El senador radical Juan Carlos Marino ratificó este jueves su voto en contra de la legalización del aborto, tal como lo hiciera en el debate de 2018. El pampeano, que en los últimos días había entrado en la zona de “indefinidos”, confirmó su voto “celeste” nuevamente.

“Voy a votar según lo que me pide mayoritariamente la sociedad pampeana: no avanzar en la legalización”, sostuvo el legislador de Juntos por el Cambio mediante un comunicado.

Además, Marino dijo que sabía “que se habló de la posibilidad de un cambio en mi postura dado que nuevamente escuché y me reuní con todos”.

“La realidad es que considero que es un debate que no está saldado completamente en la sociedad. De hecho en el Congreso hemos escuchado a reconocidos abogados y médicos tanto a favor de una postura como de otra”, agregó.

El radical agradeció “a todas las personas y organizaciones con las que me reuní, por la responsabilidad y el respeto con que plantearon sus argumentos y posiciones”.

“La legalización del aborto es una ley que divide las aguas y que no genera consenso unánime en ningún ámbito ni en la sociedad en su conjunto”, afirmó y anunció: “Luego de analizarlo mucho y de tomar en cuenta cada opinión y cada arista del tema, decidí ratificar el voto de lo que mayoritariamente me solicita la sociedad a la que represento”.

Las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado cerraron este jueves el debate del proyecto de legalización del aborto y comenzó a circular el dictamen, que por la noche ya tenía las firmas necesarias, con muchos datos importantes para tener en cuenta de cara a una sesión a priori con pronóstico muy ajustado.

El más saliente es que Silvina García Larraburu estampó su firma en el dictamen de mayoría. La senadora rionegrina votó en contra de la legalización del aborto en 2018, siendo entonces la única miembro del por entonces bloque kirchnerista en pronunciarse de esa manera.

A su vez, dos senadoras que figuran como “indefinidas”, la entrerriana Stella Maris Olalla (JxC) y la neuquina Lucila Crexell, no suscribieron el dictamen.

El que sí lo hizo, pero “en disidencia”, fue el entrerriano Edgardo Kueider (FdT), otro de los senadores que están “indefinidos”. Lo cual podría interpretarse como que, a priori, no votaría en contra.

Quien hace dos años votó a favor, pero este jueves no firmó el dictamen es la senadora de Juntos por el Cambio Laura Rodríguez Machado. Lo cual abre un interrogante respecto de su voto el 29 de diciembre.

Tras la última ronda de exposiciones, la presidenta de la Banca de la Mujer, la pampeana Norma Durango (FdT), anunció que daría la palabra a los otros presidentes de las comisiones y se cerraría la reunión. Sin embargo, hubo varios senadores que hicieron uso de la palabra, e incluso el rionegrino Alberto Weretilneck propuso modificaciones al texto, por lo que se abrió el intercambio.

El titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli (FdT), admitió que este es un tema “muy rígido y álgido”, por eso “es muy loable que estemos discutiendo este tema, lo que no corresponde es que no lo tratemos”. “En este tema excede la cuestión jurídica, constitucional, internacional. Hay principios y convicciones que uno tiene”, señaló, pero remarcó que “lo importante es que vayamos avanzando en resolver este tema”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR), subrayó que “el debate no se va a agotar en el resto del país” porque “se trata del derecho humano, primario y fundamental”. “Hemos empezado por el final, y tendríamos que haber empezado por el principio, ocupándonos de lo que nuestro país tiene como pobreza estructural, de la educación, de la salud, de los derechos de todos”, afirmó el jujeño.

Y agregó: “Tenemos que seguir ocupándonos que ninguna mujer, ni ninguna niña, tenga hambre; que tengan educación, que tengan la información para la toma de decisiones, que tengan la oportunidad de salir de sus entornos violentos”.

Por su parte, la vicepresidenta de la Banca de la Mujer, Guadalupe Tagliaferri (Pro), expresó que “lo que estamos acá defendiendo son convicciones, y a mí me genera mucho orgullo pertenecer en este momento a un Senado que está debatiendo con honestidad intelectual, donde cada uno de los senadores y senadoras están poniendo su compromiso con lo que creen”. “Independientemente de cómo termine el resultado de este dictamen, creo que estos días hemos sido ejemplo de un debate democrático”, consideró.

Referente en contra de la iniciativa, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) aseguró que además de su “convicción profunda de que la vida empieza desde la concepción”, el proyecto es “inconstitucional, inconvencional” y también “se lleva puesta la cláusula” referida a “la declaración interpretativa del tratado de la Convención de los Derechos Humanos”, la cual deberá “ser derogada” para avanzar con esta ley, apuntó.

A su turno, el rionegrino Alberto Weretilneck confirmó que su posición es a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, pero propuso una serie de modificaciones al proyecto para que la ley “se pueda cumplir”.

El legislador -que al final no firmó el dictamen– comenzó diciendo que la decisión del aborto “no es un tema únicamente de la mujer, sino que es de la mujer y del hombre” y, en ese línea, reveló haberse hecho una vasectomía hace 16 años atrás.

Weretilneck recordó que, como gobernador de Río Negro, en 2012 se sancionó en la provincia el protocolo ILE, que se reglamentó en 2016. Al aportar cifras, detalló que en 2018 se practicaron 432 ILE, lo que representa el 0,20% de todas las mujeres de la provincia; en 2019 hubo 565, que representa el 0,30% de las mujeres; y este año se registraron 353 ILE, es decir, el 0,18%.

El senador advirtió que de 2016 a la fecha “el 73% de los tocoginecólogos de Río Negro son objetores de conciencia. Cuando empezamos con este protocolo eran solo el 20%”. Por eso, alertó: “Si la ley no contempla, no cuida y no protege a los equipos de salud, le puedo asegurar que en dos años no tiene quien la ejecute y quien la lleve adelante”.

En contra del inciso “b” del artículo 4, que habilita el aborto más allá de la semana 14 si estuviera en peligro la vida o de la “salud integral” de la persona gestante, con lo cual opinó que “un problema psíquico” podría ser un motivo de interrupción del embarazo. “Este inciso es sumamente amplio y nos va a llevar a que esta ley termine en todos los tribunales del país y en la Corte”, además de que “todos los planteles médicos del país se transformen en objetores de conciencia”, pronosticó.

Otro de los puntos que observó fue “la no obligación de la denuncia cuando el embarazo es producto de una violación”. Si bien aseveró que “las menores de 13 años no deben tener la obligación de la denuncia”, diferenció que “todo embarazo producto de una violación tiene que tener una denuncia penal” porque si no se ataca la consecuencia y no la causa.

El senador cordobés Ernesto Martínez (Pro) se alineó con la postura expuesta por su colega Alberto Weretilneck, en cuanto a los reparos en relación a algunos puntos del proyecto oficial. “En mi caso en el artículo 11 y el artículo 13, y tengo que reservarme ese derecho para una discusión en el recinto que todavía no sé de qué modo se va a dar”, señaló, anticipando que firmaría el despacho con disidencias parciales.

“Es un tema muy profundo, que preocupa a la sociedad argentina, donde están divididas las posiciones”, destacó el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, quien cuestionó el “tratamiento exprés” de la iniciativa, ratificando su firme posición en contra.

Y sorprendió el formoseño ponderando algo ocurrido durante la anterior gestión, mejor dicho sobre cuando se dio el debate del aborto en el Congreso. “En las audiencias públicas de 2018 cada uno tuvo el tiempo de expresarse, no es que hablaron siete minutos y después ‘dale, dale, dale, ya tenemos que sacarlo’… No, no se puede sacar así un proyecto de ley donde está en juego el derecho a la vida”. Valoró entonces la intervención de Weretilneck, en el sentido de “demostrar las fallas que tiene este proyecto de ley que no está bien llevado adelante”.

Crítica de la ley, Silvia Giacoppo (UCR) coincidió con la postura del senador Mayans, al opinar que “no es un dictamen que, por tener un plazo prefijado, que no debatamos artículo por artículo, siendo que estamos discutiendo la vida de las personas por nacer”.

A continuación, el chaqueño Víctor Zimmerman (UCR) compartió las posturas de Weretilneck, Mayans y Giacoppo, “porque yo hubiese querido debatir algunos temas; tenemos diferencias con el proyecto en varias cosas. Entendemos que el oficialismo quiere sacar dictamen a la brevedad, obviamente no lo compartimos”, manifestó y añadió su deseo de poder introducir modificaciones durante el debate en el recinto.

A favor de la iniciativa, la correntina Ana Almirón (FdT) calificó de “muy enriquecedoras” las exposiciones brindadas durante el debate, y señaló que hay senadores que ya tenían una postura previa contraria a la ley, “así que pedir más días de exposición… Todos sabemos de qué se trata, creo que la sociedad ha dado un salto cualitativo enorme desde 2018, sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de la interrupción voluntaria del embarazo, más allá de que esté de un lado u otro”. “No me quiero quedar con ese sabor amargo de que hicimos poco, hicimos muchísimo”, enfatizó.

Su par María de los Angeles Sacnun (FdT) sostuvo por su parte que “el artículo 3 del proyecto de ley me exime de hacer cualquier tipo de planteo desde el punto de vista constitucional. Yo creo que la despenalización del aborto, tal como llega en este proyecto, se adecua perfectamente a nuestra Constitución”.

“La democracia argentina merece que demos estos debates sobre lo que tenemos todavía una deuda enorme para poder ejercer plenamente los derechos fundamentalmente de las mujeres y las niñas en la Argentina”, agregó la santafesina.

En tanto, el chubutense oficialista Mario Pais (FdT) dijo tener la íntima convicción de que “es una ley constitucional, que no violenta la Constitución. Por supuesto que podríamos aspirar a una ley mejor, y seguramente ya la vamos a modificar. Yo no he mutado mi posición ya expresada en el año 2018”, cuando votó a favor de la norma.

Al cierre del debate, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, resaltó que “la discusión ha sido amplia, oportuna y ecuánime”.

“Escuché decir que hay temas más urgentes, pero este Senado ha tratado temas muy profundos para el país: la deuda pública, la reforma previsional, privilegios de jubilaciones del Poder Judicial, una ley para acceder a la vacuna… y esto también es una deuda que tiene el Congreso y tenemos que animarnos a debatirla con seriedad”, dijo.

La mendocina pidió: “Cuando lleguemos al recinto tenemos que esforzarnos por que el respeto reine y saber escucharnos para encontrar puntos de encuentro, que yo creo que los hay: no queremos más embarazos no deseados en Argentina, y tenemos el compromiso de llevar a nuestras provincias la ESI (Educación Sexual Integral)”.

“No hay salida: es con educación, con salud pública y con derechos donde las mujeres nos vamos a sentir protegidas en nuestra decisión de ser o no ser madres”, concluyó Fernández Sagasti.

Luego de recibir a la última tanda de expositores invitados, los senadores de las comisiones Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado se abocan a la discusión del proyecto de aborto legal, con media sanción de Diputados.

La intención del sector “verde” es firmar el dictamen este jueves, y tratarlo en el recinto el próximo martes 29 de diciembre, luego de Navidad y antes de fin de año. La media sanción se aprobó el pasado 11 de diciembre en la Cámara baja con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones.

El escenario en el Senado se plantea abierto, con números muy ajustados, y en el que no se descartan sorpresas en la votación. Por el momento, según un conteo realizado por parlamentario.com, el rechazo a la ley estaría dos votos arriba pero hay tres legisladores que aparecen como indefinidos y una incógnita sobre una senadora oficialista que podría dar vuelta su voto.

El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, establece la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, inclusive. Fuera de ese plazo, el aborto se podrá practicar en dos supuestos: si el embarazo es producto de una violación; o si está en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

El plazo máximo para realizar el aborto desde que la persona gestante lo solicita será de diez días corridos. Una vez que se realice el requerimiento, los establecimientos sanitarios deberán poner a disposición de la persona toda la información necesaria, así como la atención y el acompañamiento a lo largo de todo el proceso.

Previo a la realización del aborto, la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento informado, por sí sola, a partir de los 16 años de edad.

Los profesionales de la salud tendrán derecho a la objeción de conciencia, pero no podrá negarse a interrumpir el embarazo si la vida o la salud de la persona gestante está en peligro y requiere una “atención inmediata e impostergable”.

Según un agregado de la Cámara de Diputados, “aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación”.

Entre las modificaciones que se prevén al Código Penal, se autoriza en el artículo 86 la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Mientras que el artículo 88 mantiene la penalización la persona gestante que cause su propio aborto luego de la semana 14, por fuera de las causales habilitadas, aunque la pena se reduce: pasa de uno a cuatro años a tres meses a un año -excarcelable-.

Además, incorpora el artículo 85 bis por el cual se establecen penas de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para quienes dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a practicar el aborto en los casos autorizados. Esto abarca tanto a los médicos como a las autoridades del establecimiento de salud.

NOTA EN DESARROLLO

Las comisiones de la Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado escucharon a los últimos 12 expositores invitados al debate por el proyecto del aborto legal, previo a la reunión en la que se discutirá para avanzar con la firma del dictamen.

Abrió la ronda este jueves el exjuez de la Corte Suprema Rodolfo Barra, quien señaló que desde el derecho “hay vida humana desde la concepción” y “tal humanidad es reconocida por nuestro sistema jurídico”. “El Código Civil dice que el niño por nacer es persona”, agregó.

“La Constitución le otorga derechos subjetivos al niño por nacer. Sería raro que le demos al mismo niño derechos subjetivos para tener una política de asistencia social, pero que su madre al día siguiente pueda abortar”, expresó y consideró que esto “es una contradicción que ningún intérprete puede aceptar, salvo que el derecho permita la violación del sentido común”.

A su turno, Mario Sebastiani, médico de la División Ginecología y Obstetricia del Hospital Italiano, opinó que “estamos discutiendo si la mujer va hacia la dignidad” y observó que “si hay libertad para tener hijos, tiene que haberla para si no quiere tenerlos”.

“No puede quedar en una zona gris o en la nada que tuvimos más de 3.000 muertes en 37 años”, enfatizó y aseguró que las hospitalizaciones bajaron en los últimos años únicamente porque “en vez de ser quirúrgico, el aborto se ha transformado en un aborto farmacológico”. “El aborto es 14 veces menos inseguro que un embarazo o un puerperio”, sostuvo.

También a favor de la ley, Ana Correa, periodista y escritora, autora del libro “Somos Belén”, aseguró que en Argentina “se criminalizan los abortos espontáneos” y manifestó que legalizarlo hará poner fin a “la injusticia, tortura y violación de los derechos humanos”.

“Sabemos que hay muchos casos como el de Belén”, remarcó, al hacer referencia al caso de una joven tucumana que fue condenada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo, y luego absuelta, pero pasó tres años en prisión.

Correa recordó que “fue condenada por un aborto espontáneo y aunque se comprobó que fue inocente, ella sigue sufriendo las consecuencias de la clandestinidad”. “En Tucumán se siguen persiguiendo penalmente los abortos espontáneos”, denunció y le dijo a los senadores que “tienen la responsabilidad de dar un paso decisivo para que en Argentina no se promueva la tortura de niñas y mujeres”.

Al finalizar su exposición, la periodista feminista puso en reproducción un audio de Belén, entrevistada en radio Con Vos, el día después de la media sanción de la ley. La grabación no se pudo escuchar por completo, ya que Norma Durango, presidenta de la comisión, le advirtió que estaba “pasada de tiempo”. Pero lo saliente fue que senadores “celestes” cuestionaron que se pase el material.

“Me gustaría que lo pase completo, pero que nos dejen pasar a nosotros también material que es importante”, se lo escuchó a José Mayans, presidente del bloque Frente de Todos y referente del sector “celeste”. Más tarde, entonces, al momento de las preguntas, las oficialistas Eugenia Catalfamo y María de los Ángeles Sacnun pidieron que Correa vuelva a pasar el audio completo.

Catalfamo enfatizó: “No callemos más, ni silenciemos más a las voces de las protagonistas, y menos nosotros que somos legisladores de la Nación”.

En el audio de la entrevista, Belén considera que “sí va a haber ley, yo creo que sí, porque ahora está más a la vista cómo sufren las mujeres”. “Dejemos de lado un poco lo que es la política y nos enfoquemos un poco más en las mujeres”, agrega y advierte que “no hay solamente una Belén, hay casi 73 Belén que nadie sabe”.

Por el contrario, la psicóloga Carolina Paliva argumentó que “al ser un evento biológico, lo que se está generando con el aborto es la ruptura del primer vínculo social”. La expositora resaltó que se trata de “un ser humano, es el primer individuo en su edad gestacional más temprana”.

Por lo que, calificó al aborto como “un abuso de uso de poder, es exterminar la vida de un ser humano en el vientre materno”. “Cualquier mujer que pasó por esa situación sabe que la idea de muerte pasó por su mente y que está”, lanzó.

Paliva añadió que “el cerebro registra la impronta de muerte que en algún momento va a ser activada”, al hacer referencia a la idea de suicidio y, en esa línea, consideró que el Gobierno “tendrá que poner presupuesto al daño post-aborto para su rehabilitación”.

También expusieron en la jornada la académica Dorothy Estrada-Tanck (UN Working Group on Discrimination against Women and Girls); Pilar Vázquez Calva, abogada mexicana de la organización Alianza por la Vida; Estela Sacristán, doctora en Derecho; y Lisandro Gómez, del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina.

Asimismo participaron Fernando Toller, abogado y profesor de Derecho en la Universidad Austral; Eleonora Lamm, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona; Eduardo Menem, exsenador nacional; y Luis Ernesto Pedernera Reyna, presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU.

Con toda la expectativa del Frente de Todos para que el Gobierno se alce con la victoria del proyecto de aborto legal, y cumpla así antes de fin de año una promesa de campaña electoral, el sector “verde” del Senado trabaja intensamente para revertir los números y evitar una segunda caída en esa cámara, sobre todo porque ahora representaría una derrota para la Casa Rosada.

Hasta este jueves, previo a la firma del dictamen en comisiones, la ley estaría dos votos abajo a partir del anuncio del radical Juan Carlos Marino, quien ratificó su voto en contra, como lo hizo en el debate de 2018, y que en los últimos días había estado dentro del grupo de los “indefinidos”.

De acuerdo al conteo realizado por parlamentario.com, la legalización del aborto reuniría 35 votos en contra y 33 a favor. Hay, además, tres senadores que no han revelado su voto y un senador de licencia, el tucumano José Alperovich, que en agosto de 2018 votó en contra, anunciándolo minutos antes del comienzo de aquella sesión y estirando la diferencia por un total de siete votos -fueron 38 en contra, 31 a favor y dos abstenciones-.

Se mantiene en la categoría de “indefinidos” la neuquina Lucila Crexell, que en reiteradas ocasiones ha manifestado estar a favor de la despenalización, pero hace dos años se abstuvo.

También continúan en esa posición, reservando su decisión bajo siete llaves, los entrerrianos Stella Maris Olalla y Edgardo Kueider. A diferencia de la radical, Kueider cuenta con la “presión” singular por ser parte del oficialismo y estar el tema puesto en agenda desde el propio Poder Ejecutivo.

Sin embargo, uno de los nombres donde están puestas las miradas es el Silvina García Larraburu -en principio, “celeste”-, rionegrina del Frente de Todos que hace dos años fue la única del bloque K en oponerse.

Días atrás, en declaraciones a medios de su provincia, la legisladora expresó que “sin dudas, hoy tenemos un proyecto totalmente distinto y una situación también muy distinta a la que se planteó hace dos años de mano del macrismo. Así que estamos analizando la letra chica de este proyecto, y definiremos en las próximas semanas”.

Consultada entonces si había cambiado su voto, García Larraburu sostuvo: “No especulo, sino que es un contexto muy distinto al que se dio en su momento en manos del ‘duranbarbismo’, distrayendo la atención, sin priorizar la salud. El debate que instaló en su momento el macrismo fue un debate muy confuso y sin instalar lo que era importante”.

Con el “poroteo” más que ajustado, el escenario en el Senado para el proyecto continúa abierto. A ello se suma que en la sesión prevista para el 29 de diciembre serán clave posibles ausencias o votos que puedan llegar a revertirse de un lado o el otro.

Esta semana, el riojano Carlos Menem, uno de los que se especulaba que podía faltar a la sesión, fue internado. Sin embargo, el expresidente dejó transcender su intención firme de votar y hacerlo, al igual que en 2018, en contra.

En caso de asistencia perfecta quedará descartada la posibilidad de que Cristina Kirchner desempate, por el número impar de 71 que se da con la licencia de Alperovich. Sea como sea, todos los pronósticos prevén que ninguna de las dos posturas ganará por amplia diferencia.

El senador radical Juan Carlos Marino ratificó este jueves su voto en contra de la legalización del aborto, tal como lo hiciera en el debate de 2018. El pampeano, que en los últimos días había entrado en la zona de “indefinidos”, confirmó su voto “celeste” nuevamente.

De esta manera, el conteo en el Senado, al momento, registra una leve ventaja por el rechazo a la ley, con 35 votos en contra, 33 votos a favor y tres indefinidos, además de un senador de licencia -José Alperovich-, de acuerdo a las proyecciones de parlamentario.com.

“Voy a votar según lo que me pide mayoritariamente la sociedad pampeana: no avanzar en la legalización”, sostuvo el legislador de Juntos por el Cambio mediante un comunicado.

Además, Marino dijo que sabía “que se habló de la posibilidad de un cambio en mi postura dado que nuevamente escuché y me reuní con todos”.

“La realidad es que considero que es un debate que no está saldado completamente en la sociedad. De hecho en el Congreso hemos escuchado a reconocidos abogados y médicos tanto a favor de una postura como de otra”, agregó.

El radical agradeció “a todas las personas y organizaciones con las que me reuní, por la responsabilidad y el respeto con que plantearon sus argumentos y posiciones”.

“La legalización del aborto es una ley que divide las aguas y que no genera consenso unánime en ningún ámbito ni en la sociedad en su conjunto”, afirmó y anunció: “Luego de analizarlo mucho y de tomar en cuenta cada opinión y cada arista del tema, decidí ratificar el voto de lo que mayoritariamente me solicita la sociedad a la que represento”.

El Senado cerrará este jueves la ronda de exposiciones sobre el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto. Doce especialistas fueron convocados a disertar desde las 9.30 en el plenario de comisiones de Banca de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales, presidido por Norma Durango (Frente de Todos).

Se estima que las ponencias durarán hasta las 13, y luego los senadores debatirán el proyecto aprobado en Diputados para finalmente firmar dictamen. La intención del sector “verde” se mantiene firme: la sesión será el martes 29 de diciembre, al filo de fin de año.

Para este jueves fueron convocados el exministro de la Corte Suprema y exministro de Justicia Rodolfo Barra; la académica Dorothy Estrada-Tanck (UN Working Group on Discrimination against Women and Girls); Pilar Vázquez Calva, de la organización Alianza por la Vida; y Mario Sebastiani, médico de la División Ginecología y Obstetricia del Hospital Italiano.

La lista sigue con la psicóloga Carolina Pavia; la periodista y escritora Ana Correa; la doctora en Derecho Estela Sacristán; Lisandro Gómez, del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina; y Fernando Toller, abogado y profesor de Derecho en la Universidad Austral.

Los últimos en intervenir serán Eleonora Lamm, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona; el exsenador nacional Eduardo Menem; y el presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU, Luis Ernesto Pedernera Reyna.

Las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado reanudaron este martes el debate del proyecto de aborto legal, con la participación de 24 médicos y especialistas que se manifestaron a favor y en contra.

El plenario presidido por Norma Durango (Frente de Todos) pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 9.30, con la intención de escuchar a los últimos invitados y luego abrir el debate entre los senadores.

Abrió la ronda de exposiciones Stella Manzano, médica ginecóloga especialista en medicina legal, del Hospital Zonal de Trelew, quien sostuvo que “no se pueden salvar las dos vidas, porque un aborto a cualquier edad gestacional es menos peligroso que un parto”. “Es imposible evitar la aparición de las enfermedades que el propio embarazo causa en el tercer trimestre”, señaló.

La doctora subrayó que “ninguna persona debe ser obligada a sacrificar su vida para salvar la de otro”, al tiempo que defendió que el aborto “salva a niñas que fueron embarazadas por violación, al evitar que lleguen al parto. Ellas triplican el riesgo al llegar a un parto”.

“Legalizarlo evita secuelas de por vida de complicaciones del embarazo y parto, y evita sufrimiento psíquico por haber sido forzadas a tener hijos contra su voluntad, sea que se los queden o lo den en adopción”, agregó Manzano, que consideró que “negar abortos por causales es tortura” y hay “muchos profesionales que no respetan la soberanía de niñas”.

Con un discurso enfático en contra de la ley, la doctora María de Urraza, especialista en tocoginecología del Hospital de Florencio Varela, dijo que el proyecto busca “promover el aborto eugenésico; legitimar lo que ya ocurre en los hospitales, el aborto a libre demanda y sin límite de edad gestacional; ampliar la cobertura del aborto irrestricto a todo el país; aumentar la cantidad de abortos; amedrentar a los médicos que todavía nos oponemos a actuar contra las leyes de la humanidad y en contra de nuestra conciencia; y garantizar el acceso al aborto en clínicas privadas para que las mujeres de mayor poder adquisitivo no tengan que pasar por la situación de internarse en hospitales públicos”.

“En los hospitales de la provincia de Buenos Aires el aborto es libre, es decir, accesible. Cualquier mujer que quiera hacerse un aborto, se acerca a un centro de salud, firma una declaración jurada con alguna causal y aborta. Es gratuito porque se hace en hospitales públicos. Y es seguro, según el Ministerio de Salud, que directamente no se interesa en contabilizar las complicaciones existentes en los hospitales”, continuó, al tiempo que denunció que “en pandemia se guardaron camas para abortos”.

La médica aseveró que “con esta ley los médicos no podemos de ninguna manera tratar de disuadir a las pacientes de lo que por lo mínimo representa un suicidio emocional”. “Los médicos argentinos estamos en el ranking de los peores pagos del mundo, sin vacaciones, sin aumento. Tuvimos que enfrentar la pandemia, poniendo el cuerpo, vimos a colegas morir. ¿Y que en este contexto nos digan que es importante la ley del aborto? Es vergonzoso”, expresó.

Desde el Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, realizó su exposición centrada en la comparación de los “costos” entre la ilegalidad y la legalización de los abortos. De acuerdo a un estudio, aseguró que “del total de abortos que se realizan fuera del sistema” se estima que “aproximadamente un 75% tiene contacto igual con el sistema de salud”.

“Si bien la práctica se hace fuera del sistema porque es ilegal, el resto de las complicaciones que requieren un aborto terminan siendo atendidas en el sistema de salud, sea para seguimiento, control o terminar un aborto incompleto”, indicó y apuntó que un caso de shock séptico “puede costar casi un millón de pesos, como máximo, y 548 mil pesos como mínimo”, mientras que un aborto incompleto “entre 36 mil y 85 mil pesos por cada caso”.

La funcionaria precisó que “en una estimación de 457.533 abortos”, el sistema de salud tiene un gasto de “51.900 millones de pesos al año”. “Hoy estamos gastando mucho más no hacer los abortos dentro del sistema legal, sino por fuera”, insistió y afirmó que se trata de “entre 2,6 y 10,2 veces más de lo que se gastaría si se decidiera avanzar en la legalización”. “El argumento del costo no debería ser un argumento para oponerse. Es falaz creer que nos va a costar más caro”, finalizó.

Al relatar su experiencia desde Uruguay, donde el aborto está legalizado desde 2012, María González Bernardi, médica ginecóloga-obstetra del Hospital Público de Montevideo, aseveró que “la legalización no ha modificado la mortalidad materna en Uruguay, porque ya venía descendiendo drásticamente”. Asimismo, resaltó que “no disminuye su práctica” y reveló que luego de su legalización “estábamos en una cifra de 7.000, y terminado el año anterior, en 2019, tenemos una cifra de 10.300 abortos. Es decir, el aumento ha sido notorio”.

La doctora manifestó que en el país vecino “el acceso a métodos anticonceptivos es universal e irrestricto, por lo que el aborto debería ser cero”. “La legalización no eliminó la clandestinidad”, añadió, al sostener que “mujeres por fuera del plazo legal terminan en la clandestinidad” y “existe todavía un mercado negro de misoprostol”. Por otra parte, González Bernardi dijo que “no se respeta el derecho de objeción de conciencia, especialmente de los médicos ginecólogos” y se los “discrimina” en las instituciones.

También en contra, Gabriel Flores Ciani, médico especialista en neurociencia y pastor evangélico, explicó que “inmediatamente cuando el cigoto se forma envía señales al cerebro de la mujer” y “las neuronas registran que hay una nueva vida”. En ese sentido, señaló que la mujer “va a llevar por toda su vida la sensación, el recuerdo de que existió esa vida por nacer en su vientre”.

“La mente humana de la mamá, el sistema biológico y la genetica esta preparada para ser una persona gestante”, siguió y remarcó que “no hay una diferencia desde la neurociencia de un aborto legal o ilegal. Las consecuencias a nivel psicológico y de estructuración de la psquis de la mujer se van a ver dañadas de la misma manera”.

Además, argumentó que “el neurodesarrollo de un niño o de una púber, el cerebro, no está preparado para tomar una decisión de la magnitud de abortar. Es empujada por el entorno, esto es clarísimo”.

Al igual que lo hizo en 2018 cuando era ministro de Salud, Adolfo Rubinstein defendió la legalización del aborto al expresar que “el existía en 1921 cuando se hizo la reforma del Código Penal, hace casi un siglo. Existía en 2018 cuando el presidente Macri habilitó por primera vez el debate. Y sigue existiendo ahora que el presidente Fernández envió el proyecto de ley al Congreso”.

“El aborto ilegal sigue estando presente en la agenda social de nuestro país como una asignatura pendiente que debe ser de una vez por todas resuelta”, destacó y opinó que el Estado debe aparecer como “garante de un bien público que no se desentienda de las consecuencias sanitarias del aborto clandestino”.

El médico indicó que “las complicaciones del aborto inseguro son una cuestión de salud pública”. “Las estimaciones basadas en estudios bastante rigurosos arrojan aproximadamente 350 mil abortos ilegales por año, es decir, casi un aborto cada dos recién nacidos vivos”, informó y agregó que “si bien han disminuido en los últimos años por las políticas de educación sexual y reproductiva”, las hospitalizaciones por aborto inseguro “siguen rondando las 35 a 40 mil hospitalizaciones por año”.

“Si incluimos a los prestadores privados, estamos estimando aproximadamente 65 mil”, continuó y detalló que “las muertes maternas por aborto ilegal siguen rondando las 20 muertes anuales”, aunque “este número probablemente se mayor, porque no se registran adecuadamente por su condición de clandestinidad”.

Sean “muchas o pocas muertes”, Rubinstein enfatizó que “son todas muertes evitables y una sola importa”. En referencia a los países donde el aborto ya es legal, el exministro habló de una “evidencia contundente” de baja de abortos, mientras que en los países con restricciones “la proporción de abortos inseguros aumenta dramáticamente”.

El aborto “es un problema de salud pública porque produce muertes, morbilidad evitable y serios problemas psicosociales en población joven y sana. Pero también es un problema de equidad, porque solamente afecta a las mujeres y adolescentes, y sus complicaciones afectan fundamentalmente a las mujeres más pobres”, sostuvo.

El dirigente lamentó que en 2018, tanto “verdes” como “celestes” se “comprometieron a bregar por prevención del aborto, promoción de la educación sexual integral, prevención del embarazo adolescente, ampliación de la anticoncepción, cumplimiento de la ILE en las causales tipificadas por el Código Penal en el marco del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia. Y lamentablemente nada de esto ocurrió”.

“No vivimos en un Estado confesional, vivimos en un Estado laico que debe legislar para todos”, sentenció.

Además expusieron, en el primer turno, Evelyn Rodríguez, docente y fundadora de 0800 provida; Mariana Romero, médica epidemióloga e investigadora de CEDES-CONICET; Analía Messina, médica integrante de la Red de Acceso al Aborto Seguro; Noelia Vera Ruiz-Herrera, secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género de España; Angélica Sarmiento, médica y especialista ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción; y Alejandro Barceló, médico y director del departamento de Bioética de la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló.

Por la tarde fue el turno de la ginecóloga Cecilia Ousset, quien a pesar de ser católica apoya la legalización del aborto y enfrenta una causa por homicidio agravado por practicar una ILE a una niña de 11 años que fue violada y tenía riesgo de vida.

“Yo creo que las creencias personales no pueden superar los derechos de las personas. No alcanza con la despenalización, ustedes tienen que legalizar el aborto. Los médicos, médicas y las personas gestantes necesitamos leyes claras y regulación del Estado”, dijo Ousset.

También disertaron, entre otros, María Cecilia Avila, especialista en obstetricia y ginecología; Gabriela Luchetti, especialista en ginecología; el doctor José Jalil Colomé; Ruth Zurbriggen, activista e investigadora de La Revuelta; y Graciela Moya, médica genetista.

En el marco de una semana histórica en el Senado de la Nación por el debate acerca de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia y diputada del Frente de Todos (FdT), Laura Velasco, dialogó con parlamentario.com para analizar la iniciativa e insistió en la importancia de su aprobación.

En ese sentido, Velasco consideró que el hecho de que “apruebe este 29 de diciembre en el senado la ley IVE es fundamental para los Derechos Humanos de las mujeres y las personas gestantes” y advirtió que “es una causa de salud pública y de justicia social porque son las más pobres las que mueren por abortos clandestinos en la Argentina”.

Asimismo argumentó que “lo que estamos diciendo es no a los abortos clandestinos y debe ser una política pública integrada de Educación Sexual Integral (ESI), anticonceptivos para no abortar” y destacó que “queremos es que se realicen la menor cantidad de abortos posibles, es una situación extrema en la que no hay otra posibilidad; queremos que si se llega a esa situación, las personas gestantes puedan hacerlo en el sistema público de salud, de manera cuidada”.

Sobre esa misma línea, la legisladora explicó que “lo que plantea el proyecto es que pueda realizarse hasta la semana 14 y luego por determinados causales, como los que ya existen hoy: por violación, peligro para la salud de la mujer, entre otras cuestiones”.

“Esta lucha la venimos llevando a cabo desde hace tiempo con la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito junto a las organizaciones de diversidad, feministas populares y organizaciones sociales”, recordó y precisó que “esta ha sido un convocatoria intergeneracional, que ha despertado una multitud de pibas que en el pañuelo verde están discutiendo mucho más allá que la soberanía sobre su propio cuerpo y la posibilidad de decidir. Esta es una causa de libertad”.

En cuanto al proyecto de ‘Los Mil Días’, Velasco indicó que “lo que significa es que todas aquellas mujeres que quieren, efectivamente, tener un hijo y eligen la maternidad, que no se vean condicionadas por una situación económica” y precisó que “la decisión de la maternidad y ese deseo no puede verse condicionado por la falta de recursos, entonces el Estado debe acompañar a las mujeres que deciden acompañar a las mujeres que deciden seguir adelante con el embarazo”.

“En definitiva los dos proyectos complementan la posibilidades de las mujeres, sobretodo de las más pobres que son las que están más en riesgo ante estas situaciones en las que deben poder elegir”, sentenció la legisladora.

El diputado nacional Francisco Sánchez (Pro-Neuquén) anunció que presentará un proyecto para aplicar la pena de muerte contra violadores y asesinos de menores de edad, por entender que el aborto legal lo habilita a proponer iniciativas como esa.

“Voy a presentar un proyecto para aplicar pena de muerte a monstruos como estos”, informó en su cuenta de Twitter, a raíz del crimen de un niño de dos años que murió en La Plata tras ser golpeado y abusado por su padrastro tiempo atrás.

El legislador agregó: “Seguro que ahora que ya no consideramos más el Pacto de San José de Costa Rica en Argentina, voy a conseguir la adhesión de quienes lo rechazaron cuando votaron el aborto”.

