Los magistrados remarcaron su disconformidad con el proyecto porque "no beneficia en nada al trabajador". En tanto, representantes de entidades bancarias pidieron eliminar el artículo 35 sobre el pago de remuneraciones. El dictamen se tratará recién en febrero del 2026.
Con una Plaza de Mayo rodeada de pancartas y pasacalles sindicales que se congregarán este jueves por la tarde para expresar su rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, en paralelo puertas adentro del Senado de la Nación el oficialismo desafiará a la oposición y a las agrupaciones gremiales pasando a la firma la iniciativa.
Así lo informó la titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Patricia Bullrich, al cierre de lo que fue la segunda reunión informativa junto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que retomó desde las 9.30 el debate de la iniciativa y pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta la tarde donde, finalmente, anunció el dictamen que será debatido recién en el mes de febrero del 2026.
Bullrich comentó que a las 16 horas de este jueves retomarán el tratamiento, puntualmente, el capítulo referido a los trabajos por plataformas y, para las 17 horas los senadores se abocarán a debatir entre sí para emitir el dictamen. Al pedir la palabra, el senador Mariano Recalde (UP) solicitó incorporar más expositores de otras temáticas, como periodistas, debido a la derogación del Estatuto del Periodista previsto en la ley, a lo que Bullrich le contestó que pueden exponer en el intervalo de 16 a 17.
Foto: Comunicación Senado
Fue Guillermo Crespo de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) el encargado de abrir la jornada, quien calificó la iniciativa como “absolutamente negativo, no solo para los trabajadores sino para el conjunto de la población” porque significa un “retroceso y pulverización evidente de los derechos de los trabajadores”.
“Se encuadra en un concepto donde quienes garantizan la actividad y producción en el país son exclusivamente los empresarios y lo trabajadores, de alguna manera, aparecen como un estorbo, un impedimento para desarrollar la economía del país y esa no es la realidad”, criticó y agregó que el proyecto presenta artículos que “van hacia la mordaza de los trabajadores en relación a sus reclamos”.
Crespo indicó que también “hay mordazas en lo colectivo porque se limitan las asambleas que quedan supeditadas a la aprobación del empleador. Se hace una regulación del derecho de huelga en la planta y una regulación del derecho de huelga en servicios esenciales que es insólita porque, no solo se expande las restricciones, sino que se hace un listado de actividades entre servicios esenciales y servicios de importancia trascendental que incluye a la casi totalidad de las actividades económicas del país”.
“Esto es una vulneración absoluta y directa de la normativa internacional de la materia”, reclamó y advirtió que hay un avance respecto de la legislación del año pasado sobre la eliminación de controles al empresario que “le facilitan cierta impunidad que perjudica a los trabajadores”. También señaló que se da “un paso atrás con las tareas de cuidado y en la regulación del teletrabajo”.
Foto: Comunicación Senado- Guillermo Crespo
En esa línea, sostuvo que es un “perjuicio a las mujeres que son las que tienen todavía sobre su cabeza la mayor parte las tareas de cuidado”. A su vez, planteó que “se deja de ver al trabajador como persona y se la ve como una ‘cosa’ como por ejemplo en la jornada laboral donde va tener que tener su tiempo a disposición del empleador”.
Crespo también apuntó al denominado salario dinámico que “en realidad ata a los trabajadores a una relación de arbitrariedad y capricho por parte de empleadores. Esto es avanzar en un estado de inseguridad de los trabajadores”.
Al cierre, planteó que la propuesta pretende “potenciar el poder del empleador en el establecimiento. Busca hacer del trabajador alguien atado a la voluntad del empleador, que no va a tener la posibilidad de reclamar por sus derechos. Esto va a ser origen de una enorme cantidad de conflictos en el país”.
A continuación, fue el turno de los representantes de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, su presidente Alejandro Sudera explicó que “los jueces no debemos legislar ni de forma directa o indirectamente, sino limitarnos a aplicar las normas que sanciona el Congreso y en eso reside la división de poderes”.
Solo hizo alusión al artículo 54 del proyecto que propone modificar la 276 del Contrato de Trabajo que pretende regular la actualización y repotenciación de los créditos laborales. “La reforma postula incluir en dicho artículo la actualización mediante el IPC con más de un interés del 3% anual. Este criterio de IPC es el que actualmente y desde hace tiempo se viene aplicando mayoritariamente la justicia de trabajo”.
“Eso es sumamente positivo que se regule eso y que no quede librado al criterio de los jueces porque ese criterio trae diversas opiniones, distintas soluciones e inseguridad jurídica”, resaltó y explicó que para poder aplicar hoy ese IPC “nos vemos en la obligación de declarar la inconstitucionalidad de las normas que desde hace décadas prohíben la actualización de los créditos laborales”.
