Todos los detalles de la edición 33° de entrega de Premios Parlamentario en el Congreso de la Nación.
Así lo anunció el propio Presidente de la Nación desde Israel, haciendo especial hincapié en la eliminación de las PASO.
Antes de partir de vuelta hacia la Argentina desde Israel, el presidente Javier Milei anunció este martes el envío de la reforma electoral al Congreso de la Nación.
“Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso”, proclamó el titular del Poder Ejecutivo. La norma, tal cual anticipó Milei, elimina las PASO, cambia el financiamiento y establece “ficha limpia”.
“Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”, planteó el mandatario al destacar la eliminación de las PASO.
“Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo”, agregó Milei, que sobre ficha limpia planteó: “los corruptos AFUERA para siempre”.
El posteo de Milei concluye sentenciando que “se acabó la impunidad. Se acabó la joda”, y cierra con su tradicional “Viva la libertad carajo…!!”.
Cabe recordar que el Gobierno pensaba originalmente mandar la reforma electoral en extraordinarias, cosa que finalmente no hizo.
El anuncio del Presidente se da justamente después de que dentro del propio oficialismo se escucharan voces admitiendo las dificultades para avanzar con esta iniciativa. Los propios sectores dialoguistas no parecen dispuestos a secundar esta vez al Gobierno al menos con la derogación de las PASO.
Desde Unión por la Patria también se escucharon voces críticas. En redes, el diputado Sebastián Galmarini le salió al cruce al Presidente: “Javier: es una chantada más! Deja de pavear. Hay temas urgentes para resolver!”, posteó en la red social X.
“Las reformas electorales no te benefician. Los que cambian, y ahora no te eligen son los argentinos -continuó-. ¿Ahora querés eliminar las PASO para dividir a la oposición? Pero además, no decís cómo se va a seleccionar los candidatos de los partidos. ¿Es tu dedo?”.
Galmarini le recordó al Presidente que “hace un año no querías la BUP con botón de voto con lista completa, ni unificar las listas provinciales y municipales con la nacional para dividir las elecciones. ¿Ahora querés alentar el arrastre? Otra contradicción que solo busca beneficios propios”.
Y concluyó: “La última gran avivada fue agregar ficha limpia para apretar al Pro y tratar de sumarlo a tu reelección que está tambaleando…”.
En el marco de la 33° edición de los Premios Parlamentario, realizada en un Salón Azul colmado, diputados y senadores nacionales fueron reconocidos por su labor legislativa durante 2025. En una ceremonia atravesada por llamados al diálogo, la racionalidad y la calidad institucional, los máximos galardones fueron para Maximiliano Abad y Victoria Tolosa Paz, junto a un homenaje especial a Graciela Camaño y distinciones a medios y periodistas.
En un Salón Azul colmado de público, se celebró este martes la 33° entrega de Premios Parlamentario, correspondiente al año 2025 en el Congreso de la Nación. En el evento fueron distinguidos los diputados y senadores nacionales que más se destacaron en el año 2025, según la encuesta anual que organiza la revista Parlamentario.
En esta ocasión, los premios principales correspondieron al senador Maximiliano Abad y a la diputada Victoria Tolosa Paz, siendo también distinguidos una decena de diputados y otros tantos senadores nacionales, como así también medios y periodistas por su cobertura de la actividad legislativa.
Al referirse al reconocimiento, Abad señaló que “es un honor y una responsabilidad”, y lo interpretó como un respaldo a una forma de ejercer la función pública basada en “convicciones firmes, vocación de diálogo y construcción de acuerdos”. En un contexto político complejo, el senador destacó la importancia de aportar racionalidad y previsibilidad al debate parlamentario.
A su vez, la diputada Tolosa Paz resaltó el valor de “hacer política en los tiempos que indican qué sentido tiene dedicar una vida a un valor tan importante como la transformación de la vida de quienes habitan esta amada patria”. También les dirigió unas palabras a sus pares: “Seguramente llevarán la misma responsabilidad a la hora de trabajar leyes con los distintos matices la transformación de una sociedad que le pide a gritos y a la política argentina que resuelta los problemas que tiene que resolver”.
La palabra de los directores de Parlamentario
En el inicio del acto, José Di Mauro, uno de los directores de Parlamentario y parlamentario.com detalló no solo el método a través del cual se eligen a los diputados y senadores más destacados, sino también la manera casi casual que se dio la creación de estas distinciones. Señaló también que “el trabajo legislativo suele ser ingrato. No siempre se ve; no siempre se reconoce. Muchas veces queda opacado por la lógica del enfrentamiento, por la simplificación del debate público o por una mirada que reduce la política a consignas”.
“Sin embargo, es en este ámbito donde se juegan discusiones de fondo. Donde se corrigen excesos, donde se introduce racionalidad y donde se intenta -no siempre con éxito- pensar más allá de la coyuntura”, agregó, para cerrar diciendo que “reconocer el mérito legislativo es, en definitiva, apostar a una política mejor, no perfecta. Más profesional, más comprometida, más consciente de sus límites y de sus responsabilidades. Es también un mensaje hacia adentro del sistema político, pero sobre todo hacia afuera, que la democracia no se agota en el voto, sino que este se construye todos los días, también en recintos como este”.
A continuación, el otro director de Parlamentario y parlamentario.com, Oscar Benini, resaltó los “avances significativos” alcanzados en estos 43 años ininterrumpidos de vida institucional, “el período más extenso de nuestra historia”, pero admitió que “la democracia conquistada sigue siendo imperfecta y arrastra deudas profundas”.
“Aún no ha logrado asegurar de manera sostenida bienestar, estabilidad, ni progreso para millones de ciudadanos. Las crisis recurrentes, la pobreza, la desigualdad y la frustración social han ido debilitando la confianza en el sistema -continuó-. Y cuando una democracia no mejora la vida concreta de su pueblo, se vuelve más vulnerable frente a quienes prometen arrasar con todo”.
Por otra parte, Benini resaltó datos sobre los jóvenes y su apego a la democracia. Basado en encuestas, señaló que, a pesar de los cuestionamientos, los jóvenes “quieren que la democracia funciones, que no sea solo una palabra vacía ni un ritual formal”. Y señaló sobre el final que “desde Parlamentario promovemos de manera permanente la participación de los jóvenes en la política, la herramienta más poderosa para transformar el rumbo de una Nación”.
Distinción especial para Graciela Camaño
Cada año Parlamentario entrega una distinción especial a algún legislador con mandato cumplido que ha dejado su huella en su paso parlamentario, en una parte de estos 43 años de democracia. Y este año Graciela Camaño fue la elegida.
Con ocho períodos como diputada nacional y seis Premios Parlamentario principales obtenidos, Camaño fue la destinataria de este homenaje especial sobre el final del evento.
En su discurso, la diputada (MC) elogió especialmente a Parlamentario: “El valor del trabajo de ustedes nos da el hecho de que también sean una fuente de consulta para el periodismo nacional”, ponderó, y agregó: “Es muy frecuente en el periodismo nacional que cuando hablan de cuestiones que pasan en esta Casa que se mencione la fuente de Parlamentario”.
La exdiputada nacional aprovechó la ocasión y les pidió a los legisladores que pongan en marcha la Ley Yolanda: “Ustedes que son el Poder Legislativo tienen la obligación de cumplir la ley que hemos votado y dota de conocimientos ambientales a diputados y senadores”.
“Mi gran frustración como legisladora fue haberme ido de esta Casa sin que el Agujero Azul se convierta en reserva en el océano y sin que pudiéramos convencer a los que seguro tienen un montón de mascotas en casa, que era necesario abordar la ley para darle un estatus distinto a nuestras mascotas”, planteó.
Y en el final de su mensaje, señaló: “En este siglo en el que todo cambió, el desafío más grande que tenemos los que amamos la acción política es saber ponernos al tono y liderar esos procesos, saber qué quiere la sociedad y liderar el proceso. Nosotros no somos empleados. Ser dirigente no es mirar la conveniencia circunstancial sino mirar en serio el bien común”.
Los principales ganadores
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz agradeció a Parlamentario por un premio que “lo único que busca es reflejar que la política vale la pena”.
Tolosa Paz se emocionó al agradecer a su madre, de la que dijo que “me dio la capacidad de dialogar con quien no piensa igual que yo. A ella celebro la posibilidad de poder sentarme con otros legisladores porque en el respeto a las diferentes ideas, estoy respetando a todo el pueblo argentino que los eligieron para transformar al país y esos valores vienen de nuestras casas”.
La bonaerense, que abraza la militancia desde hace tiempo, se refirió a las mujeres: “Este premio tiene un valor especial porque este Parlamento tuvo por primera vez a 26 diputadas nacionales y cuando me toca acompañar proyectos de procesos de formación en política a mujeres que buscan ser consejeras, concejales, etc., trato de inspirarlas en la primera mujer que encendió un micrófono, Delia Parodi. Ese es el peso de la responsabilidad quienes honramos la política”.
“Intentamos tomar los mejores ejemplos que tiene esta gran casa que es de la democracia del pueblo para cumplir los cuatro años con el mejor resultado posible. Algunos pensarán que el mejor resultado es hacer muchos proyectos, otros pensamos que es participar de las comisiones, leer, estudiar, trabajar y formar una opinión. Todo ese trabajo es imposible sin los trabajadores del Congreso”, aseguró.
El máximo galardonado de la Cámara alta, Maximiliano Abad, expresó que “la política que está sometido al escrutinio público permanente, que nos entreguen un reconocimiento es una rareza”, y reivindicó a todos los que eligen la actividad pública y los que asumen el desafío de legislar “en un Congreso donde está a flor de piel las tensiones, intereses, las frustraciones del país”.
“Represento a la provincia de Buenos Aires y estoy muy orgulloso de eso y cuando viene acompañado de un reconocimiento, mucho más. Es una caricia al alma a todos los que hoy nos reconocen porque es una energía fundamental para ir hacia adelante”, consideró.
Al hablar de la revista Parlamentario, Abad la describió: “No solo es una revista y un gran medio de comunicación de gran trascendencia en la Argentina, sino que es una institución que tiene más de 35 años y está sostenida por profesionales de mucho rigor científico. Este premio también es para ustedes. Para quienes todos los días construyen Parlamentario, para quienes todos los días construyen esas noticias que son insumo permamente para poder desarrollar nuestra actividad”.
“La política es la actividad más noble que puede desarrollar un ser humano, porque es poner lo colectivo por sobre lo individual y es trabajar para que haya igualdad de oportunidades”, planteó y extendió su agradecimiento a su familia y equipo de trabajo.
El recuerdo a Luis Brandoni
A pocas horas de la desaparición del actor Luis Brandoni, quien tuvo su paso por el Congreso de la Nación entre 1997 y 2001 como diputado nacional, Abad lo recordó así: “Falleció una buena persona que es mucho más que una referencia cultural, un hombre de la democracia, un radical de ley”.
Previamente, durante el homenaje que todos los años se realiza en los actos de Parlamentario para recordar a los legisladores que dejaron este mundo en el transcurso del último año, obviamente la última imagen correspondió al exdiputado radical, lo que generó un espontáneo y estruendoso aplauso del público que se dio cita en el Salón Azul.
El resto de los legisladores premiados
En el inicio de la ceremonia, la primera distinción otorgada correspondió a la senadora chubutense Edith Terenzi, quien reconoció estar orgullosa por el premio y expresó: “Uno lo recibe en forma personal, pero detrás del trabajo de despacho del Senado hay un equipo muy valioso trabajando y se lo debo a ellos”. Luego, destacó su labor parlamentaria durante el período 2025.
En relación al trabajo legislativo, destacó la media sanción de la incorporación de la Atrofia Muscular Espinal (AME) a la pesquisa neonatal que, según sus palabras, “puede salvar vidas si lo hacemos a tiempo”. En ese sentido, pidió a la Cámara de Diputados que pueda avanzar con la sanción de esa ley.
En su rol de titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, anunció el trabajo relacionado a proyectos sobre Hidrógeno Verde y Trazabilidad de la Pesca. Por último, mencionó los incendios forestales en la Patagonia durante los primeros meses del año y pidió que acompañen a tratar la tipificación del ecocidio en el Código Penal de la Nación.
Al recibir su distinción, la diputada radical Karina Banfi destacó el hecho de “celebrar el mérito de hacer bien nuestro trabajo”. “Lo más importante de recibir esta mención es poder honrarla”, dijo la diputada que hoy integra el monobloque Adelante Buenos Aires.
Recordó que el año pasado estuvo atravesado “por la tragedia que vivió Bahía Blanca”, de donde es oriunda, y mencionó la ley de emergencia que se sancionó, pero “fue la primera emergencia vetada por un Poder Ejecutivo”. “Es una ciudad donde tenemos que empezar de cero, hacerla de nuevo y necesitamos el apoyo de todos ustedes, tanto normativo como de gestión”, pidió.
Muy breve, la senadora mendocina Mariana Juri destacó su labor en la Ley de Modernización Laboral y cargó que “Argentina necesita generar empleo”. De todas maneras, advirtió que “una ley sola no es capaz de cambiar una realidad tan difícil, pero es una herramienta que ayuda”.
A su turno, el diputado de Unión por la Patria Pablo Yedlin agradeció al Parlamentario, a los periodistas acreditados, a su equipo de trabajo y “a los tucumanos que me confiaron el honor de poder representarlos”. “El año pasado ha sido un año tremendamente complicado y difícil. Quisimos resistir de alguna manera a través de leyes como la del Garrahan, la de Emergencia en Discapacidad, la de Financiamiento Universitario. Y fue una resistencia compleja que hoy sigue existiendo”, destacó.
En ese sentido, el legislador de profesión médico-pediatra expresó: “Gracias a los médicos y enfermeros que a lo largo y ancho de la patria siguen vacunando, trabajando, muchas veces en contra de lo que les convendría, creyendo en un país mejor para todos, en el cual la salud siga siendo un derecho y no un lujo que algunos se puedan dar. Así que, para ellos, este premio”.
La jefa del bloque de la UCR, Pamela Verasay, agradeció puntualmente a Parlamentario porque “en un momento donde la política está siendo cuestionada, donde el Congreso, parte fundamental del sistema republicano, está siendo cuestionado como eslabón de la democracia”, el trabajo que hace este medio “todos los días, de manera comprometida, nos ayuda a mostrar de qué manera nosotros trabajamos para lograr las mejores leyes posibles”.
De origen periodístico, la senadora tucumana Beatriz Ávila subió al estrado del Salón Azul de la Cámara alta para recibir el galardón legislativo. Luego le dedicó el Premio a su equipo y manifestó: “reivindico la actividad política, bien entendida, del respeto y el diálogo y la que se gesta sin agravios”.
Con un tono de agradecimiento, destacó la tarea periodística que viene llevando a cabo parlamentario.com en los últimos 36 años: “a través de ellos se da a conocer el trabajo en comisiones”. En ese sentido, volvió a destacar la actividad y recordó sus orígenes como periodista.
En un breve discurso, el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot reconoció a los empleados legislativos de todas las áreas y llamó a “ser seres humanos, ser considerados” con los trabajadores, en un contexto donde “hay que pelear por un poco más de humanidad”.
Supo ser el jefe de bloque oficialista en los primeros dos años de gobierno de La Libertad Avanza, el senador jujeño Ezequiel Atauche agradeció por la nominación al Premio Parlamentario 2025 y se lo dedicó a su equipo técnico.
“Voy a seguir defendiendo las ideas del presidente Javier Milei y estoy orgulloso de representar a los jujeños”, señaló, y cerró: “Crean en Jujuy que es un lugar que les va a abrir los brazos”.
Ganador una vez más de esta distinción, el presidente de Unión por la Patria, Germán Martínez, le agradeció a su bloque y dijo que conducirlo es “un orgullo, una responsabilidad y no es una tarea personal, es una tarea colectiva, con todo lo que implica lo colectivo, inclusive las veces que podemos tener diferencias entre nosotros”.
También le agradeció “a los que están detrás de cada ley”. “Detrás de la tarea parlamentaria que hicimos el año pasado está la causa de los jubilados que quieren mejores ingresos y una moratoria; están las personas con discapacidad, sus familias, los prestadores; está la comunidad universitaria; está la defensa de organismos científicos y vitales como el INTA y el INTI; y están las provincias”, enumeró. Y sumó agradecimiento a “todos los peronistas de la provincia de Santa Fe”.
Otro de los galardonados por el Senado fue el riojano Fernando Rejal, quien agradeció al Parlamentario por esta manera de distinguir a lo largo de los años. Felicitó a sus pares, tanto de la Cámara alta como de Diputados.
“Represento una provincia con marcada historia en el federalismo y quiero agradecer a ese equipo que me acompaña”, agregó el integrante de Justicia Social Federal. También afirmó que “es justo el reconocimiento a los trabajadores de prensa”, y concluyó: “Quiero instar a todos a debatir a que afuera hay gente que sufre o se beneficia y la experiencia me dice que cuando hay muchos que sufren, pocos se benefician”.
A continuación, el jefe del bloque radical del Senado, Eduardo Vischi, felicitó a Parlamentario: “Lo que hacen, que es una especificidad, es muy importante”, y extendió esa ponderación a “todos los periodistas de la casa, porque es un periodismo especial. Y no solamente por lo que significa analizar leyes, sino también analizar conductas de legisladores que permanentemente están trabajando las distintas leyes”.
“En la época de la inteligencia artificial, me parece muy importante destacar la inteligencia humana. La inteligencia humana que tenemos en nuestros despachos, pero que también tenemos en los despachos, que uno admira el profesionalismo que tienen y me parece que vale la pena considerarlo, porque de otra manera es muy difícil llevar adelante nuestro trabajo”, resaltó el legislador correntino. Y precisamente sacó a relucir su veta correntina al hablar de consenso y vincular el mismo con el mate: “Con el mate seguramente vamos a tener más entendimiento, vamos a compartir, vamos a dialogar y vamos a poder encontrar más consenso”.
Referente del bloque de La Libertad Avanza, el diputado Nicolás Mayoraz arrancó su discurso diciendo: “Llevo más de dos años y siempre sigo aprendiendo. Aprendo mucho de todos ellos (por sus pares), no importa las ideas políticas que tengamos”.
Además, felicitó a los periodistas parlamentarios “por la labor que hacen con un profesionalismo único” y a “todo el personal de ambas cámaras”. Asimismo, agradeció fundamentalmente al presidente Javier Milei, a Karina Milei y a Martín Menem, que fue quien tuvo confianza en él para presidir una comisión estratégica como la de Asuntos Constitucionales. Y se comprometió a seguir trabajando para “cumplir con la promesa de hacer de este Congreso el más reformista de toda la historia”.
Secretaria parlamentaria del bloque oficialista, la diputada Silvana Giudici ponderó a Parlamentario “por su consistencia, su trabajo y el crecimiento que tuvieron como equipo periodístico”. “Son periodismo de calidad, con pluralidad, ateniéndose a la realidad y a las distintas miradas”, agregó.
En su discurso, la legisladora resaltó que “en general, quienes nos encontramos año a año en estos premios, a pesar de sacarnos chispas en el recinto, compartimos una vocación, y es la del trabajo”. “Tenemos que estar muy orgullosos, no por nuestro trabajo o por el de nuestros equipos, sino por defender el rol por el cual la gente nos ha votado”, consideró y manifestó: “Nosotros trabajamos y mucho, y por más descrédito que tenga la institución, la política, los partidos, nosotros creemos en lo que hacemos”.
Los medios destacados
A lo largo de la ceremonia, fueron distinguidos los medios de comunicación y periodistas que a juicio de los que participaron de la encuesta mejor cubrieron la actividad legislativa. Así, recibieron diplomas los periodistas Jorge Moure (mejor cobertura radial), Delfina Celichini (mejor cobertura gráfica) y María Laura Morales (mejor cobertura televisiva).
También recibieron premios el diario La Nación, Radio Mitre y el canal Diputados TV.
Como mejor vocero, fue distinguido Richard Blanco, jefe de prensa de la diputada Silvana Giudici.
El Senado dictaminó tres convenios internacionales: el tratado de libre comercio entre el Mercosur y Singapur y dos acuerdos de Seguridad Social con Suiza y la República de San Marino, que fueron expuestos por funcionarios de Cancillería ante los legisladores.
La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, presidida por el senador Francisco Paoltroni (LLA), se reunió en el Salón Arturo Illia para emitir dictamen favorable a tres convenios internacionales suscriptos por la Argentina. Se trata del tratado de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, firmado en diciembre de 2023 en Río de Janeiro, y de dos acuerdos de Seguridad Social: uno con Suiza, junto con su acuerdo administrativo, y otro con la República de San Marino.
Durante el encuentro, autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto brindaron detalles sobre el alcance del acuerdo con Singapur. El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, subrayó la relevancia estratégica del tratado al señalar que permitió reactivar la agenda externa del Mercosur en un contexto de negociaciones estancadas y posicionó nuevamente al bloque y a la Argentina en el interés de países de otras regiones. Remarcó además que se trata del primer acuerdo que el Mercosur firma con una nación del sudeste asiático.
Brun explicó que el convenio abarca sectores considerados clave, como minerales críticos, comercio digital, software y servicios, y anticipó que su implementación estará acompañada por acciones de promoción y posicionamiento. En la misma línea, expusieron y respondieron consultas de los senadores la directora de Economía Digital, Compras Gubernamentales, Servicios, Propiedad Intelectual e Inversiones, Verónica López Gilli, y el director de Negociaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Bardoneschi.
En relación con los acuerdos de Seguridad Social, la ministra de Cancillería Marcia Levaggi explicó que ambos instrumentos tienen como objetivo coordinar los sistemas previsionales de los países firmantes. Según detalló, buscan garantizar el cobro de prestaciones por vejez, invalidez y fallecimiento a las personas que hayan realizado aportes previsionales en los Estados parte de cada convenio.
La Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, presidida por Martín Aveiro (UP), completó la designación de autoridades pendientes y avanzó con una serie de pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional y a las provincias sobre el estado de la obra pública. También se emitieron dictámenes sobre proyectos vinculados a AYSA, el INA y obras paralizadas.
La Comisión de Obras Públicas de la Cámara baja, que conduce el diputado Martín Aveiro (Unión por la Patria), llevó adelante una reunión en la que se avanzó tanto en la organización interna del cuerpo como en el tratamiento de distintos proyectos de control y seguimiento sobre la obra pública a nivel nacional.
En primer lugar, se completó la designación de autoridades que permanecían vacantes. En ese marco, fue nombrado el diputado Sebastián Nóbrega (UP) como vicepresidente primero, la diputada Andrea Freites (UP) como vicepresidenta segunda, mientras que las secretarías segunda, tercera y cuarta quedaron a cargo de la diputada Cecilia Pasquali (UP), el diputado Andrés Lauman (La Libertad Avanza) y la diputada Fernanda Miño (UP), respectivamente.
A continuación, los legisladores avanzaron con un pedido de informes dirigido a las 24 gobernaciones del país. La iniciativa solicita que cada provincia detalle el estado de las obras públicas pendientes de finalización, especialmente aquellas que contaban con partidas presupuestarias asignadas durante el año 2023 y que no fueron incluidas en acuerdos posteriores con el Poder Ejecutivo Nacional.
Finalmente, la comisión emitió dictamen favorable a cuatro proyectos de resolución que contemplan pedidos de informes verbales al Poder Ejecutivo Nacional. El primero solicita información sobre el plan maestro integral de la cuenca del río Salado; el segundo apunta a las obras públicas paralizadas en la provincia de Santa Fe; el tercero se refiere al proceso de reestructuración del Instituto Nacional del Agua (INA); y el cuarto aborda los decretos 493/2025 y 494/2025, vinculados a la modificación del marco regulatorio del servicio de agua potable y al procedimiento de privatización de AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.).
A un año de su fallecimiento, la BCN renueva su llamado a la ciudadanía para preservar y difundir el legado del primer Sumo Pontífice argentino, mediante la consolidación de una colección especial que reúne documentos, publicaciones y materiales históricos vinculados a su vida, pensamiento y compromiso social.
En el marco del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, la Biblioteca del Congreso de la Nación reafirma su compromiso con la memoria del Sumo Pontífice argentino a través de una invitación especial a toda la ciudadanía para resguardar y difundir su pensamiento, acción y obra.
La convocatoria tiene como fin engrosar la Colección Especial Papa Francisco, un proyecto integral que busca consolidar el archivo más importante sobre su figura en el país que lo vio nacer. El acervo se nutre no solo de la bibliografía oficial, sino que pretende capturar la esencia del vínculo del Santo Padre con el pueblo argentino. La BCN ya cuenta con una sección específica en su catálogo que releva y clasifica material escrito tanto por el Papa como sobre él.
Uno de los hitos de la colección es la edición propia de la encíclica Laudato Si’, publicada por la Biblioteca del Congreso en el año 2015. Esta obra, centrada en el "cuidado de la casa común", se ha convertido en un pilar de la colección, difundiendo un mensaje humanista y socialmente comprometido que la Biblioteca pone a disposición de forma gratuita en su sitio web.
El Papa Francisco murió el 21 de abril de 2025 y a un año de su partida la BCN renueva la convocatoria abierta a la comunidad, instituciones y ciudadanos particulares a donar materiales que ayuden a reconstruir la historia del Papa desde sus orígenes.
Son bienvenidas publicaciones (libros, revistas y recortes periodísticos), así como correspondencia (cartas personales o documentos oficiales). También fotos, elementos conmemorativos y otros documentos de valor histórico.
Una vez recibidos, los materiales pasan por un proceso de selección y clasificación por parte de expertos, para luego ser integrados al acervo permanente de la Biblioteca, quedando disponibles para la consulta pública y la investigación.
Para formar parte de este proyecto de salvaguarda histórica, los interesados pueden canalizar sus consultas o coordinar donaciones a través del correo [email protected] (Dirección de Procesos Técnicos) o de forma presencial acercándose de lunes a viernes al Espacio Cultural BCN, en Alsina 1835, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A través de esta iniciativa, la Biblioteca del Congreso no solo rinde homenaje a la figura de Francisco en el aniversario de su muerte, sino que asegura que su palabra y su labor social sigan vivas y accesibles para las futuras generaciones de argentinos.
La diputada Agustina Propato presentó un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados invalide el decreto 264/2026, al considerar que el Gobierno violó la Constitución al autorizar por decreto el ingreso de tropas y medios militares extranjeros al país.
La diputada nacional Agustina Propato, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de resolución para que la Cámara baja rechace el Decreto de Necesidad y Urgencia 264/2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo autorizó el ingreso al territorio argentino de personal y medios de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para la realización de los ejercicios militares denominados “Daga Atlántica” y “Passex”.
En la iniciativa, Propato sostiene que el decreto resulta “irregular y contrario” a lo dispuesto por los artículos 99 inciso 3 y 75 inciso 28 de la Constitución Nacional, que establecen que la autorización para el ingreso de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales es una facultad exclusiva del Congreso, y debe realizarse mediante una ley formal.
El proyecto también reafirma la vigencia de la Ley 25.880, que regula el procedimiento parlamentario para autorizar este tipo de operaciones militares, y advierte que el uso de un DNU para habilitar ejercicios conjuntos internacionales implica una “violación de la división de poderes” y un avance del Ejecutivo sobre atribuciones propias del Congreso.
En los fundamentos, la legisladora recordó que el Poder Ejecutivo había enviado en agosto de 2025 un proyecto de ley para autorizar ejercicios militares durante el período 2025-2026, que fue tratado en comisión, pero que no llegó al recinto. Según Propato, existieron instancias suficientes durante el período ordinario y las sesiones extraordinarias para que el Congreso abordara el tema, pero el Gobierno optó por no avanzar con una ley y recurrió al mecanismo excepcional del decreto.
La diputada denunció además una “maniobra sistemática” para flexibilizar los controles legislativos sobre la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales, y advirtió que autorizar estos movimientos mediante DNU constituye un riesgo para la seguridad nacional, la integridad territorial y la soberanía argentina.
Por último, el proyecto insta a rechazar expresamente el DNU 264/2026 y a que la Cámara de Diputados reafirme sus facultades constitucionales en materia de defensa, sentando un precedente frente a lo que considera una práctica reiterada del Ejecutivo de eludir el control parlamentario.
El proyecto que sustituye la ley de emergencia en discapacidad sancionada por la oposición y modifica el régimen de pensiones no contributivas por invalidez. La iniciativa oficial pone el foco en el control del gasto, la auditoría de beneficios y un nuevo esquema de financiamiento federal, con el argumento de combatir el fraude y garantizar la sustentabilidad del sistema.
El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto integral para reformar el régimen de pensiones no contributivas por invalidez y el sistema de prestaciones para personas con discapacidad, con el objetivo declarado de prevenir y sancionar el fraude, ordenar el padrón de beneficiarios y adecuar el alcance de las políticas públicas a los recursos disponibles del Estado. La iniciativa reemplaza tanto la normativa vigente en la materia como la ley de emergencia en discapacidad aprobada por la oposición, cuya implementación el Ejecutivo viene bloqueando.
Estos son los puntos principales de la norma que ya genera debate:
Objetivo central: combate al fraude
● El proyecto se plantea como una ley “contra el fraude” en las pensiones no contributivas por invalidez.
● Parte del diagnóstico de un crecimiento “exponencial” del número de pensiones otorgadas en las últimas dos décadas y de la detección de irregularidades administrativas y médicas en auditorías oficiales.
Redefinición de la pensión por invalidez
● Restablece el criterio de invalidez laboral, desplazando el enfoque más amplio incorporado por la ley de emergencia.
● La pensión será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
● Es incompatible con el trabajo formal y con la inscripción en regímenes laborales o tributarios.
Auditorías y control permanente
● Obliga a realizar auditorías periódicas para verificar requisitos documentales, socioeconómicos y médicos.
● Habilita el cruce de datos con Anses, organismos tributarios, SINTyS y otras bases estatales.
● Permite la suspensión preventiva del beneficio ante inconsistencias objetivas, con derecho a pedir rehabilitación provisoria.
Reempadronamiento obligatorio
● Ordena un reempadronamiento general de los titulares de pensiones no contributivas por invalidez.
● Prevé plazos mínimos, opciones presenciales y remotas y medidas de accesibilidad.
● El no cumplimiento habilita la suspensión automática y, eventualmente, la baja del beneficio, con garantía de debido proceso.
Cambios en el sistema de prestaciones por discapacidad
● Redefine el principio de universalidad: garantiza un piso mínimo de prestaciones, pero sin aranceles ni valores uniformes en todo el país.
● Los valores y modalidades de financiamiento quedan sujetos a las competencias y capacidades de cada jurisdicción.
● Cuando el Estado nacional sea responsable, los aranceles deberán actualizarse trimestralmente.
Nuevo esquema de financiamiento
● Establece partidas presupuestarias específicas dentro del Ministerio de Salud.
● Introduce mecanismos de compensación presupuestaria en caso de insuficiencia de crédito.
● A diferencia de la ley de emergencia, subordina la expansión de derechos a la disponibilidad de recursos.
Rol de las provincias y la Ciudad
● Habilita convenios con provincias y CABA para la administración de programas de salud de los beneficiarios.
● Define un esquema de corresponsabilidad financiera entre Nación y jurisdicciones locales, especialmente para futuros beneficiarios.
Derogaciones y sustituciones
● Sustituye artículos centrales de la ley de emergencia en discapacidad.
● Deroga disposiciones clave de esa norma y restaura la vigencia de leyes anteriores modificadas por ella.
Fundamento jurídico y político
● Invoca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, resaltando el principio de cumplimiento progresivo según recursos disponibles.
● El Ejecutivo busca reemplazar la lógica de emergencia por un marco de control, focalización del gasto y sostenibilidad fiscal.
La defensa cerrada de la hermana presidencial a Manuel Adorni, en medio de una causa judicial y fuertes reproches públicos, reavivó el internismo de La Libertad Avanza y coincidió con un Presidente que empieza a fallar en su mayor promesa: enderezar la economía.
“El Jefe” Karina Milei suma fotos, como si fuesen una postal de vacaciones, con el cuestionado y polémico Manuel Adorni y el presidente Javier Milei, a más de dos años de gestión, pide “paciencia” y aclara que se irá a su casa si la gente no lo revalida el año próximo en las elecciones.
Así el gobierno bicéfalo de La Libertad Avanza (LLA) pasa por un momento en el que da la sensación de que la secretaria general de la Presidencia -por la investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni- perdió la brújula y el timón político de la gestión; mientras que el jefe de Estado defecciona en su especialidad: la economía.
La “Adorni Week” generó un escandalete y una interna palaciega de donde el Gobierno libertario no puede salir y eso ya preocupa a sectores de la Casa Rosada y aliados, por la caída de la imagen del Gobierno en la opinión pública.
Se trató del viaje de Milei, Adorni y empresarios a Nueva York para promocionar las exportaciones, en el que el jefe de Gabinete reconoció que había viajado también indebidamente en el avión presidencial su esposa Bettina Angeletti, pese a una reciente resolución del Gobierno de prohibir que familiares viajaran con funcionarios.
Pero el caso no estalló por eso, sino porque Adorni metió la pata y, deslizó que había ido a “deslomarse” a Nueva York y que por eso merecía llevar a su mujer.
La tremenda repercusión mediática generó investigaciones periodísticas que revelaron detalles de un sospechoso viaje en un avión privado a Punta del Este y la compra de onerosas propiedades en Indio Cuá y Caballito.
Pero Karina Milei hizo cerrar filas en el Gobierno y ordenó el apoyo a Adorni del presidente Milei y todos los funcionarios y jefes parlamentarios de La Libertad Avanza.
Aunque la notoria trascendencia del caso y la inusual aceleración de la causa judicial llevaron al escándalo a las primeras planas de los medios y a saturar las redes sociales y obligó a “El Jefe” a un desgaste por la defensa a rajatabla del polémico funcionario.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado ya dio a entender que Adorni “no tiene el cuero” para afrontar el escándalo y que es el jefe de Estado el que decidió que siga como jefe de Gabinete.
A su vez, el titular de la bancada del Pro en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, aliado del Gobierno, le espetó que en el cargo de jefe de Gabinete hay errores que no se pueden cometer, como por ejemplo llevar a la esposa en un vuelo presidencial.
En el área económica, el presidente Milei va camino a hacer trizas su promesa de llegar a agosto próximo con inflación cero, tal como prometió antes de las elecciones legislativas de octubre pasado.
No solo eso, sino que hace 10 meses que la inflación va en aumento, pese a que la baja es una obsesión del presidente Milei.
Paralelamente, cae el consumo, los salarios se deterioran cada vez más y continúa la pérdida de empleo y el cierre de plantas industriales, denotando un rumbo errático del programa económico.
La credibilidad de Milei está debilitada y lo sabe, por eso pidió “paciencia” a la porción de población que lo votó en la elección presidencial y que ahora duda de su palabra ante la crisis económica que golpea con crudeza.
Pero el jefe de Estado dejó una advertencia desconcertante, como si viese un final: “Si no nos acompañan, nos volvemos a casa”, dijo sin inmutarse, y se retiró cabizbajo del auditorio de AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina.
El Ministerio de Seguridad Nacional habilitó al Servicio Penitenciario Federal a instalar sistemas de detección y bloqueo de señales móviles en los penales. Diputada de LLA destacó la decisión, que había impulsado a través de un proyecto propio.
El Gobierno nacional autorizó este lunes la instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos de detección y bloqueo de IMEI e IMSI en las cárceles federales, con el objetivo de impedir el uso indebido de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios. La medida fue dispuesta a través de la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra Alejandra Monteoliva.
La resolución faculta al Servicio Penitenciario Federal a implementar esta tecnología para evitar que personas privadas de la libertad utilicen equipos de comunicación móvil para planificar o coordinar actividades delictivas desde el interior de las prisiones. También instruye a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información a realizar los trámites necesarios para la adquisición, instalación, mantenimiento y supervisión de los sistemas, con el fin de garantizar que no se vean afectadas las áreas externas a los penales.
