Familiares de víctimas de mala praxis e integrantes de la comunidad médica se movilizan este martes a la Plaza del Congreso para reclamarle al Senado de la Nación que trate y apruebe la “Ley Nicolás”. Se trata de un proyecto de ley de seguridad y calidad sanitaria, que cuenta con media sanción de Diputados.

Si este proyecto no se sanciona este año, perderá estado parlamentario.

La movida es encabezada por la organización “Por la vida y la salud, por vos, por mí y por todos”, y estará presente el diputado radical Fabio Quetglas, coautor del proyecto de ley que obtuvo media sanción el año pasado.

El proyecto fue aprobado en la Cámara baja en la sesión del 7 de diciembre de 2023, tres días antes del recambio legislativo. La iniciativa cosechó 149 votos afirmativos y 1 abstención de Ricardo López Murphy. El texto resultó de la unificación de los proyectos de los diputados Quetglas y Mónica Macha y fue el último tema que esa composición de la Cámara alcanzó a aprobar en forma exprés y sin debate, debido a que se trataba de un proyecto muy consensuado.

La iniciativa tiene por finalidad “asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”.

De acuerdo con el proyecto, todas las instituciones proveedoras de servicios de salud, públicas o privadas, deberán cumplir con esta ley. A su vez, estas entidades tendrán que “dotar a su organización de los medios que permitan: establecer protocolos de actuación del personal de salud, tendientes a la prevención de daños evitables; diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente, para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas”, entre otros puntos.

También se establece que “la autoridad de aplicación debe implementar un Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), con el objetivo de registrar todo evento centinela, así como los resultados de la investigación de los mismos”.

Entre otros aspectos, adhiere al Día Mundial de la Seguridad del Paciente, instituido el 17 de septiembre de cada año, “con el objetivo de promover una agenda que busque generar la cultura de la seguridad en el diseño y la prestación del servicio de salud”.

La propuesta recibió el nombre de “Ley Nicolás” en referencia al caso del joven Nicolás Deanna, quien falleció en 2017 cuando le dieron un diagnóstico errado y en realidad padecía una meningitis bacteriana.

Entre las repercusiones acerca de la cadena nacional para la presentación que realizó el presidente Javier Milei del Presupuesto 2025 en el Congreso este domingo, una de las más importantes tuvo que ver con la baja que se registró en el rating de los canales de TV abierta desde el momento en que comenzó la transmisión. Pero en las mediciones por Youtube para los canales más importantes de la Argentina, el fenómeno se dio a la inversa, con números positivos.

Según un relevamiento que realizó la consultora Rating Streaming en base a los videos en vivo en Youtube Argentina de TN, LN+ y C5N durante la cadena nacional, los números fueron sensiblemente mejores que los que se habían registrado durante los dos domingos anteriores, el 1° y el 8 de septiembre. Y además, en todos los casos fueron aumentando las visualizaciones a medida que la cadena nacional avanzaba.

En todos los casos, se compararon las visualizaciones de este domingo en cada canal contra el número más alto de los dos domingos previos en ese mismo horario. En el caso de TN, a las 20.55, cuando estaba por comenzar la cadena, hubo 59.878 visualizaciones, un 46,2% más que el mayor registro anterior. Y ya en el cierre, a las 21.45, el número ascendía a 90.454, con un diferencial positivo de 140,9%.

Algo similar ocurrió en LN+, donde cabe aclarar que la comparación se realizaba también contra el 1°, cuando la señal emitió un reportaje a Javier Milei. A las 20.55, las visualizaciones eran 51.929 (38,3% de diferencial positivo contra el 1° de septiembre), y ya a las 22 ascendían a 71.832 (81%).

En el caso de C5N, la comparación es con respecto al 8 de septiembre y el resultado es similar. A las 20.55, con 24.756 visualizaciones este domingo, se registró un incremento de 39,9% en relación a la medición anterior. Ya en el cierre, a las 22, con 34.168, el diferencial positivo escaló a un 59,2% para la transmisión de la cadena nacional.

Vacante desde hace al menos dos décadas, la titularidad del Centro de Estudios Federales del Banco Provincia estará cubierta a partir de ahora por el exgobernador del Chaco Jorge Capitanich. Tal designación suscripta por el titular de la entidad, Juan Cuattromo, y avalada por el gobernador Axel Kicillof, motivó un pedido de informe del senador provincial del Pro Alex Campbell.

El legislador pide un pormenorizado informe sobre la designación del ex jefe de Gabinete nacional, entre otras cosas sobre qué función concreta tendrá la flamante designación, los motivos de su elección y puesta en funcionamiento; como así también si tendrá estructura a su cargo.

Puntualmente quiere saber Campbell si es cierto que Jorge Capitanich percibirá en su nueva designación un monto mensual de 15 millones de pesos. De no ser así, que indique con precisión el monto exacto.

La información de la designación de Capitanich trascendió a través de una nota del periodista Luciano Román publicada en el diario La Nación, a partir de lo cual el legislador provincial considera “inadmisible que la provincia de Buenos Aires sea un aguantadero con sueldos millonarios para la política. Peor aún en el caso de Capitanich, a quien todos recordamos tristemente por el caso Cecilia Strzyzowski; donde el clan Sena trabajó durante años en la estructura territorial del ex gobernador de Chaco percibiendo montos siderales”.

“Con una Provincia deficitaria en materia de educación, trabajo, salud; con escuelas y hospitales que se caen a pedazos, con sueldos paupérrimos de los médicos, con IOMA estallada donde los afiliados no pueden hacer un correcto uso de sus prestaciones, ¿en serio los bonaerenses debemos financiar estos puestitos millonarios para los amigos de Kicillof que pierden elecciones?”, se preguntó Alex Campbell en el proyecto presentado.

Desde el atril desde donde habló el pasado 1° de marzo, en oportunidad de la apertura de sesiones ordinarias, el presidente de la Nación, Javier Milei, expone desde las 21.10 ante el recinto de la Cámara de Diputados. Lo escuchan diputados, senadores, funcionarios y público invitado para la presentación del proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2025.

Este es el primer proyecto que presenta su administración, dado que el correspondiente al presente año nunca lo presentó, prorrogando en cambio el Presupuesto 2023. Y es la tercera presentación que hará Milei en el Congreso desde que es presidente, saliéndose de todo protocolo.

La primera fue cuando la asunción, cuando tras recibir los atributos presidenciales, en lugar de hablar ante la Asamblea Legislativa lo hizo en las escalinatas del Congreso, a la gente convocada para escucharlo.

La segunda fue en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo pasado, cuando decidió que fuera un acto nocturno y se presentó entonces a las 21. Además, no habló desde el estrado donde se ubican las autoridades de las cámaras, como se acostumbra, sino desde un atril ubicado delante del mismo.

Más allá de las presencias y ausencias en esta reunión sin antecedentes, el interés está puesto en lo que vaya a decir Milei. Hay gran expectativa al respecto, pero se confirmó en las horas previas que no habrá anuncio de baja de impuestos. El dato corrió por cuenta de un integrante del equipo que acompaña a Luis Caputo en el Ministerio de Economía, que salió a negar ese rumor que tomó fuerza en las últimas horas.

En efecto, Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), conductor del nuevo ciclo de streaming de la cartera, posteó este domingo por la tarde que “no hay ningún anuncio de ese tipo”, en referencia a una supuesta información que se había viralizado respecto de un “anuncio espectacular en materia fiscal” para este domingo por la noche.

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Tal cual le pedían, Javier Milei le puso el cuerpo a las negociaciones. Aunque lo fastidia hacer política, participó de encuentros sucesivos con diputados y senadores, y los resultados fueron bastante aceptables. Estuvo cerca de coronar una semana casi perfecta, pero… pasaron cosas, y el Gobierno terminó con un sabor agridulce. Pudo ser peor.

Habíamos dicho que la administración mileísta se encaminaba a vivir otra semana negra en el Congreso; entre miércoles y jueves podría acumular tres derrotas contundentes, sino cuatro. La cuarta -improbable pero posible- era la aprobación de la Boleta Única de Papel, que podía fracasar por desaveniencias en el seno de una mayoría que la vicepresidenta forjó en diciembre pasado, pero se le desordenó en el verano.

Los otros tres temas eran los que concentraban toda la atención del oficialismo, que arrancó la semana reuniendo a los aliados más cercanos de la Cámara baja en la Casa Rosada. Esta vez sin el presidente, pero con la presencia de El Jefe, Karina Milei, ocupando el rol de Guillermo Francos, que el domingo debió ser internado por una indisposición que todos vincularon a la malasangre que se hizo por la desautorización pública que no pudo digerir con el tema del decreto sobre Acceso a la Información.

Al día siguiente Milei sí estuvo en el encuentro sorpresa que encabezó con cinco miembros del bloque radical de Diputados. Una reunión en Casa Rosada donde tampoco estuvo Francos -aún recuperándose-, pero sí Karina y Patricia Bullrich, lo que dio lugar a muchas interpretaciones sobre un rol distinto de la ministra de Seguridad en esta gestión. En rigor, ella fue clave para concertar esa reunión con radicales que le son cercanos desde la interna salvaje que ella protagonizó con Horacio Rodríguez Larreta. Al lado de Bullrich se sentó en la Casa Rosada su excompañero de fórmula, el hoy también ministro Luis Petri. La excandidata presidencial de JxC debió salir a aclarar luego que no estaba buscando el puesto de Guillermo Francos, pero terminó la semana con raspaduras como consecuencia de los excesos en la represión del miércoles en Congreso.

Ese encuentro resultó clave para el éxito oficialista en la sesión del miércoles en Diputados. Sobre todo porque allí estuvieron los cinco miembros del bloque UCR que votaron a favor del veto presidencial. Y cinco fueron los votos que tuvieron por arriba del tercio de los presentes, que según la asistencia a la hora de la votación se alcanzaba con 82 diputados: 87 fueron los votos que le aseguraron el éxito a La Libertad Avanza el miércoles. Son los “87 héroes” que Milei ahora quiere invitar a comer un asado para celebrar lo que algunos ya presentan como la alianza táctica “anti 2/3”; y algún exagerado considera el resguardo contra un juicio político.

Esa reunión resultó ser la contracara de una realidad que venía viéndose en los últimos tiempos en un oficialismo que en lugar de sumar estaba siendo expulsivo. Signado por insólitas y salvajes internas, los ya de por sí hiper reducidos bloques oficialistas de ambas cámaras se habían achicado más por expulsiones inéditas en los oficialismos, que suelen ser expansivos. En cambio la imagen del martes, con radicales sonrientes sacándose selfies con los libertarios, demostró ser una versión corregida de un gobierno que sigue siendo favorecido por las encuestas. La cual continuó exhibiéndose el viernes, con la incorporación formal a La Libertad Avanza del bloque de dos compuesto por Carolina Píparo y su cuñada, lo cual le permite al oficialismo recuperar la condición de segunda minoría de la Cámara perdida precisamente esta semana a manos del Pro, cuando el bloque de Cristian Ritondo sumó una diputada entrerriana en reemplazo de un radical que renunció para asumir un cargo en un ente binacional. Esa foto no lo tuvo al presidente, pero sí a su hermana, clave en este acuerdo, y al presidente de la Cámara Martín Menem.

Carolina Píparo y Lorena Macyszyn firmando su ingreso a La Libertad Avanza.

Hizo política el oficialismo estos días y eso se tradujo en un contundente triunfo el miércoles en Diputados, a pesar de que formalmente el resultado fue derrota en una votación en la que la oposición necesitaba dos tercios para rechazar el veto presidencial a la Movilidad Jubilatoria. Una ley que trabajosamente había conseguido la oposición con sendos triunfos por 2/3 en las dos cámaras, pero que ahora quedó en la nada.

Ese mismo miércoles, por la mañana, hubo otra foto en la Rosada, de nuevo con Milei en la cabecera, el regreso de Guillermo Francos y la novedad de Victoria Villarruel al lado del presidente (y en consecuencia sin Karina Milei, fuertemente distanciada de la vicepresidente). Sentados todos frente a ocho senadores de la oposición dialoguista, con quienes se intentó así revertir las dos derrotas que se anticipaban para el jueves.

Los senadores recibidos también en la Casa Rosada, con Milei en la punta de la mesa.

Hubo sonrisas en ese encuentro y al cabo de otra jornada marcada por las negociaciones en el Senado, el Gobierno creyó haber coronado un acuerdo que disipaba la posibilidad de la derrota que más los inquietaba por lo simbólico: por el DNU de los fondos reservados para la SIDE. Las partes creyeron tener garantizada la postergación de ese debate con la oferta de una sesión secreta a la que asistirían el titular de la SIDE, Sergio Neifert, y los ministros Bullrich y Petri. Allí les explicarían para qué necesitaban los cien mil millones de pesos pedidos a través del DNU, pero no repararon en que el reglamento de la Cámara establece la necesidad de contar con la aprobación de una mayoría de 2/3: artículo 18, inciso a) del reglamento del Senado que se ve que no leyeron… Obviamente el bloque Unión por la Patria no les concedió tener esa sesión, e inesperadamente el radicalismo se sumó para restituir el debate del decreto en el temario del jueves.

“Nos negamos a tener una sesión secreta acá, porque es una maniobra de dilación. Hay algunas cosas de las que nos damos cuenta; no somos tan despistados”, advirtió en su tono histriónico y punzante el senador José Mayans ya en la madrugada del viernes, a poco de una votación que arrojó una contundente derrota oficialista por 2/3, con todo lo simbólico que la misma tuvo: por primera vez en la historia, un gobierno vio rechazar un decreto de necesidad y urgencia.

El resultado, registrado a las 2.19 de la madrugada del viernes, marcó el cierre de una sesión que terminó con dos derrotas para el oficialismo y una victoria, la de la Boleta Única de Papel, que vuelve a Diputados. El otro traspié fue con la Ley de Financiamiento Universitario, que el viernes el presidente confirmó que vetará.

El rechazo al decreto de necesidad y urgencia graficado nombre por nombre. (Foto: Comunicación Senado)

Si a priori al Gobierno le hubieran propuesto ese resultado de dos traspiés -con Financiamiento y el DNU- y una victoria (pírrica, pero victoria al fin) con el veto presidencial, sin dudas hubiera firmado al pie. Pero sucede que el miércoles por la noche se engolosinaron y creyeron ver un escenario exitoso, pues la postergación del debate del decreto lo hubiera sido. La realidad es que el éxito obtenido al confirmar el veto presidencial con una ley del tenor de la previsional, debería ser valorada por el alcance simbólico. Con solo 37 diputados propios, lograron neutralizar los 2/3 sobre una ley de semejante peso.

Y de cara al debate por el veto inminente para el aumento para las universidades nacionales, fuentes radicales admitían el viernes que les sería aún más difícil frenar el veto, a pesar de tratarse de un tema tan caro para los miembros del radicalismo. “Si el Gobierno reúne a sus 87 héroes (ni siquiera a todos ellos) ya bloquea”, admitió con pesar una fuente del partido centenario consultada.

Sin pausa, el presidente coronará esta semana de protagonismo legislativo yendo personalmente a “la cueva de la casta”, para escenificar una inédita presentación del Presupuesto 2025. Será el primero de su gestión, luego de que el año anterior pactara con Sergio Massa liberarse del corset que esos textos imponen, que fue lo que en definitiva resultó de ese acuerdo entre ambos para que el Gobierno saliente demorara el debate sobre el tema.

Con presencia legislativa menguada y en consecuencia un escenario a priori favorable -solo concurrirán al recinto de la Cámara baja los legisladores menos confrontativos-, se espera el mensaje de un Milei más adentrado en su rol de economista, enfocado en su papel de ajustador en aras del déficit cero. Como el 1° de marzo, no se espera que hable de “ratas”, ni lance mayores exabruptos, pero no será contemplativo con quienes deberán resolver sobre el Presupuesto. Al cabo, no utilizará el prime time para desairar a su audiencia más fiel. Atento a los tiempos que corren, ya no estará pendiente de votos que deba reunir, sino de los puntos de rating que tendrá. Con la ayuda de una cadena nacional como reaseguro de audiencia.

En un nuevo evento disruptivo protagonizado por él en el Congreso, el presidente de la Nación, Javier Milei, asistirá este domingo a partir de las 21 a la Cámara de Diputados, para encabezar la presentación que él hará del proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2025.

Será el primer proyecto que presenta su administración, dado que el correspondiente al presente año nunca lo presentó, prorrogando en cambio el Presupuesto 2023. Y será la tercera presentación que hará Milei en el Congreso desde que es presidente, saliéndose de todo protocolo.

La primera fue cuando la asunción, cuando tras recibir los atributos presidenciales, en lugar de hablar ante la Asamblea Legislativa lo hizo en las escalinatas del Congreso, a la gente convocada para escucharlo.

La segunda fue en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo pasado, cuando decidió que fuera un acto nocturno y se presentó entonces a las 21. Además, no habló desde el estrado donde se ubican las autoridades de las cámaras, como se acostumbra, sino desde un atril ubicado delante del mismo.

El atril que volverá a usar el presidente Javier Milei.

Allí se parará otra vez este domingo para exponer ante los legisladores sobre el primer proyecto de Presupuesto que envía al Congreso, que hará eje en el mantenimiento a rajatabla del déficit cero. Si bien había trascendido que su discurso sería “muy largo”, fuentes de la Casa Rosada relativizaron esa posibilidad y sugirieron que el discurso se extendería entre 30 y 40 minutos. Recordemos que el discurso de apertura de las sesiones ordinarias fue de 70 minutos.

En este caso, no se tratará de una asamblea legislativa, sino tan solo de un acto protagonizado por el presidente, en el recinto de la Cámara de Diputados. Eso no quita que el acto no vaya a ser presidido por los presidentes de ambas cámaras, aunque se da por descontado que a diferencia de las presentaciones habituales del presidente no se conformen comisiones de diputados y senadores que vayan a recibirlo. Según trascendió, en lugar de esas comitivas, recibirán al presidente las autoridades de ambas cámaras y los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de Diputados y el Senado, José Luis Espert y Ezequiel Atauche.

Los senadores están invitados a participar de la exposición del presidente. El bloque de Unión por la Patria ya adelantó que no concurrirán. Lo expresó su presidente, José Mayans, que dijo que “lo que corresponde cuando se hace la presentación del Presupuesto es que venga el ministro de Economía y el secretario de Hacienda. Milei va a hacer un show, hablando de déficit cero, tirando los números que tira y la fabulación que tiene”. Y aclaró que no querían hacerle de público “y que encima nos insulte”.

Tampoco asistirán los diputados de la izquierda, que señalaron que no irán a “un acto de este Gobierno ajustador y represor. Quieren que seamos actores de reparto de la mala serie de Milei, no vamos a ser parte de su circo”.

Uno de los diputados de la izquierda contó a parlamentario.com que cuando analizaron qué hacer, evaluaron la posibilidad de llevar carteles, pero luego desistieron de hacerlo y de ir, “porque las cámaras ni nos iban a mostrar”.

El bloque de Unión por la Patria de diputados no confirmó si concurrirán a la presentación, pero lo harían miembros de la Comisión de Presupuesto, en tanto que desde el radicalismo expresaron que irán las autoridades y miembros de Presupuesto y Hacienda.

Del bloque Encuentro Federal, el presidente del mismo, Miguel Pichetto, confirmó que asistirá, pero hay libertad de acción para el resto de su bloque sobre si estar o no este domingo en el recinto. Nicolás Massot ya adelantó que no iría en su intervención del miércoles en el recinto.

Obviamente los bloques oficialistas estarán completos en el recinto, cosa que se espera también con los integrantes del Pro, los aliados más cercanos.

Paralelamente, el paro de Aerolíneas complicó los desplazamientos de los diputados del interior, muchos de los cuales no podrán llegar a Buenos Aires a pesar de querer hacerlo. Para otros, será una buena excusa.

Más allá de las presencias y ausencias, el interés estará puesto en lo que vaya a decir Milei, quien demás está decir que no estaba obligado, como ningún funcionario, a concurrir al Congreso a hablar del Presupuesto. Lo único que establece la Ley de Administración Financiera es que el proyecto de presupuesto del año venidero debe ser presentado a más tardar el 15 de septiembre, y esa es la razón por la que el presidente se hará presente este mismo domingo.

No se informó si paralelamente se difundirá el texto del proyecto, aunque todo parecería indicar que eso quedaría para el día siguiente. Lo que vaya a conocerse del Presupuesto 2025 este domingo será lo que diga el primer mandatario.

Otra gran incógnita es el cronograma de trabajo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde no se sabe si durante la semana concurrirá el ministro de Economía, Luis Caputo, para exponer sobre el Presupuesto y responder preguntas, como es de uso y costumbre. Dado el recelo que “Toto” Caputo tiene para con el Congreso, muchos legisladores sospechan que concurrirán otros funcionarios de Economía para exponer sobre el tema, pero no él.

No se conoce aún el cronograma de trabajo en la Comisión de Presupuesto.

Lo que también buscarán articular es el trabajo de diputados y senadores, para evitar que lo que vayan a aprobar los diputados sufra modificaciones en el Senado. Por eso ya se han reunido para coordinar los presidentes de las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras.

A propósito de ambos, había trascendido que posteriormente a la presentación del presidente en el Congreso, el diputado Espert y el senador Atauche darían una conferencia de prensa, acompañados por Manuel Adorni, pero esa versión fue desechada. Nada debe quitarle protagonismo a la presentación presidencial.

Tampoco es seguro que las expectativas de un tratamiento “en espejo” entre Diputados y el Senado vaya a resultar exitoso esta vez. Ya se vivió con la Ley de Bases, donde no hubo tal trabajo conjunto. Pero sí se percibió que dada la condición minoritaria extrema de La Libertad Avanza en la Cámara alta les será muy difícil evitar que senadores de los demás partidos quieran producir modificaciones. Se comprobará muy pronto.

La diputada de la izquierda Vanina Biasi presentó un proyecto exigiendo la destitución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; su segunda, Alejandra Monteoliva, y el comisario jefe de la Policía Federal, por “la brutal represión del miércoles, en la que gasearon a una niña de 10 años y luego quisieron armar un operativo de encubrimiento y engaño al pueblo sobre las responsabilidades de lo sucedido”.

Para Biasi, “no puede quedar impune la brutalidad con la que reprimieron a niños y jubilados”, por lo que llamó a “reforzar la movilización” y luchar por echar a la ministra de Seguridad.

El proyecto de resolución fue acompañado por sus pares Mónica Schlotthauer, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Alejandro Vilca, y apunta al comisario general Luis Rolle, como así también al comisario mayor de la PFA Gerardo Ariel Perillo Scarpini, “a cargo del descomunal operativo reprsivo desplegado el día miércoles 11 de septiembre contra manifestantes en los alrededores del Congreso, donde la Policía roció con gas pimienta a una niña de 10 años ensañada y repetidamente en el rostro y fueron agredidos otros niños y adolescentes junto con decenas de manifestantes”.

Entre otras cosas piden también informar sobre costos del operativo y datos del policía que fue captado por videos rociando a la niña.

Mónica Schlotthauer, diputada nacional por Izquierda Socialista en el FIT Unidad, explicó los motivos por los que no concurrirá este domingo al Congreso cuando hable Javier Milei lo mismo que todo el Frente de Izquierda Unidad. “Ya lo conocemos a Milei. Va al Congreso a exponer el presupuesto 2025 de brutal ajuste para generar más pobreza, saqueo y entrega al FMI y a los grandes empresarios y multinacionales. No lo vamos a avalar con nuestra presencia, que vayan sus amigos”.

Schlotthauer agregó una nota de color: “Milei tiene bastantes problemas. Hasta Karina Milei le pidió a Susana Giménez que no inaugure su ciclo de programas este domingo a la misma hora de su discurso”.

Schlotthauer finalizó adelantando que “Milei va a reiterar que recorta las jubilaciones y a las universidades diciendo que “no hay plata”. Es un mentiroso. Plata hay. Pero la destina a pagar la fraudulenta deuda externa, mientras les rebaja impuestos a los ricos, a las multinacionales del saqueo con el RIGI y ya usó parte de los 100 mil millones que le dio a la SIDE. No vamos el domingo y llamamos a seguir batallando contra la motosierra de Milei. Que se vaya la represora Patricia Bullrich. Y por la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda que solo desde el Frente de Izquierda postulamos”.

En el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por iniciativa de la legisladora Aldana Crucitta (UCR/Evolución) y de la Red Argentina por la Adopción, se llevó a cabo la Jornada “Adoptar es Alumbrar” que  en el marco del Día de la Adopción, que se celebra todos los 15 de septiembre, tuvo como objetivo visibilizar y concientizar sobre el proceso de adopción en nuestro país.

La diputada Aldana Crucitta tuvo a su cargo las palabras de inicio y cierre del evento y destacó: “Es importante abogar por un cambio de paradigma a través del cual pensemos la adopción como una herramienta valiosa de restitución de ese derecho tan fundamental que tienen las infancias, el de vivir en familia y en un ambiente sano que satisfaga sus necesidades, por sobre la idea de que solo sea una alternativa para los adultos que desean formar una familia”.

Luego de las palabras de bienvenida de la diputada Crucitta, la jornada se desarrolló en diferentes paneles en los cuales se abordó el proceso de adopción de manera transversal y transdisciplinaria: el rol fundamental de las ONGs en el proceso de adopción, el poder de los medios de comunicación a la hora de desterrar mitos y visibilizar esta política pública, testimonios personales de madres, padres, hijas e hijos durante el proceso y la visibilización de la adopción de niñas y niños con discapacidad.

Por su parte, la directora de la Red Argentina por la Adopción, Natalia Florido, hizo especial hincapié sobre la importancia de educarse e informarse sobre este proceso. “Cuando nos educamos, la adopción se naturaliza. Al naturalizarse, empezamos a hablar más y mejor sobre ella. Y cuando hablamos más y mejor, comenzamos a comprender y empatizar. Esa comprensión y empatía nos permite llegar a muchas vidas, transformarlas y darles un nuevo comienzo”.

Al finalizar el encuentro, que además contó con la presencia y el acompañamiento de diferentes Fundaciones y ONGs (Anidar, Diversa Tu mente y autoras de libros sobre la temática como Eugenia Cabo y Adriana Tucci) se presentó el musical “La Única Manera”, interpretado por personas con discapacidad quienes a través de la música logran expresarse y desarrollar un proceso de superación.

A las 2.19 de la madrugada del viernes 13 de septiembre se concretó un hecho histórico: por primera vez en la historia argentina, el Congreso de la Nación rechazaba un decreto de necesidad y urgencia emitido por un Gobierno.

Fue el Senado el lugar donde se concretó ese hecho, con 49 votos contra el DNU que asignaba fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado, 11 a favor del mantenimiento del mismo y 2 abstenciones. Previamente, la Cámara de Diputados había hecho la primera parte del trabajo rechazándolo también, con 156 votos contra 52 y 6 abstenciones.

Estaba escrito que si alguna vez se rechazaba un decreto de necesidad y urgencia, el principal favorito para sufrir ese traspié era el actual gobierno, el más débil numéricamente hablando en el Congreso de la Nación.

Se equivocan aquellos que piensan que los DNU son herramientas ideales para ser utilizadas por los gobiernos con minorías legislativas. Por el contrario, la ley pergeñada por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner en 2006 fue hecha así para favorecer a los poderes ejecutivos en general, pero particularmente a aquellos que tienen mayorías legislativas. O aquellos capaces de resistir al menos en una de las dos cámaras embates de la oposición de turno para voltear esos decretos.

Que le pregunten sino a Mauricio Macri, o a sus principales espadas legislativas, lo mucho que debieron batallar para resistir la presión para que esa administración sufriera un revés de esas características. Anoticiado del dato, más de una vez el Gobierno de Cambiemos debió volver sobre sus pasos con un decreto de necesidad y urgencia ante la enconada resistencia de la oposición.

Los decretos de necesidad y urgencia son instrumentos que permiten a los gobiernos legislar en circunstancias muy excepcionales. Una vez promulgados, el Congreso tiene atribuciones para analizarlos y determinar si continúan o no vigentes. Las reglas las establecen la Constitución, en su artículo 99, inciso 3, y la Ley 26.122 que los reglamentó.

Los gobiernos pueden dictarlos en situaciones excepcionales, cuando resulta imposible seguir los trámites para sancionar leyes mediante el Congreso. Pero no se puede hacer DNU para cualquier tema. Hay cuatro cuestiones sobre las que no se pueden emitir decretos: en materia penal, tributaria, electoral o régimen de los partidos políticos.

A diferencia de los decretos comunes, los decretos de necesidad y urgencia deben contar con el acuerdo general de los ministros. Esto es, que el jefe de Gabinete y todos los ministros lo firmen.

La citada Ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006 establece que una vez dictado el decreto, el jefe de Gabinete debe dirigirse a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (que es la única que funciona todo el año), en un plazo no mayor a los 10 días. Esta comisión debe elevar luego un dictamen y enviarlo a ambas cámaras para su tratamiento, también en el término de 10 días. Cabe destacar que ninguna de estas dos reglas se cumple en general.

Cada cámara del Congreso deberá emitir una resolución expresando su apoyo o rechazo al DNU. Si ambas cámaras rechazan el decreto, éste pierde validez de forma permanente. Es lo que acaba de suceder con el decreto 656/2024.

Decretos hubo siempre

Los decretos de este tipo no nacieron con la reforma constitucional de 1994. Los hubo siempre, incluso durante los gobiernos de facto. En ese entonces, al no funcionar el Congreso, las normas legislativas que promovía el gobierno militar de turno eran conocidas como decretos leyes.

La Corte Suprema de Justicia los reconoció en 1945 como válidos, siempre y cuando su sanción fuera necesaria para cumplir los objetivos del gobierno militar. Eso sí: perdían validez al terminar el gobierno de facto, pero podían ser ratificados por el Congreso.

En 1947, un nuevo fallo de la Corte Suprema determinó que los decretos leyes seguían con vigencia y debían ser derogados o modificados por otras leyes.

Ahora bien, decretos hubo siempre. Desde 1853 al presente. Aunque convengamos que hasta tiempos de Carlos Menem, fueron siempre una herramienta utilizada excepcionalmente. Y para casos no menores, por cierto. Por ejemplo Raúl Alfonsín, quien fue un presidente que utilizó esa herramienta muy pocas veces (apenas 10), implementó por esa vía en 1985 el cambio del peso al austral.

Durante la gestión menemista ese recurso se utilizó a destajo. En efecto, el riojano fue el primer presidente que firmó DNU en gran número. Desde su asunción -en condiciones de gran crisis económica-, hasta la reforma constitucional de 1994, los decretos comenzaron a ser utilizados como un recurso institucional ordinario en el proceso de toma de decisiones.

Otra vez fue la Corte Suprema la que se encargó de avalar el dictado de decretos de ese tipo en lo que se conoció como el caso Peralta. El Tribunal Superior solicitó la inconstitucionalidad del decreto 36/90 dictado por Carlos Menem, y los jueces de esa Corte fallaron en contra de Luis Peralta, ratificando la validez de la norma.

Con la incorporación de los DNU a la Constitución, a partir de 1994, se les confirió una mayor legitimidad, aunque buscaron implementar una serie de restricciones para acotar su utilización. Se dispuso un mecanismo para el control parlamentario, pero se dejó en manos del Congreso la reglamentación del tema. Se tomaron su tiempo y recién 12 años después se aprobó la ley correspondiente.

Volvamos ahora a los confines de la historia institucional argentina, y veremos que entre los años 1853 y 1983 apenas se firmaron 25 decretos. 25 decretos en un período de 130 años. Menem, en sus 10 años y medio de gestión, firmó 545.

¿Para qué se utilizaban los decretos en el pasado lejano? Justo José de Urquiza creó por esa vía, en 1854, las mensajerías nacionales para correr las postas en el servicio de correo.

En 1858 se rebajó, por decreto, el derecho de importación de aguardiente de caña que no excediera el 21% de graduación alcohólica.

En tiempos de Santiago Derqui, se estableció por decreto que no se recibirían más pagos de aduanas con los bonos o billetes de tesorería que se venían utilizando hasta entonces. Fue en 1861.

Ya en el siglo XX, Agustín Justo modificó en 1933 el régimen de la moneda y su tipo de cambio desdoblándolo en oficial y libre.

Juan Domingo Perón nacionalizó los teléfonos y ferrocarriles por decreto; en tanto que Arturo Frondizi creó por empresas estatales para la explotación del carbón y la energía eléctrica, e implementó el Plan CONINTES.

También Arturo Illia emitió decretos. En 1963, anuló por esa vía los contratos petroleros firmados por el Estado con empresas extranjeras.

Y más cerca en el tiempo, María Estela Martínez de Perón firmó en 1975 el decreto 261/75 por el que ordenó a las Fuerzas Armadas llevar a cabo el “Operativo Independencia”.

A través del decreto 430/00, Fernando de la Rúa ordenó una disminución del 13% del sueldo de los agentes estatales.

El decreto 214/02 de Eduardo Duhalde estableció entre otras cosas la pesificación de los depósitos bancarios.

Cristina Kirchner dispuso por decreto, en 2009, establecer la asignación universal por hijo.

En 2016, Mauricio Macri modificó por DNU la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y en ese mismo sentido intervino por 180 días la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), removiendo a Martín Sabbatella y Norberto Berner, respectivamente.

En el presente, Javier Milei anunció el 20 de diciembre del año pasado el DNU 70/23, un megadecreto a través del cual derogó leyes como la de Alquileres y habilitó la privatización de empresas públicas. La norma establecía más de 300 modificaciones de leyes, entre ellas la Ley de Tierras y de Promoción Industrial y el régimen laboral.

El mega DNU de Javier Milei presentado en diciembre del año pasado.

Los DNU desde 1983

Se podría decir que el Gobierno venía teniendo una semana bastante positiva… hasta que apareció el Senado, donde pasó lo esperado: perdió 2 a 1. Avanzó con la boleta única de papel -que tiene que volver Diputados-, pero se cayó el DNU de la SIDE y le impusieron el financiamiento universitario (otra vez va necesitar al Dibu para que ataje un penal si veta).

El primer éxito fue la confirmación del veto presidencial al proyecto de jubilaciones. No fue un gol, es verdad, sino un trabajo de arquero eficiente -como ocurrirá varias veces en el futuro próximo- pero hay que ponerlo en perspectiva: a) la debilidad propia de la cual parte, b) si un arco se vuelve imbatible, eso desalienta al adversario, y c) es otra vuelta de tuerca al aprendizaje sobre pragmatismo que el oficialismo había demostrado con la Ley Bases. Dichos aprendizajes no necesariamente son definitivos, pero agilizan los músculos.

El segundo punto fue que cierta modificación en la operación política logró fisurar al radicalismo, exponiéndolo negativamente y confirmando que parte de la oposición dialoguista será realineada en función del eje a favor / contra Milei. Una nueva mesa en la que se sentó Pato puede equilibrar el poder omnímodo de “le enfant terrible” San-diablo-tiago. No es menor porque eso implica un reconocimiento político especial (dedicado al calabrés que lo mira por TV). Por cierto -y no es casual- la UCR de la PBA va a internas partidarias dividida por aquel clivaje de mayor o menor cercanía al oficialismo. Los lejanos en este caso reciben la venia de Lousteau y Manes. En el Congreso estuvo claro que los gobernadores tienen que “parar la olla” y no se pueden dejar llevar por matices ideológicos, ni “viejos troncos radicales”.

