Tras celebrarse la duodécima reunión de la Comisión de Juicio Político que ha puesto en el banquillo a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, surgieron fuertes interrogantes en torno a cuánto es lo que falta para que comience a redactarse el dictamen que deberían llevar al recinto de Diputados.

Iniciado allá por enero, más precisamente el jueves 26 de ese mes -con fuertes contrapuntos entre oficialismo y oposición-, una de las preguntas que entonces se planteó fue qué extensión tendría ese proceso. Difícil de calcular por entonces, se habló de un mínimo de dos meses y se llegó a especular -como extenso- que podría llegar a durar hasta cuatro.

Pero eran tiempos en los que no podían hacerse tantas elucubraciones, si ni siquiera tenían muy claro en Juntos por el Cambio de qué manera afrontar el desafío que proponía el Frente de Todos. Tampoco estaba clara la modalidad que se le daría a este trámite excepcional, y todo el desarrollo del proceso que se dio a lo largo de estos meses fue una experiencia nueva que se fue resolviendo sobre la marcha. Y que sigue desarrollándose de ese modo, con muchos interrogantes que persisten, salvo uno en el que propios y extraños coinciden (en el caso del oficialismo, en privado), que es en lo que sucederá cuando el dictamen llegue al recinto: allí terminará todo, pues no están los dos tercios necesarios para continuar con el proceso en el Senado. Ni estarán.

Figuras clave de este debate como el kirchnerista Rodolfo Tailhade aclaraban esta última semana que todavía no tenían datos sobre el tiempo de desarrollo de este proceso, pues sobre la marcha están encontrando elementos que tienden a extender su duración. Es lo que ha sucedido con el tramo del proceso que están atravesando por estos días: el debate sobre las presuntas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Allí, a diferencia de otros ítems del juicio, hay más elementos de prueba y datos concretos que permitan avanzar en una acusación. En otros casos, las acusaciones pueden aparecer forzadas, tratando de demostrarse cosas en las que unos y otros jamás coincidirán, y que son en definitiva cuestiones de apreciación.

Los datos recabados hasta el presente en las hasta ahora tres audiencias referidas a la OSPJN han entusiasmado a los miembros del oficialismo y todo indica que este tramo del juicio se extenderá algunas semanas más.

Recordemos que tras un inicio en el que el oficialismo buscó avanzar con el controvertido tema de los chats obtenidos de manera irregular y enfrascarse en ese marco en una polémica en torno a la citación del fiscal Carlos Stornelli, transcurridos dos meses de debate se resolvió “ordenar” el desarrollo del proceso con audiencias temáticas.

Las mismas arrancaron el martes 21 de mayo y el primero de los temas fue el fallo del 2×1 dictado por la Corte Suprema el 3 de mayo de 2017. Deliberadamente el oficialismo eligió arrancar con este análisis temático en la Semana de la Memoria con una cuestión en la que buscó relacionar el fallo de la Corte de esos días con el Gobierno de Cambiemos.

Esa parte del juicio no involucra a los cuatro miembros de la Corte, sino a su presidente y el vice, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes esa vez junto con Elena Highton de Nolasco suscribieron el fallo de mayoría que habilitó el cómputo del 2×1 para la prisión por delitos de lesa humanidad, al declarar aplicable la Ley 24.390 que estuvo vigente entre 1994 y 2001 para el caso del represor Luis Muiña.

A esa primera sesión habían sido citados y faltaron el exministro de Justicia Germán Garavano, Fabián Rodríguez Simón y el senador José María Torello. Ninguno de los tres asistió a esa reunión. El primero pidió reprogramar; “Pepín” y el senador Torello no concurrieron nunca. El primero era obvio, pues está prófugo en Uruguay; el legislador nacional se amparó en sus fueros.

Sí estuvo en esa primera audiencia temática Gladys Cuervo, sobreviviente de los secuestrados en el Hospital Posadas, quien dio su interpretación sobre la decisión de tres integrantes de la Corte de avalar el 2×1 para causas de lesa humanidad. También asistió Zulema Chester, cuyo padre fue víctima de Luis Muiña. “Mi papá fue secuestrado en nuestro domicilio el 26 de noviembre de 1976, sabemos a través de las investigaciones que pasó por el centro clandestino del Posadas y su cuerpo apareció flotando en el Río de la Plata pocos días después, pero nunca pudimos recuperarlo”, contó.

