La producción de petróleo en Vaca Muerta volvió a marcar un récord en mayo y confirmó el peso creciente del shale en la matriz energética argentina. Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, la formación alcanzó los 626.500 barriles diarios, un 38,3% más que en igual mes del año pasado, con el no convencional explicando el 99,4% de ese volumen.

El salto productivo consolidó a Vaca Muerta como el principal motor de la industria petrolera nacional. De los 893.200 barriles diarios que produjo el país durante mayo, el 70% provinieron de desarrollos no convencionales.

Sin embargo, detrás del récord general se destacó un fenómeno particular: el avance de Pluspetrol en el ranking de los pozos más productivos de la formación. Según un informe de la consultora GtoG Energy Consulting, el área Bajo del Choique-La Invernada concentró cuatro de los diez pozos con mayor producción de petróleo del país durante el mes.

El caso más sobresaliente fue el del pozo PCN.Nq.BdC-1008(h), ubicado en esa área de la Cuenca Neuquina. Durante su primer mes completo de actividad produjo 2.639 barriles diarios y se convirtió en el pozo de shale oil más productivo de Argentina en mayo.

La misma área se quedó además con el segundo y tercer lugar del ranking. El pozo PCN.Nq.BdC-1005(h) registró una producción de 2.422 barriles diarios, mientras que el PCN.Nq.BdC-1004(h) alcanzó los 2.240 barriles por día. El podio fue completado por un desarrollo de Pampa Energía en Rincón de Aranda.

Los resultados muestran una realidad que no siempre coincide con los rankings de producción total. Aunque YPF mantiene un liderazgo holgado como principal productora de petróleo no convencional del país, la petrolera estatal no logró dominar la tabla de los pozos individuales de mayor rendimiento.

De hecho, ocho de los diez pozos de shale oil más productivos de mayo pertenecieron a empresas distintas de YPF. Además, todos esos desarrollos tienen menos de seis meses de producción, una señal del elevado rendimiento que están mostrando las campañas más recientes de perforación.

El informe también destaca el avance de Pampa Energía, que logró posicionar dos pozos de Rincón de Aranda entre los de mejor desempeño de Vaca Muerta. YPF, por su parte, aportó dos desarrollos desde La Angostura Sur, una de las áreas históricamente más relevantes de la formación.

Entre las sorpresas del mes aparece Phoenix Global Resources. La compañía logró ubicar uno de sus pozos de Confluencia Norte, en Río Negro, entre los de mayor productividad del país, ampliando la geografía de los desarrollos de alto rendimiento más allá del núcleo tradicional neuquino.

Aun así, el gran foco de atención continúa siendo Bajo del Choique-La Invernada. Con cuatro pozos dentro del top ten nacional, todos operados por Pluspetrol, el bloque se consolidó como uno de los desarrollos más dinámicos y prometedores de la actualidad en Vaca Muerta.

Cuando se analiza la producción acumulada por área, el liderazgo sigue en manos de los bloques históricos. Loma Campana, operada por YPF, encabeza el ranking con 89.000 barriles diarios. Detrás se ubican La Amarga Chica, con 78.500 barriles, y Bandurria Sur, con 64.200 barriles diarios.

Bajo del Choique-La Invernada aparece más atrás, en el séptimo lugar, con una producción de 28.700 barriles diarios. El volumen representa el 4,6% de todo el petróleo no convencional producido en el país, aunque su desempeño por pozo la posiciona como una de las áreas con mayor potencial de crecimiento.

Según la consultora, apenas 20 áreas explican el 89% de todo el shale oil argentino. En ese contexto, el denominado hub central de Vaca Muerta, integrado por La Amarga Chica, Loma Campana, Bandurria Sur y Bajada del Palo Oeste, continúa siendo el principal núcleo productivo, con 268.000 barriles diarios.

La diferencia entre el ranking por áreas y el de productividad individual ayuda a explicar el creciente protagonismo de Bajo del Choique. Aunque todavía está lejos de los grandes campos en volumen acumulado, sus pozos más recientes están mostrando rendimientos superiores a los de muchos desarrollos maduros de la formación.

En el plano empresarial, YPF conserva una posición dominante con una producción de 320.500 barriles diarios de shale oil, equivalente al 51% del total nacional. Vista Energy ocupa el segundo lugar con 82.200 barriles diarios y una participación cercana al 13%.

Pluspetrol, sin embargo, continúa acortando distancias. Si se suman los volúmenes de Pluspetrol y Pluspetrol CN —la sociedad que administra los activos adquiridos a ExxonMobil— la compañía alcanza cerca de 58.000 barriles diarios y se posiciona como la tercera mayor productora de petróleo shale de la Argentina.

El informe concluye que el crecimiento de Vaca Muerta continúa apoyándose en las campañas más recientes de perforación. Los pozos perforados durante 2025 y 2026 ya explicaron el 60,7% de la producción de shale oil registrada en mayo. Al incorporar los desarrollos de 2024, la participación asciende al 77,6%.

Para los analistas, ese dato refleja una de las características centrales del shale: sostener el crecimiento requiere una actividad de perforación permanente, capaz de compensar el declino natural que experimentan los pozos con el paso del tiempo.

Una delegación integrada por 30 intendentes de distintas localidades de Río Negro visitó las obras del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada, cerca de Sierra Grande, donde pudo constatar el avance de una de las inversiones energéticas y de infraestructura más importantes de la Argentina.

La recorrida comenzó en el Centro de Informes Turísticos de Sierra Grande, donde funcionarios provinciales brindaron una presentación sobre los objetivos estratégicos del emprendimiento, su alcance técnico y el estado de ejecución de las obras. Posteriormente, la comitiva se trasladó a la Terminal Punta Colorada para observar en terreno los trabajos que se desarrollan tanto en la infraestructura terrestre como en la marítima.

El complejo está diseñado para convertirse en una pieza clave de la logística petrolera nacional. Una vez operativo, permitirá la carga de buques de gran porte destinados a la exportación de crudo hacia los mercados internacionales, fortaleciendo la salida de la producción proveniente de Vaca Muerta.

Durante la visita, los jefes comunales inspeccionaron la construcción de los tanques de almacenamiento que formarán parte de la terminal. De acuerdo con datos oficiales, cada uno tendrá una capacidad de 750.000 barriles, lo que los convertirá en los de mayor volumen del país.

El impacto económico y laboral del proyecto ya comienza a reflejarse en la región. Actualmente, la obra emplea a más de 1.500 trabajadores en distintos frentes de construcción, de los cuales cerca del 80% pertenece a Río Negro. En Sierra Grande, uno de los puntos neurálgicos del emprendimiento, más de 600 vecinos participan de manera directa en las tareas, según precisó la intendenta Roxana Fernández.

La visita fue encabezada por el ministro de Gobierno y Trabajo de Río Negro, Agustín Ríos, quien destacó el valor estratégico de la iniciativa para el desarrollo provincial.

“VMOS representa la decisión de un Río Negro que eligió un rumbo claro, apostando al desarrollo, al empleo y a las oportunidades para las próximas generaciones”, afirmó el funcionario. Además, sostuvo que la magnitud del proyecto trasciende el impacto local y abre una nueva etapa de crecimiento para toda la provincia.

Los intendentes que participaron de la recorrida coincidieron en destacar el potencial transformador de la obra. El jefe comunal de Cipolletti, Rodrigo Buteler, la definió como una de las inversiones privadas en infraestructura exportadora más relevantes de la historia argentina y remarcó la necesidad de que los beneficios derivados de Vaca Muerta alcancen a todo el territorio rionegrino.

En la misma línea, la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, calificó la obra como “impactante” y valoró el impulso del Gobierno provincial para promover el desarrollo económico en cada localidad. Por su parte, el intendente de Viedma, Marcos Castro, aseguró que el proyecto “entusiasma y emociona” por las oportunidades laborales que genera para la región.

Con la consolidación de Punta Colorada como puerto estratégico para la exportación de petróleo, Río Negro se posiciona como un actor central dentro de la cadena logística e hidrocarburífera del país. La intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar, consideró que el emprendimiento colocará a la provincia en el mapa energético mundial y marcará el inicio de una nueva etapa vinculada a la producción y exportación de energía a gran escala.

A medida que avanzan las obras, VMOS se perfila no sólo como una infraestructura clave para ampliar la capacidad exportadora argentina, sino también como un motor de empleo, inversión y desarrollo para las economías regionales, con Río Negro emergiendo como uno de los principales polos del negocio petrolero patagónico.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, celebró el reciente ingreso de las petroleras ENI y Adnoc al desarrollo de Argentina LNG y aseguró que el proyecto llevará a la compañía a convertirse en la principal exportadora de la Argentina, con ingresos estimados en USD 17.000 millones anuales.

Durante su exposición en un evento organizado por S&P Energy, el ejecutivo sostuvo que el crecimiento previsto para el negocio del gas natural licuado (GNL) abrirá además una nueva ventana de negocios para la petrolera estatal.

“YPF va a ser la empresa de mayor exportación de Argentina, con USD 17.000 millones al año. Seguramente hagamos una compañía de trading en el futuro porque vamos a ser el quinto exportador de GLP del mundo”, afirmó.

Marín consideró que el actual escenario geopolítico internacional, marcado por los conflictos en Medio Oriente, fortaleció el atractivo de la Argentina como proveedor energético confiable para los mercados globales.

“Estamos en una zona fuera de conflicto, es sustentable, es segura y hoy no es tan importante el precio sino la seguridad energética”, señaló.

En esa línea, aseguró que existe un creciente interés internacional por participar del proyecto Argentina LNG. “Nos llaman de todos lados para entrar al proyecto”, indicó, y reveló que la compañía realizó procesos competitivos de comercialización con una fuerte demanda de potenciales compradores de GNL en Europa y Asia.

Según explicó, la ubicación geográfica de la Argentina representa una ventaja estratégica para abastecer a los mercados asiáticos. “Es mejor logísticamente para Asia que cualquier LNG americano”, sostuvo.

Respecto de las perspectivas operativas, el titular de YPF anticipó un fuerte salto en la actividad para los próximos años, con un horizonte marcado por la expansión de Vaca Muerta y el desarrollo de las plantas de licuefacción.

“Vamos a tener una producción y exportaciones muy altas para diciembre de 2027, con el LNG en construcción”, proyectó.

Marín destacó además la transformación productiva que atravesó la compañía desde la aceleración de sus operaciones en Vaca Muerta. Según explicó, la producción no convencional se duplicó en los últimos dos años, mientras avanzó el proceso de desinversión en campos maduros.

“Ya duplicamos la producción de Vaca Muerta en dos años. La producción total se mantuvo constante, pero ese cambio entre sumar barriles de Vaca Muerta y salir de campos maduros les generó a los accionistas más de USD 1.500 millones de EBITDA positivo”, afirmó.

Pese a esos avances, reconoció que uno de los principales desafíos de la industria sigue siendo la mejora de la productividad. En ese sentido, sostuvo que YPF logró incrementar cerca de un 60% la productividad tanto en perforación como en fractura, aunque remarcó que todavía queda camino por recorrer. “Hay que dejarse de joder y ser productivos en toda la industria”, enfatizó.

La presentación también incluyó definiciones sobre la estrategia de diversificación tecnológica de YPF. Tras una reciente visita a la planta de Tesla en Texas, Marín reveló que la empresa mantiene conversaciones con la firma de Elon Musk para avanzar en proyectos vinculados al almacenamiento energético, la electromovilidad y el desarrollo de infraestructura digital.

“Los motores eléctricos son mejores que los de combustión y los autos eléctricos son mejores en calidad. No nos podemos quedar atrás, tenemos que evolucionar”, afirmó.

En ese marco, adelantó que YPF alcanzó un acuerdo con Tesla para comercializar electricidad en su red de estaciones de servicio y desarrollar corredores que faciliten la circulación de vehículos eléctricos en distintos puntos del país.

Además, explicó que la compañía ya está instalando sistemas de baterías en Dock Sud para gestionar picos de demanda eléctrica. “Estamos hablando con Tesla para usar sus baterías con YPF Luz y ser socios”, indicó.

Finalmente, Marín reveló que la petrolera también analiza incursionar en el negocio de los centros de datos de gran escala, una actividad impulsada por la creciente demanda energética de la inteligencia artificial.

“Estamos viendo el negocio de data centers. Queremos ver si podemos hacer un mega data center”, concluyó.

Con dos planes de Labor Parlamentaria en cuestión, hubo sorpresas y la sesión ordinaria no reunió el quórum de este jueves en la Cámara alta. La Libertad Avanza responsabiliza al interbloque Popular y viceversa, y la oposición dialoguista, a las dos bancadas.

Lo cierto es que la sesión fue solicitada por el oficialismo y se preveía que los bloques aliados (el grupo de los 47) iba a estar presente en el recinto para dejar asentado que las interpelaciones al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, requieren dos tercios. Sin embargo esto no fue así y la sesión nunca empezó.

Solamente 25 senadores nacionales llegaron a sentarse cuando Bartolomé Abdala, autoridad en el recinto por la ausencia de Victoria Villarruel -quien se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a España-, dio por caída la sesión a las 11.31.

Además de la discusión por la interpelación, la moción de censura y la mayoría requerida, quedaron sin tratarse la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, los pliegos judiciales dictaminados y acuerdos internacionales.

La llegada al recinto

Los primeros en entrar al recinto, incluso mucho antes de las 11.00, fueron el cordobés Luis Juez de La Libertad Avanza y la neuquina Julieta Corroza. Luego fue llegando un grupo de senadores oficialistas conformado por Carmen Álvarez Rivero, Vilma Bedia, Romina Almeida, Juan Cruz Godoy, Emilia Orozco y Nadia Márquez, entre otros.

A su vez, Martín Goërling Lara y Victoria Huala del Pro ya se encontraban listos para dar quórum junto al correntino Carlos "Camau" Espínola, la cordobesa Alejandra Vigo y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

Los integrantes de la bancada radical también ingresaron al recinto, pero no lo hicieron todos juntos: fueron arribando en tandas, pese a que algunos nunca se sentaron en la banca. Lo mismo hicieron los tres integrantes de Convicción Federal junto a la salteña Flavia Royón.

Habían trasncurrido unos dieciseis minutos desde el inicio de la chicharra cuando llegó la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, secundada por el jujeño Ezequiel Atauche y la radical Carolina Losada. En ese momento, hubo una conversación con los integrantes de la bancada y algunos comenzaron a pararse. Otros le pedían explicaciones a la exministra.

Nadia Márquez fue una de las que se quedó hablando con Bullrich, segundos después de la indicación que había deslizado para el espacio. Luego de una minidiscución, la senadora neuquina continuó sentada en su bancada, al igual que el entrerriano Joaquín Benegas Lynch, el chaqueño Juan Cruz Godoy, el rionegrino Enzo Fullone y la salteña María Emilia Orozco.

A todo esto, en los palcos estaba el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Ignacio Devitt, quien se hacía señas con el rionegrino que reemplazó a Lorena Villaverde, Enzo Fullone, en señal de que no estaba al tanto de lo que finalmente iba a suceder, que la sesión no llegara al quórum.

Además de Bullrich y Atauche, Juan Carlos Pagotto y Agustín Monteverde nunca se posicionaron para sentarse en sus bancas. De hecho llegaron al recinto después de las 12.20 junto al senador radical Maximiliano Abad.

Cuando todos en el hemiciclo estaban alertados de que la sesión no iba a logar el quórum reglamentario, tomaron asientos los integrantes de Convicción Federal, la cordobesa Alejandra Vigo y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

Ya con la sesión caída, los únicos que nunca ingresaron al recinto fueron los 25 integrantes del interbloque Popular, el cual está comprendido por 21 senadores de la bancada Justicialista, 2 de Justicia Social Federal y 2 del Frente Cívico de Santiago del Estero.

Acusaciones para todos lados

Los primeros en salir del recinto fueron los integrantes de los bloques aliados , quienes, sin tapujos, denunciaron por los pasillos del Senado un pacto de "no agresión" entre La Libertad Avanza y el interbloque Popular. "Creo que está claro lo que pasó", reveló a parlamentario.com uno de los presentes en el recinto, visiblemente fastidioso.

Ni La Libertad Avanza ni el kirchnerismo dieron quórum para tratar nuestro proyecto de interpelación a Manuel Adorni. Vamos a seguir insistiendo para que los argentinos tengan las explicaciones que merecen. @MARTINGOERLING @HualaVictoria pic.twitter.com/pML0h3H3BV

— PRO Senadores (@prosenadores) June 25, 2026

Esta postura fue replicada por la senadora de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, quien sintetizó la situación como "jornada bochornosa", y profundizó: "Nuevo manoseo institucional. Se hizo caer una sesión clave con el sólo fin de seguir dilatando la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Mantengo mi firme decisión de apoyar toda iniciativa que vaya en ese sentido".

Por otro lado, Carolina Moisés, presidenta del bloque Convicción Federal, cargó contra el bloque que preside José Mayans en X: "No dieron quórum quienes firmaron el pedido de interpelación y se pasaron la semana discutiendo cuestiones reglamentarias". Asimismo, aseveró que "cuando se grita en los medios y después no se sientan en el recinto a enfrentar el problema, todo parece una burla y la sociedad tiene razon en indignarse".

Esa misma narrativa fue deslizada por los senadores oficialistas en los pasillos de la Cámara alta. Un sector salió a responsabilizar al peronismo por no haberse prestado a dar quórum. Lo cierto es que la sesión ordinaria fue pedida por La Libertad Avanza y como viene sucediendo desde el recambio legislativo, se esperaba que el oficialismo logre abrir el recinto con el aval de los aliados.

De hecho, Patricia Bullrich conversó con la prensa acreditada y manifestó que “el kirchnerismo venía con un pedido de interpelación y fueron ellos quienes no vinieron". Dentro de esa misma estrategia comunicacional, planteó: “Si elllos no vinieron a dar quórum, ¿Por qué deberíamos darlo nosotros?”.

Así las cosas, una vez que el recinto se apagó y los legisladores abandonaron el Palacio Legislativo, recobró fuerza entre varios interlocutores que la caída de esta sesión está directamente vinculada al pedido de la presidencia del bloque oficialista a Casa Rosada para dejar en evidencia que mientras Manuel Adorni siga siendo jefe de Gabinete, el Congreso se verá dificultado en avanzar con las reformas.

Una de las materias pendientes del Poder Ejecutivo de la Nación en sus primeros dos años de gestión libertaria es, sin dudas, la designación de jueces y fiscales. Sin embargo, la nueva composición de la Cámara alta le permitió al Gobierno comenzar con el proceso de envío de pliegos judiciales. Desde que el Senado dio luz verde en el recinto a la prórroga del juez Carlos Alberto Mahiques, y ya se han enviado un total de 144 expedientes.

Pocos días antes de que Juan Bautista Mahiques fuera nombrado ministro de Justicia de la Nación en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno envió  el pliego de extensión del padre del nuevo funcionario por cinco años como juez integrante de la Vocalía VII de la Cámara Federal de Casación Penal. Hasta el momento es el único expediente sancionada en el recinto.

A finales de marzo, fueron enviados un total de 78 pliegos para designar jueces de Cámara, de Menores y de Primera Instancia; vocales federales de Apelaciones y Seguridad Social; cargos en defensorías públicas; fiscales generales; y conjueces. A su vez, están dirigidos a ocupar lugares en Ciudad y Provincia de Buenos Aires; Formosa; Santa Fe; Mendoza; Neuquén; Salta; Río Negro; y Entre Ríos.

Esta primera tanda de pliegos judiciales fue ingresada en el recinto en la sesión ordinaria del pasado 9 de abril. Luego se llevaron a cabo las audiencias públicas desde el 30 de abril al 7 de mayo y el 14 de mayo, y 73 expedientes quedaron listos para ser llevados al recinto de la Cámara de Senadores.

Hubo 5 expedientes de la primera tanda que no fueron pasados a la firma: el de María Verónica Michelli para ser jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata; los de Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway para ser designados vocales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico en las salas A y B, respectivamente; el de Juan Manuel Mejuto para ser nombrado juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8 de la Capital Federal; y el nombramiento judicial de 13 magistrados (todos en un mismo expediente).

Según supo parlamentario.com, habría una mínima chance de que estos 73 expedientes sean llevados al recinto en la sesión ordinaria prevista para el próximo jueves 28 de mayo. De todos modos, los temas centrales serán el Acuerdo de Renegociación con los Fondos Buitre y la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, ambos temas dictaminados esta semana en la Cámara alta.

La segunda tanda de pliegos judiciales enviados por el Gobierno ocurrió durante los últimos días de abril y todos quedaron habilitados en la sesión del pasado jueves 14 de mayo para ser tratados por la Comisión de Acuerdos (presidida por el riojano Juan Carlos Pagotto). Se estima que las audiencias públicas se lleven a cabo en el mes de junio próximo.