El tercer éxito tiene que ver con los gestos desde los EE.UU. A saber, dos en esta semana sobre temas claves: 1) el pedido del Gobierno americano a la jueza de la causa YPF para que no avance en la entrega de acciones de la empresa hasta después de la elección en ese país; 2) el corrimiento de Rodrigo Valdés en las negociaciones de la Argentina con el FMI. Eso no significa que el organismo le dé en bandeja todo lo que piden Milei y Caputo, pero es un gesto sustantivo.

A esta novedad llamativa del Fondo, se sumaron los rumores respecto a que Argentina podría atravesar 2025 sin un nuevo acuerdo -el anterior termina a fin de año. En la práctica significa que nos dan un “año sabático” sin cumplimientos trimestrales, de modo que eso le permite al presidente hacer campaña sin tanta restricción fiscal y luego negociar un acuerdo de facilidades para 2026. Con este escenario gana un valioso tiempo, se concentra en el tema inflación, y con un eventual triunfo en la elección de medio término, va a Washington DC a discutir con más hándicap. De esa manera conjuraría el fantasma del final de De la Rúa: que allá en el norte le suelten la mano. Plata no habría, pero lo dejarían hacer su juego sin presiones.

El cuarto aspecto positivo son algunos indicadores económicos. Se detuvo la destrucción de empleos, va mejorando en los últimos dos meses la venta de combustibles, hay rebote en la industria y la construcción en la medición intermensual, se van incrementando los depósitos en dólares vía blanqueo, la capacidad instalada en julio fue más alta que en junio (todas las ramas mejoraron, aunque con porcentajes dispares) y el dólar blue afloja. Not bad. Pero claro, la inflación sigue conjugando la tabla del 4, el indicador núcleo subió y, como dijo el ex viceministro de Caputo, ahora va a costar mucho que haya un descenso pronunciado. Otras negativas son que el sector PyME sigue cayendo, que crece la cantidad de argentinos que viaja al exterior, que tuvimos déficit financiero en agosto y que vamos en negativo con la acumulación de dólares en septiembre (lo que miran los mercados).

Aunque suene una herejía, la quinta buena noticia para el Gobierno es la existencia de Cristina. Primero, porque tiene con quién pelearse (como Macri!) para jugar a dios y el diablo. No tiene mucho sentido subirle el precio a Kicillof, cuyo destino político es incierto. Segundo, porque ella misma hace el trabajo sucio de obturar una regeneración peronista, de modo que le permite alinear fichas de ese campamento (Jalil, Jaldo ¿todos los que empiezan con J?). Tercero porque, aunque muy pocos se den cuenta, la jefa está proponiendo una Moncloa sobre varios temas, entre otros el laboral, desde el 14 de febrero de este año. ¿Cómo?

Ese día Cris tuiteó un documento sobre el devenir del nuevo gobierno, pero además propuso 15 puntos que en cierta medida es una revisión ideológica de sí misma. Ahí habló de un “plan de actualización laboral”, que no es otra cosa que una reforma laboral tomando nota de que el mundo cambió. Lo volvió a repetir hace una semana y despertó la ira de algunos referentes sindicales. Esa nueva alusión le permite a CFK volver a cuestionar a unos personajes que siempre detestó: los líderes gremiales, sobre todo la CGT. Hace varios años atrás dijo, ácidamente, “la columna vertebral de no sé qué cosa”. En buen criollo: esos tipos ya no representan nada. Mucho menos hoy. La pregunta obvia es que haría un acuerdo ¿a cambio de qué?

Las buenas noticias terminan ahí porque las quejas sobre el león crecen entre aquellos que le dan una mano, acordando cosas que luego no se cumplen. En códigos políticos, este oficialismo sería “un mal pagador”. Como siempre, cuando las cosas parecen ir bien, todo el mundo rinde pleitesía. Pero en este país las crisis son un fenómeno muy natural y habitual. ¡A tomar nota, dialoguistas!

En el juego de la geopolítica mundial, Argentina forma parte del G-20 y es el octavo territorio más grande del planeta, con un montón de cosas en su subsuelo que son apetecibles. Así es como Trump lo ayudó a Macri y Biden se hizo el boludo con los desajustes de Massa. Y ahora el bueno de Joe decidió no soltarle la mano al “gatito mimoso” (y de paso avisarle que quizá Kamala gane). ¿Porque hacemos las cosas bien? No, porque Dios es argentino.

Poco después de haber sufrido el oficialismo un fuerte revés en el Senado, con la aprobación del proyecto de Financiamiento Universitario, que se convirtió de esa manera en ley, la oposición le asestó al Poder Ejecutivo otra derrota legislativa en las primeras horas de este viernes al aprobar el rechazo al decreto de necesidad y urgencia 656/24, correspondiente a la asignación de fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado.

El resultado de la votación fue de 11 votos a favor del decreto, 49 en contra y 2 abstenciones. Concretado ese rechazo, por primera vez en la historia desde que existe la reglamentación de los DNU, un decreto de necesidad y urgencia corrió esa suerte. Sucedió exactamente a las 2.19 de la madrugada de este viernes.

Votaron a favor del DNU los 6 senadores de La Libertad Avanza, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero por el Pro; Carlos “Camau” Espínola y Edgardo Kueider, de Unidad Federal; y la tucumana Beatriz Ávila, del bloque Por la Justicia Social.

Por la negativa se inclinaron 30 senadores de Unión por la Patria (tuvieron tres ausentes en toda la jornada: Lucía Corpacci, Silvina García Larraburu y Gerardo Montenegro); 11 de los 13 radicales; Alfredo De Angeli, Victoria Huala y Guadalupe Tagliaferri, del Pro; los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano; el exoficialista Francisco Paoltroni; la cordobesa Alejandra Vigo, de Unidad Federal; y la chubutense Edith Terenzi, de Cambio Federal.

Si bien habían dicho que se abstendrían, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut se retiraron del recinto antes de votar. Tampoco estuvieron en la votación los radicales mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez; Juan Carlos Romero y Lucila Crexell por Cambio Federal; y la rionegrina Mónica Silva.

Las abstenciones correspondieron a la chubutense Andrea Cristina, de Cambio Federal, y el misionero Martín Goerling Lara, del Pro.

A esa instancia se llegó luego de que en el inicio de la sesión el bloque de Unión por la Patria solicitara que el DNU 656 fuera incorporado al temario, como estaba previsto para la semana pasada. En la reunión entre Victoria Villarruel y jefes de bloques del miércoles, el oficialismo y sectores dialoguistas habían acordado retirar el decreto del debate. Antes de eso habían estado en Casa Rosada con el presidente Javier Milei. Más tarde, también, desde el Poder Ejecutivo enviaron una nota pidiendo una “sesión secreta” en la Cámara alta para que funcionarios pudieran asistir a explicar los motivos del DNU.

Todos los nombres de la votación 

Así las cosas, se esperaba que el oficialismo lograra postergar una semana más la discusión. Aunque Unión por la Patria había anticipado que pujaría por la inclusión del DNU al temario. La sorpresa fue que -tras la polémica que envolvió al partido en las últimas horas- desde la Unión Cívica Radical avalaron que el decreto fuera tratado este jueves, en último lugar.

Desde La Libertad Avanza, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, pidió que se pasara a votación el acta de labor, sólo con los temas de boleta única de papel y financiamiento universitario. Pero al hablar el jefe de la UCR, Eduardo Vischi, presentó otra moción para que se incorporara el DNU al temario como último tema.

Tras un breve ida y vuelta reglamentario, se sometió a votación el acta y plan de labor con los dos temas que estaban previstos y resultó rechazada. Además de UP, no levantaron la mano los senadores de la UCR, Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Edith Terenzi (Cambio Federal). Luego José Mayans dijo que retiraba su moción y acompañarían la de Vischi, y así se hizo.

El DNU sobre la SIDE había sido rechazado por la Cámara de Diputados el pasado 21 de agosto, con 156 votos afirmativos, 52 negativos y 6 abstenciones.

El debate

Inmediatamente después de aprobado el proyecto de Financiamiento Universitario, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, llamó a abordar el tema del DNU.

Abrió el debate el riojano Juan Carlos Pagotto quien precisó que “estos fondos destinados a gastos reservados no son solamente  para la SIDE, sino que incluyen a otros organismos”. “Estos fondos que en principio hay una Ley de Seguridad que dice que tienen que ser discutidos de manera secreta”, señaló en el inicio, recordando que debería ser discutido el tema en la Bicameral de Inteligencia, que dirigen opositores.

“Esto viene a poner una actualización en un contexto inflacionario”, remarcó el legislador, agregando entre otras cosas la actualización de tecnología, adquisición de informes y consultoría, entre otros temas.

Pagotto sostuvo que históricamente la SIDE “ha venido siendo desfinanciada”, y se dedicó después a detallar de qué manera había sido sucedido eso desde el Gobierno de Néstor Kirchner a la fecha.

“Ningún país puede sobrevivir sin un servicio de información”, dijo, siendo corregido ahí por el senador Oscar Parrilli, quien le aclaró que el servicio es de “inteligencia”, no de información, lo que motivó una farragosa interpretación del senador libertario. Sorteada esa cuestión, Pagotto consideró “vital para cada gobierno contar con la información necesaria para tomar las decisiones necesarias. No necesariamente la inteligencia es para perseguir enemigos internos… Eso ya lo vivimos”.

Pagotto insistió en que la ley dice que los gastos reservados deben ser analizados en el marco de una comisión, y aclaró que por esas circunstancias debían ser muy cuidadosos en lo que se dice en la materia, porque “por encima de todo está la seguridad de la Nación”.

Con todo, pidió a sus pares la aprobación de ese decreto, en aras de una seguridad nacional “que no es para un grupo, sino para la Nación argentina en su conjunto”.

A continuación habló el senador Parrilli, titular de la AFI en tiempos de Cristina Kirchner, quien sostuvo que su bancada había manifestado su disposición a discutir, de ser necesario, una nueva ley de inteligencia. “No entendimos cuál era el objetivo de hacerlo por DNU”, remarcó el legislador, admitiendo que coincidían en algunas cosas, como en la creación de una Dirección de Ciberseguridad.

Según Parrilli, esto generó una fuerte repercusión en el Gobierno, asegurando que en realidad quieren la inteligencia para espionaje interno. De hecho, sostuvo que este Gobierno hizo espionaje político, razón por la cual “se decidió modificar la AFI y desplazar al jefe de Gabinete”. Al salir este decreto 656 “comenzamos a ver que aparecen aquellos que querían hacerse de estos cien mil millones de pesos”, advirtió.

Habló luego de la existencia de trolls que se dedican a perseguir y agraviar a simples ciudadanos, y que esos trolls eran asiduos visitantes de la Casa Rosada. Todo eso según una nota publicada en la revista digital Crisis. Luego citó otra nota, en este caso de Clarín, también referida al accionar de los trolls.

El senador Oscar Parrilli habló de una disputa en el Gobierno por los 100 mil millones. (Foto: Comunicación Senado) 

Por último, agregó, salió algo que consideró “más grave” que es un comando creado por Patricia Bullrich, quien estaría muy interesada en esos fondos, al punto tal de estar dispuesta a concurrir al Congreso para informar. “No tiene nada que informar”, observó.

“Aquí estamos en una pelea entre distintos funcionarios para hacer espionaje político interno”, resumió el senador kirchnerista.

A continuación, el radical Pablo Daniel Blanco fundamentó su rechazo al DNU señalando que lo que establecía el mismo ameritaba una ley, e ironizó diciendo que a los legisladores los consideran “degenerados fiscales”, ante lo cual ellos podrían considerar al presidente “degenerado institucional”, teniendo en cuenta que la Constitución limita al mandatario a emitir decisiones legislativas, como la creación de la SIDE y la asignación de recursos para ese nuevo organismo.

Aclaró que él no objetaba que la SIDE necesite más o menos recursos; “lo que cuestiono es el instrumento legal elegido por el presidente”, sugiriéndole al mandatario disponer esas medidas a través del Presupuesto, o bien un proyecto de ley que mande al Parlamento.

El senador Francisco Paoltroni, recientemente excluido del bloque oficialista, también confirmó su rechazo al DNU, argumentando que acompañarlo “sería perder la coherencia”, porque no encuentra “justificativos ni argumentos para poder acompañarlo”.

El presidente del bloque Pro, Luis Juez, intervino a continuación, lamentando “la oportunidad perdida” de escuchar a los responsables de Inteligencia, la ministra de Seguridad y el de Defensa. Sin ánimo de polemizar, dijo que de haber llevado a cabo la sesión secreta que la principal oposición no quiso conceder hubieran podido hacerlo, aunque aclaró sus resquemores hacia todo lo que sean servicios de inteligencia. “Institución que nunca pudo prevenir ninguna de las tragedias que la Argentina vivió”, remarcó.

Contó que el tema le fue planteado el miércoles al presidente de la Nación, al que se le sugirió pedir por nota esa sesión secreta, para tomar una decisión bien resuelta. Perdida esa oportunidad, se quejó porque “hay una decisión de voltear ese DNU. Esas oportunidades son difíciles de que las volvamos a tener”.

A su turno, el formoseño José Mayans aclaró que se trataba de “un tema muy delicado” que merece ser “tratado con responsabilidad”. “El problema acá es que se utiliza la inteligencia criminal no para buscar información sobre temas de narcotráfico, las mafias organizadas, que es lo que hace falta”, sino que “de la noche a la mañana se aumenta el presupuesto en un 15.556 por ciento. Aparte de tocar la Ley de Inteligencia por DNU”, cosa que no puede hacerse, remarcó.

“Acá hay un trabajo para la comisión de inteligencia que preside el senador Lousteau. Se gastaron 81 mil millones en 15 días. Más vale que lo van a tener que hacer, porque acá hubo hasta condenas por el uso y abuso de recursos de inteligencia”, sostuvo, cuestionando la sesión secreta que se preveía hacer, que interpretó como una maniobra dilatoria.

Una muestra del reducido número de miembros que tiene el oficialismo la dio que el cierre del debate lo hiciera el senador Juan Carlos Pagotto, que volvió a hacer uso de la palabra, para hablar de la degradación del sistema de seguridad. “Hay varias razones por las que tenemos que tener un servicio de inteligencia; el hecho de que se  haya utilizado mal no quiere decir que tengamos que actuar como si siempre se fuera a actuar mal. Para eso está la Comisión Bicameral que tiene que controlar”, sostuvo.

“Podemos discutir hasta el hartazgo y hemos tenido ejemplos de la mala utilización de los servicios de inteligencia, pero tenemos la obligación de que esto funcione y la mejor manera de que así sea es comenzar a controlar y que la SIDE cumpla las funciones determinadas”, expresó el senador riojano.

El embajador de Emiratos Árabes, Saeed Abdulla Saif Joula Alqemzi, compartió este jueves un encuentro con el Grupo Parlamentario de Amistad con los Emiratos Árabes Unidos de la Cámara baja, en donde dialogaron acerca de inversiones en infraestructura y sector turístico fundamentalmente.

El presidente del GPA, Nicolás Mayoraz, le dio la bienvenida y auguró “profundizar esta relación. Tenemos un instrumento en nuestras manos que va a ayudar a que esta relación de 50 años” entre ambos países. Santa Fe, provincia de la que es representante “ya tiene inversiones de Emiratos, y creemos que hay aún más chances de potenciar proyectos de inversiones en el resto de las provincias”, aseguró.

Mayoraz, asimismo, comentó que “está pendiente el tratamiento en Diputados del tratado recíproco con Emiratos, ahora abordado por el Senado”.

En tanto, el embajador de Emiratos Árabes Unidos en Argentina expresó estar “muy contento y complacido por realizar esta importante reunión. Emiratos y Argentina tienen relaciones muy trascendentes. De hecho, cumplimos 50 años de amistad y cooperación, y contamos con grandes oportunidades para construir una verdadera alianza entre ambos países en el futuro”.

“Emiratos es un país que, a través de la única estructura logística, de los acuerdos de libre comercio, le da a la Argentina una plataforma única. Queremos ser parte del desarrollo y el futuro de Argentina. Ser el socio que busca para la apertura a las inversiones en energía, infraestructura, salud, defensa e ingeniería”, agregó el embajador.

Por su parte, el diputado de UP José Gómez manifestó que la “asistencia de su país a nuestro pueblo es muy importante” y convocó a que los “lazos sean cada vez más profundos”.

En tanto, el radical Julio Cobos bregó para que “los diferentes bloques sumemos esfuerzos entre las autoridades provinciales para que podamos abordar este tema en una próxima reunión plenaria (por el tratado) que además de fortalecer las relaciones externas, nos permitirá nivelar las inversiones de su país con relación a otras proyectadas en países de la región”.

Formaron parte del evento, los diputados oficialistas Carlos García, Santiago Pauli, los de UP Diego Giuliano Florencia Carignano, María Luisa Chomiak y Roberto Mirabella, y María Cecilia Ibañez (MID).

Además, estuvieron presentes Luciana Termine, directora general de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados y Patricia Cardo, coordinadora de los GPA de la HCDN.

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto que preside el diputado Fernando Iglesias se reunió este jueves para firmar dictámenes de una serie de proyectos.

Los legisladores avalaron, entre otros, iniciativas de tratados y convenios internacionales, diversos pedidos de informes y el de conceder autorización para desempeñar cargos de cónsules y vicecónsules honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros.

Los diputados dieron el aval a dos proyectos de ley del Poder Ejecutivo. Uno, con fecha 18 de julio de 2024, tendiente a aprobar el Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República de Chile, suscripto en la ciudad de Santiago, República de Chile, el 5 de diciembre de 2023; y, el otro, de fecha 18 de julio de 2024, por el cual se aprueba el Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales y el Reglamento de Financiación del Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes.

Luego, firmaron dictámenes a dos proyectos de ley provenientes del Senado. El cual se aprueba el Convenio Internacional de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragio, 2007, celebrado en la ciudad de Nairobi, Republica de Kenia, el 18 de mayo de 2007. Y el que concede autorización para desempeñar cargos de cónsules y vicecónsules honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros.

También, las normas que apuntan a declarar de interés de la Cámara de Diputados, tales como la “fiesta de la navidad gaucha”, a realizarse del 6 al 8 de diciembre de 2024 en la ciudad de Oliva, provincia de Córdoba; y el 100 aniversario de la creación de la Embajada del Estado de Italia.

Además, los proyectos de declaración para expresar beneplácito por la conmemoración del 40° aniversario de la firma del Tratado de Paz y amistad entre Argentina y Chile suscripto el 29 de noviembre de 1984; y por la decisión del Papa Francisco de trasladar a Santiago Del Estero la “Sede Primada” de la Iglesia Católica en la República Argentina, y otras cuestiones conexas.

La diputada Roxana Monzón habló acerca de su proyecto sobre la decisión del papa Francisco. “La decisión de Francisco no es una decisión eclesiástica desde la burocracia, sino que representa diferentes ideas”, afirmó, para luego profundizar que “es un acto de reparación histórica, es un gran guiño al federalismo, al mirar a la argentina profunda, tener una concepción del territorio integrado, atender las necesidades desde la periferia al centro y que nos invita a la unidad de los argentino e integración de la Patria”.

Asimismo, las iniciativas para expresar repudio: por el comunicado de la cancillería de la República Bolivariana de Venezuela descalificando al presidente de la Nación, Javier Milei; y, luego de unificar tres proyectos, el que refiere a expresar pesar y repudio permanente por el atentado perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Luego de unificar cuatro iniciativas, el que expresa repudio a las amenazas hacia el gobierno argentino proferidas por las autoridades del régimen iraní. Y un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la transitabilidad del paso fronterizo Pino Hachado situado en la provincia del Neuquén.

También tras la unificación de cuatro proyectos, se avaló la norma para expresar repudio por las acciones de censura del régimen de Nicolás Maduro contra diversos medios de comunicación opositores en la República Bolivariana de Venezuela. La radical Karina Banfi hizo mención a la situación en Venezuela a partir de “distintas instancias de persecución y de violación a los derechos humanos después de las elecciones en dicho país”, el 28 de julio de este año.

Durante la reunión, se firmó el dictamen al proyecto de declaración que apunta a que el Poder Ejecutivo disponga que la República Argentina adhiera en calidad de miembro asociado al “Registro de daños para Ucrania”, establecido por el “Consejo de Europa” en mayo de 2023. Damián Arabia, del PRO, como autor del texto, aclaró que “la adhesión a este registro, que ya cuenta con 43 adhesiones, no requiere ni implica ninguna erogación presupuestaria del estado argentino”. “La búsqueda del registro es documentar y recopilar los reclamos de los daños que se sucedieran posterior al 24 de febrero del 2022 en el territorio ucraniano y relacionados por la agresión rusa”, fundamentó.

Otros temas que se avalaron fueron el que expresa preocupación por la situación del ciudadano argentino Víctor Saldaño, condenado a muerte en dos oportunidades por la justicia de Estados Unidos de América y otras cuestiones conexas; y el que busca acompañar lo expresado por la Cancillería Argentina en la Sesión del Grupo de Expertos en Tecnologías emergentes sobre el marco regulatorio vinculado a las LAWS.

Periodistas y representantes del Sindicato de Prensa expusieron este jueves ante la Comisión de Libertad de Expresión. El encuentro, conducido por la salteña oficialista María Emilia Orozco, tuvo momentos ríspidos y al cabo del encuentro, diputados de Unión por la Patria reclamaron la convocatoria al asesor presidencial Santiago Caputo.

“Es importante tener una mirada federal sobre esta situación, ya que sucede tantos a nivel provincial como nacional”, expresó la titular de la comisión en el inicio de la reunión, destacando que “es la primera vez que SIPREBA participa en la Comisión de Libertad de expresión”. “Ojalá podamos brindar lo instrumentos necesarios para contribuir con este sector”, indicó.

En su participación, el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), Agustín Lecchi, advirtió que los periodistas “hemos sido víctimas en las movilizaciones” y enumeró las agresiones que a lo largo de este año sufrieron los trabajadores de prensa, con “gases, balas de goma, palos, por parte de las fuerzas represivas”.

“Hasta llegar a la de ayer”, dijo en referencia a la marcha contra el veto a la Ley de Movilidad Previsional. Y al respecto leyó una nota del camarógrafo de Telefé Noticias Marcelo González, donde contaba que en las movilizaciones “vos la podés ligar de rebote, pero lo que se siente es que ahora te vienen a buscar. Yo estuve tres días y los tres cobré”. Este miércoles recibió tres balazos de goma, destacó.

Lecchi reveló que ya denunciaron el protocolo antipiquete ante la ONU y organizaciones de Derechos Humanos, como así también pidieron investigar a las fuerzas que participaron en “la represión”. “Además de la situación represiva, casi todos los bloques se han solidarizado; queremos expresar que hay una situación de censura que excede la represión en las calles y es parte de un plan sistemático de silenciamiento. Agravios a los periodistas que realizan investigaciones, críticas al Gobierno nacional; ataque a dueños de medios, como Jorge Fontevecchia… Se supone que un Gobierno nacional debe defender a las empresas nacionales de medios. Nunca vamos a desear la quiebra de la empresa. Ataque y silenciamiento a los medios públicos”.

Otra de las agredidas en la marcha del miércoles, la movilera Carla Ricciotti contó que lo sucedido ese día “superó las expectativas de lo que viene pasando hace mucho”. “Lo peor es cuando te dicen: ‘dejá de mentir, mostrá la verdad’. Yo salgo en vivo, no puedo mentir, trato de ser lo más objetiva posible, y recibir agresiones verbales ya es algo común a lo que uno trata de no prestarle demasiada atención para poder trabajar tranquilo. Pero ayer excedió, porque me tomó por sorpresa”.

Contó al respecto que un hombre que estaba en biciclieta le pegó con el puño cerrado en la espalda, de improviso, y luego la empujó y le pegó con la rueda, para insultarla luego. “Nos gritan ensobrados… Yo no recibo sobres de nadie, nunca los recibí ni los quiero, pero todos esos adjetivos que se bajan desde el poder. Cuando desde el más alto poder a alguien que critica algo del Gobierno, imagínenese cómo baja esto al resto de la ciudadanía, que se siente con la libertad de tener razón en esa teoría de que somos mercenarios”.

Luego la periodista Silvia Mercado admitió que no vio venir la situación que se vive con esta administración. “Pensé que este gobierno no sería así”, dijo, aunque reconoció cosas “muy positivas” en esta gestión, en el relacionamiento con la prensa”. Valoró las conferencias de prensa periódicas, y un tratamiento “muy parejo y democrático de la información que circula en Casa Rosada”.

Pero diferenció el trato de la vocería presidencial con el de la Presidencia. “Hay como una doble vara, un maltrato sistemático del presidente en las redes sociales, que está sostenido a través de un ejército de trolls, que fue incluso muy agresivo con los periodistas acreditados, han sido muy ofensivos con muchos periodistas”.

Desde la provincia de Salta, el periodista del medio DNI Salta Abel Diaz enfatizó: “Lo que sucede en las provincias es mucho más grave que lo que pasa en el centro del país”. Además, manifestó su postura “en defensa del periodismo independiente”.

Luego, la periodista Romina Manguel sostuvo que “todos los gobiernos buscan cercenar nuestras voces. Nosotros estamos para remarcar lo que creemos que está mal y cuestionarlo”. En el marco de su exposición, tuvo un fuerte cruce con el diputado Bertie Benegas Lynch.

Por su parte, la periodista María O’Donnell consideró que “estamos viviendo un clima muy hostil, respecto a nuestro trabajo”, al tiempo que cuestionó: “Se trata de atacar la credibilidad de los periodistas que somos críticos”.

La intervención de Alfredo Casero

Llamó la atención, y fue cuestionada posteriormente por algunos diputados que pidieron saber quién lo había invitado, la presencia del actor Alfredo Casero, quien tuvo una llamativa intervención en la que lanzó críticas contra los periodistas de quienes dijo que “la gente no les cree”.

“Vengo absolutamente afuera del espectador político, soy una persona pública y represento a la gente que piensa igual que yo”, señaló en un discurso muy inconexo en el que lamentó que algunos se extendieran más allá de los 7 minutos asignados a cada expositor. “Cuando alguien habla 9 minutos es un plomo; cuando hablan 16 minutos de algo que es solamente para las cosas que son de ustedes… me da mucha pena ver que la rareza que tenemos que hacer todos juntos la hagamos criticando las formas (SIC)”, expresó.

Mientras algunos diputados se levantaban para irse, Casero señaló que “el problema no son las formas, nadie tiene el interés en la gente que está afuera, que en realidad está preocupada en a quién le sirven las noticias”.

“Estuve leyendo que una de las cosas que hicieron los periodistas es ‘dar luz’. A nosotros no nos dieron luz, a nosotros, los que estamos afuera, no nos dieron una solución, no nos ayudaron, nos dejaron solos y permitieron que nos mitieran… Nos metieran en la casa, nos hicieran callar, ahí adentro, y después cuando se dan cuenta que la gente les va en contra, buscan un chivo expiatorio… Son las mujeres con las que se acostó el presidente”, se quejó el humorista. Critico de la cobertura de los hechos que involucran al expresidente Alberto Fernández, el humorista se preguntó “cuánto hace que están hablando en la televisión, dando nombre y apellido de cada una de las personas con las que se acostó el presidente, cuando la libertad de las personas, las mujeres, los hombres, los perros, los que se les antojan… Es posible que no entiendan lo que les digo, porque se los ve muy berretas, tratando de pelear contra lo que ustedes se asustan”.

“Yo diría que tendrían que ubicarse medianamente, sepan que la libertad de expresión no es solamente la del periodismo. Cuando el presidente te responde por Twitter, cosa que es muy rara, directamente, ¿a ustedes no les parece que es una gran cosa dentro del periodismo? Ahí tienen una muy buena herramienta, perfecta para hacer el periodismo. Pero no, el periodismo es mostrar las mujeres que se fueron a acostar con el presidente durante 20 días; haciendo una caza de brujas horrible, que a mí me importa un pedo, porque señores: el que se quiera acostar con quien se quiera acostar, es una decisión absolutamente personal. Y no es un delito el vicio. Y si llama por teléfono el presidente a alguien para irse a reventar a la quinta presidencial, lamentablemente que ustedes lo cuenten y comenten quién fue está haciendo que miremos para otro lado, cosa que siempre hacen que miremos para otro lado”.

En otro pasaje de su más que curiosa exposición, Casero expresó que “me encuentro con periodistas que si les pregunto las tablas no las saben; donde no tienen ningún tipo de colegiamiento. Yo acuso que ustedes, todos los periodistas saben, supieron más y por trabajar con gente que los mantenían con pantalones chupines y los zapatos que les daban de canje, a mí no me hace nada… Pero el periodismo de ese tipo es el que ha destruido la cabeza de la gente mayor, porque es la única gente que ve los programas de televisión a los que ustedes van”.

“Dejen de mentir, muchachos, ya no les creemos, la gente ya no les cree, tienen la obligación de cambiar porque la gente no les cree”, cerró Alfredo Casero, a quien varios diputados de la oposición sindicaron como alguien que concurrió a hacer un stand up.

Además, estuvieron presentes los periodistas Natalia Vargas (San Juan), Ariel Lareu (Mendoza),  Maximiliano Lequi, César Fernández (Formosa) y Alejandro Miglionico.

Sobre el final de la reunión, varios diputados se quejaron por algunos invitados. De hecho, a pedido de Sabrina Ajmechet se bajó a uno de los expositores al considerar que era “un nazi”. Maximiliano Ferraro acusó a la presidenta de la comisión de parcialidad por invitar a periodistas de provincias gobernadas por Juntos por el Cambio, que precisamente criticaron a esos gobernadores.

Por su parte, el diputado Eduardo Valdés pidió la citación de Santiago Caputo a la comisión por el DNU que limita el acceso a la información pública. “Le va a venir bien mostrar la cara y dar explicaciones se tantas cosas que se le adjudican y que buscan deshumanizar al que piensa distinto”, aseguró.

Al respecto, Valdés puntualizó: “Quiero pedir que citemos a Santiago Caputo a esta comisión. Sería muy importante para charlar ese tema, y también otros temas que le adjudican. Tiene la oportunidad de demostrar su inocencia respecto lo que le pasa a diferentes personas que critican al gobierno y aparecen trolls en las redes sociales que deshumanizan a estas personas”.

A su vez, el presidente del bloque UP, Germán Martínez, pidió también la presencia en esa comisión de Santiago Caputo, “porque es uno de los protagonistas que hoy cercenan la libertad de expresión en la Argentina”, y lo comparó con el asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos.

En otro sentido, durante la reunión, diputados de Unión por la Patria solicitaron citar a Santiago Caputo para conversar sobre la Ley de Acceso a la Información Pública.

Durante una reunión de la Comisión de Turismo de la Cámara baja, el director de la Licenciatura y Tecnicatura en Turismo, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Miguel Oliva, brindó este jueves un informe sobre la desregulación del sector turístico y el impacto sobre los profesionales en el sector. “Gracias al turismo se pueden sostener poblaciones y gracias al empleo que genera también han surgido localidades”, destacó.

Desde la Asociación Nacional de Estudiantes de Turismo, Alex Cantarutti, consideró que “desregularizar completamente este sector podría tener varias consecuencias negativas, ya que sin regulaciones cualquier persona podría ofrecer servicios turísticos sin la formación adecuada”.

Soledad Hary, presidenta de la Asociación de Guías de la provincia de Santa Cruz, a través de un video, manifestó su “extrema preocupación y profundo rechazo a las declaraciones del ministro Sturzenegger” hacia el sector. “La decisión de desregular la actividad muestra un desconocimiento e incomprensión de la importancia de la preservación de los atractivos turísticos que suelen ser parte del patrimonio natural y cultural del país y del mundo”, remarcó.

El director de la carrera de Guía de Turismo de la Universidad de Morón, Ricardo Durante, reafirmó que “siempre hemos apoyado la profesionalización que lleve a la jerarquización de nuestra profesión; por eso, no entendemos el motivo por el cual se quiere desregular una carrero o profesión como la de guía de turismo, y pensamos que en gran parte es por desconocimiento de los planes de estudio, de las materias que lo integran y de las prácticas que se hacen”. “Creemos que es una medida totalmente desacertada y no es la mejor forma por medio de un decreto, sino que se tiene que traer al ámbito legislativo”, reflexionó.

Fabián Tommarello, presidente de la Asociación de Guías de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que “tenemos que apuntar a la profesión, no bajar la calidad de un servicio; tenemos que jerarquizar para arriba a través de las leyes vigentes y si es necesario, mediante una ley nacional que dé un panorama de protección”.

Además, expusieron Rodrigo Silva, director de la Licenciatura en Turismo y Hotelería, de la Universidad Nacional de Quilmes; Pablo Reales, director de la Licenciatura en Turismo, de la Universidad Nacional de Avellaneda; Juan Manuel Merodio, presidente de la Asociación de Guías de La Rioja; Pablo Fanjur, de la Asociación de Profesionales en Turismo de Tierra del Fuego; y Amancay Romero Trucco, presidenta del Colegio de Profesionales en Turismo de la provincia de Buenos Aires.

Además de las exposiciones de los invitados del sector turístico, la Comisión firmó dictámenes a varios proyectos, uno de ley y otros de resolución. Uno de esos temas en debate en la jornada de hoy fue el proyecto de ley que busca establecer el uso exclusivo y excluyente de turismo social de los complejos de la unidad turística de Chapadmalal, ubicado en la provincia de Buenos Aires y unidad turística de Embalse de Río III, departamento de Calamuchita, provincia de Córdoba.

Dicho proyecto de ley tuvo tres dictámenes, uno que acompaña la iniciativa, con firmas de Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical, y dos de rechazo, uno del Pro y otro de La Libertad Avanza.

Al referirse al proyecto, el diputado Martín Aveiro (UP) resaltó que los dos complejos “son fundamentales para la vida social de los abuelos y, sobre todo, de los niños de menos condiciones y menos posibilidades económicas”. Al informar que “esta semana se publicó oficialmente que se va a licitar y adjudicar a un privado los complejos”, el legislador sostuvo que “este proyecto tiene un fin que hace a la Argentina federal, que viene atado desde el momento que se inauguró”.

También, expresó que “esto no puede pasar a manos privadas donde el único fin sea ganar plata y que nunca más familias humildes tengan la oportunidad de vacacionar en un lugar como estos”. Al anticipar que acompaña la iniciativa, la radical Natalia Sarapura, ponderó que “el turismo es un derecho humano” y aclaró que con la norma se busca “poner en discusión la importancia del turismo social”.

En contrapartida, Hernán Lombardi (Pro), al justificar el dictamen de rechazo al proyecto, ratificó que los complejos turísticos “siempre estuvieron manejados por privados, por lo tanto, el lucro siempre existió, estaban concesionados. Y, eso que los operaba el Estado no es cierto”. “La obsolescencia en esos hoteles es terrible, se dejó de invertir por completo”, razonó. En otro orden, el legislador cuestionó los mecanismos de asignación. “La verdad que se adjudicaron bajo regímenes absolutamente opacos y poco claros”, señaló.