Voy a presentar un proyecto para aplicar pena de muerte a monstruos como estos.
Seguro que ahora que ya no consideramos más el Pacto de San José de Costa Rica en Argentina, voy a conseguir la adhesión de quienes lo rechazaron cuando votaron el aborto. pic.twitter.com/uoi82SAITc

— Francisco Sánchez (@FranSanchezNQN) December 14, 2020

Sánchez votó en contra de la legalización del aborto la semana pasada y, además, fue uno de los que se abstuvieron en la votación del “Programa de los Mil Días”.

El neuquino, además, fue el único que votó en contra de Ley Yolanda (de capacitación en medioambiente en los tres poderes del Estado) y la ley de teletrabajo, y también pidió derogar la Ley Micaela, de capacitación en violencia de género.

BUENOS AIRES
Esteban Bullrich (Pro) – En contra
Gladys González (Pro) – A favor
Jorge Taiana (FdT) – A favor

CATAMARCA
Inés Blas (FdT) – En contra
Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca) – A favor
Dalmacio Mera (FdT) – En contra

CHACO
María Inés Pilatti Vergara (FdT) – A favor
Antonio Rodas (FdT) – En contra
Víctor Zimmermann (UCR) – En contra

CHUBUT
Nancy González (FdT) – A favor
Alfredo Luenzo (FdT) – A favor
Mario Pais (FdT) – A favor

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Martín Lousteau (UCR) – A favor
Mariano Recalde (FdT) – A favor
Guadalupe Tagliaferri (Pro) – A favor

CÓRDOBA
Carlos Caserio (FdT) – A favor
Ernesto Martínez (Pro) – A favor
Laura Rodríguez Machado (Pro) – A favor

CORRIENTES
Ana Almirón (FdT) – A favor
Néstor Braillard Poccard (Pro) – En contra
Carlos “Camau” Espínola (FdT) – En contra

ENTRE RÍOS
Alfredo de Angeli (Pro) – En contra
Edgardo Kueider (FdT) – Indefinido
Stella Maris Olalla (UCR) – Indefinida

FORMOSA
María Teresa González (FdT) – En contra
José Mayans (FdT) – En contra
Luis Naidenoff (UCR) – A favor

JUJUY
Mario Fiad (UCR) – En contra
Silvia Giacoppo (UCR) – En contra
Guillermo Snopek (FdT) – En contra

LA PAMPA
Norma Durango (FdT) – A favor
Daniel Lovera (FdT) – A favor
Juan Carlos Marino (UCR) – En contra

LA RIOJA
Julio Martínez (UCR) – En contra
Carlos Menem (FdT) – En contra
Clara Vega (Mediar Argentina) – En contra

MENDOZA
Julio Cobos (UCR) – En contra
Anabel Fernández Sagasti (FdT) – A favor
Pamela Verasay (UCR) – A favor

MISIONES
Maurice Closs (FdT) – En contra
Humberto Schiavoni (Pro) – A favor
Magdalena Solari Quintana (Misiones) – En contra

NEUQUÉN
Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) – Indefinida
Oscar Parrilli (FdT) – A favor
Silvia Sapag (FdT) – A favor

RÍO NEGRO
Martín Doñate (FdT) – A favor
Silvina García Larraburu (FdT) – En contra
Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) – A favor

SALTA
Nora del Valle Giménez (FdT) – A favor
Sergio “Oso”Leavy (FdT) – En contra
Juan Carlos Romero (Justicialista 8 de octubre) – En contra

SAN JUAN
Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) – En contra
Cristina López Valverde (FdT) – En contra
Rubén Uñac (FdT) – En contra

SAN LUIS
María Eugenia Catalfamo (FdT) – A favor
Claudio Poggi (Avanzar San Luis) – En contra
Adolfo Rodríguez Saá (FdT) – En contra

SANTA CRUZ
Eduardo Costa (UCR) – A favor
María Ana Ianni (FdT) – A favor
María Belén Tapia (UCR) – En contra

SANTA FE
Roberto Mirabella (FdT) – A favor
Carlos Reutemann (Santa Fe Federal) – En contra
María de los Ángeles Sacnun (FdT) – A favor

SANTIAGO DEL ESTERO
Claudia Ledesma Abdala de Zamora (FdT) – En contra
Gerardo Montenegro (FdT) – En contra
José Neder (FdT) – En contra

TIERRA DEL FUEGO
Pablo Blanco (UCR) – En contra
María Eugenia Duré (FdT) – A favor
Matías Rodríguez (FdT) – A favor

TUCUMÁN
José Alperovich (FdT) – De licencia
Silvia Elías de Pérez (UCR) – En contra
Beatriz Mirkin (FdT) – A favor

Con toda la expectativa del Frente de Todos para que el Gobierno se alce con la victoria del proyecto de aborto legal, y cumpla así antes de fin de año una promesa de campaña electoral, el sector “verde” del Senado trabaja intensamente para revertir los números y evitar una segunda caída en esa cámara, sobre todo porque ahora representaría una derrota para la Casa Rosada.

La leve tendencia en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo sube y baja con el paso de las horas, desde que la media sanción salió de la Cámara de Diputados, pero lo cierto es que también las especulaciones aumentan y los nombres de senadores que podrían cambiar su voto varían cada día.

A uno de los que se los contó dentro de los que revertirían su posición fue al radical Oscar Castillo, quien dijo que el proyecto en este momento es “inoportuno”. Sin embargo, fuentes cercanas al catamarqueño, confirmaron a parlamentario.com que no se abstendrá, sino que mantendrá su postura a favor.

De acuerdo al conteo realizado por este medio, la legalización del aborto reuniría 34 votos en contra y 33 a favor. Hay, además, cuatro que no han revelado su voto y un senador de licencia, el tucumano José Alperovich, que en agosto de 2018 votó en contra, anunciándolo minutos antes del comienzo de aquella sesión y estirando la diferencia por un total de siete votos -fueron 38 en contra, 31 a favor y dos abstenciones-.

Se mantiene en la categoría de “indefinidos” la neuquina Lucila Crexell, que en reiteradas ocasiones ha manifestado estar a favor de la despenalización, pero hace dos años se abstuvo.

También continúan en esa posición, reservando su decisión bajo siete llaves, los entrerrianos Stella Maris Olalla y Edgardo Kueider. A diferencia de la radical, Kueider cuenta con la “presión” singular por ser parte del oficialismo y estar el tema puesto en agenda desde el propio Poder Ejecutivo.

Apareció también dentro de ese grupo el radical Juan Carlos Marino, quien en 2018 se opuso a la ley. Sin embargo, el pampeano se encuentra “estudiando el tema”, según informaron a este medio desde su entorno. Además, ya mantuvo reuniones con militantes de ambos sectores y anunció que no esperará hasta “ultimo momento” para dar a conocer su voto.

Uno de los nombres donde están puestas las miradas es el Silvina García Larraburu -en principio, “celeste”-, rionegrina del Frente de Todos que hace dos años fue la única del bloque K en oponerse.

Días atrás, en declaraciones a medios de su provincia, la legisladora expresó que “sin dudas, hoy tenemos un proyecto totalmente distinto y una situación también muy distinta a la que se planteó hace dos años de mano del macrismo. Así que estamos analizando la letra chica de este proyecto, y definiremos en las próximas semanas”.

Consultada entonces si había cambiado su voto, García Larraburu sostuvo: “No especulo, sino que es un contexto muy distinto al que se dio en su momento en manos del ‘duranbarbismo’, distrayendo la atención, sin priorizar la salud. El debate que instaló en su momento el macrismo fue un debate muy confuso y sin instalar lo que era importante”.

Con el “poroteo” más que ajustado, el escenario en el Senado para el proyecto continúa abierto. A ello se suma que en la sesión prevista para el 29 de diciembre serán clave posibles ausencias o votos que puedan llegar a revertirse de un lado o el otro.

En caso de asistencia perfecta quedará descartada la posibilidad de que Cristina Kirchner desempate, por el número impar de 71 que se da con la licencia de Alperovich. Sea como sea, todos los pronósticos prevén que ninguna de las dos posturas ganará por amplia diferencia.

Con la participación de 19 abogados y especialistas, el plenario de las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado comenzó este martes con las rondas de exposiciones sobre el proyecto de legalización del aborto, con media sanción de Diputados.

El debate continuará durante todo este miércoles y el jueves por la mañana con nuevas ponencias, mientras que por la tarde se firmaría dictamen, con la intención de sesionar el próximo martes 29, en un escenario de votos todavía incierto.

Turno mañana

En primer lugar, el decano de la Facultad de Derecho de la UCA, Pablo Garat, consideró que el proyecto “tiene que superar el test de constitucionalidad frente a la Constitución Nacional; el test de convencionalidad ante los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional; y el test de congruencia entre el Código Civil Comercial y el Código Penal”.

“Todo nuestro orden jurídico y constitucional se apoya en un principio: el interés superior del niño. El niño y la niña que aparecen ausentes en el debate. Deben valorarse los derechos de la mujer pero no puede estar ausente esto”, continuó el expositor, en contra del proyecto.

Sobre el argumento que “nos obligarían las recomendaciones u observaciones del Comité de los Derechos del Niño o del Comité de Derechos Humanos”, señaló que “las recomendaciones u observaciones se deben ordenar a algo que es previo, que son las obligaciones que surgen de la propia convención”.

Más adelante, en respuesta a preguntas que le hicieron senadores, Garat ratificó que “ningún tratado obliga a la Argentina a legalizar el derecho al aborto, y muchos menos como Estado federal a imponer a las provincias la práctica”. “Ni siquiera por vía de interpretación. La Argentina no podría hacerlo porque se ha obligado en sentido contrario”, agregó.

Por el contrario, el abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra aseguró que “no hay ninguna regla constitucional y convencional que obligue a penalizar el aborto temprano”. “Todos los órganos, tanto la Corte Suprema, en el orden interno, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y una enorme cantidad de órganos encargados de aplicar tratados de derechos humanos han establecido que puede despenalizarse el aborto temprano”, apuntó.

El exministro de Justicia remarcó que “el desacuerdo” entre quienes están a favor y en contra de la ley “está sobre los alcances de la palabra vida”. En ese sentido, explicó que quienes se oponen “personifican, humanizan al proyecto de vida que anida el embrión” asemejándolo “con el ya nacido o con una persona” y “esto no es así, el embrión no es una persona ya nacida“.

“El derecho positivo no trata de la misma manera al nacido que al por nacer”, enfatizó y añadió que “la vida que puede haber en un embrión o una semilla requiere un desarrollo para poder crecer, y este desarrollo no es autónomo, depende obviamente del cuerpo de la madre”.

Gil Lavedra expresó que “por supuesto que este proyecto de vida requiere tutela, pero esta no tiene por qué ser penal, criminalizando a una mujer”. Por eso, insistió en que “es una ficción sostener que un embrión es un chico”.

Para el abogado, hay dos creencias sobre si se despenaliza el aborto, una “que los abortos se van a multiplicar, que se van a utilizar como un método anticonceptivo” y la otra “cuál es la función de la mujer, sobre un viejo prejuicio”.

Al hacer referencia a los derechos de la mujer, el radical sostuvo que “no hay bebé si no hay madre, si no hay madre solo hay una persona gestante embarazada”. “La maternidad no puede ser forzada bajo amenazada de pena criminal. La mujer no puede estar obligada a poner su cuerpo para continuar con un embarazo no deseado. La mujer tiene derecho a decidir libremente ser o no ser madre”, argumentó.

Finalmente, Gil Lavedra afirmó que “estamos frente a un proceso irreversible, indetenible” y “la recuperación de los derechos plenos de la mujer es un signo de los tiempos y esto va a suceder”. “Si no sale ahora, vamos a volver a estar acá, en la próxima renovación, pero lo que ocurre es que de 2018 a 2020 hubo abortos clandestinos, murieron mujeres por abortos clandestinos, y si esta ley no sale ahora van a seguir muriendo las mujeres”, completó.

A su turno, la abogada Úrsula Cristina Basset, especialista en derecho de familia, aseveró que “nuestra Constitución explícitamente, sin lugar a dudas, protege la vida desde la concepción y obliga al Estado a proteger literalmente, no a un proyecto de vida, sino al niño durante el embarazo”.

“Nos vienen a hablar de afuera y nos dicen como tenemos que legislar en nuestro país, de México, de Uruguay, de Chile, representando a organizaciones internacionales”, cuestionó, al tiempo que se preguntó: “¿Por qué no se le ofrecen opciones a la mujer que cursa un embarazo y tiene temor de no poder criar a ese niño en ese momento de su vida o de no poder educarlo?”.

Al relatar el testimonio de una mujer “humilde que fue a practicarse un aborto de su quinto hijo” en una provincia con protocolo ILE, Basset reveló que ante su consulta si podía dar en adopción al bebé, le respondieron que “imposible, o aborta o según las leyes argentinas tendrá que criarlo o será abandono de hijo”. Por ello, lamentó que “esta ley da derecho a abortar, no a decidir”.

“El derecho al aborto que crea este proyecto es radical, criminaliza a los médicos…tanto que nos dijeron que la criminalización no sirve”, siguió la abogada, y criticó que “obliga a toda la sociedad a pagar el derecho a abortar de cualquier mujer, no solo de la desesperada, de la que fue violada”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez negó que exista incompatibilidad con la Convención de los Derechos del Niño. Recordó que cuando Argentina ratificó la Convención “realizó una reserva y tres declaraciones interpretativas”.

En este punto, precisó que por una reserva, un Estado “con respecto a algunos de los artículos queda obligado o desvinculado jurídicamente de los otros Estados y no podrá ser demandado por incumplimiento”; mientras que por las declaraciones interpretativas “un Estado realiza una opción interpretativa entre varias, respecto a alguna de las normas de un tratado”.

Pero “en lo que no hay ningún tipo de diferencia entre ambas” es que “no pueden ser contrarias al objeto y fin del tratado”, algo que lo establece “la textualidad y los órganos que los interpretan y aplican”, dijo. Bajo esa postura, Gil Domínguez subrayó que el Comité de los Derechos del Niño “le ha dicho a Argentina” en 2010, 2016 y 2018, mediante informes, cuestiones relativas al “derecho que tienen las mujeres y las personas gestantes de interrumpir su embarazo”.

“(El Comité) le ha dicho que debe adoptar medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionadas con el aborto; que debe revisar su legislación sobre el aborto, incluyendo su legislación penal; que debe garantizar el acceso al aborto de adolescentes sin riesgo“, enumeró el abogado.

Y reiteró: “No solamente no es incompatible (con el proyecto), sino que implica un cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado”.

Con un mensaje directo al peronismo, la magíster en Ciencias Políticas María Florencia Álvarez Travieso lanzó que “poner a la Argentina de pie es gobernar junto al pueblo, no desde arriba ni desde abajo. Acompañando, antes que imponiendo”. “Es salvar la mayor cantidad de vidas, como lo expresaron los gobernadores en octubre pasado”, manifestó y opinó que también es “concretar nuestra doctrina defendiendo a los más vulnerables entre los vulnerables”.

Para la expositora, “los pobres, los excluidos, los descartables son opciones de vida y vida digna, no proyectos de descarte”. “Todos los presidentes justicialistas comprendieron el valor singular de cada argentino”, ponderó y mencionó que con la reforma de la Constitución “(Carlos) Menem resguardó el valor de la vida desde la concepción”.

En tanto, “Néstor Kirchner afirmó que siempre fue claro su rechazo al aborto cuando su ministro de Salud, Ginés González García, intentó imponer el debate que hoy estamos manteniendo” y “Cristina Fernández de Kirchner fue más lejos: incorporó el artículo 19 al Código Civil que protege la vida desde la concepción; otorgó el derecho a reclamar alimentos y filiación; y con la Asignación Universal por Embarazo equiparó plenamente los derechos de los niños por nacer a los ya nacidos”.

“Durante los gobiernos peronistas la ampliación de derechos de los niños por nacer fue constante y progresiva, y fue en equilibrio con los derechos de la madre”, remarcó la especialista en políticas públicas de infancia.

Además, le pidió a los dirigentes peronistas que “escuchen, se tomen el tiempo de acercarse, no las invisibilicen” a las mujeres de los barrios vulnerables en cada provincia, para quienes “la muerte no es la última palabra de la historia”. “No permitamos que un proyecto de descarte arranque de cuaje nuestra identidad. Los argentinos no somos objetos para descartar. Este debate parte al medio la unidad de nuestro pueblo”, concluyó.

Otra de las expositoras a favor de la ley fue Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, quien mencionó que “la estrategia de la criminalización es incompatible con la libertad de las mujeres” y “el derecho penal no puede modificar la voluntad de decidir sobre el propios cuerpo. No podría hacerlo, no lo hizo a lo largo de 100 años de criminalización, no lo hará nunca”.

“Hoy con esta política el Estado persigue y desampara, este es el verdadero proyecto de descarte”, consideró y aseguró que “la política de criminalización lo único que hace es reforzar y profundizar las desigualdades de género y sociales”.

De acuerdo a una investigación, realizada sobre 13 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, “entre 2012 y hoy se iniciaron 1.388 causas por abortos y 33 eventos obstétricos fueron criminalizados”, detalló. Asimismo, informó que “las mujeres alcanzadas por el derecho penal todas pertenecen a sectores sociales vulneralizados”.

“Si bien la amenaza existe para todas, únicamente se castiga a quienes carecen de recursos materiales para acceder a un aborto seguro y defenderse en la Justicia”, enfatizó.

También expusieron por la mañana Gala Díaz Langou, directora de Protección Social en CIPPEC; María Elena Critto, socióloga especialista en temas de salud; Alberto Bianchi, abogado penalista; y Luciana Sánchez, abogada penalista del caso Diana Sacayán.

Turno tarde

El primer expositor del segundo tramo fue Edgardo Young, miembro de la Academia Nacional de Medicina y especialista en fertilización asistida.

“Se ha difundido mucho que la salud de la mujer corre riesgos, pero se debe tener en cuenta que la salud se debe comprender en un todo, no solo la física sino la psíquica, que seguramente es la más dañada por un aborto, porque el daño físico no es tanto como el que se declama, pero en el daño psíquico, la mujer arrastra durante toda su vida haber eliminado una vida”, sostuvo Young.

Consideró que “la vida empieza desde la fertilización, o sea, la unión del óvulo y el espermatozoide”, y “no es persona todavía, pero es una persona en potencia, y como tal debe tener el mismo valor que una persona con algún tiempo de desarrollo”.

Luego fue el turno de Aída Kemelmajer de Carlucci, doctora en Derecho de la Universidad de Mendoza y miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencia de Buenos Aires y de Córdoba.

“El derecho, a diferencia de la biología, tiene en su base casi un presupuesto, que es la noción de conflicto. Los derechos entran en conflicto unos con otros, por eso la regla es que no hay derechos absolutos, porque tienen restricciones cuando entran en conflicto entre sí”, explicó.

La jurista puntualizó que “hay una norma que dice que la vida se protege desde la concepción, pero al mismo tiempo hay otros principios jurídicos que sostienen el derecho de toda persona a no ser instrumentalizada, a llevar adelante su propio proyecto de vida. Esto se llama autonomía”.

Por eso, observó que “la función del legislador es resolver este conflicto entre la autonomía, la vida y la salud de la persona gestante y la vida del feto, y tener en cuenta que ninguno de los dos derechos es absoluto”.

Alfredo Vitolo, abogado constitucionalista y profesor adjunto de la UBA, se pronunció contra la legalización y advirtió que “el proyecto se asienta sobre premisas falsas y violenta el orden jurídico argentino”. “El derecho internacional no exige a nuestro país ni a ningún otro que reconozca el derecho al aborto”, dijo, y agregó que del mismo modo “ningún tratado reconoce” ese derecho.

Por su parte, la abogada feminista Melisa García opinó que “que el aborto sea legal no solo responde a una deuda de la democracia y la eliminación de la desigualdad histórica de clase”, sino que además “no han disminuido los abortos clandestinos por su punibilidad”.

“Suponer que las mujeres y personas gestantes saldrían corriendo a realizar esta práctica es estigmatizarlas nuevamente y perder de vista que el debate ronda en la clandestinidad del aborto”, planteó.

A su turno, Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, sostuvo que “el punto de debate es la decisión de incorporar un plazo inicial de 14 semanas dentro del cual las mujeres no necesitarán someter sus razones al escrutinio del sistema de salud. En esas 14 semanas, las razones son suyas, son nuestras, privadas, individuales, íntimas”.

También se refirió a ese aspecto -pero pronunciándose en contra- María Inés Franck, del Centro de Bioética, Persona y Familia, quien dijo que “hasta la semana 14 no estamos hablando ni de la salud de la mujer ni de la necesidad de ninguna otra causal o posible conflicto de derechos de igual jerarquía, sino que hasta la semana 14 se podría tratar de la pura y simple voluntad de abortar, de la autonomía absolutizada de la mujer”.

Del plenario de comisiones también participaron, en el segundo turno, Débora Rainieri, abogada e investigadora UCA-UBA; la antropóloga y escritora mexicana Marta Lamas Encabo; el abogado Santiago Alfonso; y Alejandro Osio, docente e investigador de la Universidad de La Pampa.

Tras la discusión que se desató este lunes por la cantidad de expositores sobre la legalización del aborto, las comisiones de Banca de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales del Senado escucharán este martes a veinte invitados, diez a favor de la ley y diez en contra.

El plenario se dividirá en dos turnos, uno de 10 a 13 y otro de 15 a 18, y este miércoles se repetiría el mismo esquema. La intención de los senadores “verdes” es firmar dictamen el jueves.

Así es como este martes expondrán, por la mañana, el decano de la Facultad de Derecho de la UCA, Pablo Garat; el abogado y exdiputado nacional Ricardo Gil Lavedra; la abogada y profesora titular de Derecho de Familia Úrsula Basset; el docente e investigador de la Universidad Nacional de La Pampa Alejandro Osio; y la politóloga María Florencia Álvarez Travieso.

Completarán la primera tanda Gala Díaz Langou, del CIPPEC; la socióloga María Elena Critto; la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky; el abogado penalista Alberto Bianchi; y la abogada penalista lesbiana Luciana Sánchez.

Por la tarde será el turno de Edgardo Young (miembro de la Academia Nacional de Medicina y especialista en fertilización asistida), Aída Kemelmajer de Carlucci (doctora en Derecho), Alfredo Vitolo (abogado constitucionalista), Melisa García (abogada feminista) y Débora Rainieri (abogada e investigadora UBA-UCA).

También disertarán Natalia Gherardi (directora ejecutiva de ELA), María Inés Franck (miembro del Centro de Bioética, Persona y Familia), la mexicana Marta Lamas Encabo (antropóloga y catedrática feminista), Alfonso Santiago (doctor en Derecho) y Susana Chiarotti (abogada de trayectoria internacional).

Por Carolina Ramos

Arrancó picante en el Senado el debate sobre el proyecto de legalización del aborto: luego de los planteos por el giro a comisiones, afloró la grieta entre “verdes” y “celestes” dentro del propio Frente de Todos, con un fuerte mensaje del jefe del bloque, José Mayans, quien no solo apuntó al Gobierno sino que se cruzó con senadoras oficialistas que pidieron acotar la lista de invitados.

Estas escenas se dieron al finalizar la exposición de los ministros Ginés González García (Salud), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Género y Diversidad) y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en el plenario virtual de las comisiones de Banca de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales.

Mayans pidió la palabra luego de que la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, anunciara que, por un acuerdo entre senadores de ambos sectores, el debate continuará este martes en dos tandas, de 10 a 13 y de 15 a 18, con la participación de veinte invitados, diez por cada posición.

“Esta es una discusión muy profunda, cada uno tiene su convicción y todos representan a sus provincias y son senadores y senadoras que tienen muy estudiado el tema”, introdujo Mayans, uno de los detractores más firmes del aborto legal.

“Yo escuché a los ministros y a la secretaria Legal y Técnica. Obviamente no compartimos ninguno de los argumentos que han dado. Para mi han sido argumentos no válidos”, lanzó el formoseño, al insistir en que “el derecho a la vida es desde la concepción”.

El senador siguió: “No estamos conformes con la presentación de la ley, no estamos conformes con las explicaciones que ha dado el ministro, no estamos conformes con las explicaciones de la secretaria legal y técnica, no estamos conformes con las explicaciones de la ministra”.

“Que quede bien claro: no es que nosotros venimos a aceptar acá… los escuchamos, vamos a escuchar a los expositores, y después vamos a sacar las conclusiones de lo que ha dicho cada uno”, aclaró Mayans, y advirtió que “en Diputados hubo que hacer correcciones urgentes porque sino la ley no podía tener el resultado que tuvo”.

Otra senadora “celeste”, la radical María Belén Tapia, pidió que, a diferencia del formato adoptado en la Cámara baja, las preguntas de los senadores se puedan formular “a viva voz” sin mediar el sistema virtual. Durango ratificó que, en efecto, esa era su intención.

Pero luego reavivó la polémica la neuquina Silvia Sapag (Frente de Todos). “Estoy viendo que los que no están a favor de la ley quieren entorpecer que sea tratada este año…”, arrancó, pero Mayans no la dejó terminar: “No tratamos eso, no queremos entorpecer nada. No puede decir eso. ¿Cómo vamos a estar entorpeciendo?”.

Sapag continuó: “Yo no participé en 2018 porque no era legisladora, pero todos sabemos de qué se trata. La mayoría tiene posición tomada. No vamos a convencer a nadie trayendo cada vez más expositores”. Y finalmente pidió bajar la cantidad de expositores a cinco por cada sector.

La puntana Eugenia Catalfamo, también a favor del aborto legal, coincidió con Sapag en la necesidad de “bajar el número a la menor cantidad posible”. “Quienes no formaban parte de esta Cámara en 2018 seguramente alguna posición habrán tenido. La discusión está saldada no solo entre los legisladores sino también en las calles”, aseguró.

Con ánimo de poner paños fríos, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, dijo tener “confianza” en los presidentes de las comisiones -Durango por la Banca de la Mujer, Mario Fiad por Salud y Oscar Parrilli por Justicia y Asuntos Penales- a la hora de definir la modalidad de trabajo.

Pero Mayans volvió a la carga. “Recibimos la información el viernes a la noche y el lunes estamos acordando la metodología de trabajo. En un tema tan profundo como este, hay tanta gente que quiere participar… obviamente vamos a hacer una reducción, pero esto es un tratamiento exprés”.

Sin nombrarla, criticó la propuesta de Sapag, al sostener que “sugerir cinco personas entre mil propuestas que vienen es un exceso”.

“Ya sabemos que cada uno tiene su visión del tema y que quieren un tratamiento exprés, pero sino hubiésemos ido directamente al recinto a tratarlo sobre tablas…”, ironizó, y concluyó que “el propósito de esto es que el pueblo argentino sepa de qué se trata, escuchar a los ministros y a otros sectores de la sociedad”.

Luego pidió la palabra la tucumana Beatriz Mirkin, del mismo bloque, para cuestionar a Mayans. “Me llama la atención la expresión de ‘debate exprés’. Es una expresión que normalmente utiliza la oposición. No es esta la situación”, afirmó, y manifestó: “Si quieren sesionar sábado y domingo, no tengo ningún inconveniente, pero hay que poner un límite adecuado”.

Hacia el final de la reunión, Fiad propuso que los expositores sean 20 este martes, 30 el miércoles -ambos días divididos en turno mañana y tarde- y 10 el jueves por la mañana, para dar lugar al debate entre senadores por la tarde. Durango se comprometió a evaluar ese esquema.

Al defender la iniciativa de aborto legal en el Senado, el ministro de Salud, Ginés González García, sostuvo que el proyecto “no está hecho en contra de nadie, sino a favor de un grupo social que está sufriendo en Argentina”.

“El proyecto para mí gusto es un proyecto que ha tenido en cuenta la experiencia mundial”, dijo el funcionario, y destacó que a su parecer es “extraordinario” porque “baja la mortalidad materna, baja la morbilidad materna y aumenta la vida de las mujeres”.

Al igual que en su exposición en la Cámara de Diputados, el titular de la cartera de Salud habló de los “ejes” de “prevención, justicia social y salud pública”. Defendió que hay “evidencia mundial de países” que hace “muchos años” tienen ley de aborto y han registrado un “efecto inmediato sobre la mortalidad materna, la morbilidad y los ingresos hospitalarios como consecuencia de abortos inseguros”.

González García recordó que en el año 2002 se sancionó la Ley 25.673, de Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y “en aquellos años el debate fue parecido”.

“Estamos intentando hace muchos años disminuir los embarazos no deseados”, señaló y mencionó la implementación de distintos programas que hay al respecto. Sin embargo, “el 80% de los embarazos en adolescentes son embarazos no intencionales”.

“En el día de hoy están sucediendo mil abortos en Argentina y 100 internaciones solo en los hospitales públicos, producto de complicaciones en aborto”, aseguró y diferenció que “esto sucede, pero no sucede igual en todas: hoy una mujer argentina que tiene educación, tiene dinero, estructura, sistema, familia, en realidad en gran parte está accediendo a una innovación tecnológica, que es una droga, un medicamento”.

En ese sentido, el ministro afirmó que “si una mujer tiene hoy entre 6.800 pesos y 10 mil pesos” puede “acceder al misoprostol y es ambulatorio, con alguna consejería de un médico”. Mientras que “hay otro sector social, que son las vulnerables, y si bien la ley es para todas, tiene que ver específicamente con mejorar desde un aspecto de equidad”.

Entonces, el funcionario defendió que la ley apunta a quienes “no tienen ni el dinero, ni la educación, ni la consejería, ni la familia, ni el entorno”.

“Tenemos una responsabilidad histórica de asegurar que en nuestro país nunca más una mujer muera por un aborto clandestino”, aseguró este lunes la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, al participar del inicio del debate en el Senado.

Gómez Alcorta expuso sobre el proyecto del Poder Ejecutivo acompañada por el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, quienes también se habían presentado en la Cámara de Diputados.

“No tenemos dudas que el proyecto se encuadra en las previsiones de la Constitución Nacional y los pactos internacionales de Derechos Humanos, y es acorde a toda la jurisprudencia internacional”, garantizó.

La funcionaria enfatizó: “Estamos convencidos de que el proyecto viene a dar una respuesta concreta a un problema de salud concreto. Lo que no podemos seguir haciendo es mirar para otro lado”.

Gómez Alcorta sostuvo que “existen sobradas evidencias de que la legalización disminuye la mortalidad materna y también disminuyen los abortos”, y añadió: “Existe un círculo virtuoso una vez que están legalizados los abortos en términos de mayor acceso a la información y a la anticoncepción”.

Además, explicó que “la legalización no implica una saturación para el sistema de salud, sino un ahorro en términos de costos para el Estado”.

Por otra parte, explicó que “en materia punitiva es un proyecto mixto, legalizando la práctica” hasta la semana 14 “y penalizándola después con ciertas excepciones basadas en el sistema de causales” establecidas desde 1.921 en el Código Penal: violación o riesgo para la vida o la salud de la mujer.

La funcionaria agregó que se mantiene la penalización para quien causa el aborto, de tres a diez años de prisión si el profesional obra sin el consentimiento, y elevando esa pena a 15 años cuando el hecho es seguido de muerte.

Si el médico obra con consentimiento -después de la semana 14 y sin existencia de las causales-, la pena será de tres meses a un año, puntualizó Gómez Alcorta.

Por otra parte, el proyecto “prohíbe obstruir, dilatar o negar injustificadamente la posibilidad de acceder a la práctica en los casos legalmente autorizados”, con pena de prisión de tres meses a un año si se verifican esas conductas.

Por último, para la mujer que lleva adelante su propio aborto o da el consentimiento para que otro lo haga, “se baja la escala punitiva”, que será de tres meses a un año de prisión, y además se mantiene que la tentativa de la mujer “no es punible”.

En cuanto a la objeción de conciencia, la ministra indicó que “se reconoce este derecho personal y constitucional a no llevar adelante la práctica cuando las convicciones entran en juego, siempre y cuando no esté en juego la vida o la salud de la persona gestante”.

Además, señaló que habrá un plazo de diez días desde el requerimiento de la interrupción del embarazo hasta su realización.

El debate del proyecto de aborto legal arrancó con polémica en el Senado, donde al comienzo del primer plenario, se planteó un contrapunto sobre el giro a comisiones que tuvo la iniciativa por parte de la presidenta del cuerpo, Cristina Kirchner.

El reclamo vino nada más y nada menos que desde el propio Frente de Todos, en la voz del catamarqueño Dalmacio Mera -que figura entre los “celestes”-, quien reveló que envió una nota a la Presidencia reclamando por “el hecho de que la cabecera sea la Banca de la Mujer” y “por la omisión” de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El senador señaló que desde hace “muchos años”, el feminismo ha luchado “para terminar con estereotipos de género y tantas conductas y ciertos patrones. Y, sumado a la realidad del tema que estamos tratando, tantos años mujeres han sido violentadas, muertas, se han tenido que ir de viaje más de un año para ocultar su embarazo, con una sociedad que le cargaba sobre los hombros y la espalda de la mujer toda la responsabilidad”.

En ese sentido, Mera señaló que los tratados internacionales hablan de la “no discriminación e igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres” y que ambos tienen los “mismos derechos y responsabilidades como progenitores”.

Por eso, consideró que “el hecho de que la cabecera sea la Banca de la Mujer lo que hace es desresponsabilizar al varón de una situación tan delicada como la que estamos tratando y que tiene tantos años de lucha para que el varón se haga cargo como co-responsable de esta situación, más allá del voto final que tenga esto, salga como salga”.

El catamarqueño dijo entonces que “no” le parecía “un acierto” y “simbólicamente, un mensaje equivocado”. Pero además, el oficialista apuntó que hay “una omisión no pertinente” como es la de la Comisión de Asuntos Constitucionales -que él presidió en 2018 cuando el proyecto de IVE pasó por allí-, cuando el artículo 3 de la iniciativa “en su totalidad habla del marco constitucional”.

Recogió el guante su compañera de bloque, la santafesina María de los Ángeles Sacnun, quien disintió con Mera. “En la Banca de la Mujer, si bien la integramos absolutamente todas las senadoras, en muchas oportunidades hemos tenido la presencia de senadores varones”, defendió.

La oficialista aseguró que esa comisión tiene “una perspectiva de absolutamente todas las políticas de Estado”, aunque admitió que en un futuro sería necesario “una reforma del reglamento, donde le demos no solamente otro nombre sino también otra composición”.

Sacnun calificó de “sumamente acertado que la Presidencia le haya dado la cabecera a la Banca de la Mujer” y, como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, agregó: “La perspectiva constitucional de los proyectos a los que le vamos a dar tratamiento va a estar inserta en el dictamen”.

Por su parte, el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales respaldó que “ha sido acertada la decisión”, porque “obviamente (la Banca de la Mujer) tiene mucho que ver con este tema que estamos tratando”. “Lo más importante no es en definitiva quién es cabecera o quién no es cabecera, porque todos los senadores vamos a participar”, señaló.

El kirchnerista, a favor del proyecto al igual que Sacnun, opinó además que “si una comisión es cabecera o si participa o no participa, no va a tener influencia en el resultado general, ni en el debate”.

Finalmente, antes de dar paso a la presentación de los funcionarios, el presidente de la Comisión de Salud, el radical Mario Fiad, remarcó: “Estamos reeditando un debate sobre un tema de enorme complejidad. La calle, la gente nos está mostrando que aquí no hay una sola mirada, que son múltiples y diversas las miradas y tenemos la responsabilidad de abordar este tema privilegiando el debate, los intercambios de opinión y no el apuro por sacar una ley”.

El jujeño, que se opone a la iniciativa, subrayó que “quienes están de acuerdo con la media sanción ponen siempre el argumento de la salud pública”. “Escuchamos que se dice que tiene que aprobarse el proyecto porque la salud es un derecho humano fundamental. Y comparto, la salud es un derecho humano fundamental, por supuesto. Pero la vida también es el principal derecho humano fundamental”, continuó.