Al referirse al artículo 79 que propone una modificación al artículo 20 de la Ley 18.345 que regula el procedimiento ante la Justicia Nacional del Trabajo y regula la atribución de competencias. “con la modificación lo que se hace es excluir las competencias de la Cámara Nacional de Apelaciones, algo que es parte de un nutrido contenido federal. Se está privilegiando la competencia en razón de la persona sustrayéndola del fuero laboral para enviarla a lo contencioso administrativo federal sobre otros criterios como el de la especialidad”.
También habló del artículo 91 que refiere a la “transitoriedad de la justicia del trabajo y es como un desarrollo de la Ley Cafiero que habla de trasferencia de competencias teniendo en cuenta la naturaleza de vecindad”.
Foto: Comunicación Senado - Alejandro Sudera
Por la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALJT) expuso Roberto Pompa quien afirmó: “No estamos de acuerdo con el proyecto porque consideramos que el mismo contraría violentamente disposiciones contenidas en la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales de derechos fundamentales de las personas”.
“En un Estado de Derecho la aplicación de una ley tiene que hacerse en la medida en que esa ley se corresponda con la CN, si se aparta, debería ser considerada inconstitucional”, remarcó e hizo hincapié en el artículo 14 de la Constitución Nacional y comparó que “las leyes están para proteger a los trabajadores, pero en el texto que estamos analizando no hay ninguna norma en todo en su articulado que beneficie a los trabajadores”.
Basándose en un informe de la OIT, indicó que “en ningún país donde se hicieron reformas con ajustes se promovió el empleo”, y cuestionó que “lejos estamos de eso porque con la Ley Bases destruyeron más de 270 mil puestos de trabajo, se cerraron 15 mil empresas y se registraron solo 16 mil trabajadores”.
“La informalidad laboral no se resuelve con la modificación de normas laborales, hay que atacar las causas de la evasión y en estas normas se las favorece al eliminar multas contra los empleadores. No crea condiciones de trabajo digno y precariza condiciones laborales, abandona convenios laborales, reduce la actividad del hombre, se elimina la justicia social, entre otros puntos”, planteó.
En representación del Foro de Abogados Sindicales se presentó Melina Peñarol Méndez quien advirtió que “esta reforma laboral en realidad es una reforma constitucional encubierta que deroga el artículo 14 bis que establece el derecho a la protección del trabajo, el trabajo en condiciones dignas, ejercer el derecho de huelga, etc. Todo queda en la nada si se aprueba esta reforma”.
Peñarol Méndez sostuvo que hay “una seria afectación al derecho colectivo de negociación y a la libertad sindical y vemos este ataque planteado en varios aspectos porque la modificación del artículo 33 al artículo 34 BIS de la Ley de Contrato de Trabajo modifica las condiciones de negociación salarial que hacen los sindicatos”. También apuntó contra la restricción del derecho de huelga en los artículos 98 y 99 de la reforma que modifican el 6 de la ley; denunció que hay un desfinanciamiento de las organizaciones sindicales, “el aniquilamiento” de los convenios colectivos de trabajo.
Fotos: Comunicación Senado - Melina Peñarol Méndez
En su exposición, representantes de la Asociación Argentina de Contribuyentes plantearon que la cámara de origen del proyecto tenía que ser, por una cuestión impositiva, Diputados. Así, el titular de la asociación, Pablo Dono, explicó que tiene un Régimen especial y alícuotas específicas para empresas porque “estamos en necesidad de atraer capital, pero las reformas deben ser más horizontales como incluir monotributo, cuarta categoría, trabajadores autónomos”. Dono destacó la baja de impuestos con equilibrio fiscal; las amortizaciones aceleradas.
Marcelo Mazzón, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y privados de la República Argentina (ABAPPRA), coincidió en hacer una reforma laboral, pero se refirió al artículo 35 sobre el pago de remuneraciones: “No creemos un nuevo cisne negro porque hace décadas existen cuentas sueldo que son gratuitas, seguras y le dan al usuario bancario la plena disponibilidad de sus ahorros”.
Respecto de los riesgos que se pueden provocar si las remuneraciones salariales se canalicen a través de billeteras digitales “son múltiples. Es pésima la redacción de este artículo porque va a afectar la seguridad del funcionamiento. Se va a destruir la materia prima que es la captación del ahorro”, y propuso que la alternativa es crear un sistema de ahorro bancario en un sistema de cuotas partitas”. También, alertó que la reforma “puede acelerar la banca paralela o marginal que en la crisis de 2006 trajo muchos problemas”. Así, pidió que se vote por la negativa al artículo 35.
En el mismo sentido se manifestó Claudio Cesario, titular de la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) y pidió eliminar el artículo 35 del proyecto porque “implica modificar un mecanismo central del sistema laboral para que el trabajador cobre el sueldo de forma segura, trazable y protegida. Cambiar el orden no aporta ningún beneficio real al asalariado, pero si riesgos como la exposición al fraude digital, se encarece el crédito”.