Desde La Libertad Avanza, Santiago Pauli adelantó que presentará un dictamen de rechazo. “Esta no es la única manera de preservar el desarrollo del turismo social. Apuntamos a llegar a un acuerdo donde se pueda seguir fomentando el turismo social, pero de una manera acorde a la situación del país y de una forma sustentable”, recalcó. Luego, se refirió al dictamen. “La intención del Ejecutivo es desarrollar una articulación público-privada, no estamos hablando de privatizar y que sea de acceso para los que puedan pagar una tarifa”, detalló.

Asimismo, los legisladores avalaron dos iniciativas de resolución para declarar de interés de la Cámara de Diputados de la Nación: la primera, “El tren solar de la quebrada”, primer tren eléctrico propulsado por energía proveniente de un parque solar en Latinoamérica; y la segunda, el 57° Aniversario de la realización de la primera edición de la Fiesta Internacional del Poncho, que tuvo lugar del 5 al 16 de julio de 1967 en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

Por último, se firmaron dictámenes a dos proyectos más de resolución. Uno, para expresar beneplácito por el lanzamiento del “Plan Estratégico de Turismo Sustentable PLANTUR La Rioja 360°”, que tiene como objetivo impulsar el turismo en la provincia de La Rioja; Otro, luego de unificar dos iniciativas, que expresa preocupación por los dichos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, sobre los guías turísticos.

Un encendido cruce se dio este jueves en el seno de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, entre la periodista Romina Manguel y el diputado Bertie Benegas Lynch, durante la reunión convocada para analizar la situación de los periodistas en el contexto actual en la Argentina. El contrapunto se dio cuando se trajo a colación el recuerdo de la entrevista que la periodista le hizo en FM Milenium al legislador libertario, en el que el diputado deslizó aquella frase que generó gran repercusión: “La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio, porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”.

Entre varios periodistas convocados a exponer, Manguel señaló que ella había comenzado a ejercer el periodismo durante el inicio del menemismo, y aclaró que no recordaba que no hubiera pasado nunca eso de “tratar de acallarnos, apretarnos… Pasó en el menemismo, pasó en el kirchnerismo, en el macrismo… Durante la Alianza estaban bastante desorganizados como para poder hacerlo… Pero hay algo que yo rescato de este Gobierno: que las acciones que toman para coartarnos son a cara descubierta”.

“Yo me niego a decir qué horror…”, insistió en referencia a las presiones contra la prensa, y abundó: “Pasa siempre, todos buscan en lo posible cercenar nuestras voces, y nosotros estamos para contar lo que está mal, y a ningún parece gustarle eso”. Con todo, advirtió que lo que a ella le preocupa en la actualidad es “si esto es una decisión coordinada desde las altas esferas del poder”.

“Necesito entender si realmente hay una decisión (que baja desde el Gobierno) de que con determinado periodista no se habla, porque ahí sí la cosa se va a poner más oscura”, planteó Romina Manguel. Agregó que “el presidente no entiende realmente la asimetría que hay entre un periodista y quien ejerce la primera magistratura, le parece que es lo mismo”.

Alertó sobre el papel de las redes sociales, y lamentó que los libertarios consideren que “es más democrático” contestar a través de las mismas y no dar una entrevista. “A través de las redes pueden decir lo que quieren y no hay lugar para profundizar”, precisó.

Luego recordó el caso de la entrevista que le brindó el diputado Bertie Benegas Lynch, quien la escuchaba atentamente en la sala. Destacó que había sido muy generoso en conceder el reportaje y en el mismo le preguntó si había pedido permiso para concurrir. Recordó que él le dijo que no, que elegía su agenda. “Y tuvimos una buena conversación”, remarcó Manguel, recordando que el citado comentario de Benegas Lynch generó mucha repercusión. “El presidente se enojó mucho por la escalada que tuvo y entonces salió a denigrarme y decir algo que me preocupó mucho: que soy una periodista que busca destruir el espacio”, señaló.

Comentó que eso le causó haber tenido “situaciones complicadas” en la calle. Pero fue más lejos al señalar que el presidente dijo en una entrevista en Neura que nadie debía ir a su espacio. “Y me parece que es un límite”, se quejó, agregando que le parecía mal que Benegas Lynch no hubiera aclarado que ella no inventó nada.

Tras su intervención, habló Bertie Benegas Lynch por haber sido aludido. “No pretendía que (la periodista) venga a pedir disculpas de lo que hizo… Pero digo que no voy más ahí”, enfatizó. Comentó que siempre dice que las mejores notas que le han hecho se las hicieron “gente de izquierda”, pero aclaró: “Gente con honestidad intelectual. No gente capaz de hacer una canallada de citar en Twitter cosas que no dije”.

Rescató de esa entrevista que le había descubierto a Manguel “la virtud de ponerse en el vestido de periodista. Porque en off me hablaba pestes de Milei”, pero luego la entrevista salió muy bien. Sin embargo advirtió que “cuando sale al aire el domingo, pone citas en Twitter, quieren instalar cosa picantes”.

Benegas Lynch aclaró que “yo soy cero políticamente correcto, pero no podés citar algo que no dije”.

Ahí se cruzó con Germán Martínez, que lo increpaba por lo que estaba expresando. “¡No me digas cómo tengo que hablar! ¡Callate, Martínez!… Libertad de expresión, Martínez, fúmate lo que tengo que decir…”, estalló el diputado de La Libertad Avanza. Y cerró su intervención lanzándole a la periodista, que también había reaccionado: “Ya tuviste Manguel esa semana de protagonismo, por favor, cortala”.

Enojada, la periodista reclamaba la palabra y como la titular de la comisión, Emilia Orozco, no se la daba, amenazó con retirarse. “Si este va a ser el manejo de la presidente de la comisión, yo me voy a ir. A mí me convocaron y el diputado está faltando a la verdad en la Comisión de Libertad de Expresión… Si lo va a permitir, me retiro”.

Finalmente le concedieron la palabra y Manguel dijo que “Benegas Lynch habló de canallada, es lo que suele hacer parte de este Gobierno. No digo todos, porque hay otros que respeto muchísimo… No fue capaz de decir que no se había tergiversado. Esto es fácil, esta no es una discusión que tiene matices: ponemos la nota de punta a punta y escúchenla. Lo que pasa es que escaló, no le gustó y el presidente dijo que no tenían que venir a mis espacios. Y Benegas Lynch en lugar de decir lo que dijo, ser honesto intelectualmente, piensa que tengo que venir a pedir disculpas y dice que además busqué con esa nota una semana de popularidad”.

“Hace 30 años que trabajo en el periodismo, no necesité de Bertie antes, ni necesito ahora. Me parece una falta de respeto”, cerró la periodista.

Los diputados nacionales comenzaron a recibir este jueves una nota invitándolos a participar de la presentación del proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2025, que efectuará el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, en el recinto de sesiones, este domingo a partir de las 21.

La invitación suscripta por el secretario Parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán, invoca para la presentación del presidente el artículo 24 de la Ley 24.156, que establece que el Poder Ejecutivo Nacional fijará anualmente los lineamientos generales para la formulación del proyecto de ley de presupuesto general. “A tal fin, las dependencias especializadas del mismo deberán practicar una evaluación del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país y sobre estas bases y una proyección de las variables macroeconómicas de corto plazo, preparar una propuesta de prioridades presupuestarias en general y de planes o programas de inversiones públicas en particular”, señala el referido artículo.

No se ha establecido claramente de momento el alcance de la invitación, por ejemplo si los senadores pueden concurrir, como si se tratara de una asamblea legislativa.

Lo cierto es que para este domingo no son pocos los diputados de la oposición que evalúan no asistir a la reunión. Lo exteriorizó este miércoles el diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, quien en su intervención en el recinto señaló que en su relacionamiento con los diputados, el presidente “optó por el conflicto, no por la política del acuerdo, que es la que muchos entendemos; eligió la política de la ira, que es la que muestra todos los días y que, déjenme adivinar, algunos presenciarán si vienen el domingo, ya que seguramente será una continuidad”. Esto es, dejó claro que no piensa concurrir a esa presentación que hará Milei.

En rigor, desde su bancada aclararon que no tienen resuelto qué hacer, aunque la postura mayoritaria es “no ir, o quizás que vayan algunos para acto de presencia”. Con todo, están chateando y hablando con otros opositores para resolver qué hacer. Eso sí, un legislador cordobés consultado advirtió a parlamentario.com que no creía que viajaran los del interior por el paro de Aerolíneas y porque no alcanzan a conseguir boletos para viajar por otras líneas.

Otros bloques consultados por este medio aclararon que aún no hay una decisión tomada sobre la concurrencia o no, que en definitiva quedaría a resolver por cada legislador invitado.

Cuando conduje por primera vez un auto, sentí miedo. Regresé a casa y, por mucho tiempo, no volví a manejar. El pánico me inhabilitó, pero también me llevó a reflexionar: ¿por qué algunas personas logran gestionar mejor sus emociones? ¿Es posible controlar las emociones en mi beneficio?

Diversas investigaciones han identificado seis emociones básicas o universales: alegría, ira, miedo, tristeza, aversión (asco) y sorpresa. Estas emociones fundamentales nos ayudan a definir y comprender lo que sentimos en distintas situaciones.

En el siglo XXI, ha sido incorporada en el ámbito educativo y también en el empresarial. Y es que cualquier joven o adulto puede aprender a ser emocionalmente inteligente, un proceso que requiere tiempo y constancia.

Desarrollar inteligencia emocional es un hábito que debemos practicar a diario, un desafío que será completo cuando se es capaz de reconocer las emociones propias y ajenas.

Sin embargo, existe otro reto importante, la disposición personal: se necesita la voluntad para mejorar. Si bien aprender sobre uno mismo tiene sus ventajas, representa un gran desafío. Para quienes están dispuestos a trabajar en su inteligencia emocional, los beneficios son muchos y valen el esfuerzo.

En primer lugar, aprender a identificar nuestras emociones nos permite tomar decisiones más acertadas. Piensa en una ocasión en la que sentiste enojo y actuaste bajo esa emoción. ¿Qué sucedió? Probablemente nada positivo, ya que cuando actuamos desde el impulso emocional, decimos y hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos.

Imagina que, en ese momento de enojo, aplicas una estrategia simple como la respiración consciente. Un minuto enfocado únicamente en respirar. ¿Qué sucedería? Tu mente se calmaría, podrías reflexionar antes de actuar, y evitarías muchos problemas.

Según el doctor Norberto Levy, los seres humanos necesitamos un espacio para liberar el enojo, y canalizar la energía que nos desborda impidiéndonos pensar con claridad.

Otro beneficio de desarrollar la inteligencia emocional es aprender a reconocer las señales que emite nuestro cuerpo en distintas situaciones. Ahora mismo, mientras lees estas líneas, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué señales te está enviando tu cuerpo? Identificar y nombrar estas sensaciones nos hace más conscientes de lo que realmente estamos experimentando.

La clave de la inteligencia emocional es la capacidad de afrontar y resolver conflictos. Todas las relaciones están marcadas por conflictos, que muchas veces se generan por no tener las herramientas necesarias para resolverlos.

Las conversaciones sinceras son la forma más efectiva de abordar los conflictos, pero para llevarlas a cabo es necesario construir relaciones basadas en la confianza, ser empáticos, y estar dispuestos a decir y escuchar lo que la otra persona tiene para decir.

Esto es parte del aprendizaje emocional, y nos permite ser más eficientes en el aprendizaje, en el trabajo y con nuestros vínculos afectivos, esto también nos incluye. ¿Cómo podemos ser más productivos y disfrutar de tiempo de calidad con nuestros seres queridos si no dedicamos tiempo a nosotros mismos?

La calidad de nuestra vida está marcada por nuestro cuidado físico y emocional, cuando te sientes bien contigo mismo, tu vida profesional y personal mejoran. Aunque parezca simple, es un proceso complejo.

En el mundo de la inmediatez, olvidamos que lo más importante es el bienestar. Algo que cualquiera puede aprender trabajando las emociones, y que puede motivar el éxito o fracaso de cualquier emprendimiento. Cuánto más jóvenes aprendamos a gestionarlas, será más simple afrontar los desafíos de la vida escolar, laboral y personal.

Susana Kunzi es Lic. en Ciencias de la educación, Neuropsicoeducadora, y autora de “Autoconocimiento y autocuidado para humanos ocupados”.

La senadora nacional Beatriz Avila (PJS) presentó un proyecto de ley con el objeto de declarar obligatoria la educación inicial para niños y niñas de tres años en el Sistema Educativo Nacional. Esta iniciativa —que fue presentada el pasado 27 de agosto— reconoce como su antecedente el proyecto presentado en  2021 por el entonces senador Esteban Bullrich.

“La educación obligatoria a partir de los tres años brinda una oportunidad invaluable para el desarrollo integral de los niños, promoviendo la igualdad de oportunidades, preparándolos para la etapa escolar, estimulando su desarrollo temprano y previniendo la deserción escolar”, remarca Avila en los fundamentos del proyecto. Y agrega que esta “medida  garantiza una base sólida para el aprendizaje a lo largo de la vida y contribuye a la formación de ciudadanos informados, críticos y participativos en la sociedad”.

De este modo, la obligatoriedad escolar en todo el país se extendería desde los tres años hasta la finalización del nivel de la educación secundaria. En tanto que el proyecto también insta a ampliar los servicios de educación inicial para los niños desde los 45 días de vida hasta los dos años de edad, en forma progresiva, atendiendo especialmente las desigualdades sociales y educativas.

“La educación inicial representa un espacio promotor de aprendizajes sociales, emocionales, intelectuales y físicos cumpliendo la función de ayudar a las familias a formar hábitos y a estimular la socialización” sostiene Avila. Y pondera: “la educación temprana es fundamental para el desarrollo integral de los niños y tiene un impacto duradero en su vida”.

La iniciativa establece que las autoridades competentes tanto nacional como de las provincias deben asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos de acuerdo a los estándares que para ellos fije el Consejo Federal de Educación.

Previsiblemente, el presidente Javier Milei celebró este miércoles que en Diputados lograran frenar la intentona opositora de voltear el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Lo hizo a través de la Oficina del Presidente, que destacó “la labor patriótica de los 87 diputados  nacionales que impidieron a un grupo de irresponsables adoptar medidas populistas que habrían quebrado las arcas públicas”.

En el comunicado se enfatizó que el veto presidencial tenía como objetivo “evitar la destrucción del superávit fiscal, un compromiso que tanto esfuerzo le ha costado a los argentinos alcanzar y que otros gobiernos no lograron durante su mandato”.

“Un déficit fiscal perpetuo lleva al colapso de una nación; cuando el gasto supera la recaudación, no hay otra manera de solventarlo que aumentando los impuestos, emitiendo dinero y generando inflación, o tomando deuda que implica inflación para futuras generaciones”, agrega el comunicado de la Oficina del Presidente.

Allí se remarca que “la inflación es un impuesto no legislado que afecta diez veces más a los pobres y ha sido la principal causa de la pulverización de los ingresos de los jubilados”. Y agrega: “En otras palabras, esta medida populista significaba pan para hoy y hambre para mañana”.

El comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina concluye diciendo que “este gobierno no promoverá ninguna medida que genere inflación, un mayor peso tributario para los argentinos, o una deuda insostenible que comprometa el futuro de los más jóvenes. Cualquier incremento en el gasto público que comprometa el equilibrio fiscal se encontrará con un muro innegociable en este presidente y en 87 patriotas del Poder Legislativo. Si es necesario, les vamos a vetar todo”.

Con la satisfacción fresca de haber sorteado el escollo mayor este miércoles en Diputados, con el aval obtenido al veto presidencial de la Ley de Movilidad Jubilatoria, el Gobierno no afloja el ritmo y solucionó favorablemente -al menos por ahora- otro de los dolores de cabeza que se perfilaban para este jueves. Hablamos puntualmente del debate del decreto de necesidad y urgencia 656/24, de los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Ese tema estaba tercero en el plan de labor de la sesión pedida para este jueves, que arrancará a las 14. Pero, tras un acuerdo entre senadores de la oposición dialoguista con el oficialismo, se decidió retirar del temario y postergar su tratamiento una semana más.

El asunto se trató incluso este miércoles, mientras sesionaba la Cámara de Diputados, en una reunión encabezada por el propio presidente Javier Milei en Casa Rosada con la vicepresidenta Victoria Villarruel y senadores de bloques amigables.

Lo que ocurrió después formalmente fue la presentación de una nota, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la que el Poder Ejecutivo pide una sesión secreta en el Senado, con el fin de que el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) expliquen el uso de los 100 mil millones de pesos otorgados al organismo de inteligencia en concepto de gastos reservados.

Tras una nueva reunión de Labor Parlamentaria, en la que Unión por la Patria reclamó fervientemente por la exclusión del tratamiento del DNU, que ya cuenta con el rechazo de la Cámara de Diputados, la vicejefa de esa bancada, Anabel Fernández Sagasti, expresó en su cuenta de X: “En otra voltereta radical, esta vez en el Senado, acordaron sacar del temario de la sesión de mañana el DNU de fondos reservados de la SIDE”.

Desde la principal oposición no se dan por vencidos y tratarán de incluir el tema. La polémica se anticipa en la discusión reglamentaria que habrá para sumarlo al debate. Mientras desde el oficialismo argumentarán que se necesitan de dos tercios para habilitarlo, UP recordará que los decretos de necesidad y urgencia pueden tratarse “de oficio” en el recinto, vencido el plazo para que la Bicameral de Trámite Legislativo emita dictamen, según la Ley 26.122. Y que para eso solo se necesita de mayoría simple.

Los otros dos temas que atravesarán la jornada serán el debate del proyecto de boleta única de papel, que está previsto reciba modificaciones y vuelva a la Cámara de Diputados. Al tratarse de una cuestión electoral deberá reunir 37 votos afirmativos. El segundo será el proyecto sobre financiamiento universitario, que se encamina a ser ley. Se trata de otra iniciativa que Milei ya anticipó vetará, por considerar que va en contra del equilibrio fiscal.

Boleta Única de Papel

Sobre Boleta Única de Papel hay dos dictámenes. El de mayoría establece que la boleta única incluirá todas las categorías para las que se realiza la elección, distinguidas claramente. Estará dividida en espacios, franjas o filas horizontales para cada agrupación política que tenga listas oficializadas de personas propuestas para ocupar los cargos públicos electivos y en espacios, franjas o columnas verticales para cada una de las categorías de cargos electivos.

La boleta debe contener nombre de la agrupación política, categoría de cargos a elegir; nombre de los candidatos y foto según cada categoría; y un casillero en blanco junto a cada tramo de cargo para poder votar por cada una de las categorías, entre otros requisitos.

Se deberá incluir también un casillero en blanco, junto a la identificación de la agrupación política, para que se pueda votar por lista completa.

Las listas completas de candidatos con sus respectivos suplentes deben ser publicadas en afiches que serán exhibidos de manera clara y visible en cada cabina de votación.

La Boleta Única será impresa al menos 30 días antes del acto electoral en una cantidad igual al número de electores correspondientes al padrón electoral, más un 5 % adicional para reposición en caso de contingencias.

En cada mesa electoral debe haber tantas Boletas Únicas como personas habilitadas para votar, más el porcentaje adicional.

El proyecto modifica el artículo 94 relativo al procedimiento de emisión del voto. En la cabina de sufragio, el elector marcará la opción electoral de su preferencia en la Boleta Única de Papel con cualquier tipo de marca dentro de los casilleros. La Boleta Única de Papel, doblada por sus pliegues, será depositada por el elector en la urna respectiva. Incluye disposiciones acerca del procedimiento del voto en el caso de personas con discapacidad.

La Cámara Nacional Electoral deberá iniciar un proceso público de desarrollo y diseño de un modelo de Boleta Única de Papel para las próximas elecciones primarias y generales.

El dictamen de minoría difiere en cuestiones tales como que en vez de que una misma boleta incluya todas las categorías para las que se realiza la elección, establece una Boleta Única para cada categoría de cargo electivo. También elimina la opción de votar por lista completa.

Entre otras cosas excluye la individualización de la sección electoral en la confección de la boleta única. Asimismo, establece que su diseño será establecido por cada Junta Electoral Nacional, en vez de la Cámara Nacional Electoral.

Financiamiento de las universidades nacionales

El dictamen que se pondrá a consideración define como objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en la Argentina durante 2024.

Ordena al Poder Ejecutivo nacional actualizar las partidas presupuestarias de 2024 para garantizar el financiamiento de las universidades nacionales, de acuerdo a lo establecido en esta ley.

Encomienda al Poder Ejecutivo nacional actualizar al 1/1/2024, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales correspondientes a las actividades presupuestarias que se especifican.

Encomienda al Poder Ejecutivo nacional a actualizar, de forma bimestral y según el IPC, desde el 1/1/2024 y hasta el 31/12/2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales correspondientes a las actividades presupuestarias detalladas en el punto anterior.

Establece que los aumentos otorgados por el Poder Ejecutivo nacional en estas actividades al Programa 26, Desarrollo de la educación superior, durante 2024 y anterior a la sanción de esta ley, podrán ser descontados de la aplicación retroactiva del IPC.

Encomienda al Poder Ejecutivo nacional recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1/12/2023 y hasta el mes de sanción de esta ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período.

Desde el mes siguiente a la sanción de esta ley y hasta el 31/12/2024, el PEN deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC.

Los aumentos otorgados por el PEN en el Programa 26, Desarrollo de la Educación Superior, para la asistencia a salarios docentes y no docentes entre el 1/12/2023 y la fecha de sanción de esta ley deberán tomarse a cuenta de la recomposición.

Lo establecido acerca de la recomposición salarial no se aplicará si las paritarias a nivel general del sector docente y no docente para 2024 son acordadas y rubricadas por el Poder Ejecutivo nacional y las federaciones representantes de los trabajadores de la educación superior y las escuelas preuniversitarias.

Establece que la Auditoría General de la Nación, conforme el artículo 59 bis de la ley 24.521 de Educación Superior, realizará las auditorías y, de manera inmediata, remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas, así como también el plan de seguimiento y control a dichas observaciones.

Establece la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles.

El presidente del bloque de Unión  por la Patria, Germán Martínez, habló de la necesidad de que los jubilados tengan una mejora en sus haberes a la hora de pensar en sus ingresos y realizó un repaso de todo lo actuado por su bancada en el transcurso de estos meses con este tema.

“Diputados acá presentes convocaron el 13 de marzo a una sesión especial para emplazar y empezar a trabajar esto. No lo habíamos convocado nosotros, pero fuimos al recinto igual. Por poco no tuvimos quórum”, recordó, destacando que siempre acompañaron las medidas desarrolladas estos meses.

“Constituyeron la Comisión de Previsión Social, intentamos hacer un acuerdo político; no pudimos, estuvimos cerca y lo seguimos intentando”, señaló. Agregó que “eso fue a mitad de abril; en mayo hubo en el plenario de comisiones tratamos de ir con un dictamen lo más parecido posible al de otros bloques, y lo hicimos conscientemente, sabiendo que era lo mejor que necesitaban los jubilados”.

“Pero sabíamos que para aprobarlo teníamos que acordar en el recinto y lo hicimos”, destacó, recordando que “buscamos puntos de acuerdo que nos llevaran a una mayoría holgada que fue lo que conseguimos: 160 votos. El 60% de esos votos los proporcionó el bloque de Unión por la Patria, pero con nosotros no alcanzaba, necesitábamos de todos los bloques. Se vivió como lo que fue: un triunfo”.

Cuando llegó al Senado, Martínez señaló que “ahí algunos comenzaban a comentar que iban a sacarle cosas, pero no, el Senado insistió. Tuvo una mayoría holgada, también tuvo senadores del Pro, que no hicieron en ese momento ninguno de los análisis que se hicieron después”.

“Pero el presidente veta esto. Podía haber hecho un veto parcial; no, hizo veto total. Se llevó puesto todo”, afirmó el titular del bloque más numeroso de la Cámara, que sostuvo luego que “venimos con la misma coherencia, la que nos hizo sentar en sesiones que no habíamos pedido. Venimos a rechazar el veto de Javier Milei, porque no estamos solamente en el recinto, estamos con miles y miles de jubilados que en todas las plazas rechazan este veto”.

Sobre el final de su encendida exposición, advirtió que “el diablo disfrazado de fuerzas del cielo metió la cola, y se empezó a llevar diputados de todos los bloques. Y la alcanzó con una mayoría mínima”. En ese sentido aseguró que este Gobierno alcanza esos logros “colgado del travesaño; y así y todo se lleva diputados que votaron a favor en su momento”.

Germán Martínez concluyó mandando un mensaje a los diputados que cambiaron sus votos, haciendo suyas las palabras de León Gieco: “Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente”.

En su intervención durante el debate sobre el veto a la Ley de Movilidad Previsional, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, reprochó al Gobierno no haber tenido en cuenta los antecedentes de la historia reciente y alertó sobre las consecuencias fiscales que tendrá el rechazo a esta ley en materia de litigios judiciales.

“Probablemente hoy no logremos los dos tercios; probablemente el Gobierno tenga hoy un triunfo en términos del objetivo buscado en estos diálogos que ha tenido con distintos representantes”, arrancó el legislador, que sentenció a continuación: “Podemos decir que pueden vencer, pero seguramente no van a convencer”.

Para Pichetto, “en política y en la vida se puede hacer cualquier cosa; lo que no se puede es evitar los efectos y consecuencias”. Fue entonces cuando advirtió que “algunos no saben de historia en el Gobierno. Si recordaran lo que le pasó a Menem con Cavallo y una señora que hacía manifestaciones”, en referencia a la dirigente de los jubilados Norma Plá.

Recordó también los eventos que vivió el Gobierno de Mauricio Macri. “Había ganado las elecciones, había triunfado en octubre… Había crecido la economía, fue la única vez que creció durante sus cuatro años; pero no recordó la frase de Napoleón: Ejército que triunfa, descansa. Y quiso tratar en diciembre la reforma previsional. En lugar de terminar el año muy bien, terminó muy mal”.

Con todo, Pichetto reivindicó la fórmula que se aprobó en tiempos de Cambiemos, en la que él trabajó también como senador opositor. Era sobre la base de 70% de inflación y 30 de RIPTE. Explicó que como ese Gobierno pensaba que la inflación iba a la baja, aceptaron esa integración de la fórmula. “Lamentablemente ocurrió lo contrario y los efectos fueron negativos”, señaló, recordando que ese Gobierno también hizo trampa al implementarla más tarde de lo previsto, quedándose el Gobierno con el primer trimestre. “Es lo que hizo este Gobierno también”, destacó Pichetto, en referencia a que esta administración obvió también la inflación de enero, cosa que le endilgó a “algún asesor de esos que tiene brillante”. Para él, debieron haber “actualizado el 20,5% de enero, que era muy alto, y haber puesto después ajuste por inflación y RIPTE”.

Así las cosas, anticipó que “lo que empieza ahora es un proceso de judicialización muy intenso, que además es todo a perdedor, porque no hay una aplicación de una fórmula polinómica. Hay muchos antecedentes, a la Corte le gusta este tema, ha asentado una clara definición de que es imprescindible que el sistema previsional debe tener una clara fórmula polinómica, que tenga en cuenta el deterioro del salario, costo de vida… El mundo judicial se va a poner en marcha inexorablemente, donde las cámaras previsionales además son todas que funcionan en línea con el reclamo de los jubilados”.

“Por lo tanto, estamos generando un problema y un gasto adicional que podíamos haber resuelto con inteligencia”, agregó, considerando que “un veto parcial hubiera sido razonable”, manteniendo el ajuste  por inflación, el 20,5% de enero y manteniendo el RIPTE.

Pichetto advirtió que también pudo el Gobierno haberlo hecho en el Senado, que “estuvo esperando algunas sugerencias para hacer correcciones. No llegó ninguna propuesta del Ministerio de Economía”.

Por último, el jefe del bloque Encuentro Federal confirmó que “vamos a insistir; queremos ser coherentes con lo que hemos votado en la sesión” del 5 de junio. Rechazó de manera tajante que se los considere degenerados fiscales y, por el contrario, aclaró que “hemos actuado con mucha prudencia en la materia”.

Y concluyó advirtiéndole al Gobierno que “este universo previsional argentino hay que tenerlo en cuenta y el tema en la sociedad tiene un impacto. Este es un mensaje que le hago llegar al Gobierno. Empezar a comprender algunos temas que no es solo el ajuste fiscal donde hay que inmolarse, sino también la previsibilidad económica y la previsibilidad fiscal”.

“No es cierto que la fórmula para los jubilados sea inviable fiscalmente, o como dijo el presidente, que sea obra de degenerados fiscales”, advirtió en su intervención el rionegrino Agustín Domingo durante el debate sobre el veto presidencial a la Ley de Movilidad Previsional. Y lo argumentó diciendo que la misma “evitaba lo que ahora será inevitable: una catarata de juicios contra el Estado por no respetar el empalme de una fórmula y la otra. Son juicios que el Estado va a perder, es un mayor gasto futuro”.

Con todo, el legislador de Innovación Federal anunció en su discurso la abstención de esa bancada.

El rionegrino sostuvo que “la fórmula de ajuste que votamos tenía muchas virtudes, porque le reconocía a los jubilados ese 8% para completar la  inflación de enero, que no solo completaba los ingresos, sino evitaba esa catarata de juicios”. Aclaró también que el costo de esta movilidad jubilatoria es solo del 0,4% del PBI, y agregó que “con el ahorro fiscal, reduciéndole las transferencias discrecionales fiscales a las provincias se duplica ese costo fiscal de haberles modificado la fórmula a los jubilados”.

En consecuencia, consideró que no hay por parte del Gobierno una decisión fiscal, sino una decisión política.

De todos modos, aclaró finalmente respecto al voto de Innovación Federal, que el 5 de junio pasado fue positivo, que “no vamos a votar en contra de esa decisión política que tomó el presidente, pero tampoco vamos a convalidar. La posición de nuestro bloque va a ser la abstención”.

El presidente Javier Milei se reunió nuevamente este miércoles con legisladores nacionales, aunque en esta oportunidad se ocupó de la Cámara de Senadores. Estuvieron en el encuentro senadores del oficialismo y los bloques dialoguistas, incluida la vicepresidenta de la Nación.

Asistieron al encuentro con Milei en la Casa Rosada el senador del oficialismo Ezequiel Atauche, el presidente del bloque Pro Luis Juez; el de la UCR, Eduardo Vischi; y Mauricio Espínola y Edgardo Kueider, de Unidad Federal.

También concurrieron los senadores Juan Carlos Romero, Beatriz Avila y Lucila Crexell.

El jefe de Estado estuvo acompañado por la titular del Senado, Victoria Villarruel; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los vicejefes de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi.

La reunión va en línea con las que el presidente viene manteniendo con legisladores del oficialismo y las bancadas más cercanas. Fue una recomendación del expresidente Mauricio Macri, quien en sus cenas en Olivos le sugirió que participara personalmente de los encuentros con los legisladores; que condujera a sus bloques, pero también le pidió que hiciera lo mismo con los legisladores del Pro.

El encuentro se desarrolla en momentos de actividad plena en ambas cámaras y cuando el Senado atraviesa un momento de tensión por el inminente tratamiento de temas que representarán derrotas para el oficialismo, como el proyecto de financiamiento universitario, que ya cuenta con media sanción de la Cámara baja; y el rechazo al DNU de fondos reservados para la SIDE. Asimismo está complicado el tratamiento del proyecto para implementar la boleta única de papel.

También en momentos en que el Senado trata un tema de especial interés para el Ejecutivo: los pliegos de los Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, promovidos por el presidente de la Nación.

Este cónclave en la Rosada busca realimentar el acuerdo de diciembre pasado, cuando las autoridades del Senado lograron conformar una mayoría de 39 senadores, para contraponer con la primera minoría voluminosa que representa Unión por la Patria en esa Cámara, con 33 miembros.

Luego de una semana como la anterior, en la que se negoció día a día para ver si se realizaba una sesión que terminó confirmándose, pero para la semana siguiente, ahora volvió a complicarse esa posibilidad y muchos dan por caída la reunión anunciada para este jueves en el Senado.

La sesión de este 12 de septiembre había sido confirmada la semana anterior entre el oficialismo y la oposición dialoguista, para enojo de los miembros del interbloque Unión por la Patria, que intentaron sin éxito sesionar el jueves. Para este 12 a partir de las 14 se había acordado el temario que incluía el proyecto de boleta única de papel, la iniciativa de financiamiento universitario y el DNU sobre los 100 mil millones de pesos para la SIDE. Tres temas previstos que a priori representaban dos victorias opositoras contra una del oficialismo.

Salvo el primer tema, que en rigor no es un proyecto de La Libertad Avanza, sino de la oposición de 2022 que le dio media sanción en Diputados, pero que LLA defiende como propia, los otros dos temas son resistidos por la Casa Rosada. Por razones obvias.

La novedad de las últimas horas es que se reavivaron las dudas entre las partes y el oficialismo estaría interesado en postergar una vez más la sesión. El dato saliente es que ese deseo encontraría receptividad en el bloque de José Mayans, toda una novedad, ya que le hacía falta al menos tres senadores por diversas causas.

Según precisaron fuentes consultadas, persisten las dudas en torno al proyecto de boleta única de papel. Cuando ya se daban por resueltas las diferencias entre oficialismo y oposición para garantizar los votos de todos los bloques menos UP, las dudas surgieron en la oposición dialoguista. De acuerdo con lo que circuló en los últimos días, la renuencia a aprobar la BUE surgiría del bloque radical, donde los correntinos Eduardo Vischi (nada más ni nada menos que el presidente de la bancada) y su par Mercedes Gabriela Valenzuela, quienes ya no estarían tan convencidos de apoyar el proyecto, por la proyección que el mismo tendría sobre su provincia, donde el año que viene se elige gobernador y el actual, Gustavo Valdés, ya no tiene reelección. Algunos dijeron que este gobernador no quiere que se le complique la elección en su provincia y por eso llamó a bajarle el pulgar a la propuesta que circula en el Senado.

Haciéndose eco de la especie, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió apareció esta semana pidiéndole al gobernador Valdés a través de su cuenta de X que “por favor apoye en el Senado la sanción de la ley de Boleta Única”. Y le indicó puntualmente: “Usted que fue mi alumno en la Facultad de Derecho en Corrientes no puede oponerse a una reforma necesaria para el sistema democrático”.

Hay quienes dicen que las resistencias no son solo de los correntinos, y de los que sostienen que sí, algunos advierten que en realidad Valdés se está subiendo el precio justo en vísperas del tratamiento del Presupuesto 2025, donde quiere quedar a resguardo financieramente hablando para el próximo año.

Como sea, no están garantizados los votos para este tema este jueves. ¿Y el resto? Hay más chances para que se apruebe financiamiento de universidades nacionales, y ni qué decir del rechazo al DNU 654/24, aunque una fuente radical sugirió que no le sorprendería que al llegar al tercer punto del temario la sesión se quedara sin quórum, de modo tal de dejar las cosas empatadas en 1 entre el oficialismo y la oposición más dura.

No debería descartarse para una eventual postergación un cálculo meramente político: si el oficialismo logra controlar -como todo indica- el rechazo al veto presidencial a la Movilidad Previsional, no querría que rápidamente esa buena performance se opacara tan rápidamente, al día siguiente, con dos derrotas severas en el Senado.