De este segundo tramo se destacan cargos en la Defensoría Pública, de Menores e Incapaces y de Víctima; fiscales federales y generales; jueces de Cámara; vocales; y conjueces. Asimismo, aparecen los fueros penales, civiles y de primera instancia a cubrir en la Ciudad de Buenos Aires, San Martín, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Gualeguaychú, Posadas, Paso de los Libres y Mendoza.

Por último, la tercera tanda de pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo son seis y aún no cuentan con estado parlamentario. Se trata de seis designaciones para Catamarca, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires para convalidar nombramientos de jueces y vocales en Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal y en la Cámara Federal de Apelaciones.

La lista detallada

Solamente fue aprobada en el recinto la prórroga de extensión por cinco años de Carlos Alberto Mahiques para continuar como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal el pasado 14 de mayo en la última sesión ordinaria.

Listos para ser llevados al recinto (73)

Ricardo Lombardo, para juez de cámara del Tribunal Oral de Menores N°3 de CABA

Nicolás Pacilio, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1 de CABA

Santiago Poncio, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13 de CABA

Javier Santiso, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°5 de CABA

Ignacio Labadens, juez del Juzgado Nacional de Menores N°2 de CABA

Julián Herrera, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°44 de CABA

Nicolás Grappasonnno, vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de CABA, Vocalía N°10

Ivana Quinteros, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°20 de CABA

Santiago Jaimes Munilla, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°59 de CABA

Emilio Faggi, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala III

María Gloria Capanegra, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17 de CABA

María Inés Reston, defensora pública oficial ante los Juzgados y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N°1

Claudio Silvestri, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata

Paula Fuertes, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14 de CABA

Soledad Mariño, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°18 de CABA

Carlos Cuesta, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata

Juan Martín Balcazar, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°5 de CABA

María Julia Sosa, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3

Conjueces de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas de la jurisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de CABA: Ramiro Fare, Claudia D’Acunto, Raúl Montesano y Adrián Hagopian

Pablo Wilk, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata

Verónica Polverini, defensora pública de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de CABA, Defensoría N°7

Marcela Sasso, defensora pública de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de CABA

Lucas Berlotti San Martín, defensor público de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de CABA, Defensoría N°2

Felipe Alberto Alliaud, defensor público curador de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría N°4

Hugo Decaría, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°3 de la Capital Federal

Ezequiel Sobrino Reig, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°80 de la Capital Federal

Germán Degano, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°64 de la Capital Federal

Gerardo Cacace, juez del Tribunal Federal de Juicio de Formosa

Santiago Quian Zavalia, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Osvaldo Pitrau, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F

Analía Victoria Romero, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E

Samanta Biscardi, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E

Paula Castro, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F

Lucila Córdoba, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K

Walter Carnota, vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, sala II

Fernando Strasser, vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, sala III

Pablo Flores, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de San Martín

Laura Kvitko, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°23 de la Capital Federal

Nicolás Ceballos, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°7 de la Capital Federal

Luara Wiszniacki, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°62 de la Capital Federal

Emilio Rosatti, juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe

Juan Andrés Moldes, fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico, Fiscalía N°1

Javier Arzubi Calvo, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín

Federico Novello, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°2 de la Capital Federal

Laureano Durán, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala I

Jorge Djivaris, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B

Ana María Cristina Juan, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham

Pablo Moya, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 de la Capital Federal

Walter Rodríguez, juez del Juzgado Federal de Garantías N°2 de Santa Fe

Santos Cifuentes, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°25 de la Capital Federal

Diego Allievi, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N°10 de la Capital Federal

María Laura Ameri, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias N°3

María Agustina Boyajian Rivas, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°22

Yamile Bernan, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Carlos Parma, defensor público oficial federal del interior del país con asiento en Mendoza

Santiago Vismara, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Yael Sircovich, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata

José Miguel Guerrero, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 de la Capital Federal

Juan Manuel Gaset Maisonave, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín

Mariano Amaduri, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7 de la Capital Federal

Santiago Saux, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela

Pablo Matkovic, juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén

Mario Ferrario, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín

Gabriela Palopoli, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°94 de la Capital Federal

María Florencia Massa, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias N°4

Juan Pedro Giudici, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°4

Diego Anzorreguy, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Salta

Leandro Gómez Constenla, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche

Diego Souto, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°31 de la Capital Federal

Paula Marinkovic, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°77 de la Capital Federal

Marcelo Peluzzi, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°2 de la Capital Federal

Sebastián Soneira, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, sala A

Juan Ignacio Lazzaneo, defensor público de víctima con asiento en la provincia de Entre Ríos

Pendientes de audiencia pública (58)

Ana Clarisa Galán Muñoz, defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3.

María Esther Pinos, defensora pública oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Formosa.

María Laura Irastroza, defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro.

Maximiliano Eduardo Nicolás, defensor público de Menores e Incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 4.

Sofía del Milagro Martín, defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Santiago del Estero.

José Nicolás Celestino Chumbita, defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.

Nuria Saba Sardañons, defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15.

Germán Artola, defensor público oficial adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11.

Hernán Figueroa, defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N° 2.

Lucila Califano, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal.

Florencia Inés Córdoba, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 de la Capital Federal.

Alicia Isabel Braghini, vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, sala III.

Agustín Rubiero, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala D.

Javier Pereyra, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal.

Bárbara Rastellino, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 de la Capital Federal.

Vanesa Alfaro, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal.

Mariana Salduna, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal.

Fernando Pascual, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal.

Bernardo Rodríguez Palma, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín.

Gustavo Cultraro, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 de la Capital Federal.

Santiago Roldán, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal.

María Ángeles Ramos, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal.

Natalia Crede, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 3.

Pedro Rebollo, fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

Matilde Ballerini, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, sala B.

Leopoldo Rago Gallo, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan, provincia de San Juan.

Víctor Pesino L., vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, sala VIII.

María Claudia Jueguen, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, sala X.

Marian Pisacco, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, sala VI.

Diego Tula, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, sala II.

Diego Manauta, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, sala V.

Claudio Loguarro, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, sala III.

Pablo Toledo, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, provincia de Tucumán.

Ruth Ponce de León, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, provincia de Misiones.

Juan Burella Acevedo, fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes, provincia de Corrientes.

María Virginia Ise, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, provincia del Chaco.

Ángel Luna Roldán, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, provincia de Tucumán.

Juan Carlos Riccardini, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Capital Federal.

Julio César Di Giorgio, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal.

Paula Romeo, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

Santiago Villagrán, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 19 de la Capital Federal.

Juan Tomás Rodríguez Ponte, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

Hugo Daniel Froy, fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres, provincia de Corrientes.

Pilar Fernández Escarguel, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109 de la Capital Federal.

José María Abram Luján, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 110 de la Capital Federal.

Evangelina Lasala, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

Amanda Espino, defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7.

Santiago French, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, provincia de Salta, sala I.

Santiago José Martín, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Patricio Sabadini, fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, provincia del Chaco.

Sebastián Ghersi, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal.

Pedro Crespo, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal.

Albertina Anatonia Caron, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal.

Juan Manuel Cabral, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala K.

Sergio Echegaray, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal.

Maximiliano Callizo, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal.

Fernando Alcaraz, fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza, provincia de Mendoza.

Sebastián Ruíz, juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.

Sin estado parlamentario

Ana María Busleiman, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, provincia de Catamarca.

Florentino Malaponte, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, provincia de Santa Fe, sala A.

Javier Cosentino, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, sala C.

Ramiro Mariño, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54 de la Capital Federal.

Cecilia Pagano Mata, jueza del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.

José Ignacio Polizza, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14 de la Capital Federal.

Después de bajar el texto en el recinto y en presencia de Sebastián Amerio, las comisiones de Economía e Inversión Nacional y Presupuesto y Hacienda del Senado se reunieron en plenario para dictaminar la segunda versión del Acuerdo de Conciliación con los holdouts. El texto logró la firma del oficialismo y los bloques aliados.

Luego de dar lectura a los cambios en la composición de las comisiones, el procurador del Tesoro de la Nación explicó que el primer dictamen fue desestimado por un “error material”. En ese sentido, agregó que hubo una actualización en el listado de bonos debido a que el anterior texto contemplaba montos prescriptos y que se incorporaron otros que habían quedado afuera de la redacción. De todos modos, ratificó que la suma a pagar por el Estado argentino sigue siendo de U$S 171.000.000.

La voz cantante de la oposición estuvo representada por el senador chaqueño Jorge Capitanich, quien realizó diferentes planteos a los funcionarios presentes. Para ello, el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, introdujo que estos juicios y sentencias “generan perjuicios al país”. En otro momento del plenario, afirmó que “siempre estuvo claro que cualquier Acuerdo debía pasar por el Congreso de la Nación”.

El integrante del bloque Justicialista y Fernando Salino fueron los únicos presentes del interbloque Popular. Además, Capitanich, va a presentar un dictamen de minoría en las próximas horas. Así las cosas, el legislador que representa a la provincia de Chaco dejó trascender su conformidad con relación a la exposición de los tres funcionarios presentes, pese a que no está definida la postura del bloque.

Por su parte, el puntano planteó postura en el Salón Arturo Illia: “Nos gustaría pagar otras cosas sobre todo que venimos con nueve meses de caída de la recaudación y un recorte de 2.5 billones de pesos”. Del mismo modo, entre varios puntos mencionados, consideró que este Acuerdo de Conciliación representa "el 0,8% de los vencimientos que tenemos en 2026; y el 0,5% de los que vamos a tener para 2027”.

Sin dudas, uno de los datos más resonantes fue expuesto por el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton, al anunciar que el plazo de sanción acordado se extiende hasta el 30 de junio próximo. De esta manera, el Senado quedará habilitado de llevar esta iniciativa al recinto a partir del próximo 26 de mayo y la Cámara de Diputados tendrá un mes para abordarlo.

Y fue el propio funcionario de Hacienda, quien cerró el debate al relatar que "ellos (holdouts) le dan los bonos, la Argentina le da el dinero, se chequea, a uno se le entregan los bonos y los dan de baja, y el acreedor -que entregó los bonos- recibe la plata. Después vamos las dos partes ante la jueza Loretta Preska para que archive el juicio”.

Fuentes de diferentes bloques adelantaron a parlamentario.com que este Acuerdo de Coonciliación con Attestor y  Bainbridge será llevado al recinto el próximo jueves 28 de mayo en una sesión ordinaria coordinada por el oficialismo y los bloques aliados. en caso de que este miércoles se despache, el temario también incluirá el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

A tres semanas de su ingreso por Mesa de Entradas, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta inició el debate del proyecto de Reforma Electoral enviado por el Poder Ejecutivo de la Nación. Para la presentación de los ejes principales del paquete de modificaciones estuvo María Luz Alegría Landivar, asesora del Ministerio del Interior y extitular de la Dirección Nacional Electoral (DiNE).

A pesar de que los aliados del oficialismo, principalmente la Unión Cívica Radical y el Pro, le sugirieron a Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza, que abriera el proyecto y se trate la Ficha Limpia por separado, desde Casa Rosada insistieron con tratar el paquete entero tal como fue enviado. Finalmente, Agustín Coto convocó a tratar el expediente del Ejecutivo.

Entre los presentes en el Salón Arturo Illia estuvo la diputada nacional Giselle Castelnuovo, exsubsecretaria de Asuntos Políticos que tenía bajo su órbita a la DiNE y persona del riñón de Karina Milei. La semana pasada, junto a Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz, visitó a la titular de bancada oficialista en rigor del acuerdo con los aliados. De todos maneras, no participó y solo estuvo en calidad de oyente.

Así las cosas, Fuentes reiteraron a parlamentario.com que los aliados van a insistir con tratar Ficha Limpia por fuera y para eso están preparando un borrador de despacho. También está descartado que La Libertad Avanza reúna avales para la eliminación de las PASO, por lo que en las próximas semanas se analizarán diferentes propuestas para modificar el sistema de elecciones primarias.

Sin embargo, hay un compromiso entre la bancada oficialista de la Cámara alta y Casa Rosada de tener la media sanción lista antes del receso invernal que suele ser durante julio. Una fuente confió a este medio que la antelación de una sanción -con sus respectivas modificaciones- le dará tiempo a la Justicia Electoral de implementar el sistema.

En lo que respecta a la labor parlamentaria, la senadora riojana Florencia López fue designada en el cargo de vicepresidenta 1° en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Cabe recordar que las autoridades dieron lugar al pedido del bloque Justicialista de obtener seis vocalías y no cinco como le asignaron en diciembre pasado cuando se conformó el organismo.

Una asesora del Ministerio del Interior explicó los puntos centrales

Asesora del Ministerio del Interior, María Luz Alegría Landivar fue titular de la Dirección Nacional Electoral desde el 19 de febrero del 2024 hasta el pasado 7 de mayo del 2026. A favor de la iniciativa del gobierno de Javier Milei sostuvo que “en las 24 provincias, solo 7 sostienen las Elecciones PASO y 5 las suspendieron en 2025”.

En primera instancia, explicó los lineamientos respecto a aumentar los requisitos para un partido de orden nacional que en el marco legislativo vigente necesita presencia real en cinco provincias, proponiendo duplicar esa cifra a diez. En tal sentido, señaló que es “para que sea mucho más representativa y no solamente estar en 10 provincias sino con un mínimo de afiliados”.

El deseo central del Gobierno es la eliminación de las PASO y pese a no tener el aval de los aliados, Landivar repasó que “hace 16 años que las tenemos, hubo siete elecciones y sólo diez agrupaciones para presidente las usaron; y el 40% de esas diez  no pasó el umbral del 1,5% que requiere esa ley, y todas juntas (ese 40%) no llegan al 1% sumando todos los votos”.

Además, apeló a la narrativa del Gobierno nacional y la reducción del gasto público al relatar que en las últimas Primarias celebradas (13 de agosto del 2023) se utilizaron “$1.240.000.000 en diez agrupaciones políticas y que entre todas ellas juntas no sumaron ni el 2% de los votos”. Sin dar nombres puntuales, cargó que un espacio político “recibió $131.000.000 de pesos y solo sacó 23.554 votos”.

Otro tema mencionado por la asesora fue sobre el Fondo Partidario Permanente que este texto pretende cambiar a Aporte Público Anual. Según Alegría Landivar esto dará “mayor libertad de uso para ese dinero y los partidos políticos van a poder renuncias al aporte público”. No obstante, dejó en claro que “viene aparejado de un mayor control porque deberán rendir cuentas semanalmente en la Justicia”.

Brevemente, mencionó las intenciones del Gobierno nacional de eliminar el marco normativo de espacios cedidos en tele y radiodifusión, y además defendió el Capítulo que propone modificar el sistema de elección de los parlamentarios del Mercosur: “Somos el único país que elige a sus 43 miembros de manera directa y en el 2023 implicó un gasto de $130.000.000 para aporte de campañas y de $260.000.000 para las generales”.

Por último, la asesora del Ministerio del Interior destacó la implementación de la Boleta Única de Papel, agregó que la propuesta del texto es la de agregar el tilde llamado ‘boleta completa’, y concluyó con el apartado de Ficha Limpia: “Se busca que los condenados por delitos dolosos en segunda instancia no puedan participar como candidatos”.

El momento más esperado de la sesión informativa, tras la salida del presidente Javier Milei, fue la tanda de preguntas del bloque Unión por la Patria. Juan Marino, Germán Martínez, Natalia Zaracho y Rodolfo Tailhade fueron algunos de los diputados nacionales que alzaron la voz en el recinto. Este último consultó explícitamente por presuntos gastos oficiales de los que habría gozado la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti.

“Su esposa tiene custodia policial desde que usted asumió la Vocería Presidencial en diciembre del 2023 y la usa para ir a la manicura, para llevar a sus hijos al colegio y para ir a una fernetería, en la calle Serrano del barrio de Palermo”, planteó el legislador de La Cámpora. En ese sentido, preguntó: “¿Qué riesgos reales hay sobre su esposa para que tenga una custodia que pagamos todos los argentinos?”.

Tras un nuevo cuarto intermedio (el número cuatro de la jornada) de más de quince minutos, Manuel Adorni, jefe de Gabinete, dejó la respuesta sobre la custodia de su esposa para el final y lanzó: “No se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario de mi mujer”. Sin tapujos, el ministro coordinador señaló que “esa insinuación es una amenaza a la integridad física de mi esposa”.

Vinculó esas acusaciones de Tailhade a tareas de “espionaje” al jefe de Gabinete de la Nación y su familia. Luego, sentenció: “Sepan que no me van a intimidar con aprietes y que no me va a temblar el pulso para denunciar ante la justicia”. También volvió a reiterar que “esto no es un juicio público hacia mi persona”.

El anticipo de Germán Martínez

En el cierre de preguntas de la tercera tanda, el presidente de bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, consideró que “nunca debería haber existido esta sesión”, porque, a su parecer, Manuel Adorni “debería haber renunciado y porque se montó un show alejado de lo que ha sido la práctica parlamentaria”.

Evitando las chicanas, el santafesino fue interrumpido en más de una ocasión por los integrantes del bloque de La Libertad Avanza. Sin embargo, Martínez pausó su intervención y endilgó: “Soy prudente y no digo las cosas (sobre Adorni) que me dicen en los pasillos”. A partir de ese momento, no hubo más interrupciones.

En otro punto, criticó la visita del presidente de la Nación y los ministros, y expresó: “Creemos que la Argentina necesita otro jefe de Gabinete en el cual la gente crea y no en un meme de redes sociales”. Para terminar, anunció que Unión por la Patria junto a bloques de la oposición va a trabajar en un pedido de interpelación sobre la figura de Manuel Adorni y en una moción de censura.

Asesorado por su equipo técnico, el ministro coordinador dejó esa respuesta para el final. “Desde que existe la figura (creada en la Reforma Constitucional de 1994), nunca se removió a un jefe de Gabinete”. Y cargó que se estará “Impulsado por un bloque con peor prontuario delictivo desde el retorno de la democracia”.

Marcado por la autenticidad con la que periódicamente le responde a la prensa en su rol comunicador, Adorni explicó que “es claro que el interés no está en preservar el orden democrático, sino en desestabilizar a este gobierno”. Y cerró: “Tampoco sorprende… porque el éxito de este gobierno será sacarlos del partido para siempre”.

Dos chicanas y varias preguntas

El primer diputado en tomar la palabra fue Juan Marino, quien, mesurado, comenzó con las preguntas relacionadas al patrimonio de Manuel Adorni. Sin moverse una letra de lo indicado por sus asesores, el jefe de Gabinete volvió a hacer uso de la frase “ya se respondió oportunamente en el bloque anterior”.

En representación del Frente Patria Grande y con un montón de cuestionamientos a la política social del Gobierno nacional, Natalia Zaracho despertó las risas de sus pares de bancada cuando le dijo al ministro "hay que reconocer que hoy sí tiene cara de deslomado".

Blanco de las críticas entre los militantes libertarios presentes en las gradas por sus orígenes populares, Zaracho volvió a dejar un mensaje contundente: “Tengo mis dudas de que puedan hacerse los vivos en la calle como lo hacen acá”.

Otra de las chicanas fue la de Sergio Palazzo, diputado nacional de Unión por la Patria y titular de La Bancaria, quien ante los gritos de la bancada libertaria, le hizo un pedido particular al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem: "¿Le puede decir a los 'therians' que se auto perciben leones que se callen un poquito?". El riojano río.

La última frase de Adorni

Después de la palabra de Gabriel Bornoroni, jefe de bancada oficialista, y “Adorni, Adorni, Adorni…” cantado por los diputados libertarios, el jefe de Gabinete cerró la sesión informativa: “Así como hoy vine a esta Casa a cumplir mis deberes institucionales vendré en el caso de que sea citado por el artículo 71 de la Constitución Nacional a dar todas las explicaciones que sean necesarios”. “no nos vamos a dejar amedrentar”, concluyó.

La provincia de Salta aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto metalífero Diablillos, de oro y plata, operado por Pacific Rim Mining Corporation Argentina, subsidiaria de AbraSilver Resource Corp. La medida quedó formalizada mediante la Resolución N.º 048/2026 SM, en cumplimiento de la legislación ambiental y minera vigente.

La autorización se otorgó tras la evaluación técnica del Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa, en el cual se analizaron en detalle las características del emprendimiento, sus procesos productivos, la infraestructura asociada y las condiciones previstas para su ejecución y control ambiental.

Ubicado en el Salar de Diablillos, el proyecto se encuentra en una etapa de desarrollo avanzada y es considerado una de las iniciativas metalíferas con mayor proyección dentro de la cartera minera provincial. Según informó la autoridad de aplicación, el esquema de gestión ambiental presentado cumple con los estándares y exigencias requeridos para este tipo de emprendimientos.

