No deja de dar tela para cortar el recorrido del proyecto de ley de modernización laboral enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Es que mientras toda la atención está puesta ahora en la sesión que tendrá lugar este jueves en la Cámara baja, donde se debatirá el proyecto que llega del Senado, una actitud del oficialismo ha despertado fuertes críticas de la oposición más dura.

Pasa que La Libertad Avanza aceptó modificar el proyecto proveniente del Senado, eliminando el polémico artículo 44, referido a las licencias. Lo cual implica que, en caso de ser aprobado este jueves (más probable en la madrugada del viernes), está claro que al haber modificaciones, el proyecto debe volver al Senado.

Ya se sabe el cronograma que preparó el oficialismo para tener la ley lista para antes del final de extraordinarias, y así el presidente Javier Milei pueda mostrarla como trofeo en la apertura de sesiones ordinarias. Con ese objetivo estaba previsto que este viernes se tratara en el Senado y así la semana que viene se llevara al recinto, respetando los siete días que la Cámara alta exige entre un dictamen y el debate en el pleno.

Pero lo que encendió la ira de la oposición es que ya se convocara a las comisiones que deberán tratar el proyecto este viernes, siendo que todavía el texto no atravesó la Cámara baja.

En efecto, este miércoles se conoció la convocatoria a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado, a las 10 de la mañana en el Salón Azul, para tratar el proyecto de ley de modernización laboral.

El tema fue expuesto por el jefe del bloque de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, durante el plenario de este miércoles en la Cámara baja. A las 21, el santafesino leyó el texto de la convocatoria “cuando todavía no tienen expediente. De hecho, convocan con el número 159/25, mensaje N° 35/25 y proyecto de ley de modernización laboral, cuando ese expediente ya no está más. Ese expediente dio origen a una orden del día del Senado; esa orden del día del Senado a una media sanción del Senado; esa media sanción del Senado se transforma en una orden del día de Diputados hoy, con el dictamen; y todavía falta mañana una sesión que no sé si van a tener quórum, quizá sí, quizá no… Obviamente nuestro deseo es que no tengan quórum, y que después no saben qué es lo que va a pasar y ya están convocando… ¡Absolutamente ilegal! ¡Absolutamente ilegal!”.

La Cámara de Diputados aún no sesionó y la dirección de comisiones del Senado ya convocó para dictaminar un expediente que no tiene.

ESTO ES ANTIRREGLAMENTARIO E ILEGAL. pic.twitter.com/HmOuh9iiC3

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) February 19, 2026

Martínez cuestionó “el apuro” que el oficialismo tiene con esta ley, que a su juicio va “en contra de lo que ustedes quieren, que esta ley salga. Porque esto lo que genera es un nuevo marco de impugnación que hay alrededor de todo esto. ¿Cómo van a estar convocando en el Senado cuando todavía no tienen expediente?”.

Germán Martínez consideró “terrible lo que están haciendo” y advirtió que “se van a llevar por delante la ley que ustedes quieren impulsar”, y cerró diciendo que lo que estaba haciendo el oficialismo es “una barbaridad incomprensible, absolutamente antirreglamentario, anticonstitucional e ilegal”.

Cerca de las 10 de la noche, el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto se aproximaba a su final, tras casi 8 horas de debate y unas 4 desde que se había conocido el número de firmas que tenía el dictamen de mayoría. Quedaban muy pocos diputados presentes y el dipusindical Mario Manrique era el penúltimo orador y prometió no extenderse para no retrasar más a Natalia Zaracho, que sería quien cerrara la larga lista de diputados que intervinieron en el durante esa larga tarde/noche. Pero ni Zaracho fue la última -terminó cerrando Lilia Lemoine-, ni Manrique fue breve.

Lo cierto es que sobre el final de su intervención, Natalia Zaracho tuvo un fuerte intercambio con un legislador libertario, que le puso pimienta al final del plenario. La diputada alineada con Juan Grabois cerraba su discurso cargando contra el Gobierno al que le atribuyó “este modelo de hambre planificado que hace que la gente cada vez esté más endeudada y eso le quite la posibilidad de poder parar la pelota y pensar qué es lo que está pasando en nuestro país”.

“Pero esto no es gratis, ¿eh? -advirtió-. Porque yo no quiero ser irrespetuosa, pero me juego lo que no tengo que la mayoría nunca tuvo que levantarse a las 4 de la madrugada para ir a laburar... Que no sabe lo que es un dolor de espalda o de cintura…”.

La cruzó entonces el diputado tucumano de La Libertad Avanza Gerardo Huesen, que ya venía chicaneando desde su lugar, y Zaracho lo increpó: “Sí, vos, principal… Tenés una cara de lomo virgen, increíble, increíble. Lomo virgen sos, lomo virgen sos, lomo virgen sos… Pedí la palabra y hablá, y justificá este proyecto y decile a la gente en qué lo va a beneficiar. Sos un caradura…”. Ante los estériles intentos del presidente de Legislación del Trabajo, Lisandro Almirón, para que no se le desmadrara la reunión en el final, la diputada continuó emprendiéndola contra Huesen. “Desde hoy que estás bolaceando a todos los compañeros… Pedí la palabra y hablá, defendé este proyecto. No se puede defender…”.

Y continuó: “Porque ustedes no tuvieron laburo, pero tienen patrones, tienen patrones: Galperín, es el Fondo Monetario, estos son tus patrones”.

“No dialoguemos”, rogó Almirón, a lo que la diputada cerró: “No, yo no dialogo, le estoy respondiendo al hombre este porque la verdad que no tiene cara, no tiene cara. Estuvo sentado, molestando, porque no tiene ganas de discutir, porque no le interesa. La mayoría de los diputados no presentan un puto proyecto, perdón por la palabra, pero no presentan un proyecto. Claramente es para levantar la mano. Bueno, yo les quiero decir que hay un pueblo que no se va a resignar”.

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado se reunió este miércoles en el Salón Illia para constituirse formalmente y tratar el proyecto de ley —con media sanción de la Cámara de Diputados— que aprueba el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado en Asunción el pasado 17 de enero de 2026.

El senador Francisco Paoltroni (LLA) fue ratificado como presidente del cuerpo, mientras que la vicepresidencia quedó vacante, puesto el bloque Justicialista mantiene su postura de no designar miembros en las comisiones. En la apertura, Paoltroni destacó que en los últimos dos años “se lograron aprobar más de 25 tratados internacionales”, y dio paso a la exposición de los funcionarios del Poder Ejecutivo convocados para analizar los detalles del acuerdo.

El primero en intervenir fue Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, quien subrayó la dimensión histórica del entendimiento. Recordó que el texto “lleva tres décadas de negociaciones” y remarcó que forma parte de “una estrategia de inserción internacional que hoy es más urgente que nunca”. Según explicó, el acuerdo busca aportar “institucionalidad y certidumbre tanto política como jurídica”, además de promover la integración argentina a las cadenas globales de valor para “un crecimiento sostenido y un desarrollo equilibrado en todas las provincias”. Brun respaldó su exposición con indicadores sobre los impactos económicos y sociales potenciales.

En la misma línea se expresó Pablo Lavigne, secretario de Coordinación y Producción del Ministerio de Economía, quien afirmó que “este es el acuerdo más estudiado de la historia de América del Sur” y valoró que “varios gobiernos de diferente signo y color aportaron su impronta al análisis de impacto”.

También participaron funcionarios técnicos que atendieron consultas específicas de los senadores. Por Cancillería estuvieron Rubén Ruffi, director de Asuntos Institucionales del Mercosur; Rodrigo Bardoneschi, director Nacional de Negociaciones Económicas Internacionales; Ana Tito, de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales; y Leandro Abbenante, de la Dirección de Asuntos Parlamentarios. Por el Ministerio de Economía asistió Carolina Cuenca, subsecretaria de Comercio Exterior.

Con la exposición concluida y las preguntas respondidas, la comisión dejó encaminado el tratamiento legislativo del acuerdo, que se incorporará a la agenda parlamentaria probablemente en la próxima sesión.

La conducción de la CGT confirmó este miércoles que realizará un paro nacional de 24 horas, sin movilización, cuando el proyecto de reforma laboral del Gobierno sea debatido en la Cámara de Diputados. Todo indica que será este jueves, aunque la sesión aún no ha sido convocada oficialmente.

La decisión, comunicada en una conferencia de prensa en la sede cegetista de la calle Azopardo, instala un nuevo capítulo en la disputa entre la central obrera y la Casa Rosada en medio de un escenario laboral que los gremios califican de “crítico”.

Jorge Sola, integrante del triunvirato de conducción, ratificó que la huelga comenzará a partir del inicio mismo de la sesión, con la orden de que “no haya ninguna actividad” en los sectores representados por la CGT. Junto a Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, Sola volvió a cuestionar el proyecto oficial al que atribuyó un “sesgo ideológico” y consideró “inconstitucional”, al tiempo que reprochó la falta de diálogo con el Gobierno. También advirtió por el deterioro social y económico, con “ocho meses de inflación creciente” y un proceso de apertura de importaciones que, dijo, golpea a la industria.

La CGT insistió en lograr la adhesión plena de los gremios del transporte, especialmente los colectiveros, un punto que buscó despejar en público Sola, quien aseguró que tanto la CATT como la UGATT ratificaron su participación en la medida. La cúpula sindical avanzó en esta línea pese al debate interno sobre volver a las calles, una idea que perdió fuerza tras la escasa convocatoria de la semana pasada en el Senado. Por eso, el cuarto paro nacional desde el inicio de la gestión de Javier Milei apunta a mostrar el poder de paralización en los centros productivos.

Gran parte de los discursos de este miércoles estuvo atravesada por alertas sobre el agravamiento de la situación industrial. La CGT citó la pérdida de más de 300.000 empleos formales en los últimos dos años, la caída de la capacidad instalada y el cierre reciente de la fábrica de neumáticos Fate, que dejó sin trabajo a unos 920 operarios. “El problema del Gobierno hoy no está en las calles, está en las fábricas”, resumió uno de los dirigentes presentes.

La economía argentina siempre discutió inflación, impuestos o tipo de cambio. Pero el debate real hoy es otro: la competencia desigual entre modelos productivos. El cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate, con 920 trabajadores despedidos, no es un episodio aislado sino un síntoma visible de un proceso que ya avanza sobre toda la estructura industrial del país.

El fenómeno no empezó ahora. En el último año cerraron plantas metalúrgicas, textiles, de electrodomésticos y autopartes; multinacionales y empresas locales dejaron operarios sin trabajo por la presión de importaciones más baratas. Incluso sectores alejados del rubro industrial, como frigoríficos, registran paralizaciones y despidos por caída de actividad.

El denominador común es la misma ecuación: Argentina produce con costos financieros, tributarios y logísticos elevados, mientras compite contra economías planificadas que subsidian producción y exportación. No es libre mercado: es competencia asimétrica. El consumidor ve precios más bajos, pero la economía pierde salarios, aportes previsionales y tejido productivo. La industria no sólo fabrica bienes; sostiene comercios, transporte, servicios y consumo local.

El impacto ya es sistémico. Cuando cae la industria, no cae sólo el empleo actual: cae el empleo futuro. Un país sin fábricas no se reconvierte en servicios avanzados; se transforma en economía dependiente.

La caída de Fate, entonces, no debe leerse como la historia de una empresa que no pudo adaptarse, sino como la advertencia de un país que todavía no definió su modelo de desarrollo.

Porque cuando un producto importado reemplaza a una fábrica, la sociedad cree ganar un precio… pero en realidad está comprando desempleo financiado en cuotas.

Andrés Vallone, analista político, consultor y diputado nacional (MC)

La propuesta de reforma al régimen de licencias por enfermedad en Argentina, actualmente en debate en el Congreso como parte de la reforma laboral impulsada por el gobierno, representa una oportunidad para corregir una distorsión estructural que afecta la competitividad del empleo formal y, especialmente, a las pequeñas y medianas empresas (pymes). El oficialismo confirmó recientemente que retirará el artículo 44 del proyecto de reforma laboral —el que introducía cambios en el pago durante ausencias por enfermedad inculpable—, tras la fuerte presión de bloques aliados y el rechazo generalizado. Esta decisión, tomada en las últimas horas para asegurar la aprobación del resto de la iniciativa en Diputados, posterga cualquier modificación al régimen actual a un debate futuro, probablemente en sesiones ordinarias o en una nueva ronda legislativa.

Un reciente informe de IDESA, publicado el 15 de febrero de 2026 (Informe N° 1.161), aporta datos contundentes: en 2025, el 58% de las empresas privadas (6 de cada 10) sufrió la ausencia de al menos un trabajador por mes, y la causa más frecuente de inasistencias laborales fueron las enfermedades no laborales, que explicaron el 49% de los casos (según datos de la Secretaría de Trabajo), representando aproximadamente la mitad del costo total del ausentismo, equivalente al 2,8% de las jornadas pagadas.

En el sistema vigente, regulado por la Ley de Contrato de Trabajo, el empleador debe pagar el 100% del salario durante las licencias por enfermedad o accidente no laboral (inculpable), con plazos que pueden extenderse hasta 3 o 6 meses según antigüedad, y duplicarse si el trabajador tiene cargas de familia (hasta 12 meses en algunos casos).

Esto implica que el costo de las ausencias por motivos de salud recae íntegramente sobre el bolsillo del empleador, sin intervención significativa del sistema de seguridad social en la mayoría de los casos.

Este esquema genera varios problemas graves:

1. Aumenta artificialmente el costo laboral: Las empresas asumen un riesgo financiero impredecible por ausencias que no dependen de su gestión ni de la relación laboral. Esto eleva el "costo argentino" del empleo formal, desincentivando la contratación registrada en un contexto donde la informalidad ya supera el 40% en muchos sectores.
2. Desalienta la generación de empleo: Ante la posibilidad de tener que pagar salarios completos durante meses sin contraprestación productiva, muchas empresas optan por no incorporar personal o por mantener estructuras mínimas. El impacto es mayor en sectores de bajo margen, donde una o dos licencias prolongadas pueden comprometer la viabilidad del negocio.
3. Afecta desproporcionadamente a las pymes: Las pequeñas empresas tienen menos recursos para implementar controles efectivos (como visitas médicas de contralor, sistemas de monitoreo o protocolos estrictos). Esto facilita el uso abusivo o fraudulento de certificados médicos, que en algunos casos se convierten en una forma encubierta de ausentismo injustificado. Las grandes empresas, en cambio, cuentan con departamentos de recursos humanos, seguros y mecanismos para mitigar estos riesgos, lo que agrava la desigualdad en el mercado laboral.

Un modelo mucho más equilibrado y eficiente es el que aplica en Uruguay, donde el Banco de Previsión Social (BPS) administra el subsidio por enfermedad común. Allí existe una carencia inicial de 3 días (los primeros tres días no se pagan por el subsidio, aunque el empleador puede cubrirlos por acuerdo o convenio), y a partir del cuarto día el BPS asume el pago, generalmente al 70% del salario promedio de los últimos meses. Para enfermedades graves o prolongadas, la cobertura puede extenderse hasta un año (con prórroga posible por otro año, o hasta 2 años alternados en 4 años por la misma dolencia), financiada por el sistema solidario de seguridad social. En casos excepcionales (internaciones, enfermedades invalidantes, etc.), el pago puede llegar al 100% desde el inicio o con condiciones más favorables.

Este enfoque uruguayo ofrece claras ventajas respecto al sistema argentino actual:

• ● Evita el uso abusivo: La carencia inicial y el control centralizado por el BPS desalientan certificaciones innecesarias o extendidas sin justificación médica estricta, ya que el trabajador asume un costo inicial y el subsidio no es automático al 100%.
• ● Reduce el costo laboral que soporta el empleador: Al transferir la mayor parte del pago a la seguridad social (financiada por aportes compartidos), se elimina un riesgo significativo para las empresas, bajando el costo efectivo del empleo formal y haciendo más atractiva la contratación.
• ● Brinda mayor cobertura en casos graves a través del sistema solidario: Para patologías serias o tratamientos prolongados, el trabajador recibe protección extendida (incluso más allá de 6 o 12 meses en algunos escenarios) sin que el empleador deba asumir indefinidamente el salario completo. Esto protege al empleado vulnerable sin penalizar al empleador.

Aunque la eliminación del artículo 44 frena los cambios inmediatos —que apuntaban en una dirección similar al reducir el pago del empleador en ciertos casos, pero podría haberse ajustado para mantener el 100% en patologías severas—, el debate no debe cerrarse. Una mejora sustantiva para el futuro sería expandir el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) —el mecanismo ya incluido en el proyecto para coadyuvar al pago de indemnizaciones por despido— para que también financie, de manera solidaria y parcial, las licencias por enfermedad prolongadas.

El FAL, financiado por una porción de las contribuciones patronales, actúa como un "colchón" previsibilizado para costos laborales de alto impacto. Extender su alcance a las licencias no requeriría nuevos aportes ni cargas adicionales: bastaría con ampliar su objeto en la reglamentación o futuras modificaciones. Podría funcionar con una cobertura mixta y escalonada: carencia inicial (3-5 días sin subsidio o a cargo del empleador segun convenio), activación del FAL para cubrir un porcentaje (70-80%) en ausencias medias o largas, y hasta el 100% en enfermedades graves o crónicas por períodos extendidos (6-24 meses o más), con controles centralizados (juntas médicas, certificados digitales) para reducir abusos.

Esta ampliación del FAL ofrecería consistencia a la reforma: si se "socializa" parcialmente el costo de despidos, ¿por qué no aplicar la misma lógica a las licencias por enfermedad, que son riesgos no atribuibles al empleador ni al trabajador en la mayoría de los casos? Beneficiaría a las pymes (menos penalizadas por ausencias abusivas o reales prolongadas), mejoraría la protección al trabajador en casos graves (cobertura más amplia y sostenida) e incentivaría el empleo formal al reducir costos impredecibles.

Adoptar elementos del modelo uruguayo —carencia inicial, intervención progresiva de la seguridad social y controles robustos—, combinados con la expansión del FAL, no implicaría quitar derechos, sino redistribuir mejor la carga: casos leves con responsabilidad compartida, graves con respaldo solidario más amplio y sostenible.

Modernizar el régimen de licencias no es un ataque a los derechos laborales, sino una medida de racionalidad económica. Aunque el debate se postergue, un sistema más equilibrado, con mayor rol de la seguridad social y el FAL ampliado, beneficiaría a trabajadores (con mejor cobertura en casos graves), empleadores (especialmente pymes) y al conjunto de la economía al fomentar más puestos formales y estables.

Es hora de dejar atrás un modelo anacrónico que castiga la generación de empleo y avanzar hacia uno más justo y sostenible.

Agustín Domingo es diputado nacional con mandato cumplido

A partir de las 14 de este miércoles se reanuda la actividad en extraordinarias con el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, que encabezan los libertarios Lisandro Almirón y Alberto Benegas Lynch, respectivamente. Será una reunión trascendental, por cuanto se debatirá de manera “exprés” la media sanción del proyecto de ley de Modernización Laboral proveniente del Senado.

La iniciativa viene precedida por toda la polémica que se generó en torno del artículo 44 referido a las licencias médicas, que marcó un hecho casi inédito de parte de la administración mileísta: la admisión de un error. Fue a través de la presidenta del bloque LLA en la Cámara alta, Patricia Bullrich, que en un raíd mediático se ocupó de circunscribir la discusión de la reforma laboral a esa cuestión. Al cabo de una serie de negociaciones que se extendieron a lo largo de todo el feriado largo de carnaval, trascendió este martes una solución drástica para el problema: la eliminación lisa y llana del polémico artículo 44.

Fue después de que los aliados que necesita La Libertad Avanza para garantizar la aprobación en general y en particular de la norma se pusieran duros y reclamaran el paso que terminó resolviéndose.

Originalmente la propuesta del Gobierno, a través de la propia Bullrich, había sido buscar una ley aclaratoria, o apelar a la reglamentación. Esa posibilidad se puso en la mesa de discusión con los bloques aliados, pero una y otra fueron rechazadas. Por un lado, el grado de credibilidad de parte del Gobierno respecto de promesas legislativas no es el fuerte de esta administración, y tampoco tenían los bloques aliados margen para sostener toda la ley, incluido ese polémico artículo que a la postre terminó siendo lo que dio los elementos a la central obrera para decretar un paro nacional.

Tampoco se aceptó la propuesta original del oficialismo de acotar la modificación a un único cambio con el que quedaran excluidas de cualquier modificación las enfermedades “graves o degenerativas”.

Finalmente una combinación de presión aliada y matemáticas terminó convenciendo al oficialismo y, sobre todo, a la Mesa Política de la Casa Rosada, de cortar por lo sano y eliminar el artículo completo. Es que los bloques Pro, MID, Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca se pronunciaron públicamente reclamando la eliminación del artículo completo. Son 29 diputados, sin los cuales no habría quórum siquiera para iniciar la sesión de este jueves, que dicho sea de paso ha sido anunciada, pero aún no oficializada.

Con esa decisión todavía no confirmada pero que todos dan por tomada, el Gobierno defenderá este miércoles la ley que con estas novedades espera tener aprobada el 27 de febrero, luego de que salga la sanción de Diputados con modificaciones luego de una maratónica sesión; se proceda a dar el visto bueno de las comisiones del Senado este viernes 20 y se trate una semana después en el recinto de la Cámara alta.

Para este miércoles se esperan unas tres horas de exposiciones de especialistas, entre los que estarían representantes cegetistas, tras lo cual quedará rubricado el dictamen correspondiente. Los dictámenes, mejor dicho, pues a diferencia del Senado, Unión por la Patria sí tendrá uno de minoría, y se espera también que el interbloque Unidos haga lo propio. Y no se descarta que haya otro dictamen de rechazo de Néstor Pitrola en nombre de la izquierda.

La citación para esta comisión es entre las 14 y las 17, aunque es de imaginar que se extienda más tiempo. Se verá cuánto.

Tal cual había trascendido previamente, el Poder Ejecutivo incluyó este miércoles en el decreto prorrogando el período extraordinario el tratamiento de una reforma de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

El proyecto todavía no ha sido enviado al Congreso, pero se conocen detalles del mismo, como así también la certeza del Gobierno de contar con los votos para aprobarla. No obstante ello, envió la iniciativa esta semana corta, pero sabe que el tratamiento del tema quedará para el mes de marzo.

En rigor, trascendió que la intención original era emitir un rápido dictamen para ver si el proyecto podía ser incluido en este “rush” de extraordinarias, pero al final el tema quedará planteado para ser tratado a la brevedad.

En el Gobierno aseguran que el respaldo parlamentario está garantizado gracias a los bloques aliados y sectores dialoguistas —incluidos legisladores de Provincias Unidas— y calculan un piso de 131 votos para su aprobación. El objetivo es obtener la media sanción a partir de marzo y revertir el karma que el tema se ha convertido para esta administración, con dos leyes impuestas por la oposición sobre el tema, en los años 2024 y 2025, con sendos vetos presidenciales, uno de los cuales fue revertido.

En las últimas semanas, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron encuentros con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Participaron miembros del comité ejecutivo del organismo, que reúne a las 56 universidades nacionales, y se trabajó sobre una agenda técnica que abarca salarios, gastos operativos y pautas de previsibilidad presupuestaria.

Según ha trascendido, la iniciativa del Gobierno no elimina formalmente la ley actualmente vigente —aprobada en 2025, vetada por Javier Milei y posteriormente ratificada por el Congreso—, pero sí busca modificar el esquema de actualización automática y la distribución de fondos. El nuevo texto propondría reemplazar la indexación por aumentos escalonados acompañados de revisiones periódicas.

El Ejecutivo estaría dispuesto a otorgar una mejora del 20% en las partidas de funcionamiento para las universidades respecto de los montos previstos para 2025. También prevería una instancia de revisión en junio para evaluar posibles desfasajes entre las alzas aplicadas y la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Mientras tanto, Casa Rosada apela la medida cautelar que obliga a aplicar la ley vigente. La presentación fue realizada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con pedido de efecto suspensivo, luego de que un juez de primera instancia ordenara actualizar salarios docentes y partidas presupuestarias.

En el Gobierno buscan evitar un nuevo conflicto político y judicial en el inicio del ciclo lectivo. La estrategia oficial apunta a cerrar el capítulo en el Congreso con una norma que reemplace a la actual.

En paralelo, ya se reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad tras tensiones con la Justicia, y el Ejecutivo insiste en que también impulsará modificaciones a esa normativa durante este año.

Con las firmas del presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se publicó este miércoles en el Boletín Oficial la extensión del período extraordinario hasta el 28 de febrero. O sea, un día más de lo establecido originalmente, con el solo fin de posibilitar que el Gobierno pueda emitir dictamen del proyecto de modernización laboral que llegó del Senado a Diputados y habilitar así el tratamiento de ese tema en el recinto este jueves.

El decreto correspondiente lleva el número 103/2026, y tal cual había trascendido incluyó en un segundo artículo un proyecto más para el temario de extraordinarias: el de reforma de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, que será enviado por el Poder Ejecutivo.

Si bien lo mandó a extraordinarias, está claro que el tratamiento de este tema quedará para el mes de marzo, ya que no hay tiempo material para debatirlo en los días que quedan del mes de febrero.

En las últimas semanas, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron encuentros con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Participaron miembros del comité ejecutivo del organismo, que reúne a las 56 universidades nacionales, y se trabajó sobre una agenda técnica que abarca salarios, gastos operativos y pautas de previsibilidad presupuestaria.

Con esto, el Gobierno busca evitar un nuevo conflicto político y judicial en el inicio del ciclo lectivo. La estrategia oficial apunta a cerrar el capítulo en el Congreso con una norma que reemplace a la actual.

En paralelo, ya se reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad tras tensiones con la Justicia, y el Ejecutivo insiste en que también impulsará modificaciones a esa normativa durante este año.

El presidente Javier Milei encabezó este martes en Casa Rosada una reunión con el CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, y con el country director de la compañía, José Morea, un día después de que el Gobierno presentara el desembarco como la mayor inversión extranjera directa registrada en la Argentina.

Durante el encuentro, los representantes de la minera destacaron que la decisión de avanzar con el desarrollo de los proyectos cupríferos Josemaría y Filo del Sol se apoya en el esquema de previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica que ofrece el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Según remarcaron, sin ese marco regulatorio la iniciativa no hubiera sido viable en el país.

El plan de inversión prevé US$ 18.000 millones en los próximos diez años, de los cuales US$ 7.000 millones se concentrarán en la etapa que permitirá obtener el primer concentrado de cobre en 2030. Con estos desarrollos, Vicuña Corp. —cuyos principales accionistas son BHP y Lundin Mining— proyecta ubicar a la Argentina entre las cinco mayores operaciones mundiales de cobre, oro y plata.

De la reunión también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Este último celebró el encuentro con un mensaje en sus redes sociales: “La Argentina será próspera. No hay feriado para las inversiones”.

El anuncio tuvo inmediato eco en San Juan. El gobernador Marcelo Orrego definió el acuerdo como un hecho “histórico” para la provincia y destacó que la llegada de Vicuña Corp. significará “más producción, más exportaciones y más empleo para los sanjuaninos”. Además, sostuvo que la administración provincial acompañará el proceso con “reglas claras, control ambiental y desarrollo de proveedores locales”, con el objetivo de que el impacto económico se replique en la región.

Con este paso, el Gobierno busca consolidar uno de los desembolsos más relevantes de la última década para el sector minero y reforzar la estrategia de atraer grandes inversiones bajo el paraguas del RIGI.

En medio del debate por la posible baja de la edad de imputabilidad a los 14 años en la Argentina, la discusión vuelve a girar sobre una pregunta incómoda: qué hacer cuando menores cometen delitos de extrema gravedad. Casos históricos, derecho comparado y la tensión entre protección y responsabilidad. Debemos superar prejuicios y actuar con sentido lógico y práctico para evitar que se siga matando por matar bajo la idea de que por la edad todo se perdona.

Delito de adulto pena de adulto.

En la Argentina de hoy, el debate por la baja de la edad de imputabilidad vuelve a encender una pregunta incómoda: ¿qué hace la sociedad cuando la infancia deja de ser refugio y se convierte en escenario del delito?

No se trata de una discusión meramente técnica. Está atravesada por el dolor de las víctimas, por la angustia de familias quebradas y por la obligación del Estado de garantizar orden y justicia. Hay momentos —duros, ásperos— en los que la edad biológica parece insuficiente para explicar la gravedad de ciertos actos.

Cuando la niñez se vuelve noticia policial

La historia mundial ofrece episodios que estremecen.

En 1993, en Inglaterra, dos niños de 10 años —Robert Thompson y Jon Venables— secuestraron y asesinaron al pequeño James Bulger. El crimen sacudió al Reino Unido y abrió un debate que aún persiste: ¿puede la ley ignorar la magnitud de un hecho por la edad de sus autores?

En Estados Unidos, el caso de Lionel Tate, de 12 años, condenado por la muerte de una niña de 6 en Florida, volvió a poner sobre la mesa el mismo dilema.

En Brasil, el asesinato del niño João Hélio en 2007 —arrastrado por un auto durante un robo en el que participaron menores— dejó al país frente al espejo de su propio sistema penal juvenil.

La Argentina tampoco es ajena. Episodios como el homicidio del ingeniero Ricardo Barrenechea en 2008, con participación de menores, y otros crímenes recientes cometidos por adolescentes armados muestran que el fenómeno no es teórico: ocurre, duele y exige respuestas.

El mapa del mundo

Hoy la Argentina fija la imputabilidad plena en los 16 años (con régimen especial entre 16 y 18). Sin embargo, el derecho comparado exhibe un abanico más amplio:

Estados Unidos: en muchos estados la responsabilidad penal comienza entre los 10 y 12 años, con posibilidad de juzgar a menores como adultos en delitos graves.

Reino Unido: 10 años.

Francia: responsabilidad desde los 13 años, con escalas diferenciadas.

Alemania: 14 años.

España: 14 años.

Uruguay: 13 años.

Brasil: responsabilidad penal plena a los 18, pero con medidas socioeducativas severas desde los 12.

El denominador común es que la mayoría de los sistemas prevé algún tipo de respuesta estatal frente a delitos graves cometidos por menores.

Argumentos a favor de la baja

Quienes impulsan la reducción de la edad de imputabilidad en Argentina suelen apoyarse en varios ejes:

• ● La gravedad del daño.

Cuando una vida se apaga, el calendario pierde centralidad. La víctima no mide años: mide ausencia.

• ● Maduración temprana.

En contextos de criminalidad, algunos especialistas advierten que ciertos menores comprenden la ilicitud de sus actos y sus consecuencias.

• ● Uso instrumental por bandas adultas.

El reclutamiento de menores por organizaciones delictivas se apoya, muchas veces, en su menor punibilidad.

• ● Demanda social de justicia.

En sectores golpeados por la violencia, la percepción de impunidad erosiona la confianza en el sistema.

La otra cara del debate

Incluso entre quienes promueven cambios hay una advertencia clara: bajar la edad por sí sola no resuelve el problema.

La metáfora es elocuente: la ley puede cerrar una puerta, pero si la sociedad dejó todas las ventanas abiertas, el problema vuelve a entrar.

Especialistas coinciden en que cualquier reforma debería ir acompañada por:

• ● políticas de prevención temprana
• ● sistemas de responsabilidad juvenil especializados
• ● programas reales de reinserción
• ● y un Estado presente antes del delito, no solo después

Castigar sin prevenir es, en definitiva, secar el piso mientras el techo sigue goteando.

La pregunta de fondo

El debate argentino no gira únicamente sobre números. Se trata de responsabilidad, protección y límites.

¿Puede una sociedad mirar hacia otro lado cuando un menor comete un delito brutal?

¿Debe la ley diferenciar siempre —sin excepciones— entre adolescencia y adultez?

¿O necesita herramientas intermedias, firmes pero específicas, para los casos más graves?

Cierre: La hora de que la justicia mire de frente la realidad

Porque la infancia debe ser siempre territorio sagrado. Pero cuando ese territorio se quiebra y la violencia habla con voz adulta, la sociedad no puede permitirse la ingenuidad de mirar hacia otro lado. La justicia no está llamada a la venganza, sino al equilibrio; no al castigo ciego, sino a la responsabilidad consciente. Ha llegado la hora —incómoda pero ineludible— de que la ley argentina mire de frente la realidad, nombre lo que ocurre y actúe con la madurez que el tiempo presente exige.

El licenciado Jaime Selser es creador de contenidos digitales y analista de medios

En una iniciativa destinada a profundizar las estrategias de inclusión social y laboral de personas que completaron tratamientos por consumos problemáticos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó a la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y a la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) a participar de una reunión de alto nivel realizada en Italia.

El encuentro tuvo lugar entre el 10 y el 12 de febrero en Roma y Rimini, en el marco del programa FOCTALI —Fortalecimiento de Comunidades Terapéuticas y Centros de Tratamiento en América Latina—, impulsado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (SE-CICAD) de la OEA, con financiamiento del Gobierno italiano.

La actividad reunió a delegaciones de organismos públicos, comisiones nacionales de drogas y representantes empresariales de ocho países de la región: Argentina, Colombia, Guyana, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. La participación argentina contó también con el acompañamiento institucional de la SEDRONAR, representada por el subsecretario de Prevención, Investigación y Estadísticas en Materia de Drogas, Gustavo Segnana.

Durante las jornadas se analizaron modelos de articulación público-privada para favorecer la reinserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas vinculadas al sistema penal. El propósito fue compartir experiencias y generar recomendaciones que contribuyan a diseñar políticas de drogas inclusivas y sostenibles, con foco en alternativas al encarcelamiento y en la reducción de la reincidencia.

Desde la AHRCC, su presidente Camilo Suárez valoró la convocatoria y el intercambio internacional: “Nos honra profundamente haber sido convocados por la OEA para abordar una problemática tan compleja. Visitamos en Rimini la comunidad terapéutica San Patrignano, un modelo de vinculación público-privada con múltiples actividades productivas ligadas a la gastronomía. La idea es comenzar a trabajar para trasladar estas experiencias a nuestro país, proyecto en el que tanto la AHRCC como FEHGRA tendrán un papel destacado en la resocialización de personas con consumos problemáticos”, señaló.

FEHGRA estuvo representada por Verónica Sánchez, integrante de su Comité Ejecutivo y del Departamento de Política Laboral y Social, quien remarcó la importancia de una estrategia integral. “La integración público-privada es clave para ofrecer oportunidades reales de inserción y formación. Sin reinserción, no hay tratamiento verdaderamente eficaz”, afirmó. Según destacó, el esquema propuesto busca generar beneficios para todas las partes: oportunidades concretas para quienes están en proceso de recuperación, mano de obra capacitada para las empresas y un modelo inclusivo impulsado por el Estado.

Actualmente FOCTALI desarrolla su cuarta fase (2024-2026). Desde su creación, en 2019, promueve el intercambio de buenas prácticas entre Italia y América Latina para fortalecer los sistemas de rehabilitación y reinserción social. En esta etapa, el programa apunta especialmente a consolidar alianzas entre el sector público y el privado para ampliar el impacto regional.

La experiencia italiana fue presentada como un modelo replicable: combina marcos normativos específicos con programas de inserción laboral dentro de comunidades terapéuticas. La agenda de la misión incluyó reuniones con autoridades del Departamento de Políticas Antidrogas, la Dirección de Servicios Antidrogas, especialistas académicos y organizaciones civiles, además de una recorrida por San Patrignano, considerada una de las comunidades terapéuticas más grandes de Europa.

El desafío hacia adelante será transformar estas experiencias en políticas concretas en cada país, con el objetivo de que la recuperación no concluya con el tratamiento, sino que continúe con una verdadera inclusión social y laboral.

Más allá de que el oficialismo ya anticipó su decisión de hacer modificaciones en el artículo 44 del proyecto de ley de Modernización Laboral, parte de los diputados que necesita el Gobierno para que apoyen con su presencia y sus votos ya anticiparon sus reparos al mismo. Pero fueron por más, y ese es el dato a tener en cuenta: piden directamente la eliminación del artículo de la polémica.

Ante la consulta de parlamentario.com, una fuente legislativa del oficialismo admitió que “lo estamos conversando”.

El presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, señaló en una entrevista publicada este martes que tal como quedó redactado, el artículo podría terminar perjudicando a los trabajadores al reducir plazos de cobertura y el esquema de remuneración durante la licencia médica, ante lo cual que planteó que el sistema debe ordenarse y mejorarse, pero “sin recortar derechos”, por lo que el bloque buscará revisar ese capítulo en Diputados.

Y en redes anticipó este martes que “la mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44”.

Miembro del interbloque Fuerza del Cambio, que también integra el Pro, el jefe del bloque MID, Oscar Zago, posteó que “hay artículos que se aprueban con una velocidad admirable… casi tanto como el silencio posterior. La reforma laboral necesita modernización urgente y el MID va a acompañar, siempre y cuando se elimine el artículo 44”.

Y cerró: “Modernizar no es votar a libro cerrado”.

Por su parte, el gobernador salteño Gustavo Sáenz adelantó que “los diputados del bloque Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no van a votar el art. 44 (Modificación del art. 208 LCT)”.

Agregó: “Accidentes y enfermedades inculpables. Remuneraciones al 50% o 75% según el caso. Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo. Nadie elige accidentarse o enfermarse”. Y cerró: “Tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores”.

Todos los bloques citados reúnen un total de 29 diputados, a saber: Pro 12; MID 2; Innovación Federal 9; Elijo Catamarca 3; Independencia 3.

Habría que sumar también a los 6 radicales y Karina Banfi, más Por Santa Cruz, todos integrantes de Fuerza del Cambio. Esto es, ocho diputados más. Sin todos ellos, la ley no saldría.

Consultada sobre el tema, una fuente legislativa de La Libertad Avanza no descartó la posibilidad de eliminar el artículo completo. “Lo estamos conversando”, admitió.