Otra especulación que se hacía era la de que la posible postergación se anunciaría con la anuencia de UP, bloque al que le faltarían tres senadores, lo cual no es poco.

“Complicada”, resumió una fuente legislativa de los bloques dialoguistas al ser consultada por este medio respecto de cómo venía la sesión de este jueves. “Hoy está difícil”, remató.

Para este miércoles al mediodía estaba prevista una reunión para tratar de destrabar el tema y definir qué sucederá con la sesión.

La oposición llega a la sesión pedida para debatir el veto presidencial a la Ley de Movilidad Previsional envuelta en dudas, con el colmo de que la única certeza es que no cuentan con los dos tercios que imaginaban tener cuando se apresuraron a pedir la sesión especial de este miércoles, con el objeto de evitar que el tema se enfriara.

Si bien siempre admitieron por lo bajo que los números estaban “muy finos”, en ese momento venían con el envión ganador y se sentían optimistas. Aunque siempre dudaron de la homogeneidad del voto radical, cuyos gobernadores estaban siendo objeto de presión de parte del Gobierno nacional, y actuaban en consecuencia sobre sus diputados. Así y todo, las expectativas comenzaron a desmoronarse el lunes, y en las últimas horas, con la foto de un grupo de diputados radicales sentados con el presidente Javier Milei en vísperas de esta sesión clave, todo vestigio de optimismo opositor se esfumó.

“La foto fue un montón”, resumió una fuente radical consultada, sin ningún reparo de mostrar su indignación.

Independientemente de ese problema interno que expone que en el bloque radical hay hoy dos vertientes, donde conviven los más ultras y los más complacientes, lo cierto es que la en el seno de la oposición se ha abierto un espacio de incertidumbre respecto de qué hacer en la sesión prevista para este miércoles a partir de las 11.

En el seno de los bloques dialoguistas, en el radicalismo no descartan una insistencia parcial con el veto. Ellos dicen que hay un antecedente. Minuciosa, la cordobesa Soledad Carrizo lo ha publicado en su cuenta de X: “El Congreso puede insistir con la ley aprobada o puede aceptar una parte del veto”, ha dicho allí, afirmando que desde 1983 el Congreso ha hecho aceptaciones parciales. En cinco oportunidades el presidente vetó parcialmente leyes y la Cámara baja aceptó una parte del veto e insistió con otra parte de sus proyectos, señaló.

“También hubo un caso en el que el presidente vetó totalmente una ley, y el Congreso insistió con una parte de su proyecto original. Fue en el año 2002, con la Ley 25.471, Programa de Propiedad Participada de los ex agentes de YPF -explicó Soledad Carrizo-. Nos queda plantearnos qué pasará ahora con la ley de la movilidad jubilatoria. La situación es similar, veremos que responde el Congreso”.

A sabiendas de que no están los 2/3 para voltear el veto, pero tampoco para forzar el tratamiento sobre tablas, los radicales piensan en la posibilidad de presentar una moción para que se vote por artículos el veto, porque “si advertimos que se va a perder, vamos a tratar de sobrevivir con lo que se pueda sobrevivir”, graficó un representante de ese espacio.

Así las cosas, ellos van a ir por la insistencia parcial, mientras que otros bloques de la oposición dialoguista también lo están analizando. Aspiran a rescatar lo que pueda salvarse de la Ley de Movilidad Previsional, recordando que el Pro votó a favor en el Senado la recomposición del 8,1% y que la fórmula tenga el índice de inflación. Esos serían los artículos con los cuales los opositores dialoguistas piensan que podrían insistir parcialmente.

UP no quiere saber nada

No es lo que opinan en Unión por la Patria, donde están totalmente en contra de la insistencia parcial. Dicen allí que “reglamentariamente no se puede”, que es incorrecto que haya antecedentes y se preguntan para qué quieren desde el radicalismo obligar ahora a la oposición a la insistencia parcial. “¿Para salvar a los que se dieron vuelta, y a los radicales que fueron a la Rosada?”, se preguntan, mordaces, en la oposición más dura.

Así llega la oposición en su conjunto a una sesión donde necesitarían mostrar una homogeneidad que lejos están de alcanzar. Por el contrario, no hay cohesión para esta sesión, y los únicos que de cara a la misma se muestran decididos son los diputados del oficialismo, que quieren ir hacia la aprobación del veto total; y los de UP, que quieren ir por la aprobación del rechazo total. No hay en definitiva una estrategia unificada en los bloques opositores.

Y lejos están de la posibilidad de que vayan a acercar posiciones para unificar criterios, pues una alta fuente dialoguista aclaró que “no  hay nada que hablar ni negociar con ellos”, en referencia al kirchnerismo. “Que ellos en todo caso después vean qué hacen si de repente en la sesión se plantea una insistencia parcial”, cerró esta fuente.

En definitiva, las tres opciones que a priori se plantean para esta sesión para la oposición son: 1) juntar los dos tercios y voltear el veto (hoy algo prácticamente imposible); 2) insistencia parcial; 3) emplazamiento a comisiones.

Esta última alternativa es desechada desde Unión por la Patria, igual que la insistencia parcial, como dijimos. Lo del emplazamiento lo rechazan porque consideran que eso terminaría en la insistencia parcial. Y para ellos, la cosa hoy es a todo o nada.

El eventual giro se daría si el bloque que conduce Germán Martínez cediera, al igual que lo hizo cuando hace tres meses aceptó que se rechazara su dictamen, que era más ambicioso, y se aprobó el que tuvo como base la propuesta de la UCR, justamente hoy con posturas divididas.

La Comisión de Cultura que dirige la diputada de Unión por la Patria Silvana Ginocchio definió invitar al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli para el jueves 10 de octubre a las 9. Además, aprobaron un pedido de informes sobre un temario general, en el que se expresará el secretario.

Al respecto, Ginocchio explicó que el secretario dirigió una carta con tres fechas tentativas para su visita: el 30 de septiembre a las 9hs, 3 de octubre 9hs, y 10 de octubre a las 9hs. Asimismo, en “la misma notificación manifiesta que se le informe el día de visita y si van a necesitar información adicional con relación a los temas de la reunión”.

“Es esencial la visita y hace a la información, la trasparencia y los puentes con los poderes del Estado”, expresó la legisladora, y luego votaron la moción para que se presente el jueves 10 de octubre.

Ginocchio, también adelantó que habrá dos reuniones informativas: Jueves 19/9 para tratar proyectos de mecenazgo (tipo de patrocinio que se otorga a artistas, literatos o científicos para permitir desarrollar su obra) y el martes 24/9 para analizar iniciativas relacionadas con la producción audiovisual, con la creación del Instituto Nacional del Cine.

La comisión, además, aprobó diferentes proyectos de ley que declaran: Lugar Histórico nacional al cementerio de la localidad de General Lavalle, provincia de Buenos Aires; al “Mirador Comastri”, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al cumplirse el 149 aniversario de su inauguración; Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación a la Zamba Paisajes de Catamarca y sus componentes simbólicos compuesta por Rodolfo Lauro María Giménez “Polo Giménez”; A la elaboración y consumo de Capia Santamariana y fiesta nacional a la “Fiesta de la Capia” que se realiza anualmente en el me de julio en Santa María de Yokavil, provincia de Catamarca.; Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Argentina a la “Cumbia Santafesina”; De interés nacional, histórico, cultural y turístico al circuito “Los Caminos de Eva”; y declarar “Sepulcro histórico nacional” al sepulcro del Brigadier General Estanislao López, sito en el convento de San Francisco, en la provincia de Santa Fe.

Igualmente, aprobaron proyectos de resolución y declaración, entre los que se destacan, declarar de interés de la Cámara la labor artística y la trayectoria del grupo folclórico musical “Hermanos Pérez”, en el trigésimo aniversario de su creación; Expresar beneplácito por la película Goyo, por su mirada inclusiva de las personas con autismo y con discapacidad intelectual; Declarar de interés la exposición “Filantropía – Benito Quinquela Martín como transformador social” que se realizó del 22 de febrero al 16 de mayo de 2024 en la sala La Rueca del “Centro Creativo – El Obrador”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Declarar de interés el documental “Traslados” realizado por Nicolás Gil Lavedra, sobre los llamados vuelos de la muerte de la última dictadura militar; la obra teatral Hugo -Ser diferentes nos hace grande-, presentada en el Ítaca Complejo Teatral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Declarar de interés a la película documental titulada “Desvanecer – allí y acá latente – En una crisis, ¿hay algún hallazgo?”, realizada por Giselle Eliana Chan; Declarar la iniciativa de la Peace Road (Ruta de la Paz) y la “Carretera Internacional de Paz”, destinada a acercar a pueblos y culturas, entre otros expedientes.

El diputado nacional Eduardo Valdés solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que se garantice el cumplimiento de la Ley 27.412 de paridad de género en el reemplazo del diputado entrerriano Pedro Galimberti, quien recientemente presentó su renuncia.

A través de la nota 5080-D-2024 dirigida a Martín Menem, Valdés solicita que el presidente de la Cámara “dé cumplimiento de la Ley de Paridad de Género aprobada por este Congreso”. Según el legislador, habiendo renunciado Galimberti, “corresponde que asuma otro miembro del mismo género”, lo cual en este caso sería el actual intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico.

Cabe recordar que según lo anunciado, en lugar de Galimberti asumirá la dirigente entrerriana del Pro Nancy Ballejos, tercera suplente de la lista votada en las elecciones del 14 de noviembre de 2021.

Finalmente, el diputado de Unión por la Patria concluye su pedido a Martín Menem diciendo que “en el caso de que el intendente Davico decida no asumir su banca de diputado, solicito a usted que oportunamente incorpore la renuncia de Davico y presente la resolución por la cual la justicia electoral de Entre Ríos resuelve a quién le corresponde asumir la banca de diputado en lugar del renunciante Pedro Galimberti”.

Este reclamo se enmarca, explicó el legislador de Unión por la Patria, en los esfuerzos para asegurar que se cumpla con la normativa de paridad de género, garantizando una representación equitativa de hombres y mujeres en los cargos electivos.

Presidida por el radical Atilio Benedetti, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja debatió proyectos referidos al Régimen de Inversión para el Desarrollo Agroindustrial (RIDA) y biocombustibles. Sobre el tema, se acordó realizar reuniones informativas.

Como autor de uno de los proyectos, Benedetti explicó en el inicio de la reunión la creación de un Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial. “Tenemos en consideración tres proyectos”, dijo, hablando de iniciativas que “tienen el mismo propósito: dotar de elementos y herramientas a uno de los sectores más dinámicos de la Argentina”.

“Es una deuda del Congreso con actores de la vida real. Estamos muy cerca de avanzar y beneficia al sector agropecuario e industrial”, agregó.

En tanto, el diputado co-autor de uno de los proyectos, Miguel Ángel Pichetto, dijo que “una de las situaciones más complejas que es cómo resolvemos el trabajo urbano. Me parece una iniciativa que ha quedado pendiente del RIGI que envió el Gobierno en la Ley Bases. Esta complejidad de la agroindustria debería haber estar considerada, en consolidar al principal sector generador de divisas que es el campo. La agricultura, la ganadería, el sector agroexportador”, sostuvo.

Su par Francisco Morchio, también de Encuentro Federal, manifestó que “aborda el tema fiscal, este problema como las amortizaciones, la evaluación impositiva, el saldo de IVA, el crédito fiscal, los problemas de los productores de las pymes familiares”.

El diputado de Unión por la Patria Rogelio Iparraguirre celebró que “coincidamos en líneas generales, en algo, que es el sector más dinámico de la economía que es nuestro campo”. Además, se refirió a lo “positivo” de que no se incluya a los fideicomisos y en “defensa de nuestras divisas distinguir maquinaria agrícola nacional. Si estamos pensando en proteger no puede dar lo mismo de donde sean”, dijo.

Luego, Benedetti inició el debate del estudio de los distintos expedientes que comprenden la modificación de la Ley 27.640 de Biocombustibles. “Hay de necesidad de una nueva ley de biocombustibles. Tiene el respaldo de 6 provincias para aumentar los cortes en sintonía con el resto del mundo, en sintonía con que esté en desarrollo para el agregado de valor, a partir del aceite de soja y almidón de maíz y es una contribución a los efectos de gases hibernadores que son renovables”, aportó.

Al respecto, el cordobés Carlos Gutiérrez explicó que el “capítulo de biocombustibles quedó afuera de la ley bases y las provincias avanzaron en acuerdos y plasmaron el proyecto como máximo acuerdo posible de actores que están en el contexto del desarrollo de biocombustibles”.

A continuación, Iparraguirre expresó que este proyecto es “el de máximo acuerdo posible porque el sector tiene cambios significativos y Argentina tiene oportunidades concretas de ser líder global”.

Asimismo, la comisión aprobó distintos proyectos de resolución y declaración, entre ellos, pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el impacto de la plaga de Spiroplasma (Chicharrita del Maíz), en las distintas regiones del país afectadas; con la política pública destinada al sector de la agricultura familiar, campesina e indígena y con el decreto 285/2024; con la disolución del fondo fiduciario nacional de agroindustria (Fondagro); con la baja del proyecto de integración de pequeños productores a la cadena vitivinícola, con la implementación de la identificación electrónica obligatoria al ganado bovino a partir del 1 de enero de 2025, entre otros.

También se aprobaron proyectos que declaran de interés de la Cámara el “1° Congreso Bioagroindustrial”, a realizarse el 6 de noviembre de 2024 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; La 3°edición de la Fiesta Provincial del Azúcar Rubio Artesanal; La 136º Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que se realizó del 18 al 28 de julio de 2024 en el predio de La Rural, bajo el lema “el campo es mucho más que campo”, entre los destacados.

En el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Derechos Humanos y Relaciones Exteriores de la Cámara baja, Luis Har y Clara Marman, dos argentinos secuestrados en la Franja de Gaza hace casi un año, brindaron sus testimonios ante los diputados.

En la reunión conjunta, donde estuvieron también presentes los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con el Estado de Israel, que preside la diputada Sabrina Ajmechet, brindaron testimonio los dos ciudadanos argentinos que estuvieron secuestrados en la Franja de Gaza por el grupo terrorista Hamás, luego de los ataques del 7 de octubre del 2023 perpetrados contra el Estado de Israel.

Al inicio, el presidente de Relaciones Exteriores, Fernando Iglesias, señaló que “el objetivo de la reunión es intentar ayudar a darle relevancia a un tema que tiene una trascendencia absoluta y una gravedad inusitada, y que, lamentablemente, sigue pasando por debajo del radar de los grandes medios y debates públicos”. En ese sentido, subrayó que “todavía tenemos argentinos secuestrados por una organización terrorista y seguimos reclamando la inmediata liberación”.

Su par de Derechos Humanos, Sabrina Ajmechet, afirmó que “Clara y Luis son una historia de milagro, porque fueron rescatados y pueden contar sus historias, haciéndolo con esperanza”. “Así como crecimos muchos escuchando a nuestros abuelos que vivieron el holocausto, escucharlos a ustedes es imprescindible y sé lo difícil que es”, reflexionó.

Al contar que las mujeres de su familia estuvieron durante 53 días en cautiverio, mientras que Luis, su pareja, y su hermano Fernando quedaron 129 días, Clara Marman afirmó que “es muy importante que el mundo nos escuche, sobre todo en Argentina, mis raíces”. “Estar en cautiverio es realmente un infierno, perder la noción del tiempo, porque no se hace absolutamente nada y cada minuto es eterno”, explicó y al respecto, añadió: “Uno trata de concentrarse en sí mismo, pensar en cosas que le haga bien y alejarse de esa realidad que está viviendo”.

Luego, Luis Har detalló que “cuando se fueron las mujeres yo tomé la función de levantarme todas las mañanas y decir qué día de semana era, qué fecha, cuántos días hacía que estábamos en prisión y cuántos sin las mujeres; y, eso, nos mantenía por lo menos en sentido de tiempo”. “Ellos (los terroristas) utilizaban desde el primer momento la guerra psicológica, donde nos contaban todo lo malo que hacía el ejército israelí; lo único que recibíamos era lo que ellos nos decían que era información árabe”, pormenorizó.

Durante la exposición, Clara y Luis relataron cómo fue el momento que los secuestraron. “El 7 de octubre invité a toda mi familia a mi casa, en kibutz Nir Yitzhak, a unos 3 km de Gaza, donde siempre me sentí protegida. Pero, lamentablemente, a las 6.30 de la mañana del sábado empezaron las alarmas y misiles, situación que la conocemos y cada hogar tiene una habitación de seguridad por ser tan cercana a la frontera”, comenzó Clara.

Con respecto a esa situación, Luis prosiguió explicando que “estábamos todos juntos agachados, porque habíamos escuchado que de golpe habían empezado a romper vidrios con las culatas de las ametralladoras y así entraron por las ventanas. Tirotearon las puertas, corrían para adentro y gritaban. De golpe escuchamos que tirotearon la puerta del cuarto refugio, la forzaron y entraron tres que seguían tirando con las balas que nos pasaban por encima y el costado”.

“En ese momento, empezamos a gritar que no tiren, ellos dejaron de tirar y comenzaron bruscamente a empujarnos e intentar sacarnos. Nos iban arrastrando. Cuando salimos de la casa de Clara estaba repleto de terroristas corriendo por todos lados, rompiendo todo, tirando la ropa de los roperos y ahí nos empezaron a pedir las llaves de los coches. Ellos estaban completamente drogados, nos sacaron afuera y nos llevaron al alambrado que queda cerca de la casa de Clara. El resto de las casas estaban abiertas, las puertas rotas y no vimos a nadie, y nos pareció que ya se habían llevado a todos los vecinos”, contó Luis.

Y prosiguió con su relato: “Nos hicieron subir a una camioneta llena de armas, bombas y balas, donde cinco terroristas se sentaron encima nuestro, como si no fuéramos personas. Desde ahí veíamos civiles, sin armas, que no eran los que militaban el Hamás, que habían invadido y entraban al kibutz para robar y romper todo lo que podían. Luego, al bajar, nos metieron a un túnel estrecho, mientras nos gritaban y empujaban con las armas, y nos gritaban judíos, judíos, y nosotros le decíamos argentinos, Messi, Messi. Espero que algo haya ayudado eso, por lo menos lo intentamos”.

Clara, en otro momento de su crónica, indicó que “cuando los terroristas nos informaron que las negociaciones habían llegado a un acuerdo para que puedan salir solamente las mujeres y los niños no fue un alivio, ni felicidad, sino que era sentir que tenía que dejar a Fernando y a Luis en cautiverio”. “Al salir sentía la alegría de reunirme con mis seres queridos, pero desde el primer momento sentí que mi cuerpo salió, pero mi corazón estaba allá”, remarcó y en ese sentido, agregó: “El cautiverio es un infierno, pero la incertidumbre que provoca no saber lo que pasa con los seres queridos que quedan allá realmente no permite seguir viviendo”.

Con respecto a la liberación de las mujeres y niños, Luis manifestó que “al salir las mujeres quedamos solamente los hombres, lo que fue una especie de alivio, ya que siempre teníamos miedo que les pasa algo. De todas maneras, siguieron tratándonos bruscamente y gritando”. En contrapartida, ponderó que “lo más importante en ese momento era salir y dar señales de vida a las familias de que estábamos vivos, que hasta ese momento no sabían nada”. “No saber nada es lo que mata a las familias, que no pueden trabajar, dormir”, subrayó.

Por último, narró el momento en que lo rescataron. “Alguien me agarró de la cabeza y la pierna y me dijo que desde el ejército de Israel venían a llevarnos a casa y en ese momento sentí que estaba en las mejores manos del mundo”, recalcó.

En el marco de una reunión de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, que encabeza la socialista Mónica Fein, se analizaron una serie de proyectos que promueven el fortalecimiento del sector PyMEs.

Durante el encuentro, Fein manifestó que “hay un planteo de emergencia y un proyecto de Ley Pymes que necesitamos consensuar”, al tiempo que señaló: “Hay un proceso de modernización que debemos encarar para poder alivianar los costos que tienen las empresas y así poder generar incentivos para que sigan trabajando”.

Se analizó un proyecto, impulsado por la diputada Fein, que propone la creación de la Ventanilla Única para PyMEs (VUPyME) dentro de la órbita del Ministerio de Economía de la Nación, con el fin de centralizar en un único punto de entrada los trámites, y una Cuenta Única Fiscal.

Desde Unión por la Patria, el salteño Emiliano Estrada se refirió a la norma que establece la creación del Régimen de incentivo para Micro, Pequeñas y Medianas empresas, y busca “promover el desarrollo industrial del país, a través de las MiPyMEs”, entre otras cuestiones. “Nuestro bloque tiene consenso respecto a la declaración de emergencia y a las herramientas que tienen que ver con cuestiones tarifarias y tributarias. Creemos que el escenario necesita de regímenes de promoción y de fomento”, aseveró.

Desde el bloque de la Coalición Cívica, la diputada Mónica Frade afirmó que “respaldarán todos los proyectos que propongan mejoras para las Pymes”, al considerar que “son el motor productivo de este país”.

En tanto, la radical Melina Giorgi sostuvo que “queremos fortalecer y proteger a este sector tan importante, que son las Pymes”, pero -pidió- “busquemos un proyecto razonable para acompañar el equilibrio fiscal que plantea el Poder Ejecutivo”.

En la misma línea que su par, el diputado del Pro José Núñez instó a lograr un “consenso fiscal” y pidió “convocar a los ministros de Producción de cada provincia”, con el fin de “no perder el equilibrio fiscal”.

Por otra parte, también se analizaron distintos proyectos por los cuales se declaran, entre otros puntos destacados, “la emergencia económica, financiera y tarifaria de las micro, pequeñas y medianas empresas”.

Al inicio de la reunión, se acordó una declaración para que el Poder Ejecutivo disponga reformar la Resolución N° 0220/2019 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa para permitir que las cooperativas de primer grado puedan obtener el certificado MiPymes y los beneficios asociados.

Además, desde la presidencia de la Comisión se informaron algunas modificaciones de integrantes y en ese sentido, los diputados del Pro Martín Ardohain y Alejandro Bongiovanni ocuparán el lugar de las diputadas Marilú Quiroz y Verónica Razzini.

La Dirección General de Cultura, mediante la Dirección del Museo Parlamentario invitan a la ciudadanía a la inauguración de la exposición “Símbolos de Honor: Numismática del Senado”. Este evento se llevará a cabo este miércoles 11 de septiembre a las 15 en el majestuoso Atrio del Palacio Legislativo, en avenida Rivadavia 1849.

La exposición es una oda a la riqueza histórica y el arte sublime de las medallas conmemorativas del Congreso. A través de sus relieves y símbolos, estas piezas de numismática cuentan historias de valentía, honor y el inquebrantable espíritu de una nación.

Entre las joyas de esta exposición, se alza la Medalla del Sesquicentenario de la Independencia, un verdadero tesoro diseñado por el renombrado artista Carlos de la Cárcova. Esta medalla, con su elegancia y detalle, celebra el 150º aniversario de nuestra independencia con una belleza que trasciende el tiempo. La obra de De la Cárcova, reconocida por su extraordinaria capacidad para inmortalizar el alma de la nación en metal, será el punto focal de nuestra exposición.

Antes de abrir sus puertas al público, la inauguración será precedida por una conmovedora ceremonia en honor a Domingo Faustino Sarmiento, un faro de luz en nuestra historia educativa y política. Este tributo nos permitirá rendir homenaje a su legado y reflexionar sobre su impacto perdurable en la construcción de nuestro país.

Programa del Evento:

15:00 horas: Ceremonia Conmemorativa en Honor a Domingo Faustino Sarmiento

15:10 horas: Inauguración de la Exposición “Símbolos de Honor: Numismática del Senado”

La exposición estará abierta al público desde el 11 de septiembre hasta el 3 de noviembre. Invitamos a todos a explorar y maravillarse con la historia encapsulada en cada medalla, descubriendo los relatos de gloria y herencia que estas piezas traen consigo.

Tal cual le pidió Mauricio Macri en sus cenas en Olivos, el presidente Javier Milei continuó este martes cumpliendo el consejo de ponerle el cuerpo a la relación con el Congreso de la Nación. Así, tal cual lo hiciera hace dos viernes cuando recibió personalmente a un grupo de diputados propios y del Pro, esta vez se encontró con legisladores del radicalismo. Nada menos que un partido al que le ha dedicado gruesas críticas habitualmente.

El encuentro celebrado en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada lo tuvo sentado en la cabecera, acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los diputados radicales invitados fueron el tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat, el neuquino Pablo Cervi y el misionero Martín Arjol. También asistió el diputado liberal correntino José Federico Tournier.

La reunión cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que es en vísperas de una sesión clave, en la que la oposición buscará rechazar el veto presidencial a la Ley de Movilidad Previsonal.

Al respecto, ya Campero había adelantado su respaldo al veto presidencial, cosa que hizo también a través de un video publicado en sus redes sociales, grabado camino a Buenos Aires, donde señala que “en el Congreso, el kirchnerismo, incluso también con algunos bloques dialoguistas, permanentemente, con cuestiones muy nobles, como jubilaciones, universidades, en el fondo tienen un objetivo escondido que es el de golpear el plan económico moviendo uno o dos puntos del PBI. Y la única forma que podría solucionarse es generando deuda o emitiendo. Y acá, claramente, con aciertos y con errores, el Gobierno dijo: vamos al equilibrio fiscal, vamos a dejar de emitir y vamos a que un dólar no supere. ¿Quién calculaba que el dólar hoy iba a estar debajo de $1.300, el blue? Nosotros vamos a acompañar estos argumentos que está presentando el presidente respecto al veto”.

Por estas razones, entre otras, vamos a acompañar el veto de #milei pic.twitter.com/mfDaPeBfCP

— Mariano Campero 🇦🇷 (@mariano_campero) September 10, 2024

En la reunión con diputados radicales estuvieron también el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, nada menos que la fórmula presidencial que estos diputados radicales respaldaron en las últimas elecciones, cuando Juntos por el Cambio era una fuerza con aspiraciones de gobernar. Petri, cabe recordarlo, es un reconocido dirigente del radicalismo mendocino.

Provincia donde gobierna la UCR, con un mandatario como Alfredo Cornejo que se ha mostrado cercano al presidente Milei. Pero ninguno de sus diputados estuvo en esta reunión, aunque se especula con que podrían llegar a ausentarse en la sesión de este miércoles.

Lo cierto es que salvo Tournier, que no es radical, ninguno de los gobernadores presentes este martes en la reunión con Milei, responden a gobernadores de la UCR. Pero está claro que no son los únicos que no acompañarán la posición del resto del bloque en la sesión de este miércoles, aunque no se animaron a mostrarse con el presidente.

Tanto Campero, como Picat, Cervi y Arjol votaron el 5 de junio a favor de la reforma de la movilidad jubilatoria. Tournier por entonces no era diputado.

Buena reunión con el presidente @JMilei y colegas diputados.
Hablamos sobre el contexto actual, el futuro y la necesidad de equilibrio fiscal. pic.twitter.com/kv1CRQIsVK

— Mariano Campero 🇦🇷 (@mariano_campero) September 10, 2024

Ya había trascendido la semana anterior que el presidente de la Nación, Javier Milei, presentaría en persona el proyecto de Presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación. No se conocía la fecha, aunque algunos sugerían que sería el lunes 16 de septiembre a las 11 de la mañana. Este martes se confirmó oficialmente que el primer mandatario estará en el Congreso para hacer esa presentación, pero que será el domingo 15, a las 21.

Se convertirá así en el primer presidente de la historia argentina en ocuparse de presentar personalmente el proyecto de ley de leyes. De hecho, es el primer presidente argentino de la historia economista.

Y será en un domingo, fecha infrecuente por donde se la mire. Pero es que precisamente ese es el día en el que la Ley de Administración Financiera establece en su artículo 26° que el Poder Ejecutivo Nacional debe presentar el proyecto del presupuesto del año siguiente.

El domingo 15/9 a las 21:00 hs presentaré en el Congreso de la Nación Argentina el Presupuesto Nacional bajo la regla del DÉFICIT CERO. Te invito a ser testigo de un hito histórico que marcará un antes y un después en la historia económica argentina.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO…

— Javier Milei (@JMilei) September 10, 2024

El propio presidente publicó en sus redes la confirmación de su presencia en el Congreso

“El domingo a las 21 el presidente se va a hacer presente en el Congreso nacional para anunciar el Presupuesto 2025”, fue la frase con la que Manuel Adorni anunció este martes, en su habitual conferencia de prensa, lo que sucederá el 15 de septiembre.

La ley no establece que el proyecto de presupuesto deba ser presentado en el Congreso de la Nación por algún funcionario, aunque es de uso corriente que lo haga el ministro de Economía en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, y luego concurran diversos funcionarios a dar precisiones y responder preguntas. En este caso, como hemos dicho, será toda una novedad.

Adorni no dio más precisiones, pero se entiende que Milei se presentará en el recinto de la Cámara de Diputados, ante una suerte de asamblea legislativa. Obviamente, a diferencia de lo que debería suceder si lo hiciera en la Comisión de Presupuesto, no deberá responder preguntas. Solo hará un discurso que, previsiblemente, será transmitido por cadena nacional, aunque eso no ha sido confirmado.

Operativo especial

Paralelamente el vocero presidencial anunció durante su conferencia de prensa que habrá este miércoles un operativo especial de seguridad con vistas a la movilización prevista frente al Congreso, con motivo del tratamiento del veto presidencial en la Cámara de Diputados.

“A partir de fuentes abiertas a las que accedemos todos, el Ministerio de Seguridad ha tomado conocimiento de que se están planificando actos de violencia”, alertó Manuel Adorni. Precisó en ese sentido que “en virtud de esto se va a proceder a realizar un operativo de seguridad especial”.

Y advirtió que “atacar el funcionamiento del Congreso es atacar la democracia. Eso no se va a permitir y se van a cumplir a rajatabla los protocolos vigentes”. Confirmó entonces que para mantener el orden público se aplicará el “protocolo antipiquetes” y concluyó apelando a la responsabilidad de todos los sectores para que este miércoles “por supuesto esto no ocurra y esta información de fuentes abiertas se contradiga con la realidad”.

Consultado sobre el debate por las jubilaciones en el Congreso, manifestó su optimismo respecto de lo que allí vaya a resolverse con el veto presidencial, mas no dio mayores precisiones, aclarando que se trata de un tema del Congreso.

Atento a que “jubilaciones va a ser nuevamente parte de la escena”, reiteró que “estos meses hemos intentado recomponer dentro de lo que permite la restricción presupuestaria para las jubilaciones en lo que estaba al alcance de las cuentas públicas”. Pero aclaró que “nosotros entendemos y somos conscientes de cuál es la situación del sistema jubilatorio argentino; es un sistema que lo han despedazado, lo  han destruido y lo han usado como una gran caja  política, y han usado el ANSeS como una caja de subsidios. Lo que  pasó con el ANSeS cuando estatizaron las AFJP, prometiéndoles a los jubilados una mejor jubilación, y cuando además jubilaron a millones de personas sin tener los aportes correspondientes”.

Asimismo reivindicó que con la nueva fórmula implementada por esta administración, se actualiza ahora a las jubilaciones por inflación. “Nada indica que los jubilados están en su mejor momento”, admitió, pero aclaró que “a veces, cuando se habla de determinadas variables, están olvidando el desastre que han hecho en la Argentina, y la cantidad de bombas y tierra arrasada que recibimos el 10 de diciembre. Todo lo que estamos haciendo es en pos de mejorar el sistema jubilatorio, sino también los salarios, el empleo, la actividad y todas esas cosas. Esa es nuestra línea inamovible”.

Toda la expectativa en Diputados está puesta en lo que vaya a suceder este miércoles, cuando la oposición buscará rechazar el veto presidencial a la Ley de Movilidad Previsional. Para ello necesitará contar con 2/3 de los votos no una, sino dos veces. No parece ser sencillo. Veremos por qué.

Si bien a priori la oposición cuenta con un antecedente de peso que es haber alcanzado los 2/3 cuando el 5 de junio pasado le dio media sanción al proyecto, no necesariamente eso se replicaría este miércoles.

En esa oportunidad, la aprobación se consiguió por 160 votos afirmativos, 72 negativos y hubo 8 abstenciones. Con lo justo. Ahora a esta sesión prevista para las 11 de la mañana han convocado diputados de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Tres bloques que por sí solos suman 55 miembros. A los que además se sumarán los diputados de Unión por la Patria (99) y la izquierda (5), que el 5 de junio se abstuvieron y ahora votarán contra el veto. Lo que no está garantizado es que, por ejemplo, los radicales voten todos en contra.

Ya de por sí el bloque que conduce Rodrigo de Loredo tendrá bajas. Ya no son 34, pues renunció este lunes el entrerriano Pedro Galimberti, un enconado crítico del Gobierno de Javier Milei, y en su lugar asumirá una diputada del Pro. No es seguro que Nancy Ballejos -la reemplazante- jure este miércoles, pero como sea, no será un voto contra el veto.

Fuentes consultadas dan por seguro que serán varias las ausencias en el bloque radical, y hay quienes anticipan que alguno votaría incluso a favor de mantener el veto. Como sea, serán varios los diputados radicales alineados con gobernadores con buena relación con la Rosada que no estarían presentes este miércoles. El argumento sería que piden insistir solo parcialmente con la ley aprobada, haciendo valer el 8,1% correspondiente a la pérdida por la inflación de enero.

“No tenemos dos tercios ni de casualidad”, confió a parlamentario.com una fuente legislativa consultada.

A sabiendas de esos datos, el formoseño Fernando Carbajal, quien encabezó el pedido de sesión para este miércoles, cuestionó a sus pares de bancada que se muestran renuentes a insistir en la ley. En declaraciones a A24, el diputado de la UCR señaló: “Viéndolo desde el punto de vista político, ¿por qué un radical que votó esta ley previsional porque entendía que era necesario dar un 8% por enero y establecer como mecanismo de actualización el IPC, más una eventual recomposición puede ahora cambiar de posición? ¿Solamente porque Milei decidió convertir esto en una puja política?”.

“Porque reitero, en realidad, desde el punto de vista fiscal, no hay justificación para el veto. No entiendo las razones, no entiendo los motivos, pero bueno, yo no voy a hacer de intérprete de ellos. Será la ciudadanía quien los juzgará”, sentenció.

También desde la Coalición Cívica tomaron nota de las dificultades para alcanzar el número necesario para rechazar el veto. El diputado Maximiliano Ferraro advirtió en su cuenta de X que “darse vuelta, es darles la espalda a los jubilados”. Para el presidente de la CC, “no hay razones objetivas, políticas, ni cambios en la realidad de los jubilados que justifiquen que algunos diputados voten lo contrario a lo que apoyaron el 5 de junio. En estos tres meses, el castigo hacia los jubilados no ha cambiado, solo se ha profundizado la injusticia. En lugar de reafirmar su compromiso, algunos optan por abandonarlos”.

Ferraro consideró “vergonzoso que el 27% del ajuste público lo paguen lo jubilados y que algunos se den vuelta y miren para otro lado. Es vergonzoso que, si tomamos los primeros 7 meses de 2024 y lo comparamos con igual período de 2023, los jubilados hayan perdido un 19,9% de su poder adquisitivo y que algunos se den vuelta y miren para otro lado”.