Fotos: Comunicación Senado
Guillermo Tello, coordinador de la Multisectorial Audiovisual y Frente Federal, sostuvo que la propuesta de reforma laboral “nos atañe en todos los aspectos porque entendemos que es gravoso para el mundo del trabajo y quieren derogar el estatuto del periodista que tiene propiedades intelectuales”.
“Vivimos una situación terminal porque este proyecto en su título 25 plantea la reducción de la carga tributaria pone en sus artículos la pérdida total de gravámenes que alimentan el fomento cultural y comunicacional de la democracia”, alertó y agregó: “La libertad de expresión se logra teniendo derechos adquiridos en las normas que venimos a defender”. En tanto, enumeró que los artículos 193,194 y 195 “borran por completo las leyes de cultura y comunicación”.
El actor y dirigente de Sagai, Pablo Echarri, cuestionó la reforma laboral impulsada por el Gobierno y pidió que se eliminen los artículos 193 al 196 de la Ley de Modernización Laboral, al considerar que afectan de manera directa a la actividad cultural y audiovisual.: “Eliminar la cultura nacional es patearnos en contra. Es una reforma regresiva y ruinosa para todos los trabajadores en un marco de pobreza extrema. Esto no es una salida, es un sometimiento de los empleadores".
“Estamos de acuerdo en generar mejores condiciones de trabajo, pero no en matar la economía del talento”, sostuvo Echarri, y advirtió que la cultura “no solo construye identidad” sino que también “es una herramienta clave de desarrollo económico, como lo demuestran otros países que impulsan su industria audiovisual”.
También expusieron la vicepresidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, María Elena López; el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Javier Bolzico; Armando Farina de CADAM; Diego Boris Macciocco, expresidente del Instituto Nacional de la Música.
La iniciativa es impulsada por la diputada oficialista Eugenia Alianello y para la Federación Argentina de Colegios de Abogados vulnera normas y principio constitucionales en materia de Derechos Humanos.
La Federación Argentina de Colegios de Abogados rechaza el proyecto presentado por la diputada nacional Eugenia Alianiello (FdT - Chubut), de divorcios administrativos, porque considera que el mismo "vulnera normas y principios constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos y restringe el acceso a la jurisdicción desconociendo a la justicia como juez natural y garantía esencial de protección del sistema familiar en su conjunto”.
En su declaración FACA sostuvo: "El matrimonio es una institución de orden público y por lo tanto, las normas que regulan la disolución del mismo se encuentra en la misma órbita". Por lo tanto, manifestó la entidad que nuclea a los abogados, resulta “inadmisible desde la sociedad toda y desde el mundo profesional de la abogacía aceptar la posibilidad de una renuncia anticipada de derechos tan importantes como los alimentos y la compensación económica, desprotegiendo a la parte más débil de la relación, sin considerar la perspectiva de género, la tutela procesal diferenciada, el orden público y la protección de los vulnerables (100 Reglas de Brasilia)”.
En ese sentido, FACA recordó que "los Colegios de la Abogacía desde siempre estuvieron presentes ante las necesidades de asesoramiento y patrocinio jurídico de todos los justiciables a través de la labor de los Consultorios Jurídicos Gratuitos. Los profesionales del derecho fuimos y seguiremos siendo los capacitados para dar respuesta a toda la sociedad, tanto de manera preventiva como para la resolución de los conflictos que involucran a las familias en su integralidad”.
Reclaman que a partir de la última reforma legislativa sobre la Magistratura, la representación de los abogados de la matrícula federal "ha sido excluida, sin razón ni fundamento alguno" de la Selección de Magistrados y Escuela Judicial. Se viene el debate en Diputados.
Un proyecto de ley del diputado porteño Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio) prevé la incorporación del estamento de los abogados en la composición de la comisión de selección y escuela judicial del Consejo de la Magistratura.
Dicha comisión de la Magistratura pasará, de ser aprobado el proyecto del diputado de Juntos por el Cambio, a estar integrada por tres jueces, tres diputados, el representante del Poder Ejecutivo, un abogado representante de la matrícula federal y el representante del ámbito académico y científico.
Este proyecto es promovido por los representantes del estamento de abogados de la matrícula que actualmente integran el Consejo de la Magistratura de la Nación: los consejeros Diego Marías y Carlos Matterson, según informaron desde Juntos por el Cambio.
Tal como se establece en los fundamentos , la regulación legal actualmente vigente (ley 24.937 y sus modificatorias) dispone que el Consejo de la Magistratura se dividirá en cuatro comisiones: de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, de Disciplina y Acusación, de Administración y Financiera y de Reglamentación.