En los considerandos, el Ministerio recordó que la Ley 24.660 reconoce el derecho de los internos a comunicarse con familiares y abogados, pero prohíbe expresamente las comunicaciones telefónicas a través de dispositivos móviles y ordena la instalación de mecanismos tecnológicos para impedirlas. En ese marco, la cartera de Seguridad señaló la necesidad de reforzar las estrategias institucionales para prevenir el accionar de organizaciones criminales que operan desde las cárceles y ponen en riesgo la seguridad pública.
Tras conocerse la publicación en el Boletín Oficial, la diputada nacional Silvana Giudici celebró la decisión a través de sus redes sociales. “Celebramos la implementación del Sistema de Detección y Bloqueo de Señales en cárceles federales”, escribió, y felicitó a la ministra Monteoliva y al presidente Javier Milei por avanzar con una política que consideró clave para combatir el delito complejo desde los penales. Giudici recordó además que la medida tiene como antecedente la Resolución Conjunta 3/2019, que firmó junto a Patricia Bullrich cuando ambas integraban el Ministerio de Seguridad.
En su mensaje, la diputada del oficialismo cuestionó a las gestiones anteriores al afirmar que “se perdieron tantos años por la negativa de los gobiernos kirchneristas en aplicar esta medida”, y sostuvo que esa demora evidenció prioridades alejadas de la seguridad ciudadana.
La resolución del Ejecutivo se conoce pocas semanas después de que Giudici presentara en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para prohibir la tenencia de dispositivos móviles de comunicación en las cárceles. La iniciativa, acompañada por todo el bloque oficialista, propone modificar la Ley 24.660 para tipificar como infracción disciplinaria la posesión, ocultamiento o tráfico de celulares y otros dispositivos electrónicos no autorizados, así como el acceso a internet por fuera de los sistemas controlados por la autoridad penitenciaria.
En los fundamentos de ese proyecto, la diputada advirtió que el uso de celulares en prisión “se ha transformado en una fuente delictiva”, al permitir extorsiones, estafas virtuales, amenazas y el manejo de organizaciones criminales desde el interior de los penales. También cuestionó la habilitación del uso de teléfonos durante la pandemia de COVID-19 y citó casos concretos de delitos cometidos desde cárceles argentinas.
Con la resolución publicada, el Gobierno avanzó por vía administrativa en una política que el oficialismo busca consolidar también en el plano legislativo, en un contexto marcado por el aumento de las denuncias sobre delitos organizados que se planifican desde establecimientos penitenciarios.
Son los que corresponden al Congreso de la Nación. Una decena de diputados y otros tantos senadores recibirán distinciones, como así también medios y periodistas por la cobertura de la actividad legislativa. Habrá también un premio a la trayectoria. La cita es en el Salón Azul del Senado, a partir de las 17.
Como todos los años, se entregan este martes 21 de abril los Premios Parlamentario a los legisladores más destacados, elegidos a través de una encuesta realizada entre los propios diputados y senadores, asesores y el periodismo legislativo. Así es que diez senadores y diez diputados nacionales serán distinguidos en el evento que se realizará en el Salón Azul del Senado a partir de las 17.
Los principales agasajados serán el senador nacional del radicalismo Maximiliano Abad, y la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, elegidos ambos por primera vez para los principales premios de 2025.
En el marco de la 33° entrega de Premios Parlamentario, también recibirán diplomas por haberse ubicado entre los diez primeros de la encuesta que cada año organiza la revista Parlamentario los diputados nacionales Silvana Giudici, Nicolás Mayoraz, Germán Martínez, Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño, Pamela Verasay, Pablo Yedlin, Karina Banfi y Juan Brügge.
En la ocasión se harán acreedores a distinciones los senadores nacionales José Mayans, Eduardo Vischi, Fernando Rejal, Ezequiel Atauche, Bartolomé Abdala, Beatriz Ávila, Alejandra Vigo, Mariana Juri y Edith Terenzi.
Habrá también una distinción especial por la trayectoria que recibirá esta vez la diputada nacional (mandato cumplido) Graciela Camaño.
Como todos los años, serán distinguidos los medios y periodistas que mejor han cubierto la actividad legislativa a lo largo de 2025. Así es que como mejor cobertura gráfica recibirán premios el diario La Nación y su periodista Delfina Celichini; como mejor cobertura televisiva recibirán Diputados TV y María Laura Morales; y como mejor cobertura radial los premiados serán Radio Mitre y Jorge Moure.
El premio por agencias y portales será para Noticias Argentinas, y la distinción para asesores de prensa la recibirá Richard Humberto Blanco, jefe de prensa de Silvana Giudici.
Un proyecto de la diputada Marina Salzmann busca obligar a las plataformas digitales a transparentar los sistemas de fijación de precios y prohíbe que un mismo producto tenga valores distintos según el perfil del usuario.
La diputada nacional Marina Dorotea Salzmann presentó un proyecto de ley que apunta a poner límites a la fijación algorítmica de precios en las plataformas de comercio electrónico y a reforzar los derechos de los consumidores frente a prácticas opacas y potencialmente discriminatorias. La iniciativa propone modificar la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor para garantizar el principio de “unicidad de precios” y establecer nuevas responsabilidades para las grandes plataformas digitales.
El eje central del proyecto de esta diputada de Unión por la Patria es evitar que un mismo bien se ofrezca a precios distintos en publicaciones simultáneas dentro de una misma plataforma, una práctica asociada al uso de sistemas automatizados que ajustan valores según variables como el comportamiento de navegación, el historial de compras o el perfil del usuario. Según los fundamentos, estas diferencias no responden a errores técnicos sino a decisiones deliberadas basadas en inteligencia artificial.
La propuesta incorpora definiciones específicas sobre precios dinámicos o personalizados y establece que, cuando una plataforma participa activamente en la determinación del precio —ya sea mediante sistemas propios o herramientas ofrecidas a los vendedores— deja de ser un mero intermediario y pasa a tener responsabilidad solidaria junto al comerciante, conforme al régimen vigente de defensa del consumidor.
El texto contempla excepciones acotadas, como los costos de envío o las modalidades de pago, siempre que estén claramente desagregadas e informadas. También habilita promociones generales o descuentos universales, pero prohíbe de manera expresa cualquier diferenciación basada en datos personales o en el perfil socioeconómico del consumidor.
Además, el proyecto incorpora una prohibición explícita de discriminación algorítmica en la fijación de precios, alineada con la Ley Antidiscriminatoria, y prevé mecanismos de control, auditoría y reporte para las plataformas de gran escala. Para la autora, la iniciativa busca adaptar las garantías constitucionales de trato equitativo y protección de los intereses económicos de los consumidores a un contexto tecnológico que hoy carece de regulación específica.
En un escenario de crecimiento sostenido del comercio digital, la propuesta abre un nuevo debate sobre el alcance de los algoritmos en la economía cotidiana y el rol del Estado en la supervisión de prácticas comerciales cada vez más automatizadas.
Un diputado de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley que propone llevar la inversión educativa al 8% del PBI, restituir fondos clave como el FONID y modificar la legislación vigente para garantizar un mínimo de 190 días efectivos de clase en todo el país.
El diputado nacional de Unión por la Patria Marcelo Mango presentó en el Congreso un proyecto denominado “Financiamiento Educativo. Régimen. Modificación del artículo 1° de la Ley 25.864, estableciendo un piso mínimo de días de clase”, que propone un nuevo esquema de inversión pública en educación con metas progresivas hasta 2036.
La iniciativa establece que el gasto consolidado en educación de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá alcanzar, como mínimo, el 8% del Producto Bruto Interno, con una distribución del esfuerzo del 70% a cargo del Estado nacional y del 30% restante a cargo de las jurisdicciones subnacionales.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación del artículo 1° de la Ley 25.864, fijando un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los niveles inicial, primario y secundario en todas las modalidades educativas. El objetivo es garantizar continuidad pedagógica y condiciones más equitativas de enseñanza en todo el territorio.
El texto también restablece la plena vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, elimina su carácter transitorio y dispone la reanudación de las transferencias a las provincias. Además, prevé la creación de una Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación parlamentaria, universitaria y sindical, encargada de monitorear el cumplimiento de las metas.
Entre las políticas prioritarias, el proyecto incluye la universalización del nivel inicial desde los tres años, la ampliación de la jornada escolar, el fortalecimiento de la educación técnica, la provisión de libros y dispositivos tecnológicos bajo la modalidad “uno a uno”, la garantía de la Educación Sexual Integral y el refuerzo de los sistemas de becas en todos los niveles.
En los fundamentos, Mango advierte que el país atraviesa un proceso de desfinanciamiento educativo y sostiene que la educación debe ser entendida como una inversión estratégica para el desarrollo económico, la reducción de desigualdades y el fortalecimiento del sistema democrático. La iniciativa busca, en ese sentido, restablecer compromisos legales claros y sostenidos que no puedan ser modificados por decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.
Actor emblemático y dirigente radical, murió a los 86 años dejando una huella que trascendió el escenario. Diputado nacional, candidato en diversas instancias electorales y parlamentario del Mercosur, llevó su compromiso democrático y su militancia política al centro del debate público.
La muerte de Luis Brandoni, ocurrida en la madrugada de este lunes a los 86 años, cerró la trayectoria de una figura singular de la vida pública argentina: un actor de enorme popularidad que, en distintos momentos, decidió trasladar su compromiso cívico del escenario y el sindicato al Parlamento y a la arena electoral.
Brandoni falleció luego de una semana de internación en el Sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de un hematoma cerebral provocado por una caída en su domicilio. Hasta pocas semanas antes, y pese a un estado de salud frágil, se mantenía activo: encabezaba la obra ¿Quién es quién? junto a Soledad Silveyra y proyectaba nuevos trabajos audiovisuales.
Militancia y sindicalismo antes de la banca
Antes de su desembarco formal en la política partidaria, Brandoni ya había construido un perfil de fuerte compromiso gremial. Entre 1974 y 1983 fue secretario general de la Asociación Argentina de Actores, una etapa atravesada por la violencia política, el accionar de la Triple A y luego la dictadura militar. Durante esos años debió exiliarse brevemente en México por amenazas, y posteriormente fue uno de los artistas prohibidos por el régimen.
Aun así, y en un dato poco frecuente para la época, el Sindicato de Actores no fue intervenido por la dictadura, lo que le permitió a Brandoni sostener una doble condición: referente gremial y trabajador de la cultura, en un contexto de severas restricciones a la actividad artística y sindical.
Diputado nacional por la UCR
Militante histórico de la Unión Cívica Radical, Brandoni dio el salto institucional en 1997, cuando fue elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Desde esa banca, se integró al bloque radical en una etapa marcada por el final del gobierno de Carlos Menem y el reordenamiento del sistema político previo a la Alianza.
Su llegada al Congreso fue leída entonces como parte de una tradición del radicalismo de incorporar figuras de la cultura con alto reconocimiento público, pero también con recorrido militante. No se trató de un paso meramente simbólico: Brandoni defendió su rol legislativo como una extensión de su compromiso democrático, forjado durante los años de persecución y censura.
Tras su paso por Diputados, Brandoni continuó vinculado activamente a la política. En 2005 fue candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, aunque la lista radical obtuvo un resultado insuficiente para acceder a la banca. Dos años más tarde, integró la fórmula de Ricardo Alfonsín como candidato a vicegobernador bonaerense, en las elecciones de 2007.
Con el correr de los años, su figura se volvió también motivo de controversias dentro del propio campo sindical y cultural. En 2017, la Asociación Argentina de Actores difundió un duro comunicado cuestionando su posicionamiento político y su actuación como legislador de extracción gremial. Brandoni, fiel a su estilo frontal, nunca evitó la confrontación pública ni el debate ideológico.
Del radicalismo a Juntos por el Cambio
En la última década, Brandoni se alineó con los sectores del radicalismo integrados a Juntos por el Cambio. En 2021 fue precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la lista “Adelante Ciudad”, encabezada por Adolfo Rubinstein, aunque no resultó electo.
Su último cargo institucional llegó en 2023, cuando fue elegido parlamentario del Mercosur (Parlasur). De ese modo, coronó una trayectoria política extensa, intermitente pero persistente, que convivió durante décadas con su trabajo artístico.
Luis Brandoni fue, hasta el final, una figura difícil de encasillar: actor popular y referente del cine y la televisión, pero también dirigente sindical, legislador y polemista. Admirado y discutido, celebró siempre la democracia como espacio de conflicto y palabra, incluso cuando sus posiciones generaron rechazo.
Con un acto en el Mesón Español y la participación de dirigentes de todo el país, el vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard, y el referente porteño Claudio Bargach lanzaron formalmente el Partido Popular Federalista en CABA.
Ante unas 150 personas, el vicegobernador de Corrientes Pedro Braillard Poccard y el dirigente Claudio Bargach encabezaron en la Ciudad de Buenos Aires la presentación del Partido Popular Federalista (PPF). El encuentro se realizó en el Mesón Español de Capital Federal y contó con la presencia de legisladores provinciales en actividad y con mandato cumplido.
La nueva fuerza política se plantea como un espacio transversal, integrado por referentes de distintas provincias, con el objetivo de “superar las antinomias” y profundizar una agenda federal en la discusión de los temas nacionales. De cara a las elecciones de 2027, el PPF buscará consolidar un mayor protagonismo de las provincias en el debate político y en la toma de decisiones a nivel nacional.
Este evento vuelve a poner en escena la potencia cultural del sector, pero también expone un debate de fondo: cómo sostener la industria editorial en un contexto de costos crecientes y cambios en los hábitos de compra.
La edición de la Feria del Libro que arranca el 23 de abril en La Rural va a mostrar lo mejor de ese músculo cultural. Charlas, firmas, debates y nombres internacionales. Pero esta vez, además, va a estar atravesada por una discusión que tiene que ver con cómo se sostiene la industria del libro en un contexto donde producir y vender cuesta más.
El dilema no tiene que ver con la cantidad de lectores ya que, ciertamente, hay un público que elige, recomienda, sigue autores, vuelve a las librerías, se detienen en un stand más tiempo del previsto. En ese sentido, la feria confirma que el vínculo con el libro no desapareció.
Pero, claramente, se compra distinto, se decide distinto, se arriesga menos. Y eso obliga a toda la cadena (editoriales, librerías, distribuidores) a repensar estrategias que durante años parecían inamovibles como por ejemplo, hacer tiradas más cortas y catálogos más amplios.
Ahí es donde esta edición cincuenta puede jugar otro papel, especialmente, como espacio de ajuste fino. La celebración será una nueva oportunidad para ver qué se publica, cuánto, para quién, bajo qué lógica; todas preguntas que necesitan ese punto de encuentro para empezar a ordenarse.
También hay algo generacional en juego ya que aparecen nuevos lectores que entran por otras puertas, que combinan papel y pantalla sin conflicto, que no responden a las mismas fidelidades.
Ahí hay una oportunidad porque si el hábito cambia, el desafío es atenderlo. La industria del libro en Argentina ya atravesó otras crisis. Se contrajo, se reconfiguró, volvió a expandirse. Afortunadamente, ha demostrado tener capacidad de adaptación que muchas veces se subestima.
La feria también llega para confirmar que el libro no es un objeto desplazado, sino uno en transformación. Y que, incluso en un contexto adverso, conserva tiempo de atención, profundidad, continuidad.
Cada año, este evento vuelve a armarse como una maquinaria aceitada que convoca multitudes, nombres propios y esa ilusión de abundancia cultural que Buenos Aires sabe montar mejor que nadie. Esta vez tendrá invitados de peso y una agenda cargada de homenajes y debates.
Sin embargo, el director de la Feria del Libro de Buenos Aires, Ezequiel Martínez admitió que la industria vive un momento crítico.
Luego, los datos de la Cámara Argentina del Libro lo terminaron de confirmar.
En 2025 se publicaron 36.942 novedades, un 17% más que el año anterior.
Más libros, más voces, más oferta. Pero con un dato que cambia la lectura: la cantidad de ejemplares cayó un 34%. De 52,6 millones a 34,6 millones.
Así y todo, se vienen tres semanas en las que los que aman los libros van a tener dónde estar. La fiesta está garantizada.
Mariela Blanco es periodista y autora
El Poder Ejecutivo envió al Congreso una reforma integral de la Ley Nacional de Salud Mental que refuerza el rol de la psiquiatría, redefine el concepto de riesgo y amplía los criterios para las internaciones involuntarias. El proyecto también modifica el Código Civil y Comercial y el régimen de controles en establecimientos de salud mental. Diferencias con la ley vigente.
El índice de precios trepó al 3,4%, desarmó los pronósticos oficiales y dejó al Presidente a contramano de sus propias promesas. Con la inflación sin bajar, la economía golpeando los bolsillos y un frente político cada vez más ruidoso, las encuestas reflejan un deterioro rápido de la imagen oficial y un clima social que se le vuelve adverso al Gobierno.
Se sabía que el índice de precios de marzo daría mal. El mes en el que se inician las clases suele ser, por la incidencia de la canasta escolar, un mes complicado en materia inflacionaria. Pero esta vez eso era solo un agregado a las complicaciones que ya tiene la economía local, más el aditamento de la guerra que -aumento del petróleo mediante- tuvo su impacto en los combustibles. Y ya se sabe que ese es un ingrediente muy pernicioso para cualquier plan antiinflacionario.
Lo que nadie imaginaba era que el índice de marzo trepara tan alto: 3,4%. Siguiendo una escalera ascendente que desde mayo del año pasado no atinó nunca a bajar un escalón. Igual, teniendo en cuenta de dónde venimos, en la comparación esta gestión sale ganando. Pero se esperaba otra cosa; el propio Presidente esperaba otra cosa, tal cual él mismo admitió al presentarse poco después de que se conociera el índice en el AmCham Summit 2026: “El dato no me gustó y me repugna”, lanzó Milei, en modo Milei.
Además, y sobre todo, el Presidente cometió el error que todo el mundo le reprochó siempre, de anticipar una y otra vez que en agosto la inflación comenzaría con cero. En rigor, primero había fijado ese vaticinio para un mes antes. Faltan cuatro meses, pero nadie imagina que pase un milagro. No solo Javier Milei no podrá cumplir su promesa, sino que en el primer trimestre del año prácticamente se consumió el índice inflacionario previsto para todo el año en el Presupuesto 2026.
Ahora el Presidente es medido en la materia, como debió haber sido siempre, y se limita a garantizar que “hacia adelante la inflación va a bajar”. Optimista, aunque impreciso.
No hubo la menor autocrítica por el error de cálculo. Más bien lo contrario: habló de “dos shocks de características descomunales”, y fue más lejos al denunciar “un ataque feroz por parte de la política, un ataque destituyente, un ataque al corazón del modelo”. ¿Pruebas? “El Congreso pasó más de 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal”. No fueron 40, ni fue destituyente; así funciona la democracia.
Siguiendo ese razonamiento, después de tantos traspiés legislativos y la estrepitosa derrota de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la economía debería haber reaccionado también muy favorablemente cuando Milei dio “vuelta la taba” en octubre, con un triunfo tan sorpresivo como contundente, revirtió la tendencia general y tuvo en el Congreso un verano soñado, aprobando todo lo que mandó. Así y todo, la inflación no pudo bajar ni un mes y la imagen y el favor popular se están derrumbando.
Habrá que considerar en cambio que el ruido político interno es ensordecedor y los pases de factura son cada vez más públicos. El “triángulo de hierro” de otrora voló por los aires y la guerra entre la hermanísima y Santiago Caputo es descarnada. La semana hábil que pasó cerró con unos cruces durísimos en redes sociales entre la diputada Lilia Lemoine y el Gordo Dan, una figura fulgurante de “Las Fuerzas del Cielo”, que tuvo como dato saliente y enigmático el aval de Milei a uno de los posteos de la blonda diputada, con toda la significancia que ello implica en los términos que los libertarios se manejan.
Claro que esa pelea encarnizada no se dio en los medios, sino en las redes sociales. Y si bien el grado de gravedad resulta mayor por los actores que participan -trascendiendo los casi diarios cruces entre Lemoine y Marcela Pagano-, sucedió en las redes, un espacio de alta significación para el mundo libertario, pero de limitada repercusión general.
Igual que con los apoyos casi diarios que le prodigó los últimos días Karina Milei a Manuel Adorni, a través de fotos de ambos que buscaban mostrar la “continuidad asegurada” del jefe de Gabinete. La gente común no registra en lo más mínimo esos avales mileístas. Es más, como sugirió un exlibertario en la semana: esas fotos muestran a las dos figuras mileístas más desprestigiadas del momento: una encuesta de la Universidad de San Andrés pone al jefe de Gabinete como la figura con diferencial más bajo del gabinete (-51%), seguido por Karina Milei (-50%)
¿Quién hubiera imaginado en el Gobierno que después de un mes de febrero victorioso en el Congreso marzo sería tan negativo? Un trabajo de la consultora Aresco, muy respetada por los Milei, mostró que el tercer mes del año tuvo una desaprobación del 51% para la gestión de Javier Milei, con un diferencial negativo de 11 puntos.
Una opinión marcada por los bolsillos flacos. El 75% de los entrevistados declaró que, en su hogar, llegar a fin de mes les costó más que en meses anteriores; en tanto que el 67% de los hogares se endeudó para cubrir gastos corrientes.
La cuestión que más preocupa a la gente en su vida cotidiana es claramente la economía. Y dentro de los problemas económicos, en primer lugar aparecen los problemas de empleo, y luego la inflación, con 39 y 27 puntos respectivamente. El único alivio que registró el oficialismo en esta encuesta es que el kirchnerismo sigue siendo señalado como el principal responsable de los problemas económicos (43%, contra el 35% que lo culpa a Milei).
Los resultados de Aresco no son datos aislados; más bien van en sintonía con lo que muestran otros informes, como un sondeo de Opina Argentina, que avanza sobre el mes actual y advierte que “se acelera el proceso de deterioro del Gobierno ante la opinión pública iniciado en enero”. Los indicadores del oficialismo no solo caen, sino que lo hacen a una velocidad muy pronunciada en los últimos dos meses. La aprobación de Milei, que se ubica en 35%, disminuyó 6 puntos en la última medición y 13 desde enero.
¿Hay chances de que aparezca otro outsider dispuesto a ocupar el sitial de un devaluado Milei? No por ahora. Al pastor Dante Guebel, cuyo nombre ya se ve en paredes de la provincia de Buenos Aires, no lo registra casi nadie por ahora; y el exgobernador Sergio Uñac, que se propuso como alternativa en el peronismo, tiene un nivel de desconocimiento extremo.
Un dato no menor es por ejemplo que Myriam Bregman aparezca como la dirigente con mayor valoración social, con 44% positivo. El mismo número que Axel Kicillof, aunque el gobernador bonaerense tiene 53% de imagen negativa, contra 47 de “la Rusa” del PTS.
Otro dato que revela Opina es que la imagen de Manuel Adorni implosiona: en el marco de la polémica por su patrimonio, su apoyo retrocedió 16 puntos en el último mes. Su imagen negativa asciende al 72%.
Así y todo, está confirmado que el jefe de Gabinete irá el 29 de abril a la Cámara baja, cita para la cual el presidente de ese Cuerpo, Martín Menem, sugirió preparar pochoclos. Ya hay especulaciones sobre cuál será el comportamiento de Adorni en esa batalla que se avecina: el exvocero no aclararía nada sobre su patrimonio, argumentando que el tema está en manos de la justicia, y revolearía carpetazos contra figuras de la oposición, por ejemplo en materia de declaraciones juradas.
En cuanto al comportamiento de la oposición, por ahora no hay coincidencias respecto de la mejor manera de “acribillar” a Adorni. Mientras ex Juntos por el Cambio sugieren centralizar el interrogatorio en el tema personal del jefe de Gabinete, en una suerte de interpelación, en Unión por la Patria estarían inclinados por dedicarle el 70% de las preguntas al tema económico. Se espera que más cerca de la fecha haya una reunión para coordinar el accionar a utilizar.
Respecto de la presencia o no del presidente Milei en la ocasión, nadie la descarta, por más riesgoso y hasta absurdo que pueda parecer. Pero como el propio Presidente ha adelantado su disposición a acompañar a su exvocero, muchos dan por hecho que estará, aunque no toda la presentación. Posiblemente llegue acompañando a su funcionario y luego se quede solo para la exposición inicial.
Necesitado de inyectar una dosis de optimismo en el alicaído estado de ánimo de la población, Luis “Toto” Caputo anticipó en la AmCham que “los próximos 18 meses serán los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”. Ante la ausencia de Adorni -malogrado vocero de esta administración-, el ministro de Economía trata de ejercer ese rol.
Pero semejante vaticinio se da de bruces con lo que sugieren las mediciones que ya hemos citado. Agreguemos la de la Universidad de San Andrés, que verificó entre los cambios en las preocupaciones que la falta de trabajo se consolidó como el principal problema del país, con un 40% (subió 4 puntos desde marzo). Le siguen de cerca los bajos salarios (39%) y la corrupción (38%). Y tras haber perdido centralidad, la preocupación por la inflación vuelve a aparecer en el radar de las principales inquietudes de los ciudadanos.
Un analista político graficaba el viernes en un canal de noticias el momento de adversidad del Gobierno señalando que tan vulnerable está que “hasta le entró la polémica por la carne de burro”.
En efecto, un tema que al surgir ni siquiera tenía que ver con la pobreza, ni mucho menos con el Gobierno nacional, sino que correspondía a una idea original puesta en práctica en una carnicería de Chubut.
“Iban a dolarizar y ahora te mandan a comer burro”, ironizó un miembro de la oposición de los que todavía discuten la táctica a implementar cuando toque enfrentar a Manuel Adorni.
Fue durante un encuentro de defensores del pueblo provinciales y municipales organizado por la Fundación Éforo en El Obrador Centro Creativo. Subrayaron el problema crónico de la falta de acuerdos políticos en el Congreso.
Cinco defensores del pueblo provinciales y municipales en ejercicio resaltaron la importancia de designar al defensor del Pueblo de la Nación, cargo que permanece vacante desde hace 17 años, y destacaron el trabajo que llevan adelante poniendo en valor el rol de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la Argentina (ADPRA).
La coincidencia se dio en el marco del encuentro “Defensores: la democracia completa”, organizado por la Fundación Éforo en el Centro Creativo El Obrador, con el objetivo de destacar el trabajo de las defensorías provinciales y promover el fortalecimiento integral del sistema de protección administrativa de derechos en la Argentina.
De la jornada participaron María Rosa Muiños; Dalmacio Mera; Arístides Lasarte; Walter Martello y Facundo Mancebo; a cargo de las defensorías del pueblo de Ciudad de Buenos Aires; Catamarca; Santa Fe; adjunto de la Provincia de Buenos Aires y la ciudad de Lanús, respectivamente. También hubo entre los asistentes diputados nacionales; trabajadores de organismos de control y representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre otros
“En un momento en el que la ciudadanía reclama mayor transparencia y rendición de cuentas, la figura del defensor del pueblo se vuelve cada vez más relevante, por eso desde Fundación Éforo queremos poner en agenda la necesidad de nombrar al Defensor del Pueblo de la Nación y al mismo tiempo destacar el trabajo articulado y comprometido que hacen los defensores de las provincias y municipalidades”, recalcó Carla Pitiot, vicepresidenta de la Fundación.
Los defensores destacaron el problema crónico de la falta de acuerdos políticos, que impide que el Congreso consiga la mayoría necesaria – dos tercios de los legisladores presentes de ambas cámaras- para designar al Defensor del Pueblo.
El defensor del Pueblo es un órgano independiente, instituido por el Congreso de la Nación, cuya misión es la de defender, proteger y promover los derechos humanos, individuales y colectivos de los ciudadanos, frente a los poderes del Estado o las empresas de servicios públicos.
La delegación del PJ denunció persecución judicial en la Argentina y buscó instalar el reclamo por la situación de Cristina Fernández de Kirchner en el escenario político global.
La CPM 2026 tuvo al peronismo argentino desplegando una intensa agenda política en Barcelona, con eje en la articulación internacional de fuerzas progresistas y en la campaña por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. La delegación del Partido Justicialista consiguió una batería de apoyos de dirigentes y espacios de la región y de Europa.
El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro participó de la Global Progressive Mobilisation (GPM), ámbito que nuclea a partidos y referentes progresistas de distintos continentes. Mantuvo reuniones bilaterales con representantes del PSOE de España, el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, el Frente Amplio de Uruguay, el Frente Amplio de Chile y el Pacto Histórico de Colombia, además de encuentros con fundaciones y espacios de pensamiento ligados a esos partidos.
En ese marco, el reclamo por “Cristina Libre” ocupó un lugar central. Según informaron desde la delegación argentina, referentes del PT brasileño respaldaron explícitamente la campaña durante la reunión bilateral, estableciendo un paralelo con la persecución judicial que atravesó Luiz Inácio Lula da Silva antes de su regreso al poder. A ese respaldo se sumó un gesto de alto impacto político: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acompañó públicamente el pedido por la libertad de la expresidenta argentina, una señal que en el peronismo interpretan como una manifestación de preocupación regional por la situación institucional en la Argentina.
Durante su intervención en Barcelona, De Pedro combinó el plano internacional con un diagnóstico crítico de la realidad local. “Mientras Milei vende un relato de éxito, en la Argentina crecen el desempleo, el cierre de empresas y la persecución política”, afirmó el senador, quien advirtió que en el país “cerraron más de 22 mil empresas, crece la desocupación, cae el consumo y se repite el mismo modelo económico que ya fracasó muchas veces”.
El senador nacional profundizó sus críticas al Gobierno nacional al señalar que “mientras Milei recorre el mundo diciendo que su plan es exitoso, la gente tiene que elegir entre comer o pagar el transporte, entre comprar medicamentos o llegar a fin de mes”. En esa línea, sostuvo que “este modelo genera más desigualdad, más endeudamiento y un retiro del Estado de sus funciones básicas”.
La cuestión institucional apareció como otro de los ejes de su mensaje. “Hoy tenemos a la principal dirigente de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner, encarcelada injustamente y proscripta”, sostuvo De Pedro ante dirigentes y militantes de fuerzas progresistas, y agregó que “la experiencia de Lula demuestra lo que significan el lawfare y la persecución judicial en la región”.
En el plano global, el senador trazó un diagnóstico que excede la coyuntura argentina. “La ultraderecha se organiza a escala global, comparte campañas, recursos y tecnología para instalar miedo y odio”, señaló, y contrapuso ese fenómeno con la necesidad de fortalecer la articulación internacional de los espacios progresistas: “Nosotros tenemos que organizarnos con la misma fuerza, para trabajar unidos por más democracia, más justicia social y más comunidad”.
La agenda incluyó encuentros con Edinho Silva, presidente del PT de Brasil; Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio de Uruguay; Conti Martínez, presidenta del Frente Amplio de Chile; y Mafe Carrascal, diputada del Pacto Histórico de Colombia. También se reunió con Hana Jalloul, secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE —a cargo de la organización de la Global Progressive Mobilisation— y con Rebeca Torró Soler, secretaria de Organización del partido. Junto a Delfina Rossi, De Pedro mantuvo además un encuentro con Berna León, director de la Fundación Laboratorio de Ideas Avanza, el think tank del socialismo español.
La presencia argentina en Barcelona incluyó también una activa participación de la diputada Lucía Cámpora, quien intervino en paneles y actividades vinculadas a juventudes y democracia. “Es clave compartir miradas para construir líneas de acción colectivas entre los movimientos populares que defendemos la justicia social y la soberanía política”, afirmó. En ese sentido, advirtió que “el contexto de persecución judicial y proscripción sobre Cristina afecta la calidad democrática”.
El cierre de la jornada estuvo marcado por gestos públicos en redes sociales. De Pedro posteó una imagen de Lula da Silva exhibiendo material de la campaña #CristinaLibre y agradeció su respaldo. Cámpora, en tanto, destacó el final del #GPM2026 con la presencia de presidentes, parlamentarios, representantes partidarios y militantes de fuerzas populares de todo el mundo, y subrayó la necesidad de “trazar líneas de acción en defensa de la democracia y de la paz frente a la embestida de fuerzas de derecha autoritarias y belicistas”.
Gracias presidente @LulaOficial por acompañar la campaña de #CristinaLibre. 🇦🇷🇧🇷 pic.twitter.com/u2qPGfv3lh
— Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) April 18, 2026
La iniciativa, impulsada por Natalia Zaracho e Itaí Hagman, propone crear un régimen especial para auditar y reestructurar deudas familiares, con un fondo público financiado en parte por el sector financiero. Será presentada este lunes en el Congreso con testimonios de personas afectadas.
Los diputados nacionales de Unión por la Patria Natalia Zaracho e Itai Hagman presentarán este lunes en el Congreso una iniciativa destinada a abordar el creciente sobreendeudamiento de las familias argentinas. Se trata del proyecto RED, Régimen Esencial para el Desendeudamiento, que será expuesto a partir de las 12 en el Anexo de la Cámara de Diputados.
El encuentro contará con la participación de los legisladores autores del proyecto, integrantes de Patria Grande, el espacio político que encabeza Juan Grabois, y tendrá como apertura la intervención de Matías Colombatti. La actividad incluirá además la presencia de personas que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento, en su mayoría mujeres, quienes compartirán sus experiencias en primera persona.
Según explicaron los impulsores de la iniciativa, el objetivo central es visibilizar el impacto social del endeudamiento y promover un debate en torno a soluciones estructurales frente a una problemática que afecta a millones de hogares y que se profundizó en el actual contexto económico.
El proyecto RED propone la creación de un fondo público para el desendeudamiento, integrado por aportes públicos y privados y financiado, en parte, a través de una tasa aplicada a las empresas del sector financiero involucradas en la generación de estas deudas. Ese fondo tendrá como finalidad auditar y reestructurar las obligaciones de las familias en situación crítica.
El régimen prevé que las personas puedan inscribirse para que se evalúen sus deudas, se identifiquen posibles cláusulas abusivas y se avance en la recomposición de los compromisos bajo condiciones más sostenibles. Entre los ejes centrales, se contempla la posibilidad de recomprar las deudas y refinanciarlas con tasas más bajas, con el límite de que las cuotas no superen el 30% de los ingresos familiares.
La iniciativa incorpora además una lógica de corresponsabilidad, al incluir al sistema financiero —tanto bancario como no bancario— dentro de la solución al problema del sobreendeudamiento, y no solo como un actor externo a la crisis.
Desde la organización remarcaron que la propuesta apunta a generar espacios de escucha y construcción colectiva, al considerar que el endeudamiento familiar no es un problema individual sino la consecuencia de un modelo económico que empuja a cada vez más sectores de la población a endeudarse para sostener su vida cotidiana.
El diputado denunció el desfinanciamiento del sistema científico-tecnológico y presentó un proyecto de resolución para que la Cámara baja exprese su repudio al ajuste sobre organismos estratégicos, reclame garantizar su presupuesto y exija la continuidad de los puestos de trabajo del sector.
El diputado nacional Jorge Taiana denunció el desfinanciamiento del sistema científico-tecnológico argentino y presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para repudiar el ajuste del Gobierno sobre organismos estratégicos del Estado y exigir medidas urgentes para garantizar su funcionamiento.
A través de un posteo en redes sociales titulado “Destrucción del sistema científico-tecnológico”, el legislador advirtió que, mientras las principales potencias del mundo aceleran inversiones en ciencia, tecnología e inteligencia artificial, la Argentina “va en sentido contrario”.
“El Gobierno desmantela el Sistema Tecnológico Nacional y a los organismos de prestigio que lo integran”, sostuvo Taiana, al alertar sobre el impacto del recorte presupuestario en áreas clave para el desarrollo productivo, la soberanía científica y el crecimiento a largo plazo.