Por ello, se quejó que “los giros de este proyecto nos muestran que la salud pública no es la primera de las razones por las cuales ponen en valor a esta media sanción”. En ese sentido, reclamó que Salud “debería haber sido la presidencia de cabecera como lo fue en 2018, y aquí somos tercer giro”.

“Los insto a un debate respetuoso, fundamentalmente permitiéndonos escuchar, y no pensando que termine rápido el expositor para pasar al próximo tema”, recomendó y completó: “Hay muchos derechos comprometidos, escuchémonos de verdad con apertura, buena predisposición, démonos el tiempo suficiente en la responsabilidad que tenemos como senadores”.

Más tarde, la tucumana radical Silvia Elías de Pérez, acérrima opositora al proyecto, aseveró que “no se trata de poner la comisión donde veamos que tenemos los números para dictaminar y en los tiempos que quieran”.

Por el contrario, la oficialista Beatriz Mirkin, también senadora por Tucumán pero a favor de la legalización del aborto, dijo estar “sumamente agradecida que la cabecera de este debate de comisiones esté en cabeza de la Banca de la Mujer”.

“La vez pasada dejaron a las mujeres sin participación en el debate, cuando somos las mujeres, todas las mujeres del Senado, las que participamos, aunque algunas no participen casi nunca, entonces plantean que lo llevemos a muchas comisiones para que (la ley) no salga nunca”, añadió.

En 2018, cuando el proyecto fue rechazado, fue girado a las comisiones de Salud, como cabecera; a Justicia y Asuntos Penales y a Asuntos Constitucionales. La exvicepresidenta Gabriela Michetti había incluido a Presupuesto y Hacienda, pero tras polémica y reclamos, se terminó eliminando ese giro.

Autora de buena parte del texto del proyecto que se debate en el Congreso sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, expuso este lunes en el inicio del tratamiento del aborto en el Senado, haciendo una presentación legal no solo de ese proyecto, sino también el de los Mil Días.

Sobre ese tema habló al principio, calificándolo como “un proyecto muy robusto, muy consistente, que marca que el Estado quiere estar cerca porque valora y considera importante los proyectos de maternidad”, puntualizó, recordando que muchas veces las circunstancias de extrema pobreza generan momentos difíciles. El Estado quiere acompañar esas paternidades y por eso se presenta este proyecto de Mil Días, que incorpora una serie de beneficios, como una nueva asignación, la identificación temprana de niños y niñas recién nacidos.

Asimismo recordó que el proyecto en cuestión tuvo una aprobación “unánime” en Diputados, y remarcó que “marca una idea de plantear cuál es la mirada del Poder Ejecutivo respecto a este tema”.

Al pasar al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Vilma Ibarra recordó que esa fue una promesa que se hizo en la campaña electoral, por lo tanto los que votaron a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner sabían que “esta era una propuesta que se planteaba y que se iba a presentar, y fue un trabajo que se hizo por indicación del presidente de la Nación, en el marco de una comisión interministerial integrada por el Ministerio de Salud y el de Mujeres, Géneros y Diversidad, y yo coordinando el equipo”.

¿Cuál es la idea? “Nosotros pensamos que tenemos que hacernos cargo como sociedad desde el Estado de un gravísimo problema que afecta a las mujeres, que es el aborto clandestino. Presentamos el proyecto con la convicción de que solo no alcanza. Quiere evitar muertes evitables, abortar es un problema de salud pública; disminuir los embarazos no intencionales, la cantidad de abortos y prevención de violencias y abusos, sobre todo en niñas y adolescentes. Tiene que ser una política de Estado, que es absolutamente necesaria para reforzar estas políticas”, señaló la funcionaria.

Agregó Ibarra que “todo este conjunto de medidas tiene que llevar a disminuir los embarazos no intencionales y los abortos, que hoy se acercan a cifras muy preocupantes que nos interpelan”.

Recordó a continuación que la amenaza punitiva planteada desde el siglo XIX “ha fracasado como  política; primero porque no ha servido para disuadir los abortos; lo que ha sucedido es que las mujeres acuden a los abortos clandestinos. Para muchísimas mujeres, la maternidad forzada no es una opción, y yo no me siento capaz de juzgarlo”.

“Para esas mujeres que a veces están solas, angustiadas, jovencitas, niñas que ni siquiera advierten su situación de embarazo, se empieza a extender el embarazo, poniendo en riesgo su salud”, apuntó la secretaria de Legal y Técnica. Y agregó: “Sucede en la Argentina y a esas mujeres, el Estado hoy propone procesos penales, cárcel, riesgo de vida y de su salud. Queremos tratarlas con dignidad”.

Vilma Ibarra explicó que la interrupción voluntaria del embarazo se implementará a través de “métodos seguros no quirúrgicos ambulatorios, a través de fármacos”, además de suministrárseles información sobre salud reproductiva y salud sexual. “Esto nos permitiría disminuir el número de embarazos no deseados y el número de abortos”, precisó.

Ibarra recordó entonces que ella trabajó mucho tiempo sobre el proyecto de matrimonio igualitario, y en esos días decía que era un proyecto al que mucha gente estaba esperando que se sancionara para comenzar a ejercer esos derechos. En el caso de esta ley, en cambio, “se espera no porque alguna mujer esté esperando embarazarse para luego abortar. Las mujeres no nos embarazamos para abortar”.

Señaló luego que “la clandestinidad genera también un negocio del aborto clandestino y todo esto creemos que ha llegado el momento que el Estado se haga cargo”, y agregó que el aborto legal existe en España, Francia, Italia, Suecia, Alemania, Canadá, Brasil, Uruguay y en muchísimos otros países. “Todos han tenido este debate”, admitió.

Concluyó su exposición señalando que “si este proyecto de ley se aprueba, nosotros no vamos a violentar las ideas, ni las creencias de nadie. Este proyecto no violenta las creencias de nadie, cualquier persona va a poder seguir viviendo según sus creencias, y va a poder seguir tomando sus decisiones según sus creencias. Sin embargo algo habrá cambiado: vamos a tener menos infecciones a causa de abortos clandestinos; menos perforaciones intrauterinas; menos sufrimiento de mujeres; menos afectaciones a la salud y menos muertes evitables. Nuestro objetivo es que haya menos embarazos no intencionales, que haya menos abortos, y lo vamos a conseguir con políticas sustantivas. Queremos más derechos reproductivos, más embarazos deseados, más salud, más familia y más vida”.

El senador Juan Carlos Marino (UCR-La Pampa) anunciará en los próximos días si mantiene su voto en contra del aborto legal, o si cambia su postura y se inclina a favor, de cara a la sesión que se realizaría el martes 29 en la Cámara alta.

Marino mantuvo este lunes, en Santa Rosa, una reunión con integrantes del colectivo feminista de su provincia que están a favor de la ley, y luego hará lo propio con representantes del sector “celeste”, para finalmente anunciar su voto antes de la sesión.

“No voy a esperar hasta último momento”, dijo Marino a Radio Textual de La Pampa, y comentó: “Estamos haciendo lo mismo que la otra vez: consultar, hablar con todos los que pueda. Cuanto más amplio sea el espectro que uno puede bucear, mejor. Son leyes que no son menores, que dividen la sociedad al medio”.

“No soy celeste ni verde. Aplico el sentido común, consulto, tengo una hija que es pañuelo verde y la otra más grande no tiene posición. Pero no me voy a guiar por lo que dice mi familia, me tengo que guiar por todo. Soy un hombre católico, creo en Dios, no soy militante. Tengo respeto por muchos curas y odio por otros, como los pedófilos”, aseveró.

Finalmente, el radical manifestó: “Trataré de poner todo en la balanza y de no equivocarme”.

El proyecto de despenalización y legalización del aborto se aprobó el 11 de diciembre en la Cámara de Diputados. A continuación, los puntos principales:

• Tiene por objeto “regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible”.

• Las mujeres y personas gestantes podrán interrumpir su embarazo hasta la semana catorce (inclusive) de gestación. Fuera de ese plazo, el aborto se podrá practicar en dos supuestos: si el embarazo es producto de una violación; o si está en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

• En caso de violación, las personas gestantes a partir de los 13 años de edad deberán presentar una declaración jurada ante el personal de salud.

• El plazo máximo para realizar el aborto desde que la persona gestante lo solicita es de diez días corridos. Una vez que se realiza el requerimiento, los establecimientos sanitarios deberán poner a disposición de la persona toda la información necesaria, así como la atención y el acompañamiento a lo largo de todo el proceso.

• Previo a la realización del aborto, la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento informado, por sí sola, a partir de los 16 años de edad. Para los casos de menores de 16 años, el proyecto se remite al artículo 26 del Código Civil y Comercial, que señala que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales” pero “cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico”, y agrega que “en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada”.

• El personal de salud debe garantizar, como mínimo, las siguientes condiciones: trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información y estándares de calidad.

• El profesional que deba intervenir “de manera directa” en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Si se opone a realizar la práctica, tendrá que derivar a la paciente para que sea atendida por otro profesional, “sin dilaciones”. De todos modos, el profesional no podrá negarse a interrumpir el embarazo si la vida o las salud de la persona gestante está en peligro y requiere una “atención inmediata e impostergable”. No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria posterior al aborto.

• En el debate en comisiones se incorporó un artículo vinculado a las obligaciones que tendrán los establecimientos de salud donde todos los profesionales sean objetores de conciencia. Según el agregado, “aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó”. Se aclara que “en todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica” y que “las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación”.

• El sector público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. Estas prestaciones quedarán incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

• Se establece que el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios “tienen la responsabilidad de implementar la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población”.

• El Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales deberán implementar capacitaciones para el personal de salud a fin de cumplir con la ley.

Modificaciones al Código Penal

• En el artículo 85 se mantiene la pena de tres a diez años de prisión para quien provoque un aborto sin consentimiento. Esta pena podrá ser de hasta 15 años si causa la muerte de la persona gestante.

• Si el profesional obra con consentimiento y el aborto se produce después de la semana catorce y sin que existan los supuestos previstos (violación o peligro para la mujer), la pena será de tres meses a un año -actualmente es de uno a cuatro años-.

• A su vez, se establecen penas de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para quienes dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a practicar el aborto en los casos autorizados. Esto abarca tanto a los médicos como a las autoridades del establecimiento de salud.

• En el punto medular del proyecto, se modifica el artículo 86 del Código autorizando el aborto voluntario hasta la semana catorce.

• En el artículo 87 se aumenta el máximo de la pena para quienes “con violencia” causen un aborto -sin haber tenido ese propósito- a una persona con un embarazo “notorio”. La nueva pena será de seis meses a tres años -actualmente son seis meses a dos años-.

• Por último, en el artículo 88 se reprime con prisión de tres meses a un año a la persona gestante que cause su propio aborto o consienta que otro se lo provoque, por fuera de las causales habilitadas. Actualmente, esa pena es de uno a cuatro años, es decir que ahora se reduce y será excarcelable. Se indica además que “podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta”, y se mantiene, como hasta hoy, que “la tentativa de la persona gestante no es punible”.

Tal cual se preveía, comienza este mismo lunes la discusión del proyecto de ley en revisión de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, tal la denominación de la iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados y que buscarán convertir en el Senado.

Con la mira puesta en el 29 de diciembre, fecha prevista para el tratamiento en el recinto del proyecto, el plenario de las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales y de Salud arrancará este lunes a partir de las 14 la discusión del tema.

Será en la modalidad de videoconferencia, con la presencia de los ministros de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y de Salud de la Nación, Ginés González García, como así también estará -igual que sucedió durante el debate en comisiones de Diputados- la secretaria Legal y Técnica de Presidencia de la Nación, Vilma Ibarra, autora en líneas generales del texto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento.

El proyecto, aprobado el viernes en horas de la mañana en la Cámara baja por 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones, será analizado a lo largo de toda la semana por esas comisiones del Senado, estimándose que probablemente se le dé dictamen el jueves que viene. De todos modos la iniciativa no llegará al recinto la semana venidera, en vísperas de Navidad, sino que se dejará pasar esa celebración con el fin de tratarla, sí, antes del feriado de fin de año.

No se dispuso aún el trámite para el otro proyecto de ley aprobado el viernes, el del Programa de los Mil Días, que prevé la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Todavía no ha sido girado a las comisiones correspondientes -se descuenta que serán Salud y Presupuesto y Hacienda-, pero no se descarta que el tratamiento del proyecto que prevé una inversión social de 5.089 millones de pesos quede supeditado a la aprobación o no de la interrupción voluntaria del embarazo. En caso de conseguirse ese objetivo en el Senado, sería incluido en ese caso en extraordinarias para su tratamiento posterior.

Imponer ciertos temas en la agenda mediática, a la fuerza, resulta más que conveniente como cortina de humo cuando no se está cumpliendo con el mandato que se tiene para gobernar. En el caso de Alberto Fernández, recomponer la economía. Todavía mejor, si esos temas despiertan fuertes pasiones y tocan fibras sensibles de la ciudadanía.

¿Quién va a pensar en la recesión económica que no se detiene, en los dolorosos datos de pobreza infantil recientemente publicados, si se está hablando sobre el aborto en el Congreso?

Mientras tanto, el Senado de la Nación votó un zarpazo a los bolsillos de todos los jubilados y le quitaron recursos a la Ciudad de Buenos Aires.

Hay grandes desigualdades que este gobierno ha decidido no ver, inequidades estructurales y profundas.

Esta discusión es oportunista.

Siempre estuve convencido de la necesidad de afrontar una transformación cultural profunda, de un cambio de paradigma para todos. No obstante, creo que todo se queda en palabrerío insensato y en intenciones inútiles, si no se trabaja desde un Estado inteligente, que actúe eficaz y eficientemente, que no se quede en los discursos huecos, pero llenos de sensiblería; políticamente correctos, pero vacíos de acciones concretas a la hora de combatir el abuso y el delito, en todas sus formas.

Cuando llegué al gobierno de Mendoza, en 2015, no había ni un solo albergue para mujeres víctimas de violencia de género. En 2019, ya teníamos 11 financiados por el Estado provincial.

Durante mi gestión como gobernador redujimos drásticamente el número de embarazos adolescentes. Y lo logramos con la misma inversión en salud, administrando mejor los recursos del Estado. Con políticas de promoción y prevención de salud sexual y reproductiva, con la decisión política de nuestro gobierno de crear un “Plan de cuidado integral de la mujer”. Así, la tasa de embarazo adolescente se redujo a niveles históricos en la provincia, alcanzando el 12% en 2017. Hechos, no relato.

En este debate entran en juego muchos factores más allá de las opiniones personales. Mi parecer sobre el tema no es lo que cuenta aquí. Todos tendremos, desde nuestra esfera íntima, opiniones más o menos formadas acerca de esto. Tiene que ver con nuestras creencias religiosas, con nuestras experiencias personales o familiares, con la realidad social que nos atraviesa, entre otros motivos. Creo que es respetable que cada quien tenga libertad de consciencia y pueda expresarse si así lo desea. Estamos en democracia, tenemos derecho a militar nuestras ideas.

Nuestro partido, desde que se abrió la posibilidad de debatir sobre la legalización del aborto en el Congreso, dio la libertad absoluta a quienes pertenecemos a él para tener una postura u otra, o no, y hacerla pública.

Creo que esta discusión debe ser tratada con una participación de la sociedad mucho más amplia. Eso se logrará, desde mi punto de vista, con la realización de una consulta popular, a partir de la cual cada ciudadano pueda expresar su opinión.

En Irlanda, por ejemplo, se realizaron dos referéndums para la legalización del aborto. El primero, en 1983, resultó negativo. Unos años después, en 2018, los ciudadanos irlandeses votaron a favor de legalizarlo. Este es un ejemplo de madurez y eso es lo que necesitamos, no una bomba de humo para ocultar los problemas. Nos urge una muestra de sensatez a la hora de tomar decisiones.

Ante el rechazo del oficialismo a esta propuesta, como presidente de la UCR y teniendo en cuenta que la mayoría de los diputados y diputadas nacionales de mi partido han votado a favor de la ley, en tanto, la mayoría de los senadores y senadoras nacionales lo harán en contra, debo estar más posicionado en el lugar de escuchar que en el de hablar, en garantizar que todos los representantes de la UCR puedan expresar sus posiciones a favor o en contra con absoluta libertad. Por ello me abstuve en la votación de hoy.

La votación del proyecto de legalización del aborto en la Cámara de Diputados, que recibió 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones, fue dividida entre los representantes de las distintas provincias.

Según un punteo realizado por parlamentario.com, los diputados por la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe votaron positivamente la iniciativa en su mayoría. Por el contrario, en otro distrito que está entre los que más bancas tiene, como es Córdoba, predominaron los votos negativos.

Todos los legisladores de Río Negro acompañaron el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, mientras que todos los diputados de Formosa se opusieron.

Hubo, también, seis provincias en las que el proyecto cosechó un solo voto a favor: Chaco, Corrientes, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero.

Buenos Aires (70 bancas)
50 votos a favor, 17 en contra, 1 abstención, 1 ausente (José Ignacio De Mendiguren, de licencia)*

Catamarca (5 bancas)
2 votos a favor, 3 en contra

Chaco (7 bancas)
1 voto a favor, 6 en contra

Chubut (5 bancas)
3 votos a favor, 2 en contra

Ciudad de Buenos Aires (25 bancas)
15 votos a favor, 8 en contra, 2 abstenciones

Córdoba (18 bancas)
5 a favor, 13 en contra

Corrientes (7 bancas)
1 voto a favor, 6 en contra

Entre Ríos (9 bancas)
6 a favor, 3 en contra

Formosa (5 bancas)
5 votos en contra

Jujuy (6 bancas)
2 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención

La Pampa (5 bancas)
3 votos a favor, 2 en contra

La Rioja (5 bancas)
1 a favor, 4 en contra

Mendoza (10 bancas)
4 a favor, 5 en contra, 1 abstención

Misiones (7 bancas)
2 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención

Neuquén (5 bancas)
2 votos a favor, 3 en contra

Río Negro (5 bancas)
5 votos a favor

Salta (7 bancas)
3 votos a favor, 4 en contra

San Juan (6 bancas)
1 voto a favor, 4 en contra y 1 ausente (Eduardo Cáceres, de licencia)

San Luis (5 bancas)
3 votos a favor, 2 en contra

Santa Cruz (5 bancas)
3 votos a favor, 2 en contra

Santa Fe (19 bancas)
11 votos a favor, 8 en contra

Santiago del Estero (7 bancas)
1 voto a favor, 6 en contra

Tierra del Fuego (5 bancas)
3 votos a favor, 2 en contra

Tucumán (9 votos)
4 votos a favor, 5 en contra

*No se incluyó a Sergio Massa, presidente de la Cámara, que no vota.

En una sesión que no estuvo particularmente caracterizada por los cruces, más allá de las posiciones muy enfáticas marcadas por las partes, pasadas las 7.15 se dio un intercambio entre el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, y el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, referido a la cantidad de gente presente en los palcos.

“Presidente, para hacer esta sesión hicimos un gran esfuerzo todos. Y habíamos planteado una burbuja… Para aprobar invitaciones para este lugar en especial, no importa el resultado, creo que lo que habíamos aceptado era que vengan funcionarios que habían trabajado. No invitaciones en general… Me parece que rompió la burbuja, me parece que no tiene sentido todo lo que vinimos haciendo esta semana”, se quejó en tono pausado pero firme el legislador opositor, que tiene buena relación con Massa.

Y agregó: “Lo lamento mucho por no haberlo tratado en Labor Parlamentaria, y usted incumplió con la palabra. Discúlpeme presidente, con la confianza y el cariño que le tengo, hoy rompió la palabra. Esto no se hace”.

Massa le contestó que la diputada de su bloque Carmen Polledo había recibido la notificación de que “tenía la misma cantidad (de invitaciones) y la misma posibilidad, y dijo que no”. “¡Y dijo que no! -ratificó Ritondo-. Presidente, le dijimos que no… Lo habíamos tratado en Labor, presidente, la regla es para todos. Presidente, con el cariño que le tengo, esto es fallar a la palabra”.

El presidente de la Cámara insistió mientras tanto en señalar que todos tenían “la misma cantidad”. Y concluyó: “Todos tienen PCR hecho y están a disposición por secretaría”.

Minutos después de que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto de ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la senadora y presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, confirmó que el Senado prevé debatir la iniciativa el 29 de diciembre. “Queremos que la ley salga este año, es lo que nos ha pedido el presidente”, explicó.

Asimismo, aseguró que está “muy contenta con los votos que se consiguieron en diputados y trabajando a full en el Senado” y consideró que el aborto legal podría ser aprobado en la Cámara alta: “creo que vamos a lograr la sanción en el Senado, esta vez tenemos posibilidades, sino sería un retraso”.

Sobre esa misma línea, la oficialista afirmó -en diálogo con El Destape Radio– que “esto no es un problema de creencias, es un problema de salud pública” e insistió en que “no se puede criminalizar más el aborto”.  Al mismo tiempo que remarcó que “esta ley no obliga ni recomienda a nadie a abortar, si no hay ley vamos a contribuir a la clandestinidad y a un gran negocio. La ley habilita un derecho que tenemos las mujeres, a una práctica segura”.

A su vez, la pampeana manifestó que “respetamos todas las posiciones, pero les decimos que a los que están indecisos que tenemos que tener esta ley” y advirtió que “los abortos peligrosos son los clandestinos, las personas que decidan no abortar van a tener también la protección de Los Mil Días de parte del Estado”.

Sobre esa misma línea, informó que “el proyecto entrará el lunes al Senado pero no sé si el proyecto va a pasar por la Banca de la Mujer, porque necesita muchas mujeres para el quórum; entiendo que va a ir a las comisiones de Justicia y Salud” y adelantó que “en el Senado va a ser más corto que en Diputados el análisis del proyecto de ley”.

“Los abortos suceden más allá de la sanción de la ley, entonces legalicémoslo; si esta ley no sale vamos a sostener el aborto clandestino donde todos los días se muere una mujer”, añadió y concluyó señalando que “una tiene derecho de planificar su vida, y eso también implica cuando quiere ser madre. Ojalá el 29 podamos levantar la copa esperando el año nuevo y decir que en Argentina también tenemos ley”.

Por Melisa Jofré

Con el impulso dado por el presidente Alberto Fernández, sumado al envío del proyecto por parte del mismo Poder Ejecutivo, la iniciativa de aborto legal cosechó la mayor cantidad de votos desde el bloque Frente de Todos.

Bien se sabe que, sin embargo, el tema es transversal a todos los espacios políticos y, por supuesto, hubo legisladores oficialistas que rechazaron la media sanción. Pero es cierto también que con la renovación parlamentaria del año pasado se incrementó la cantidad de diputados “verdes”.

En la votación de este viernes, el Frente de Todos, con un total de 119 integrantes, aportó 82 votos positivos de los 131 que reunió en total el proyecto. En tanto, fueron 32 los votos negativos, entre ellos los del porteño Eduardo Valdés y el chaqueño Aldo Leiva, quienes aclararon que votaban a favor de los artículos referidos a la despenalización.

Por otra parte, hubo 3 diputados oficialistas que se abstuvieron: el misionero Héctor “Cacho” Bárbaro; el jujeño Julio Ferreyra, quien reveló haber recibido amenazas contra su hija; y la bonaerense Romina Uhrig. El único que figuró ausente fue José Ignacio De Mendiguren -de licencia-.

El bloque que más votos negativos aportó fue el Pro: 40 diputados del bloque conducido por Cristian Ritondo -en contra- rechazaron la iniciativa, mientras que sólo 11 la acompañaron. La única abstención fue del porteño José Luis Patiño, quien reemplazó el año pasado a Elisa Carrió.

En el caso de la Unión Cívica Radical, la balanza fue un poco más pareja, ya que 27 miembros de esa bancada apoyaron la media sanción, y unos 18 se opusieron. Es decir, la diferencia fue de 9 legisladores. También hubo una abstención en este bloque, fue la del radical Alfredo Cornejo.

Tras la aprobación, el exgobernador de Mendoza y titular de la UCR Nacional difundió un comunicado en el que argumentó que “esta discusión es oportunista” y dijo que “imponer ciertos temas en la agenda mediática, a la fuerza, resulta más que conveniente como cortina de humo cuando no se está cumpliendo con el mandato que se tiene para gobernar”.

“Creo que esta discusión debe ser tratada con una participación de la sociedad mucho más amplia. Eso se logrará, desde mi punto de vista, con la realización de una consulta popular, a partir de la cual cada ciudadano pueda expresar su opinión”, expresó.

También reinó el rechazo en el bloque de la Coalición Cívica, dentro el cual 4 diputados votaron a favor y 9 en contra. Además, la porteña Mariana Zuvic, que llegó a la sesión sin revelar su voto, optó por la abstención.

De esta manera, de los 115 miembros del interbloque Juntos por el Cambio, 69 se expresaron en contra, 42 a favor, hubo tres abstenciones y una sola ausencia, de Eduardo Cáceres (Pro), a quien se le aprobó la licencia cuando comenzó la sesión el jueves. Días atrás, el sanjuanino fue denunciado por violencia de género por su expareja.

En el caso del Interbloque Federal, sólo 3 de los 11 miembros votaron positivamente el proyecto, entre ellos el titular de la bancada, Eduardo “Bali” Bucca. De los otros 8 miembros que lo hicieron negativamente, la diputada Graciela Camaño fue la encargada de protagonizar el tramo final de los discursos con un fuerte mensaje en contra.

Por el lado del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, sólo 2 acompañaron la iniciativa: el rionegrino Luis Di Giacomo y la misionera Flavia Morales, que cambió su voto respecto a 2018, cuando fue el primer debate. Los restantes 4 miembros, incluido el titular del interbloque, José Luis Ramón, rechazaron la propuesta.

A favor también registraron su voto los diputados del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano, quien asumió horas antes en reemplazo de Romina Del Plá.

En contra completan la lista el riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Antonio Carambia (Acción Federal); la tucumana Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) y la neuquina Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino).

Era cerca de las 4.30 de la madrugada cuando un diputado por Jujuy, Daniel Ferreyra (Frente de Todos) reveló su decisión de abstenerse en la votación del aborto legal a causa de “amenazas” que llegaron hasta “la puerta de la casa de su hija”. “No voy a votar libremente”, confesó.

“No es un buen día para mi. Lamentablemente, si bien vivimos en democracia, parece que no todos entienden lo que significa la palabra democracia, que es el respeto por el otro. El que piensa diferente no es un enemigo, simplemente piensa diferente”, arrancó.

Y siguió: “Yo estoy recibiendo todo tipo de amenazas. En lo personal no me preocupa, pero las amenazas han llegado hasta la casa de mi hija en la mañana de hoy”.

“No me arrepiento de lo que dije. Esta mañana en un reportaje dije que no se podía ser demasiado duro, a pesar de estar a favor de la vida, con aquellas mujeres que por diversas circunstancias se ven obligadas a tener que recurrir a un aborto. Hablé de esas mujeres que tienen hijos, que tienen maridos borrachos que les pegan, las violan y las embarazan, y que no les queda mucha alternativa y tienen que recurrir a un aborto”, comentó Ferreyra.

Luego afirmó: “He sido siempre absolutamente respetuoso de las mujeres y no voy a cambiar. Siempre evité faltarle el respeto a las mujeres”.

El diputado destacó que “el Gobierno ha tenido hoy el coraje de sacar de debajo de la alfombra este proyecto y mandarlo para el debate”, y reconoció que en ese contexto “hubiera sido lindo estar liberado de las presiones para poder opinar libremente”.

Sostuvo entonces que “el derecho a la vida no lo podemos negar. Hay vida a partir de la concepción, y eso es indiscutible. Pero en la semana en que nos pasamos hablando con personas idóneas, hubo abogados que hablaron a favor y en contra de la ley, especialistas de un lado y del otro. O sea, este es un tema donde la controversia no se puede evitar”.

Sin nombrarla, dijo que “una periodista cotizada no tuvo mejor idea que decir que vendí mi voto para votar a favor de la ley. No sé si ella alguna vez vendió algo por plata. A mi en la vida y en muchos años nunca me pudieron comprar”.

Finalmente, y en un clima de preocupación, anunció: “No voy a votar libremente. A la hora de votar me voy a abstener. Les pido disculpas”.

Por Carolina Ramos

Entre las sorpresas que dejó la votación del aborto legal en la mañana de este viernes, cinco diputadas y un diputado que en 2018 se habían pronunciado de una manera, en esta oportunidad lo hicieron de otra. Algunos fundamentaron su cambio de postura en el debate y otros, simplemente, se llamaron a silencio.

¿Quiénes pasaron de “verdes” a “celestes”? Fueron en total tres mujeres y un hombre: Sofía Brambilla (Pro-Corrientes), Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz), Aída Ayala (UCR-Chaco) y Héctor “Tito” Stefani (Pro-Tierra del Fuego).

A diferencia de los casos de Brambilla y Ayala, quienes ya habían adelantado su decisión en los días previos a la sesión, llamó la atención el giro de Reyes, quien no participó del debate por una tragedia familiar reciente -sufrió la pérdida de uno de sus hijos- y tuvo que pedir autorización a la Cámara para poder votar.

Por su parte, el fueguino Stefani habló cerca de las 23.30. “¿Quién tiene la potestad de decidir cuándo empieza y cuándo termina la vida?”, se preguntó, y agregó: “El aborto es un tema que polariza a la sociedad. Los argentinos no aprendemos a trabajar entre antagónicos de manera complementaria”.

“Tratar este tema sin un debate profundo, en extraordinarias y en una sesión exprés, algo dice. No habla de seguir profundizando sobre el tema para encontrar una solución” para “salvar las dos vidas”, consideró.

A la inversa, hubo un solo voto negativo que se transformó en afirmativo, el de Flavia Morales (Frente de la Concordia-Misiones), ahora la única “verde” de su bloque, ya que sus pares Ricardo Wellbach y Diego Sartori se opusieron al proyecto.

“Desde la votación de 2018 he reflexionado, he analizado. La penalización no logra evitar que muchas mujeres realicen esta práctica, y más aún en la clandestinidad. En efecto, la intervención del Estado, en este momento, es fundamental”, aseguró Morales.

Y añadió: “No se trata de lo que yo piense, sino de lo que está pasando allá afuera, y estas prácticas clandestinas están ocurriendo aun en pandemia. He entendido que tenemos que optar entre la existencia de una regulación u optar por que las cosas sigan de la misma manera”.

Por último, Alejandra Vigo, de Córdoba Federal, pasó de ser la única abstención en 2018 a votar esta vez en contra, y si bien se expresó a favor de la despenalización, negó que el aborto sea un “derecho”.

“El aborto no es el ejercicio del derecho de la mujer sobre su cuerpo”, subrayó, y tras reiterar que “hacer libre el aborto en cualquier situación no es la respuesta”, concluyó: “Las mujeres ponemos el cuerpo y el alma, pero las palabras ‘aborto’ y ‘libertad’ no van bien en la misma frase”.

131 VOTOS A FAVOR

Frente de Todos (82 votos)

Hilda Clelia Aguirre, Juan Carlos Alderete, María Cristina Alvarez Rodríguez, Alicia Aparicio, Alejandro Bermejo, Claudia Bernazza, Lisandro Bormioli, Mara Brawer, Esteban Mateo Bogdanich, María Cristina Britez, Lía Verónica Caliva, Guillermo Carnaghi, Mabel Luisa Caparrós, Nilda Mabel Carrizo, Pablo Carro, Marcelo Pablo Casaretto, Gabriela Cerruti, Carlos Aníbal Cisneros, Marcos Cleri, Lucia Benigna Corpacci, Walter Correa, Ricardo Daniel Daives, Melina Aída Delú, Gabriela Beatriz Estévez, Federico Fagioli, Eduardo Fernández, Alcira Figueroa, Ana Carolina Gaillard, Lucas Javier Godoy, Josefina Victoria González, Pablo Gerardo González, Leonardo Grosso, Francisco Guevara, Ramiro Gutiérrez, Itaí Hagman, Carlos Salomón Heller, Estela Hernández, Santiago Nicolás Igón, Máximo Carlos Kirchner, Marcelo Koenig, Florencia Lampreabe, Susana Graciela Landriscini, Mario Leito, Jimena López, Dante Edgardo López Rodríguez, Mónica Macha, Germán Pedro Martínez, María Rosa Martínez, Gisela Marziotta, María Lucila Masin, María Carolina Moisés, Cecilia Moreau, Leopoldo Raúl Guido Moreau, Patricia Mounier, Juan Facundo Moyano, Alejandra del Huerto Obeid, Claudia Beatriz Ormachea, Blanca Inés Osuna, Paula Andrea Penacca, Hernán Pérez Araujo, Carlos Ybrhain Ponce, Ariel Rauschenberger, Nicolás Rodríguez Saá, José Arnaldo Ruiz Aragón, Laura Russo, María Liliana Schwindt, Magdalena Sierra, Vanesa Siley, Martín Soria, Ayelén Spósito, Luis Rodolfo Tailhade, Mirta Tundis, Marisa Lourdes Uceda, Fernanda Vallejos, Juan Benedicto Vázquez, Paola Vessvessian, Daniela Marina Vilar, Carlos Alberto Vivero, Hugo Yasky, Pablo Raúl Yedlin, Liliana Patricia Yambrun y Carolina Yutrovic

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Interbloque Juntos por el Cambio (42 votos)

Pro (11)

Adriana Cáceres, Camila Crescimbeni, Federico Frigerio, Alejandro García, Sebastián García De Luca, Fernando Adolfo Iglesias, María de las Mercedes Joury, Silvia Gabriela Lospennato, María Graciela Ocaña, María Luján Rey y Waldo Ezequiel Wolff.

Unión Cívica Radical (27)

Brenda Lis Austin, Karina Banfi, Miguel Angel Bazze, Atilio Francisco Salvador Benedetti, Alejandro Cacace, Albor Angel Cantard, Ana Carla Carrizo, Alvaro Héctor De Lamadrid, Gonzalo Pedro Antonio Del Cerro, Carlos Alberto Fernández, Ximena García, Jorge Enrique Lacoste, Jimena Latorre, Gabriela Lena, Juan Martín, Dolores Martínez, Lorena Matzen, Josefina Mendoza, Gustavo Menna, Claudia Najul, Mario Raúl Negri, Fabio José Quetglas, José Luis Riccardo, Jorge Rizzotti, Sebastián Nicolás Salvador, Facundo Suárez Lastra y Emiliano Benjamin Yacobitti.

Coalición Cívica-ARI (4)

Maximiliano Ferraro, Mónica Edith Frade, Juan Manuel López y Mariana Stilman.

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Interbloque Federal (3 votos)

Justicialista (1)

Eduardo “ Bali” Bucca.

Consenso Federal (1)

Jorge Sarghini.

Socialista (1)

Enrique Estévez.

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Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo (2 votos)

Frente de la Concordia Misionero (1)

Flavia Morales.

Juntos Somos Río Negro (1)

Luis Di Giacomo.

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Frente de Izquierda (2 votos)

Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano.

117 VOTOS EN CONTRA

Frente de Todos (32 votos)

Norma Amanda Abdala de Matarazzo, Walberto Enrique Allende, Karim Augusto Alume Sbodio, Rosana Andrea Bertone, Daniel Agustín Brue, Sergio Guillermo Casas, Graciela María Caselles, Mayda Cresto, Nelly Ramona Daldovo, Omar Chafi Félix, Héctor Fernández, Gustavo Ramiro Fernández Patri, Danilo Adrián Flores, Silvana Micaela Ginocchio, José Luis Gioja, Bernardo José Herrera, Aldo Adolfo Leiva, José Luis Martiarena, Vanesa Laura Massetani, Gladys Medina, María Luisa Montoto, Juan Mosqueda, Rosa Rosario Muñoz, Graciela Navarro, Estela Mary Neder, María Graciela Parola, Elda Pertile, Jorge Antonio Romero, Victoria Rosso, Nancy Sand, Carlos Américo Selva y Eduardo Félix Valdés.

