La senadora rionegrina sostuvo que el Gobierno con el decreto conocido este viernes, esta administración “enajena más de 300 inmuebles propiedad del Estado”.
El día 25 de octubre de 2024, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 950/2024, por medio del cual el Poder Ejecutivo Nacional autoriza y obliga a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a impulsar los procedimientos y detalles técnicos necesarios para enajenar los inmuebles del Estado Nacional que no hubieran sido enajenados a la fecha de entrada en vigencia del presente.
La senadora Silvina García Larraburu sostuvo que “la medida alentada desde el Poder Ejecutivo, se justifica bajo la presunta necesidad de engrosar las arcas del Estado y de deshacerse de aquellos inmuebles ociosos, que representan costos y gastos evitables e innecesarios por parte del Estado. Se repite una lógica vieja, un patrón arquetípico de los modelos neoliberales, por medio del cual se rematan los bienes del Estado como medida primigenia, sin contemplar la viabilidad de opciones alternativas de financiamiento, que no comprometan el patrimonio ni los haberes nacionales”.
“Con este proceso de desinversión pública se continúa en la senda de la “motosierra”, comprometiendo a futuro la capacidad del Estado en diversas áreas, entre ellas, la provisión de servicios públicos esenciales”, dijo.
“Con este decreto, el Gobierno de Javier Milei hace oficial el desguace por medio de la venta de más de 300 inmuebles propiedad del Estado. Concretamente, también se reflotan 13 normas firmadas por el expresidente Mauricio Macri entre los años 2016 y 2019, que autorizaban procesos de enajenación de bienes”, remarcó.
Además, agregó: “A este respecto, por mencionar un ejemplo, uno de los edificios que se plantea rematar está ubicado en la Av. Cerviño Nº 3101/67, en Barrio Norte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este domicilio funciona una sede del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y trabajan un total de 140 personas. También funcionan allí la Fundación ArgenINTA, delegación de INTeA, Dirección de Relaciones Internacionales, y Dirección de Vinculación Tecnológica. En su interior, se albergan también recursos materiales correspondientes a tecnología, software y hardware de las oficinas que allí funcionan”.
“Este decreto no hace más que exponer al desnudo las verdaderas intenciones del Gobierno nacional: con la aprobación de la Ley Bases, es la AABE quien tiene potestad y derechos de decidir sobre los bienes del Estado. No se requiere más que la firma del responsable, para, en este caso - entre otras consecuencias perniciosas - poner en peligro la fuente de trabajo de 140 personas y facilitar el desguace del Estado por medio de la venta de propiedades valiosas, que en algunos casos tienen utilidades y fines estratégicos, turísticos, culturales, e incluso de patrimonio histórico. Es preocupante pensar que un Decreto de esta magnitud instale una norma que se haga costumbre en las decisiones del ejecutivo”, finalizó.
Graciela Ocaña pidió que se revisen todas las transferencias que realizó la AABE desde 2012.
La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña exigió al Gobierno Nacional que se revisen todas las transferencias realizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) “desde el día de su creación (Decreto 1382/12, firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner), e incluso no solamente aquellas que se hubieran realizado en favor de la Ciudad de Buenos Aires, sino también en favor de otras jurisdicciones”.
A través de un proyecto de declaración presentado en la Cámara de Diputados, Ocaña reclamó además dejar sin efecto los decretos 145 y 149 publicados el lunes en el Boletín Oficial, ya que “afectan la seguridad jurídica y la estabilidad económica de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y agregó que constituyen “una acción de amedrentamiento dirigido contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deben ser analizados en conjunto con otra serie de medidas y manifestaciones expresadas desde el Poder Ejecutivo Nacional en contra los intereses de los vecinos de la Ciudad”.
En ese sentido, la legisladora nacional indicó que “esta conducta busca perjudicar los intereses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afecta los derechos de sus vecinos y ciudadanos y desconoce el estatus jurídico de la Ciudad asignado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2019, al declarar que tiene la misma posición que las provincias en el sistema normativo”.
“No resulta casualidad que en momentos que el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra encarando una política de ajuste y atravesando una crisis en materia fiscal, a la vista de todos, se elijan estos mecanismos para castigar a aquellas jurisdicciones que no presentan el mismo color político y que han demostrado una eficiente gestión de sus recursos, tal como es el caso del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sostuvo.
Ocaña dijo también que “estos decretos publicados son un ejemplo de la conducta persecutoria en términos políticos de la que es víctima la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su gobierno y sus ciudadanos, sin mayores fundamentos que los caprichos del Poder Ejecutivo Nacional, que adopta actitudes y acciones intimidatorias hacia las jurisdicciones provinciales y mediante las cuales afecta sus recursos presupuestarios y los priva de mecanismos legítimos de financiación de obras”.
Asimismo, la diputada nacional destacó que “la transferencia de bienes ha mejorado la calidad de vida de las personas que transitan la Ciudad de Buenos Aires, ya que ha permitido la realización de obras que benefician a los vecinos de la Ciudad y a los ciudadanos que viajan todos los días desde la Provincia de Buenos Aires”.
