La Federación Argentina de Colegios de Abogados rechaza el proyecto presentado por la diputada nacional Eugenia Alianiello (FdT – Chubut), de divorcios administrativos, porque considera que el mismo “vulnera normas y principios constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos y restringe el acceso a la jurisdicción desconociendo a la justicia como juez natural y garantía esencial de protección del sistema familiar en su conjunto”.

En su declaración FACA sostuvo: “El matrimonio es una institución de orden público y por lo tanto, las normas que regulan la disolución del mismo se encuentra en la misma órbita”. Por lo tanto, manifestó la entidad que nuclea a los abogados, resulta “inadmisible desde la sociedad toda y desde el mundo profesional de la abogacía aceptar la posibilidad de una renuncia anticipada de derechos tan importantes como los alimentos y la compensación económica, desprotegiendo a la parte más débil de la relación, sin considerar la perspectiva de género, la tutela procesal diferenciada, el orden público y la protección de los vulnerables (100 Reglas de Brasilia)”.

En ese sentido, FACA recordó que “los Colegios de la Abogacía desde siempre estuvieron presentes ante las necesidades de asesoramiento y patrocinio jurídico de todos los justiciables a través de la labor de los Consultorios Jurídicos Gratuitos. Los profesionales del derecho fuimos y seguiremos siendo los capacitados para dar respuesta a toda la sociedad, tanto de manera preventiva como para la resolución de los conflictos que involucran a las familias en su integralidad”.

Un proyecto de ley del diputado porteño Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio) prevé la incorporación del estamento de los abogados en la composición de la comisión de selección y escuela judicial del Consejo de la Magistratura.

Dicha comisión de la Magistratura pasará, de ser aprobado el proyecto del diputado de Juntos por el Cambio, a estar integrada por tres jueces, tres diputados, el representante del Poder Ejecutivo, un abogado representante de la matrícula federal y el representante del ámbito académico y científico.

Este proyecto es promovido por los representantes del estamento de abogados de la matrícula que actualmente integran el Consejo de la Magistratura de la Nación: los consejeros Diego Marías y Carlos Matterson, según informaron desde Juntos por el Cambio.

Tal como se establece en los fundamentos , la regulación legal actualmente vigente (ley 24.937 y sus modificatorias) dispone que el Consejo de la Magistratura se dividirá en cuatro comisiones: de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, de Disciplina y Acusación, de Administración y Financiera y de Reglamentación.

La citada norma es el resultado de la modificación dispuesta por la ley N° 26.080 y establece, también, la integración de cada comisión.

La de Selección de Magistrados y Escuela Judicial se integra por ocho miembros, pero la representación de los abogados de la matrícula federal “ha sido excluida, sin razón ni fundamento alguno”.

Además de “carecer de sustento, la exclusión de los abogados en la integración de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial es contraria a la letra y el espíritu del artículo 114 de la Constitución Nacional”, argumentan en el proyecto de ley.

La creación e integración de comisiones que dispone la ley no puede, de ninguna manera, menoscabar las competencias asignadas al Consejo en su integración plena, que incluye, por supuesto, a los abogados de la matrícula a través de sus representantes.

Resulta “arbitrario e ilegítimo” que uno de los estamentos que integran el Consejo por mandato constitucional se vea impedido de ser parte de la comisión que va a intervenir en una de las atribuciones del órgano: la selección de los futuros magistrados y la formación de los actuales y futuros.

Por otro lado, los abogados de la matrícula —a través de sus representantes en el Consejo— están en condiciones de realizar un importante aporte a la tan necesaria mejora del Poder Judicial de la Nación. El objetivo es reparar una exclusión inconstitucional y arbitraria que lleva casi 15 años, y así avanzar en el restablecimiento del equilibrio en el Consejo de la Magistratura, apunta el texto.

Cabe destacar que actualmente se encuentra en la Cámara Contenciosa Administrativa una acción de inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24.937 interpuesta por los consejeros Carlos Matterson y Diego Marías, por la cual solicitan la inclusión de los abogados en la comisión de selección de magistrados.

“Con pocos meses de diferencia, las mismas personas están de un lado y del otro del mostrador, defendiendo intereses contrapuestos, y ello en un claro detrimento de los intereses del Estado Nacional”, señaló el diputado Tailhade.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade denunció penalmente a los exfuncionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF) Agustín Biancardi, Martín Olari Ugrotte, Facundo Orazi y Gonzalo Romero por asumir la defensa del capo narco Javier “El Rengo” Pacheco.

Los cuatro abogados se desempeñaron en la Dirección de Litigios Penales del organismo antilavado hasta enero de 2020, donde Biancardi era la máxima autoridad, según se detalló en la denuncia.

Este equipo de profesionales querelló 17 causas penales que tenían como imputada a la actual vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner “promoviendo y solicitando en muchos casos pruebas inconducentes que lo único en lo que terminaban era en claras operaciones mediáticas contra la vicepresidenta”, sostuvo el diputado en su presentación.

Con el cambio de gobierno, los abogados renunciaron a la UIF y conformaron el “Estudio Orazi, Biancardi & Olari Ugrotte Abogados y Consultores”, desde donde Biancardi y Olari defienden, ahora, a Pacheco y parte de su entorno familiar en una causa en la que se investigan diversos hechos constitutivos de narcotráfico y lavado de activos.

“Con pocos meses de diferencia, las mismas personas están de un lado y del otro del mostrador, defendiendo intereses contrapuestos, y ello en un claro detrimento de los intereses del Estado Nacional”, señaló Tailhade.

En ese sentido, el diputado consideró que “no puede desconocerse la libertad de trabajar que garantiza nuestra Constitución Nacional, pero a esta altura vale cuestionarnos si es legalmente admisible que abogados que han patrocinado al organismo antilavado se pongan del otro lado del escritorio y defiendan a narcos y lavadores de activos”.

Según la presentación, los abogados denunciados además ofrecen a sus defendidos acogerse a la figura del “arrepentido”, “instrumento que se utilizó de manera indebida en las causas contra la (actual) Vicepresidenta de la Nación cuando ellos se encontraban accionando en representación de la UIF.”

“Es que la Unidad de Información Financiera no sólo los capacitó, sino también les abrió lo más preciado que tiene: el acceso a información sensible tanto del ámbito nacional como internacional. Esto no puede ser simplemente un escándalo, estos profesionales tienen responsabilidad penal”, sostuvo Tailhade.

Entre las medidas solicitadas por el legislador, pidió que se gire un oficio a la UIF para que especifique las causas judiciales en las que participaron en el tiempo que prestaron funciones en el organismo, y determine si se recibió algún tipo de reporte por las acciones investigadas en la causa Pacheco, así como especifique si la unidad antilavado llevó a cabo algún tipo de colaboración en la investigación judicial.

La denuncia quedó asignada por sorteo al Juzgado Criminal y Correccional Federal 4 a cargo de Ariel Lijo, e investigará el fiscal Carlos Stornelli.