La emisión de la DIA implica la validación de todas las instancias previstas por la normativa, entre ellas la evaluación interdisciplinaria por parte de los organismos competentes, los mecanismos de acceso a la información pública y la participación ciudadana a través de audiencias y actividades abiertas a la comunidad.

Desde fines de marzo, el proceso incluyó una nutrida agenda de actividades, como una reunión interinstitucional, charlas técnicas en la Villa de Antofagasta de la Sierra y en Ciénaga La Redonda, además de una fiscalización interinstitucional y comunitaria en el área del proyecto. Estas instancias culminaron con la audiencia pública realizada en Ciénaga Redonda, considerada el eje central del procedimiento participativo.

Más de 150 personas participaron de estas instancias, reflejando un alto nivel de involucramiento de vecinos y actores de todo el departamento, en un proceso llevado adelante bajo criterios de transparencia y participación abierta.

Desde AbraSilver Resource Corp agradecieron el acompañamiento de la comunidad y de las autoridades. “Agradecemos profundamente a los vecinos, referentes comunitarios, proveedores locales y fuerzas vivas por su participación activa y comprometida, así como a las autoridades provinciales y municipales que acompañaron cada instancia”, señalaron desde la empresa.

La compañía destacó especialmente la participación de los vecinos de Antofagasta de la Sierra, así como el rol de referentes de todas las localidades involucradas, proveedores locales y organizaciones comunitarias. También resaltaron la labor del geólogo Roberto Lencina, quien actuó como moderador durante las charlas técnicas y la audiencia pública.

Asimismo, AbraSilver expresó su reconocimiento al intendente Mario Cusipuma y su equipo municipal, a la senadora provincial Marisol Soriano y a las autoridades del Equipo Evaluatorio Interinstitucional, entre ellos Mercedes Pereyra, directora provincial de Gestión Ambiental Minera; Exequiel Carrizo, director provincial de Escribanía de Minas; Raúl Colombo, director general del Servicio Permanente; y Carolina Páez, directora de Formación del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos.

La aprobación del proyecto Diablillos se inscribe en la política minera que impulsa la provincia, orientada al desarrollo de inversiones bajo criterios de sostenibilidad, control ambiental y previsibilidad, con el objetivo de consolidar a Salta como un destino confiable para el crecimiento del sector minero.

El recinto de la Cámara de Diputados se prepara para recibir el informe de gestión de Manuel Adorni, quien estará sentado en el hemiciclo desde las 10.30 de este miércoles 29 de abril. Confirmada la presencia del presidente Javier Milei y la secretaria general de Presidencia de la Nación, se estima que la sesión informativa dure cerca de seis horas.

Durante la jornada de este martes, equipos de Jefatura de Gabinete recorrieron el recinto para terminar de verificar diferentes cuestiones en virtud del informe de Manuel Adorni. De la misma manera, se hizo presente personal de Casa Militar para chequear el escenario ante la presencia del jefe de Estado en el palco central del primer piso frente al estrado del presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Cuestiones meramente protocolares.

Entre los invitados institucionales a la sesión informativa, van a estar los ministros Diego Santilli (Interior), Sandra Pettovello (Capital Humano), Alejandro Monteoliva (Seguridad) Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Carlos Presti (Defensa). También se espera que titulares de Secretarías puedan estar presentes en el Congreso de la Nación.

Además de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, se acomodarán en el primer piso, alrededor de Javier y Karina Milei, los integrantes del bloque libertario del Senado que preside Patricia Bullrich. Las comisiones convocadas a primera hora en la Cámara alta fueron corridas para los horarios vespertinos para garantizar la presencia del oficialismo en la sesión informativa.

La militancia oficialista también tendrá su representación en las gradas de la Cámara de Diputados: la Juventud Libertaria porteña, espacio que tiene como principal referente a Dante Di Carlo -sobrino del presidente de River Plate, Stéfano Di Carlo-. No así, los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, que responden a Santiago Caputo y que tienen como principal referente Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan.

Según supo parlamentario.com, es muy factible que también acompañen legisladores bonaerenses, quienes responden a Sebastián Pareja, diputado nacional por La Libertad Avanza. Uno que casi seguro estará presente es Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, quien hoy cumple funciones como diputado provincial por la Octava Sección. También podrían estar a los costados de la secretaria general de Presidencia, los senadores provinciales Diego Valenzuela y Florencia Arietto.

Con relación a las más de 4.800 preguntas enviadas por la oposición hace más de un mes, cuando se conoció la realización del primer informe de gestión desde que Manuel Adorni es jefe de Gabinete, trascendió que, tras el filtro de coincidencias en las inquietudes, quedaron cerca de 2.100 respuestas, que se conocerán en la antesala de la sesión informativa. La transmisión oficial estará a cargo, como siempre, de Diputados TV (se había especulado con que, ante la presencia presidencial, pudiera ocuparse la Televisión Pública, pero no).

El esquema de la sesión informativa comenzará con la lectura de los logros institucionales con el foco en la estabilidad macroeconómicas, las reformas sancionadas y las próximas iniciativas a impulsar. Ese lapso durará aproximadamente una hora y contará con la presencia de Javier Milei, quien tiene previsto abandonar el Palacio cuando comiencen las preguntas de los bloques de la oposición.

Los accesos al Palacio Legislativo estarán vallados y habrá una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad. Casa Militar estará a cargo del traslado, permanencia y retiro de la comitiva presidencial y se prevé que el ingreso sea por Avenida Rivadavia, donde habitualmente ingresan los diputados nacionales.

Después de ocho meses, el Congreso de la Nación volverá a recibir un informe de gestión del jefe de Gabinete. El último ocurrió el 27 de agosto del 2025, cuando el cargo era ocupado por Guillermo Francos, quien dejó el cargo a principios de noviembre dando paso a que Manuel Adorni pasa de vocero presidencial a ministro coordinador, dejando de lado la diputación porteña para la que había sido electo en mayo.

Con la presencia del titular del Registro Nacional de Armas (ReNAr), el plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y de Justicia y Asuntos Penales del Senado pasó a la firma el proyecto con media sanción de Regularización de Armas de Fuego y prórroga del Programa establecido en la Ley 26.216.

A pesar de que se incorporó en el temario un proyecto de Anabel Fernández Sagasti vinculado a este tema, los integrantes del interbloque Popular no participaron del tratamiento. El dictamen pasó a la firma con el aval de La Libertad Avanza, el radicalismo, el Pro, Provincias Unidas, el Frente Renovador de la Concordia (Misiones) e Independencia (Tucumán).

La defensa del proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en 2024, a cargo de Patricia Bullrich hoy senadora, tuvo como portavoz a Juan Pablo Allan, director ejecutivo del ReNAr, quien presentó los números recolectados por su gestión: “Hay 595.204 armas de usuarios vencidos y 355.149 de armas de usuarios vigentes”.

El proyecto con media sanción

El texto dictaminado, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde el 1° de octubre del 2024 cuando alcanzó 142 votos a favor, 89 en contra y 1 abstención, como un reempadronamiento, propone, por un lado, un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean pistolas o revólveres de uso civil, condicional o sus repuestos principales, que no se encuentren registrados de conformidad con la normativa vigente.

Para esto habrá un plazo de 360 días, y quien posea armas no autorizadas deberá presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo que a su vez deberá realizar una intensa campaña de difusión a los efectos de informar sobre la ley.

Por otra parte, se propone prorrogar desde el 1ro. de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Y se establece que la entrega será, además de voluntaria, anónima y a “cambio de un incentivo”. Esto último, el Poder Ejecutivo lo explicitó en los fundamentos.

Según lo planteado por Allan, se estima que hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular. La última prórroga de este programa se había votado en septiembre de 2022, con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, el funcionario bullrichista se mostró crítico de la gestión anterior y señaló que “técnicamente es correcto tratar los dos en uno porque son dos caras de la misma moneda”.

La palabra del titular del ReNAr

En síntesis, el escribano presentó al proyecto de ley: “El Estado pide que esa arma que estaba en la oscuridad pase a tener luz”. Asimismo, destacó la creación de la Ley 25.886 del gobierno de Néstor Kirchner, vigente desde enero del 2007.

En segunda instancia, habló del proceso de digitalización dirigido a dar “posibilidad de tener el trámite exprés dentro de la armería”. En pocas palabras, Allan resumió que está vinculado a facilitar la legalidad del arma. Y agregó que se incorpora el concepto de Cédula Azul a través de Mi Argentina para la cesión y venta de armas de fuego registradas con credencial vigente.

En ese punto, el funcionario del Registro Nacional de Armas detalló un modus operandi relacionado al registro legal de un usuario, quien luego adquiría una numerosa cantidad de armas de fuego con fines delictivos: “Era utilizado por bandas criminales y lo denunciamos en juzgados federales de CABA y PBA, pero ahora, cuando sucede eso, los rebotamos y los obligamos al registro físico y no vienen”.

El tercer punto detallado de este proyecto de ley dictaminado estuvo dirigido a la eliminación de barreras burocráticas considerados por Allan como “innecesarios, repetidos y sin sentido”. Entre esos puntos, agregó que apunta a eliminar la espera de 15 días hábiles de demora para ser legítimo usuario.

Bullrich puso el foco en las escuelas y la agenda que se viene

Después de que Juan Pablo Allan remarcara que la adopción del “bombardeo digital” (sistema de aviso por notificación electrónica de los vencimientos de credenciales) le ahorre $1.000.000.000 a la Administración Pública, la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, puso el foco en el contexto que atraviesan diferentes escuelas secundarias y las amenazas de tiroteo: “Este sistema nos protege absolutamente”.

Luego expuso a las provincias de Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa por no adherirse a los convenios que impulsó Nación en materia de regularización y reempadronamiento de armas de fuego y pidió “perseguir fuertemente las armas ilegales”.

Con el texto dictaminado, el proyecto de Regularización de Armas de Fuego se suma a una lista extensa de iniciativas habilitadas de ir al recinto. La idea en el oficialismo es llevar a una sesión ordinaria este tema junto al pliego de Carlos Mahiques, Falsas Denuncias y, posiblemente, Inviolabilidad de la Propiedad Privada para el jueves 7 de mayo.

Mientas sigue abierta la inscripción para participar las audiencias públicas, diputados de la oposición encabezaron un conservatorio en rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares. El evento se realizó en el anexo del Palacio Legislativo y contó con la presencia de abogados, actrices y referentes ambientales que pronunciaron su oposición a la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Participaron el conservatorio los diputados nacionales Nicolás Del Caño, Myriam Bregman, Romina Del Plá y Néstor Pitrola del Frente de Izquierda; Carlos Castagneto y Adriana Serquis de Unión por la Patria; y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica. También adhirieron simbólicamente Esteban Paulón y Pablo Farías de Provincias Unidas.

Entre los invitados estuvo Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, quien cuestionó el lobby de las mineras detrás de la iniciativa: “Están modificando la ley a medida de un proyecto minero y no al revés porque los proyectos deberían adaptarse a las leyes”.

Durante su intervención en la sala del Anexo C de la Cámara de Diputados, el letrado mencionó a la mega minera BHP como potencial beneficiaria de la sanción de este proyecto de ley y recordó la catástrofe de la represa de Fundão en Brasil en el 2015. El colapso causó el vertido de más de 40 millones de metros cúbicos de desechos mineros, destruyó comunidades enteras, causó 19 muertos y más de 600 desalojados, y contaminó la cuenca del río Doce hasta el océano Atlántico.

En noviembre del 2025, diez años después de la catástrofe, la jueza Finola O’Farrell a cargo del Tribunal Superior de Londres dictó un fallo por el que responsabilizó a BHP por el colapso de la represa de Fundão. Sin embargo, la sentencia solamente estableció responsabilidad, pero se espera que las indemnizaciones a más de 600.000 se definan en una etapa posterior.

Por su parte, Nicolás del Caño, el primero en tomar la palabra, señaló que “es muy importante poder reunirnos con todos los que vienen peleando, se vienen pronunciando y alzando su voz frente a esta media sanción de la modificación de la ley de Glaciares que intenta seguir avanzando con el esquema de extractivismo y saqueo por parte de Milei y sus aliados”. También sostuvo que “las empresas nos dejan el daño ambiental y es mentira que se generan puestos de trabajo como dijo falsamente Milei en la apertura de sesiones el pasado domingo”.

Luego, se refirió al mismo punto que trató Enrique Viale: “El lobby de la megaminería viene siendo resistido desde los territorios, desde las asambleas y desde los especialistas, queremos escucharnos y también queremos pensar iniciativas para frenar la ley, como lo demostraron los pueblos de Chubut, de Mendoza, de Jujuy y otras provincias. Es la lucha la que puede frenar esta ley”.

En segunda instancia, la diputada nacional Myriam Bregman remarcó que “los cambios retrógrados que se pretenden hacer en la ley de Glaciares responden a un pedido de la Cámara Minera, y eso ya no es algo oculto”. Añadió, además, que “es lo mismo que pasó con la Ley de Humedales: pidieron enterrarla”

Por último, afirmó que “el proyecto de modificación no surge de ningún estudio científico ni nada por el estilo”. “Según dice expresamente el mensaje del Poder Ejecutivo en la remisión del proyecto, responde a un pedido formal de las provincias integrantes de las Mesas del Litio y del Cobre, solicitando cambios al texto vigente para facilitar el desarrollo de proyectos extractivos en sus territorios”, concluyó.

Acompañaron el conservatorio en rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares los refrentes ambientales Maristela Svampa y Guillermo Folguera; las actrices Julieta Diaz, Laura Azcurra y Celina Font; los músicos Guillermo Bonetto (vocalista de Los Cafres), Malena D´Alessio y Valen Cook; y los escritores Guillermo Martínez, Claudia Aboaf, Paula Pérez Alonso y Enzo Maqueira.

Siguiendo con el plan establecido por el oficialismo, las comisiones de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se reunieron en plenario para pasar a la firma el dictamen del proyecto de ley de Inocencia Fiscal y quedó en condiciones de llevarse al recinto en la sesión extraordinaria convocada para este miércoles a las 14. La Libertad Avanza logró el despacho de mayoría con las firmas de los bloques aliados.

En la reunión informativa de la mañana, el bloque oficialista dio lugar a escuchar los pedidos de incorporación de dos artículos planteadas desde Unión por la Patria: establecer la unidad de medida a tomar sea UVA (Unidad de Valor Adquisitivo); y la aclaración respecto de a partir de qué momento se considera la configuración de delito. Sin embargo, el oficialismo dictaminó el texto tal cual lo consignó el Poder Ejecutivo de la Nación.

El despacho de mayoría contó con las 32 firmas de los vocales de La Libertad Avanza, 4 del Pro, 2 del radicalismo, 2 de Innovación Federal, 1 de Elijo Catamarca, 1 de Independencia, 1 del MID y 1 de Producción y Trabajo. Por su parte, Unión por la Patria impulsó un dictamen alternativo con 29 firmas, y el Frente de Izquierda uno de rechazo con la firma de Myriam Bregman.

El dictamen de Unión por la Patria conservó el espíritu de la norma sancionada por la Cámara de Diputados el pasado 21 de agosto. Aquella iniciativa fue impulsada por el diputado saliente Oscar Agost Carreño y cosechó la unanimidad de los votos en el recinto. Llegó a tener dictamen en el Senado, pero no prosperó porque La Libertad Avanza siempre buscó insistir con el que impulsó el Poder Ejecutivo Nacional.

Por el oficialismo, la secretaria parlamentaria Silvana Giudici reiteró que este tema será tratado en el recinto este miércoles y amplió que “este dictamen deja de perseguir a los ‘perejiles’ para concentrar el poder del Estado en los grandes evasores”. Adentro de ese rótulo, nombró a al presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y a Pablo Toviggino, tesorero y secretario ejecutivo de la casa madre del fútbol argentino.

También destacó la labor llevado a cabo por su compañera de bancada, Laura Rodríguez Machado, quien fue ratificada en la presidencia de la Comisión de Legislación Penal. Luego, reiteró que “estamos entusiasmados de concretar y dejar de perseguir al que trabaja y al que ahorra y concentrarnos en los grandes evasores”.

En síntesis, la titular de Legislación Penal explicó que “estamos dando seguridad jurídica y previsibilidad. El que cumple no puede vivir bajo una amenaza permanente de inspecciones, sanciones o procesos penales". Y cargó que “esta ley protege al ciudadano de bien y pone límites claros al poder punitivo del Estado. Es una reforma profunda que ordena el sistema y devuelve confianza".

Principio de Inocencia Fiscal

En cuanto al proyecto de Inocencia Fiscal, se proponen cambios sustanciales en materia tributaria y penal fiscal, con el objetivo de garantizar el principio de inocencia fiscal y adecuar la normativa a la realidad económica. La iniciativa modifica el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, además de incorporar un régimen simplificado para la presentación de declaraciones juradas.

Entre las principales reformas se destaca la actualización de los umbrales para la configuración de delitos tributarios, que pasarán de cifras históricas a montos acordes con la inflación acumulada. Por ejemplo, el mínimo para considerar evasión simple se eleva de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para evasión agravada el límite será de $1.000 millones. También se incrementan los valores en otros tipos penales y sanciones administrativas.

El proyecto introduce un mecanismo para extinguir la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación antes de la denuncia, pagando la totalidad de la deuda más intereses. Incluso, si la causa ya está iniciada, podrá cerrarse mediante el pago del monto adeudado más un adicional del 50%, dentro de los 30 días posteriores a la imputación.

Otra novedad es la creación de un régimen simplificado de declaración jurada para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones. Quienes adhieran podrán aceptar la propuesta de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y, tras el pago, obtener efecto liberatorio y presunción de exactitud en sus declaraciones, salvo casos de fraude o documentación apócrifa.

Asimismo, se redefine el plazo de prescripción para las acciones del fisco, que será de cinco años para contribuyentes inscriptos y diez para no inscriptos, con reducción a tres años si se cumplen ciertas condiciones. El proyecto también invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar regímenes simplificados similares.

A menos de un mes del recambio legislativo, la senadora nacional electa y próxima jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, se digirió al Senado para reunirse con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Trascendió que el encuentro sucedió en buenos términos y mermó un “clima de tregua” luego de los fuertes cruces que tuvieron ambas en los últimos meses.

La reunión se llevó a cabo en el despacho de la titular de la Cámara alta y duró poco más de una hora y veinte minutos. Al salir del Palacio Legislativo, la ministra de Seguridad reiteró que el encuentro fue en términos cordiales, pero evitó brindar detalles. Según supo parlamentario.com, la conversación con la confirmación de la fecha de sesiones extraordinarias que será oficializado en los próximos días.

Sobre la reunión, uno de los temas primordiales que la senadora electa llevó al despacho de la vicepresidenta fue la premisa de que el oficialismo recupere la agenda parlamentaria y que los temas del Gobierno "tengan trato preferencial", luego de un 2025 donde la oposición manejó el temario. Claro está, que ese pedido se relaciona directamente con la nueva composición del bloque oficialista que pasará de tener seis integrantes a 20 a partir de la jura de los nuevos legisladores.

En la reunión con la Vicepresidente Victoria Villarruel hablamos de la necesidad de encarar un trabajo institucional serio para que la agenda del Gobierno tenga un espacio claro en el Senado.

Nuestro bloque pasa de 7 a 20 senadores y debemos construir una mayoría sólida y…

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 14, 2025

Pese a la distancia entre Victoria Villarruel y el presidente de la Nación, Javier Milei, la ministra de Seguridad aseguró que se mostró "colaborativa" de cara a esta nueva etapa en el Congreso de la Nación, y agregó que "ella me explicitó que ella quiere que el gobierno tenga acá la posibilidad de sacar adelante los proyectos que precisa.".

Respecto a su cargo en el Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich confirmó que renunciará en la previa a la jura como senadora nacional. Fuentes parlamentarias mencionaron que la fecha tentativa sería el viernes 28 de noviembre a las 12.

Consultada por su nuevo rol como jefa de bancada, Bullrich señaló que "vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que salgan los proyectos del Poder Ejecutivo". Luego, remarcó que le pidió colaboración a Villarruel "dentro de su rol institucional".

Al salir del Palacio Legislativo, la actual funcionaria no reveló detalles sobre lo hablado en relación a la Presidencia Provisional de la Cámara alta, cargo que ocupa Bartolomé Abdala. En principio, no habría discrepancias en que el puntano continúe, pero eso deberá ser ratificado en febrero cuando se lleve a cabo la sesión preparatoria.