La citada norma es el resultado de la modificación dispuesta por la ley N° 26.080 y establece, también, la integración de cada comisión.
La de Selección de Magistrados y Escuela Judicial se integra por ocho miembros, pero la representación de los abogados de la matrícula federal "ha sido excluida, sin razón ni fundamento alguno".
Además de "carecer de sustento, la exclusión de los abogados en la integración de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial es contraria a la letra y el espíritu del artículo 114 de la Constitución Nacional", argumentan en el proyecto de ley.
La creación e integración de comisiones que dispone la ley no puede, de ninguna manera, menoscabar las competencias asignadas al Consejo en su integración plena, que incluye, por supuesto, a los abogados de la matrícula a través de sus representantes.
Resulta "arbitrario e ilegítimo" que uno de los estamentos que integran el Consejo por mandato constitucional se vea impedido de ser parte de la comisión que va a intervenir en una de las atribuciones del órgano: la selección de los futuros magistrados y la formación de los actuales y futuros.
Por otro lado, los abogados de la matrícula —a través de sus representantes en el Consejo— están en condiciones de realizar un importante aporte a la tan necesaria mejora del Poder Judicial de la Nación. El objetivo es reparar una exclusión inconstitucional y arbitraria que lleva casi 15 años, y así avanzar en el restablecimiento del equilibrio en el Consejo de la Magistratura, apunta el texto.
Cabe destacar que actualmente se encuentra en la Cámara Contenciosa Administrativa una acción de inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24.937 interpuesta por los consejeros Carlos Matterson y Diego Marías, por la cual solicitan la inclusión de los abogados en la comisión de selección de magistrados.
"Con pocos meses de diferencia, las mismas personas están de un lado y del otro del mostrador, defendiendo intereses contrapuestos, y ello en un claro detrimento de los intereses del Estado Nacional", señaló el diputado Tailhade.
"Con pocos meses de diferencia, las mismas personas están de un lado y del otro del mostrador, defendiendo intereses contrapuestos, y ello en un claro detrimento de los intereses del Estado Nacional", señaló el diputado Tailhade.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade denunció penalmente a los exfuncionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF) Agustín Biancardi, Martín Olari Ugrotte, Facundo Orazi y Gonzalo Romero por asumir la defensa del capo narco Javier "El Rengo" Pacheco.
Los cuatro abogados se desempeñaron en la Dirección de Litigios Penales del organismo antilavado hasta enero de 2020, donde Biancardi era la máxima autoridad, según se detalló en la denuncia.
Este equipo de profesionales querelló 17 causas penales que tenían como imputada a la actual vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner "promoviendo y solicitando en muchos casos pruebas inconducentes que lo único en lo que terminaban era en claras operaciones mediáticas contra la vicepresidenta", sostuvo el diputado en su presentación.
Con el cambio de gobierno, los abogados renunciaron a la UIF y conformaron el "Estudio Orazi, Biancardi & Olari Ugrotte Abogados y Consultores", desde donde Biancardi y Olari defienden, ahora, a Pacheco y parte de su entorno familiar en una causa en la que se investigan diversos hechos constitutivos de narcotráfico y lavado de activos.
"Con pocos meses de diferencia, las mismas personas están de un lado y del otro del mostrador, defendiendo intereses contrapuestos, y ello en un claro detrimento de los intereses del Estado Nacional", señaló Tailhade.
En ese sentido, el diputado consideró que "no puede desconocerse la libertad de trabajar que garantiza nuestra Constitución Nacional, pero a esta altura vale cuestionarnos si es legalmente admisible que abogados que han patrocinado al organismo antilavado se pongan del otro lado del escritorio y defiendan a narcos y lavadores de activos".
Según la presentación, los abogados denunciados además ofrecen a sus defendidos acogerse a la figura del "arrepentido", "instrumento que se utilizó de manera indebida en las causas contra la (actual) Vicepresidenta de la Nación cuando ellos se encontraban accionando en representación de la UIF."
"Es que la Unidad de Información Financiera no sólo los capacitó, sino también les abrió lo más preciado que tiene: el acceso a información sensible tanto del ámbito nacional como internacional. Esto no puede ser simplemente un escándalo, estos profesionales tienen responsabilidad penal", sostuvo Tailhade.
Entre las medidas solicitadas por el legislador, pidió que se gire un oficio a la UIF para que especifique las causas judiciales en las que participaron en el tiempo que prestaron funciones en el organismo, y determine si se recibió algún tipo de reporte por las acciones investigadas en la causa Pacheco, así como especifique si la unidad antilavado llevó a cabo algún tipo de colaboración en la investigación judicial.
La denuncia quedó asignada por sorteo al Juzgado Criminal y Correccional Federal 4 a cargo de Ariel Lijo, e investigará el fiscal Carlos Stornelli.