Cerró el desfile de testigos de esa jornada Federico Morgenstern -de la vocalía de Carlos Rosenkrantz-, quien está a cargo de procesar todas las causas que vienen de la Secretaría N°3, que es la penal. “Me acuerdo bastante bien las cosas que pasaron con Muiña”, expresó sobre el fallo y recordó que recibió el legajo, lo estudió durante unos meses y junto a Rosenkrantz “preparamos el proyecto inicial de la causa”. “Después, con el desarrollo de las discusiones y negociaciones internas, el proyecto fue recibiendo modificaciones”, detalló.

Tras dos semanas sin reuniones (el único parate hasta ahora, debido a las sesiones del 28 y 29 de marzo y luego Semana Santa), la segunda audiencia temática fue el 11 de abril. A esa reunión asistieron Estela de Carlotto, Germán Garavano y los periodistas Silvana Boschi, exeditora de Clarín, que fue consultada sobre sus publicaciones que relatan una versión acerca de la intervención de “Pepín” Rodríguez Simón en la Corte para favorecer el fallo sobre detenidos por crímenes de lesa humanidad; Irina Hauser, que afirmó que “Rodríguez Simón es quien tenía el vínculo con Rosenkrantz“, y se refirió a la “política regresiva en materia de delitos de lesa humanidad” del máximo tribunal en 2017; el periodista de Clarín Ignacio Miri y Martín Granovsky, de Página 12, quien afirmó que la Corte ya venía preparando el terreno para el fallo que benefició a Muiña.

El 18 de abril arrancó el debate sobre la Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial, y en esa jornada atestiguaron la médica legista y perito de la Corte Suprema María Cristina Interlandi; Oscar Fernández, que formó parte de la auditoría ordenada por la CSJN; la contadora Melisa Solana; la funcionaria judicial María Guadalupe Burgos, y Laura Coulin y Liliana de Brito, quienes lo hicieron en su calidad de damnificadas de la obra social.

La segunda audiencia sobre ese tema fue el 25 de abril, y en esa oportunidad se produjo el testimonio de Héctor Marchi, quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años y tuvo a su cargo a partir del 2021 la supervisión de la Obra Social. Una semana antes de la citación, Marchi había sido desplazado de su cargo hacia el área de Seguridad Social, con los votos de los cortesanos Rosatti, Rozenkrantz y Juan Carlos Maqueda, y el voto a favor de Ricardo Lorenzetti.

Ese funcionario dejó expuesta la grieta existente en el Tribunal Supremo. Hizo fuertes cargos y denunció que desde su desplazamiento él y personal cercano había sido “víctima de seguimientos y amenazas”.

También declararon el docente universitario Gustavo Montanini y Enrique de Vedia, prosecretario letrado de la Corte.

El pasado miércoles 3 de mayo declararon Andrés Sacchi, director de Informática de la Corte, quien firmaba balances de la obra social; María Bettina Bonuccelli, de la secretaría privada del juez Maqueda y Valeria Díaz, damnificada de la obra social.

Para este martes 9 de mayo han sido citados Héctor Daniel Marchi, que expondrá esta vez sobre el informe de 20.000 fojas elaborado bajo su tutela sobre los supuestos desmanejos; Santiago Clerici, secretario letrado de la Corte; el contador publico Nicolás Jacinto Serafini y Martina Forns, jueza federal de San Martín, cuyo esposo falleció en plena pandemia “abandonado por la obra social”, según su denuncia.

Los temas pendientes

Transcurridos entonces poco más de tres meses desde el inicio del juicio político a los miembros de la Corte, recién van por el segundo de los temas a debatir. ¿Qué temas faltan para abordar antes de que los diputados se aboquen a la redacción de los dictámenes (será uno para cada integrante del Tribunal Superior)?

Según confiaron a parlamentario.com miembros del oficialismo, el próximo tema a abordar será el de la Coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires; luego quedan Consejo de la Magistratura; abuso de poder y una denuncia contra el juez Rosencrantz por el cobro por un juicio de Santa Fe contra Nación.

Cuatro temas que demandarán, como mínimo, siete semanas más. Y para los cálculos temporarios habrá que tener en cuenta que el debate sobre las irregularidades en la obra social llevaría entre dos y tres semanas más. Sobre todo luego de que se votara el levantamiento del secreto fiscal de MoRo Media, una cuestión que según anticiparon a este medio dará “mucho para hablar”. Recordemos que MoRo Media es una sociedad de Silvio Robles, hombre de confianza del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y de Natalia Monayer, también funcionaria cercana al juez.

Así las cosas, quedarían al menos diez audiencias temáticas, con lo que se llegaría a mediados de julio. Luego de ello comenzaría la redacción de los dictámenes, con lo cual una eventual resolución de este juicio coincidiría con las elecciones primarias de agosto.