Luego de la visita de Daniel González, llegó el turno de Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quien en el debate del proyecto de la ley de Presupuesto 2026 afirmó que “estamos queriendo cambiar el enfoque tributario y dejar de tener una matriz persecutoria”. Fue crítico de la gestión de la ex AFIP y destacó las medidas fiscales del actual Gobierno nacional.

Siendo la cuarta reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre el tratamiento de la “ley de leyes”, el encuentro estuvo moderado por el titular Alberto Benegas Lynch, que en su segundo día a cargo del órgano parlamentario evitó confrontar con los miembros de la oposición, pero no pudo esquivar los embates contra el director de la Agencia.

Sin embargo, después de la exposición de más de 20 minutos del funcionario, los diputados nacionales de Unión por la Patria plantearon un reclamo que generó el primer momento de tensión. Luego de que el director del ARCA finalizara su intervención sobre el proyecto de ley de inocencia fiscal, Germán Martínez, en su rol de jefe de bloque, alzó la voz y remarcó: “Tiene que venir a responder sobre el Presupuesto porque el expediente de inocencia fiscal no está en consideración ahora”.

El reclamo del santafesino fue más allá: en medio del planteo por los expedientes a considerar, deslizó que “si no esto es 'tema libre la vaca' porque Juan Pazo debe hablar de la Ley de Presupuesto”, y luego ironizó: “Es como si yo me pusiera hablar de los departamentos no declarados de Juan Pazo en Florida”. De inmediato, el funcionario, sentado en el estrado junto a Benegas Lynch, le contestó: “Trabajé toda mi vida en el sector privado y tengo todas las declaraciones juradas, prueben hacerlo… deberían trabajar y no vivir el Estado”.

El segundo momento de tensión entre los vocales y el funcionario fue cuando se mencionó a la quita y posterior regreso de las retenciones al agro. Punzante, Juan Pazo se dirigió a los legisladores de la oposición y chicaneó: “Es una cuenta aritmética, pero si quieren se los explico con manzanas”. Del otro lado de la sala, el diputado formoseño Fernando Carbajal le endilgó haber cometido una falta de respeto y lo catalogó de ser "muy atrevido".

Otro momento de fricción se dio cuando la diputada nacional Julia Strada planteaba una serie de preguntas al funcionario y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda la interrumpió en más de una ocasión: "Estás monopolizando la palabra, anótate y después seguís". Luego, notoriamente acelerado agregó: "No vas a cerrar tu intervención, me vas a escuchar a mí primero a mí".

"¿Qué te pasa violento?", respondió Strada, quien siguió: "Sos un violento. ¿Qué me venís a decir que te tengo que escuchar y me tengo que callar? sos un irrespetuoso 'Bertie'". "No hagas que te corte el micrófono", advertía Benegas Lynch. Finalmente, el titular de Presupuesto y Hacienda dio lugar a que continuara con las preguntas, pero el escenario ya se había caldeado.

La exposición del titular del ARCA

Las principales críticas de Pazo estuvieron dirigidas a la gestión de Carlos Castagneto, actual diputado nacional de Unión por la Patria y extitular de la AFIP desde agosto del 2022 hasta el 9 de diciembre del 2023. “Cuando hay límites de todo tipo de acceso al ahorro y no hay acompañamiento de parte del Estado, los niveles de evasión nos llevan a los altos niveles del 2001 que fueron parecidos a los de 2023”, deslizó el funcionario del gobierno de Javier Milei.

Respecto al escenario que Pazo encontró en el organismo cuando La Libertad Avanza arribó al Poder Ejecutivo, cuestionó que “se nombraron más de 3000 ingresos en ARCA a fines del 2023”, y luego, agregó que “nos dejaron un Banco Central sin reservas y una deuda muy importante en las devoluciones adeudadas de impuestos”. “Estamos queriendo cambiar el enfoque tributario y dejar de tener una matriz persecutoria”, alertó.

En otro tramo del discurso, el director de la Agencia de Recaudación advirtió que la evasión fiscal en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) tuvo “niveles mayores al 37%, lo que marca cifras peores que en el 2001”. Asimismo, mencionó que “la informalidad laboral es de 4 sobre 10 trabajadores argentinos que son más de 4 millones de personas”.

En síntesis, Pazo agregó que “el régimen de evasión del IVA fue similar a la evasión en materia laboral”. Criticó duramente la creación de cargos jerárquicos en diciembre del 2023 -previo al cambio de gobierno-, y profundizó: “Encontramos una obsolescencia tecnológica muy grande en una organización muy importante y clave para este gobierno porque la principal ancla que tenemos es el equilibrio fiscal”.

Al retomar el cambio de paradigma que propone la gestión libertaria, reiteró que la Agencia está puesta “al servicio de los ciudadanos y no para perseguirlos”. “No podemos soslayar que debemos mejorar las barreras del cumplimiento de los contribuyentes, pero buscamos facilitarle la vida al contribuyente y el agro es un aliado de este Gobierno y no utilizaremos mecanismos de persecución con el campo”, definió Juan Pazo.

El cierre de la exposición de Pazo fue para añadir que “el principal incentivo de la regularización de los patrimonios es el acceso al crédito privado que creció del 3% al 9% del PBI”. Luego, definió que los tres puntos principales de la gestión son “la simplificación, la desburocratización y la aplicación de tecnología”. “No estamos desmantelando un organismo, nuestro desafío es fomentar consumo e inversión”, concluyó.

Tal como suele suceder cada vez que un funcionario del Poder Ejecutivo viene al Congreso, Juan Pazo evitó profundizar más allá del la exposición. Cada vez que tomaba la palabra para contestar los bloques de preguntas, los legisladores de las bancadas de la oposición advertían -fuera de micrófono- que el funcionario no respondía sobre los temas consultados.

En última instancia, el diputado libertario Santiago Santurio cruzó a Vilma Ripoll por haber insultado al funcionario fuera de micrófono, y le recordó el abrupto final de la reunión que tuvo como invitado a Carlos Guberman. Tras este contrapunto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto Benegas Lynch, dio por terminada la reunión.

En medio de una creciente tensión de problemáticas, la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento se reunió este martes para iniciar el debate de la creación de una comisión especial investigadora sobre los hechos relacionados con la comercialización en el sistema de Salud del fentanilo contaminado. Pese a haber discrepancias, los legisladores presentes instaron a dictaminar la próxima semana.

En el inicio de la reunión, la titular de la comisión Silvia Lospennato mencionó el malestar de los autores de proyectos por la ampliación de giros de los proyectos de ley, los cuales también serán abordados por Asuntos Constitucionales, a cargo de Nicolás Mayoraz que se encuentra en Santa Fe abocado a la reforma constitucional. “No recibí respuesta positiva de Presidencia (Martín Menem) para que los otros proyectos tengan a Poderes, Peticiones y Reglamento como comisión cabecera”, reveló la presidenta de la comisión.

Sobre la creación de una comisión especial investigadora, se analizaron las propuestas de Silvana Giudici del Pro; la de Christian Castillo del Frente de Izquierda; la de Pablo Juliano de Democracia para Siempre; y la de Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria. Esta última propone un órgano bicameral para convocar con “mayor fuerza” a los funcionarios que sean citados. “A mayor degradación de las instituciones de la Argentina, mayor institucionalidad”, presentó.

La reunión contó con la presencia de familiares de víctimas por la partida adulterada que ya ha causado 96 muertes. Clarisa Álvarez, quien perdió a su padre en el Hospital Italiano de La Plata, señaló: “Somos familias que perdimos a un ser querido que fuimos al lugar y el día incorrectos, y que nos encontramos con una bacteria letal”. Luego, brindó un duro relato: “Lo peor que podía pasar, nos pasó a nosotros, no fuimos la excepción y podría volver a pasar porque le puede pasar a cualquiera”.

Acto seguido, Álvarez dio lugar a Liliana Peralta, mamá de Leonel Ayala, un joven que padeció la misma desgracia, quien leyó una emotiva carta en la Sala 4 del Anexo del Palacio Legislativo: Primero, solicitó compromiso y acción inmediata; exigió acceso a la información pública de los organismos involucrados; y cerró la lectura pidiendo una labor legislativa “en defensa de la salud, la vida y los derechos de los ciudadanos”.

El debate por la comisión investigadora

La reunión duró poco más de dos horas y la presidenta de la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento, Silvia Lospennato, anunció, en el cierre, una reunión de asesores para este viernes a las 13, posiblemente un encuentro único este martes y un encuentro plenario junto a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el jueves de la semana que viene. Además, pidió trabajar por el consenso y lograr un único dictamen.

En otro punto, anticipó su discrepancia a la iniciativa de una comisión bicameral porque “exige dos tercios de los miembros en el Senado para avanzar”. Mencionó, además, una vocación legislativa para que a futuro “nuestros reglamentos sean parecidos”; y por último, sugirió que “nadie debería querer sacar un rédito político por las víctimas”.

La primera expositora del encuentro fue Silvana Giudici (Pro – CABA), autora del proyecto que propone una comisión especial investigadora con una composición idéntica a la del Caso $LIBRA. Sin embargo, rechazó la posibilidad de una modificación (en alusión al proyecto de resolución que destrabó la de la Criptomoneda) porque “no estamos de acuerdo con el voto ponderado”.

Respecto a la causa que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak por la partida de fentanilo contaminado, hizo una cronología de los hechos denunciados y amplió: “Hay más de 188 instituciones afectadas por el fentanilo y cuando comenzamos a tener noticias por las primeras muertes, pensamos en la importancia de que el Congreso intervenga y acompañe”.

Remarcó el consenso logrado para aprobar el pedido de informes al Poder Ejecutivo y destacó que “la misión del Congreso es respetar la Constitución Nacional y no incurrir en una contradicción con la causa que se lleva adelante”. Por la intromisión de la justicia fue detenido Ariel García Furfaro, abogado y dueño de HLB Pharma y vinculado a Laboratorios Ramallo cuando se elaboró la partida contaminada.

Después, sumó que “esta crisis sanitaria tiene tres ámbitos de actuación: una es la del fentanilo medicinal contaminado; el segundo tiene que ver con la conexión con el narcotráfico y la exploración de la ruta consistente entre estas ampollas; y el tercer ámbito es la cadena de protección y conexión entre empresarios y testaferros con la eventual participación con funcionarios y exfuncionarios”.

En el último tramo de su intervención, Giudici pidió ahondar en el “reclamo persistente por la trazabilidad de la última milla de los medicamentos”, y anticipó la posibilidad de una modificación al Código Penal porque “aun sumando todas las figuras penales en esta causa, hay un riesgo a que la pena no sea proporcional al daño causado que fue el de envenenar a 100 pacientes y contaminar quirófanos del ámbito de la salud pública y privada”.

Brevemente, el diputado nacional Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria – Tierra del Fuego) consideró que “no estoy de acuerdo con desligar la parte política de esta situación”, y contempló la posibilidad de “armar una subcomisión dentro de la Comisión de Acción Social y Salud Pública para determinar las responsabilidades del ANMAT y sus autoridades, y también de las responsabilidades generales de esta situación”.

Sin embargo, el fueguino optó porque su proyecto sea absorbido por el de Tolosa Paz y explicó que “estamos hablando de más de 100 víctimas y tenemos que buscar las respuestas para esclarecer toda esta situación”. Asimismo, se diferenció de la iniciativa del Pro y cargó que “hay investigar hacia arriba: Ministerio de Salud, Capital Humano y al Gobierno de la Nación que pone autoridades al mando de estos organismos”.

Autor de otro proyecto, el jefe de bancada de Democracia para Siempre, Pablo Juliano mencionó considerar el proyecto de resolución que motorizó Maximiliano Ferraro para lograr destrabar la Comisión $LIBRA y también, mencionó los chats de los empleados de Laboratorios Ramallos: “Tenemos que entrar a investigar esto, si no somos una burla”.

Se adelantó a la posibilidad de que este tratamiento pueda tener dos dictámenes y pidió “dejar de jugar a la política porque si esto se convierte en un ‘narcoestado’, de ahí no se vuelve más”. En línea con otros planteos, propuso considerar la colaboración de organismos internacionales: “Tenemos que pedir ayuda porque esto es grave”.

De cara a los familiares de las víctimas, expresó: “Si no hay ánimo de búsqueda, hagámoslo por humanismo porque los familiares se tuvieron que arrastrar para saber de qué habían muerto sus hijos”, y cerró: “Esto no tiene que ver con el vecindario, esto es más grave”.

En representación del proyecto del Frente de Izquierda, el diputado nacional Christian Castillo aseveró: “Hay que tener dimensión que la catástrofe sanitaria que estamos viviendo con el fentanilo contaminado muestra los límites de la política de desguace de los organismos de regulación y control”. En ese tramo, comparó esta tragedia con el accidente de Lapa ocurrido el 31 de agosto de 1999 y la ausencia de control aeronáutico.

También responsabilizó al ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y relató: “Vemos acá a un empresario que por ahorrar costos se trabaja en condiciones no óptimas en los laboratorios, terminó llevando al envenenamiento de estas personas”. Además, vinculó la causa con los despidos en la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).

En un segundo planteo, propuso que los familiares tengan accesos a todas las reuniones de comisión y sumó que uno de los objetivos de esta comisión debería ser “dilucidar la responsabilidad estatal y si hubo inspecciones, responsabilidad del ANMAT de la ex INAME (Instituto Nacional de Medicamentos)”.

Por último, pidió investigar exhaustivamente la “dimensión de Ariel García Furfaro” y todo el entramado de su arribo a la industria farmacéutica. En el final de su intervención, explicó la posibilidad de ampliar la composición a los bloques que contengan dos representantes y exigió que “los funcionarios del sector público tienen que poder ser citados y que tengan la obligación de venir”.

La última autora de proyectos en exponer fue la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien adelantó que Unión por la Patria va a insistir con un dictamen que proponga la creación de una comisión bicameral y reveló que cuenta con el apoyo de integrantes del bloque Encuentro Federal. “A este drama y a esta crisis sanitaria que dejó 96 víctimas, le corresponde el mayor grado de institucionalidad”, reiteró.

“El mayor grado de institucionalidad es, sin dudas, ambas cámaras, la mayor representación legislativa y parlamentaria, que tenga peso federal, y con la mayor vocación política de buscar en un tiempo determinado todo lo que las víctimas, por sí solas, no pueden llegar a juntar -datos, historias clínicas y procedimientos-”, explicó.

Así las cosas, agregó que “lejos de querer dilatar, la consolidación de un informe de una comisión bicameral puede resultar de insumo sumamente necesario para los familiares y para las víctimas, y necesario, también, para ahondar en las distintas causas que se van a ir abriendo sobre la responsabilidad pública del laboratorio y sobre el resto de las implicancias que se van a ir desarrollando a lo largo de estas comisiones”.

Profundizó, además, que su proyecto toma como base a la Comisión Bicameral del ARA San Juan que “le permitió al Juzgado de Caleta Olivia avanzar más rápido y tener datos importantísimos para que cualquier juez investigue cuales son las responsabilidades”. En esa línea, consideró: “Teniendo una buena correlación de fuerzas entre quienes estamos acá y nuestros pares senadores, no estamos lejos de construir, con fuerza de ley, una bicameral investigadora en el plazo y los limites que nos pongamos de acuerdo”.

Respecto a potenciales interpelaciones, Victoria Tolosa Paz remarcó: “Es fundamental decir que una comisión investigadora bicameral tiene que tener peso para no naturalizar, como hemos visto en esta Cámara de Diputados, interpelaciones a funcionarios aprobadas y que acá no pasó nada”. “Antes no pasaba esto de que un ministro dijera ‘no voy al Congreso’ y presente una notita”, cuestionó.

En última instancia, el diputado tucumano Pablo Yedlin, vocal de esta comisión y titular de Acción Social y Salud Pública, reiteró el reclamo por la ampliación de giros y auguró: “Nos van a obligar a emplazar nuevamente”. Luego, expresó: “Lo que hemos vivido en la Argentina con las ampollas de fentanilo contaminado es una tragedia enrome”.

Sobre la causa, anticipó que va a presentar un proyecto de ley para fortalecer el marco normativo y regulatorio de la ANMAT, la cual fue creada por el Decreto 1490/1992, y cerró: “Seamos firmes en que la semana que viene tengamos dictamen, si no todo termina siendo una ‘paparruchada’”.

Después de que el presidente Javier Milei vetara las 3 leyes que sancionó el Senado el pasado 10 de julio, el interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria brindó este martes una conferencia de prensa para confirmar la insistencia con el aumento a los haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

El anuncio se llevó a cabo en el salón de reuniones del interbloque en el Palacio Legislativo. Estuvieron presentes José Mayans, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Fernando Salino, Eduardo “Wado” de Pedro, Alicia Kirchner, María Eugenia Duré, Florencia López, Silvia Sapag, Fernando Rejal, Sergio Leavy, Mariano Recalde, Carlos Linares y Stefanía Cora.

Entre varios temas, los legisladores presentes repudiaron la represión de este martes al mediodía contra las organizaciones de personas con discapacidad que se congregaron a la Plaza de los dos Congresos para manifestarse en contra del veto publicado este lunes. También, hicieron mención al reclamo de los recicladores en otro punto de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, los integrantes de la principal bancada opositora se mostraron optimistas de que los tres proyectos de ley puedan sortear el veto presidencial en la Cámara de Diputados.

El primero en tomar la palabra fue Mariano Recalde, senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, quien apuntó directamente contra el presidente de la Nación: “Es mentira que no hay plata y es mentira que afecta al equilibrio fiscal porque si un aumento de 62.000 pesos afecta el equilibrio del país habla muy mal del presidente”.

En defensa del proyecto de aumento a los haberes jubilatorios y la declaración de emergencia en discapacidad, Recalde afirmó que “las leyes prevén métodos de financiamiento”. En ese tramo, agregó: “Cuestan lo mismo que la baja a las retenciones a favor de la Sociedad Rural”. Del mismo modo, acusó al Ejecutivo de “asignar como nunca fondos reservados a la SIDE por otras vías”.

“Hay plata para espiar a los opositores, a organizaciones que marchan los miércoles y no hay plata para los jubilados”, enfatizó. En el final, desenfundó un nuevo cuestionamiento contra Milei: “El presidente que vino a promover algo nuevo, lleva a cabo las mismas recetas de siempre”. Por último, procedió a leer los nombres de aquellos dialoguistas que votaron a favor de las leyes.

En otro tramo de la conferencia, el formoseño José Mayans anticipó que el Gobierno nacional “tiene un plan para llevar la edad jubilatoria a 70 años”. “Tenemos buenas expectativas de lo que ocurra mañana en la Cámara de Diputados respecto a los proyectos de los gobernadores”, consideró el jefe del interbloque.

También, Juliana di Tullio señaló que “podemos recibir presión, pero nunca aceptarlas” porque “nos compromete la representación con el pueblo”. En esa línea, agregó que “estas leyes fueron el resultado de la voluntad popular a través de sus representantes”, auguró: “Espero que se logre con éxito la Cámara de Diputados”.

Del mismo modo, le pidió a la ciudadanía que se movilice ante los vetos porque "es importante que cada uno pelee”. “Nosotros estamos representando, pero es importante lo que hicieron las personas y organizaciones de discapacidad y los jubilados que sufren tanto desprecio y violencia inusitada cada miércoles”, aseveró.

Por último, la senadora que representa a la provincia de Buenos Aires planteó: “¿Cuál es el freno a los vetos del presidente? Hay que votar porque los límites se lo pone el pueblo argentino”. Para concluir, Di Tullio hizo una mención del exsenador entrerriano preso en Paraguay: “En Diputados creemos que vamos a conseguir los dos tercios porque la realidad se impone y para que se repita el mismo resultado y que no haya más Kueiders”.

Sin la presencia de Ezequiel Atauche, la oposición logró activar la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para dictaminar los tres proyectos con media sanción que serán llevados al recinto en los próximos días: la actualización por ley de los haberes jubilatorios; la prórroga de la moratoria previsional; y la declaración de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.

El presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, se hizo presente en la reunión realizada en el Salón Arturo Illia y reiteró en más de una oportunidad que la oposición “hizo una auto convocatoria”. Después insistió en que la reunión “carece de la formalidad necesaria”. Advirtió, además, que el oficialismo no va a reconocer la reunión, ni tampoco los dictámenes, y que el plenario para pasar a la firma fue fijado para el próximo 15 de julio.

Con el acompañamiento de dos senadores radicales y una del Pro, Anabel Fernández Sagasti aclaró que “la última interpretación del reglamento la hace la mayoría del Senado y acá estamos presentes, y si no la vamos a hacer en el recinto”. Acto seguido, anticipó un pedido de sesión especial para el próximo jueves 10 de julio, donde el temario incluirá los tres proyectos despachados.