Interbloque Juntos por el Cambio (69 votos)

Pro (40 votos)

Juan Aicega, Domingo Luis Amaya, Federico Angelini, Alberto Emilio Asseff, Héctor Baldassi, Hernán Berisso, Sofia Brambilla, Virginia Cornejo, Omar Bruno De Marchi, Soher El Sukaria, Jorge Ricardo Enríquez, Ezequiel Fernández Langan, Alicia Fregonese, Gabriel Alberto Frizza, Alvaro Gustavo González, Martin Grande, Gustavo René Hein, Ingrid Jetter, Luis Alfredo Juez, Luciano Andrés Laspina, Martín Maquieyra, Martín Nicolás Medina, Osmar Antonio Monaldi, Victoria Morales Gorleri, José Carlos Núñez, María Carla Piccolomini, Carmen Polledo, Dina Rezinovsky, Cristian Adrián Ritondo, Adriana Noemí Ruarte, Julio Enrique Sahad, Francisco Sánchez, Gisela Scaglia, Alfredo Oscar Schiavoni, David Pablo Schlereth, Héctor Antonio Stefani, Ignacio Agustin Torres, Pablo Gabriel Tonelli, Pablo Torello y Natalia Soledad Villa.

UCR (18)

Mario Horacio Arce, Lidia Inés Ascarate, Aída Beatriz Máxima Ayala, Martín Antonio Berhongaray, Gerardo Cipolini, Ricardo Buryaile, José Manuel Cano, María Soledad Carrizo, María Gabriela Burgos, Diego Matías Mestre, Miguel Nanni, Luis Mario Pastori, Luis Alfonso Petri, Estela Mercedes Regidor Belledone, Roxana Nahir Reyes, Víctor Hugo Romero, Jorge Vara y Federico Raúl Zamarbide.

Coalición Cívica-ARI (9)

Marcela Campagnoli, Javier Campos, Laura Carolina Castets, Héctor Flores, María Lucila Lehmann, Rubén Manzi, Leonor María Martínez Villada, Paula Mariana Oliveto Lago y Alicia Terada.

Producción y Trabajo (1)

Humberto Marcelo Orrego.

Frente Cívico y Social de Catamarca (1)

Eduardo Brizuela del Moral.

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Interbloque Federal (8 votos)

Córdoba Federal (4)

Paulo Cassinerio, Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez y Alejandra Vigo.

Consenso Federal (2)

Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez.

Justicialista (1)

Andrés Zottos.

Frente Progresista Cívico y Social (1)

Luis Contigiani.

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Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo (4 votos)

Unidad y Equidad Federal (2)

Pablo Miguel Ansaloni y José Luis Ramón.

Frente de la Concordia Misionero (2)

Diego Horacio Sartori y Ricardo Wellbach.

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Acción Federal (2 votos)

Felipe Álvarez y Antonio José Carambia.

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Partido por la Justicia Social (1 voto)

Beatriz Ávila.

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Movimiento Popular Neuquino (1 voto)

Alma Sapag.

6 ABSTENCIONES

Frente de Todos (3 votos)

Héctor “Cacho” Bárbaro, Julio Ferreyra y Romina Uhrig.

Interbloque Juntos por el Cambio (3 votos)

Pro (1)

José Luis Patiño.

Unión Cívica Radical (1)

Alfredo Cornejo.

Coalición Cívica (1)

Mariana Zuvic.

2 AUSENTES (con licencia)

José Ignacio De Mendiguren (Frente de Todos) y Eduardo Cáceres (Pro).

Por Carolina Ramos

El proyecto de despenalización y legalización del aborto volvió a quedar a tan solo un paso de ser convertido en ley. Con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa y ahora el Senado tendrá la última palabra, con expectativa de una votación antes de fin de año y un pronóstico verdaderamente abierto.

La votación se produjo a las 7.30, al cabo de un debate de 20 horas y media que levantó temperatura recién al final, con los discursos de cierre. A nivel general, la sesión transcurrió en calma y estuvo muy lejos del clima beligerante que dominó hace dos años, cuando la discusión atravesó por primera vez las puertas del Congreso.

A diferencia de aquel momento, la postura a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo llegó con ventaja numérica y el impulso del presidente Alberto Fernández, que este jueves celebró un año de gestión y cumplió su promesa de enviar el proyecto.

De todos modos, los votos a favor casi no aumentaron con respecto a 2018, cuando la aprobación fue por 129 a 125. Aunque esta vez sí se amplió la diferencia -fue de 14 votos- y sobresalió una mayor cantidad de abstenciones que facilitaron la media sanción, ya que hicieron reducir la base de cálculo para la mayoría.

Las seis abstenciones fueron de Héctor “Cacho” Bárbaro (Frente de Todos-Misiones), Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza), Daniel Ferreyra (Frente de Todos-Jujuy), José Luis Patiño (PRO-CABA), Romina Uhrig (Frente de Todos-Buenos Aires) y Mariana Zuvic (Coalición Cívica-CABA).

En la votación hubo asistencia perfecta: solo faltaron los dos diputados que están de licencia, José Ignacio De Mendiguren -por su cargo en un banco público- y Eduardo Cáceres -por una causa por violencia de género que avanza en la Justicia-.

Con atuendos y pañuelos verdes, los diputados a favor del proyecto estallaron de euforia y se fundieron en abrazos cuando el tablero marcó el resultado, en una postal de la transversalidad política con la que, una vez más, se desarrolló la discusión.

Fue el fin de una jornada donde volvieron a escucharse, casi intactos, los mismos argumentos a favor y en contra, aunque en esta oportunidad los “celestes” hicieron foco en la oportunidad para tratar la ley, en medio de la pandemia del Covid-19 y la crisis económica y social que trajo como consecuencia.

Voto a voto

A lo largo de la sesión se fueron definiendo los legisladores en duda: se confirmó el voto a favor de Francisco Guevara -el único sanjuanino “verde”-  y también el de la exgobernadora catamarqueña Lucía Corpacci, que apareció en su banca con el pañuelo de la Campaña por el Aborto y entrada la noche fundamentó su decisión.

Pero además, sorprendió la revelación de una diputada misionera, Flavia Morales (Frente Renovador de la Concordia), que en 2018 se había opuesto al proyecto y ahora, tras una reflexión personal y cierto trabajo de persuasión desde el Frente de Todos, acompañó con su voto.

Por el lado opuesto, la cordobesa Vigo informó, bien temprano, la oposición de los cuatro diputados que responden al gobernador Juan Schiaretti, que defendieron un proyecto alternativo.

Durante la madrugada fueron varios los diputados que dieron a conocer su voto a favor, entre ellos la santafesina Alejandra Obeid (Frente de Todos), que había tenido algunas manifestaciones en contra: “Me costó mucho tomar esta decisión. Soy una mujer que practica la fe católica y he iniciado un proceso de construcción que continúa”, argumentó.

En sentido contrario, Nancy Sand, del mismo bloque, se convirtió en la segunda correntina en pasar de “verde” a “celeste”. Y el jujeño Jorge Rizotti (UCR), hombre del gobernador Gerardo Morales, anunció su voto favorable. “Hoy voy a acompañar la ley contra el aborto inseguro y clandestino”, dijo, y se escuchó algún aplauso.

Cuando se acercaba el final, los diputados autorizaron que Roxana Reyes pudiera votar desde Santa Cruz a pesar de no haber participado de la sesión. La radical sufrió la pérdida de uno de sus hijos el fin de semana pero se comunicó con las autoridades para pedir permiso para votar, y a diferencia de 2018 esta vez votó en contra.

Sesión XL

La sesión arrancó a las 11.12 con la presencia de 105 diputados en el recinto y 45 conectados de manera remota, esto es, 150 en total. Al inicio, prestó juramento Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) en lugar de Romina Del Plá (PO), en función de la rotación de bancas acordada en el Frente de Izquierda.

La apertura del debate estuvo a cargo de los presidentes de las comisiones intervinientes: Cecilia Moreau (Legislación General), Pablo Yedlin (Salud), Mónica Macha (Mujeres y Diversidad) y Carolina Gaillard (Legislación Penal). En tanto, el dictamen de rechazo fue defendido por Carmen Polledo (Pro) y Marcela Campagnoli (Frente de Todos).

“Este debate ha sido puesto sobre la mesa hace muchísimo tiempo por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y por las miles y miles de mujeres que nos han impuesto este debate puertas afuera del Congreso”, destacó Moreau.

La titular de la comisión cabecera recordó que este jueves se cumplieron 37 años desde el retorno a la democracia y resaltó que la fecha “es simbólica para conquistar un nuevo derecho”.

Por su parte, Polledo advirtió que “la legalización del aborto no es un reclamo de nuestras mujeres, sino de grupos militantes que han quedado atrapados en consignas del pasado”.

“Es realmente increíble que en lugar de discutir cómo vamos a solucionar los problemas urgentes y dramáticos que hoy nos apremian, estemos aquí tratando la legalización del aborto”, se quejó la vicepresidenta de la Comisión de Salud.

Al inicio, hubo dos intentos de la Coalición Cívica para postergar el debate: primero, la santafesina Lucila Lehmann pidió aplazar el tratamiento hasta después del 6 de enero, debido a la cercanía de las fiestas de fin de año; luego, el bonaerense Javier Campos pidió discutir la convocatoria a una consulta popular. Ninguna de las dos mociones prosperó, porque se necesitaban dos tercios de los votos, que no se reunieron.

A lo largo de la tarde hubo varios pasajes salientes. Uno de ellos fue el discurso de una “celeste” del bloque oficialista, Vanesa Massetani, quien advirtió: “Ningún funcionario va a decirme lo que tengo que hacer hoy aquí en esta banca. Fueron elegidos a dedo. A mi me eligió el pueblo”.

Massetani pronunció esas palabras en la cara del ministro de Salud, Ginés González García, presente en el recinto. Sin nombrarlo, lo cuestionó por calificar al embrión como un “fenómeno” y hasta se ganó aplausos: “A veces resulta gracioso escuchar a expositores y funcionarios, el esfuerzo dialéctico que tienen que hacer para no llamar a las cosas por su nombre”.

También sobresalió la confesión de una diputada “verde”, Adriana Cáceres, embarazada de 19 semanas. “Quiero contar que estoy embarazada. Es un embarazo sumamente deseado, buscado por años, donde con mi marido tuvimos que transitar momentos difíciles, incluidos abortos naturales”, reveló, y lanzó un contundente “la maternidad será deseada o no será”.

Otro testimonio en primera persona fue el de la bonaerense Alicia Aparicio, del Frente de Todos, quien, al borde de las lágrimas, le dedicó la media sanción a su abuela fallecida en un aborto clandestino.

También se vivió un momento emotivo con la participación de una legisladora desde un sanatorio: la entrerriana Blanca Osuna, del Frente de Todos, quien se encuentra internada por Covid pero igual intervino en el debate para defender el proyecto.

Osuna, de 70 años, se encuentra en el Sanatorio La Entrerriana, en Paraná, y su discurso en esas circunstancias fue aplaudido desde el recinto. “Este voto es para que sea ley, por las jóvenes, por las pibas, por mis nietos, por mis hijas, por las miles de chicas que no están y por las que van a venir y nos van a recordar por haber cumplido con nuestra palabra”, dijo.

Los últimos discursos comenzaron a las 5 de la mañana. “Esto está muy lejos de las necesidades de la gente. No sabemos escuchar las demandas sociales. El principal problema es la falta de credibilidad del presidente de la Nación y de sus políticas públicas”, advirtió la cordobesa Soher El Sukaria (Pro).

En la misma postura, la jujeña Gabriela Burgos afirmó que siempre estará “a favor de las dos vidas”. “Soy defensora de los derechos de las mujeres. No porque no acepte el aborto no defiendo a las mujeres. Voy a seguir militando por los derechos de las mujeres. Sí significaron un avance la patria potestad compartida, el divorcio vincular, el matrimonio igualitario, la paridad”, enumeró.

Luego fue el turno de Brenda Austin, quien destacó, como radical, que la sesión se haya realizado en el aniversario de la recuperación democrática. “Se nos ha dicho que este no es el momento, pero ¿cuándo es el momento?”, se preguntó, y resaltó el papel de la Campaña por el Aborto pidiendo al Congreso el tratamiento de esta ley “hace 13 años”.

Silvia Lospennato volvió a ser una de las más aplaudidas. “Estamos cruzando la última valla para el reconocimiento legal y pleno de la autonomía de las mujeres, y lo estamos haciendo tan juntas que ninguna grieta pudo separarnos”, arrancó, y agradeció al presidente por “cumplir su palabra y enviar este proyecto”.

Tras reivindicar también a Mauricio Macri por haber habilitado el debate durante su gestión, explicó que “si fuera inconstitucional el aborto, la Corte tendría que haber dicho lo contrario a lo que dicho en el fallo FAL” de 2012, cuando se ratificó que los abortos producto de violación no son punibles.

Conectada desde su casa, Graciela Camaño profundizó su rechazo. “Lo que se está haciendo es transformar al feto en lo que los romanos llamaban res, cosa. Argentina abandonó este concepto en la Asamblea de 1813 cuando decidió la libertad de vientres. El hijo en el vientre de la mujer dejó de ser una cosa”.

“Hoy retrocedemos 207 años con esta ley, ¿en serio creemos que estamos ampliando derechos, en una Argentina empobrecida, agonizante?”, se preguntó, y además cuestionó que con la ley “el aborto podrá ser legal, pero jamás será justo”.

Hacia el final, la cordobesa Graciela Estévez destacó que “hoy vamos a lograr que ese lema que tenemos desde hace tantos años sea una realidad: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para que las pibas, los pibes y les pibis puedan tener su proyecto de vida sin limitaciones”.

El cierre estuvo a cargo de Gabriela Cerruti, quien habló de “los cruces virtuosos, cuando se cruzan las demandas colectivas con las decisiones de los Estados”.

“El mundo es injusto, pero la respuesta no está en nuestro útero. El mundo es injusto porque está construido hace 500 años sobre un modelo de explotación de las mujeres y la naturaleza. Necesitamos un mundo con menos hipocresías, con menos dobles discursos”, afirmó, y pidió la ley “por las pibas que están en la calle, por las pioneras y las ancestras”.

Funcionarios presentes

A lo largo del jueves y viernes, representantes del Poder Ejecutivo pasaron por el recinto para presenciar la sesión y se reunieron con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

Asistieron los ministros Ginés González García (Salud), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres y Diversidad) y Sabina Frederic (Seguridad), además de las secretarias Vilma Ibarra (Legal y Ténica) y Carla Vizotti (Acceso a la Salud).

También se dieron cita la asesora presidencial Cecilia Nicolini; la titular de la ANSES, Fernanda Raverta; y la responsable de AySA y esposa de Massa, Malena Galmarini.

Si bien circuló la versión de que el propio presidente Alberto Fernández podía pasar por el Congreso en algún momento de la noche para renovar el impulso a la ley de aborto, finalmente no asistió. Su presencia hubiese sido un arma de doble filo en una votación que atraviesa a los partidos políticos.

Por su parte, Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos, continúa aislado y no habló en la sesión, aunque siempre se mantuvo activo en busca de afianzar los votos.

Con un enfático discurso, la macrista Silvia Lospennato fue la última diputada de Juntos por el Cambio que habló en el debate de aborto legal, algo que aseguró “es una conquista más del movimiento de mujeres”.

La secretaria parlamentaria del interbloque opositor empezó: “En esta madrugada estamos cruzando la última valla para el reconocimiento legal y pleno de la autonomía de las mujeres”.

Destacó la “unidad” de las legisladoras que militan a favor de la ley y que “ninguna diferencia, ninguna grieta pudo separarnos. Lo que hace años no logra la política argentina, lo estamos haciendo las mujeres esta noche”.

La diputada del Pro agradeció “al presidente (Alberto Fernández) por cumplir su palabra y enviar este proyecto”, que “hace más de 15 años se puso al hombro” la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito.

Pero también recordó en sus agradecimientos que “hace dos años, honrando su vocación republicana, el presidente Macri decidió no anteponer su posición personal para seguir silenciando un debate que nos debíamos hace años”.

Sin embargo, Lospennato subrayó que la ley se debe a las “miles de mujeres salieron a la calle”, por eso “no es de ningún presidente ni de ningún gobierno” sino que “esta ley es una conquista más del movimiento de mujeres”.

La macrista criticó el argumento de “inconstitucionalidad” por parte de quienes se oponen a la ley, y observó que si fuera así “no hubieran podido convivir un siglo nuestro Código Penal y Constitución Nacional” y “la Corte en FAL debería haber dicho lo contrario a lo que dijo”.

“Estamos cambiando una estrategia ineficaz de la amenaza penal por una que en el mundo ha demostrado su eficacia, el abordaje sanitario”, expresó y desplegó numerosos cuestionamientos a los legisladores en contra de la iniciativa.

Al respecto, lanzó: “Los que se oponen al aborto legal, se siguen oponiendo a la educación sexual integral laica y científica; dicen que no quieren más mujeres presas y criminalizadas pero se oponen a la legalización; hablan de anticoncepción, pero frenan en el Senado la ley de obstétricas para multiplicar el acceso a los anticonceptivos y no aseguran el mínimo acceso a los derechos sexuales y reproductivos en sus provincias; dicen que el aborto ya está previsto en caso de violación, pero cada tres horas en Argentina una niña es obligada a parir”.

“La igualdad en los derechos que todos disfrutamos le debe mucho a las mujeres que luchan”, valoró y consideró que “estaremos legislando por la verdad, por la igualdad y por la libertad, tres valores en los que creemos como sociedad”.

La legisladora señaló que “más de 300 mil abortos que se producen en Argentina por año aunque lo prohíbe el Código Penal”. “El aborto existe, los que se oponen a la legalización condenan a la clandestinidad a las mujeres poniendo en riesgo la única vida que el Estado puede salvar”, continuó.

En su discurso, Lospennato sostuvo que “a partir de esta ley queremos que cualquier mujer nazca donde nazca, viva donde viva, tenga el mismo derecho”. “La libertad es el primer gran valor de la vida humana”, expresó, para reforzar: “Hace muchos años como humanidad acordamos que el cuerpo de otro ser humano no puede ser objeto de ningún propósito”.

En ese sentido, calificó a la ley como “profundamente liberal” porque “no obliga a nadie a actuar contra su voluntad, porque no interfiere en el plan de vida de ninguna persona, porque no obliga a la maternidad, ni su contrario, no obliga a nadie a no ser madre”.

“Le vamos a devolver a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos, nunca más nadie decidirá por nosotros”, resaltó y opinó que “la maternidad no se trata del vínculo de sangre, no se trata de la relación entre el embrión y el útero, se trata del amor y de la elección”.

Para la diputada, “con esta ley, como sociedad nos comprometemos a no juzgar, a no condenar, pero sobre todo a no volver a condenar a cualquier mujer en situación de aborto”. “Esta noche estamos inscribiendo nuestros nombres en la historia junto a las que lucharon para que podamos educarnos, opinar, votar, trabajar. Es hora de terminar de escribir los derechos y pasar a la etapa de la igualdad sustantiva de oportunidades”, dijo.

“A cada militante que está en la plaza, a cada mujer que lleva el pañuelo verde reclamando la libertad de decidir, a los que desafían sus mandatos y se animan a vivir sus sueños, a las que nunca bajan los brazos y consiguen lo que parecía imposible, a cada niña que aspira a vivir en una sociedad de iguales, les recuerdo: que en la historia grande de ampliación de derechos solo se inscriben los que luchan y nosotras estamos luchando. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley”, finalizó, entre aplausos

En diálogo con Parlamentario.com, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación Elizabeth Gómez Alcorta se refirió al tratamiento del proyecto de legalización del aborto en la Cámara baja, y las chances de que finalmente sea aprobado. Además, se expresó respecto al proceso de debate público, acentuado desde el 2018, y la importancia de que el Gobierno impulse el proyecto. 

–Los números parecerían favorables a la aprobación de la ley, ¿con qué crees que tiene que ver? ¿Cuáles son las claves? 

Yo soy prudente, voy paso a paso. Tenemos expectativas de tener la media sanción. Esperamos que el tratamiento en el Senado sea la más rápida posible. Los votos en el Senado hoy no están garantizados, pero esperamos encontrarnos con una situación distinta a la del 2018. 

Creo que se ha llegado con un discurso, y con un proyecto, primero en clave de salud pública centralmente, y con un planteo que así fue enviado por el Poder Ejecutivo. Creemos que eso hace, en parte, una diferencia. Y la otra gran diferencia es que hay un ambiente poco beligerante. Y eso creo que tiene que ver centralmente con que existió un 2018, un 2018 que puso en la mesa el debate. Que hizo que todo el mundo tenga que hacer público una posición sobre un tema que históricamente fue tabú. Hay que decir que del 2018 para acá dejó de ser un tema tabú, tanto es así que en las elecciones 2019 fue un tema de campaña, como no había sido nunca antes. 

Llegamos con discurso más alineado en clave de salud pública, con una mirada del Estado enviando dos proyectos con la idea de acompañar a todas las mujeres, y eso implica una mirada integral de la salud de las mujeres y de las personas gestantes. Creo que de algún modo esto es parte del proceso que se inició dos años atrás, y mucho antes también. Y tercero que claramente se trata de un proyecto del Ejecutivo, que no había sucedido antes. 

–¿Las modificaciones que se le introdujeron en el plenario de comisiones al proyecto estaban pensadas un poco más en función del debate que se va a dar en el Senado para ver si se pueden conseguir los votos?

Los cambios y las incorporaciones que se hicieron al proyecto se hicieron escuchando las voces de todos los bloques, nosotros entendemos que el pedido de algunos de los cambios puede llegar a obedecer a algunas de las necesidades de los senadores o las senadoras de los bloques, pero centralmente escuchamos y los trabajamos porque nosotros buscamos que sea un texto que puedan sentirse representados la mayor cantidad de legisladores, tanto en Diputados como Senadores. Esperamos que así sea, y que no haya cambios una vez que llegue al Senado. 

–¿La fecha tentativa de votación en el Senado sigue siendo el 29, o todavía está por definirse? 

Dependerá de cuántos días de tratamiento en las comisiones haya. Hay que decir que en el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, que se puede llamar a sesión especial al día siguiente se requieren siete días, así que una vez que tengamos en claro el cronograma de las reuniones de comisión, sabremos en qué fecha probable se puede llegar a tratar, pero es ir un paso más adelante, lo sabremos en los próximos días. 

–¿Se vota antes de fin de año? 

Es la expectativa que nosotros y nosotras tenemos, hay que decir que, igualmente, el Ejecutivo convocó a Extraordinarias para el mes de enero y febrero, y que en el listado de temas por los cuales se convocó, están los dos proyectos que esperamos que se traten de manera conjunta.

–¿Está bien que haya objetores de consciencia? 

Sí, yo no tengo ninguna duda. Que haya objetores de consciencia me parece que es un derecho garantizado por la Constitución nacional, hoy por hoy ya tenemos leyes con objeción de consciencia, por ejemplo, las leyes vinculadas a la ligadura tubaria, y hay que decir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha hecho mención de esta garantía, y yo soy mucho respetuosa de ella. 

Yo recuerdo siempre la objeción de consciencia para el servicio militar obligatorio, y siempre fui muy defensora de la objeción de consciencia individual porque es un ámbito de autonomía. Que obviamente no es frente a cualquier hecho, hay que poder justificarlo, no se trata de cualquier situación, sino que efectivamente tiene que estar vinculado a tus convicciones, y no tiene que estar en juego la vida, la salud de otra persona, eso cede en ciertos supuestos, como todos los derechos. 

La diputada del Pro Dina Rezinovsky calentó el debate del proyecto de aborto legal en la Cámara baja y advirtió que el oficialismo “está comprando” votos a favor “con la billetera”.

“Con la billetera están comprando diputados oficialistas. Me frustra saber que están dando vuelta diputados”, resaltó la legisladora macrista.

En el recinto, Rezinovsky apuntó a los legisladores que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y lanzó: “Cínicos son ustedes en decirles a las mujeres que la única salida es el aborto”.

“Lamentablemente, están hablando de un derecho a decidir y muchas mujeres no tienen derecho a decidir, porque cuando va a la salita le preguntan ‘¿Lo querés tener?’, y la están empujando al aborto”, consideró la diputada.

A su entender, “el aborto no es un derecho; derecho es tener un trabajo, derecho es que la inflación no te ahogue los sueños”.

“Esa marea (verde) de la que hablan es un simple charquito”, enfatizó, al cuestionar a los militantes a favor del aborto.

Integrante de la comunidad evangélica, Rezinovsky agregó: “Yo no voy a hablar desde la religión, aunque bien podría hacerlo, pero si tanto les molesta Dios, sáquenlo de la Constitución”.

La diputada Alicia Aparicio (Frente de Todos-Buenos Aires) defendió este jueves la legalización del aborto y, al borde de las lágrimas, evocó a su abuela, muerta en un aborto clandestino.

“Quiero reivindicar la vida de mi abuelita Eufemia Rosa, que falleció tan solo con 22 años producto de un aborto clandestino, dejando solos a dos pequeños niños, uno de dos y uno de cinco. Ellos no pudieron disfrutar a su mamá, con todo lo que eso significa”, expresó.

Comparto mi intervención sobre el proyecto sobre la Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Post aborto#QueSeaLey 💚https://t.co/4sntithAp0

— Alicia Aparicio (@AliAparicioOK) December 11, 2020

Aparicio explicó que “el Estado no puede desentenderse y poner en cabeza de particulares la violencia a la que se somete a las mujeres ante esta decisión. Debemos acompañar con políticas públicas de salud. Y si no es así, el reclamo de Ni Una Menos seguirá siendo una quimera para miles de mujeres que seguirán muriendo, porque el Estado te confina al aborto en la clandestinidad, ejerce una violencia encarnizada contra las mujeres en la batalla por el control de la vida y de su cuerpo”.

“Lo que hoy votamos no se trata de nuestras creencias: se trata de correr el velo y entender que no es ‘aborto sí’ o ‘aborto no’, porque año a año los abortos se llevan vidas. Es ‘aborto clandestino’ o ‘aborto legal, seguro y gratuito’”, enfatizó la legisladora.

A su vez, indicó que “hay un sistema patriarcal que condiciona y criminaliza a la mujer por el solo hecho de decidir sobre su cuerpo, sus deseos y su futuro”.

“Otra fue la época donde las mujeres no teníamos derechos, solo obligaciones: no votábamos, no podíamos trabajar ni estudiar. Fueron años de lucha para romper esos moldes que limitan a la mujer a los trabajos domésticos y a los cuidados”, recordó.

Finalmente, al ratificar su voto a favor, resumió: “Por mi abuela, por todas las que perdieron su vida, por las mamás, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, y así hasta el fin de los tiempos, pido educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir”.

En su intervención en el debate sobre la legalización del aborto, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff advirtió que los abortos “no serán gratuitos, sino que los pagaron todos los contribuyentes”, y que es “repugnante y perverso que se apele al aborto como método anticonceptivo”. 

Asseff inició su alocución manifestándose “siempre a favor de la vida, de la que se está gestando, de la mujer que está concibiendo, de todas las vidas. Una menor no puede conducir un vehículo ni beber alcohol, no puede casarse sin anuencia, hasta los 16 años no puede votar. Tiene impedimentos por imperio de su edad y de la ley, pero con este proyecto que inoportunamente ha enviado el Ejecutivo, puede decidir per se interrumpir el embarazo sin otro motivo que su voluntad. Apenas mitigado por la referencia al artículo 26 del Código Civil”. 

Además, advirtió que los abortos serán pagados por todos los contribuyentes: “Porque creo que a esta altura a nadie se le escapa que la gratuidad no existe, es una falacia descomunal. Alguien paga, en este caso, ese alguien son los millones de argentinos que afortunadamente aún pagan impuestos”, indicó.

Por otro lado, disputó que se trate efectivamente de una cuestión de salud pública: “No existe estadística precisa acerca de la letalidad de mujeres en ocasión de abortos voluntarios, pero no es significativa la cantidad. Los partidarios de la interrupción voluntaria inflan las cifras antojadizamente. Y me apresuro a refutar la objeción de que, aunque sea una vida la que se pierde estamos ante un problem. Claro que sí, pero eso no se resuelve, si no con una intensa y eficaz campaña educativa de prevención de los embarazos no deseados y del embarazo adolescente”. 

Finalmente, sostuvo que “la solución no es segar vidas humanas. Es impugnable, repugnante y perverso que se apele al aborto como método anticonceptivo. Existen alternativas efectivas que respetan el derecho al nacer que poseen los seres concebidos. El aborto no es, ni aceptaremos que sea el modo de evitar la concepción”. 

Uno de los momentos más emotivos de la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados fue la participación de una legisladora desde un sanatorio: la entrerriana Blanca Osuna, del Frente de Todos, quien se encuentra internada por Covid pero aun así intervino en el debate para defender el proyecto.

Osuna, de 70 años, se encuentra desde hace algunos días en el Sanatorio La Entrerriana, en Paraná, y su discurso en esas circunstancias fue aplaudido desde el recinto.

“Estamos hablando de una cuestión de salud pública, pero también es una apuesta muy fuerte a la igualdad y la no discriminación. Pero sobre todas las cosas, es una esperada reivindicación a una batalla que tiene muchos años”, subrayó.

Tengo el orgullo de pertenecer a un gobierno popular. Vamos dejando marca en esta historia, que de ningún modo es en contra de la vida, por el contrario, es una apuesta al amor, a la justicia. #SeraLey #AbortoLegal2020 💚✊ https://t.co/1ghimgbSDr

— Blanca Osuna (@BlancaOsunaOK) December 10, 2020

La diputada del Frente de Todos destacó que el presidente Alberto Fernández “asume plenamente esta iniciativa para saldar una deuda”.

“Tengo el orgullo de pertenecer a un gobierno popular. Vamos dejando marca en esta historia, que de ningún modo es en contra de la vida, por el contrario: es una apuesta al amor, a la justicia”, sostuvo Osuna.

También señaló “la potencia que da la conjunción entre los feminismos y un gobierno que escucha, que atiende, que conjuga en esta ley una respuesta hacia adelante”.

Finalmente, con su pañuelo verde en alto, manifestó: “Este voto es para que sea ley, por las jóvenes, por las pibas, por mis nietos, por mis hijas, por las miles de chicas que no están y por las que van a venir y nos van a recordar por haber cumplido con nuestra palabra”.

Por Carolina Ramos

Con una serenidad muy lejana al clima de confrontación que se vivió hace dos años, la Cámara de Diputados continúa el debate sobre la despenalización y legalización del aborto. En un recinto bicolor, con pañuelos verdes y celestes, el proyecto se encamina a la aprobación cerca de las 5 de la mañana del viernes, con una mayoría no demasiado holgada.

La iniciativa de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) recibiría, según los cálculos del oficialismo, entre 130 y 131 votos a favor y al menos 117 en contra. La novedad es que habría más abstenciones que en 2018, cuando solo se plantó en esa posición la cordobesa Alejandra Vigo, que ahora irá por el rechazo.

A lo largo de la jornada, se definieron algunos de los legisladores en duda: se confirmó el voto a favor de Francisco Guevara -el único sanjuanino “verde”-  y también el de la exgobernadora catamarqueña Lucía Corpacci, que apareció en su banca con el pañuelo de la Campaña por el Aborto.

Pero además, sorprendió la revelación de una diputada misionera, Flavia Morales (Frente Renovador de la Concordia), que en 2018 se había opuesto al proyecto y ahora, tras una reflexión personal y cierto trabajo de persuasión del Frente de Todos, acompañará con su voto.

Por el lado opuesto, la cordobesa Vigo informó el voto en contra de los cuatro diputados que responden al gobernador Juan Schiaretti, donde se especulaba con alguna abstención. Los “verdes” tampoco contarán con el voto de una radical, Roxana Reyes, que hace pocos días sufrió la pérdida de uno de sus hijos.

Durante la madrugada fueron varios los diputados indefinidos que confirmaron su voto, entre ellos la santafesina Alejandra Obeid (Frente de Todos): “Me costó mucho tomar esta decisión. Soy una mujer que practica la fe católica y he iniciado un proceso de construcción que continúa”, argumentó.

En sentido contrario, Nancy Sand, del mismo bloque, se convirtió en la segunda correntina en pasar de “verde” a “celeste”. Y, finalmente, el jujeño Jorge Rizotti (UCR), hombre del gobernador Gerardo Morales, anunció su voto favorable. “Hoy voy a acompañar la ley contra el aborto inseguro y clandestino”, dijo, y se escuchó algún aplauso.

De todos modos, varios diputados mantienen la incógnita, como el titular de la UCR, Alfredo Cornejo -podría abstenerse-; Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica; y el “lavagnista” Jorge Sarghini.

La sesión arrancó a las 11.12 con la presencia de 105 diputados en el recinto y 45 conectados de manera remota, esto es, 150 en total. Antes del debate, prestó juramento Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) en lugar de Romina Del Plá (PO), en función de la rotación de bancas acordada en el Frente de Izquierda.

La apertura del debate sobre el aborto legal estuvo a cargo de los presidentes de las comisiones intervinientes: Cecilia Moreau (Legislación General), Pablo Yedlin (Salud), Mónica Macha (Mujeres y Diversidad) y Carolina Gaillard (Legislación Penal). En tanto, el dictamen de rechazo fue defendido por Carmen Polledo (Pro) y Marcela Campagnoli (Frente de Todos).

Al inicio, hubo dos intentos de la Coalición Cívica para postergar el debate: primero, la santafesina Lucila Lehmann pidió aplazar el tratamiento hasta después del 6 de enero de 2021, debido a la cercanía de las fiestas de fin de año; y luego, el bonaerense Javier Campos pidió discutir la convocatoria a una consulta popular. Ninguna de las dos mociones prosperó, porque necesitaban dos tercios de los votos, que no se reunieron.

A lo largo de la tarde hubo varios pasajes salientes. Uno de ellos fue el discurso de una “celeste” del bloque oficialista, Vanesa Massetani, quien advirtió: “Ningún funcionario va a decirme lo que tengo que hacer hoy aquí en esta banca. Fueron elegidos a dedo. A mi me eligió el pueblo”.

Massetani pronunció esas palabras en la cara del ministro de Salud, Ginés González García, presente en el recinto. Sin nombrarlo, lo cuestionó por calificar al embrión como un “fenómeno” y hasta se ganó aplausos: “A veces resulta gracioso escuchar a expositores y funcionarios, el esfuerzo dialéctico que tienen que hacer para no llamar a las cosas por su nombre”.

También sobresalió la confesión de una diputada “verde”, Adriana Cáceres, embarazada de 19 semanas. “Quiero contar que estoy embarazada. Es un embarazo sumamente deseado, buscado por años, donde con mi marido tuvimos que transitar momentos difíciles, incluidos abortos naturales”, reveló, y lanzó un contundente “la maternidad será deseada o no será”.

Otro de los momentos emotivos de la sesión fue la participación de una legisladora desde un sanatorio: la entrerriana Blanca Osuna, del Frente de Todos, quien se encuentra internada por Covid pero aun así intervino en el debate para defender el proyecto.

Osuna, de 70 años, se encuentra en el Sanatorio La Entrerriana, en Paraná, y su discurso en esas circunstancias fue aplaudido desde el recinto. “Este voto es para que sea ley, por las jóvenes, por las pibas, por mis nietos, por mis hijas, por las miles de chicas que no están y por las que van a venir y nos van a recordar por haber cumplido con nuestra palabra”, dijo.

Por un acuerdo de Labor Parlamentaria, esta vez no habrá cierres de bloque, para acortar los tiempos. Más allá de esta decisión, el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, no se anotó en la lista de oradores, a diferencia de otros titulares de bancadas que ya intervinieron o lo harán en el transcurso de la noche.