En ese marco, el diputado confirmó la presentación de un proyecto de resolución para que la Cámara baja exprese su “profunda preocupación y firme repudio” ante la crítica situación que atraviesan, entre otros, la Administración de Parques Nacionales, el Conicet, el INTA, el INTI, la CNEA, la CONAE, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Instituto Antártico Argentino, el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Geográfico Nacional, el INIDEP, el INPRES y el SEGEMAR.
Según el texto, la desfinanciación actual “pone en riesgo el desarrollo productivo e industrial de la Nación”, compromete la autonomía estratégica del país y afecta de manera directa a las economías regionales y a actividades consideradas estratégicas.
El proyecto también insta al Poder Ejecutivo Nacional a arbitrar de forma urgente los medios necesarios para garantizar el presupuesto y el correcto funcionamiento de estos organismos, que brindan servicios esenciales para el Estado y el sector productivo.
Además, la iniciativa exige que se garantice la continuidad de todos los puestos de trabajo de científicos, técnicos y trabajadores del sector. “Su formación y experiencia son irremplazables y esenciales para sostener el sistema científico-tecnológico nacional”, afirmó Taiana en su publicación.
Con esta presentación, el diputado busca trasladar al ámbito parlamentario una discusión que ya tiene impacto social y abrir el debate en el Congreso sobre las consecuencias del ajuste en áreas que considera centrales para el futuro del país.
Mientras el jefe de gabinete enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el excandidato para la Corte queda bajo la lupa por un ritmo inédito de medidas que sacudió a Comodoro Py, la Casa Rosada y el establishment.
El juez federal Ariel Lijo quedó en el ojo de la tormenta al investigar con un ritmo inusual en la justicia al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, y acelerar la investigación contra el exfuncionario Diego Spagnuolo por supuestos ilícitos en la ANDIS.
Lijo, aún herido porque no prosperó su pliego para ser juez de la Corte Suprema impulsado por el presidente Javier Milei en 2024 -y, según él, el Gobierno “no lo defendió” con la suficiente vehemencia-, ordenó una serie de sorprendentes medidas investigativas contra Adorni, que hasta el momento lo mantienen acorralado ante la opinión pública.
“Ahora el que se ‘desloma’ es Lijo”, es la broma recurrente en los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py, en referencia a que nunca -desde la reforma constitucional de 1994- un juez había investigado a un jefe de Gabinete en funciones, ni bien se presentó la denuncia judicial y estalló en caso en los medios.
Esa prontitud y diligencia en la causa contra Adorni llamó poderosamente la atención no solo en el ámbito judicial, sino también en la Casa Rosada y hasta en el círculo rojo del establishment.
Adorni es investigado por Lijo por la compra de propiedades, al menos un viaje en avión privado a Uruguay y otros gastos onerosos para determinar si condicen con su estipendio de funcionario, como así también la relación con un periodista amigo, Marcelo Grandío, con quien tenía un vínculo comercial previo a su ingreso al Gobierno, en 2023, y por qué tiene varios programas actualmente en la Televisión Pública, que depende de Adorni.
Grandío es además quien fue con el jefe de Gabinete y su familia en el polémico vuelo a Punta del Este, en los pasados carnavales de febrero, que inició la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Lo curioso es que la gran repercusión mediática estalló cuando el periodista Eduardo Feinmann lo entrevistó para que Adorni aclarara la irregularidad de que Adorni haya subido a su esposa Bettina Angeletti al vuelo presidencial a Manhattan, y el jefe de Gabinete respondió enojado: “Me vine a deslomar a Nueva York”, frase que la prensa recogió con grandes titulares.
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El Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto que busca prevenir, detectar y sancionar irregularidades en las pensiones no contributivas por invalidez laboral. La iniciativa apunta a ordenar un régimen que pasó de 76 mil a 1,2 millón de beneficios en dos décadas, introduce reempadronamientos obligatorios, auditorías médicas periódicas y cruces de datos masivos, y reconfigura el esquema de financiamiento y compatibilidades.
El proyecto del Poder Ejecutivo reformula aspectos centrales de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.
Tal cual había trascendido este viernes al cabo de la reunión de la mesa política de la Casa Rosada, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, una iniciativa que ingresa por el Senado y propone una revisión profunda del régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral. El texto modifica la Ley Nº 13.478 y sus modificatorias, introduce cambios en la Ley Nº 24.901 (Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad) y reformula aspectos centrales de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793. Precisamente este último punto es central en el envío de esta norma al Parlamento, ya que se trata de una de las leyes vetadas por el presidente Javier Milei, ratificadas por ambas cámaras.
La iniciativa se conoció este sábado, conjuntamente con el envío de una nueva ley de Salud Mental, también a través del Senado.
En los fundamentos, el Gobierno sostiene que el proyecto se enmarca en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —con jerarquía constitucional—, pero subraya que el cumplimiento progresivo de los derechos económicos y sociales debe realizarse “de manera proporcional a los recursos disponibles”, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas. En ese marco, el mensaje al Congreso pone el foco en la evolución del sistema de pensiones por invalidez: entre 2003 y 2023, la cantidad de beneficios pasó de 76.000 a alrededor de 1.200.000, un crecimiento que el Ejecutivo califica de “exponencial” y que, según afirma, no tiene antecedentes comparables a nivel internacional.
El diagnóstico oficial es contundente. El texto señala que investigaciones administrativas y judiciales detectaron “una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir con los requisitos legales”, con irregularidades que incluyen domicilios inexistentes y la falta de acreditación médica suficiente. Para el Ejecutivo, esta situación generó un “injustificable dispendio de los recursos del Estado nacional” y perjudicó especialmente a quienes sí se encuentran en una situación de invalidez real y comprobable.
A partir de ese diagnóstico, el proyecto define como objetivo central “establecer mecanismos normativos específicos orientados a prevenir, detectar y sancionar el fraude, resguardando simultáneamente los derechos y garantías de los beneficiarios legítimos”. La iniciativa busca reordenar los criterios de acceso, fortalecer los controles y reintroducir un eje más restrictivo vinculado a la invalidez laboral.
Uno de los cambios estructurales es la redefinición del beneficio de pensión no contributiva por invalidez laboral. El texto reafirma su carácter de prestación mensual inembargable equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y reintroduce con claridad el criterio de imposibilidad para trabajar como fundamento del beneficio. En esa línea, se establece de manera expresa la incompatibilidad de la pensión con la posesión de un vínculo laboral formal o con la inscripción en los regímenes generales o simplificados de trabajo, un punto que recorta el universo potencial de beneficiarios respecto de interpretaciones más amplias vigentes en los últimos años.
El proyecto también faculta al Poder Ejecutivo a otorgar pensiones a personas sin suficientes recursos, no amparadas por un régimen previsional y mayores de 70 años, o bien a quienes se encuentren imposibilitados para trabajar, según los requisitos que determine la reglamentación. Con esta formulación, el Gobierno busca volver a una delimitación más acotada del universo elegible.
El capítulo más extenso y sensible de la iniciativa está dedicado al sistema de auditorías, control y reempadronamiento. La Secretaría Nacional de Discapacidad, en el ámbito del Ministerio de Salud, será la autoridad encargada de implementar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos documentales, socioeconómicos y médicos de los beneficiarios. Para ello, se habilita el cruce de información con bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos, incluso exceptuando de manera específica las restricciones del secreto fiscal “únicamente a los efectos” de esta verificación.
Cuando de esos cruces surjan incumplimientos objetivos, la autoridad de aplicación podrá disponer la suspensión preventiva del beneficio. No obstante, el proyecto incorpora garantías procedimentales: el titular podrá solicitar la rehabilitación provisoria inmediata de la pensión hasta tanto se dicte una resolución definitiva, y tendrá derecho a ser informado de manera clara y a participar del proceso de auditoría médica.
Además, el texto instruye al Ejecutivo a realizar un reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Los beneficiarios deberán actualizar su información personal, socioeconómica y médica dentro de un plazo no inferior a 90 días —prorrogable por única vez por 30 días— y constituir domicilio físico o electrónico para notificaciones. La reglamentación deberá prever modalidades presenciales, remotas o mixtas, teniendo en cuenta las particularidades territoriales y las condiciones de accesibilidad. El incumplimiento del reempadronamiento habilitará una suspensión automática y, de persistir, la baja del beneficio mediante acto administrativo fundado, con garantía de debido proceso.
En paralelo al endurecimiento de los controles, el proyecto también incluye disposiciones orientadas al financiamiento y la continuidad de prestaciones en discapacidad. Se establece con mayor precisión cómo se afrontará el costo fiscal de las pensiones y de la atención médica asociada, asignando las partidas al Ministerio de Salud y previendo compensaciones presupuestarias desde el Tesoro en caso de ser necesario. El Ejecutivo remarca, en los fundamentos, que esta arquitectura busca evitar los desfasajes financieros introducidos por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que —según sostiene— amplió derechos sin contemplar adecuadamente los recursos disponibles.
En materia de prestaciones básicas, la iniciativa introduce ajustes al principio de universalidad del sistema. Se aclara que la universalidad no implica homogeneidad de aranceles ni de esquemas de financiamiento entre jurisdicciones, sino la garantía de un piso mínimo prestacional común, respetando la organización federal y las asimetrías regionales. Para el caso del Estado nacional como ente obligado, los valores de los aranceles deberán ser determinados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad, con referencia al Índice de Precios al Consumidor cuando no se efectúen actualizaciones en término.
El proyecto también prevé la posibilidad de suscribir convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que cada jurisdicción organice el programa de prestaciones de salud para titulares de pensiones no contributivas, definiendo responsabilidades de financiamiento para afiliados actuales y futuros.
Con el envío de esta iniciativa, el Gobierno abre un debate de alto impacto social y político. Mientras el Ejecutivo argumenta que la ley apunta a preservar recursos públicos y garantizar equidad en el acceso a las pensiones, el tratamiento parlamentario anticipa discusiones intensas sobre el equilibrio entre control, sostenibilidad fiscal y protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad.
El Poder Ejecutivo envía al Congreso un proyecto que modifica la Ley Nacional de Salud Mental, el Mecanismo de Prevención de la Tortura y artículos clave del Código Civil y Comercial. La iniciativa refuerza el rol de la psiquiatría, amplía las posibilidades de internación involuntaria y redefine el concepto de riesgo, con el argumentado objetivo de dar mayor capacidad de intervención al sistema sanitario.
El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que introduce cambios de fondo en la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, en la Ley Nº 26.827 —que regula el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura— y en los artículos 41, 42 y 59 del Código Civil y Comercial de la Nación. La iniciativa se conoció este sábado e ingresa por el Senado acompañada por el Mensaje Nº 108/2026 y propone una reconfiguración del enfoque legal vigente, especialmente en lo referido a internaciones involuntarias, rol de los profesionales médicos y abordaje de las adicciones.
El pasado 7 de abril, el jefe de Gabinete Manuel Adorni había anunciado a través de la red social X la decisión de mandar un proyecto al Congreso para modificar la ley aprobada en 2010.
En los fundamentos del texto al que accedió parlamentario.com este sábado, el Ejecutivo sostiene que la reforma recepta “ciertas orientaciones establecidas por los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental”, y plantea la necesidad de corregir “dificultades interpretativas” que, según argumenta, han derivado en situaciones de inacción estatal frente a casos de gravedad.
Uno de los cambios centrales es la reformulación del objeto de la ley. El nuevo artículo 1º amplía el alcance de la norma, que ya no se limita a la protección de la salud mental, sino que incorpora explícitamente la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, la recuperación y la inclusión comunitaria. “La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, implementar acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria en salud mental”, establece el texto propuesto.
En sintonía con esa ampliación, el proyecto refuerza la definición de la salud mental como un proceso con múltiples determinantes, pero introduce un giro relevante en el eje de conducción de las políticas públicas. En la modificación de los artículos 5º, 6º y 8º, el Ejecutivo propone otorgar un rol central a la mirada técnico-médica y a los especialistas formados en psiquiatría. De hecho, se dispone que los equipos interdisciplinarios de atención deberán estar integrados por diversos profesionales, “uno de los cuales deberá ser médico psiquiatra”, requisito que se replica en distintas instancias clave del procedimiento de internación.
El abordaje de las adicciones también ocupa un lugar destacado. El proyecto reafirma que deben ser tratadas como parte integrante de las políticas de salud mental y precisa que el uso, abuso o adicción a sustancias “deben ser abordados teniendo en cuenta la singularidad de cada persona y el momento o la etapa del consumo”, siempre bajo la órbita del sistema de salud. La autoridad de aplicación quedará facultada para definir dispositivos específicos, tanto ambulatorios como de internación, para este tipo de problemáticas.
El núcleo más sensible de la reforma aparece en el rediseño del régimen de internaciones involuntarias. El Ejecutivo propone reemplazar el concepto actualmente vigente de “riesgo cierto e inminente” por el de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Según se explica en el mensaje parlamentario, esta modificación busca “una formulación más abarcativa y clarificadora” que evite dudas interpretativas por parte de los profesionales intervinientes.
La internación involuntaria continúa definida como un recurso terapéutico excepcional, pero se amplían y detallan los criterios de evaluación. El nuevo artículo 20 establece que, para su procedencia, debe adoptarse “un criterio situacional” que no se limite al estado psíquico al momento de la evaluación, sino que permita considerar hechos o ideaciones dañosas previas y la previsible evolución del cuadro si no se adopta la medida. Quedan excluidos expresamente los riesgos derivados de conductas que no estén condicionadas por una afección o trastorno de salud mental.
Además, se incorporan los artículos 20 bis y 20 ter, que precisan los requisitos formales de la internación involuntaria. Se exige el dictamen de al menos dos profesionales de distintas disciplinas —uno de ellos, psiquiatra— y se habilita, de manera excepcional, que un solo médico disponga la internación cuando no haya otro profesional disponible, siempre que la decisión sea revalidada por un equipo interdisciplinario en menos de 24 horas.
El control judicial también es reformulado. El juez deberá ser notificado en un plazo de 24 horas y contará con tres días para autorizar, requerir informes adicionales o denegar la internación. Incluso se prevé que el magistrado pueda ordenar la internación involuntaria si el servicio de salud se niega a efectuarla pese a estar cumplidos los requisitos legales. Al mismo tiempo, se aclara que el alta, la externación y los permisos de salida serán facultad del equipo de salud, sin necesidad de autorización judicial.
Otro punto relevante es la habilitación explícita de hospitales especializados en psiquiatría y de instituciones privadas para realizar internaciones de salud mental, que se incorporan formalmente a la red sanitaria. El texto establece que estas instituciones deberán contar al menos con dos dispositivos ambulatorios de inclusión comunitaria y advierte que rechazar pacientes por el solo hecho de tratarse de problemáticas de salud mental será considerado un acto discriminatorio.
La reforma se extiende al Código Civil y Comercial para asegurar coherencia normativa. Los nuevos artículos 41 y 42 incorporan el estándar de “riesgo grave de daño” como condición para la internación sin consentimiento y regulan el traslado de urgencia por parte de la autoridad pública. También se actualiza el artículo 59 sobre consentimiento informado, con precisiones específicas para situaciones de riesgo grave y urgencia médica.
Finalmente, el proyecto introduce cambios en la Ley Nº 26.827. Se dispone que las inspecciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en establecimientos donde haya personas con afecciones o trastornos de salud mental deberán realizarse “exclusivamente por un equipo interdisciplinario, integrado obligatoriamente por un médico psiquiatra”, tanto en el ámbito público como en el privado.
La bancada radical repudió la detención de la exsenadora y actual vicepresidenta del partido en La Rioja, a la que calificó de arbitraria e ilegal, y advirtió sobre el uso de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial como herramientas de hostigamiento político.
El bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical expresó este viernes su “más profundo y categórico repudio” a la detención de Inés Brizuela y Doria en La Rioja y denunció que se trató de un episodio de persecución política. A través de un comunicado, los legisladores señalaron que el procedimiento fue arbitrario e ilegal y que vulneró garantías constitucionales básicas.
Según la bancada radical, la detención de la exsenadora nacional y actual vicepresidenta del partido constituye “un gravísimo ataque” a la libertad de expresión y a las voces de oposición al gobierno provincial. En ese sentido, advirtieron que resulta inadmisible que, en plena democracia, se recurra a las fuerzas de seguridad y al aparato judicial con fines de hostigamiento político.
El pronunciamiento subrayó además que el operativo se habría basado en “órdenes verbales”, una modalidad que los senadores consideraron irregular y ajena a un Estado de derecho. Para el bloque, ese tipo de prácticas no solo carecen de sustento legal, sino que ponen en riesgo el funcionamiento de las instituciones democráticas.
Finalmente, los senadores radicales instaron a las autoridades a actuar con apego a la Constitución y a las normas vigentes, y expresaron su solidaridad tanto con Brizuela y Doria como con el pueblo riojano. “Ayer fue testigo de una de las peores caras de la política, aquella que pretende anular voces mediante el abuso de autoridad”, afirmaron en el texto.
Quién es Inés Brizuela y Doria
Inés Brizuela y Doria es una de las principales figuras de la Unión Cívica Radical en La Rioja y una dirigente con una trayectoria extensa en cargos legislativos, ejecutivos y partidarios. Abogada de formación, nació el 11 de abril de 1971 en Chilecito y desde muy joven se vinculó al radicalismo, partido con fuerte arraigo familiar en su historia personal.
Su recorrido institucional comenzó en el ámbito legislativo. Fue diputada nacional por La Rioja a partir de 2011 y, en paralelo, diputada provincial por el departamento Capital entre 2013 y 2017. En 2017 accedió al Senado de la Nación, donde representó a su provincia hasta 2019, y también integró el Consejo de la Magistratura durante ese período, una experiencia que consolidó su perfil en temas vinculados al sistema judicial y la defensa institucional.
En 2019 dio el salto al Ejecutivo municipal al ser electa intendenta de la ciudad de La Rioja, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo y poniendo fin a casi cuatro décadas de gestiones peronistas en la capital provincial. Su administración estuvo atravesada por tensiones políticas con el Gobierno provincial y por las dificultades derivadas de la pandemia, un contexto que marcó buena parte de su gestión entre 2019 y 2023.
Dentro del radicalismo, Brizuela y Doria ocupa un lugar relevante en la estructura partidaria nacional. En diciembre de 2023 fue elegida vicepresidenta primera del Comité Nacional de la UCR.
Un grupo de diputados oficialistas presentó un proyecto de ley para incorporar la enseñanza de la “Cuestión Malvinas” como asignatura obligatoria en los niveles primario y secundario del sistema educativo nacional.
Un grupo de diputados nacionales de La Libertad Avanza, encabezado por el fueguino Miguel Rodríguez, presentó un proyecto de ley que propone incorporar de manera obligatoria la asignatura “Cuestión Malvinas” en la currícula escolar de los niveles Primario y Secundario en todo el país.
La iniciativa establece que el abordaje educativo de la Causa Malvinas deberá contemplar los fundamentos históricos, geográficos y jurídicos del reclamo argentino, los antecedentes diplomáticos y resoluciones de los organismos internacionales, el conflicto bélico de 1982 y sus consecuencias, la importancia del reconocimiento a los veteranos y caídos, así como la relevancia estratégica, económica y geopolítica del Atlántico Sur.
Según el texto del proyecto, la enseñanza de la Cuestión Malvinas será entendida como un contenido integral y no meramente conmemorativo, con el objetivo de garantizar una formación sostenida que permita a los estudiantes comprender la magnitud política, histórica y soberana del reclamo argentino.
La autoridad de aplicación será el Consejo Federal de Educación, encargado de definir los lineamientos curriculares comunes, diseñar materiales pedagógicos específicos, promover la capacitación docente continua y fomentar la participación de veteranos de guerra y especialistas en actividades educativas. Al mismo tiempo, se prevé una implementación federal que respete las particularidades regionales de cada jurisdicción.
El proyecto invita también a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la iniciativa, dictando las normas reglamentarias necesarias para su efectiva aplicación en los sistemas educativos locales. La ley, de ser aprobada, entraría en vigencia a partir del ciclo lectivo siguiente a su reglamentación.
En los fundamentos, los autores sostienen que la Cuestión Malvinas constituye una causa histórica, política y moral del pueblo argentino, cuyo tratamiento responde a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que define la recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía como un objetivo permanente e irrenunciable.
Asimismo, remarcan que si bien existen antecedentes normativos y resoluciones del Consejo Federal de Educación que reconocen la enseñanza de Malvinas como contenido prioritario, su abordaje ha sido hasta ahora fragmentado e insuficiente dentro del sistema educativo. En ese sentido, consideran necesario dotar a la temática de un marco legal que garantice su incorporación sistemática y transversal.
“La educación cumple un rol central en la construcción de la identidad, la memoria y la conciencia soberana”, sostienen los legisladores, quienes destacan que la iniciativa no apunta únicamente a revisar un hecho histórico, sino a formar ciudadanos comprometidos con la defensa pacífica de los intereses nacionales y el respeto al derecho internacional.
El proyecto lleva las firmas de Santiago Pauli, Carlos Zapata, Nicolás Mayoraz, Giselle Castelnuovo, Adrián Brizuela, Sergio Figliuolo, Federico Pelli, Damián Arabia, Miriam Niveyro, Alida Ferreyra, Verónica Razzini, Virginia Gallardo, Johanna Longo y Atilio Basualdo, entre otros diputados del bloque libertario.
En momentos en que el Gobierno nacional anticipó el envío de un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental, un diputado de LLA presentó una iniciativa propia que propone cambios en los criterios de internación involuntaria y externación.
En el marco del debate abierto sobre la necesidad de actualizar la Ley de Salud Mental Nº 26.657, el diputado nacional de La Libertad Avanza Damián Arabia ingresó un proyecto de ley que modifica los artículos 20, 22 y 23 de la normativa vigente, orientado a precisar los alcances de la internación involuntaria y establecer mayores garantías en los procesos de externación.
La iniciativa se conoce en momentos en que el Gobierno nacional anunció que enviará próximamente al Congreso un proyecto propio para modificar la legislación en la materia, tras una serie de episodios de violencia asociados a pacientes con padecimientos mentales severos o consumos problemáticos.
El proyecto de Arabia propone redefinir el concepto de “riesgo cierto o inminente”, incorporando de manera expresa que se trata de situaciones que puedan desencadenar un daño que amenace o cause un perjuicio a la vida o a la integridad física de la persona o de terceros. En ese marco, se refuerza el carácter excepcional de la internación involuntaria, aunque se la habilita cuando no existan alternativas ambulatorias eficaces.
Entre los nuevos requisitos, se establece que la internación involuntaria deberá contar con el dictamen de dos profesionales de disciplinas diferentes, uno de ellos médico psiquiatra, sin vínculos personales ni económicos con el paciente; la acreditación de la inexistencia de otras alternativas terapéuticas; el informe sobre las instancias previas implementadas; y la comunicación inmediata a la autoridad judicial competente.
En cuanto a las garantías legales, el proyecto modifica el artículo 22 para ampliar el rol del defensor del paciente, permitiéndole no solo oponerse a la internación sino también a la externación, y solicitar ante el juez la medida terapéutica que considere más adecuada. El juzgado, en tanto, deberá habilitar el control permanente de las actuaciones por parte de la defensa.
Respecto del alta médica, la iniciativa mantiene la facultad del equipo de salud para disponer la externación sin autorización judicial previa, pero exige que esta decisión se adopte de manera inmediata una vez cesada la situación de riesgo que motivó la internación involuntaria. Quedan exceptuados de este régimen los casos comprendidos en el artículo 34 del Código Penal.
En los fundamentos, Arabia señala que la legislación vigente presenta “serias falencias” frente a situaciones de crisis extremas, y menciona episodios recientes de violencia protagonizados por personas con antecedentes psiquiátricos o adicciones, que derivaron en consecuencias fatales. Según el diputado, la ley actual no brinda herramientas eficaces para prevenir daños cuando la internación voluntaria resulta imposible.
Asimismo, destaca los reclamos reiterados de familiares y profesionales de la salud mental, quienes advierten sobre las dificultades para actuar de forma preventiva ante pacientes que representan un riesgo para sí mismos o para terceros, debido a la ambigüedad del concepto de riesgo inminente que hoy contempla la norma.
“El objetivo es proteger la vida, la integridad física y la dignidad del paciente, sin desatender la seguridad de su entorno y de la sociedad”, sostiene Arabia, quien considera que las modificaciones apuntan a armonizar el enfoque sanitario con el rol del sistema judicial, sin desnaturalizar el carácter terapéutico de la atención en salud mental.
El proyecto quedó registrado bajo el expediente 5863-D-2024 y se suma a otras iniciativas con estado parlamentario que buscan reformar distintos aspectos de la Ley de Salud Mental, en un debate que promete intensificarse con el ingreso de la propuesta oficial del Poder Ejecutivo.
La diputada nacional Claudia María Palladino invita a un encuentro para rescatar testimonios y experiencias de las enfermeras civiles que asistieron a combatientes durante el conflicto del Atlántico Sur, en el marco de un nuevo aniversario de la Gesta de Malvinas.
En el marco de las actividades conmemorativas por un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, la diputada nacional Claudia María Palladino encabezará el conversatorio “Recuerdos e historias de las enfermeras civiles del Hospital Naval Puerto Belgrano durante la guerra”, un espacio dedicado a poner en valor el rol que cumplieron estas trabajadoras de la salud durante el conflicto de 1982.
La actividad se realizará el lunes 20 de abril, a las 14, en el Salón Auditorio Dr. Ricardo Balbín – Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, ubicado en Avenida Rivadavia 1841, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro contará con entrada gratuita, con inscripción previa.
El conversatorio propone recuperar memorias y vivencias que durante muchos años permanecieron invisibilizadas, vinculadas a la tarea silenciosa y fundamental de las enfermeras civiles que prestaron servicio en el Hospital Naval Puerto Belgrano asistiendo a los heridos llegados desde el frente de combate.
Desde la organización destacaron que la iniciativa busca aportar a una mirada integral sobre la Gesta de Malvinas, incorporando voces y experiencias que forman parte de la historia reciente y de la construcción de la memoria colectiva, a través del testimonio directo de sus protagonistas.
La Casa Rosada pidió la intervención directa del máximo tribunal para dejar sin efecto la cautelar que suspendió más de 80 artículos de la ley, tras una presentación de la CGT. El Ejecutivo habla de “gravedad institucional” y cuestiona la competencia del juez que dictó el freno.
El Gobierno nacional decidió llevar la disputa por la reforma laboral directamente a la Corte Suprema de Justicia y presentó un recurso extraordinario de per saltum con el objetivo de revertir la suspensión de los principales artículos de la norma, dispuesta por un juzgado laboral a pedido de la Confederación General del Trabajo.
La estrategia apunta a acelerar los tiempos judiciales en uno de los capítulos centrales de la agenda económica del oficialismo. El planteo fue presentado por la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro, y busca que el máximo tribunal deje sin efecto la medida cautelar que frenó la aplicación de 82 artículos de la ley de modernización laboral sancionada por el Congreso.
La presentación recurría a una vía excepcional: el salto de instancia, que permite omitir tribunales intermedios y habilitar la intervención directa de la Corte cuando, según el planteo, está en juego una cuestión de gravedad institucional. Para el Ejecutivo, ese es precisamente el núcleo del conflicto.
En el escrito, el Gobierno sostuvo que el fallo del juez laboral Raúl Horacio Ojeda, de primera instancia, “compromete instituciones básicas del sistema republicano” al suspender con efectos generales una ley aprobada por el Poder Legislativo. A su entender, la decisión judicial excede el interés de las partes involucradas y avanza de manera indebida sobre competencias propias del Congreso.
El recurso también reclama que, con su sola presentación, tenga efecto suspensivo sobre la cautelar vigente. El argumento central es que cada día de aplicación del freno judicial genera un daño “irreparable” a nivel nacional, al mantener en suspenso una reforma que el Gobierno considera clave para modernizar el mercado de trabajo y brindar previsibilidad jurídica.
En esa línea, la Procuración del Tesoro remarcó que el juez Ojeda no era competente para dictar una medida de alcance nacional sobre una ley federal y cuestionó la existencia misma de un “caso, causa o controversia” que habilitara su intervención. El escrito también puso en duda la legitimación de la CGT para promover la acción colectiva y criticó la supuesta falta de fundamentación sobre la presunta inconstitucionalidad de la norma.
“El dictado de una medida cautelar con efectos erga omnes que suspende una ley del Congreso subvierte el régimen republicano de gobierno”, sostuvo el Gobierno en uno de los tramos más duros del planteo. Según la Casa Rosada, de no revertirse ese antecedente, quedaría abierto un precedente riesgoso para el conjunto del andamiaje legal.
La tensión judicial se da, además, en un contexto de puja de competencias entre fueros. En las últimas semanas, la jueza federal en lo contencioso administrativo Macarena Marra Giménez resolvió un conflicto de competencia y desplazó a la Justicia Nacional del Trabajo, al sostener que debía ser ese fuero federal el encargado de tramitar la acción impulsada por la CGT. Ese pronunciamiento dejó aún más en evidencia la fragmentación de criterios que rodea el futuro de la reforma.
Para el Ejecutivo, ese escenario refuerza la necesidad de una definición rápida y unificadora por parte de la Corte Suprema. Más allá del trasfondo técnico, la decisión del Gobierno de recurrir al per saltum coloca al máximo tribunal en una posición incómoda: deberá pronunciarse, de manera directa, sobre una de las leyes emblemáticas de la actual gestión y sobre los límites del control judicial frente a las decisiones del Congreso.
Mientras tanto, la reforma laboral continúa parcialmente congelada y su vigencia efectiva quedó atada a lo que resuelva la Corte. La apuesta oficial es clara: recuperar cuanto antes una pieza central de su programa económico, en medio de la resistencia sindical y de un frente judicial que, lejos de cerrarse, llegó ahora a la puerta del Palacio de Tribunales.
El presidente de la Cámara de Diputados encabezó un encuentro con integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa del Senado francés, en el que se abordaron el acuerdo Mercosur–Unión Europea, proyectos de cooperación militar, el escenario internacional y el proceso de reformas económicas en la Argentina.
En el marco de la agenda de diplomacia parlamentaria, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibió este jueves a una delegación del Senado de la República Francesa con el objetivo de profundizar el diálogo político y fortalecer la cooperación bilateral entre ambos países, en un contexto global atravesado por cambios en las alianzas estratégicas y las cadenas comerciales.
La comitiva estuvo encabezada por Cédric Perrin, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Fuerzas Armadas del Senado francés, quien destacó que Francia decidió poner especial atención en América Latina y consideró a la Argentina un socio relevante en la región. En ese sentido, subrayó el papel de la diplomacia parlamentaria para consolidar vínculos institucionales estables y sostenidos en el tiempo.
Uno de los ejes centrales de la reunión fue el análisis del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Los legisladores franceses remarcaron la necesidad de continuar generando consensos que permitan avanzar en instancias de entendimiento y cooperación económica, mientras que desde la delegación argentina se destacó el interés del Congreso en acompañar los procesos de integración regional y comercial.
La agenda incluyó además un apartado específico sobre defensa y seguridad. Los representantes franceses expusieron los lineamientos de la planificación estratégica de su país y manifestaron interés en ampliar la cooperación técnica con la Argentina, especialmente en proyectos de largo plazo vinculados a capacidades navales, innovación tecnológica y desarrollo industrial. En ese marco, se mencionó la reciente Ley de Programación Militar aprobada por Francia, que prevé inversiones por 413 mil millones de euros hasta 2030 para fortalecer áreas como la inteligencia artificial, los sistemas satelitales y las capacidades operativas.
Por parte de los diputados nacionales, se presentó ante la delegación francesa el panorama del proceso de reformas económicas impulsadas por el Gobierno argentino, con énfasis en el ordenamiento fiscal, la estabilización macroeconómica y la apertura comercial. También se remarcó el rol del Congreso en el acompañamiento legislativo de esos cambios y la búsqueda de generar un clima favorable para las inversiones y el desarrollo de los vínculos económicos bilaterales.
El intercambio se completó con un análisis de los principales desafíos globales, entre ellos los conflictos internacionales, la estabilidad energética y el crecimiento del crimen organizado transnacional. En ese punto, ambas partes coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación internacional para enfrentar problemáticas como el narcotráfico y otras amenazas comunes que afectan tanto a Europa como a América del Sur.
La delegación francesa estuvo integrada, además de Perrin, por las senadoras Catherine Dumas, Marie‑Arlette Carlotti y Gisèle Jourda, y los senadores Édouard Courtial y Pierre Médevielle, y contó con la participación del embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal. Por el lado argentino participaron los diputados Damián Arabia, Álvaro Martínez y Andrés Laumann, junto a la directora de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara baja, Luciana Términe.
El encuentro cerró con el compromiso compartido de seguir fortaleciendo la diplomacia parlamentaria como una herramienta clave para impulsar la cooperación bilateral y coordinar respuestas conjuntas frente a los desafíos del escenario internacional.
Representantes de la Confederación Nacional de Mutualidades expusieron en la Comisión de Asuntos Cooperativos de Diputados sobre el alcance del mutualismo, su aporte a la economía y las dificultades que atraviesan muchas entidades en el actual contexto.
Integrantes de la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM) expusieron este jueves ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales de la Cámara de Diputados, donde reclamaron la conformación de una mesa de trabajo con los legisladores para canalizar las problemáticas del sector y avanzar en propuestas legislativas.
La reunión fue encabezada por el diputado Aldo Leiva (UP) y contó con la participación de Rosa Beatriz Rodríguez, presidenta de la CONAM, y de Roberto José Liska, vocal de la entidad. Rodríguez abrió la exposición con un repaso del peso que tiene el mutualismo en el país y su inserción territorial. “En nuestro sector de economía social y solidaria, integrado por mutuales y cooperativas, tenemos en nuestras espaldas a 30 millones de habitantes de nuestro país y su grupo familiar. Somos la tercera economía del país, porque movemos un 9% del Producto Bruto Interno”, afirmó.
La titular de la Confederación sostuvo además que el mutualismo argentino tiene un reconocimiento que excede las fronteras nacionales. En ese sentido, enumeró los servicios que prestan las entidades del sector, que van desde la ayuda económica y la atención primaria de la salud hasta prestaciones de mayor complejidad, además de turismo y vivienda. “Nuestro mutualismo argentino es un ejemplo, trasciende fronteras”, remarcó.
Rodríguez destacó especialmente el rol que cumplen las mutuales en localidades pequeñas, donde muchas veces no llegan ni el mercado ni el Estado. “Tenemos mutuales pequeñas que están insertas en pueblos donde no llegan ni entidades comerciales ni tampoco puede llegar el Estado por falta de capacidad material o económica. Entonces nuestras entidades dicen presente, siempre dicen presente”, expresó ante los diputados.
En ese contexto, la presidenta de la CONAM pidió formalmente la creación de un espacio de trabajo conjunto con el Congreso. Señaló que las entidades suelen enfrentar dificultades en su relación con gobiernos provinciales y municipalidades y que un ámbito de diálogo institucional podría contribuir a destrabar esos conflictos. “Esa llegada que necesitamos con los órganos locales y provinciales es fundamental y tal vez desde este espacio podemos generar ese acercamiento”, planteó.
A su turno, Roberto José Liska reforzó el reclamo y puso el foco en el impacto de la situación económica sobre las mutuales. “Con la situación difícil que estamos pasando a nivel nacional, muchas de nuestras entidades mutuales están cerrando, lamentablemente”, advirtió, aunque subrayó una característica central del sector: “El mutualismo se autoabastece; no recibimos subsidio de ninguna clase, nos abastecemos con nuestra propia gestión”.
El vocal de la CONAM cerró su intervención con un llamado a avanzar en cambios normativos. “Estamos en condiciones de proponer leyes por regiones, por provincias. Venimos a hacer propuestas, no solamente reclamos: queremos mejorar las leyes que hay”, sostuvo ante la comisión.