Amén de eso, es vox populi que esos dictámenes no serán llevados al recinto con la actual composición del Cuerpo, por cuanto el Frente de Todos sabe que, como dijimos, no están los dos tercios para que el juicio pueda proseguir, ante lo cual optarán por reservarlo para “mejores tiempos”, o al menos conservarlo como una espada de Damócles sobre el Tribunal Superior de la Nación.

Luego de exponer ante la Comisión de Juicio Político Estela de Carlotto y Germán Garavano, fue el turno de periodistas que en su calidad de testigos expusieron en torno a la aplicación del 2×1 por parte de la Corte Suprema para un represor en 2017, y su posible relación con un supuesto acuerdo entre el gobierno de Cambiemos y algunos miembros del máximo tribunal para evitar que la jueza Elena Highton de Nolasco se jubilara a los 75 años.

La periodista Silvana Boschi, exeditora de Clarín, fue consultada sobre sus publicaciones que relatan una versión acerca de la intervención de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en la Corte para favorecer el fallo sobre detenidos por crímenes de lesa humanidad.

La periodista Irina Hauser, de Página 12, también fue interrogada por su trabajo periodístico judicial y afirmó que “Rodríguez Simón es quien tenía el vínculo con (Carlos) Rosenkrantz“, y se refirió a la “política regresiva en materia de delitos de lesa humanidad” del máximo tribunal en 2017.

El represor Luis Muiña, condenado por crímenes de lesa humanidad, fue beneficiado con el fallo del 2×1 de la Corte Suprema en 2017, que establecía que se computaba doble por cada día de detención sin juicio. El periodista Ignacio Miri, de Clarín, fue interrogado sobre sus publicaciones acerca de la jueza Elena Highton de Nolasco y explicó que tenía información de que la decisión ya estaba tomada.

El último periodista en declarar fue Martín Granovsky, de Página 12, quien explicó que la Corte ya venía preparando el terreno para el fallo que benefició a Muiña.

Durante la reunión, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López cuestionó el hecho de que a los testigos se les preguntara “con quién hablaban”.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se presentó ante la reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados realizada este martes en el marco de la investigación de la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que benefició al represor Luis Muiña, en la que expresó que “el fallo Muiña desnudó un profundo cinismo por parte de Rosatti, Rosenkrantz y Highton”.

Sin responder preguntas, Carlotto procedió a leer un documento en el que confirmó su asistencia para “testimoniar en este proceso de responsabilidad funcional”.

“Las Abuelas venimos recorriendo tribunales hace años, antes de nuestra creación como institución. Primero cada una de nosotras en soledad ante la desaparición de los hijos y con ello la incertidumbre de qué habría pasado con nuestros nietos y nietas”, comenzó.

En ese sentido, continuó: “La historia es más conocida y las Abuelas se juntaron y empezamos a ir juntas a asesorías de menores, juzgados federales y distintos tribunales buscando a nuestros nietos y convencida de que la lucha tenía que ser colectiva”.

“Nuestra recorrida en tribunales comenzó en la dictadura y continuó en democracia hasta nuestros días. Sin embargo, pese a los auspicios esperanzador que fue el inicio del gobierno de Alfonsín y el juicio a las juntas, la sanción de las leyes de impunidad y la convalidación por la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron de duro golpe para las víctimas y los familiares”, expresó.

Al respecto, planteó que “en el 2017 con el fallo Muiña volveríamos a experimentar esa sensación”, pero aseguró que “aún en estos momentos de impunidad, seguimos acudiendo al Poder Judicial para poder encontrar a nuestros nietos y nos encontramos con decisiones adversas, pero que supimos respetar institucionalmente convencida de la verdad de nuestros reclamos”.

También relató que fueron a instancias internacionales que las acompañaron y “a partir de ser oídas en el exterior, pudimos construir nuevamente en nuestro país el camino de la justicia para nuestros desaparecidos”.

“Primero con los juicios por la verdad a fines de la década del 90’, y luego con decisiones judiciales que rompieron la impunidad y permitieron volver a enjuiciar a los responsables de los crímenes de la dictadura”, sumó.

En ese recorrido histórico, contó que “en el 2004 la Corte con el fallo Arancibia-Clavel nos dio una luz de esperanza que se terminó cristalizando en el 2005 con el fallo que anuló finalmente las leyes de punto final y obediencia de vida”.

“El fallo Simón tuvo como antecedente inmediato el juicio por la apropiación de nuestra nieta Claudia Poblete cuando, habiendo sido condenado por apropiadores, quedó expuesta la insoportable impunidad de secuestradores y torturadores de sus padres y ese fue la oportunidad que encontró la Corte para reivindicarse y puso las cosas en su lugar y confirmó que el camino del sistema interamericano no había sido en vano”, agregó.