Funcionarios presentes

A lo largo de la jornada, representantes del Poder Ejecutivo pasaron por el recinto para presenciar la sesión y se reunieron con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

Asistieron los ministros Ginés González García (Salud), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres y Diversidad) y Sabina Frederic (Seguridad), además de las secretarias Vilma Ibarra (Legal y Ténica) y Carla Vizotti (Acceso a la Salud).

También se dieron cita la asesora presidencial Cecilia Nicolini; la titular de la ANSES, Fernanda Raverta; y la responsable de AySA y esposa de Massa, Malena Galmarini.

Si bien circuló la versión de que el propio presidente Alberto Fernández podía pasar por el Congreso en algún momento de la noche para renovar el impulso a la ley de aborto, distintas fuentes oficiales confirmaron que finalmente no asistirá.

En su intervención en el debate por la legalización del aborto, la diputada nacional Beatriz Ávila reiteró su postura “a favor del derecho a la vida”, y sostuvo que “lamentablemente, el aborto se está convirtiendo en un moderno genocidio”. 

“Hoy lo que estamos discutiendo nuevamente es un tema de conciencia, de moral, de valores”, comenzó su alocución la legisladora tucumana, y continuó: “De esa manera vamos a votar los 257 diputados de esta Cámara. Pero lamentablemente, el aborto se está convirtiendo en un moderno genocidio. Y uso esta palabra porque es la que usó el ministro Ginés. Y en función de esto quiero decir que, hablar así, genera mucha más violencia sin precedentes”.

“No nos engañamos, el aborto, por más que salga la ley, no significa que vamos a encontrar una solución mágica a la problemática de la mujer. Si esta ley sale no significa que vamos a ser un país del primero mundo, o que vamos a combatir la pobreza”, agregó. 

En este sentido, cargó contra una expresión del ministro de Salud Ginés González García, respecto a que el feto “es un fenómeno”: “Y entonces me dirigí al diccionario. Qué significa ‘fenómeno’, es: ‘manifestación de actividad que se produce en la naturaleza y se percibe a través de los sentidos’. El ser indefenso, el que está dentro del vientre de una madre, no es un fenómeno, es una personita absolutamente indefensa. Es distinto a la madre, es distinto al progenitor, tiene su propio ADN. El hijo no es propiedad de la madre, no es propiedad del padre, es una vida totalmente diferente. Es una vida absolutamente independiente, y de ninguna manera puedo aceptar que se trate como un fenómeno”. 

“Siempre he defendido la vida desde la concepción, y estoy convencida que es una bandera irrenunciable de la democracia argentina. Nos llenamos la boca hablando de democracia, de solidaridad, de igualdad, pero hay una actitud injusta, y absolutamente discriminatoria que vamos a poner hoy como antecedente, de tener que registrar a las personas como nacidas, o no nacidas. ¿Quiénes somos nosotros para definir quién vive y quien no? Me duele que estemos perdiendo el valor de la vida”, agregó la diputada por el partido por la Justicia Social de Tucumán 

“El aborto es un acto de violencia, no solo contra el niño por nacer, sino también contra la mujer. Una mujer que pasa por un aborto, es un dolor irreparable, irrepetible, es algo que queda para toda la vida, y en eso coincido”, expresó. 

Asimismo, señaló que “dicen por ahí que no tenemos propuestas, y claro que tenemos, es la vida, ni más ni menos. La vida como un acto creador, y hacedor de vida. Y estamos defendiendo todas las vidas, y en general me inclino siempre por los más vulnerables”. 

Por otro lado, se refirió al momento socio económico que está viviendo el país: “Nuestros ciudadanos están padeciendo graves problemas, tienen angustia, desesperanza, miedo de perder su trabajo, de que cierren sus PyMEs, estemos tratando el aborto, me parece absolutamente absurdo”. 

Finalmente, manifestó que representa a una provincia, Tucumán, que “se declaró pro-vida, decidido por el gobernador Manzur, el vicegobernador, por toda la Cámara, los intendentes, legisladores provinciales, y representantes políticos, por eso yo estoy en contra de la legalización del aborto, y estoy a favor de la defensa de las dos vidas, siempre”. 

En el medio de la sesión por el proyecto de aborto legal y el del programa de los “Mil Días”, una diputada conmovió al recinto con la noticia de que será madre. Adriana Cáceres (Pro) reveló en su discurso que está en la dulce espera, y remarcó que su embarazo fue “sumamente deseado” tras haber pasado por “abortos naturales”.

“No puedo dejar de ver el tema del aborto legal, seguro y gratuito como un avance en los derechos de las mujeres. El aborto existe hace décadas, siglos, y va a seguir existiendo, y es nuestra labor como diputados trabajar para ampliar y conquistar nuevos derechos”, expresó Cáceres.

Fue entonces cuando confesó: “Quiero contar que estoy embarazada. Es un embarazo sumamente deseado, buscado por años, donde con mi marido tuvimos que transitar momentos difíciles, incluidos abortos naturales”.

“Si hay algo difícil para las mujeres -aseguró- es ver cómo se transforman nuestros cuerpos y pasar por momentos dolorosos donde una no decide, no elige estar en esa situación”.

Por eso, consideró que “el común denominador” de los embarazos debe ser “que sean acompañados”, y finalizó con un contundente “la maternidad será deseada o no será”.

La presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, sostuvo que “hay dos clases de leyes, las que vienen a plantear una nueva práctica, una nueva política, y otras que vienen a regular prácticas preexistentes. Y cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, estamos hablando de la necesidad de contar con una normativa frente a una práctica milenaria”.

“Una práctica que está criminalizada en el contexto del Estado moderno, pero como práctica existe desde siempre”, remarcó.

A continuación señaló “cuando una persona ha tomado esa determinación, ni la clandestinidad, ni la criminalización la detienen, y esto tiene que ver con esto: con poder tomar decisiones, con poder dar cuenta de cuál es la realidad que se juega en ese momento y por eso necesitamos de esta ley de interrupción voluntaria del embarazo, para despenalizar y para legalizar, que quiere decir específicamente poder contar con una política pública dentro del sistema sanitario que garantice ese acceso a la salud, ese cuidado, ese acompañamiento que es tan fundamental para la vida de las personas”.

Macha señaló que “la historia en este tiempo está de nuestro lado; hoy la discusión del aborto legal es disruptivo, pero estamos hablando de una de las leyes tal vez más importantes desde el regreso de la democracia”.

“Claro que es un quiebre de un espacio a un nuevo acontecer”, enfatizó, señalando que “esta ley viene a darnos soberanía sanitaria a través de una mirada transfeminista”, afirmó en otro pasaje.

Para la diputada del Frente de Todos, “esta ley reconoce que no solo las mujeres abortan: también lo hacen las lesbianas, masculinidades trans y personas intersex”.

En su intervención en el debate por la legalización del aborto, la diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña expresó que “si no se aprueba seguirá existiendo el aborto en la clandestinidad, seguirá la mafia que mueve millones integrada por miembros de la Justicia y profesionales de la salud”. 

Durante su discurso en la Cámara baja, Ocaña señaló además que quiere “reconocer a la marea verde que vimos en 2018 que han movilizado esta ley”, y añadió que “estamos poniendo una lucha que viene de las calles por más de 20 años”. 

Asimismo, la legisladora de Confianza Pública indicó que escuchó “a muchos opinar sobre la necesidad de votar una ley de educación sexual antes de que se trate este proyecto y les digo a todos ellos que tenemos que sacarnos las caretas, no puede ser excusa para pedir que no se trate esta ley”. 

“No es cuestión de principios ni valores, sino de salud pública”, expresó Ocaña y subrayó que “no podemos ignorar que se realizan más de 370 mil abortos por año, de aprobarse esta ley va a permitir actual al Estado para contener, acompañar y que la mujer pueda decidir si quiere interrumpir el embarazo en un marco legal correspondiente, no en la clandestinidad”. 

Finalmente, sostuvo que “el aborto es una de las cinco causas de mortalidad materna en Argentina. En los últimos 5 años hubo 50 mil egresos hospitalarios por abortos mal realizados, de sancionarse el costo va a ser mucho menor que con las complicaciones que se producen en los abortos clandestinos”. 

Con funcionarios nacionales de cuerpo presente en el Congreso en señal de respaldo al proyecto, continúa en la Cámara de Diputados el debate sobre la legalización del aborto.

La iniciativa se encamina a la aprobación por alrededor de 130 votos, según los cálculos del sector “verde”, mientras que el rechazo reuniría 117 y habría más abstenciones que en 2018, cuando se registró solo una.

La sesión comenzó a las 11 y, en función de que se acortó la lista de oradores, la votación se adelantaría para las 2.30 de la madrugada del viernes.

A lo largo de la jornada, representantes del Poder Ejecutivo pasaron por el recinto para presenciar la sesión y se reunieron con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

Asistieron los ministros Ginés González García (Salud), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres y Diversidad) y Sabina Frederic (Seguridad), además de las secretarias Vilma Ibarra (Legal y Ténica) y Carla Vizotti (Acceso a la Salud).

También participaron la asesora presidencial Cecilia Nicolini y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, que había votado el proyecto en 2018.

Durante la reunión con Massa, se habló de la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández concurra a escuchar una parte del debate durante la noche.

NOTA EN DESARROLLO

Una verdadera sorpresa vino de la mano de una diputada que en 2018 rechazó la legalización del aborto y esta vez votará a favor: se trata de Flavia Morales, del Frente de la Concordia Misionero, que anunció su decisión durante el debate en el recinto.

“Hoy decido acompañar y votar a favor de la regularización. Espero que en sus resultados pueda evitar y hacer que nuestras mujeres mejoren su calidad de vida”, reveló Morales.

La legisladora indicó: “Estamos ante un tema complejo. Me toca hablar como legisladora y como mujer. Hay una necesidad de una regulación en este sentido”.

“Desde la votación de 2018 he reflexionado, he analizado. La penalización no logra evitar que muchas mujeres realicen esta práctica, y más aún en la clandestinidad. En efecto, la intervención del Estado, en este momento, es fundamental“, aseguró.

Morales siguió: “No se trata de lo que yo piense, sino de lo que está pasando allá afuera, y estas prácticas clandestinas están ocurriendo aun en pandemia. He entendido que tenemos que optar entre la existencia de una regulación u optar por que las cosas sigan de la misma manera”.

“La legalización ha contribuido a disminuir la realización de estas prácticas. Esperemos que esto ocurra aquí también. La penalización no evitó que estas prácticas ocurrieran”, planteó la misionera.

A su vez, expresó: “No creo que a ninguna mujer le guste tener que tomar la decisión de abortar. Nadie quiere matar a nadie. A mi me gusta la vida y estoy a favor de ella”.

Por otra parte, celebró el proyecto de los “mil días”, al considerar que “es un acompañamiento a las mujeres que deciden llevar adelante su embarazo”.

“Ningún funcionario va a decirme lo que tengo que hacer hoy aquí en esta banca. Fueron elegidos a dedo. A mi me eligió el pueblo”. Con esas duras palabras, y ante la presencia de representantes del Poder Ejecutivo en el recinto, la diputada oficialista Vanesa Massetani volvió a rechazar la legalización del aborto.

Massetani  cuestionó la decisión del Gobierno de impulsar ahora el debate. “Muchos festejamos que este presidente haya puesto un Ministerio de Mujeres, pero a la vez no comprendo de ninguna menara que esta sea la prioridad”, dijo.

Además, la santafesina cuestionó -sin nombrarlo- al ministro de Salud, Ginés González García, por calificar al embrión como un “fenómeno”. “A veces resulta gracioso escuchar a expositores y funcionarios, el esfuerzo dialéctico que tienen que hacer para no llamar a las cosas por su nombre”, señaló, y se escucharon aplausos en el recinto.

En ese marco, describió: “Resulta por demás revelador lo que puede realizar un ‘fenómeno’: se mueve, da patadas, agita los brazos, la cabeza, se chupa el dedo, la mano, hace gestos con su cara, bebe líquido amniótico y hace pis”.

La legisladora advirtió que “quienes defienden este proyecto sostienen que hay un mundo clandestino de miles de abortos, que es un problema de salud pública, se habló de la justicia social, del derecho a goce, de que no toda mujer embarazada se siente madre y que el proyecto es una ampliación de derechos”.

“El Estado no obliga a maternar: obliga a parir. Soy madre y creo que la maternidad es mucho más amplia que el hecho de parir”, enfatizó, y tras expresar su “defensa irrestricta de la vida”, explicó que “este derecho se sustenta en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional”.

“Nadie, ni en 2018 ni ahora, pudo sustentar de manera científica que no hay vida desde la concepción”, sentenció Massetani.

Los cuatro diputados que integran el bloque Córdoba Federal (Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Claudia Márquez y Paulo Cassinerio), quienes responden al gobernador Juan Schiaretti, votarán en contra del aborto legal.

Así lo anunció Vigo, esposa del mandatario provincial, quien defendió un proyecto alternativo del bloque y, si bien se expresó a favor de la despenalización, negó que el aborto sea un “derecho”.

Vigo fue la única que se abstuvo en 2018, y Márquez y Cassinerio ya habían anunciado su rechazo.

“El aborto no es el ejercicio del derecho de la mujer sobre su cuerpo”, sentenció la legisladora, quien habló del “dolor inmenso” de “tomar una decisión” como esa.

Para Vigo, “sostener como principio el argumento de que el aborto es un derecho de las mujeres consagra una ambición individualista sobre el tema”.

La cordobesa defendió el proyecto de su bloque, que busca hacer foco en la situación de “vulnerabilidad social” de las mujeres que deciden abortar.

Asimismo, insistió en que “nuestra legislación no abre la consideración del aborto como un derecho de la mujer”.

Si bien aclaró que su bloque es “contrario a una prohibición absoluta” de la interrupción del embarazo, sostuvo que “en el plexo normativo tampoco es una autorización general para la legalización del aborto”.

“Despenalizar es descriminalizar pero no es sinónimo de legalizar”, sintetizó y, agregó que “ninguna mujer debe ser penalizada por realizarse un aborto. Las mujeres no hacemos abortos como ejercicio de ninguna clase de libertad”.

Finalmente, Vigo repitió que “hacer libre el aborto en cualquier situación no es la respuesta”, y concluyó: “Las mujeres ponemos el cuerpo y el alma, pero las palabras ‘aborto’ y ‘libertad’ no van bien en la misma frase”.

Al defender el proyecto de aborto legal este jueves, la diputada Carolina Gaillard hizo hincapié en el rol del Estado y habló de “un histórico para las mujeres de nuestro país”.

Al comienzo de su discurso, la entrerriana ponderó a militantes, a la “marea verde” y a la “decisión política” del presidente Alberto Fernández “que tomó la iniciativa de mandar este proyecto a este Congreso” y “tomó el tema como una política pública en materia de salud”.

“El Estado debía hacerse cargo, el Estado miró durante mucho tiempo para otro lado”, expresó y dijo que “murieron 3.000 mujeres desde la democracia hasta la fecha por aborto clandestino”.

Al precisar aspectos de la iniciativa, la titular de la Comisión de Legislación Penal señaló que se establece un “sistema mixto con causales” y “se adecuan algunos términos -del Código Penal-; y lo que se hace es legalizar la IVE en las primeras 14 semanas sin pena”.

Pero no solo se busca que la mujer no tenga pena, “sino que además pueda asistir a un centro de salud, pueda ser escuchada, le den herramientas, pueda decidir y esa decisión esté acompañada por profesionales”.

“(El proyecto) busca un Estado presente, ese Estado que estuvo ausente durante todos estos años y que es responsable de todas las muertes provocadas por aborto clandestino”, reiteró.

Gaillard aseveró que “no hay riesgo constitucional o convencional si aprobamos esta ley”, porque “estamos obligados por los tratados internacionales a garantizar la salud integral de la mujer”.

“Con este proyecto no vamos a promover el aborto, nadie está a favor del aborto, ninguna mujer se embaraza para abortar, es una situación absolutamente traumática”, remarcó.

Y argumentó que el objetivo es que esa mujer que “estuvo todos estos años en la más absoluta soledad” esté “acompañada por un Estado presente”.

“No van a pasar la historia los tibios, los que la surfeen, los que especulen, sino los que más se la jueguen, porque hay una sociedad que nos está pidiendo que nos hagamos cargo, hay un presidente que no mira para el costado, y toda una organización de mujeres y diputadas que trabajó en el 2018 y que hoy sigue unida”, concluyó.

El diputado tucumano Pablo Yedlin enfatizó que “la manera para que haya menos abortos justamente tiene que ver con legalizarlo y no mantenerlo en la clandestinidad, traerlo a la luz para que el Estado lo pueda controlar, para darle opciones” a las mujeres.

En su discurso durante la sesión de este jueves, el oficialista señaló que “decenas de miles de mujeres en Argentina son internadas todos los años por complicaciones de aborto. Obviamente muchas más abortan y no tienen complicaciones. Lamentablemente algunas de ellas mueren”.

“Si un problema en salud pública tiene solución, entonces se transforma en un problema importante”, sostuvo el titular de la Comisión de Salud, de profesión médico. En esa línea, dijo que “tenemos un problema de mujeres gravemente enfermas o que mueren por una situación que es fácilmente solucionable”.

A favor del proyecto, Yedlin expresó: “Hablo también como tucumano, conocedor claro de la fe de mi pueblo con sus religiones y entendiendo que este proyecto no va contra la religión, las creencias y la cosmovisión de nadie“.

“Hace 100 años que la Argentina viene condenando a las mujeres que deciden suspender su embarazo, y lo han decidido, y lo van a seguir haciendo, a la clandestinidad”, aseguró, para distinguir que “hay dos grupos de mujeres en la clandestinidad, las que tienen recursos económicos y acceden a una interrupción segura y las pobres”, quienes no solo son “perseguidas por la justicia”, sino que “también condenadas a procedimientos inseguros que las llevan a poner en riesgo” su salud y vida.

El diputado resaltó que la discusión no es que el aborto “sea bueno o que es el objetivo, no queremos, ojalá en Argentina cada vez haya menos abortos”.

“La interrupción voluntaria del embarazo y la educación sexual integral son herramientas que el Estado tiene y que llegan con distinta intensidad a distintas jurisdicciones”, agregó, por lo que abogó no solo por sancionar ley, sino por “garantizar que este derecho llegue a los distintos rincones de la patria”.

Finalmente, el legislador del Frente de Todos resumió: “No estamos contra la vida de nadie, estamos a favor de legalizar una situación que ocurre en Argentina y que realmente necesita salir de la clandestinidad para salvar la vida de muchas mujeres”.

La diputada nacional Cecilia Moreau abrió este jueves el debate de aborto legal y aseguró que el proyecto “viene a ofrecer una respuesta concreta a un problema de salud pública y estructural que existe en nuestro país”.

Miembro informante del oficialismo como presidenta de la Comisión de Legislación General, la legisladora compartió el tiempo con los otros tres diputados que estuvieron a cargo de la discusión en las comisiones.

“Hoy se cumplen 37 años del retorno de la democracia, en estos 37 años se garantizaron derechos”, señaló, para recordar leyes de divorcio, patria potestad compartida, identidad de género y matrimonio igualitario. Por eso, consideró: “No tengo dudas que esta fecha es simbólica para conquistar un nuevo derecho”.

Moreau aseguró que “velar por la asistencia y el acompañamiento de todas las mujeres que deciden interrumpir su embarazo es entender que se trata fundamentalmente de un problema de salud pública” y que el Estado asume “garantizar este derecho”.

La diputada del Frente de Todos sostuvo que el proyecto de IVE y el de “Plan de los Mil Días” deben tratarse “necesariamente y en conjunto”. “Ambos proyectos promueven más justicia social e igualdad de oportunidades, amplían derechos y cuidan la salud entendida de manera integral”, agregó.

Además, defendió que la iniciativa “profundiza una política de salud pública que tiene como eje el acompañamiento de las mujeres y de las personas gestantes sea cual fuere su plan de vida”. “Se trata de poder garantizar un acceso y un disfrute pleno al nivel más alto de la salud que el Estado pueda brindar”, insistió.

Moreau repasó que la ley contempla “el derecho a decidir, a requerir y a acceder a la IVE en los sistemas de salud hasta la semana 14 de gestación inclusive”. “Por fuera de ese período se mantienen las dos causales existentes hace muchísimos años en el Código Penal”, aclaró.

También prevé “el derecho a que el Estado se involucre efectivamente en la prevención de los embarazos no deseados mediante el acceso a la información y la incrementación de las políticas de educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos”.

“Este debate ha sido puesto sobre la mesa hace muchísimo tiempo por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y por las miles y miles de mujeres que nos han impuesto este debate puertas afueras del Congreso”, destacó.

Por Carolina Ramos

En una sesión que durará menos de lo previsto -unas 20 horas-, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de despenalización y legalización del aborto, que, en principio, cuenta con los votos para ser aprobado y girado al Senado, donde se presenta un escenario todavía incierto.

A continuación, se debatirá el proyecto que crea el “Programa de los Mil Días”, el cual brinda acompañamiento e incentivos a aquellas mujeres que desean continuar con su embarazo.

Si bien el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, había informado que las iniciativas se debatirían en conjunto, en Labor Parlamentaria el Pro reclamó que se hicieran dos debates separados y triunfó esa postura.

En primer lugar, como marca el reglamento, los miembros informantes tendrán 20 minutos cada uno para defender los dictámenes: Cecilia Moreau (Frente de Todos) por el de mayoría y Carmen Polledo (Pro) por el de rechazo.

Luego no habrá tiempos de bloque, sino que se pasará directamente a oradores individuales de cinco minutos cada uno, y finalmente tampoco habrá cierres, sino que sobrevendrá la votación.

Para el proyecto de aborto legal, se calcula que habrá unos 170 diputados anotados para hablar, con lo que la votación sería cerca de las 4 de la mañana del viernes, y luego la sesión continuará con el proyecto de los “Mil Días”, para el cual habría unos 50 oradores.

La sesión tendrá como marco, una vez más, la movilización y posterior vigilia de la Campaña por el Aborto Legal y de las agrupaciones que rechazan la ley. Los “verdes” se ubicarán del lado de Avenida Rivadavia, mientras que los “celestes” lo harán sobre Hipólito Yrigoyen.

Pero además, en el recinto habrá un desfile de funcionarios: ya está confirmada la presencia del ministro de Salud, Ginés González García, y también participarían desde los palcos Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres y Diversidad) y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Los diputados a favor del aborto legal se ilusionaban hasta anoche con la presencia del presidente Alberto Fernández, aun no confirmada.

El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), cuenta, según el sondeo de parlamentario.com, con un piso de 124 diputados, mientras que los rechazos son 109. La Cámara se completa con 23 legisladores indefinidos, algunos de los cuales guardarán en secreto su decisión hasta el final.

El texto recibió dictamen favorable este miércoles en el plenario de comisiones con dos modificaciones clave para sumar votos: en primer lugar, se incorporó un artículo que indica que la paciente deberá ser derivada de inmediato a otro establecimiento de salud cuando el requerimiento se realice en uno donde todos los profesionales sean objetores de conciencia.

En segundo término, se ajustó la redacción para los casos de mujeres menores de 16 años: el proyecto ahora remite al artículo 26 del Código Civil, que señala que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales” pero “cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico”.

A diferencia del proyecto de aborto legal, donde hubo dos dictámenes -el de mayoría recibió 77 firmas y el de rechazo, 30-, el “Programa de los Mil Días” recibió unanimidad y se espera una votación por amplia mayoría. De ser aprobados, los dos proyectos serán girados al Senado, que tendrá la última palabra.

El proyecto de despenalización y legalización del aborto se votará en la sesión convocada para este jueves a las 11 en la Cámara de Diputados. A continuación, los puntos principales:

• Tiene por objeto “regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible”.

• Las mujeres y personas gestantes podrán interrumpir su embarazo hasta la semana catorce (inclusive) de gestación. Fuera de ese plazo, el aborto se podrá practicar en dos supuestos: si el embarazo es producto de una violación; o si está en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

• En caso de violación, las personas gestantes a partir de los 13 años de edad deberán presentar una declaración jurada ante el personal de salud.

• El plazo máximo para realizar el aborto desde que la persona gestante lo solicita es de diez días corridos. Una vez que se realiza el requerimiento, los establecimientos sanitarios deberán poner a disposición de la persona toda la información necesaria, así como la atención y el acompañamiento a lo largo de todo el proceso.

• Previo a la realización del aborto, la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento informado, por sí sola, a partir de los 16 años de edad. Para los casos de menores de 16 años, el proyecto se remite al artículo 26 del Código Civil y Comercial, que señala que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales” pero “cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico”, y agrega que “en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada”.

• El personal de salud debe garantizar, como mínimo, las siguientes condiciones: trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información y estándares de calidad.

• El profesional que deba intervenir “de manera directa” en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Si se opone a realizar la práctica, tendrá que derivar a la paciente para que sea atendida por otro profesional, “sin dilaciones”. De todos modos, el profesional no podrá negarse a interrumpir el embarazo si la vida o las salud de la persona gestante está en peligro y requiere una “atención inmediata e impostergable”. No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria posterior al aborto.

• En el debate en comisiones se incorporó un artículo vinculado a las obligaciones que tendrán los establecimientos de salud donde todos los profesionales sean objetores de conciencia. Según el agregado, “aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó”. Se aclara que “en todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica” y que “las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación”.

• El sector público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. Estas prestaciones quedarán incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

• Se establece que el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios “tienen la responsabilidad de implementar la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población”.

• El Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales deberán implementar capacitaciones para el personal de salud a fin de cumplir con la ley.

Modificaciones al Código Penal

• En el artículo 85 se mantiene la pena de tres a diez años de prisión para quien provoque un aborto sin consentimiento. Esta pena podrá ser de hasta 15 años si causa la muerte de la persona gestante.

• Si el profesional obra con consentimiento y el aborto se produce después de la semana catorce y sin que existan los supuestos previstos (violación o peligro para la mujer), la pena será de tres meses a un año -actualmente es de uno a cuatro años-.

• A su vez, se establecen penas de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para quienes dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a practicar el aborto en los casos autorizados. Esto abarca tanto a los médicos como a las autoridades del establecimiento de salud.

• En el punto medular del proyecto, se modifica el artículo 86 del Código autorizando el aborto voluntario hasta la semana catorce.

• En el artículo 87 se aumenta el máximo de la pena para quienes “con violencia” causen un aborto -sin haber tenido ese propósito- a una persona con un embarazo “notorio”. La nueva pena será de seis meses a tres años -actualmente son seis meses a dos años-.

• Por último, en el artículo 88 se reprime con prisión de tres meses a un año a la persona gestante que cause su propio aborto o consienta que otro se lo provoque, por fuera de las causales habilitadas. Actualmente, esa pena es de uno a cuatro años, es decir que ahora se reduce y será excarcelable. Se indica además que “podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta”, y se mantiene, como hasta hoy, que “la tentativa de la persona gestante no es punible”.

Por Carolina Ramos

Con dos modificaciones clave que le permitirían al sector “verde” ampliar la diferencia a favor, el proyecto de despenalización y legalización del aborto recibió dictamen favorable y será tratado este jueves en la Cámara de Diputados con la presencia de casi la mitad de los legisladores y una nueva movilización en las calles, bajo la mirada atenta de los senadores, que tendrán el veredicto final.

El proyecto del Poder Ejecutivo fue despachado en el plenario de comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad, que se reunió en el recinto -un escenario atípico- para poder cumplir el distanciamiento social entre los diputados.

El dictamen a favor obtuvo 77 firmas, mientras que el de rechazo recibió 30. A la hora de las firmas, se mantuvieron al menos tres incógnitas: las oficialistas Graciela Parola (Formosa) y María Luisa Montoto (Santiago del Estero), ambas conectadas desde sus provincias, se abstuvieron de firmar dictamen, con lo que mantendrán su decisión en secreto hasta último momento. La tercera abstención fue del puntano Karim Alumé Sbodio -él sí presente en el recinto-, quien en 2018 votó en contra, pero en esta oportunidad no suscribió ninguno de los dictámenes, lo cual sorprendió y abre interrogantes respecto a la postura que mantendrá esa vez.

Las modificaciones

En primer lugar, se incorporó un artículo vinculado a las obligaciones que tendrán los establecimientos de salud donde todos los profesionales sean objetores de conciencia.

Según el agregado, “aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó”.

Se aclara que “en todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica” y que “las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación”.

El segundo cambio que sufrió el texto tiene que ver con las personas gestantes menores de 16 años que requieran un aborto. En esos casos, se establecía originalmente que “se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”.

Ahora, el proyecto se remite fundamentalmente al artículo 26 del Código Civil y Comercial, que señala que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales” pero “cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico”, y agrega que “en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada”.

Además, indica el Código, “se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física”.

Por otra parte, aunque se especulaba con que pudiera acotarse el plazo para la realización del aborto -de diez a cinco días desde la fecha de su requerimiento-, se mantuvo el plazo original de diez días.

El debate

La discusión arrancó con Carmen Polledo, una de las abanderadas del sector “celeste”, quien fundamentó el dictamen de rechazo. “El proyecto resulta extremadamente inoportuno por el contexto sanitario producto de la pandemia. Nos parece realmente un escándalo estar tratando la legalización del aborto con los gravísimos problemas que estamos enfrentando”, planteó.

Polledo, vicepresidenta de la Comisión de Salud, insistió en que el aborto “no está en la agenda de nuestras mujeres” y agregó: “La solución no pasa por la legalización, sino por una adecuada implementación de la educación sexual integral y de las políticas públicas para la prevención de embarazos no intencionales”.

La porteña sostuvo que el aborto legal es “incompatible con nuestro ordenamiento jurídico”, y alertó: “Se debate como si existiera una tensión entre el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo y el derecho a la vida del niño por nacer. Estamos discutiendo sobre la eliminación de un ser vivo que se está gestando en el vientre materno”.

La diputada del Pro reconoció que “no corresponde mantener la punición de la mujer”, pero consideró que “una cosa muy diferente es legalizar el aborto. Es algo que hay que erradicar, no legalizar”.

En defensa del aborto legal, Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, enfatizó qie “claramente es un tema de salud pública”.

“No estamos discutiendo si estamos a favor o en contra de la interrupción del embarazo. Seguramente todos estamos en contra. Lo que tenemos que hacer para que no haya abortos es trabajar para que no haya embarazos no deseados”, sugirió el tucumano.

A su vez, dijo que la despenalización es “un mensaje claro a todas las provincias y a los sistemas judiciales”, y finalmente, sentenció: “El aborto lamentablemente ocurre. No verlo es falso. Miles de mujeres en Argentina a lo largo de estos 100 años de Código Penal han interrumpido embarazos en la clandestinidad”.

El puntano José Riccardo (UCR), quien votará a favor, volvió a plantear lo mismo que hace dos años: la necesidad de reforzar la educación sexual integral. “Tanto en el debate de 2018 como en este, hubo una palabra que se repitió en las miles de alocuciones de todos: educación sexual integral”, advirtió, y recordó que hay un proyecto pendiente de tratamiento en ese sentido.

Romina Del Plá  (PO) pronunció su último discurso como diputada y afirmó que el avance del proyecto es “el resultado de la enorme marea verde que recorre todo el país”, aunque criticó el derecho a la objeción de conciencia, por considerar que se trata de un “obstáculo” para la realización de la práctica.

“La ley que se va a votar habilita la objeción por ideario institucional al no establecer la obligación de los centros de salud a garantizar la práctica. Es una prerrogativa inadmisible que permite que clínicas e instituciones de salud vulneren la ley en nombre de la objeción de conciencia. Un bloqueo de hecho al acceso a la práctica y una concesión enorme a los agentes del clero que tienen colonizado buena parte del sistema de salud público y privado en todo el territorio nacional”, cuestionó.

En contra del proyecto, Jorge Enriquez (Pro) negó que se trate de un “clamor popular”. “Encuestas recientes han dicho que así como había una paridad en 2018, hoy hay un 70% de la gente en todo el país (la Ciudad y el AMBA no somos el ombligo de la Nación) que se opone”, reveló, aunque sin citar la fuente.

Enriquez sostuvo que “la embriología y la genética nos indican que hay vida desde la concepción y que esa vida no se puede suprimir por la decisión unilateral de una persona. Estaría disponiendo sobre un cuerpo que no es el propio, sino sobre otra vida”.

Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), otra de las opositoras a la ley, aclaró que “jamás utilizó argumentos religiosos”, sino jurídicos. “No tengo nada contra las mujeres, pero no puedo callarme ante el milagro de la vida. Nadie quiere criminalizar a la mujer, Que una sola mujer vaya presa o que tenga que transitar por el sistema penal, nadie lo quiere. Pero poder pensar que una persona puede decidir a libre arbitrio o capricho sobre otra…”.

Quien cerró la discusión fue Graciela Camaño, otra “celeste”, quien advirtió que “la sociedad que modelamos con esta legislación es una donde claramente el individuo se despoja de responsabilidades por sus acciones voluntarias que fueron asumidas libremente, incluso a costa de la vida ajena. Si es así, la ley solo va a servir como instrumento para legitimar las pulsiones, los deseos, los intereses individuales, y eso es el fracaso de la comunidad organizada”.

“Este proyecto claramente lesiona el derecho a la vida por nacer”, insistó la diputada de Consenso Federal, y remató: “Si se sanciona el aborto va a ser legal, pero jamás va a ser justo”.

El dictamen

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En la víspera de la sesión en la que la Cámara baja analizará el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el diputado puntano por el Frente de Todos Carlos Ponce salió del grupo de los indefinidos y reveló que votará a favor de esa iniciativa.

“Esperé hasta este momento porque quería ver la redacción final de la ley y tener todos los elementos sobre la mesa para llegar a una decisión”, aseveró.

Ponce trazó un paralelismo con el debate de 2018. “En aquel momento el Estado nacional presentó el proyecto y se desentendió, no estuvo detrás del proyecto, y eso abrió un gran debate en la sociedad, entonces es algo que hay que resolverlo”, indicó y destacó que ahora “el Gobierno presenta el proyecto y se compromete a resolver el tema”.

“No es como algunos dijeron que ‘se quiere avalar la muerte’, nada que ver. Este proyecto no fomenta el aborto, pone blanco sobre negro y demuestra que hay una gran cantidad de abortos clandestinos… si eso se blanquea y el Estado y las obras sociales se hacen cargo, es algo que puede resolverse”, aseguró.

El puntano insistió en que la iniciativa que se debatirá en el recinto “no promueve el aborto, sino que va a acompañado del proyecto de los mil días, por lo que se busca acompañar a esas mujeres que están embarazadas y ofrecerles contención a las mujeres que se encuentran en una situación de desesperación”.

“Acá lo que hay que hacer, si la ley saliese, es trabajar para bajar los índices de abortos que hay en la Argentina y tratar de que no ocurra más. No podemos condenar a una mujer que en una situación desesperada recurre a un aborto. ¿Quién no conoce un caso de una persona que ha abortado? A cada persona que yo le he preguntado me dice que sí, que conocen a alguien”, aseveró en diálogo con C5N.

No obstante, Ponce afirmó que tiene un algunos cuestionamientos acerca del texto, dado que consideró que llevar el aborto “a las 14 semanas es demasiado, creo que lo correcto sería extenderlo hasta las 12 semanas y voy a seguir pidiéndolo”.

También remarcó que “hay que ir por la educación sexual en los colegios, tenemos que conseguir que haya menos embarazos no planificados; tenemos jóvenes muy jovencitas que quedan embarazadas por desconocimiento”.

Al mismo tiempo, señaló que “en San Luis creemos que la esperanza tiene que estar en lo más alto, por eso digo que este proyecto tiene que ser una esperanza como lo fue en su momento la Ley de Divorcio o la de Matrimonio Igualitario”, y concluyó: “No es que la gente va a salir a abortar porque sí: esto es terminar con la clandestinidad y el flagelo. La penalización del aborto ya fracasó, ahora debemos resolverlo”.