“¿Qué habrá en ese otro lado que les desvía la mirada?”, se preguntó.

El tratamiento sobre tablas

Si está tan definida la situación para la oposición, ¿cuál es la alternativa que manejan para este miércoles? Como decíamos al principio, quienes quieren voltear el veto necesitan contar con los 2/3 dos veces. La primera, para habilitar el tratamiento del tema sobre tablas, habida cuenta de que no hay dictamen, pues no se cumplió el trámite de pasar por las comisiones correspondientes. Y si no tienen los 2/3 para el rechazo, tampoco lo tendrán para esa primera instancia de habilitar el tratamiento. Así las cosas, buscarían entonces votar un simple emplazamiento a Gabriela Brouwer de Koning y José Luis Espert, presidentes de las comisiones de Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, para que traten y dictaminen rápidamente, con lo cual ganarían un par de semanas para tratar de revertir lo que a priori se presenta como una misión imposible.

Se confirmó finalmente este lunes la renuncia del diputado nacional radical Pedro Galimberti, a quien se le había ofrecido un lugar en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), que terminó aceptando ahora. Se trata de un cargo en un ente binacional para el que lo propuso el gobernador de su provincia, Rogelio Frigerio.

La bancada radical quedará reducida a 33 miembros, habida cuenta de que en lugar de Galimberti asumirá alguien del Pro, la dirigente entrerriana Nancy Ballejos. ¿Por qué una mujer en lugar del diputado radical saliente? Porque ya no quedan varones en la lista de Juntos por Entre Ríos elegida en las elecciones del 14 de noviembre de 2021.

En esa oportunidad, JxC consagró a tres diputados: Rogelio Frigerio (Pro) y los radicales Marcela Antola y Pedro Galimberti. Al renunciar Frigerio para dedicarse a la campaña que lo convirtió en gobernador, fue reemplazado por otro radical, Atilio Benedetti, segundo suplente de la lista. Ahora, al renunciar Galimberti, debe asumir Ballejos, que es la última integrante de esta lista votada hace casi 3 años.

De modo que el Pro ganará un escaño, que en rigor de verdad había perdido en 2023 con la salida de Frigerio. Pasarán a ser 38 los diputados del bloque conducido por Cristian Ritondo, y al haber quedado La Libertad Avanza con 37 por la expulsión de Lourdes Arrieta, el partido amarillo pasa a ser la segunda minoría.

La renuncia de Pedro Jorge Galimberti fue presentada ante el presidente de la Cámara, Martín Menem, este 9 de septiembre, y se hará efectiva ni bien vuelva a reunirse la Cámara. No se sabe aún si será este mismo miércoles, pues antes debe ser informado el juzgado electoral de Paraná.

El bloque radical, que encabeza Rodrigo de Loredo pasa a tener 33 miembros, aunque siendo estrictos, los radicales son 32, pues el correntino José Federico Tournier, que asumió el 14 de agosto en reemplazo del nuevo ministro de Gobierno de su provincia, Alfredo Vallejos, es en realidad un dirigente liberal, que de todos modos se sumó al bloque UCR a pedido de su gobernador.

Un sondeo conocido en las últimas horas alerta sobre señales de desgaste en el humor social. En ese sentido se enmarca el hecho de que, por primera vez, la imagen negativa del presidente Javier Milei se posiciona en el mismo nivel que su aprobación (50%).

Con todo, no se encienden luces de alarma para el Gobierno, por cuanto el presidente sigue siendo el dirigente con mayor respaldo social.

Según una encuesta de Opina Argentina, el mandatario tiene tanta imagen positiva como negativa. El 30% conserva una imagen muy positiva suya, y un 20% algo positiva; mientras que un 5% tiene una imagen algo negativa, pero para un 45% es “muy negativa”.

Victoria Villarruel y Patricia Bullrich tienen un 49% de imagen positiva, aunque las negativas son de 50% para la vicepresidenta y 51% para la ministra de Seguridad.

Mauricio Macri cuenta con un 43% de imagen positiva y un 57% negativa; Axel Kicillof 41% a favor, 58% en contra; y Luis Caputo 41% y 53%.

Juan Grabois tiene 39% y 60%; Cristina Fernández de Kirchner 38% y 61%; Martín Llaryora 35% y 28%, y Sergio Massa 32% de imagen positiva y 68% negativa.

El trabajo de Opina Argentina indica que se sostiene la mirada crítica sobre el presente. Un 50% considera que la Argentina está peor que el año pasado, mientras que el pesimismo sobre el futuro se ubica por primera vez en el mismo nivel que el optimismo: 45%. Con todo, los afines son los más optimistas: 8 de cada 10 votantes de Milei 2023 mantiene la expectativa de mejora del país.

Por primera vez desde el comienzo de la serie, el porcentaje de oficialistas y de opositores es el mismo (41%) al indagárselos sobre su posición política respecto del Gobierno de Milei. La proporción de personas que apoya a su gobierno cayó 6 puntos porcentuales en 5 meses.

Los jóvenes siguen siendo el grupo etario de mayor respaldo a los libertarios (52%).

Seis de cada 10 encuestados se opone al veto del presidente a la Ley de Movilidad Previsional que asigna un aumento extra a los jubilados. Un 59% considera al veto una medida negativa, aunque un 35% la considera positiva. Entre los que tienen buena imagen de Milei, sin embargo, hay comprensión en torno a la medida. Para el 70% se trata de una decisión positiva.

En síntesis, se advierte un pequeño cambio en el humor social, pues aunque el Gobierno nacional preserva buenas credenciales ante la opinión pública, se observan algunos síntomas de desgaste en las percepciones.

Se evaporó el diferencial de imagen positiva de Javier Milei, que por primera tiene una aprobación idéntica a su rechazo, aunque el presidente sigue siendo, de todos modos, el dirigente nacional con mayor valoración social, en tanto que todos los dirigentes oficialistas están mejor evaluados que los opositores.

Asimismo se observa un debilitamiento en las expectativas a futuro. Crece el pesimismo y por primera vez en la era Milei alcanza el mismo nivel que el optimismo respecto al futuro del país.

El senador nacional Fernando Rejal señaló que la provincia de La Rioja “tiene mucho que discutir” en materia de coparticipación, luego de que en 1988 “fue privada de un porcentaje de la coparticipación y así se la condenó a un desfinanciamiento permanente que es necesario reparar”.

El legislador de Unión por la Patria informó que “quedó conformada la comisión que va a tratar estos temas de la coparticipación, que es la relación de los recursos entre la Nación y las provincias”.

Entrevistado por Radio Ciudad FM 87.9 Mhz, de San Miguel de Tucumán, agradeció a “otros senadores que se hicieron eco de nuestro planteo y nosotros también nos haremos eco de las problemáticas que tiene otras provincias porque el desarrollo de la Nación tiene que ser armónico”.

Señaló además que “hay una coparticipación secundaria que no se puede modificar si no es con el acuerdo de la Nación y las provincias. Y hay una coparticipación primaria que se puede discutir y hay varios proyectos en la Cámara alta y nosotros vamos a acompañar el tema tendiente a lograr el equilibrio que antes mencioné”.

Explicó que “la coparticipación son los ingresos que recauda la Nación por impuestos que son coparticipables y que son distribuidores mediante índices que han sido establecidos en 1988. Después con la sanción de la reforma de la Constitución en 1994 se estableció que en 1996 iba a ser revisada nuevamente esa ley de coparticipación. Eso nunca sucedió y ahora hay distintos proyectos que intentan hacer cumplir ese mandato de la Constitución de 1994 y así equilibrar las desigualdades que tiene el país”.

El senador Rejal remarcó que “en estos últimos tiempos la provincia de La Rioja fue la que más obras públicas hizo, la que más empleo registrado generó tanto en el sector agro como el industrial”.

Consultado respecto de las aspiraciones nacionales que tiene el gobernador riojano Ricardo Quintela, Rejal dijo que “nuestro gobernador ha insinuado su deseo de conducir el partido justicialista y que se (las elecciones) se den en un ambiente unidad”.

“El (Quintela) está buscando los consensos necesarios y si tiene que acompañar a otro compañero está dispuesto a hacerlo y si a él le toca encabezar también está dispuesto a ese desafío”.

“Nosotros tenemos una excelente relación; yo he trabajado junto a él desde mi incursión en la actividad política así que comparto esa esperanza que tiene el justicialismo argentino y el justicialismo riojano de proyectarlo al compañero Quintela como presidente del partido justicialista”, añadió.

Después de 23 años, los argentinos volvimos a tener un piloto en la Fórmula 1 y el día de su debut en Monza la gran mayoría se desayunó con que la televisación no era abierta, sino que la daba un canal de cable que además tiene codificada su visualización.

Fue por eso que a través de un proyecto de declaración, el diputado del Partido Socialista Esteban Paulón solicitó al Poder Ejecutivo Nacional instrumentar “las medidas necesarias para permitir la transmisión en vivo y directo, en todo el país, de manera abierta y gratuita, de las carreras restantes de la temporada 2024 de Fórmula 1 Internacional, en las cuales se desempeña el argentino Franco Colapinto”. Esto debería hacerse “en cumplimiento de lo establecido por la Ley N°26.522 de Comunicación Audiovisual”.

“En efecto -señala Paulón-, la ley faculta al Gobierno a que las transmisiones deportivas con representantes argentinos sean transmitidas a través de la TV Pública, más allá de los derechos que posean empresas privadas. Receptamos las quejas de miles y miles de fanáticos del automovilismo que después de tantos años podemos ver a un compatriota en la máxima categoría”.

El legislador socialista destaca en suproyecto la pasión de los argentinos por el automovilismo en general, potenciada en este caso por ver a un compatriota en la máxima categoría mundial.

En momentos en que el presidente Javier Milei ha redoblado sus críticas al Poder Legislativo, las dos cámaras se aprestan esta semana a asestarle mandobles que resentirán sin lugar a dudas más la ya de por sí frágil relación.

Prueba de lo complicado que es el relacionamiento que el primer mandatario ha elegido para con el Congreso, vale cualquier discurso que brinde en el momento que sea. En todos desgrana un sinnúmero de críticas con epítetos de todo calibre. Vale como muestra esta frase emitida por Milei en el exCCK el jueves pasado: “Es una regla tácita de la política argentina de los últimos años que cuantos más votos tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad”.

Independientemente de esa resolución sobre un espacio que él mismo habitó junto a quien sería finalmente su compañera de fórmula en las elecciones, durante dos años completos, está claro que la oposición no está haciendo otra cosa que cumplir con lo que anticipó una vez brindó los votos para aprobar la Ley Bases y el Paquete Fiscal: retomar su agenda propia.

Hablamos, claro está, de aquella oposición denominada “colaborativa”, pues la de Unión por la Patria en ningún momento se alineó, ni se espera que lo haga, con alguna de las políticas implementadas por la administración libertaria. Es, ni más ni menos, que la postura que asumió entre 2019 y 2023 lo que se conocía como Juntos por el Cambio, razón por la cual nadie debería rasgarse las vestiduras por el tipo de oposición que hoy ejercen los bloques conducidos por José Mayans y Germán Martínez, en cada una de las cámaras.

De cómo ahora lo que fue JxC termina votando en ocasiones con Unión por la Patria hay diversas explicaciones y matices. Aun cuando el mismo Pro aparece ejerciendo ese tipo de actitudes.

De hecho, el partido de Mauricio Macri dijo en su momento, promediando el debate de Bases y visto el relacionamiento del propio Milei con el principal partido aliado, que pasada esa instancia ellos mismos comenzarían a mostrar una conducta más autónoma.

Todas las estaciones de esta relación tan especial entre el oficialismo y la oposición más cercana se vieron en la semana negra que tuvo el oficialismo, cuando en tres días consecutivos recibió derrotas en comisiones y recintos. Martes: Bicameral de Inteligencia, con la elección de Martín Lousteau. Miércoles: aprobación con 2/3 de la ley Financiamiento Universitario, con votos del Pro. Jueves: el Senado convirtió en ley el proyecto sobre Movilidad Previsional, también con 2/3 de los votos.

Ahora el oficialismo se apresta a tener otra semana muy complicada en materia legislativa. Aunque tal vez consiga contener una de las tres derrotas que podría llegar a sufrir, con lo cual podría compensar su pesar y dar un mensaje hacia el Poder Legislativo y los mercados.

La sesión del jueves en el Senado ya ha sido oficializada. De hecho, debió haber sido la semana que pasó, miércoles o jueves, pero el oficialismo consiguió ganar tiempo. Se verá si consigue algo más que eso, pero lo cierto es que ese respiro debe atribuírselo a la cuestionada internamente Victoria Villarruel, que primero consiguió evitar la sesión para el miércoles y luego puso en punto muerto la convocada individualmente por Unión por la Patria para el día siguiente.

No podía resistir más y por eso este jueves a partir de las 14 deberá enfrentar lo que a todas luces aparece como dos traspiés seguros. La oposición conseguirá convertir en ley -seguramente con dos tercios de los presentes-  la media sanción proveniente de Diputados del Financiamiento de las Universidades Nacionales. Un tema sobre el cual el presidente no ha anunciado abiertamente el veto que muchos ya dan por seguro y juran haberlo escuchado al propio Milei anticiparlo, pero que el Gobierno resiste. Y después, será el turno del decreto de necesidad y urgencia N° 656/24, que asigna adicionalmente al Presupuesto General de la Administración Nacional fondos destinados a la SIDE para el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional. Ese tema figura tercero en el temario de esa sesión del jueves 12 de septiembre, fecha que quedará en la historia como la primera vez en que el Congreso le rechazó un DNU a un gobierno.

Estas derrotas buscará el oficialismo matizarlas con la aprobación de un tema no menor, como es la Boleta Única de Papel, que será con modificaciones, por lo que deberá volver a Diputados, pero con garantías de aprobación. Antes, deberá asegurarse el oficialismo de que están los votos para conseguir aprobar este texto que modifica la Ley 19.945 (Código Electoral), cosa que hasta la última semana no estaba garantizada.

Un día antes, toda la atención estará puesta en Diputados, donde un conglomerado opositor ha pedido a partir de las 10 de la mañana una sesión para tratar sin dictamen el veto presidencial del lunes pasado contra la Ley de Movilidad Previsional. En el pedido de sesión figura el radicalismo en todas sus versiones, diputados de Encuentro Federal y de la Coalición Cívica. Tres bloques que por sí solos suman 55 miembros, pero a los que se sumarán automáticamente los diputados de Unión por la Patria, con lo que está garantizado el quórum para arrancar.

Después vienen dos votaciones para las que la oposición necesitará 2/3. Primero, para el tratamiento sobre tablas de ese tema que no ha pasado por las comisiones correspondientes (Previsión Social y Presupuesto y Hacienda); después, para vetar. Si no se consigue esa sumatoria de votos, el veto queda vigente y fin de la historia. Si la oposición lo logra, debe pasar por el Senado, que por composición le da más garantías a esa oposición que quiere voltear el veto.

¿Qué tan sólida está la oposición en este tema? No tanto, advierten desde los sectores convocantes. Una diputada del radicalismo que bajará a dar quórum y está dispuesta a votar contra el veto aclaraba ante este medio el jueves pasado que creía que entre 6 y 8 diputados están reticentes al rechazo. Y podrían expresarlo con el voto o con la ausencia, que es tan importante como la otra alternativa.

Se sabe que el Gobierno está trabajando sobre los gobernadores para garantizar “que bajen diputados de la sesión al menos”. Se verá el poder de convencimiento que hay en este tema emblemático, que podía llegar a dejar un mensaje contundente para propios y extraños y alcanzaría también a compensar en alguna medida los traspiés del día siguiente.

A priori, los números están muy finitos, sobre todo para el miércoles, pero será para alquilar balcones… o al menos reservarse desde temprano un lugar en los palcos de ambos recintos para esas sesiones que serán -sin exagerar, por los motivos expuestos- históricas.

Expresidente de la Cámara de Diputados durante los cuatro años de Cambiemos, Emilio Monzó es hoy un diputado raso que no preside comisiones, pero con toda lógica es de los más respetados del Cuerpo. Su bloque había pedido y acordado un lugar para él en la Bicameral de Inteligencia, pero súbitamente el oficialismo cambió de idea y se reservó para sí el puesto que le había asignado al entonces bloque Hacemos Coalición Federal. Fue el motivo del enojo de Miguel Pichetto, que retaceó sus diputados en dos sesiones consecutivas por eso, logrando voltear una. El enojo todavía le dura.

Pero no nos desviemos. Monzó es desde hace tiempo partidario de las eliminar las elecciones intermedias. En 2023 anunció que emprendería una cruzada con ese objetivo. Lo explicó señalando que “en esta sociedad tan vertiginosa, tan fragmentada, ningún gobernante puede generar políticas de Estado y transformar, si tiene una elección a los dos años… Porque al año y medio ya está observando cómo cierra la lista”.

Claro que eso no es tan sencillo de hacer, porque por ejemplo habría que modificar la Constitución. Él hablaba de hacer un gran acuerdo para limitar esa reforma a cambiar un solo artículo de la Carta Magna, pero es un riesgo que nadie quiere tomar.

Más allá de esa propuesta -que no pocos miran con simpatía-, lo cierto es que esa reforma es la que hubiera necesitado un gobierno como el de Javier Milei, cuyo partido fue creado un rato antes de las elecciones que lo consagraron y que por lo tanto más del 90% de sus legisladores asumieron recién el 10 de diciembre pasado. Y si bien el presidente insiste en decir cada vez que puede que es el gobernante más votado de la historia, la realidad es que el Congreso actual -o al menos la mitad de los diputados y un tercio de los senadores- es producto del resultado de la primera vuelta. En la que La Libertad Avanza resultó segunda, con un tercio de los votos.

Como sea, de haberse instrumentado la reforma que propone Emilio Monzó, el Congreso actual sería emergente de esa elección y nadie tendría mayoría, pero tampoco este oficialismo sería una minoría tan reducida.

Los constitucionalistas suelen decir que la Carta Magna “es sabia”, por lo que habría que considerar que deliberadamente se buscó que las mayorías tengan un tiempo de maduración, cuestión de que nadie de la noche a la mañana arme un partido y, con los planetas alineados, en una muy buena elección se quede con todo el poder.

Mal que le pese, si a Milei hay que buscarle algún presidente con el que pueda ser comparado, ese es Hipólito Yrigoyen, que sorpresivamente -o no- se alzó en 1916 con la presidencia con un partido relativamente nuevo, frente al conservadorismo, que a través del Partido Autonomista Nacional controlaba el poder sin alternancia desde hacía 42 años, como virtual partido único. Esas elecciones que ganó Yrigoyen tuvieron la particularidad de haber sido las primeras en las que se aplicó la Ley Sáenz Peña, que estableció el sufragio secreto.

Consecuencia: Yrigoyen asumió con el Congreso más adverso de la historia: minoría en las dos cámaras; tan extrema como la de Milei casi un siglo después. Solo 4 senadores y 45 diputados tenía el caudillo radical al llegar el poder. Adversidad que con el correr de las elecciones fue revirtiendo.

Es lo que espera lograr el actual oficialismo, que imagina tendrá mucho más en 2025, aunque vaya a seguir siendo una minoría extrema, por más contundencia que tenga su eventual triunfo en las elecciones intermedias. O tal vez no lo sepa, lo cual sería una ingenuidad grave.

Los partidos que formaron Cambiemos y luego Juntos por el Cambio ganaron las elecciones de 2013 y 2015, con mayores porcentajes que Milei, y así y todo el de Mauricio Macri fue el primer gobierno en minoría en ambas cámaras después del de Hipólito Yrigoyen. Y lo siguió siendo aun habiendo ganado las intermedias de 2017.

A Javier Milei le gusta cada vez que puede hacer gala de su minoría extrema. El jueves, en el acto ante los ultraderechistas de Vox, el presidente se vanaglorió de estar haciendo “la reforma más grande de la historia argentina en menos de 9 meses”, y  con apenas “el 15% de la Cámara de Diputados y el 10% de la de Senadores”. Nunca aclara que sin la colaboración de los bloques dialoguistas -que suman varias veces el número de La Libertad Avanza-, no hubieran podido avanzar nada en el Congreso. Así y todo los desafía: “Ellos van a hacer lo imposible para que el presupuesto no salga”, anticipó ante el inminente inicio del debate del Presupuesto. ¿Por qué? Porque “un presupuesto liberal y austero significa el fin de miles de curros”, dijo Milei haciendo estallar al auditorio del Foro Madrid.

Mas allá de esas diatribas, la realidad es que si en algo no tiene interés la oposición, es que el gobierno no tenga su presupuesto y: a) se victimice y pase factura in eternum; b) prorrogue el Presupuesto en vigencia y pueda hacer un uso discrecional de las partidas.

Esto se da a escasos días de que el Gobierno libertario presente ante el Congreso su primer proyecto de presupuesto, puesto que el de 2024 decidió no mandarlo. Y en este caso Milei se propone volver a mostrarse disruptivo. Así como en la asunción presidencial rompió el molde dando su discurso fuera del Palacio Legislativo, y en la apertura de sesiones ordinarias habló en el horario inédito de las 21, para el Presupuesto 2025 decidió ser él quien vaya al Parlamento a presentarlo. Será una nueva oportunidad para tener centralidad y darle al tema una trascendencia que de lo contrario no tendría.

Sucederá al cabo de lo que muy posiblemente sea una nueva semana negra para el oficialismo en el Congreso. Con derrotas contundentes en el Senado y probablemente también en Diputados. Allí será el miércoles, cuando la oposición intente rechazar el veto presidencial contra la Ley de Movilidad Previsional. La sesión ha sido convocada para las 10 de la mañana por todos los sectores que componen el heterogéneo bloque radical, la Coalición Cívica y la bancada de Pichetto, que junto a Unión por la Patria suman 155 diputados. Les estarían faltando 15 votos, y no es seguro que todos los radicales vayan a votar contra el veto, según pudo saber este medio. Hay una presión intensa sobre determinados gobernadores.

Eso sí, si se consiguen votar el rechazo, será un duro golpe para el oficialismo, pues en el Senado no podría evitar un resultado similar.

Más allá de la suerte que vaya a tener LLA el miércoles, el destino del jueves en el Senado parece inexorable. Allí le esperan dos traspiés, a cual peor: la oposición convertirá en ley el proyecto de Financiamiento Universitario y luego derogará el DNU de los fondos de la SIDE, en un hecho inédito desde que los decretos de necesidad y urgencia fueron reglamentados. En ambos casos sería con 2/3.

Para maquillar una jornada negra, el oficialismo intentará votar la ley de Boleta Única en Papel, pero todavía no tiene asegurados los votos necesarios para aprobarla con modificaciones. Si fracasa, el tema no podrá volver a ser abordado hasta 2026.

Con semejante sucesión de traspiés legislativos, se entiende que el presidente quiera mostrarse dominador de la situación, asumiendo total protagonismo el lunes siguiente al presentar él mismo el Presupuesto.

Protagonismo que buscó al cerrar la semana en la red social que más le divierte e interesa, X, donde el viernes se enfrascó en una encendida polémica sobre economía con la expresidenta Cristina Kirchner. Ella empezó, con un tuit matutino que incluía un informe económico con el que desafió al presidente. Era obvio que él se prendería de la discusión y redoblaría la apuesta. Por temperamento y conveniencia, ya que el contrapunto con quien él ve como su Némesis, siente que lo fortalece. A ella también, de ahí que propusiera la discusión.

Surgió justo cuando los puentes entre el Gobierno y el kirchnerismo parecían muy transitados, con el fin de aprobar los pliegos de los jueces propuestos por Milei para la Corte. Fundamentalmente Ariel Lijo. En las últimas horas, los senadores que le responden a Cristina hicieron saber que el tema está frenado. Por ahora.

Mientras tanto, los radicales que completarían los votos para llegar a los dos tercios necesarios para sentar a Lijo en la Corte han congelado su decisión: nadie quiere exponerse si el kirchnerismo no muestra antes sus cartas.

Quedó claro con las firmas de los dictámenes de ambos candidatos. Transcurridos más de diez días de la audiencia con Manuel García Mansilla, ninguno de los dos pliegos llega a las nueve firmas necesarias para llegar al recinto. Con la relación de fuerzas en un momento de tensión extrema y traspiés reiterados por parte del Gobierno, no sorprendería que el tema quede para el año que viene.

A fines de diciembre, Juan Carlos Maqueda se jubila. Desde la Corte adelantaron que están en condiciones de funcionar con solo tres miembros.

Julio Cobos señaló que “la situación planteada por la ex primera dama no es exclusividad de ella; muchas mujeres en todo el país atraviesan situaciones similares, incluso peores. Siete de cada diez padres no cumplen con la cuota alimentaria de sus hijos. Lamentablemente, el proyecto de deudores alimentarios que le daría protección legal y herramientas, duerme en el Senado de la Nación”.

El legislador radical planteó que “el proyecto de creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos implica costo cero para el Estado y 100% de beneficio para los chicos y madres damnificadas. Por eso, y antes que este que este año pierda estado parlamentario, le pido a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, al presidente de la Comisión de Legislación General, Bartolomé Abdala, y a los senadores en general que traten el proyecto que oportunamente aprobamos en Diputados”.

Cobos recordó que el proyecto ya fue tratado y aprobado en el Senado en el año 2019 “y no es un antecedente menor porque quiere decir que ambas Cámaras estuvieron de acuerdo, pero perdió estado parlamentario; no queremos que suceda lo mismo”.

“Es necesario tener un registro nacional cuando hay registros en provincias, porque el que incumple trata de evadir sus obligaciones. Cuando un registro provincial y su legislación pone alguna barrera para sacar el carnet de conductor, el documento de identidad, abrir una cuenta bancaria, etc; lo terminan realizando en otra provincia”, señaló Cobos y explicó que “queremos por un lado darle más herramientas a la justicia y por otro asegurar que se cumpla efectivamente las prestaciones alimentarias fijadas. Si no se cumple lo pautado, traerá consecuencias y limitaciones al deudor moroso en su vida personal, laboral y comercial”.

El exvicepresidente explicó que la inscripción en el ReNDAM se realiza cuando “deban más de tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco en forma interrumpida, generando limitaciones para el desarrollo de la vida de los deudores alimentarios morosos. El registro en esa base de datos unificada en todo el territorio nacional, servirá para obstaculizar o frenar el curso de trámites o solicitudes que realicen. Por ejemplo, será necesario no estar en el ReNDAM para poder entre otras acciones, abrir cuentas bancarias, solicitar o renovar tarjetas de crédito o débito, o cualquier otro tipo de operaciones bancarias; realizar transferencias de inmuebles, trámites en los registros del automotor y créditos prendarios; sacar o renovarse el pasaporte, licencias para conducir, solicitud de la matrícula profesional y el desempeño en cargos públicos, en cualquiera de los poderes del Estado y hasta el impedimento de salida del país hasta tanto cumpla con sus obligaciones”.

“Es una ley muy importante porque su principal objetivo es la protección de la parte más débil de la relación desigual que se da entre esos padres y sus hijos, y lograr eficacia y efectividad en el cumplimiento de las sentencias, Por eso es fundamental que se trate y apruebe”, concluyó Cobos.

“Era más blanda que el agua, que el agua blanda”, comienzan las estrofas de un tango legendario. Así de blando fue el debut del ¿acuerdo? M-M, que de a ratos parece que solo comparten la consonante con la que empiezan ambos apellidos. No mucho más que eso. Dado que puede ser que esa entente sea un dato central de la política argentina –sobre todo mirando a 2025- es que obliga a ser detallista con lo acontecido para así poder otorgar probabilidades de éxito o fracaso.

En primer lugar, después de 4 “reuniones con milanesas”, el presidente cedió a hacer un gesto político de coordinación de los bloques LLA y Pro. Pero 1) dijo que iban a ser reuniones quincenales –una eternidad en la vorágine política autóctona- y 2) que él iba a estar una vez al mes. O sea, casi nada.

En segundo lugar, gente optimista (de bajo perfil) acerca de la necesidad de establecer un puente entre ambas fuerzas, recibieron un gentil “anda a c….” por parte de los estrategas comunicacionales del oficialismo. Es decir, uno de los conceptos políticos centrales del gobierno –“no le debemos nada a nadie y no nos queremos contaminar”- está firme como las Tablas de la Ley que recibió Moisés. Post foto de ocasión en Casa Rosada, los amarillos llegaron a la conclusión que, una vez más, los estaban “boludeando”.

En tercer término, el planteo por parte del Pro fue un poco curioso: “No queremos nada, pero…”. O sea, con la cultura Milei mejor ir de frente que entrar en meandros. Choque de estilos.

El cuarto punto es qué rol está jugando realmente el calabrés en este escenario. Algunos personajes cercanos a ese mundo creen que el “Emir de Cumelén” está más dedicado al lobby que a la política (¿un nuevo Manzano?), y por eso la insistencia en dos áreas: energía y transporte, además de la Hidrovía. Obviamente el “gatito mimoso” hace mucho que le sacó la ficha y no le cierra el argumento de “mejorar la calidad de la gestión”.

El quinto elemento es otra cuestión conceptual: si las cosas salen bien, en este proceso por primera vez la economía conduciría a la política, y no al revés como ocurrió incluso con Carlos Menem. Es raro, pero así serán las cosas en esta fase presidencial. Por eso delega y relega lo político y se concentra en dominar la agenda económica. Veremos, veremos y después los sabremos.

En la columna de hace dos semanas apuntamos que “se habló… de que habría un acuerdo para que, finalmente, se integren funcionarios de Macri en las áreas de energía y transporte. Parecía que de la noche a la mañana había un acuerdo político sustentable… todo parece limitarse a alguna situación puntual en función de oportunidades de negocios. Si hubo algún arreglo, se desmintió luego en el Congreso”. Está claro que por ahora eso no avanza, y es muy difícil que lo logre en función de los conceptos que citamos aquí.

Si bien Francos le puso una nota moderada a su cita en el Congreso, lo cierto es que su gobierno se decidió más por la confrontación con final abierto. Por eso el jefe de gabinete se quedó con un perfil más bajo últimamente, relegado por el activo Caputo. Hablando de eso, otro puente que se rompió es con el kirchnerismo para empujar la candidatura de Lijo. Las condiciones puestas son difíciles de cumplir y por ahora no hay pan, ni torta. Hace un mes atrás advertimos que Cristina no iba a hacer el trabajo sucio a favor del juez a cambio de nada, y mucho menos por García Mansilla. A “Dibus” que atajen penales y “Carusos” que salven del descenso, ahora el oficialismo también necesita algún ingeniero que repare puentes rotos.

Precisamente en la columna “Se necesitan Dibus y Carusos” advertimos sobre el problema que tiene Argentina con el GAFI -organismo internacional dedicado a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo- porque nos pueden bajar de categoría y ubicarnos en una lista gris de impresentables. En la reunión de París de dicha organización no la pasamos bien. Pues, más rápido que velozmente, la UIF detectó una red de criptomonedas para financiar a Hezbollah. Dijo una fuente al diario Clarín que “la verdad es que se trató de una medida de la UIF casi única en su tipo. Que se haya ordenado tan rápido el congelamiento de posibles bienes de dos integrantes de las listas de terrorismo ha pasado muy poco, casi nunca”. Maravilloso! ¿Esto nos salvará del descenso? ¿Quién le dio una mano a la Argentina para evitar el papelón?

Volviendo a la Corte Suprema, no se está portando nada mal para la filosofía ultra capitalista del presidente. En las últimas semanas se produjeron tres fallos pro mercado. Uno fue a favor de Shell – Aranguren por una vieja causa de la época de Néstor. El segundo fue para ponerle limite al monto de las indemnizaciones, y el tercero es que no se puede fijar la jubilación como un determinado porcentaje del salario. Claro que llegar a la Suprema lleva tiempo y en el medio está… Comodoro Lijo… perdón Py. Por ahora, sigue sin cumplirse el fallo por la coparticipación a favor de la CABA.

Los primeros datos económicos de agosto le sonríen al binomio Milei – Caputo, por ejemplo, la fabricación de automóviles. Los dólares financieros están bastante tranquilos, pero a costa de abrir la alcantarilla de las reservas. Esta semana Martín Redrado alumbró el dato de la caja disponible del Central: 900 palos verdes. Un economista que habla seguido con Macri, está muy preocupado y cree que el esquema no cierra: van dos meses seguido de déficit de cuenta corriente en dólares y la recaudación de agosto se cayó por la recesión ¿Será por eso que el líder amarillo apretó el acelerador de las negociaciones políticas? En el día de la industria no hubo caras alegres, como tampoco las hubo en el festejo del aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Si los que tienen plata no se ponen contentos…

Macri podría cantar “promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento” luego de la reunión del libertario con legisladores propios y afines. “Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado…”.

En la previa del 6to Encuentro de Honorables Concejos Deliberante, el vicegobernador jujeño Alberto Bernis recibió en su despacho a la directora ejecutiva de Legislaturas Conectadas, Fernanda Marante, a la coordinadora general, Julieta Aldea, y a la coordinadora de Comisiones Federales, María José Balestra.

También participaron de la reunión las legisladoras jujeñas Valeria Gómez y Daniela Vélez, y el director de Prensa del Poder Legislativo de Jujuy, Jorge Calvetti.

Fernanda Marante agradeció la atención de las legisladoras jujeñas y contó que el vicegobernador le expresó la intención de que Jujuy pueda postularse como sede para el próximo encuentro, y que trabajarán en eso de manera conjunta.

Por su parte, Julieta Aldea agradeció el recibimiento por parte del vicegobernador: “Pudimos contarle cómo trabajamos y el rol que Jujuy tuvo desde los inicios de esta red apoyando desde un lugar institucional con sus diputados y Concejo Deliberante”. Además, indicó que se tiene previsto para este año seguir avanzando en fortalecer y poder volver a vincular a los secretarios parlamentarios y secretarios administrativos. “Tuvimos el apoyo total del vicegobernador para trabajar en todas las redes y todo lo que involucre a la actividad parlamentaria”, concluyó.

El 6to Encuentro de Concejos Deliberantes de Argentina tuvo lugar en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, donde participaron más de 120 concejales de 18 provincias del país. Los ejes temáticos estuvieron centrados en el Desarrollo Local: Girsu, Reciclado, Tratamiento de Efluentes, y el Fortalecimiento Institucional: Mecanismo de Participación Ciudadana.

Fuente: Prensa Legislaturas Conectadas

El pasado viernes 30 de septiembre, el presidente de la Nación suscribió el decreto del Poder Ejecutivo nacional vetando el proyecto de ley (registrado bajo el Nro. 27.756) sancionado por el Congreso de la Nación (y publicado en el Boletín Oficial de ayer, lunes 2 de septiembre de 2024). Dicho texto, con referencia a la denominada “movilidad jubilatoria”, y promovido por la oposición parlamentaria.

De entre las atribuciones de las que goza el Poder Administrador, sobresalen -entre otras- aquellas funciones legisferantes rutinarias, previstas en la Carta Fundamental histórica de 1853-60, con más las incorporaciones -polémicas algunas- de la enmienda de 1994 (muy especialmente, las denominadas “facultades legislativas de excepción” de los Arts. 76, 80 y 99, inciso 3).