Martín Menem encabezó una reunión con embajadores y cámaras empresarias de Noruega y Suiza, en la que se destacó el rol del Congreso en las próximas etapas del tratado de libre comercio y el atractivo del nuevo marco económico argentino para las inversiones.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibió este jueves a representantes diplomáticos y a referentes de cámaras de comercio de los países que integran la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), en un encuentro orientado a analizar el estado de las negociaciones del acuerdo entre ese bloque y el Mercosur y a reforzar el diálogo institucional de cara a su futura ratificación legislativa.
La reunión se realizó en el Salón de Honor del Palacio Legislativo y contó con la participación de los embajadores de Noruega y de Suiza en la Argentina, Halvor Sætre y Andrea Semadeni, respectivamente; del presidente de la Cámara de Comercio Noruego‑Argentina, Emilio Cafoncelli; y de su par de la Cámara Suizo‑Argentina, Fernando Bekes. También asistieron los diputados nacionales Damián Arabia y Andrés Laumann, ambos de La Libertad Avanza, junto a autoridades de Diplomacia Parlamentaria y funcionarios de las embajadas europeas.
Durante el encuentro, Menem remarcó la importancia del Parlamento en el acompañamiento institucional de los procesos de integración económica y señaló que el Congreso deberá intervenir cuando el acuerdo llegue para su tratamiento. Subrayó, además, la voluntad política de avanzar en conjunto y de consolidar un vínculo de largo plazo entre la Argentina y los países del bloque europeo.
Desde el plano diplomático, el embajador de Noruega destacó el carácter estratégico del acuerdo Mercosur‑EFTA, al considerar que no solo ampliará el intercambio comercial, sino que también abrirá oportunidades en materia de inversiones y cooperación tecnológica. En la misma línea, su par suizo puso el acento en el dinamismo del comercio bilateral y en el potencial de complementariedad entre ambas economías, con especial referencia a sectores como el minero, el químico y el farmacéutico.
Los legisladores presentes coincidieron en que el actual proceso de reformas económicas en la Argentina aparece como un factor clave para atraer capitales del exterior. Damián Arabia señaló que el país atraviesa “un momento importante” para proyectarse internacionalmente, mientras que Andrés Laumann sostuvo que el Gobierno avanza hacia reglas más previsibles, un aspecto central para la concreción del acuerdo.
Desde el sector empresario, Cafoncelli resaltó el impacto de instrumentos como la Ley Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, a los que definió como herramientas decisivas para el desarrollo de proyectos de gran escala. Bekes, en tanto, afirmó que existe un creciente interés de empresas suizas en expandir sus operaciones en la Argentina, siempre que se consolide un marco jurídico estable.
En el cierre, Menem reafirmó el compromiso del Congreso con el proceso de integración y sostuvo que el eventual tratado debe ser entendido como un punto de partida y no como una meta final. El encuentro se inscribe en una estrategia para difundir el alcance del acuerdo Mercosur‑EFTA y generar consensos políticos y productivos que faciliten sus próximas etapas de aprobación.
El máximo tribunal rechazó un planteo de la defensa por extemporáneo y dejó firme el avance de la causa contra la legisladora porteña, acusada de instigación al odio y actos discriminatorios. El expediente se originó por posteos realizados entre 2023 y 2024.
La Corte Suprema de Justicia destrabó el camino hacia el juicio oral contra la legisladora porteña Vanina Biasi al rechazar un recurso presentado por su defensa, por haber sido interpuesto fuera de los plazos legales. Con esa decisión, el máximo tribunal dejó firme la elevación a debate oral de la causa que investiga presuntos dichos antisemitas difundidos por la dirigente en redes sociales.
El fallo lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron la queja presentada por la defensa y ratificaron la inadmisibilidad del planteo anterior. De este modo, quedó expedita la instancia de juicio en el expediente que encuadra los hechos como “instigación a la violencia y actos discriminatorios”.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el fiscal federal Carlos Stornelli, con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) como querellante. El caso se centra en ocho publicaciones realizadas desde la cuenta verificada de Biasi en la red social X, entre noviembre de 2023 y enero de 2024, cuando la dirigente del Partido Obrero se expresó en el contexto del conflicto en Medio Oriente.
En primera instancia, el juez federal Daniel Rafecas procesó a la legisladora al considerar que los mensajes excedían el marco de la libertad de expresión protegida constitucionalmente y podían constituir una incitación al odio contra la comunidad judía. Esa resolución fue luego confirmada por la Cámara Federal porteña, que avaló el criterio del magistrado y sostuvo la continuidad del proceso penal.
La defensa de Biasi había insistido en que la causa implicaba una afectación a la libertad de expresión y había invocado la existencia de gravedad institucional, con la intención de que el caso fuera revisado por la Corte. Sin embargo, ese planteo no prosperó: el tribunal supremo entendió que el recurso extraordinario fue presentado fuera de término y, por lo tanto, no reunía las condiciones formales para ser analizado.
El expediente fue elevado a juicio a fines de diciembre pasado y quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. De avanzar el debate oral y en caso de una eventual condena, la legisladora podría enfrentar penas de hasta tres años de prisión, según lo previsto por la Ley 23.592, que sanciona los actos discriminatorios y la incitación al odio por motivos raciales o religiosos.
Con la decisión de la Corte Suprema, la causa quedó definitivamente encaminada hacia el juicio oral.
La iniciativa busca modificar la Ley Nacional de Tránsito para simplificar la circulación de la maquinaria agrícola, eliminar permisos considerados innecesarios y adecuar la normativa a las demandas del agro moderno, con el objetivo de reducir costos y mejorar la competitividad del sector.
La diputada nacional oficialista Mercedes Llano presentó un proyecto de ley que propone cambios en la Ley Nacional de Tránsito (N° 24.449) con el foco puesto en desburocratizar y simplificar la circulación de la maquinaria agrícola en todo el país. Según planteó, el régimen actual de permisos carece de impacto real en la seguridad vial y funciona como un mecanismo “meramente recaudatorio” que encarece la actividad productiva.
El eje central de la iniciativa es la creación de una categoría específica de “Maquinaria Agrícola” dentro de la normativa vigente. Esta modificación permitiría su libre circulación, siempre que cuenten con seguro obligatorio y sean operadas por personal idóneo, sin requerir las autorizaciones administrativas que hoy rigen y que, de acuerdo al proyecto, afectan la eficiencia y competitividad del sector.
La propuesta apunta a eliminar una serie de trámites que alcanzan tanto a la maquinaria autopropulsada como a los trenes agrícolas y al transporte en carretones. En la actualidad, esos procedimientos implican costos adicionales y cargas administrativas que, según Llano, resultan difíciles de controlar y no se traducen en mejoras concretas en materia de seguridad vial.
Otro de los puntos destacados del proyecto es la incorporación de mayor flexibilidad operativa. En ese sentido, se habilita la circulación nocturna de maquinaria agrícola bajo determinadas condiciones de seguridad, atendiendo a las necesidades propias de los ciclos productivos y a las dinámicas del trabajo rural.
La iniciativa también actualiza los estándares de seguridad vial, incorporando tecnologías disponibles en el sector, como sistemas de iluminación LED, señalización reflectiva y mejoras en los requisitos de visibilidad, con el objetivo de compatibilizar la actividad agrícola con una circulación más segura en rutas y caminos.
Finalmente, el proyecto busca reducir los costos logísticos y acompañar la evolución tecnológica del agro, ampliando los parámetros de traslado de la maquinaria y tomando como referencia experiencias internacionales que ya avanzaron en esquemas normativos más flexibles y adaptados a la producción moderna.
La Comisión de Acuerdos realizará este jueves la audiencia pública en la que el padre del ministro de Justicia defenderá su pliego para continuar cinco años más como juez de la Cámara Federal de Casación Penal, mientras también se analizarán ascensos de la carrera diplomática.
A partir de las 10 de este jueves, se realiza la audiencia pública prevista para que Carlos “Coco” Mahiques defienda su pliego para acceder a la prórroga por cinco años más en su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal.
La cita es en el Salón Illia del Senado, y los miembros de la Comisión de Acuerdos que preside el riojano Juan Carlos Pagotto se abocarán a examinar también pliegos diplomáticos.
“Coco” Mahiques cumplirá los 75 años, edad límite para ser juez establecida en la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 4), en noviembre próximo. Sin embargo, puede recurrir a un nuevo nombramiento por cinco años más, a propuesta del Poder Ejecutivo.
Al pliego se le dio ingreso formal en la sesión del 18 de marzo pasado, mientras que el 7 de abril culminó el plazo para recibir respaldos e impugnaciones a su candidatura, las cuales tendrá sobre la mesa la Comisión de Acuerdos, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto.
A continuación se presentarán los funcionarios de la categoría “B” Fausto Mariano López Crozet, Estela Fernanda Millicay Resquín, Santiago Adolfo Villalba Díaz, Fernando Brun, Manuel José Balaguer Salas y Federico González Perini, para quienes se solicita acuerdo para promover a la categoría "A" embajador extraordinario y plenipotenciario.
También estarán los funcionarios de categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase Francisco Fabián Tropepi, Juan Manuel Navarro, Martín Leonardo Soto, María Jimena Schiaffino, Juan Manuel Cortelletti, Natalia Soledad Gunski, Diego Hernán Boriosi, Pablo Antonio De Angelis, Silvina Khatcherian, Marcos Cristóbal Stancanelli, Débora Adriana Bandura, Guillermo Valentín Rodolico, Paulo Antonio Zappia, Gabriel Herrera, Pablo Ignacio Etcheverry, Pablo Javier Hartstein y Rafael Enrique González Alemán, para promover a la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase.
Se presentarán también los funcionarios de la categoría “D” consejero de embajada y cónsul general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Julia Geraldine Hoppstock, Gonzalo Ignacio Fernández Suárez, Lucas Andrés Gioja, Rodrigo Agustín Miranda, Cecilia Meirovich, Vanesa Andrea Romani, Leandro Martín Abbenante, Natalia Handrujovicz, Gustavo Rodolfo Adise y Sergio Adrián Kremer, María Jimena Rivero, Rodrigo Javier Conde Garrido, Daniela Beatriz Jaite, Mariel Cristina Ruffet, José Alberto Flores Velasco, Mariana Virginia Eyharchet, Paula Eugenia Favier, Bibiana Brest, María Mercedes Arbasetti-Sanz y María Daniela Lescano Molina para ser promovidos a la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase.
NOTICIA EN DESARROLLO
Uno de los pasajes más tensos del debate en comisiones por el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada lo protagonizaron la ministra bonaerense Daniela Vilar y la jefa del bloque de La Libertad Avanza, luego de que la funcionaria provincial vinculara el proyecto oficialista con la situación judicial de Cristina Kirchner y denunciara una entrega de soberanía.
El plenario sobre el proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada tuvo este miércoles un momento de fuerte tensión política a partir de un duro cruce entre la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Patricia Bullrich. El intercambio se desató cuando, al cerrar su primera intervención, la funcionaria bonaerense vinculó la iniciativa impulsada por el oficialismo con la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner.
La exposición de Vilar, que participó del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, se centró en cuestionar el alcance del proyecto del Gobierno nacional, al que acusó de responder a intereses externos y de afectar la soberanía. En ese marco, sostuvo que “se entiende por qué es necesario perseguir a determinados líderes”, y afirmó que con la expresidenta “libre” se defenderían el territorio y el patrimonio del país. “Esto lo pidió Estados Unidos, está escrito a la medida del FMI y del acuerdo bilateral con los Estados Unidos”, lanzó, antes de afirmar que para aprobar leyes de ese tipo “necesitan tener presa” a Cristina Kirchner.
Las declaraciones provocaron una reacción inmediata del oficialismo. La presidenta de la Comisión de Legislación General, Nadia Márquez, replicó que la expresidenta “no está presa por lo que piensa, está presa por corrupta”, y remarcó que su condena fue revisada por el máximo tribunal del país.
Pero quien lideró el contraataque político fue Bullrich, que expresó su malestar por el tenor de la intervención de la ministra bonaerense. “Una cosa es venir a hablar de una ley y otra es venir a hacer un panfleto político”, se quejó la jefa de la bancada oficialista. En ese sentido, recordó que la dirigente a la que Vilar salió a defender “llegó hasta la Corte Suprema de Justicia” y cuestionó que desde el kirchnerismo “no acepten la decisión del máximo tribunal”.
“Estamos en veredas enfrente”, sentenció Bullrich, al marcar las diferencias entre el oficialismo y el kirchnerismo, y aseguró que La Libertad Avanza busca “defender a los ciudadanos comunes”. Dirigiéndose a la funcionaria de Axel Kicillof, también apuntó contra la gestión bonaerense al advertir que la provincia de Buenos Aires registra “más usurpaciones que en el resto del país” y cuestionó qué políticas se están llevando adelante para enfrentar esa situación.
La presidenta de la Comisión de Legislación General, Nadia Márquez, interrumpió a un senador para dar una clase improvisada de gramática inclusiva, que terminó en risas, ironías y hasta promesas de un posible show musical compartido.
El debate en torno al proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada se extendió largamente este miércoles. Ya pasadas las 20, en el Salón Azul del Senado, la titular de la Comisión de Legislación General, Nadia Márquez, le dio la palabra al senador Fernando Salino, que la llamó “presidenta” y la neuquina lo interrumpió cuando iniciaba su intervención para recitarle algo que evidentemente traía preparado: “Perdón, las mujeres que no ven son ‘no videntes’, no ‘no videntas’; las mujeres que cantan son cantantes, no ‘cantantas’; entonces las que presiden son ‘presidentes’, no ‘presidentas’, porque ‘ente’ es el participio activo del verbo ‘ser’, y se conjuga como ‘ente’ o ‘ante’… Igual hable como quiera, porque el que quiere puede hablar bien, y el que quiere puede hablar mal”.
“No se haga ningún problema, no tengo ningún inconveniente, me parece bien que aclare”, se desentendió Salino, que le dio un toque de humor al momento al pedirle que “no se le ocurra cantar, no porque a mí no me guste…”. “Canto muy bien, canto muy bien”, aseguró Nadia Márquez, y Salino cerró: “Cuando usted quiera organizamos”.
Con la participación de organizaciones sociales, comunidades terapéuticas, funcionarios judiciales y especialistas de todo el país, la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico realizó su primera reunión informativa del año.
La Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, llevó adelante su primera reunión informativa con la participación —de manera presencial y virtual— de representantes de comunidades terapéuticas, federaciones y organizaciones sociales y de culto, instituciones especializadas y del Poder Judicial de todo el país.
El encuentro tuvo como eje avanzar en un diagnóstico integral sobre la situación actual de los consumos problemáticos en la Argentina y analizar el estado de las políticas públicas en un contexto de fuerte ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei. En ese marco, la presidenta de la comisión planteó como prioridades de trabajo para el año “el debate por un presupuesto adecuado, el impulso de una ley especial para las niñeces con consumos problemáticos, el desarrollo de campañas de prevención y la construcción de estrategias específicas para el abordaje del consumo en mujeres con hijos, con una mirada integral y con enfoque de derechos”.
En un encuentro que se prolongó casi cuatro horas, Tolosa Paz sostuvo que “no hay política seria en materia de adicciones sin inversión pública, sin articulación con las organizaciones y sin una mirada integral que cuide a nuestra gente”, y cuestionó el desfinanciamiento de programas clave.
Asimismo, remarcó que “no podemos seguir discutiendo políticas en abstracto mientras la realidad en los barrios se agrava. Necesitamos respuestas concretas, con presupuesto para el Sedronar y con una mirada que entienda que no todos los consumos ni todas las trayectorias son iguales”.
Agenda legislativa y desafíos
Vale destacar que la comisión cuenta actualmente con 26 proyectos en tratamiento correspondientes a los períodos 2025 y 2026, de los cuales 11 tienen a la comisión como cabecera. Se trata de una agenda transversal que articula salud, educación, seguridad, justicia y desarrollo social.
Entre los principales ejes se destacan la prevención de nuevas formas de adicción —como el juego online y el uso problemático de tecnologías—, el fortalecimiento del sistema de salud con estrategias de abordaje integral y reducción de daños, y la revisión de marcos normativos vinculados al narcotráfico, la regulación y el control.
Asimismo, se retomaron avances logrados en el período anterior, particularmente en proyectos vinculados a la ludopatía, que ya cuentan con media sanción.
Los expositores
Javier Silverman, de la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el tratamiento de Abuso de Drogas, abrió el juego hablando de la necesidad de lograr un “fortalecimiento” del sector. Se refirió a los “cortes de las cadenas de pagos, situaciones muy complejas… Vamos tapando con pequeños escarbadientes –ejemplificó–; sosteniendo instituciones, desde un tiempo a esta parte el sistema se ha ido destruyendo”.
“A veces, con la idea de abrir espacios nuevos hemos dejado de fortalecer lugares que funcionaban”, advirtió, señalando que “si no encontramos previsibilidad, es imposible sostener”. Habló también de las nuevas drogas que circulan, del alcohol como un problema grave, y de la ludopatía y adicciones a las tecnologías. “Nos encontramos con que hay un faltante enorme. Es un problema estructural que requiere que nos pongamos a trabajar”, señaló.
Silverman aclaró que “con esta Sedronar tenemos una buena relación; con la Sedronar que se fue también, pero no alcanza con eso”, aclaró.
“La gestión anterior hizo un montón de acciones, pero estamos siempre atrás: si no hay trabajo de prevención primaria, no hay trabajo desde el Ministerio de Educación, notamos que son acciones muy pobres”, amplió. Y luego de aclarar varias veces que no criticaba a la gestión actual, advirtió que “no pagan”. Eso sí, celebró que en el día de la fecha se había acreditado un pago del Sedronar. E insistió en que “no es una cuestión de esta gestión: desde el 94, que fue la última campaña, no se hizo nada” en materia de prevención.
Precisamente de la prevención habló el siguiente invitado, que aclaró que también es valiosa “la persecución de este delito”. Se trataba de José Ignacio Gerez, fiscal general de Neuquén, quien arrancó diciendo que “la droga es el gran problema que atraviesan hoy desde el punto de vista social los argentinos”.
Resaltó que en su provincia desfederalizaron el tema del narcotráfico, y en ese marco Neuquén se hizo cargo de combatir el microtráfico de droga. Así fue que se elaboró una ley que lleva más de un año de vigencia con excelentes resultados. “El microtráfico es el último eslabón de la cadena es el más dañino, porque es el que se inserta en el tejido social para dañarlo”, remarcó.
José Ignacio Gerez, fiscal general de Neuquén, quien concurrió invitado por la vicepresidenta primera de la comisión, Karina Maureira. (Fotos HCDN)
El fiscal aclaró que en Neuquén excluyeron la persecución penal al consumidor, al que dijo que hay que ayudar. “Lo hemos dejado afuera y nos interesa hacer una persecución penal selectiva. Eso
En Neuquén hemos excluido de la persecución penal al consumidor, al que hay que ayudarlo, lo hemos dejado afuera y nos interesa hacer una persecución penal selectiva. Eso nos permite atacar el crimen organizado”, apuntó el funcionario judicial.
A continuación, Adrián Abel Becerra, de Vientos de Libertad, señaló que cuando hay crisis económica, “el narcotráfico empieza a avanzar sobre el barrio, que lo empieza a sufrir y crecen exponencialmente las problemáticas de consumo”. En la crisis actual, continuó, “está pasando lo mismo”, aclarando que más que económica, esta es “una crisis humanitaria”.
Señaló que se naturalizó ver gente afectada por el consumo en la calle y llamó a “buscar la manera de cuidar los dispositivos existentes que dan respuestas que ni siquiera los servicios de atención pública pueden dar, por falta de recursos”.
En tanto, David De Piero, secretario de Salud Mental y Problemáticas del Consumo de Tierra del Fuego, explicó que “el uso de sustancias comienza cada vez a menor edad”, y al respecto detalló: “Un 20% del total de las consultas sobre salud mental, son por personas que buscan información sobre problemáticas de consumo, siendo el alcohol la principal sustancia”.
Pablo Vidal, representante de Familia Grande Hogar de Cristo, se refirió a los barrios populares, advirtiendo que “cualquiera que entienda de fondo el tema del narcotráfico sabe que si uno no urbaniza esos barrios y genera oportunidades” le deja lugar al narco. Puso como ejemplo la labor de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, en Rosario, con el Plan Bandera. “Uno de los barrios que era muy complicado lo financiaron con parte del FISU, porque tenía que ver con oportunidades para que entrara la ambulancia, para que no se quemaran las casas, temas de inseguridad”, dijo, para advertir luego sobre la pérdida de ciertos roles de autoridad. “En el mismo barrio pasan cosas que no pasaban –dijo–. Antes, cuando uno caminaba por el barrio, los chios tenían respeto y en ese momento dejaban de consumir, el transa dejaba de vender droga por un rato, porque había respeto por la institución y la autoridad. No p asa ya… Ahora, cuando salíamos a repartir comida, nos golpeaban el carro con las pistolas”.
En ese marco, invitó a los diputados a visitar los barrios populares, lo cual recibió la anuencia de Tolosa Paz, que reveló que tenían la intención de hacerlo, para “visibilizar la situación en esos barrios que están esperando la integración socio urbana”.
Claudio Grecco, especialista en adicciones, señaló que “es necesario ajustar los dispositivos terapéuticos porque el lóbulo frontal de los chicos que consumen está lastimado”. Y añadió: “No se puede desarrollar una Ley de salud mental, si no se entiende la evidencia científica de las adicciones”.
Además, expusieron Roberto Padilla, secretario de Estado de Prevención de Adicciones de la provincia de Misiones; Verónica Domínguez, directora de Atención Integral en Consumos Problemáticos de Neuquén; y referentes sociales y comunitarios como Miguel Velo (Opción de los Pobres), Betina Zubeldia (Madres Territoriales) y Alexia Díaz Guzmán (Casa Pueblo – Movimiento Evita), quienes coincidieron en la necesidad de avanzar en una nueva Ley de Salud Mental, fortalecer las políticas públicas con enfoque territorial y perspectiva de derechos —especialmente en niños, niñas y adolescentes—, y consolidar la articulación entre el Estado, la escuela y las organizaciones comunitarias.
Al comienzo de la reunión informativa, la diputada Fernanda Miño (UP) fue elegida para ocupar la Secretaría 1°, pendiente de designación.
Tuvieron dictamen tratados internacionales de cooperación penal y extradición suscriptos por gestiones anteriores con distintos países.
Foto: HCDN
En el marco de un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara baja y de Legislación Penal, se dictaminaron una serie de proyectos que aprueban tratados internacionales de vieja data, entre ellos tres tratados de extradición.
En este caso se trata de tratados suscriptos con Chile (en 2023), Polonia (2019) y Costa Rica (2019); en tanto que también se firmaron proyectos que aprueban tratados de asistencia jurídica mutua en materia penal con Serbia (2019) y Cuba (2021).
Por último, también aprobaron un tratado sobre traslado de personas condenadas o sujetas a medidas de seguridad entre la nuestro país e Italia, suscripto en la ciudad de Buenos Aires, el 8 de mayo de 2017.
En una breve reunión en la que no hubo oradores, la presidenta de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán (LLA), explicó que salvo el tratado de extradición con Chile, los otros proyectos contaban con la aprobación del Senado, cuyas comisiones de Relaciones Exteriores y de Legislación Penal habían emitido los dictámenes correspondientes, que al cambiar la constitución de las cámaras caducaron.
A continuación, la titular de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (LLA), recordó en el mismo sentido que el año pasado esa comisión también había emitido despachos que caducaron. “La presentación de tratados internacionales de cooperación no caduca, como lo hacen los proyectos de ley, que tienen un período determinado para que sean tratados. Estamos por eso aprobando hoy proyectos desde el año 2021, porque los tratados internacionales tienen capacidad administrativa parlamentaria de estar vigentes a pesar de haber cambiado la composición de la Cámara”, explicó la diputada cordobesa.
Mientras sus colegas firmaban los despachos, Rodríguez Machado destacó que lo que estaban tratando eran convenios que no habían sido suscriptos por la gestión actual, tratándose en cambio de dos del Gobierno de Alberto Fernández y el resto de la gestión de Mauricio Macri. “Quiere decir que estamos dándole entidad de ley a estos convenios internacionales necesarios”, concluyó.
Durante este plenario, en Relaciones Exteriores fueron nombrados por parte de Unión por la Patria Santiago Cafiero como vicepresidente primero, como así también Caren Tepp fue designada secretaria, en cargos que habían sido reservados por ese bloque. En Legislación Penal, a su vez, UP designó como secretario segundo a Ramiro Gutiérrez.
Lal secretaria general de la Presidencia prepara una puesta en escena para el informe del jefe de Gabinete del 29 de abril en Diputados: Manuel Adorni deberá confrontar con dureza a la oposición —en especial al kirchnerismo— para generar impacto mediático y correr del centro de la agenda la inflación y el estancamiento económico, mientras avanza una causa judicial que lo tiene bajo investigación.
Los romanos la llamaban “pan y circo” y esa es la estrategia que quiere Karina Milei, la dueña del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA), para el 29 de abril en la Cámara de Diputados, en el informe institucional del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien tiene la orden de ser el gladiador que ataque a la oposición, especialmente a los “kukas”.
Adorni -investigado por presunto enriquecimiento ilícito en una causa de alto e inesperado voltaje político- tiene un ejército de asesores en todas las áreas del Estado que tiene a su cargo el jefe de Gabinete, y sumó a analistas y consultores que lo aconsejan y couchean particularmente sobre cómo desenvolverse en la arena del “circo” (el recinto) de la Cámara de Diputados y hasta le enseñan chicanas para disparar con munición gruesa a la oposición, especialmente a los diputados kirchneristas y también de izquierda.
“Adorni hará la ‘gran Milei’; es decir, asumirá el mismo rol agresivo del jefe de Estado cuando el 1° de marzo en la Asamblea Legislativa atendió a los kirchneristas y legisladores de izquierda con especial dedicación e ironía para generar un espectáculo de gran impacto mediático”, susurran cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien -dicen- “confía” en las dotes discursivas del jefe de Gabinete y vocero presidencial.
“Sólo tiene que ajustarse al libreto, atacar y salir, atacar y salir rápido, sin entrar en el juego opositor”, agregan en el primer piso del área presidencial de la Casa Rosada.
La estrategia de distracción se enmarca y entronca en sintonía con la utilizada en el caso “Adorni Week”, en la que “El Jefe” habría armado una estrategia de estimulación en los medios oficialistas de publicación de las alternativas del hoy polémico viaje del funcionario a Nueva York (al que fue a “deslomarse”, según sus propias palabras), con el fin de amortiguar y sacar de la escena pública al affaire #Libra, causa judicial que lo involucra a ambos hermanos y que es la que los preocupa enormemente.
Y claro, también le viene ahora como “anillo al dedo” para sacar de las primeras planas nada menos que el tan temido aumento de la inflación y el estancamiento de la economía.
Hasta ahora, “El Jefe” mantiene a Adorni en su puesto a pie juntillas y diseñó la estrategia de “apoyarlo” con una o dos fotos semanales junto a ella o el jefe de Estado.
La pregunta que resuena en la Casa Rosada, en los pasillos lejanos al área presidencial, es qué sucederá la semana en la que no haya fotos ni ningún gesto ni señal positiva.
Algunos integrantes de la Mesa Política ya se empiezan a cuestionar hasta qué momento podrá seguir el apoyo si la causa judicial avanza y horada la imagen del Presidente, de Adorni -potencial candidato a jefe de Gobierno el año próximo- y de La Libertad Avanza, hoy favorita para ganar el año próximo.
Pero “El Jefe” acepta el perjuicio a costa de mantener la Adorni Week en los medios y redes sociales, cuales ventilan las vicisitudes judiciales y hasta algunas privadas del funcionario, e incluso lo ridiculizan con memes y chistes pesados.
En medio de la polémica por créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a dirigentes políticos, presentaron un proyecto para prohibir que funcionarios y legisladores nacionales accedan a créditos y beneficios financieros estatales mientras ejerzan sus cargos. La iniciativa busca prevenir conflictos de intereses, evitar privilegios y resguardar la confianza pública mediante una incompatibilidad ética temporal.
En medio de la controversia desatada por la difusión de créditos hipotecarios otorgados por el Banco de la Nación Argentina a funcionarios, legisladores y dirigentes políticos, un diputado del bloque Unión por la Patria presentó un proyecto de ley que propone prohibir el acceso a créditos y beneficios financieros estatales a funcionarios y legisladores nacionales mientras se encuentren en ejercicio de sus cargos.
La iniciativa presentada por Marcelo Mango apunta a prevenir conflictos de intereses, evitar situaciones de privilegio y resguardar la confianza pública, estableciendo una incompatibilidad ética temporal para quienes ejercen cargos electivos nacionales y funciones jerárquicas en el Poder Ejecutivo. El proyecto alcanza tanto a legisladores como a ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades superiores de organismos descentralizados, empresas estatales y entes con participación estatal mayoritaria.
El texto establece que, durante el ejercicio de la función pública, los sujetos alcanzados no podrán solicitar ni acceder a créditos, préstamos, líneas de financiamiento, refinanciaciones, subsidios de tasa o cualquier otro beneficio financiero otorgado por bancos públicos o programas administrados, subsidiados o promovidos por el Estado nacional. La prohibición incluye también el acceso indirecto, a través de terceros o de personas jurídicas sobre las que ejerzan control o influencia decisiva.
Asimismo, el proyecto dispone que las solicitudes de crédito pendientes quedarán suspendidas hasta el cese efectivo de la función pública, y que las operaciones ya aprobadas y desembolsadas no podrán ser ampliadas ni mejoradas mientras dure el mandato. Cualquier acto administrativo que viole estas disposiciones será considerado nulo de nulidad absoluta, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran corresponder.
En los fundamentos, el autor de la iniciativa subrayó que la discusión excede el plano penal o reglamentario y se inscribe principalmente en el terreno ético e institucional. “Aun cuando las operaciones se ajusten formalmente a una normativa vigente, la sola circunstancia de que funcionarios y legisladores accedan a créditos otorgados por una banca estatal bajo la órbita del propio Estado que administran genera una lesión objetiva a la confianza pública”, planteó.
El proyecto alude explícitamente a las recientes informaciones periodísticas y a las denuncias judiciales presentadas en relación con créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios del Gobierno nacional. Si bien remarca que será la Justicia la encargada de determinar eventuales responsabilidades penales, sostiene que la apariencia de trato preferencial o beneficio derivado del cargo resulta incompatible con los principios republicanos, aun cuando no se configure un delito.
“La democracia representativa exige no sólo legalidad, sino también ejemplaridad”, señala el texto, al tiempo que advierte que el acceso de funcionarios del poder a herramientas financieras estatales erosiona la credibilidad institucional y proyecta una sospecha de privilegio sobre todo el sistema político.
La iniciativa del diputado rionegrino se presenta como complementaria de la Ley de Ética Pública y aclara que no implica una privación definitiva del acceso al crédito, sino una restricción proporcional y razonable, limitada al tiempo de ejercicio de la función y circunscripta exclusivamente a instrumentos financieros del Estado.
Con este proyecto, desde Unión por la Patria se busca instalar un debate de fondo sobre los límites éticos del ejercicio del poder y la necesidad de separar de manera nítida el interés público del beneficio privado, en un contexto de fuerte sensibilidad social frente a los privilegios de la dirigencia política.
El titular de la Cámara de Diputados mantuvo un encuentro con el mandatario de la República Checa en el marco de la diplomacia parlamentaria. El fortalecimiento del vínculo bilateral, el acuerdo Mercosur–Unión Europea y el convenio de doble imposición formaron parte del eje de la reunión.
En el marco de la agenda de diplomacia parlamentaria, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, recibió en el Salón de Honor al presidente de la República Checa, Petr Pavel, en una visita orientada a profundizar las relaciones bilaterales y avanzar en acuerdos estratégicos entre ambos países.
El encuentro se inscribió en los avances vinculados al Acuerdo Mercosur–Unión Europea y al Convenio de Doble Imposición, dos instrumentos que ambas partes consideraron centrales para fortalecer el comercio, fomentar la inversión y ampliar la cooperación económica y política.
Durante la reunión, Menem destacó la solidez del vínculo entre Argentina y la República Checa y subrayó los valores compartidos en materia de democracia, libertad e innovación. En ese sentido, afirmó que la visita del mandatario europeo “expresa con claridad el valor que su país le otorga a los vínculos duraderos” y señaló que ambas naciones se reconocen como socios estratégicos con una visión común de progreso.
El titular de la Cámara baja remarcó además el rol del Congreso en la construcción de marcos normativos que brinden previsibilidad y confianza, y sostuvo que el acercamiento bilateral no solo favorece el intercambio empresarial, sino que también abre oportunidades para el desarrollo de proyectos conjuntos en áreas estratégicas.
Por su parte, el presidente Petr Pavel agradeció la bienvenida y destacó la afinidad política e institucional entre ambos países. “Estamos distantes geográficamente, pero unidos en ideas, en la defensa de la democracia, la libertad y los valores”, expresó, al tiempo que llamó a profundizar los vínculos políticos y comerciales y a ampliar la cooperación en ciencia, tecnología y exploración espacial.
El mandatario checo también valoró el estado de avance del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y manifestó su expectativa de que pueda concretarse en el corto plazo. En la misma línea, subrayó la importancia del convenio de doble imposición como una herramienta clave para potenciar el intercambio económico y generar condiciones más favorables para las inversiones.
Del encuentro participó además la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Juliana Santillán Juárez Brahím, quien resaltó la relevancia de la diplomacia parlamentaria como complemento de la política exterior y como espacio para consolidar vínculos institucionales entre los Estados.
La visita de Petr Pavel se suma a una serie de iniciativas impulsadas desde el Congreso para fortalecer la proyección internacional de la Argentina y consolidar alianzas estratégicas basadas en valores compartidos y una agenda común de desarrollo económico, científico y político. También participaron de la reunión la embajadora de la República Checa en la Argentina, Jarmila Povejšilová; el embajador argentino en la República Checa, Claudio Rozencwaig; y diputados nacionales de La Libertad Avanza.
El gobernador de Entre Ríos expuso la visión estratégica de la provincia en el AmCham Summit y reclamó una reforma coordinada del sistema impositivo. Destacó el rol de las provincias en el desarrollo federal, la atracción de inversiones y el respaldo a la estabilización macroeconómica del Gobierno nacional.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó este martes de una nueva edición del AmCham Summit, la jornada de negocios organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, donde expuso la mirada estratégica de su provincia en el debate sobre desarrollo federal, competitividad e inversiones. En ese marco, sostuvo que “es imperativo un nuevo acuerdo fiscal federal” y reclamó avanzar en la eliminación del impuesto al cheque, al que calificó como uno de los tributos distorsivos que afectan la actividad económica.
Bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”, el encuentro se realizó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y reunió a empresarios, funcionarios públicos y referentes académicos para debatir los desafíos y oportunidades del crecimiento económico a nivel nacional. Frigerio compartió el panel con los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, con quienes analizó el rol de las provincias como protagonistas del desarrollo federal y las estrategias para fortalecer las economías regionales.
Durante su exposición, el mandatario entrerriano recordó el acuerdo fiscal firmado en 2017, del que fue partícipe, y consideró necesario “reflotar esa idea”. En ese sentido, propuso una baja coordinada de impuestos entre los distintos niveles del Estado: “La Nación debería bajar y eliminar el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones; las provincias, Ingresos Brutos; y los municipios, tasas que en muchos casos se parecen a impuestos”, afirmó.
El debate estuvo estructurado en torno a cuatro ejes clave: inserción internacional, estrategia productiva, condiciones para las inversiones y federalismo. En relación con el escenario global, Frigerio destacó el impacto positivo para las provincias argentinas del acuerdo Mercosur–Unión Europea y de la alianza estratégica con Estados Unidos, y remarcó la necesidad de profesionalizar la gestión pública provincial para acompañar al sector privado.
