relación con el oficialismo, volviéndolo a acompañar en las votaciones, y finalmente regresó al bloque libertario, calificando su salida del bloque como “momentánea”. En sus palabras, “fue una amarilla en el rugby”.
Este viernes la Cámara alta recibirá a los nuevos senadores y tomará juramento, pero no habrá designación de autoridades. El reglamento establece que esas definiciones se realizan en la sesión preparatoria de febrero; lo que sí habrá será un fuerte debate sobre la validación del título de Lorena Villaverde.
Parafraseando a Mauricio Macri, el legislador libertario dijo algo así como que “somos el cambio o no somos nada”, en referencia a las intenciones con las que llegan los nuevos miembros de la Cámara alta a ese cuerpo donde La Libertad Avanza fue una minoría muy extrema, pero a partir del 10 de diciembre tendrá otra musculatura. Y la referencia puntual hecha a parlamentario.com tenía que ver directamente con las autoridades de la Cámara alta, que piensan renovar para el próximo período.
Puntualmente se refería a la presidencia provisional del Senado y a la secretaría administrativa, vacante que Victoria Villarruel quería cubrir antes del recambio legislativo, mas para ello necesitaba que se hiciera una sesión que no pudo ser.
Pero esas designaciones no serán este viernes 28 de noviembre. Para aquellos que todavía albergan alguna duda, cabe aclarar que el reglamento del Senado establece claramente en su artículo 1° que “el 24 de febrero de cada año o el día inmediato hábil anterior en caso que sea feriado, se reúne el Senado en sesiones preparatorias a fin de designar autoridades y fijar los días y horas de sesiones ordinarias, los que pueden ser alterados por decisión de la Cámara”. El artículo 2° se refiere a la elección de las autoridades de la Cámara y precisa que “acto continuo la Cámara hará sucesivamente y por mayoría absoluta la elección de un presidente provisional para que la presida
en los casos determinados en el artículo 58 de la Constitución, un vicepresidente, un vicepresidente 1º y un vicepresidente 2º.
Está claro que ese procedimiento no es el que tendrá lugar este viernes, ya que la Cámara no ha sido convocada para adelantar su sesión preparatoria, aunque ello bien podría haber sucedido, tal cual aclaró una fuente consultada por este medio: “Nada quita que si logran una mayoría y consenso, se haga todo en la preparatoria de diciembre”, planteó en esa oportunidad, respecto de algo que no ha sucedido.
Lo que pasará este viernes tiene que ver con el artículo 7° del reglamento, que dice que “el 29 de noviembre de cada año de renovación de la Cámara, o el día inmediato hábil anterior si fuera feriado, se reúne el Senado para incorporar a los senadores electos que han presentado título otorgado por la autoridad competente y para expedirse sobre los títulos de los electos como suplentes”.
Así las cosas, como es una sesión de incorporación de los senadores, no se puede hacer otra cosa. De tal manera, los senadores electos van a conformar el quórum -no pueden votar sobre su propio título- y a continuación prestarán juramento.
Aunque previamente se deberá resolver la validación del título de la rionegrina Lorena Villaverde. El mismo artículo 7° citado es el que aclara que el juramento será para todos los senadores electos, “salvo aquellos impugnados por: a) Un partido político organizado en el distrito que lo eligió; b) Quien ha sido votado en la misma elección; c) Un senador o una institución o particular responsable a juicio del Senado que impugnen al electo por falta de cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 55 de la Constitución Nacional”.
El reglamento precisa que los títulos deben pasar por la Comisión de Asuntos Constitucionales, o la Especial de Poderes designada a tal efecto cuando no está constituida, cosa que sucedió, y luego el dictamen “puede considerarse en sesiones preparatorias”.
“La aprobación de los títulos de los electos como suplentes no obstará a que, en la eventual oportunidad de su incorporación, se examine y se juzgue por el cuerpo cualquier circunstancia sobreviniente relativa al cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos por el artículo 55 de la Constitución Nacional”, indica el reglamento.
El artículo 8° señala que los senadores electos forman quórum para la consideración de sus títulos, pero en referencia al rechazo a los electos, el artículo 9° indica que “cuando alguno de los electos sea rechazado, el presidente del Senado lo comunicará al Poder Ejecutivo Nacional, a los gobiernos de provincia y de la ciudad de Buenos Aires, según corresponda, a los efectos de la nueva elección”.
El vacío reglamentario en torno al que girará la discusión de este viernes tendrá que ver conque no se indica en el citado artículo cuántos votos son necesarios para el rechazo. Hay quienes sostienen que por tratarse de un legislador que tiene fueros, debe ser rechazado por los dos tercios, en tanto que desde la otra parte de la biblioteca sostienen que “mayoría simple alcanza”. Será seguramente el debate sobre el que va a girar la discusión de este viernes en el Senado.
No se descarta que este jueves haya una reunión de Labor Parlamentaria a los efectos de clarificar las características de la sesión del día siguiente. Se verá.
La salteña Pamela Caletti presentó un proyecto que incorpora al derecho sucesorio argentino la transmisión de bienes digitales, desde criptomonedas y cuentas online hasta perfiles en redes sociales, garantizando la protección de herederos y el respeto por la voluntad del causante.
La diputada nacional por Salta Pamela Calletti presentó un proyecto de ley que busca regular la transmisión de bienes digitales tras el fallecimiento de una persona, incorporando al derecho sucesorio argentino una realidad cada vez más presente: el patrimonio digital.
La iniciativa establece que tanto los bienes digitales materiales (dispositivos que alojan información) como los inmateriales (cuentas, archivos, criptomonedas, redes sociales, licencias digitales, entre otros) integrarán el acervo hereditario del causante, salvo disposición contraria en testamento. Para ello, se prevé la creación de un Registro de Testamentos de Bienes Digitales, donde se inscribirán las voluntades expresas del titular.
Entre los puntos centrales, el proyecto de la diputada de Innovación Federal garantiza a los herederos el derecho a acceder, gestionar, administrar, transferir o eliminar los bienes digitales, respetando la voluntad del causante. Además, las condiciones impuestas por proveedores de servicios no podrán contradecir las instrucciones testamentarias. Se incorpora también la figura del gestor digital, designado mediante escritura pública, para administrar estos activos en caso de incapacidad o fallecimiento.
Calletti fundamentó la propuesta en la necesidad de proteger derechos patrimoniales y personales en la era digital, donde los activos intangibles —desde criptomonedas hasta perfiles en redes sociales— tienen valor económico, cultural y sentimental. “El siglo XXI consolidó la era de la información y la conectividad, y hoy el legado digital es parte inescindible del patrimonio de cada persona”, señaló.
El proyecto toma como antecedente la normativa de la Comunidad Catalana (Ley 10/2017) sobre voluntades digitales y busca armonizar con el sistema jurídico argentino, garantizando la transmisión legal y segura de estos bienes, así como el respeto irrestricto por la voluntad del causante.
De aprobarse, la ley entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial y el Poder Ejecutivo tendrá 180 días para su reglamentación.