La legisladora del Frente de Izquierda (FIT) Amanda Martín impulsó en la Legislatura de la Ciudad una iniciativa de declaración a través de la cual buscará expresar su repudio por la detención de una médica del Hospital Materno Infantil de Tartagal, quien aparándose en la Ley 27.610 realizó una interrupción voluntaria del embarazo, siendo la única médica no objetora de conciencia de la ciudad.

La especialista le habría realizado un aborto a una joven de 21 años, quien decidió interrumpir su embarazo en la semana 22 de gestación. Este es el punto clave del conflicto, dado a que el texto sancionado en diciembre del año pasado establece que la práctica puede realizarse hasta la semanas 14 de gestación.

En los fundamentos de la medida, Martín recordó que un comunicado de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, se señaló que “la compañera ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la Historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE”.

Al mismo tiempo que precisó que “la ley de ILE señala que se requiere un consentimiento de la paciente que solicita el procedimiento aunque éste consentimiento existe, el fiscal Gonzalo Ariel Vega avanzó de todas formas en la detención alegando que para solicitar la ILE se necesitaba la autorización del Juez de Garantías y que el procedimiento fue realizado fuera de término sin dar ningún tipo de prueba que evidencie tal acusación”.

Además remarcó que “el aparato judicial salteño se ha puesto a disposición de Iglesias que tienen un enorme peso e injerencia en todo el país, pero particularmente en el norte argentino, nuevamente se pone de relieve que las relaciones entre Iglesia y Estado suponen un empoderamiento de instituciones oscurantistas y anti derechos”  y destacó que lo ocurrido “comprueba lo regresivo del artículo 10 sobre la Objeción de Conciencia, impulsado por estos mismos sectores oscurantistas para permitirse, incluso con la ley conquistada, la negación de este derecho. Este artículo es el que le permite a la Iglesia amedrentar y perseguir a los médicos para que se declaren objetores, e incluso ahora van más a fondo con su campaña oscurantista y arman una causa trucha contra la única profesional garantiza el cumplimiento de este derecho. La separación de la Iglesia del Estado es más necesaria que nunca”.

“La Legislatura porteña debe denunciar esta terrible violación de una ley conquistada por la lucha popular y exigir el desprocesamiento de la médica detenida”, sentenció la legisladora.