En ese punto, mencionó la adhesión de Entre Ríos al RIGI nacional y la creación del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), que contempla exenciones impositivas por 15 años para nuevos proyectos. “Aprovechar este escenario internacional requiere una coordinación muy importante con el gobierno nacional y un trabajo articulado para traducir estas condiciones en inversión y empleo”, subrayó.
Al referirse a la estrategia productiva, el gobernador remarcó que “lo más importante para un gobierno es tener un norte claro”, y situó como eje central de su gestión la generación de empleo privado. En ese marco, señaló la necesidad de aprovechar ventajas comparativas, incorporar nuevas tecnologías, desarrollar la industria del conocimiento y fortalecer cadenas de valor para mejorar los salarios.
En materia de atracción de inversiones, Frigerio puso el acento en la confianza, construida —según sostuvo— a partir del cumplimiento de compromisos, una justicia independiente y el orden fiscal, que permitió reducir la deuda provincial a la mitad en términos de ingresos. También enumeró incentivos como el acceso a energía a costos competitivos, el uso de créditos del CFI, fondos de garantía recíproca, inversiones en infraestructura y alivio impositivo en Ingresos Brutos y sellos.
En el cierre de su exposición, Frigerio trazó una definición política al señalar que el desarrollo provincial depende del acompañamiento al Gobierno nacional en su objetivo central de estabilización macroeconómica. “Nosotros estamos siempre aportando y apoyando a que el gobierno logre su objetivo más importante. De la mayoría de las otras cosas nos vamos a ocupar nosotros”, afirmó, al proponer un esquema de trabajo que refuerce el desarrollo productivo federal desde las provincias.
En su discurso ante el AmCham Summit, el presidente Javier Milei denunció un “ataque destituyente” desde el Congreso, atribuyó a la actividad parlamentaria parte de la inestabilidad económica de 2025 y aseguró que no frenará el ajuste, la desregulación ni las reformas estructurales, aun frente a la resistencia legislativa.
En su exposición ante empresarios reunidos en el AmCham Summit 2026, el presidente Javier Milei dedicó un tramo central de su discurso a cuestionar el rol del Congreso durante el último año y a reafirmar que su programa de reformas no se detendrá por la presión parlamentaria. En un tono confrontativo, el mandatario sostuvo que desde mediados de 2025 el oficialismo enfrentó un “ataque al corazón del modelo”, impulsado a través de iniciativas legislativas que, según afirmó, buscaron romper el equilibrio fiscal.
Milei aseguró que “pasaron más de 40 leyes por el Congreso intentando romper el equilibrio fiscal” y advirtió que ese contexto de confrontación institucional fue uno de los factores que agravó la inestabilidad macroeconómica del segundo semestre del año pasado. Sin mencionar proyectos puntuales, el Presidente presentó la disputa legislativa como parte de un escenario de alta volatilidad política que, en su diagnóstico, incluyó intentos de desestabilización del Gobierno.
Según Milei, “Argentina, desde mediados del año pasado, tuvo que enfrentar dos shocks de características descomunales. Es más, en el mes de mayo del año pasado la inflación había llegado a tocar el 1,5% Luego de eso cuando Manuel (Adorni) hizo esa extraordinaria elección en la ciudad de Buenos Aires, que nos permitió ganar dicho lugar contra todo pronóstico, lo más interesante es que a partir de ese momento comenzó un ataque feroz por parte de la política, un ataque destituyente, un ataque al corazón del modelo donde en el Congreso pasó más de 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal. No lo lograron”.
En ese marco, el jefe de Estado volvió a vincular la labor parlamentaria opositora con la caída en la demanda de dinero, el aumento del riesgo país y la suba de las tasas de interés, y sostuvo que los debates legislativos en torno al gasto público y el financiamiento estatal tuvieron efectos directos sobre las expectativas económicas. “No fue gratis el ataque especulativo y el intento de la política de generar un golpe”, afirmó, en referencia al período posterior a las elecciones provinciales de 2025.
Lejos de enviar señales de moderación, Milei utilizó el escenario empresario para ratificar que su relación con el Congreso seguirá marcada por la confrontación. Remarcó que el Gobierno no aceptará flexibilizar la política fiscal ni monetaria para facilitar acuerdos políticos ni mejorar el clima legislativo. “La motosierra no se detiene”, sentenció, y reveló que dio instrucciones explícitas a su gabinete para profundizar el ajuste del gasto público, aun frente a nuevos intentos parlamentarios por revertirlo.
El Presidente también deslizó críticas al denominado “círculo rojo” y a sectores políticos que, según dijo, promueven un relajamiento de las políticas económicas con fines electorales. En ese sentido, rechazó de plano cualquier negociación legislativa basada en la idea de intercambiar reformas por expansión del gasto o mayor intervención estatal. Para Milei, ceder en ese terreno implicaría “mentirle a la gente” y dañar irreversiblemente la credibilidad del Gobierno.
En la parte final de su discurso, el mandatario dejó en claro que no condicionará su agenda legislativa a la permanencia en el poder. Aseguró que su Gobierno no busca “eternizarse” y que está dispuesto a asumir el costo político de sostener un programa de reformas que, en muchos casos, choca con mayorías adversas en el Congreso. “No vamos a movernos un ápice de este camino”, insistió, al tiempo que planteó la aprobación o el rechazo parlamentario como una responsabilidad exclusiva de los legisladores.
Así, ante un auditorio empresario, Milei reafirmó que la relación con el Poder Legislativo seguirá atravesada por un esquema de tensión estructural, con un Ejecutivo decidido a avanzar en su programa económico aun sin consensos amplios. El mensaje, implícitamente, fue también hacia el Congreso: las reformas seguirán en carpeta y el conflicto político será asumido como parte del rumbo elegido por el Gobierno.
El diputado nacional salteño presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique los cambios en el esquema de pagos a médicos de cabecera del PAMI. Aseguró que la Resolución 1107/2026 implica un retroceso que puede afectar el acceso a la salud de más de cinco millones de jubilados.
Tras el dictado de la Resolución 1107/2026 del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el diputado nacional Bernardo Biella Calvet formalizó un duro pedido de informes ante la Cámara de Diputados dirigido al presidente Javier Milei. En su presentación, el legislador alertó sobre las consecuencias sanitarias y estructurales que, a su criterio, genera el nuevo esquema de pagos a los médicos de cabecera, al que definió como una decisión de carácter estrictamente fiscal.
Para el diputado, la medida adoptada por el PAMI debilita uno de los pilares centrales del sistema de atención. En los fundamentos del proyecto, subrayó que el médico de cabecera “constituye el eje que vertebra el modelo asistencial del Instituto”, por lo que consideró indispensable fortalecer su rol mediante condiciones laborales y económicas adecuadas. En ese sentido, advirtió que el recorte de incentivos no solo perjudica a los profesionales, sino que pone en riesgo el funcionamiento integral del sistema.
Biella Calvet remarcó además el perfil de la población asistida y la falta de alternativas ante un eventual deterioro del servicio. Señaló que la mayoría de los afiliados son personas mayores con enfermedades crónicas y con jubilaciones mínimas que les impiden recurrir a otros prestadores. “Se trata de un universo de extrema vulnerabilidad”, sostuvo, al tiempo que alertó que cualquier interrupción en la atención puede derivar en consecuencias graves para la salud de los beneficiarios.
Uno de los puntos centrales del cuestionamiento es la fijación de la cápita en apenas 2.100 pesos. Según el diputado, ese valor fue establecido sin fundamentos técnicos claros, lo que permite inferir que la decisión responde exclusivamente a una lógica de ajuste presupuestario. A su entender, el nuevo esquema elimina la consulta presencial como fuente de ingreso, lo que genera un retroceso significativo en la economía de los médicos y desincentiva la atención directa de los pacientes.
El legislador también advirtió que el sistema obliga a los profesionales a absorber una mayor cantidad de prestaciones dentro de un pago fijo, sin ningún tipo de compensación. Ese escenario, afirmó, incrementa la sobrecarga laboral y afecta la calidad del servicio. En ese marco, alertó que la combinación de bajos ingresos y mayores exigencias puede derivar en renuncias masivas de médicos de cabecera, lo que impactaría de forma directa en el acceso al sistema por parte de los jubilados y pensionados.
En su presentación, Biella Calvet hizo hincapié en la situación financiera del PAMI y en la acumulación de deudas con prestadores, además de la falta de insumos básicos en distintas regiones del país. Según expresó, la política de recortes sistemáticos expone a los pacientes a situaciones de riesgo ante la posible interrupción de tratamientos, especialmente en casos de patologías crónicas que requieren seguimiento permanente.
Finalmente, el diputado calificó a la Resolución 1107/2026 como una decisión inconsulta y reclamó su revisión urgente. Sostuvo que la medida no es puntual ni coyuntural, sino que revela un problema estructural del sistema de salud para adultos mayores. “No se están adoptando las respuestas urgentes ni las políticas públicas que exigen los cambios sociales”, concluyó, y reclamó que el Poder Ejecutivo brinde explicaciones claras sobre el rumbo que se pretende para la atención sanitaria de los jubilados.
Con casi 500 participantes y bajo el lema “Anfitriones del Futuro”, la Fundación Pensar reunió a la cúpula del Pro en La Rural. María Eugenia Vidal marcó el tono político del encuentro y, en reserva, el espacio dejó una definición sobre la situación de Manuel Adorni.
Bajo el slogan “Anfitriones del Futuro”, la Fundación Pensar llevó a cabo su tradicional cena anual en La Rural, en una puesta en escena que funcionó como demostración de fuerza política del Pro y como señal clara de su intención de seguir siendo un actor central del escenario nacional.
El evento convocó a casi 500 participantes, empresarios, dirigentes sociales, legisladores y referentes del espacio, entre ellos el ex presidente Mauricio Macri, la exgobernadora bonaerense y presidenta de la fundación María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y el titular del bloque de Diputados del Pro, Cristian Ritondo.
El discurso con mayor contenido político estuvo a cargo de Vidal, quien buscó despejar versiones sobre el rol actual del partido. “El Pro está lleno de presente”, afirmó, para luego proyectar un mensaje a mediano y largo plazo: “Siempre apostamos al futuro. Queremos ser anfitriones del futuro y estamos formando futuros líderes públicos”.
En esa línea, la dirigente aseguró que se encuentra trabajando en una agenda programática con horizonte a diez años. “Estamos pensando en lo que la Argentina necesita para la próxima década. Queremos ser protagonistas del próximo paso: de la estabilidad al desarrollo, una estabilidad que permita que el desarrollo sea para siempre”, sostuvo.
Jorge Macri, por su parte, destacó los ejes de su gestión al frente del Gobierno porteño y los cambios implementados en estos primeros meses, en un mensaje orientado a mostrar capacidad de gestión y continuidad territorial del Pro.
Santiago Siri, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Jorge Macri.
Más allá de los discursos públicos, el clima político también se coló en los pasillos. Distintas figuras del espacio evitaron cuestionamientos explícitos al Gobierno nacional, pero no esquivaron el análisis sobre la situación del exvocero presidencial Manuel Adorni. Puertas adentro, el diagnóstico fue coincidente: “El Gobierno tiene que resolver su problema y tiene las herramientas para hacerlo”, señalaron.
La organización del evento estuvo a cargo del equipo de Vidal y tuvo como eje temático la inteligencia artificial, la innovación y el desarrollo. En ese marco, el especialista en tecnología Santiago Siri mantuvo una charla con Mauricio Macri, centrada en los desafíos que plantea la IA y la necesidad de establecer regulaciones claras.
El ex mandatario se refirió a su experiencia personal con los riesgos de estas tecnologías y recordó un episodio del año pasado, cuando circuló un video generado con inteligencia artificial que simulaba la baja de una candidata del Pro en la Ciudad. “La IA abre oportunidades enormes, pero también exige reglas”, subrayó.
En los históricos salones de la Sociedad Rural de Palermo, la cumbre reunió además a legisladores nacionales como Cristian Ritondo, Martín Ardohain, Fernando de Andreis y Florencia De Sensi, al senador nacional Martín Göerling Lara, y a los senadores provinciales Pablo Petrecca y Alex Campbell. También participaron referentes históricos del partido como Guillermo Dietrich, Francisco Quintana, Fulvio Pompeo, Eugenio Burzaco, Juan Curutchet y Jorge “Corcho” Anzorregui, entre otros.
La foto final dejó un mensaje político claro: el Pro busca exhibir orden interno, agenda propia y vocación de futuro, mientras redefine su posición frente a un oficialismo con el que mantiene una relación de apoyo crítico y límites bien definidos.
En sintonía con una iniciativa que avanza en el Senado, la propuesta presentada en Diputados busca modificar el artículo 245 del Código Penal y equiparar el castigo de la falsa denuncia con la gravedad del delito imputado. El proyecto apunta a desalentar acusaciones dolosas y reabrir el debate sobre su impacto en el sistema judicial.
Mientras en la Cámara alta avanza un proyecto de la senadora Carolina Losada contra las falsas denuncias, que ya cuenta con dictamen, en Diputados un legislador de La Libertad Avanza presentó una iniciativa de contenido similar, con el objetivo de endurecer las penas previstas para quienes denuncien delitos inexistentes de manera deliberada. La propuesta reaviva una discusión sensible, en la que se cruzan la protección frente a acusaciones falsas, el funcionamiento del sistema penal y las garantías de acceso a la Justicia.
El proyecto, encabezado por el diputado Álvaro Martínez junto a otros integrantes del bloque libertario, propone modificar el artículo 245 del Código Penal. En lugar de la pena actualmente vigente —de dos meses a un año de prisión o multa—, habilita al juez a aplicar una sanción proporcional a la del delito falsamente denunciado, con una reducción en la escala mínima y máxima. De este modo, quien imputara en forma dolosa un hecho grave podría enfrentar una pena significativamente mayor que la actual.
En los fundamentos, los autores sostienen que existe una “desigualdad palmaria” entre el riesgo que corre una persona falsamente acusada y las consecuencias casi inexistentes para quien formula la denuncia. Señalan que en delitos con penas elevadas, como homicidios o abusos sexuales agravados, la mera imputación puede llevar a procesos largos, prisión preventiva y daños irreversibles, aun cuando luego no se pruebe el hecho. Frente a ese escenario, consideran que el castigo previsto para la falsa denuncia resulta desproporcionadamente bajo.
La iniciativa pone el acento en el componente doloso de la conducta. Para que se configure el delito, remarcan, debe acreditarse que el denunciante actuó sabiendo que el hecho era falso. Los legisladores reconocen que esa prueba no siempre es sencilla, pero advierten que la ausencia práctica de consecuencias alienta el uso del sistema penal con fines ajenos a la búsqueda de justicia, como venganzas personales o disputas privadas.
El texto también cuestiona ciertas dinámicas judiciales actuales. En particular, menciona que en algunos tipos de delitos se avanza con imputaciones severas aun con evidencias débiles o de carácter subjetivo, mientras que las denuncias falsas rara vez son investigadas con la misma intensidad. Esa asimetría, afirman, erosiona la confianza pública y desvía recursos del Estado hacia causas inexistentes, en detrimento de la persecución de delitos reales.
Los autores del proyecto reconocen una de las principales objeciones a este tipo de reformas: el temor a que una agravación de penas desaliente a víctimas genuinas a denunciar, especialmente en casos complejos donde la prueba es difícil de obtener. Sin embargo, sostienen que el eje está puesto en la intencionalidad y no en el resultado del proceso, y que una denuncia realizada de buena fe no debería dar lugar a sanción alguna.
La presentación en Diputados se inscribe así en una agenda legislativa más amplia. Con el proyecto de Losada avanzando en el Senado y una iniciativa análoga en la Cámara baja, la cuestión de las falsas denuncias vuelve a ocupar un lugar central en el debate penal. El desafío será encontrar un equilibrio entre desalentar abusos del sistema y preservar el derecho de las víctimas a recurrir a la Justicia sin temor a represalias.
La diputada propone un marco normativo inédito en el país para la biología molecular, la investigación biomédica y las terapias avanzadas. El proyecto combina promoción científica, resguardos éticos y bioseguridad, con fuerte énfasis en la soberanía tecnológica y la protección de derechos.
La diputada nacional Marcela Pagano presentó en la Cámara baja un ambicioso proyecto de ley que busca establecer, por primera vez en la Argentina, un marco jurídico integral para la biología molecular, la biotecnología avanzada y la investigación biomédica. La iniciativa apunta a ordenar un sector clave para el desarrollo científico y productivo del país, hasta ahora regulado de manera fragmentada, y a fijar reglas claras tanto para la innovación como para la protección de los derechos de las personas.
El texto abarca desde la investigación básica hasta la aplicación clínica de terapias génicas y celulares, pasando por la regulación de biobancos, la edición génica, la biología sintética y el tratamiento de datos genómicos. Uno de los ejes centrales es el reconocimiento de la información genética como un dato personal sensible, con protección reforzada, y la prohibición explícita de cualquier forma de discriminación genética en ámbitos laborales, educativos o de seguros.
El proyecto también introduce una definición novedosa: declara a la diversidad genética de la población argentina como un patrimonio colectivo de interés público. En ese marco, se establecen límites estrictos a la apropiación privada de información genómica agregada y se incorpora una cláusula específica para evitar transferencias masivas de datos genéticos a actores extranjeros que puedan afectar la soberanía nacional. Al mismo tiempo, se mantiene la titularidad individual de los datos genómicos, garantizando el consentimiento informado, el derecho a revocar autorizaciones y el llamado “derecho al olvido genómico”.
En materia institucional, la iniciativa propone una arquitectura compleja. Designa al Ministerio de Ciencia y Tecnología como autoridad de aplicación, pero introduce un principio de “separación funcional” entre las áreas que regulan y las que promueven o financian, con el objetivo de evitar conflictos de interés. Asimismo, crea una Comisión Nacional de Biología Molecular y Biotecnología Avanzada como órgano asesor independiente, con participación de científicos, organismos estatales, universidades, provincias y el sector productivo.
Otro punto destacado es la incorporación de mecanismos para agilizar la innovación sin relajar los controles. El proyecto prevé plazos máximos para dictámenes técnicos, con esquemas de silencio administrativo positivo para actividades de bajo riesgo, y la creación de un “sandbox regulatorio” que permita probar desarrollos biotecnológicos en entornos controlados antes de su aprobación definitiva. Para la diputada, esta combinación busca evitar tanto la parálisis burocrática como los atajos regulatorios.
La ley también tiene un fuerte componente de política científica y desarrollo económico. Contempla la creación de un fondo nacional específico para financiar investigación, formación de recursos humanos y capital semilla para startups biotecnológicas, además de incentivos fiscales y programas para repatriar investigadores. En esa línea, habilita la creación de Zonas Biotecnológicas Especiales, con beneficios regulatorios y tributarios, pero acompañadas por un fondo de compensación para reducir desigualdades territoriales y garantizar una mirada federal.
En el plano ético, el proyecto fija prohibiciones expresas, como la clonación humana reproductiva, la modificación de la línea germinal con fines reproductivos y la comercialización de muestras biológicas humanas. A la vez, regula de manera detallada el consentimiento informado, el funcionamiento de los comités de ética y el uso secundario de datos genómicos en investigación, incluso para el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a la salud.
Con más de 160 artículos, la iniciativa se presenta como una ley marco, pensada para dialogar con futuras normas específicas sobre edición génica humana o inteligencia artificial. Según sus fundamentos, de aprobarse permitiría a la Argentina posicionarse como uno de los primeros países de la región —y del mundo— con una legislación integral en biotecnología avanzada, consolidando un sector estratégico sin resignar controles, derechos ni soberanía.
La senadora cordobesa advirtió sobre la interrupción de prestaciones y el impacto en los adultos mayores. El reclamo político se da mientras médicos de cabecera lanzan una medida de fuerza nacional y organizaciones de jubilados se movilizan por recortes, atrasos en los pagos y cambios en el sistema de atención.
La crisis en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) sumó este lunes un nuevo capítulo institucional. La senadora nacional por Córdoba Alejandra Vigo presentó en el Senado un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique de manera urgente la situación del organismo, en particular frente a los cortes de atención médica que afectan a afiliados en todo el país. En paralelo, impulsó un proyecto de declaración para expresar la preocupación del Congreso por los recortes y la falta de pago de prestaciones que, según advirtió, están dejando sin cobertura a miles de adultos mayores, con especial impacto en su provincia.
La iniciativa de Vigo se conoce en un contexto de fuerte conflictividad en el sector. La Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), con el respaldo de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), inicia este martes un paro nacional de médicos de cabecera del PAMI por 72 horas. La medida fue adoptada tras el rechazo a un nuevo esquema de remuneración que fija la cápita mensual por afiliado en 2.100 pesos.
El cambio implica una modificación sustancial del sistema vigente hasta ahora. El mecanismo anterior combinaba un pago fijo por paciente con el reconocimiento parcial de las consultas efectivamente realizadas. Con el nuevo modelo, los profesionales perciben únicamente un monto mensual por cada afiliado asignado, independientemente de la cantidad de veces que lo atiendan. Desde el sector médico advierten que el esquema reduce de manera drástica los ingresos y altera de forma unilateral las condiciones laborales acordadas.
La protesta no se limita al cese de actividades. El plan de lucha incluye una movilización este miércoles por la mañana a la sede central del PAMI y la posibilidad de avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado si no se revisa la medida. Según estimaciones gremiales, para alcanzar un ingreso que permita sostener un consultorio alquilado, un médico debería tener asignados cerca de mil jubilados, una carga considerada inviable sin deteriorar la calidad de la atención y sin afectar la salud de los propios profesionales.
Desde APPAMIA señalan que el nuevo esquema vuelve imposible un seguimiento adecuado de los pacientes y obliga a priorizar la cantidad por sobre el cuidado. En Córdoba, el delegado organizador Atilio Rossi explicó que el pase al sistema puramente capitado puede implicar una reducción de ingresos cercana al 50%, aun cuando la demanda de consultas se mantenga o incluso aumente. A eso se suma, remarcan, un incremento de exigencias administrativas que consume tiempo asistencial y demora la atención.
El malestar también se expresa desde la base de los jubilados. El Plenario de Trabajadores Jubilados convocó a una concentración este miércoles frente a la sede del PAMI en Avenida Corrientes 655, donde realizarán una olla popular y brindarán una conferencia de prensa para visibilizar la falta de medicamentos, insumos y prestaciones. Por la tarde, marcharán al Congreso en una nueva protesta por el aumento de emergencia de las jubilaciones y la restitución de los medicamentos gratuitos.
Las organizaciones denuncian un proceso de vaciamiento del organismo, con cierres de clínicas, despidos y decisiones administrativas que, aseguran, priorizan la gestión de recursos por sobre las necesidades sanitarias. En sus comunicados, reclaman cambios en la conducción del PAMI, una auditoría independiente y respuestas urgentes del Gobierno nacional.
Un informe de QMonitor revela que el Presidente pasó de dominar la conversación en X a quedar relegado en apenas poco más de dos años. Mientras el oficialismo conserva potencia en la distribución de contenidos, la comunidad libertaria habla cada vez más para sí misma y el liderazgo simbólico del mandatario se debilita en su histórica fortaleza digital.
En diciembre de 2023, Javier Milei era el actor central e indiscutido de X. Su figura concentraba 3,1 millones de acciones mensuales y la red funcionaba como el principal amplificador de su liderazgo político. En marzo de 2026, ese volumen cayó a apenas 400.000 acciones. El desplome del 87% en 27 meses marca un punto de inflexión: X dejó de ser el territorio presidencial por excelencia. Así lo señala la última edición del Panorama digital argentino, elaborado por QSocial Big Data a través de su sistema de monitoreo estratégico QMonitor.
El informe, que combina etnografía digital con análisis de grandes volúmenes de datos, describe un cambio estructural en el ecosistema de la conversación pública online. La caída no implica solo una merma cuantitativa, sino una pérdida de centralidad simbólica. Milei ya no organiza la agenda ni monopoliza la atención en la red social que fue clave para su construcción política.
El retroceso contrasta con un fenómeno que, a primera vista, podría parecer contradictorio. Durante el mismo período, el ecosistema de influenciadores libertarios en X incrementó de manera sostenida su nivel de publicaciones. Sin embargo, QMonitor advierte que esa hiperactividad no se traduce en expansión política. La mayor parte del esfuerzo se orienta a reforzar identidad interna, defender al líder y atacar adversarios. La consecuencia es una comunidad que habla cada vez más hacia adentro y cada vez menos hacia públicos nuevos.
El cruce de los distintos módulos del informe agrega un matiz relevante. Milei obtiene mejores resultados de imagen cuando la conversación digital se centra en temas económicos que cuando gira en torno a la política. En el módulo político, el sentimiento negativo alcanza el 56%. En el económico, en cambio, el balance se vuelve positivo, con un 55,6%. El Gobierno logra instalar relatos de logro vinculados a cuestiones como el fallo por YPF, los datos de pobreza o el reconocimiento internacional, pero pierde terreno en la discusión política cotidiana, donde se erosiona el clima de apoyo.
La dinámica temática también muestra cambios profundos. Aunque la economía continúa liderando en cantidad de publicaciones dentro del universo digital argentino, dejó de ser el tema más viral. La guerra en Medio Oriente —y en particular el conflicto con Irán— la duplica en términos de acciones ciudadanas. El dato clave es que el 68% de las interacciones sobre la guerra incluyen menciones a Javier Milei. Y cuando el Presidente aparece en ese contexto, la negatividad sube 21 puntos. Según el informe, los argentinos no interpretan el conflicto como un fenómeno externo, sino como una decisión política asociada al propio gobierno nacional.
En el plano de la disputa entre oficialismo y oposición, el estudio señala una asimetría marcada. Los influenciadores oficialistas generan 48,9 millones de acciones, más del doble que los opositores, que alcanzan 21,7 millones. La diferencia no se explica tanto por el contenido ideológico como por la infraestructura: comunidades organizadas, pauta digital, procesos automatizados y una conducción política con objetivos claros. En TikTok, la brecha es aún mayor, de seis a uno.
La oposición, sostiene QMonitor, no pierde la batalla de las ideas, sino la de la distribución. De hecho, la economía es el único tema donde logra empatar con el oficialismo en volumen de acciones, con un 39% contra 37,5%. Y lo hace apelando casi exclusivamente a un formato: el testimonio. En la conversación digital, la experiencia personal derrota de forma sistemática al dato estadístico.
Otro hallazgo revela hasta qué punto el clima digital cambió respecto de la historia reciente. El dólar prácticamente desapareció de la agenda online: apenas 16 publicaciones registradas en todo el mes. En un país donde el tipo de cambio funcionó durante décadas como termómetro del humor social, la ausencia es en sí misma una noticia. No porque el problema esté resuelto, sino porque la estabilidad relativa desactivó el detonante que solía ordenar la conversación.
El informe concluye que el poder digital del Gobierno sigue siendo alto, pero está más concentrado y menos expansivo. Milei conserva capacidad de impacto, sobre todo cuando la agenda se ordena en torno a la economía, pero ya no monopoliza la conversación ni define por sí solo el pulso de X. La red que fue su trampolín político hoy funciona como un espejo más fragmentado, donde el liderazgo se discute y la negatividad gana terreno.
La presentación fue impulsada por la familia del abogado, junto a una ONG, con el objetivo de obtener medidas urgentes ante el organismo interamericano por presuntas violaciones a los derechos humanos.
La familia del abogado argentino Germán Giuliani formalizó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir su liberación inmediata, en el marco de una causa que califican como desaparición forzada y detención arbitraria.
El planteo incluye un pedido de medidas cautelares urgentes contra el Estado venezolano, con el objetivo de activar mecanismos internacionales de protección.
En ese proceso tomó intervención la diputada nacional Karina Banfi, quien acompañó a la familia a través del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, una ONG que integra junto a Elisa Trotta, Waldo Wolff y Graciela Fernández Meijide, entre otros. La medida cautelar fue presentada por el abogado Diego Armesto.
Banfi advirtió que el caso evidenciaba un escenario de des protección institucional, particularmente por la falta de una medida cautelar ante la CIDH, considerada clave para habilitar la actuación del organismo en denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Según la presentación, Giuliani permanece detenido desde 2025 sin garantías judiciales, en condiciones que incluyen denuncias de torturas, aislamiento y falta de información sobre su estado de salud.
La iniciativa fue impulsada por sus familiares, con apoyo de organizaciones de derechos humanos y gestiones realizadas en Washington para avanzar en el expediente ante la CIDH.
El caso no forma parte de una estrategia directa de la Cancillería argentina, aunque el Gobierno acompaña las gestiones en un contexto de limitaciones diplomáticas por la falta de relaciones con Venezuela.
Giuliani es actualmente el único ciudadano argentino que permanece detenido en ese país, tras otras liberaciones recientes, en medio de crecientes denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos.
Un legislador de origen sindical impulsa una iniciativa para modificar la Ley de Contrato de Trabajo y garantizar que los trabajadores que prestan tareas en su día de descanso accedan efectivamente al franco compensatorio o, en su defecto, a una reparación agravada. La iniciativa apunta a cerrar vacíos normativos vigentes desde hace más de 50 años.
El diputado nacional Jorge “Loma” Ávila presentó un proyecto de ley que propone modificar el artículo 207 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) con el objetivo de fortalecer la protección del descanso semanal y evitar que el trabajo realizado durante los días de franco termine sin compensación efectiva para las personas trabajadoras.
“La experiencia aplicativa del texto vigente ha puesto en evidencia una dificultad estructural que desvirtúa la finalidad de la norma”, sostiene Ávila en los fundamentos de la iniciativa, al señalar que, en la práctica, muchos trabajadores “pierden su descanso efectivo y no obtienen una reparación adecuada” cuando el empleador omite otorgar el franco compensatorio.
El proyecto reemplaza el texto actual del artículo 207 por una versión más detallada y operativa. Establece que, cuando el trabajador preste servicios durante el descanso semanal por decisión del empleador —medie o no autorización formal—, éste deberá otorgar el descanso compensatorio dentro de la semana inmediata siguiente.
Si el descanso no se concede en ese plazo, la persona trabajadora podrá ejercerlo de manera unilateral dentro de los 30 días corridos, previa notificación fehaciente con al menos 24 horas de anticipación. En ese caso, el empleador deberá pagar la remuneración correspondiente al descanso gozado con un recargo del 100%.
La iniciativa de este diputado de Provincias Unidas de origen sindical incorpora además una novedad relevante: si el trabajador no ejerce ese derecho dentro del plazo previsto, el crédito no se extingue. Por el contrario, el descanso no otorgado deberá adicionarse automáticamente a la licencia anual ordinaria del período siguiente.
Vacaciones o indemnización agravada
El proyecto también prevé qué ocurre si el empleador incumple esa obligación. En ese caso, deberá abonar, junto a la retribución correspondiente a las vacaciones, una indemnización equivalente al salario del tiempo trabajado, con más un recargo del 100%, calculado según la remuneración vigente al momento del pago.
“La solución propuesta preserva la finalidad higiénica del instituto, porque mantiene como prioridad el goce efectivo del descanso y desalienta la monetización directa e inmediata del franco omitido”, explica Ávila, quien subraya que la compensación económica es una última instancia, sólo aplicable cuando fracasan todas las alternativas de descanso.
El texto aclara además que esta indemnización no reemplaza el pago por el trabajo efectivamente realizado ni las horas suplementarias correspondientes, evitando interpretaciones que puedan reducir derechos.
En los fundamentos, Ávila remarca que el artículo 207 de la LCT nunca fue modificado desde 1974, a pesar de los profundos cambios en la organización del trabajo. “Por mi experiencia laboral en una actividad permanente como la industria hidrocarburífera, donde es habitual la afectación del descanso semanal, verifico la necesidad de una adecuación normativa”, señala.
En ese sentido, el proyecto busca armonizar el régimen de descanso con los cambios introducidos por la Ley 27.802, que incorporó nuevas modalidades de organización del tiempo de trabajo —como bancos de horas o sistemas de compensación—, pero siempre bajo la condición de respetar los descansos mínimos legales.
“El proyecto ordena la secuencia normativa y refuerza la seguridad jurídica, dejando en claro que ningún esquema de compensación puede neutralizar el descanso semanal”, afirma el diputado.
La iniciativa apunta a reforzar el carácter tuitivo del derecho laboral, colocando el foco en la salud y el descanso de los trabajadores. Según Ávila, la reforma permite compatibilizar los nuevos esquemas de organización del trabajo con una protección efectiva del descanso, evitando que la acumulación de francos o su pérdida vacíen de contenido la norma.
“Se trata de una norma absolutamente necesaria para compatibilizar derechos y armonizar las reformas legislativas últimamente sancionadas”, concluye el legislador al solicitar el acompañamiento de sus pares.
Un diputado de UP presentó un proyecto de ley que declara la emergencia económica, productiva y fiscal de las pequeñas y medianas empresas hasta marzo de 2027. La iniciativa incluye alivio impositivo, congelamiento de tarifas, una moratoria, créditos blandos y la creación de un Consejo Federal de Emergencia para monitorear el impacto de la política económica y la apertura de importaciones.
En un contexto de caída del empleo registrado, cierre acelerado de empresas y deterioro del mercado interno, el diputado nacional Nicolás Trotta presentó en la Cámara baja un proyecto de ley que declara la Emergencia Productiva MiPyMES y Protección del Trabajo en todo el territorio nacional hasta el 1° de marzo de 2027, con posibilidad de prórroga por un año. La iniciativa apunta a contener lo que define como un proceso “profundo y extendido de deterioro del entramado productivo argentino”.
“El programa económico vigente, caracterizado por el ajuste fiscal y monetario, la caída de los salarios reales y la apertura generalizada y abrupta de las importaciones, ha subsumido a la economía en un proceso signado por la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de unidades productivas”, advierte Trotta en los fundamentos del proyecto.
El texto sostiene que, entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, se produjo una destrucción masiva de empleo formal privado y el cierre de más de 22.600 unidades productivas, una dinámica que —según remarca— “resulta más profunda que la registrada durante la pandemia”. En ese marco, el diputado señala un dato inédito: 2025 fue el primer año en el que el PBI creció pero aumentó el desempleo, rompiendo el vínculo histórico entre actividad y empleo.
Alivio fiscal, tarifas y financiamiento
El proyecto contempla un paquete amplio de medidas de asistencia transitoria destinadas a recomponer la liquidez y reducir los costos operativos de las MiPyMEs. Entre los principales instrumentos se incluyen la suspensión de juicios de ejecución fiscal y medidas cautelares, una moratoria impositiva, previsional y aduanera con quitas parciales o totales de intereses y multas según el tamaño de la empresa, y la actualización de los mínimos no imponibles y detracciones en contribuciones patronales.
También se establece la retracción de las tarifas de electricidad, gas y agua a los valores de octubre de 2025 para micro y pequeñas empresas, la suspensión de nuevos aumentos durante la emergencia y una reducción del 50% del IVA sobre los servicios públicos utilizados en procesos productivos.
“Se trata de medidas de alivio inmediato pensadas para evitar la asfixia financiera y frenar la dinámica de quiebras en curso”, explica el legislador, quien subraya que los beneficios estarán atados a la preservación de los puestos de trabajo: las empresas que despidan sin justa causa quedarán excluidas del régimen.
Consejo Federal de Emergencia y foco en la industria
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación del Consejo Federal de Emergencia (COFE), un organismo multisectorial y transitorio integrado por representantes del Poder Ejecutivo, el Congreso, las provincias, el sector empresario, los sindicatos y el ámbito académico. Su objetivo será evaluar el impacto de la política macroeconómica y de comercio exterior sobre la actividad, el empleo y los precios, y elevar propuestas concretas al Ejecutivo y al Legislativo.