Con la presencia del secretario parlamentario Agustín Giustinian, Fernando Salino -en su rol de vicepresidente-, Mariano Recalde, María Teresa González, Juan Manzur, Carlos Linares, Eduardo “Wado” de Pedro y Fernando Rejal de Unión por la Patria; Martín Lousteau y Pablo Blanco del radicalismo (llegó con la reunión comenzada); y Guadalupe Tagliaferri del Pro fueron quienes avalaron los tres dictámenes.

Según constató este medio, Ezequiel Atauche no respondió las notas de convocatoria a reunión de comisión elevadas por UP y los tres senadores dialoguistas. A las horas de terminado este encuentro, se manifestó a través de X: "Como siempre, Javier Milei tiene toda la razón".

"El kirchnerismo no quiere asumir que ya no puede hacer lo que se le canta. Ayer lo vimos en Diputados, hoy en una comisión irregular que convocaron de prepo en el Senado. ¿Quieren poner palos en la rueda? No los vamos a dejar", remarcó el legislador jujeño. 

Como siempre, @JMilei tiene toda la razón. El kirchnerismo no quiere asumir que ya no puede hacer lo que se le canta. Ayer lo vimos en Diputados, hoy en una comisión irregular que convocaron de prepo en el Senado.

¿Quieren poner palos en la rueda? No los vamos a dejar. pic.twitter.com/uhbNPVq8Vj

— Ezequiel Atauche (@ezeatauche) July 3, 2025

Un intenso debate 

El jefe del interbloque opositor, José Mayans, fue el primero en tomar la palabra y cargó contra el jefe de bancada oficialista, presidente de Presupuesto y Hacienda: “Se cree el dueño del Senado, y la invitación se la mandamos al presidente y a la presidenta del Senado para que nadie mire para otro lado”. En otro momento, aseveró que “trascendió que estuvo apretando a secretarios para no hacer la reunión”.

Tanto los legisladores de Unión por la Patria como los dialoguistas presentes elevaron un reclamo contra las autoridades de la Cámara alta por la ausencia de la transmisión oficial. “Este es el canal de Senado, no un canal de partidario”, aseveró el senador fueguino Pablo Blanco. Luego, cargó contra Atauche y señaló que “hace una hora me dijo que iba a venir a fijar fecha, pero no cumplió con su compromiso”.

En virtud de la validez del encuentro, Martín Lousteau remarcó que “está claro que un senador (en referencia al jujeño) no puede contra una mayoría decir qué se hace y qué no se hace”. Y cuestionó: “Convocó a las reuniones después de que todos estuviéramos acá”. Minutos antes, Abdala se hacía presente en el Salón -con la intención de desactivar la reunión- anunciado la convocatoria a asesores para el 8 y a plenario para el 15 de julio.

En un extremo de la primera fila, el senador puntano, en soledad, insistía con que “no se han cumplido las formalidades en tiempo y forma de convocatoria a la reunión, y por eso no vino Senado TV”. Y nuevamente, repitió: “Es la primera vez que ocurre que llaman de un día para el otro”.

Del otro extremo, la senadora nacional Juliana di Tullio, acompañada por sus pares de interbloque, aclaró que “la reunión fue pedida por diez senadores de la Nación”. En otro momento, advirtió que “no hay antecedentes de una administración del Ejecutivo que tenga tanto apego por cerrar el Senado de la Nación”, y respaldó a la reunión en cuestión: “Hicimos un ejercicio político”.

Luego de varios idas y vueltas, la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri tomó el micrófono y afirmó: “Presentamos con 48 horas el pedido de plenaria -al término de la reunión que presidió Carmen Álvarez Rivero el martes pasado-”, y ratificó que “el plazo está cumplido”.

En el final, Fernando Salino, en su rol de autoridad circunstancial de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, arengó que “no nos vamos a dejar trampear en el recinto porque esto fue reglamentario y tuvimos quórum e hicimos las cosas de buena fe”. “Todos sabían de esta reunión”, concluyó.

Por último, los diez senadores nacionales presentes firmaron el despacho de las tres iniciativas y se dio por finalizada la reunión. En caso de que el oficialismo considere que la moción de esta jornada no fue válida, desde Unión por la Patria apelarán a la decisión del pleno en el recinto. Dicho sea de paso, de tener a los 34 legisladores del interbloque y a los 3 firmantes del dictamen, el quórum estaría garantizado.

Cuando aún restaban varios emplazamientos, algunos de los diputados de Unión por la Patria se levantaron en el recinto para increpar al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert. Luego, el escándalo se desató y la sesión especial se dio por terminada al quedarse sin quórum.

Gritos, increpadas y legisladores gesticulando fueron la última imagen de una sesión pedida por la oposición que solo pudo aprobar los emplazamientos para tratar los proyectos de financiamiento de universidades y la declaración de emergencia en pediatría en el Hospital Garrahan para el próximo 8 de julio.

Luego de un arranque alborotado con extensas cuestiones de privilegio y en donde se coló la polémica por el fallo contra YPF, la confirmación de la condena contra Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema, la detención de dos mujeres por tirar excremento en la casa de Espert y el cierre de las residencias del Garrahan decretado por el Gobierno, Maximiliano Ferraro propuso resolver la autoridad de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA y todo empezó a descontrolarse.

Lejos de encontrar consenso para continuar con el plan de labor parlamentaria acordado en la previa de la sesión, Cecilia Moreau tuvo una intervención en el recinto repleta de agravios contra La Libertad Avanza y el Gobierno nacional. Los ánimos empezaban a caldearse y la extitular de la Cámara baja acusó a los libertarios de “meterse la Constitución Nacional en el culo”.

En medio de esta discusión, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaba por X la detención de una edil de Quilmes en el marco de la causa abierta por haber tirado excremento en la puerta de la casa de Espert. “De día, concejal de Quilmes. De noche, planificaba y ejecutaba ataques a opositores y sus familias”, señalaba la funcionaria.

Según supo parlamentario.com, lo que generó el enojo desmedido de algunos integrantes de Unión por la Patria se dio a partir de una serie de comentarios -fuera de micrófono- de Espert con relación a la detención de la concejal quilmeña. Inmediatamente, varios integrantes de la oposición fueron hasta la banca del economista en el sector derecho del hemiciclo del recinto.

Paula Penacca, Vanesa Siley, Constanza Alonso, Mario Manrique, Lorena Pokoik, Roxana Monzón, Tomás Ledesma, Florencia Carignano y Jorge Araujo Hernández fueron algunos de los legisladores de UP que increparon a Espert cara a cara. Del otro flanco, en defensa del titular de Presupuesto y Hacienda, se pararon Nadia Márquez, Juliana Santillán, Nicolás Mayoraz, Gabriel Bornoroni y Lisandro Almirón.

#Diputados

Unión por la Patria vs La Libertad Avanza pic.twitter.com/luP84ExXLf

— Leandro Bravo (@LeandroNSBravo) July 2, 2025

Montoncito con la mano, seña de miedo, dedos índices apuntando, risas irónicas y los gritos se apoderaron de un recinto envuelto en el caos. El resto de los bloques miraban atónitos, otros filmaban el pleito. Sin poder lograrlo, Martín Menem llamaba al orden: nadie le hacía caso.

A pocos metros del conflicto entre legisladores, la diputada sanjuanina Nancy Picón Martínez, aliada del oficialismo que acompañó ambos emplazamientos, le pidió a Menem por el cierre de la sesión y, en consecuencia, el presidente de la Cámara de Diputados dio por terminada la cita en el recinto. En efecto, no había quórum para votar la moción del artículo 127 inciso 5 que había pedido el diputado Juliano, con lo cual se levantó la sesión.

Con el pronunciamiento del cierre de la sesión, el diputado formoseño Fernando Carbajal le pidió a Menem por las expresiones en minoría. El riojano no hizo lugar al pedido y empezó a retirarse, mientras del otro lado del estrado lo esperaban Germán Martínez y Nadia Márquez, entre otros, para hablar de lo sucedido en el recinto.

Cuando la sesión se descontroló, restaban tratar aún los emplazamientos sobre salud mental, ley Alzheimer, incentivo para PyMEs, huso horario y retenciones. También, el temario incluía el debate por la ley de juicio por jurados y la modificación a la Ley de DNU, ambos temas con despacho de comisiones.

¿Pacto para hacer caer la sesión?

A la salida del recinto, en pleno retiro de los legisladores, integrantes de los bloques dialoguistas dejaron trascender su malestar con Unión por la Patria e incluso, consideraron que el escándalo desatado contra Espert se dio en el marco de un “pacto” para hacer caer la sesión. “Ellos solo querían universidades y Garrahan”, señalaron a este medio en los pasillos del Congreso una vez caída la sesión.

El diputado cordobés Carlos Gutiérrez fue uno de los que recogió el guante y apuntó contra la polarización de bancas: “Qué casualidad que se lograron los emplazamientos para financiamiento universitario y emergencia del Garrahan, y no se logra para retenciones”.

"Una vez más, el kirchnerismo y el Gobierno se ponen de acuerdo y son funcionales para perjudicar a todo el interés federal. Parece mentira que haya diputados, como (Rodrigo) de Loredo, que no dio quórum y es beneficiario indirecto de la caída de la sesión", insistió.

Así las cosas, integrantes de la oposición dialoguista comentaron a este medio que insistirán con un nuevo pedido de sesión para retomar los emplazamientos que quedaron pendientes.

En otro vértice del recinto, la diputada monobloquista Lourdes Arrieta (según relató en X) fue increpada por Lilia Lemoine quien la habría amenazado con la frase “agradecé que no te arranco la cabeza”. Luego, la mendocina agregó: “Me da lástima que haya ‘representantes de la Nación’ así. Una muestra del papelón que fue la sesión de hoy. Dejo mi integridad física en manos de la presidencia”.

Otro dato revelador al término de la sesión fue que Marcela Pagano, integrante de La Libertad Avanza, quien se sienta en la banca número 56 en el flanco derecho del hemiciclo, no se retiró por la salida lateral por la que ingresan y salen los miembros de La Libertad Avanza, sino que cruzó en 45° hasta la salida de los bloques dialoguistas.

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados dictaminó este miércoles la modificación de los artículos 166 y 277 del Código Penal que establece una elevación en las penas mínimas a un año para hurto y de dos para robos en casos de sustracción en autos y motos. Actualmente, la pena mínima es de un mes de prisión efectiva.

El texto despachado contempla como eje al proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en complemento con los presentados por la bullrichista Patricia Vasquez, al de María Sotolano del Pro, al de María Cecilia Ibáñez del MID, el de Juan Brügge, uno de Miguel Pichetto, de La Libertad Avanza y otro de Carolina Píparo.

El dictamen alcanzó las 16 firmas plasmadas por Laura Rodríguez Machado, titular de la comisión; Nicolás Emma, Alida Ferreyra, Píparo, Guillermo Montenegro y Álvaro Martínez de La Libertad Avanza; Alejandro Bongiovanni, Álvaro González y Gerardo Milman del Pro; Brügge y Esteban Paulón de Encuentro Federal; Soledad Carrizo y Pamela Verasay del radicalismo; Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica; Yamila Ruíz de Innovación Federal; y José Tournier de Liga del Interior.

Los integrantes de Unión por la Patria estuvieron solo cinco minutos en la Sala 7 del Anexo y se retiraron en rechazo al debate en medio de la sentencia del máximo tribunal de justicia contra Cristina Kirchner. Antes de irse, el diputado rionegrino Martín Soria señaló que “la Corte más degradada de la Argentina ratifica el fallo de un juez que rompió un fallo procesal a pedido de canales de televisión”.

Por otro lado, el ministro de Justicia del gobierno del Frente de Todos anticipó que van a presentar un dictamen de rechazo al debate en cuestión y catalogó que “tratar proyectos de marketing punitivistas nos parece verdaderamente insólito”. Segundos antes, había cuestionado que “la calle totalmente militarizada y cada vez más gente fuera de las vallas que ya no son solo los jubilados y los estudiantes, porque están los médicos del Garrahan”.

El texto dictaminado plantea un incremento en las penas por robo de autos y motos, especialmente si se usan inhibidores, llaves clonadas o vehículos para facilitar el escape; los delitos cometidos por “motochorros” se agravan cuando se utiliza la moto para robar o huir; asevera las sanciones si se afecta un servicio público como la luz o el agua por medio del robo de cables, caños y metales; también contempla penas a quienes compren, vendan o almacenen celulares, cobre o repuestos robados; y agrava las penas por circulación en moto robada o sin documentación que acredite su posesión legal.

No se puede parar el Congreso de la Nación por alquien que fue presa por corrupción. El que las hace, las paga. pic.twitter.com/p4X34fK9er

— Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) June 11, 2025

El debate 

El encuentro fue breve (duró 22 minutos), pero los diputados impulsores del tema tomaron la palabra en la reunión. El primero fue Juan Brügge, quien explicó que “equilibramos las penas mínimas de hurto y robo simple de un mes a un año y dos años”, respectivamente. Asimismo, cuestionó al actual Código Penal Nacional: “Tiene una desactualización muy grande con penas de un mes como mínimo”.

En rechazo a la postura del kirchnerismo, Marcela Campagnoli afirmó que “es saludable dar este debate” y se refirió a la ratificación de la Corte Suprema a la condena a seis años de prisión efectiva e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la expresidenta de la Nación: “No es revancha ni venganza, es justicia”.

Asimismo, señaló que “no es cierto que han sido jueces macristas”, y agregó que “la Comisión de Acuerdos del Senado siempre estuvo presidida por el PJ y los pliegos de los jueces fueron aprobados por el Senado donde siempre hubo mayoría peronista”.

Después, la diputada cordobesa María Cecilia Ibáñez del Movimiento de Integración y Desarrollo indicó que “el 90% de los que sufrieron un robo, no volvieron a tener una vida igual”, y recordó un hecho de robo en 2015 de una mujer que falleció arrastrada por un motochorro. “En Córdoba nos pedían el incremento de las penas por el aumento de robos con esta modalidad”, aseveró.

En el final del encuentro, diputados cercanos a Patricia Bullrich ratificaron su aval al proyecto: primero, Patricia Vásquez afirmó que “los motochorros salen a matar” y que “aumentar las penas no es la única solución, pero es un paso indispensable”; y cerró Gerardo Milman, quien relató que “en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, estos delitos suceden por minuto y representan el 54,9%”.

En el mismo momento que se anunciaba el histórico fallo de la Corte Suprema de la Nación contra Cristina Kirchner y la ratificación de su condena a seis años, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA se reunía este martes, sin alcanzar una vez más consenso para designar sus autoridades. No obstante, sí funcionaron esta vez como comisión y los miembros de la oposición pidieron citar al presidente Javier Milei, a Karina Milei y a Hayden Davis, entre otros nombres.

La reunión estuvo marcada por los cruces que se dieron entre el flanco opositor y el flanco del oficialismo con sus aliados. Luego de no llegar a un acuerdo y acusar a La Libertad Avanza de querer “obstaculizar" el funcionamiento de la comisión, el diputado formoseño Fernando Carbajal de Democracia para Siempre anunció su adhesión al pedido de juicio político contra el presidente de la Nación. Mónica Frade, de la Coalición Cívica, también confirmó su apoyo en avanzar con la investigación por medio del proceso político.

El segundo encuentro de la comisión creada para investigar en profundidad qué ocurrió el 14 de febrero cuando Javier Milei difundió la criptomoneda $LIBRA que luego perdió su valor y mantiene procesos judiciales a nivel nacional e internacional, se dio mientras se conocía la ratificación de la condena contra Cristina Kirchner por parte del máximo tribunal de justicia. Fue la diputada bullrichista Silvana Giudici quien a los pocos segundos del fallo deslizó con una sonrisa plena: “La justicia llega, así pasen 16 años y 17 jueces”.

Minutos antes de la cita en el Anexo del Palacio Legislativo, hubo dudas respecto de la presencia de los seis integrantes de Unión por la Patria, quienes estaban presentes en la sede del PJ Nacional, a pocas cuadras del Congreso de la Nación. Finalmente, asistieron e insistieron con la moción para que Sabrina Selva quedara a cargo de la comisión, lo que resultó, nuevamente, en empate contra la propuesta del oficialismo para que sea Gabriel Bornoroni.

Ante la falta de acuerdos por la designación de las autoridades, la reunión fue coordinada por el secretario parlamentario Adrián Pagán, quien, tras el empate en 14 votos, dio el lugar para que se tratara la moción de Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal para que los miembros del oficialismo y los aliados elijan al presidente dentro del flanco opositor, argumentando que “debía ser autoridad alguien que estuvo de acuerdo en la creación de esta comisión”.

Esta propuesta fue avalada por Germán Martínez, jefe de bancada de Unión por la Patria, quien no integra la comisión, pero remarcó que la misma “debe ser presidida por un diputado que tenga clara conciencia de investigar y no de obstaculizar”. Luego, reafirmó la moción por Selva (que no prosperó) y afirmó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra Cristina Kirchner “es un papelón”.

Ya con el empate consumado y la negativa del oficialismo de avanzar con la moción de Agost Carreño, Carbajal se cruzó con su excompañera de bloque, la radical Soledad Carrizo, y llamó al flanco de La Libertad Avanza y los aliados de ser “el bloque de la impunidad”. Molesto por no avanzar con la presidencia de la comisión, afirmó que “vamos a promover e impulsar el juicio político porque evidentemente es el único ámbito constitucional donde vamos a poder lograr el objetivo de investigar y que los corruptos no queden impunes”. Esto, también, fue avalado por la Coalición Cívica.

Cabe recordar que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sigue sin tener resueltas sus autoridades (como la Investigadora de $LIBRA), tras lo ocurrido en abril de 2024 cuando se desactivó la reunión constitutiva que iba a fijar en el cargo la diputada oficialista Marcela Pagano. La propia legisladora viene alzando la voz con ese reclamo y se prevé que la oposición podría acompañarla si se pusiera a consideración en el recinto.

En el final de esta segunda reunión, el Frente de Izquierda pidió citar a Javier Milei y a Hayden Davis; Unión por la Patria a Karina Milei; la Coalición Cívica pidió a Mauricio Novelli; y Democracia para Siempre solicitó convocar a Alejandro Melik de la Oficina Anticorrupción, a María Florencia Zicavo de la Unidad Especial de Investigación del Ministerio de Justicia y a Gerardo Pisarello Prados diputado español.

Desde el otro lado, el Pro pidió convocar a Alejandro Fargosi, y La Libertad Avanza presentará a sus invitados por escrito antes de las 20 de este martes. Tal como se resolvió en el recinto la semana pasada, la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA se volverá a reunir el próximo miércoles 25 de junio en carácter informativo.

Después del anticipo de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías respecto a la realización de una reunión en la provincia de Formosa, integrantes de la oposición presentaron un comunicado ante Sabrina Ajmechet para repudiar la convocatoria. “No es la primera vez, y seguramente tampoco será la última, en la cual se pretende utilizar las necesarias denuncias de violación a los derechos humanos con fines mezquinos y subalternos, o con miradas ideológicas interesadas y sesgadas”, señalaron.

El texto presentado lleva las rúbricas del diputado formoseño Fernando Carbajal del bloque Democracia para Siempre; la del socialista santafesino Esteban Paulón de Encuentro Federal; y las de Mónica Frade y Victoria Borrego de la Coalición Cívica. Los cuatro son vocales de la Comisión de Derechos Humanos y por el momento, no hubo acompañamiento de los integrantes de Unión por la Patria.

No vale usar los Derechos Humanos con fines electorales. Lo repudiamos antes y lo repudiamos ahora. Rechazamos la convocatoria a la Comisión de DDHH en medio del proceso electoral provincial. Así no. @MonicaFradeok @EstebanPaulon pic.twitter.com/kEvZm5qSFJ

— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) June 2, 2025

A mediados de mayo, la titular de la comisión anunció en DTV que el próximo 12 de junio se iba a realizar un encuentro abierto en la provincia de Formosa, para que los ciudadanos de esa provincia se puedan acercar a realizar denuncias. Días después, confirmó el encuentro junto a las diputadas nacionales Karina Banfi (UCR) y Lilia Lemoine (LLA) como acompañantes. “Lo vamos a hacer para que todos los argentinos sepan lo que pasa en esa isla de autoritarismo que tiene nuestro país”, había posteado.

En el comunicado presentado por la oposición, alegaron que “convocar a sesionar en una provincia en medio del proceso electoral provincial en curso, contiene una inocultable finalidad electoralista que es impropia de la labor de la comisión”. Antes, habían señalado que se trata de “una acción nunca realizada antes por la presidenta (Ajmechet)”.

El próximo 29 de junio en Formosa se van a celebrar las elecciones provinciales para elegir 15 integrantes de la Legislatura y los 30 convencionales constituyentes de cara a la reforma de la Constitución formoseña. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia y la declaración de inconstitucionalidad del articulo 132, el gobernador Gildo Insfrán, a cargo del Ejecutivo formoseño desde 1995, busca lograr la posibilidad de acceder a una última reelección.