En suma, destacó: “A partir de allí vimos como de todo el país empezaron a juzgarse los responsables de los crímenes de la dictadura por sus jueces naturales y con todas las garantías del debido proceso. Pese a que en este proceso de juzgamiento hubo falencias, dificultades y sentencias con las que no estuvimos de acuerdo, ya no dudamos del compromiso de los tres poderes del Estado para la consecución de la verdad y la justicia”.

“La Corte cambió desde 2015”

Sin embargo, Carlotto denunció que “las cosas empezaron a cambiar a fines del 2015. La situación se fue tornando desde la Corte Suprema de la Nación fue moldeando desde la escandalosa irrupción de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti al tribunal supremo a través del decreto 83/15 firmado por Mauricio Macri ni bien comenzó su gobierno echando mano al artículo 99 inc. 19 de la Constitución referente a nombramientos en comisión en caso de vacante en empleo durante el receso legislativo”.

“Si bien es cierto que luego de los innumerables repudios que recibió la decisión de Macri como así también el de los propios Rosenkrantz y Rosatti por haber aceptado las designaciones, los pliegos de los hoy jueces pasaron por el juego constitucional que requiere el artículo 99 inc. 4 de la Constitución más el decreto 222/03. Sin embargo, lo que quedó de manifiesto fue la actitud de menosprecio al proceso constitucional deliberativo que prescribe la Carta Magna por parte de los hoy magistrados del Máximo Tribunal”, criticó.

En ese marco, relató: “Como un aviso de lo que iba a suceder después, tenemos que remontarnos a febrero de 2017 del fallo Fontevecchia. En aquel caso la Corte determinó que no estaba obligada convencionalmente a acatar la sentencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contraviniendo obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino y su propia jurisprudencia como los fallos Espósito y Derecho”.

“Más allá de lo que ocurrió al aspecto puntual que se debatía en Fontevecchia, lo más peligroso fue el mensaje que dio la Corte a través del fallo de una pretendida relatividad de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de su eficacia. A Fallos de la Corte Interamericana como Velásquez- Rodríguez fueron determinantes en medio del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en el país y la Corte Suprema de Justicia de aquellos momentos decidió tomarlos siendo ejemplos categóricos el célebre fallo Simón”, precisó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

Y continuó: “Sin embargo en Fontevecchia la Corte advirtió que no se iba a sentir obligada a acatar los fallos de la Corte Interamericana y que las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en materia de derechos humanos serían interpretadas desde los propios despachos de sus señorías y no se iban a sentir exigidos por el sistema interamericano, sino por sus propias conveniencias”.

“El 18 de abril de 2017 la Corte se pronunció en el fallo Alespeiti por el que concedió la prisión domiciliara al exmilitar quien ya había sido condenado a 22 años de prisión revocando el fallo de la Cámara de Casación. Lo llamativo es que la Corte allí, como luego lo haría en el caso Muiña, eligió fallar porque en casi todos los expedientes que no revisten una marcada gravedad institucional la Corte en uso de sus facultades las desestimó sin tratamiento, de echo así lo entendió Highton de Nolasco”.

Al respecto, Carlotto comparó que “en Alespeiti siendo el caso del pedido de una prisión domiciliaria, el máximo tribunal tomó el caso como para resolver sin plasmar una instancia general, como si lo había hecho por otros procedimientos, que al menos hubiera justificado su decisión de intervenir. Luego de lo dicho por Fontevecchia en este fallo fue nombrada como cita la autoridad tanto de la Corte como de la Convención Interamericana de Derechos Humanos remarcando la importancia de los juicios en general, pero favoreciendo a Alespeiti en particular y con el pleno conocimiento de que este procedente sería luego invocado por toda la defensa de todos los condenados por delitos de lesa humanidad”.

“El 3 de mayo de 2017 sucedió ese intento de golpe a la lucha de víctimas y familiares y organismos de derechos humanos, el fallo Muiña. Todos recordamos lo que significaba ese fallo abriéndole la puerta de la libertad a los genocidas a los pocos que estaban en cárceles comunes como aquellos que gozaban de la prisión domiciliaria”, denunció.

En esa línea, apuntó:“El fallo desnudó un profundo cinismo por parte de Rosatti, Rosenkrantz y Highton, ya que el resultado que propugnaron en Muiña además de lo absurdo de la aplicación en la Ley 24.390 lo adscribieron al retraso en la tramitación de las causas, ya sea de los juicios en curso como de las instancias recursivas pendientes en todas las instancias judiciales de las cuales la Corte es cúspide”.