“El Consejo está pensado como un ámbito plural y federal para generar diagnósticos y políticas públicas en un contexto de apertura comercial racional, responsable e inteligente”, señala Trotta. En ese sentido, el proyecto identifica a la industria manufacturera como el sector más vulnerable y establece una agenda de urgencia para diez ramas industriales, entre ellas plásticos, textiles, metalmecánica, automotriz, químicos y muebles.
Según los fundamentos, muchas de estas actividades combinan una fuerte caída de producción con un aumento significativo de las importaciones, lo que “agrava las tensiones en un mercado interno debilitado y acelera la sustitución de producción nacional”.
El texto remarca que las MiPyMEs representan el 99% de las empresas del país y generan el 70% del empleo privado, por lo que su deterioro tiene efectos directos sobre la cohesión social y territorial. “Declarar la emergencia no es una medida meramente declarativa, sino una herramienta para administrar una transición económica compleja sin que sus costos recaigan de manera desproporcionada sobre trabajadores y pequeñas empresas”, sostiene el diputado.
Finalmente, Trotta plantea que el proyecto busca “evitar un daño estructural irreversible” sobre las capacidades productivas nacionales y sentar las bases para políticas de reconversión y desarrollo a partir del diagnóstico que elabore el COFE. “Sin políticas activas de acompañamiento, la apertura puede derivar en pérdidas persistentes de empleo y mayor desigualdad territorial”, concluye.
A un mes del “deslomegate”, el Gobierno empieza a admitir que la calle sigue dura, mientras el mal humor social crece y la agenda se le escapa de las manos. Aunque Milei atraviesa su mejor momento legislativo, la economía cotidiana no repunta, obligando al oficialismo a hacer concesiones, recalcular su estrategia comunicacional y enfrentar una paradoja incómoda: cuanto más gana en el Congreso, menos sonríe la opinión pública.
Llevamos un mes del “deslomegate” y las cosas no mejoran: las complicaciones de Adorni son cada vez mayores, los datos económicos de la calle confirman que la cosa está dura y el gobierno sigue sin poder controlar la agenda. Hace 3 semanas, como comentamos en esta columna, el presidente empezó a usar algunas tácticas comunicacionales para amortiguar la temporada de dolores de cabeza. En Córdoba reconoció que la inflación era todavía alta, pero que era mucho menor que cuando él llegó al poder.
Esta semana que concluye volvió a hacer un ejercicio de reconocimiento de que la situación en el primer trimestre del año había sido dura, que no toda la población se está recuperando a la misma velocidad y, además de ser optimista y volver a echarle la culpa al kirchnerismo, pidió tener “paciencia” (como siempre pedía el protagonista de un viejo sketch televisivo, “con la santa paciencia”, decía). El Javo dijo además que no reconocer que hay ciudadanos que la están pasando mal, “sería deshonesto intelectualmente”. Llamativo para un mandatario que tiene arranques de furia casi cotidianos, últimamente contra la prensa (pero si mandan las redes y no los medios tradicionales, ¿por qué calentarse con los periodistas?). Lo cierto es que Javier Gerardo va tomando nota de que hay algo que en la calle no está funcionando bien (“yo no prometo el paraíso”), y que la vara de exigencia hoy -a 28 meses de gobierno- no es la misma que antes de octubre. Se está produciendo una paradoja: quizá en el mejor momento legislativo de este período presidencial donde gana todas las votaciones, la opinión pública es cuando menos le sonríe.
El mal humor social, sumado a perspectivas de la microeconomía que no son sonrientes y una sociedad que sigue sin sacar los dólares del colchón -como lo proyectamos a fines de enero en la columna “Que la inocencia te valga”, están obligando a la administración libertaria a ser más concesiva. Además de la autorización de hacer adelantos de coparticipación a las provincias y la vuelta de los vilipendiados ATN para los gobernadores -11 los recibieron en estos días- el gasto en marzo subió levemente en términos reales. Los jefes territoriales están ahorcados, y los municipios ni hablar. Están viviendo el ajuste permanente que les impide satisfacer demandas básicas y se empiezan a multiplicar los conflictos sociales: cuando no son las empresas de colectivos, son los prestatarios del PAMI, y así sucesivamente.
El oficialismo reconoce que no es bueno defendiéndose y que, por lo tanto, hay que volver a la estrategia del ataque permanente para saturar a la opinión pública, y que la oposición -confundida- pierda la brújula. Es viejo como el mundo, producir indignación sistemáticamente, de modo que ya no se discuta sobre lo importante. Claro, como todo remedio, en el prospecto hay contraindicaciones. Por ejemplo, “evítese usarse cuando la mayoría social lo está mirando con malos ojos por diversas razones, sobre todo cuando se siente afectada negativamente por el tema de mayor interés. Ingerir el remedio en altas dosis producirá reacciones alérgicas que empeorarán el cuadro original”. Vale decir que la denuncia sobre la campaña rusa anti Milei no tuvo mucho efecto.
Cuando se suman los conflictos y no aparecen salidas políticas a la vista, en el tablero de control se suman las alarmas y se multiplican los cortocircuitos. Esto hace que el gobierno de turno se irrite más, se encapsule y cobren auge las internas. Como resultado de lo cual la tropa se desanima, pierde confianza en sí misma y se queda sin voluntad de defender lo que sea. Por ejemplo, en la última sesión de Diputados, Karina no llevó a su jefe de gabinete y la principal bancada opositora se divirtió un rato cantándole “dónde está, Adorni dónde está…”.
Volvamos al mal humor: más allá de que es mayoritario cuantitativamente, ¿cuán profundo es? ¿es tanto como para que pueda ganar el oso Yogui o el pato Lucas si se enfrentan a Milei en una segunda vuelta? Por ahora no y esa es una gran ventaja para el león. Los decepcionados con la gestión no votarían, por ejemplo, a Kicillof si este fuera la opción, resignándose a apoyar a LLA. Pero ¿qué pasaría si se arma un gran frente opositor que incluya a un variopinto arco, desde López Murphy hasta Axel, y el que gane la primaria sería el gran candidato alternativo? Suena a chiste, ¿no? Pues algunos lo están pensando.
Gente imaginativa en la política siempre hay. La cuestión es cuando los dueños del dinero empiezan a considerar hacer un casting, un tanto fastidiados con los ataques del anarco - capitalista, otro tanto preocupados con que se genere un caldo de cultivo tal que motorice a un nuevo Alberto, apoyado por Cris. Porque, como confesó varias veces Luis Juez, todos los aseguraban en 2019 que “no vuelven más”, se equivocaron de medio a medio. Por lo tanto, un nuevo aviso clasificado reza: “moderado, promercado, se busca”.
Como “algo se está gestando”, cantaba Arco Iris en los ´70, no solo el león está haciendo algunas concesiones discursivas. Axel también se está animando a entonar una nueva canción (la que pidió hace más de 2 años). Esta semana el gobernador bonaerense dijo que no se debía solo reaccionar con bronca a lo que hace o dice el oficialismo, sino que había que ser crítico con el lema del “Estado presente”, entre otras cosas, y proponer otras políticas, sin abrazarse al pasado. Toda una novedad pública, aunque el “enano soviético” viene teniendo diálogos subterráneos con más moderados de lo que se sabe, además de la reunión con Monzó de estos días.
¿Y la jefa aceptaría semejante herejía? CFK, agotada de su prisión domiciliaria, hoy apoyaría cualquier cosa que la saque de esa situación. Pero ¿quién se animaría a sumarse sin quedar manchado de por vida como cómplice de un indulto? Aquí las cuentas vuelven a dar a favor del libertario. Es tan complejo este acertijo que no habrá respuesta alguna por muchos meses. Quizá nunca nadie se la encuentre.
Al aprobar la reforma de la Ley de Glaciares, el oficialismo volvió a encontrar refugio en el Congreso, pero enfrenta un escenario cada vez más complejo fuera del recinto. El escándalo que rodea al jefe de Gabinete, el repliegue comunicacional del Ejecutivo y un marcado deterioro en los indicadores de imagen y apoyo social exponen a la gestión de Javier Milei a su momento político más delicado.
La escribana de Manuel Adorni se llevó toda la atención los últimos días. Un personaje mediático ideal.
En un plano inversamente proporcional a lo que sucedió a lo largo de todo el año pasado, el Gobierno volvió a encontrar la última semana el sosiego en el Congreso de la Nación. Luego de un verano exitoso y un marzo que comenzó a complicarse por errores propios a partir de lo que debió ser una suerte de relanzamiento de la gestión, con el Argentina Week en Nueva York, el oficialismo completó su faena del período extraordinario al aprobar el último tema que le quedaba, la reforma de la Ley de Glaciares a la que le faltaba la sanción de Diputados.
Una aprobación que consiguió con holgura, a las 2.30 de la madrugada del jueves, al cabo de una sesión de once horas y media que pudo acotar con el retiro de la mayoría de los oradores de La Libertad Avanza. El mileísmo parece haber entendido finalmente esa prédica que le ha recomendado varias veces Miguel Pichetto: la oposición se queda con los discursos y el oficialismo con las leyes.
Con la certeza de contar con el número para la aprobación -tranquilidad que ya tenía desde que bien temprano consiguió el quórum- la omnipresente Karina Milei apareció en uno de los palcos del recinto de Diputados, como acostumbra a hacer cuando se trata de leyes que el Gobierno ambiciona. Pero a la escena habitual le faltó un miembro estable, que ya difícilmente vaya a sumar en esas circunstancias: junto a la secretaria general de la Presidencia estaba el ministro del Interior Diego Santilli, mas no el jefe de Gabinete, compañero habitual al que ordenó seguir respaldando hasta las últimas consecuencias. Pero ese aval tiene sus reparos: Manuel Adorni ya no puede dar conferencias de prensa -esta última semana había trascendido que lo haría, pero con toda lógica eso no pasó-, ni tampoco aparecer en público en ámbitos que puedan resultar hostiles. Y lo que es peor: ha muteado por completo al gabinete, cuyos miembros se abstienen de dar entrevistas para evitar exponerse a preguntas sobre el “Adornigate”.
Karina Milei saludando en la madrugada del jueves desde uno de los palcos de Diputados.
El único que se permite hablar es el propio presidente, aunque solo lo hace en espacios garantizados, como sucedió esta última semana en la “entrevista” que concedió a interlocutores muy afines en la Televisión Pública. La misma que oportunamente se había propuesto privatizar.
Convencido de que su aura es capaz de protegerlo, Javier Milei ha dicho que acompañará a su jefe de Gabinete a su presentación prevista para el 29 de abril en la Cámara de Diputados, aunque el sentido común recomienda que no lo haga. El Presidente se quedó fascinado con su experiencia del 1° de Marzo, cuando siente que vapuleó a la oposición desde el atril en el que abrió las sesiones ordinarias. Sin embargo hay diferencias muy notorias respecto de lo que pueda pasar el 29 de abril, con el Presidente en uno de los palcos. Comenzando con que no tendrá micrófono, cosa que sí sucederá con los diputados, que podrán decir sobre Milei lo que se les ocurra, sin posibilidad de que el aludido pueda esta vez replicarles.
No son pocos los oficialistas que desaconsejan no solo que el Presidente acompañe al jefe de Gabinete, sino también que el propio Adorni se presente en un ámbito que lo espera para destrozarlo. Esa sugerencia por el momento no ha permeado en el seno de los Milei, que consideran que es la última oportunidad que tiene Adorni de revertir la situación adversa en la que se encuentra. Tener a la mayor parte del auditorio en contra, centralizando sus réplicas en el kirchnerismo, es algo que a ojos del poder central, podría poner al jefe de Gabinete en posición de víctima y generar alguna empatía. Si encontrara las palabras precisas para salir esta vez bien parado, Adorni podría recuperar algo del crédito perdido. Ese es el pensamiento de quienes mandan, y esperan que desde la base que pueda generarse el exvocero ese día, podría comenzar a desandar la pendiente que viene describiendo desde hace más de un mes.
Para eso tiene que llegar al 29, cosa que dependerá también de cómo siga avanzando una causa a la que ¿sorpresivamente? el juez Ariel Lijo le ha impreso una velocidad singular. Las señales no son las mejores: si algo le faltaba al aporreado jefe de Gabinete en esta causa que resulta fácilmente comprendida -y consumida- por el gran público -a diferencia por ejemplo del caso $LIBRA-, se sumó los últimos días la escribana Adriana Nechevenko, una figura con destino de estrella mediática. La mujer ha resultado fascinante para el público que consume con avidez los detalles de esta novela, y consiguió lo que a otros personajes les demanda años: el popular Ariel Tarico ya logró una gran imitación que ha hecho las delicias de los televidentes.
Para desconsuelo de Manuel Adorni, que no ve la hora de ponerle FIN a sus penurias.
El problema más grave para el Gobierno es la manera como este caso ha derramado sobre el resto de la gestión. Un estudio conocido en las últimas horas de Zuban Córdoba, la consultora que hace unos días había detallado el derrumbe de Manuel Adorni en la consideración pública, debe haber encendido luces rojas en la Rosada, pues alerta sobre una desaprobación de la gestión de Javier Milei del 65%, contra apenas un 33,9% que la aprueba. El dato saliente es que el estudio ya venía mostrando una baja mensual paulatina, pero entre febrero y marzo el índice de desaprobación subió casi 13 puntos.
Otro detalle importante a tener muy en cuenta por esta administración es el ranking de los problemas para la gente, que sigue este orden: 1°) llegar a fin de mes, 22%; 2°) inflación (16,9%); 3°) deterioro del sueldo, 16,3%; 4°) corrupción, 15,4%.
Así y todo, otra encuesta nacional marca un dato que alivia al Gobierno, en estas circunstancias. Es de Trends, que preguntó qué sentimiento caracteriza mejor el estado de ánimo sobre el futuro del país y “esperanza” resultó en el primer lugar. Sin embargo la vista completa del cuadro ya no es positiva, pues la sumatoria del resto de los sentimientos (enojo, tristeza, incertidumbre, decepción y temor) muestra que los sentimientos negativos llegan al 51%.
Ese número nunca había sido tan alto, para esta consultora. En junio del año pasado había medido un 50%, y en diciembre había bajado al 38%. Como nunca antes, en el mes de marzo los sentimientos negativos pegaron un salto de 10 puntos.
Otra pregunta de Trends versó sobre “las formas del Gobierno”, y el resultado no es alentador para Milei en este sentido: un 61% opinó en contra, mientras que solo un 37% dijo que le gustan. Muy cercano al núcleo duro del Gobierno. La visión del outsider arrollador que insulta a diestra y siniestra ya no enamora; tal vez ya produzca cansancio. Es curioso que el Presidente haya abandonado su promesa de no insultar más, que está probado le había rendido mucho.
El periodismo volvió a ser el principal destinatario de los insultos presidenciales. La intolerancia hacia la prensa que critica emparenta a esta administración con el kirchnerismo, objetivo también de los principales denuestos oficiales.
En este caso, vale un trabajo elaborado por Pulso Research, que elabora un “ranking de confianza”. Resulta interesante ver la respuesta que tuvo esta pregunta: “A la hora de informarse sobre temas de actualidad, ¿en quién confía más?”. El 59,2% respondió “en medios de comunicación tradicionales como TV, radio y diarios”.
Solo un 27,2% dijo confiar en las redes sociales y sus usuarios.
Eso sí, el 50,6% declaró tener una confianza baja en los periodistas. Pero el rechazo es más amplio cuando se pregunta sobre los políticos (69,1%), y aun los empresarios (66,7%).
De los encuestados, el 58,8% dijo creer en que el Estado debe intervenir activamente para regular la economía y garantizar la igualdad, mientras que solo el 29,2% opina que el mercado debe funcionar libremente sin intervención del Estado para fomentar el crecimiento.
No es un momento en el que el ideario libertario esté prendiendo en la sociedad. Debiera tomar nota el Gobierno también de esto.
Rodeado de referentes de la música, el teatro y el espectáculo, el histórico productor fue homenajeado por su trayectoria y su aporte decisivo a la agenda cultural argentina. En un discurso emotivo, expresó su preocupación por el presente social y político y reivindicó a la cultura como espacio de encuentro y valores.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires distinguió a Daniel Grinbank como Personalidad Destacada de la Cultura, en un acto que reunió a figuras centrales de la industria cultural, amigos, colegas y familiares. El reconocimiento fue impulsado por el exlegislador porteño de la Coalición Cívica Hernán Reyes, quien destacó el rol decisivo del productor en la transformación de la escena musical y cultural del país durante más de cuatro décadas.
Visiblemente emocionado, Grinbank recibió la distinción tras la proyección de un video que recorrió los hitos de su extensa trayectoria. En su agradecimiento, se definió como “un intermediario entre el talento y el público” y subrayó la importancia de quienes lo acompañaron a lo largo de los años. “Afortunadamente puedo compartir este reconocimiento con las personas fundamentales que me acompañaron en este trabajo, y muchos de ellos están hoy en este salón”, expresó.
El productor aprovechó también su intervención para reflexionar sobre el contexto político y social, tanto a nivel local como global. “Vivimos tiempos difíciles. No me gusta el país ni el mundo que estamos viviendo. No me gusta que hayamos perdido valores y empatía”, afirmó, y cuestionó la naturalización de conflictos internacionales y decisiones políticas que, a su entender, relegan la vida humana frente a intereses económicos. En ese marco, señaló que lo político y lo social siempre atravesaron su trabajo como productor y sostuvo que mantiene una mirada atenta, con la expectativa de que el escenario pueda evolucionar de manera positiva.
Al cerrar su discurso, apeló a la música como síntesis de su recorrido y citó una letra de León Gieco para definir su concepción de la cultura: “La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados”. A continuación, el propio Gieco subió al escenario y ofreció un breve show en homenaje al productor, en el que interpretó La colina de la vida, Hombre de hierro, El fantasma de Canterville y La cultura es la sonrisa. Antes de cantar, el músico destacó la generosidad de Grinbank a lo largo de los años y recordó especialmente su rol en la organización de conciertos solidarios y en la posibilidad de compartir escenarios con artistas internacionales como Peter Gabriel, Sting, Bruce Springsteen, Bono y Roger Waters.
Otro momento destacado del acto fue la intervención del empresario teatral Carlos Rottemberg, quien definió a Grinbank como “un constructor” y “mucho más que un productor de espectáculos”. Lo caracterizó como un formador permanente, un investigador inquieto y un progresista “en el sentido más amplio del término”, ligado a la defensa de las libertades y de la democracia. Además, leyó una carta de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET), que lo reconoció como un referente fundamental tanto de la entidad como del arte argentino en su conjunto.
Por su parte, Hernán Reyes agradeció la oportunidad de haber sido el impulsor del proyecto y sostuvo que Grinbank ayudó a definir la agenda cultural de la Ciudad y del país durante más de cuarenta años. “Cambió nuestra manera de vivir la música, el arte y los espectáculos”, afirmó, y destacó su vocación constante por abrir caminos, generar lazos y acercar mundos que parecían lejanos o inaccesibles.
Entre los asistentes estuvieron, además de León Gieco, la actriz Andrea Pietra —esposa de Grinbank—, su hija Ani, Bobby Flores, Nancy Duplaá, Claudio Kleinman y Fernando Moya, entre otros referentes del ámbito cultural.
Daniel Grinbank es considerado uno de los productores musicales y empresarios más influyentes de la Argentina. Pionero en la realización de grandes conciertos internacionales en el país, tuvo un rol clave en el desarrollo de la música nacional, en la producción teatral y en la gestión cultural. En la actualidad, además de mantener una intensa actividad en música y teatro, se encuentra al frente del desarrollo del primer centro latinoamericano de innovación tecnológica aplicada al entretenimiento, que funcionará en el Pabellón Frers de La Rural y busca articular cultura, tecnología y vanguardia.
El Gobierno firmó un entendimiento con dos grupos de acreedores que nunca ingresaron a los canjes de deuda y busca ahora la aprobación parlamentaria para concretar el pago. La información surge de presentaciones judiciales en Nueva York y de fuentes oficiales.
La jueza Loretta Preska ya fue notificada por las partes del acuerdo por la deuda.
El Gobierno de Javier Milei enviará al Congreso un acuerdo para poner fin a uno de los litigios más prolongados derivados del default de la deuda de 2001. Se trata de un entendimiento alcanzado con dos fondos de inversión que permanecían en juicio contra la Argentina ante tribunales de Estados Unidos y que ahora deberá ser ratificado por el Parlamento para entrar en vigencia.
Según informaron los abogados que representan al país ante la Justicia norteamericana, el acuerdo fue firmado el 1° de abril y comunicado formalmente a la jueza Loretta Preska, a cargo de los casos argentinos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La información fue dada a conocer por el consultor Sebastián Maril, especializado en el seguimiento de estos procesos, y confirmada luego por fuentes oficiales, según consignó este sábado Clarín. De acuerdo con la nota de Natacha Esquivel, el texto será remitido al Congreso en los próximos días.
Los demandantes son dos grupos de acreedores que nunca aceptaron ninguno de los canjes de deuda realizados tras el default. El más importante está encabezado por el fondo Attestor y reúne también a otras firmas, como Trinity, White Hawthorne, Bison Bee y Bybrook, por una acreencia inicial cercana a los 500 millones de dólares. El segundo litigio es impulsado por Bainbridge, con reclamos por unos 95 millones de dólares. Ambos contaban con sentencias firmes a su favor y habían obtenido avales judiciales para avanzar en pedidos de embargo contra activos argentinos.
El monto definitivo del pago aún no fue informado oficialmente y recién se conocerá con el envío del proyecto al Congreso. No obstante, fuentes del mercado y del ámbito judicial señalan que el acuerdo estaría lejos de cubrir el total original de la deuda. El año pasado, los fondos ya habían logrado embargar 310 millones de dólares que la Argentina tenía depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York como colateral de los antiguos bonos Brady. De ese total, Attestor cobró 210 millones, mientras que otros 100 millones quedaron bloqueados por una disputa entre los acreedores.
Tras ese episodio, en marzo pasado las partes cerraron un entendimiento extrajudicial que permitió solicitar la suspensión de las causas. En los hechos, esto implicó congelar medidas más avanzadas, como los pedidos para ejecutar acciones de empresas públicas, entre ellas el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas o YPF.
El acuerdo deberá pasar por el Congreso. Al respecto, los antecedentes indican que en lugar de una ley para convalidar el acuerdo, el Gobierno recurriría a un DNU, tal cual sucediera el año pasado cuando esta administración recurrió de esa manera al Congreso para validar el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de cumplir compromisos financieros y ordenar el frente externo. Al tratarse de un DNU, alcanzó con la aprobación de la Cámara de Diputados, sin necesidad de pasar por el Senado.
El litigio que ahora se busca cerrar es uno de los remanentes que sobrevivieron a los acuerdos alcanzados en años anteriores. En 2016, el gobierno de Mauricio Macri pagó alrededor de 9.300 millones de dólares a un grupo mayoritario de holdouts, lo que permitió levantar las cautelares que impedían a la Argentina pagarle a los bonistas que sí habían entrado a los canjes de 2005 y 2010. Esa salida del default técnico no alcanzó, sin embargo, para extinguir todos los juicios, pese a que más del 95% de los acreedores había aceptado las reestructuraciones.
Veinticinco años después del default, el capítulo sigue abierto. Con este acuerdo, el Ejecutivo busca cerrar otro frente judicial heredado, aunque al costo de un nuevo debate político en el Congreso sobre cómo y con qué condiciones saldar una deuda que atraviesa distintas administraciones y ciclos económicos. La aprobación parlamentaria será el paso clave para dar por terminado un conflicto que, hasta ahora, continuaba generando riesgos financieros para el país.
La aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados consolidó una victoria legislativa para el oficialismo y el sector minero, pero el análisis de la conversación en redes sociales revela un escenario adverso: casi siete de cada diez menciones expresaron rechazo y la narrativa ambientalista y opositora logró hegemonizar el debate público.
La sanción de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados no cerró la discusión política ni social en torno a la actividad minera. Por el contrario, la trasladó a otro terreno: el de la opinión pública digital, donde el oficialismo aparece en una posición defensiva. Así lo advierte un informe de Enter Comunicación, que monitoreó la conversación en redes sociales entre el 1° y el 9 de abril y detectó una fuerte asimetría entre el resultado parlamentario y el clima de opinión en plataformas digitales.
Según el relevamiento, el debate generó 41.972 menciones impulsadas por casi 24.000 usuarios únicos, con un alcance potencial estimado de más de 16 millones de personas y más de 530.000 interacciones totales. Sin embargo, el volumen no se tradujo en respaldo: el 67,5% de las publicaciones expresó un sentimiento negativo frente a la aprobación de la ley, mientras que solo el 31,4% fue positivo y el resto se ubicó en un terreno prácticamente marginal de neutralidad.
El pico de la conversación se produjo entre el 8 y el 9 de abril, durante el tratamiento parlamentario y en las horas posteriores a la aprobación, aunque el informe señala que ese crecimiento no respondió a nuevos hechos, sino a la amplificación y repercusión del debate ya definido. En ese contexto, la minería quedó parcialmente desacoplada del centro de la escena: el eje de la discusión no fue técnico ni productivo, sino político y ambiental.
Dentro de la negatividad, el daño ambiental concentró más de la mitad de las menciones críticas (56,5%), seguido por los cuestionamientos políticos bajo la idea de “traición” (22,8%), las advertencias sobre una eventual inconstitucionalidad de la norma (10,7%) y la acusación de “entrega de recursos” estratégicos (10%). La ley fue leída mayoritariamente como una amenaza a los glaciares y al agua, más que como una herramienta de desarrollo económico.
En contraste, la conversación positiva se estructuró en torno a argumentos de desarrollo y empleo (32,2%), la defensa del federalismo y la autonomía provincial (28,5%) y la crítica a lo que se presentó como injerencia de actores externos, principalmente organizaciones ambientalistas internacionales (29,6%). Aun así, esos ejes no lograron revertir el predominio de un clima adverso.
El mapa de actores digitales revela otra de las claves del escenario: la oposición política y el ambientalismo concentraron el 38% de la conversación total y dominaron el sentido del debate, mientras que el oficialismo apenas explicó el 14% de las menciones y quedó en un rol reactivo, sin capacidad de imponer un relato propio. El llamado “productivismo”, asociado a la defensa directa de la minería, tuvo una presencia marginal del 8%, lo que refuerza la idea de que la industria no consiguió instalarse como motor discursivo del debate.
Un actor se destacó por encima del resto: Greenpeace. La organización ambientalista apareció mencionada en más de 6.000 publicaciones, el 14% del total, con un alcance estimado de casi 4 millones de usuarios y más de 72.000 interacciones. Su nombre funcionó como disparador simbólico de la discusión, tanto para quienes cuestionaron la reforma como para quienes buscaron desacreditar las críticas ambientales, consolidándose como referencia ineludible del debate.
El informe también advierte que la discusión no se clausuró con la votación. La atención digital comenzó a desplazarse hacia figuras provinciales específicas, en particular gobernadores y diputados que acompañaron la reforma, bajo la acusación de “perjuicio territorial”. En paralelo, se anticipa un nuevo capítulo del conflicto en el plano judicial y en la implementación concreta de la norma en las provincias.
Para Enter Comunicación, el dato más relevante es el cambio de escala en la vigilancia ciudadana. La reforma operó como un catalizador que amplió la participación de audiencias que antes no seguían de cerca el tema minero. En ese escenario de hipertransparencia forzada, la continuidad y viabilidad de futuros proyectos no dependerá solo del marco legal, sino de la capacidad de gobiernos y empresas de construir legitimidad social en un contexto donde la opinión pública decidió fiscalizar cada metro cuadrado de las zonas involucradas.
La diputada kirchnerista, flamante presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados, presentó un proyecto que modifica la ley de estupefacientes para habilitar reducciones o exenciones de pena a mujeres involucradas en delitos menores de narcotráfico y crea un programa nacional de acompañamiento jurídico, social y laboral.
Gabriela Estévez, presidenta de la Comisión de Mujeres.
La diputada nacional Gabriela Estévez presentó un proyecto de ley que apunta a introducir un cambio de enfoque en la persecución penal de los delitos de narcotráfico de menor escala, con eje en la situación de vulnerabilidad de las mujeres que integran los eslabones más bajos de esa cadena. La iniciativa, que llega en paralelo a su asunción como presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, propone modificar la Ley 23.737 y crear un Programa Nacional de Protección, Contención y Asesoramiento para mujeres involucradas en delitos menores relacionados con el narcotráfico.
El proyecto incorpora a la ley de estupefacientes un nuevo artículo 29 quáter que faculta a los tribunales a reducir las penas hasta la mitad del mínimo y del máximo previstos, o incluso a eximir de ellas, cuando se trate de personas que hayan actuado como partícipes menores y se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Entre los criterios que habilitan ese tratamiento diferencial se incluyen la condición de madres de niños o niñas menores de edad, el embarazo y la ausencia de antecedentes penales, tanto en causas por infracción a la ley de drogas como en delitos vinculados al artículo 866 del Código Aduanero.
Según los fundamentos del proyecto, el sistema penal argentino tiende a concentrar su acción punitiva sobre mujeres pobres, muchas de ellas extranjeras, que participan en el narcomenudeo como correos humanos o en tareas de escasa relevancia dentro de las redes criminales. Datos del Servicio Penitenciario Federal citados en la iniciativa indican que, aunque las mujeres representan una proporción minoritaria de la población carcelaria, la mayoría de las detenidas lo está por delitos vinculados con estupefacientes, en general no violentos, y en muchos casos por primera vez.
Además de la modificación legal en materia de penas, el proyecto crea un programa específico bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destinado a las mujeres que accedan a una reducción o exención de condena. El objetivo es brindar una respuesta integral que combine acompañamiento jurídico con políticas de inclusión social, educativa y laboral, para evitar la reincidencia y atender las condiciones estructurales que derivaron en el conflicto con la ley penal.
El programa prevé asesoramiento legal gratuito con perspectiva de género a través de los Centros de Acceso a la Justicia, opciones de capacitación laboral y acceso a programas de empleo, así como la terminalidad educativa mediante Plan FinEs y becas Progresar para quienes queden eximidas de pena. También contempla apoyo en los procesos de maternidad, acompañamiento en la crianza de hijos menores, la posibilidad de alojamiento en casas refugio para mujeres en situación de riesgo y contención frente a consumos problemáticos mediante la articulación con la SEDRONAR.
En cuanto al financiamiento, la iniciativa establece que los gastos del programa se atenderán con las partidas anuales asignadas en el Presupuesto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y habilita, además, la creación de un fondo específico integrado con bienes decomisados en causas por narcocriminalidad.
En los fundamentos, Estévez y las diputadas y diputados cofirmantes sostienen que el endurecimiento de las penas no ha demostrado ser eficaz para enfrentar el narcotráfico y, en cambio, ha producido un fuerte impacto humano y social, en especial sobre mujeres que sostienen redes de cuidado y familias a cargo. El texto recupera estándares internacionales, como las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, que recomiendan privilegiar medidas no privativas de la libertad para mujeres embarazadas o con hijos bajo su cuidado y aplicar políticas penales sensibles al género.
El proyecto ya había sido presentado en períodos legislativos anteriores con otros números de expediente y vuelve ahora a ingresar al Congreso con el respaldo de una agenda que cruza políticas de drogas, derechos humanos y perspectiva de género. Su debate quedará en manos de las comisiones de Legislación Penal, Seguridad Interior y Mujeres y Diversidad, en un contexto marcado por la discusión sobre el alcance del sistema punitivo y el impacto social del encarcelamiento.
El funcionario panameño, Julio Moltó, visitó la Cámara baja en el marco del Grupo Parlamentario de Amistad con Panamá, donde destacó el inicio de una nueva etapa de cooperación y la negociación para la adhesión del país centroamericano al Mercosur como Estado Asociado.
El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, fue recibido este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco de una reunión del Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con Panamá, realizada en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo.
Al abrir el encuentro, la diputada Juliana Santillán Juárez Brahím (La Libertad Avanza), presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, subrayó la importancia de fortalecer los vínculos bilaterales. “Como representantes de nuestras naciones es primordial promover un desarrollo compartido, basado en la generación de oportunidades para los ciudadanos y la cooperación”, afirmó.
En ese sentido, Santillán destacó que “la incorporación de Panamá al Mercosur como Estado Asociado consolida la relación como socios estratégicos”, y recordó que recientemente se reactivaron las consultas políticas entre ambas cancillerías, luego de una pausa que se extendía desde 2015.
Por su parte, el ministro Moltó celebró el espacio de diálogo parlamentario y remarcó la histórica relación entre ambos países. “Este ámbito nos permite construir relaciones cercanas, basadas en el diálogo y la confianza que mantenemos, con una historia de cooperación de más de 100 años”, señaló.
El funcionario panameño aseguró que el vínculo bilateral atraviesa “una nueva etapa” y confirmó avances concretos en el vínculo con el bloque regional. “Ayer logramos la forma para la negociación y adhesión de Panamá en el marco del Mercosur, impulsando una agenda económica más agresiva, ordenada y con mayor proyección. Es clave su acompañamiento, ahora que iniciaremos las negociaciones”, expresó.
Asimismo, Moltó consideró que existe “una oportunidad única de relanzamiento de la relación” y planteó la complementariedad entre ambas economías. “Panamá está orientado a los servicios, pero también cuenta con importantes inversiones vinculadas al Canal de Panamá y a sus puertos, que representan una gran interconectividad”, explicó.
“Esperamos que puedan extender su brazo ejecutor a través de Panamá, incluso conservando su origen, lo cual es fundamental para sus empresarios y comerciantes. Estos acuerdos crean el marco ideal para que fluyan oportunidades que generen empleo y prosperidad”, concluyó el ministro.
A su turno, la diputada Mercedes Llano, presidenta del GPA con Panamá durante los períodos 2024 y 2025, afirmó que el encuentro “refleja una intensificación de la apertura y la hermandad que une a ambas naciones”.
“La jornada trasciende lo protocolar. La diplomacia parlamentaria tiende un puente de confianza y, desde nuestro espacio, entendemos que este terreno cultiva la previsibilidad”, sostuvo Llano, quien agregó que “este momento es clave, con un fuerte compromiso con la apertura comercial como camino hacia el crecimiento”.
Del encuentro participaron también el embajador y cónsul general de Panamá en Argentina, Juan Luis Correa, junto a funcionarios de la Cancillería argentina. En representación de la Cámara de Diputados asistieron Patricia Holzman, María Luisa González Estevarena y María Cecilia Ibáñez (LLA); Alejandra Torres y Carlos Ramiro Gutiérrez (Provincias Unidas); Cecilia López Pasquali (UP); y la directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional, Luciana Términe.
Se confirmaron los ascensos de las autoridades máximas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, junto con una extensa nómina de ascensos en los cuadros superiores y jefes de las tres armas, que incluyen generales, almirantes, brigadieres, coroneles y oficiales superiores.
En la sesión de este jueves se fueron ascendidos los jefes de las tres armas: el general de División Oscar Santiago Zarich, jefe del Estado Mayor general del Ejército; el brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea; también el del vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; el vicealmirante Juan Carlos Romay, jefe del Estado Mayor General de la Armada;
Asimismo se promovió al grado inmediato superior a los brigadieres Pablo Jaime Sole, Fernando Luis Mengo; los comodoros Marcelo Antonio Turtora, Fabián Ricardo Luján, Jorge Daniel Vilas, Marcelo José Monetto, Carlos Rodolfo Gómez, Hugo Alberto Dirié y Marcelo César Cariola; a los vicecomodoros Mariano Quintana, Maximiliano Luis Ravera, Javier Eduardo Chiappai, Fabián Ricardo Oviedo, Mario Javier Anselmi, Gustavo Daniel Otero, Leonardo Gustavo Villegas, Luciano Eduardo Martínez Federik, Emiliano Andrés Gandini, Hugo Dante Alvarez, José Agustín Guerrero, Diego Stiberman, Alejandro Pastrán, Miguel Matías Garro, Pablo Ignacio Burgos, Cristian Darío Haller, Marcos González Pérez, José Víctoro David Farías, Federico Guillermo Vassallo, Hugo Germán Gómez, Claudio Rubén Reigert, Juan Manuel Zugasti, Diego Ariel Berisso, Ariel Gustavo Mandrile, Santiago Hernández, Leonardo Rubén Muzzi, Roberto Hernán Bertram, Adolfo Mengual Gómez, Luis Francisco Morelli, Daniel Augusto Molina, Mario Javier Núñez, María Fernanda Cassola, José Alfredo Calandra, Hugo Donal Pérez, Maximiliano Humberto Gerycz, Hugo Daniel Sánchez, Marcelo Ángel Garaboa y Jorge Omar Peralta.