La semana pasada, el senador nacional Francisco Paoltroni, candidato a convencional constituyente, comenzó un recorrido a caballo por la provincia y fue increpado por un intendente cercano al gobernador. El hecho sucedió en la localidad de El Colorado.

Por otro lado, los diputados firmantes manifestaron: “Asumimos esta postura desde nuestro indiscutible compromiso con la denuncia de la grave situación de los derechos humanos en Formosa”, y explicaron: “Compromiso del cual hemos dado testimonio desde nuestras respectivas labores funcionales, y también recientemente mediante el aporte realizado en la propia Formosa por Frade y Carbajal en el cual se recabarán decenas de testimonios de víctimas, puestos a disposición de la comisión”.

De todos modos, la reunión ya fue confirmada por la Comisión de Derechos Humanos y Garantías con fecha para el próximo jueves 12 de junio a las 15 en el salón del diario El Comercial ubicado en Hipólito Yrigoyen al 58. El 20 de febrero pasado, Sabrina Ajmechet ya estuvo presente en el lugar para participar de “Diálogo Federal” un evento organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.

A última hora de este miércoles, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados pasó a la firma los proyectos de rechazo y derogación de los DNU 345 y 346/2025, impulsados por Unión por la Patria, la radical Natalia Sarapura y el socialismo santafesino. También pasaron a la firma los pedidos de informes verbales que interpelan al secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli. Según se informó al final de la reunión, los dictámenes recogieron 17 firmas, con dos disidencias y pasaron a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Ambos decretos de necesidad y urgencia fueron publicados en el Boletín Oficial el pasado 21 de mayo, que contempla cambios en el Instituto Nacional del Teatro (INT), la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (Conabip), la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (CNM), Tecnópolis y el Palacio Libertad, todos los cuales dejan de ser organismos propiamente dichos y se transforman en unidades organizativas dentro de la Secretaría de Cultura.

El ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó en X que los decretos en cuestión -firmados por Javier Milei, Sandra Pettovello y Guillermo Francos- “implementan una reestructuración del área de cultura a fin de reducir los gastos burocráticos y acrecentar los recursos para la gestión cultural”.

El relato de los expositores 

El primer expositor fue Luciano Linardi. director del Departamento de Cultura de ATE Nacional, quien pidió un aplauso para Alejandra Darín, actriz fallecida el pasado 15 de enero. Luego, se dirigió a la Cámara de Diputados: “No sé que va a pasar con estos proyectos, si sé que estamos acá por la responsabilidad de los 138 legisladores que le dieron las facultades delegadas”.

Luego, Ignacio Monna, referente del Teatro Independiente de Entre Ríos, señaló que “lo profundo de nuestra cultura es el encuentro humano”, y apuntó contra el Gobierno nacional: “No es una reducción de Milei, es un plan sistemático de exterminio cultural”. En la misma línea, Lucía Villalba, presidenta Federación de Bibliotecas, agregó: “Un pueblo sin cultura es un pueblo sin destino”, y cerró: “El futuro debemos defenderlo entre todos”.

También, Gastón Díaz, representante de la Asamblea de Teatristas de Entre Ríos, quien también rechazó el espíritu de los decretos: “No se busca eficiencia, se busca ser el topo que rompa desde adentro”. Acto seguido, pronunció que “vamos a resistir”, y sumó: “Este ataque a la Ley de Teatro es otro ataque a la participación ciudadana”.

Después, Manuel Belgrano, presidente del disuelto Instituto Nacional Belgraniano, explicó que “el INB tiene una historia de 80 años y fue creado como institución civil”, y añadió: “han ofendido a todo el pueblo argentino y en especial al General Belgrano. No nos van a callar y menos van a callar al padre de la patria”.

En última instancia, Guadalupe Meroño, tesorera de la Biblioteca Popular de Carlos Keen, señaló que “lo del cierre no es una exageración, es conocido en la región como un apagón cultural”.

Completaron la exposición Jorge Pesaro, representante de la Federación de Bibliotecas Populares de Entre Ríos y ex vocal de la Conabip; Mónica Capano, presidenta de la CNMMLH; Ariel Molina, secretario general del Consejo de Dirección del INT; Faviola Manssor, representante provincial del Int en La Rioja; Mariela Quirós, expresidenta del Instituto de Cultura de Chaco; Nicolás Rodríguez Saá, secretario de Cultura de la CTAA Capital; Luis Rivera López, presidente de la Asociación Argentina de Actores y Actrices; Mariana Garbarino, de la mesa provincial del Teatro de Córdoba; Omar Holz, presidente del Instituto provincial del Teatro de Misiones; Jorge Marchini, presidente de la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra de CABA;  Leonardo Duva e Ignacio Camullán del Instituto Perón; y Gonzalo Pérez, presidente de la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTE).

Invitados por el oficialismo estuvieron Marcelo Duclos y Maximiliano Gerscovich, quienes defendieron el contenido de ambos decretos. Con una actitud provocativa ante las exposiciones del resto de los invitados, Gerscovich, invitado por Alida Ferreyra, se cruzó con la diputada nacional Lorena Pokoik de Unión por la Patria.

A pocos días de relanzar su programación, la diputada nacional Silvana Giudici (Pro – CABA) presentó un proyecto de ley por el cual propone la disolución de la señal de televisión pública conocida como “Paka Paka”. A su vez, establece el cierre de todas las señales asociadas a la productora estatal Contenidos Públicos Sociedad del Estado, la cual pasó a llamarse “Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal” tras la publicación del DNU 70/2023.

Sobre esta medida, la legisladora bullrichista expresó que “Canal 7 (actualmente nombrada Televisión Pública -TVP-) debe ser la única señal estatal de contenidos informativos objetivos y contenidos audiovisuales diversos”. Y recordó: “Lo vengo sosteniendo desde el 2010”.

Luego de publicar un mensaje en X con el título “Paka Paka no debe existir”, Silvana Giudici advirtió al Gobierno nacional que “las demás señales fueron creadas durante el kirchnerismo a fin de amplificar contenidos políticos”. “No olvidar, y no repetir errores del pasado, es fundamental para el cambio”, remarcó.

PAKA PAKA no debe existir.

Acabo de presentar un proyecto para la disolución de “Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal”.

Lo vengo sosteniendo desde el 2010: Canal 7 debe ser la única señal estatal de contenidos informativos objetivos y contenidos… pic.twitter.com/oZqVoKgDAA

— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) May 28, 2025

En el segundo articulo de la iniciativa presentada, la blonda diputada propone derogar el DNU 1222/2016 por el cual se creó la productora mencionada. Después, añadió que “el Poder Ejecutivo Nacional es responsable de implementar las medidas necesarias para la disolución efectiva de la señal, incluyendo la comunicación a los empleados y ls gestión de la transferencia de activos”.

Paka Paka inició en 2007 como bloque televisivo dentro de la programación de Canal Encuentro para en 2010 convertirse en canal independiente. Desde su creación fue operado por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.

En la versión original de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos ese encontraba un artículo que proponía a Contenidos Públicos S.E. como empresa estatal sujeta a futura privatización. Sin embargo, el bloque oficialista desistió de esta posibilidad y cedió con la eliminación de la propuesta.

El último 22 de mayo fue anunciada a través de las redes oficiales del canal, la nueva programación que regirá a partir de julio. Se destacó la inclusión de series de animé japonesas y nuevos contenidos audiovisuales vinculados a economía en el ámbito educativo.

Después de una semana marcada por las renuncias en la Cámara alta, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, nombró a Juan Manuel Gestoso Presas en el cargo de subdirector general de Auditoría y Control de Gestión del Senado. Se trata de un militar retirado que estuvo procesado por haber ordenado la destrucción de un registro que podría estar vinculado con delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar.

La semana pasada, la Presidencia del Senado sufrió la salida del director de Comunicación, Gaspar Bosch, y la del secretario administrativo, Emilio Viramonte Olmos, quien alegó que le asignaron un cargo sin funciones durante los 14 días que ocupó la Secretaría.

Así las cosas, al momento de conocerse la designación del nuevo subdirector general de Auditoría y Control de Gestión de la Cámara alta, algunas organizaciones de derechos humanos repudiaron el hecho a través de diferentes comunicados.

❗️Villarruel designó a Juan Manuel Gestoso Presas como subdirector general de Control de Auditoría y Gestión del Senado

Fue acusado por un delito conexo a crímenes de lesa humanidad: intentó destruir material probatorio. En 2014 fue sobreseído por prescripción de la acción penal

— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) May 28, 2025

Quién es Juan Manuel Gestoso Presas

Según reconstruyó parlamentario.com, Gestoso Presas era el jefe de la Compañía de Inteligencia 5 en Salta y fue quien le ordenó al capitán Silvio Mannino Leal la quema “hoja por hoja” de una serie de documentos que registraban los nacimientos del Hospital Militar de Salta desde los inicios de 1972 hasta 1997. Sin embargo, el subalterno no obedeció esa orden y guardó los cuadernos en su domicilio hasta el momento de ir a la Justicia.

Según el relato de Mannino Leal, éste fingió la incineración de esos libros y los escondió durante años dentro de su casa. Recién en el año 2008, se los entregó a la entonces ministra de Defensa de la Nación, Nilda Garré, dando comienzo a una investigación que desembocó en el procesamiento de Gestoso Presas y otro exmilitar.

Luego de esta revelación, Gestoso Presas fue juzgado por intento de destrucción de documentación que podría servir como prueba de crímenes del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Pero un tribunal oral lo absolvió por considerar que no hubo delitos de lesa humanidad y que el crimen estaba prescripto.

Finalmente, el 9 de junio del 2014, el exjefe del servicio de Inteligencia del Hospital Militar salteño fue sobreseído por los jueces Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Federico Díaz, quienes consideraron que “lo que estaba en juego era un delito común, ya prescripto por el paso del tiempo”.

Sin embargo, la justicia no dijo que los militares juzgados no eran culpables. Una vez que culminó el proceso judicial Juan Manuel Gestoso Presas fue desvinculado del Ejército.

Por otro lado, los documentos que Mannino Leal entregó al Ministerio de Defensa de la Nación fueron analizados por a unidad especializada en investigaciones sobre apropiación de hijos de desaparecidos de la Procuración General de la Nación y una copia le fue entregada a las Abuelas de Plaza de Mayo.

La diputada nacional Julia Strada presentó un proyecto de resolución para declarar nulo de nulidad absoluta e insanable al DNU 340/2025 publicado el pasado 20 de mayo en el Boletín Oficial. Tal decreto aprueba el Régimen de Excepción de la Marina Mercante que declara a la actividad como “servicio esencial”.

Además, establece que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”. Y advierte que “en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75 % de la prestación normal del servicio de que se tratare”.

En tercera instancia, considera servicios esenciales a: los servicios sanitarios y hospitalarios; la producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y energía eléctrica; los servicios de telecomunicaciones; la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; servicios aduaneros y migratorios; el cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario; y el transporte marítimo y fluvial de personas.

La diputada de Unión por la Patria señaló en los fundamentos que este DNU “vulnera los requisitos constitucionales (art. 99, inciso 3) para su dictado” porque “no existían al momento del dictado circunstancias excepcionales que impidan el procedimiento de formación y sanción de leyes, ni se invocaron razones válidas de necesidad y urgencia. El Congreso de la Nación está funcionando normalmente”, agregó.

Como antecedente, Strada mencionó que “la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que las ‘circunstancias excepcionales’ se podrían dar en dos supuestos”, y afirmó que no se dan en el caso de la publicación del 340/2025: “La imposibilidad de sesionar; o una urgencia tal de un tema que impidiera el tratamiento del Poder Legislativo”.

Además, recordó que ha habido pronunciamientos judiciales de inconstitucionalidad en decretos anteriores publicados durante la gestión de Javier Milei. En ese sentido, la legisladora opositora cargó que este DNU lleva una referencia en el titulo a la Marina Mercante, pero modifica a Ley de Navegación (20.094); Decreto-Ley 19.942/1944    de Navegación y comercio de cabotaje          nacional; Ley 27.418 de Régimen de Promoción de la Industria Naval Argentina; Ley 27.419 de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la Integración Fluvial Nacional; y a la Ley 25.877 de Régimen Laboral.

STURZENEGGER MIENTE.
ESTE DECRETO DE HOY DESTRUYE LA MARINA MERCANTE, LOS PUESTOS DE TRABAJO Y LA NAVEGACION DE CABOTAJE CON BANDERA ARGENTINA.
¿Qué es lo que de verdad implica?
1. Virtual derogación de la ley de cabotaje: el decreto permite a buques de bandera extranjera operar… https://t.co/XchZVybu0e

— Julia Strada (@Juli_Strada) May 21, 2025

En el final, Julia Strada apuntó que “con este DNU el Poder Ejecutivo deja pasar la chance de mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo y operativas de la Marina Mercante para instalar un régimen de extranjerización y flexibilización”, y cerró: “Se abren las aguas a extranjeros y se pone en riesgo la soberanía nacional”.

La diputada nacional Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley para ejecutar una nueva asignación del número de bancas en la Cámara de Diputados con el fin de dar cumplimiento al artículo 45 de la Constitución Nacional. Bajo los resultados del Censo Nacional 2022, el texto establece un Cuerpo integrado por 334 legisladores.

“El presente proyecto pretende hacer el máximo esfuerzo para corregir las múltiples distorsiones actuales que afectan el principio de representación en la Cámara de Diputados de la Nación, haciéndolo de una forma progresiva, equilibrada y federal, sin atentar contra la situación actual de las provincias menos pobladas”, señaló Stolbizer en los fundamentos.

En caso de que la iniciativa prospere, en el texto se propone facultar al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Dirección Nacional Electoral, determine el mecanismo para que la Cámara baja este íntegramente conformada por legisladores correspondientes a cada jurisdicción, al finalizar las elecciones del 2027. Reiteró, además, que el mecanismo debe responder a los principios de equidad e igualdad de tratamiento entre las jurisdicciones.

Este proyecto de ley con giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales ya fue presentado en anteriores períodos legislativos: En el 2016 bajo la presidencia de Emilio Monzó, Stolbizer propuso modificar el Cuerpo a 297 miembros; y también, a principios del 2023 tras los resultados preliminares del último Censo Nacional.

El otro punto distintivo que la diputada bonaerense propone es que el número de escaños a elegir sea de uno por cada 140.000 habitantes en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o fracción no menor a 70.000. A su vez, establece un mínimo de cuatro representantes por distrito.

Esta modificación fue explicada en el proyecto en base a la situación demográfica de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la cual según Stolbizer “ha violentado durante años al artículo 45 de la Constitución Nacional”, debido a que se establece un representante cada 33.000 habitantes y la provincia sureña tiene uno por cada 25.411. Cabe recordar que esa composición se dio por un decreto de 1983 sobre el piso de cinco diputados por provincia.

En el final, Margarita Stolbizer señaló que “observamos entonces la clara necesidad de una ley de la democracia que subsane la actual situación de ilegalidad e ilegitimidad”.

En síntesis, la diputada propone una a cifra repartidora de un diputado cada 140.000 habitantes o fracción no menor a 70.000, con un piso mínimo de representación por provincia de 4 diputados, de acuerdo a la población por distrito indicada por los resultados del Censo Nacional 2022, se conformaría una Cámara de Diputados con un total de 334 bancas.

En el final, explicó que “la aplicación de la legislación que rige actualmente la repartición de escaños sobre los resultados del último censo, conducirían a un nuevo total de 360 diputados nacionales; por lo cual la fórmula propuesta en el presente proyecto, además de reducir las distorsiones en la proporcionalidad de la representación, permite acotar el incremento del tamaño de esta Honorable Cámara que naturalmente se produce por el crecimiento de la población”.

Si bien no se menciona en el proyecto de ley, en caso de que esta iniciativa encuentre rumbo en la actual agenda parlamentaria y prospere, se contemplaría un quórum con 167 diputados nacionales; y una mayoría calificada con 220.

A partir de los recientes hechos de público conocimiento, el diputado radical Julio Cobos encabezó la presentación de un proyecto de ley para la protección del Régimen Electoral frente a la desinformación generada por contenidos manipulados con Inteligencia Artificial y montajes audiovisuales.

“Estamos ante un fenómeno que todavía es inconmensurable e imprevisible y como toda acción que impacta en la vida de las personas, tiene su uso y difusión una dimensión ética y moral y los límites son aún difusos”, presentó Cobos. Asimismo, advirtió que “esta clase de contenidos puede difundirse viralmente y afectar la voluntad del electorado o socavar la confianza en los resultados electorales”.

La presentación del proyecto de ley reunió gran consenso entre el espectro político de la Cámara de Diputados. Atilio Benedetti del radicalismo; Margarita Stolbizer de Encuentro Federal; Marcela Coli, Danya Tavela, Marcela Antola, Carla Carrizo y Melina Giorgi de Democracia para Siempre; Mario Barletta, monobloquista santafesino; Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica; Marcela Pagano de La Libertad Avanza; y los mendocinos Adolfo Bermejo, Liliana Paponet, Martin Aveiro y Lourdes Arrieta fueron quienes acompañaron el texto con su firma.

La noche previa a las elecciones porteñas, se viralizó en X un video creado con Inteligencia Artificial donde, tras un trabajo de montaje audiovisual, aparecía Mauricio Macri anunciando una falsa baja de la candidatura de Silvia Lospennato. El hecho fue repudiado por la oposición dialoguista y desde el Pro elevaron la correspondiente denuncia judicial.

Sobre este episodio, agregó que “recientemente hemos vivido un episodio en las elecciones de Ciudad de Buenos Aires, con un video falso creado con esta tecnología que llegó a tener más de 14 millones de vistas y circuló por los teléfonos de todos los ciudadanos”. Luego, enfatizó que “esto es peligroso e inaceptable”.

Con relación al uso malintencionado de contenido manipulado con Inteligencia Artificial, cargó que “su efecto concreto es difícil de medir, pero claramente generó una situación falsa que perjudicó a uno de los sectores que competía en los comicios”. “Más allá de que después se desmintió la veracidad del mismo, el daño estaba hecho”, lamentó Cobos.

“En los próximo meses Argentina enfrentará su primer proceso electoral nacional en un contexto de inteligencia artificial generativa, donde la desinformación impulsada por esta tecnología puede contaminar de forma inédita los ecosistemas informativos”, expresó.

Cerca del cierre, el diputado mendocino manifestó: “Actuemos antes que esto suceda y tiña de forma irremediable la contienda electoral. Por eso proponemos la modificación del Código Nacional Electoral, en límites temporales y procedimientos específicos, para evitar el uso de contenidos manipulados con fines de desinformación electoral”.

Los puntos principales del proyecto de ley

El proyecto de ley presentado por Julio Cobos propone la incorporación del Capítulo IV ter del Código Nacional Electoral, con el nombre de “Protección del Régimen Electoral frente a la desinformación generada por contenidos manipulados”.

Luego define los conceptos de contenido manipulado; contenido materialmente engañoso; plataforma digital de gran alcance; medio de comunicación audiovisual; publicidad electoral; y período de restricción.

Después, establece un protocolo de eliminación obligatoria de contenidos: “Las plataformas digitales de gran alcance deberán desarrollar e implementar procedimientos técnicos para detectar y eliminar contenidos materialmente engañosos si se cumplen las siguientes condiciones”.

Y contempla dentro de esta eliminación obligatoria a contenido que muestra a una persona candidata realizando o diciendo algo que no hizo ni dijo; a una autoridad electoral diciendo o haciendo algo falso que pueda socavar la confianza en el proceso electoral; o muestre a una autoridad electa diciendo o haciendo algo falso que afecte la percepción sobre la legitimidad del proceso electoral.

También exige un plazo para la eliminación y un etiquetado hasta que se efectúe esa eliminación, siendo este no mayor a 48 horas desde su reporte. Sobre la etiqueta propuesta, aparecerá como “este [imagen/audio/video] ha sido manipulado y no es auténtico”, siendo visible y que permita al usuario acceder a más información explicativa con un clic.

Por último, señaló que quedan exceptuados los contenidos publicados por medios periodísticos que acompañen dicho contenido con una advertencia clara sobre su carácter ficticio; las transmisiones en medios de comunicación que formen parte de coberturas periodísticas, documentales o comentarios de interés público, siempre que se incluya una advertencia clara sobre su falsedad; y contenido satírico o paródico.

En el marco de otro miércoles con tensión e incidentes en las afueras del Palacio Legislativo, y en el cual debía haberse desarrollado la sesión de interpelación a ministros del Poder Ejecutivo por el caso $LIBRA, la oposición decidió ir al recinto con, por ahora, los dictámenes sobre la modificación al sistema de ingreso de las personas en edad de jubilarse que no cuentan con los 30 años que exige la ley vigente. La fecha acordada entre las bancadas impulsoras del tema es el próximo miércoles 21 de mayo.