Tras el plenario de comisiones en el que se dictaminará el proyecto de legalización del aborto, los jefes de bloques de la Cámara de Diputados se reunirán en Labor Parlamentaria a partir de las 19 para acordar los detalles del debate que se prevé maratónico.

Según estimaciones, la discusión de la iniciativa, en conjunto con el proyecto de “Programa de los Mil Días” -también enviado por el Poder Ejecutivo- duraría alrededor de 30 horas, es decir, más de un día entero. La sesión iniciará el jueves a las 11 y se extenderá de esa manera hasta el viernes.

El 13 de junio de 2018, cuando el tema se debatió por primera vez en la historia, la sesión en la Cámara de Diputados duró un poco más de 23 horas.

Por Carolina Ramos

Eran cerca de las 8 de la mañana del 14 de junio de 2018 cuando un tuit cambió la historia. El diputado pampeano Sergio Ziliotto -luego electo gobernador- anunciaba el voto a favor de sus dos compañeros de bloque y se daba vuelta el resultado, que finalmente quedó sellado con el apoyo de un fueguino. Tras una madrugada para el infarto, se aprobaba en la Cámara de Diputados el proyecto de despenalización y legalización del aborto.

Dos años después, con una renovación de bancas de por medio, un presidente que impulsa la ley, el debate ya maduro y el movimiento feminista nuevamente en las calles, los diputados y diputadas “verdes” llegan a la sesión más confiados: tendrían garantizada la mayoría para volver a lograr la media sanción y girarla al Senado, donde están puestas todas las miradas.

La posición pro-aborto legal está muy cerca de alcanzar los 129 votos, si bien sigue habiendo un grupo de diputados entre signos de interrogación. Según el relevamiento que realizó parlamentario.com, hay 123 a favor del proyecto, 109 en contra y 24 indefinidos. El diputado número 257 es José Ignacio De Mendiguren, que está de licencia por su cargo en un banco público.

La mayoría de los diputados electos en 2019 dieron a conocer su postura públicamente, y otros la confirmaron a este medio, pero la mantienen bajo reserva hasta el día de la sesión. Asimismo, entre los que ya votaron en 2018 hay dos mujeres que lo hicieron a favor y ahora irán por el rechazo: la chaqueña Aída Ayala (UCR) y la correntina Sofía Brambilla (Pro).

Entre los legisladores que no se pronunciaron figura ni más ni menos que Sergio Massa. A diferencia de hace dos años, cuando la posibilidad de un desempate de Emilio Monzó despertó todo tipo de especulaciones, esta vez es impensado que el presidente de la Cámara tenga que intervenir en la votación.

Por otra parte, el bloque Córdoba Federal -que fue clave para la aprobación del recorte de la coparticipación porteña- presentó en los últimos días un proyecto alternativo de despenalización del aborto. Pero lo cierto es que, lejos de acercar posiciones, dos de los cuatro integrantes votarán en contra de la iniciativa del Ejecutivo: Paulo Cassinerio (ya lo hizo en 2018) y Claudia Márquez, la mujer que asumió en lugar del intendente de la capital, Martín Llaryora.

“Mi voto es en contra. Tengo esta posición desde los años ’90, cuando era estudiante de Derecho, y no ha variado, por el contrario: a través del principio de progresividad de los derechos, se fue consolidando la protección de los derechos tanto de las mujeres como de los niños, y se dio carácter de niño al concebido cuando se ratificó la Convención de los Derechos del Niño. Mi postura personal es a favor de la vida”, ratificó Márquez ante la consulta de parlamentario.com.

Por lo tanto, resta conocer qué harán el jefe de la bancada “schiarettista”, Carlos Gutiérrez, que en campaña propuso convocar a una consulta popular; y Alejandra Vigo, esposa del gobernador, la única que se abstuvo hace dos años. Ambos guardan su definición bajo siete llaves.

Otros diputados que evitaron expresarse hasta ahora son Mariana Zuvic (Coalición Cívica-CABA), Jorge Sarghini (Consenso Federal-Buenos Aires) y Lucía Corpacci (Frente de Todos-Catamarca). En la misma situación están Sebastián García de Luca (PRO-Buenos Aires) y Martín Berhongaray (UCR-La Pampa), quienes votarían a favor.

Tampoco confirmó su posición el propio titular de la UCR, Alfredo Cornejo, que en campaña propuso una consulta popular. Jimena Latorre, quien le siguió en la lista de diputados, también se había inclinado por esa propuesta, pero hace pocos días confirmó que acompañará, y lo mismo haría otro mendocino, Alejandro Bermejo (Frente de Todos).

La lista de indecisos se completa con el jujeño Jorge “Colo” Rizzotti (UCR), quien responde al gobernador Gerardo Morales; el chaqueño Gerardo Cipolini, también del radicalismo; y nada menos que 15 diputados del bloque oficialista, entre los que se encuentran la mencionada Corpacci; Carlos Ponce, exvicegobernador de San Luis; y el massista Ramiro Gutiérrez.

Desde luego, Máximo Kirchner apoyará, e incluso tendrá a su cargo el cierre del debate como jefe del bloque, si es que no resuelve dejarle el lugar a alguna mujer del Frente de Todos. Como está aislado porque mantuvo contacto estrecho con una persona con Covid positivo, es difícil imaginar un discurso final de un tema tan trascendente pronunciado desde una pantalla.

Entre las autoridades de Juntos por el Cambio, solo Cristian Ritondo (Pro) está en contra de la legalización. Mario Negri, jefe del interbloque, volverá a votar a favor, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) siempre fue activo militante de la causa. En 2018 el bloque tuvo un solo “verde” (Juan Manuel López) y ahora se suman con su voto, además de Ferraro, Mónica Frade y Mariana Stilman.

José Luis Ramón, titular de Unidad Federal para el Desarrollo, volvería a votar en contra. En el anterior debate se había expresado a favor, pero a los pocos días cambió su postura, lo que le valió la expulsión del bloque que entonces compartía con el porteño Martín Lousteau. Recientemente, el mendocino propuso un plebiscito.

Hay dos bloques enteros que rechazan la Interrupción Voluntaria del Embarazo: el Frente de la Concordia misionero y Acción Federal. En Consenso Federal hay dos votos en contra -Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez- y un indeciso, el mencionado Sarghini. Eduardo “Bali” Bucca, titular del interbloque habitado por los “lavagnistas”, ya votó a favor.

Entre los “verdes” también figuran el representante del Partido Socialista, Enrique Estévez; el rionegrino Luis Di Giácomo; y por supuesto, Nicolás Del Caño y Romina del Plá, del Frente de Izquierda. Por último, hay dos bloques unipersonales en contra: Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino) y Beatriz Ávila (Partido de la Justicia Social).

El horizonte más inmediato es el de la definición en comisiones y el sector pro-abortista lleva ventaja para alzarse, sin inconvenientes, con el dictamen favorable. Tiene mayoría en las comisiones de Legislación General, Salud y Mujeres y Diversidad, mientras que Legislación Penal es la más peleada. En las cuatro comisiones hay tan solo cinco indefinidos.

El proyecto de IVE fue debatido en cuatro jornadas con la participación de unos 70 expositores de ambos bandos. El plan es firmar dictamen el próximo miércoles a las 17, con la mayoría de los diputados ya en Buenos Aires. Es que, según acordaron jefes de bloque, a partir de ahora la virtualidad será la excepción: quienes participen de modo remoto deberán acreditar sus motivos ante una subcomisión que evaluará cada caso.

Con este nuevo esquema es que Diputados tratará, el próximo jueves, los proyectos de aborto legal y del Programa de los Mil Días, que también será dictaminado el miércoles, a las 14. Las autoridades de la Cámara trabajan desde el viernes para la puesta a punto del recinto, las galerías y los salones aledaños, donde habrá que guardar distanciamiento.

Semana clave para el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Diputados: está todo listo para que se dictamine y debata el proyecto en la Cámara baja. En efecto, este sábado las autoridades de las comisiones intervinientes en el debate convocaron a los integrantes de la misma para estar de manera presencial en el recinto de Diputados este miércoles para suscribir el dictamen correspondiente, con el fin de llevarlo al recinto al día siguiente.

En efecto, las comisiones de Legislación General, Salud Pública, Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad se reunirán este miércoles a las 16.30 en el recinto de la Cámara baja, justo cuando las autoridades acordaron con todos los bloques la vuelta de la presencialidad, condicionada. Esto es, con todos los diputados, salvo aquellos que acrediten razones de salud que justifiquen su ausencia.

Se pondrán a consideración este miércoles el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y la atención postaborto que elaboró el Poder Ejecutivo, como así también uno de las diputadas Victoria Donda, Brenda Austin, Mónica Macha, Carolina Moisés, Silvia Lospennato, Cecilia Moreau, Romina del Plá, Araceli Ferreyra, Daniel Lipovetzky, Daniel Filmus, Nicolás del Caño, Mayra Mendoza, Hugo Yasky, Mónica Schlotthauer y Ana Carla Carrizo; y otro de los diputados Araceli Ferreyra y Leonardo Grosso, ambos de 2019, como así también uno más presentado este año por el bloque Córdoba Federal, de Alejandra Vigo, Claudia Márquez, Carlos Gutiérrez, y Paulo Cassinerio.

Previamente, a las 14, habrá otra reunión, en este caso de las comisiones de Salud y Presupuesto por el proyecto de los “mil días”, que se debatirá de manera conjunta al día siguiente en el recinto. En efecto, para el jueves, en horario a determinar, está prevista la sesión especial por ambos proyectos. Una sesión que será aun más extensa que la de 2018 por el aborto. Para esta vez, según estimaciones preliminares, se estima una extensión de más de 30 horas. Sea lo que sea, la definición en Diputados estará recién el viernes.

Un plenario de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Salud, y Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados continuó este viernes con el debate en comisiones del proyecto de legalización del aborto, impulsado por el Gobierno nacional.

Según lo acordado entre los bloques, el dictamen se firmará -de forma presencial- el próximo miércoles, para llevar la discusión al recinto un día después, el 10 de diciembre.

La jornada se realizó en el marco de una reunión informativa, dado que todavía no existe renovación del protocolo de funcionamiento de la Cámara baja, y aunque las exposiciones de invitados ya concluyeron este jueves.

Durante el primer período, realizado por la mañana hasta pasado el mediodía, todas las expresiones fueron de legisladores del Frente de Todos, salvo la de Romina Del Plá, de la izquierda. Además, un solo diputado que está en contra de la iniciativa hizo uso de la palabra.

La reunión empezó con la intervención de la salteña Verónica Caliva (Frente de Todos), quien destacó que el proyecto “vino a cumplir con la palabra de nuestro presidente” y “a dar cumplimiento con el contrato electoral”.

En referencia a las mujeres con bajos recursos, aspecto saliente del debate por parte de todos los oradores, tanto a favor como en contra, la oficialista dijo que “cuando las pobres deciden abortar quedan en riesgo de vida” porque “deben hacerlo en la clandestinidad absoluta, con el tallo de perejil o los métodos más crueles que encuentran”. “El Estado tiene la responsabilidad de acompañar a las mujeres más vulneradas”, resaltó.

También desde el oficialismo, pero en contra del proyecto, el puntano Karim Alume Sbodio (Frente de Todos) recordó su posición a favor de “la despenalización total de la persona gestante ante la interrupción voluntaria del embarazo”, por eso cuestionó la redacción del artículo 17, “que mantiene la penalización de la mujer”, en referencia a que la práctica estará penada luego de la semana 14.

En lo que respecta a materia penal, el legislador consideró que en la iniciativa “se mantiene al Estado en el rol inquisitorio” en lugar del “rol asistencial” que es el que se requiere cuando se refiere al “acceso al derecho de salud”. Además opinó que con este proyecto “se exacerban las desigualdades existentes en nuestro país” respecto de los diferentes sistemas de salud y de justicia.

Por su parte, el bonaerense Leonardo Grosso (Frente de Todos) remarcó que el debate del aborto legal “no se da por iniciativa de un sector político, no solo por iniciativa de nuestro Gobierno”, sino que “es un capítulo más de una larga lucha de los feminismos en nuestro país, que empezó hace mucho tiempo”.

El diputado criticó a los “sectores que tratan de meter al aborto en la grieta, en el River-Boca”, cuando en realidad “la política llega de atrás” con este tema. Al repetir que no está en discusión si “aborto sí, aborto no”, Grosso sostuvo: “Estamos debatiendo si siguen los abortos realizándose en la clandestinidad o si los abortos se hacen en forma segura en el sistema de salud pública”.

“Hay miles de abortos por día en Argentina”, enfatizó e instó a como Poder Legislativo “hacernos cargo de esta problemática” porque “el Estado tiene que legislar para proteger a las mujeres”.

La rionegrina Ayelén Sposito (Frente de Todos) manifestó su apoyo al proyecto como “una militante transfeminista”, pero también como “médica y profesional de la salud”, que le ha tocado “afrontar situaciones con mujeres o cuerpos gestantes acudiendo al consultorio porque tenían un embarazo no deseado”.

La legisladora oficialista pidió a sus pares “no pararnos desde lo ético, desde lo moral, desde lo religioso; tenemos que pensar en las mujeres y los cuerpos gestantes sobre su deseo a maternar, y tenemos la responsabilidad de acompañar esa decisión”. “El aborto existió, sigue existiendo, y nosotros tenemos que garantizar que sea legal”, aseveró.

Otra diputada que habló a favor fue Romina Del Plá (Frente de Izquierda), quien expresó que “este debate tiene una urgencia y una necesidad absoluta”, al tiempo que llamó a “destrabar todos los obstáculos para que la educación sexual integral sea realmente sea laica y científica”.

La bonaerense reclamó que hace dos años atrás “aquellos bloques que se subordinan a los acuerdos con las iglesias bloquearon que se trate ese dictamen”. Y apuntó entonces contra argumentos del sector “celeste”: “No es real que aborto no y educación sexual sí”.

También, Del Plá negó que el pedido esté concentrado en el epicentro porteño, sino que “en todo el país” hay presencia de “marea verde”. “Hay decenas de mujeres presas o con procesos penales porque no solo se aplica lo del Código Penal correspondiente, sino el artículo 80 de homicidio agravado por el vínculo”, agregó.

En tanto, el pampeano Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos) hizo referencia al Código Penal de 1921, “que fue sancionado por hombres blancos” y “solo se refería a la mujer como sujeto de derecho para estigmatizarla o castigarla”. En ese sentido, señaló que es necesario adaptar la legislación “a los cambios que han devenido en la sociedad”.

Para el diputado, el tema “no es cuestión de mayorías, encuestas, plebiscitos, es cuestión de derechos”. “A nosotros los varones nos compete una tarea de acompañamiento lisa y llana. Tenemos que acompañar a la mujer en su decisión”, sumó.

Con cifras de la organización Socorristas en Red, la bonaerense Jimena López (Frente de Todos) detalló que en este año se recibieron “13 mil llamadas” de mujeres o personas gestantes con la decisión de abortar. De ese número, el 53% vivió situaciones de violencia que no denunciaron; 12 mil personas tenían entre 20 y 40 años; el 22,3% no tiene trabajo remunerado; y el 28% mujeres que están informalizadas; puntualizó.

La diputada indicó además que el 56% no llega a cubrir un Salario Mínimo, Vital y Móvil; que el 30% de esas personas cobran la AUH o algún tipo de plan; y que el 70% no posee cobertura médico-asistencial u obra social.

Tras la última ronda de exposiciones, comenzó a debatirse entre los diputados el proyecto de despenalización y legalización del aborto, en el marco del plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad, que retomará la discusión este viernes.

Antes de las primeras intervenciones de los legisladores, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) puso en tela de juicio la validez del debate, ya que todavía no fue consensuado el nuevo protocolo de funcionamiento.

Camaño reclamó que los jefes de bloque -que se reunieron este miércoles pero todavía no llegaron a un consenso definitivo- “apuren la discusión del protocolo” y consideró que el debate entre los diputados no estaría permitido sin esa regulación.

“No trato de aportar a la confusión, sino a que hagamos las cosas correctamente”, señaló la diputada, y aclaró que su planteo no estaba vinculado a su posición en contra del proyecto de ley.

Carolina Gaillard, titular de Legislación Penal, recordó que el cronograma de debate fue acordado entre los presidentes de las comisiones y se decidió comenzar este jueves para que “no sea un debate exprés, sino un debate extendido, y que cada diputado pueda expresarse”.

“Tenemos la buena voluntad de utilizar las reuniones informativas para que los diputados integrantes puedan expresar sus opiniones”, se defendió Gaillard.

Su postura fue avalada por Romina Del Plá (P-_FIT) y, fundamentalmente, por la secretaria parlamentaria del Pro, Silvia Lospennato, quien se mostró “sorprendida” con el pedido de Camaño.

Lospennato recordó que en el mes de abril, cuando todavía no existía ningún protocolo, “la Cámara funcionó en reuniones informativas”, y dejó en claro que “claramente no se puede dictaminar” ni este jueves ni el viernes, por lo que se tomó la decisión de posponer el dictamen para el próximo miércoles.

Tras la discusión reglamentaria, empezaron finalmente las intervenciones de los diputados y el primero en hacer uso de la palabra fue Juan Carlos Alderete, del Frente de Todos y de la Corrientes Clasista y Combativa (CCC).

“Las mujeres abortan desde hace miles de años, independientemente de sus creencias e incluso sabiendo el riesgo de muerte en esa práctica. Por eso insistimos en que ante algo que existe inexorablemente, es justo que se legalice para que dejen morir las mujeres”, sostuvo.

Alderete amplió: “No estamos a favor del aborto en sí mismo: estamos en contra de la clandestinidad y de las injusticias sociales, porque aquellas que cuentan con los recursos necesarios pueden abortar en una clínica privada, y las que no, están condenadas a realizarse prácticas inseguras que ponen en riesgo su vida”.

Otra oficialista, Mara Brawer, recordó que en 2018 participó como expositora a favor del aborto legal. “Que se haya instalado en ese momento el debate en la agenda pública era un paso fundamental para terminar con la hipocresía que siempre juzgó y discriminó a las mujeres”, enfatizó.

La legisladora comparó la situación con la de hace dos años y afirmó que “las mujeres seguimos abortando, lo hacemos en condiciones inseguras, y hay miles de mujeres que llegan a los hospitales con daños en su salud y otras que mueren por abortos inseguros”.

También destacó que “las miles y miles de mujeres que estaban en las calles, la hermosa marea verde, están muchísimo en las redes por la pandemia”.

Más allá de esto, observó que este año “no discutimos solo ‘aborto sí’ o ‘aborto no’, sino cómo se van a llevar a cabo estas políticas públicas para quienes quieran interrumpir su embarazo y acompañar a quienes quieran llevar adelante su embarazo”.

“Hoy no se trata de un Estado observador, que solo mira el debate, sino que estamos ante un Estado presente, que quiere hacerse cargo de estos problemas”, diferenció Brawer.

En contra de la legalización se expresó Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, quien observó que las exposiciones de invitados dejaron claro que “no hay homogeneidad en el abordaje jurídico, ni médico, ni social, ni en la necesidad de aprobar este proyecto o en las consecuencias de legalizar el aborto”, y “esto refleja lo dividida que está la sociedad en este tema”.

Campagnoli informó que ella misma presentó proyectos para reformar las leyes de Educación Sexual Integral y de Salud Sexual, así como la de Adopción, y así buscó refrendar su compromiso con el tema.

De todos modos, cuestionó que el aborto legal se vote junto con el Programa de los Mil Días. “Suena un poco oportunista presentarlos conjuntamente”, consideró.

La representante de la Coalición Cívica habló de una “falsa dicotomía de si somos pro-derechos o anti-derechos”, y en relación a la letra chica del proyecto, sostuvo que “no despenaliza a la mujer; a pesar de las afirmaciones respecto de que el derecho penal fracasó, el proyecto no propone un cambio de paradigma”.

“No se deroga ni un solo artículo y se mantiene la penalización de la mujer en el artículo 88, aunque sí baja las penas”, puntualizó.

La última oradora de la jornada fue Gabriela Estévez (Frente de Todos), quien hizo énfasis en “el derecho de las mujeres a construir sus proyectos de vida”. “Para poder construir un proyecto de vida tenemos que garantizar el acceso a los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud”, dijo.

Según la cordobesa, “en este momento, bajo las condiciones que tenemos, nos vemos limitadas para construir nuestro proyecto de vida. Es una realidad que debemos poner en discusión”.

“El aborto es la última opción, en el medio hay muchas otras opciones. Pero aun teniendo todas esas posibilidades, los embarazos suceden, y cuando son no deseados, las mujeres y personas gestantes acuden a interrumpirlos, en condiciones inseguras en muchos casos, y siempre en la clandestinidad, y esto significa un riesgo a la salud que no estamos considerando”, planteó.

Antes de los diputados, participaron como invitados Mariela Bielski (Amnistía Internacional), Roberto Votta (médico del Hospital Algerich), Marcelo Riera (exministro de Salud de San Luis), Luis Ernesto Pedernera Reyna (presidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas), Patricia Rosemberg (médica y mágister en Gestión Epidemiológica y Políticas de Sallud) y Soledad Bustos (subsecretaria de Atención Primaria del Municipio de Quilmes), entre otros.

La Cámara de Diputados se encamina a retomar la actividad presencial, aunque con excepciones debidamente justificadas por cuestiones sanitarias. Ese fue el principio de acuerdo que se alcanzó este miércoles en una reunión de jefes de bloque encabezada por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, aunque la definición final se hace esperar.

Tras el vencimiento del Protocolo de Funcionamiento Remoto el último lunes, en la polémica sesión donde se trató el recorte de la coparticipación de la Ciudad, los líderes parlamentarios mantuvieron un encuentro para resolver cómo sigue la actividad, en el marco de la prórroga de sesiones ordinarias dispuesta por el Poder Ejecutivo hasta el 3 de enero.

Juntos por el Cambio, la principal bancada de la oposición, consideró que “no hay motivos” para continuar con el funcionamiento virtual tras el fin del aislamiento social decretado por el Gobierno, mientras que otros bloques provinciales prefieren sostener el actual esquema mixto, pero se adaptarían a la decisión mayoritaria.

La opción con más posibilidades de avanzar es la de volver a la actividad presencial, pero con excepciones “muy estrictas”, por ejemplo, el caso de diputados que integran grupos de riesgo. Pero aun así, las autoridades de la Cámara todavía evalúan si están dadas las condiciones para la concurrencia de unos 200 diputados respetando a la vez el distanciamiento social.

Hasta ahora, están habilitadas en el recinto entre 80 y 85 bancas, y también las galerías superiores, pero en la oposición creen que no sería suficiente para garantizar los resguardos sanitarios si aumenta el número de presentes. Por eso, Mario Negri volvió a proponerle a Massa el Centro Cultural Kirchner (CCK) como lugar alternativo.

Los jefes de bloque deberán notificar este jueves si aceptan la modalidad presencial con excepciones, y en ese caso, cuál será el lugar propuesto. Massa dejó en claro que la decisión final debe surgir del consenso entre los bloques para garantizar la participación de todos los diputados, ya sea en forma física o remota.

Qué pasará con el proyecto de aborto legal

Dado que todavía no se concretó el acta de Labor Parlamentaria sobre cómo seguir, la firma del dictamen sobre la legalización del aborto se pasará para el próximo miércoles, por dos motivos: ya no hay tiempo material para garantizar mayoría presencial en las comisiones esta semana, y un dictamen completamente virtual tampoco sería válido.

Por lo pronto, los presidentes de las comisiones que intervienen acordaron sumar veinte expositores más al debate. Cecilia Moreau, titular de Legislación General, informó al finalizar la jornada que este jueves habrá más presentaciones de especialistas de 11 a 14, y luego de 15 a 19 serán las últimas disertaciones y comenzará el debate entre diputados.

La discusión parlamentaria seguirá el viernes en otras dos etapas, de 10 a 13 y de 14 a 19, y finalmente el miércoles 9, después de los feriados, se firmará el dictamen. ¿Qué pasará con la sesión? Por ahora se mantiene en pie, como fecha, el jueves 10. Resta saber si será en el recinto y, en ese caso, cuáles serán las restricciones.

Abogados, profesionales de la salud y referentes religiosos asistieron este miércoles a una nueva jornada de debate del proyecto de legalización del aborto, en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad.

Turno mañana

El primer bloque de las exposiciones, realizado desde mañana hasta pasado el mediodía, estuvo conducido por el tucumano Pablo Yedlin (Frente de Todos), titular de la Comisión de Salud. Los oradores hablaron agrupados de a cuatro, intercalados entre los que se expresan a favor y en contra de la ley.

En primer lugar habló Soledad Deza, abogada feminista que estuvo a cargo del caso Belén en Tucumán, quien consideró que la iniciativa “busca saldar una deuda democrática histórica”. Centrada en su discurso sobre la cuestión de la objeción de conciencia, señaló que ésta “es una herramienta política que hace e hizo mucho daño cuando está en manos inescrupulosas y el Estado mira para otro lado”.

La letrada cuestionó que “el artículo 10 del proyecto es una enorme concesión a quienes suelen utilizar la conciencia como herramienta para afectar el servicio de salud pública”. “La peor cara de la objeción, la más dañina, es aquella que se oculta tras un lugar de poder para trastocar el autogobierno, brindando información falsa o sin evidencia científica”, continuó.

“En Tucumán, luego de que Belén estuvo presa, 34 mujeres fueron acusadas penalmente por aborto espontáneo natural, 165 tienen causas penales caratuladas como abuso sexual-aborto provocado, 72 mujeres fueron acusadas por aborto provocado solo entre 2018 y 2019. Esa también es una forma encubierta de objeción de conciencia”, apuntó.

Finalmente, Deza sostuvo que “será un desafío titánico del Estado garantizar a la población que la libertad de culto de algunos y algunas no consolide la subalternidad de otras que también tienen objeción de conciencia”.

En contra del proyecto, Nicolás Laferriere, doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en Bioética, aseguró que es “inconstitucional” la “afectación del derecho a la vida del niño por nacer”, y agregó que en caso de sancionarse esta ley “habrá en nuestro sistema legal cuatro momentos en los que comienza la vida humana”, lo que provocará un “problema de coherencia normativa”, además de establecer discriminación entre niños que pueden recibir asignaciones y beneficios y aquellos que “serán descartados por no ser deseados”.

El orador observó que el proyecto “impone el aborto” por “doble vía de presiones hacia las madres y los profesionales de salud”. “No se atienden a las problemáticas de fondo que llevan a pensar en el aborto”, advirtió y criticó el “nuevo delito que amenaza a los profesionales de la salud”, a partir de “una tipificación amplia y vaga de las conductas que van a ser penalizadas”. También, opinó que tiende a la eliminación de los niños con discapacidad: “Aunque en apariencia la ley es neutra, la discriminación aparece en los hechos”.

A favor de la iniciativa, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez dijo que “desde el derecho convencional” existen “sentencias, informes particulares, observaciones generales o informes por país” de los órganos rectores de tratados internacionales que “le han dicho a todos los Estados y a la Argentina, en innumerables oportunidades, que debe despenalizar el aborto”.

“Es una obligación del Estado argentino despenalizar el aborto, porque si no lo hace está violando los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres”, expresó e insistió que “la aprobación del proyecto lo que hace es cumplir con obligaciones internacionales y ejercer el control de convencionalidad interno”.

Asimismo, Domínguez, indicó que “desde el punto de vista constitucional no existe ninguna norma que impida, prohíba o haga que este proyecto sea inválido”.

“Lo que se está castigando en realidad es el goce de la mujer, a través de la apropiación estatal del cuerpo de las mujeres, mientras tanto los hombres seguimos gozando sin ningún tipo de inconvenientes”, enfatizó el abogado.

Y completó: “En 1921, un Congreso totalmente integrado por hombres blancos y propietarios tuvo en cuenta los derechos de las mujeres, tuvo en cuenta las autonomías de las mujeres. En el siglo XXI, este Congreso, con un derecho convencional y con las obligaciones constitucionales claras y precisas, tiene el desafío y la obligación de ser progresivo y garantista mucho más aún que aquel Congreso de 1921, respecto de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, y las personas con capacidad para gestar”.

También a favor del proyecto, Diana Maffia, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, remarcó que “habilitar el aborto no obliga a nadie a abortar, pero prohibirlo sacrifica la vida de muchas mujeres en el circuito clandestino y no preserva ninguna vida”.

Lo que hace esta iniciativa es reconocer “a las mujeres en su decisión la condición de autonomía”, manifestó. Tras subrayar que “no se está legislando sobre embarazos avanzados”, la expositora añadió que se trata de “la resolución de un conflicto moral entre la maternidad forzada y la interrupción voluntaria del embarazo”.

Al hablar de las “razones sociales”, Maffia explicó que “el Estado ha omitido su presencia eficaz en las condiciones que llevan al conflicto”, porque “la mujer que aborta es víctima de la violencia indirecta” por “la ausencia de políticas públicas oportunas y adecuadas de educación sexual integral, anticoncepción y lucha contra la violencia de género”. “¿Puede el mismo Estado que omite estas políticas penalizar el aborto? Estaría castigando doblemente a las mujeres”, resaltó.

A su turno, María Angélica Gelli, directora del Instituto de Política Constitucional, afirmó que “la defensa de la vida comienza con la concepción y la protección de este derecho está expresamente reconocida en el sistema jurídico” argentino. “No se trata de una interrupción, porque lo que se interrumpe puede continuar, se trata de la supresión del embarazo y se trata de consagrar un derecho subjetivo a abortar”, aseveró.

La abogada alertó que el derecho a la objeción de conciencia individual se regula en el proyecto de un modo “parcial, trunco y condicionado”, al no admitirse la objeción institucional. En ese sentido, señaló que se “vulnera en términos absolutos la objeción de conciencia personal de todos los miembros de la organización”.

“En dicha institución y organización existe la conciencia de sus integrantes y si ellos se reúnen con una cosmovisión respetable no puede imponérsele una obligación por parte del Estado que va en contra de esa cosmovisión, que es nada más y nada menos que la defensa de la vida”, abundó.

Por lo tanto, Gelli consideró que “debiera considerarse expresamente la objeción de conciencia institucional”. Asimismo, aclaró que el médico “sea o no sea objetor es el que decide qué hace frente al paciente. No podemos obligarlo a que diga lo que haga la ley y vulnerar el propio juramento hipocrático”.

En otro tramo, la abogada se diferenció de lo dicho por Andrés Domínguez sobre el derecho convencional, al expresar que “en ninguno de los tratados de derechos humanos aparece el derecho a abortar”. Los informes emitidos por los órganos “tienen valor, pero no pueden cambiar el significado de los tratados”, cerró.

“Más allá de las posiciones religiosas y metafísicas, este es un gravísimo problema de salud pública”, sostuvo Leda Guzzi, médica infectóloga, quien precisó -de acuerdo a un estudio- que “entre 2010 y 2014 hubo 55.7 millones de abortos por año en el mundo” y “el 76% de los abortos se realizan en Latinoamérica son en condiciones de inseguridad”.

Guzzi apuntó que “pese a los avances del acceso a métodos anticonceptivos siguen sucediendo embarazos no deseados” y “los marcos más restrictivos, lejos de bajar la tasa” impulsan a la clandestinidad. La doctora valoró que la legalización del aborto en 2012 en Uruguay produjo una “reducción dramática de la mortalidad materna relacionada al aborto”. Y sumó: “Un aborto inseguro implica un costo siete veces mayor que cualquiera de las otras prácticas supervisadas médicamente”.

El cura villero Gustavo Carrara reflexionó que la pandemia puso en evidencia que “la cultura del descarte, individualista va avanzando” y existe un “gran virus de la injusticia social”. Por otro lado, en su discurso asoció el tema del aborto legal con la negociación de la deuda externa, ya que los organismos financieros internacionales “muchas veces sugieren políticas de reducción de la población”.

El obispo remarcó que la Convención de los Derechos del Niño “entiende todo ser humano desde el momento de la concepción”. “Cuando se niega el derecho más elemental, el derecho a vivir, todos los derechos humanos quedan colgados de un hilo”, dijo y siguió: “Si aparece alguna excusa para eliminar una vida humana siempre aparecerán razones para excluir de este mundo a seres que molesten, mandarán las circunstancias”.

“¿En qué se apoyaría la ley para decir no es legítimo quitarle la vida a un ser humano cuando tiene más de 14 semanas, pero sí se le puede quitar cuando tiene un día menos?”, se preguntó Carrara, que exclamó que “lo que está en juego es el valor de la vida humana”.

Además, añadió: “Cuando se habla de las villas o barrios populares muchas veces se desconoce la cultura de la mayoría de las mujeres pobres, para ellas los hijos son el mayor o el único tesoro, y no son algo más entre distintas opciones que el mundo pueda ofrecerles. Eso implica que tantas mujeres pobres se desvivan trabajando mucho para criar a sus hijos”. “Si se quiere ayudar realmente se debe luchar contra la pobreza con firme determinación”, finalizó.

Otra de las oradoras fue la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, quien explicó que los órganos que rigen los tratados internacionales son los que se encargan de la interpretación de los mismos, y dicha interpretación de los textos debe ser “dinámica”. “Cuando interpreto un tratado, lo interpreto acorde a las realidades y necesidades actuales y no mirando para atrás”, justificó.

En esa línea, defendió que estos organismos “entienden muy bien lo que son los derechos humanos y entienden que no hay derechos, aunque sean humanos, que sean absolutos”. Al mencionar los “pilares” de “autonomía, pluralismo y solidaridad”, Kemelmajer de Carlucci subrayó que “ningún ser humano tiene que ser instrumento de otro; ni de otra persona, ni del Estado, ni de los grupos. Con esta ley se aplica la autonomía que permite a la mujer tomar decisión”.

En la jornada expusieron además Aníbal Bakir, presidente del Centro Islámico de la República Argentina; Víctor Urbani, médico y exministro de Salud de Jujuy; Martín Olivera, médico especialista en ginecología y obstetricia; y Néstor Sagués, doctor en Derecho.

Turno tarde

La segunda tanda de expositores comenzó con Mirian Andújar, abogada y exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo, quien advirtió que el presidente Alberto Fernández y los funcionarios que promueven el aborto legal “piensan que no hay vida humana en los primeros estadios de gestación”.

“El niño por nacer no es una entelequia ni una cuestión cultural o de fe, tampoco un fenómeno: es una realidad, un individuo perteneciente a la raza humana. No es un órgano o una víscera de la madre; es un ser distinto a la madre”, sostuvo.

Andújar consideró que “tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo -por ejemplo, podemos rechazar distintas prácticas sobre nuestro cuerpo-, pero no tenemos derecho a decidir sobre la vida de un individuo distinto a nosotros, como es el niño por nacer”. Por último, habló de un “uso político” del aborto “cuando se lo presenta como una opción para las mujeres pobres”.

María Belén Carcedo, médica generalista, se hizo eco de las “voces quebradas, documentadas en un sinfín de historias clínicas” de mujeres que abortan. “El aborto existió, existe y existirá. Está ampliamente demostrado que quien decida abortar, aborta, sea cual sea el estatus jurídico del país, lo que sí se modifica son las condiciones en las que el aborto ocurre, y el Estado debe hacerse cargo de garantizarlo en las condiciones adecuadas”, enfatizó.

También señaló que “el aborto tiene que salir del Código Penal” y reclamó por el acceso al misoprostol y a la aspiración manual intrauterina (AMEU).

En otro orden, advirtió que “forzar a las niñas a maternas es un acto de tutora, cruel, inhumano y degradante”, y estimó que “el 80% de los embarazos en niñas es producto de abuso sexual intrafamiliar”.

Jorge Aquino, doctor en Medicina e investigador del CONICET, detalló el proceso de fecundación y precisó que “el cigoto es un individuo y un ser humano”, y “cada cigoto es único e irrepetible”. Relató la evolución del embrión en el vientre a través de las semanas e informó que “entre la semana ocho y la quince aumenta su capacidad de sentir dolor”.