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“Tuvimos un error, porque la ley original no distingue entre enfermedades, lo reconozco”, admitió la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, en su segunda presentación nocturna consecutiva en TN. En el prime time del canal de noticias más visto, tal cual como había sucedido la noche anterior, Patricia Bullrich había concurrido este lunes precisamente para decir eso y allanar el camino a lo que vendría a continuación.

“El error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. Ahí tuvimos un error… Te puede pasar en 210 artículos que tiene la ley, te puede pasar, nos pasó, porque tomamos la estructura de la vieja que no distingue entre un esguince y un cáncer”, explicó, para aventar dudas respecto de un tema que no termina de definirse a quién debe adjudicársele. Porque en efecto, en el texto original que se había dictaminado en diciembre del año pasado, esa modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo no figuraba, al menos de esa manera. La corrección apareció en vísperas del tratamiento en el recinto del Senado y ya entonces se alertó sobre el tema. Las modificaciones circularon la noche anterior a la sesión en un texto donde figuraban los cambios.

¿Qué decía el texto? “Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones por el siguiente”, y ahí aparecía el agregado que desató la discordia: “Artículo 208.- En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% (cincuenta por ciento) de su remuneración básica que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de tres (3) meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de seis (6) meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los dos (2) años.

Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% (setenta y cinco por ciento) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo periodo de tiempo dispuesto en el párrafo precedente.

La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes”.

No es como dijeron muchos durante estos días, que los senadores no leyeron ese texto. Hubo mucha discusión en torno al título donde figura el tema de las licencias. La senadora neuquina Julieta Corroza adelantó su abstención a todo el título, en tanto que la senadora del Pro Andrea Cristina pidió la palabra antes de votar para dejar constancia de que, de haber podido, rechazaría el artículo 44. “Respeto que se vote el título completo, por lo cual voy a votarlo a favor por la importancia que tiene el resto de los artículos, pero quiero dejar constancia de que, precisamente, no estoy de acuerdo con lo propuesto en el artículo 44”, dejó registrado para la versión taquigráfica. “Es válido lo de la senadora Cristina”, aceptó el presidente provisional, Bartolomé Abdala, tras lo cual la otra senadora del Pro, María Victoria Huala, imitó a su compañera y dejó constancia de su rechazo al artículo 44.

Este lunes, la senadora Bullrich insistió en dejar constancia que modificarían el texto: “Nosotros distinguimos que cometimos un error y bueno, nobleza obliga, lo vamos a arreglar. Si vuelve al Senado, tardará una semana más”, minimizó.

Por la tarde, la jefa del bloque LLA se había reunido con el presidente Javier Milei, adelantándole seguramente la modificación de la hoja de ruta para esa ley. Para entonces, ante el crecimiento de la polémica se había explorado con los aliados que se espera proporcionen el quórum y los votos para este debate, a fin de encontrar alternativas para salvar la ley. No tuvo aceptación la propuesta de solucionar la situación por decreto, ni esperar una ley correctiva, por lo que todo indica que en el recinto se modificará el artículo 44 en cuestión y la norma deberá volver al Senado.

La idea es entonces que se realice el cambio directamente en el plenario de comisiones que emitirá el dictamen este miércoles, e ir al recinto con esa polémica resuelta. En el texto se va a aclarar expresamente que quedarán excluidas de cualquier modificación las enfermedades “graves o degenerativas”, tal cual confirmó a parlamentario.com este martes una alta fuente oficialista.

Modificación del texto mediante -esa será la única que el oficialismo permitirá realizar-, tras la eventual media sanción en Diputados se convocará para el viernes a un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado, para que emitan el nuevo dictamen de la ley que regresaría a esa Cámara. La norma tendrá así los 7 días justos para volver a ser tratada por el pleno el viernes 27, con lo justo para ser ley y que el Presidente pueda alardear el domingo de haberlo conseguido en la Asamblea Legislativa.

El jefe del bloque Pro en la Cámara baja, Cristian Ritondo, sostuvo, en declaraciones publicadas por La Nación, que el bloque Pro en la Cámara baja acompañará la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Consideró que la iniciativa es “muy necesaria”, especialmente por su objetivo de facilitar la incorporación de trabajadores al empleo formal y reducir los costos judiciales que enfrentan las pymes, un punto que —según afirmó— genera consenso en su bancada. También destacó como un avance la inclusión de los trabajadores de plataformas digitales, tras un trabajo previo de diálogo con los distintos actores del sector.

Sin embargo, Ritondo señaló que dentro del Pro existe disconformidad con las modificaciones introducidas en el Senado respecto del régimen de licencias por enfermedad y accidentes. Advirtió que, tal como quedó redactado, el artículo podría terminar perjudicando a los trabajadores al reducir plazos de cobertura y el esquema de remuneración durante la licencia médica. Planteó que el sistema debe ordenarse y mejorarse, pero “sin recortar derechos”, por lo que el bloque buscará revisar ese capítulo en Diputados.

Frente a la posibilidad de que el proyecto deba volver al Senado si se introducen cambios, el dirigente afirmó que corresponde seguir el procedimiento institucional y que la ley debe salir “lo más clara posible”, sin dejar definiciones centrales libradas a la reglamentación. Aseguró que su espacio está dispuesto a trabajar con celeridad para que, aun con eventuales modificaciones, puedan cumplirse los plazos de extraordinarias.

En cuanto al artículo referido al pago de salarios, Ritondo adelantó que el Pro insistirá en incorporar nuevamente a las billeteras virtuales como opción para que los trabajadores elijan cómo cobrar sus haberes, tras la eliminación de ese punto en la Cámara alta. Señaló que se trata de garantizar libertad de elección y evitar restricciones en beneficio del sistema bancario.

También se refirió al debate sobre el financiamiento sindical. Recordó que Pro y radicales impulsan desde hace años cambios sobre los aportes compulsivos, aunque admitió que en este tramo del debate legislativo es difícil que prospere una modificación de fondo. Aun así, insistió en que el avance de la reforma laboral, aun con sus límites, representa una mejora frente al sistema vigente, al que calificó como generador de “miedo” entre las pymes por el volumen de litigios.

Consultado sobre las expectativas de creación de empleo, Ritondo respondió que, si bien en décadas anteriores distintos incentivos no lograron revertir el estancamiento del mercado laboral, el esquema actual requiere cambios y la reforma puede ser un paso en esa dirección. Aseguró que el proyecto cuenta con aval de economistas, cámaras empresarias y la UIA, aunque esta hubiera preferido modificaciones más amplias.

En la entrevista con la periodista Laura Serra, el diputado evaluó además que tras las elecciones el Gobierno logró mejorar su vínculo con sectores de la oposición, en parte por el crédito otorgado en las urnas y en parte por la tarea del ministro del Interior, Diego Santilli, a quien atribuyó un rol clave en la construcción de consensos. Señaló que eso facilitó una relación más ordenada entre el Ejecutivo y el Congreso en comparación con el año anterior.

Sobre el futuro acuerdo comercial con Estados Unidos, Ritondo expresó su apoyo. Consideró que la apertura representa una oportunidad para sectores competitivos como la industria vitivinícola, la pesca o la minería, y que permitiría a la Argentina acceder a un mercado de millones de consumidores. Reconoció que algunos rubros están en alerta y que existen asimetrías internas, pero sostuvo que la falta de competencia benefició históricamente a ciertos grupos económicos.

El diputado evitó dramatizar la tensión política del año pasado con el oficialismo, aunque volvió a cuestionar el episodio de la Auditoría General de la Nación, que calificó como una decisión “equivocada”. Aseguró que mantiene diálogo personal con referentes del Gobierno y que su prioridad es la reconstrucción del Pro en la provincia de Buenos Aires.

Consultado sobre la posibilidad de que el partido presente un candidato presidencial propio en 2027, Ritondo afirmó que es prematuro, aunque remarcó que el rol actual de Pro es acompañar con responsabilidad las reformas, marcar diferencias cuando corresponda y sostener la gobernabilidad. Subrayó que en la ciudad de Buenos Aires el tema de la coparticipación es “prioritario” y advirtió que el espacio acompañará al jefe de Gobierno, Jorge Macri, en su reclamo por la devolución de fondos.

En cuanto a la Oficina de Respuesta Oficial creada por el Ejecutivo, Ritondo la diferenció del organismo Nodio impulsado durante el kirchnerismo. Consideró que, mientras se mantenga como un espacio de comunicación oficial y no derive en mecanismos de control o sanción, no supone un riesgo para la libertad de prensa. Señaló que, de excederse, los periodistas tendrán capacidad para cuestionarla.

La diputada nacional del Pro Daiana Fernández Molero abogó por evitar que el proyecto de ley de Modernización Laboral vuelva al Senado. “De ninguna manera tenemos que permitirlo”, sostuvo enfáticamente.

Entrevistada en el programa “Una vuelta más”, de TN, la legisladora valoró la iniciativa del Gobierno, pero reconoció que hay “una cuestión de procedimiento” en referencia a la cuestión de las licencias. En diciembre, recordó, “el dictamen que salió del Senado no incluía este tema, y yo creo que el Ejecutivo no lo quiso mandar, me consta, porque lo que buscaba era dar flexibilidad y más certezas a nivel de la ley, para que  no hubiera procesos de judicialización”.

“A eso apuntaba (la ley), no quitaba ningún derecho, era eso”, aseguró.

Fernández Molero agregó que ante la polémica que se ha generado en torno al tema de las licencias, el oficialismo tiene que ver la manera de solucionarlo, “porque es un tema sensible, que sí ameritaba tratarlo de otra forma, porque esto sino se empioja y no se da el debate bien”.

“Como no se puede dar un debate de algo tan profundo en tan poco tiempo, lo que tenemos que encontrar, como dijo Patricia (Bullrich), cómo poder solucionarlo sin que esto vuelva al Senado”, señaló la diputada del Pro, que advirtió que lo que tiene que garantizar el Gobierno es “que esto se pueda resolver, que tengamos garantías de que esto va a cambiarse, pero de ninguna manera tenemos que permitir que esto vuelva al Senado”.

Por último, quiso dar un ejemplo que, admitió, “va a denotar mi edad”. “¿Se acuerdan del Roland Garros entre (Guillermo) Coria con (Gastón) Gaudio? Gaudio no tenía muchas chances de ganar, y sin embargo ganó. Todos le decían a Coria quedate tranquilo, vos vas a ganar mil Roland Garros, olvídate… ¿Qué pasó? No pasó más, no ganó nada más”, dijo, asegurando sobre la reforma laboral que “este tren pasa una vez”.

Y cerró: “Esta no es la única, es una serie de reformas que están haciendo que Argentina tenga un ambiente mucho más propicio para la creación de empleo, para las inversiones, para que haya más trabajo y de mejor calidad. No la dejemos pasar”.

En pleno debate de la reforma laboral en el Congreso de la Nación, el ausentismo laboral volvió a situarse en el centro del debate público tras la publicación del informe de IDESA, que advierte que 6 de cada 10 empresas privadas registraron ausencias de personal durante 2025. El análisis señala que el marco legal vigente para cubrir enfermedades no laborales es obsoleto, ya que obliga al empleador a pagar el salario entre 3 y 12 meses según antigüedad y carga de familia, además de prever una indemnización especial en caso de despido por incapacidad.

Este esquema —sostiene IDESA— incrementa el ausentismo espurio en patologías leves y, paradójicamente, desprotege a los trabajadores con enfermedades prolongadas, especialmente en empresas pequeñas donde sostener el costo se vuelve inviable.

La reforma aprobada en el Senado: menos cobertura y más controversia

El informe analiza también los cambios incluidos en la reforma de “modernización laboral” aprobada en el Senado. La nueva normativa dispone que:

• ● El trabajador cobrará solo el 50% del salario si la enfermedad deriva de una actividad voluntaria con riesgo para la salud.
• ● Percibirá el 75% si la enfermedad no está asociada a esa conducta.
• ● La cobertura se limita a 3 meses para quienes tienen familiares a cargo y 6 meses para quienes no, eliminando los beneficios por antigüedad.

Aunque la indemnización especial permanece sin cambios, IDESA advierte que la reforma mantiene la carga económica en el empleador y agrava la desprotección en casos de larga recuperación. Además, la distinción según el origen de la enfermedad es considerada impracticable.

Radiografía del ausentismo según la Secretaría de Trabajo

El informe detalla que, en 2025:

• ● El 58% de las empresas tuvo al menos un trabajador ausente por mes.
• ● El 49% de las ausencias se debió a enfermedades no laborales.
• ● 20% correspondió a faltas sin aviso.
• ● 31% a otros motivos.
• ● El costo del ausentismo equivale al 2,8% de las jornadas pagadas, siendo las enfermedades no laborales responsables de la mitad del impacto económico.

IDESA subraya que los países con mejores resultados aplican sistemas mixtos que desalientan el ausentismo injustificado y protegen a quienes realmente lo necesitan.

Europa: los primeros días no se pagan; después el empleador cubre entre 50% y 80% del salario por un período corto. Luego interviene la seguridad social, que brinda cobertura por 1 a 3 años.

Uruguay: no se paga durante los primeros 3 días; desde el cuarto día la seguridad social cubre el 70% hasta por 2 años.

Estos modelos desalientan abusos, socializan los costos y fortalecen la protección frente a enfermedades graves.

Recomendación final: corregir la ley en Diputados

Para IDESA, la reforma del Senado no corrige los problemas estructurales del sistema argentino. Por ello, recomienda que la Cámara de Diputados revise y modifique el proyecto, incorporando esquemas similares al uruguayo o a los estándares europeos, que equilibran eficiencia productiva y protección social.

Luego de una semana muy activa, en la que tuvo protagonismo central por el debate de la ley de Modernización Laboral, cuya aprobación en el Senado Javier Milei calificó de “histórica”, la senadora Patricia Bullrich concurrió este lunes a la residencia presidencial de Olivos para reunirse con el Presidente.

Ella misma lo difundió en las redes sociales, donde posteó imágenes suyas: una posando con el mandatario y otra con el dibujo de un león y un pato abrazándose, recordando el abrazo que tuvieron en un estudio de televisión, luego de que Javier Milei accediera al balotaje de 2023 y ella quedara afuera y le brindara su apoyo.

“Trabajando junto al Presidente @JMilei para cerrar las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia”, posteó la jefa del bloque de La Libertad Avanza del Senado, que agregó: “Este Congreso, el más reformista que haya tenido la Argentina, se prepara para un año de cambios profundos”.

Por su parte, el Presidente reposteó el tuit de Bullrich y escribió: “¿Feriado? ¿Qué es eso? Nosotros trabajamos todos los días. La única forma para salir adelante es: capitalismo, ahorro y trabajo duro. En los tres puntos decimos presentes. VLLC!”.

La CGT resolvió este lunes activar un paro general el mismo día en que la Cámara de Diputados ponga en debate la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La medida, que será sin movilización orgánica, incluirá la adhesión de los gremios del transporte y dejará al país sin colectivos, trenes ni vuelos comerciales.

La decisión fue adoptada por el consejo directivo de la central obrera luego de una reunión virtual encabezada por los cotitulares Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo. El encuentro comenzó cerca del mediodía y concluyó minutos antes de las 14, adelantando así la definición que se esperaba para más adelante en la semana.

Según confirmaron fuentes sindicales, la fecha exacta del paro quedará atada al avance legislativo del proyecto: el oficialismo aspira a obtener dictamen este miércoles y llevarlo al recinto el jueves 19, aunque las diferencias con sus aliados sobre algunos puntos sensibles —en especial las licencias por enfermedad— podrían trasladar la sesión al miércoles 25. En cualquier caso, la CGT ya dejó establecido que el día elegido por Diputados para discutir la reforma será jornada de huelga nacional.

Como es habitual, la conducción anticipó “libertad de acción” para los sindicatos, aunque en esta ocasión la adhesión del transporte quedó garantizada. La Unión Tranviarios Automotor confirmó su acompañamiento por la tarde, a través de un comunicado de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT). Allí se anunció que los gremios del sector “acatan plenamente” la convocatoria y que se garantizará la paralización total de los servicios de pasajeros. También La Fraternidad y los pilotos de avión comunicaron que se sumarán a la medida.

La participación de la UTA resultaba clave: en el paro del 10 de abril de 2025, la conciliación obligatoria que pesaba sobre el gremio permitió que los colectivos funcionaran con normalidad, lo que debilitó la protesta y dio margen al Gobierno para considerarla un “fracaso”. Esta vez, la presión interna dentro del movimiento obrero y la postura más combativa de varios gremios terminó forzando un alineamiento general.

La definición de la CGT llegó luego de una semana marcada por tensiones en el frente sindical. La movilización al Senado cuando se debatió el proyecto había dejado expuestas las diferencias entre la conducción y sectores más duros, como Aceiteros, la UOM o las CTA, que directamente llamaron al paro ese día. En el sector marítimo, además, la alarma se encendió por la exclusión expresa del personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo. El secretario general del Centro de Patrones Fluviales, Mariano Moreno, advirtió que la reforma deja a los marinos “sin ni siquiera el 14 bis” y los equipara, en términos de derechos, a personas privadas de libertad.

Para ampliar su postura, la CGT dará una conferencia de prensa este miércoles en la sede de Azopardo. Pero la línea ya está trazada: cuando el oficialismo lleve su proyecto al recinto, la central obrera responderá con la cuarta huelga general desde que Javier Milei llegó al Poder Ejecutivo, esta vez sin transporte y sin presencia masiva en las calles.

Cuando el oficialismo decidió concentrar todo lo que restaba del temario de extraordinarias en febrero, pocos esperaban que el Gobierno pensara en sacarle tanto jugo al mes más corto del año. Un mes que, además, tiene el extenso feriado de Carnaval, que reduce los días de actividad en un momento clave para la aprobación de los proyectos que le interesan al Presidente de la Nación.

La Libertad Avanza aparece así metida de lleno en una carrera contrarreloj generada fundamentalmente por la decisión de ofrendarle a Javier Milei la aprobación de las leyes más importantes que envió en extraordinarias, para exhibirlas en la apertura de sesiones ordinarias prevista para el domingo 1° de marzo próximo.

Con ese objetivo el oficialismo decidió extremar la actividad convocando a una sesión para esta misma semana “corta” en la que se propone debatir nada menos que la reforma laboral. Quieren “curarse en salud” los estrategas del Gobierno con la decisión de sesionar esta semana, por si sobrevienen cambios que obligan a una vuelta del tema al Senado, cosa que sucedería así la semana siguiente, cuestión de garantizar la aprobación deseada para antes del 1° de marzo.

La agenda de esta semana

En este marco tanto los diputados como los senadores estarán trabajando duro los días hábiles que le quedan a esta semana corta. Arrancarán los diputados a las 14 de este miércoles 18 de febrero, con una reunión prevista en el segundo piso del Anexo C para tratar la media sanción del proyecto de modernización laboral proveniente del Senado.

Será en el marco de un plenario de las comisiones Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, que en un trámite exprés se propone emitir dictamen esa misma tarde, cuestión de poder sesionar al día siguiente. Esa sesión no ha sido obviamente convocada aún, pero por lo que pudo averiguar parlamentario.com sería llamada a las 14 horas del jueves 19, cuestión de que nadie tenga problemas con los vuelos, y dejar la mañana libre para cubrir eventualidades. Ese horario y semejante tema para tratar hacen vislumbrar una sesión de unas 20 horas que se prolongaría entonces hasta bien entrado el viernes 20.

Pero volvamos al miércoles. En la Cámara alta, a partir de las 17, se reunirá la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que luego de designar sus autoridades se abocará al debate del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por una parte, y la Unión Europea por otra, celebrado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 17 de enero de 2026. Ese acuerdo ya cuenta con el aval de la Cámara de Diputados y el oficialismo se propone tratarlo en el recinto del Senado la semana siguiente.

La actividad en el Senado continuará en la mañana del jueves 19, cuando a partir de las 11 se reúna la Comisión de Acuerdos. Una comisión que el oficialismo se propone presidir, luego de que hasta el 10 de diciembre hubiera estado a cargo de la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri. Para esta comisión suena fuerte el nombre del riojano Juan Carlos Pagoto, y tras la conformación de autoridades de la misma se tratará el expediente que solicita acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al exdiputado nacional Fernando Adolfo Iglesias.

Más tarde, a las 14.30, también en el Salón Arturo Illia y mientras en la otra cámara estarán sesionando ya sobre la reforma laboral, comenzará en el Senado un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, para tratar el expediente venido en revisión del Régimen Penal Juvenil. Será la primera reunión sobre ese tema en la Cámara alta, y si hay dictamen -ese día, o el siguiente- podría llegar a ser incluido en la sesión de la reforma laboral.

A propósito, confirmada la segura modificación del proyecto de modernización laboral, habrá un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto del Senado este viernes, para emitir dictamen.

La modificación de la Ley de Glaciares quedaría para el período ordinario. Se verá.

Con una conformación del Senado mucho más equilibrada que lo que era hasta el 10 de diciembre pasado, el muy disminuido bloque que conduce José Mayans está en pie de guerra en lo que hace a la conformación de las comisiones. La tirria no es de ahora, sino que data de la primera etapa del período extraordinario, en diciembre pasado, cuando el interbloque ahora llamado “Popular”, y que encabeza el formoseño, rechazó los números asignados por la presidencia de la Cámara y se negó a integrar las comisiones.

Pero el disgusto no se limita a las relaciones entre el peronismo del Senado y el oficialismo de esa cámara, sino que también escala puertas adentro. En efecto, es sabido que la relación entre el bloque Justicialista y Convicción Federal (una bancada de cinco senadores que forma parte del interbloque Popular) es cada vez más tirante.

De hecho se habló de la posibilidad de que Convicción Federal se apartara del interbloque Popular, sobre todo a partir de las sanciones que la conducción nacional del PJ (en manos de Cristina Kirchner y cuyo vicepresidente es el propio Mayans) a militantes jujeños, entre ellos la senadora Carolina Moisés, por haber votado proyectos del Gobierno nacional, como el Presupuesto 2026.

Esta situación tensa en el seno del peronismo del Senado tendrá una nueva escala con la distribución de miembros en las comisiones. Sucede que el bloque que conforman Carolina Moisés, Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán), Jesús Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis), decidió “puentear” a Mayans mandando nombres para las comisiones de Acuerdos (Sandra Mendoza) y Relaciones Exteriores (Guillermo Andrada), distanciándose de la postura de Mayans. Habrá que ver de qué manera influye esta decisión en la relación futura.

El origen del conflicto

Recordemos que esta pelea entre el peronismo y La Libertad Avanza surgió en diciembre durante la conformación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, en el marco del debate por la reforma laboral.

El interbloque encabezado por José Mayans denunció que no se respetó la proporcionalidad que les correspondía según su peso parlamentario.

Recordemos que el interbloque de Mayans tiene 28 senadores, es decir, el 38,8% del Senado, por lo que sostienen que deberían haber recibido 7 lugares en las comisiones permanentes. Sin embargo, en la Comisión de Trabajo solo les asignaron 5 lugares. Los mismos que se asignó La Libertad Avanza, mientras que 3 lugares se los dejaron a los radicales, uno al Pro y 3 a bloques minoritarios.

Mayans estalló denunciando una “violación del principio de proporcionalidad”, hablando de irregularidades, y dijeron que el proyecto nacía “viciado”, advirtiendo que podría judicializarse. Mayans incluso desconoció la designación de Patricia Bullrich como presidenta de la comisión. Convengamos que para la eventual “judicialización” tienen en consideración también una cuestión reglamentaria en cuanto al llamado a tratar el tema en comisiones, que fue obviado.

Así las cosas, el bloque no envió a sus representantes a las comisiones conformadas hasta el momento, argumentando que si se aceptaba esa integración “amañada”, se convalidaba el avance del oficialismo sobre el reglamento y sobre la representación de la oposición. Esta historia continuará.

En busca de asumir un rol opositor al Gobierno nacional más importante del que viene mostrando, el gobernador Axel Kicillof no solo se mostró el miércoles pasado en la marcha contra la ley de Modernización Laboral, sino también cargó con dureza contra el presidente Javier Milei, comparando sus políticas con las de la dictadura.

En referencia a la reforma laboral consideró que “es un proyecto de la dictadura” y que “priva a todos los trabajadores de tener derechos”, al tiempo que comparó la iniciativa al “proyecto de (José Alfredo) Martínez de Hoz durante la dictadura”. Esto generó un fuerte repudio de los bloques de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense.

Kicillof sostiene que la reforma “recorta derechos”, “flexibiliza” y no genera empleo. Según él, el problema no es la normativa laboral sino el modelo económico, recordando períodos de fuerte creación de empleo con el mismo marco legal. Calificarla como “modernización laboral” es, en sus palabras, “una burla”, porque afecta vacaciones, horas extras y derecho a huelga.

En sus declaraciones, el gobernador argumentó que “es el proyecto que se planteó la dictadura y no se pudo hacer entonces ni en democracia”, y agregó que “es el mismo proyecto de Martínez de Hoz”.

En sus redes de comunicación amplió el concepto: “La reforma laboral no es una modernización ni una actualización, es un retroceso que recupera la lógica iniciada por la dictadura con Martínez de Hoz y que vuelve a hacer que el ajuste recaiga sobre los trabajadores”.

Los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires presentaron sendos proyectos en ambas cámaras, con la firma de todos los legisladores, repudiando las declaraciones del gobernador.

“Los bonaerenses estamos cansados del relato que quisieron y siguen queriendo imponer, incluyendo banalizaciones históricas forzadas y mensajes alarmistas que solo profundizan la confrontación y desinforman a la sociedad. La provincia necesita un gobierno que se ponga los pantalones, gestione y solucione los problemas provinciales, en lugar de gastar recursos en un posicionamiento permanente sobre la agenda nacional del presidente Javier Milei”, expresaron diputados y senadores libertarios.

Ante la Asamblea Legislativa y por primera vez en esta fecha —tras la reforma constitucional de 2025 que adelantó el inicio del período al 15 de febrero—, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, abrió las sesiones ordinarias con un mensaje que colocó a la seguridad en el centro. En el inicio, vinculó orden y autoridad: dijo que “cuando el Estado no ejerce su rol, alguien ocupa ese lugar y nunca es para cuidar a la sociedad”. Y, en alusión al conflicto policial de los últimos días, sostuvo que el Gobierno “entendió como justos” los reclamos de los efectivos y tomó medidas para mejorar sus condiciones, pero advirtió que hubo sectores que “quisieron usar un reclamo legítimo para volver al pasado oscuro de Santa Fe, para recuperar privilegios”.

Pullaro presentó un balance de gestión en materia de seguridad y detalló inversiones desde que —según definió— se “hizo cargo” de una situación “extremadamente crítica”. Enumeró la incorporación de 2.000 agentes a las calles y la compra de 2.500 móviles, la ampliación de la videovigilancia con 5.000 cámaras en Rosario y 2.000 en la capital, y la implementación del sistema “Lince” de análisis con inteligencia artificial para investigación criminal. Sostuvo, además, que “no hay seguridad en la calle si no hay control en las cárceles” y justificó una inversión de 119.000 millones de pesos en infraestructura penitenciaria.

Como resultados, el mandatario expuso una reducción marcada de la violencia: recordó que a esta altura de 2023 se contabilizaban 65 homicidios y que en el mismo período de este año van 15, y destacó que enero fue el menos violento de los últimos 25 años. Sumó la demolición de 106 búnkeres de venta de drogas y reafirmó el rumbo: “No vinimos a convivir con el delito. No vinimos a pactar. No vinimos a mirar para otro lado”.

El discurso también dejó definiciones políticas e institucionales. Enmarcó el inicio temprano de sesiones como “muestra simbólica” de los cambios impulsados tras la reforma y adelantó que el Ejecutivo buscará acuerdos para una ley de Municipios, la renovación de la Corte Suprema provincial y una reforma electoral. En materia económica y social, reconoció que “el momento del país es difícil, con años sin crecimiento”, y afirmó que su gestión encaró transformaciones “sin especular”, con la idea de “devolverle el Estado a sus únicos dueños, los ciudadanos”.

Uno de los anuncios más concretos fue sobre la Caja de Jubilaciones: no se prorrogará la aplicación del aporte solidario extraordinario y, a partir de ahora, los aumentos que perciben los activos se trasladarán a los pasivos al mes siguiente, sin la demora de 60 días que regía hasta aquí. Además, se mantendrán los montos compensatorios cuando el gasto en medicamentos supere el 5% de los haberes.

En educación, el gobernador ratificó la continuidad del Boleto Educativo y destacó dos programas: Asistencia Perfecta y el Plan de Alfabetización Raíz. Informó la inauguración de 25 edificios de escuelas e institutos de formación docente y otras 32 obras en ejecución, y anticipó cambios curriculares en primaria, con mayor carga de lengua, idiomas, matemática y contenidos tecnológicos. “El futuro de Santa Fe está en sus escuelas, con los niños aprendiendo”, subrayó.

La obra pública fue otro eje del mensaje. Pullaro afirmó que “volvió con todo y en todo el territorio”, con impacto en empleo y producción, y repasó proyectos en marcha: renovaciones en los aeropuertos de Rosario y Sauce Viejo; el gasoducto Acebal–Pavón Arriba; intervenciones en las rutas 90, 3 y 21; el tercer carril de la autopista Rosario–Santa Fe; y el nuevo puente carretero entre Santa Fe y Santo Tomé. En paralelo, vinculó estas iniciativas con la infraestructura prevista para los Juegos Suramericanos de septiembre. Anunció, además, la creación del Polo de la Niñez —con la compra del inmueble de la ex Casa Cuna— y la apertura del primer Centro de Referencia de Responsabilidad Penal Adolescente en Rosario.

La ceremonia, que se extendió por casi 50 minutos en el recinto de la Cámara de Diputados, contó con aplausos del bloque oficialista de Unidos, mientras que desde la oposición cuestionaron el tono “reiterativo” y señalaron la ausencia de anuncios de peso frente a la situación económica y social. “Desde el orden, Santa Fe construye”, resumió el gobernador al cierre, en un mensaje que buscó marcar continuidad: respaldo a las fuerzas que actúan “sin privilegios”, mano firme contra el delito y una agenda de reformas en el tablero legislativo.

La senadora Patricia Bullrich admitió este domingo que harán una modificación a la ley de Modernización Laboral en lo referente a las licencias por enfermedad, para que en aquellas que sean consideradas severas, el empleado pueda cobrar el 100%. Eso no implica que vaya a volver al Senado, por cuanto están analizando alternativas para implementar esa modificación.

Entrevistada por TN, la jefa del bloque libertario de la Cámara alta sostuvo que “uno de los principales problemas que tiene la Argentina es la industria del juicio laboral”, y ejemplificó: “Hay juicios que llegan a 2.500 millones de pesos para el trabajador”. Por eso aclaró que ahora le ponen límite: piso y techo.

“¿A un empleado que tiene 20 años de antigüedad le va a caer la nueva ley?”, le preguntaron, a lo que Bullrich contestó afirmativamente, aclarando que “lo que se cambió es ‘la crema’ que le ponían a los juicios. La Ley de Contrato de Trabajo siempre dijo: un mes por año. ¿Qué dice la nueva ley? Un mes por año”, pero planteó que “ahora no podrán poner que si te pagaban la SUBE eso era salario; si te pagaban el comedor también… Engordaban, engordaban, engordaban y entonces una PyME como “Naranja Mandarina”, una tienda de tres trabajadores en Jujuy, que vende ropa, tuvo un juicio de 380 millones de pesos… Cierra Naranja Mandarina, desaparece”.

Según Bullrich, “la trampa se hizo ley”, y garantizó que a partir de la nueva norma “no le pueden poner aditamentos” al cálculo indemnizatorio, al tiempo que explicó que no se le pone ningún tope a la indemnización.

El cambio en las licencias

Consultada sobre la polémica que se ha dado en torno a los porcentajes que se pagarán a partir de ahora a quienes pidan licencias, Patricia Bullrich sostuvo que los cambios “no fueron a último momento”, y consideró que se trata de un tema “muy sensible”, dado que “como hay una mafia en la litigiosidad laboral, hay una mafia también con los certificados médicos”.

Se quejó porque la Argentina hoy tiene 15% de ausentismo en el sector privado, y detalló cómo es el pago de sueldos en otros países en casos de licencia: en Portugal pagan el 65% del salario; en Francia el 70; Uruguay 70; España 64; Suiza 80; Austria 50; Italia 67; Suecia 80; Bélgica 60; Finlandia 70 y Alemania 70.

Respecto de las enfermedades severas, degenerativas, irrecuperables, la jefa del bloque LLA respondió: “Vamos a hacer una modificación, le vamos a dejar el 100%. Lo estamos trabajando. Solo en caso de corroboración concreta y fehaciente”.

Con todo, aclaró que hay que dejar en líneas generales el pago de solo el 50% por los abusos que en la materia se realizan. “Hay presos en todo el país por certificados truchos -aseguró-. Nosotros vinimos a terminar con las mafias, esto es una mafia”.

La senadora dijo que habrá junta médica en hospitales públicos o lugares de reconocida capacidad médica,  pero eso será para las enfermedades que suceden en el trabajo.

Ante una pregunta sobre las modificaciones que van a hacer para las enfermedades severas, Bullrich dijo que “hoy en día el trabajador tiene reserva de un año en el cargo; a los dos años le aplican el 245, que es la indemnización. Lo que cambió es el porcentaje (salarial)  por las mentiras de las mafias”. Y destacó: “Como en ningún momento la Ley de Contrato de Trabajo distinguía entre enfermedades no severas y  las severas, vamos a trabajar este tema y ahí sí va a volver a lo que era el 100%”.

“Estamos analizando si lo  hacemos por Diputados; hoy lo hablé con Martín Menem, vamos a ver si lo hacemos por reglamentación, o lo buscamos como un artículo de ley que se vote como  otra ley, le vamos a buscar la forma”.

Por último citó los diagnósticos sobre salud mental, afirmando que “en eso hay un excesos enorme. El certificado psiquiátrico es un exceso enorme. Es una de las licencias que más se usan”.

Si bien los acontecimientos del Congreso (reforma laboral) han dejado en segundo plano otras noticias, no por ello debemos olvidarlas u omitirlas.

Tres noticias ponen en evidencia la desaparición de los referentes políticos en la Argentina y el desencuentro entre los hechos y la política. Y la desaparición de la dignidad humana en el análisis de los hechos ocurridos.

En orden de aparición, dos suicidios: el de un soldado en la quinta de Olivos y de un policía en la provincia de Santa Fe. Dos personas acorraladas que decidieron quitarse la vida en un marco de soledad. La respuesta de la política, fue simplemente una mala decisión personal. No importó la crisis que desató en Santa Fe, solo sirvió para dejar sin trabajo a un grupo que reclamo, con fiereza, tal vez con poca prudencia pero lo cierto es que pretenden defender a los ciudadanos del narcotráfico y el delito organizado, con pobreza y nada de empatía.

Dos situaciones tremendas donde la ministro de Seguridad actúa con la misma indecencia dejando de lado cuestiones que son de su responsabilidad.

El caso del soldado es terrible, por las consecuencias de la vida virtual, dejan al ser humano solo. Que ve como única salida el suicidio.

Lo cierto es que hay dos gobernadores que no llegaron a tiempo, uno porque no solucionó el problema salarial hasta que fue tarde y el otro porque nunca llegó. En el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, no es la primera vez. Ya detectaron una red de pornografía infantil que operaba desde la cárcel de Florencio Vareal, ahora una red de extorsión y estafas virtuales, donde lo call center operan desde dentro de las cárceles. No es posible que ello suceda, y lo dramático es que se roba infancias, vidas y patrimonios sin que los responsables políticos de que esto no suceda se queden en silencio.

Lo dramático de todo ello, es que ese gobernador quiere ser el candidato a presidente del primer partido del país.

En esta misma línea se sigue quemando la Patagonia, y los responsables de prever estos desastres siguen en silencio, y cuando hablan es para atribuir la responsabilidad a otro, o mirar como si ellos no tuvieran nada que ver

En síntesis hoy nos gobiernan personas que entienden que los sucesos no son de su incumbencia. Se quema la Patagonia, y el Presidente va a ver el espectáculo de Fátima Flores, se suicida un soldado en la quinta presidencial por las extorsiones que se ejecutan desde el servicio penitenciario provincial y el problema es la aplicación de citas. Se incendia la provincia de Santa Fe, y el aumento salarial se da una semana después. Un país al borde del caos y nadie es responsable de ello.

Por último, un hecho termina de evidenciar este vacío. La CGT convoca a una marcha contra la reforma laboral, y no solo pierde el control de la marcha, sino que regala la Plaza del Congreso a los violentos, a esos imberbes que ya en los 70 nos pusieron al borde de la guerra y hoy vuelven como si nada hubiese pasado.  Con una prensa más preocupada por las consecuencias políticas de lo que dicen que con la verdad. Más preocupada por la pauta que por la dignidad humana,

Donde el Estado es una institución política necesaria, pero subordinada a la dignidad de la persona y al bien común. No es soberano absoluto, sino un mediador que organiza la vida social en función de valores superiores.

Gustavo Díaz Nóblega es presidente del Partido Demócrata Cristiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En medio de una creciente tensión entre el Gobierno y el movimiento obrero, la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió adelantar para este lunes una reunión clave en la que se pondrá sobre la mesa la posibilidad de convocar a un paro general. La medida, que ya cuenta con el impulso de varios sectores internos, aparece como respuesta directa al avance parlamentario de la Reforma Laboral, que obtuvo media sanción en el Senado y comenzará a debatirse en la Cámara de Diputados en los próximos días.

El encuentro —que se realizará de manera virtual desde las 16— fue convocado por los cotitulares de la central obrera: Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio). La decisión de anticipar la fecha refleja el clima interno: dirigentes que inicialmente apostaban a la presión callejera empiezan a considerar que el escenario requiere un escalón más elevado en la escala de protesta.