El presidente de la Nación entonces -y como habitual metier, dentro del cúmulo de sus misiones y funciones- “participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución” (primer párrafo del inciso 3; Art. 99; C. N.), lo que significa que contribuye al proceso de creación legislativo desde su inicio hasta el final. Esto último, la culminación “natural” del derrotero de trámites entre el Congreso y la Casa Rosada, es la promulgación -total o parcial, conforme los alcances del actual Art. 80; C. N.)- de un proyecto de ley, lo que lo convierte en “ley de la Nación”. Esta última situación, torna exigible su cumplimiento a partir de su publicación en el Boletín Oficial, según el plazo específicamente indicado en la propia norma que se promulga o según las hipótesis previstas en el derecho de fondo (Art. 5° del vigente Código Civil y Comercial de la Nación).

Cuando se supone que ha concluido el trámite estrictamente parlamentario (ingreso y estado legislativo, tratamiento en comisiones, audiencias, dictámenes, orden del día numerada, debate en plenario, sanciones parciales de cada Cámara, con idas y venidas, aprobación final por el Congreso, y remisión al Poder Ejecutivo con número de proyecto de ley), el texto pasa -precisamente al poder administrador, al “poder ejecutor”- “para su examen” (nos dice el Art. 78; C. N.).
“Examen” es una primera evaluación; es “indagación y estudio que se hace acerca de las cualidades y circunstancias de una cosa o de un hecho” (según la Real Academia Española, en una primera acepción). Así interviene el Primer Magistrado en el procedimiento legislativo ordinario, teniendo la oportunidad procesal constitucional de aprobar u oponerse a la sanción, lo que se manifiesta (siempre usando como herramienta un decreto del Ejecutivo nacional) en una “promulgación” (el proyecto con número será “ley de la Nación”, a partir de su publicación en el Boletín Oficial) ó en una “devolución” u observación (Art. 80; C. N.) al Cuerpo Legislativo federal.
La Carta Magna no menciona el término “veto”; con la excepción del Art.40, en donde luce el término “vetada”. “Vetar” es el derecho o prerrogativa de persona o corporación para “vedar o impedir algo”. Sí, en cambio, aparece la leyenda “no observadas”, para referirse a las partes de un proyecto de ley sancionado por el Poder Legislativo (Art. 80; C. N.) no cuestionadas y tácitamente aprobadas por el poder político administrador.

“Observar” -vocablo que sí menciona, en cambio, el decreto por el que devuelve el proyecto- debe interpretarse como sinónimo de “vetar”, ya que la academia hispana no acude en nuestro auxilio. En la parte dispositiva del acto presidencial, luce textualmente y prácticamente ‘de forma’: “Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 27.756” (Art. 1º; decreto PE nacional Nro. 782/24), y -seguidamente, en el Art. 2º:- “Devuélvase al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN el proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior”.
En nuestro sistema constitucional vigente, la utilización de esta facultad debe ejercerse “en el término de diez días útiles” (hábiles administrativos), pues -si transcurre dicho lapso y no hay “devolución” u “observación” formal (acto administrativo, con ingreso al Poder Legislativo)- el proyecto de ley enviado por éste “se reputa aprobado” tácitamente. Desde esta circunstancia fáctica -determinada por el simple paso del tiempo- sólo debe esperarse el decreto de promulgación que lucirá en el Boletín Oficial, más tarde o más temprano.
¿Qué puede ahora hacer el Poder Legislativo? ¿Qué ocurre con la “devolución”? El Ejecutivo reenvía el trámite ¿a qué Cámara y por qué? Todos estos interrogantes tienen suficiente respuesta en el texto del Art. 83; C. N.

Cuando el texto remitido por el Congreso, con asignación de número de proyecto de ley, resulta “desechado en el todo o en parte” por el Ejecutivo, “vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen”. “Desechar” significa “excluir, reprobar” y/o -en una segunda acepción- “menospreciar, desestimar, hacer poco caso y aprecio” (DRAE). Este Cuerpo -iniciador primigenio del proyecto- “lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos” el expediente pasa a la Cámara revisora. “Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría” el texto es ley y el Poder Ejecutivo no tiene otra opción constitucional que la de proceder a su promulgación obligada

Ahora bien, ¿qué ocurre con la tan mentada -y no ha tenido lugar en nuestro caso de hoy- ‘promulgación parcial de un proyecto de ley’?. Pues habrá que ceñirse a las prescripciones del nuevo Art. 80 de nuestra Constitución:

Art. 80.- Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.

Si se hubiese producido el ejercicio de esta ‘atribución legislativa de excepción’ (la promulgación parcial de un proyecto de ley, con la consiguiente observación de la parcialidad restante), debería tener lugar una ulterior intervención del Congreso de la Nación. Ella, debida y formalizada -a los efectos del control y examinando la validez de la promulgación parcial- por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (mañosamente reglamentada por la Ley N° 26.122, en cumplimiento de la manda del inciso 3° del Art. constitucional 99). Luego, el plenario de cada Cámara decidirá la suerte final del proyecto.

Néstor Fabián Migueliz es abogado, investigador y docente. Asesor Legislativo Prosecretaría Parlamentaria – Senado de la Nación

La Cámara de Diputados realizó este jueves una jornada sobre ludopatía en la niñez y la adolescencia. La actividad se desarrolló con el objetivo de dimensionar la problemática y contribuir a una legislación para la prevención de la ludopatía.

La apertura institucional estuvo a cargo de la directora de Diplomacia Parlamentaria, Luciana Termine, quien destacó el acompañamiento de Diputados y Organismos Internacionales para el abordaje de “un tema que afecta tanto a adolescentes como a sus familias”.

Durante la jornada, organizada por la Dirección de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, la diputada Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) celebró la iniciativa y señaló que la ludopatía en la niñez y adolescencia “hace varios meses viene ocupando y preocupando a los legisladores desde varias aristas, y que está trabajando en varias comisiones”.

La actividad se desarrolló en dos paneles. En primer término, acerca del abordaje de la problemática en Argentina, la región y las experiencias de gobiernos locales, la diputada de UP Micaela Morán expresó que “el tema se comenzó a tratar por requerimiento de la comunidad educativa y las familias” y señaló que “estamos hablando de una conducta compulsiva, una adicción”. En ese marco manifestó que “los niños y adolescentes son los menos propensos a pedir ayuda en estas situaciones”.

Desde su experiencia en el Gobierno de la Ciudad, la subsecretaria de Gestión de Aprendizaje, Lucía Feced, señaló que “la ludopatía en niños y adolescentes es un fenómeno extendido en todos los niveles socioeconómicos”, y concluyó que los desafíos son “trabajar en la prevención, regulación, efectiva acción y asistencia de quienes son víctimas, sus pares y el apoyo a familias y educadores para más y mejores herramientas”.

La diputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) indicó que se trata de “una adicción silenciosa” por lo que “es importante recuperar la palabra”. “Es importante restringir la publicidad por el riesgo que supone la invasión permanente del juego y las apuestas”, puntualizó.

En su caso, el diputado Carlos Fernández (Innovación Federal) añadió que “lo que se está proyectando es poder llegar a la familia con la comunicación. Arrancar desde ese lugar es muy importante para la construcción de una ley que dé respuesta”.

El segundo panel se centró en las experiencias de organismos internacionales y políticas regulatorias comparadas. En este sentido, Roxana Morduchowicz, consultora de UNESCO y coordinadora de Ciudadanía Digital destacó que se trata “un tema de política pública en salud y en educación” y consideró que “es necesario trabajar desde estos dos ejes para dar respuesta a la ludopatía en particular y a las problemáticas vinculadas al uso de internet en niños y adolescentes en general”.

Por su parte, Liliana Urbina, consultora de la OMS y OPS, mencionó que “hay muchas de las conductas que pueden ser prevenidas promoviendo la salud mental en jóvenes y adolescentes”.

En representación de UNICEF, Nahuel Arias, asesor en Comunicación Digital, celebró la participación de adolescentes en el debate para escuchar sus voces, y “a partir de ahí encontrar soluciones, programas y pensar políticas”. “De acuerdo a los sondeos 7 de cada 10 de los chicos consultados conoce una web de apuestas digitales”, indicó.

En función de experiencias regulatorias de la Unión Europea, Khatchik DerGhougassian señaló que una de sus políticas principales “es la protección de los consumidores: Acá fundamentalmente entran los niños y adolescentes en el radar”, al tiempo que destacó “medidas específicas como normas para publicidad y patrocinio responsable para evitar la exposición de menores a riesgos”.

Para el cierre del encuentro, Facundo Iglesias, periodista de Buenos Aires Herald y revista Crisis, destacó que “el fenómeno es transversal a todas las clases sociales” y “muchas veces se mezcla con otras problemáticas”.

En este sentido, la diputada del Pro Silvana Giudici hizo hincapié en la necesidad de “un trabajo interdisciplinario para su abordaje” y expresó: “Son casi 30 proyectos de distintos bloques” en los que se está trabajando desde diciembre y están “dedicados a llegar a un consenso que derive en una nueva regulación”.

De la jornada, además, participaron los diputados Rocío Bonacci, Ramiro Gutiérrez, Victoria Tolosa Paz y Carlos Castagneto; Daria Ukhoba de la Universidad de Glasgow; la consultora especializada en Ciudadanía y Crianza Digital Lucía Fainboim; la Asesora de la OEI, Mariel Romero; el investigador del CONICET, Diego Murzi; así como alumnos de 5to año del Instituto Santa Cruz.

El Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con la República Federal de Alemania se reunió este jueves en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo, para recibir a Manfred Grund, diputado del Bundestag, entre otros invitados. El objetivo fue afianzar el cooperativismo educativo y el desarrollo profesional.

La titular del GPA, diputada María Celeste Ponce, dio la bienvenida a los representantes y expresó que el encuentro “subraya los fuertes lazos que unen a ambos pueblos y la voluntad de seguir trabajando”. En ese sentido, aseguró que esta reunión “será un paso importante para profundizar la cooperación tanto a nivel parlamentario como educativo”. Asimismo, instó a “seguir trabajando juntos para construir un futuro más próspero y justo”.

En ese sentido, Manfred Grund agradeció la presencia de los diputados nacionales y resaltó la importancia de “encontrarse para entendernos e intercambiar conocimientos”. A su vez, hizo notorio el interés en llevar a cabo el acuerdo con el Mercosur y resaltó el programa de becas que lleva adelante el parlamento alemán y recibe a “jóvenes de todo el mundo”. Por último, expresó el deseo de continuar con “el desarrollo de las relaciones entre nuestros países”.

Siguiendo con la delegación alemana, Julia von Blumenthal, presidenta de la Universidad Humboldt de Berlín, destacó que “el sistema universitario argentino es muy bueno” y agregó que “las universidades son parte de nuestro sistema democrático”.

A su turno, el diputado Fernando Iglesias manifestó, sobre el acuerdo UE-Mercosur “estar muy comprometidos, siendo un tema conversado largamente con el presidente de la Nación, Javier Milei”.

El diputado Maximiliano Ferraro remarcó la importancia de fortalecer los lazos entre nuestros países y añadió: “creo en la importancia de encontrar un denominador común que haga a la calidad de la educación, la innovación, la ciencia y tecnología”.

Por último, el diputado Germán Martínez manifestó que “retomar los vínculos para el desarrollo de hidrocarburos, hidrógeno, además de cuestiones de educación y desarrollo profesional, son temas centrales para abordar en una agenda común. Como así las universidades son una plataforma fundamental para la cooperación”.

Estuvieron presentes los diputados miembros del GPA, Daniel Arroyo, Carolina Yutrovic y Sebastián Nóblega. También participó la coordinadora de los GPA de la HCDN, Patricia Cardo.

La senadora provincial por Buenos Aires Libre Betina Riva presentó en las últimas horas un proyecto de ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares a los detenidos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La modificación al artículo 9 de la Ley 12.256 establece que las comunicaciones dentro de los establecimientos carcelarios sólo serán mediante telefonía fija procediendo incluso a la inhibición de la señal de telefonía móvil dentro del penal.

La senadora que se referencia en el orden nacional con Carolina Píparo, aseguró que “todos sabemos que los dispositivos móviles en las cárceles son un instrumento para facilitar distintos tipos de delitos. Es prioritario que el gobierno ponga de una buena vez el foco en la seguridad de verdad y en garantizar que los ciudadanos puedan vivir tranquilos”.

El proyecto impulsado por Betina Riva extiende la prohibición al uso de tablets, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo de tecnología que pueda ser utilizado por las personas que están privadas de su libertad para coordinar ilícitos como amenazas, secuestros virtuales, venta de drogas. Asimismo, pide incorporar al Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB) el uso de inhibidores o bloqueadores de señales de teléfonos celulares para garantizar que si logran de alguna manera introducir uno de estos aparatos no puedan utilizarlos.

“El gobierno de la provincia de Buenos Aires debe brindar seguridad a los ciudadanos y no convalidar ni facilitar la comisión de nuevos delitos a quienes ya se encuentran detenidos. Las comunicaciones de quienes están privados de su libertad deben garantizarse, por supuesto, pero de una manera segura para la vida de los bonaerenses”, concluyó Riva.

El presidente Javier Milei anunció que irá al Congreso a presentar el Presupuesto 2025: “Próximamente estaré yendo al Congreso de la Nación Argentina a exponer lo que son las bases del déficit cero”, prometió confiado.

Sin embargo, es poco probable que asista.

Hay que tener claro que el presidente no podrá formular su discurso en el escenario que la Casa Rosada planea.

Pretenden que Milei hable en el recinto de la Cámara de Diputados, ante la Asamblea Legislativa, constituida por la suma de diputados y senadores; pero eso no podrá ser.

La Asamblea Legislativa no se reúne cuando a un presidente se le antoja hacer su acto político, sino que se convoca en las siguientes circunstancias:

– Cuando debe decidir sobre eventuales renuncias del presidente de la Nación y/o del vicepresidente.

– Cuando elige al funcionario que asumirá la Presidencia de la Nación, en caso de acefalía.

– Cuando se inicia el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, los días 1 de marzo de cada año.

– Cuando proclama al binomio presidencial electo, siempre antes de la fecha de asunción.

– Cuando se le toma juramento a la fórmula presidencial electa.

La alternativa que le queda al presidente es asistir a una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que ahora preside su reamigado José Luis Espert.

En la reunión de la comisión pueden participar, “con voz y voto”, 49 diputados, pero todos los demás tienen “voz”. Es decir que los 257 diputados están habilitados para hablar.

Si Milei y los suyos creen que los adversarios políticos no van a hacer uso de la palabra, que no van a criticar o no van a responder a las típicas agresiones presidenciales, están equivocados.

A esta altura, hay que resaltar que el presidente no domina los conocimientos básicos sobre formulación, ejecución y evaluación presupuestaria. No está obligado a saber, pero la realidad es que no podría responder con solvencia un planteo técnico al respecto.

En ese marco, difícilmente se “someta” a la dinámica de una reunión de comisión, que tiene sus propias reglas; y no es precisamente el Poder Ejecutivo quien pueda cambiarlas.

Le queda una alternativa. El presidente puede brindar una “conferencia” sobre el Presupuesto, usando algunos de los salones de la Cámara de Diputados o el propio recinto, con público propio: senadores y diputados, propios y aliados, funcionarios del Ejecutivo, fanáticos y otros invitados.

Ciertamente, sería una forma de cumplir con su anuncio de “ir al Congreso”. Al edificio.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

Ante un nutrido auditorio que se dio cita en el Centro Cultural Kirchner, ahora denominado Palacio Libertad, el presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó este jueves que presentará él mismo el Presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación, el cual tendrá sus bases en el mantenimiento del “déficit cero”.

Lo dijo en el marco de su presentación ante el Foro de Madrid, un evento donde se destaca la presencia del líder del partido español Vox, de ultraderecha, Santiago Abascal, donde abundaron las críticas presidenciales contra los políticos en general, de quienes dijo que ellos y sus amigos han castigado a la sociedad para hacerse “cada vez más ricos”. Ellos “o los familiares”, aclaró entre aplausos.

“Por 100 años nos desviaron de la vía del progreso por donde el resto del mundo libre siguió avanzando. Mientras todos los países que se integraron al sistema global se desarrollaron, nosotros tiramos a la basura la posición de privilegio de la que partíamos, dilapidamos el stock que nos costó tanto acumular”, aseguró, remarcando que “todo eso se hizo con un solo objetivo: transferir riqueza de la sociedad toda a los políticos de turno y su clientela. Eso es lo que denominamos el ‘Partido del Estado’”.

Milei sostuvo que “tenemos que separar a la población en dos grandes grupos: pagadores de impuestos y los consumidores de impuestos. Entre los consumidores de impuestos, se encuentran obviamente las ratas del poder, que en vez de ver la política como vocación de servicio, ven una caja a la que parasitar de por vida, y un medio para enquistar a su familia en el Estado, el Estado como un botín de guerra”.

En otro pasaje, el presidente afirmó que “los mismos que en la televisión se pelean como si fueran perros y gatos, en el Congreso terminan siempre votando juntos cuando se trata de joder a la sociedad. Y vaya que ustedes lo ven en el Parlamento Europeo”.

En ese momento, Javier Milei aseguró que “es una regla tácita de la política argentina de los últimos años” la de que “cuantos más votos tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad”.

Una vez más el primer mandatario contó que “la reforma estructural más grande que se hizo en la Argentina fue la que hizo Carlos Menem en el inicio de los 90 y la que nosotros hemos puesto en la cancha y que está en funcionamiento con la Ley de Bases y el DNU 70 es ocho veces más grande que esa reforma. Por lo tanto, no solo que estamos haciendo la reforma estructural más grande de la historia argentina en menos de 9 meses, sino que además lo hemos hecho con el 15% de la Cámara de Diputados y el 10% de la Cámara de Senadores. Por lo tanto, quiero que sepan que estamos comprometidos a hacer el mejor gobierno de la historia, y vaya que con lo que hemos hecho ya hemos dado pruebas más que suficientes”.

En otro pasaje, Milei sostuvo que “el Partido del Estado conoce muy bien la gravedad del cuadro heredado. Incluso los analfabetos económicos comprenden que los recursos son finitos; ellos saben perfectamente bien que si se aplicaran los aumentos del gasto que ellos reclaman, romperían la estabilidad económica por la que todos los argentinos nos hemos esforzado tanto, porque esto que hemos logrado es un esfuerzo de todos los argentinos y por ende tenemos que cuidarlo con uñas y dientes contra los degenerados fiscales que intentan romper y destrozar a la sociedad”.

Fue cuando anunció que “próximamente estaré yendo al Congreso para exponer lo que son las bases del déficit cero, para terminar de una vez por todas con el cáncer que es el déficit fiscal, las crisis fiscales y el desastre macro que ha hundido a Argentina en la pobreza”.

En ese sentido advirtió que “los degenerados fiscales están dispuestos a quebrar al Estado, y que 10 millones de argentinos más caigan en la pobreza y la miseria, con tal de sumar unos puntitos con discursos lindos en el recinto. Desde acá se les ven los colmillos y ahora cuando discutimos el presupuesto va a pasar lo mismo”.

“Ellos van a hacer lo imposible para que el presupuesto no salga -continuó-. ¿Por qué? Porque un presupuesto liberal y austero significa el fin de miles de curros. Y como son el Partido del Estado necesario mantener vivo el proyecto del Estado presente porque es lo que les da de comer”.

Sostuvo que “no les importa que el costo de sostener ese Estado elefantiásico y voraz lo pague la gente con el sudor de su frente. Y les digo más: ellos necesitan que el modelo de la libertad fracase, porque si nos va bien, cuando la actividad repunte y los argentinos de a pie se puedan valer de sus propios medios sin recibir ayuda de la política, ¿qué van a hacer entonces?”.

Alguien del auditorio gritó la consigna “no vuelven más”, a lo que Milei se hizo eco diciendo: “No vuelven más porque nadie va a necesitar más en la vida de un político”.

“Y no hay nada le moleste más a un político que un trabajador que no los necesita. Por eso el único juego de la oposición es boicotear nuestro plan económico y no les importa cargarse a la gente en el camino”, planteó, para desafiar: “Bueno, ¿saben qué? Vengan, nosotros estamos dispuestos a morir con las botas puestas. Es más, si tenemos a toda la política en contra, probablemente estamos haciendo algo bien”.

Tras ello, envió un mensaje a su partido, cuando dijo que “el Partido del Estado, que es otra forma de decir la casta política, está organizado, pero está organizado para arruinarle la vida al laburante. La única forma de presentarles batalla es con organización y disciplina de nuestro lado. Por eso no nos podemos dar el lujo de la dispersión y las peleas intestinas”.

“Solo estando juntos podemos ser fuertes –enfatizó-. Solo siendo leales de militante a militante, y ayudándonos entre nosotros podemos defender a los argentinos de las garras del poder permanente”. Y cerró: “Cualquier persona que no comprenda la enorme responsabilidad de pertenecer a este espacio, no tiene nada que hacer en La Libertad Avanza”.

Motorizados por el bloque radical, pero con el apoyo de otros sectores de la oposición dialoguista, diputados nacionales pidieron debatir el miércoles 11 de septiembre próximo el veto presidencial conocido el lunes pasado a través del Boletín Oficial para la Ley de Movilidad Previsional, sancionada el 22 de agosto pasado.

El pedido fue elevado al presidente de la Cámara, Martín Menem, este jueves, y plantea una reunión para el miércoles 11 a las 10 de la mañana. Está suscripto por los diputados radicales Fernando Carbajal, Rodrigo De Loredo, Facundo Manes, Julio Cobos, Danya Tavela, Jorge Rizzotti, Carla Carrizo, Pedro Galimberti, Marcela Coli, Manuel Aguirre, Mariela Coletta, Marcela Antola, Fabio Quetglas, Karina Banfi, Pablo Juliano, Gabriela Brouwer de Koning y Martín Tetaz; los de Encuentro Federal Miguel Angel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot, y de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro.

La decisión de los diputados opositores busca aprovechar el impulso que tiene el tema y no aguardar más tiempo para llevarlo al recinto. Teniendo en cuenta que el proyecto no ha pasado por las comisiones correspondientes, Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, necesitará una mayoría especial para conseguir ese día su tratamiento sobre tablas. Así las cosas, la oposición que convoca a este debate tendrá tres desafíos: primero, conseguir el quórum; después, habilitar el tratamiento del veto presidencial y luego obtener los dos tercios necesarios para rechazarlo, en cuyo caso pasará entonces al Senado para su debate.

Recordemos que el proyecto de Movilidad Previsional fue convertido en ley en el Senado con los dos tercios (61 votos a favor y 8 en contra), cosa que también tuvo en Diputados, cuando obtuvo 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones.

Ahora tendrá que asegurarse la presencia plena de quienes impulsan esta sesión. Tendrán que estar los 34 radicales, los 16 de Encuentro Federal y los 6 de la Coalición Cívica. Además, los que no firman el pedido, como los 99 de Unión por la Patria. Con presencia plena, necesitarían todavía 14 diputados más para alcanzar los dos tercios. Se verá.

La Coalición Cívica presentó este jueves un proyecto de ley para derogar el decreto 780/2024, que limita los pedidos de acceso a la información pública, por considerarlo contrario a lo estipulado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, y por entender que altera el sentido de la Ley 27.275, sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública.

El citado decreto se conoció el lunes pasado, tras su publicación en el Boletín Oficial, y ha generado una reacción adversa de todo el arco político opositor, incluso los más cercanos al oficialismo, como el Pro, que este miércoles difundió un comunicado cuestionando esa medida.

El proyecto de ley suscripto por los diputados de la Coalición Cívica Victoria Borrego, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Paula Oliveto Lago, pide la derogación del decreto 780/24 por resultar contrario a la Constitución Nacional y los tratados internacionales así como por alterar el espíritu de la Ley N° 27.275 sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública.

Plantea el proyecto de ley sobre la constitucionalidad del decreto reglamentario o ejecutivo, que “se debe tomar en cuenta no sólo si su contenido altera el núcleo central de la ley (o su espíritu, como dice la Constitución), sino también evaluar si el Poder Ejecutivo, so pretexto de reglamentar, termina por establecer una regulación autónoma y directa en la materia, lo que constituye una facultad propia del Congreso”.

Recuerda el proyecto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en el caso Claude Reyes y plantea a partir de ello que las limitaciones al derecho de acceso a la información solo pueden estar establecidas en forma excepcional por una ley del Congreso de la Nación y deben ser interpretadas en forma restrictiva, siempre a favor de garantizar el derecho de acceso a la información pública. “Las excepciones fueron clara y taxativamente establecidas por la Ley n° 27.275, no pudiendo incorporase nuevas excepciones o interpretaciones restrictivas por vía reglamentaria, ni tampoco pudiendo hacerlo a través de una interpretación con alcance general”, precisa el proyecto, que se suma a un pedido de informes presentado esta semana por el bloque Encuentro Federal.

Fue esta una semana agitada en el Senado, intensa y cambiante. Donde siempre se barajaron dos días para la sesión, que todos daban por descontada. Incluso el oficialismo, que apostaba a reflotar el debate de la boleta única de papel, cuestión de matizar con la misma la o las derrotas que sin lugar a dudas tendría con el proyecto de financiamiento universitario y el DNU de fondos para la SIDE.

Al final, la buena noticia para La Libertad Avanza fue lograr postergar la sesión hasta la semana que viene. Algo es algo.

Pero al cabo del acuerdo establecido en la reunión de Labor Parlamentaria por todos los bloques, menos Unión por la Patria, este último pidió sesionar igual este jueves, con un temario que incluye solo los dos temas en los que el Gobierno perdería, y mandó mensajes a la oposición dialoguista -fundamentalmente los radicales- para que comprobaran que verdaderamente defienden la educación pública y se sumaran a la sesión.

El bloque radical tomó nota de lo que para ellos es una chicana y cerró la jornada con un comunicado en el que celebran “la inclusión de temas importantes en la próxima sesión”, hablando puntualmente de la ya acordada para el día jueves 12 de agosto desde las 14 horas, y por supuesto no de la convocada por UP para este jueves. Con lo cual, queda claro -por si había alguna duda- que no se sumarán a la sesión de la principal oposición en el Senado.

“Esos acuerdos alcanzan materias tan significativas para la ciudadanía  como Boleta Única de Papel, el financiamiento para el sistema universitario público y el decreto de necesidad y urgencia que destinó 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado”, planteó el bloque radical a través de un comunicado en el que resaltan que “los argentinos apostaron por un cambio, con las esperanzas de avanzar hacia un futuro superador, de acuerdo con el potencial de nuestro país. En ese sentido, siempre nos encontrarán para discutir las cuestiones que permitan sacar a la Argentina de la decadencia”.

“Con esa premisa, renovamos nuestro compromiso para continuar ejerciendo el rol de representación para el que fuimos elegidos, acompañando o proponiendo caminos alternativos, según nuestro mejor entendimiento”, cierra la bancada encabezada por Eduardo Vischi, que confirmó así que no piensan acompañar a Unión por la Patria en la sesión pedida para este jueves a las 14.

El interbloque de Unión por la Patria de Senado anunció que este jueves a las 14 bajará al recinto, tras haber pedido a la Secretaría Parlamentaria que garantice el funcionamiento del recinto para tratar el proyecto de financiamiento universitario y el DNU de los fondos de la SIDE.

“Esperamos poder contar con la presencia de los otros bloques para poder darle repuesta a todos las universidades del país y ponerle un punto final al despilfarro que hizo este Gobierno con los fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia”, expresaron a este medio miembros de la bancada UP.

Mientras tanto enviaron una nota a la presidente del Cuerpo, Victoria Villarruel, argumentaron una serie de cuestiones reglamentarias que justificarían su pedido. A juicio del bloque que conduce José Mayans, considerando que “en el plenario de Labor Parlamentaria no se ha logrado acuerdo, ni se ha distribuido el plan de Labor en los plazos reglamentariamente previstos, venimos por la presente a informarle nuestra voluntad de celebrar una sesión ordinaria el día jueves 5 de septiembre y a formular una propuesta sobre los temas a tratar”.

En tal sentido requirieron a la titular del Cuerpo arbitrar los medios necesarios en orden a garantizar las condiciones necesarias para la celebración de una sesión ordinaria a celebrarse a  partir de las 14 horas de este jueves.

El temario de esa sesión pedida incluye solamente el financiamiento de Universidades Nacionales y el tratamiento del DNU 656/24 que asigna adicionalmente al presupuesto general de la administración nacional fondos destinados a la SIDE.

De acuerdo con lo convenido este miércoles en la reunión de Labor, UP no tendría número para sesionar. Aunque estaría cerca, si ellos tienen listos a sus 33 senadores para sentarse en sus bancas. Como sea, la movida les servirá para exponer al resto de la oposición si no los acompaña.

En efecto, desde Unión por la Patria, llaman a tratar “estos dos temas que nos parece que son fundamentales para la Nación” y consideran que “hay que fijar posicionamiento y esperemos que también nos acompañen todos aquellos que dicen defender la educación pública y que también se sienten indignados por este financiamiento de 100 mil millones de pesos a la SIDE cuando sabemos lo que está pasando con los jubilados y toda la gente que la está pasando mal en la Argentina”, señaló la senadora Anabel Fernández Sagasti.

“República” viene del latín: “res” (cosa), “pública”. Significa “lo que es de todos”, “lo público”. En un sistema republicano, lo “publico” es de todos; y “todos”, somos los ciudadanos, titulares del poder político que ejercen nuestros representantes, a los cuales, por imperativo democrático, elegimos mediante el voto.

La rendición de cuentas y la transparencia en la gestión, son dos características que deben tener los gobiernos democráticos representativos y republicanos. Al mismo tiempo, el derecho de acceso a la información, para poder acceder a lo “público”, debe ser preservado y alentado por las autoridades que nos representan.

El acceso a la información pública es un derecho que tenemos los habitantes, los periodistas para poder informar, y los partidos políticos para poder desarrollar sus actividades. Es cierto que los derechos no son absolutos, y que se ejercen conforme a las leyes que los reglamentan. Esto es un apotegma constitucional; pero para que la reglamentación a esos derechos sea válida, debe ser realizada por ley y razonablemente.

Por otra parte, también es cierto que las leyes pueden ser reglamentadas por el presidente de la Nación, el cual utiliza, para ello, decretos reglamentarios; pero aquí llega otro apotegma constitucional: los decretos reglamentarios no pueden alterar o modificar a las leyes que reglamentan.

En el año 2016, la Argentina logró contar con una ley de acceso a la información pública (27.275), mediante la cual se reglamentó el derecho de acceso a la información que todos tenemos. Al año siguiente, un decreto presidencial (el 206/2017), dispuso reglamentar a esa ley.

Los parámetros para el acceso a la información dispuestos por la ley referida, razonablemente reglamentados por el mencionado decreto, hicieron que la Argentina pudiera incorporarse a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que verificó los estándares dispuestos por la normativa referida.

La finalidad de ambas normas fue clara: consolidar la libertad para acceder a la información púbica por parte de ciudadanos, periodistas y partidos políticos. Sin embargo, y paradójicamente, un gobierno que pregona la libertad incansablemente, decidió restringir esa libertad. En efecto, el 3 de septiembre pasado, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nro. 780/2024, que reglamenta a la ley 27.275 (de acceso a la información), y que modifica al anterior decreto reglamentario de la misma.

El problema no es el decreto mismo, ni lo es que una ley sea reglamentada; el problema es que, este decreto reglamentario, altera a la ley que reglamenta, porque disminuye el estándar de acceso a la información que esta prevé. Es decir, es un decreto que no solo reglamenta, sino que además hace lo que debe hacer la ley: agregar restricciones a un derecho, cual es el de acceso a la información. Y por otro lado es un decreto que restringe un derecho, lo cual también es inconstitucional, porque los derechos y libertades sólo se limitan por ley.

El decreto mencionado alteró a la ley reglamentada (de acceso a la información pública), porque tomo dos decisiones que corresponden al legislador: definir el concepto de “información pública” (para delimitar qué es susceptible de ser informado y qué no debe serlo), y agregar excepciones a la información que puede brindarse.

En definitiva, nos encontramos con una inexplicable restricción al derecho de acceso a la información, que, desde su “contenido”, disminuye la “señal” de un sistema republicano ya bastante deteriorado, y desde su “forma” perpetra una notoria lesión a la Ley Fundamental, por tratarse de un decreto reglamentario que, más que reglamentar, suple al legislador mismo.

¿Qué hacer frente a esta inconstitucional restricción? Hay dos posibilidades: o el Congreso sanciona una ley derogando al decreto cuestionado; o cualquier ciudadano, periodista o partido político al que se le niega información sobre la base de lo dispuesto en él, acude a la justicia para lograr la declaración de inconstitucionalidad del mismo.

Alguno dirá que el Congreso no puede dejar sin efecto un decreto reglamentario, por cuanto reglamentar una ley es potestad presidencial. Error. Es cierto que reglamentar a las leyes es atribución del presidente, pero es una facultad que se ejerce sobre materia legislativa, motivo por el cual el Congreso tiene prioridad para abordarla. Si fuera cierto que el Congreso no puede dejar sin efecto un decreto reglamentario, por tratarse de una potestad presidencial, tampoco podría dejar sin efecto un decreto de necesidad y urgencia (a través del cual los presidentes ejercen función legislativa), cuyo dictado también es atribución del primer mandatario.

La república, como sistema, necesita sanar, y ello requiere de una decidida acción gubernamental. Pues flaco favor le hace el presidente al sistema republicano, con el dictado del inconstitucional decreto Nro. 780/2024.

Félix V. Lonigro es profesor de Derecho Constitucional de la UBA. Abogado constitucionalista.

La senadora nacional de la Unión Cívica Radical Carolina Losada anticipó que su bloque insistirá con la Ley de Movilidad Previsional, que fue vetada recientemente por Javier Milei, “si el Gobierno no da una propuesta superadora”.

Porque, advirtió, “los jubilados no tienen  posibilidad de hacer otra cosa. No llegan a cumplir con la canasta básica y les quitaron prestaciones”.

Entrevistada en Mañana Sí (radiosi.com.ar), la senadora santafesina también se expresó a favor del financiamiento a las universidades públicas y dijo que “los profesores universitarios, adjuntos y ayudantes tienen que ganar mucho más. Un ayudante con media dedicación gana $144.000. Muchas veces son los adjuntos los que dan las clases”.

Por otro lado, Losada se mostró satisfecha con el “Plan Bandera” que lleva adelante el Ministerio de Seguridad para el combate del delito y crimen organizado: “Está dando resultado en Santa Fe. Siempre dijimos que el hecho de que la policía esté armando operativos diferentes es una forma de estar presente y hacer sentir a los vecinos más seguros”, expresó, y agregó que “si bien el problema no está del todo solucionado, en poco tiempo se avanzó”.

Finalmente, ante la consulta de cuál será su postura frente a la votación para que el juez Ariel Lijo integre la Corte Suprema de Justicia aclaró que “en el radicalismo no hay una posición común sobre el tema”, pero expresó que “no votará el pliego” junto a Pablo Blanco, senador de Tierra del Fuego, debido a que “un juez que tiene el juzgado más ineficiente de todos los de Comodoro Py, que deja causas dormidas, no cuenta con la legitimidad de la gente ni la credibilidad”.