“Desde la fertilización empieza a sentir un nuevo ser humano. El proyecto es tan malo como el de 2018, permitirá atentados contra seres humanos hasta el noveno mes”, alertó Aquino, y agregó que “no puede afirmarse que el número de abortos no aumente con su legalización”.

La doctora en Derecho e investigadora del CONICET Paola Bergallo indicó que “venimos esperando casi 100 años para que se discuta la legislación penal del aborto”, y “mientras tanto, más de 3.000 mujeres murieron en situaciones aborto que hubieran salvado su vida si hubiéramos dado el debate antes”.

Bergallo explicó cómo “la mayor parte de los países del mundo tienen legislaciones liberalizadoras” en este sentido, y subrayó que el aborto legal “es una deuda de la democracia porque en 1920 no estuvimos representadas en la redacción del Código Penal”.

Respecto del proyecto del Poder Ejecutivo, consideró que es “moderado” porque “en las reformas que se están dando en el mundo se argumenta la necesidad de abandonar totalmente el derecho penal”, y además porque “es acompañado por la ley de los 1000 días”, que busca garantizar “el derecho de la mujer a continuar con su embarazo”.

La directora ejecutiva de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), Natalia Gherardi, sostuvo que “lo que está en debate es la modificación de un régimen de regulación del aborto basado en causales a un régimen mixto” por el cual se puede interrumpir el embarazo hasta la semana catorce de forma voluntaria. “En este plazo inicial las razones son de la mujer, son íntimas, personales, como su decisión”, aclaró.

En ese contexto, advirtió que “muchas de las personas que expusieron en contra se manifiestan en contra de los derechos de  las mujeres a decidir, aun frente a la violencia y al peligro para su salud”, como está establecido en el Código Penal desde 1921.

Asimismo, Gherardi negó que sea un debate exprés. “No hay nada de exprés en un proceso que lleva décadas de construcción nacional e internacional”, opinó, y agregó que “el debate se construyó a partir de una demanda social colectiva y transversal que fue receptada en el proyecto del Poder Ejecutivo pero que no le pertenece: le pertenece a las mujeres, que reivindicamos nuestro derecho a decidir”.

También a favor de la legalización, la legisladora porteña del PTS-FIT Myriam Bregman lamentó que “quienes optan por la clandestinidad del aborto intentan darle a sus argumentos un tinte científico”. “A esta altura sabemos que la amenaza penal no ha persuadido a nadie de interrumpir embarazos no deseados, y ha funcionado como un verdadero castigo de clase”, analizó.

“La negación del derecho al aborto es parte de un entramado mayor , de una concepción general que considera que la única función que tenemos es reproducir, y que ni siquiera nos asiste el derecho de cómo y cuándo hacerlo. Cuestionan la educación sexual integral, el misoprostol, y que podamos gozar libremente de nuestra sexualidad. Eso quedaría solamente reservado a los varones, según lo que hemos escuchado”, se quejó Bregman.

A su turno, el doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional de la UBA Roberto Gargarella pidió “resistir la idea de cómo se interpreta la Constitución, como si incluyera compromisos ocultos en los intersticios de los artículos, como si los derechos constitucionales fueran planetas externos a nosotros que científicos con grandes aparatos telescópicos reconocen, pero nosotros como ciudadanos comunes no podemos reconocer”.

“La Constitución es un manual de procedimientos para que tomemos las decisiones sustantivas. No es una caja que ya incluye todas las respuestas. Enuncia y se compromete con valores, pero luego lo que hace es establecer las reglas procedimentales para decidir sobre las cuestiones sustantivas”, evaluó.

También participaron de la jornada de este martes Margarita Bosch, doctora en Ciencias Químicas; Carolina Comaleras, licenciada en Obstetricia; Siro de Martini, doctor en Ciencias Jurídicas; María de Urraza, médica obstetra; Magui Fernández Valdéz, directora ejecutiva del Observatorio de Acceso al Misoprostol; y SégoleneDu Closel, docente de Bioética y doctorada de la Universidad del Salvador.

Otros de los disertantes fueron Pablo Garat, decano de la Facultad de Derecho de la UCA; Gisela Reynaga, médica tucumana; Sonia Terragona, subsecretaria de Medicamentos del Ministerio de Salud de la Nación; Cecilia Ousset, médica tocoginecóloga; Fernando Toller, profesor de Derecho Constitucional; Débora Rainieri, docente investigadora de la Facultad de Derecho de la UCA; y Marisa Herrera, doctora en Derecho e investigadora del CONICET.

Se largó el debate por la despenalización y legalización del aborto en la Cámara de Diputados con la primera reunión del plenario de cuatro comisiones, que contó con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo y expositores a favor y en contra, en forma virtual.

En una jornada sin sobresaltos ni discusiones fuera de tono, el proyecto comenzó a ser tratado en las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad, con la presencia de sus autoridades en el Salón Delia Parodi.

El plenario comenzó con las presentaciones de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y los ministros Ginés González García (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres y Diversidad), y tras un cuarto intermedio expusieron los invitados a favor y en contra, 19 en total.

Dos posturas encontradas

Quien abrió la ronda de disertaciones fue el padre Pepe Di Paola, quien sostuvo que “los estudios biológicos muestran que en la tercera semana de embarazo ya está diseñado todo el organismo”, y “el embrión posee un ADN único y su secuencia se mantendrá durante toda su vida”, por lo que “la ciencia puede leer la totalidad de la secuencia del ADN mucho antes del nacimiento”.

Tras citar una reciente carta del papa Francisco sobre el tema, el cura villero se preguntó “ante quién se comprometió” el presidente Alberto Fernández al promover la ley. “¿A quién se lo prometió? Al pueblo no, al pueblo de las villas menos, y al de las provincias del interior tampoco”, se respondió.

Di Paola también calificó como una “hipocresía plantear el aborto como una necesidad de los pobres”. “Después de este, ¿cuál es el próximo paso? ¿La eliminación de los ancianos disfrazada con el eufemismo de la muerte digna?”, lanzó.

El padre Pepe denunció que “después del Nunca Más, muchos se preguntaban cómo se pudo haber llegado a tal grado de deshumanización. La respuesta es que se llega cuando se decide justificar la eliminación de la vida. Al haber vida, estamos ante una flagrante violación de los derechos humanos”.

Por último, recordó que cuando participó del debate en 2018 denunció una “innegable vinculación entre la legalización del aborto y la política de usura internacional”, y ratificó esos dichos, al señalar que el anuncio del envío del proyecto se produjo “en el momento en que arribó la misión del FMI” al país.

La segunda en exponer fue la abogada y referente de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Nelly “Pila” Minyersky, quien recordó que también había participado en 2018 y en ese momento le dijo a los diputados “que tenían la posibilidad de entrar en la historia, porque lo que estamos haciendo es ampliando un derecho”.

Minyersky consideró que hace dos años “no se perdió”, sino que “se despertó a la juventud, porque el derecho a la IVE es mucho más que eso: es autonomía, es libertad, es igualdad, y todo eso sin creerse con derecho a cambiarle la vida a otras personas que piensan diferente”.

“Tenemos que dejar de lado nuestras creencias y nuestra moral. Estamos legislando para millones, y los millones que no comparten estas ideas, no están obligados a practicarlas. En cambio, si se niega el derecho al aborto y a la educación sexual integral, se obliga a muchas mujeres a cambiar su proyecto de vida, a entrar en el campo del delito, y esa es la gran diferencia”, explicó.

Además, la abogada de 91 años sostuvo que “la humanidad no tiene una definición única sobre el embrión”, y a su vez “frente a este dilema, prevalece siempre la autonomía, la voluntad y la salud de la madre”.

En tanto, advirtió que entregar a los hijos en adopción como supuesta solución al tema “no es sencillo”, porque “el embarazo no es así nomás, es un proceso con muchas implicancias”, y también dio fundamentos jurídicos, entre los que mencionó que el aborto no está equiparado a la figura de homicidio en el Código Penal.

A continuación, Rodolfo Barra, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señaló que “el ordenamiento jurídico argentino debe definirse definitivamente: ¿A partir de qué momento entre la concepción y el nacimiento se es ser humano? Antes de ese momento, conforme al artículo 19 de la Constitución, el aborto es una conducta privada; después de ese momento, el aborto es dañar a un tercero, que es lo que prohíbe el artículo 19”.

Barra se preguntó si el proyecto modifica el artículo 19 del Código Civil, que indica que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. “¿Podemos decir que se es persona a partir de la semana 14 de embarazo?”, cuestionó, y agregó que el Pacto de San José de Costa Rica declara que “persona es todo ser humano”.

“El concebido es un ser humano, por lo tanto un niño cuyo interés superior debe ser protegido desde la concepción”, insistió el constitucionalista, y consideró “absurdo poner la voluntad de la madre por encima de la vida de su hijo”.

A su turno, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Estela Díaz, destacó que el del Ejecutivo “es un excelente proyecto que recoge los principales debates de estos años, es compatible con el proyecto de la Campaña y la media sanción de 2018, y también es muy minucioso a la hora de pensar respuestas a los obstáculos que sistemáticamente se han colocado para impedir el acceso a la salud reproductiva”.

Díaz remarcó que “siempre defendimos una maternidad deseada” y en ese sentido resaltó también la propuesta del “Programa de los Mil Días”, y por otra parte enfatizó que “en la inmensa mayoría de los casos, las mujeres sabemos de la enorme responsabilidad que supone cuidar de los otros”, por lo que “decidir gestar o no hacerlo es un acto de responsabilidad con nosotras y con el futuro”.

“Tenemos una enorme oportunidad de dejar atrás una ley que además de ineficaz es profundamente injusta en términos de género”, dijo la ministra bonaerense, y agregó que con la ley “se hacen menos abortos porque en el post-aborto se opera para la anticoncepción”, y además “se reducen los costos” para el sistema de salud.

La exintendenta de Rosario Mónica Fein, que ocupó el cargo hasta diciembre, elogió el funcionamiento del sistema de salud de ese distrito. “Los centros de salud están a no más de 15 cuadras de cada familia, y hay un acceso a todos los métodos anticonceptivos y acompañamiento a las mujeres y personas gestantes”, resaltó.

También habló de “neonatologías de primer nivel”, programas como el de Equidad Educativa “que acompañan a las mujeres de 13 a 18 años para que terminen sus estudios” y la aplicación, en su ciudad, del Protocolo ILE (Interrupción Legal del Embarazo).

Asimismo, Fein aseguró que “Rosario tiene equipos interdisciplinarios en los territorios que defienden la vida en cada intervención”, y además se garantiza, desde los laboratorios, la provisión de misoprostol, el medicamento recomendado por la OMS para la interrupción del embarazo.

La siguiente expositora fue la abogada especializada en Familia Úrsula Basset, en contra del aborto legal, quien analizó que “este proyecto está peligrosamente moldeado por una matriz patriarcal: dice que empodera a la mujer porque le da derecho a  decidir, pero el modelo de mujer que subyace es la que es dueña de su cuerpo, como el hombre, que puede elegir no cargar con el peso de la filiación porque la deposita fuera de su cuerpo, en el de la mujer”.

Basset, además, dijo que el tema se enmarca en “una profunda crisis de identidad del feminismo”, ya que tiene que ver con “si el modelo de mujer independiente copia o emula el modelo del hombre, si quiere ocupar los lugares que ocupa el hombre, o si elige valorar su identidad de mujer orgullosa de su diferencia”.

Otro “celeste”, el abogado penalista Hernán Munilla Lacasa, refrendó los argumentos de Barra respecto de que “la vida se protege desde la concepción” porque así lo establece el Preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, entre otras normas jurídicas.

También indicó que “el Código Penal dedica el primer capítulo del primer título a punir los ataques contra la vida”, y el aborto tiene un “lugar destacadísimo” en el cuerpo del Código.

Asimismo, Munilla Lacasa puntualizó que el proyecto en debate “mantiene la punición, con una pena de tres a diez años si el aborto se comete sin consentimiento de la mujer, y de tres meses a un año si hay consentimiento”.

Después intervino el abogado y exdiputado Ricardo Gil Lavedra, quien destacó que “la recuperación de derechos de la mujer, discriminada durante siglos, es irreversible e indetenible”, y eso quedó demostrado en que “el tema no terminó en 2018, sino que se postergó”.

En respuesta a los argumentos legales en contra del aborto, Gil Lavedra explicó que “no hay ningún tipo de cepo constitucional ni convencional que impida legislar en esta materia”, ya que “ni la Constitución Nacional ni los tratados internacionales de derechos humanos disponen que deba criminalizarse a la mujer que se realiza un aborto temprano”.

Gil Lavedra enfatizó que “en las primeras semanas de gestación prevalece la voluntad de la madre de no serlo”, y subrayó que la criminalización de la mujer no solo “ha fracasado”, sino que además “mantener la penalización del aborto temprano viola los derechos de la mujer” como la inviolabilidad.

El exlegislador criticó el “intento de calificar a un embrión como un niño ya nacido”. “Un embrión no es un chico. Una semilla recién plantada no es una planta. Creer que el embrión es un niño es como ver las sombras en la caverna de Platón”, comparó, y por último concluyó que “la mujer no es un útero. Su función social va más allá de la reproducción”.

Andrea Imbroglia, de Cáritas Argentina, describió el trabajo que realizan con mujeres en situación de vulnerabilidad  y alertó que “quienes quieren arrogarse su representación y dicen que las mujeres quieren el aborto, o no las conocen o faltan a la verdad” y por eso son “antiderechos de las personas en situación de pobreza”.

“El aborto no es un pedido de las comunidades vulnerables. Lo afirmamos desde el trabajo en los territorios, no desde el escritorio. Las mujeres piensan, sienten y viven al aborto como una gran crueldad, y así evaluarán a los legisladores. Si presenten defender los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, primero tienen que defender el derecho a la vida, tanto del niño por nacer como de su madre”, insistió.

A favor de la IVE, Silvia Oizerovich, médica ginecóloga y exdirectora de Salud Sexual y Reproductiva, dijo que “la cuestión de fondo es si estamos a favor de dejar a las mujeres a la deriva de la clandestinidad y de prácticas inseguras para su salud”.

“Se trata de un tema de salud pública, porque las muertes por abortos clandestinos son muertes evitables”, consideró, e informó que “en 2019 el 43% de los llamados al 0-800 de salud reproductiva fueron por abortos”.

La socióloga María Elena Critto rechazó el proyecto y aportó cifras: informó que “en 2018 el aborto representó el 0,2% de las defunciones femeninas en edad fértil, ocupando el puesto 58 en el ranking de causas”, y a su vez “en el total de defunciones de mujeres en todas las edades representa el 0,01%”.

“Hoy sin aborto legal Argentina tiene una de las tasas de mortalidad por aborto más bajas del mundo, con cinco muertes por cada 100.000 nacidos vivos”, precisó Critto, y añadió que entre 2005 y 2016 los egresos hospitalarios por aborto bajaron un 43%.

Por su parte, Mabel Bianco, de FEIM (Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer) defendió la legalización al sostener que “tener leyes para ampliar derechos es fundamental para una buena democracia”.

“Estamos aplicando violencia a las mujeres y niñas que necesitan interrumpir su embarazo y que por omisión de la ley están obligadas a actuar de una forma que no pueden cumplir esa necesidad. Eso es violencia y significa una coerción hacia las mujeres, porque otras mujeres que tienen recursos económicos solucionan el problema”, planteó.

También a favor del aborto legal, el médico obstetra del Hospital Italiano Mario Sebastiani planteó: “He escuchado hasta el cansancio qué difícil hablar del aborto, pero no he escuchado hablar de qué difícil es mantener el aborto penalizado. Tenemos tres veces más abortos que los países en los cuales está despenalizado, y lo curioso es que además no tenemos cifras, pero si googlean Italia, Francia, Inglaterra o Canadá lo van a saber con precisión. Nos gusta mantener en el limbo el número de abortos”.

Cerca de las 19 fue el turno de Adolfo Rubinstein, quien ya había defendido la ley como ministro de Salud en 2018. “El aborto sigue siendo una asignatura pendiente en la agenda social de nuestro país”, dijo, y señaló que “a diferencia de 2018, esta vez es el Poder Ejecutivo y el presidente quien envía el proyecto al Congreso”.

“Más allá de que la legalización de la IVE expresa la necesidad de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, es también una cuestión de salud pública. Este es el punto que traté de visibilizar en mis exposiciones, tratando de representar la voz de la salud pública, porque no se trata de una cuestión de creencias, sino de que el Estado no se desentienda de las consecuencias sanitarias del aborto clandestino”, analizó.

Rubinstein calculó que “en los países con aborto legal, las muertes por abortos clandestinos se reducen entre diez y cien veces”, y a su vez la legalización permitiría una reducción en los costos y en las hospitalizaciones, “porque el aborto legal es fundamentalmente farmacológico y en las primeras semanas”.

“El aborto existe y no podemos ni debemos soslayarlo más. Todos defendemos la vida y la libertad de decidir. Es lamentable que esto se plantee como una guerra entre ‘verdes’ y ‘celestes’. No vimos en un Estado confesional: la Argentina es un Estado laico que respeta a los que creen y los que no creen”, resumió.

En el plenario también se expresaron María Luisa Storani, exdiputada y parlamentaria del Mercosur; Ernesto Beruti, médico ginecólogo y obstetra; el pastor Osvaldo Carnival; el médico especialista en salud pública Miguel Ángel Schiavone; y el rabino y doctor en Filosofía Fishel Szlajen.

Con una exposición centrada en explicar las modificaciones que se prevén en el Código Penal, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, defendió el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y dijo que “desestresa el sistema de salud” y “disminuye los abortos”.

Al exponer en el arranque del debate en la Cámara de Diputados, la funcionaria afirmó que la iniciativa “viene a dar una respuesta concreta a un problema de salud pública que existe en nuestro país y que no podemos seguir escondiendo o mirando para otro lado”.

“El proyecto disminuye la mortalidad materna, quiere decir que salva vidas de mujeres todos los días; elimina riesgos para la salud de las mujeres; disminuye los abortos, que es algo que deseamos todos y todas; no estresa al sistema de salud, sino por el contrario lo desestresa; y no implica más costos, sino implica un ahorro”, enumeró.

Gómez Alcorta abogó por un debate, tanto dentro del Congreso como en las calles, que sea “respetuoso” y con “ideas”. “Creemos que tenemos que estar a la altura de las circunstancias para que, si se sanciona esta ley, nunca más muera una mujer en nuestro país por el aborto clandestino”, enfatizó.

La ministra indicó que la práctica se legaliza hasta la semana 14 inclusive y “mantiene la penalización de quien causare un aborto” sin consentimiento de la mujer. Además, ponderó la inclusión del término “personas gestantes” para “adaptar el texto legal” a la Ley de Identidad de Género, porque “no solamente las mujeres podemos embarazarnos, sino también los varones trans, bisexuales, intersex o no binarias”.

Además, apuntó que se incorpora un nuevo tipo penal con penas de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para quienes dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a practicar el aborto en los casos autorizados, lo que abarca tanto a médicos como a las autoridades del establecimiento de salud.

Este punto se introduce porque el proyecto prevé “el derecho a la objeción de conciencia”, porque reconoce como “un derecho a la IVE, y a requerir y acceder a la práctica”, y finalmente porque se contempla el “plazo de 10 días que se establece desde el momento en que la persona la requiere y el momento en que se tiene que efectivizar”.

Sobre ello, aclaró que el nuevo artículo -85 bis- se establece entonces “de acuerdo a las previsiones que establece el proyecto” y para que “no se obstaculice el acceso a este derecho”.

También, la ministra manifestó que la nueva redacción tiene como fin “mejorar los déficit de redacción que tenían (los artículos del Código Penal), y que a lo largo de estos años tanto problemas ha traído la interpretación de estos textos”.

Entre las cuestiones que se agregan, la funcionaria hizo mención a que “la declaración jurada no será requerida para las personas menores de 13 años” y que “podrá eximirse de la pena (a la persona gestante) cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta”.

El ministro de Salud, Ginés González García, defendió este martes el proyecto de legalización del aborto, cuestión que consideró como un tema de “justicia social”. En ese sentido, hizo un llamado a los legisladores del oficialismo que están en contra de la iniciativa.

“Este no es un problema igual para todas las argentinas”, señaló, para agregar que “este es un problema donde la injusticia se ve claramente”. El funcionario dijo que “además de ser un proyecto del Poder Ejecutivo”, hay que tener en cuenta que “la genética del movimiento nacional es la justicia social”.

El titular de la cartera de Salud aseguró que “hay demasiada evidencia que esto tiene solución como para no resolverlo”, por eso pidió a los diputados que “piensen cuando tengan que decidir sobre lo que sufren estas mujeres cuando están en condiciones -clandestinas- de todo tipo”.

González García informó que por día hay unos “1.100, 1.200 abortos” y “unas 100 a 120 internaciones, sólo en los hospitales públicos”. “Esto no es un problema que no tenga solución, como nos pasa hoy con la pandemia”, expresó y resaltó que “la solución” es “técnica” y “se aplica en todo el primer mundo”.

“Hace 50 años que el mundo lo empezó a resolver”, insistió y remarcó el “enorme impacto económico que tienen las miles de internaciones que tienen las consecuencias de que el aborto sea un hecho clandestino”.

Sostenido en su discurso por una serie de gráficos con datos, el ministro precisó que en los últimos años disminuyeron los egresos hospitalarios por aborto en el sector público por una “innovación” que “se llama misoprostol” y es “una técnica novedosa” que “simplifica notablemente y hace que desaparezcan los riesgos”.

Si bien “no presenta ningún problema desde el punto de vista terapéutico”, el funcionario indicó que “cuesta 2.800 pesos” en una farmacia, lo que crea “una barrera de acceso a muchas argentinas”, que además pueden no saber que existe ni tener la información adecuada sobre su uso.

En referencia al costo, González García aseveró que además de costar “en vida, en infecciones, en trauma, en injusticia”, un aborto clandestino “cuesta 10 veces más el costo hospitalario de la post-internación que el costo previo de utilizar tecnología preventiva”.

“Si esto fuera masculino estaría resuelto hace mucho tiempo”, opinó y añadió: “Es un tema histórico, de muchos años y que tenemos la responsabilidad de resolver y cambiar una historia de la que nadie puede estar orgulloso”.

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, fue la primera oradora en abrir este martes el debate del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, enviado por el Gobierno nacional, y sostuvo que en Argentina “ha fracasado la política de penalización del aborto”.

La funcionaria, quien estuvo a cargo de la redacción del texto, destacó el envío de la iniciativa junto a otra, la del “Programa de los Mil Días”. “Son dos proyectos que dialogan, que van conjuntamente”, señaló y, sobre el referido a acompañar a la madre y los niños en los primeros años de vida, expresó que tiene como objetivo mostrar que “el Estado está allí acompañando los proyectos de maternidad, que el Estado los valora”.

“No queremos que ninguna mujer decida interrumpir su embarazo por condiciones de vulnerabilidad o escasos recursos”, resaltó.

Ibarra recordó que el proyecto de aborto legal fue una promesa electoral del Frente de Todos y, además, se anunció en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso este año. “El presidente de la Nación recoge una lucha histórica de miles de mujeres que nos precedieron”, valoró.

En su exposición, la secretaria Legal y Técnica hizo un especial reconocimiento a las “mujeres pioneras” en el tema y a las militantes de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que “han llevado adelante una lucha importantísima en nuestro país”.

La funcionaria destacó que el proyecto “fue redactado en una comisión interministerial” y “es fruto de un trabajo en equipo”. Al enviar esta iniciativa al Parlamento, el Poder Ejecutivo busca “visibilizar el enorme problema que tenemos en la Argentina con los abortos clandestinos”, indicó.

“Para abordar este tema no va a alcanzar con esta ley solamente”, aclaró y enumeró que será necesario también “reforzar la educación sexual integral en todo el territorio en forma accesible”, al tiempo de implementar políticas de prevención de la violencia de género y el abuso, y de acceso acceso a métodos anticonceptivos.

Ibarra subrayó que “ha fracasado la política de penalización del aborto, la política de amenazar a la mujer de cárcel ante la decisión de tomar la decisión de interrumpir su embarazo”.

Asimismo, habló de “un mundo clandestino de miles y miles de abortos que se suceden día a día en Argentina” con “mujeres allí invisibilizadas con sus cuerpos, sus embarazos, sus miedos”, y que incluso algunas de ellas recurren en condiciones de clandestinidad con “límites insospechados”.

“Sabemos que en Argentina el aborto puede ser seguro si uno tiene forma de costearlo”, manifestó, pero hizo hincapié en aquellas que “no pueden, están más solas y más vulnerables de derechos”. “Hay un nivel de crueldad del que queremos hacernos cargo”, aseveró la secretaria de Legal y Técnica y agregó: “Queremos recibirlas en los sistemas de salud, tratarlas, cuidarlas; que tengan el derecho de ser atendidas y recibir información”.

En otro tramo, la funcionaria apuntó que “en los países donde se ha legalizado, después de un período los abortos empiezan a disminuir notoriamente”, y mencionó a Alemania, España, Italia, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, entre otros. “Acá nadie puede promover el aborto, lejos de ello, queremos disminuirlo”, insistió.

También se refirió a puntos centrales del proyecto, al que calificó como “un texto cuidado, que recoge consensos históricos y es respetuoso de derechos”.

“Si se aprueba este proyecto todos podrán seguir pensando y decidiendo según sus convicciones”, sostuvo, al tiempo que observó que “algo habrá cambiado: podremos disminuir la cantidad de embarazos no intencionales, los abortos, ahorrar sufrimientos a miles de mujeres y evitaremos muertes evitables”.

En 2018, los tres senadores por Córdoba (Carlos Caserio, Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez) se unieron para presentar su propio proyecto sobre el aborto, que contenía diferencias respecto a la media sanción de la Cámara de Diputados (entre otras cosas, bajaba a doce semanas el plazo para la Interrupción Voluntaria del Embarazo). Ahora, diputados de esa provincia que responden Juan Schiaretti también se plantaron con una alternativa, encabezada por la propia esposa del gobernador, Alejandra Vigo, la única que se abstuvo en la votación hace dos años.

El proyecto fue dado a conocer por el bloque Córdoba Federal en las redes sociales, en la previa del comienzo del debate en comisiones de la Cámara baja. “Esperamos que sea incluido junto a los otros expedientes presentados. Sostenemos la importancia del debate democrático y el respeto a todas las posiciones en el tratamiento en esta materia”, expresaron los legisladores Vigo, Carlos Gutiérrez, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez.

La propuesta consiste en modificaciones al Código Penal y su objetivo es, según el artículo primero, “la adecuación de las disposiciones de derecho interno y procedimientos de actuación institucional a los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, a los fines de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible en relación a personas en situación de interrupción del embarazo”.

Se propone modificar el artículo 86 del Código Penal, estableciendo que el aborto practicado por profesional de la salud con el consentimiento informado de la mujer no es punible si se da alguno de estos tres supuestos:  “si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para su vida o su salud y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”; “si el embarazo proviene de una violación”; o “si se ha practicado antes de la semana catorce, cuando el embarazo resultare de una especial circunstancia de exclusión y vulnerabilidad de la persona gestante, acreditada ante el personal de salud con un informe social, emitido dentro de los cinco días de solicitado por la gestante”.

El último supuesto es la diferencia más importante respecto del proyecto del Poder Ejecutivo: si bien se habilita el aborto hasta las catorce semanas de gestación, no será por simple voluntad de la mujer, sino que estará limitado solo a situaciones de “exclusión y vulnerabilidad” que deberán ser acreditadas por la mujer para poder acceder a la práctica.

Si existen funcionarios, autoridades de la institución sanitaria o profesionales médicos que impiden u obstaculizan “por sí o por otros” la realización de abortos no punibles en los tres casos citados tendrán una prisión de entre seis meses y dos años.

Para la mujer que cause su propio aborto o consienta que otro se lo practique por fuera de las tres excepciones, se bajará la pena de prisión, que será de tres meses a un año (actualmente va de uno a cuatro años), es decir que será excarcelable.

El proyecto establece que la interrupción del embarazo deberá realizarse dentro de los diez días posteriores a su requerimiento (igual que la iniciativa del Ejecutivo) y se garantiza el acceso a la información y el acompañamiento integral de la persona gestante, así como la provisión de métodos anticonceptivos.

El aborto no punible deberá contar con cobertura integral en el sistema de salud, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. Además, el proyecto obliga al cumplimiento efectivo de distintas leyes, como la de Salud Sexual y Procreación Responsable, y la de Educación Sexual Integral.

Otro aspecto destacado de la propuesta cordobesa es que habilita la objeción de conciencia para el profesional de la salud que actúe “de manera directa”, aunque en esos casos deberá “derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones y garantizando el acceso a la práctica”, y además “cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas”.

En su artículo 11, el proyecto crea un “Programa para la Prevención y Asistencia a Personas Gestantes en Situación de Interrupción del Embarazo”, y por último, se dispone la elaboración de un protocolo nacional de aborto no punible para las excepciones previstas, a ser cumplido en todo el país.

Se acabó la espera: este martes comenzará el tratamiento del proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, en el primer plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, que contará con la presencia de invitados y se dividirá en dos tandas.

La conducción del debate estará a cargo de Cecilia Moreau, de Legislación general, y la acompañarán Pablo Yedlin (Salud), Carolina Gaillard (Legislación Penal) y Mónica Macha (Mujeres y Diversidad).

Los presidentes y vicepresidentes de las comisiones participarán del debate desde el Salón Delia Parodi, mientras que el resto podrá hacerlo de modo remoto, así como los invitados a exponer, que serán 50 en total.

Los primeros serán los ministros Ginés González García (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), junto a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quienes defenderán el proyecto del Poder Ejecutivo.

Los tres funcionarios hablarán y responderán preguntas a partir de las 13, y luego continuará el debate hasta las 19, con diez especialistas a favor de la ley y diez en contra. Originalmente estaba prevista la presentación de los funcionarios a partir de las 10, pero como consecuencia de la prolongación extrema de la sesión, se postergó el inicio de este histórico debate para las 13.

A favor expondrán Mabel Bianco, de FEIM (Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer); Estela Díaz, ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires; Mónica Fein, exintendenta de Rosario; Ricardo Gil Lavedra, exdiputado y abogado constitucionalista; y Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense.

También lo harán Nelly Minyersky, histórica militante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito; Silvia Oizerovich, exdirectora de Salud Sexual y Reproductiva; Adolfo Rubinstein, exsecretario de Salud; Mario Sebastiani, médico obstetra; y María Luisa Storani, exdiputada nacional.

Los oradores en contra del proyecto serán el exministro de la Corte Suprema Rodolfo Barra; el cura villero Pepe Di Paola; la abogada especializada en Familia Úrsula Basset; el medico obstetra Ernesto Berutti; y el pastor Osvaldo Carnival.

Además expondrán, del lado de los “celestes”, la socióloga Maria Elena Critto; el abogado penalista Hernán Munilla Lacasa; el médico Miguel Ángel Schiavone; el rabino Zalajen Fshel; y Martín Olivera.

Los expositores hablarán intercalados y tendrán siete minutos cada uno, según la dinámica acordada entre las autoridades de las comisiones.

Los diputados “verdes” aspiran a firmar dictamen este mismo viernes para tratar el proyecto en sesión el próximo 9 o 10 de diciembre, en el marco de la prórroga de ordinarias que dispuso este lunes el Poder Ejecutivo a través de un decreto, donde además convocó a extraordinarias.

Con un amplio temario que incluye 25 proyectos de ley, y con el aborto legal en el tope de la agenda, el Poder Ejecutivo prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre y convocó a sesiones extraordinarias desde el 12 de ese mes hasta el 28 de febrero, por lo que el Congreso trabajará todo el verano.

El decreto fue firmado este lunes por el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y contiene un anexo donde están detallados los proyectos que podrán tratarse tanto en lo que resta del año como en 2021.

El primer punto de la convocatoria es el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que comenzará a ser tratado este martes en las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad.

Para la primera jornada asistirán los ministros Ginés González García (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), junto a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, para luego dar lugar a expositores a favor y en contra, una decena por cada sector.

En paralelo, el decreto de extraordinarias contiene el proyecto que crea el “Programa de los 1.000 días”, orientado a asistir a las personas gestantes y a sus hijos durante la primera infancia.

La iniciativa obtendría dictamen en los próximos días, tras comenzar el tratamiento este lunes en un plenario de comisiones de Diputados, previo a la sesión.

Otro de los proyectos a tratar es el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, que fue aprobado en Diputados el 18 de noviembre y en el Senado ya cuenta con dictamen favorable, por lo que el oficialismo buscaría sancionarlo la semana próxima.

También figura la reforma del Ministerio Público Fiscal, que apunta a que la designación del procurador general sea con mayoría absoluta del Senado y no dos tercios, además de acotar su mandato a cinco años, entre otros cambios.

El proyecto fue duramente rechazado por la oposición en el Senado, pero el Frente de Todos impuso su mayoría para aprobarlo -con la ayuda de aliados-, y ahora el oficialismo debe trabajar para juntar los votos en Diputados.

Asimismo, el decreto incluye el proyecto de sostenibilidad de la deuda externa, con el objetivo de que todo endeudamiento que supere los límites fijados en el Presupuesto Nacional, así como los futuros acuerdos con el FMI, deban ser aprobados por el Congreso.

El texto, promovido por el ministro de Economía, Martín Guzmán, obtuvo media sanción en el Senado este mismo lunes con apoyo de la oposición -recibió 65 votos a favor, ninguno en contra y una abstención-.

Entre los temas más picantes también figuran la fórmula de movilidad jubilatoria, que ingresó el viernes pasado por el Senado y es cuestionada por la oposición; y la postergada reforma judicial, que desde que se aprobó en la Cámara alta permanece “congelada” en Diputados.

Otros de los puntos de la ampliación de ordinarias y la citación a extraordinarias son dos proyectos del Ejecutivo sobre promoción de la construcción privada y de créditos hipotecarios; y la propuesta de Máximo Kirchner para prohibir el cambio de uso de las tierras afectadas por incendios.

Asimismo, se incluye el proyecto de etiquetado frontal de alimentos, que promueve la alimentación saludable; y el otorgamiento, por única vez, de un beneficio extraordinario a familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

El último punto de la convocatoria es el Consenso Fiscal, que el Gobierno nacional negocia desde hace tiempo con los gobernadores, con el fin de darle más libertad a las provincias para incrementar impuestos a cambio de ciertas condiciones, como la renuncia a iniciar demandas judiciales por coparticipación y el retiro de las ya formuladas.

El temario completo

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La diputada del Pro Victoria Morales Gorleri criticó en duros términos la decisión del presidente Alberto Fernández de promover el debate sobre el aborto legal y el proyecto del “Programa de los 1.000 días” en el mes de diciembre, en tan solo una semana de tratamiento en comisiones.

“El envío de la ley de aborto junto a la de los 1.000 días en diciembre de este año es verdaderamente una falta absoluta de sensibilidad y de sentido de la oportunidad”, cuestionó Morales Gorleri al presentar una cuestión e privilegio contra Fernández en la sesión de la Cámara baja.

La legisladora advirtió que “sabemos lo que ha significado siempre diciembre en la historia reciente”, y criticó que se haya abierto el debate “luego de un año de profundo de dolor para nuestro pueblo, en una crisis económica sin precedentes”.

“No hay ninguna duda de que este, tal vez, sea el año más doloroso para nuestro pueblo. Sin embargo, nos mandan esta ley que divide la mesa familiar de los argentinos, en un año donde no han podido acompañar ni despedir a sus familiares enfermos”, lamentó.

Y agregó: “Hemos visto sufrir a nuestras mujeres que han acompañado a sus hijos, a sus vecinos, cargando sobre sus hombros con un montón de dificultades, y hoy estamos pensando en esta ley que no trae más que dolor en este mes, y además nos están pidiendo que lo tratemos en una semana”.