Por el Ejército, se promovió al grado inmediato superior al teniente coronel Fabián Torrengo, como así también a los comodoros Humberto Ricardo Domínguez, Ángel Javier Rojas, Carlos Gabriel Cendón, Pablo Víctor Eduardo Asis Bas, Gonzalo Villegas Campos y Walter Oscar Lucero; los vicecomodoros Néstor Ariel Díaz, Cristian Darío Lorenzo Giaccaglia, Horacio Luis Scotto, Guido Flecha, Eduardo Javier Nanclares, Pablo Sebastián Caffaratti, Andrés Atencio, Javier Gustavo Stafulki, Luis Matías Graziano, Roberto Alejandro Romero, Fernando Andrés Penza, Carlos Eduardo Araya, Mariano Alejandro Mohaupt, Pablo Andrés Noguera, Sebastián Medina Skiriano, Sergio Fernando Castillo, Juan Eduardo Alberghina Andrei, Diego Javier López, Cristian Bordón, Jorge Fernando Nedelcou, Alexis Benjamín Hernández, Manuel Darío Castaño, Carlos Edgardo Sack, Marcela Del Valle Chialva, Ana Lía Gatti, Fernando Daniel González, Mauricio Esteban Castro, Nieves Karina Dagnino, Sebastián Fernando Casado, María Gabriela Lancelle y Roxana Elizabeth Tissieres.
Ascienden los generales de Brigada Sergio Jurczyszyn y Héctor César Tornero; los coroneles Gustavo Alejandro Molinari, Esteban Andrés Ravaioli, Hugo Daniel Soria, Mariano Pablo Gallo, Fernando Daniel De la Vega, Francisco José Cajal, Julio César Buoniconto, Bruno José Varani, Orencio Carlos Correas, Alberto Ricardo Nadale, Diego Ignacio Berra y Ariel Andrés Mira Peña.
También ascienden los tenientes coroneles Fernando Edgar Álvarez Suárez, Cristian Castellanos, Sebastián Mateo Marincovich, Rodolfo Grazzinni, Mario Cristóbal, Isidro Germán Green, Daniel Orlando Bustamante, Mariano Eduardo Kreiman, Luis Javier Anca, Pablo Fernando Benet, Martín Ronconi, Alejandro Oscar Peralta, Nazareno Eduardo Luis Ampuero, Diego Ernesto Heer, Diego Rubén Núñez, Facundo Manuel Eduardo Stella, Alberto Jesús Camargo, Noel Albiero, Eduardo Matías López Iñigo, Carlos Enrique Dellatorre, Carlos Francisco Ponce, Juan Mariano Chiara Vieyra, Fernando Domínguez Silva, Marcos Ariel Miskow, Rodolfo Edgardo Narváez, Jorge Gustavo Martínez, Juan Martín Nicasio Martínez, Matías San Martín, Martín Gonzalo López Beatriz, José Ignacio Rama, Ramiro Bustos, Maximiliano Ferrutti, Alberto Gustavo Camerucci, Sergio Hernán Romero, Rubén Darío González, Mario Rolando Carbajal, Pablo César Bassan, Rubén Alberto Blanca, Pablo José María Vizcaino, Fernanda Patricia Anzulovich, Silvina Lourdes Ferrero, Cecilia Elizabeth Salcedo, Juan Martín Patiño, Graciela Mónica Iglesias, Gustavo Daniel Said, Raúl Alcides Zini, Mariel Andrea Maguna, Alejandro Martín De Bernardi, Carlos Roque Dengl, Diego Gonzalo Cejas, Sandra Noemí Navarro y Ofelia Vence.
Se procedió además a promover al grado inmediato superior al siguiente personal militar superior de la Armada Argentina. Los contraalmirantes Fernando Daniel Terribile y Carlos Gabriel Funes; los capitanes de Navío Santiago Villemur, Fernando Enrique Pérez Kuhn, Gonzalo Horacio Nieto, Mariano Hernán García Bonini, Horacio Jorge Calafell, Damián Gabriel Orgiazzi, Carlos Eduardo Gómez Nolasco, Daniel Jorge Rajcevic y Juan José Napoletano.
También ascendieron los capitanes de fragata Juan Ignacio Sander, Sergio Esteban Donadio, Guillermo Roberto Mondine, Christian Adrián Cáceres, Pablo Ariel Viozzi, Alejandro Adrián Arroyo, Oscar Luis Latorre, Ariel Fernando Vidales, Miguel Ricardo Caviglia, Juan Fermín Spadaccioli, Ariel Omar Oviedo, Diego Alejandro Mazza, Christian Hernán Giménez, Norman Guillermo González, Juan Eduardo Acosta, Horacio Antonio Giménez, Diego Javier Tufil Assen, Fernando Luciano Pereyra, Sergio Víctor Andrés Calierno, Marcelo Martín Rodríguez, Rodrigo Fernando Caballero, Edgardo Darío Miño, Cristian Adrián Pérez, Paulo Daniel Ramos, Mariano Mazza, Maximiliano Juan Marcelo D’Amico, Nelson Maximiliano Pausic, Juan Ignacio Smoilis, Christian Fernando Losso, Luciano Damián Menéndez, Marcelo Horacio Herrera, Ulises Ángel Basualdo, Juan Pablo Pérez, Christian Gabriel De Gregori, Rubén Esteban Goñi, Martín Maximiliano Carbone, Gustavo Carlos Escalas, Jorge Claudio Correa Heredia, Diego Alberto Fernández, Carlos Guillermo Torrissi, Damián José Pérez, Walter Eduardo David Ordóñez, Guillermo Gabriel Orozco, Jorge Eduardo González O’Connor, Ariel Baltasar Atanasoff, Santiago Mauricio Filippi, Jorge Ariel Herrera, Guillermo José Uboldi, Jorge Daniel Stambuli, Martín Kennel, Néstor Manuel Manescau, Martín Enriqeu Olaz, Marcelo Miguel López García, Roberto Adrián Romano, Alberto Daniel Pericolo, Alberto José Armando Navarro, René Gabriel Schumacher, Sergio Pablo Iamarino, María Belén Paxote, Irma Noemí González, María Cecilia Moure y María Ruth Cabral.
El listado de nombres para cubrir vacantes en fueros penales, civiles y económicos en distintos distritos del país. Ahora deberán pasar por el análisis de la Comisión de Acuerdos.
La trama que une a David Graiver, José Ber Gelbard y Fate expone una Argentina donde la violencia política, el poder económico y el Estado convivieron en circuitos mucho más entrelazados de lo que los relatos oficiales admiten, revelando una historia incómoda sobre negocios, financiamiento y responsabilidades compartidas.
Hay relatos de los años 70 de activistas, empresarios y militares que incomodan, porque rompen con las versiones simplificadas oficialmente conocidas. La historia de David Graiver, el empresario José Ber Gelbard y la organización Montoneros es uno de esos casos donde las categorías de “empresario”, “militante” y “Estado” dejan de ser compartimentos estancos para mezclarse en una trama mucho más incómoda e inmoral en todo sentido.
Durante años, se quiso presentar a la violencia política como un fenómeno aislado del mundo económico. Sin embargo, la figura de Graiver y todo el andamiaje bancario, financiero y político que lo circundaba, desarma ese relato: un financista sofisticado, con bancos en el exterior, que al mismo tiempo aparece vinculado —al menos en múltiples investigaciones periodísticas oportunamente reveladas a toda la sociedad— a la administración de fondos provenientes de la guerrilla. No se trata solo de una acusación judicial debatida, sino de una pregunta más profunda: ¿cómo fue posible que dinero surgido de la violencia encontrara canales dentro del sistema financiero institucional?
En ese punto aparece José Ber Gelbard (encumbrado dirigente de la Confederación General Económica de los 70’). Quizás una de las figuras más contradictorias del tercer gobierno de Juan Domingo Perón. Como ministro de economía, promovía un modelo productivo con fuerte intervención estatal (como vuelven a proponer actuales dirigentes de la política). Pero al mismo tiempo, su red de relaciones empresariales y políticas habilitó el ascenso de figuras como David Graiver. No es un dato menor el que se enuncia; el proyecto económico que buscaba ordenar el capitalismo argentino convivía, en los hechos, con circuitos oscuros de financiamiento y poder oficial y clandestino.
Y ahí es donde entra Fate, nacida en el proceso de industrialización de mediados del siglo XX. La empresa se convirtió en un símbolo del empresariado nacional, al cual Gelbard decía representar. Pero esa misma estructura empresarial también fue parte del entramado de poder que conectaba negocios, política e intereses mucho menos transparentes —según distintas investigaciones de historiadores y periodistas—. La pregunta incómoda es inevitable: ¿hasta qué punto ese “capitalismo nacional” fue realmente autónomo, y hasta qué punto estuvo atravesado por relaciones informales y lógicas de poder paralelas?
El caso Graiver expone, además, una hipocresía persistente en la lectura de la historia argentina: la tendencia a separar moralmente a los actores según conveniencias ideológicas, porque si se condena —con razón— la violencia política, también debería analizarse con la misma severidad a quienes, desde el mundo empresario o estatal, facilitaron o se beneficiaron indirectamente de esos circuitos.
A pesar de las luchas armadas, el dinero no tenía ideología
La presunta relación entre Graiver y Montoneros no solo habla de financiamiento clandestino. Habla de una época donde las fronteras éticas estaban desdibujadas; donde un mismo entramado podía incluir banqueros internacionales, ministros de Estado y organizaciones armadas. En la Argentina de los 70, el poder se manifestaba mentirosamente para el común de la gente fragmentado, cuando en verdad todo estaba planificado y profundamente entrelazado. Mientras socialmente se exhibía una guerra ideológica, la verdadera guerra encubierta era económica.
La visita de Ber Gelbard a Moscú es otro episodio revelador de esa trama ambigua. En plena Guerra Fría, mantuvo contactos vinculados al circuito financiero del bloque soviético, en un intento por diversificar y resguardar capitales fuera de la órbita occidental. Lejos de responder a una afinidad ideológica, el movimiento parece haber sido estrictamente pragmático: buscar protección y liquidez en cualquier plaza disponible sin importar si fuera esta de izquierda, de centro o de derecha. Este dato refuerza una idea incómoda: mientras en la superficie se enfrentaban proyectos políticos antagónicos, por debajo operaban lógicas financieras que ignoraban fronteras ideológicas, confirmando que el dinero —aun en contextos de violencia y polarización extrema— siempre encuentra su propio camino.
Es constatable que detrás de los discursos épicos también existían negocios, intereses, silencios cómplices y altamente redituables que todavía hoy incomodan.
Hoy Javier Madanes Quintanilla ilustra esta lógica histórica que se repite con precisión quirúrgica. Dueño de FATE y Aluar, su expansión estuvo históricamente atada a decisiones estatales. En los años ochenta, la estatización de deudas privadas por más de doscientos millones de dólares trasladó al conjunto de la sociedad costos que nunca generó. El patrón nuevamente quedó establecido: el Estado como sostén, el riesgo como patrimonio colectivo y la ganancia como derecho privado.
En ese marco, la reflexión final no puede eludir a quienes quedaron siempre en el medio de esas tramas: trabajadores y jóvenes que abrazaron ideales —muchas veces genuinos— pero que, en los hechos, terminaron siendo las principales víctimas de un juego de poder que nunca controlaron. Mientras las cúpulas negociaban, acumulaban o se protegían, ellos ponían el cuerpo, el trabajo y la vida.
Esa misma lógica parece proyectarse hasta hoy. Una sociedad cada vez más aniñada, donde se reclaman derechos, cambios y transformaciones profundas, pero se rehúye sistemáticamente a asumir los costos y las consecuencias que implica toda decisión colectiva. por atarse siempre a personas politizadas pero carentes de conciencia política y no a propuestas y programas que superen al tiempo.
Victorio Pirillo es secretario general del Sindicato Trabajadores Municipales de Vicente López
En una cuestión de privilegio en el Senado, el peronista Martín Soria denunció un “patrón sistemático” de mentiras, privilegios y uso discrecional de recursos públicos por parte del Presidente y su entorno, y habló de estafas, coimas, hipocresía y enriquecimiento ilícito.
Se sabía que a la hora de las cuestiones de privilegio, el peronismo en el Senado la iba a emprender contra el Gobierno. El rionegrino Martín Soria la emprendió contra el presidente Javier Milei contra quien presentó una cuestión de privilegio por “las graves revelaciones que van tomando luz en la Argentina”.
“No son hechos aislados -aseguró-. Sino un patrón sistemático de conducta”.
Soria alertó con que se están poniendo en juego los recursos del Estado y la credibilidad del sistema democrático. Advirtió que “no estamos viendo casos aislados, fortuitos, hay un patrón de conducta, un patrón de mentiras, un patrón de privilegios, un patrón de ventajas para los propios. El uso de recursos del Estado como si fuera una financiera para los amigos”.
En un discurso durísimo, Soria recordó que hace algunos meses el Presidente concurrió al Parlamento a hablarles a los legisladores de “la moral como política de Estado”. “Y lo que estamos viendo es la inmoral de este presidente y su gobierno en el Estado -diferenció-. Porque mientras el Presidente es el mismo que decía hace dos años que entre el Estado y la mafia él prefería a la mafia, porque tenía códigos. Es el mismo que vino el 1° de marzo, que dijo que con él y su Gobierno, la moral iba a ser política de Estado. Una mentira”.
Agregó que el propio Milei quedó involucrado personalmente “en una estafa cripto a nivel internacional. El y su círculo cercano. Tan es así que la revista Forbes la calificó como ‘la cripto estafa más grande de la historia’. Se ve que el fenómeno barrial terminó en una estafa internacional”.
El rionegrino cargó también contra la hermana del Presidente, y usó el calificativo de “Karicoima”; recordó los audios de los funcionarios de la ANDIS y las alusiones al 3% como coimas. “Esa es la moral como política de Estado del Presidente, su hermana y su entorno”.
“Es la estafa permanente de la política en el Estado, ese es el patrón permanente”, insistió Soria, para referirse luego al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de quien dijo que hablaba de austeridad en las conferencias de prensa, “con una mano, y con la otra pasan la tarjeta de un amigo por el mundo… El tour internacional de la hipocresía está viendo el pueblo argentino”.
Se refirió incluso a la “narco política”, y deliberadamente aclaró que no se refería a su comprovinciana Lorena Villarruel, sino a José Luis Espert, de quien dijo que “intentaron sostenerlo hasta que apareció un contrato con una persona extraditada en Estados Unidos”.
“Mientras le piden esfuerzo al pueblo argentino, ellos viajan como jeques”, dijo, refiriéndose luego a las mujeres que le prestaron plata a Adorni: “Deben ser las únicas jubiladas en la Argentina a las que les está yendo bien”.
“No es la moral como política de Estado, sino el enriquecimiento ilícito a costa del Estado”, planteó Martín Soria.
La escasez de recursos y su administración discrecional reconfiguran la relación entre la Nación y las provincias, profundizando la dependencia financiera y el condicionamiento político de los gobernadores.
La Argentina atraviesa una de las crisis fiscales más profundas de su historia reciente, pero lo verdaderamente novedoso no es la escasez de recursos, sino el uso político de esa escasez. Hoy, la “billetera del Estado” se ha convertido en un instrumento central de disciplinamiento sobre los gobernadores.
Los números son elocuentes. La coparticipación federal acumula varios meses de caída real, en un contexto donde la recaudación se desploma y la actividad económica no logra repuntar. A esto se suma un dato aún más contundente: desde el inicio de la actual gestión, las provincias han perdido recursos por miles de millones de dólares entre recortes de transferencias automáticas y discrecionales. En paralelo, la reducción del gasto nacional en territorio provincial y la paralización de la obra pública terminaron de estrangular las finanzas subnacionales.
En ese escenario de fragilidad, emerge la paradoja: gobernadores obligados a pedir adelantos de coparticipación al mismo gobierno que previamente restringió sus ingresos. La administración nacional ha avanzado con esquemas de anticipos millonarios para provincias en situación crítica, muchas de ellas con dificultades para afrontar salarios y gastos corrientes.
Pero estos adelantos no son neutrales. No son simplemente una herramienta financiera. Son, esencialmente, una herramienta política.
La historia argentina ha conocido el uso de la “billetera” como mecanismo de construcción de poder. Sin embargo, en el actual contexto, ese instrumento adquiere una dimensión más cruda: la asistencia llega en medio de una negociación permanente, donde los recursos funcionan como moneda de cambio para garantizar acompañamiento legislativo.
Mientras el Gobierno necesita avanzar con reformas estructurales en el Congreso —sin mayorías propias—, los gobernadores necesitan fondos para sostener la gobernabilidad en sus territorios. En ese punto aparece el verdadero núcleo del problema: la dependencia financiera se traduce en condicionamiento político.
El resultado es un federalismo tensionado, donde la autonomía formal de las provincias convive con una dependencia real cada vez más profunda. Un sistema en el que los recursos que deberían distribuirse bajo criterios objetivos terminan siendo administrados con lógica discrecional.
Así, la “billetera del Estado” deja de ser una herramienta de equilibrio territorial para convertirse en un instrumento de poder político. Y cuando el financiamiento condiciona la voluntad, el federalismo pierde densidad institucional y la representación democrática se debilita.
El desafío de fondo no es solo económico. Es, esencialmente, político: recuperar un esquema en el que las provincias no deban negociar su autonomía para garantizar su supervivencia.
Porque cuando gobernar depende de pedir permiso, el federalismo deja de ser un principio constitucional para transformarse en una ficción administrativa.
Vallone es consultor y analista político – Ex diputado nacional
Hubo una sola votación, en general y en particular. Dos sanjuaninos de UP se sumaron a la aprobación. El interbloque Unidos votó dividido.
✅ VOTARON AFIRMATIVO (137)
La Libertad Avanza
Sabrina Ajmechet; Carlos Alberto Almena; Lisandro Almirón; Bárbara Andreussi; Pablo Ansaloni; Damián Arabia; Belén Avico; Atilio Basualdo; Mónica Becerra; Beltrán Beneditt; Bertie Benegas Lynch; Alejandro Bongiovanni; Gabriel Bornoroni; Adrián Brizuela; Eliana Bruno; Mariano Campero; Alejandro Carrancio; Giselle Castelnuovo; Abel Chiconi; Facundo Correa Llano; Romina Diez; Nicolás Emma; Alejandro Fargosi; Alida Ferreyra; Sergio Figliuolo; María Gabriela Flores; Maira Frías; María Virginia Gallardo; Álvaro García; Carlos García; Silvana Giudici; Rosario Goitia; Alfredo Gonzales; María Luisa González Estevarena; Maura Gruber; Jairo Guzmán; Diego Hartfield; Patricia Holzman; Gerardo Huesen; Gladys Humenuk; María Cecilia Ibáñez; Andrés Laumann; Lilia Lemoine; Andrés Leone; Mercedes Llano; Enrique Lluch; Johanna Sabrina Longo; Lorena Macyszyn; Álvaro Martínez; Nicolás Mayoraz; Julieta Metral Asensio; Soledad Molinuevo; Soledad Mondaca; Guillermo Montenegro; Juan Pablo Montenegro; Francisco Morchio; Julio Moreno Ovalle; Gabriela Luciana Muñoz; Miriam Niveyro; Joaquín Ojeda; Sebastián Pareja; Marcos Patiño Brizuela; Santiago Pauli; Agustín Pellegrini; Federico Agustín Pelli; José Peluc; Luis Petri; María Lorena Petrovich; Luis Albino Picat; María Celeste Ponce; Manuel Quintar; Valentina Ravera; Adrián Ravier; Verónica Razzini; Karen Reichardt; Gastón Riesco; Gonzalo Roca; Miguel Rodríguez; Laura Elena Rodríguez Machado; Juliana Santillán Juárez Brahim; Santiago Santurio; Laura Soldano; Yamile Tomassoni; Rubén Darío Torres; Aníbal Tortoriello; José Federico Tournier; César Treffinger; Hernán Urien; Patricia Vásquez; Andrea Fernanda Vera; Lorena Villaverde; Gino Visconti; Carlos Raúl Zapata.
Pro
Martín Ardohain; Emmanuel Bianchetti; Fernando de Andreis; María Florencia De Sensi; Daiana Fernández Molero; Alicia Fregonese; Antonela Giampieri; Cristian Ritondo; Javier Sánchez Wrba; Martín Yeza; Álvaro González.
UCR
Guillermo César Agüero; Gerardo Cipolini; Diógenes Ignacio González; Lisandro Nieri; Darío Schneider; Pamela Fernanda Verasay.
Unión por la Patria
Cristian Andino; Jorge Chica.
Provincias Unidas
Jorge Antonio Ávila; Sergio Eduardo Capozzi; José Núñez; Jorge Rizzotti; Gisela Scaglia; Alejandra Torres.
Innovación Federal
Claudio Álvarez; Alberto Arrúa; Bernardo Biella; Oscar Herrera; Pablo Outes; Yolanda Vega; Daniel Vancsik; Yamila Ruiz.
Producción y Trabajo
Carlos Gustavo Jaime Quiroga; Nancy Viviana Picón Martínez.
Elijo Catamarca
Fernanda Ávila; Fernando Monguillot; Sebastián Noblega.
Independencia
Elia Marina Fernández; Gladys Medina; Javier Noguera.
Adelante Buenos Aires
Karina Banfi.
Por Santa Cruz
José Luis Garrido.
Encuentro Federal
Nicolás Massot.
❌ VOTARON NEGATIVO (111)
Unión por la Patria
Hilda Aguirre; Ernesto “Pipi” Ali; Javier Andrade; Jorge Neri Araujo Hernández; Martín Aveiro; Marcelo Barbur; Luis Eugenio Basterra; Gustavo Bordet; Alejandrina Borgatta; Santiago Cafiero; Celia Campitelli; Julieta Marisol Campo; Lucía Campora; Florencia Carignano; Sergio Casas; Carlos Castagneto; Carlos Cisneros; Ricardo Daives; María Graciela De la Rosa; Fernanda Díaz; Sergio Dolce; Gabriela Estévez; Emir Félix; Abelardo Ferrán; Andrea Freites; Sebastián Galmarini; María Teresa García; Diego Giuliano; José Glinski; José Gómez; Juan Grabois; Ramiro Gutiérrez; Raúl Hadad; Itai Hagman; Ana María Ianni; Máximo Carlos Kirchner; Moira Lanesan Sancho; Aldo Leiva; Jimena López; Cecilia López Pasquali; Juan Pablo Luque; Marcelo Mango; Mario Manrique; Marianela Marclay; Varinia Lis Marín; Juan Marino; Germán Pedro Martínez; Guillermo Michel; Fernanda Miño; Juan Carlos Molina; Matías Molle; Roxana Monzón; Cecilia Moreau; Hugo Antonio Moyano; Jorge Mukdise; Estela Mary Neder; Kelly Olmos; Blanca Inés Osuna; Sergio Omar Palazzo; Claudia María Palladino; María Graciela Parola; Gabriela Pedrali; Paula Andrea Penacca; Horacio Pietragalla Corti; Lorena Pokoik; Luciana Potenza; Agustina Propato; Ariel Rauschenberger; Santiago Luis Roberto; Agustín Oscar Rossi; Marina Dorotea Salzmann; Nancy Sand; Sabrina Selva; Adriana Cristina Serquis; Vanesa Raquel Siley; Guillermo Snopek; Julia Strada; Jorge Taiana; Rodolfo Tailhade; Caren Tepp; Paulo Agustín Tita; Pablo Todero; Victoria Tolosa Paz; Nicolás Alfredo Trotta; Eduardo Félix Valdés; María Elena Velázquez; Luana Volnovich; Hugo Yasky; Natalia Zaracho; Christian Alejandro Zulli.
Provincias Unidas
Lourdes Micaela Arrieta; Carolina Basualdo; Juan Fernando Brugge; Mariela Coletta; Pablo Farías; Carlos Gutiérrez; Pablo Juliano; Martín Lousteau; Esteban Paulón; Juan Schiaretti; María Inés Zigarán.
Frente de Izquierda / FIT-U
Myriam Bregman; Nicolás del Caño; Romina del Plá; Néstor Pitrola.
Coalición Cívica
Maximiliano Ferraro; Mónica Frade.
Defendamos Córdoba
Natalia de la Sota.
Encuentro Federal
Miguel Ángel Pichetto.
Coherencia
Marcela Marina Pagano.
Primero San Luis
Jorge Fernández.
⚪ ABSTENCIONES (3)
La Neuquinidad
Karina Maureira.
MID – Movimiento de Integración y Desarrollo
Eduardo Falcone; Oscar Zago.
Rocío Bonacci.
Alejandro Finocchiaro.
Ignacio García Aresca.
Gerardo Gustavo González.
Pablo Raúl Yedlin.
En el marco de una cuestión de privilegio presentada contra la ministra Pettovello, la diputada de UP lanzó un exabrupto contra el los diputados libertarios.
La diputada nacional Natalia Zaracho presentó este miércoles, durante la sesión por la modificación a la Ley de Glaciares, una moción de privilegio contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras el cierre del programa "Volver al Trabajo", medida que afecta a casi un millón de trabajadores de la economía popular.
En un encendido discurso, la diputada denunció la “insensibilidad” del Gobierno y defendió la organización en los barrios: “Yo no sé en qué colegio estudian y salen tan hijos de puta. Se asombran por las formas, pero no se asombran cuando los cagan a palos a los jubilados o cuando la gente no tiene para comer en los barrios”.
“Nuestros compañeros trabajan más que cualquiera de ustedes. No van a romper la organización. Esas compañeras van a seguir laburando”, desafió, y concluyó espetándole al bloque libertario: “Los que tienen que volver al trabajo son ustedes. Que son una manga de vagos, de chorros, de coimeros, de transas, de hijos de remil putas que se cagan en la gente”, finalizó.
El ministro defendió la iniciativa enviada por el Ejecutivo ante un plenario de comisiones, en un debate marcado por fuertes cruces con el peronismo y reparos planteados desde sectores sociales. El tratamiento pasó a un cuarto intermedio y continuará la próxima semana.
El ministro de Desregulación expuso ante los senadores por más de cuatro horas. (Fotos: Comunicación Senado)
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado comenzaron este martes el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Poder Ejecutivo, en una reunión que combinó una extensa exposición técnica, cuestionamientos políticos de la oposición y un fuerte cruce entre el peronismo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El debate, que se prolongó durante más de cuatro horas, quedó en cuarto intermedio y continuará la próxima semana.
El plenario fue presidido por los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez y contó también con la presencia del arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, quien expresó reparos sobre el impacto social de la iniciativa en los sectores más vulnerables. Se trató de la primera reunión informativa en torno a un proyecto que el oficialismo considera prioritario y sobre el cual aspira a emitir dictamen en las próximas semanas, aunque la oposición pidió ampliar la nómina de expositores antes de avanzar.
En representación del Ejecutivo, Sturzenegger defendió la propuesta enmarcándola en los que definió como los dos pilares centrales del actual Gobierno: el equilibrio fiscal y la libertad económica. Según el ministro, ambos conceptos están intrínsecamente ligados a la protección de la propiedad privada, a la que calificó como un requisito indispensable para el desarrollo económico. A su entender, la fragilidad fiscal histórica del país contribuyó a la vulneración de los derechos de propiedad y desalienta tanto la inversión local como la extranjera.
Durante su exposición, el funcionario sostuvo que la Argentina desperdició durante décadas su potencial minero, energético y productivo por la falta de reglas claras y previsibles. En ese sentido, señaló que el país nunca logró “poner sobre la mesa” el respeto efectivo de los derechos de propiedad, lo que habría frenado proyectos de inversión de gran escala. En línea con ese diagnóstico, defendió las modificaciones propuestas a diversas normas, entre ellas el Código Civil y Comercial, el Código Procesal, la ley de Tierras, la ley de Manejo del Fuego y el régimen de integración socio-urbana de barrios populares.
Uno de los puntos que mayor controversia generó fue la intención del Gobierno de flexibilizar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Sturzenegger calificó como “flagrantemente inconstitucional” la legislación vigente, que limita al 15% la propiedad extranjera, y propuso eliminar ese tope para el sector privado, manteniendo únicamente las restricciones cuando haya participación de Estados extranjeros. Según explicó, la actual normativa desalienta la producción y el desarrollo, incluso en extensiones reducidas de tierra.
También cuestionó duramente la Ley 27.453 de Barrios Populares, al afirmar que, tras una década de vigencia, apenas logró regularizar una porción mínima de los casos, lo que a su juicio demuestra una ineficacia estructural del Estado. En la misma línea, criticó la extensión de las restricciones de la Ley de Manejo del Fuego a zonas productivas agropecuarias, al considerar desproporcionado que se limite el uso de un inmueble durante 30 años aun cuando no se trate de bosques nativos.
La defensa del proyecto no transcurrió sin sobresaltos. Desde el inicio del debate, los senadores del bloque justicialista aprovecharon la presencia del ministro para cuestionar su trayectoria y responsabilizarlo por políticas económicas de gobiernos anteriores. El jefe del bloque, José Mayans, y el senador Martín Soria encabezaron los reproches, acusándolo de haber sido protagonista de los principales fracasos económicos de las últimas décadas, desde la crisis de 2001 hasta el endeudamiento durante la gestión de Mauricio Macri.
Las críticas incluyeron referencias al megacanje, la emisión de Lebac, la deuda con el FMI y el actual programa de ajuste del Gobierno. En ese contexto, Sturzenegger respondió con ironía y contraataques políticos, interpelando al peronismo por sus derrotas electorales recientes y rechazando las responsabilidades que le adjudicaban. El intercambio marcó uno de los momentos de mayor tensión de la reunión.
Hacia el cierre del encuentro expuso el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, quien aportó una mirada social al debate. Si bien no se refirió a la totalidad del articulado, advirtió que algunas modificaciones incluidas en el proyecto, en particular las que alcanzan a la ley de barrios populares, podrían tener un efecto regresivo sobre comunidades en situación de vulnerabilidad. Carrara abogó por mantener un rol activo del Estado nacional en los procesos de regularización dominial y urbanización.
Tras más de cuatro horas de discusión, el fueguino Agustín Coto informó que el debate continuará en próximas reuniones informativas y que los integrantes de la comisión podrán proponer nuevos invitados, especialmente a pedido de la oposición. El oficialismo, no obstante, dejó en claro que busca avanzar con el dictamen en un plazo relativamente corto.
El comienzo del tratamiento dejó expuesto que el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada será uno de los ejes de confrontación política en el Senado. Mientras el Gobierno lo presenta como una herramienta clave para generar previsibilidad y crecimiento, la oposición advierte sobre sus consecuencias sociales, el alcance de algunas reformas y la dirección general de la política económica.
En el marco de una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada que propone modificaciones al Código Penal de la Nación quedó listo para llegar al recinto.
Carolina Losada defendió su proyecto, que volvió a conseguir dictamen. (Fotos Comunicación Senado)
Un día después de que el tema motivara una jornada en la Cámara alta, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el salteño Gonzalo Guzmán Coraita, dio tratamiento este miércoles al proyecto de ley de autoría de la senadora Carolina Losada (UCR – Santa Fe), que propone modificaciones al Código Penal de la Nación en materia de falsas denuncias.
La iniciativa busca endurecer las penas previstas, elevándolas de 3 a 6 años de prisión cuando las falsas denuncias involucren situaciones vinculadas a violencia de género, abuso sexual o menores.
Al respecto, el presidente de la comisión explicó que, tras haber perdido estado parlamentario, el dictamen vuelve a ser puesto a consideración para su tratamiento.
En su intervención, Carolina Losada recordó que las penas existentes hoy sobre el tema son “prácticamente inexistentes”, y que ya se desarrollaron siete jornadas sobre el tema. Aclaró que el tema trasciende a los partidos políticos y estratos sociales. “Son personas de cualquier ámbito; niños que son alejados de sus papás, mamás, abuelos, tíos o hermanos. Algo muy grave está sucediendo: ayer vino una mujer a verme y me contó que hace mucho tiempo que no ve a su hijo, estando el tema resuelto por la justicia hace muchos meses. No merece discusión que las mentiras existen y no responde a un solo género”, señaló la senadora.
“Es un proyecto que venimos trabajando desde 2022”, dijo y afirmó que "las falsas denuncias llenan de causas los tribunales y utilizan recursos del Estado, recursos que deberían ir a las verdaderas víctimas". Agregó que este tipo de denuncias "arruinan vidas".
Por su parte, el senador justicialista Daniel Bensusán advirtió que, tal como está redactada la iniciativa, podría generar que "las víctimas tengan miedo de denunciar". Señaló además que en muchos casos no se logra acreditar el delito por tratarse de hechos ocurridos en el ámbito intrafamiliar, y remarcó que "denuncia falsa y falta de prueba no son lo mismo".
“Muchas veces las pruebas han desaparecido”, ejemplificó, advirtiendo que “si avanzamos en este proyecto vamos a lograr que hasta las víctimas tengan miedo de denunciar; porque uno denuncia un hecho con un indicio, una prueba, y después es un fiscal el que determina si logró comprobar que hay delito”. En este marco, al ser más severas las penas por falsas denuncias, el denunciante puede tener miedo de denunciar.
El senador pampeano aclaró no obstante que estaba de acuerdo con castigar penalmente a aquellas personas que hacen una falsa denuncia para perjudicar a un tercero. Pero le apuntó a la justicia, donde dijo que radica el problema, ya que “no actúa rápidamente; está dos años, tres, en un proceso de si es falsa o no la denuncia y la persona está acusada. El problema es la justicia, no el tipo penal que establece el código”.
“Por eso pongo un signo de interrogación en esto”, dijo el senador Bensusán, aclarando que sus observaciones tenían por objeto mejorar el proyecto. Y ejemplificó: “Hoy un abuso simple tiene una pena de 3 años; tiene que ser muy rave para que la pena llegue a 6, en general se aplican 3 años. Y nosotros vamos a elevar la pena a una persona que haya denunciado y que después el hecho no se pudo comprobar, que tenga una pena mayor al que abusó… Es un contrasentido absoluto”.
Aclaró sobre el final que no criticaba por criticar, y que coincidía con su colega Losada, pero se expresaba para tratar de mejorar la iniciativa, “en el sentido de no perjudicar el sistema del menor. De aprobarse esto, creo que vamos a meter la pata, vamos a lograr que aquella persona que tenga que denunciar un hecho, tenga cierto miedo a ser denunciado y tener una pena como la que estamos hablando”. Por eso pidió invitar en una próxima reunión a otros operadores de la justicia para que brinden su opinión.
Losada le contestó reconociendo la buena fe de la crítica de Bensusán, pero advirtió que una falsa denuncia “no dispara automáticamente otra denuncia y va presa”. Por el contrario, aclaró que “tiene que haber un nuevo juicio en donde se denuncia a esa persona y en ese juicio el denunciado corre con presunción de inocencia y además hay que demostrar que el que denunció lo hizo con el solo objetivo de lastimar a otra persona y a sabiendas de la falsedad de lo que estaba denunciando”.
Por último dijo que la redacción fue modificada justamente por eso. “Le agradezco la pregunta para dar la posibilidad de explicarlo.