En su mensaje inicial, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la Ley de Movilidad Previsional aprobada por el Congreso, que fue vetada por el presidente Javier Milei. Fue sobre el final de su alocución, cuando advirtió que “todos los que tenemos responsabilidades institucionales debemos actuar de forma madura y responsable”, y en ese sentido señaló que “la sanción del proyecto de ley que establece modificaciones al régimen de movilidad previsional no constituye un acto maduro y responsable: se establecen gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria. Se trata de un gasto que, por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año, condenando al país a más emisión, deuda, inflación y pobreza”.

“Entre el 2020 y el 2023 las jubilaciones sufrieron una caída del 45% en términos reales. Además, se redujeron las jubilaciones de quienes habían aportado toda su vida, se confiscaron los ahorros de quienes habían elegido libremente que sus aportes no fueran administrados por el Estado y fueron incorporados al sistema contributivo millones de personas que no realizaron los aportes correspondiente ¿Cómo no vamos a tener un sistema quebrado?”, se preguntó entonces.

Por el contrario, continuó el jefe de Gabinete, “esta gestión estableció aumentos mensuales según el IPC, lo cual permitió una recuperación del poder de compra de los haberes jubilatorios de casi el 10% en lo que va del año, y de casi el 6% con respecto a noviembre de 2023. Esto refleja la voluntad de este Gobierno de garantizar un sistema de movilidad previsional justo y equitativo, donde los jubilados nunca más pierdan contra la inflación, evitándoles el flagelo que han padecido en los últimos 22 años”.

Aclaró que “esto se debe hacer con responsabilidad institucional, sin quebrar el equilibrio fiscal ni agravar la deteriorada situación del Sistema Integrado Previsional Argentino. La administración de los recursos públicos debe llevarse a cabo de manera madura y responsable, alineada con los objetivos públicos y los principios de buena administración, evitando las ilusiones de mejoras sin fundamento”.

“No hay posibilidad de mejorar el sistema jubilatorio argentino sino es a través del crecimiento de la economía -enfatizó Francos-. Si seguimos con una relación de trabajadores informales superior a los trabajadores formales del sector privado es impensable mejorar el sistema previsional, impensable crear más puestos de trabajo sino es a partir de la estabilidad, del equilibrio fiscal, de generar confianza y darle libertad a todos los argentinos”.

Guillermo Francos inició el 140° informe de gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros planteando lo que el presidente Javier Milei sostuvo durante la campaña electoral y en el inicio de su Gobierno, en ambas etapas. En campaña, dijo, “sostuvo su intención de luchar fuertemente contra el gasto del Estado y buscar el equilibrio fiscal, y luchar contra la inseguridad”. Lo reiteró, dijo, el día en que ganó el balotaje, y lo sostuvo en reiteradas oportunidades durante la gestión de gobierno.

“Su enfoque ha sido luchar contra la inflación y luchar contra la inseguridad”, remarcó ante los diputados, aclarando no obstante que no han sido esos los únicos temas que han sido tenidos en cuenta por el presidente, sino también una serie de temas que hacen a la vida pública institucional de la Argentina.

“Asumimos el 10 de diciembre y nos encontramos con una bomba de tiempo -afirmó-. Asumimos el 10 de diciembre y nos encontramos con una bomba de tiempo. Teníamos una inflación minorista que se movía con un alza del 1% diario. Un desequilibrio fiscal a nivel del Tesoro de 5 puntos del PBI, y a nivel del Banco Central de 10 puntos del PBI”, detalló.

Planteó Francos que “registrábamos una deuda por 20 mil millones de dólares, cuyos pasivos remunerados los tenedores podían ejecutar al día siguiente; un vencimiento de deuda de 8 mil millones de dólares a los 10 días siguientes a la asunción; deudas con importadores por 42.600 millones de dólares, y deuda flotante de la administración pública nacional por el equivalente a nueve mil millones de dólares”.

Para el  jefe de Gabinete, “estos números son el correlato de un Estado elefantiásico, ineficiente y corrupto, que prestaba servicios de muy mala calidad a la ciudadanía y garantizaba negocios para unos pocos a costa de todos los argentinos de bien”.

Con todo, Francos dijo que “a pesar de esta herencia caótica que recibimos, y de encontrarnos en una situación de clara minoría parlamentaria y política,  empezamos a construir las bases de una nueva Argentina. Un país con libertad, sin inflación, sin déficit, con un Estado chico que cobra menos impuestos, donde hay estabilidad y seguridad”.

En su exposición que comenzó a las 11.34, el jefe de Gabinete recordó el camino de las leyes insignia de la administración mileísta: Bases y el paquete fiscal, que consideró “un enorme hito en nuestra gestión”, y habló de dos etapas en ese proceso. “La primera, en la que no tuvimos éxito en esta Cámara y tuvimos que volver atrás; generar modificaciones y acuerdos políticos tanto en esta Cámara como en el Senado. No existe en el mundo un gobierno que haya sacado adelante leyes tan profundas”.

Atribuyó la aprobación de esas normas a “un gran trabajo de nuestro bloque y aquellos bloques que se pusieron a disposición para llegar a puntos de acuerdos”, dijo, y destacó que tanto la Ley de Bases, como el DNU 70/23 “le devuelven libertad a los argentinos”.

Francos exaltó la importancia del RIGI, al que atribuyó la decisión reciente de YPF de “avanzar con la inversión más grande de la historia”, como así también el compromiso de las empresas nacionales e internacionales más grandes para realizar una inversión de 2.500 millones de dólares en un oleoducto que permitirá exportar 30 mil millones de dólares anuales de petróleo de Vaca Muerta para el año 2030.

Destacó además una inversión de 400 millones de Aluar, para la aplicación del Parque Eólico de Puerto Madryn. “Todo eso gracias al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones que todavía algunos critican y va a ser la fuente de enormes inversiones”.

Luego resaltó el Pacto de Mayo suscripto el 9 de julio pasado, a través del cual se convocó al sector mayoritario de la clase política argentina, “un acuerdo de gran valor simbólico”, señaló.

“El Gobierno se concentró también en gestionar la macroeconomía del país que estaba absolutamente desordenada, y traía enormes perjuicios y complejidades que se reflejaban mensualmente en los índices inflacionarios”, dijo el funcionario, que agregó: “Logramos evitar la mayor crisis de la historia argentina, que combinaba lo peor de varias crisis anteriores: el Rodrigazo; lo peor de la hiperinflación de 1989, y lo peor de la crisis de 2001 y 2002”.

“En estos ocho meses de gestión sacamos a la Argentina de la hiperinflación y de los peligros que estaban por desatarse”, agregó, remarcando que “reordenamos el Estado, disminuimos su personal, terminamos con el déficit, obtuvimos superávit primario, financiero y comercial”. En ese marco dijo que “solucionamos la famosa bola de Leliqs, que representaban al momento de asumir el 12% del PBI, o sea 63 mil millones de dólares. Además, reordenamos el pago de la deuda externa, cumpliendo con todos los vencimientos. Todo eso sin que el Tesoro reciba financiamiento del Banco Central”.

“Gracias a un enorme esfuerzo, revertimos la senda hiperinflacionaria que nos encontramos al asumir e iniciamos un proceso de fuerte desaceleración. En materia de inflación mayorista, el descenso fue aún más brusco -agregó-. Además, logramos superávit fiscal en tiempo récord, pasando de un déficit descontrolado del 4.6% del PBI a un superávit de 0.4% acumulado en seis meses de gobierno. En materia de superávit financiero, entre enero y julio éste fue de prácticamente 2 billones de pesos, equivalente a casi 0.4% del PIB”.

Francos enfatizó que “por primera vez en mucho tiempo los salarios le ganaron a la inflación: en los primeros seis meses de 2024, el aumento de salarios fue de 84.3%; 4.5 puntos porcentuales por encima de la inflación, que fue de 79.8%”, al tiempo que aseguró que “volvió el crédito a la Argentina. Sólo el Banco Nación recibió en los últimos meses más de 40.500 solicitudes para la línea +Hogares, y lleva otorgados más de 6.800 créditos hipotecarios”.

En ese sentido señaló que “en el sector privado, el crédito en pesos -en especial para la producción- muestra una fuerte recuperación y acumula un crecimiento de 35.3% en términos reales desde enero”.

Para Francos, “la estabilización macroeconómica y las expectativas permitieron que vuelva a aparecer la demanda genuina de crédito por parte del sector privado, un insumo indispensable para el financiamiento de la producción”.

Luego resaltó que “en materia energética, alcanzamos superávit en el primer semestre de 2024. Un hecho que no se registraba desde hace 15 años, con la excepción de un breve período durante la pandemia. En este tiempo, las exportaciones crecieron un 26.8%, las importaciones cayeron un 55.1% y la balanza comercial energética arrojó un saldo positivo de 2.758 millones de dólares”.

Y agregó que además se alcanzó “la producción de gas más alta de los últimos 17 años y la más alta de petróleo de los últimos 15. Empezamos a normalizar poco a poco un sector fundamental para el crecimiento y el desarrollo del país”.

Por otro lado, expresó que están “construyendo” un nuevo pacto fiscal entre el Estado Nacional y los contribuyentes porque “queremos un país en el que el Estado no persiga a los ciudadanos, sino que les devuelva aquello que durante tanto tiempo les sacó”. Así, destacó el lanzamiento de una moratoria de deudas impositivas, aduaneras y de seguridad social y el impulso de la regularización de activos adquiridos en el país y en el exterior.

“Queremos que los contribuyentes puedan regularizar sus patrimonios en mejores condiciones, y que los alcances de esta medida perduren más allá de posibles cambios de gobierno. Esto lo hacemos sin dejar de reconocer a los cumplidores: quienes cumplieron con el pago de Bienes Personales entre 2020 y 2022, tienen una reducción de la alícuota del impuesto del 0.5% hasta 2025”, planteó.

En materia de obra pública, informó que llevaron adelante una auditoría sobre cuatro mil obras públicas realizadas por el Estado Nacional: “De este total, transferimos a las provincias la ejecución de más de 600 obras, que se encontraban paralizadas por falta de pago”.

“La autonomía y responsabilidad de los estados provinciales son aspectos centrales para el Gobierno nacional”, indicó y criticó: “Por décadas, las obras públicas fueron utilizadas para defraudar al Estado, perjudicando a los contribuyentes y beneficiando a ciertas empresas y algunos funcionarios públicos”.

En esa línea, apuntó: “Durante la administración anterior, se destinaron recursos económicos y personal del Estado Nacional para llevar adelante obras menores como veredas peatonales, baños públicos, cordones cuneta, plazas, tinglados, remodelación de una fábrica de dulces. Mientras tanto obras estratégicas como rutas nacionales, acueductos, redes y sistemas de distribución de agua potable, plantas potabilizadoras y colegios se encontraban paralizadas por falta de pago”, y comparó: “Hoy emprendemos el camino hacia un sistema federal en serio y ponemos fin a este esquema de malversación de fondos públicos”.

En materia social, informó que desde que se habilitó la línea de denuncias anónimas 134 han recibido más de 160.000 llamadas y, de ese total, 60% implicaron irregularidades en la gestión de planes sociales y 9.000 derivaron en denuncias judicializadas. “Avanzamos firmemente con la decisión de asistir a los más vulnerables y eliminar a los gerentes de la pobreza, que lucran con las necesidades de la gente”, afirmó.

En cuanto a los planes sociales, comunicó que entre junio de 2023 y junio de 2024 el valor de la AUH aumentó un 44% en términos reales. “Cuando asumimos, la AUH cubría el 49.55% de la canasta básica alimentaria, hoy cubre el 87%. La Tarjeta Alimentar se incrementó en un 137.5% en el mismo período. Junto al programa Primeros 1.000 días, estas iniciativas reflejan el refuerzo para llegar a las familias que más lo necesitan sin intermediarios”, comparó.

En cuanto a políticas de niñez y familia, en el primer semestre del año: “Aumentamos en 500% el beneficio para embarazadas y primera infancia. También actualizamos el monto del subsidio Primeros Mil Días que pasó de $2.597 en diciembre de 2023 a $30.550 en septiembre de 2024, lo que nos da un aumento del 1076%”.

A su vez, Francos destacó el cierre de organismos estatales “usados para la propaganda política” que implicó la reducción de 18 a 8 los Ministerios del Gobierno y la eliminación del 50% de los cargos jerárquicos, pasando de 106 a 54 secretarías.

“A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado dimos de baja 71 contratos de alquiler para oficinas públicas en todo el país, que fueron reubicadas en edificios propios. Además, estamos trabajando en un plan integral para poner a la venta más de 350 inmuebles en propiedad del Estado en todo el país”, detalló y sumó: “Por irregularidades y múltiples fallas en la gestión, eliminamos diversos fondos fiduciarios”.

“Implementamos un estricto sistema de auditorías en el que descubrimos casos vergonzosos de corrupción y malversación de fondos públicos. Un ejemplo es la ANDIS, en donde se encontró un circuito paralelo y fraudulento de asignación de pensiones por invalidez laboral a personas que no cumplían con ningún requisito, y que implicaba un desvío de fondos de aproximadamente 1 billón de pesos al año”, ejemplificó y precisó que se descubrió que hay 25 mil personas pensionadas por invalidez que actualmente están trabajando y 60 mil personas que presentan incompatibilidad en sus requisitos.

Ya promediando el discurso inicial, Guillermo Francos se refirió al sistema electoral, señalando que con la intención de transparentarlo y garantizar “un uso eficiente de los recursos públicos”, el Gobierno pretende poner en marcha la Boleta Única en Papel, que ya fue aprobada en Diputados y se está discutiendo en el Senado. “Esta iniciativa da igualdad de oportunidades en la representación de todos los partidos –planteó-. Persigue dos objetivos: reducir los costos de las elecciones en más del 50% en la impresión de boletas; y dar más transparencia en el proceso electoral, evitando el robo de boletas, como también el uso indebido del dinero otorgado por el Estado para otros fines ajenos a la impresión, como demuestran investigaciones judiciales”.

Finalmente destacó que “en Latinoamérica, solo hay dos países que no cuentan con boleta única u otros sistemas similares: Uruguay y Argentina tienen este sistema de boletas múltiples”.

Luego se refirió a la Ley de Movilidad Previsional aprobada por el Congreso, que fue vetada por el presidente Javier Milei. Fue sobre el final de su alocución, asegurando que “esta gestión estableció aumentos mensuales según el IPC, lo cual permitió una recuperación del poder de compra de los haberes jubilatorios de casi el 10% en lo que va del año, y de casi el 6% con respecto a noviembre de 2023. Esto refleja la voluntad de este Gobierno de garantizar un sistema de movilidad previsional justo y equitativo, donde los jubilados nunca más pierdan contra la inflación, evitándoles el flagelo que han padecido en los últimos 22 años”.

Guillermo Francos finalizó su exposición inicial señalando que “somos conscientes del enorme esfuerzo que hacen todos y cada uno de los argentinos para acompañar este proceso. Como jefe de Gabinete, me inspira un enorme sentido de la responsabilidad, pero también de orgullo y esperanza porque estamos en el camino correcto para volver a tener una Argentina libre y próspera”.

El Poder Ejecutivo desestimó este miércoles por decreto una petición iniciada contra la solicitud de acuerdo para designar a Ariel Oscar Lijo en un cargo vacante de la Corte Suprema de Justicia.

Así lo dispuso el Gobierno a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y su ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona.

El decreto lleva el número 785/24 y consta de dos artículos, el primero de los cuales considera “inadmisible” la petición interpuesta de manera conjunta por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Será Justicia, Acción Conjunta Republicana, Asociación Civil Usina de Justicia, Entre Ríos Sin Corrupción y Profesores Republicanos, como así también Alejandro Fargosi, Daniel Sabsay, Pablo Pirovano, Gerardo Vega, Alberto Cohan, Ezequiel Nino, Alejandro Drucaroff, Marcelo de Jesús y Marcelo Camerini.

El decreto presidencial recuerda la facultad que asiste al Poder Ejecutivo para el nombramiento de magistrados del Tribunal Superior, aclarando que la remisión del pliego al Senado no constituye un acto de designación y, por tanto, “no produce por sí mismo efectos jurídicos definitivos para ningún interesado. Ello así, pues se trata de una actuación administrativa de carácter preparatorio de un acto a dictar ulteriormente, que de ningún modo ocasiona un gravamen irreparable a un supuesto interesado”.

“Tampoco se desprende de la presentación que alguno de los firmantes acredite que el envío del pliego cuestionado los afecte en la esfera de sus derechos subjetivos o intereses legítimos, pues no esgrimen norma alguna que les confiera una tutela específica, en condiciones de individualidad o exclusividad, sino que tan solo exhiben un interés simple común a todos los habitantes a quienes el Decreto Nº 222/03, en su artículo 6°, habilita a exteriorizar exponiendo sus posturas, observaciones y demás circunstancias que consideren de interés durante el plazo de participación ciudadana allí establecido”, agrega el decreto.

Para el Poder Ejecutivo, en lo esencial “tampoco se configura ninguno de los señalamientos realizados por los impugnantes, habiéndose cumplido en forma acabada todos los recaudos del procedimiento establecido por el Decreto Nº 222/03, que culminó en la remisión de la propuesta del doctor Lijo al Honorable Senado de la Nación”.

“Lo único definido es la indefinición”, deslizó este martes un senador para graficar las dudas en torno a la posibilidad o no de sesionar este miércoles o jueves. O miércoles y jueves, como se barajó durante buena parte del día. Al final, la sensación era que al final no habría sesión de miércoles, tan solo porque sonaba desprolijo que se la convocara el mismo día.

Como sea, los senadores están en Buenos Aires, pendientes de una convocatoria que oscila entre miércoles y jueves, aunque al caer la noche de este martes se daba por seguro que sería el jueves. Con reunión de Labor Parlamentaria este miércoles a las 17.

Ya desde la semana pasada estaba la intención del oficialismo de abrir el recinto para tratar la iniciativa de BUP. Desde el Poder Ejecutivo hay un pedido constante ante los tiempos que corren si se pretende implementar en las elecciones del año próximo.

Luego de presentarse funcionarios en un plenario de comisiones, que ya había dictaminado en el verano, el Gobierno acercó un nuevo borrador a la oposición dialoguista. Entre los cambios más destacados figura que se quitaría el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, uno de los mayores reclamos de partidos provinciales, con especial énfasis de la rionegrina Mónica Silva, cuyo acompañamiento resultaría clave para salir del virtual empate (36 a 36) que reunía la iniciativa y por eso no se trató en sesiones extraordinarias. Recordemos que por tratarse de una ley electoral, necesita mayorías especiales, de manera tal que no vale desempate de Victoria Villarruel.

Además, según la nueva versión que circuló del dictamen, las elecciones PASO se adelantarían a la primera semana de agosto y, con ello, se correrían otros plazos del cronograma electoral, como el inicio de la campaña.

Si se aprueban las modificaciones, el texto deberá volver a la Cámara de Diputados, que podrá aceptarlos o no.

Por otra parte, y tal cual se había anunciado al constituirse la Comisión de Educación, este martes se reunió un plenario de las comisiones de Educación y Cultura y Presupuesto y Hacienda para tratar el proyecto de financiamiento universitario con media sanción de Diputados. Y tal cual lo esperado, se firmó el dictamen para llevar el tema al recinto. Si bien en la Cámara alta se respeta el plazo de siete días para que un dictamen vaya al recinto, en la última sesión se aprobó una moción de preferencia para que la iniciativa sea tratada con o sin despacho de comisión en la próxima sesión.

El proyecto aprobado por 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención el pasado pasado 15 de agosto en la Cámara baja, tendría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a 738.595 millones de pesos, de acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Motorizada por la oposición, ésta es otra iniciativa que pone en alerta al Gobierno, que recientemente vetó la Ley de Movilidad Jubilatoria por “darle la espalda al equilibrio fiscal”.

Finalmente, pese a la puesta en marcha de la Bicameral de Inteligencia, donde en la última reunión se acordó citar a Sergio Neiffert, titular de la SIDE, el oficialismo no evitaría que el DNU 656/24 sea tratado, con altísimas chances de ser rechazado. Se necesita mayoría simple.

La Ley 26.122 establece que para que un DNU quede firme, basta con la aprobación de una cámara, mientras que para que se caiga, debe ser votado en ambas. El rechazo al decreto de la SIDE en la Cámara de Diputados se votó el 21 de agosto con 156 votos a favor, 52 en contra y 6 abstenciones. De concretarse en Senado sería la primera vez en la historia que un DNU sea rechazado por el Congreso en ambas cámaras. Y una nueva derrota para el oficialismo libertario, en marcada minoría parlamentaria y con una relación con los dialoguistas que no es la misma que al comienzo de la gestión.

La Comisión de Discapacidad de la Cámara baja avanzó este martes en las modificaciones a la Ley de Electrodependientes.

Además, se abordaron proyectos de declaración y resolución.

La comisión que preside Daniel Arroyo dictaminó de forma favorable al proyecto que introduce modificaciones a la ley de electrodependientes.

“Queremos mejorar la ley con una mirada desde la salud, que quede claro qué equipos corresponden y generar un proceso expeditivo para que accedan a una fuente de energía sin cargo”, explicó el titular de la comisión.

En su intervención, el diputado nacional Eduardo Valdés señaló que “estamos atrasados y en deuda con el sector, que no tiene tiempo para perder. Esto ocurre porque no quieren darle los certificados a las personas que corresponden”. Al respecto, Valdés planteó la necesidad de realizar un encuentro con carácter urgente entre los diputados de la comisión y el titular de ANDIS, Diego Spagnuolo. “No se nos caen los anillos por ir hasta su oficina, como ya hemos ido anteriormente”, aseguró.

Además, los legisladores aprobaron declarar de interés de la cámara de diputados: el centenario de la Asociación Civil Biblioteca Argentina para Ciegos a celebrarse el próximo 18 de septiembre; la segunda publicación de la Red Interuniversitaria de Discapacidad denominada “Políticas en educación superior en las universidades públicas, discapacidad y universidad, periodo 2014 2016”; el noticiero “Inclui2”, que se transmite por el canal “Diputados TV”; el 1° Encuentro Nacional de Buceo Inclusivo para personas con discapacidad que se desarrolló en la provincia de San Luis; la “Conferencia de Wasli – Asociación Mundial de Intérpretes de Lenguas de Señas -, región Latinoamérica y el Caribe”; y el vehículo “Tricicleta all ride” destinado a la promoción de la vida independiente de las personas con discapacidad.

Días atrás, durante la apertura de Hotelga – uno de los eventos profesionales más destacados del sector turístico- el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ofreció un discurso que dejó atónito al auditorio compuesto por hoteleros, gastronómicos, prestadores de servicios y profesionales del sector.

Con absoluta liviandad y notable entusiasmo, el ministro instó a desregular absoluta y definitivamente todos los servicios y actividades turísticas, “para que todos podamos ponernos una agencia, hacer de guías de turismo y hasta ofrecer transporte terrestre o aéreo de pasajeros”. Todos, cualquiera, sin ningún tipo de control, ni fiscalización de parte de ningún organismo del Estado. Así, ponderó el rol de AirBnb, y hasta se atrevió a decir que “la profesionalización de los guías de turismo atrasa mil años”.

Y hasta hubo algunos aplausos. Extraña actitud ante un funcionario que viene con el mandato de romper todo lo hecho hasta el momento, que desconoce y bastardea a los profesionales que se formaron para trabajar seriamente, a los hoteleros y gastronómicos que invirtieron, pagan impuestos y tienen personal en regla, y a todo un sector que ha trabajado tanto por ser reconocido como la actividad económica importante que es a partir de su aporte al PBI nacional y a la generación de empleo genuino.

¿Se habrá preguntado el ministro qué pasará cuando los turistas sean estafados en su buena fe por servicios inexistentes? ¿O quién se responsabilizará por un traslado terrestre que sufra un accidente si nadie le obligó a contar con un seguro? ¿O cuando una prestación acabe en un hecho delictivo por una empresa a la que nadie le pidió una habilitación adecuada? ¿Cómo van a reaccionar aquellos que hasta ahora venían cumpliendo estrictamente con todas las reglamentaciones ante esta competencia tan desleal? ¿Se va a preocupar alguien por mantener una alta calidad en los servicios turísticos para sostener el posicionamiento del destino Argentina en este sentido?

¿O será que se está fomentando un estado de barbarie en el turismo a partir de una cadena de decisiones y acciones que van en detrimento de toda la actividad?

Nada de esto nos sorprende, lo venimos advirtiendo desde enero cuando comenzamos la discusión sobre la Ley Bases y se emitió el decreto 70/23 que derogó la Ley de Agencias de Viajes dejando, por ejemplo, al turismo estudiantil en un limbo ya que su ley hace referencia a la ley derogada.

Estamos ante un punto de inflexión que requiere una reacción rápida y concreta de todos los actores de la industria. Si hay un trabajo sinérgico es el momento de establecer reglas claras. Es nuestro deber defenderla de quienes ven un negocio detrás de cada servicio, a cualquier precio, sin reglas ni límites. Celebro que algunas voces comienzan a manifestarse en contra de la desprofesionalización del turismo, como el consejo de decanos de las facultades de turismo, y asociaciones de guías y profesionales del sector. Espero que, por el futuro del turismo en nuestro país, cada vez sean más, antes de que sea demasiado tarde.

La Comisión de Defensa Nacional que preside el diputado Ricardo López Murphy se reunió este martes para recibir la visita del exministro de Defensa Horacio Jaunarena, quien brindó aportes sobre la iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo y que modifica la Ley de Seguridad Interior, incorporando la posibilidad de actuación de las Fuerzas Armadas ante hechos de terrorismo.

En el inicio de la reunión, López Murphy anticipó que también han sido citados a esa comisión los exministros de Defensa Agustín Rossi y Julio Martínez, como así también el ex titular del Estado Mayor Conjunto de las FFAA general Juan Martín Paleo, y el ex titular del Estado Mayor General del Ejército, general Diego Luis Suñer, tras lo cual, manifestó el diputado, estarían en condiciones de avanzar con el dictamen.

El exministro de Defensa de Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde hizo un repaso histórico sobre las leyes de Defensa en las que “hubo unanimidad y consenso político”. “Celebro la presencia de la oposición y oficialismo que alientan la esperanza que políticas de defensa salgan por consenso que se expresa en el Congreso”, dijo.

Respecto del proyecto del Poder Ejecutivo, señaló que “compromete la intervención de los efectivos policiales en tareas de seguridad pública”. “Esto no es novedad, porque hay dos temas que surgen y que imitan en cierto modo la intervención de FFAA en temas de seguridad pública y son los que expresan en art. 27 de la ley vigente”.

“Cuando se requiere el apoyo a las políticas de seguridad de las Fuerzas Armadas en los servicios de arsenales, no es operativa, pero sí en los artículos 31 y 32, donde la ley prevé la intervención operativa de las FFAA, pero con la condición de que previamente haya dictado el estado de sitio el presidente de la república”.

“Lo que quiero decir con esto es que con este proyecto de ley por primera vez las FFAA intervendrían sin que se declare el estado de sitio previo. Esto es una novedad”.

“Mientras se postula la intervención operativa de las FFAA en temas de seguridad simultáneamente sigue vigente el decreto reglamentario de la Ley de Defensa según la cual las FFAA pueden intervenir exclusivamente en caso de ataque exterior por un ejército extranjero así que acá hay una situación ambivalente entre lo que postula el proyecto de ley y lo que está vigente a través de la reglamentación de la ley de defensa”, agregó.

En tanto, también explicó que la ley vigente prohíbe el adiestramiento y equipamiento de las Fuerzas Armadas para cuestiones de seguridad interna. “Esto aparentemente presenta una contradicción, porque en el proyecto de ley se hace alusión a esta aparente contradicción porque se sostiene que las Fuerzas Armadas obtienen adiestramiento cuando forman parte de una misión de paz a otros países. En este tema radica la institución en la seguridad interna. Vale la pena que se discuta sobre esto así la capacidad que necesitan sea la misma que reciban los que van a misiones de paz”, aportó.

Asimismo, reflexionó acerca de que “no es tan sencillo cambiar un sistema de adiestramiento, ya que “se requiere tiempo para la educación, capacitación, financiamiento para las tareas de defensa”. Y sostuvo que “no queda claro en el proyecto” y sobre la base de “la experiencia en el sector es muy complejo coordinar una cadena de mando sino está prevista por la ley”.

Luego se refirió a que la iniciativa “se acompañe con el presupuesto que sustenta la actividad porque si no es imposible que se concrete. Es importante que se conozca el presupuesto”, aclaró. Asimismo, expresó que “debe quedar muy claro que la decisión de la actuación de las Fuerzas Armadas en determinado conflicto tiene que ser del presidente”.

Por último, sostuvo que “más del 60% de los gendarmes están haciendo de policías urbanos” y “uno de los problemas más graves es el de control de la frontera. Más de 300 pasos clandestinos fronterizos sin ningún tipo de control. Si no resolvemos esto, difícilmente vamos a poder resolver el problema de la seguridad”, aseveró y, al mismo tiempo, manifestó que la iniciativa es “un capítulo de muchos más capítulos, de todos los desafíos en la seguridad y defensa en estos tiempos; y en la modernización de nuestros sistemas de seguridad en función de los nuevos desarrollos de la tecnología”.

Durante una reunión desarrollada en el Salón Blanco del Palacio Legislativo, los diputados que integran la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, recibieron a parlamentarios de la Comisión de Ambiente y Agricultura del Reino de Suecia, con el objetivo de intercambiar experiencias entre países.

Los representantes de ambos parlamentos manifestaron su visión sobre distintos ejes relacionados con “la producción de alimentos, el ambiente y los servicios ecosistémicos” y coincidieron en el desafío de que, “tanto Suecia como Argentina, puedan aprender de las prácticas de cada país”.

En ese sentido, el diputado Atilio Benedetti, titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería,  expresó: “Tenemos  cuestiones comunes como,  prácticamente, la misma superficie cultivada de soja de la que ustedes tienen de bosques”.

Luego, el diputado Martín Ardohain (Pro) aseguró que “nuestra mayor producción está en el sector de granos”. “El fuerte es la agricultura y la ganadería”, puntualizó.

En tanto, desde La Libertad Avanza, el diputado por Entre Ríos Beltrán Benedit indicó que “su provincia tiene un importante potencial en todas las actividades agropecuarias y un gran desarrollo forestal”.

A su turno, el diputado de UP Luis Basterra señaló que “los servicios ecosistémicos son un tema de debate en el mundo”, por lo cual remarcó “la importancia del rol que tiene Suecia”.

Desde el Parlamento de Suecia,  Kjell-Arne Ottosson, vicepresidente de la Comisión de Ambiente y Agricultura, sostuvo: “Argentina es un gran país en cuanto a la agricultura y tenemos mucho que aprender de ustedes”.

De la reunión, además, participaron los diputados nacionales Nicolás Mayoraz (LLA), los del Pro Germana Figueroa Casas, Sofia Brambilla y Belén Avico, el radical Luis Picat, el peronista Roberto Mirabella y Yolanda Vega, de Innovación Federal. También estuvo el secretario administrativo de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Juan Darre.

También estuvieron presentes, la directora General de Diplomacia Parlamentaria de la HCDN, Luciana Termine y los representantes de la Comisión de Ambiente y Agricultura del Reino de Suecia.

En el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se entregó este martes en horas de la tarde un reconocimiento a la organización no gubernamental “Ficha Limpia”, por su aporte para la promoción de la transparencia institucional en la iniciativa ciudadana Ficha Limpia.

Participaron de la ceremonia, los legisladores Graciela Ocaña, Hernán Reyes, Matías López, Yamil Santoro, Manuela Thourte y Darío Nieto. También estuvieron los periodistas Fanny Mandelbaum (impulsora del proyecto) y Claudio Savoia.

La vicepresidenta tercera de la Legislatura, Graciela Ocaña, aseguró que “ya es hora de que la política dé un salto de calidad institucional. Los cargos electivos no pueden ser un aguantadero para nadie. Ficha limpia es un proyecto de ley imprescindible para garantizar la igualdad y la transparencia en los cargos públicos”.

“Celebro esta iniciativa de la sociedad civil y vamos a trabajar para que Ficha Limpia sea ley en la Ciudad de Buenos Aires”, cerró la diputada.

Con fuertes cruces entre la oposición y el oficialismo y sus aliados, se resolvió este martes en las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Asuntos Constitucionales que la semana próxima convocarán a los seis libertarios que fueron al penal de Ezeiza a reunirse con represores detenidos por delitos de lesa humanidad. Se trata de Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta, quien ya no pertenece al bloque.

Durante el encuentro, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda insistieron en la conformación de una comisión investigadora, pero esto no prosperó. Además, cuestionaron que respecto a la reunión de la semana anterior haya habido un giro en la decisión de dictaminar sobre un proyecto en ese sentido.

Desde la UCR, el formoseño Fernando Carbajal propuso convocar a los legisladores involucrados antes de decidir sobre un repudio o eventual sanción. La presidenta de la Comisión de Peticiones, la diputada del Pro Silvia Lospennato, confirmó en el final que así se hará y aclaró que el descargo lo podrán hacer presencialmente o “mandarlo por escrito”. “Con posterioridad a eso, si así lo decide la mayoría de esta comisión, se podrá tomar una decisión y dictaminar”, cerró.

En el arranque del plenario, donde oposición y oficialismo se acusaron mutuamente de “dilatar” el tema -con diferentes intenciones, según de qué lado-, el diputado Esteban Paulón pidió sumar un proyecto para que se convoque a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que dé explicaciones por la entrada al penal de Ezeiza de los libertarios.

Tras su solicitud, Lospennato dijo que una cosa es el artículo de la Constitución que “permite a este Cuerpo juzgar a sus miembros”, imponer sanción disciplinaria y hasta una expulsión, el cual “es muy distinto del que dice que los funcionarios tengan que rendir cuentas por su función”. Acto seguido, sugirió “no mezclar las cuestiones”. Sin embargo, el socialista insistió: “Creemos que es pertinente esa explicación en este ámbito”.

A su turno, el diputado de la izquierda Nicolás Del Caño reclamó “conformar una comisión investigadora que sea mixta”, integrada por legisladores y organismos de Derechos Humanos. Al igual que Paulón, exigió la presencia de Bullrich y también del titular del Servicio Penitenciario Federal. Insistió que hay que saber “cuál es la responsabilidad de los funcionarios” e “investigar a fondo qué hay detrás de esto”.

Luego intervino la diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley, quien señaló que presentarían a los presidentes de las comisiones “un pliego de pruebas documental” con artículos periodísticos que refieren al tema de la visita y “a todo lo que nosotros consideramos que es un plan destinado a liberar genocidas”. También incluye las publicaciones de Arrieta en sus redes, donde reveló chats de WhatsApp. Y solicitó las testimoniales de un conjunto de personas, entre ellas Bullrich.

“Si hay algo que no voy hacer es violar el reglamento. No somos una comisión investigadora”, contestó Lospennato. Y habló de que en todo caso habrá que dictaminar sobre un proyecto para ese fin (la creación de una comisión investigadora), que luego deberá aprobarse en el recinto. “No podemos convertir a esta comisión en lo que no es, porque no nos compete. Ninguna de estas comisiones tiene facultad para hacer lo que acaba de requerir”, insistió la titular de Peticiones. Más tarde lo aclaró varias veces.