Según fuentes sindicales, dentro de la CGT crece la convicción de que las marchas y concentraciones ya no alcanzan para frenar un proyecto que, desde su óptica, representa un retroceso en derechos laborales conquistados durante décadas. Por ese motivo, algunos sectores impulsan una medida de fuerza que coincida con el día en que Diputados abra el debate, lo que podría ocurrir entre el miércoles 18 y el jueves 19.

Los puntos más conflictivos de la reforma

Si bien la reforma laboral abarca un amplio abanico de modificaciones, hay varios artículos que encendieron las alarmas dentro del sindicalismo. El más cuestionado es el que habilita a las empresas a reducir entre un 25% y un 30% los salarios de trabajadores que se encuentren bajo licencia médica, un mecanismo que para la CGT habilita un “castigo encubierto” al ausentismo justificado.

Otros aspectos sensibles incluyen:

• ● cambios en el sistema de indemnizaciones, con nuevas modalidades que, según la central, abaratarían los costos de despido;
• ● modificaciones en la jornada laboral, con mayor flexibilidad y la posibilidad de esquemas discontinuos;
• ● ajustes en el régimen de vacaciones, que permitirían mayor discrecionalidad empresarial.

Sin embargo, uno de los puntos que empieza a ganar centralidad en la discusión es la regulación del derecho de huelga, un tema históricamente sensible para el movimiento obrero y que podría tener un impacto directo en la capacidad de protesta de los gremios.

Mientras tanto, en la Casa Rosada prima un optimismo moderado respecto de la posibilidad de alcanzar en Diputados los votos necesarios para convertir la reforma en ley. El oficialismo reconoce que será una sesión ajustada, pero confía en acuerdos con sectores dialoguistas de la oposición.

La CGT, por su parte, se prepara para una semana decisiva. La discusión interna de este lunes no solo definirá si habrá paro general, sino también el tono de la estrategia sindical frente a un Gobierno que considera imprescindible avanzar con la reforma y un movimiento obrero que advierte que, de aprobarse, se abriría una nueva etapa de conflictividad.

La sesión en la que el Senado aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno dejó una imagen que luego recorrió las redes: Patricia Bullrich con anteojos de marco blanco. Los posteos que se viralizaron afirmaban que se trataba de lentes inteligentes capaces de transmitir fotos y videos sin ser percibidos y, sobre todo, de permitir que la senadora recibiera indicaciones durante el debate.

El chequeo de las imágenes fue realizado por Chequeado, en un informe elaborado por Delfina Corti y Manuel Tarricone, quienes confirmaron que Bullrich efectivamente utilizó un modelo de Ray-Ban Meta, aunque sólo en una intervención de escasa duración, alrededor de las 11.30 de la mañana. En ese tramo, la jefa del bloque oficialista habló menos de dos minutos y únicamente para ceder la palabra a dos senadores de La Libertad Avanza encargados de detallar los cambios introducidos al dictamen original.

Según registró Chequeado, en sus participaciones posteriores —incluido el discurso de cierre ya en la madrugada del 12 de febrero, que se extendió por más de 45 minutos— Bullrich no volvió a usar los lentes. Tampoco los llevaba puestos cuando recordó el fallecimiento de la exdiputada Sandra Mendoza antes de las 13.

Consultada sobre las versiones que aseguraban que el dispositivo le permitía recibir instrucciones, Bullrich calificó esa interpretación como “mentira total”. Afirmó que los lentes son “una cámara en un espacio público” y explicó que funcionan como un reemplazo de los auriculares, ya que permiten escuchar la sesión sin cubrir los oídos como sucede con los AirPods.

Los Ray-Ban Meta, diseñados en colaboración con la compañía de Mark Zuckerberg, permiten sacar fotos, grabar videos, atender llamadas y reproducir audios de manera manos libres. De acuerdo con el sitio oficial del producto, los anteojos operan mediante comandos de voz para realizar llamadas, enviar mensajes o activar funciones del dispositivo sin necesidad de desbloquear el teléfono. Incorporan parlantes mejorados en las varillas y un sistema de cinco micrófonos que capta sonido envolvente.

Mientras la polémica se expandía en redes, en el Senado la reforma laboral obtuvo media sanción y quedó ahora en manos de la Cámara de Diputados, donde continuará el debate iniciado en la sesión que dejó, además de la votación, una inesperada discusión sobre tecnología portátil.

“Una ley laboral no puede suplir la ausencia de un proyecto nacional”

La reforma laboral aprobada por el Senado argentino es, ante todo, un síntoma de un país que discute herramientas del S.XX para problemas del S.XXI, mientras el mundo avanza a una velocidad que no podemos ignorar.

El diagnóstico oficial -supongamos- es correcto: el mercado laboral argentino está roto, la informalidad es altísima, el empleo privado formal lleva más de quince años estancado, los juicios laborales se multiplican, no llegan inversores y los salarios pierden mes a mes contra la inflación.

Pero de allí a sostener que flexibilizar despidos, ampliar jornadas o desconocer derechos resolverá la informalidad y los costos laborales, no hay nada que lo garantice. Tomar como ejemplo los casos de Italia (2015) o Brasil (2017) resulta además poco válido, ya que esos procesos se dieron en un contexto tecnológico completamente distinto, previo a la irrupción de la IA generativa.

En la Argentina, el problema de fondo no es jurídico: es estructural. Y es político.

Esta reforma mira al pasado. Llega tarde para un mundo que ya está cambiando. No regula las plataformas digitales donde trabajan millones de argentinos sin derechos. No prevé el impacto de la inteligencia artificial, ni la necesidad de formación continua frente a oficios que desaparecen. No contempla los trabajos híbridos ni articula la política laboral con la política industrial, educativa o energética. Es una ley pensada para la fábrica de los años noventa, no para el siglo XXI.

Lo que necesitamos es un proyecto de país. Definir prioridades y sostenerlas en el tiempo:

Si somos agroexportadores: invertir en agregar valor a la soja, tecnificar el campo y conectar regiones con los puertos.

Si somos mineros: desarrollar Vaca Muerta, el litio y el cobre con reglas claras y un Estado que garantice que la riqueza quede en el país.

Si apostamos a las energías renovables: aprovechar el viento del sur, el sol del norte y la biomasa del centro, reduciendo importaciones.

Si somos un país de software y turismo: formar a nuestra gente, garantizar conectividad de calidad y promover lo que hacemos bien.

Pero no podemos ser todo a la vez sin prioridades. Y no podemos ser nada si cada cuatro años cambiamos de rumbo, de gobierno y de políticas. Eso es lo que genera imprevisibilidad.

El corazón del problema nacional se llama Buenos Ayres. La provincia concentra cerca del 40 % de la población, gran parte de la industria, los servicios y la política, casi todo en el AMBA. Mientras tanto, el interior se vacía. Los pueblos se mueren. La gente emigra al conurbano porque no hay otra opción. Y el conurbano explota: sin trabajo digno, sin infraestructura, sin futuro.

El acuífero pampeano y el medio ambiente ya están comprometidos como para seguir concentrando industrias y empresas sin planificación. Caos y crisis. Esta matriz productiva y económica no se cambia con una ley que baja indemnizaciones. Se cambia con decisión política: descentralizar, invertir en rutas, escuelas técnicas, conectividad y crédito para las economías regionales.

Para generar puestos de trabajo reales, primero debemos definir qué país queremos y qué provincia deseamos. Tenemos más de 600 pueblos bonaerenses en proceso de despoblamiento que podrían desarrollar granjas familiares, sistemas de acuaponía para producir alimentos en zonas áridas, cooperativas de energía renovable para abastecer comunidades sin acceso a la red, emprendimientos de software y servicios digitales. No son fantasías: son realidades posibles.

Lo que falta es que el gobierno desarrolle un plan y un proyecto político que acompañe, con crédito, asistencia técnica y políticas de largo plazo, una nueva matriz productiva… y una Ley de Trabajo provincial pensada para el S.XXI.

La reforma laboral nacional no va en esa dirección. Mira hacia el pasado. Es, en el mejor de los casos, una reforma pensada para que los sectores concentrados -mineras, energéticas, campo- ajusten sus costos laborales, mientras el resto del país continúa empobreciéndose.

El pleno empleo es posible. Pero no se logra flexibilizando derechos. Se logra con un proyecto de país que articule producción, educación, infraestructura y desarrollo regional. Con dirigentes políticos y sindicales que piensen en la próxima generación y no en la próxima elección.

Mientras tanto, esta ley pasará. Se aplicará. Algunos la festejarán. Otros la sufrirán.

Y el país seguirá sin responder la única pregunta que importa: ¿Qué país queremos?

Luis Gotte es coautor de Buenos Ayres Humana I: la hora de tu comunidad (Ed. Fabro, 2022); Buenos Ayres Humana II: la hora de tus intendentes (Ed. Fabro, 2024); y en preparación: Buenos Ayres Humana III: La Revolución Bonaerense del Siglo XXI, las Cartas Orgánicas municipales; y Buenos Ayres Humana IV: Junín, capital de los bonaerenses.

En ciertos barrios la infancia concluye cuando empieza el trabajo; en otros, cuando el hambre —ese pedagogo inflexible— enseña que toda ternura es un lujo. Hay también una infancia que termina por decreto: no por el calendario del cuerpo sino por el calendario del Estado.

En la Argentina de hoy, donde miles de adolescentes abandonan la escuela, donde la exclusión se hereda como un apellido, y donde la desigualdad no es una anomalía sino una arquitectura, el Estado llega tarde con la política social y temprano con el Código Penal. En un país atravesado por ajuste, caída del empleo, deterioro educativo y retracción de lo público, el Gobierno propone un gesto simple —una cifra— como si la seguridad fuera una cuestión aritmética: 14 en lugar de 16.

Los diputados votaron con la serenidad de quien ordena números en una planilla. En el recinto, las palabras sonaron como si se tratara de un impuesto o de un trámite. Sin embargo, en algún barrio de la periferia —donde los chicos aprenden antes a esquivar balas que a conjugar verbos— esa cifra adquirió un peso metafísico, como si el destino, por una vez, tuviera rostro administrativo.

Catorce años.

Es la edad en que todavía se duerme con la luz encendida.

La edad en que el cuerpo crece con una velocidad que la conciencia no alcanza.

La edad en que la rabia suele ser más vasta que el lenguaje. La edad en que el orgullo es más grande que la experiencia

Desde ahora, también es la edad en que el Estado puede sentarse frente a un adolescente y decirle, con la cortesía de los formularios: usted responde penalmente.

Se invoca que la Convención sobre los Derechos del Niño, con olvido del  principio de no regresividad, permite fijar ese umbral, si, pero siempre que la prisión sea el último recurso y la finalidad sea reeducar y no vengar.

Pero las leyes no se comprenden solo por sus artículos: se comprenden por el clima moral que las rodea. Y el clima de estos tiempos es áspero.

El Estado se ha vuelto austero con la escuela, con el trabajo, con la asistencia social. Recorta con la motosierra y opera sin anestesia. Pero cuando llega la hora de castigar, no titubea. Allí no hay gradualismo. Allí hay decisión.

En los barrios donde el asfalto se termina sin aviso y las promesas oficiales llegan siempre con demora, los adolescentes crecen en una intemperie que rara vez figura en las estadísticas. Aprenden pronto que el futuro es una palabra demasiado grande para su geografía. Y cuando alguno cruza la frontera de la ley, la respuesta aparece puntual, reglamentada, exacta.

Es curioso: el Estado que no alcanzó a abrazarlos cuando eran vulnerables llega con precisión para declararlos culpables.

Hay en “En la colonia penitenciaria” de Kafka una máquina que escribe la sentencia sobre la piel del condenado. No era cruel por violencia, sino por convicción. Funcionaba con serenidad técnica. Grababa con paciencia hasta que la culpa se volvía indeleble.; hasta que el castigo se volvía una forma de caligrafía.

Nuestra máquina es menos visible y, por eso mismo, más eficaz. No deja cicatrices en la carne; deja expedientes, antecedentes, trayectorias truncas. Estigmatiza.

Opera con una fe antigua: la fe de que la severidad equivale a justicia.

Se dirá —y acaso se repita con convicción— que nadie pretende llenar cárceles de adolescentes. Que el régimen será especial, diferenciado, socioeducativo. Que la prisión será excepcional. Ojalá.

¿Y por qué el Estado no interviene antes para cuidar?

¿Por qué esperar la conducta delictiva?

Preguntas sin respuestas

Pero la historia, que es una biblioteca de malas previsiones, enseña que el derecho penal, cuando se expande, rara vez retrocede con facilidad.

El problema no es solo el número catorce. El problema es lo que ese número revela.

* Revela una sociedad que, entre la incertidumbre y el miedo, busca respuestas rápidas.

* Revela un poder político que prefiere exhibir autoridad antes que explicar complejidades.

* Revela un Estado que renuncia a la paciencia de prevenir y elige la prisa de sancionar.

La seguridad es un derecho; nadie lo niega. Las víctimas existen y merecen que sus derechos no sean vulnerados. Para ello se necesita prevención porque  la justicia no se construye adelantando el umbral del castigo sin preguntarse por el origen del comportamiento desviado.

Un adolescente que delinque no surge del vacío: surge de una trama social ya desgarrada. El derecho penal puede intervenir sobre hechos pasados; la política social puede prevenir hechos futuros. Un juez penal no puede, siquiera el más justo o el más sabio, recomponer el tejido que lo precede.

Reducir la edad de imputabilidad ofrece una sensación de orden, como ofrecen orden los mapas: simplificando lo real. Tranquiliza a quienes creen que la dureza es siempre una solución. Pero el orden auténtico —si existe— no nace del temor. Nace de la inclusión social.

Cuando un país decide que a los catorce años la infancia es jurídicamente suficiente para la culpa penal, está diciendo algo más profundo sobre sí mismo: que ha perdido la constancia de incluir y ha ganado la costumbre de castigar. Y esa costumbre, como todo hábito, termina por parecer natural.

Las sociedades no se definen por la edad a la que comienzan a castigar. Se definen por la edad hasta la que son capaces de proteger.

En esa diferencia —tan leve como dos años, tan profunda como una historia— se juega algo más que una reforma penal.

Se juega la idea misma de futuro.

Si el castigo es la primera respuesta, entonces la máquina “kafkiana” ya estaba en marcha mucho antes de que fijáramos el número.

Después de un año legislativo para el olvido, el oficialismo arrancó este campeonato con 3 a 0 relevante, avanzando sobre una de las vacas sagradas: las reglas laborales. Aunque los tres proyectos solo pasaron por su media sanción, existe alta probabilidad de que se conviertan en leyes. Nada de lo aprobado tendrá efectos inmediatos, sino que sirve sobre todo para mostrarle al mundo que LLA puede asegurar la gobernabilidad y que pueden dar satisfacción simbólica.

Para la realpolitik lo más interesante es el laboratorio de ingeniería política que permitió dar frutos. Como ya lo mencionamos oportunamente, cuando un oficialismo gana una elección se genera en la política y en la opinión pública un clima condescendiente hacia el poder, sobre todo si dicha victoria no estaba tan clara en la previa. Los retadores quedan atónitos y, como se dice en fútbol, cuando un equipo recibe un gol, está psicológicamente mucho más propenso a recibir otro que a poder empatar.

Desde cierto punto de vista, una de las mejores cosas que le pudo pasar a los libertarios es haber perdido la elección bonaerense del 7-S pasado, ya que moderaron su estilo, se despertaron, reaccionaron, jugaron a full su apuesta a Trump y reordenaron su sistema de decisión y negociación política. Claramente este no es el desaguisado que reinó el año pasado pre elección, donde el Gobierno se dedicó a perder sistemáticamente, sin poder encontrar un tapón que evitara que el agua se siga yendo por la alcantarilla.

Los triunfos entonan sin duda, pero se nota que Santilli está manejándose de otra forma frente a propios y extraños que Guillermo Francos, quien negociaba cosas imposibles de cumplir por algún veto interno, particularmente de Toto. Eso significa que se incorporó otra lógica de funcionamiento y otro enfoque conceptual, porque la posición hoy es otra: la administración libertaria ahora tiene la pelota en su cancha y no puede perder los partidos, so pena de convertirse en el hazme reír de la política vernácula.

Este pragmatismo fase 2 -la primera aconteció cuando logró aprobar la Ley Bases- no solo se destaca por tirar de la cuerda hasta que sea posible, sacrificando lo que sea necesario, sino además buscando atajos astutos para que no le cobren off side. Un ejemplo de este es la salida que está proponiendo al financiamiento universitario para no incumplir con lo aprobado por el Congreso, contra su voluntad. Ya lo expresó el benemérito ministro de Economía cuando se debatía sobre la licitación de los caños: “No estamos en guerra con nadie”.

Toda victoria también delata otras cuestiones. En este caso ahora los gobernadores saben que “unidos, jamás serán vencidos”: 1) pueden defender sus finanzas con el voto de sus senadores y diputados; 2) confirman que el Gobierno pide 10 para sacar 5, y 3) como el LLA debe ganar todas las votaciones sí o sí hasta el final del mandato dado que controla el mazo, es chantajeable (como diría Sartori, no yo). Al revés, los soldados del Javo también pueden tomar nota que los mandamás provinciales, si les ponen un artículo que los complica con la plata, levantan las dos manos y se rinden a votar cualquier reforma, por extremista que sea. Todo esto irá viento en popa a toda vela -al decir de Espronceda- en tanto y en cuanto la opinión pública le haga el aguante al león.

En este marco, nada debería preocuparle al Gobierno, salvo que metan la pata al estilo Libragate o el caso Andis. El Central está sobre cumpliendo la meta de acumulación de reservas para este año -aunque viene muy retrasado desde el año pasado- el superávit fiscal se sostiene, el dólar no solo no sube, sino que además baja y Wall Street cree que Toto saldrá a tomar deuda en el exterior dentro de poco. El 2.9 % de inflación tiene influencia estacional, tampoco es para hacerse los rulos, y además no hubiese sido diferente con el índice descartado. ¡No sean contras, che!

Por consiguiente, buenos augurios para Milei y su ballet en la primera parte del año, con esta sociedad anestesiada frente a los costos del ajuste. Si el modelo luce más sólido ahora, ¿por qué preocuparse? Buena parte del trabajo de un consultor político consiste en detectar oportunidades y amenazas antes de que sean inmanejables. La sistemática gran pregunta cotidiana de este mundillo de “sabiondos y suicidas” es de cuánto barro están hechos los pies de este nuevo gigante, la cual acompañará hasta que se definan las tendencias electorales de 2027 (los próximos 20 meses).

Esta semana La Anónima informó que su monto de incobrables creció 7 veces en 2025 respecto a 2024 (se va sumando a otros datos negativos de morosidad). La capacidad instalada industrial el año pasado fue la más baja desde 2011. El INDEC no informa que los salarios crecen por debajo de la inflación en los últimos 4 meses. Argentina no mejora en el índice de corrupción de Transparencia Internacional: fue el peor registro de los últimos 10 años y es el primer gobierno no peronista que empeora la situación heredada desde que existe la serie estadística (información destacada por Poder Ciudadano). “Resuelve lo difícil mientras aún es fácil. Atiende lo grande mientras aún es pequeño”, aconseja Lao Tsé.

Esta semana también se destacó por la rebelión policial en Santa Fe. Más allá de los errores de negociación y previsión que pudo haber tenido Pullaro, el hecho delata otro aspecto: la situación financiera de las provincias está complicada. Ese distrito -que no está mal administrado y se niega a liquidar localmente los dólares tomados en el exterior, pese a las recriminaciones de Toto- le ha bajado la coparticipación a sus municipios en un 25 % en los últimos meses, y ya ha advertido a sus intendentes que la situación no mejorará. Llaryora impuso a fin de año un recorte del 30 % en todas las áreas.

Volviendo al principio de la columna, el presidente hizo de esa debilidad financiera ajena, una virtud propia: les arrancó el apoyo a una reforma laboral profunda. Damos fe que Maquiavelo sigue vivito y coleando.

Fue, por lejos, la mejor semana del Gobierno en el Congreso. Si se tiene en cuenta que el año pasado el oficialismo libertario se la pasó penando legislativamente hablando, sufriendo una tras otra la aprobación de leyes contra la voluntad de Milei, y que durante todo el período ordinario solo consiguió aprobar -en una sola cámara- el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario, no resulta para nada exagerada una visión tan positiva de lo sucedido el miércoles y jueves pasado.

Si consideramos que La Libertad Avanza se limitaba a festejar cuando salvaba los vetos, cobra mayor importancia haber aprobado leyes de tamaña envergadura como las de la última semana.

Ni siquiera suena exagerado tildar de “históricas” ambas jornadas. Porque lo fueron, sin que eso represente un juicio de valor. Es realismo puro. Tengamos en cuenta que la reforma de la Ley Penal Juvenil es un objetivo que muchos gobiernos se propusieron desde el 83 a la fecha, pero nunca nadie pareció tan cerca de conseguirlo como el actual.

Muchas veces el tema avanzó en comisión, incluso durante gestiones kirchneristas. De hecho, pocos recuerdan que el tema llegó a tener media sanción en 2009 en el Senado, durante el gobierno de Cristina Kirchner. El 8 de julio de ese año se aprobó en general y por unanimidad, con 43 votos afirmativos, un nuevo Régimen Penal Juvenil, que establecía la edad de imputabilidad en 14 años. La aprobación en particular se demoraría 4 meses, hasta que el 25 de noviembre de ese mismo año fue desempolvada para dársele en el recinto el tratamiento que faltaba. Sin embargo nunca fue tratada en la Cámara baja y perdió estado parlamentario. El propio kirchnerismo la frenó.

El jueves pasado, se aprobó en Diputados este proyecto con una mayoría holgada y se propone hacerlo ley antes de fin de mes. Si lo consigue, modificará una norma que data de 1980, producto de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), que durante los gobiernos del Proceso suplía al clausurado Congreso.

Ese mismo jueves se aprobó -con más de los dos tercios- el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un convenio que ya de por sí es histórico puesto que el inicio de las negociaciones formales data de 1999.

Ni qué decir de la media sanción de la reforma laboral con la que se alzó La Libertad Avanza en la madrugada de ese mismo jueves en el Senado. Puede alardear el Gobierno con que ha logrado lo que no consiguieron sus antecesores, y no estará faltando a la verdad. Durante el primer gobierno de Carlos Menem hubo flexibilizaciones laborales a través de algunas leyes puntuales, pero no una única y gran reforma como la que se propone esta gestión. Durante los gobiernos kirchneristas se aprobaron reformas que fueron de signo opuesto a las de los años 90. La Alianza implementó una reforma laboral en el año 2000, recordada como la “ley Banelco”, y que Néstor Kirchner derogó en 2003. Raúl Alfonsín impulsó su propia reforma, conocida como la “ley Mucci”, en 1983, que tuvo media sanción en Diputados y fracasó en el Senado, donde perdió por un voto.

Los libertarios pueden regodearse por estos días de haber conseguido entonces lo que no logró el líder radical: imponerse en el Senado. Un ámbito donde ya hemos dicho que por primera vez desde el 83 el peronismo perdió gravitancia plena: con 28 miembros de un interbloque en ebullición, representan el número más bajo del peronismo en el Senado desde la recuperación democrática.

La Libertad Avanza consiguió aprobar la media sanción de la reforma laboral con 42 votos, una mayoría holgada que no corrió riesgos en la votación en particular, donde solo en el último título (el de las derogaciones, Estatuto del Periodista incluido) bajó de 40 votos (38).

Para garantizar su aprobación definitiva extiende un día el período ordinario, con el fin de salvar una traba reglamentaria, y apurará el tratamiento en la Cámara baja esta misma semana, por si hay modificaciones que no descarta. Fue muy cuidadoso el oficialismo en la Cámara alta calculando que nada se cayera en la votación en particular, pero en Diputados no es seguro que pueda evitar modificaciones. Particularmente en el tema de las licencias médicas. Es el artículo 44, referido a “los accidentes y enfermedades inculpables”, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo incluyendo medidas polémicas, como aquella que establece que “si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración”, que no estaba en la versión original y fuentes libertarias consultadas atribuyen ahora a aliados que introdujeron esos párrafos, en el marco de las múltiples correcciones que el Gobierno aceptó introducir en el proyecto.

La modernización laboral se votó con un amplio margen.

Si esas modificaciones suceden, le queda al oficialismo una semana más para aprobar la ley en el Senado antes del 28 de febrero.

La idea es que el Presidente tenga reformas contundentes para exhibir en la apertura de sesiones ordinarias, el domingo 1° de marzo a partir de las 21. Esa noche Milei no solo va a vanagloriarse de sus “logros”, sino también anticipará objetivos inmediatos que le propondrá a su audiencia legislativa.

Pues aprovechando el ímpetu ganado a partir del resultado electoral de octubre, y la quietud de una oposición que lejos está de recomponerse de semejante shock, acelerará en el Congreso con una serie de normas que incluyen una reforma drástica del Código Penal, que ya había propuesto en el primer llamado a extraordinarias en diciembre pasado, y que seguramente demandará todo el año.

Pero en lo inmediato, la Mesa Política de la Casa Rosada tiene en mente poner en marcha una reforma política que comprenderá la eliminación de las PASO, una modificación del financiamiento político y un detalle clave para la Boleta Única en Papel.

La eliminación definitiva de las elecciones primarias es el objetivo de máxima, aunque LLA se encontrará con resistencias de sus aliados más cercanos. Al menos en teoría, porque el Pro también insistió en la reforma laboral incluir a las billeteras virtuales en el pago de salarios, pero a la hora de votar el título correspondiente se limitó a expresar su disidencia de manera verbal. Si bien en su momento el propio Mauricio Macri mandó a impulsar un proyecto para eliminarlas, luego de ver las consecuencias que le causó esa elección primaria en 2019, el Pro ha expresado su rechazo a eliminarlas ahora. Postura que comparte con el resto de lo que fue Juntos por el Cambio. La Libertad Avanza es en cambio un partido donde la lapicera la tiene Karina Milei y no se aceptan disidencias: el verticalismo es irrenunciable. Habrá que ver si la apuesta de máxima termina transformándose en una nueva suspensión para 2027, en cuyo caso habrá que ver en qué queda la promesa de Macri de que “el Pro tendrá su propio candidato en 2027”.

En aras también del orden fiscal, el Gobierno quiere insistir con la eliminación del aporte extraordinario que el Estado Nacional debe hacer a los partidos políticos para las campañas, y paralelamente querría modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos para establecer normas más estrictas para determinar la caducidad de los partidos. Elevando por ejemplo del 2% al 3% el piso de votos que una fuerza debería alcanzar en dos elecciones consecutivas para no perder su personería. Además, para constituir un partido de alcance nacional, se exigiría contar con reconocimiento en 10 distritos -en lugar de los 5 actuales- y reunir alrededor de 35.000 afiliados.

Por último, incorporarían en la BUP un casillero que habilite a votar lista completa, tal cual establecía el proyecto original que en su momento impulsó Juntos por el Cambio. Dicha norma fue modificada en el Senado, ya en esta presidencia, a instancias de los partidos provinciales que exigieron eliminar ese casillero. Fue la concesión que permitió destrabar la situación entonces, pero la senadora rionegrina que encabezó aquella movida ya no está y La Libertad Avanza ya tiene bloques más nutridos.

Un crecimiento legislativo que ya le ha dado sobrados frutos en diciembre y ahora, engalanando una semana que había comenzado torcida, con un número de inflación que opaca la promesa presidencial de bajarla a cero en agosto. Pero que tuvo su compensación en materia económica con un Banco Central que sigue comprando dólares para compensar reclamos y tranquilizar espíritus, y que a pesar de lo que se esperaba sucediera en ese caso, tiene una moneda norteamericana que, créase o no, no solo sigue tranquila, sino que no dejó de bajar esta última semana.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, evocó este domingo a su tío, el ex presidente Carlos Saúl Menem, al cumplirse cinco años de su fallecimiento. En un mensaje publicado en X, el legislador escribió: “Hoy se cumplen cinco años de la partida del Dr. Carlos Saúl Menem. Mi tío. Recuerdo aquel día con tristeza, pero también con la convicción de que el tiempo pone las cosas en su lugar. Cinco años después, la Argentina vuelve a hablar de estabilidad económica y de integración al mundo. Un abrazo al cielo en este día. Siempre presente”.

Menem, nacido en Anillaco en 1930, fue dos veces gobernador de La Rioja antes de convertirse en una de las figuras más influyentes del peronismo contemporáneo. Su llegada a la Presidencia en 1989, en medio de una crisis hiperinflacionaria, abrió paso a un ciclo de reformas estructurales que transformaron el país: desde la privatización de empresas estatales hasta la convertibilidad, un régimen que estabilizó la economía después de años de inestabilidad pero que, con el tiempo, acumuló tensiones que terminarían explotando tras su gestión.

Su estilo personal —carismático, expansivo, dueño de una impronta que combinaba política, espectáculo y diplomacia presidencial— dejó huella en el imaginario público. Menem impulsó un fuerte alineamiento internacional con Estados Unidos y una política exterior que lo llevó a protagonizar un giro estratégico en la inserción global argentina.

Alejado del poder ejecutivo tras 1999, continuó sin embargo su carrera política como senador por La Rioja hasta su muerte, el 14 de febrero de 2021. En ese rol mantuvo presencia en el escenario nacional y se convirtió en una referencia histórica dentro del peronismo, incluso en tiempos en los que su figura generaba fuertes controversias.

Cinco años después, el recuerdo que trazó Martín Menem en redes sintetiza el costado personal y familiar del ex mandatario, pero también reaviva el repaso inevitable sobre una figura central del país durante más de una década. Con sus luces y sus sombras, Menem permanece asociado al último proyecto de estabilización económica de largo aliento de la Argentina, así como a un período de cambios profundos cuya marca aún se discute.

El bloque Innovación Federal se estiró a 9 miembros, luego de que se sumaran al mismo los diputados que hasta ahora formaban parte del bloque País Federal, el formoseño Gerardo Gustavo González y el puntano Claudio Álvarez. Con esta cantidad de miembros, el bloque integrado por diputados de partidos provinciales se consolida en la quinta ubicación en cuanto a cantidad de miembros por bloques.

Innovación Federal está presidido por el misionero Alberto Arrúa, y hasta el 10 de diciembre pasado era liderado por la salteña Pamela Calletti, actual auditora general de la Nación. Hasta ahora esta bancada estaba integrada por diputados que responden a gobernadores provinciales: el de Misiones y el de Salta. Con la anterior composición, también Río Negro estaba representado, pero le fue mal a Alberto Weretilneck en las elecciones del 26 de octubre y Juntos Somos Río Negro se quedó sin diputados ni senadores.

Con el interés de seguir creciendo, esta bancada sumó ahora a diputados que no responden a los gobernadores de sus provincias. En rigor, Álvarez y González tienen origen en La Libertad Avanza: provienen de las listas libertarias de 2023 en sus respectivas provincias, pero se fueron en su momento disconformes con el oficialismo. Incluso llegaron a alejarse tanto del oficialismo que formaron un bloque muy refractario a LLA, llamado Coherencia, integrado por otras exlibertarias como Lourdes Arrieta y Marcela Pagano.

Presidía esa bancada el puntano Carlos D’Alessandro, quien asumió el 10 de diciembre pasado como diputado provincial en San Luis, dejándole su banca a Claudio Álvarez. Alineado políticamente con D’Alessandro, Álvarez ocupó el lugar que aquel dejaba. Sin embargo ese bloque llamado Coherencia no tardaría en transformarse en unipersonal, ya que solo Pagano se quedó allí.

Cerca del recambio en el Congreso trascendió que el formoseño González había restablecido contacto con sus excompañeros oficialistas planificando su vuelta al redil, pero la respuesta fue negativa y le sugirieron esperar.

Lourdes Arrieta se sumó a Provincias Unidas y los mencionados Álvarez y González ahora reportan a Innovación Federal, habiendo votado en la breve existencia de País Federal con el oficialismo.

Ahora Innovación Federal estará integrado por el mencionado Alberto Arrúa y sus comprovincianos Oscar Herrera Ahuad y Daniel Vancsik, y los salteños Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega. Precisamente de la mano del gobernador salteño, Gustavo Sáenz, Claudio Álvarez y Gerardo Gustavo González ahora integrarán Innovación Federal, un bloque que suele estar cercano al Gobierno Nacional.

El 14 de febrero de 2025 quedó grabado como el día en que el presidente Javier Milei protagonizó el primer gran escándalo de su gestión: la promoción de la criptomoneda $LIBRA, una memecoin recién creada que, tras un fugaz ascenso de cotización impulsado por su aval presidencial, se desplomó dejando miles de damnificados en todo el mundo. A un año del episodio —hoy convertido en un expediente judicial, una investigación legislativa y una constante fuente de tensión política— el caso sigue abierto y aún sin respuestas concluyentes.

La secuencia inicial es clara y está ampliamente documentada: a las 19:01 del 14 de febrero de 2025, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje celebratorio que presentaba a $LIBRA como un proyecto privado destinado a “incentivar el crecimiento de la economía argentina”, acompañado de un código alfanumérico que permitía adquirir directamente el token. La criptomoneda había sido creada apenas minutos antes y el tuit del Presidente funcionó como un detonante: el valor del activo se disparó durante 40 minutos y poco después cayó más del 85%, arrastrando a miles de pequeños inversores.

Las críticas de los legisladores

Al cumplirse un año del estallido del caso $LIBRA, diputados que integraron la Comisión Investigadora en la Cámara baja publicaron una serie de mensajes en la red X para recordar el episodio y reclamar avances judiciales. Las expresiones, variadas en tono pero coincidentes en señalar responsabilidades políticas, volvieron a exponer la tensión que dejó el escándalo cripto que involucró al presidente Javier Milei.

El titular de la comisión, Maximiliano Ferraro, hizo un posteo en el que se ve a la secretaria general de la Presidencia y hermana presidencial, Karina Milei, hecha con IA, y recurrió a un tono metafórico para subrayar la gravedad de los hechos: “Hoy la balanza no busca equilibrio: busca verdad. La evidencia te cae encima: hay hechos que no admiten casualidad. No fue un hecho aislado. Fue planificado, coordinado y ejecutado… y vos lo percibís antes que los demás, y antes que sus señorías de Comodoro Py”. Y agregó: “Cuando la investidura se usa mal, no es torpeza, es decisión”.

HORÓSCOPO DE $LIBRA PARA HOY 14 DE FEBRERO

Hoy la balanza no busca equilibrio: busca verdad.

La evidencia te cae encima: hay hechos que no admiten casualidad.
No fue un hecho aislado. Fue planificado, coordinado y ejecutado… y vos lo percibís antes que los demás, y antes que… pic.twitter.com/QDD18IhzAO

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) February 14, 2026

Desde Unión por la Patria, la diputada Sabrina Selva recordó el trabajo parlamentario: “Hoy se cumple un año desde que Milei promocionaba una criptomoneda que terminó en una estafa a miles de personas en todo el mundo. Desde la Cámara de Diputados indagamos en torno a la responsabilidad política del Presidente de la Nación; comprobamos vínculos previos; demostramos audiencias; trazamos transacciones en fechas y momentos claves para la investigación. Hicimos lo que teníamos que hacer. FALTA QUE LO HAGA LA JUSTICIA”.

💲LIBRA: UN AÑO

Hoy se cumple un año desde que Milei promocionaba una criptomoneda que terminó en una estafa a miles de personas en todo el mundo.

Desde la Cámara de Diputados de la Nación indagamos en torno a la responsabilidad política del Presidente de la Nación en la… pic.twitter.com/n9OaeJaLEu

— Sabrina Selva (@SabriSelva) February 14, 2026

En la misma línea, el socialista Esteban Paulón apuntó directamente a un interrogante que la comisión no logró esclarecer: “Presidente Milei, ¿quién (y a cambio de qué) le dio el código alfanumérico del contrato de la criptoestafa?”.

$LIBRA
A UN AÑO, UNA PREGUNTA SIN RESPUESTA

Presidente @JMilei, ¿quién (y a cambio de qué) le dio el código alfanumérico del contrato de la criotoestafa? pic.twitter.com/zhK2jxfW2S

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) February 14, 2026

El actual legislador provincial Oscar Agost Carreño publicó un extenso hilo en el que repasó el caso. Allí recordó que “hace un año explotaba el caso $LIBRA, un token cripto que Milei lanzó en sus redes, subió su precio en minutos y se desplomó dejando miles de damnificados”. Enumeró lo que, según él, se comprobó durante la investigación: “La Justicia argentina investiga transferencias millonarias, movimientos previos al lanzamiento y posibles vínculos entre los promotores del token y el entorno presidencial… En Estados Unidos, la causa avanzó sobre el rol de Hayden Davis y el manejo de más de 100 millones de dólares… El periodismo reveló reuniones en Casa Rosada y un contrato confidencial previo al lanzamiento”. Concluyó que aún persiste un núcleo de interrogantes: “Lo que falta es lo más importante: saber quién sabía qué, cuándo lo sabía y quién se benefició realmente. La transparencia no es un detalle técnico: es la base de la confianza pública”.

Desde la Coalición Cívica, Mónica Frade fue categórica al calificar el episodio: “A un año de la Gran Estafa de gobierno. No dejaremos que esto caiga en el olvido. Queremos independencia judicial para que haya Justicia. Queremos la verdad que taparon desde la Oficina Anticorrupción y el Ministerio de Justicia”.

Por su parte, el diputado kirchnerista Juan Marino sostuvo que “Milei malversó la investidura presidencial, involucrándola en una presunta estafa internacional” y afirmó que el caso generó “un daño al prestigio y a la credibilidad del Estado argentino”. Aseguró que “no fue un hecho aislado: había un modus operandi para maniobras presuntamente ilícitas con participación de Javier Milei, Karina Milei, Novelli y Terrones Godoy”. Según Marino, los resultados del trabajo legislativo “refuerzan la hipótesis de que estaríamos ante una asociación ilícita” y por ello “corresponde que el Congreso investigue a Milei por mal desempeño”.