A su turno, el senador Luis Juez (LLA) felicitó a la senadora Losada y sostuvo que "las consecuencias que generan las falsas denuncias producen un perjuicio irreparable".
Intervino también la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien reconoció que en “el problema que existe es que esta denuncia que al principio uno no sabe si es falsa o no, genera un mundo alrededor de la persona denunciada”.
“Esta ley no es solamente para los niños, es para todos. Tenemos que plantear también cómo trabajamos la protección de la persona frente a una denuncia. La lógica sería que esa denuncia no tenga consecuencias públicas que le genere a la persona una cuestión reputacional que la destruya”, observó, reconociendo que “hemos visto repetición de casos que se sabía que iban a pasar, que no hubo reacción y esa omisión trajo la muerte”, y puso el caso Lucio como ejemplo.
Se preguntó sobre el final si “podemos en una sociedad mediática tener actores que cuiden a aquellos que sufren aquella denuncia antes de saber si esa denuncia es real o falsa. Porque cuando se comprueba que la denuncia es falsa, esa persona ya está destruida. No hay vuelta atrás; tampoco al revés, cuando la víctima termina muerta”. Bullrich cerró pidiendo pensar “una lógica de protección de los casos de denuncias que involucran violencia de género”.
Durante la reunión, el dictamen puesto a consideración de los senadores que integran la comisión recibió despacho favorable.
José Mayans reiteró en el Senado su reclamo por la integración de las comisiones y acusó al oficialismo de incumplir la proporcionalidad parlamentaria. Desde LLA reconocieron el planteo y anticiparon que en los próximos días se corregirá la conformación.
Como viene sucediendo en todas las reuniones de comisiones que se celebran en el Senado, el interbloque Popular volvió este miércoles a reclamar los lugares que le corresponden en las comisiones asesoras del Senado, y acusó al oficialista La Libertad Avanza de violar de manera reiterada y permanente el Reglamento de la Cámara y la Constitución Nacional al no respetar la proporcionalidad derivada del voto popular.
Al respecto, el presidente del bloque Justicialista y del interbloque Popular, José Mayans, advirtió que el oficialismo conformó la comisiones de la Cámara alta “a su antojo” y que, por lo tanto, todo lo que se resuelva con estas integraciones estará “viciado de nulidad”. “Esta Comisión de Asuntos Constitucionales está mal constituida”, remarcó el formoseño, en el salón Azul del Senado durante el plenario de la referida comisión y su similar de Legislación General. E insistió en que “se sigue violando el Reglamento del Cuerpo y la Constitución Nacional”, por la manera en que se constituyó la mayoría de las comisiones de la Cámara alta.
Reseñó que, con las comisiones mal conformadas, el oficialismo viene sosteniendo que consigue “quórum” y firma “despachos”, situación que calificó como “muy grave”. Y advirtió que, desde su bancada, se están juntando “los antecedentes para que aquellos que consientan esta violación del Reglamento y de la Constitución den las explicaciones correspondientes”, cuando corresponda y ante quien corresponda.
Ya al mediodía Mayans había formulado un planteo similar en la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde se trató el proyecto de ley de Falsa Denuncia.
En esa oportunidad, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se hizo eco del reclamo y expresó: “Nos comprometemos a ordenar esta comisión para que el bloque de la oposición tenga los miembros que corresponden que nos den unos días que lo vamos a ordenar”.
En la reunión de la tarde, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti lamentó el desconocimiento del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien pretendió por dar por cancelada la discusión y lo responsabilizó por “esta violación del Reglamento y de la Constitución Nacional”, por ser quien firma los decretos que designan los integrantes de cada comisión. “No sé por qué no lo hace la vicepresidenta de la Nación (Victoria Villarruel)”, reflexionó a continuación, al referirse a la notable ausencia de la presidenta de la Cámara.
La senadora peronista apuntó que “en las comisiones de 19 miembros, nos corresponden seis y uno más por interbloque; y en las comisiones de 17, 5 y uno por interbloque, es decir que nos están usurpando, robando, quitando, llámelo como quiera, nada más y nada menos que en la comisión de Asuntos Constitucionales”. “Es un papelón institucional”, agregó.
Activistas intervinieron este miércoles por la mañana el Monumento a los Dos Congresos con banderas y consignas dirigidas a los diputados, en la antesala de una jornada clave en la Cámara baja. Hubo operativo policial, demorados y nuevas convocatorias para protestar.
Un grupo de activistas de Greenpeace protagonizó este miércoles por la mañana una protesta frente al Congreso de la Nación al escalar el Monumento a los Dos Congresos y desplegar carteles contra una eventual modificación de la Ley de Glaciares. La acción, realizada en las primeras horas del día, buscó visibilizar el rechazo de la organización ambientalista al proyecto que el oficialismo impulsa en la Cámara de Diputados.
Sobre la estructura del monumento colocaron dos mensajes dirigidos a los legisladores: “Diputados: no traicionen a los argentinos” y “La Ley de Glaciares no se toca”. Según informaron fuentes policiales, la intervención comenzó cerca de las 6:30, cuando los manifestantes sortearon el cerco perimetral e ingresaron al predio para colgar una bandera de gran tamaño.
La escena generó un importante despliegue de la Policía de la Ciudad y la intervención de bomberos del Grupo Especial de Rescate, ya que dos de los activistas permanecían en altura. En total participaron nueve personas, que fueron identificadas y demoradas. A los manifestantes se les labraron actas contravencionales y, tras quedar a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, recuperaron la libertad horas más tarde.
El reclamo se inscribe en un clima de creciente tensión política por el tratamiento legislativo de la iniciativa, frente a la cual las organizaciones ambientales advierten un retroceso en la protección de los recursos hídricos y los ecosistemas de alta montaña. Desde Greenpeace señalaron que la reforma pondría en riesgo el resguardo de los glaciares y el acceso al agua.
En paralelo a la protesta matutina, distintas agrupaciones ambientalistas y sectores de la oposición convocaron a una movilización más amplia para la tarde, a partir de las 17, frente al Congreso. No es la primera vez que la organización recurre a este tipo de acciones: semanas atrás, integrantes de Greenpeace ya habían sido detenidos durante una manifestación en la explanada del Palacio Legislativo por el mismo reclamo.
En el marco del reacomodamiento de la conducción de las comisiones, renunció en Familias quien ejerció la presidencia en nombre de LLA desde febrero, y el cargo quedó en poder de la principal oposición. El Pro se quedó con Seguridad Interior.
Bien temprano, lo que se perfilaría como una extensa jornada legislativa, se reunió este miércoles en la Cámara baja la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, para modificar sus autoridades principales. En efecto, instantes después de las 10 de la mañana, la salteña María Gabriela Flores dio inicio a la reunión para anunciar que, en virtud de los acuerdos entre los distintos bloques habían resuelto que la conducción de esa comisión pasara a manos de la principal oposición, razón por la cual renunció a la presidencia y el titular de UP, Germán Martínez, anunció la propuesta de su bloque.
Tras agradecer la predisposición de avanzar con los acuerdos, sobre todo la de la presidenta saliente, el santafesino propuso a la pampeana Varinia Liz Marín, quien ejercerá el cargo de manera provisoria, hasta que pueda hacerlo el tucumano Pablo Yedlin. “Coincidimos en el diagnóstico de que hay una enorme cantidd de temas que requieren un abordaje que se necesita en esta comisión”, dijo, expresando su confianza de que “vamos a conseguir dictámenes de relevancia para llevar al recinto”.
Marín hizo votos porque pronto Yedlin pueda sumarse a la comisión, como así también porque la Secretaría Parlamentaria le gire a esa comisión todos los temas que tengan que ver con Familias, y no tengan que “forzarlo”, como sucedió con el debate del Régimen Penal Juvenil.
A continuación fue investida como vicepresidenta primera de la comisión la propia Gabriel Flores, quien expresó un “compromiso muy fuerte” de su bloque con la familia, a la que consideró “célula principal”, para “llevar adelante políticas que tengan que ver con la niñez y la juventud”.
A continuación, se constituyó también la Comisión de Seguridad Interior, la última que quedaba pendiente de las 46 permanentes que conforman la Cámara de Diputados. Y la presidencia de la misma fue para el Pro, que eligió a Florencia De Sensi para ejercer ese cargo. La legisladora agradeció a su bloque la confianza para presidir una comisión que, resaltó, ha avanzado en “reformas que venían esperándose hace mucho tiempo, como el Registro de Datos Genéticos”, y expresó su deseo por poder dejar de lado todas las diferencias políticas para poder “brindar soluciones y traer tranquilidad a la sociedad”.
La Libertad Avanza hizo reserva de la vicepresidencia primera, como así también las secretarías primera y tercera, en tanto que para la vicepresidencia segunda fue elegido por UP el chubutense José Glinski, en tanto que ese bloque hizo reserva de la secretaría segunda.
Al asumir el cargo, Glinski hizo un largo discurso en el que expresó su deseo porque “esta comisión funcione distinto de lo que lo hizo los primeros dos años”. Consideró paradójico que un Gobierno como el actual, que le da a la seguridad prioridad en su agenda, esa comisión casi no haya trabajado. “Solo al comienzo lo hizo, con los proyectos Antimafia, el Registro de Datos Genéticos, el proyecto de Reiterancia… Los primeros debates fueron muy honestos y sinceros, pero esta comisión nunca fue cabecera, sino la de Legislación Penal”, se quejó.
El legislador recordó que ellos ofrecieron modificaciones, muchas de las cuales fueron incorporadas. “Eso no tuvo como resultado que acompañemos esos proyectos, pero el debate legislativo se dio con seguridad”, señaló el chubutense, que lamentó que después se clausurara el debate. “Tanto, que el Gobierno nacional modificó por decreto la estructura básica de las cuatro fuerzas de seguridad, y ninguno pasó por esta comisión; ni siquiera del ámbito legislativo en general”, remarcó, aclarando que solo habían podido debatir “mínimamente” el tema en la Bicameral de Seguridad Interior.
“Otra muestra de que esta comisión no tuvo funcionamiento ni hubo debate es que aquí no vino nunca la ministra de Seguridad a contarnos mínimamente en qué estaba la gestión. Tengo la esperanza de que esta comisión funcione también en virtud de lo que el Gobierno nacional pone como prioridad en su agenda”, expresó el legislador, que puso como ejemplo que no pasara por esa ocmsión el Régimen Penal Juvenil, y destacó que el hecho de que los temas se discutan en Legislación Penal y no en esa comisión “habla de una perspectiva del Gobierno de empezar por el final y no por el principio los temas de seguridad”.
Finalmente propuso una agenda de trabajo que incluía convocar a la ministra del área, tener en cuenta la crisis salarial, el pluriempleo y las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad, entre otros temas.
El Gobierno llevará este miércoles al recinto de Diputados la reforma de la Ley de Glaciares, en una sesión que tendrá al proyecto como único tema y que se prevé atravesada por una fuerte ofensiva opositora en el inicio, aunque el oficialismo confía en reunir entre 135 y 140 votos para aprobarlo.
Con el fin de conseguir una victoria legislativa que lo devuelvan al estado de gracia que lo acompañó durante el verano en su andar en el Congreso de la Nación, el oficialismo se abocará este miércoles al debate de la reforma de la Ley de Glaciares.
Será un día después de haber conseguido el dictamen que habilita el tratamiento en el recinto, donde será el único tema a tratar, aunque ya se sabe que la oposición tratará de hacerle sentir al Gobierno el rigor, durante una primera parte que dedicará a las cuestiones de privilegio y apartamientos de reglamento.
Cuatro son los dictámenes que hubo este martes, al cabo de un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales al que asistieron casi una veintena de expositores, todos a favor de la reforma de la Ley de Glaciares. Esos visitantes eran dos gobernadores de provincias mineras, como así también ministros, secretarios y subsecretarios nacionales y provinciales de Minería. El dictamen de mayoría tuvo 37 firmas y los otros tres dictámenes correspondieron uno a Unión por la Patria, otro a Provincias Unidas y un cuarto de Maximiliano Ferraro.
El proyecto que modifica la Ley 26.639 redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41.
Como dijimos, la oposición buscará hacer su juego en esta sesión. Convencida de que el oficialismo conseguirá la victoria que está buscando -por una base de 135 votos y un techo de 140-, la oposición sacará a la palestra el caso Adorni y hasta es probable que pida su interpelación.
Asimismo intentará aprobar sobre tablas un proyecto de un grupo de diputados de Unión por la Patria para reafirmar la neutralidad de la Argentina frente al conflicto armado entre Estados Unidos e Israel con la República Islámica de Irán. La iniciativa cuestiona declaraciones y acciones del Poder Ejecutivo que, según advierten, comprometen la política exterior histórica del país y avanzan sobre facultades exclusivas del Congreso.
El proyecto es del diputado Juan Marino, y sostiene que la Argentina no reconoce enemigos en ninguna de las partes en disputa y reivindica una posición de prescindencia activa, alineada con la tradición diplomática nacional y con los principios establecidos por la Constitución Nacional y la Carta de las Naciones Unidas. En ese sentido, el texto remarca el compromiso del país con la resolución pacífica de las controversias internacionales y el respeto al derecho internacional.
Más poder a las provincias
La reforma de la Ley de Glaciares fue redactada por el Consejo de Mayo y propone, además, la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el inventario.
También hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.
El texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.
Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.
La Cámara alta debatirá el pliego de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá, los ascensos de los jefes de las Fuerzas Armadas y dará ingreso a más de sesenta pliegos judiciales. Aunque el temario no anticipa mayores controversias, la agenda política podría atravesar el debate.
El Senado realizará este jueves su séptima sesión del año, la segunda del período ordinario, para tratar una serie de pliegos, como así también dar ingreso a más de sesenta pliegos judiciales.
Será a partir de las 11, y esta sesión que a priori luce con temas que no ameritan mayor debate, estará marcada seguramente por la actualidad, lo cual implica la posibilidad de que haya un fuerte debate por temas como la situación del jefe de Gabinete Manuel Adorni, a quien estarán dirigidos numerosas cuestiones de privilegio.
Según lo establecido en la reunión de Labor Parlamentaria que encabezó este martes la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se debatirá el pliego de la exsenadora nacional Lucila Crexell, como así también los ascensos militares de los jefes de las Fuerzas Armadas.
Del encuentro celebrado en el Salón Gris del Senado, tomaron parte además de la presidenta del Cuerpo y el secretario Parlamentario Agustín Giustinian, los senadores Bartolomé Abdala, Patricia Bullrich, Eduardo Viscchi, Anabel Fernández Sagasti, José Mayans, Agustín Coto, Ezequiel Atauche, Carlos Arce, Fernando Salino, Martín Göerling Lara, Natalia Gadano, Mariana Juri, Carolina Moisés, Beatriz Ávila, Flavia Royón y Carlos “Camau” Espínola.
La Cámara alta prestará acuerdo a la designación de Carmen Lucila Crexell como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, para desempeñarse en Canadá. El pasado 26 de marzo se suscribió el dictamen correspondiente para la exlegisladora neuquina en la Comisión de Acuerdos.
En la sesión de este jueves se procederá a ascender a los jefes de las tres armas: el general de División Oscar Santiago Zarich, jefe del Etado Mayor general del Ejército; el brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea; también el del vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; el vicealmirante Juan Carlos Romay, jefe del Estado Mayor General de la Armada;
Asimismo se promoverá al grado inmediato superior a los brigadieres Pablo Jaime Sole, Fernando Luis Mengo; los comodoros Marcelo Antonio Turtora, Fabián Ricardo Luján, Jorge Daniel Vilas, Marcelo José Monetto, Carlos Rodolfo Gómez, Hugo Alberto Dirié y Marcelo César Cariola; a los vicecomodoros Mariano Quintana, Maximiliano Luis Ravera, Javier Eduardo Chiappai, Fabián Ricardo Oviedo, Mario Javier Anselmi, Gustavo Daniel Otero, Leonardo Gustavo Villegas, Luciano Eduardo Martínez Federik, Emiliano Andrés Gandini, Hugo Dante Alvarez, José Agustín Guerrero, Diego Stiberman, Alejandro Pastrán, Miguel Matías Garro, Pablo Ignacio Burgos, Cristian Darío Haller, Marcos González Pérez, José Víctoro David Farías, Federico Guillermo Vassallo, Hugo Germán Gómez, Claudio Rubén Reigert, Juan Manuel Zugasti, Diego Ariel Berisso, Ariel Gustavo Mandrile, Santiago Hernández, Leonardo Rubén Muzzi, Roberto Hernán Bertram, Adolfo Mengual Gómez, Luis Francisco Morelli, Daniel Augusto Molina, Mario Javier Núñez, Rubén Daniel Algieri, María Fernanda Cassola, José Alfredo Calandra, Hugo Donal Pérez, Maximiliano Humberto Gerycz, Hugo Daniel Sánchez, Marcelo Ángel Garaboa y Jorge Omar Peralta.
Por el Ejército, se promueve al grado inmediato superior al teniente coronel Fabián Torrengo, como así también a los comodoros Humberto Ricardo Domínguez, Ángel Javier Rojas, Carlos Gabriel Cendón, Pablo Víctor Eduardo Asis Bas, Gonzalo Villegas Campos y Walter Oscar Lucero; los vicecomodoros Néstor Ariel Díaz, Cristian Darío Lorenzo Giaccaglia, Horacio Luis Scotto, Guido Flecha, Eduardo Javier Nanclares, Pablo Sebastián Caffaratti, Andrés Atencio, Javier Gustavo Stafulki, Luis Matías Graziano, Roberto Alejandro Romero, Fernando Andrés Penza, Carlos Eduardo Araya, Mariano Alejandro Mohaupt, Pablo Andrés Noguera, Sebastián Medina Skiriano, Sergio Fernando Castillo, Juan Eduardo Alberghina Andrei, Diego Javier López, Cristian Bordón, Jorge Fernando Nedelcou, Alexis Benjamín Hernández, Manuel Darío Castaño, Carlos Edgardo Sack, Marcela Del Valle Chialva, Ana Lía Gatti, Fernando Daniel González, Mauricio Esteban Castro, Nieves Karina Dagnino, Sebastián Fernando Casado, María Gabriela Lancelle y Roxana Elizabeth Tissieres.
Ascienden los generales de Brigada Sergio Jurczyszyn y Héctor César Tornero; los coroneles Gustavo Alejandro Molinari, Esteban Andrés Ravaioli, Hugo Daniel Soria, Mariano Pablo Gallo, Fernando Daniel De la Vega, Francisco José Cajal, Julio César Buoniconto, Bruno José Varani, Orencio Carlos Correas, Alberto Ricardo Nadale, Diego Ignacio Berra y Ariel Andrés Mira Peña.
También ascienden los tenientes coroneles Fernando Edgar Álvarez Suárez, Cristian Castellanos, Sebastián Mateo Marincovich, Rodolfo Grazzinni, Mario Cristóbal, Isidro Germán Green, Daniel Orlando Bustamante, Mariano Eduardo Kreiman, Luis Javier Anca, Pablo Fernando Benet, Martín Ronconi, Alejandro Oscar Peralta, Nazareno Eduardo Luis Ampuero, Diego Ernesto Heer, Diego Rubén Núñez, Facundo Manuel Eduardo Stella, Alberto Jesús Camargo, Noel Albiero, Eduardo Matías López Iñigo, Carlos Enrique Dellatorre, Carlos Francisco Ponce, Juan Mariano Chiara Vieyra, Fernando Domínguez Silva, Marcos Ariel Miskow, Rodolfo Edgardo Narváez, Jorge Gustavo Martínez, Juan Martín Nicasio Martínez, Matías San Martín, Martín Gonzalo López Beatriz, José Ignacio Rama, Ramiro Bustos, Maximiliano Ferrutti, Alberto Gustavo Camerucci, Sergio Hernán Romero, Rubén Darío González, Mario Rolando Carbajal, Pablo César Bassan, Rubén Alberto Blanca, Pablo José María Vizcaino, Fernanda Patricia Anzulovich, Silvina Lourdes Ferrero, Cecilia Elizabeth Salcedo, Juan Martín Patiño, Graciela Mónica Iglesias, Gustavo Daniel Said, Raúl Alcides Zini, Mariel Andrea Maguna, Alejandro Martín De Bernardi, Carlos Roque Dengl, Diego Gonzalo Cejas, Sandra Noemí Navarro y Ofelia Vence.
Se procederá además a promover al grado inmediato superior al siguiente personal militar superior de la Armada Argentina. Los contraalmirantes Fernando Daniel Terribile y Carlos Gabriel Funes; los capitanes de Navío Santiago Villemur, Fernando Enrique Pérez Kuhn, Gonzalo Horacio Nieto, Mariano Hernán García Bonini, Horacio Jorge Calafell, Damián Gabriel Orgiazzi, Carlos Eduardo Gómez Nolasco, Daniel Jorge Rajcevic y Juan José Napoletano.
También ascenderán los capitanes de fragata Juan Ignacio Sander, Sergio Esteban Donadio, Guillermo Roberto Mondine, Christian Adrián Cáceres, Pablo Ariel Viozzi, Alejandro Adrián Arroyo, Oscar Luis Latorre, Ariel Fernando Vidales, Miguel Ricardo Caviglia, Juan Fermín Spadaccioli, Ariel Omar Oviedo, Diego Alejandro Mazza, Christian Hernán Giménez, Norman Guillermo González, Juan Eduardo Acosta, Horacio Antonio Giménez, Diego Javier Tufil Assen, Fernando Luciano Pereyra, Sergio Víctor Andrés Calierno, Marcelo Martín Rodríguez, Rodrigo Fernando Caballero, Edgardo Darío Miño, Cristian Adrián Pérez, Paulo Daniel Ramos, Mariano Mazza, Maximiliano Juan Marcelo D’Amico, Nelson Maximiliano Pausic, Juan Ignacio Smoilis, Christian Fernando Losso, Luciano Damián Menéndez, Marcelo Horacio Herrera, Ulises Ángel Basualdo, Juan Pablo Pérez, Christian Gabriel De Gregori, Rubén Esteban Goñi, Martín Maximiliano Carbone, Gustavo Carlos Escalas, Jorge Claudio Correa Heredia, Diego Alberto Fernández, Carlos Guillermo Torrissi, Damián José Pérez, Walter Eduardo David Ordóñez, Guillermo Gabriel Orozco, Jorge Eduardo González O’Connor, Ariel Baltasar Atanasoff, Santiago Mauricio Filippi, Jorge Ariel Herrera, Guillermo José Uboldi, Jorge Daniel Stambuli, Martín Kennel, Néstor Manuel Manescau, Martín Enriqeu Olaz, Marcelo Miguel López García, Roberto Adrián Romano, Alberto Daniel Pericolo, Alberto José Armando Navarro, René Gabriel Schumacher, Sergio Pablo Iamarino, María Belén Paxote, Irma Noemí González, María Cecilia Moure y María Ruth Cabral.
También se procederá a dar acuerdo a las designaciones de miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia para Eduardo Rodolfo Montamat, en el cargo de presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia; Lucas Gabriel Trevisani Vespa y Marcelo Rubén D’Amore como vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia; Germán Augusto Zamorano como secretario de Concentraciones Económicas, y Ana Julia Parente secretaria instructora de Conductas Anticompetitivas.
Una frase captada con el micrófono abierto durante un plenario de comisiones por la Ley de Glaciares, desató una fuerte polémica en el Congreso.
Un comentario del diputado nacional Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) en el inicio del plenario generó ruido este martes durante un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, cuando se debatían modificaciones a la Ley de Glaciares. Sin advertir que tenía el micrófono encendido, el legislador santafesino lanzó una frase sobre las mujeres que rápidamente se viralizó.
Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, justificaba la aceptación excepcional de una propuesta vinculada a la conformación de autoridades cuando se le escuchó decir: “Vamos a hacer una excepción. Las mujeres son mi debilidad”, en diálogo con el titular de la Comisión de Recursos Naturales, José Peluc, y ante el pedido de diputadas para avanzar con ese punto del temario.
El episodio desató respuestas inmediatas dentro y fuera del recinto. Legisladoras de la oposición reclamaron una explicación y, en redes sociales, la diputada Florencia Carignano calificó el comentario como “repugnante y desagradable”, al remarcar que provenía de una autoridad parlamentaria y fue escuchado durante una reunión oficial. Por su parte, la diputada Gabriela Estévez rechazó los dichos de su colega, en su calidad de presidenta de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, señalando que las mujeres no somos “debilidades” ni “excepciones”. Y agregó: “Somos representantes de pueblo y exigimos respeto. Ese tipo de expresiones atrasan, reproducen una mirada que nos reduce y nos corre del lugar que nos corresponde, y no lo vamos a permitir”.
El plenario continuó luego con el esquema previsto para el tratamiento del proyecto, aunque la frase ya había abierto un nuevo foco de controversia política.
Como presidenta de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, rechazo los dichos de Nicolás Mayoraz, las mujeres no somos “debilidades” ni "excepciones".
Somos representantes de pueblo y exijimos respeto.
Ese tipo de expresiones atrasan, reproducen una mirada que nos reduce y… pic.twitter.com/p66c8rPId1— Gabriela Estévez (@gabiestevezok) April 7, 2026
El episodio remite a la sesión de diciembre pasado cuando juraron los 127 legisladores electos, en la que el diputado radical Gerardo Cipolini, presidente circunstancial del acto por ser el de mayor edad (82 años), fue captado por los micrófonos realizando comentarios inapropiados sobre colegas mujeres. “Qué buena que está la peruca. Tremendo”, fue la frase que se filtró en la transmisión oficial y rápidamente se viralizó en redes sociales. Según trascendió, los dichos habrían estado dirigidos a la diputada formoseña María Graciela de la Rosa y a otras legisladoras, entre ellas las libertarias Mónica Becerra (San Luis) y Rosario Goitía (Chaco).
Después del episodio, el diputado radical intentó desactivar la polémica alegando que se trató de una “operación en redes” y que su voz habría sido manipulada mediante inteligencia artificial, aunque su argumento no logró frenar la ola de críticas.
El anuncio reabre un debate sensible sobre el régimen vigente desde 2010, sus alcances, límites y la respuesta del sistema sanitario ante situaciones de crisis. Desde el oficialismo plantean la necesidad de “actualizar” la normativa, mientras trabajadores, organizaciones y familiares advierten sobre los riesgos de retroceder en un enfoque de derechos.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció este martes que en los próximos días el Gobierno estará enviando al Congreso de la Nación la nueva Ley de Salud Mental. La confirmación oficial marcó el relanzamiento de una discusión que atraviesa al sistema sanitario, al ámbito judicial y a la política desde hace más de una década, en torno a la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, sancionada en 2010 y actualmente vigente.
Según adelantaron fuentes oficiales, la iniciativa apuntará a modificar aspectos centrales del marco normativo actual con el objetivo de “mejorar la capacidad de respuesta del sistema” frente a situaciones de urgencia y riesgo. Sin embargo, el anuncio generó reacciones inmediatas y volvió a poner en escena un debate de fondo: cómo equilibrar el respeto por los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales con la necesidad de garantizar atención oportuna, acompañamiento continuo y protección en casos críticos.
La Ley 26.657 representó, en su momento, un cambio de paradigma. Reemplazó el enfoque tutelar y el modelo de encierro por uno basado en derechos, con eje en la atención comunitaria, la presunción de capacidad de las personas y la internación como último recurso terapéutico. También incorporó a las adicciones dentro de las políticas de salud mental e impulsó la desmanicomialización progresiva, promoviendo el cierre de hospitales psiquiátricos monovalentes y su sustitución por dispositivos alternativos.
No obstante, a más de quince años de su sanción, distintos sectores coinciden en señalar serias dificultades en su implementación. Entre los principales cuestionamientos aparecen la falta de presupuesto específico, la escasez de dispositivos comunitarios, la aplicación desigual entre provincias y la ausencia de respuestas eficaces en situaciones de crisis aguda. Familias de personas con padecimientos mentales graves, así como algunos profesionales, vienen reclamando una revisión del régimen para evitar vacíos de atención y desprotección tanto de pacientes como de su entorno.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma buscará clarificar conceptos, revisar los criterios de intervención y actualizar el sistema ante problemáticas que, afirman, hoy no encuentran encuadre adecuado en la norma vigente. Entre los puntos que se evalúan modificar se encuentran los mecanismos para las internaciones involuntarias, los plazos de notificación judicial y el rol de los equipos tratantes ante situaciones de riesgo para la persona o para terceros.
El anuncio se da además en un contexto de creciente visibilidad del tema en la agenda pública. Casos resonantes, reclamos de familiares y proyectos legislativos vinculados a la declaración de emergencias en salud mental en distintas jurisdicciones volvieron a exponer las falencias estructurales del sistema y la fragmentación de las respuestas estatales.
Del otro lado, organizaciones de derechos humanos, colectivos de usuarios y trabajadores del sector alertan sobre el riesgo de que una eventual reforma implique un retroceso respecto del enfoque de derechos consagrado en la ley vigente. Advierten que flexibilizar criterios de internación o reforzar lógicas de control sin fortalecer previamente la red de atención comunitaria podría profundizar la exclusión y la estigmatización de las personas con padecimientos mentales.
En ese marco, el debate que se abrirá en el Congreso promete ser intenso. La discusión no se limita a una cuestión técnica o sanitaria, sino que involucra definiciones profundas sobre el rol del Estado, el modelo de atención, la asignación de recursos y la concepción misma de la salud mental como un derecho humano.
Mientras se aguardan precisiones sobre el contenido del proyecto que enviará el Poder Ejecutivo, distintos actores anticipan que reclamarán un debate amplio, con participación de especialistas, trabajadores, organizaciones sociales, familiares y usuarios del sistema. El desafío, coinciden, será avanzar en mejoras concretas sin desandar conquistas alcanzadas en materia de derechos y garantías.
Presentó un proyecto de ley, acompañado por legisladores de distintos bloques, que propone ampliar las licencias por nacimiento y adopción, crear una licencia parental compartida y extender la cobertura a monotributistas y autónomos. La iniciativa apunta a fortalecer la corresponsabilidad en el cuidado y reducir desigualdades laborales.
La diputada nacional Vanesa Siley, junto a legisladores de distintas fuerzas políticas, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para reformar integralmente el régimen de licencias parentales, con el objetivo de adecuarlo a las transformaciones sociales y laborales y avanzar hacia un modelo basado en la corresponsabilidad en el cuidado de hijos e hijas.
La iniciativa propone modificar la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Asignaciones Familiares, ampliando derechos tanto para trabajadores en relación de dependencia como para quienes se desempeñan de manera independiente. Entre los ejes centrales, se destaca la creación de una licencia por nacimiento de 30 días corridos para el progenitor no gestante, que se implementará de manera gradual: durante los primeros dos años será de 20 días, incrementándose luego automáticamente.
Además, el proyecto incorpora una licencia parental compartida adicional de hasta 20 días, que podrá ser distribuida libremente entre ambos progenitores y utilizada de forma continua o discontinua dentro del primer año de vida del hijo o hija. Estas disposiciones también alcanzan a las personas trabajadoras adoptantes, equiparando derechos y plazos.
El texto contempla ampliaciones especiales de las licencias en casos de nacimiento múltiple, prematuridad, internación neonatal prolongada o cuando el niño o niña presente una discapacidad o enfermedad crónica debidamente acreditada. Asimismo, establece la aplicación del nuevo régimen al trabajo agrario, al personal de casas particulares y al empleo público nacional.
Uno de los cambios estructurales del proyecto impulsado por Siley es el nuevo esquema de financiamiento, ya que dispone que todas las licencias parentales sean cubiertas por el sistema de seguridad social, y no por los empleadores, con el objetivo de evitar costos adicionales y reducir incentivos a prácticas discriminatorias en el mercado laboral.
Otro aspecto central de la iniciativa es la incorporación de monotributistas y trabajadores autónomos al régimen de licencias parentales, un sector históricamente excluido de este tipo de protecciones. En estos casos, la asignación será equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil neto, siempre que se cumplan los requisitos de aportes al sistema de seguridad social.
En los fundamentos, la diputada señala que el régimen vigente, centrado casi exclusivamente en la maternidad, ya no refleja las dinámicas familiares contemporáneas y contribuye a reproducir desigualdades estructurales en el acceso y permanencia en el empleo, particularmente para las mujeres. Frente a ello, el proyecto propone un cambio de paradigma, promoviendo una participación más equitativa de los progenitores en las tareas de cuidado desde el nacimiento o la adopción.
La propuesta retoma antecedentes debatidos en el Congreso durante las últimas dos décadas y se alinea con estándares internacionales de la OIT y de países de la OCDE, donde los sistemas de licencias parentales equilibradas han mostrado efectos positivos en el desarrollo infantil y en la igualdad de género.
Finalmente, el proyecto establece mecanismos de evaluación y seguimiento periódico, con informes anuales al Congreso sobre el impacto social, laboral y presupuestario de la reforma. Según Siley, se trata de un paso clave hacia un sistema de cuidados más justo, inclusivo y sostenible, que reconozca el cuidado como una función social compartida.
El diputado presentó un proyecto en el que expresa su preocupación por la falta de información oficial y la presunta suspensión o reducción en la provisión de medicamentos del programa Remediar. La iniciativa advierte sobre el impacto en la población sin cobertura de salud y reclama al Ejecutivo asegurar su financiamiento y funcionamiento.
El diputado nacional Pablo Yedlin, junto a su par Claudia Palladino, presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para manifestar la profunda preocupación del cuerpo legislativo ante el incumplimiento, la falta de información pública y la reducción en la provisión y distribución de medicamentos del programa Remediar, una de las políticas sanitarias más emblemáticas del país.
La iniciativa sostiene que la situación actual del programa —e incluso su presunta suspensión— pone en riesgo el acceso gratuito a medicamentos esenciales para millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud. En ese marco, el proyecto insta al Poder Ejecutivo Nacional a garantizar la continuidad, regularidad y cobertura federal del programa en todo el territorio.
Entre los puntos centrales, el texto reclama que el Gobierno asegure la provisión oportuna de botiquines a los centros de atención primaria, publique información oficial y periódica sobre compras, stock y distribución, y garantice el financiamiento adecuado en el Presupuesto Nacional. Además, subraya la necesidad de preservar a Remediar como una política sanitaria estratégica, orientada al fortalecimiento del primer nivel de atención.
En los fundamentos, Yedlin recuerda que el programa fue creado en 2002, en el contexto de la emergencia sanitaria, económica y social, con el objetivo de garantizar el acceso a medicamentos esenciales a la población sin cobertura. A lo largo de más de dos décadas, Remediar alcanzó a más de 19 millones de personas a través de unos 8.100 centros de salud, mediante la distribución mensual de botiquines.
El diputado también destaca que el Honorable Senado otorgó media sanción a un proyecto de ley para institucionalizar Remediar, mientras que en Diputados la iniciativa cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Salud desde mayo de 2024. Sin embargo, advierte que actualmente no existe información oficial actualizada sobre la ejecución del programa y que distintos actores del sistema de salud alertaron sobre una disminución en la entrega de medicamentos, en un contexto de aumento de precios y pérdida del poder adquisitivo.
Según el proyecto, varias jurisdicciones provinciales expresaron dificultades para sostener la cobertura sanitaria frente a una eventual retracción de la provisión nacional, lo que impacta directamente en el primer nivel de atención y en los sectores más vulnerables. En ese sentido, Yedlin remarca que el acceso a medicamentos esenciales forma parte del derecho humano a la salud y que la discontinuidad o falta de transparencia en programas como Remediar debilita las estrategias de prevención y promoción, incrementando a futuro los costos del sistema sanitario.
Por último, el legislador solicitó a sus pares el acompañamiento a la iniciativa, al considerar que preservar el programa Remediar es clave para garantizar equidad en un sistema de salud fragmentado y proteger el derecho a la salud de la población con cobertura pública exclusiva.