Al tomar la palabra, el diputado de UP Martín Soria aseveró que “estamos ante hechos que revisten una gravedad inédita” y rechazó el planteo de que “la Comisión de Asuntos Constitucionales no se puede constituir en investigadora”. Sobre esto, puso como ejemplo de casos históricos. Para el rionegrino, “es una estafa electoral lo que hicieron” los oficialistas y alertó que en toda la trama previa a la visita al penal puede haber constitución de delitos. “Estamos ante abuso de poder, tráfico de influencias. Ante cohecho, la posibilidad de sobornos”, observó y mencionó también la “asociación ilícita”, generando el murmullo entre los libertarios presentes.

Desde la UCR, Karina Banfi abogó por “la voluntad de generar un proceso que solicita y pide algún tipo de reparación”. “Les quiero pedir a mis colegas que tomemos esto con absoluta seriedad”, expresó y solicitó “despojarnos de los discursos de tribuna”, al rechazar que se quiera “hacer de esto un circo”.

“Tendremos que evaluar en función de nuestros valores éticos y republicanos. Nos estamos poniendo en jueces y en función de eso tenemos que ser muy serios. No somos quienes para juzgar la conducta de otros cuando nos portamos como payasos”, advirtió.

Por el Pro, Silvana Giudici recordó que el pasado 14 de agosto se votó una moción para conformar una comisión investigadora y “fue rechazada”. A su vez, Arrieta presentó una denuncia penal y “la Justicia la desestimó”. “Todos expresamos nuestra indignación y repudio”, manifestó y cuestionó “el aprovechamiento político de un tema para estirarlo hasta Navidad. No sé si la Navidad nuestra o la de (Nicolás) Maduro”, ironizó.

La legisladora criticó entonces a UP de que “no quisieron acompañar una declaración de repudio, que sería muy bueno que el pleno por unanimidad ya la tuviera aprobada”.

Más tarde, la diputada de UP Paula Penacca aseguró que “si vamos a sancionar, hay que investigar; por supuesto que estamos de acuerdo en repudiar pero dijimos que solo con eso no alcanzaba”. Además, en respuesta a Giudici, apuntó que “la causa de la diputada Arrieta no está cerrada” y “no es verdad que se haya pedido apartamiento (en una sesión) para estos expedientes” del temario del plenario.

La camporista reclamó que “en vez de esconderse detrás del reglamento” se dictamine este mismo martes la conformación de una comisión investigadora. “No se puede no hacer nada, o escuchar solamente el descargo de los diputados”, consideró y enfatizó: “Yo sospecho que lo que se busca es que no haya ninguna información sobre la mesa”.

En el último tramo, el jefe de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni, intervino con un discurso leído. “Es importante dar esta discusión desde la honestidad, dejando de lado la hipocresía y el doble estándar. Todos estamos de acuerdo en repudiar a los que cometieron crímenes de lesa humanidad, en eso no hay diferencias. Desde un primer momento el bloque se puso a disposición para aclarar este tema”, comenzó y ratificó: “No hay ningún plan secreto ni conspiración, el mismo presidente (Javier) Milei ya lo aclaró públicamente”.

El cordobés cuestionó el querer “llevar este tema a una esfera que no corresponde” y señaló que “empezar a hablar de sanción o expulsión es otra cosa y puede dejar antecedentes muy peligrosos para esta Cámara”. “Esta Cámara tuvo diputados que se han sacado fotos con personajes como Nicolás Maduro, Fidel Castro, dictadores de otros países que también cometieron delitos de lesa humanidad”, lanzó y agregó que “hoy los diputados que están siendo investigados son de La Libertad Avanza, pero mañana puede ser cualquier diputado de otro bloque”.

“Se puede hacer un reproche ético y político de lo que pasó, pero corresponde que quede en un reproche y que no lo llevemos a cosas con un extremo peligroso”, dijo Bornoroni y opinó que “seguramente la sociedad va a juzgar las acciones de estos diputados”. “Lo único que se está haciendo es montar un circo político”, consideró.

Al retomar la palabra, Carbajal sostuvo: “Yo no necesito hacer ninguna investigación, y no necesito ser Sherlock Holmes para entender que este es un Gobierno donde anidan sectores que tienen un plan de impunidad de la dictadura, porque es confeso”. “Pretender convertir esto es una investigación de tipo judicial me parece innecesario”, manifestó y rescató que “hay un consenso aquí en que vamos a repudiar el hecho; nos queda discutir si vamos a tomar alguna medida concreta respecto a esto”.

Otro de los que habló, en las tres horas que duró la reunión, fue el presidente de UP, Germán Martínez, quien cuestionó “este cambio de actitud en apenas una semana”. “Volvemos a fortalecer el plan oscurantista con una sanción light”, enfatizó y acusó: “El presidente del bloque oficialista trata de enmascarar la actitud de sus diputados para que no se pueda llegar hasta las últimas consecuencias”.

En el marco de una reunión plenaria de las comisiones de Coparticipación Federal de Impuestos y de Presupuesto y Hacienda, se llevó a cabo este martes en el Salón Azul del Senado, para discutir cinco iniciativas relacionadas con la coparticipación federal.

El titular de Coparticipación Federal, el radical Víctor Zimmermann, calificó el encuentro como una “reunión de carácter informativo” con el propósito de iniciar la discusión sobre una “nueva ley de distribución de recursos”. Por su parte, Ezequiel Atauche, presidente de Presupuesto y Hacienda, subrayó la importancia de comenzar a analizar y desarrollar una nueva ley de coparticipación federal y destacó que “es una responsabilidad del Senado velar por la coparticipación de las provincias y también velar porque nuestras provincias reciban lo que les corresponde”.

A continuación, se dio lectura a los proyectos a tratar con estado parlamentario: el expediente 43/24, del senador Juan Carlos Romero que reproduce el proyecto de ley que crea el sistema de coordinación financiera y fiscal; el expediente 490/23 de la senadora radical Mariana Juri y otros, que modifica el art. 5 de su similar 23.548- Coparticipación Federal de Impuestos – respecto de la asignación del fondo de aportes del tesoro nacional a las provincias; el expediente 1134/23 presentado por el senador Pablo Daniel Blanco sobre convenio régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Además, el 628/24 de autoría también de la senadora Juri y otros/as que modifica el art. 7 de su similar 23.548 (Coparticipación Federal de Impuestos) respecto de establecer un mínimo de recursos a distribuir a las provincias sobre el total recaudado y el expediente 2447/23 del exsenador y actual gobernador chubutense Ignacio Torres y otros/as que modifica el art. 3 de su similar 25.413 y sus modificaciones. Este dispone desafectar el 50% de impuesto a los débitos y créditos bancarios que ingresara a la masa de Coparticipación Federal de Impuestos Ley 23.548 y sus modificaciones.

La senadora Juri explicó que el primero de sus proyectos tiene que ver con los fondos del tesoro nacional a las provincias: “La Argentina no puede esperar la distribución de fondos del Aporte del Tesoro Nacional de las provincias, por eso proponemos reformar la ley para darle más transparencia. Además, detalló que “el otro proyecto apunta a que se fije un piso de los fondos coparticipables a las provincias para una Argentina más justa y federal”.

Por su parte, el senador Blanco sostuvo que su proyecto de ley “fija el marco de regulación de distribución de todos los recursos que se recaudan en todo el país donde se separa abiertamente los que corresponden a las provincias y a la nación. Plantea una dinámica distinta a como se hace actualmente”.

La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero consideró clave “ordenar el sistema y bajar los impuestos. Si bajamos los impuestos van a aumentar los recursos en nuestras provincias y la gente va a invertir”.

Por último, la senadora María Teresa González celebró este tipo de encuentros para discutir la coparticipación federal de impuestos.

Tras la reunión plenaria, la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos llevó a cabo una jornada académica titulada “La jerarquía constitucional de la coparticipación de impuestos y el federalismo de concertación”.

Durante el evento expusieron Alberto Dalla Vía, juez de la Cámara Nacional Electoral y profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; Luis Francisco Lozano, juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Torcuato Di Tella; Daniel Sabsay, profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y Antonio María Hernández, profesor titular plenario en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.

A dos semanas de la presentación del Presupuesto 2025 por parte del Poder Ejecutivo Nacional, crece la expectativa ya no por el contenido del proyecto que elabora el Palacio de Hacienda, sino también y muy especialmente por una versión que viene creciendo en las últimas horas y es la de que en este tema el Gobierno de Javier Milei buscaría romper nuevamente el molde.

¿De qué manera? Siendo el propio presidente de la Nación que, en su condición de economista, se presente ante el Congreso para presentar lo que se conoce como “ley de leyes”, en lugar del ministro de Economía.

En efecto, lo que se estila para estos casos es que el Ejecutivo envíe el proyecto de ley a la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre y en el transcurso de los días sucesivos, vaya el ministro de Economía a la Comisión de Presupuesto para exponer sobre el mismo. En general, respondiendo preguntas.

Lo que trascendió esta semana y cobró fuerza este martes a partir de fuentes de la Casa Rosada, es que en esta ocasión sería el propio presidente de la Nación el encargado de presentar el Presupuesto del año que viene el 16 de septiembre, ya no en la Comisión de Presupuesto que preside su amigo José Luis Espert, sino directamente en el propio recinto de sesiones, en una suerte de asamblea legislativa.

Sería un revivir del 1° de marzo, cuando Milei hizo la apertura de sesiones ordinarias, pero en este caso circunscripto a lo que es será el primer presupuesto elaborado por su gestión.

De confirmarse esta versión, sería una nueva muestra de diferenciación con absolutamente todas las anteriores gestiones. La tercera, partiendo de cuando el 10 de diciembre asumió y dio su discurso en el exterior del Palacio Legislativo y no en el recinto de Diputados; la segunda, el 1° de marzo, encabezando la Asamblea Legislativa a las 9 de la noche. Y ahora, presentando él mismo el Presupuesto, y en el recinto de la Cámara baja.

Puede hacerlo, obviamente. Lo que dice la Ley 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional es que “el Poder Ejecutivo Nacional presentará el proyecto de ley de presupuesto general a la Cámara de Diputados de la Nación, antes del 15 de setiembre del año anterior para el que regirá, acompañado de un mensaje que contenga una relación de los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones de la metodología utilizada para las estimaciones de recursos y para la determinación de las autorizaciones para gastar, de los documentos que señala el artículo 24, así como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportunos”, según reza el artículo 26 de la misma.

Lo que tiene que ingresar al Parlamento es el proyecto, nada dice la ley respecto de los funcionarios que luego deban pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Es de uso y costumbre que el ministro de Economía se presente en la semana siguiente, para iniciar el debate en el seno de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja. Luego, según permitan los tiempos, los funcionarios repiten el proceso en la Cámara alta, aunque en general el ministro de Economía ya no va en esa instancia.

Recordemos que el año pasado el Gobierno de Alberto Fernández mandó el proyecto en tiempo y forma, pero después no se debatió nunca en la comisión respectiva. Fue por un pedido puntual que en su rol de candidato presidencial Javier Milei le hizo al entonces ministro de Economía y también candidato presidencial, Sergio Massa, para postergar el debate para después de las elecciones. Le vino de perillas al ministro/candidato, que se evitó tener que ir al Congreso en esos días, y a quien después sería presidente de la Nación, pues de esa manera gobernó sin presupuesto. Una condición que suele favorecer a los gobiernos, a pesar de que cuando les toca no dejan de quejarse por ello. Pero al no aprobarse un presupuesto, se prorroga el del año anterior, con todas las prerrogativas que le permite esa situación, en materia de manejo discrecional de fondos.

Que Milei presente el presupuesto en el recinto le permitiría no tener que responder preguntas a los legisladores, y también excluiría a Luis Caputo de presentarlo él ante la Comisión de Presupuesto. Obviamente se lo reclamaría la oposición a viva voz, pero en el marco del debate de la Ley de Bases el ministro de Economía ya dejó claro que no tiene mayores deseos de concurrir al Congreso. Su experiencia en la materia, de su anterior paso por la gestión, no fue de lo mejor. Recordar cuando en 2018 tuvo un entredicho con la entonces diputada Gabriela Cerruti, durante su presentación como ministro de Finanzas en la Bicameral de Deuda.

Por lo que ya anticipó el viernes pasado Milei a los diputados a los que recibió en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, el Presupuesto 2025 tendrá como premisa indeclinable del déficit cero. Y sobre esa condición girarán todos los ajustes que determine el texto. Si bien es el tema más importante que se tratará en el Congreso en este segundo semestre, según se ha dicho, no hay mayor preocupación en el Gobierno respecto de la suerte del mismo. “Si no lo aprueban, servirá para mostrar a una oposición que solo quiere obstruir”, expresó a este medio una fuente libertaria. Es que, como decíamos, si el Gobierno no tiene presupuesto le servirá para despotricar contra la oposición, victimizarse… y gobernar con las facilidades que tuvo este año al no existir un texto al cual circunscribirse. Se verá.

Finalmente llega el momento en el que Guillermo Francos se presente en el Congreso para dar su primer informe de gestión, como jefe de Gabinete de Ministros. No es un ámbito desconocido para él: como funcionario ha asistido numerosas veces al Parlamento para hablar con los legisladores, fundamentalmente en el marco de las negociaciones por la Ley de Bases. También fue diputado nacional entre 1997 y el año 2000, presidiendo el partido de Domingo Cavallo, Acción por la República.

Su debut en la condición que ostenta desde el 3 de junio pasado será este miércoles en la Cámara baja, a partir de las 11 de la mañana.

Para este informe se recibieron, hasta el viernes 2 de agosto de 2024, 3.535 requisitorias que, luego de la unificación en Coordinación del Informe, quedaron consolidadas en 2.135 preguntas. De allí se elaboró el Informe N° 140 del jefe de Gabinete de Ministros.

El bloque que más preguntas ingresó es Unión por la Patria (1.041), seguido por la Unión Cívica Radical (401).

Según pudo saberse a partir del informe elaborado por Jefatura de Gabinete, los diputados que más preguntas enviaron son Eduardo Toniolli (98 – UP); Vanina Biasi (72 – FITU); Juan Marino (69 – UP); Ana Carla Carrizo (68 – UCR); Mónica Schlotthauer (67 – FITU); Martín Maquieyra (59 – Pro); Leandro Santoro (57 – UP) y Nicolás Del Caño (53 – FITU).

Las áreas que más preguntas recibieron son los ministerios de Economía y de Capital Humano. Es relevante también la cantidad de preguntas sobre Justicia, Salud y Seguridad.

Según el análisis temático, se destacan las preguntas sobre el presupuesto asignado a la SIDE y la designación de funcionarios. Aparecen también consultas sobre la visita de los diputados al penal de Ezeiza y sobre posibles proyectos de indulto o prisión domiciliaria a condenados por delitos de lesa humanidad.

También tienen relevancia los requerimientos sobre la continuidad de los programas de protección de la violencia hacia las mujeres, las áreas que fueron reubicadas y el presupuesto destinado.

En el caso del Ministerio de Economía, algunas de las preguntas apuntan al Banco Central por el envío del oro al exterior. Otros temas relevantes para esta área son el RIGI, proyectos de minería, caída de los índices de industria y empleo, retenciones y cepo. También hay preguntas sobre subsidios a la energía y al transporte.

Tienen importancia también las preguntas sobre obras públicas, especialmente las de rutas nacionales que están paralizadas.

En el ámbito de la Justicia, hay requerimientos de información sobre la baja de edad de imputabilidad. En este sentido, se solicitan estadísticas de delitos por región y por edad de quienes delinquen.

En el caso de Capital Humano se destacan las consultas sobre los contratos del ministerio con organismos internacionales como OEI o UNOPS. En menor medida, aparecen como en el informe anterior, preguntas sobre la distribución de alimentos.

Hay preguntas para el área de educación sobre el funcionamiento y el impacto de los vouchers educativos, el destino del FONID y el presupuesto universitario, en este informe especialmente vinculado a salarios docentes.

En el caso de Cultura, se destacan las preguntas sobre posibles casos de censura y por el financiamiento del INCAA.

Otros temas que emergen del informe son los requerimientos sobre despidos de empleados estatales, privatizaciones, programas para personas con discapacidad, ludopatía infantil y adolescente, presupuesto para ciencia y tecnología.

El de Francos será el segundo informe de gestión -de carácter verbal- desde la asunción de Javier Milei al frente del Poder Ejecutivo y la primera en Diputados, ya que la anterior estuvo a cargo del ex jefe de Gabinete Nicolás Posse y fue en el Senado, más precisamente el pasado 15 de mayo, tan sólo 13 días antes de que saliera eyectado del Gobierno.

El jefe del interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria, José Mayans, recibió en su despacho del Senado a una delegación de la Confederación General de Almaceneros de la República Argentina (CGA), integrada por los dirigentes Daniel Acuña, Fernando Savone y Ángel Soria, junto con el director de la Comisión contra la Ilegalidad de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Hryniewicz.

En el encuentro, los visitantes expresaron distintos aspectos que le preocupan al sector, como por ejemplo el impacto que tiene en los costos operativos el precio de la energía que pone en una compleja situación a los pequeños almacenes, que alcanzan a sesenta mil en todo el país. De acuerdo con lo expresado, los comerciantes se verían obligados a trasladar a las góndolas el incremento de las tarifas, pero esa situación estaría también limitada por lo afectados que se encuentran los salarios de los trabajadores que conforman el universo de sus consumidores.

También, plantearon la necesidad de que se vayan corrigiendo las asimetrías que padecen los pequeños comercios respecto a las grandes cadenas de comercialización. Según se consignó, también existen vacíos legislativos que se deberían atender. En ese sentido, también se indicó que, cuando se habla de establecer políticas de promoción, los pequeños almaceneros nunca son convocados.

Los representantes del sector piden que se establezcan reglas parejas por ejemplo en lo que hace a las cargas patronales con las grandes cadenas comerciales.

Este martes a las 17, se realizará en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un reconocimiento a la organización no gubernamental “Ficha Limpia”, por su aporte para la promoción de la transparencia institucional en la iniciativa ciudadana Ficha Limpia. Participarán de la ceremonia, los legisladores Graciela Ocaña, Hernán Reyes, Matías López, Yamil Santoro, Manuela Thourte y Darío Nieto. También estarán presentes los periodistas Fanny Mandelbaum (impulsora del proyecto) y Claudio Savoia.

La vicepresidenta tercera de la legislatura, Graciela Ocaña, aseguró que “ya es hora de que la política dé un salto de calidad institucional. Los cargos electivos no pueden ser un aguantadero para nadie. Ficha limpia es un proyecto de ley imprescindible para garantizar la igualdad y la transparencia en los cargos públicos. Celebro esta iniciativa de la sociedad civil y vamos a trabajar para que Ficha Limpia sea Ley en la Ciudad de Buenos Aires”.

Por su parte, Reyes, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales,  señaló que “reconocer al Movimiento Ficha Limpia es responder al clamor de la sociedad que exige blindar la política frente a la corrupción. Es fundamental que la Ciudad de Buenos Aires sancione la ley para impedir que ningún corrupto acceda a cargos públicos. No podemos permitir que quienes han traicionado la confianza ciudadana sigan en el poder. Debemos actuar para garantizar que nuestras instituciones estén en manos de personas íntegras y comprometidas con la transparencia”.

Por otra parte, los legisladores ya habían aprobado el proyecto de declaración que destaca “la importancia que tiene la iniciativa ciudadana Ficha Limpia para la transparencia de nuestra política y la lucha contra la corrupción”. En sus fundamentos el proyecto agrega que se busca reglamentar -razonablemente y de forma respetuosa de los derechos constitucionales- el acceso a los cargos públicos, estableciendo ciertos supuestos de inelegibilidad ante la comprobación de la comisión de ciertos delitos, que van en contra de la transparencia que debe regir la conducta de todo funcionario público.

“En septiembre del año 2018, a través de la plataforma Change, el ciudadano Gastón Ignacio Marra y la periodista Fanny Mandelbaum iniciaron la petición de ̈Ficha Limpia ̈ que en enero de 2022 ya había sido firmada por más de 400.000 ciudadanos y había obtenido más de 35 respuestas de legisladores constituyéndose en una de las iniciativas que más firmas y respuestas había generado”, recuerda el proyecto.

Esta forma de participación política ciudadana debe ser destacada y celebrada porque da cuenta de una democracia cada vez más fuerte y se transforma en un ejemplo de ejercicio pacífico del derecho a peticionar a las autoridades como reza el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional.

El diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés presentó este lunes un proyecto de resolución, en el que reclama el cese de la intromisión del Gobierno en la Universidad de las Madres (UNMa) y repudia la decisión de impedir a través del accionar policial el ingreso de estudiantes, trabajadores y trabajadoras de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa).

La sede educativa, ubicada en la calle Defensa 119, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue cercada desde la mañana hasta las 16. Durante ese período, personal docente y no docente se vio impedido de moverse en el edificio y la rectora Cristina Caamaño quedó encerrada, denunció Valdés.

Valdés señaló la gravedad de este hecho: “El accionar de la Policía Federal por indicación del Gobierno, constituye un incumplimiento de la obligación del Estado de garantizar la autonomía universitaria consagrada en la reforma constitucional de 1994”. En este sentido sostuvo: “Los acontecimientos de hoy dan cuenta de un ataque más a las universidades públicas a las que se las priva de presupuesto”.

En diciembre de 2023, el Ejecutivo Nacional había dispuesto la suspensión del presupuesto de la UNMa, suspendiendo el pago de los sueldos docentes y no docentes y afectando a más de 300 familias, bajo el argumento de que la casa de altos estudios era “un caos administrativo”.

Recordó el legislador que la Universidad de las Madres al momento no recibió su presupuesto y el juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo federal rechazó una medida cautelar de la UNMa contra el Ministerio de Capital Humano, en el que había solicitado que se ordene el cese automático de la retención de fondos y se haga efectiva la transferencia de más de 556.000 millones de pesos del presupuesto nacional.

Cuando el debate de la Ley de Bases, las modificaciones del Senado llevaron a revisar los reglamentos para saber cuál debería ser el renovado recorrido de esa norma. Ahora, con el confirmado primer veto de Javier Milei, vale refrescar la metodología que deberá seguirse para conocer los pasos que le esperan al proyecto.

Sancionada por 61 votos a favor y 8 en contra, la Ley de Movilidad Previsional y Seguridad Social fue vetada por el presidente de la Nación.

El veto que todo presidente puede hacer es total o parcial (en este caso será un veto total). El recorrido varía, según sea uno u otro caso.

El poder de veto es una prerrogativa que la Constitución Nacional le concede al presidente de la Nación, que puede ejercerla para todo tipo de leyes, salvo una ley de convocatoria a una consulta popular vinculante, o una ley aprobada por el pueblo en el marco de una consulta popular vinculante.

Esa posibilidad figura en la Constitución Nacional, precisamente en el artículo 83, que dice: “Desechado en el todo o parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la cámara de su origen; ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la cámara de revisión. Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año”.

Pasemos en limpio. Ante este veto total, las cámaras no tienen plazo para rechazar el veto.

El veto se comunica a la cámara de origen del proyecto, en este caso, Diputados. ¿Debe pasar por comisiones antes de llegar al recinto? Sí, pero…

En este caso, veto total, va a las comisiones que lo trataron oportunamente, porque requiere que resuelvan para ir al recinto. Que vaya a comisiones, no implica que se pueda modificar nada; solo se trata de aceptar el veto, o insistir.

El proyecto llegará entonces al recinto de la Cámara de origen, Diputados en este caso, donde debe conseguir los 2/3 de los presentes para rechazar el veto y que siga su recorrido.

En el Senado, mismo trámite y requisitos.

Si consigue 2/3 de los presentes en ambos casos, el Poder Ejecutivo está obligado a promulgarlo.

Si en una de las dos cámaras no cuenta con los 2/3, el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año, y se mantiene el veto.

En el marco del extenso reportaje concedido al programa “La Cornisa”, el presidente Javier Milei advirtió que “si le pasa” un atentado a él o al país será “culpa” de la Bicameral de Inteligencia del Congreso que rechazó el DNU presidencial de aumento de 100 millones de pesos al presupuesto de la SIDE.

“Irán fue responsable de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, que ahora me amenaza; por lo tanto yo le digo a algo: si a mí me pasa algo, o le pasa algo al país en materia de atentados, es culpa de los que están en la bicameral”, dijo Milei.

El 21 de agosto pasado, el senador y titular de la UCR, Martín Lousteau, se alzó con la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Servicios de Inteligencia tras un acuerdo político que le permitió sumar los votos del kirchnerismo, claves para acceder a ese codiciado cargo. Recordemos que entre los que integran esa comisión, está también el jefe de la bancada del Pro en Diputados, Cristian Ritondo.

Y agregó Milei: “Culpa de ellos porque yo entiendo, algunos tendrán afinidad con Irán,  otros quieren borrarme de la existencia de este país porque como no me pueden ganar con los votos quizás quieren que el trabajo sucio lo haga otro”.

Al respecto, amplió que también “es culpa de aquellos que voltearon el DNU, o sea que si pasa algo en el país, o me pasa algo a mí, vaya a buscar a esos miembros de la casta política”.

El 23 de agosto pasado, con 156 votos afirmativos, 52 negativos y 6 abstenciones, la oposición de la Cámara de Diputados rechazó el DNU 656/24 que autorizó a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) cien mil millones de pesos en carácter de fondos reservados.

Al explicar el propósito del Gobierno de aumentar en 100 mil millones de pesos el presupuesto de la SIDE, Milei argumentó que está “pensando en un sistema de inteligencia que sirva para la defensa nacional para la seguridad interior y para enfrentar el ciberataque”.

En ese sentido, planteó que “todo lo que tiene que ver con el terrorismo y el narcotráfico, todo pasa por la cuestión cibernetica”. “Por eso -subrayó-, nosotros pedimos los fondos”.

Ante la consulta acerca de si insistirá con pedir ese dinero extra para la SIDE, Milei respondió: “Obviamente que vamos a volver, porque no podemos dejar ese área de inteligencia descubierta”. Simultáneamente, aseguró que “narcotráfico, inteligencia, todas esas cosas pasan por el lado del ciberdelito”, y recordó que Argentina “fue víctima de dos atentados”.

El 18 de julio pasado, al recordarse un nuevo aniversario del atentado terrorista a la AMIA, en un editorial el Tehran Times, medio próximo a las autoridades iraníes, calificó a Milei de “marioneta” por su cercanía al “escenario anti-Irán del régimen sionista”.

“Sin duda, Teherán no olvidará las políticas anti iraníes de Buenos Aires. Irán ha demostrado que no juega fácilmente en el tablero de ajedrez del enemigo, pero en el momento adecuado y en la posición adecuada, impondrá su propio juego al enemigo y le hará lamentar su enemistad con Irán”, disparó el Tehran Times.

El presidente de la Nación, Javier Milei, vetó de manera completa el proyecto de ley registrado bajo el N° 27.756, sancionado el pasado 22 de agosto, por el cual se disponen importantes modificaciones al régimen jurídico aplicable a la Movilidad Previsional y a la Seguridad Social.

Así se confirmó en los primeros minutos de este lunes, con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 782/2024, que consta de tres artículos, el primero de los cuales observa en su totalidad el proyecto de ley, mientras que en el segundo se indica que se devuelve al congreso dicho proyecto de ley. El Parlamento tiene potestad ahora de decidir si acepta el veto o insiste con esa iniciativa, tal cual está facultado por el artículo 83° de la Constitución nacional.

Recordemos que el proyecto de ley tuvo origen en Diputados, donde como cámara de origen tendrá que iniciarse el proceso de rechazo del veto, que solo prosperará en caso de alcanzarse los dos tercios de los votos de los presentes. En caso de que eso suceda, deberá repetirse el proceso en el Senado, donde el proyecto se convirtió en ley con 61 votos a favor y 8 en contra.

El veto lleva las firmas del presidente de la Nación, su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Sandra Pettovello, Luis Andrés Caputo, Diana Mondino, Luis Petri, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo y Federico Adolfo Sturzenegger.

El decreto establece que el proyecto de ley sancionado por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

En ese sentido precisa el decreto que el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera “es claro al exigir de forma expresa que ‘toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento’”.

Asimismo señala que el propio reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 126, prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada, por el o los autores del mismo…”.

Sostiene el Poder Ejecutivo que “la administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, procurando alcanzar el bien común que debe guiar toda política de gobierno”.

Agrega el texto suscripto por el presidente que el proyecto vetado, en caso de ser aplicado, “implicaría para el Estado Nacional  un gasto adicional al previsto de aproximadamente seis billones ciento sesenta mil millones de pesos para el año 2024; y de quince billones cuatrocientos treinta mil millones de pesos para el año 2025”.

Los citados importes equivalen al 1,02% del PBI calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquél, estimado para el año entrante”.

Asimismo se indica respecto del gasto previsional de la ANSeS que dichos importes representan un incremento del 18,5% para el año 2024; y de 29,2% para el año 2025.

Por otra parte se indica que si las erogaciones citadas se relacionaran con el gasto primario de la Administración Nacional previsto en el presupuesto vigente, la medida sancionada por el Congreso conllevaría un aumento de aproximadamente el 8% del referido presupuesto en términos anuales.

La cifra mencionada, asegura el decreto de veto, tornaría imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno nacional para el actual ejercicio fiscal y los siguientes.

El presidente Javier Milei confirmó este domingo que instrumentará un trabajo de “coordinación parlamentaria” entre el oficialismo y el Pro, cuyo resultado admitió que será “un interbloque”.

Asimismo insistió en la necesidad de que el Senado apruebe el pliego de Ariel Lijo, asegurando que es “el único especialista” en materia de ciberataques.

Entrevistado por Luis Majul en La Nación+, el presidente de la Nación minimizó las diferencias con su vicepresidente, de quien valoró que tenga “su propia agenda”, por cuando él eligió como compañera de fórmula a “una profesional de fuste, no un decorado”.

“Lo primero que hay que entender es que cuando yo elegí a Villarruel como compañera de fórmula, elegí una profesional de fuste, no elegí un decorado, porque quedaba bien en la boleta… Elegí a plena conciencia y eso implica que ella tiene su propia agenda, y no tiene nada malo”, aclaró.

Ante las diferencias que Victoria Villarruel planteó respecto de la candidatura de Lijo para la Corte Suprema, Milei también le restó importancia, dado que “ella no vota”.

“En el caso de Lijo, no es importante” la discrepancia de su vicepresidente, “porque ella no vota”. En este caso, dijo, ella “está dando su opinión personal”, y remarcó que “los liberales no somos manada; ella no viene del ala liberal, pero ella tiene también su propia opinión”.

En ese marco circunscribió su postura respecto del enjuiciamiento de terroristas, que formaba parte de su agenda.

Cuando se le preguntó si en el caso de ir por la reelección la elegiría como compañera de fórmula, dijo que sí. Así y todo, aclaró que “hay que ver si ella también quiere seguir acompañándome, recuerde que el tango se baila de a dos”.

Consultado sobre si se arrepentía por la designación de algunos miembros de sus listas legislativas, como los casos de Lourdes Arrieta y Francisco Paoltroni, Milei dijo que ya habían tomado medidas sobre ambos casos. “De hecho, los expulsamos del sector”, recordó.

“Lourdes Arrieta fue expulsada del bloque por hacer denuncias falsas contra sus propios compañeros, lo cual nos parece inaceptable”, planteó el mandatario. Y en cuanto a Paoltroni, señaló que “mostró claramente una actitud no en línea con la que función a la que llegó”.

En ese sentido diferenció su papel con el de Victoria Villarruel, pues “él tiene una responsabilidad distinta; no tenía ninguna chance de ser senador si no iba en la boleta conmigo”.

Así y todo reivindicó que con el número de legisladores que tiene La Libertad Avanza lograron implementar una reforma que “es la más grande de la historia argentina. Más grande que la de Menem”.

Respecto de la decisión de abocarse más a la tarea legislativa, admitió que él estaba “mucho más abocado a lo que era la economía, interactuando con Luis Caputo, con el presidente del Banco Central Bausili, con la ministra de Seguridad Bullrich”. En cambio ahora “yo me voy a empezar a involucrar más en estos temas de política. Vamos a empezar a hacer un trabajo de coordinación parlamentaria que el resultado natural va a ser llegar a un interbloque”.

¿Quién lo presidirá?, le preguntó Majul, a lo que Milei repuso que “primero tenemos que empezar a caminar; usted no me puede pedir que sea como Usain Bolt si todavía estamos gateando”. E insistió: “Dígame qué gobierno de los últimos 124 años hicieron en este tiempo las reformas que nosotros hicimos”.

Con relación a Lijo, reivindicó su designación “porque es el único que conoce perfectamente cómo funciona el sistema judicial. Sería la primera vez que llega a la Corte una persona de esas características”.

“¿En el mundo moderno, los problemas de dónde vienen? De los ciberataques, ya sea terrorismo, narcotráfico… Dígame quién es el único especialista en esos temas”, señaló Milei, insistiendo en que ese es Lijo, a quien considera “una persona que se preparó toda la vida…”, tras lo cual la emprendió contra el diario La Nación.

“Yo entiendo que está la agenda de Saguier le manda a sus cuatro esbirros, esos pseudoperiodistas que manda a atacar. Que Saguier explique por qué tiene encono con Lijo y conmigo”. Luego insistió en que “si el señor Saguier tiene problemas con Lijo, que se lo arregle con ellos” y aseguró que al atacar a Lijo “mienten descaradamente”.

“Porque no tienen problema de mentir, calumniar y ensuciar con tal de cumplir las tareas que le pide su jefe”.

Cuando le señalaron sus críticas hacia el acuerdo entre el kirchnerismo y una parte del radicalismo para quedarse a cargo de la Bicameral de Control de Inteligencia, le advirtieron que son los mismos que deberían votar la nominación de Lijo. ¿Por qué en un caso es malo y en el otro bueno? “Yo estoy preparado para todos los escenarios, a pesar de tener 15% de los diputados y 10% de los senadores. A pesar de eso, sacamos la reforma estructural más grande de la Argentina, y después dicen que falta gestión política… Hay que hacerle un monumento a Guillermo Francos”.

Se le recordó que en su momento dijo que tenían que pasar los dos pliegos para la Corte, o ninguno. “Tienen que pasar estos dos –insistió-. Tienen los pergaminos para hacerlo”, y cuando se le preguntó sobre una ampliación de la Corte, dijo que algunos hablan de la necesidad de sumar mujeres por una cuestión de género. “Yo no lo tengo en el radar, entonces tendré que escuchar qué me están proponiendo. Si me preguntan a mí, la Corte Suprema es la que hay”.

¿Tiene los números para aprobarlos? “Espero que lo logremos; la Corte después va a ser mucho mejor”, aseguró.

Más adelante, señaló que “si nosotros logramos avanzar exitosamente en un espacio que agrupe a la mejor parte de lo que fue Cambiemos primero y luego Juntos por el Cambio, le puedo asegurar que en el propio 2025 el populismo kirchnerista va a ser historia”.