Este martes, el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda pasó a la firma más de una docena de despachos: los de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que insisten con la extensión por dos años de la moratoria que venció el pasado 23 de marzo; y los de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el radicalismo y un sector del Pro, que buscan eliminar el requisito de los 30 años y la creación  de una prestación que se basa en agregar una suma proporcional por años de aporte. También hay uno del oficialismo y aliados que propone la creación de una comisión para la elaboración de una reforma previsional.

Ya para entonces con la elección legislativa de la Ciudad de Buenos Aires definida, los referentes de cada bloque en materia previsional se van a reunir el próximo lunes 19 de mayo para hacer un intento de volver a acercar los dictámenes. Según pudo saber parlamentario.com, la principal diferencia radica en la aceptación o no de la prórroga de la moratoria que propone el bloque que conduce Germán Martínez.

En principio, los diputados que oficiarán como delegados en el encuentro para deliberar sobre la redacción del texto de esta reforma previsional serán: Julia Strada, Victoria Tolosa Paz y Ricardo Herrera, por UP; Nicolás Massot y Alejandra Torres, del bloque Encuentro Federal; Danya Tavela o Marcela Coli por Democracia para Siempre; y por la Coalición Cívica lo hará el jefe de bancada, Juan Manuel López.

El otro tema que la oposición tiene decidido incorporar al temario para la sesión prevista en la semana próxima será la designación de las autoridades de la comisión investigadora del caso $LIBRA tras el empate de la reunión del 30 de abril. La postura de la oposición será la de llevar la resolución de la presidencia de dicha comisión a una votación nominal en el recinto.

En la única reunión llevada a cabo, el flanco del oficialismo y los aliados propuso al cordobés Gabriel Bornoroni, jefe de bancada libertaria; por el flanco de la oposición, la elegida fue la diputada massista Sabrina Selva.

Si bien trascendió que la estrategia del oficialismo es plantear que la definición de la titularidad de una comisión no puede ser definida en el recinto, la oposición esgrimirá que las decisiones tomadas por el pleno del Cuerpo en sesión “tienen mayor peso" que, incluso, las decisiones del propio presidente de la Cámara de Diputados. Se sabe que esta discusión llevará mucho tiempo y que el oficialismo planteará que para avanzar sobre esa cuestión se necesitan los 2/3.

Así las cosas, los bloques que pidan esta sesión van a ocupar parte del tiempo de sus exposiciones en repudiar la ausencia de los ministros Luis Caputo, Economía, y Mariano Cúneo Libarona, Justicia, en la sesión informativa de interpelación que había sido aprobada para este miércoles 14 de mayo y que quedó sin efecto. Las criticas apuntarán contra el titular del Cuerpo, Martín Menem.

Sin elecciones en el medio, la oposición planea, también, pedir una segunda sesión con fecha tentativa para el miércoles 28 de mayo, en la cual pondría en el temario el dictamen que exige la declaración de la emergencia en discapacidad, dictaminado a fines de abril.

Es muy factible que en esa segunda cita en el recinto de la Cámara de Diputados se busque emplazar a comisiones para el tratamiento de los proyectos de financiamiento universitario y, eventualmente, la iniciativa sobre las retenciones al sector agropecuario.

Una alta fuente legislativa confirmó a este medio que el primer pedido de sesión no será hasta el lunes próximo, a fin de esperar a que transcurran las elecciones porteñas para conocer con certeza el escenario a corto plazo, especulando con la posibilidad de que un sector del Pro pueda acompañar la reforma previsional el 21 en el recinto.

La secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei, se reunió con el jefe del bloque Pro en la Cámara baja, Cristian Ritondo, que además oficia como titular del partido amarillo en la provincia de Buenos Aires. El encuentro se dio en el despacho presidencial de la Cámara de Diputados con vistas a una posible alianza electoral entre La Libertad Avanza y Propuesta Republicana.

Del lado de La Libertad Avanza, estuvieron Sebastián Pareja, legislador y armador libertario en territorio bonaerense; y Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia. Del lado del Pro, acompañaron el diputado nacional Diego Santilli -quien debe renovar su banca en estos comicios-; y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

A diferencia de lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires donde La Libertad Avanza y el Pro compiten por separado, Ritondo manifestó sus intenciones de que ambos espacios confluyan en una alianza en el distrito que gobierna Axel Kicillof. Así lo expresó en el Salón Azul del Senado durante la entrega de Premios Parlamentario 2024.

Sin embargo, en los últimos días el presidente del partido a nivel nacional, Mauricio Macri, le puso paños fríos a esa posibilidad. La distancia se dio en medio de la tensión que se generó entre él y el presidente Javier Milei en el marco del tratamiento de los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García - Mansilla. En esa sesión, el expresidente de la Nación les dio la orden explícita a sus legisladores de bajar al recinto y votar en contra.

Este equipo va a convertir al populismo decadente en sólo un muy mal recuerdo y sacar a la provincia de Buenos Aires de una vez por todas del pozo donde la hundió la casta K, en cualquiera de sus variantes.

Nosotros no rosqueamos. Hacemos política. De frente y con la verdad.… https://t.co/nrHFAMcMxt

— Sebastián Pareja (@SPareja_) April 10, 2025

Respecto a la reunión que encabezó Karina Milei en el despacho de Martín Menem, llamó la atención la ausencia del diputado oficialista José Luis Espert, quien fue elogiado por el propio presidente de la Nación como la posible cabeza de la boleta libertaria en la provincia de Buenos Aires hace unos meses.

Con las elecciones bonaerenses desdobladas para el 7 de septiembre, la versión de la ausencia del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados estuvo sesgada a que el encuentro tenía como tema principal el fortalecimiento de una alianza para la renovación de la Legislatura provincial.

De cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, el Pro debe renovar siete bancas por el distrito bonaerense; mientras que La Libertad Avanza, solamente dos (Espert y Carolina Píparo).

Así las cosas, la posibilidad de una alianza electoral en la Provincia entre La Libertad Avanza y el Pro es cada vez más factible, pues la propia secretaria general de Presidencia afirmó en el posteo que "avanzamos naturalmente en la dirección que nos piden los bonaerenses". Y cerró: "Vamos a llevar las ideas de la libertad hasta el último rincón de la provincia".

Pocos después del traspié del Gobierno nacional con los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García – Mansilla en el Senado, el jueves pasado, el oficialismo convocó a una sesión especial para tratar el proyecto de ficha limpia y la declaración de la emergencia en la ciudad de Bahía Blanca. Fue poco después del pedido explícito del presidente Javier Milei en su red social predilecta donde, enojado por la caída de los pliegos, se refería a lo sucedido con los jueves y específicamente a la ley de ficha limpia, que podría dejar fuera de carrera a Cristina Kirchner.

Con la rúbrica del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el pedido de sesión tuvo su presentación formal apenas una hora y media después de terminada la votación que definió la suerte de las candidaturas de Lijo y García-Mansilla, quien este lunes decidió renunciar a la Corte Suprema 40 días después de haber asumido allí.

En esa sesión, el senador salteño Juan Carlos Romero -aliado del oficialismo- pidió una moción de preferencia para darle tratamiento a ficha limpia, justamente en la fecha en la que fue solicitada la sesión especial en el recinto de la Cámara alta. El apartamiento cosechó apenas 27 adhesiones y fracasó la moción.

Convocada la sesión para este miércoles, la diputada del Pro Silvia Lospennato, impulsora del primer proyecto de ficha limpia en 2017, alertó sobre los riesgos de ir a un debate en el recinto sin tener los números para la aprobación: “Si la piden sin los votos, no sólo no sacamos la ley sino que perderíamos la sanción de Diputados y casi una década de trabajo para empezar de cero”.

Si hay voluntad real de avanzar con la Ficha Limpia hay que demostrar que están los 37 votos y pedir una sesión del Senado para tratarla. Si la piden sin los votos no sólo no sacamos la ley sino que perderíamos la sanción de Diputados y casi una década de trabajo para empezar de…

— Silvia Lospennato (@slospennato) April 4, 2025

El proyecto de ley de ficha limpia cuenta con media sanción desde el 12 de febrero cuando la Cámara de Diputados lo aprobó con 144 votos afirmativos, 98 en contra y 2 abstenciones, tuvo despacho del Senado el pasado 19 de febrero. Cabe remarcar que por ser una modificación al Código Electoral Nacional requiere de una mayoría absoluta, tal como lo establece el artículo 77 de la Constitución Nacional.

Tras la advertencia de la legisladora y el escenario que podría desatarse ante un resultado adverso, toda la atención estará puesto en si hay o no hay quórum, ya que si La Libertad Avanza vislumbra que no están los números, no sorprendería que con ausencias propias evite exponerse a otro traspié en el recinto de la Cámara alta.

Pero si la sesión arranca, todas las expectativas están dadas en una dupla, ¿por qué? Al ser una modificación al régimen electoral, la cual requiere la aprobación de una mayoría absoluta, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, no puede desempatar. Con este escenario, el interbloque opositor Unión por la Patria, conformado por 34 legisladores, estaría a solo dos votos de hacer caer la ficha limpia por el resto del año.

Hay dos provincias bajo la lupa: Misiones y Santa Cruz. Si bien los senadores del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, votaron a favor en el pedido de apartamiento y sus comprovincianos en la Cámara baja hicieron votaron a favor de ficha limpia, su intención de voto en el recinto de la Cámara alta es puesta por algunos en duda. Sucede que el líder de ese espacio provincial, Carlos Rovira, no estaría a favor de esa iniciativa.

Como sea, las mayores dudas no están en los misioneros, sino en dos santacruceños: Natalia Gadano y José María Carambia, cuya anuencia con el oficialismo suele ser oscilante. Por ejemplo, la ausencia de ambos hizo caer en febrero la sesión preparatoria. Por eso los que tienen dudas de que ficha limpia termine siendo aprobada, desconfían de los senadores de Por Santa Cruz.

El oficialismo afina los consensos para llegar a la sesión convocada este 9 de abril a las 11 con la certidumbre de tener los 37 votos. Porque como les advirtió Lospennato, si el proyecto se rechaza, deberán volver a fojas cero. Todo esto se sabrá este miércoles.

La Cámara de Diputados blindó este miércoles el decreto de necesidad y urgencia 179/2025 por el cual se aprueba el nuevo acuerdo entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional. La votación resultó con 129 votos afirmativos, 108 negativos y 6 abstenciones. Hubo 13 legisladores ausentes.

Por el aval al DNU, lógicamente, estuvieron 37 integrantes de La Libertad Avanza; 36 del Pro; 19 radicales; los 8 de Innovación Federal; los 6 de la Coalición Cívica; 6 miembros de Encuentro Federal; 4 de Democracia para Siempre; los 3 del MID; y los 3 tucumanos de Independencia.

También votaron a favor del DNU 179/2025 las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo; la tucumana Paula Omodeo de Creo; el santacruceño José Garrido; Osvaldo Llancafilo del Movimiento Popular Neuquino; Ricardo Garramuño de Somos Fueguinos; y el radical Mario Barletta de Unidos.

Las seis abstenciones fueron de Oscar Agost Carreño, Nicolás Massot, Florencio Randazzo y Emilio Monzó de Encuentro Federal; el diputado radical Martín Tetaz; y la exlibertaria Lourdes Arrieta del monobloque Transformación.

De los bloques dialoguistas como Encuentro Federal, acompañaron Miguel Pichetto, el entrerriano Francisco Morchio, el chubutense Jorge Ávila y los cordobeses Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres; y por Democracia para Siempre, lo hicieron Marcela Antola de Entre Ríos, Melina Giorgi de Santa Fe, el chaqueño Juan Carlos Polini y el jujeño Jorge Rizzotti.

En contra del nuevo acuerdo con el Fondo estuvieron los 5 integrantes del Frente de Izquierda; 7 miembros de Democracia para Siempre; 4 de Encuentro Federal; el santacruceño Sergio Acevedo; y 91 de 98 de Unión por la Patria.

Margarita Stolbizer, la cordobesa Natalia de la Sota, los santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein de Encuentro Federal fueron los 4 que rechazaron el acuerdo. Mientras que Pablo Juliano, Facundo Manes, Fernando Carbajal, Carla Carrizo, Mariela Coletta, Marcela Coli y Danya Tavela hicieron lo mismo en Democracia para Siempre.

La mirada en el principal bloque opositor estaba puesta en lo que iban a hacer los cuatros diputados catamarqueños de Unión por la Patria, sobre todo por la reunión que mantuvo el gobernador Raúl Jalil en la tarde del martes con el jefe de Gabinete. Guillermo Francos.

Repasamos junto a los gobernadores @OsvaldoJaldo (Tucumán), @GustavoSaenzOK (Salta) y @RaulJalil_ok (Catamarca), el ministro de Economía, @LuisCaputoAR y el vicejefe de Gabinete del Interior, @catalanlisandro, las obras que hemos acordado realizar en el transcurso de este año en… pic.twitter.com/w398bsFQ7A

— Guillermo Francos (@GAFrancosOk) March 19, 2025

Finalmente, Silvana Ginocchio, Dante Rodríguez López, Sebastián Noblega y Fernanda Ávila no estuvieron en el recinto al momento de la votación. Tampoco lo hicieron la santiagueña Celia Campitelli, la entrerriana Blanca Osuna y el chaqueño Juan Manuel Pedrini.

Sobre los otros ausentes estuvieron la oficialista María Fernanda Araujo por un problema personal; Ricardo López Murphy; los cordobeses Juan Brügge (EF) y Héctor Baldassi (Pro); el correntino Manuel Aguirre de Democracia para Siempre; y el monobloquista Roberto Mirabella (ex UP) de Defendamos Santa Fe.

 

El DNU del acuerdo entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional fue dictaminado y llega este miércoles al recinto de la Cámara de Diputados con altas chances de ser blindado. En la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo de este martes el oficialismo logró las firmas necesarias para avanzar con el despacho.

El comienzo de la exposición se demoró por más de 90 minutos porque los representantes de Unión por la Patria esgrimieron el artículo 3 del reglamento de la Bicameral para desplazar al senador riojano Juan Carlos Pagotto de la Presidencia. El oficialismo insistió y la oposición se contrapuso con la postulación de Nicolás Massot.

Ambas mociones consiguieron 8 votos cada una y la reunión se seguía trabando. Sin embargo, el senador formoseño Francisco Paoltroni, que minutos antes se había opuesto a la designación del oficialismo, propuso a Oscar Zago y la moción resultó aprobada con 10 votos.

Unión por la Patria reclamó la vicepresidencia para Anabel Fernández Sagasti, pero el nuevo presidente indicó que cada moción debía ser aprobada. Finalmente, el diputado radical Francisco Monti propuso a su par de bloque en el Senado Víctor Zimmermann, quien logró ser ratificado en el cargo.

Luego de la exposición de los funcionarios invitados, la Bicameral de DNU expidió el dictamen de mayoría con las firmas de Zago, titular de la comisión; los senadores Pagotto, Zimmermann, Luis Juez y Carlos “Camau” Espínola; y los diputados Monti, Lisandro Almirón y Diego Santilli. Paoltroni, por su parte, presentó un dictamen propio.

Las exposiciones de los funcionarios

A más de dos horas del comienzo estipulado, el debate sobre el nuevo programa de crédito entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional tuvo como primer expositor al secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, quien remarcó que “el monto no está definido porque lo da el directorio del Fondo”.

En segunda instancia, el funcionario explicó que "Argentina tiene una situación histórica de volatilidad de sus variables económicas. Creemos que a través de esta operación de crédito público vamos a fortalecer el Banco Central y poder reducir la volatilidad de las variables macroeconómicas".

Y siguió: "Recibimos un BCRA cuyo balance estaba detonado. Para consolidar un proceso de desinflación realizamos diversas acciones en 2024 y así llegar a una situación en la que hemos resuelto los pasivos remunerados, que generaban una carga muy importante de déficit”.

En segundo lugar, el secretario de Política Económica de la Nación, José Luis Daza Narbona, amplió que este programa “es exactamente opuesto a todos los que se hicieron”. Valoró el déficit fiscal como variable para esta nueva negociación y destacó que “este programa permitirá bajar las chances de caer en una crisis hiperinflacionaria”.

La reunión terminó pasadas las 21, cuando el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía resaltó “lo fundamental que es para la estabilidad la solvencia del Banco Central. Tenemos un Banco Central insolvente, que no nos permite avanzar en el desarrollo de la economía. Y en un mundo complejo como el que estamos, es importante salir lo antes posible de esta situación. Esa es la urgencia”, dijo, en referencia a la necesidad de aprobar cuanto antes el acuerdo con el Fondo.

Entre el auditorio, ya con muchas sillas vacías, lo escuchaba atentamente el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que se había acercado al Salón Azul para presenciar el último tramo de la extensa reunión.

Cuando se creía que el oficialismo iba a lograr un rápido dictamen del acuerdo con el Fondo, la oposición logró retrasar por más de una hora y media el arranque del debate. Los miembros de Unión por la Patria no reconocieron a Juan Carlos Pagotto como titular y la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo resolvió que Oscar Zago se quede a cargo.

El retraso del arranque de la reunión fue ocasionado porque la diputada nacional Carolina Gaillard (UP) confrontó al senador riojano, a quien le enrostró que el artículo 3 del reglamento establece que “la Presidencia es alternativa y corresponde un año a cada Cámara”.

Finalmente, el secretario parlamentario Agustín Giustinian tomó las riendas de la reunión y hubo dos propuestas: la de ratificar a Pagotto mocionada por La Libertad Avanza y los aliados, y la propuesta de la senadora de UP Anabel Fernández Sagasti para que la comisión quede bajo el mando del diputado nacional Nicolás Massot.

Al aval que dieron Gaillard, Fernández Sagasti, Vanesa Siley, Mariano Recalde, Ramiro Gutiérrez, María Teresa González y el propio Massot, se sumó el voto del senador exoficialista Francisco Paoltroni, quien explicó: “Hagamos las cosas como corresponden, el reglamento dice que corresponde la Presidencia a un diputado…”.

Las caras de preocupación en los legisladores del oficialismo y los aliados podían notarse, teniendo en cuenta que, de esa manera, con la moción por la Presidencia empatada en 8 votos, podría retrasarse el dictamen del DNU 179/2025 del acuerdo entre el Gobierno nacional y el FMI.

Sin embargo, el senador formoseño Francisco Paoltroni, que minutos antes había desarmado la estrategia del oficialismo, pidió la palabra y propuso a Oscar Zago para quedar a cargo de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. La moción fue aprobada con 10 votos a favor.

Felicitaciones @dipzago , nuevo Presidente de la Comisión Bicameral que va a tratar el DNU enviado por el Presidente Milei para tratar el acuerdo con el FMI. pic.twitter.com/5OTZAYawle

— Eduardo Falcone (@dipfalcone) March 18, 2025

El diputado libertario Lisandro Almirón, quien hace una semana anduvo a los empujones con Zago en el recinto, tomó la palabra y explicó que acompañó la moción porque “pese a la especulación, voto por Zago, porque ante todo está la República y el presidente Javier Milei”. Cuando el correntino tomó el micrófono, los miembros de UP se empezaron a reír al recordar la pelea entre ambos de la semana pasada.

Por último, Unión por la Patria reclamó la vicepresidencia para la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, pero el nuevo titular indicó que se definía en votación. El diputado radical Francisco Monti propuso a su par del Senado, Víctor Zimmermann, quien fue ratificado con diez votos.

El Senado aprobó la remoción del entrerriano Edgardo Kueider por 60 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención. Con relación a los ausentes, se le suman 3 que no asistieron a la sesión, un senador de licencia y el propio legislador en cuestión, quien se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en un complejo habitacional de Asunción tras su detención por portar 211.000 dólares sin declarar al ingresar a Paraguay el pasado 4 de diciembre.

De los 60 votos que avalaron la expulsión, hubo 32 de Unión por la Patria (solo faltó el santiagueño Gerardo Montenegro); 11 de la Unión Cívica Radical; los 6 de La Libertad Avanza; 4 integrantes del Frente Pro; la cordobesa Alejandra Vigo de Unidad Federal (bancada que integraba Kueider); la chubutense Edith Terenzi; el formoseño Francisco Paoltroni; la neuquina Lucila Crexell; la rionegrina Mónica Silva; y los dos senadores misioneros del FR de la Concordia.