Morales Gorleri insistió en que pretenden “que en una semana tomemos la definición de uno de los debates más profundos de este pueblo: el derecho a la vida y el derecho a la libertad de las mujeres”, y alertó que “no lo podemos trabajar de la noche a la mañana”.

“Seguramente nos van a decir que se debatió en 2018, ¿y saben qué? No se sancionó en 2018. El pueblo dijo que no. De todos modos, está bien que sigamos debatiendo este tema, pero no podemos desconocer la oportunidad”, repitió.

Asimismo, recordó que en 2018 el proyecto de aborto legal “era diferente” y el del Programa de los 1.000 días directamente no estaba en discusión, “y tenemos muchas objeciones porque no mira de manera integral la problemática de la mujer”.

“En las urnas, el año pasado, el pueblo argentino se expresó teniendo en cuenta como nunca este tema, y yo soy uno de los casos que el pueblo eligió para estar en esta banca representando este y muchos otros temas, como la mitad de esta Cámara. No hemos dado el debate en 2018 y el pueblo eligió nuevos representantes”, enfatizó Morales Gorleri.

La diputada nacional del FdT Carolina Gaillard se refirió a la agresión que sufrieron sus padres cuando un grupo antiderechos escrachó el frente de su domicilio en General Campos. 

“Grupos de militantes celestes aparecieron en la puerta de la panadería de mis padres con pancartas con mi cara por estar a favor del aborto. Esto reafirma mis convicciones”, señaló Gaillard y agregó: “Nunca es con violencia e intimidación siempre con debate político para fortalecer la democracia y allí debemos respetar las diferentes miradas que serán sintetizadas en leyes”. 

Para la legisladora siempre se debe garantizar un debate en el marco del respeto: “No corresponde el escrache en ningún caso por la posición que tenga, menos con mi familia”, explicó para añadir que de este modo “es triste y lamentable que los que dicen defender la vida se comporten de manera violenta y antidemocrática”.  

Gaillard se mostró agradecida con las innumerables muestras de apoyo de funcionarios y dirigentes del Gobierno provincial y nacional entre ellos, gobernador Gustavo Bordet, la vicegobernadora Laura Stratta, la secretaria Legal y Técnica de Presidencia de la Nación, Vilma Ibarra, y la ministra de Mujeres Géneros y Diversidad, Elizabeth Gomez Alcorta, la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Entre Ríos, entre muchas otras organizaciones, funcionarias y funcionarios, legisladoras y legisladores – incluso legisladores “celestes”- que dieron muestras de apoyo a la diputada Gaillard. 

Confirmado el cronograma de trabajo con el que la Cámara de Diputados de la Nación decidió avanzar con el tratamiento del proyecto de legalización del aborto, se estableció una agenda según la cual podrían estar en condiciones de debatir el tema en el recinto el próximo 10 de diciembre. Esto es, en menos de dos semanas.

Ante la celeridad determinada en dicho cronograma, la conducción de la Cámara de Diputados aclaró que “el tratamiento de los proyectos de Ley IVE y Protección de los 1000 días fueron acordados por los y las presidentes y vicepresidentes de las comisiones intervinientes tanto en fechas y tiempos como en cantidad de expositores”.

En ese sentido se recordó que las cuatro comisiones que deberán dictaminar sobre ambos proyectos están conformadas por diputados del oficialismo y oposición, donde se encuentran representadas las diferentes posturas, y ellos “son quienes definen los trámites del plenario que luego son presentados al presidente de este cuerpo”.

Tras detallar lo resuelto por los integrantes de esas comisiones en la reunión del jueves último, la Cámara baja publicó esa aclaración a través de la red social Twitter, puntualizando que comenzará así “un debate muy importante y sensible para la sociedad, que debe contar con la máxima responsabilidad, sin lugar para distorsiones, interpretaciones parciales ni confusiones de ningún tipo, que originen un bloqueo de las deliberaciones”.

LA CÁMARA DE DIPUTADOS INFORMA:
El tratamiento de los proyectos de Ley IVE y Protección de los 1000 días fueron acordados por los y las presidentes y vicepresidentes de las Comisiones intervinientes tanto en fechas y tiempos como en cantidad de expositores.#UniendoVoces🇦🇷 pic.twitter.com/G0P59qWU7Y

— Diputados Argentina (@DiputadosAR) November 27, 2020

Luego de la movilización “celeste” al domicilio del diputado Facundo Suárez Lastra (UCR) el último fin de semana, este jueves le tocó a Laura Russo (Frente de Todos), otra de las legisladoras que votaron a favor del aborto legal en 2018.

La concentración tuvo lugar en la puerta del barrio cerrado “El Cantón” de Escobar, donde reside Russo (Frente de todos), y participaron cerca de 70 manifestantes convocados por organizaciones antiabortistas, para pedirle a la diputada “que defienda la vida”.

Los presentes llevaron bombos y redoblantes y, entre cánticos contra la ley, entregaron folletos con el rostro de Russo junto a la imagen de un aborto, y también colgaron un pasacalles con el mensaje “Laura Russo, escuchá ya al pueblo. Aborto es genocidio”.

“El Congreso Nacional ya laudó sobre este tema y dijo claramente ‘no’ al aborto en 2018. Pretender meter el aborto por la ventana, en 15 días, en sesiones extraordinarias, cuando claramente no encuadra en las causales establecidas en la Constitución Nacional para hacerlo es claramente un insulto político”, advirtió uno de los manifestantes.

Además, adelantó que continuarán con los escraches a diputados: “Lo más violento es descuartizar a un humano inocente en el vientre, quitarle su derecho humano más elemental. Manifestarse para evitarlo no es violento, todo lo contrario. Tenemos la firme convicción de que si esto se trata en extraordinarias, iremos a la casa de todos aquellos que voten o votaron por el aborto. El pueblo debe conocerlos y desenmascararlos”.

Por Carolina Ramos

Mientras todo el país vive una conmoción por la muerte del ídolo futbolístico Diego Armando Maradona, en la Cámara de Diputados hubo una reunión clave donde se definió el cronograma de tratamiento del proyecto de aborto legal: arrancará el próximo martes y los “verdes” buscarán firmar dictamen el viernes, con posible fecha de sesión el 10 de diciembre.

Así se acordó en una videoconferencia de la que participaron los presidentes de las comisiones que intervendrán, Cecilia Moreau (Legislación General), Pablo Yedlin (Salud), Carolina Gaillard (Legislación Penal) y Mónica Macha (Mujeres y Diversidad), junto a los vicepresidentes y -por un rato- el titular de la Cámara, Sergio Massa.

Con la intención de sancionar la ley antes de fin de año, los titulares de las comisiones -todos a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo- decidieron que habrá tres jornadas maratónicas la semana próxima, con la participación de 50 expositores, 25 a favor y 25 en contra, agrupados por temáticas.

El tratamiento iniciará entonces el martes, en dos tandas: de 10 a 13 asistirán a la reunión virtual funcionarios del Poder Ejecutivo, mientras que de 14 a 19 hablarán los invitados, con un tiempo de siete minutos cada uno -el listado definitivo se terminará de cerrar en los próximos días-.

Por el Gobierno se espera que defiendan el proyecto los ministros de Salud, Ginés González García, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, además de Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Ténica y redactora de la iniciativa.

El miércoles se repetirá el mismo esquema, con la participación de expositores de 10 a 13 y de 14 a 19, y el jueves por la tarde habrá una nueva reunión dedicada al debate entre los diputados.

Finalmente, los “verdes” esperan dictaminar el viernes, para dejar el proyecto en condiciones de ser tratado en el recinto posiblemente el jueves 10 de diciembre, junto con el denominado “Programa de los 1.000 días”, que obtendría dictamen también la semana próxima tras una ronda informativa con funcionarios.

Como adelantó parlamentario.com, los diputados a favor del aborto legal tienen prácticamente asegurado el dictamen de mayoría en las comisiones, donde el panorama está bastante definido, con tan solo cinco legisladores indefinidos que integran esos cuerpos.

En Legislación General, la comisión cabecera, hay 15 miembros a favor, 12 en contra y cuatro indefinidos; en Salud, 21 a favor, 13 en contra y un indefinido; en Legislación Penal hay empate 14 a 14 y dos indefinidos; y en Mujeres y Diversidad, 26 a favor, cinco en contra y ningún indeciso.

En 2018, primera vez que se habló de la legalización del aborto en profundidad, el tratamiento en comisiones insumió más de 20 reuniones informativas, que totalizaron más de 130 horas de debate con la participación de 738 expositores.

El proyecto que envía el Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación para establecer por ley el aborto en la Argentina bajo un nombre mentiroso de “interrupción legal del embarazo” ocultando su verdadero significado que es “abortar” (terminar, no interrumpir), ya que luego de hacer el aborto no podemos continuar con la gestación, lo hace invocando un inexistente mandato asumido por el Estado Argentino en materia de salud pública y derechos humanos. 

Efectivamente para seguir su argumento del artículo Primero del proyecto, pretende crear una nueva clase de derechos humanos, que es el derecho humano de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar.  

Según las Naciones Unidas los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición.  

Los derechos humanos son innatos a la persona y anteriores a la existencia del Estado, esto es que no es una concesión graciosa del Estado al ser humano, sino que es un atributo propio de la persona por su dignidad y esencia de tal.  

El primer derecho humano sin el cual el resto de los derechos carece de sentido es el derecho a la Vida. Esta vida para la legislación argentina constitucionalmente y en todo su cuerpo normativo vigente comienza en la CONCEPCIÓN.  

Por lo tanto, el presidente de la Nación al sostener en el artículo Primero del proyecto de ley que envía según él en cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y de los gestantes, está inventando una clasificación de derechos humanos para violentar el derecho humano esencial de todas las personas humanas que es el derecho a vivir. Se está apropiando para un relato militante de los derechos humanos, desvirtuando su sentido y alcance.  

El siglo XXI permitió la irrupción de un derecho humano esencial que las redes sociales despertaron y llevaron a superficie que es “La Verdad”. Hoy no se puede “relatar” tan fácil e impunemente como se pretende en la redacción de este proyecto cuestionado.  

Los derechos humanos son tales que no pueden ser puestos en discusión, equivalencia o comparación, y acá en la norma proyectada el Ejecutivo Nacional pretende colocar por encima del derecho de todo ser humano a la vida el “supuesto y específico” derecho humano de mujeres y personas gestantes para impedir la vida de un tercero.  

No contento con ello nos habla que es por un tema de salud pública, pero lo cierto que la salud implica el cuidado de la vida y sanación de las dolencias de las personas. Llevar adelante un aborto significa que una persona muere y otra corre riesgos su vida o su salud de acuerdo a los antecedentes científicos e incluso pudiendo perderla, ya que no hay tratamiento quirúrgico alguno seguro, de allí que para la extracción de una simple muela es necesario  

suscribir un consentimiento informado para saber cuáles pueden ser las consecuencias de ese procedimiento.  

Por tanto, vemos que no es cierto que sea un tema de salud pública ni menos de derechos humanos.  

Ahora bien, el artículo analizado termina diciendo “… a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible”. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación en el año 2018 fallecieron por embarazos terminados en aborto 35 mujeres, sin distinguir entre los abortos espontáneos y los procurados. Una vida es importante, pero ¿cuántas miles de vida se pierden y se perderán con una liberalización del aborto? ¿Se justifica violentar los derechos humanos de las personas por nacer por la negativa caprichosa del Estado a llevar adelante políticas públicas activas que garanticen la vida de todos los argentinos?  

La respuesta es clara y contundente. No es constitucional ni moralmente aceptable el impulsar un proyecto de ley de aborto, mintiendo en las razones, ocultando el verdadero sentido ideológico y militante que es la reducción del gasto público y profundizar la desertización poblacional de nuestro país y la banalización de la familia y la muerte. Jubilados y los pobres que engendran hijos son gastos innecesarios para ciertos gobiernos.  

La Argentina necesita una ley poblacional que lleve la cantidad de habitantes a no menos de 100 millones de personas armónicamente distribuidas en todo el territorio nacional para ser un país viable económicamente. Sin embargo, pensamos en cómo matar a los nuevos argentinos. Es hora de afrontar la realidad con decisión y coraje compatriotas.  

Por Carolina Ramos

El proyecto de legalización del aborto tiene un éxito casi garantizado en las cuatro comisiones a las que fue girado en la Cámara de Diputados. Si bien la iniciativa del Poder Ejecutivo podría recibir cambios en la letra fina durante el debate, a la hora de las firmas hay una clara mayoría “verde” y tan solo cinco legisladores indefinidos en total.

La discusión pasará, como se preveía, por las comisiones de Legislación General (cabecera), Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad. Todas presididas por diputados del Frente de Todos que están a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo: Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carolina Gaillard y Mónica Macha, respectivamente.

Las “cabecillas” del debate mantuvieron este martes una videoconferencia con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y acordaron cerrar esta semana un esquema de trabajo. Convocarán a entre 30 y 60 expositores, divididos por grupos, empezando por los ministros Ginés González García (Salud) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social), sumados a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

El mapa de las comisiones

La mayoría de votos más abrumadora está en Mujeres y Diversidad, la comisión que se creó a fines de 2019 separándose de la de Familias, Niñez y Juventudes. De los 31 integrantes, 26 están a favor y solo cinco en contra, con la presencia estelar de algunas integrantes del antiguo grupo de “sororas”, como Macha, Silvia Lospennato (Pro) y Brenda Austin (UCR).

En esta comisión, los rechazos provienen de la misionera Flavia Morales (Fte. Renovador de la Concordia) y la bonaerense Natalia Villa (Pro), dos de las más fuertes detractoras del aborto legal en 2018, sumadas a las correntinas Sofía Brambilla e Ingrid Jetter, ambas del Pro, y la tucumana Lidia Ascárate (UCR). Brambilla, que había votado a favor, reveló la semana pasada su cambio de postura.

La comisión donde el sector “celeste” podría hacer más fuerza es la de Legislación Penal, donde en principio hay un empate, 14 contra 14. La suerte estará en manos de dos diputados que todavía no se pronunciaron públicamente: el massista Ramiro Gutiérrez -autor del proyecto de Código Penal emblema del Frente Renovador- y la formoseña Graciela Parola, que ingresó el año pasado a la Cámara con el padrinazgo del gobernador Gildo Insfrán.

Lea también: Aborto legal: se definió el giro a comisiones y el debate arranca con funcionarios

En el caso de Legislación General, la comisión cabecera del debate, hay 15 diputados a favor de la legalización, 12 en contra y cuatro indefinidos: los mencionados Gutiérrez y Parola; la bonaerense Liliana Yambrun, del bloque oficialista; y Sebastián García De Luca, exviceministro del Interior de la gestión anterior, quien hasta ahora evitó decirlo en público pero estaría a favor.

Con 35 miembros, Salud es la comisión más numerosa y la mayoría favorable es, también, contundente: 21 legisladores a favor, 13 en contra y solo una indefinida, la santiagueña María Luisa Montoto (Frente de Todos).

Un factor a tener en cuenta es que varios diputados integran más de una de las comisiones intervinientes, y en ese caso, su firma en el dictamen valdrá doble. Algunos ejemplos son Lospennato -forma parte de Mujeres y Diversidad, y Salud- y Gaillard -preside Legislación Penal y además integra Salud-.

Voto a voto

• Legislación General (31 integrantes): 15 a favor, 12 en contra y 4 indefinidos.

• Salud (35 integrantes): 21 a favor, 13 en contra y 1 indefinido.

• Legislación Penal (30 integrantes): 14 a favor, 14 en contra y 2 indefinidos.

• Mujeres y Diversidad (31 integrantes): 26 a favor, 5 en contra y ningún indefinido.

Los indefinidos de las cuatro comisiones

Por el Frente de Todos, Liliana Yambrun, María Luisa Montoto, Ramiro Gutiérrez y Graciela Parola; y Sebastián García De Luca (Pro).

El oficialismo comenzó a ajustar este martes cómo será el debate sobre el aborto legal en la Cámara de Diputados. En una reunión virtual encabezada por Sergio Massa, se determinó el giro a comisiones y se acordó iniciar el tratamiento con exposiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo, aunque recién el jueves se clarificará el cronograma.

El proyecto, que ingresó a la Cámara baja el martes pasado, será tratado en Legislación General (cabecera), Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad, tal como se preveía. Sus presidentes -todos a favor de la ley- participaron del encuentro virtual con Massa: Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carolina Gaillard y Mónica Macha, respectivamente.

Dado que la intención de los diputados “verdes” es alzarse con la ley antes de fin de año, ya se comenzó a diagramar un esquema de debate, que será participativo pero no tan extenso como el que se dio en 2018, cuando el tema se discutió en profundidad por primera vez.

En ese sentido, los presidentes de las comisiones intervinientes darán a conocer este jueves un acta con los detalles del tratamiento. Evalúan convocar a entre 30 y 60 expositores, divididos en cuatro grupos: científicos, profesionales de la salud, representantes religiosos y juristas.

El listado final dependerá de las propuestas que se formulen al interior de los bloques, aunque ya se determinó que para la primera reunión informativa, que sería este viernes, se citará a funcionarios del Ejecutivo.

Asistirían a esa convocatoria el ministro de Salud, Ginés González García; su par de Desarrollo Social, Daniel Arroyo -quien votó a favor de la ley como diputado- y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, redactora del proyecto.

Lea también: Aborto voluntario, objeción de conciencia y cambios al Código Penal: qué dice el proyecto del Ejecutivo

La intención de Massa es garantizar un debate “serio y respetuoso”, según confiaron en su entorno, y para eso tomará medidas concretas. Una de ellas es solicitar a los legisladores, a través de una resolución, que “eviten adjetivaciones personales y calificaciones peyorativas”.

Pero además, promoverá que ante cualquier escrache a domicilios de diputados o acoso en sus teléfonos celulares, por parte de uno u otro sector, serán denunciados penalmente por la Cámara, “dado que se vería afectado el fuero y la libertad de opinión de los las legisladores”.

Este fin de semana sufrió un escrache en su domicilio el diputado Facundo Suárez Lastra (UCR), a favor del aborto legal, y en las redes ahora circula una segunda convocatoria frente a la casa de otra diputada “verde”, Laura Russo (Frente de Todos).

https://twitter.com/RodriguezSaaN/status/1331255629864988673

El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) habilita a la persona gestante a realizarse un aborto de forma legal, segura y gratuita hasta la semana catorce de gestación, y luego de ese plazo, si el embarazo es producto de una violación o si están en riesgo la salud integral de la mujer.

En paralelo, la Cámara baja tratará el denominado “Programa de los mil días”, que prevé la creación de una nueva asignación, la provisión gratuita de insumos y modelos de atención especial a grupos vulnerables. En este caso, el debate pasará por las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda, y se buscará dictaminar en los próximos 15 días para tratar conjuntamente ambos temas en el recinto, llegado el momento.

El pasado martes 17 de noviembre se presentó, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de Nación de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención posaborto. Veamos cuáles son los aspectos más importantes del proyecto de ley.  

La iniciativa, que está destinado a las mujeres y personas con distintas identidades de género con capacidad de gestar, tiene dos ejes diferentes pero complementarios en materia de ampliación de derechos: por un lado regula en qué circunstancias no será punible la interrupción del embarazo y por otro la atención sanitaria posaborto, el acceso irrestricto a la salud, el respeto a la autonomía de la voluntad, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos humanos en general de las mujeres y personas gestantes.  

Respecto a la primera cuestión se establece que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 (inclusive) del proceso gestacional. Luego de la semana 14 se tendrá derecho a la interrupción del embarazo sólo cuando sea producto de una violación y si estuviera en peligro la vida o salud de la persona gestante. Se mantienen por lo tanto los dos supuestos establecidos en el actual artículo 86 del Código Penal para el aborto no punible (violación y peligro en la vida o salud), aunque con dos importantes diferencias en estos dos casos. Para el supuesto de violación en el proyecto se elimina el requisito del actual art. 86, el cual exige que debe tratarse de una violación o “atentado al pudor” contra “una mujer idiota o demente”. En el supuesto de peligro en la vida o salud, el proyecto también elimina el requisito actual de que ese peligro “no pueda ser evitado por otros medios”. La eliminación de estos requisitos actuales dentro de los casos de violación y de peligro en la vida o salud, le da mayor amplitud al derecho a la interrupción del embarazo de lo que establece el actual art. 86.  

El proyecto también establece que para el caso de violación se requiere de una declaración jurada (no denuncia penal) ante el personal de salud, cuestión no requerida si la persona gestante es menor de 13 años de edad. Respecto al segundo supuesto hay que mencionar que se deberá entender según el concepto amplio de salud que establece la OMS cuando menciona que “la salud es un estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad”.  

Con el nuevo cambio de paradigma el proyecto establece modificaciones a los artículos 85, 86, 87 y 88 del Código Penal y agrega el articulo 85 bis, adecuando de esta manera la normativa actual a la despenalización irrestricta del aborto hasta la semana 14 de gestación. El nuevo art. 85 bis pena con prisión de tres meses a un año de prisión e inhabilitación al funcionario o personal de salud que negare o dificultare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. Esta introducción es muy importante para garantizar que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo no sea negado por funcionarios o personal de salud, ya que más allá de que el proyecto autoriza la objeción de conciencia para los profesionales de salud, también establece que no obstante la misma, igualmente se deberá garantizar dicho acceso. La modificación al artículo 88 implica también una clara diferencia a lo que se establece actualmente. El proyecto estipula que, aunque el aborto sea practicado luego de la semana 14 de gestación y fuera de los supuestos que lo autorizan en ese plazo, se podrá eximir de pena a la persona gestante cuando “las circunstancias hicieren excusable la conducta”. Esto permite a los jueces usar un criterio de salud, vulnerabilidad, o de otro tipo para no criminalizar aún en casos en donde el aborto haya sido practicado fuera de los casos legalmente establecidos.  

Otra cuestión progresiva que garantiza los derechos de los niños, niñas, adolescentes e infancias establecidos en Convenciones Internacionales, es que se presume que los adolescentes de entre trece y dieciséis años de edad cuentan con madurez y aptitud suficiente para decidir la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, en caso que el procedimiento implique un grave riesgo para la salud o vida se requiere, además de su consentimiento, el asentimiento de al menos uno de sus progenitores o representante legal. Asimismo, se establece que las personas menores de trece años prestaran su consentimiento para dicha práctica con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. Para las personas mayores de dieciséis años de edad se establece la plena capacidad de consentimiento en todos los casos.  

Por último, hay que mencionar que el segundo eje que marcamos al principio tiene que ver con todo el catálogo de derechos y garantías que se establecen en el proyecto de ley. En primer lugar, el derecho a decidir la interrupción del embarazo junto al derecho a requerir de asistencia médica antes y después de dicha práctica. La interrupción del embarazo deberá realizarse dentro del plazo de diez días desde la petición en los servicios de salud, en el marco de; un trato digno, confidencialidad, acceso a la información y la atención integral de la salud a lo largo de todo el proceso. Además, deberá garantizarse previo a la interrupción del embarazo el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito. 

En la previa de una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y sus pares que presiden las comisiones competentes sobre el tema, a fin de definir un cronograma, el tucumano Pablo Yedlin dijo que se buscará dar media sanción al proyecto de aborto legal antes de fin de año.

El titular de la Comisión de Salud aseguró este martes que el sector “verde” del oficialismo está “previendo iniciar lo antes posible” el debate de la iniciativa enviada por el Gobierno. “La idea es dar el tiempo suficiente para una discusión, pero de ninguna manera el tiempo que demoró en 2018”, remarcó y expresó: “No nos parece que sea necesario volver a escuchar a todos los exponentes”.

En diálogo con radio El Destape, el legislador aclaró que “no va a ser una discusión a libro cerrado, ni exprés, vamos a dar tiempo a la discusión, pero limitada en un tiempo prudencial”. “Esperamos que antes de fin de año ya haya pasado al Senado”, señaló, en referencia a la aprobación en la Cámara baja para el próximo mes.

Consultado por el reclamo del sector “celeste” sobre no votar el proyecto en cercanías a la Navidad, el oficialista sostuvo que “todos los meses son religiosos”, por lo que “son argumentos que no tienen ningún asidero”.
“No estamos en contra de ningún concepto religioso, o grupal, o societario, nosotros lo que estamos generando es una norma para un Estado laico”, resaltó.

Y continuó: “Cuando una mujer decide interrumpir un embarazo y es pobre va a la clandestinidad, y lamentablemente terminan falleciendo”. Por eso, la ley busca que “a las mujeres que terminan en la clandestinidad el Estado les garantice un lugar para que eso no pase”.

“El aborto es un tema de salud pública, no va contra la religión o creencia de nadie”, siguió y consideró que “extender mucho la discusión no modifica la decisión de nadie al momento de votar en temas como el aborto”.

Yedlin opinó que este es un tema “que debemos superar y mirar para adelante. Estos temas que dividen aguas los tenemos que resolver”.

En comparación con 2018, el diputado observó que hay “más votos a favor” de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y, sobre las presiones al respecto, manifestó: “Los diputados recibimos presiones permanentemente, tanto en aborto como en cualquier otro tema. No hay que dejarse presionar. Yo tuve muchísimas presiones hace dos años con el tema aborto. Que el proyecto venga del Poder Ejecutivo nos genera un resguardo mucho mayor”.

La secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, señaló este sábado que con el proyecto de aborto seguro, legal y gratuito que envió el Ejecutivo al Congreso “el Gobierno ha sido muy cuidadoso”.

“Es una demanda histórica sobre una enorme problemática. Y el Gobierno decidió hacerse cargo”, explicó.

Entrevistada en el programa “Digamos todo”, de CNN Radio, la funcionaria sostuvo que “hay estimaciones de cifras, estudios validados internacionalmente, hechos a pedido del Ministerio de Salud en 2005, que indican que tendríamos no menos de 370 mil abortos clandestinos por año. Es algo que nos interpela y que pone en riesgo la salud de muchas mujeres. Y el embarazo adolescente también es un gran problema”.

“Para muchas mujeres, la maternidad forzada no es una opción. Se hacen abortos en malas condiciones por miedo a ir a la cárcel”, agregó.

“La amenaza de prisión a lo mejor puede hacer desistir” a las mujeres que resuelven interrumpir el embarazo, indicó. “¿Si este es un buen momento para tratar el tema? Los debates nos dividen en términos constructivos y democráticos. Muchas veces en el Congreso se coincide o se disiente. Hay gente que razonablemente puede oponerse y es raro que digan este es el momento. Jamás escuché decirlo a nadie que se opone”, acotó la funcionaria.

Vilma Ibarra advirtió que “convivimos en un momento difícil con cuidados y se están debatiendo muchos temas. Desde que recuperamos la democracia murieron 3.000 mujeres por abortos clandestinos. Esto merece un lugar en la agenda política”, y agregó: “Nuestro proyecto es equilibrado para interpelar a mayores sectores de la sociedad. El de interrupción voluntaria respeta a los médicos que se sienten violentados para asesorar en el aborto, aun con los métodos validados por la Organización Mundial de la Salud y sabiendo que antes de la semana 14 es una práctica segura, ambulatoria y no quirúrgica. La norma propone respetar ese derecho, pero sin dilaciones derivar a la paciente a otro profesional antes de los 10 días del requerimiento. Tratamos de evitar que la mujer vaya al sistema clandestino para que pueda entrar en el sistema de salud”, remarcó.

Para Ibarra, “el Estado debe estar muy presente. La Argentina tiene muchas deudas con la igualdad”.

Consultada sobre el caso de Abigail, la chica de 12 años con un tumor en una pierna a quien el padre debió cargar en brazos para atravesar el límite entre Tucumán y Santiago del Estero, la funcionaria respondió que “es una cosa increíble y dolorosa. Un espanto”. Y recalcó que el episodio no se relaciona con los decretos presidenciales sobre la pandemia que “establecen que en cualquier caso de fuerza mayor se puede circular”.

Consultada sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner, Vilma Ibarra señaló que “este gobierno está a cargo de una coalición liderada por el presidente. En algún momento han tenido disidencias Alberto Fernández y Cristina, como las ha tenido Sergio Massa, pero todos han entendido que para enfrentar el modelo socioeconómico de Mauricio Macri había que presentar una coalición robusta”. Y sobre su relación con la exmandataria, señaló: “Entiendo que en su momento fui crítica con la actual vicepresidenta. No la he visto últimamente porque ella no suele venir a la Casa Rosada, que es donde yo estoy. Trabajé con ella en el Senado durante muchos años”.

Y cerró: “Hasta donde sabemos, Cristina votó afirmativamente en 2018 en el proyecto de aborto legal y creemos que es una persona que va a acompañar la propuesta”.

Con una diferencia más estrecha que la registrada en la votación de hace dos años atrás, en el Senado se presenta, hasta el momento, un escenario abierto para la legalización del aborto: según un conteo realizado por parlamentario.com, en la Cámara alta persiste el rechazo al proyecto solamente por dos votos.

Según el relevamiento de este medio, la iniciativa de Interrupción Voluntaria del Embarazo, impulsada esta vez desde el propio Gobierno, reuniría 35 votos en contra y 33 a favor. Hay, además, una senadora que se abstuvo en el debate de hace dos años atrás, la neuquina Lucila Crexell.

La legisladora del interbloque Parlamentario Federal, que está favor de la despenalización hasta la semana 12 de gestación -tiene un proyecto en ese sentido-, expresó este jueves que quiere ser “prudente” respecto de anunciar su postura porque “realmente la pasamos muy mal, fue muy fuerte el agravio a los senadores y diputados” en el debate de 2018.

En declaraciones a la radio La Red Neuquén, Crexell deslizó: “Ya que yo esté a favor de la despenalización es un indicio de cuál es mi posición respecto del tema”. Si bien dijo que la cuestión de las semanas es un “punto central”, se calificó como una “persona flexible”.

“Yo creo que hay una tendencia, y esto no es por la decisión que yo vaya a tomar, pero creo que esta vez hay mayor vocación de gente a favor del aborto en el Senado que hace dos años”, agregó, y consideró que el presidente Alberto Fernández “no hubiera mandado el proyecto si no tendría los votos”.

Desde aquel anuncio presidencial en marzo pasado, durante la Asamblea Legislativa, en el que había un puñado de senadores en la categoría “indecisos” o “sin pronunciarse”, hoy solo quedan dos. Y se trata de representantes de la misma provincia, Entre Ríos.

En el caso de Edgardo Kueider, del Frente de Todos, el senador todavía no anunció públicamente su postura, pero según pudo saber este medio estaría en contra del proyecto. Por su parte, la radical Stella Maris Olalla “en principio no va a tomar ninguna postura pública porque no sabe en qué condiciones va a llegar al Senado” la redacción del texto, indicaron a parlamentario.com desde fuentes cercanas a la legisladora.

Horas antes de que la iniciativa sea girada al Congreso, el santiagueño José Neder, del Frente de Todos, confirmó su posición en contra del aborto, develándose así otro de los nombres que figuraba en incógnito. El oficialista declaró que es “religioso, católico y mis convicciones no me lo permiten”, según publicó el Diario Panorama de Santiago del Estero.

Por el contrario, el que ratificó su postura a favor fue el santafesino Roberto Mirabella, también del bloque Frente de Todos. El legislador señaló que en febrero pasado presentó un proyecto de despenalización y sostuvo que hay que “buscar salidas que tengan como cuestión principal la salud pública”.

No obstante, remarcó que “es un tema complejo” y por lo tanto “no se debe tomar a la ligera”. “Hay muchas mujeres que asumen este tema como un reconocimiento de derechos y me parece que está bien. También entiendo que hay personas que por convicciones personales no estén a favor de que se despenalice ni que se legalice, pero no es un tema para simplificarlo”, subrayó este jueves en diálogo con la radio Aire de Santa Fe.

En agosto de 2018, el proyecto de aborto legal fue rechazado en la Cámara alta con 38 votos en contra, 31 a favor y una abstención -de la mencionada Crexell-. Uno de los votos negativos fue del tucumano José Alperovich, actualmente de licencia hasta fin de año, a raíz de la denuncia en su contra por presunta violación a una sobrina segunda.

El mapa del Senado encuentra a la mayoría de los senadores “verdes” dentro del Frente de Todos, aunque hay un número importante de oficialistas que también se oponen. Entre ellos, el caso emblemático es nada más y nada menos que el del jefe de la bancada, el formoseño José Mayans.

La balanza terminará de inclinarse definitivamente en contra o a favor una vez reveladas todas las posiciones, o en el caso de que haya senadores que reviertan sus votos para un lado o para el otro. O que alguno se ausente en la sesión.

En tanto, en caso de empate, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá la decisión en sus manos y se estima, de acuerdo a lo que decidió dos años atrás, que avale la ley.

A medida que avanzan los días se ajusta el sondeo en la Cámara de Diputados en torno al proyecto de despenalización y legalización del aborto. Pero las novedades no provienen solo de la definición de indecisos: también se comienzan a vislumbrar cambios de postura de diputados que votaron el proyecto en 2018.

El primero fue el de la chaqueña Aída Ayala (UCR), que tras votar a favor hace dos años ahora confirmó que lo hará en contra, y lo mismo sucederá con otra diputada, la correntina Sofía Brambilla (Pro), quien este jueves anunció que rechazará la iniciativa, la cual calificó como un “mecanismo de distracción”.

“Me parece una barbaridad que mande este proyecto al Congreso. Es una bola de humo para evitar hablar de problemas más relevantes, más graves, para los argentinos. Me parece totalmente desafortunado el momento”, sentenció Brambilla en una entrevista a Radio Dos de Corrientes.

La legisladora argumentó: “Este tema generó mucho debate y mucho conflicto. Creo que no es momento. Tenemos problemas mucho más severos con la pandemia y la cuestión económica, para ponernos a discutir un tema tan sensible que prácticamente quebró al Congreso”.

Brambilla sostuvo que el Gobierno “busca distracción, que nos empecemos a pelear unos con otros, tanto la sociedad como dentro del Congreso”, para que, entre otras cosas, “pase desapercibida la ley de movilidad jubilatoria, que perjudica notablemente los haberes de los jubilados”, o “que quieran meter la reforma tributaria en extraordinarias”.

“Yo nunca milité el proyecto, de hecho me estaba por abstener y lo resolví una semana antes”, dijo Brambilla sobre su apoyo en 2018

“Es un mecanismo de distracción. No voy a acompañar, por supuesto. Voy a votar en contra del proyecto, porque quedó claro después de 2018 que los correntinos y las correntinas en su mayoría no acuerdan con ningún tipo de proyecto de legalización del aborto, con lo cual le debo a quienes me pusieron en la banca”, explicó.

La diputada reconoció que “lo bueno del proyecto fue que puso sobre la mesa un tema muy sensible, pero hizo discutir a la sociedad entera”. “Se tiene que hacer política pública en esta materia, pero podemos ir por el lado de la prevención, que por otra parte siempre fue mi postura”, aclaró.

En ese sentido, llamó a trabajar para “hablar de educación sexual integral en los colegios”, “prevenir los embarazos no deseados” y trabajar sobre la falta de acceso a mecanismos de anticoncepción”, al considerar que “el Estado tiene que proveer mejores sistemas”.

La correntina insistió: “Me parece totalmente desafortunado el momento y creo que es un mecanismo de distracción”.

Consultada sobre su voto a favor en 2018, respondió: “Uno va leyendo lo que el electorado, a quien uno representa, le va pidiendo. Yo nunca milité el proyecto, de hecho me estaba por abstener, y lo resolví una semana antes, porque pensé que blanqueando el asunto, el Estado podía activar los mecanismos. Ocultando el tema no salvamos las dos vidas, porque los abortos clandestinos suceden”.

“Me parecía que el Estado tenía que hacerse cargo de este problema, por eso acompañé el proyecto, pero es más que obvio que la sociedad argentina lo rechaza. Y a mi me sostienen en la banca los correntinos, con lo cual soy leal a mis principios de no traición a quienes me han puesto y han confiado en mi”, finalizó.