Finalmente, el exdiputado de izquierda Christian Castillo cuestionó la falta de avances en la investigación judicial: “A un año de la estafa de la cripto $LIBRA, la justicia viene garantizando la impunidad de sus responsables, empezando por Milei”. Agregó que el informe de la comisión “fue concluyente en la responsabilidad del presidente” y que nuevos elementos mostraron que “su tuit no fue producto del entusiasmo de una tarde de verano, sino un negocio acordado entre Milei y su entorno con Hayden Davis, Novelli, Terrones Godoy y algunos más”. Para Castillo, “no fue un hecho de corrupción aislado” y anticipó que “más allá de la cobertura judicial, la verdad siempre saldrá a la luz”.

Las consecuencias de la maniobra

La maniobra fue caracterizada como un clásico “rug pull”, donde los desarrolladores inflan artificialmente el valor de una moneda para luego vaciar sus posiciones. Auditorías privadas estiman que hubo entre 44.000 y 75.000 damnificados globales y ganancias que rondaron los 286 millones de dólares para los beneficiarios del desplome. En la Argentina, más de 1.300 personas denunciaron pérdidas.

Una pieza central del escándalo es la figura de Hayden Davis, un joven empresario estadounidense especializado en memecoins y señalado como creador de $LIBRA. Documentos revelados posteriormente muestran que Davis firmó al menos dos acuerdos confidenciales con Milei, incluyendo uno del 29 de enero de 2025, donde aparecía como asesor del Estado argentino en materia de blockchain e inteligencia artificial. Una foto del Presidente junto a Davis en la Casa Rosada, difundida el 30 de enero, reforzó las sospechas de vínculos estrechos entre ambos.

Tras el estallido del escándalo, Milei borró su tuit original y sostuvo públicamente que había difundido el proyecto sin conocer su funcionamiento, alegando incluso que sus redes sociales no debían interpretarse como comunicaciones oficiales. Sin embargo, esas explicaciones no lograron cerrar la brecha de dudas abierta en la opinión pública y en el Congreso.

En paralelo, la Justicia argentina inició una causa por presunta estafa y asociación ilícita, a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano, mientras que en Estados Unidos se abrió un expediente vinculado a la operatoria.

El Congreso argentino, por su parte, conformó una Comisión Especial Investigadora, que en noviembre de 2025 presentó un informe de más de 200 páginas con conclusiones severas y pedidos de profundización judicial. Allí se plantea incluso la necesidad de evaluar si Milei incurrió en mal desempeño de sus funciones.

Aunque el Gobierno celebró la aprobación de la reforma laboral en el Congreso como un hito político, la reacción social en el ecosistema digital mostró un escenario muy distinto. Un estudio de Enter Comunicación que relevó 179.000 menciones y un alcance potencial de 13 millones de usuarios registró un clima abiertamente hostil hacia la medida, donde las opiniones negativas superaron ampliamente a los mensajes de respaldo. La audiencia siguió con mayor interés el resultado parlamentario que la narrativa del conflicto, pero la lectura social estuvo marcada por la desaprobación.

La conversación se organizó alrededor de dos elementos centrales: el proceso legislativo y la tensión en las calles. Un 31,4% de los usuarios se concentró en el detalle de la votación y el quórum, mientras que el 12,4% puso el foco en los incidentes ocurridos en las afueras del Congreso. En ambos casos, el tono predominante fue crítico. La figura de Patricia Bullrich ocupó un lugar destacado en la discusión: como senadora y a la vez responsable política del operativo de seguridad, se convirtió en un puente visible entre el Ejecutivo y el Senado y, al mismo tiempo, en uno de los blancos principales de cuestionamientos.

Uno de los rasgos más llamativos del análisis de Enter Comunicación fue la desconfianza institucional. El término “senadores traidores” se impuso como etiqueta transversal: sectores de derecha lo utilizaron para señalar a quienes no respaldaban la reforma, mientras que los espacios de izquierda lo aplicaron para denunciar a quienes la votaron afirmativamente. La polarización se profundizó con un fenómeno de “cámaras de eco”, en especial en Facebook, donde los usuarios interactuaron casi exclusivamente con contenidos afines a su postura previa.

El presidente Javier Milei fue el eje identitario del debate y concentró el 18% de las menciones, encarnando tanto el impulso reformista como el centro de las críticas. El estudio también detectó una fuerte dicotomía en la narrativa sobre el operativo de seguridad: el 33% de los usuarios enmarcó los hechos como “represión”, mientras que un 20% lo interpretó bajo la lógica del “orden”, validando el protocolo aplicado. Las imágenes de los enfrentamientos tuvieron mayor impacto en Instagram y TikTok, donde el componente visual amplificó el clima de confrontación.

En términos de sentimiento, el 45,1% de las publicaciones fueron neutrales o informativas —principalmente seguimientos técnicos y reportes de prensa—, el 33,4% resultó abiertamente crítico y solo el 21,5% mostró respaldo, tanto al operativo de seguridad como al resultado legislativo. La dinámica de la conversación mostró que el interés por los incidentes cayó abruptamente una vez conocido el desempate en la cámara, reforzando la centralidad del desenlace institucional por encima del conflicto callejero.

Las conclusiones del informe apuntan a una paradoja: mientras el Gobierno obtuvo una victoria parlamentaria importante, perdió por amplio margen la batalla narrativa en el terreno digital. La jornada evidenció una crisis de representación expresada en la desconfianza hacia el Senado, la consolidación del personalismo político y la falta de debate transversal sobre los contenidos de la ley.

Un público mayoritariamente observador, más atento al dato que a la disputa ideológica, siguió el minuto a minuto del proceso, en un ecosistema donde la viralización del conflicto convivió con la rápida caída del interés una vez definido el resultado.

Jorge Macri volvió a cargar contra los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso durante el debate parlamentario y adelantó que su administración propondrá cambios legislativos para endurecer las sanciones. “Desgraciadamente, estamos acostumbrados a que delincuentes, no manifestantes, intenten interrumpir el funcionamiento normal de la democracia. Son grupos minúsculos muy violentos, van preparados: tuvieron un plan, romper, lastimar, prender fuego un policía o un edificio”, afirmó por radio Mitre.

Ya se sabe que al cabo de cualquier votación, en el momento en que el presidente de la Cámara baja les pregunta a aquellos diputados que no pudieron acreditar el sentido de sus votos, no hay oportunidad en la que Martín Menem no se tope con Aldo Leiva, quien está claro que no se loguea a propósito para poder después explicar su voto a viva voz.

Fue lo que sucedió -una vez más- este jueves por la noche, cuando se votaba el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Por enésima vez Menem le preguntó al diputado peronista por el sentido de su voto y éste -como siempre- en lugar de responder “afirmativo” o “negativo”, arrancó con su clásico “Presidente”.

El titular de la Cámara parecía estar de buen humor, aunque intentó apurar al chaqueño, que alzó la voz para decir: “Entre los intereses de sectores productivos de mi provincia y el vendepatria de Milei, que dijo que no iba a negociar con el comunista de Lula, mi voto es en favor de los productores de mi provincia. Por lo tanto, es…”.

- ¿Afirmativo? –dedujo Menem, intrigado.

- …Afirmativo –confirmó el diputado.

- ¡Afirmativo el diputado Leiva!”, celebró Menem, entre las risas y un fuerte aplauso de la bancada oficialista -no todos-, que por esta vez se descubrió coincidiendo con el diputado Leiva, todo un personaje a estas alturas.

El tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil concitó este jueves un áspero intercambio en la Cámara de Diputados. A lo largo del debate se sumaron críticas que incluyeron la falta de prevención, la ausencia de financiamiento, los vacíos sobre los no punibles y el riesgo de criminalizar a jóvenes vulnerables, mientras que el oficialismo y aliados insistieron en que la reforma es necesaria para abordar delitos graves y dotar al Estado de herramientas que hoy no tiene.

Primera oradora del debate, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado consideró que el nuevo Régimen Penal Juvenil va a ser "un gran paso para Argentina". "Esta Cámara tuvo muchas intenciones desde el año 2000 de modificar algo que, a todas luces, es tremendamente injusto, que es la manera con el Estado trata a nuestros jóvenes en conflicto con la ley penal", sostuvo.

En ese sentido, la legisladora bullrichista, integrante del bloque de La Libertad Avanza, señaló que "la ley actual es ineficiente, no previene, no resocializa al menor y tampoco repara, ni da sustento a las víctimas". Además, detalló los principales puntos del proyecto que se trató en un plenario de comisiones y que ella encabezó como presidenta de Legislación Penal.

Al defender el dictamen de su espacio, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz calificó como “mamarracho jurídico” al proyecto del oficialismo. En cambio, dijo que ellos tienen “un dictamen propio que fija una posición clara: los adolescentes serán punibles entre los 16 y 18 años, y en la concurrencia de delitos graves la pena máxima será de 10 años -expresó-. Nos hacemos cargo de lo que escribimos, eso cumple el principio de una pena proporcional, diferencial, con un sistema que lo va a juzgar, defender, y le va a dar una salida en base a la Constitución. Pero además de encargarnos de los jóvenes punibles, de los 31 especialistas que pasaron. Pena progresiva; proporcionalidad en la pena; lugares especializados, no durlock en cárcel de adultos. Queremos como último ratio la pena de libertad en lugares que tenemos que reconstruir en muchas provincias, o tenemos que volver a hacer en otras”.

Dirigiéndose al oficialismo, lanzó que “no tiene la solución al problema; esta no lo es. Esto no se soluciona con marketing político, cambiando la edad, como si fuera un juego de póker. Se soluciona conociendo primero la realidad argentina, las normas procesales de cada provincia, entre otras cosas”. E insistió en que “la no punibilidad tendrá que tener una respuesta también, incluso cuando comete un delito”.

A su turno, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó que no se "hay un montón de aportes" de la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría que "lamentablemente no fueron tenidos en cuenta". "La opinión ha sido muy potente alrededor de que tengamos en este tema todos los cuidados que teníamos que tener, lamentablemente fueron desoídos", agregó.

Para el santafesino, en esta iniciativa hay "un vacío de política pública alrededor de los niños y adolescentes no punibles", al tiempo que "no dice una palabra sobre la cuestión preventiva". "Y hay un abordaje desde el punto de vista presupuestario ínfimo, que no incluye a las provincias", observó.

En su intervención, Ramiro Gutiérrez (UP-Buenos Aires) aclaró que “nuestro proyecto tiene 16 medidas cautelares para que un juez pueda intervenir desde el momento que se ha cometido un delito”. Asimismo aseguró que ese dictamen “prevé la privatización de la libertad para los 8 casos graves en los que estamos de acuerdo todos: la violación, la violación seguida de muerte, el homicidio, los actos de tortura”.

Y sobre el final dijo que “la respuesta debe estar en un régimen penal juvenil fondeado en un Código Penal”, por lo que le pidió a su par Rodríguez Machado la posibilidad de revisar a lo largo de esa jornada incorporar en el Código Penal una pequeña modificación al artículo 34, que establezca que no son punibles todas aquellas personas que no hayan cumplido los 14 años de edad. “Si usted toma esa modificación que yo le estoy pidiendo esta ley, esta ley va a tener destino. Sino, va a terminar judicializada, a tiro de que cualquier magistrado entienda que la única forma de establecer una ley de comprensión de la criminalidad del acto debe estar fijado en el Código Penal y no en una ley complementaria”.

Más adelante, las diputadas del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Romina del Plá cuestionaron duramente la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad y advirtieron que "es para la persecución penal de los pibes".

En esa línea, Bregman aseguró que esta ley es "para darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes en los barrios". "No somos nosotros los que relacionamos delito con pobreza, pero siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora", alertó y añadió: "El Gobierno de 'no hay plata' tiene plata para la persecución penal de los pibes".

Mientras que Del Plá consideró que "lo único que van a conseguir bajando la edad a 14 años es que las bandas de narcos vayan a buscar como soldaditos a los pibes de 10, 11 y 12". "Esta ley no resuelve ningún problema y es tirar a las niñeces a la hoguera, en lugar de protegerlas, que es lo que deberíamos hacer", subrayó.

El libertario Santiago Santurio remarcó que “estamos debatiendo delitos graves” y explicó: “Un menor en el cual mata a una persona con dolo y, también lo hace en circunstancias que, cuando salga porque no tiene ningún tipo de pena, vuelve a hacerlo”.

“A los que les gusta el Estado presente, parece que acá quieren Estado ausente que haga la vista gorda porque la punición no es la solución. Piensan y dicen que no es la solución para los menores de edad, pero la verdad es que la mayoría piensa que tampoco es para mayores de edad”, apuntó contra el kirchnerismo y cerró: “Esta es una función prioritaria del Estado, dar respuesta a la delincuencia con estos delitos graves. Este Régimen Penal Juvenil no es la solución definitiva, pero es una respuesta fundamental que es reclamada hace tiempo y va a ser beneficioso tanto para los que cometen delitos, como para todas las víctimas”.

En línea con la postura de la oposición dura que considera que esta Ley tiene un sesgo punitorio, la diputada nacional Agustina Propato de Unión por la Patria lo catalogó de “irrazonable cargado de anuncios rimbombantes, pero irresponsables”. Se refirió a la lectura del despacho y cargó que la Ley Penal Juvenil “es tremendamente inaceptable y es contraria a los estándares internacionales”.

Por otro lado, reiteró su pedido de crear una comisión bicameral de seguimiento del Régimen Penal Juvenil, y agregó que esta iniciativa “no agrega nada, solamente un titular que se lleva Patricia Bullrich”. Remarcó, además, que los padres de jóvenes procesados por delito “piden que el Estado se haga cargo de las trayectorias delictivas”. “Patricia se te cae el slogan que ‘el delito no tiene edad’”, concluyó.

Miguel Pichetto dejó en claro que apoya la baja en la edad de imputabilidad en 14 años, pero descree que el Gobierno nacional vaya a girar los fondos presupuestarios establecidos en la redacción del proyecto. “El metro cuadrado de construcción para encierro está cerca de 7.000 dólares”, explicó, y agregó: “Esta ley requiere una cláusula especial para que en las provincias entre a regir cuando estén dadas las condiciones y construidos los establecimientos para menores”.

Muy crítica del proyecto oficial, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) se preguntó si esto soluciona el problema de la inseguridad, o da respuesta a todos esos niños que están cerca de cometer un delito. “¿Esto previene? No, no previene. Esto no soluciona la inseguridad, porque sabemos que el número del delito juvenil es ínfimo. Creemos que esto tiene que ver con buscar un título rimbomante, porque es más fácil decir que estamos haciendo algo que hacerlo de verdad”, sostuvo la diputada cordobesa.

“Porque hacerlo de verdad implica un compromiso enorme del Estado -continuó-. Una voluntad política real de fundamentalmente poner los recursos necesarios y las políticas públicas necesarias para combatir la pobreza, la deserción escolar, la marginalidad, la violencia el narcotráfico”.

En su alocución el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, resaltó que “estamos dando un debate necesario que la política viene postergando hace décadas. Un debate de una ley que tiene cerca de 50 años para una violencia desbordada”.

“Hay más de 90 proyectos presentados para hacer esta reforma. Incluso ‘Coqui’ (Jorge) Capitanich presentó hace 20 años un proyecto que planteaba bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. El exministro de Seguridad, Sergio Berni, también planteó la baja de edad. No es un problema de los partidos, sino de ver la realidad”, le enrostró al kirchnerismo.

Ritondo aclaró que “con esta ley no significa que mañana vamos a terminar con la delincuencia. No va a alcanzar con cambiar el número en el Código Penal, no lo va a resolver. No solo se trata con bajar la edad porque vi cómo organizaciones narcos reclutaban jóvenes”. En ese sentido, criticó: “Los que hoy plantean soluciones también tuvieron sus mayorías en Diputados, gobernadores, no dieron ninguna discusión porque no la quisieron plantear porque tienen una mirada ideológica distinta”.

“Bloquear este debate, no responsabilidad a un menor que tiene consciencia que está cometiendo un delito no es un acto de humanidad, sino de abandono”, lanzó y agregó: “Nunca pensé escuchar a un legislador decir que ‘la delincuencia dignifica’”. Así, el jefe del bloque Pro explicó que “esto da una herramienta clave, respuestas sensatas”, y aclaró: “Es prudente, realismo institucional y científico dejar la edad en 14, no hay consenso científico sobre la comprensión criminal plena a los 12 años y también por la capacidad real del Estado”.

La presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, dijo que “Santa Fe reclama obviamente un régimen penal juvenil. A muchos jóvenes el narcotráfico los capta para ser soldaditos de redes penales. Todos aquellos que dijeron que esta ley no salva a los pibes y los condena al menos desde la mirada que tenemos los santafesinos les quiero decir que probablemente sea un resguardo para que los narcos no los vayan a agarrar”. Así las cosas, consideró que “ese es un punto favorable, creo, de la ley, porque la imputabilidad hace que a muchos chicos, por ser punibles, los narcos no los agarren y los salvemos”.

“Pero no se resuelve el tema que nos toca atravesar con represión; obviamente hay que tener inversión social, pero esa inversión tiene que darse en conjunto, no la puede poner el Estado provincial”, cerró la legisladora.

A su turno, el diputado santacruceño Juan Carlos Molina (UP) preguntó: “¿Qué pasa como sociedad que estamos discutiendo bajar la edad para meter a los pibes en una cárcel y no mejorar la educación, los salarios de médicos, no tener centros deportivos, etc.?”.

“Si la neurociencia dice que un pibe de 14 años tiene conciencia de un crimen, ese mismo pibe tendría que tener conciencia para votar o conducir”, planteó y detalló que en las regiones donde se bajó la edad de imputabilidad ha aumentado sensiblemente los niveles de violencia, lo dice la UNICEF que de kirchnerista no tiene nada. Los países con mínimas de 12 años tienen las tasas de homicidios más alto”.

Molina alertó que “esta ley no solo va a meter presos a pibes de 14 años, sino que aquellos que utilizan a esos chicos van a empezar a usar a pibes de 12 años. Estamos criminalizando la niñez y tenemos que estudiar a fondo esto. Los pobres van a ir en cana”.

“Castigar y perseguir a un menor no protege a la sociedad: la embrutece.

Porque una sociedad que enseña que el problema se resuelve eliminando al más débil está enseñando algo mucho más grave que la violencia: está enseñando que la responsabilidad siempre es del otro”, sostuvo Eduardo Valdés. Agregó el diputado de UP que “los niños son, en su mayoría, los pobres; y pobres son, en su mayoría, los niños. Y entre todos los rehenes del sistema, ellos son los que peor la pasan. La sociedad los exprime, los vigila, los castiga, a veces los mata: casi nunca los escucha, jamás los comprende”.

Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, se dirigió a un legislador de Unión por la Patria: “Vos te negás a modificar una ley… los que dicen que defienden los derechos humanos, se niegan a cambiar una ley de 1980”. Celebró la aprobación de la Ley Penal Juvenil y afirmó que son “respuestas para darle a esos jóvenes que delinquen”.

La intervención del santafesino se vio interrumpida varias veces por los gritos que venían del flanco opositor, y fue allí cuando lanzó: “Un joven que delinque hoy creció durante los gobiernos kirchneristas ¿qué hicieron ustedes para cometa delitos? No hicieron nada”. “Esta ley viene a devolver la justicia y reconocer una realidad para poder cambiarla porque la norma ejemplifica y cumple un rol en los jóvenes que venían creyendo que da lo mismo portarse bien que portarse mal”, concluyó.

Cerró el debate el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, quien dio cuenta de noticias policiales registradas en su provincias los últimos 15 días, y señaló que “a esos delincuentes los tenemos que perseguir, porque cometieron penas de adultos y deben cumplir penas de adultos”.

“El Estado tiene que estar presente, le tenemos que dar a los jueces la potestad de saber que cuando se comete un delito, atrás va a venir el Estado a proteger a las víctimas y  a evitar que los delincuentes reincidan”, señaló.

Bornoroni habló de hasta 120 reincidencias de parte de los jóvenes. “Estamos terminando en este mundo del revés. El kirchnerismo decía que hay que proteger a los delincuentes, nosotros queremos proteger a ambos”.

La presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, se mostró a favor del proyecto de ley Penal Juvenil, aunque lamentó que el debate haya sido “exprés”.

“A mí como diputada que hace poco entré me parece injusta esta sesión, que se da de manera exprés, sin el debate de los nuevos diputados”, expresó, para agregar que “se da con un debate previo, que yo respeto, porque seguramente contiene las voces de muchos diputados que pasaron por este recinto, pero lo cierto es que no releva la voz de los que ingresamos ahora a la Cámara, y que teníamos mucho para decir y probablemente aportarle mucho a la ley”.

Scaglia dijo querer dejarle un mensaje a la gente, “porque hay eslóganes que se están usando que no tienen nada que ver con lo que estamos votando. No es una ley de ‘el que las hace las paga’; ni de ‘delito de mayor, pena de mayor’. Es mucho más contemplativa probablemente de lo que muchos querían hacer. A la sociedad hay que contarle la verdad y es que esos eslóganes no son lo que hoy la ley está planteando”.

A continuación se refirió al tema presupuestario, advirtiendo que “nuevamente una ley nacional nos transfiere la totalidad de la responsabilidad de llevar adelante un sistema penal juvenil y poner todos los recursos”. Señaló en ese sentido que “si bien estamos de acuerdo con la baja de la edad y la punibilidad, y con tener un sistema de menores que pueda resocializar, no puede ser que todo el costo nuevamente lo paguen los gobernadores”.

La legisladora santafesina recordó que la última cárcel federal que se hizo en la Argentina estuvo a cargo de varios gobiernos federales pues demoró 20 años. Y es la de Coronda, en su provincia. “Si cada sistema que tengamos que construir va a llevar 20 años en el presupuesto que estamos poniendo, yo les digo que estamos más que jodidos”, advirtió, reprochando que “cuando uno mira que la Nación no le paga a una provincia lo que le corresponde por tener alojados presos en cárceles federales, también quiero decirles que tengo poca fe en que ese artículo sea aplicado en este gobierno”.

Por otra parte dijo que “Santa Fe reclama obviamente un régimen penal juvenil. A muchos jóvenes el narcotráfico los capta para ser soldaditos de redes penales. Todos aquellos que dijeron que esta ley no salva a los pibes y los condena al menos desde la mirada que tenemos los santafesinos les quiero decir que probablemente sea un resguardo para que los narcos no los vayan a agarrar”. Así las cosas, consideró que “ese es un punto favorable, creo, de la ley, porque la imputabilidad hace que a muchos chicos, por ser punibles, los narcos no los agarren y los salvemos”.

“Pero no se resuelve el tema que nos toca atravesar con represión; obviamente hay que tener inversión social, pero esa inversión tiene que darse en conjunto, no la puede poner el Estado provincial”, cerró la legisladora.

Especialista en temas de seguridad, el diputado de UP Ramiro Gutiérrez defendió este jueves su pertenencia al Frente Renovador dentro del peronismo, recordando que “hemos propuesto hace mucho tiempo un Código Penal que no ha perdido estado parlamentario, y que en su artículo 13 establecía que la edad de comprensión del menor de los actos, son los 14”.

“Vengo a sostener esa idea; creo que una persona que ha tomado la decisión de lastimar, dañar o matar a los 14 años comprende que eso está mal y debe tener consecuencias. Eso en el lenguaje en el que yo he sido formado se llama delito y el delito debe tener consecuencias. El problema hay que resolverlo y resolverlo es la creación de un Régimen Penal Juvenil, que hoy es una gran omisión porque provenimos de una ley del proyecto militar que no ha dado ninguna respuesta a la sociedad”, continuó.

Gutiérrez aclaró que ese proyecto difiere del que presentó el Poder Ejecutivo. Reconoció los esfuerzos hecho por la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado durante un año, admitió que se debatió, con la asistencia de invitados. “Pero también voy a marcar un vicio estructural -dijo-. Mi voto diferencial no es bajar la edad de imputabilidad, es la construcción de un régimen integral, que tenga contempladas todas las posibilidades. Esto siempre termina en el despacho de un juez, que debe tener las herramientas para poder responder. ¿Qué puede hacer desde el momento en que alguien lastimó a otro?”.

Ramiro Gutiérrez aclaró que “nuestro proyecto tiene 16 medidas cautelares para que un juez pueda intervenir desde el momento que se ha cometido un delito”, y puso ejemplos: “¿Qué pasa cuando un padre puede responder y tiene bienes; qué pasa cuando un joven tomó el auto de sus padres, atropelló y dejó cuadripléjica a otra persona? ¿No vamos a inmovilizar esos bienes, no vamos a hacer justicia, no vamos a hacer prevención decomisando esos bienes y permitiendo que luego se utilicen para evitar que el delito se vuelva a cometer? Bueno, nuestro proyecto lo prevé”.

Se preguntó también “qué va a pasar con la figura del arrepentido”. Señaló que “muchos hablan de que los jóvenes son utilizados por el delito, bueno, ¿qué herramienta le estamos dando al fiscal para poder apartar de la responsabilidad penal a un joven que ha sido usado por esa organización criminal, pero que pone al servicio de la justicia y del esclarecimiento de ese delito. Nuestro proyecto lo propone, por eso es una mirada diferenciada”.

Agregó Gutiérrez que “nuestro proyecto prevé la privatización de la libertad para los 8 casos graves en los que estamos de acuerdo todos: la violación, la violación seguida de muerte, el homicidio, los actos de tortura”. “También nuestro proyecto prevé la solución restaurataria, terapéutica, laborativa y siempre volvemos al despacho del juez. ¿Qué va a pasar cuando se encuentre ante un joven que viene de un problema inmanejable? Es adicto, ¿qué va a hacer ese juez si no tiene un programa, un centro, un psiquiatra? Tenemos que darle una herramienta. Esto no se arregla con 180 días de instrumentación”.

Según Gutiérrez, detrás de esta ley, o en paralelo, “debió venir una segunda ley, para que el Estado no fracase con todos los programas y el fondeo necesario para intervenir antes de que tengamos que llevar a un joven en presencia de un juez y antes de que tengamos una víctima sufriente por lo que pasó. La segunda ley no está en esta casa. No estamos debatiendo los programas para evitar que un joven termine en tribunales”.

Sostuvo que “la respuesta debe estar en un régimen penal juvenil fondeado en un Código Penal”, por lo que le pidió a su par Rodríguez Machado la posibilidad de revisar a lo largo de esa jornada incorporar en el Código Penal una pequeña modificación al artículo 34, que establezca que no son punibles todas aquellas personas que no hayan cumplido los 14 años de edad. “Si usted toma esa modificación que yo le estoy pidiendo esta ley, esta ley va a tener destino. Sino, va a terminar judicializada, a tiro de que cualquier magistrado entienda que la única forma de establecer una ley de comprensión de la criminalidad del acto debe estar fijado en el Código Penal y no en una ley complementaria”.

En representación de Unión por la Patria, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz defendió el dictamen que elaboró esa bancada, recordando que la ley vigente, la 22.278, tiene 45 años de vigencia. “No hace falta que expliquemos la inconstitucionalidad de esa norma”, dijo, calificando a la misma como “vetusta, regresiva, tan tremenda en la mirada del Estado sobre los niños, niñas y adolescentes, que son el sujeto que queremos reconocer”.

La emprendió contra el proyecto enviado en 2024 por la entonces ministra Patricia Bullrich, calificándolo como “mamarracho jurídico” y le atribuyó el precepto expresado por la hoy senadora de “delito de adulto, pena de adulto”. Habló de la “inconstitucionalidad” de esa frase, y trajo a colación la Observación N° 24 sobre los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, que leyó a continuación: “Los niños se diferencian de los adultos por su desarrollo tanto físico como psicológico. En virtud de esas diferencias, se les reconoce una menor culpabilidad, y se les aplica un sistema distinto, con un enfoque diferenciado e individualizado. Se ha demostrado que el contacto con  la justicia penal perjudica a los niños al limitar sus posibilidades de convertirse en adultos responsables”.

“Miren, no es una frase hecha en una observación de una convención. Es simplemente saber que no podemos legislar sin tener en cuenta al sujeto al que queremos abordar en la búsqueda de una solución”. Insistió en que a los niños, niñas y adolescentes “se les reconoce una menor culpabilidad” y se les aplica una pena diferenciada. “No es una frase hecha”, enfatizó, remarcando que “es saber que cuando legislamos sin tener en cuenta al sujeto al que queremos abordar en busca de una solución, la pena máxima es sin duda la última expresión que debería reflejar el sistema político en general”.

Para Tolosa Paz, “todo el sistema político debería trabjar para que esto esté solo para casos excepcionales”. Y la emprendió contra el Gobierno al señalar que “quienes promueven una Argentina donde van desarmando el sistema de protección de los derechos del niño; quienes promueven una Argentina donde van desarmando las estructuras de la educación pública, la salud pública, del Garrahan y de los servicios locales, traen hoy aquí en discusión (el precepto) ‘cárcel o bala’, y construcción de cárceles de niños, pegados con los adultos, para darle una respuesta a un problema que tiene sin duda un sector de nuestra sociedad, que son los niños, niñas y adolescentes pobres sumergidos en la extrema vulnerabilidad, que no han tenido ninguna posibilidad de encontrarse con un rostro del Estado que debería haberle garantizado una maternidad donde nacer; una protección en la infancia; un plato de comida; un médico pediátrico en un centro de salud, para luego en todo caso de haber cumplimentado todos esos estándares constitucionales, podríamos ofrecerle, si cometió un delito, una respuesta justa, constitucional, garante de sus derechos, de su defensa, y sin duda la pena de la restricción de su libertad como último ratio. Esa Argentina es posible; esa Argentina late en el corazón de quienes creemos en la Constitución y venimos acá independientemente del dolor de los casos tremendos que tenemos que soportar”.

Se refirió a continuación al dictamen que venía a defender. Resaltó la participación de invitados que asistieron los dos años anteriores a los debates del tema en Diputados, en cuyos testimonios dijo entender que está parte del argumento de “porqué construimos este dictamen”.

“Tenemos un dictamen propio que fija una posición clara: los adolescentes serán punibles entre los 16 y 18 años, y en la concurrencia de delitos graves la pena máxima será de 10 años -expresó-. Nos hacemos cargo de lo que escribimos, eso cumple el principio de una pena proporcional, diferencial, con un sistema que lo va a juzgar, defender, y le va a dar una salida en base a la Constitución. Pero además de encargarnos de los jóvenes punibles, de los 31 especialistas que pasaron. Pena progresiva; proporcionalidad en la pena; lugares especializados, no durlock en cárcel de adultos. Queremos como último ratio la pena de libertad en lugares que tenemos que reconstruir en muchas provincias, o tenemos que volver a hacer en otras”.

Tolosa Paz destacó que muchas provincias han avanzado en dar respuesta a estos problemas, mucho antes de que se presentara esta ley. Y recomendó ir a ver la Ley de Procedimiento que llevan adelante en Córdoba, o la ley vigente en CABA. “Fijemos la edad y a partir de esa edad trabajemos”, recomendó, pidiendo poner el mismo esfuerzo en la no punibilidad: “Los escucho, tienen que explicar porqué arrancaron con 13 años; ahora están en 14, cuenten qué van a hacer con los no punibles”.

La diputada de UP sostuvo que el dictamen de su bancada contempla a los no punibles y recordó que Kim Gómez (la niña asesinada por menores el año pasado en La Plata) y su padre “todavía están esperando que tengamos un cuerpo normativo que aborde el drama de un no punible cometiendo un homicidio agravado. Están esperando la respuesta seria, la seriedad que ustedes no tienen”.

Dirigiéndose al oficialismo, lanzó que “no tiene la solución al problema; esta no lo es. Esto no se soluciona con marketing político, cambiando la edad, como si fuera un juego de póker. Se soluciona conociendo primero la realidad argentina, las normas procesales de cada provincia, entre otras cosas”. E insistió en que “la no punibilidad tendrá que tener una respuesta también, incluso cuando comete un delito”.

A continuación, enumeró las respuesta que pretende dar el dictamen que defendía: “Primero, sistema de protección integral; segundo, Ley de Salud Mental, internación obligatoria, porque el consumo problemático es uno de los factores más importantes para que un pibe esté delinquiendo en una edad en la que tendría que estar estudiando y en familia. Tercero, en los casos gravísimos, tipificados en el Código Penal, con penas que son mayores de 15 años, también decimos normas procesales vigentes en la provincia, tiempo limitado, supervisión de la restricción, porque no solo queremos cuidar la vida de los terceros, dar respuesta a las víctimas, sino fundamentalmente también cuidar la vida y la integridad de ese adolescente. Por eso decimos que no es cierto que la ley de ustedes vaya a traer ninguna realidad”.

Concluyó advirtiéndoles a sus pares que “cuando se vayan esta noche a dormir, sepan que acaban de traer un pésimo proyecto, no van a resolver el problema y, fundamentalmente, la Argentina después de 45 años necesita un sistema juvenil penal que aborde el conflicto adolescente con una mirada diferente, con la justicia restaurativa, con el reconocimiento de la responsabilidad de los actos, con la voz de las víctimas, pero fundamentalmente con un Estado que no mire para otro lado”.

En el inicio de la sesión, la Cámara de Diputados quedó completa. Es que el diputado nacional cordobés Juan Schiaretti no pudo asumir en la sesión preparatoria del 3 de diciembre, ni tampoco en la sesión extraordinaria siguiente, debido a que estaba recuperándose de la intervención quirúrgica a la que debió ser sometido el 28 de noviembre.

Si bien programada, se trataba de una operación cardíaca que obligó a varias semanas de recuperación. Recordemos que la intervención se llevó a cabo en la Fundación Favaloro, de la Ciudad de Buenos Aires, donde le hicieron la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo.

Recién el 14 de enero le dieron el alta médica, y ese mismo día posteó en sus redes: “En el mes de febrero asumiré la banca de diputado nacional para la que fui elegido”.

Con la asunción formal de Schiaretti el interbloque Unidos tendrá los 22 diputados con los cuales ese sector reclama la condición de tercera minoría, aunque empata en número al interbloque Fuerza del Cambio, que componen los diputados del Pro, la UCR, el MID, Karina Banfi y José Luis Garrido. Una discusión que aún no ha sido subsanada y que habrá que ver cómo se termina resolviendo en el período ordinario.

Era el último de los artículos considerados en el extenso debate del Senado: ya habían pasado las 3 y media de la madrugada y los senadores llevaban más de 16 horas de sesión. El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, llamó a votar el Título XVI, “el de las derogaciones”.

Entre los elementos a derogar, figuraba el Estatuto del Periodista, por lo que antes de la votación, el santafesino Marcelo Lewandowsky pidió quitarlo del texto. La tucumana Beatriz Ávila pidió permiso para abstenerse también respecto del estatuto. Abdala rechazó su solicitud, ya que no podía limitarse a un artículo.

El senador Jorge Capitanich fue más lejos al solicitar que fueran quitadas todas las derogaciones (entre ellas los estatutos del peluquero y los viajantes, o la Ley de Teletrabajo), y expresó también “un enfático rechazo a quitarle recursos al Instituto del Cine porque forma parte de nuestra identidad y el desarrollo de la industria cultural argentina”.

Pidió la palabra entonces la radical Carolina Losada, que se encargó de ponerle picante al final de la sesión. “La verdad que qué nivel de cinismo: una persona que en una conferencia de prensa rompió un diario, no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza… no tiene cara, evidentemente”, señaló la santafesina.

Capitanich recogió el guante y presentó una cuestión de privilegio contra su colega, a quien le advirtió que había sido gobernador y senador y siempre había defendido la libertad de prensa. Pero eso no terminó ahí, pues Losada retrucó con otra cuestión de privilegio, para decir que como periodista se sentía “totalmente incómoda, no solamente con su presencia, sino con que se haga el que defiende la libertad de prensa… una persona que ofendió sistemáticamente a los periodistas… Bueo, podría seguir hablando de las cosas que hizo en su provincia, que dan mucha vergüenza. Pero me quedo con la parte del periodismo: cuando rompió el diario en una conferencia de prensa, o cuando atacaba a los periodistas uno por uno, o cuando su gobierno permitía que en una plaza pusieran gigantografías de los periodistas y lo que hacía esta gente era buscar que las personas pasen y escupan. Así que la libertad de prensa no se dice con  piripipí cuando se es oposición. La libertad de prensa se ejerce, Capitanich y todos ustedes, les lanzó al bloque kirchnerista…”.

La votación del título en el que se deroga el Estatuto del Periodista fue aprobado por 38 votos a favor y 31 en contra. Además del peronismo, se sumó Flavia Royón. Losada votó a favor.

Fiel al estilo de la Cámara alta, el debate del proyecto de ley de Modernización Laboral no tuvo momentos de tensión, pero sí pasajes bastante ásperos, con cruces entre oficialistas y opositores. Pasadas unas pocas cuestiones de privilegio, a las 11.30 los senadores se abocaron a la discusión de la reforma laboral, que se extendió hasta bien pasada la medianoche.

En el arranque del debate, a las 11.33 de este miércoles, Patricia Bullrich le cedió a dos senadores de su bloque la explicación técnica del proyecto. Así, el chaqueño Juan Cruz Godoy, quien mostró su satisfacción por debutar en el recinto explicando “una ley en la que creo fervientemente”, defendió el concepto de “modernización” al recordar que las leyes vigentes se pensaron para una realidad de hace 50 o 70 años.

“Una realidad muy cambiante”, a la que –dijo- esta ley “viene a dar soluciones”. Por ejemplo, el oficialista mencionó en ese sentido “la problemática de contratar, al miedo que tienen los empleadores de los riesgos de litigios laborales que pueden hacer quebrar a su empresa por una discusión con un empleado”.

A continuación, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero se refirió al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), aclarando que “no sustituye ni modifica el régimen actual de indemnizaciones. Se crea para asegurar el cumplimiento del pago. Es para trabajadores registrados y no se aplica al trabajador de la construcción ni personal de casas particulares”.

Con un fuerte rechazo sobre el proyecto, el senador del bloque Justicialista Mariano Recalde enfatizó que el FAL es “el despido subsidiado por el Estado”. “El FAL es un escándalo. Es un negociado horrendo y brutal que no se ha visto en la legislación argentina, supera a las AFJP”, expresó y cargó contra los bloques dialoguistas: “Van a ser cómplices de un negociado de los amigos de Caputo”.

En esa línea, apuntó que “es un fondo que se los van a quedar administradoras privadas”. “Los premiados van a ser los dueños de las administradoras. Vamos a ver los nombres y apellidos de esos dueños y cuando volvamos al Gobierno los vamos a meter presos. Acuérdense. Acuérdense. Otra vez lo de las AFJP no”, advirtió.

Le tocó hablar luego a la radical Mariana Juri, quien cruzó al porteño: “¿Me van a decir que el empleo en Argentina está genial y los gobiernos peronistas lo dejaron genial?”. Por el contrario, la aliada del oficialismo consideró que esta iniciativa “es una gran herramienta para poder generar más empleo”.

“Una sola ley no genera empleo por sí sola, pero sin una buena ley laboral que se adapte a las situaciones actuales, el empleo no llega”, aclaró y habló de “una ley que da previsibilidad y seguridad jurídica”. Sobre uno de los aspectos que se modifican, defendió que “el fraccionamiento de las vacaciones no solo es bueno para el empleado y el empleador, sino para el sector turístico emergente”.

Durante el debate, la senadora del bloque Justicialista Lucía Corpacci cuestionó: “No se dio ninguna oportunidad para que nuestro bloque pudiera hacer un aporte o algo que cambie al menos un poquito el daño que esta ley hace a los trabajadores”. “De 200 artículos, 50 fueron modificados y nos enteramos hoy a las 8 de la mañana”, agregó.

Para la catamarqueña, en esta ley se “pierde toda visión del hombre como sujeto de derecho y a quien se le debe reconocer el derecho esencial del trabajo y de la dignidad que genera el trabajo. Este proyecto considera al trabajo como una mercancía”.

“Es mentira que esto va a generar más empleo o que los trabajadores van a blanquear”, afirmó y recordó que, pese al régimen establecido en la Ley Bases, “solamente el 0,3% de los trabajadores fueron blanqueados”. Entre varios puntos, criticó que “un artículo lo hace responsable al trabajador si la patronal no le hace los aportes. ¿Por qué tanta maldad? Yo no puedo dejar de pensar qué tienen en la cabeza para ir siempre contra los que menos tienen”.

Transcurridas cuatro horas de sesión, la senadora tucumana Beatriz Ávila tomó la palabra y destacó que “es positivo la exclusión del artículo 190 del Impuesto a las Ganancias”. Sin embargo, advirtió que “tenemos que ser sinceros porque una Reforma Laboral no es suficiente que debe ir acompañada por otras reformas, pero va a ayudar a ordenar y equilibrar las reglas de la economía y del mercado del trabajo”. Cercana a la gobernación de su provincia, explicó que “esta Reforma es resultado de los resultados del 26 de octubre”.

De todas maneras, lanzó cuestionamientos al Gobierno nacional, puntualmente contra el ministro de Economía, Luis Caputo: “Gobernar es pensar en la producción argentina y no decir que se compra la ropa afuera porque ahí están los dólares faltantes”. Para concluir su breve intervención, la integrante del bloque Independencia señaló que “estamos abordando una legislación de más de 50 años donde no había robótica ni Inteligencia Artificial, después de más de 15 años de estancamiento”.

Integrante de La Libertad Avanza, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero llenó de elogios a Patricia Bullrich por llevar adelante las gestiones de este proyecto y al presidente Javier Milei por impulsar el tratamiento. “Esta Reforma Laboral es para que el futuro nos muestre sus mejores caras porque abrimos la puerta de par en par al trabajo formal”, mencionó también y la consideró como “un antes y un después”.

En sintonía con sus discursos en el recinto, expresó que “el foco estuvo siempre en la inserción laboral porque la mayoría de los chicos son pobres”, y sumó que “si fuera por mí, deberíamos haber ido más allá para liberar el trabajo moderno”. Sintetizó, además, que esta iniciativa “es un invitación concreta para sacar la gente del ‘negro’ y traerla al sistema formal”, y concluyó: “Si logramos desarticular la industria del juicio, habrá más empleo”.

En su debut como orador en el recinto del Senado, Joaquín Benegas Lynch, representante libertario de la provincia de Entre Ríos, comenzó su alocución al considerar que la gestión de Javier Milei y el proyecto de Ley de Modernización Laboral es parte de una “transformación política, económica y sobre todo moral”.

En medio de las interrupciones de los integrantes del interbloque Popular, el senador oficialista reiteró que “esta ley no es una descripción técnica, es un pilar estructural y fundamental para mejorar el ámbito laboral”. Y culminó que se trata de “reglas claras para los verdaderos protagonistas de la producción que son el empleador y el empleado”, a quienes llamó “socios naturales”.

A su turno, la camporista Anabel Fernández Sagasti sostuvo que “pasaron 25 años de la Ley Banelco y vienen con las mismas ideas y hablan de modernización”. “Me asusta que el radicalismo vuelva a acompañar a un Gobierno a hacer lo mismo”, dijo y cruzó a su comprovinciana Mariana Juri, que se preguntó más temprano qué había hecho el peronismo en cuestión laboral. “Nosotros cuando fuimos gobierno sancionamos 48 leyes laborales”, resaltó la mendocina.

Además, la opositora lanzó contra Patricia Bullrich: “La jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina. ¡Cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001! La verdad que la desfachatez de algunos personajes de la política argentina me deja boquiabierta”.

Autocrítica, la senadora jujeña Carolina Moisés dejó en claro que Convicción Federal rechaza la Ley de Modernización Laboral, pero cuestionó: "Es una pena que el peronismo que tuvo al trabajador como columna vertebral del movimiento no haya podido estar a la altura de las circunstancias”.

Señaló, también, que “esta Reforma Laboral no mejora nada, no moderniza, ni mucho menos genera empleo”, y añadió que “esta ley no resuelve ningún problema”. Luego, aclaró que “Argentina necesita una Reforma Laboral, pero no es esta”.

Juliana di Tullio, senadora referente del bloque Justicialista, se tomó su tiempo para expresar porqué se opone a la Ley de Modernización Laboral. Entre las principales críticas, remarcó que “este Gobierno cierra 30 pymes por día y quiere hacer una Reforma Laboral -en tono irónico-”. Agregó, además, que “subieron la tasa de desocupación al 6,6%”, y reveló que “el Fondo (Monetario Internacional) les exige que hagan una revisión del sistema de pensiones para diciembre del 2026”.

Siguiendo con la Reforma en general, advirtió: “Es empírico, cada vez que se reformó la ley y se reventaron los derechos de los trabajadores hubo más desempleo y más precarización. Y ese va a ser el resultado de esto, si llega a ser ley”. Luego, reiteró que “cuando ustedes le quitan derechos a los trabajadores es explotación, no trabajo”.

Referida al Capítulo XXVI del dictamen, Di Tullio se refirió a la derogación del Estatuto del Periodista Profesional: “Si gobernás te tenes que fumar al periodismo”. Y habló de la perdida de la vigencia dentro de 360 días: “Le dan un año, pero no la ‘careteen’ porque lo están derogando”. En el final, dejó en claro que se trata de “la precarización de los periodistas, pero para los que no están ensobrados”.

En su discurso durante el debate de la reforma laboral, el jujeño oficialista Ezequiel Atauche cargó duramente contra el kirchnerismo, y en uno de los pasajes más severos alertó sobre la litigiosidad, a la que definió como “la industria del juicio”. Señaló que “desde 2003 a 2025, los juicios laborales subieron un 4.300%, porque la política del kirchnerismo era destruir a los emprendedores, a las empresas, al progreso… Y 10 años después no crearon un puesto de trabajo, salvo militantes metidos en el Estado”.

Continuó asegurando que hay 350 denuncias diarias, y aseguró que “el valor de esta industria es de 2 billones de pesos. La litigiosidad en Argentina es 23 veces superior a la de España; 16 veces superior a la de Chile”.

Muy crítica del FAL, la senadora Flavia Royón adelantó por su parte su acompañamiento al proyecto, aclarando que a su juicio el proyecto de ley no va a crear empleo, pero “sí considero que este proyecto de ley da un marco, ordena”.

En su intervención, el senador Gerardo Zamora reconoció que hubiera “primado el sentido común” en las negociaciones, eliminando “algunas cuestiones inaceptables, como el capítulo fiscal”, cosa que dijo valorar, aunque advirtió que esa eliminación no modifica “la metodología de las leyes ómnibus: decenas de reformas plasmadas en una ley. Esta es una tendencia que se está dando en muchas democracias actuales de gobiernos que impulsan leyes complejas autocontradictorias y fundamentalmente nacidas de gabinetes tecnocráticos”.

Por el lado del bloque Provincias Unidas, la cordobesa Alejandra Vigo adelantó el voto positivo en general al proyecto porque “es necesario revisar y actualizar aspectos y no conceptos que el propio mundo del trabajo está reclamando en el país”. Además, sostuvo que “en el mundo se están dando cambios profundos en los métodos de producción que están pegando en el país. Vivimos estos cambios que necesitan replantear medidas para atraer inversiones y planificar la empleabilidad tan necesaria para sacar al país del atraso”, y que el proyecto cumple con esos objetivos.

Sin embargo, señaló que “este proyecto, así como tiene puntos importantes, tiene otros que no son lo bastante claros ni buenos para alcanzar los objetivos”, y planteó que “hubiese sido bueno diferenciar la realidad de la relación laboral entre las PyMES y las grandes empresas”, porque “se ha naturalizado una catarata de inequidades que llevaron a una cantidad de juicios laborales, por eso esta ley da cierta previsibilidad jurídica”.

Vigo manifestó que “la sociedad está reclamando más empleo formal y no podemos mirar al costado. Las PyMES quieren poder contratar nuevos empleados. Son datos que muestran que desde el 2016 el empleo formal no crece y se mantiene estancado a los 6 millones de trabajadores, por ende, el país tiene una dificultad estructural para generar empleo”. En esa línea, resaltó que el proyecto “si bien no es una ley que garantice esa formulación o reactivación del empleo, pero ayuda porque es necesarios que se pueda recuperar el salario y necesitamos que las condiciones sean claras”.

En su intervención, el senador santacruceño José María Carambia (Movere por Santa Cruz) sostuvo que la cuestión de fondo es “intentar que el trabajo informal pase a ser formal. ¿Dónde hay más informalidad? En las microempresas, de 1 a 5 trabajadores; ahí llega hasta el 80% de trabajadores en negro; en las PyMEs, de 5 a 20 empleados, llega a 45%”. Se preguntó porqué no los blanquearán, y dio su opinión a partir de haber visto la realidad desde dos lugares: defendiendo a los trabajadores como abogados, o como empleador con una empresa familiar que tiene con su hermano. Y dijo: “No se hace un blanqueamiento porque Argentina es uno de los países más caros en cargas sociales”. Por eso sostuvo que “hay que hacer una norma expresa para las microempresas y las PyMEs”.

Luego se refirió a la industria del juicio, que a su juicio depende de cada provincias. En las localidades pequeñas, dijo, muchas veces el trabajador no hace juicio, porque sabe que después no va a trabajar más. “En mi provincia, un juicio laboral dura 8 años. Y se le pone la tasa pasiva”, con lo que la inflación se come todo el capital. “Así que la industria del juicio depende de la realidad de cada lugar”, consideró.

Sobre el final, aclaró que votarían negativamente, porque “no vamos a votar en contra de los trabajadores. Muchas partes de la ley afectan los derechos de los trabajadores, por eso vamos a votar negativo en general”.

A su turno, el jefe del bloque Pro, el misionero Martín Göerling, tal como se preveía adelantó el acompañamiento a la iniciativa en general, pero el planteo de algunas cuestiones en particular que “son importantes”. “Esta reforma del mercado del trabajo, que hace 50 años no se cambian, no quita derechos, es todo lo contrario. Tenemos que pensar en los más de 6 millones de argentinos que hoy no tienen ningún derecho”, indicó.

El senador del Pro brindó datos de que “del 100% que una empresa invierte, solo el 66% llega al trabajador, el resto se va en impuestos al Estado. El Estado se queda con un tercio del sueldo del trabajador antes de que llegue a fin de mes”. En tanto, explicó que “desde el 2002 la tragedia es absoluta donde los asalariados públicos crecieron un 34%, los monotributistas subieron un 64%, el empleo privado solo un 3% creció”.

“Esta ley que habla de reforma laboral no genera empleo instantáneo por sí sola, pero crea las condiciones para cuando la economía empieza a repuntar y sea posible tomar trabajo”, aclaró y le dejó una advertencia al Gobierno: “No va a haber modernización laboral si se sigue asfixiando el interior productivo”. Por último, se refirió al tema sindical que “le devuelve la libertad al trabajador de elegir si quiere o no afiliarse y que no le saquen ‘solidariamente’ la cuota para las famosas cajas sindicales. Vemos sindicatos millonarios y trabajadores pobres”.

El radical Eduardo Vischi recordó por su parteque “no es la primera vez que se debate una ley laboral y fue un tema recurrente a lo largo del tiempo. Lamentablemente siempre fue un concepto de extremos con defensas de intereses contrapuestos que, de alguna forma, se transformó en las grietas que tiene la historia”.

“Esta también es una grieta que, en definitiva, en vez de lograr y encontrar consensos para mejorar la situación del país había ganadores y vencidos. Eso llevó a que permanentemente no hayamos podido lograr un entendimiento que, de alguna forma, sea mejor para el país”, planteó Vischi y sumó: “Todos coinciden en que la ley hay que discutirla, modificarla y tratarla, pero también de la oposición que plantea argumentos interesantes de cambios, pero recién se ponen a discutir cuando el Ejecutivo manda el proyecto y ya nos pasó. Parece que necesitamos que el Ejecutivo nos active de afuera para ponernos a discutir. A partir de ahí empezamos a decir que hay una cosa mejor, pero nunca la debatimos como debe ser. Tenemos que hacer un mea culpa ahí”.

Sobre el final, José Mayans objetó el "consenso" del oficialismo y los bloques dialoguistas, y afirmó que la iniciativa "tiene vicios de inconstitucionalidad" y "es una ensalada legislativa", donde "se tocan 41 leyes", incluyendo temas impositivos que "por acá no pueden empezar, tienen que empezar por Diputados".

Luego de mencionar varias de las normas que se modifican, no solo la de Contrato de Trabajo, el senador exclamó: "Esto es poco serio, es realmente una falta de respeto al pueblo argentino y al Parlamento".

Cerró el debate la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien sostuvo que “una de las razones por las que no se crea empleo es una legislación laboral obsoleta porque nos dejó varados, un país anclado en el pasado, sin poder crecer, sin poder generar el trabajo que las personas necesitan”, como así también planteó que “si tenemos que cambiar tantas leyes, es porque han generado una tela de araña imposible de atravesar y por eso en esta ley venimos a simplificar. A tratar de tener un solo cuerpo y no 800 millones como el senador planteó. Que rija la ley laboral del país. Cuando uno tiene tantas leyes, la corrupción anida entre ellas. Venimos a simplificar porque eso es transparencia y que la gente entienda por dónde tiene que caminar”.

En su discurso durante el debate de la reforma laboral, el jujeño oficialista Ezequiel Atauche cargó duramente contra el kirchnerismo, y en uno de los pasajes más severos alertó sobre la litigiosidad, a la que definió como “la industria del juicio”.

Habló de 640 mil expedientes judiciales laborales. “Pensar en lo que eso representa para la justicia y más del 50% de las PyMEs, que tienen problemas de litigios laborales”.

“¿Qué vinimos a hacer? Pusimos multas a los abogados que presenten demandas excesivas -informó-. Pusimos fechas límites, hicimos que los peritos dejen de ser socios del negocio. Mientras más alta era la indemnización, más cobraba el perito. Eran socios de este negocio que el kirchnerismo apañó”.

Atauche señaló a continuación que “desde 2003 a 2025, los juicios laborales subieron un 4.300%, porque la política del kirchnerismo era destruir a los emprendedores, a las empresas, al progreso… Y 10 años después no crearon un puesto de trabajo, salvo militantes metidos en el Estado”.

Continuó asegurando que hay 350 denuncias diarias, y aseguró que “el valor de esta industria es de 2 billones de pesos. La litigiosidad en Argentina es 23 veces superior a la de España; 16 veces superior a la de Chile”.

“Eso crearon ustedes”, les dijo a los kirchneristas, y completó: “Eso apañaron ustedes y de eso son parte ustedes”.

El sector mayorista expresó su “profundo rechazo” al cambio introducido por el oficialismo en el artículo 128 del proyecto de reforma laboral, al que calificaron de “llamativo y contradictorio”. La versión original establecía que los aportes a cámaras empresarias tendrían carácter voluntario, pero la nueva redacción —advierten— transforma ese criterio y “otorga impunidad y una doble garantía” para que determinadas entidades continúen recaudando fondos millonarios sin mecanismos públicos de rendición de cuentas.

Según empresarios del sector, el conflicto de intereses es evidente: la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) participan de la mesa paritaria del sector mercantil y, al mismo tiempo, son beneficiarias de los aportes obligatorios que se negocian en ese ámbito a través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Esto alcanza a todos los empleadores con personal bajo convenio de Comercio.

El aporte obligatorio a INACAP equivale al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada uno de los 1,2 millones de trabajadores del sector. La mayor parte de esos fondos se redistribuye entre CAC y CAME bajo el argumento de capacitación y fortalecimiento institucional. Sin embargo, los empresarios denuncian que, al tratarse de montos atados a las paritarias, estas organizaciones “se autobenefician” cada vez que se acuerdan aumentos salariales.

El propio organismo, en el marco de la causa judicial que frenó el Decreto 149/2025 impulsado por Federico Sturzenegger para volver voluntarios los aportes, reconoció que recauda más de $30.000 millones anuales. Pero —señalan desde el sector mayorista— no detalla cuánto destina realmente a capacitación, ni cuánto a sostener cámaras empresarias, ni si se utilizan recursos para fines políticos, viáticos o viajes de dirigentes.

Tampoco existe trazabilidad clara de los fondos: empresarios recuerdan que hay cámaras de representación dudosa, que van desde entidades de calles y avenidas hasta agrupaciones de jóvenes, mujeres o espacios étnico-culturales.

Un reclamo que viene creciendo desde 2024

Diversas entidades empresarias expusieron ante el Congreso su descontento con el sistema. Entre ellas:

• ● Confederación Federal PyME
• ● Unión de Kiosqueros de la República Argentina
• ● Centro Comercial de Victoria (Entre Ríos)
• ● Federación Económica de Mendoza
• ● Cámara de Perfumerías de Argentina

Todas cuestionaron la administración y el destino de los aportes obligatorios.

A estos reclamos se sumaron sectores industriales como AFAC y CAMIMA, que también padecen esquemas similares de “aportes para capacitación” en sus convenios colectivos y respaldaron la iniciativa para volverlos voluntarios.

El aporte solidario por COVID-19 que aún se cobra

Desde CADAM también volvieron a exigir la eliminación de la Contribución Solidaria por COVID-19 a OSECAC, vigente desde abril de 2021 en plena pandemia. Pese al tiempo transcurrido y a que fue creada como una medida excepcional, aún se sigue cobrando por cada empleado, incluso cuando el trabajador no está afiliado a esa obra social.

“La reforma laboral sigue sosteniendo de esta manera costos ocultos en paritarias que aumentan el costo laboral”, remarcaron.

La letra fina de la modificación que generó indignación

La ley original impulsada por el Ejecutivo establecía la voluntariedad inmediata de los aportes. Pero la modificación introducida en las últimas horas fijó nuevos topes y difirió la voluntariedad plena recién para 2028.

Entre los puntos más cuestionados por el sector empresario se destacan:

• ● Los aportes a cámaras no podrán superar el 0,5% de la remuneración del trabajador.
• ● Los aportes a sindicatos no podrán superar el 2%.
• ● La voluntariedad efectiva para los empleadores se aplicará recién a partir del 1° de enero de 2028, tanto para aportes patronales como para contribuciones sindicales.
• ● A partir de esa fecha, cualquier aporte del trabajador requerirá consentimiento individual previo y expreso.

El texto, que circula con indignación entre empresarios mayoristas y pymes, es visto como un retroceso frente al objetivo de reducir cargas para la actividad y promover la formalidad.

En el inicio de la sesión, alrededor de las 11.30 de este miércoles, tomó la palabra la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que en su rol de presidenta de la Comisión de Trabajo fue la miembro informante. Pero en esta primera parte aclaró que dos expositores del oficialismo se ocuparían de dar los detalles técnicos de la ley. Luego ella detallaría los cambios hechos sobre el dictamen.

Arrancó entonces el chaqueño Juan Cruz Godoy, quien mostró su satisfacción por debutar en el recinto explicando “una ley en la que creo fervientemente” y defendió el concepto de “modernización” al recordar que las leyes vigentes se pensaron para una realidad de hace 50 o 70 años. “Una realidad muy cambiante”, a la que dijo que esta ley viene a dar soluciones. Por ejemplo, a “la problemática de contratar, al miedo que tienen los empleadores de los riesgos de litigios laborales que pueden hacer quebrar a su empresa por una discusión con un empleado”.

“Una ley que conserva el derecho de los trabajadores, que mantiene en esencia las claves que le dieron un orden público a la ley”, enfatizó.

Aclaró Godoy que “se mantiene la protección al trabajador. Se conserva el in dubio pro operario”, un concepto jurídico que establece que, ante una discusión, se sigue optando por la solución que sea más favorable al trabajador”.

“Se conserva la gratuidad de los procedimientos judiciales para el trabajador”, continuó, y recordó que ya hay una cláusula vigente, que no se aplica mucho, que establece que “cuando un actuante exigiera créditos mayores al empleador que los corresponda, tenga que responder con su patrimonio por esa plus petición. Que no es otra cosa que pedir montos irrisorios para resolver un conflicto cuando no corresponde”.

El proyecto establece como único requisito para el empleador registrar al trabajador en el ARCA, y con eso poder cumplimentar todas las necesidades de registración. En cuanto a los certificados laborales, se incorporó un plazo de 45 días para que el empleador pueda “disponibilizar” por algún medio digital dicho certificado, y de lo contrario ARCA se encargará de intimar al empleador para que complete este trámite.

En otro pasaje, el oficialista chaqueño señaló que se eliminan unas trabas al trabajador en tiempo parcial, que hasta ahora no puede realizar horas extras y a partir de este proyecto podría hacerlo. También en la ley vigente estaba previsto que un trabajador “de plazo fijo”, en caso de finalizar el vínculo por decisión del empleador antes de la finalización del plazo podía ir contra el empleador por daños y perjuicios, lo que establece una indemnización civil además de la laboral. “Esto hacía que pudiera tener una indemnización mayor, incluso que la de un trabajador formal. Corresponde una indemnización normal, ya no más litigios excesivos en contra del empleador”, subrayó Godoy.

El senador de La Libertad Avanza comentó en otro pasaje que la nueva norma determina qué es el trabajo eventual, “para limitar la litigiosidad futura”. “Se aclara también la cantidad de beneficios no remunerativos y cuáles son los que puede ofrecer el empleador al trabajador con el solo objetivo de mejorarle la calidad de vida y no son salario -continuó Godoy-. Por ejemplo, comedor, gastos de guardería, gastos de celular, internet, que no corresponde considerarlos salarios. Son beneficios que dan los empleadores al trabajador con la finalidad de mejorar su estadía en la empresa”. Pero ya no representarán para una indemnización.

Esto no quita, aclaró, que el empleador tenga la posibilidad de dar incentivos a sus trabajadores, que incluso sean económicos, pero no corresponderán a la remuneración mensual y habitual. “La misma ley prevé una limitación en la frecuencia de utilización de esta herramienta, para evitar que pueda usarlo como una manera de remunerar al trabajador bajo un concepto no remunerativo", agregó Godoy, que más adelante apuntó que “se han incorporado detalles en los cuales el trabajador, de mutuo acuerdo con el empleador, puede decidir el fraccionamiento de las vacaciones”.

Así las cosas, los empleados podrán decidir, entre octubre y abril, en qué fecha tomar las vacaciones, y pueden dividirlas, de mutuo acuerdo con el empleador, en un período mínimo de 7 días. “Antes tenía que tomárselos todos los días de corrido en un solo período”, recordó.

Tras dar detalles de la remuneración que le corresponde al empleado en caso de enfermedad no vinculada con la actividad laboral, o vinculada con una actividad voluntaria riesgosa que haya realizado, Godoy señaló que la extinción por presunción de abandono del trabajo queda expresamente establecida como finalización del vínculo laboral cuando ninguna de las dos partes se haya manifestado pasados dos meses y quiera retomar el vínculo.

Cómo funciona el FAL

A continuación, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero se refirió al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), aclarando que “no sustituye ni modifica el régimen actual de indemnizaciones. Se crea para asegurar el cumplimiento del pago. Es para trabajadores registrados y no se aplica al trabajador de la construcción ni personal de casas particulares.

A través del mismo, cada empleador crea una cuenta inembargable con el solo fin de afrontar el pago de las indemnizaciones. Se forma con un aporte mensual remunerativo, y se bajan los montos al 1% para grandes empresas y 2,5% para PyMEs de la remuneración que se toma como base. Son porcentajes que, dijo, se pueden incrementar en la manera que el Poder Ejecutivo lo considere, previa autorización de la Bicameral Permanente de Control de Fondos de la Seguridad Social. “Claramente es un beneficio para los trabajadores, para que en el caso de que una empresa quiebre cumpla con el pago de la quiebra e indemnizaciones -indicó-. Para el empleador no representa una carga extra. El monto se deduce de las contribuciones patronales, por lo que representa una disminución de la carga”.

Y aclaró que “puede utilizarlo o no”, y dijo que no condiciona la indemnización: “Esto solamente es un fondo que sirve para ayudarlo”.

En esa instancia pidió una interrupción el senador del bloque Justicialista Mariano Recalde, que advirtió que el proyecto actualmente no dice que en caso de quiebra del empleador, el trabajador pueda cobrar directo del FAL. El senador Olivera aclaró que en la actualidad, el trabajador no tiene ningún privilegio en caso de quiebra, pero con la nueva norma se deja abierto a que el juez ponga como privilegio que se cobren las indemnizaciones de ese fondo.

En otro pasaje, el senador sanjuanino se refirió a los peritos y la remuneración que les corresponde. En la actualidad los peritos cobran un porcentaje del monto que se determina en las sentencias. Cuanto mayor sea la sentencia más cobran, destacó el senador de LLA. Y agregó que con eso, “los peritos vulneran esa imparcialidad, ya que el resultado de lo que están cobrando depende en gran medida del monto de la indemnización”. A partir de ahora se modificará la forma en que los peritos cobran sus honorarios, y será no un porcentaje de la sentencia, sino del volumen de la tarea realizada.

En cuanto al trabajo agrario, se incorpora un artículo que aclara que contratar al mismo trabajador para sucesivas cosechas no modifica la naturaleza del vínculo. Queda claro entonces que esos trabajos cíclicos son “estacionales y temporales”.

Luego se refirió a los trabajadores de plataformas digitales, señalando que la ley incorpora al mundo del trabajo y establece en forma clara que son trabajadores independientes y autónomos. La ley “les da una formalidad y tienen que estar registrados con el monotributo o como trabajadores autónomos, y pueden tener cobertura social. Hay una obligación para las plataformas a dar condiciones mínimas, como seguro de riesgo por si tienen algún accidente”, agregó.

Bruno Olivera Lucero destacó también los incentivos, como el régimen que busca que se pueda contratar a trabajadores que no tenían un empleo formal. “Les da una reducción importante en las contribuciones, para que sea un incentivo para el empleador”, señaló el senador, agregando que también se aplicará un Régimen de Incentivo para Medianas Empresas, que comparó con el RIGI, señalando que debido al éxito de ese régimen creado por la Ley Bases, se les otorgan beneficios a PyMEs y Micropymes que decidan incorporar maquinaria para agrandar la producción, por ejemplo.

Sin problemas para conseguir el quórum, el Senado comenzó este miércoles a las 11.14 el debate sobre el proyecto de ley de Modernización Laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, en una sesión que se espera extensa, superior a las 12 horas, y con perspectivas favorables para su aprobación tras semanas de negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

La iniciativa forma parte del paquete central de reformas de La Libertad Avanza y llega al recinto con un dictamen robustecido a partir de 28 modificaciones consensuadas con distintos sectores políticos, según anunció la titular del bloque oficialista, clave en este debate, Patricia Bullrich.

El Gobierno sostiene que la reforma es necesaria para actualizar un sistema laboral que considera rígido y litigioso, mientras que la oposición no kirchnerista acompañará buena parte del articulado, en especial lo referido a incentivos a la contratación, la modernización de la registración y la reducción de la conflictividad judicial. Se descuenta que el oficialismo contará con el respaldo suficiente para aprobarla en general y discutir artículo por artículo las modificaciones más sensibles, entre ellas la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la redefinición de indemnizaciones y la actualización de los estatutos profesionales.

La discusión se da en un clima de alta tensión política, con sindicalistas movilizados y con la oposición dura advirtiendo que la reforma implica una pérdida de derechos para los trabajadores. Desde el LLA replican que el proyecto preserva la indemnización por despido, mantiene derechos esenciales y que el objetivo es promover el empleo formal y la inversión. El debate, que podría extenderse hasta la madrugada del jueves, será seguido de cerca por gobernadores -centrales para el Gobierno en este debate- y cámaras empresarias, que presionan para darle celeridad al nuevo marco laboral.

Según confirmó la presidenta del bloque oficialista el martes, entre las modificaciones que el Gobierno aceptó hacer figura la división del FAL en dos categorías: 1% para las grandes empresas y un 2,5% para las PyMEs, que podrá llegar a 1,5% para las grandes y al 3% para las PyMEs con un mecanismo de control legislativo, mediante la comisión bicameral de previsión social.

También aceptó el oficialismo un pedido de los gobernadores para que se eliminara el artículo referido a la rebaja en el impuesto a las Ganancias para empresas. Será parte de una discusión más profunda, mediante una reforma tributaria.

El debate en el recinto

En el arranque del debate, a las 11.33 de este miércoles, Patricia Bullrich le cedió a dos senadores de su bloque la explicación técnica del proyecto. Así, el chaqueño Juan Cruz Godoy, quien mostró su satisfacción por debutar en el recinto explicando “una ley en la que creo fervientemente”, defendió el concepto de “modernización” al recordar que las leyes vigentes se pensaron para una realidad de hace 50 o 70 años.

“Una realidad muy cambiante”, a la que –dijo- esta ley “viene a dar soluciones”. Por ejemplo, el oficialista mencionó en ese sentido “la problemática de contratar, al miedo que tienen los empleadores de los riesgos de litigios laborales que pueden hacer quebrar a su empresa por una discusión con un empleado”.

A continuación, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero se refirió al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), aclarando que “no sustituye ni modifica el régimen actual de indemnizaciones. Se crea para asegurar el cumplimiento del pago. Es para trabajadores registrados y no se aplica al trabajador de la construcción ni personal de casas particulares”.

Con un fuerte rechazo sobre el proyecto, el senador del bloque Justicialista Mariano Recalde enfatizó que el FAL es “el despido subsidiado por el Estado”. “El FAL es un escándalo. Es un negociado horrendo y brutal que no se ha visto en la legislación argentina, supera a las AFJP”, expresó y cargó contra los bloques dialoguistas: “Van a ser cómplices de un negociado de los amigos de Caputo”.

En esa línea, apuntó que “es un fondo que se los van a quedar administradoras privadas”. “Los premiados van a ser los dueños de las administradoras. Vamos a ver los nombres y apellidos de esos dueños y cuando volvamos al Gobierno los vamos a meter presos. Acuérdense. Acuérdense. Otra vez lo de las AFJP no”, advirtió.

Le tocó hablar luego a la radical Mariana Juri, quien cruzó al porteño: “¿Me van a decir que el empleo en Argentina está genial y los gobiernos peronistas lo dejaron genial?”. Por el contrario, la aliada del oficialismo consideró que esta iniciativa “es una gran herramienta para poder generar más empleo”.

“Una sola ley no genera empleo por sí sola, pero sin una buena ley laboral que se adapte a las situaciones actuales, el empleo no llega”, aclaró y habló de “una ley que da previsibilidad y seguridad jurídica”. Sobre uno de los aspectos que se modifican, defendió que “el fraccionamiento de las vacaciones no solo es bueno para el empleado y el empleador, sino para el sector turístico emergente”.

Durante el debate, la senadora del bloque Justicialista Lucía Corpacci cuestionó: “No se dio ninguna oportunidad para que nuestro bloque pudiera hacer un aporte o algo que cambie al menos un poquito el daño que esta ley hace a los trabajadores”. “De 200 artículos, 50 fueron modificados y nos enteramos hoy a las 8 de la mañana”, agregó.

Para la catamarqueña, en esta ley se “pierde toda visión del hombre como sujeto de derecho y a quien se le debe reconocer el derecho esencial del trabajo y de la dignidad que genera el trabajo. Este proyecto considera al trabajo como una mercancía”.

“Es mentira que esto va a generar más empleo o que los trabajadores van a blanquear”, afirmó y recordó que, pese al régimen establecido en la Ley Bases, “solamente el 0,3% de los trabajadores fueron blanqueados”. Entre varios puntos, criticó que “un artículo lo hace responsable al trabajador si la patronal no le hace los aportes. ¿Por qué tanta maldad? Yo no puedo dejar de pensar qué tienen en la cabeza para ir siempre contra los que menos tienen”.

Transcurridas cuatro horas de sesión, la senadora tucumana Beatriz Ávila tomó la palabra y destacó que “es positivo la exclusión del artículo 190 del Impuesto a las Ganancias”. Sin embargo, advirtió que “tenemos que ser sinceros porque una Reforma Laboral no es suficiente que debe ir acompañada por otras reformas, pero va a ayudar a ordenar y equilibrar las reglas de la economía y del mercado del trabajo”. Cercana a la gobernación de su provincia, explicó que “esta Reforma es resultado de los resultados del 26 de octubre”.

De todas maneras, lanzó cuestionamientos al Gobierno nacional, puntualmente contra el ministro de Economía, Luis Caputo: “Gobernar es pensar en la producción argentina y no decir que se compra la ropa afuera porque ahí están los dólares faltantes”. Para concluir su breve intervención, la integrante del bloque Independencia señaló que “estamos abordando una legislación de más de 50 años donde no había robótica ni Inteligencia Artificial, después de más de 15 años de estancamiento”.

Integrante de La Libertad Avanza, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero llenó de elogios a Patricia Bullrich por llevar adelante las gestiones de este proyecto y al presidente Javier Milei por impulsar el tratamiento. “Esta Reforma Laboral es para que el futuro nos muestre sus mejores caras porque abrimos la puerta de par en par al trabajo formal”, mencionó también y la consideró como “un antes y un después”.

En sintonía con sus discursos en el recinto, expresó que “el foco estuvo siempre en la inserción laboral porque la mayoría de los chicos son pobres”, y sumó que “si fuera por mí, deberíamos haber ido más allá para liberar el trabajo moderno”. Sintetizó, además, que esta iniciativa “es un invitación concreta para sacar la gente del ‘negro’ y traerla al sistema formal”, y concluyó: “Si logramos desarticular la industria del juicio, habrá más empleo”.

En su debut como orador en el recinto del Senado, Joaquín Benegas Lynch, representante libertario de la provincia de Entre Ríos, comenzó su alocución al considerar que la gestión de Javier Milei y el proyecto de Ley de Modernización Laboral es parte de una “transformación política, económica y sobre todo moral”.

En medio de las interrupciones de los integrantes del interbloque Popular, el senador oficialista reiteró que “esta ley no es una descripción técnica, es un pilar estructural y fundamental para mejorar el ámbito laboral”. Y culminó que se trata de “reglas claras para los verdaderos protagonistas de la producción que son el empleador y el empleado”, a quienes llamó “socios naturales”.

A su turno, la camporista Anabel Fernández Sagasti sostuvo que “pasaron 25 años de la Ley Banelco y vienen con las mismas ideas y hablan de modernización”. “Me asusta que el radicalismo vuelva a acompañar a un Gobierno a hacer lo mismo”, dijo y cruzó a su comprovinciana Mariana Juri, que se preguntó más temprano qué había hecho el peronismo en cuestión laboral. “Nosotros cuando fuimos gobierno sancionamos 48 leyes laborales”, resaltó la mendocina.

Además, la opositora lanzó contra Patricia Bullrich: “La jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina. ¡Cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001! La verdad que la desfachatez de algunos personajes de la política argentina me deja boquiabierta”.

Autocrítica, la senadora jujeña Carolina Moisés dejó en claro que Convicción Federal rechaza la Ley de Modernización Laboral, pero cuestionó: "Es una pena que el peronismo que tuvo al trabajador como columna vertebral del movimiento no haya podido estar a la altura de las circunstancias”.

Señaló, también, que “esta Reforma Laboral no mejora nada, no moderniza, ni mucho menos genera empleo”, y añadió que “esta ley no resuelve ningún problema”. Luego, aclaró que “Argentina necesita una Reforma Laboral, pero no es esta”.

Juliana di Tullio, senadora referente del bloque Justicialista, se tomó su tiempo para expresar porqué se opone a la Ley de Modernización Laboral. Entre las principales críticas, remarcó que “este Gobierno cierra 30 pymes por día y quiere hacer una Reforma Laboral -en tono irónico-”. Agregó, además, que “subieron la tasa de desocupación al 6,6%”, y reveló que “el Fondo (Monetario Internacional) les exige que hagan una revisión del sistema de pensiones para diciembre del 2026”.

Siguiendo con la Reforma en general, advirtió: “Es empírico, cada vez que se reformó la ley y se reventaron los derechos de los trabajadores hubo más desempleo y más precarización. Y ese va a ser el resultado de esto, si llega a ser ley”. Luego, reiteró que “cuando ustedes le quitan derechos a los trabajadores es explotación, no trabajo”.

Referida al Capítulo XXVI del dictamen, Di Tullio se refirió a la derogación del Estatuto del Periodista Profesional: “Si gobernás te tenes que fumar al periodismo”. Y habló de la perdida de la vigencia dentro de 360 días: “Le dan un año, pero no la ‘careteen’ porque lo están derogando”. En el final, dejó en claro que se trata de “la precarización de los periodistas, pero para los que no están ensobrados”.

En su discurso durante el debate de la reforma laboral, el jujeño oficialista Ezequiel Atauche cargó duramente contra el kirchnerismo, y en uno de los pasajes más severos alertó sobre la litigiosidad, a la que definió como “la industria del juicio”. Señaló que “desde 2003 a 2025, los juicios laborales subieron un 4.300%, porque la política del kirchnerismo era destruir a los emprendedores, a las empresas, al progreso… Y 10 años después no crearon un puesto de trabajo, salvo militantes metidos en el Estado”.

Continuó asegurando que hay 350 denuncias diarias, y aseguró que “el valor de esta industria es de 2 billones de pesos. La litigiosidad en Argentina es 23 veces superior a la de España; 16 veces superior a la de Chile”.

Muy crítica del FAL, la senadora Flavia Royón adelantó por su parte su acompañamiento al proyecto, aclarando que a su juicio el proyecto de ley no va a crear empleo, pero “sí considero que este proyecto de ley da un marco, ordena”.

En su intervención, el senador Gerardo Zamora reconoció que hubiera “primado el sentido común” en las negociaciones, eliminando “algunas cuestiones inaceptables, como el capítulo fiscal”, cosa que dijo valorar, aunque advirtió que esa eliminación no modifica “la metodología de las leyes ómnibus: decenas de reformas plasmadas en una ley. Esta es una tendencia que se está dando en muchas democracias actuales de gobiernos que impulsan leyes complejas autocontradictorias y fundamentalmente nacidas de gabinetes tecnocráticos”.

Por el lado del bloque Provincias Unidas, la cordobesa Alejandra Vigo adelantó el voto positivo en general al proyecto porque “es necesario revisar y actualizar aspectos y no conceptos que el propio mundo del trabajo está reclamando en el país”. Además, sostuvo que “en el mundo se están dando cambios profundos en los métodos de producción que están pegando en el país. Vivimos estos cambios que necesitan replantear medidas para atraer inversiones y planificar la empleabilidad tan necesaria para sacar al país del atraso”, y que el proyecto cumple con esos objetivos.

Sin embargo, señaló que “este proyecto, así como tiene puntos importantes, tiene otros que no son lo bastante claros ni buenos para alcanzar los objetivos”, y planteó que “hubiese sido bueno diferenciar la realidad de la relación laboral entre las PyMES y las grandes empresas”, porque “se ha naturalizado una catarata de inequidades que llevaron a una cantidad de juicios laborales, por eso esta ley da cierta previsibilidad jurídica”.

Vigo manifestó que “la sociedad está reclamando más empleo formal y no podemos mirar al costado. Las PyMES quieren poder contratar nuevos empleados. Son datos que muestran que desde el 2016 el empleo formal no crece y se mantiene estancado a los 6 millones de trabajadores, por ende, el país tiene una dificultad estructural para generar empleo”. En esa línea, resaltó que el proyecto “si bien no es una ley que garantice esa formulación o reactivación del empleo, pero ayuda porque es necesarios que se pueda recuperar el salario y necesitamos que las condiciones sean claras”.

En su intervención, el senador santacruceño José María Carambia (Movere por Santa Cruz) sostuvo que la cuestión de fondo es “intentar que el trabajo informal pase a ser formal. ¿Dónde hay más informalidad? En las microempresas, de 1 a 5 trabajadores; ahí llega hasta el 80% de trabajadores en negro; en las PyMEs, de 5 a 20 empleados, llega a 45%”. Se preguntó porqué no los blanquearán, y dio su opinión a partir de haber visto la realidad desde dos lugares: defendiendo a los trabajadores como abogados, o como empleador con una empresa familiar que tiene con su hermano. Y dijo: “No se hace un blanqueamiento porque Argentina es uno de los países más caros en cargas sociales”. Por eso sostuvo que “hay que hacer una norma expresa para las microempresas y las PyMEs”.

Luego se refirió a la industria del juicio, que a su juicio depende de cada provincias. En las localidades pequeñas, dijo, muchas veces el trabajador no hace juicio, porque sabe que después no va a trabajar más. “En mi provincia, un juicio laboral dura 8 años. Y se le pone la tasa pasiva”, con lo que la inflación se come todo el capital. “Así que la industria del juicio depende de la realidad de cada lugar”, consideró.

Sobre el final, aclaró que votarían negativamente, porque “no vamos a votar en contra de los trabajadores. Muchas partes de la ley afectan los derechos de los trabajadores, por eso vamos a votar negativo en general”.

A su turno, el jefe del bloque Pro, el misionero Martín Göerling, tal como se preveía adelantó el acompañamiento a la iniciativa en general, pero el planteo de algunas cuestiones en particular que “son importantes”. “Esta reforma del mercado del trabajo, que hace 50 años no se cambian, no quita derechos, es todo lo contrario. Tenemos que pensar en los más de 6 millones de argentinos que hoy no tienen ningún derecho”, indicó.

El senador del Pro brindó datos de que “del 100% que una empresa invierte, solo el 66% llega al trabajador, el resto se va en impuestos al Estado. El Estado se queda con un tercio del sueldo del trabajador antes de que llegue a fin de mes”. En tanto, explicó que “desde el 2002 la tragedia es absoluta donde los asalariados públicos crecieron un 34%, los monotributistas subieron un 64%, el empleo privado solo un 3% creció”.

“Esta ley que habla de reforma laboral no genera empleo instantáneo por sí sola, pero crea las condiciones para cuando la economía empieza a repuntar y sea posible tomar trabajo”, aclaró y le dejó una advertencia al Gobierno: “No va a haber modernización laboral si se sigue asfixiando el interior productivo”. Por último, se refirió al tema sindical que “le devuelve la libertad al trabajador de elegir si quiere o no afiliarse y que no le saquen ‘solidariamente’ la cuota para las famosas cajas sindicales. Vemos sindicatos millonarios y trabajadores pobres”.

Detalles de la norma

De aprobarse, la Modernización Laboral redefinirá aspectos estructurales de la Ley de Contrato de Trabajo. En primer lugar, introduce un nuevo criterio para calcular la “mejor remuneración” a efectos indemnizatorios: solo se considerarán conceptos mensuales, normales y habituales, y se excluyen adicionales no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones. La ley establece además que la indemnización pasa a ser la única reparación frente al despido sin causa, un reclamo histórico de empresas y aseguradoras para limitar la litigiosidad.

En materia de créditos laborales, fija un esquema de actualización automático basado en el índice de precios al consumidor más un 3% anual, un mecanismo que busca reemplazar la dispersión de fallos judiciales y dar previsibilidad al cálculo de deuda laboral.

Uno de los pilares de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación. Las grandes empresas aportarán un 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas el 2,5%, según lo establece tanto la presentación oficial como el articulado del proyecto. El fondo será un patrimonio separado, inembargable e inajenable, administrado por entidades autorizadas y sin responsabilidad del Estado ante eventuales déficits.

La reforma también modifica la registración laboral, que quedará unificada y digitalizada bajo la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El registro ante este organismo será suficiente y ninguna autoridad podrá exigir trámites adicionales, contemplándose además la validez legal de los libros laborales digitalizados hasta por 10 años.

Otro eje es la delimitación precisa de los beneficios sociales no remunerativos, como comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares o capacitación. Con esto se busca reducir litigios por supuesta remuneratividad de conceptos que, desde ahora, quedan expresamente excluidos del salario.

En materia de jornada de trabajo, se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, acordados entre empleador y trabajador, permitiendo administrar picos de actividad sin necesidad de horas extras tradicionales. Las vacaciones, en tanto, podrán tomarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.

La reforma avanza también sobre el régimen de licencias por enfermedad, reforzando las facultades de control médico del empleador y habilitando juntas médicas con nuevas reglas de funcionamiento para dirimir discrepancias sobre el diagnóstico.

Un componente central es el Régimen de Incentivo para la Formación Laboral, orientado a mejorar la empleabilidad y la reconversión, especialmente entre jóvenes y personas sin experiencia. El proyecto incentiva programas de capacitación, tanto dentro de empresas como en entidades formativas, como parte de una estrategia para elevar la productividad.

En paralelo, crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), destinado a fomentar inversiones productivas, tecnológicas y de expansión, bajo el argumento de que más inversión derivará en más empleo registrado. También se incorpora una reducción de cargas sociales para nuevos empleos, lo que pretende facilitar la contratación en sectores con altos índices de informalidad.

El proyecto introduce además un criterio de prelación que fortalece los convenios colectivos de empresa: un convenio de empresa dentro de una provincia podrá prevalecer sobre el convenio nacional de la actividad, promoviendo —según el Gobierno— negociaciones más adaptadas a realidades productivas locales.

En conjunto, la Modernización Laboral representa un cambio profundo del sistema argentino de relaciones laborales, con el que el Gobierno busca —según afirma— actualizar prácticas, reducir litigios, promover el empleo y atraer inversiones. La clave política estará en su aprobación este miércoles, una votación que definirá si comienza o no una nueva etapa en el mercado laboral argentino.

NOTICIA EN DESARROLLO

El oficialismo incorporó una extensa batería de modificaciones al proyecto original, que van desde ajustes en el régimen de licencias y enfermedades hasta cambios en la registración laboral, el sistema de indemnizaciones, el rol sindical y la negociación colectiva. También se sumaron precisiones sobre el régimen para plataformas, el Fondo de Asistencia Laboral y límites nuevos para los aportes de convenios colectivos.

El dictamen de la ley de Modernización Laboral llegó a Diputados con una serie de cambios hechos por el oficialismo durante su paso por el Senado. Las modificaciones abarcan áreas sensibles del régimen laboral y sindical, y reescriben aspectos centrales del proyecto original.

Uno de los cambios más relevantes es la nueva redacción del capítulo sobre licencias por enfermedad y accidentes inculpables, que introduce escalas diferenciadas según la conducta del trabajador y exige certificados médicos digitales. También se redefinen los plazos de aviso, los mecanismos de control y las pautas para la reincorporación, imponiendo obligaciones adicionales al empleador y límites precisos para la asignación de tareas compatibles.

En materia de registración laboral, el Gobierno dispuso que ARCA —el nuevo organismo recaudador— sea la única autoridad registral, lo que implica que ninguna otra dependencia podrá exigir trámites adicionales. Se aclara además que la falta de registración generará presunciones a favor del trabajador, y que los empleadores deberán conservar documentación por diez años, con validez plena de los soportes digitales.

Otro bloque importante se concentra en la remuneración, donde se redefinen los “beneficios sociales” —expresamente no remunerativos— y se amplían los conceptos incluidos, como reintegros médicos, guarderías y provisión de útiles escolares. También se habilita que el salario pueda pagarse a través de Proveedores de Servicios de Pago regulados por el Banco Central. Al mismo tiempo, se endurecen requisitos para deducciones y retenciones, que ya no podrán realizarse sin consentimiento expreso del trabajador salvo casos taxativos.

Uno de los capítulos más discutidos, el de indemnizaciones por despido, mantiene el cálculo tradicional pero fija límites a la base salarial y habilita la creación de fondos de cese laboral por convenio o por decisión del empleador. Allí se vincula con otra de las grandes incorporaciones: el Fondo de Asistencia Laboral, un sistema de cuentas individuales financiado por los empleadores con contribuciones del 1% para grandes empresas y 2,5% para PyMEs, con destino específico para afrontar indemnizaciones y otras obligaciones al finalizar la relación laboral. Sus recursos serán inembargables y administrados por entidades autorizadas.

El dictamen también modifica artículos ligados a la duración de la jornada, habilitando sistemas de compensación voluntaria, bancos de horas y un método flexible de distribución siempre que se respeten descansos mínimos. En paralelo, se actualiza el régimen de vacaciones, que podrán fraccionarse en tramos no menores a siete días y deberán otorgarse al menos una vez cada tres años en temporada de verano.

En el área sindical, el oficialismo incorporó cambios significativos. Las asambleas solo podrán realizarse con autorización del empleador y no generarán derecho a remuneración. Se crean nuevas figuras sancionatorias para bloqueos, obstrucciones o daños, consideradas “infracciones muy graves”, y se limitan los descuentos automáticos de cuotas sindicales: desde 2028 no podrán imponerse sin consentimiento expreso del trabajador. También se fija un tope del 0,5% para los aportes patronales a cámaras empresarias previstos en convenios colectivos y del 2% para contribuciones sindicales obligatorias.

A pedido de los gobernadores, se eliminó por completo el artículo 190 del proyecto, que modificaba para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero de este año las alícuotas del impuesto a las Ganancias, llevando del 30% al 27%, y del 35 al 31,5%.

En la negociación colectiva, se redefine la ultraactividad, que se limita a las cláusulas normativas y solo hasta que se firme un nuevo acuerdo. La autoridad de aplicación podrá suspender la vigencia de la homologación de un convenio cuando su aplicación genere “distorsiones económicas graves”. A la vez, se refuerza la obligación de negociar de buena fe, con intercambio obligatorio de información económica y productiva.

El dictamen también incluye un capítulo especial para los prestadores independientes de plataformas, que consolida su condición autónoma, garantiza la libertad de conexión, establece derechos mínimos —como acceso a capacitación y seguro de accidentes personales— y fija obligaciones fiscales sin generar relación laboral.

Finalmente, se incorporan cambios generales en materia procesal laboral: se acortan plazos de caducidad, se limitan apelaciones, se ordena a los jueces seguir la jurisprudencia de la Corte Suprema y se regula el pago en juicio, que podrá ser en cuotas según el tamaño de la empresa, con honorarios máximos del 25% del monto del proceso.

El Senado debatirá este miércoles el vasto proyecto de Modernización Laboral, una reforma estructural que reescribe buena parte de la Ley de Contrato de Trabajo y actualiza regímenes especiales con el objetivo de reducir la litigiosidad, incentivar la contratación y adecuar el sistema productivo a nuevas modalidades de empleo. La iniciativa crea un nuevo Fondo de Asistencia Laboral obligatorio para cubrir indemnizaciones, impulsa un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral y dispone la derogación de históricos estatutos profesionales, entre ellos el del Periodista Profesional.

Puntos principales del proyecto

• ● Rediseña conceptos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo: define nuevamente contrato y relación laboral, acota la presunción de dependencia y especifica casos donde no rige (prestadores independientes, contrataciones de obra o servicios profesionales con facturación y registración adecuada).
• ● Amplía las facultades organizativas del empleador, siempre que no alteren las condiciones esenciales ni generen perjuicio material o moral al trabajador; habilita al empleado a considerarse despedido si esas restricciones se vulneran.
• ● Extiende el período de prueba en varios regímenes especiales (como casas particulares y trabajo agrario), y actualiza normas de jornada, vacaciones, certificados laborales y registración, que pasa a centralizarse en la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
• ● Establece un nuevo esquema de indemnización por despido sin causa: un mes de sueldo por año trabajado, con base de cálculo topada en hasta tres veces el salario promedio del convenio correspondiente y piso mínimo del 67% de la remuneración habitual. Prevé la posibilidad de reemplazar este sistema por un fondo o seguro de cese a cargo del empleador.
• ● Actualiza la deuda laboral por el índice de precios al consumidor (IPC) más un 3% anual; limita honorarios y costas; fija pagos judiciales mediante cuenta sueldo y habilita planes en cuotas para sentencias (seis para grandes empresas y doce para pymes).
• ● Reordena el sistema de conflictos colectivos: exige cobertura mínima del 75% en servicios esenciales y del 50% en actividades de importancia trascendental, con fuertes sanciones por incumplimiento y obligación de preavisar medidas de fuerza.
• ● Regula por primera vez el trabajo en plataformas de reparto y movilidad: reconoce a los prestadores como independientes, les garantiza libertad de conexión y rechazo de pedidos, acceso a capacitaciones y seguro de accidentes personales, y fija obligaciones fiscales específicas.
• ● Reconfigura el sistema de negociación colectiva: limita la ultraactividad a las cláusulas estrictamente normativas; otorga prevalencia al convenio de menor ámbito; pone tope a los aportes establecidos en convenios (0,5% a entidades empleadoras y 2% para sindicatos); desde 2028, los aportes sindicales requerirán consentimiento expreso del trabajador.
• ● Restringe las asambleas sindicales (solo con autorización previa y sin goce salarial) y tipifica como infracciones graves los bloqueos, daños y acciones que afecten la libertad de trabajo. Limita la tutela sindical a delegados titulares y fija nuevas reglas para su postulación y protección.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

○ Crea un fondo obligatorio para cada empleador, con vigencia desde junio de 2026, destinado a cubrir indemnizaciones por despido y otras obligaciones económicas vinculadas a la extinción laboral. Es un patrimonio separado, inembargable y de uso exclusivo para ese fin.

• ● La contribución mensual es:

○ 1% de la base salarial SIPA para grandes empresas.

○ 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas.

○ El Poder Ejecutivo puede elevar los porcentajes hasta 1,5% y 3%, respectivamente, con aprobación legislativa.

• ● El aporte se paga junto con las contribuciones patronales y es derivado por ARCA; las administradoras (entidades habilitadas por la CNV) cobran una comisión máxima del 1%. Los fondos pueden usarse total o parcialmente en cada despido, pero la responsabilidad final por el pago sigue siendo siempre del empleador.
• ● El fondo no cubre vínculos no registrados y requiere una carencia mínima de seis períodos de aportes antes de permitir retiros.

Régimen de Incentivo para la Formación Laboral

• ● La formación profesional es elevada a derecho fundamental (art. 11 bis incorporado a la LCT).
• ● El proyecto complementa esta definición con un Programa de Formación Laboral Básica, estructurado en dos ejes:

○ Competencias sociolaborales básicas: lectura y comprensión, comunicación oral, razonamiento matemático, alfabetización digital, convivencia democrática.

○ Formación laboral inicial: adquisición de competencias productivas y adaptación al trabajo real.

• ● Además, los cursos, programas y seminarios de capacitación pueden ser considerados beneficios sociales no remunerativos, lo que impulsa su adopción por parte de empleadores.

Derogación de estatutos profesionales

El proyecto deroga numerosos regímenes especiales, entre ellos:

○ Ley 12.908 – Estatuto del Periodista Profesional.

○ Ley 14.546 – Estatuto del Viajante de Comercio.

○ Ley 27.555 – Teletrabajo.

○ Otros estatutos y regímenes sectoriales (incluidos artículos del Régimen Agrario, ley de trabajo a domicilio, jornadas especiales y diversos estatutos profesionales históricos).

La derogación se articula con la voluntad de unificar criterios bajo la LCT y el nuevo sistema de negociación colectiva.

La última medición de D’Alessio IROL–Berensztein muestra que el 57% de los consultados considera que la situación económica está peor que hace un año, pero el presidente Javier Milei retiene un núcleo duro que fortalece sus indicadores de gestión. La inseguridad vuelve a encabezar las preocupaciones ciudadanas.

El relevamiento nacional realizado entre el 16 y el 26 de enero, sobre 800 encuestados, confirma que la percepción económica se mantiene en niveles similares a los de finales de 2025. Un 57% de los entrevistados sostiene que la situación del país está peor que el año pasado, mientras que un 42% cree que mejoró. La brecha se explica esencialmente por la identificación política: entre los votantes de La Libertad Avanza, el 84% mantiene una visión optimista, mientras que entre los de Fuerza Patria la evaluación negativa llega al 97%. En Provincias Unidas también predomina el pesimismo, con un 67%.

Las expectativas hacia 2027 no ofrecen señales de cambio. El 45% de los consultados espera que la economía mejore dentro de un año, pero un 52% considera que empeorará. Incluso en el plano personal predomina la visión negativa: el 61% afirma estar peor que hace un año, dato que se sostiene por tercer mes consecutivo. Entre los votantes de LLA, sin embargo, la percepción positiva asciende al 71%, tres puntos más que en diciembre, mientras que el pesimismo entre los seguidores de FP llega al 94%.

En materia política, la evaluación de la gestión de Javier Milei exhibe una estabilidad llamativa. Un 54% la califica negativamente, contra un 45% que la aprueba. La segmentación por voto profundiza la grieta: la aprobación llega al 91% entre los seguidores de LLA, cae al 1% entre los de FP y se ubica en torno al 30% en PU, donde un 70% considera que la gestión es mala o muy mala.

La inseguridad se consolida como el principal problema del país por tercer mes consecutivo. Un 64% la menciona entre sus preocupaciones, seguida por la incertidumbre económica (61%) y la falta de propuestas para el crecimiento (57%). Entre los votantes libertarios, la inseguridad alcanza el 80% y la impunidad de los actos de corrupción kirchnerista llega al 68%. En el electorado de FP, las cuatro preocupaciones centrales son económicas: incertidumbre (89%), ajustes del Gobierno (87%), falta de propuestas para el crecimiento (80%) e inflación (75%).

En cuanto a los liderazgos políticos, ninguno exhibe un diferencial neto positivo. Patricia Bullrich encabeza el ranking con un 41% de imagen positiva —tres puntos menos que en diciembre—, seguida por Diego Santilli y el presidente Milei, ambos con 40%. En el peronismo, Cristina Fernández de Kirchner mantiene un 29% de imagen positiva y un 65% de rechazo, mientras que Axel Kicillof registra 36% de aceptación y 61% de imagen negativa. El gobernador bonaerense continúa siendo el opositor mejor posicionado, en un nivel similar al de Mauricio Macri y al de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Las preferencias también se ordenan según el voto legislativo. Entre quienes eligieron a LLA, Milei y Bullrich son las figuras más valoradas con 87% y 86% de imagen positiva respectivamente. Los votantes de FP se inclinan por Kicillof (89%), CFK (76%) y Juan Grabois (74%). En PU predomina la indiferencia hacia la mayoría de los dirigentes, con la excepción de Villarruel, que obtiene una valoración positiva del 55%.

La encuesta señala así un escenario de fuerte polarización, una economía percibida como inestable y un oficialismo que, pese al contexto adverso, logra sostener un núcleo de apoyo que continúa siendo determinante en el tablero político.

La Casa de Gobierno fue escenario de una cumbre estratégica en la que el oficialismo procuró ordenar la fase final de la reforma laboral antes de su ingreso al recinto del Senado, previsto para este miércoles a las 11. La reunión, encabezada por el jefe de Gabinete en su despacho de la planta baja, sirvió para unificar criterios entre los principales actores políticos del Gobierno y revisar uno por uno los artículos que podrían ser modificados producto de las tratativas con bloques aliados y mandatarios provinciales.

Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo; y los operadores legislativos Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem. El clima fue de trabajo cerrado y sin filtraciones, al punto que varios asistentes se limitaron a confirmar la reunión sin ofrecer precisiones sobre el contenido del intercambio.

El cónclave comenzó con un repaso general del escenario parlamentario. Según reconstrucciones oficiales, el Gobierno confía en tener asegurada la aprobación en general de la reforma, aunque permanece abierto el capítulo más delicado: la definición sobre los artículos que generan resistencia entre los gobernadores, especialmente aquellos vinculados al Impuesto a las Ganancias de las empresas. La principal duda se concentra en si el texto finalmente mantendrá la rebaja prevista, si será atenuada en etapas o si quedará directamente excluida del proyecto. La decisión, admiten en privado, podría conocerse recién unas horas antes de la sesión.

El ministro Caputo estuvo presente durante la primera hora del encuentro; luego se retiró con agenda propia. Su participación fue clave para explicar el impacto fiscal de las alternativas que se manejan, tanto para la Nación como para las provincias, y para dejar asentado que cualquier flexibilización impositiva tendrá un cronograma atado a la disponibilidad de recursos. Lo que se buscó evitar es que el debate tributario termine eclipsando la discusión estrictamente laboral que el Gobierno pretende priorizar.

En paralelo, Patricia Bullrich informó sobre los avances de las conversaciones mantenidas con bloques dialoguistas y senadores que se convirtieron en piezas imprescindibles para redondear el respaldo necesario. La exministra de Seguridad expuso el nivel de acuerdo alcanzado en una veintena de artículos de carácter técnico, cuyas modificaciones permitirían destrabar varios reclamos puntuales sin alterar la columna vertebral del proyecto. Su mirada fue acompañada por Santilli, quien mantuvo contactos permanentes con mandatarios provinciales durante los últimos días para acercar posiciones y evitar tensiones de última hora.

En la reunión también se analizó la situación con la CGT. Aunque desde el Gobierno se insiste en mantener una línea dura en el discurso público, la mesa política reconoció que existen conversaciones en curso con dirigentes sindicales y que algunas cláusulas fueron suavizadas para evitar un conflicto mayor. En especial, se revisaron apartados vinculados a la reducción de aportes y a la jerarquía de los convenios colectivos, donde el oficialismo cedió parcialmente para evitar un rechazo frontal que pusiera en riesgo el avance del proyecto. Según fuentes gubernamentales, la central obrera tomó nota de esos gestos y mantendrá únicamente una movilización el día del debate, sin escalar a un paro general.

Otro punto analizado fue la presión ejercida por sectores empresariales, particularmente del sistema financiero, respecto del artículo que habilita el pago de salarios a través de billeteras virtuales. El Gobierno evaluó el costo de sostener esa iniciativa en un contexto donde todavía restan asegurarse algunos votos y no descarta posponer ese debate para una instancia legislativa futura. A su vez, la Casa Rosada confirmó que el proyecto no avanzará sobre estatutos profesionales, entre ellos el del periodista, lo que despeja otro foco de resistencia.

La mesa política también aprovechó el encuentro para repasar la agenda legislativa más allá de la reforma laboral. Se mencionaron los avances en la Ley Penal Juvenil y la decisión de postergar hasta el período ordinario la discusión sobre el fortalecimiento universitario. Asimismo, se destacó el envío al Senado del proyecto que transfiere los juzgados laborales de Nación a Ciudad, una señal de acercamiento al espacio que gobierna el distrito porteño.

El hermetismo reinante impidió conocer el detalle fino del texto que se presentará este miércoles en el recinto, pero la señal política de la jornada fue clara: el oficialismo se encolumnó detrás de una estrategia flexible, dispuesto a negociar lo necesario para garantizar el éxito parlamentario, pero sin resignar lo que considera el núcleo esencial de su propuesta de modernización laboral.

Con los bloques dialoguistas a la expectativa de recibir la versión final del proyecto y los gobernadores aguardando precisiones sobre el capítulo fiscal, la Casa Rosada cerró el día con una certeza: la definición llegará en el Senado, donde cada voto será decisivo para determinar el rumbo de una de las reformas más sensibles del Gobierno.

En el marco de la constitución de comisiones de este martes, se eligieron autoridades de Asuntos Constitucionales, una de las que participará del debate de la reforma del Régimen Penal Juvenil, y en la que fue reelecto el oficialista Nicolás Mayoraz.

Lo propuso el presidente del bloque, Gabriel Bornoroni, quien al hacerlo destacó el “rol clave” que tuvo para “garantizar un tratamiento serio y equilibrado de los asuntos puestos a consideración”. Por su parte, Mayoraz valoró el “aprendizaje” que tuvo durante los últimos dos años y dijo estar dispuesto a volcar esa experiencia en la labor.

Recordó las leyes “trascendentes para la vida del país” que se aprobaron durante estos últimos dos años, citando el caso de la Ley Bases y la modificación de las PASO, como así también “muchos debates que no vieron la luz de una aprobación, pero marcaron la discusión legislativa”. Abogó por último realizar el trabajo en un clima de “respeto y escucha de todas las ideas”.

Como sucedió en todas las comisiones de la jornada, Unión por la Patria hizo reserva de la vicepresidencia primera, en tanto que la vice segunda fue para el radicalismo, proponiendo para ese lugar el bloque al correntino Diógenes González.

De las cuatro secretarías que tendrá la comisión, la primera fue para Javier Sánchez Wrba (Pro); la segunda fue para Provincias Unidas, que hizo reserva del nombre, lo mismo que UP para la secretaría cuarta. La secretaría tercera fue para la diputada de LLA Giselle Castelnuovo.

Los miembros de Asuntos Constitucionales

La comisión tiene 35 miembros, 15 de los cuales son del oficialismo: Sabrina Ajmechet, Alejandro Bongiovanni, Adrián Brizuela, Giselle Castelnuovo, Nicolás Emma, Alejandro Fargosi, Alida Ferreyra, María Gabriela Flores, Mercedes Llano, Nicolás Mayoraz, Sebastián Pareja, Marcos Patiño Brizuela, Santiago Pauli, Manuel Quintar y César Treffinger.

Por Unión por la Patria están Ernesto "Pipi" Alí, Lucía Cámpora, Ricardo Daives, Emir Félix, María Teresa García, Diego Giuliano, Juan Grabois, Aldo Leiva, María Graciela Parola, Agustina Lucrecia Propato, Jorge Taiana y Eduardo Félix Valdés.

Por el Pro figuran Emmanuel Bianchetti y Javier Sánchez Wrba; de Provincias Unidas están Juan Fernando Brügge, Pablo Farías y Pablo Juliano.

Además figuran el radical Diógenes Ignacio González y por Innovación Federal la misionera Yamila Ruiz.

Toda la atención por estas horas está puesta en el Senado de la Nación. Pero no por el tema que se llevó la atención este martes por la mañana, cuando se supo que un incendio registrado en el cuarto piso del Palacio Legislativo del Senado de la Nación generó preocupación. Aclaremos que el siniestro no alteró la actividad parlamentaria.

El fuego se desató en la oficina de la senadora del Pro Andrea Cristina, representante de Chubut, lo cual generó no pocos comentarios, teniendo en cuenta que esa provincia patagónica está jaqueada por los incendios este verano. Según las primeras evaluaciones habría sido provocado por una pava eléctrica en funcionamiento.

No fue un siniestro menor, por cierto: las llamas consumieron por completo el despacho afectado, pero la rápida intervención del cuerpo de bomberos de la Policía Federal impidió que el incidente se extendiera a otras dependencias del edificio.

De acuerdo con fuentes parlamentarias, no se registraron daños estructurales ni materiales en las oficinas contiguas, y el personal que se encontraba en el lugar fue evacuado sin inconvenientes.

El episodio ocurrió en una jornada particularmente activa en la Cámara alta, a pocas horas de la sesión prevista para este martes, en la que se debatirá el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo. Pese al siniestro, las autoridades legislativas confirmaron que tanto el cronograma como la reunión de labor parlamentaria pautada para la tarde de hoy se mantienen sin modificaciones.

Mientras avanzan las pericias para determinar con precisión cómo se originó el fuego, el Senado continúa con su funcionamiento habitual. El despacho de la senadora Cristina fue el único espacio afectado y permanecerá cerrado hasta que se completen los trabajos de limpieza y evaluación de daños.

Durante este martes de reuniones constitutivas de comisiones, la segunda convocada era la de Justicia, en la que fue designado titular el diputado de La Libertad Avanza Alvaro Martínez.

Se ocupó de proponerlo el presidente saliente de la comisión, el jujeño Manuel Quintar, quien destacó la “amplia experiencia parlamentaria” del elegido para ocupar ese lugar, teniendo en cuenta que “comienza a transitar su segundo mandato”.

Tras ser votado y agradecer la designación, Alvaro Martínez dijo esperar “que esta comisión sea siempre interesante por los debates, pero siempre dentro del marco del reglamento, sin insultos ni gritos. Los invito a que nos tratemos con respeto”, señaló.

A continuación, intervino Paula Penacca para hacer reserva de nombre por parte de Unión por la Patria para la vicepresidencia primera. Y al hablar, se propuso respetar el pedido de su antecesor de hacerlo “sin gritos” para señalar que, en virtud de la “proporcionalidad”, deberían tener asignado un secretario, cosa que sucedió. Lo que sí, advirtió que tenía entendido que el oficialismo se quedaría con todas las presidencias de las comisiones convocadas este martes. “En varias había fuerzas políticas que estaban al frente, y ha sido decisión del oficialismo quedarse con todas”, se quejó, reclamando que “debe haber una representación genuina y esta no se estaría viendo reflejada”, apuntó Penacca, que adelantó que seguirían insistiendo con ello, con el objetivo anunciado de tratar de sostener la presidencia de la Comisión de Mercosur.

Pidió también información concreta respecto del tratamiento del proyecto de ley de reforma de la Ley Penal Juvenil, preguntando “dónde vamos a empezar el tratamiento. Nos están confundiendo un poco; si era ese el plan, lo están logrando. Ayer presentaron un proyecto, hoy lo retiraron… Sería prudente que por lo menos nos digan cuál es el plan de trabajo”. Y concluyó pidiendo una digresión respecto del pedido inicial del flamante presidente, al señalar: “Es absurdo que nos quieran llevar a patadas en el culo”.

Le contestó la oficialista Silvana Giudici, quien tras proponer a Patricia Vásquez como vicepresidenta segunda, aclaró que “no hay intención de llevar a nadie a patadas en el culo. Puedo dar fe de que así era antes”, y remarcó que de las 46 comisiones permanentes, La Libertad Avanza se estaba quedando hasta ahora con la presidencia de una decena, siendo que por la proporcionalidad le correspondería 19.

La secretaría primera quedó para el Pro, que designó a Alvaro González, en tanto que la secretaría segunda fue para Provincias Unidas (que no eligió todavía a nadie), y la tercera  para UP.

Se decidió seguir con los miércoles a las 10 de la mañana como día de reunión.

Los integrantes de la comisión

Esta comisión tiene 31 miembros, de los cuales estos 13 son de La Libertad Avanza: Adrián Brizuela, Alejandro Carrancio, Giselle Castelnuovo, Nicolás Emma, Alida Ferreyra, Gerardo Huesen, Johanna Sabrina Longo, Álvaro Martínez, Guillermo Montenegro, Sebastián Pareja, Manuel Quintar, José Federico y Patricia Vásquez.

Unión por la Patria cuenta con 11 representantes: Marcelo Barbur, Sebastián Galmarini, Diego Giuliano, Juan Grabois, Raúl Hadad, María Graciela Parola, Horacio Pietragalla Corti, Sabrina Selva, Vanesa Raquel Siley, Rodolfo Tailhade y María Elena Velázquez.

Hay tres de Provincias Unidas, Juan Brügge, Pablo Farías y Alejandra Torres; dos diputados del Pro, Antonela Giampieri y Álvaro González; un radical, Diógenes González; uno de Innovación Federal, Pablo Outes.

Desde que inició el receso legislativo, el 1/12/2025, el Poder Ejecutivo Nacional dictó once Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) profundizando el uso de una herramienta normativa de carácter excepcional. Este último viernes se publicó el DNU 88/2026 (06/02/2026) que inició la disolución y liquidación de IOSFA (Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas) y creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas OSFA, en la órbita del Ministerio de Defensa, así como la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad, OSFFESEG, en la órbita del Ministerio de Seguridad.

Los DNU en cuestión abarcan materias relevantes para la vida institucional y económica del país, según informa un informe elaborado por la Universidad Austral.

DNU 941/2025 (31/12/2025): Modificó la Ley de Inteligencia Nacional.

DNU 942/2025 (31/12/2025): Prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la emergencia sanitaria nacional, modificó la estructura del Ministerio de Salud y tras disolver ANDIS oficializó a la    nueva Secretaría de Discapacidad.

DNU 2/2026 (02/01/2026): Aprobó el Acuerdo modificatorio del Acta del Farallón Negro suscripto entre el Estado Nacional, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán y creó el ente Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) con el objeto de realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio.

DNU 17/2026 (15/01/2026): Auto-autorizó al Presidente para viajar al exterior y representar al país en la firma del acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y en el Foro Económico Mundial de Davos hasta tanto se apruebe la ley correspondiente al año 2026.

DNU 26/2026 (23/01/2026): Modificó el Plan Gas.Ar y adoptó un nuevo esquema de precios y subsidios para el gas natural.

DNU 34/2026 (23/01/2026): Modificó la ley 19.101 (de la época de Alejandro Agustín Lanusse) la cual contiene el régimen para el Personal Militar con el objeto de que se pueda permanecer activo frente a designaciones en el Ministerio de Defensa.

DNU 41/2026 (23/01/2026): Redefinió competencias para la emisión de resoluciones anticipadas en importaciones y exportaciones con modificaciones al Código Aduanero y otorgó a la    Secretaría de Industria y Comercio la facultad de intervenir en todo lo referido al origen de las mercaderías.

DNU 49/2026 (26/01/2026): Prorrogó la emergencia del sector energético nacional (extiende excepcionalidad hasta fines de 2027).

DNU 73/2026 (29/01/2026): Declaró la emergencia ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa a fin de dar una respuesta inmediata.

DNU 80/2026 (31/01/2026): Declaró la emergencia ígnea en Santa Cruz, amplió y reforzó el esquema excepcional de respuesta y coordinación federal.

DNU 88/2026 (06/02/2026): Inició la disolución y liquidación de IOSFA y crea la Obra Social de las Fuerzas Armadas OSFA en la órbita del Ministerio de Defensa y la Obra Sociales de las Fuerzas Federales de Seguridad OSFFESEG en la órbita del Ministerio de Seguridad.

Estos 11 decretos dan visibilidad a la centralidad que tiene el Presidente argentino en la función legislativa dado que, en el tiempo que lleva el receso legislativo, dictó la misma cantidad de DNU que las leyes promulgadas durante el período ordinario del 2025 (desde 1/03/25 al 30/11/25).

Según los datos del ODCL, en total, durante todo el 2025, el Presidente dictó 35 DNU, 74 decretos delegados y promulgó 13 leyes.

El desafío institucional

La Constitución Nacional admite los DNU como una herramienta excepcional, bajo condiciones estrictas y con un control posterior efectivo por parte del Congreso.

“La acumulación y frecuencia de estos once decretos vuelve a colocar en el centro del debate institucional la urgente necesidad de que el Congreso modifique cuanto antes la Ley 26.122, la cual regula el alcance y control de los DNU y el funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo”, explicó Verónica Nolazco, coordinadora e investigadora del ODCL y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Austral.

Desde el Observatorio de Decretos sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Universidad Austral, se reafirma la importancia de monitorear y analizar el uso de esta herramienta excepcional, como parte de una democracia constitucional madura.

Leyes promulgadas durante el período ordinario de sesiones del Congreso (01/03 al 30/11 de 2025)

1) Ley 27.783: Suspensión de las PASO durante el año 2025.

2) Ley 27.784: Juicio en ausencia del imputado.

3) Ley 27.785: Reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

4) Ley 27.786: Abordaje integral del crimen organizado.

5) Ley 27.787: Tratado Argentina - Serbia sobre traslados, sentencias penales.

6) Ley 27.788: Tratado fiscal sobre erosión de bases imponibles.

7) Ley 27.789: Acuerdo Argentina - Consejo Fed. Suizo sobre servicios aéreos.

8) Ley 27793: Emergencia en Discapacidad en todo el Territorio Nacional (VETO - INSISTIDA)

9) Ley 27795: Financiamiento de las universidades nacionales (VETO - INSISTIDA)

10) Ley 27796: Emergencia sanitaria en salud pediátrica (VETO - INSISTIDA)

11) Ley: 27797 Ley Nicolás

Leyes promulgadas durante el receso legislativo

1) Ley 27798: Presupuesto 2026

2) Ley 27799: Inocencia Fiscal

Leyes vetadas y no insistidas (no se obtuvieron los dos tercios de los votos necesarios para su aprobación)

1) Ley 27.790: Declara zona de emergencia en Bahía y municipios de PBA.

2) Ley 27791: Incremento Excepcional y de Emergencia, para las Jubilaciones y Pensiones

3) Ley 27792: Pago de Deuda Previsional y de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.

4) Ley 27794: Fondo de aportes del tesoro de la Nación (ATN).

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunció este lunes que se movilizará el próximo miércoles 11 hacia la Plaza de los Dos Congresos, en el inicio del debate legislativo de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La medida se enmarca en una jornada de protestas y estará acompañada por un cese de actividades desde las 13 en el sector aéreo, marítimo, portuario y en los subterráneos, con el fin de garantizar la presencia de trabajadores en la convocatoria.

Durante la conferencia de prensa, la CATT advirtió que el proyecto oficial “constituye una reforma regresiva”, al considerar que “avanza peligrosamente sobre derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras a lo largo de décadas de lucha”. Según expresaron, la iniciativa busca “precarizar las condiciones de trabajo, flexibilizar jornadas, debilitar la estabilidad laboral y erosionar el sistema de protección social, en beneficio exclusivo de los sectores concentrados de la economía”.

La organización explicó que el cese de actividades será implementado “de manera conveniente, según cada sindicato y cada una de las actividades que tenemos”, con el objetivo de asegurar “la mayor afluencia de compañeros frente al Congreso de la Nación” durante la protesta.

El secretario general de la CATT, Juan Carlos Schmid, reiteró el rechazo de la entidad a la reforma al sostener que “ataca los derechos constitucionales”, “violenta acuerdos internacionales dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo” y “favorece decididamente al sector empresarial”. Además, cuestionó la lógica con la que —según afirmó— se impulsa la modificación del régimen laboral: “Desde hace cuarenta años, cada vez que hay un estancamiento económico, se agita la idea de que modernizando las relaciones laborales vamos a terminar con el desempleo, la regresión de salarios y la mala distribución de la riqueza. Pero esto no ha sucedido: acá hay gente que cada vez trabaja más para ganar menos”.

En otro tramo de su intervención, Schmid apuntó contra el rol del Congreso nacional y criticó a los legisladores que, a su juicio, “han demostrado en varias oportunidades estar más permeables al poder económico y a la conveniencia de los gobernadores que al interés común de nuestra gente y de la nación”.

Por su parte, el secretario gremial de la CATT, Juan Pablo Brey, llamó a una participación masiva en la jornada de reclamo. “El miércoles hay que dejar todo porque no tenemos muchas oportunidades más. Hay que movilizar y afectar los servicios que sean necesarios para hacer ruido desde esta confederación”, sostuvo.

Recuperar la confianza de los argentinos en el Estado y en la economía formal es uno de los ejes que la gestión de Javier Milei se propuso desde el inicio. Tras años de inestabilidad macroeconómica, controles cambiarios, confiscaciones y reglas cambiantes, el Gobierno avanzó este lunes con una medida clave en esa dirección: la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 93/2026, que reglamenta el Capítulo III del Título II de la Ley 27.799 y pone en funcionamiento un conjunto de herramientas que el oficialismo define como un giro de fondo en el vínculo entre el fisco y los contribuyentes.

La norma apunta directamente a un fenómeno estructural de la economía argentina: la enorme masa de ahorro informal —principalmente en dólares— que permanece fuera del sistema financiero y tributario. Según la visión del Ejecutivo, ese capital solo podrá reinsertarse si el Estado abandona la lógica punitiva retrospectiva y ofrece garantías de que regularizarse no implicará revisiones hacia atrás.

El corazón del decreto es la reglamentación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, destinado a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que cumplan determinados requisitos patrimoniales, de ingresos y de clasificación fiscal.

El punto más relevante es el efecto liberatorio que se le otorga a la declaración jurada precargada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP). Según el decreto, la presentación y el pago en término del saldo determinado producen una presunción de exactitud, sin admitir prueba en contrario, respecto de:

• ● El período fiscal declarado.
• ● Las declaraciones de Ganancias e IVA de los períodos no prescriptos.

En términos prácticos, esto implica que el Estado renuncia a revisar el pasado, salvo que se detecte lo que la norma define como una “discrepancia significativa”. Para el Gobierno, este es el eje conceptual del llamado “blanqueo popular permanente”: no se trata de una amnistía puntual, sino de un esquema continuo que permite ingresar al sistema sin miedo a futuras persecuciones fiscales.

El decreto precisa con detalle cuándo ARCA puede impugnar una declaración simplificada y, eventualmente, extender la fiscalización a períodos anteriores.

Se considerará que existe una discrepancia significativa cuando:

• ● El ajuste determinado por el fisco incremente el impuesto a pagar en al menos un 15% respecto de lo declarado.
• ● La diferencia supere los montos previstos en el Régimen Penal Tributario.
• ● Se detecte el uso de facturas o documentación apócrifa, en cuyo caso no rigen umbrales mínimos.

Un punto clave es que no se computarán como discrepancia las rectificaciones espontáneas realizadas por el contribuyente antes de que ARCA inicie una verificación. Este aspecto busca incentivar la corrección voluntaria y reducir el incentivo a la litigiosidad.

Alcance previsional y penal

La reglamentación no se limita a Ganancias e IVA. El decreto también extiende el concepto de “regularización” a los aportes y contribuciones de la seguridad social, obras sociales y otros regímenes previsionales, armonizando la Ley 27.799 con normas como las leyes 23.660, 23.661 y 14.236.

Además, introduce aclaraciones relevantes en materia penal:

• ● Para hechos anteriores a la entrada en vigencia de la ley, se aplican los montos vigentes al momento del incumplimiento.
• ● Para hechos posteriores, rigen los valores actualizados al momento de la comisión.

El mensaje político es claro: se busca cerrar la discusión sobre el pasado, pero sin desactivar los mecanismos penales para conductas futuras.

El equilibrio con las normas antilavado

Uno de los interrogantes que rodearon el proyecto desde su origen fue su compatibilidad con los compromisos internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El decreto dedica varios considerandos a dejar constancia de que el régimen se aplicará en armonía con las recomendaciones del GAFI, y que intervinieron en su elaboración la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores.

Esto implica que, si bien el fisco limita su capacidad de revisión tributaria retrospectiva, no se eliminan los controles sobre el origen ilícito de los fondos, una línea roja que el Gobierno procura no cruzar para evitar conflictos internacionales.

Desde el oficialismo, la Ley de Inocencia Fiscal aprobada el pasado 26 de diciembre es presentada como una ruptura con décadas de un modelo basado en la sospecha permanente. La idea de fondo es que el contribuyente sea considerado inocente mientras cumpla de ahora en adelante, y no un potencial evasor al que hay que auditar indefinidamente por su historia pasada.

En términos políticos, el decreto refuerza una de las banderas discursivas de Javier Milei: menos Estado persecutorio y más incentivos a la formalización voluntaria. En términos económicos, el éxito del esquema dependerá de si logra generar la confianza suficiente como para que los dólares “del colchón” efectivamente entren al circuito formal y se transformen en ahorro, crédito o inversión.

La diputada de la Ciudad de Buenos Aires Vanina Biasi (Frente de Izquierda–Partido Obrero) presentó un proyecto de resolución en la Legislatura porteña para citar al recinto a Oscar Pérez, representante del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) en el Consejo de Administración del Hospital Garrahan, con el objetivo de que brinde explicaciones públicas sobre despidos, suspensiones, desafueros y otras medidas disciplinarias aplicadas a trabajadores y trabajadoras de la institución.

Según señaló la legisladora, las sanciones no pueden ser leídas como hechos aislados. “No se trata de decisiones administrativas aisladas, sino de una represalia política directa contra una lucha salarial ejemplar que durante 2025 logró quebrar el techo impuesto por el gobierno nacional”, afirmó Biasi, en referencia a los conflictos gremiales protagonizados por el personal del hospital.

En ese sentido, advirtió sobre el impacto institucional de las medidas. “El Garrahan es una institución estratégica de la salud pública, sostenida por equipos altamente especializados, y atacar a quienes protagonizaron esa lucha implica avanzar en el disciplinamiento del sistema de salud y profundizar el vaciamiento del hospital, con consecuencias directas sobre el derecho a la salud”, sostuvo.

Finalmente, la legisladora remarcó la responsabilidad del Ejecutivo porteño en el conflicto. “La Ciudad no puede desentenderse de estas decisiones: su representante debe venir a la Legislatura y rendir cuentas ante el cuerpo legislativo y la sociedad. No es un problema sectorial, sino una cuestión de interés público que compromete a toda la Ciudad”, concluyó.

En el primer año del gobierno de la Alianza, frente a una economía en recesión, trascendió una frase de Chacho Álvarez que decía “si no podemos darles pan, por lo menos démosle presos”, haciendo referencia a calmar las ansiedades populares con muestras de lucha contra la corrupción. Después del “INDECgate”, parafraseando al ex vice, se podría decir que “si no podemos bajar la inflación, por lo menos démosle batallas culturales” (y de paso cuestionemos al nuevo índice).

Después de los dolores de cabeza que tuvo el Gobierno con el discurso en Davos el año pasado -que generaron costos inclusive en su propio electorado- se volcaron a dar debates valóricos en el plano del modelo económico, que es donde más hándicap tiene la administración libertaria. La semana anterior fueron contra el costo de los tubos de Paolo Rocca. Esta que pasó, el chivo expiatorio fue la industria textil local. Es lógico: si se toman medidas que hacen crujir a distintos sectores de la sociedad -concreta o simbólicamente- algún relato le tiene que dar sentido al rumbo elegido.

Como estamos en época estival, con vacaciones gasoleras en la costa y récord de turistas argentinos en Brasil, con el dólar planchado, una inflación no domada pero que molesta menos, un Central que a este ritmo proyecta sumar unos 14.000 palos verdes en el año, el permanente blindaje americano que incluye el acuerdo comercial y un riesgo país que oscila, pero no está mal, la mayoría de la sociedad no le pasará factura al Gobierno por las sospechas sobre el cálculo del índice de precios y las polémicas que genera, al menos en el corto plazo. En la segunda parte del año quizá la película sea otra.

Lo realmente importante se empezará a ver esta semana en el Senado con la reforma laboral. Ese es el primer gran test político del año, ya que, si no se aprueba, por h o por b, el principal perjudicado será el oficialismo. Lo demás son detalles. Si no pasa nada raro; alguna reforma laboral habrá, aunque se le caigan algunos artículos por el camino. Si no sale, los mercados leerán que será difícil imponer las reformas estructurales tan declamadas, bajándole el precio al resultado electoral positivo del 26-O.

Como dijimos aquí en diciembre, este proyecto de ley es una nueva “ley ómnibus” que contiene muchas otras cosas, además de lo laboral, como un capítulo fiscal. Al respecto, esta semana se conoció un dato que complica la discusión. Entre noviembre de 2025 y enero 2026 las provincias dejaron de percibir un 3% de las transferencias nacionales. Solo en enero perdieron casi un 7% interanual, además de un deterioro leve comparado con diciembre. Esto agrava la baja que vienen sufriendo las arcas de los gobernadores en los últimos meses (post agosto). El Gobierno nacional le dice a los mandamás que ajusten sus cuentas, pero nadie quiere comprarse conflictos sociales con empleados, docentes, personal médico y policías, entre otros, además de estar muy escasos de obras públicas para reanimar las economías locales. Solo un dato para ver cómo está la economía de calle: en diciembre 2025 hubo un 93% más de cheques rechazados comparado con diciembre 2024.

Quórum para una reforma laboral hay, la cuestión es para lo demás. El oficialismo decidió bajar el tratamiento en diciembre aduciendo los problemas que había tenido la aprobación del Presupuesto en Diputados. Pero ¿lo bajaron por eso, o además había otros ruidos que no podían subsanar en el corto plazo? ¿Podrá LLA ocultar los retoques al proyecto para destaparlos en pleno recinto? ¿Quién podría asegurarles a los socios dialoguistas que no tendrán una sorpresa desagradable? Recuerden a Vicente “cháchara” Saadi: en política se trabaja al contado. Nadie querrá aprobar un artículo ambiguo que lo pueda perjudicar, como dejar en manos del Ejecutivo la aplicación de cláusulas que reducen impuestos (entre gitanos no nos leemos las cartas).

El Gobierno de a ratos opera bien. Por ejemplo, se desarticuló la reunión de gobernadores con el CFI, o evitó que Llaryora y Pullaro se entrevistaran con la alicaída CGT. La negociación en curso parece que se rompe, pero en realidad se dobla. Por eso, las bravuconadas respecto a “es esto o nada, porque si no, no nos sirve”, hay que leerlas en el marco de una lógica guerra de nervios en la previa al punto del penal. Los libertarios les dicen a los gobernadores “no se preocupen, loco, todo va a estar bien, ninguna bala parará este tren”, como cantarían Los Abuelos de la Nada.

El Javo no solo tiene la ayuda del “amigo americano” (esperemos que no sea como Ripley), sino también del nunca bien ponderado PJ de la provincia de Buenos Aires. Parece que finalmente el cristinismo acepta que Axel sea el presidente, con todo lo bueno y malo que eso significa. Hoy Kicillof perdería claramente frente al león. De modo que, si querés ser figura, andá y que Dios te ayude. Mostrá que podés conducir. El acuerdo propuesto muestra que “los pibes para la revolución” son astutos, que el peronismo bonaerense no tiene ninguna capacidad logística para organizar una elección entre afiliados, y que nada nuevo habrá bajo el sol. ¿Es esta la oposición que prefieren los libertarios? Quizá quieren dividir para reinar. El que se anima cada vez más a repudiar a Cristina es el salteño Sáenz. ¿Encabezará una tercera posición en 2027? ¿Lo ayudará LLA?

Como ya dijimos aquí hace tres semanas, el pato Donald vuelve a dar fe de ser kirchnerista, como cuando propuso un límite a la tasa de interés que cobran las tarjetas de crédito, entre otras medidas intervencionistas. Ahora promueve la importación de carne argentina “con el fin de suministrar carne picada para los consumidores estadounidenses” (léase: para hamburguesas más baratas). Le faltó decir que, de esa manera, iba a “defender la mesa de los americanos” (aunque no se la agarró contra los ganaderos de su país, seamos justos).

Toto se compra la ropa en el exterior porque en la Argentina “es un robo”. Como “José Mercado compra todo importado”, cantaba Charly hace 45 años.

Está claro que este gobierno tiene una tendencia a autogenerarse perjuicios. Tan es así que hay quienes sostienen que, dada esa característica curiosa, necesitaría una oposición más firme, cuestión de que no se sienta tan seguro y se cuide más. Puede ser.

Venía tranquilo Javier Milei, casi haciendo la plancha. Podría decirse que desde las elecciones del 26 de octubre, que ganó con tal contundencia que ordenó el mapa político y económico; sobre todo el Congreso, donde la oposición lo tuvo a maltraer todo el año.

Contribuyó -bueno es decirlo- que mantuviera durante mucho tiempo la modalidad adoptada en campaña de no confrontar, de guardar el modelo irascible al menos por un tiempo. Le rindió… mientras duró.

Apenas si se salió de eje cuando en el debate del Presupuesto la oposición le volteó de un plumazo un capítulo completo, cosa que hubiese evitado de no haberse empecinado en mantener sin variaciones un texto que estaba cantado que la oposición no le iba a votar (otro error autoinfligido). Pero después de una serie de berrinches, el Presidente entró en razones y recuperó la calma.

Esta semana se dio de bruces otra vez contra un obstáculo. Sucedió con la renuncia de Marco Lavagna, un economista serio que venía en el cargo desde que Alberto Fernández lo designó, lo cual le permitía a este gobierno dar una señal de continuidad y “política de Estado”, de esas que un gobierno como este necesita para atraer inversiones, objetivo que debiera ser su norte. El exdiputado massista nunca dio señales de renunciamiento a sus orígenes, pero tampoco se mostró en tareas dirigenciales del FR, ni tampoco con Sergio Massa.

Su salida no fue escandalosa, pero no tardó en quedar expuesto que el funcionario se iba por la decisión oficial de no cambiar el sistema de medición de la inflación, contrariando la planificación que el INDEC había desarrollado y el gobierno avalado. Se sabía que, con la llegada de 2026, el nuevo sistema se pondría en práctica. Pero llegando el momento de difundir los datos de enero, el ala dura de la economía mileísta se mostró remisa a cumplir lo pactado -siendo que ya venía demorando esa decisión desde hacía rato- y al hijo del exministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner no le quedó otro camino que la puerta de salida. El gobierno admitió que el eje del conflicto era que el Presidente -que prometió hace ya un tiempo que la inflación de agosto arrancará con cero- no quiere saber nada con cambiar el sistema actual de medición. Al menos hasta llegar a cero.

Fiel a su estilo, desde el gobierno transmitieron el discurso de que el nuevo sistema es imperfecto y por ende no se podía usar, pero además sugirieron que súbitamente Lavagna había querido complacer a “su jefe político” Sergio Massa, molesto aquel por el supuesto embate judicial que percibiría en su contra.

Como sea, el ahora extitular del INDEC se fue sin estridencias, y según deslizaron desde su entorno no hará críticas públicas en tanto y en cuanto no deba defenderse. En tren de corresponder esa disposición, el ministro Toto Caputo aclaró que Marco Lavagna “se fue de manera amigable”. Lo hizo durante un raíd mediático de esos que se encomiendan cuando hay algo que no está nada bien. Y como suele suceder en esas circunstancias, lejos estuvo de aplacar la crisis.

Fue en ese marco que el ministro de Economía tuvo su frase “fallida”, cuando confesó muy suelto de cuerpo que nunca compró ropa en Argentina porque le parecen “un robo” los precios locales. Caputo sostuvo que, durante años, la industria textil estuvo excesivamente protegida, lo que hizo que los argentinos pagaran dos o hasta diez veces más, que en otros países por ropa y calzado. Su defensa de la apertura de importaciones generó un fuerte rechazo del sector textil, que atribuyó los precios altos a impuestos, alquileres elevados y costos financieros.

Difícil pensar que la previsible polémica no haya estado prevista para poner en un segundo plano los cuestionamientos a la decisión oficial de deshacerse del nuevo sistema de medición -ya avalado por el FMI- y mantener el viejo y actual sistema color sepia que entre otras cosas contempla el costo del teléfono de línea. Un IPC que mide con reglas del pasado en base a una sociedad que ya no existe.

Con todo, dicen que las diferencias entre una y otra medición no eran sustanciales, razón por la cual hasta amigos entrañables del gobierno como Juan Carlos De Pablo recomendaron difundir mensualmente los resultados de ambos sistemas, al menos por un tiempo. Pero no le dieron bolilla.

Las acciones argentinas en Wall Street vivieron un martes y un jueves “negro”, que los observadores atribuyeron a una multiplicidad de factores, entre ellos la crisis en el INDEC que pone en tela de juicio la credibilidad estadística. También influyeron señales ambiguas del gobierno sobre la deuda y activos: Caputo confirmó que no planea volver al mercado internacional de deuda en el corto plazo, en tanto que el presidente Milei habló de venta de activos estatales para cancelar pasivos, sin dar demasiados detalles. Para los inversores, esto muestra una falta de hoja de ruta clara, como así también despertó incertidumbre en torno a la estrategia financiera de mediano plazo.

El gobierno consideró recuperar la agenda cuando el jueves se anunció el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, lo que causó un efecto favorable en los activos argentinos: los ADRs y el S&P Merval saltaron con fuerza.

Así y todo, entre la oposición y no pocos economistas hubo manifestaciones contrarias al convenio con la gestión Trump. El exembajador argentino en Washington Jorge Argüello enumeró una serie de beneficios, pero también objeciones económicas “relevantes”, tales como la advertencia de sectores industriales sobre la reducción de aranceles a maquinaria, autopartes, químicos y bienes de capital provenientes de EE.UU., que podrían aumentar la presión competitiva sobre las manufacturas locales que enfrentan costos logísticos, impositivos y financieros más elevados. Además, alertó sobre la posibilidad de que los beneficios se concentren en exportaciones primarias ​-recursos naturales, energía o agroalimentos​- si no se implementan políticas activas que promuevan diversificación productiva, innovación tecnológica y mayor valor agregado en la oferta exportadora argentina​.

Más objeciones fueron apareciendo conforme se avanzaba en la redacción del texto que deberá refrendar el Congreso argentino. El politólogo Andrés Malamud observó con ironía que el acuerdo dice 3 veces “Argentina y EE.UU. deberán…”; 113 veces “Argentina deberá…”. Y solo 7 veces “Estados Unidos deberá…”. Una desproporción que fue justificada con un argumento obvio: la diferencia de peso específico existente entre ambos países.

Lo cierto es que este acuerdo está basado en la relación entre los presidentes de ambos países, lo que implica que la habitual alternancia en el país del norte podría liquidarlo en cuanto los demócratas vuelvan al poder. Podría suceder en dos años.

Es que mientras el acuerdo deberá contar -como dijimos- con la aprobación del Congreso argentino, en Estados Unidos las medidas se implementarán vía executive orders firmadas por Donald Trump. Sucede que el acuerdo fue diseñado y activado por la administración estadounidense como un acuerdo ejecutivo, utilizando facultades del Poder Ejecutivo y órdenes ejecutivas, lo cual evita allí la necesidad de aprobación legislativa.

Esta simbiosis cada vez más notoria entre ambas gestiones tuvo esta semana una nueva muestra, con la creación por parte del gobierno de Milei de la “Oficina de Respuesta Oficial”, un dispositivo de comunicación oficial con el objetivo declarado de responder de manera inmediata a informaciones que el Ejecutivo considera falsas, inexactas u operaciones mediáticas. Se trata de un remedo del “Rapid Response 47”, una cuenta oficial impulsada por la Casa Blanca recientemente para controlar la narrativa pública. Utilizada, por ejemplo, para contestar coberturas periodísticas adversas en tiempo real.

La medida despertó fuertes críticas en el ecosistema mediático y réplicas en redes sociales del aparato comunicacional libertario, como así también legisladores de La Libertad Avanza. Como la ex Pro Sabrina Ajmechet, quien dio sobradas muestras de su identificación mileísta al defender en el mismo día a su ahora compañera de bloque Lilia Lemoine por sus críticas contra Ian Moche, el joven influencer cuyo autismo Lemoine puso en duda, y a la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, que celebró como “un nuevo canal”, negando que represente “una estructura estatal”.

Como sea, se trata de una “oficina” que está bajo la órbita comunicacional de la Dirección General de Comunicación Digital de la Presidencia, que dirige Juan Pablo Carreira, y supervisa el jefe de Gabinete. FIN.

La senadora rionegrina Ana Marks presentó un pedido formal dirigido al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, ante la creciente preocupación por la falta de pago a clínicas y sanatorios de Río Negro por parte del organismo nacional. La legisladora advirtió que la situación ya afecta la normal prestación del servicio de salud en toda la Patagonia.

Marks sostuvo que la deuda acumulada por el PAMI representa “un riesgo cierto y real” para el funcionamiento del sistema sanitario regional, y recordó que las demoras en los pagos terminan perjudicando especialmente a los adultos mayores: “Mientras se postergan recursos claves, quienes pagan las consecuencias son quienes siempre quedan al final de la fila, nuestros mayores”, afirmó.

La senadora justicialista reclamó que el Gobierno nacional adopte medidas urgentes para cancelar de inmediato los montos adeudados y que, además, se proceda a recomponer los valores arancelarios, con el fin de garantizar una atención médica “efectiva, segura y de calidad”. Según advirtió, la continuidad del conflicto podría derivar en un retroceso de derechos adquiridos y en un debilitamiento del sistema de seguridad social.

Amparada en las obligaciones constitucionales que garantizan el derecho a la salud —entre ellas el artículo 14 bis y los tratados internacionales de derechos humanos—, Marks solicitó al Ejecutivo un detalle preciso del monto total de la deuda que el PAMI mantiene con cada clínica y sanatorio de Río Negro. También pidió conocer los plazos, motivos y conceptos que originaron los pagos pendientes, así como el cronograma previsto para su cancelación.

Además, requirió información sobre las medidas alternativas o planes de contingencia que el organismo tenga previstas ante una eventual interrupción de los servicios producto de la deuda registrada. Incluyó también un pedido para conocer la actualización y recomposición arancelaria destinada a sostener la calidad de la atención en la región.

La senadora concluyó que es urgente que el Gobierno nacional brinde respuestas concretas para evitar que el sistema sanitario patagónico entre en una fase crítica y que los jubilados y pensionados —el grupo más vulnerable— vuelvan a quedar expuestos a la falta de garantías básicas en materia de salud.

No es casualidad. Cada vez que las situaciones políticas degeneran en crisis el poder central reacciona doblando la apuesta para desbaratar las objeciones y las oposiciones. Ahora, en el intento de hacer una reforma laboral imperfecta que conmueve a toda la estructura de los trabajadores, se suma el asedio al periodismo con la amenaza de “eliminar” la Ley 12.908, es decir el Estatuto del Periodista Profesional.

Los periodistas argentinos viven siempre el asedio del poder. Hay infinidad de episodios promovidos por dictaduras militares y gobiernos democráticos que apuntaron contra, no solo de la libertad de prensa y de expresión, sino también de los derechos adquiridos para la función periodística a través de los años.

Afortunadamente, la libertad de informar, de resguardar la confidencialidad de las fuentes de información, están protegidos por la Constitución Nacional reformada en 1994. No es ese el punto en cuestión, aun cuando el actual Gobierno nacional se empeñe en contradecir noticias o informes de los medios a través de una Oficina de Respuesta Oficial (ORO), algo así como una trinchera dispuesta a atajar penales desde el Gobierno.

Con ese nombre la flamante oficina, que será apenas un usuario más de X, se dispone a “desmentir” cualquier cosa que no le guste, y de paso zarandear al periodista, buchonearlo públicamente y, por qué no, causarle daño al medio periodístico. Es de público conocimiento que “desmentir” tiene un valor relativo después que se instaló la noticia -cualquiera sea-. El desmentido siempre llega tarde, y casi no tiene efecto a menos que esté impulsado desde el poder central.

La oficina digital ORO anunció que se propuso atacar lo que denomina “desinformación”, y dice en su comunicado: “La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone”. Excelente propósito, pero debe funcionar en ambos sentidos porque las mentiras se impulsan también desde el poder. La descalificación sin argumentos de una información no es suficiente, el insulto contra el mensajero es un agravante, las respuestas deben tener contenido y bases de refutación, no solamente gritos y jajaja.

Los periodistas no están preocupados por eso, quieren que nadie intente “eliminar” el Estatuto, donde varios artículos los preservan en sus derechos elementales como trabajadores de prensa, compensan la vulnerabilidad del puesto de trabajo en relación a los mandatos empresariales con instrumentos indemnizatorios elevados para reducir los despidos injustificados por conflictos profesionales o presiones de distinta índole.

Sin embargo, hay que reconocer que el estatuto ha quedado vetusto respecto de esos objetivos primordiales. Es sumamente necesaria una readecuación de sus contenidos, especialmente para proteger e incorporar a los periodistas que usan las nuevas tecnologías, entre ellas la Inteligencia Artificial. Llevar a esta ley a los requerimientos del siglo XXI. Son innumerables las previsiones que hay que tomar al respecto. Este reconocimiento no avala la eliminación del Estatuto, por el contrario, lo fortalece. Urge conservar el espíritu de protección que permite que el periodismo siga siendo el contrapoder necesario en toda democracia saludable.

Dentro del Estatuto existen cláusulas que determinan la pirámide de crecimiento profesional dentro de los medios, y hasta ahora se ha respetado en general, y también incluye algunos artículos que se refieren a los sueldos por categoría. Es, en realidad, una suerte de estatuto con convenio de trabajo incluido. Contiene valores desactualizados, ha caducado la relación dineraria con el puesto de trabajo. Esta etapa de gobierno libertario, no liberal, ha generado además una declinación apabullante en los salarios que ahora son raquíticos hasta en los más grandes medios de comunicación gráficos, radiales y televisivos. La compensación está dada por el arraigo personal a la imagen pública de los periodistas, a costa de sueldos miserables.

No se incluye en esta observación a los programas de televisión con conductores y columnistas que funcionan en base a sus preferencias políticas, oficiales u opositoras. Esos programas tienen pautas privadas, y oficiales, y sus recaudaciones provienen de negocios hábiles provenientes de las relaciones publicitarias. El trabajador de un medio gráfico no huele un centavo de esas ganancias, y en algunos casos hasta el medio periodístico tiene dificultad para recibir publicidades de gran monto. De allí que se hable, por el Estatuto, de la vulnerabilidad de los puestos de trabajo y la caída de los salarios de forma estrepitosa.

El Estatuto del Periodista Profesional Ley 12.908 nació formalmente en 1946, como ley, y han pasado 79 años desde entonces. Hubo algunas reformas, pero ninguna actualizó la herramienta a los tiempos presente y futuro. FOPEA es la institución que realmente conoce este tema y mantiene el prestigio necesario para enfocarse profesionalmente en la reforma. Los sindicatos de prensa de todo el país, nucleados dentro de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), también reclaman participar del debate y, entre otras cosas, piden modernizar la ley con la incorporación de nuevas categorías nacidas de la digitalización de las noticias, la incorporación de la inteligencia artificial, las nuevas plataformas, los streamings y las redes sociales que inciden en la circulación y consumo de noticias.

La posición adoptada por el Gobierno sobre el tema no es distinta a las ya conocidas en épocas pretéritas, incluyendo las intervenciones en los medios oficiales, como Télam, desguazada esta vez hasta su eliminación total.

Recordemos, en 1955 la dictadura militar decidió que los medios periodísticos adherentes al peronismo fueran lisa y drásticamente censurados, cerrados. Pregunta: ¿qué pasó con los periodistas profesionales y los administrativos de esos medios? Virtualmente el Estatuto del Periodista Profesional quedó congelado. Los medios tradicionales, como La Prensa, La Nación y Clarín salvaron sus papas por su rol de opositores.

El 28 de junio de 1966, cuando el general Juan Carlos Onganía dio el golpe contra el presidente Arturo Illia, implantó una censura rígida que alcanzó no solo a la prensa sino también a las expresiones culturales como el cine, el teatro y hasta la lírica, con la prohibición de la ópera Bomarzo, de Mujica Lainez y Ginastera.

El mismo 24 de marzo de 1976 la labor de la prensa quedó regida bajo el Comunicado Nº 19 que en los hechos suprimía la libertad de prensa al reprimir con la cárcel a quien difundiera actividades “subversivas” o desprestigiara a las Fuerzas Armadas o de Seguridad. Por el lapso de dos semanas funcionó dentro de la Casa de Gobierno una oficina de censura donde los responsables de las publicaciones debían acercar sus materiales para que su publicación fuera leída y autorizada. Y, en abril de 1976, la Secretaría de Prensa y Difusión emitió otro comunicado a los medios prohibiendo difundir información sobre muertes de “subversivos”, aparición de cadáveres o desaparición de personas, a menos que lo informara una fuente oficial.

Si el Gobierno de Javier Milei avanza en esas direcciones, ya se sabe cuál será el resultado. Disgusta esta memoria, solivianta los ánimos. Si los periodistas, cualquiera sea su orientación política, evitan interceder en esta cuestión, estarán haciendo el caldo gordo para que se produzca el desbande.

Es importante recordar: los gobiernos pasan, los periodistas quedan.

Nancy Sosa es socia del Club Político Argentino

El kirchnerismo está en plena retirada en la provincia de Buenos Aires, territorio sobre el que catapultaron su poder Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, pero aún resiste a través de la agrupación La Cámpora, que aceptó este sábado al gobernador bonaerense Axel Kicillof a la cabeza del PJ, aunque lo rodeó de dirigentes afines en el Congreso y la junta electoral, los principales organismos partidarios.

Es curioso, porque ambos sectores mayoritariamente se odian y sottovoce hablan pestes del otro, pero a la hora de despegarse priman más las necesidades políticas que las sensaciones humanas y políticas.

De esa forma, Kicillof será presidente del PJ desde el 15 de marzo, día en que habrá un acta de acuerdo y no una elección, como estaba previsto.

Con esa herramienta partidaria, Kicillof iniciará el “tour de la reconstrucción” del Partido Justicialista (por oposición al “tour de la gratitud” del presidente Javier Milei, en agradecimiento por el aplastante triunfo electoral de octubre, en las legislativas).

Máximo Kirchner, y la todavía jefa nacional del kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, coinciden en que ahora es el gobernador el que mueve las piezas y es el que tiene la iniciativa en el tablero político de Argentina, y por eso evita una elección, a sabiendas de la reprobación que tiene La Cámpora.

También ayudó al acuerdo algunas disidencias de los últimos tiempos entre Máximo Kirchner y algunos intendentes de su mesa chica camporista, que le critican su permanente hostilidad hacia Kicillof y, además, que si hay división en dos años La Libertad Avanza hará añicos la hegemonía peronista en la provincia de Buenos Aires.

Por eso esta vez, a diferencia del año pasado, casi no hubo voces altisonantes ni de un lado ni del otro en estos días, y Máximo cedió mansamente la conducción del PJ a cambio de pasar a encabezar el Congreso partidario y obtener la presidencia de la junta electoral.

La Cámpora ya no es la combativa de antes, aunque mantiene intacto su voraz apetito de pacman por cargos; por eso ahora readapta un dicho de esta manera: “si no puedes enfrentar a una fuerza, entonces es conveniente unirte a ella para sacar provecho”.

El acuerdo abre una expectativa inusual de cara a la posible candidatura de Kicillof a la presidencia en 2027, acompañada por el kirchnerismo.

De todos modos, mucha agua debe pasar bajo el puente, y en ese marco Kicillof deberá enfrentar debates acerca de la conveniencia de ir a una elección presidencial con aquiescencia de Cristina Fernández de Kirchner, resistida en gran parte del peronismo.

El Senado de la Nación se prepara para una de las sesiones más sensibles del período de extraordinarias. El próximo miércoles 11, desde las 11, la Cámara alta debatirá el proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, una iniciativa que el oficialismo considera central para su programa económico y que llega al recinto tras semanas de negociaciones reservadas con bloques dialoguistas y gobernadores.

La convocatoria, firmada por la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, fijó una agenda única, concentrada exclusivamente en la reforma laboral, una señal de la magnitud del debate que se espera y del interés del Gobierno por evitar que otros temas diluyan los acuerdos alcanzados hasta ahora.

Un acuerdo amplio, pero no cerrado

Desde el oficialismo aseguran contar con un consenso cercano al 95% del articulado, una cifra que se repite como mantra en los despachos libertarios, aunque con una advertencia recurrente: los cambios finales se conocerán recién en el recinto. Así lo expresó la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien encabezó las negociaciones con senadores del Pro, la UCR y fuerzas provinciales. Y que ante la consulta respecto de si están los votos para aprobar la norma, contestó de manera afirmativa, “sino, no convocaríamos a sesionar”. Bien que tengan en cuenta ese detalle.

El hermetismo no es casual. La estrategia del oficialismo apunta a llegar a la sesión con los votos contados artículo por artículo, evitando fisuras de último momento. En ese marco, varios senadores aliados admiten en privado que el texto que se debatirá no será idéntico al dictamen original, sino el resultado de concesiones técnicas y políticas acordadas en las últimas semanas.

Los ejes centrales de la reforma

Aunque el articulado definitivo permanece bajo reserva, los lineamientos generales del proyecto ya son conocidos. La iniciativa propone modificaciones estructurales a la Ley de Contrato de Trabajo, con el objetivo declarado de reducir la litigiosidad, bajar costos laborales y fomentar la formalización del empleo.

Entre los puntos más relevantes se destacan:

✅ Cambios en el régimen de indemnizaciones, con una nueva base de cálculo que excluye conceptos no habituales del salario y habilita sistemas alternativos, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un porcentaje de las contribuciones patronales.

✅ Mayor flexibilidad en el régimen de vacaciones, permitiendo su fraccionamiento en tramos no menores a siete días y habilitando acuerdos entre empleador y trabajador fuera del período tradicional.

✅ La incorporación del “banco de horas”, un esquema que flexibiliza la jornada laboral y permite compensar períodos de mayor carga horaria con descansos posteriores, reduciendo el pago de horas extras tal como se conoce actualmente.

✅ Cambios en materia sindical, como la eliminación de la cuota solidaria obligatoria y una redefinición del alcance del derecho de huelga en actividades consideradas esenciales.

Ganancias, el nudo político

Si el capítulo laboral parece encaminarse a un acuerdo amplio, el frente fiscal sigue siendo el principal escollo. En particular, la propuesta de reducir el Impuesto a las Ganancias para sociedades encendió alarmas entre los gobernadores, que advierten sobre el impacto negativo en la coparticipación.

Las negociaciones por este punto se trasladaron fuera del Senado y quedaron en manos del ministro del Interior, Diego Santilli, y del titular de Economía, Luis Caputo, quienes mantienen conversaciones directas con los mandatarios provinciales. En el oficialismo confían en destrabar este capítulo antes de la sesión, aunque reconocen que podría haber ajustes de último momento en el recinto.

El poroteo previo muestra un escenario favorable para el Gobierno, con el respaldo de senadores del Pro, la UCR y bloques provinciales. No se descarta tampoco cierto apoyo de parte del peronismo no kirchnerista. Sin embargo, el debate promete ser extenso y con discursos encendidos, especialmente desde los sectores que rechazan la reforma por considerarla regresiva en materia de derechos laborales.

El tratamiento parlamentario estará acompañado por movilizaciones sindicales. Las dos CTA ya anunciaron protestas para el mismo miércoles, mientras que la CGT ha dejado de lado un paro y solo anticipó una marcha contra la norma.

De obtener media sanción, el proyecto será girado a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aspira a tratarlo antes de fin de mes, aunque los tiempos reglamentarios y el calendario de extraordinarias podrían estirar el trámite hasta el inicio de las sesiones ordinarias.

Sucede que, como ya hemos dicho, el feriado de Carnaval impide cumplir la premisa reglamentaria de dictaminar antes de diez días antes del cierre del período correspondiente. Esto es, si fuera en período ordinario, se puede dictaminar hasta el 20 de noviembre; en este caso, el cierre de este período fue establecido por el propio Gobierno en el decreto correspondiente en el 27 de febrero, razón por la cual el plazo vence el martes 17, feriado. Quedan dos caminos: la prórroga del período extraordinario hasta el sábado 28 de febrero, o dejar la sesión de Diputados para el período ordinario.

Entrevistado por Diputados TV, el diputado Nicolás Mayoraz se hizo eco de este problema reglamentario y sugirió esta segunda alternativa, que dependerá de la decisión del Gobierno. Y la certeza de que, en caso contrario y que se prorrogue un día extraordinarias, no haya problemas para dictaminar en el plenario de Diputados ese martes 18.

Por lo pronto, la atención está centrada en lo que vaya a suceder el miércoles que viene y que el oficialismo pueda asegurarse la media sanción que, al menos de la boca para afuera, se anticipa segura.

La presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, explicó que su desembarco en ese espacio responde a que su campaña se construyó junto a los gobernadores que impulsaron la nueva fuerza y no bajo la estructura partidaria del Pro. Señaló que debía ser coherente con el mandato recibido, orientado a consolidar un ámbito federal y de gestión.

Sostuvo que la Argentina necesita una alternativa política sensata, con fuerte anclaje en la administración pública, y cuestionó la idea de que gestionar implique sostener un Estado ineficiente o, en el extremo opuesto, destruirlo. Aclaró que mientras la Nación puede tener áreas sobredimensionadas, en las provincias la mayoría del empleo público corresponde a salud, educación y seguridad, sectores donde no es viable recortar.

Recién en ese punto mencionó, en una entrevista con Ámbito Financiero, que se distanció del rumbo del Pro en los últimos años y planteó que la fuerza debería recuperar una agenda de gestión, desarrollo productivo y valores republicanos. Reivindicó transformaciones realizadas durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en materia educativa y urbanística.

Consultada sobre el presidente Javier Milei, Scaglia señaló que le resulta difícil ubicarlo dentro de un marco plenamente republicano, ya que considera que no respeta el rol de los otros poderes del Estado. Advirtió que la república se sostiene con diálogo y construcción de puentes, no con agresión, y destacó en contraste la actitud del ministro del Interior, Diego Santilli, a quien atribuyó una vocación de consenso.

Desde el plano económico, reconoció que el país atraviesa un momento muy difícil y que el esfuerzo social no se refleja en el bolsillo. Valoró el combate a la inflación, pero criticó la apertura indiscriminada de importaciones por su impacto en provincias productivas como Santa Fe. Señaló que muchas industrias arraigadas en pequeñas localidades no pueden competir no por falta de capacidad, sino por la elevada carga impositiva local.

Sobre la reforma laboral, respaldó la necesidad de modernizar el sistema y elogió medidas que, según dijo, limitan la “industria del juicio”, ordenan la vida gremial y amplían la libertad sindical. No obstante, rechazó el diseño actual del Fondo de Asistencia Laboral por su efecto sobre un sistema previsional debilitado y advirtió que la reforma no atiende el problema de fondo de las pymes, que es la carga que representan los empleados ya contratados. Agregó que la normativa no generará empleo por sí sola y que debería incluir un capítulo específico para el trabajo joven.

En uno de los pasajes más contundentes, Scaglia sostuvo que el Régimen Penal Juvenil impulsado por el Gobierno “se queda corto”. Consideró que fijar la imputabilidad en 14 años “es poco” y aseguró que muchos jóvenes se sienten utilizados por organizaciones criminales justamente porque no son punibles. Planteó que bajar la edad es una herramienta para “salvar a los pibes”, aunque advirtió que debe acompañarse con políticas sociales. Destacó el programa santafesino Nueva Oportunidad como ejemplo de intervención exitosa.

También cuestionó que el Poder Ejecutivo haya reformado la SIDE mediante un DNU. Afirmó que no objeta el contenido, pero sí la forma, y que una normativa de inteligencia no puede modificarse sin la intervención del Congreso. Recordó que Santa Fe tiene una ley similar, pero sancionada legislativamente.

Para este año, adelantó que impulsará proyectos de biocombustibles, normativas educativas y una reforma de la Ley de Salud Mental, ante el aumento de problemáticas vinculadas al área de la normativa.

El presidente Javier Milei y su hermana Karina abonan la firme sospecha de que la intempestiva renuncia de Marcos Lavagna al INDEC está asociada a una campaña que un sector de la Casa Rosada contra el líder del Frente Renovador y exministro de Economía, Sergio Massa.

“Los Milei (los violeta ‘punzó’) no creen nada en el descargo que hizo Lavagna en su carta de renuncia, sino que es por la campaña en contra que le hacen a Massa desde los medios oficialistas”, dijeron fuentes libertarias a parlamentario.com.

La súbita renuncia del economista del equipo del FR de Massa en sus tiempos de candidato presidencial cayó como balde de agua fría en el sector violeta “punzó” del área presidencial que maneja el poder.

La Casa Rosada sospecha que el escándalo que generó Lavagna al cuestionar la medición del índice de precios es una devolución de Massa por la relación que le endilgan los medios oficialistas -con pertinaz insistencia- con Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA -investigado por la justicia junto a Claudio Tapia, el presidente- y, también, por supuestos vínculos con otras causas judiciales.

Desde el FR rechazan de plano que Massa tenga que ver con Lavagna hijo y además dicen que hace mucho tiempo que no se hablan.

Lo cierto que los Milei andan con la lupa “punzó” buscando vínculos y contactos de Massa con funcionarios de La Libertad Avanza.

Y miran de reojo y enojados al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien le achacan no haber manejado bien el tema con Lavagna y lo mandaron a todos los medios oficiales a dar la cara.

La renuncia/denuncia de Lavagna detonó la confianza del INDEC y la médula del programa económico, que se basa en bajar la inflación, de acuerdo con el variopinto espectro de economistas oficialistas y opositores.

Es que ese capítulo justamente, con el índice de diciembre, está en duda porque se cree que es imposible que en agosto se llegue a la inflación “cero”, como prometió Milei en campaña electoral el año pasado.

Ahora estaba anunciado que el 10 de febrero regiría un nueva medición de la inflación, que hará más eje en el aumento de los servicios, en un momento en que el Gobierno tiene previstos fuertes aumentos para este año.

La nueva medición en base a la ENGHo 2017/2018 está lista desde fines de 2024, pero se decidió no ponerlo en ejecución en 2025 en un año de elecciones.

El momento entonces era ahora y se puso fecha -10 de febrero- pero la posibilidad de que escale la inflación causó temor al área presidencial violeta “punzó” y los Milei le ordenaron al ministro de Economía que la suspenda.

Claro, la repentina medida, que afecta al corazón económico de La Libertd Avanza, corrió como reguero de pólvora en todos los ámbitos económicos, la bolsa, el riesgo país y la política, y causó estupor.

Un sector muy crítico de la medida es el Pro, un socio aliado estratégico del Gobierno, que en la voz del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, consideró que lo importante” es que la controversia respecto a la metodología de medición que utiliza el INDEC “se aclare rápido” porque está en juego la “confianza” en la economía.

“Lo importante es que esto se aclare rápido y se vaya para adelante. Porque hay algo relevante, que es la confianza, imprescindible para que el riesgo país siga bajando, para que haya inversiones, que permitan generar trabajo, para que este mejor la clase media”, subrayó el jefe de Gobierno.

La conversación digital en torno al presidente Javier Milei registró en enero un nuevo saldo positivo, el cuarto consecutivo, en un mes atravesado por dos agendas contrapuestas: por un lado, la internacional, que funcionó como refugio y fue impulsada por comunidades oficialistas; por otro, los incendios en la Patagonia, que se constituyeron en la principal fuente de críticas, en un volumen y una intensidad que la Casa Rosada no consiguió revertir.

El informe de la consultora Ad Hoc muestra que Milei acumuló 6,6 millones de menciones en el mes, con un sentimiento promedio 47 por ciento positivo, 45 por ciento negativo y 8 por ciento neutro. La actividad de las comunidades afines dentro y fuera del país se concentró en amplificar la agenda presidencial, especialmente sus participaciones en Davos y su vínculo con Donald Trump, que volvió a ser uno de los ejes centrales de la conversación global.

El contrapunto lo marcaron los incendios en el sur, que generaron dos millones de menciones, casi todas con tono crítico. Fue la única discusión que escapó al control de las comunidades oficialistas y que se impuso por sobre el resto de los temas. Milei fue señalado como responsable político por su presunta inacción, mientras que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue junto a Milei la figura política más mencionada, criticándoselo por afirmar antes de tiempo que los incendios estaban controlados: registró 131.982 menciones, cuestionándosele también su respaldo al Presupuesto 2026.

La conversación alrededor del Presidente estuvo atravesada por un fuerte componente internacional: una de cada cinco menciones sobre Milei fue en idiomas extranjeros, y las comunidades digitales aliadas en el exterior tuvieron un rol decisivo para instalar contenidos positivos en torno a su figura. Trump, en particular, volvió a ocupar un lugar hegemónico en las redes: según el relevamiento, en el último año acumuló más de 340 millones de menciones, lejos del resto de los líderes globales y muy por encima de las 65 millones registradas por Milei en el mismo período.

Esa presencia no se tradujo solo en apoyo. Ad Hoc detectó la aparición y consolidación de dos corrientes de conversación agresivas: una islamófoba y otra con tintes antisemitas. La discusión sobre el Islam, motorizada principalmente por la comunidad libertaria, multiplicó por diez su volumen en diciembre respecto del promedio mensual. En paralelo, la narrativa vinculada al llamado Plan Andinia —una teoría conspirativa que postula la intención de crear una colonia judía en la Patagonia— creció de manera abrupta, alimentada por rumores que circularon durante los incendios y que derivaron en picos de búsquedas en Google en provincias del sur entre el 6 y el 13 de enero.

Aun con ese marco conflictivo, el Gobierno consiguió sostener una agenda digital favorable. Los picos de conversación positiva provinieron de actividades oficiales y cruces con actores de la política local, como el enfrentamiento con Paolo Rocca, que elevó las menciones a Techint al nivel más alto del último año y resultó funcional para reforzar el encuadre oficialista. Entre los temas que aportaron más positividad figuraron Venezuela, Davos, la inflación, la pobreza y la agenda del equilibrio fiscal.

El informe concluye que, aunque los incendios funcionaron como una “mancha de negatividad” que atravesó todo el mes, la Presidencia logró mantener el control del resto de la conversación, con un claro protagonismo de las comunidades internacionalistas y una disputa discursiva profundamente polarizada. En esa dinámica, Milei cerró enero con un saldo digital positivo aunque ajustado, sostenido por la movilización oficialista y por una creciente articulación con audiencias extranjeras.

El reciente fallo que condenó al ex juez federal Walter Bento por asociación ilícita, coimas, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tras comprobarse que utilizó su cargo para obtener beneficios económicos ilegítimos a cambio de decisiones judiciales, pone de manifiesto la urgencia de abordar no solo el castigo de la corrupción, sino también sus causas estructurales.

Un sistema judicial íntegro requiere no solo controles institucionales eficaces, sino también remuneraciones que aseguren condiciones dignas de vida para quienes integran el Poder Judicial. La literatura comparada y la experiencia empírica demuestran que salarios insuficientes -especialmente en el tratamiento de causas sensibles o donde la libertad del imputado se encuentra en juego-, se convierten en un factor de riesgo para prácticas de cohecho y conductas colusorias.

Cuando funcionarios y empleados judiciales perciben haberes deteriorados, aumenta la tentación de complementar ingresos mediante conductas contrarias a la legalidad, particularmente en ausencia de mecanismos de protección salarial sólidos. Esto se evidencia no solo en los altos cargos sino en todas la escala de funcionarios judiciales, los cuales tienen mas poder y decisión sobre ciertas decisiones de lo que la gente percibe.

Esta problemática se evidencia con claridad en la provincia de Buenos Aires. Conforme la Escala Salarial 2025, un juez de primera instancia percibió en julio de básico aproximadamente $1.362.686, un juez de Cámara alrededor de $1.583.827 y un ministro de la Suprema Corte cerca de $2.307.561.

Si bien estos montos pueden parecer elevados en términos nominales, resultan modestos si se consideran la magnitud de las responsabilidades institucionales, el poder que tienen sobre las personas sujetas a proceso,  y la brecha existente respecto de magistrados del fuero federal o profesionales de similar jerarquía en el ámbito privado.

La situación es aún más crítica en los niveles inferiores del escalafón judicial: un auxiliar de tercera categoría percibe alrededor de $533.222, mientras que un oficial 4º ronda los $620.899. Estos ingresos, apenas permiten sostener condiciones de vida dignas, pese a tratarse de agentes que tramitan causas sensibles, administran información reservada y participan en decisiones que impactan directamente en derechos fundamentales.

Este desfase entre la enorme responsabilidad institucional y una remuneración progresivamente degradada no solo afecta la independencia económica de los operadores judiciales, sino que incrementa la vulnerabilidad del sistema frente a presiones externas y ofertas ilícitas. Sin justificar conductas delictivas, resulta evidente que la precarización salarial genera un entorno más propicio para la corrupción.

El propio caso Bento, al revelar la existencia de redes de cobros ilegítimos dentro de un juzgado federal, debe interpretarse como una advertencia sobre la necesidad de fortalecer la valoración profesional y económica de la función judicial. Garantizar salarios adecuados no constituye un privilegio corporativo, sino una política pública esencial de prevención institucional.

En síntesis, el combate efectivo contra la corrupción judicial no puede limitarse a sanciones penales posteriores, sino que debe incluir políticas estructurales orientadas a asegurar remuneraciones justas, condiciones laborales dignas y verdadera independencia económica. Un Poder Judicial mal pago es un Poder Judicial vulnerable; uno debidamente remunerado es más autónomo, profesional y menos permeable a prácticas ilícitas.

Mediante el decreto de necesidad y urgencia 88/2026, el Poder Ejecutivo dispuso la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la creación de dos nuevas entidades diferenciadas de cobertura sanitaria: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG). La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y ya entró en vigencia.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete, se fundamenta en la “situación de desequilibrio financiero persistente” que atraviesa el IOSFA, atribuida al aumento sostenido de los costos médico-asistenciales, la heterogeneidad del padrón de afiliados y la dispersión territorial de la cobertura.

A partir de la nueva normativa, el sistema de salud se reorganiza en función de la dependencia ministerial de cada fuerza. Por un lado, se crea la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) como ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Defensa, destinada a brindar cobertura al personal militar. Por otro, se conforma la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, para atender al personal de la Gendarmería Nacional Argentina y la Prefectura Naval Argentina.

Según el Ejecutivo, ambas fuerzas de seguridad presentan “características funcionales, operativas, demográficas y laborales sustancialmente distintas” de las Fuerzas Armadas, lo que justificaría la separación de los universos prestacionales y la creación de esquemas específicamente diseñados para cada uno.

Disolución del IOSFA y período de transición

El decreto ordena el inicio del proceso de disolución y posterior liquidación del IOSFA, que deberá completarse en un plazo máximo de 365 días corridos. Durante ese período de transición, se garantizará la continuidad de las prestaciones médicas, especialmente para los afiliados que estén recibiendo tratamientos que no puedan ser interrumpidos.

El Ministerio de Defensa designará a un administrador con amplias facultades para llevar adelante el proceso de liquidación, asistido por una Comisión Especial Ad-Hoc integrada por representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía, y con control de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Además, el personal del IOSFA perteneciente a Gendarmería y Prefectura que se encuentre en comisión o adscripto deberá regresar a sus organismos de origen.

El decreto fija plazos diferenciados para la transferencia definitiva de afiliados. En el caso de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa deberá notificar el traspaso a la OSFA dentro de los 60 días corridos desde la entrada en vigencia del DNU. Para las Fuerzas Federales de Seguridad, el Ministerio de Seguridad contará con un plazo de 180 días corridos para concretar el traspaso a la OSFFESEG.

Una vez efectuada la transferencia, cesarán los aportes al IOSFA y la cobertura asistencial quedará exclusivamente a cargo de las nuevas obras sociales.

El Ejecutivo justificó el dictado del DNU en la imposibilidad de esperar los tiempos del trámite legislativo ordinario, al considerar que el deterioro financiero del IOSFA podría derivar en una afectación “actual o inminente” del derecho a la salud de los afiliados.

En ese marco, el decreto invoca las facultades previstas en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y remite la norma a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez conforme a la Ley 26.122.

Paralelamente al envío hecho por el Poder Ejecutivo del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea al Congreso de la Nación, miembros del Gobierno confirmaron que también será remitido al Parlamento el convenio que acaba de ser suscripto con Estados Unidos.

Según la Oficina del Presidente, el acuerdo firmado “consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras  para el intercambio internacional, y en una mirada moderna de la complementariedad comercial”.

El texto del comunicado que lleva la firma del presidente Javier Milei puntualiza que el acuerdo será remitido al Congreso para su correspondiente tratamiento, conforme lo establecido por la Constitución Nacional. “El Presidente de la Nación confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes”, señala el comunicado.

El acuerdo, indica el texto, “tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología”.

El gobernador bonaerense y líder del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Axel Kicillof, desistió de romper con Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner y negocia una lista conjunta para renovar el PJ bonaerense, convocando a elecciones para el 15 de marzo, a la par de que cavila si encabeza la lista o impulsa a su vicegobernadora Verónica Magario.

El martes hubo una reunión de ambos sectores en la que acordaron que el MDF encabezará ahora el PJ bonaerense y suplirá a Máximo Kirchner, cuestionado desde el kicillofismo por “inacción” y “errores en la estrategia electoral” el año pasado.

En principio, acordaron que el MDF encabece ahora el PJ bonaerense y no hay consenso en quién será el líder -el kirchnerismo quiere a Kicillof y éste resiste y postula a Magario, según supo parlamentario.com-.

Tampoco hay coincidencia sobre la distribución de cargos, ya que el Movimiento Derecho al Futuro quiere preeminencia y el kirchnerismo pide 50 y 50% de las acciones partidarias.

Además, como moneda de cambio, las huestes de Máximo Kirchner demandan que el Congreso partidario, que determina las alianzas electorales, sea encabezado por un kirchnerista/camporista. Es decir, quieren una distribución en espejo similar a la resuelta para el PJ bonaerense, de modo de quedar en iguales condiciones de cuotas de poder.

El problema es que la coincidencia entre ambos sectores -que ya desde hace casi un año disputan palmo a palmo la hegemonía peronista en la provincia de Buenos Aires- será dificultosa. Sobre todo que baje a los 135 PJ distritales, donde en muchos casos el enfrentamiento es feroz y no tiene retorno.

El 8 de febrero es la fecha en que se sabrá si hay consenso total o no, y si esta vez se volverá a cortar la energía eléctrica o si habrá alguna postergación (como ocurrió en el cierre de listas para las elecciones de septiembre).

Por el lado del kirchnerismo, negocian el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara; el hiperkirchnerista presidente del bloque del PJ, Facundo Tignanelli; el legislador Juan Pablo De Jesús y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

Enfrente, el Movimiento Derecho al Futuro llevó al encuentro al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; al de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y a la vicegobernadora Verónica Magario y el diputado Mariano Cascallares.

La decisión de Kicillof de no romper relaciones con Cristina y Máximo, como le vienen pidiendo los intendentes del MDF cada vez con mayor vehemencia y frecuencia, generó una bronca contenida en parte de la dirigencia kicillofista.

Pero casi todos -la mayoría a regañadientes- aceptan que en las condiciones actuales de crisis económica es casi imposible ir a una elección partidaria que “solo le importa a unos pocos, no a la gente común”.

Es que el conurbano bonaerense es uno de los sectores más afectados por la crisis económica y el cambio de matriz productiva desde 2023, con la llegada del presidente Javier Milei, y la dirigencia evalúa innecesaria la movilización y el gasto que implicaría un comicio partidario.

De esa forma, pese a que el enfrentamiento no tiene fin, ambos sectores convivirán en las estructuras partidarias y dejan así para el año que viene una resolución de cómo se elegirá el sucesor de Kicillof y si el gobernador será apoyado por Cristina y Máximo Kirchner en su carrera presidencial para lidiar en elecciones con Milei, quien ya adelantó que irá a la reelección.

La Argentina tuvo presencia institucional en la VII Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión, realizada en el Parlamento Europeo, que congregó a 250 líderes políticos, legisladores, magistrados, académicos y referentes cívicos de más de 35 países. El país estuvo representado por la vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, y los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio.

El encuentro fue organizado por Political Network for Values (PNfV), junto al grupo parlamentario European Conservatives and Reformists (ECR), con la colaboración de Patriots for Europe (PfE), y reunió a integrantes de los principales espacios conservadores y reformistas de Europa.

La cumbre fue clausurada por el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, junto a Mateusz Morawiecki y Santiago  Abascal, presidentes de los partidos ECR y PfE, respectivamente. En ese marco, Kast llamó a construir una alianza internacional para defender la libertad, el sentido común y los valores fundamentales. “Defender la libertad es un acto de coraje y una responsabilidad histórica”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre las consecuencias sociales y políticas de debilitar pilares como la familia, la conciencia individual y la democracia.

Durante su intervención, el diputado Nicolás Mayoraz alertó sobre los riesgos de las regulaciones que avanzan sobre el debate público y el rol creciente de las plataformas digitales como moderadoras de contenidos. “La libertad de expresión es un derecho fundamental anterior al Estado. Nuestra responsabilidad como legisladores no es controlar el debate público, sino protegerlo”, sostuvo, y cuestionó el rol de los burócratas en la definición de qué se considera desinformación.

Por su parte, el diputado Santiago Santurio cuestionó el uso del concepto de “discurso de odio” como herramienta para restringir libertades. “Antes se hablaba de libertad de expresión y ahora de discurso de odio. Lo que se pretende es cancelar la posibilidad de decir la verdad, mientras se disputa el control del discurso y la narrativa pública”, señaló.

A su turno, Clara Muzzio vinculó la defensa de la libertad de expresión con la dignidad humana y su experiencia personal como madre de un niño con síndrome de Down. “Tenemos que luchar por la libertad de los padres para amar y cuidar a sus hijos. Creo en la legalidad de la palabra y en la existencia de una verdad objetiva, biológica y científica”, expresó, y sostuvo que el nacimiento de su hijo “no fue un error, sino una expresión de libertad y amor”.

La jornada concluyó con la lectura de una Declaración de 40 jóvenes de 22 países, participantes de la Cumbre, quienes exhortaron a los dirigentes a impulsar una hoja de ruta común en favor de la libertad de expresión y se comprometieron a “vivir en la verdad y optar por la valentía en lugar del silencio”.

Además de los referentes argentinos, participaron eurodiputados de distintos bloques, legisladores nacionales de América, Europa y África, magistrados, periodistas, académicos y representantes de organizaciones internacionales vinculadas a la defensa de la dignidad humana y los valores fundamentales.

A propósito de la información publicada el 31 de enero pasado respecto de la realización de la VII Cumbre Transatlántica que reunió a dirigentes políticos, líderes cívicos y especialistas de América, África y Europa, para debatir sobre los desafíos actuales para el ejercicio de la libertad de expresión, cabe aclarar que la senadora del Grupo Parlamentario del PAN Michel González Márquez no participó del mismo, como se había consignado en este medio.

La propia legisladora lo aclaró a parlamentario.com, señalando que se encuentra desarrollando con normalidad sus actividades legislativas en el Senado de la República. Desde la organización del evento, de donde provino la información, señalaron que, en efecto, González Márquez había cancelado su participación por razones legislativas, cuando ellos ya habían difundido la información de prensa.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reafirmó su perfil de gestor a pie juntillas del “control del orden y el espacio público” y, en ese marco, renovó sus críticas al dirigente social y diputado nacional peronista Juan Grabois, a quien le endilga haber usurpado decenas de propiedades y crear comedores fantasmas que su administración está restituyendo a sus verdaderos dueños en la Ciudad de Buenos Aires.

El embate contra el polémico dirigente social -motorizador de protestas callejeras ruidosas y de lengua filosa- se enmarca en una política histórica del Pro, pero también parece acentuarse en momentos en que La Libertad Avanza (LLA) también propugna lo mismo.

La voz cantante en LLA es la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio y expresidenta del Pro, la senadora Patricia Bullrich, quien dio el puntapié inicial de salto con garrocha al espacio violeta ni bien perdió la elección y apoyó a Javier Milei en el balotaje.

Bullrich, en su gestión de dos años como ministra de Seguridad, impuso un protocolo estricto --a veces con represión--a las protestas callejeras y terminó con las que realizaban los piqueteros en la avenida 9 de Julio.

Sin embargo, sus posibilidades de ser candidata a jefa de Gobierno son escasas, porque la jefa partidaria de La Libertad Avanza, Karina Milei quiere a un dirigente violeta “punzó” y no un amarillo violáceo.

En su embate contra Grabois, Macri resaltó que en su gestión se están ocupando de un tema que le preocupa a los vecinos, y que se le plantea en las reuniones, como son las intrusiones y usurpaciones problema, que precisó que él puso en su agenda como “prioridad”.

Incluso diferenció esa agenda prioritaria de la de sus antecesores del Pro, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, con dos períodos cada uno.

En el caso de Mauricio Macri, su primo jefe de Gobierno le bajó el tono porque, aclaró, tuvo como “prioridad” enfrentar el problema de las inundaciones.

Jorge Macri. en una publicación en su cuenta personal de X, expuso la situación con Grabois en una publicación en X en la que denunció la existencia de “comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios” por parte del diputado nacional peronista.

“El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois. Acá en la Ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso”, dejó en claro Macri, en las redes sociales.

Y punzante, Grabois le retrucó: Y vos Jorge Macri, resentido corrupto de Vicente López, parece que estás un poquito obsesionado con hacerte el gallito porque Milei te copó la derecha política”, en una publicación también en la red social X.

“Un Macri trucho no puede hacer otra cosa que una denuncia trucha”, ironizó asimismo y la emprendió también también contra la ministra de Capital Humano de La Libertad Avanza, Sandra Pettovello, a quien calificó “señora repugnante y mentirosa”.

Ni lerda ni perezosa, la ministra Pettovello cruzó a Grabois, al tiempo que apoyó al jefe de Gobierno porteño en su política de recuperar espacios usurpados.

Respecto del vínculo del diputado con su cartera, recordó la funcionaria del presidente Javier Milei que ni bien asumió, en diciembre de 2023, encontró los papeles de la administración 'patas para arriba' y se detectaron irregularidades en la revisión en la entrega de los alimentos a comedores y merenderos.

Grabois, por su parte, salió con los tapones de punta contra Macri y, tras anticipar que iniciará acciones legales, planteó que las “denuncias sin pruebas tienen un objetivo politiquero: intentar recuperar electorado de derecha que ya no les pertenece”.

El diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto de Régimen Permanente de Formalización Laboral, Protección Integral del Trabajo y de la Producción, orientado a reafirmar la centralidad del trabajo como derecho humano fundamental y a establecer un dique normativo frente a cualquier intento de regresión en materia de derechos laborales. Esta acción parlamentaria se da en el marco del debate por la reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo. “La modernización laboral que exige el siglo XII va de la mano con más derechos. Hay que saltar la trampa de la falsa dicotomía que plantea el gobierno nacional”, indicó Valdés.

El proyecto reafirma el carácter de orden público social del Derecho del Trabajo, impide su degradación normativa y garantiza que el progreso tecnológico y productivo no se realice a costa de la dignidad de las personas que trabajan. “El trabajo no es una mercancía ni una variable de ajuste, sino el eje estructurante de la justicia social, la cohesión democrática y el desarrollo productivo”, señaló Valdés.

El proyecto aborda además uno de los desafíos más relevantes del siglo XXI: el trabajo en plataformas digitales. En este sentido, se propone establecer una presunción de laboralidad cuando existan elementos de dirección, organización o control —incluido el control algorítmico—, reafirmando la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo y el principio de primacía de la realidad. “Vamos a impedir que la innovación tecnológica sea utilizada como mecanismo de evasión de responsabilidades laborales, priorizando la registración efectiva, la protección social y la transparencia en los sistemas digitales de gestión del trabajo”, aseguró Valdés.

Finalmente, la iniciativa propone un enfoque integral para combatir la informalidad estructural a través de la articulación de políticas laborales con herramientas de protección social tales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como instrumento transitorio de transición al trabajo formal; la actualización del Sueldo Anual Complementario (SAC o aguinaldo) y un régimen moderno de licencias laborales basado en la corresponsabilidad en las tareas de cuidado.

El proyecto de ley presentado por Valdés representa una propuesta coherente y de largo plazo, tal lo indicó su autor: “No proponemos una reforma aislada ni fragmentaria, sino la construcción de un sistema normativo coherente, orientado a formalizar, proteger e integrar, preservando las conquistas históricas del Derecho del Trabajo argentino y proyectándolas hacia los desafíos del siglo XXI. Se trata de una ley que afirma que no hay justicia social sin trabajo digno, ni producción sostenible sin derechos laborales efectivos”.

Valdés se refirió los antecedentes históricos que toma el proyecto: “Buscamos recuperar y actualizar el Decálogo de los Derechos del Trabajador de 1947, posteriormente incorporado al constitucionalismo social argentino. Este decálogo consagró por primera vez en forma expresa un conjunto de derechos que hoy integran el núcleo duro del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, entre ellos el derecho al trabajo, a una retribución justa, a la capacitación, a condiciones dignas y seguras, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la familia y a la defensa de los intereses profesionales”, indicó el diputado de Unión por la Patria.

Conforme lo que establece el reglamento del Senado, la Presidencia de la Cámara alta convocó este miércoles a la sesión preparatoria que tendrá lugar el próximo martes 24 de febrero a las 12.

En efecto, el reglamento de la Cámara alta establece en el artículo 1° que es “el 24 de febrero de cada año o el día inmediato hábil anterior en caso que sea feriado”, el día elegido para realizar sesiones preparatorias a fin de designar autoridades y fijar los días y horas de sesiones ordinarias. Ese mismo artículo indica que esas fechas pueden ser alteradas  por decisión de la Cámara, por lo que llegó a especularse el año pasado con la posibilidad de que el Senado terminara realizando su sesión preparatoria en diciembre pasado. Eso no sucedió.

En la sesión preparatoria se deberá elegir por mayoría absoluta un presidente provisional, un vicepresidente, un vicepresidente 1° y un vice 2°.

En la actualidad el puntano de La Libertad Avanza Bartolomé Abdala ocupa la presidencia provisional, segundo escalón en la línea sucesoria, y es quien sería reelecto para el cargo, según ha trascendido.

La vicepresidencia se encuentra vacante, ya que la neuquina de Unión por la Patria Silvia Sapag ya no es senadora; mientras que la vice primera es la radical Carolina Losada y la vice segunda la cordobesa Alejandra Vigo.

También se elegirán los secretarios administrativos y parlamentarios, siendo el secretario administrativo Alejandro Fitzgerald, elegido en la sesión de noviembre del año pasado en la que asumieron los nuevos senadores. Agustín Giustinian es secretario Parlamentario; en tanto que Lucas Clark y Dolores Martínez ocupan las prosecretarías Administrativa y Parlamentaria, respectivamente.

Manuel Ignacio Chavarría es el prosecretario de Coordinación Operativa.

La mesa política del Gobierno ratificó este miércoles que la reforma laboral llegará al Senado sin modificaciones, aun cuando los gobernadores –incluidos algunos aliados– insistían en revisar la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades, por su impacto sobre los recursos coparticipables. La decisión se tomó en un encuentro reservado encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la planta baja de la Casa Rosada.

La determinación terminó de cristalizarse en un contexto que el oficialismo leyó como favorable: la desactivación de la reunión de mandatarios provinciales prevista para este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones. En Balcarce 50 atribuyen la suspensión a gestiones directas del ministro del Interior, Diego Santilli, que multiplicó contactos en las últimas horas y mantuvo reuniones con gobernadores de distintas provincias.

El encuentro político reunió a Adorni, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; los ministros Santilli y Luis “Toto” Caputo; el presidente de Diputados, Martín Menem; el asesor Santiago Caputo; Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem. Como en las últimas reuniones, también participó la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Según coincidieron varios asistentes, por ahora predomina la postura del “ala dura” integrada por los Caputo, que rechaza cualquier alteración del esquema de Ganancias incluido en el proyecto. En esa línea, aseguran que solo podrían admitirse ajustes de forma, pero no de fondo. El sector negociador –que encabezan Bullrich, Santilli y Martín Menem– mantiene una posición más flexible ante los reclamos de las provincias, aunque por ahora quedó en minoría.

En el Gobierno insisten en que la reducción del tributo será beneficiosa incluso para los distritos, porque la reactivación económica posterior ampliaría la recaudación general. También descartaron de plano la posibilidad de coparticipar el Impuesto al Cheque, otra de las demandas planteadas por algunos mandatarios.

Mientras tanto, en el Senado se oficializó el pedido de tratar la reforma laboral el miércoles próximo. Bullrich aseguró que el paquete está “cerrado en un 95%”, aunque dentro del propio oficialismo reconocen que la discusión sobre Ganancias será el punto más sensible del debate.

Durante la tarde, Santilli volvió a reunirse en la Casa Rosada con el gobernador correntino Juan Pablo Valdés, acompañado por Adorni. Según Interior, repasaron el paquete de reformas que el Congreso abordará en sesiones extraordinarias. El Gobierno busca llegar al recinto con un acuerdo lo más amplio posible, pero con la premisa firme de no tocar el corazón fiscal de la iniciativa.

Organizada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y FATPREN, se realizó este miércoles en las puertas del Senado una conferencia de prensa para rechazar la derogación del Estatuto del Periodista, contenida en el proyecto de reforma laboral.

Participaron del encuentro los senadores nacionales del bloque Justicialista José Mayans, Florencia López, Mariano Recalde, Carlos Linares y María Teresa González, como así también los diputados del Frente de Izquierda Romina del Plá, Néstor Pitrola y Myriam Bregman, además de Gabriel Solano y Vanina Biasi. Entre los representantes de trabajadores de prensa, estuvieron Alejandro Bercovich, Mariano Obarrio, David Cayón, Silvia Mercado, Claudia Acuña y Nancy Pazos, entre otros.

Precisamente esta última calificó al Gobierno nacional como “un régimen” y señaló que “el propio (Javier) Milei está acercándose a situaciones que incomodan a los propios que lo quieren defender”. Asimismo, hizo una enfática defensa del Estatuto del Periodista, “hoy y siempre”, y aclaró que “no somos necios”, remarcando la disposición a “dialogar y obviamente acompañar los procesos que tengan que ver con un país donde cada vez tengamos más democracia y no menos”.

“Hubo un tiempo donde los periodistas no nos reconocíamos laburantes. El Estatuto del Periodista nace porque en realidad nuestros primeros pares creían que hacen un laburo intelectual  y por ende eran casi pares de los dueños de los medios. Cuando los medios se transforman en medios comerciales al que hay que darle libertad es al laburante, que somos nosotros los que garantizamos la pluralidad de opiniones”, agregó.

En tanto, Agustín Lecchi, titular de SiPreBA, señaló que como gremio rechazan la reforma laboral, pero más de 3.000 periodistas vienen rechazando la derogación del Estatuto del Periodista y por eso firmaron una solicitada que fue leída durante la reunión. Aclaró también que mantendrían este miércoles por la tarde una reunión con el bloque radical del Senado, como así también encuentros con representantes provinciales, espacios que están dispuestos a acompañar al oficialismo en la aprobación de la ley.

Por su parte, el periodista Alejandro Bercovich destacó: “Lo que estamos presentando es una solicitada que lleva las firmas de colegas de un amplísimo espectro político, ideológico, analítico, de pensamiento”. En esa línea, indicó que “mirando los apellidos uno se da cuenta hasta qué punto está en juego la libertad de expresión si se deroga el Estatuto del Periodista”.