En tanto que los seis senadores que se opusieron a la destitución fueron: la chubutense Andrea Cristina, el entrerriano Alfredo De Ángeli (quien durante el debate había anunciado que avalaba la expulsión), la cordobesa Carmen Álvarez Rivero y el misionero Enrique Goerling Lara, del Pro; el radical bonaerense Maximiliano Abad; y el correntino Carlos “Camau” Espínola (debió aclarar su voto porque el sistema se lo tomó como afirmativo). Este último fue compañero de bloque de Kueider y juntos formaron Unidad Federal al abandonar el Frente de Todos en 2022.

Asimismo, el senador salteño Juan Carlos Romero fue la única abstención y explicó que “no voto con el kirchnerismo”. Por otro lado, el santacruceño José María Carambia se retiró del recinto de la Cámara alta antes de que empiece la votación. Su compañera de bloque, Natalia Gadano, directamente no asistió a la sesión de este jueves.

El otro ausente sobre los cinco mencionados fue el senador chaqueño Víctor Zimmermann, quien se encuentra de licencia desde el 7 de octubre de 2024. El pedido fue aprobado al final de la sesión.

El diputado nacional Juan Brügge (Encuentro Federal – Córdoba) es cofirmante de un proyecto de ley, impulsado desde Unión por la Patria, destinado a la regularización de las billeteras virtuales garantizando la protección de los usuarios.

El legislador, que integra la bancada multisectorial que preside Miguel Ángel Pichetto, quien también firmó el texto, amplió que la iniciativa es para “beneficiar exclusivamente a los usuarios porque, en definitiva, lo que queremos con esto, es proteger el sistema financiero en su conjunto, pero especialmente dar protección a los usuarios que lo utilizan”.

Entrevistado por parlamentario.com, el cordobés alertó sobre la desprotección respecto a los usuarios en caso de que las marcas de billeteras virtuales cierren, desaparezcan o quiebren: “Esta ley viene a proteger a los usuarios en ese punto en donde están totalmente desprotegidos y están a la buena de Dios”.

El proyecto de ley en cuestión fue presentado por el diputado opositor Sergio Palazzo, y además de los avales de Brügge y Pichetto, también rubricaron el texto Germán Martínez, jefe de bancada de Unión por la Patria, Carlos Cisneros, Julia Strada y Eduardo Valdés.

- En líneas generales ¿A qué apunta el proyecto de ley?

- “El proyecto de ley apunta a regular todo lo referente a aspectos que hacen a la protección del usuario de este tipo de instrumentos de pago. En principio, las billeteras virtuales no llevan, como si lo llevan los bancos y las otras entidades financieras, un legajo de sus clientes, no hacen un control sobre el origen de los fondos, ni tampoco tienen áreas específicas de protección de usuarios como si la tienen si las entidades bancarias. Por lo tanto, el gran volumen de dinero que manejan justifica, sobradamente, la exigencia de una regulación mínima. No queremos equiparar al 100% a las exigencias que establece el Banco Central hacia los bancos, pero sí exigencias mínimas para protección de los usuarios”.

- Hoy las billeteras virtuales son utilizadas por todos los sectores de la sociedad ¿La propuesta no perjudicará a los usuarios?

- “No para nada. Al contrario, lo va a proteger porque en principio lo que dijimos recién: A los bancos se le exige tener garantía de los fondos que recibe. Hoy, con las billeteras virtuales es muy común que el usuario o el cliente deje en fondos allí en su billetera virtual. ¿Qué sucede si la billetera virtual por cualquier circunstancia cierra desaparece o quiebra? ¿Quién va a responder por esos fondos cuando no se le exige ningún tipo de garantías de los depósitos que allí está? Por lo tanto, esta ley viene a proteger a los usuarios, también, en ese punto en donde están totalmente desprotegidos y están a la buena de Dios en función a la seriedad o no, o la responsabilidad o no, de los titulares o los dueños de las billeteras virtuales”.

- Hay una pelea entre el sector bancario y las Fintech ¿El proyecto a qué sector beneficiaría?

- “Exclusivamente a los usuarios del sistema financiero y de los usuarios de los sistemas de bibliotecas de bibliotecas virtuales porque en definitiva lo que queremos con esto es proteger el sistema financiero en su conjunto, pero especialmente dar protección a los usuarios que lo utilizan”.

En medio de las negociaciones entre los emisarios del Gobierno Nacional y los referentes dialoguistas para pactar qué versión del texto del Poder Ejecutivo se convertirá en ley, el bloque de Hacemos Coalición Federal tiene decidido que no irá contra los cambios que impuso el Senado en el capítulo sobre privatizaciones. Por el contrario, esa bancada mantiene la postura de que “no se puede modificar nada que no haya salido en la votación en general en Senado”.

De ese modo, la bancada presidida por Miguel Ángel Pichetto -la cual se compone de 16 diputados nacionales- no dará su aval a que se privaticen las empresas estatales Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio Televisión Argentina (RTA), ya que esas empresas fueron quitadas del título aprobado en la Cámara alta.

Tal cual anticipó este medio, prevalece en HCF la postura de su titular respecto a que esas modificaciones fueron acordadas en el Senado, y que, a su vez, esos temas rechazados no fueron tratados por la Cámara alta (se quitaron antes de llegar al recinto por acuerdos con los dialoguistas), y por lo tanto no pueden ser cambiados en Diputados.

Al respecto, el diputado Nicolás Massot aclaró sobre la postura de su bancada que ellos ya apoyaron las privatizaciones, “y estamos en contra de que los argentinos financien empresas deficitarias”. Pero recordó que “el Gobierno en el Senado excluyó esas tres empresas de la votación. Ni siquiera las votó en general. No se puede hacer cualquier cosa y de cualquier forma”.

En ese sentido, la bancada federal no apoyará tampoco la eliminación de la moratoria previsional, artículos que fueron votados en Diputados, pero retirados del texto que se trató en el recinto del Senado.

Desde la bancada explicaron a parlamentario.com que “sí se puede agregar Ganancias y Bienes Personales, pero no agregar Aerolíneas o empresas que fueron sacadas antes de la votación en general”. De tal manera, el bloque de HCF acompañará esos puntos del paquete fiscal, no así el capítulo II de la ley Bases sobre empresas del Estado a privatizar.

Recordemos que la votación en particular en la Cámara baja el pasado 30 de abril, el resultado arrojó 138 votos a favor, 111 en contra y dos abstenciones sobre el capítulo II que dispone la privatización o concesión parcial de empresas públicas. En aquella oportunidad, HCF aportó 11 votos positivos, sin contar a los integrantes de la Coalición Cívica (4 afirmativos, una abstención y un ausente).

Todo esto fue resuelto en el marco de una reunión del bloque que contó con la presencia de los diputados nacionales Emilio Monzó, Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer, Esteban Paulón, Juan Brügge y Francisco Morchio.

Finalmente la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel convocó este martes a una sesión especial para este jueves a partir de las 11, e incluyó en el temario una serie de proyectos y también el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia enviado por el presidente de la Nación, Javier Milei, el pasado 20 de diciembre.

Este miércoles habrá una reunión de labor parlamentaria donde se terminará de definir en presencia de la titular de la Cámara alta y los jefes de bloques la modalidad de la sesión, donde el tratamiento del DNU 70/2023 figura en el último lugar del temario.

El menú de temas incluido en la sesión pedida por la titular del Senado que en primer lugar incluye el retiro de diversos mensajes de pedidos de acuerdos solicitados por el Poder Ejecutivo Nacional conducido por Alberto Fernández, como así también luego una serie de pedidos de acuerdos de la actual gestión.

Luego se abordarán sendos acuerdos que obtuvieron dictamen durante el período de extraordinarias con Turquía, China y Emiratos Árabes Unidos, tras lo cual será el turno de la autorización al presidente de la Nación a ausentarse del país a lo largo del presente año.

A continuación dará comienzo el debate del proyecto principal previsto para esta fecha, el proyecto que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Un tema que tuvo dictamen también durante el verano -el 7 de febrero- y que se esperaba que el Senado pudiera convertir en ley en una sesión que finalmente nunca se realizó.

En último lugar, como dijimos, figura el tratamiento del DNU 70/23, sobre Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, tal su denominación, que fue precisamente el factor que generara tal estado de tirantez que inmovilizó la actividad en el Senado.

En efecto, durante el período de sesiones extraordinarias que culminó el pasado 15 de febrero, Villarruel desestimó diferentes pedidos de sesión especial: tres de Unión por la Patria y otros de bloques federales, y así, mantuvo la vigencia del decreto, a pesar de que algunos puntos, como la reforma laboral fueron anulados por la Corte Suprema de Justicia.

De ser tratado en el recinto este jueves, quienes rechazan el mega decreto tienen el número suficiente para conseguir un objetivo que nadie nunca antes obtuvo contra un gobierno en ejercicio. Solo fue rechazado un DNU de Mauricio Macri por una de las cámaras (también el Senado), pero cuando ya no era gobierno. Como sea, el decreto debería ser rechazado también por la Cámara baja para perder validez.

A la espera de la media sanción del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en la Cámara de Diputados, el senador nacional Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza – La Rioja) señaló que su bancada “está en permanente conversación con los otros bloques, menos con el kirchnerismo”.

Consultado por el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, el legislador riojano anticipó que primero tienen que tratar los DNU que "han sido remitidos y no se han tratado, que son los de Alberto Fernández, a quien le han dado facultades extraordinarias y plenipotenciarias, dirían algunos”.

Entrevistado por parlamentario.com, el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado se mostró optimista de avanzar con las iniciativas de Lavado de Activos y Boleta Única de Papel, incluso con el proyecto de ley Bases, que se está votando en Diputados. "esperamos aprobarla", enfatizó

Por otro lado, lanzó criticas contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela  por su manera de gobernar la provincia. "Su manera de gobernar es de hace dos siglos y no lleva a ningún lado. Se cree Chacho Peñaloza", lanzó

- ¿Qué perspectiva tiene sobre la Ley de Bases, que en las próximas horas se espera vaya a aprobar Diputados?

- Vamos a esperar que se apruebe y luego lo vamos a trabajar. Nosotros somos la Cámara revisora y ya tendremos el texto definitivo cuando terminen de aprobar en particular con las modificaciones que van a introducir en Diputados. Luego, será tratado en la reunión plenaria.

- ¿Existe la posibilidad de que convoquen a un plenario la semana que viene?

- Tiene que ir a las comisiones, se le da entrada, se remite al trabajo de comisión y cuando salgan los despachos de mayoría, minoría y con disidencias llegará al recinto.

- ¿Entablaron conversaciones con algunos bloques de la oposición?

- Particularmente yo, y nuestro bloque La Libertad Avanza, estamos en permanente conversación con senadores de otros bloques. Quizá con los que menos diálogo tenemos es con el kirchnerismo, que es normal y natural. Tratamos de sacar los temas que son urgentes como el proyecto de ley de Lavado de Activos que tiene que estar antes del 3 de marzo, porque viene la inspección del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). También hay que sacar Boleta Única de Papel. Y ni bien llegué el proyecto de ley Bases, seguiremos el trámite legislativo para su tratamiento.

- El DNU es otro de los temas conflictivos que deberán resolver en el Senado. ¿Lo van a tratar, o esperarán la resolución de la Corte?

- El tema es simple. Yo, personalmente, tengo el criterio de que tenemos que tratar los DNU que han sido remitidos y no han tratado, que son los de Alberto Fernández. Se le han dado facultades extraordinarias, plenipotenciarias dirían algunos. Unión por la Patria pide una sesión para tratar el DNU, pero en Diputados no han presentado los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Están violando la teoría de los propios actos. Nadie puede ponerse en contradicción de un acto propio. Ellos ponen trabas en la conformación de la comisión, mal no pueden venir con chicana política con todo esto. De todas maneras, están dentro de las reglas de juego de la política argentina que queremos desterrar. Cada cual tiene que cumplir su responsabilidad. Ellos están haciendo oposición por la oposición misma.

Ellos hacen como si hubieran venido de otro planeta y no conocen o no han tomado nota del desastre que han dejado. Han potenciado a niveles superlativos. La gente les contestó cuando con sus socios de la ultraizquierda han bajado a la calle a hacer demagogia en la Plaza. Las cosas hay que tratarlas con seriedad, porque si las vamos a usar para la mera chicana política no le hace bien. Los muchachos debieran saber que, primero está la patria, después los partidos políticos y los hombres. Acá tenemos que solucionar los problemas de la Nación Argentina que está en un estado terminal y poco a poco remontando para volver a salir. Para ser el país que alguna vez fuimos.

- Entonces, ¿considera que Unión por la Patria tendrá la misma actitud que tiene en Diputados en el Senado?

- A lo mejor sí, o a lo mejor no. En Unión por la Patria hay gente que es bastante centrada y responsable y otros que están enceguecidos en hacer la contra. Aspiro a que la discusión sea con respeto y objetividad. Lo demás, la historia la va escribiendo la gente todos los días.

- Respecto a la medida del Gobierno riojano sobre emitir moneda propia, ¿qué opinión le despierta esta medida?

- A Ricardo Quintela lo conozco mucho. Él tiene una manera muy particular de gobernar y de ver la historia. Vamos a partir de que pintó las paredes de rojo con una frase absolutamente marxista: ‘Los sueños colectivos son de todos’. Viola hasta la simbología peronista porque los colores del peronismo siempre fueron celeste y blanco, eso lo sabe hasta un bebé de pecho. La manera de gobernar de Quintela es de hace dos siglos y no lleva a ningún lado. En vez de hacer una política de austeridad y revisar los gastos superfluos del gobierno, está de vacaciones en el extranjero. Vive una vida de multimillonario como si la Argentina fuera un pais con una economía rozagante.

Quintela está gobernado como él sabe: a la fuerza y porque se le ha puesto que es la reencarnación del Chacho Peñaloza. La gente sabrá si lo castiga o lo premia en las elecciones. En los dos centros grandes urbanos perdió por una gran diferencia. No las tiene todas consigo. El cuerpo electoral tiene con su voto la oportunidad de premiar o castigar. En el mandato tiene que cumplir con la representación de la gente. No es que van a ser capataces, dueños o señores feudales, ni nada. En Argentina, esto, nos ha llevado está situación. En La Rioja está potenciada con Quintela. Pero deberá cumplir su mandato y tendrá que someter su gestión al escrutinio de las urnas.

Con el apoyo del candidato a gobernador Alfredo Cornejo, el Frente Cambia Mendoza presentó este sábado a sus precandidatos a diputados nacionales: Lisandro Nieri (busca renovar su banca), Patricia Giménez, Víctor Ibáñez, Hebe Vázquez Viera y Pablo Zapata.

Como parlamentario del Mercosur (Parlasur) el nombre es el de Roberto Ríos, actual jefe de gabinete de la ciudad de Mendoza. Esta lista, acompañará la boleta de ambos precandidatos de Juntos por el Cambio: la de Horacio Rodríguez Larreta y la de Patricia Bullrich.

Nieri es diputado nacional por Mendoza desde que reemplazó la banca de Cornejo cuando fue elegido senador nacional en 2021. Secunda la lista Giménez, exdiputada radical cercana a Luis Petri (precandidato a vicepresidente de Bullrich); Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la provincia; Vázquez Viera, una “bullrichista” fundadora de Unión por Todos Mendoza; y Zapata, concejal de San Rafael.

En tal provincia, Juntos por el Cambio se partió en dos cuando el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Omar De Marchi, quien dejará su banca en el recinto, formó su propio partido conocido como “La Unión Mendocina”. La diputada radical Jimena Latorre también dejará su banca este 10 de diciembre.

La coalición opositora pone en juego a tres de las cinco bancas que deben renovarse, mientras que Unión por la Patria tiene a dos legisladores, Marisa Uceda y Eber Pérez Plaza.

Habrá interna en el peronismo

Por el lado del peronismo mendocino habrá interna. Desde Unión por la Patria, los designados para ir como precandidatos son: Martín Aveiro (intendente de la localidad de Tunuyán) y María Amalia Granata (economista y asesora de la senadora Anabel Fernández Sagasti); mientras que José Luis Ramón (diputado provincial de Mendoza) irá por su lista propia conocida como Protectora.

La nómina de postulantes a la Cámara de Diputados la completan María Martina Corvalán, Mario Riccio, Belén Cortinez y Homero Di Bernardino. En tanto que la lista precandidatos al Parlasur la liderará Eber Pérez Plaza, actual diputado nacional peronista que concluye su mandato en diciembre.

Desde La Libertad Avanza, el espacio conducido por el candidato libertario Javier Milei, los precandidatos a diputados nacionales serán Mercedes Llano y Facundo Correa Llanos, dos economistas de la actividad privada en el ámbito del sector inmobiliario. Lourdes Arrieta, Pablo Rubio y Myriam Villordo completan la lista. Mientras que Jorge Santilli será el precandidato al Parlasur.

En Libres del Sur, aliado de la alianza oficialista a nivel provincial, la lista de precandidatos a diputados nacionales estará liderada por el coordinador del movimiento social Barrios de Pie, Adrián Bonada y lo acompañarán Paola Giménez, Matías Robledo, Alejandra Rojas y Pablo Reyes.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) tendrá competencia interna en las PASO. Por un lado, se presentó la lista del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) encabezada por la docente Laura Espeche y que completan Esteban Darío Rodríguez, Ana Victoria Maya, Mauricio Andrés López Monte y Micaela Blanco Minoli.

Me enorgullece contarles que seré pre candidata a Diputada Nacional por la izquierda mendocina junto a @myriambregman y @NicolasdelCano en la fórmula presidencial.
Contra el ajuste queremos que se escuche la voz de las y los trabajadores.
¡La salida es por izquierda! pic.twitter.com/M2SY91pJB7

— Laura Espeche (@LauGEspeche) June 24, 2023

A su vez, el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) llevan como precandidatos a Martín Rodríguez, Marcia Marianetti, Gerardo Ramón Bustamante, Verónica Haydee Torres y Víctor Hugo Da Vila.

Acepte la propuesta de encabezar la lista de Diputados Nacionales del @FIT_Mendoza hecha por mis cross del PO y el MST
Vamos a llamar a votar a Pres. a @Solanopo para que la izquierda sea independiente y organice a los trabajadores contra el ajuste de los políticos capitalistas pic.twitter.com/nrbamNAEu3

— Martin Rodriguez (@MRodriguezGC) June 24, 2023

El gremio de la construcción, encabezado a nivel nacional por Gerardo Martínez y por Luis Videla en la seccional San Martín, se sumó a la campaña del diputado nacional Leonardo Grosso (FdT) como precandidato a intendente de San Martín en las PASO del Frente de Todos.

En tal sentido, Videla aseguró: “Leo es el trasvasamiento generacional del peronismo. Hace años que camina las calles de San Martín, tiene propuestas y el coraje para llevarlas adelante”.

En un acto colmado de militantes, desde el sindicato remarcaron la unidad para encarar este proceso electoral: “Es una alegría recibir este espaldarazo que significa que una organización gremial con la trayectoria y el compromiso que tiene la UOCRA se sume a esta patriada que estamos haciendo en San Martín”, enfatizó Grosso. En la misma sintonía, Videla afirmó: “coincidimos en un objetivo que es el bienestar del pueblo sanmartinense”.

También, agregó: “No nos bajamos nada, a este tren se sigue subiendo gente que quiere un San Martín distinto”, y expresó: “Nuestra estrategia es con propuestas, las vamos a discutir con cada vecino y cada vecina y las vamos a implementar a partir del 10 de diciembre”.

Por último, Videla, manifestó que “las expresiones del peronismo van a terminar definiendo el destino de la Argentina porque creo que es el único movimiento que piensa en el beneficio del Pueblo”.

Durante el acto se entregaron más de cinco mil camisetas de las categorías 2009 hasta la 2016.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, entregó kits deportivos y camisetas a chicos de los 52 clubes locales que participan del campeonato de la Federación de Fútbol Infantil y Juvenil de Esteban Echeverría (FeFIJEE). El acto se realizó en las instalaciones de Campo Amat (Monte Grande).

El jefe comunal expresó: “Contento de participar en este festival de fútbol infantil junto a la comunidad deportiva de Esteban Echeverría. Como parte de nuestro compromiso por mejorar las instalaciones de los clubes estamos trabajando de forma mancomunada para construir playones y techos que permitan un buen desarrollo de las prácticas deportivas”, quien estuvo acompañado por el presidente de la FeFIJEE, Roberto Trotta.

Durante el acto, el intendente entregó 5.000 camisetas de fútbol a los clubes locales que forman parte de la liga en las categorías 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Cada institución recibió 96 camisetas que serán utilizadas durante el año en el campeonato de la FeFIJEE y kits deportivos que contienen pelotas de fútbol, infladores y bolsas porta pelotas.

Asimismo, el jefe comunal otorgó un subsidio a las autoridades de la FeFIJEE, que será destinado a la compra de un software de gestión para modernizar la carga y la administración de datos de los clubes.