“A diferencia de lo que escribieron en el fallo Alespeiti, en Muiña con la aplicación del 2×1 si esbozaron un estándar general y, de esta manera, los ministros Rosatti, Rosenkrantz y Highton- quien de manera espuria borró con el codo sus anteriores y distinguidos votos-, fallaron favoreciendo indiscriminadamente y generalizada a los responsables de los crímenes más atroces que recuerde la historia a sabiendas que la doctrina y jurisprudencia aplicable de la Corte  Suprema de Justicia de la Nación indicaban lo contrario”, fustigó.

También cuestionó que “subestimaron al pueblo organizado que colmó la Plaza de Mayo y a la reacción de este Parlamento que en tiempo récord sancionó la Ley interpretativa consagrando legislativamente los estándares que aquellos ministros omitieron maliciosamente”.

“La inmensa mayoría de tribunales inferiores de la Corte decidieron no aplicar el estándar consagrado en Muiña, contraviniendo como nunca antes sucedió en la historia judicial del país una decisión suprema”, ponderó la testigo.

Además, remarcó que “entre febrero y marzo del 2017 la Corte Suprema de Justicia como cuerpo pretendió una regresión en la luminosa jurisprudencia iniciada en el 2004, primero generando un acotamiento de las obligaciones internacionales del Estado argentino en materia de derechos humanos y su exigibilidad a través del fallo Fontevecchia, que luego plasmaría en un caso individual, pero de proyección limitada en Alespeiti y consagrada al establecer una norma de impunidad general en el fallo Muiña”.

“No podemos dejar de señalar la lentitud en la tramitación de las causas que ya tienen sentencia, pero que aún esperan la confirmación de la Corte para adquirir firmeza con todo lo que implica eso”, apuntó Carlotto y agregó: “La Corte, más allá de algún reto puntual, jamás ejerció una labor de superintendencia que acortara los tiempos de Casación o regulara sus propios plazos, de modo que desentenderse de estas demoras la propia Corte las consiente”.

También criticó que “en una penosa sintonía, la Corte jamás esbozó una mínima directiva para optimizar los juicios ni siquiera durante la pandemia, sus acordadas brindaron una pauta clara para la tramitación de los juicios pese a los reclamos de organizaciones y propios tribunales orales federales que no sabían cómo garantizar la continuidad de los juicios”.

“Tampoco se puso en actividad la Comisión de Interpoderes que no se implementó una política judicial adecuada o un mecanismo de consulta sincero. Desde su creación en el 2009 fue un espacio de intercambio de derechos humanos y diferentes agencias del Estado abocadas a juicios de lesa humanidad y su funcionamiento fue propicio para solicitar distintas logísticas y también como receptor de inquietudes de distintos sectores”, denunció.

Y cerró: “Dado que la comisión no se reunía desde 2016 y de forma concordante, en mayo de 2020 las abuelas solicitamos ante la Corte la puesta en funcionamiento de la comisión para delinear los protocolos que reanuden las investigaciones y juicios por crímenes de lesa humanidad. De ese pedido no se obtuvo respuesta hasta que Rosenkrantz la convocó en octubre del 2020 en medio de una disputa política, pero no asistimos. El presidente de la Corte al día de la fecha tampoco lo ha hecho”.

Pasada Semana Santa, la Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos), reanuda este martes a partir de las 11 sus audiencias con testigos.

Será en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, y a los testigos ya previstos sumó en las últimas horas a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

La dirigente de derechos humanos encabeza la nómina de los convocados, que sigue con el exministro de Justicia de la gestión Cambiemos Germán Garavano, y después los periodistas Silvana Boschi, Martín Granovsky, Ignacio Miri, Irina Hauser y Luciana Bertoia.

Garavano había sido citado para la última reunión, a la que no asistió por estar de viaje, pero aclarando que estaba dispuesto a ir ante una próxima convocatoria. No es el caso de otros citados, como Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador judicial del gobierno de Cambiemos, y el senador nacional José Torello, exjefe de asesores de Mauricio Macri. El primero está prófugo de la justicia argentina en Uruguay y el segundo no asistió invocando sus fueros.

A pedido del Frente de Todos, todos fueron convocados en el marco de la investigación de la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que benefició al represor Luis Muiña.

La intención del oficialismo es hurgar en la hipótesis de un presunto “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco. Esto es a partir del hecho de que durante la gestión de Macri no se apeló un amparo de la jueza y pudo continuar en la Corte a pesar de haber cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución.