Tras la última ronda de exposiciones, comenzó a debatirse entre los diputados el proyecto de despenalización y legalización del aborto, en el marco del plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad, que retomará la discusión este viernes.

Antes de las primeras intervenciones de los legisladores, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) puso en tela de juicio la validez del debate, ya que todavía no fue consensuado el nuevo protocolo de funcionamiento.

Camaño reclamó que los jefes de bloque -que se reunieron este miércoles pero todavía no llegaron a un consenso definitivo- “apuren la discusión del protocolo” y consideró que el debate entre los diputados no estaría permitido sin esa regulación.

“No trato de aportar a la confusión, sino a que hagamos las cosas correctamente”, señaló la diputada, y aclaró que su planteo no estaba vinculado a su posición en contra del proyecto de ley.

Carolina Gaillard, titular de Legislación Penal, recordó que el cronograma de debate fue acordado entre los presidentes de las comisiones y se decidió comenzar este jueves para que “no sea un debate exprés, sino un debate extendido, y que cada diputado pueda expresarse”.

“Tenemos la buena voluntad de utilizar las reuniones informativas para que los diputados integrantes puedan expresar sus opiniones”, se defendió Gaillard.

Su postura fue avalada por Romina Del Plá (P-_FIT) y, fundamentalmente, por la secretaria parlamentaria del Pro, Silvia Lospennato, quien se mostró “sorprendida” con el pedido de Camaño.

Lospennato recordó que en el mes de abril, cuando todavía no existía ningún protocolo, “la Cámara funcionó en reuniones informativas”, y dejó en claro que “claramente no se puede dictaminar” ni este jueves ni el viernes, por lo que se tomó la decisión de posponer el dictamen para el próximo miércoles.

Tras la discusión reglamentaria, empezaron finalmente las intervenciones de los diputados y el primero en hacer uso de la palabra fue Juan Carlos Alderete, del Frente de Todos y de la Corrientes Clasista y Combativa (CCC).

“Las mujeres abortan desde hace miles de años, independientemente de sus creencias e incluso sabiendo el riesgo de muerte en esa práctica. Por eso insistimos en que ante algo que existe inexorablemente, es justo que se legalice para que dejen morir las mujeres”, sostuvo.

Alderete amplió: “No estamos a favor del aborto en sí mismo: estamos en contra de la clandestinidad y de las injusticias sociales, porque aquellas que cuentan con los recursos necesarios pueden abortar en una clínica privada, y las que no, están condenadas a realizarse prácticas inseguras que ponen en riesgo su vida”.

Otra oficialista, Mara Brawer, recordó que en 2018 participó como expositora a favor del aborto legal. “Que se haya instalado en ese momento el debate en la agenda pública era un paso fundamental para terminar con la hipocresía que siempre juzgó y discriminó a las mujeres”, enfatizó.

La legisladora comparó la situación con la de hace dos años y afirmó que “las mujeres seguimos abortando, lo hacemos en condiciones inseguras, y hay miles de mujeres que llegan a los hospitales con daños en su salud y otras que mueren por abortos inseguros”.

También destacó que “las miles y miles de mujeres que estaban en las calles, la hermosa marea verde, están muchísimo en las redes por la pandemia”.

Más allá de esto, observó que este año “no discutimos solo ‘aborto sí’ o ‘aborto no’, sino cómo se van a llevar a cabo estas políticas públicas para quienes quieran interrumpir su embarazo y acompañar a quienes quieran llevar adelante su embarazo”.

“Hoy no se trata de un Estado observador, que solo mira el debate, sino que estamos ante un Estado presente, que quiere hacerse cargo de estos problemas”, diferenció Brawer.

En contra de la legalización se expresó Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, quien observó que las exposiciones de invitados dejaron claro que “no hay homogeneidad en el abordaje jurídico, ni médico, ni social, ni en la necesidad de aprobar este proyecto o en las consecuencias de legalizar el aborto”, y “esto refleja lo dividida que está la sociedad en este tema”.

Campagnoli informó que ella misma presentó proyectos para reformar las leyes de Educación Sexual Integral y de Salud Sexual, así como la de Adopción, y así buscó refrendar su compromiso con el tema.

De todos modos, cuestionó que el aborto legal se vote junto con el Programa de los Mil Días. “Suena un poco oportunista presentarlos conjuntamente”, consideró.

La representante de la Coalición Cívica habló de una “falsa dicotomía de si somos pro-derechos o anti-derechos”, y en relación a la letra chica del proyecto, sostuvo que “no despenaliza a la mujer; a pesar de las afirmaciones respecto de que el derecho penal fracasó, el proyecto no propone un cambio de paradigma”.

“No se deroga ni un solo artículo y se mantiene la penalización de la mujer en el artículo 88, aunque sí baja las penas”, puntualizó.

La última oradora de la jornada fue Gabriela Estévez (Frente de Todos), quien hizo énfasis en “el derecho de las mujeres a construir sus proyectos de vida”. “Para poder construir un proyecto de vida tenemos que garantizar el acceso a los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud”, dijo.

Según la cordobesa, “en este momento, bajo las condiciones que tenemos, nos vemos limitadas para construir nuestro proyecto de vida. Es una realidad que debemos poner en discusión”.

“El aborto es la última opción, en el medio hay muchas otras opciones. Pero aun teniendo todas esas posibilidades, los embarazos suceden, y cuando son no deseados, las mujeres y personas gestantes acuden a interrumpirlos, en condiciones inseguras en muchos casos, y siempre en la clandestinidad, y esto significa un riesgo a la salud que no estamos considerando”, planteó.

Antes de los diputados, participaron como invitados Mariela Bielski (Amnistía Internacional), Roberto Votta (médico del Hospital Algerich), Marcelo Riera (exministro de Salud de San Luis), Luis Ernesto Pedernera Reyna (presidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas), Patricia Rosemberg (médica y mágister en Gestión Epidemiológica y Políticas de Sallud) y Soledad Bustos (subsecretaria de Atención Primaria del Municipio de Quilmes), entre otros.

La Cámara de Diputados se encamina a retomar la actividad presencial, aunque con excepciones debidamente justificadas por cuestiones sanitarias. Ese fue el principio de acuerdo que se alcanzó este miércoles en una reunión de jefes de bloque encabezada por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, aunque la definición final se hace esperar.

Tras el vencimiento del Protocolo de Funcionamiento Remoto el último lunes, en la polémica sesión donde se trató el recorte de la coparticipación de la Ciudad, los líderes parlamentarios mantuvieron un encuentro para resolver cómo sigue la actividad, en el marco de la prórroga de sesiones ordinarias dispuesta por el Poder Ejecutivo hasta el 3 de enero.

Juntos por el Cambio, la principal bancada de la oposición, consideró que “no hay motivos” para continuar con el funcionamiento virtual tras el fin del aislamiento social decretado por el Gobierno, mientras que otros bloques provinciales prefieren sostener el actual esquema mixto, pero se adaptarían a la decisión mayoritaria.

La opción con más posibilidades de avanzar es la de volver a la actividad presencial, pero con excepciones “muy estrictas”, por ejemplo, el caso de diputados que integran grupos de riesgo. Pero aun así, las autoridades de la Cámara todavía evalúan si están dadas las condiciones para la concurrencia de unos 200 diputados respetando a la vez el distanciamiento social.

Hasta ahora, están habilitadas en el recinto entre 80 y 85 bancas, y también las galerías superiores, pero en la oposición creen que no sería suficiente para garantizar los resguardos sanitarios si aumenta el número de presentes. Por eso, Mario Negri volvió a proponerle a Massa el Centro Cultural Kirchner (CCK) como lugar alternativo.

Los jefes de bloque deberán notificar este jueves si aceptan la modalidad presencial con excepciones, y en ese caso, cuál será el lugar propuesto. Massa dejó en claro que la decisión final debe surgir del consenso entre los bloques para garantizar la participación de todos los diputados, ya sea en forma física o remota.

Qué pasará con el proyecto de aborto legal

Dado que todavía no se concretó el acta de Labor Parlamentaria sobre cómo seguir, la firma del dictamen sobre la legalización del aborto se pasará para el próximo miércoles, por dos motivos: ya no hay tiempo material para garantizar mayoría presencial en las comisiones esta semana, y un dictamen completamente virtual tampoco sería válido.

Por lo pronto, los presidentes de las comisiones que intervienen acordaron sumar veinte expositores más al debate. Cecilia Moreau, titular de Legislación General, informó al finalizar la jornada que este jueves habrá más presentaciones de especialistas de 11 a 14, y luego de 15 a 19 serán las últimas disertaciones y comenzará el debate entre diputados.

La discusión parlamentaria seguirá el viernes en otras dos etapas, de 10 a 13 y de 14 a 19, y finalmente el miércoles 9, después de los feriados, se firmará el dictamen. ¿Qué pasará con la sesión? Por ahora se mantiene en pie, como fecha, el jueves 10. Resta saber si será en el recinto y, en ese caso, cuáles serán las restricciones.

Según el proyecto de ley interrupción voluntaria del embarazo en su artículo 14 se solicita que se “incorporase como artículo 85 bis del código penal de la Nación el que quedara redactado de la siguiente forma: Articulo 85 bis: Sera reprimida con prisión de tres(3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”. 

Los médicos al momento de recibir nuestro título juramos en ese acto el juramento Hipocrático que en uno de sus artículos menciona explícitamente que no debemos practicar el aborto. 

Siendo que esta práctica traerá como consecuencia la muerte del niño por nacer y dejando secuelas psicofísicas en forma permanente en la salud de la mujer. Todos los profesionales de la salud hemos estudiado y ejercemos nuestra profesión motivados por el anhelo de salvar vidas, de ayudarles a salir de la enfermedad que les trae sufrimiento y dolor. 

De acuerdo al proyecto de ley arriba mencionado se nos penaría si es que nos negamos a practicar un aborto colocándonos en una posición como si fuésemos delincuentes que atentados contra la sociedad a la cual juramos servir. 

Es por esto que como médico argentino expreso mi convicción en defensa de mi profesión que no que se promulgue este proyecto de ley que no solo atenta contra la salud integral de la mujer, el terminar con la vida de un gestante, sino que también impone una coerción al ejercicio libre de nuestra tarea. 

Está comenzando, en el Parlamento, un nuevo debate sobre la legalización del aborto en nuestro país. Otra vez se abrirá una grieta que divida aguas en nuestra sociedad. Es imposible pensar que no será así, pero espero que no sea tan difícil promover un debate que se lleve adelante con respeto a la diversidad de opiniones y sin agresiones. 

Desde ya que le digo no a los escraches que se han realizado. No es la forma. Debemos, en todo caso, convencer a otros con argumentos sólidos. No con metodologías de tintes fascistas y que tanto mal le hacen a cualquier discusión pública. La sociedad no tolera más hechos de violencia. 

Sabemos que será un finde año agitado (de un año complicado para todos) y que va a ser una votación ajustada, sobre todo en el Senado. Hagamos todo para estar a la altura. 

El aborto, o la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), si bien es una cuestión que modifica un tema de la sociedad, es un tema que tiene un gran componente personal donde prima la libertad de conciencia de cada senador y en el que no se obedece a una “verticalidad política” a la hora de votar. Ambas posturas, a favor y en contra, atraviesan las diferentes fuerzas políticas por lo tanto estaremos -una vez más- ante un debate cruzado por sensaciones y convicciones personales. 

En mi caso, desde hace más de 35 años que ejerzo el derecho de familia siempre promoviendo el cuidado de la salud y la integridad de las personas o como docente impulsando una maternidad responsable y la educación sexual de nuestros jóvenes. Siempre a favor de la vida, de las 2 vidas. Es así, que no podría entender que alguien pudiera imponerme una forma de votar en este caso. Y sé que es así para todos los legisladores. 

No nos sorprende que el presidente envíe el proyecto, pero tal vez si el momento, la ocasión o la oportunidad. Lamentamos que el oficialismo proponga debate corto y urgente, casi exprés. Un apuro incomprensible ante un tema sensible. No alcanza con el argumento de cumplir con la palabra empeñada por el presidente. Puede cumplir con ella y hacerlo bien. Pero como casi siempre, el oficialismo elige hacerlo mal, atropellando. El kirchnerismo avanza siempre sin importar las consecuencias ni cuál sea el tema por tratar. Si está entre sus deseos o necesidades, allá van. 

Podrán decir que los argumentos se han debatido en el intento anterior de avanzar con el tema, pero no se puede soslayar que hubo renovación en las cámaras (la mitad de los diputados y un tercio de los senadores) entre el debate anterior y éste. Cuando las cosas se hacen así, con apuro y una urgencia innecesaria, es muy difícil que no salga mal.  

Hay una presión muy fuerte sobre un tema que no es la preocupación de la mayoría de la sociedad. Una cuestión de grandes ciudades que no contempla el pensamiento de los habitantes de nuestras provincia, ciudades y pueblos.  

La defensa de la vida está arraigada en todos ellos. Desde la posición que me toca ocupar hoy, haré valer eso. Las 2 vidas tendrán una banca en el senado. 

Se largó el debate por la despenalización y legalización del aborto en la Cámara de Diputados con la primera reunión del plenario de cuatro comisiones, que contó con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo y expositores a favor y en contra, en forma virtual.

En una jornada sin sobresaltos ni discusiones fuera de tono, el proyecto comenzó a ser tratado en las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad, con la presencia de sus autoridades en el Salón Delia Parodi.

El plenario comenzó con las presentaciones de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y los ministros Ginés González García (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres y Diversidad), y tras un cuarto intermedio expusieron los invitados a favor y en contra, 19 en total.

Dos posturas encontradas

Quien abrió la ronda de disertaciones fue el padre Pepe Di Paola, quien sostuvo que “los estudios biológicos muestran que en la tercera semana de embarazo ya está diseñado todo el organismo”, y “el embrión posee un ADN único y su secuencia se mantendrá durante toda su vida”, por lo que “la ciencia puede leer la totalidad de la secuencia del ADN mucho antes del nacimiento”.

Tras citar una reciente carta del papa Francisco sobre el tema, el cura villero se preguntó “ante quién se comprometió” el presidente Alberto Fernández al promover la ley. “¿A quién se lo prometió? Al pueblo no, al pueblo de las villas menos, y al de las provincias del interior tampoco”, se respondió.

Di Paola también calificó como una “hipocresía plantear el aborto como una necesidad de los pobres”. “Después de este, ¿cuál es el próximo paso? ¿La eliminación de los ancianos disfrazada con el eufemismo de la muerte digna?”, lanzó.

El padre Pepe denunció que “después del Nunca Más, muchos se preguntaban cómo se pudo haber llegado a tal grado de deshumanización. La respuesta es que se llega cuando se decide justificar la eliminación de la vida. Al haber vida, estamos ante una flagrante violación de los derechos humanos”.

Por último, recordó que cuando participó del debate en 2018 denunció una “innegable vinculación entre la legalización del aborto y la política de usura internacional”, y ratificó esos dichos, al señalar que el anuncio del envío del proyecto se produjo “en el momento en que arribó la misión del FMI” al país.

La segunda en exponer fue la abogada y referente de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Nelly “Pila” Minyersky, quien recordó que también había participado en 2018 y en ese momento le dijo a los diputados “que tenían la posibilidad de entrar en la historia, porque lo que estamos haciendo es ampliando un derecho”.

Minyersky consideró que hace dos años “no se perdió”, sino que “se despertó a la juventud, porque el derecho a la IVE es mucho más que eso: es autonomía, es libertad, es igualdad, y todo eso sin creerse con derecho a cambiarle la vida a otras personas que piensan diferente”.

“Tenemos que dejar de lado nuestras creencias y nuestra moral. Estamos legislando para millones, y los millones que no comparten estas ideas, no están obligados a practicarlas. En cambio, si se niega el derecho al aborto y a la educación sexual integral, se obliga a muchas mujeres a cambiar su proyecto de vida, a entrar en el campo del delito, y esa es la gran diferencia”, explicó.

Además, la abogada de 91 años sostuvo que “la humanidad no tiene una definición única sobre el embrión”, y a su vez “frente a este dilema, prevalece siempre la autonomía, la voluntad y la salud de la madre”.

En tanto, advirtió que entregar a los hijos en adopción como supuesta solución al tema “no es sencillo”, porque “el embarazo no es así nomás, es un proceso con muchas implicancias”, y también dio fundamentos jurídicos, entre los que mencionó que el aborto no está equiparado a la figura de homicidio en el Código Penal.

A continuación, Rodolfo Barra, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señaló que “el ordenamiento jurídico argentino debe definirse definitivamente: ¿A partir de qué momento entre la concepción y el nacimiento se es ser humano? Antes de ese momento, conforme al artículo 19 de la Constitución, el aborto es una conducta privada; después de ese momento, el aborto es dañar a un tercero, que es lo que prohíbe el artículo 19”.

Barra se preguntó si el proyecto modifica el artículo 19 del Código Civil, que indica que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. “¿Podemos decir que se es persona a partir de la semana 14 de embarazo?”, cuestionó, y agregó que el Pacto de San José de Costa Rica declara que “persona es todo ser humano”.

“El concebido es un ser humano, por lo tanto un niño cuyo interés superior debe ser protegido desde la concepción”, insistió el constitucionalista, y consideró “absurdo poner la voluntad de la madre por encima de la vida de su hijo”.

A su turno, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Estela Díaz, destacó que el del Ejecutivo “es un excelente proyecto que recoge los principales debates de estos años, es compatible con el proyecto de la Campaña y la media sanción de 2018, y también es muy minucioso a la hora de pensar respuestas a los obstáculos que sistemáticamente se han colocado para impedir el acceso a la salud reproductiva”.

Díaz remarcó que “siempre defendimos una maternidad deseada” y en ese sentido resaltó también la propuesta del “Programa de los Mil Días”, y por otra parte enfatizó que “en la inmensa mayoría de los casos, las mujeres sabemos de la enorme responsabilidad que supone cuidar de los otros”, por lo que “decidir gestar o no hacerlo es un acto de responsabilidad con nosotras y con el futuro”.

“Tenemos una enorme oportunidad de dejar atrás una ley que además de ineficaz es profundamente injusta en términos de género”, dijo la ministra bonaerense, y agregó que con la ley “se hacen menos abortos porque en el post-aborto se opera para la anticoncepción”, y además “se reducen los costos” para el sistema de salud.

La exintendenta de Rosario Mónica Fein, que ocupó el cargo hasta diciembre, elogió el funcionamiento del sistema de salud de ese distrito. “Los centros de salud están a no más de 15 cuadras de cada familia, y hay un acceso a todos los métodos anticonceptivos y acompañamiento a las mujeres y personas gestantes”, resaltó.

También habló de “neonatologías de primer nivel”, programas como el de Equidad Educativa “que acompañan a las mujeres de 13 a 18 años para que terminen sus estudios” y la aplicación, en su ciudad, del Protocolo ILE (Interrupción Legal del Embarazo).

Asimismo, Fein aseguró que “Rosario tiene equipos interdisciplinarios en los territorios que defienden la vida en cada intervención”, y además se garantiza, desde los laboratorios, la provisión de misoprostol, el medicamento recomendado por la OMS para la interrupción del embarazo.

La siguiente expositora fue la abogada especializada en Familia Úrsula Basset, en contra del aborto legal, quien analizó que “este proyecto está peligrosamente moldeado por una matriz patriarcal: dice que empodera a la mujer porque le da derecho a  decidir, pero el modelo de mujer que subyace es la que es dueña de su cuerpo, como el hombre, que puede elegir no cargar con el peso de la filiación porque la deposita fuera de su cuerpo, en el de la mujer”.

Basset, además, dijo que el tema se enmarca en “una profunda crisis de identidad del feminismo”, ya que tiene que ver con “si el modelo de mujer independiente copia o emula el modelo del hombre, si quiere ocupar los lugares que ocupa el hombre, o si elige valorar su identidad de mujer orgullosa de su diferencia”.

Otro “celeste”, el abogado penalista Hernán Munilla Lacasa, refrendó los argumentos de Barra respecto de que “la vida se protege desde la concepción” porque así lo establece el Preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, entre otras normas jurídicas.

También indicó que “el Código Penal dedica el primer capítulo del primer título a punir los ataques contra la vida”, y el aborto tiene un “lugar destacadísimo” en el cuerpo del Código.

Asimismo, Munilla Lacasa puntualizó que el proyecto en debate “mantiene la punición, con una pena de tres a diez años si el aborto se comete sin consentimiento de la mujer, y de tres meses a un año si hay consentimiento”.

Después intervino el abogado y exdiputado Ricardo Gil Lavedra, quien destacó que “la recuperación de derechos de la mujer, discriminada durante siglos, es irreversible e indetenible”, y eso quedó demostrado en que “el tema no terminó en 2018, sino que se postergó”.

En respuesta a los argumentos legales en contra del aborto, Gil Lavedra explicó que “no hay ningún tipo de cepo constitucional ni convencional que impida legislar en esta materia”, ya que “ni la Constitución Nacional ni los tratados internacionales de derechos humanos disponen que deba criminalizarse a la mujer que se realiza un aborto temprano”.

Gil Lavedra enfatizó que “en las primeras semanas de gestación prevalece la voluntad de la madre de no serlo”, y subrayó que la criminalización de la mujer no solo “ha fracasado”, sino que además “mantener la penalización del aborto temprano viola los derechos de la mujer” como la inviolabilidad.

El exlegislador criticó el “intento de calificar a un embrión como un niño ya nacido”. “Un embrión no es un chico. Una semilla recién plantada no es una planta. Creer que el embrión es un niño es como ver las sombras en la caverna de Platón”, comparó, y por último concluyó que “la mujer no es un útero. Su función social va más allá de la reproducción”.

Andrea Imbroglia, de Cáritas Argentina, describió el trabajo que realizan con mujeres en situación de vulnerabilidad  y alertó que “quienes quieren arrogarse su representación y dicen que las mujeres quieren el aborto, o no las conocen o faltan a la verdad” y por eso son “antiderechos de las personas en situación de pobreza”.

“El aborto no es un pedido de las comunidades vulnerables. Lo afirmamos desde el trabajo en los territorios, no desde el escritorio. Las mujeres piensan, sienten y viven al aborto como una gran crueldad, y así evaluarán a los legisladores. Si presenten defender los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, primero tienen que defender el derecho a la vida, tanto del niño por nacer como de su madre”, insistió.

A favor de la IVE, Silvia Oizerovich, médica ginecóloga y exdirectora de Salud Sexual y Reproductiva, dijo que “la cuestión de fondo es si estamos a favor de dejar a las mujeres a la deriva de la clandestinidad y de prácticas inseguras para su salud”.

“Se trata de un tema de salud pública, porque las muertes por abortos clandestinos son muertes evitables”, consideró, e informó que “en 2019 el 43% de los llamados al 0-800 de salud reproductiva fueron por abortos”.

La socióloga María Elena Critto rechazó el proyecto y aportó cifras: informó que “en 2018 el aborto representó el 0,2% de las defunciones femeninas en edad fértil, ocupando el puesto 58 en el ranking de causas”, y a su vez “en el total de defunciones de mujeres en todas las edades representa el 0,01%”.

“Hoy sin aborto legal Argentina tiene una de las tasas de mortalidad por aborto más bajas del mundo, con cinco muertes por cada 100.000 nacidos vivos”, precisó Critto, y añadió que entre 2005 y 2016 los egresos hospitalarios por aborto bajaron un 43%.

Por su parte, Mabel Bianco, de FEIM (Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer) defendió la legalización al sostener que “tener leyes para ampliar derechos es fundamental para una buena democracia”.

“Estamos aplicando violencia a las mujeres y niñas que necesitan interrumpir su embarazo y que por omisión de la ley están obligadas a actuar de una forma que no pueden cumplir esa necesidad. Eso es violencia y significa una coerción hacia las mujeres, porque otras mujeres que tienen recursos económicos solucionan el problema”, planteó.

También a favor del aborto legal, el médico obstetra del Hospital Italiano Mario Sebastiani planteó: “He escuchado hasta el cansancio qué difícil hablar del aborto, pero no he escuchado hablar de qué difícil es mantener el aborto penalizado. Tenemos tres veces más abortos que los países en los cuales está despenalizado, y lo curioso es que además no tenemos cifras, pero si googlean Italia, Francia, Inglaterra o Canadá lo van a saber con precisión. Nos gusta mantener en el limbo el número de abortos”.

Cerca de las 19 fue el turno de Adolfo Rubinstein, quien ya había defendido la ley como ministro de Salud en 2018. “El aborto sigue siendo una asignatura pendiente en la agenda social de nuestro país”, dijo, y señaló que “a diferencia de 2018, esta vez es el Poder Ejecutivo y el presidente quien envía el proyecto al Congreso”.

“Más allá de que la legalización de la IVE expresa la necesidad de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, es también una cuestión de salud pública. Este es el punto que traté de visibilizar en mis exposiciones, tratando de representar la voz de la salud pública, porque no se trata de una cuestión de creencias, sino de que el Estado no se desentienda de las consecuencias sanitarias del aborto clandestino”, analizó.

Rubinstein calculó que “en los países con aborto legal, las muertes por abortos clandestinos se reducen entre diez y cien veces”, y a su vez la legalización permitiría una reducción en los costos y en las hospitalizaciones, “porque el aborto legal es fundamentalmente farmacológico y en las primeras semanas”.

“El aborto existe y no podemos ni debemos soslayarlo más. Todos defendemos la vida y la libertad de decidir. Es lamentable que esto se plantee como una guerra entre ‘verdes’ y ‘celestes’. No vimos en un Estado confesional: la Argentina es un Estado laico que respeta a los que creen y los que no creen”, resumió.

En el plenario también se expresaron María Luisa Storani, exdiputada y parlamentaria del Mercosur; Ernesto Beruti, médico ginecólogo y obstetra; el pastor Osvaldo Carnival; el médico especialista en salud pública Miguel Ángel Schiavone; y el rabino y doctor en Filosofía Fishel Szlajen.

En el marco del tratamiento del IVE, siguiendo las instrucciones de su presidente, Sergio Massa, la Cámara de Diputados de la Nación habilita un micrositio dentro de su web oficial, en la pestaña de Transparencia (a la que se accede a través de este link), en el que se publican las disertaciones de especialistas e invitados -con posturas a favor, en contra o presentaciones informativas- que participaron del tratamiento del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2018.

La iniciativa tiene como fin brindar a la ciudadanía aquellas expresiones, a las que se sumarán las que tendrán lugar durante esta semana en el nuevo tratamiento en los plenarios de las comisiones de Legislación Penal, Mujeres y Diversidad, Legislación General y Acción Social y Salud Pública, a las que se giró el proyecto.

En ese sentido, Juan Manuel Cheppi, secretario general de la HCDN, expresó: “Un proceso de modernización requiere acciones concretas y específicas para garantizar mejoras en el funcionamiento y lograr mayor transparencia. Ese es el camino con el que se comprometió Sergio Massa desde el inicio de esta gestión en diciembre de 2019, y en ese mismo camino impulsamos el lanzamiento de este micrositio donde se va a poder acceder a las exposiciones que se dieron a favor y en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en 2018, así como también las que se vayan generando a partir de hoy”.

Y agregó: “Esto se da en el marco de un objetivo de gestión que apunta a que todas las intervenciones que se den dentro de esta Cámara en torno a todos los proyectos de ley, estén al alcance de los argentinos y las argentinas para fortalecer la calidad del debate parlamentario”.

Por su parte, la diputada Silvia Lospennato (Pro) consideró “muy importante que la Cámara ponga a disposición de toda la ciudadanía, de una forma clara y de fácil acceso, el muy rico debate que se dio en el 2018”.

En 2018, los tres senadores por Córdoba (Carlos Caserio, Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez) se unieron para presentar su propio proyecto sobre el aborto, que contenía diferencias respecto a la media sanción de la Cámara de Diputados (entre otras cosas, bajaba a doce semanas el plazo para la Interrupción Voluntaria del Embarazo). Ahora, diputados de esa provincia que responden Juan Schiaretti también se plantaron con una alternativa, encabezada por la propia esposa del gobernador, Alejandra Vigo, la única que se abstuvo en la votación hace dos años.

El proyecto fue dado a conocer por el bloque Córdoba Federal en las redes sociales, en la previa del comienzo del debate en comisiones de la Cámara baja. “Esperamos que sea incluido junto a los otros expedientes presentados. Sostenemos la importancia del debate democrático y el respeto a todas las posiciones en el tratamiento en esta materia”, expresaron los legisladores Vigo, Carlos Gutiérrez, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez.

La propuesta consiste en modificaciones al Código Penal y su objetivo es, según el artículo primero, “la adecuación de las disposiciones de derecho interno y procedimientos de actuación institucional a los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, a los fines de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible en relación a personas en situación de interrupción del embarazo”.

Se propone modificar el artículo 86 del Código Penal, estableciendo que el aborto practicado por profesional de la salud con el consentimiento informado de la mujer no es punible si se da alguno de estos tres supuestos:  “si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para su vida o su salud y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”; “si el embarazo proviene de una violación”; o “si se ha practicado antes de la semana catorce, cuando el embarazo resultare de una especial circunstancia de exclusión y vulnerabilidad de la persona gestante, acreditada ante el personal de salud con un informe social, emitido dentro de los cinco días de solicitado por la gestante”.

El último supuesto es la diferencia más importante respecto del proyecto del Poder Ejecutivo: si bien se habilita el aborto hasta las catorce semanas de gestación, no será por simple voluntad de la mujer, sino que estará limitado solo a situaciones de “exclusión y vulnerabilidad” que deberán ser acreditadas por la mujer para poder acceder a la práctica.

Si existen funcionarios, autoridades de la institución sanitaria o profesionales médicos que impiden u obstaculizan “por sí o por otros” la realización de abortos no punibles en los tres casos citados tendrán una prisión de entre seis meses y dos años.

Para la mujer que cause su propio aborto o consienta que otro se lo practique por fuera de las tres excepciones, se bajará la pena de prisión, que será de tres meses a un año (actualmente va de uno a cuatro años), es decir que será excarcelable.

El proyecto establece que la interrupción del embarazo deberá realizarse dentro de los diez días posteriores a su requerimiento (igual que la iniciativa del Ejecutivo) y se garantiza el acceso a la información y el acompañamiento integral de la persona gestante, así como la provisión de métodos anticonceptivos.

El aborto no punible deberá contar con cobertura integral en el sistema de salud, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. Además, el proyecto obliga al cumplimiento efectivo de distintas leyes, como la de Salud Sexual y Procreación Responsable, y la de Educación Sexual Integral.

Otro aspecto destacado de la propuesta cordobesa es que habilita la objeción de conciencia para el profesional de la salud que actúe “de manera directa”, aunque en esos casos deberá “derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones y garantizando el acceso a la práctica”, y además “cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas”.

En su artículo 11, el proyecto crea un “Programa para la Prevención y Asistencia a Personas Gestantes en Situación de Interrupción del Embarazo”, y por último, se dispone la elaboración de un protocolo nacional de aborto no punible para las excepciones previstas, a ser cumplido en todo el país.

Se acabó la espera: este martes comenzará el tratamiento del proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, en el primer plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, que contará con la presencia de invitados y se dividirá en dos tandas.

La conducción del debate estará a cargo de Cecilia Moreau, de Legislación general, y la acompañarán Pablo Yedlin (Salud), Carolina Gaillard (Legislación Penal) y Mónica Macha (Mujeres y Diversidad).

Los presidentes y vicepresidentes de las comisiones participarán del debate desde el Salón Delia Parodi, mientras que el resto podrá hacerlo de modo remoto, así como los invitados a exponer, que serán 50 en total.

Los primeros serán los ministros Ginés González García (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), junto a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quienes defenderán el proyecto del Poder Ejecutivo.

Los tres funcionarios hablarán y responderán preguntas a partir de las 13, y luego continuará el debate hasta las 19, con diez especialistas a favor de la ley y diez en contra. Originalmente estaba prevista la presentación de los funcionarios a partir de las 10, pero como consecuencia de la prolongación extrema de la sesión, se postergó el inicio de este histórico debate para las 13.

A favor expondrán Mabel Bianco, de FEIM (Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer); Estela Díaz, ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires; Mónica Fein, exintendenta de Rosario; Ricardo Gil Lavedra, exdiputado y abogado constitucionalista; y Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense.

También lo harán Nelly Minyersky, histórica militante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito; Silvia Oizerovich, exdirectora de Salud Sexual y Reproductiva; Adolfo Rubinstein, exsecretario de Salud; Mario Sebastiani, médico obstetra; y María Luisa Storani, exdiputada nacional.

Los oradores en contra del proyecto serán el exministro de la Corte Suprema Rodolfo Barra; el cura villero Pepe Di Paola; la abogada especializada en Familia Úrsula Basset; el medico obstetra Ernesto Berutti; y el pastor Osvaldo Carnival.

Además expondrán, del lado de los “celestes”, la socióloga Maria Elena Critto; el abogado penalista Hernán Munilla Lacasa; el médico Miguel Ángel Schiavone; el rabino Zalajen Fshel; y Martín Olivera.

Los expositores hablarán intercalados y tendrán siete minutos cada uno, según la dinámica acordada entre las autoridades de las comisiones.

Los diputados “verdes” aspiran a firmar dictamen este mismo viernes para tratar el proyecto en sesión el próximo 9 o 10 de diciembre, en el marco de la prórroga de ordinarias que dispuso este lunes el Poder Ejecutivo a través de un decreto, donde además convocó a extraordinarias.

La diputada del Pro Victoria Morales Gorleri criticó en duros términos la decisión del presidente Alberto Fernández de promover el debate sobre el aborto legal y el proyecto del “Programa de los 1.000 días” en el mes de diciembre, en tan solo una semana de tratamiento en comisiones.

“El envío de la ley de aborto junto a la de los 1.000 días en diciembre de este año es verdaderamente una falta absoluta de sensibilidad y de sentido de la oportunidad”, cuestionó Morales Gorleri al presentar una cuestión e privilegio contra Fernández en la sesión de la Cámara baja.

La legisladora advirtió que “sabemos lo que ha significado siempre diciembre en la historia reciente”, y criticó que se haya abierto el debate “luego de un año de profundo de dolor para nuestro pueblo, en una crisis económica sin precedentes”.

“No hay ninguna duda de que este, tal vez, sea el año más doloroso para nuestro pueblo. Sin embargo, nos mandan esta ley que divide la mesa familiar de los argentinos, en un año donde no han podido acompañar ni despedir a sus familiares enfermos”, lamentó.

Y agregó: “Hemos visto sufrir a nuestras mujeres que han acompañado a sus hijos, a sus vecinos, cargando sobre sus hombros con un montón de dificultades, y hoy estamos pensando en esta ley que no trae más que dolor en este mes, y además nos están pidiendo que lo tratemos en una semana”.

Morales Gorleri insistió en que pretenden “que en una semana tomemos la definición de uno de los debates más profundos de este pueblo: el derecho a la vida y el derecho a la libertad de las mujeres”, y alertó que “no lo podemos trabajar de la noche a la mañana”.

“Seguramente nos van a decir que se debatió en 2018, ¿y saben qué? No se sancionó en 2018. El pueblo dijo que no. De todos modos, está bien que sigamos debatiendo este tema, pero no podemos desconocer la oportunidad”, repitió.

Asimismo, recordó que en 2018 el proyecto de aborto legal “era diferente” y el del Programa de los 1.000 días directamente no estaba en discusión, “y tenemos muchas objeciones porque no mira de manera integral la problemática de la mujer”.

“En las urnas, el año pasado, el pueblo argentino se expresó teniendo en cuenta como nunca este tema, y yo soy uno de los casos que el pueblo eligió para estar en esta banca representando este y muchos otros temas, como la mitad de esta Cámara. No hemos dado el debate en 2018 y el pueblo eligió nuevos representantes”, enfatizó Morales Gorleri.

En lo que representó el inicio formal del tratamiento de la legalización del aborto y el proyecto conocido como de “los 1.000 días”, en la Cámara de Diputados, funcionarios nacionales exponen por videoconferencia brindando detalles de esta última iniciativa, que es la novedad que incluye este debate que ya se dio en el Congreso en 2018.

Para eso se presentaron ante un plenario de las comisiones de Salud Pública y Acción Social, y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta; la directora Ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta; el secretario de Interior del Ministerio del Interior, José Lepere,  y la directora de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación, Gabriela Bauer.

Desde la Casa Rosada, la ministra Gómez Alcorta consideró que tanto el proyecto de los mil días como el del aborto legal “dialogan entre sí”, por cuanto hacen a la salud pública y precisó con relación a la formalmente denominada “Atención y cuidado de la salud durante el embarazo y la primera infancia” un proyecto “estratégico” por cuanto “pone en la centralidad de la agenda pública un tema fundamental para la salud colectiva”.

“Toda mujer que curse un embarazo tiene que contar con un Estado presente”, señaló la funcionaria, afirmando que ninguna mujer debe sentirse sola en esas circunstancias, y que “nadie se vea obligado a hacer algo que no quiera hacer”, en referencia al aborto, por razones económicas.

“El cuidado integral de la salud y en especial de las mujeres gestantes es una cuestión de salud pública”, enfatizó.

Gómez Alcorta remarcó que el proyecto “amplía derechos, crea una institucionalidad, a la vez que asegura un abordaje integral de la atención y el cuidado”. Habló de “políticas públicas que tienen como objetivo alcanzar el bienestar social bajo un enfoque de derechos”.

El proyecto se enmarca en dos leyes, la de protección integral de los derechos del niño, niña y adolescente, y la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y amplía derechos en distintos capítulos. “Pero todos los capítulos se deben leer según una serie de principios rectores”, dijo la funcionaria, entre los que mencionó la simplificación de trámites necesarios para el acceso a una serie de derechos, el diseño de política públicas que brinden la asistencia apropiada para que las familias puedan asumir adecuadamente las responsabilidades del cuidado de la salud, el interés superior del niño… “Todas cuestiones que garantizan centralmente una mejor calidad de vida”, sintetizó Gómez Alcorta.

“Pretendemos alcanzar con los beneficios de esta ley un mayor número de personas gestantes y de niños y niñas en sus primeros años a fin de efectivizar el pleno goce de sus derechos”, precisó sobre el final de su exposición inicial.

A continuación, la directora de la ANSeS, Fernanda Raverta, consideró que esta ley “va a ampliar derechos” para “el nuevo tiempo” que viene para la Argentina, que es “el de la reconstrucción”. “Vamos a poner en pie de igualdad a los chicos y chicas que van a nacer en la Argentina con los que nacen en familias asalariadas; esto quiere decir ampliar la cobertura de la asignación universal por embarazo”, señaló.

Raverta habló de una nueva transferencia de ingresos a las familias que tienen chicos de entre 0 y 3 años: 3 pagos anuales de una prestación para el cuidado de la salud integral. Esto es, los chicos que tengan ya una asignación, van a tener una asignación universal más al año durante sus primeros tres años de vida. La segunda prestación tiene que ver con poner en pie de igualdad a las mamás que cursan un embarazo y son mamás de una familia asalariada; a partir de esta ley, la asignación universal por embarazo se cobrará los 9 meses.

La tercera cuestión elimina un requisito que tenían las madres para cobrar la asignación por nacimiento y adopción, que tenía que ver con antigüedad, el requisito de 6 meses de manera registrada en un empleo formal y continuo. Esa antigüedad se elimina y ahora las madres con trabajo en relación de dependencia van a poder cobrar esa asignación sin importar la antigüedad que tengan.

La cuarta tiene que ver con ampliar la asignación por nacimiento y adopción, incluyendo a los padres que no tengan trabajo registrado: los trabajadores de la economía informal o desocupados podrán contar con la asignación por nacimiento y por adopción una vez que los tengan.

Por su parte, el secretario de Interior, José Lepere, explicó que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) trabajará sobre cuatro artículos incluidos en el proyecto que están vinculados con el Derecho a la Identidad y que apuntan a que todos los argentinos y argentinas cuenten con su DNI. “En estos cuatro artículos se pretende abordar una problemática que, si bien no es masiva, sí afecta a un porcentaje importante de población que no accede debidamente a su documentación. Esa falta de registro impide acceder a esas familias, a esos niños y niñas, muchos de los derechos que ya garantiza el Estado nacional y que se está ampliando a partir de esta ley”, señaló el funcionario nacional durante su exposición virtual realizada desde el Salón Norte de Casa Rosada. 

La Cámara de Diputados de la Nación se hizo eco de los episodios sufridos por varios integrantes de ese cuerpo por su posición frente al tratamiento de la legalización del aborto, anticipando acciones penales para quienes las promuevan.

Así las cosas, las autoridades de la Cámara anticiparon la constitución de un equipo de abogados penalistas que “garantice la defensa de la intimidad y la libertad de cada diputado y diputada para expresar su opinión”, según se anticipó este lunes a través de las redes sociales.

En efecto, el anuncio sucede luego de que en las últimas dos semanas tuvieran lugar tres episodios conocidos como “escraches” contra diputados del oficialismo y la oposición. Puntualmente fueron vividos por el radical Facundo Suárez Lastra y las oficialistas Laura Russo y Carolina Gaillard, puntualmente señalados por sus posiciones favorables a la legalización del aborto.

La Cámara baja anticipó que se analizarán conductas de tipo penal frente al pedido de grupos de presión de diferentes ideas que violen la libertad de circulación o intimidad de los diputados.

El objetivo será, remarcan, “garantizar la libertad expresión, pensamiento y debate de cada uno de los diputados y diputadas de este cuerpo legislativo, frente al tratamiento de temas tan sensibles e importantes para nuestra sociedad”.

LA CÁMARA DE DIPUTADOS INFORMA
Que atento al acta plenaria de las Comisiones de Salud, Mujer, Legislación Gral. y Legislación Penal tendiente a garantizar la libre opinión y decisión de diputados y diputadas alrededor de la Ley de 1000 días e IVE, ha resuelto:#UniendoVoces🇦🇷

— Diputados Argentina (@DiputadosAR) November 30, 2020

La tranquila localidad de General Campos, en la provincia de Entre Ríos, se convulsionó en la tarde del domingo por un grupo de manifestantes celestes que, llegados de otras localidades de la provincia mesopotámica, se dieron cita para “alertar” al pueblo natal de la diputada Carolina Gaillard (Frente de Todos) sobre su posición por el aborto.

Los manifestantes, que en su mayoría eran jóvenes y pertenecen a varias organizaciones antiabortistas de Entre Ríos, a diferencia de otros “escraches” llegaron sin aviso ni convocatoria previa, alrededor de las 16, y permanecieron cerca de cuatro horas en el lugar. Durante ese tiempo recorrieron los barrios, entregando casa por casa y a cuanto curioso se acercaba unos volantes con el nombre y la imagen de la diputada, y una leyenda que indicaba: “¿Sabías que la diputada Carolina Gaillard votó por el aborto?”

Posteriormente se acercaron a la plaza central, donde realizaron un ruidoso acto, acompañado de bombos e instrumentos musicales, en el que se referían de forma reiterada al voto que Gaillard diera en 2018, y a su rol fundamental en el pretendido dictamen de comisiones, previo al tratamiento en el recinto.

La diputada nacional por la provincia de Entre Ríos votó en 2018 por el aborto, y actualmente preside una de las cuatro comisiones por las que se acordó que pasá el proyecto de despenalización del aborto enviado por el presidente Alberto Fernández. General Campos es una pequeña localidad de 3000 habitantes a 45 kilómetros de la ciudad de Concordia, en el medio de la provincia, donde la actual diputada vivió toda su infancia y adolescencia, y donde aún vive su familia: su padre es el conocido “panadero de General Campos”, a quien saludara Diego Maradona un tiempo atrás en atención a la cuarentena de Covid-19. Si bien Gaillard ya no vive en la localidad, los manifestantes eligieron su pueblo natal como epicentro de la movilización, generando gran malestar en otros diputados que ya salieron al cruce con cuestionamientos sobre “invasión de la vida privada”, y que se suman a los repudios anteriores a movilizaciones similares a la casa del diputado porteño Suarez Lastra, y de la bonaerense Laura Russo, quien tuvo que soportarla en la entrada al barrio cerrado donde ella vive, perturbando la paz de todos los vecinos.

Marta, una de las vecinas consultadas, afirmó estar sorprendida por la movilización: “Este es un pueblo muy tranquilo, aquí nunca pasa nada. Conozco a Carolina y a su familia de toda la vida, pero ella no vive más en el pueblo”. Con respecto al motivo del reclamo agregó: “No sabía esto que dicen (por su posición sobre el aborto), no tenía idea”.

Otro vecino, que prefirió no dar su nombre, aseguró: “Está bien que se informe a la gente, yo no la voté, pero no sabía que votó por el aborto. Acá nadie apoya eso, está bien que se informe, pero esta no es la forma, les pedí que bajen el volumen y no me hicieron caso”, se quejó finalmente.
Camila, una de las manifestantes de unos 24 años de edad, oriunda de la ciudad de Concordia, informó: “hoy venimos hasta acá para informar y alertar a los vecinos que la diputada Gaillard votó por el aborto. Con todos los vecinos que hemos conversado, apoyan la vida y no se sienten representados por Gaillard. No me parece justo que mañana vuelva a presentarse a elecciones y la gente desconozca que es lo que hace en Buenos Aires. Si es abortista, todos deben saberlo para elegir de acuerdo a sus convicciones. Soy entrerriana y los entrerrianos no apoyamos el aborto”, finalizó.

En 505 ciudades de todo el país se movilizaron este sábado en contra el proyecto de legalización del aborto del Gobierno nacional. El sector celeste calculó que unas cien mil personas llegaron a manifestarse en el Congreso y cerca de un millón y medio a lo largo de toda la Argentina.

A pesar del mal tiempo y la pandemia, la Plaza de los Dos Congresos estuvo repleta. “Esta es una muestra más de que el pueblo Argenno ama a vida” sentenció Ana Belén Mármora, vocera de Unidad Provida, una de las organizaciones convocantes. Luego le dirigió palabras al presidente Alberto Fernández: “Las mujeres necesitamos atención médica, cuidados, mejorar el sistema de salud, no leyes de descarte”.

“Toda la Argentina salió a la calle, es imposible no escuchar el grito de un pueblo que ama a sus hijos”, agregó.

Estuvieron presentes referentes polícos, religiosos, sociales, periodistas e influencers. Tambien hubo diputados y senadores nacionales y provinciales.

Estvieron presentes en la movilización la exdiputada nacional Cynthia Hoton, el economista Javier Milei, la diputada nacional Dina Rezinovsky, la diputada provincial Amalia Granata, los periodistas Mariano Obarrio y Viviana Canosa, Agustín Laje, Rodrigo Fernández Madero de Unidad Provida, entre muchos otros.

Hotton expresó: “Somos más de 3 millones de personas que hoy salimos a las calles en rechazo al proyecto de aborto que el Gobierno Nacional pretende poner en agenda para dividir a la sociedad y distraer. El presidente esconde el fracaso de la Salud Pública, de la pobreza y de la economía atrás de esta iniciativa”.
Y agregó: “Salimos a las calles porque la única manera de combatir este gran fracaso argentino es entre todos, con un gran movimiento ciudadano, autoconvocado, que dice basta. La gente está harta de la mentira y la manipulación política de todo: desde la pandemia y las tomas de tierras, hasta la despedida de Diego Maradona. El desenlace es siempre el mismo: luego de la impericia quien más sufre es el pueblo. Con el aborto, sucede lo mismo. La gente está cansada del pañuelo verde como la panacea a todos los problemas de la mujer y de la sociedad”.

Por Carolina Ramos

Mientras todo el país vive una conmoción por la muerte del ídolo futbolístico Diego Armando Maradona, en la Cámara de Diputados hubo una reunión clave donde se definió el cronograma de tratamiento del proyecto de aborto legal: arrancará el próximo martes y los “verdes” buscarán firmar dictamen el viernes, con posible fecha de sesión el 10 de diciembre.

Así se acordó en una videoconferencia de la que participaron los presidentes de las comisiones que intervendrán, Cecilia Moreau (Legislación General), Pablo Yedlin (Salud), Carolina Gaillard (Legislación Penal) y Mónica Macha (Mujeres y Diversidad), junto a los vicepresidentes y -por un rato- el titular de la Cámara, Sergio Massa.

Con la intención de sancionar la ley antes de fin de año, los titulares de las comisiones -todos a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo- decidieron que habrá tres jornadas maratónicas la semana próxima, con la participación de 50 expositores, 25 a favor y 25 en contra, agrupados por temáticas.

El tratamiento iniciará entonces el martes, en dos tandas: de 10 a 13 asistirán a la reunión virtual funcionarios del Poder Ejecutivo, mientras que de 14 a 19 hablarán los invitados, con un tiempo de siete minutos cada uno -el listado definitivo se terminará de cerrar en los próximos días-.

Por el Gobierno se espera que defiendan el proyecto los ministros de Salud, Ginés González García, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, además de Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Ténica y redactora de la iniciativa.

El miércoles se repetirá el mismo esquema, con la participación de expositores de 10 a 13 y de 14 a 19, y el jueves por la tarde habrá una nueva reunión dedicada al debate entre los diputados.

Finalmente, los “verdes” esperan dictaminar el viernes, para dejar el proyecto en condiciones de ser tratado en el recinto posiblemente el jueves 10 de diciembre, junto con el denominado “Programa de los 1.000 días”, que obtendría dictamen también la semana próxima tras una ronda informativa con funcionarios.

Como adelantó parlamentario.com, los diputados a favor del aborto legal tienen prácticamente asegurado el dictamen de mayoría en las comisiones, donde el panorama está bastante definido, con tan solo cinco legisladores indefinidos que integran esos cuerpos.

En Legislación General, la comisión cabecera, hay 15 miembros a favor, 12 en contra y cuatro indefinidos; en Salud, 21 a favor, 13 en contra y un indefinido; en Legislación Penal hay empate 14 a 14 y dos indefinidos; y en Mujeres y Diversidad, 26 a favor, cinco en contra y ningún indeciso.

En 2018, primera vez que se habló de la legalización del aborto en profundidad, el tratamiento en comisiones insumió más de 20 reuniones informativas, que totalizaron más de 130 horas de debate con la participación de 738 expositores.

“Querida Vicky”, comienza la carta escrita de puño y letra por el santo padre, dirigida a la diputada nacional del Pro Victoria Morales Gorleri, en la que previsiblemente se pronuncia de manera crítica contra el aborto, que comienza a debatirse en el Congreso nacional.

“No es un asunto primariamente religioso sino de ética humana, anterior a cualquier confesión religiosa”, señala el papa Francisco, preguntándose en la carta “si es justo eliminar una vida para resolver un problema”.

“¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema?”, insiste.

A continuación le agradece a Morales Gorleri “por todo lo que hace” y fiel a su estilo le pide no olvidarse rezar por él. “Lo hago por usted”, concluye el santo padre, que previamente había dialogado con la diputada, que se comunicó días pasados con él para pedirle su reflexión.

Morales-Gorleri-22-11-2020

Por Carolina Ramos

El proyecto de legalización del aborto tiene un éxito casi garantizado en las cuatro comisiones a las que fue girado en la Cámara de Diputados. Si bien la iniciativa del Poder Ejecutivo podría recibir cambios en la letra fina durante el debate, a la hora de las firmas hay una clara mayoría “verde” y tan solo cinco legisladores indefinidos en total.

La discusión pasará, como se preveía, por las comisiones de Legislación General (cabecera), Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad. Todas presididas por diputados del Frente de Todos que están a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo: Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carolina Gaillard y Mónica Macha, respectivamente.

Las “cabecillas” del debate mantuvieron este martes una videoconferencia con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y acordaron cerrar esta semana un esquema de trabajo. Convocarán a entre 30 y 60 expositores, divididos por grupos, empezando por los ministros Ginés González García (Salud) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social), sumados a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

El mapa de las comisiones

La mayoría de votos más abrumadora está en Mujeres y Diversidad, la comisión que se creó a fines de 2019 separándose de la de Familias, Niñez y Juventudes. De los 31 integrantes, 26 están a favor y solo cinco en contra, con la presencia estelar de algunas integrantes del antiguo grupo de “sororas”, como Macha, Silvia Lospennato (Pro) y Brenda Austin (UCR).

En esta comisión, los rechazos provienen de la misionera Flavia Morales (Fte. Renovador de la Concordia) y la bonaerense Natalia Villa (Pro), dos de las más fuertes detractoras del aborto legal en 2018, sumadas a las correntinas Sofía Brambilla e Ingrid Jetter, ambas del Pro, y la tucumana Lidia Ascárate (UCR). Brambilla, que había votado a favor, reveló la semana pasada su cambio de postura.

La comisión donde el sector “celeste” podría hacer más fuerza es la de Legislación Penal, donde en principio hay un empate, 14 contra 14. La suerte estará en manos de dos diputados que todavía no se pronunciaron públicamente: el massista Ramiro Gutiérrez -autor del proyecto de Código Penal emblema del Frente Renovador- y la formoseña Graciela Parola, que ingresó el año pasado a la Cámara con el padrinazgo del gobernador Gildo Insfrán.

Lea también: Aborto legal: se definió el giro a comisiones y el debate arranca con funcionarios

En el caso de Legislación General, la comisión cabecera del debate, hay 15 diputados a favor de la legalización, 12 en contra y cuatro indefinidos: los mencionados Gutiérrez y Parola; la bonaerense Liliana Yambrun, del bloque oficialista; y Sebastián García De Luca, exviceministro del Interior de la gestión anterior, quien hasta ahora evitó decirlo en público pero estaría a favor.

Con 35 miembros, Salud es la comisión más numerosa y la mayoría favorable es, también, contundente: 21 legisladores a favor, 13 en contra y solo una indefinida, la santiagueña María Luisa Montoto (Frente de Todos).

Un factor a tener en cuenta es que varios diputados integran más de una de las comisiones intervinientes, y en ese caso, su firma en el dictamen valdrá doble. Algunos ejemplos son Lospennato -forma parte de Mujeres y Diversidad, y Salud- y Gaillard -preside Legislación Penal y además integra Salud-.

Voto a voto

• Legislación General (31 integrantes): 15 a favor, 12 en contra y 4 indefinidos.

• Salud (35 integrantes): 21 a favor, 13 en contra y 1 indefinido.

• Legislación Penal (30 integrantes): 14 a favor, 14 en contra y 2 indefinidos.

• Mujeres y Diversidad (31 integrantes): 26 a favor, 5 en contra y ningún indefinido.

Los indefinidos de las cuatro comisiones

Por el Frente de Todos, Liliana Yambrun, María Luisa Montoto, Ramiro Gutiérrez y Graciela Parola; y Sebastián García De Luca (Pro).

El oficialismo comenzó a ajustar este martes cómo será el debate sobre el aborto legal en la Cámara de Diputados. En una reunión virtual encabezada por Sergio Massa, se determinó el giro a comisiones y se acordó iniciar el tratamiento con exposiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo, aunque recién el jueves se clarificará el cronograma.

El proyecto, que ingresó a la Cámara baja el martes pasado, será tratado en Legislación General (cabecera), Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad, tal como se preveía. Sus presidentes -todos a favor de la ley- participaron del encuentro virtual con Massa: Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carolina Gaillard y Mónica Macha, respectivamente.

Dado que la intención de los diputados “verdes” es alzarse con la ley antes de fin de año, ya se comenzó a diagramar un esquema de debate, que será participativo pero no tan extenso como el que se dio en 2018, cuando el tema se discutió en profundidad por primera vez.

En ese sentido, los presidentes de las comisiones intervinientes darán a conocer este jueves un acta con los detalles del tratamiento. Evalúan convocar a entre 30 y 60 expositores, divididos en cuatro grupos: científicos, profesionales de la salud, representantes religiosos y juristas.

El listado final dependerá de las propuestas que se formulen al interior de los bloques, aunque ya se determinó que para la primera reunión informativa, que sería este viernes, se citará a funcionarios del Ejecutivo.

Asistirían a esa convocatoria el ministro de Salud, Ginés González García; su par de Desarrollo Social, Daniel Arroyo -quien votó a favor de la ley como diputado- y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, redactora del proyecto.

Lea también: Aborto voluntario, objeción de conciencia y cambios al Código Penal: qué dice el proyecto del Ejecutivo

La intención de Massa es garantizar un debate “serio y respetuoso”, según confiaron en su entorno, y para eso tomará medidas concretas. Una de ellas es solicitar a los legisladores, a través de una resolución, que “eviten adjetivaciones personales y calificaciones peyorativas”.

Pero además, promoverá que ante cualquier escrache a domicilios de diputados o acoso en sus teléfonos celulares, por parte de uno u otro sector, serán denunciados penalmente por la Cámara, “dado que se vería afectado el fuero y la libertad de opinión de los las legisladores”.

Este fin de semana sufrió un escrache en su domicilio el diputado Facundo Suárez Lastra (UCR), a favor del aborto legal, y en las redes ahora circula una segunda convocatoria frente a la casa de otra diputada “verde”, Laura Russo (Frente de Todos).

https://twitter.com/RodriguezSaaN/status/1331255629864988673

El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) habilita a la persona gestante a realizarse un aborto de forma legal, segura y gratuita hasta la semana catorce de gestación, y luego de ese plazo, si el embarazo es producto de una violación o si están en riesgo la salud integral de la mujer.

En paralelo, la Cámara baja tratará el denominado “Programa de los mil días”, que prevé la creación de una nueva asignación, la provisión gratuita de insumos y modelos de atención especial a grupos vulnerables. En este caso, el debate pasará por las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda, y se buscará dictaminar en los próximos 15 días para tratar conjuntamente ambos temas en el recinto, llegado el momento.

El proyecto de legalización del aborto está en Diputados, aunque todavía no ha sido determinado cuál será su recorrido legislativo hasta llegar al recinto. Así y todo, a sabiendas de que el escollo para el proyecto que impulsa el Gobierno nacional está en el Senado, donde hace dos años fue rechazado, todos los ojos están puestos en cómo votarán los senadores que no estaban en 2018, o bien algunos que podrían llegar a cambiar su parecer respecto de aquel debate.

Algunas versiones señalaron al senador nacional por Misiones Maurice Closs como un voto negativo que probablemente podría mutar a positivo. Consultado por parlamentario.com, el senador del Frente de Todos fue enfático: votará en contra. Esto es, no cambiará su voto respecto de 2018.

El vicepresidente primero de la Cámara de Senadores fue más allá del tema del aborto, al anticipar que votará en general en contra del proyecto del aborto, pero que, en cambio, sí votará a favor en particular en los artículos que hagan referencia a la despenalización.

El exgobernador misionero consideró que, al igual que en 2018, su voto ahora será negativo, no por cuestiones religiosas, sino porque no considera al tema de prioridad para la salud pública, más aún si se tiene en cuenta que los hospitales son provinciales y no de la Nación. Asimismo sostuvo que la mayoría de los misioneros rechaza el aborto y él representa a la provincia.

Con respecto al impuesto a la riqueza, adelantó que su voto será positivo, más aún ya que él se encuentra alcanzado por el mismo. Siempre que existe algún tipo de colisión entre el interés privado y el público, debe  prevalecer siempre este último, remarcó.

El presidente Alberto Fernández criticó el escrache sufrido este fin de semana por el radical Facundo Suárez Lastra por su posición respecto del aborto, al reclamar “no empezar con eso de andar persiguiendo diputados”.

“No es aborto sí o aborto no, porque los abortos ocurren. El aborto no es un problema vinculado a la religión ni a la moral propia: es un problema de salud pública”, sostuvo el mandatario.

De cara al debate en el Congreso, señaló que “necesitamos tener una discusión más sana”, y en ese marco fue que reclamó “no empezar con eso de andar persiguiendo diputados como sucedió con Suárez Lastra”. Al respecto recordó, durante sendas entrevistas a elDiario.es y a Radio 10 que él hace poco tuvo “50 personas tirando petardos en Olivos que conmovieron a todo el barrio”, en referencia a la protesta de la policía bonaerense registrada en septiembre pasado, y sostuvo en ese sentido que “ese no es el método porque se debe respetar la posición de cada uno”.

Para Fernández, “la verdadera discusión es si el aborto se seguirá haciendo en la clandestinidad o en un hospital público con la atención sanitaria que corresponde”, y advirtió que “no quisiera que se vuelva a convertir en un debate filosófico, moral o religioso ya que el aborto no sea punible y sea legal no quiere decir que sea obligatorio”.

Para el presidente, “la diferencia con lo que ocurrió en el año 2018 es que esta vez es el Poder Ejecutivo de la Nación el que está promoviendo esta norma. Y lo hago absolutamente convencido de que es el modo de preservar la salud pública de las mujeres”.

Por José Angel Di Mauro

“Quiero simplemente, para los ciudadanos que hoy me están escuchando, dejar un mensaje de optimismo. Vamos a estar bien en 2021. Y vamos a estar mejor cada año que pase, porque las políticas que estamos aplicando parten desde el humanismo, son racionales en un progresismo económico lógico y son posibles. Ya otras veces las hicimos y ahora va a ser muy exitoso”. Este es un párrafo del discurso del senador nacional Carlos Caserio con el que como miembro informante del oficialismo abrió el debate del Presupuesto 2021 debatido en el Senado. Más tarde haría referencia al error que impediría que fuese ley esa misma jornada, pero el detalle se corrigió cinco días después, cuando el martes pasado Diputados dio la aprobación formal en un mero trámite de la sesión de más de 20 horas de esta última semana. Pero el dato saliente es el espíritu del pasaje del discurso al que hacemos referencia.

Es lo que pide el gobierno para el tiempo que viene, ya decretada virtualmente la salida de la pandemia, aunque los casos registrados sigan en el orden de los diez mil diarios, los muertos no bajen de 200, y las clases presenciales sigan siendo una utopía. Para el gobierno se inició una nueva etapa y no hay vuelta atrás. Porque no hay margen posible, pues la economía llegó a su límite de tolerancia, como la paciencia de la gente. Por eso se aferra a la vacuna. Por eso el discurso insistente es que la esperanza que cerrará definitivamente esta pesadilla está bien cercana, aunque los especialistas se resistan a confirmar una premura que no auguran en otras latitudes.

Porque la verdad es que no hay chances para una nueva cuarentena, más allá de que el diario del lunes que representa para nosotros Europa indique lo contrario. Aunque de hecho, allí también se resisten a volver a cerrar. Con economías más robustas la decisión está tomada en ese sentido, aunque los contagios y los muertos vuelvan a sumar en grande. ¿Qué esperar entonces en nuestro país, con una economía que ya venía maltrecha sin pandemia? El déficit para el año en curso será memorable; se estima en el orden de los 12 puntos. Para el año que viene el Presupuesto aprobado hace pocos días prevé un déficit de 4,5%, pero Martín Guzmán promete que lo reducirá más. Un nuevo cierre de la economía es entonces improbable. Porque por más que Alberto Fernández haya dicho en su momento que entre la salud y la economía, no tenía dudas, lo que ahora no hay es margen.

Si bien se insiste en que el albertismo no existe, Carlos Caserio podría ser considerado un albertista. Quizá el único en el Senado. De origen delasotista, se distanció de su gobernador, Juan Schiaretti, cuando se jugó abiertamente por el candidato del Frente de Todos y trató de ser su anfitrión en esa provincia decididamente anti K durante la campaña. Fernández quiso premiarlo con un ministerio, pero sobre todo para correrlo de manera suave de la presidencia del bloque que ostentaba tras la salida de Miguel Pichetto. Luego vieron que si lo hacían asumiría un hombre de Schiaretti y por lo tanto se arriesgaban a perder un senador, así que se tuvo que quedar en la Cámara alta y le dieron la presidencia de la Comisión de Presupuesto para compensar que dejara de presidir el bloque. Su  mandato vence en la próxima elección y espera tener un lugar en el gabinete nacional para la segunda parte de esta gestión.

Más cercano a Cristina que a Alberto, el senador Jorge Taiana -que reemplazó a la vicepresidenta en su banca- abonó el discurso optimista en esa misma sesión. “Creo que vamos a crecer más -confió-. Creo que un crecimiento del 5,5% es una estimación conservadora. Estoy convencido de que vamos a tener una mayor recuperación económica y, por lo tanto, vamos a contar más recursos. Vamos a comenzar a salir del pozo”.

Es el mensaje que quieren dar desde el gobierno para la etapa que viene, sostenida por dos elementos: vacuna y arreglo con el Fondo. “Reconstrucción”, será la palabra más escuchada en el tiempo que viene, y ya figura en la publicidad oficial. Es aceptable para la épica que esta gestión desea crear para el relato que construye.

Parte de esa épica se vio en el Congreso, donde el oficialismo impuso esta semana el impuesto a las grandes fortunas. En realidad llamado “aporte solidario y extraordinario”, no deja de ser un impuesto, como enrostró durante el debate una y otra vez la oposición. Y más temprano que tarde se va a judicializar y muy posiblemente un juez lo declare inconstitucional. La advertencia se hizo varias veces durante esa larga sesión en la que a continuación se trató otro proyecto inspirado por Máximo Kirchner, no menos polémico: el que prohíbe por entre 30 y 60 años desarrollos inmobiliarios en terrenos incendiados.

El gobierno no quería tratar el aporte solidario, al menos ahora. Así se lo había hecho saber el propio presidente a los empresarios cuando le plantearon sus reparos. Como hemos dicho, la excusa para postergar su tratamiento era que primero presentarían la reforma tributaria y luego adecuarían el aporte solidario, cuestión de que “no se pisaran sus artículos”. Pero este Congreso tiene vida propia, concedida y aceptada públicamente por el propio Presidente, y así fue que cuando nadie lo esperaba en el gobierno un grupo de diputados encabezados por el hijo de la vicepresidenta pidió la sesión especial. Ya no había vuelta atrás.

Es que el kirchnerismo había advertido las dilaciones, de ahí que saliera Carlos Heller -el redactor de la norma- a apurar el tema anticipando la inminencia del debate. Pero más que el titular del Banco Credicoop, hizo ruido Alicia Castro cuando responsabilizó directamente al titular de la Cámara de Diputados por el “cajoneo”. “Hay que preguntarle a Massa por qué no se avanzó con el impuesto a las grandes fortunas”, dijo quien tiene la libertad de hablar sin filtro porque no ocupa cargos, pero suele expresar el pensamiento vivo de la vicepresidenta de la Nación.

Para muchos, la presentación del proyecto de aborto legal fue la respuesta presidencial a esa jugada. Porque habían dicho que en plena crisis sanitaria no impulsarían esa iniciativa. No es descabellado pensar que fue una respuesta de Alberto Fernández a la carta de Cristina Kirchner, que manda en el Senado, donde precisamente el aborto fracasó hace dos años y donde más difícil es su aprobación. Es otro proyecto que hace a la épica kirchnerista, pero jugado como está por su aprobación, no caería bien en la militancia propia un fracaso.

Pero números son números, y mientras en Diputados se perfila un panorama tranquilizador para los verdes, en el Senado -donde en 2018 el proyecto fue rechazado 38 a 31- hoy la diferencia es ajustada, pero con ventaja celeste: 35 a 33. Hay dos senadores que no se han pronunciado, los entrerrianos Edgardo Kueider y Stella Maris Olalla. Ha trascendido que el primero se inclina por el rechazo; la segunda, a quien señalan cercana a la Iglesia, dice que en principio no va a tomar una postura pública. La neuquina Lucila Crexell, que en 2018 se abstuvo, hoy estaría más cerca de votar positivamente. El tucumano José Alperovich, que en 2018 votó en contra, está de licencia y sin perspectivas de volver.

A priori, el rechazo tiene ventaja, pero ante una diferencia tan estrecha no se descarta tampoco que termine desempatando Cristina. Un protagonismo soñado, que podría malquistarla definitivamente con su amigo Francisco. Que el formoseño José Mayans, haya salido a decir que este debate es “absolutamente inoportuno” va más allá de ratificar su conocido rechazo a la legalización. El presidente de bloque no es un “libre pensador”, eso no existe en una Cámara manejada por CFK, de ahí las dudas respecto de la homogeneidad respecto de la oportunidad de presentar ahora el proyecto. Y encima fue el “supermartes”, en el que se esperaba que todo el protagonismo fuera para la sesión en Diputados.

Como sea, ya está hecho y el oficialismo quiere apurar el debate, aunque los tiempos no darían para alcanzar a debatirlo en ambas cámaras en diciembre. En todo caso, debiera ser a más tardar en enero. 2021 es año electoral, inconveniente para un tema que divide aguas. Y además el gobierno sueña con la visita del Papa. Sería en noviembre, después de las elecciones.

Otra discrepancia expuesta en el Congreso es la reforma de la Ley del Ministerio Público, que obtuvo dictamen contrarreloj y el oficialismo planea aprobarla esta semana en el Senado. Ya sin los 2/3 para la designación del procurador, que era lo que buscaba el kirchnerismo, y sobre todo con un control bicameral estricto, es casi una invitación a Daniel Rafecas a reconsiderar la propuesta de Alberto para el cargo.

La bancada que conduce el radical Mario Negri se solidarizó con uno de sus integrantes y aclaró que “todos los debates en la democracia deben darse en el marco del más absoluto respeto a todas las opiniones”.

El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio manifestó su “solidaridad” con el diputado por la Ciudad de Buenos Aires Facundo Suárez Lastra y su “enérgico repudio” al escrache que “un minúsculo grupo de fanáticos realizó frente a su domicilio en la tarde de ayer”.

Solidaridad de todo nuestro Interbloque Juntos por el Cambio con @fsuarezlastra.

Más allá de las posturas diferentes sobre una ley, repudiamos todo escrache o intento de amedrentamiento.

La tolerancia y el respeto deben ser el marco del debate plural en el Congreso. pic.twitter.com/qiOu73tHFg

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) November 22, 2020

“Independientemente de las distintas posiciones frente al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), queremos manifestarnos en contra de todo tipo de escrache, hostigamiento, amenaza o intento de amedrentamiento a cualquier miembro de este cuerpo, máxime si las mismas se originan en relación al ejercicio constitucional del cargo del que hemos sido democráticamente investidos y que merece una especial protección garantizada por el artículo 68 de nuestra Constitución Nacional”, expresó la bancada que conduce Mario Negri.

El bloque expresó que “todos los debates en la democracia deben darse en el marco del más absoluto respeto a todas las opiniones, no se trata de estar a favor o en contra de la Ley IVE o de cualquier otra, sino de estar a favor de la libertad de opinión y expresión, la tolerancia y el debate plural en el ámbito del Congreso”.

Como defensora de las dos vidas, aliento el debate serio y respetuoso. Mi solidaridad con Facundo Suárez Lastra @fsuarezlastra

Los escraches no nos representan, no son el camino.
Llamo a la sociedad a interpelar sus representantes por las vías de la democracia y del respeto. https://t.co/ph84Cew7St

— Marcela Campagnoli (@M_Campagnoli) November 22, 2020

Durante 2 horas un grupo pequeño, que agredió a algunos vecinos, se manifestó frente a mi domicilio. El debate q llevamos adelante por la IVE en el Congreso y en la calle hasta ahora siempre ha sido pacífico y respetuoso. Repudio el escrache y la violencia. pic.twitter.com/UKjAjLyyFc

— Suarez Lastra (@fsuarezlastra) November 21, 2020

A medida que avanzan los días se ajusta el sondeo en la Cámara de Diputados en torno al proyecto de despenalización y legalización del aborto. Pero las novedades no provienen solo de la definición de indecisos: también se comienzan a vislumbrar cambios de postura de diputados que votaron el proyecto en 2018.

El primero fue el de la chaqueña Aída Ayala (UCR), que tras votar a favor hace dos años ahora confirmó que lo hará en contra, y lo mismo sucederá con otra diputada, la correntina Sofía Brambilla (Pro), quien este jueves anunció que rechazará la iniciativa, la cual calificó como un “mecanismo de distracción”.

“Me parece una barbaridad que mande este proyecto al Congreso. Es una bola de humo para evitar hablar de problemas más relevantes, más graves, para los argentinos. Me parece totalmente desafortunado el momento”, sentenció Brambilla en una entrevista a Radio Dos de Corrientes.

La legisladora argumentó: “Este tema generó mucho debate y mucho conflicto. Creo que no es momento. Tenemos problemas mucho más severos con la pandemia y la cuestión económica, para ponernos a discutir un tema tan sensible que prácticamente quebró al Congreso”.

Brambilla sostuvo que el Gobierno “busca distracción, que nos empecemos a pelear unos con otros, tanto la sociedad como dentro del Congreso”, para que, entre otras cosas, “pase desapercibida la ley de movilidad jubilatoria, que perjudica notablemente los haberes de los jubilados”, o “que quieran meter la reforma tributaria en extraordinarias”.

“Yo nunca milité el proyecto, de hecho me estaba por abstener y lo resolví una semana antes”, dijo Brambilla sobre su apoyo en 2018

“Es un mecanismo de distracción. No voy a acompañar, por supuesto. Voy a votar en contra del proyecto, porque quedó claro después de 2018 que los correntinos y las correntinas en su mayoría no acuerdan con ningún tipo de proyecto de legalización del aborto, con lo cual le debo a quienes me pusieron en la banca”, explicó.

La diputada reconoció que “lo bueno del proyecto fue que puso sobre la mesa un tema muy sensible, pero hizo discutir a la sociedad entera”. “Se tiene que hacer política pública en esta materia, pero podemos ir por el lado de la prevención, que por otra parte siempre fue mi postura”, aclaró.

En ese sentido, llamó a trabajar para “hablar de educación sexual integral en los colegios”, “prevenir los embarazos no deseados” y trabajar sobre la falta de acceso a mecanismos de anticoncepción”, al considerar que “el Estado tiene que proveer mejores sistemas”.

La correntina insistió: “Me parece totalmente desafortunado el momento y creo que es un mecanismo de distracción”.

Consultada sobre su voto a favor en 2018, respondió: “Uno va leyendo lo que el electorado, a quien uno representa, le va pidiendo. Yo nunca milité el proyecto, de hecho me estaba por abstener, y lo resolví una semana antes, porque pensé que blanqueando el asunto, el Estado podía activar los mecanismos. Ocultando el tema no salvamos las dos vidas, porque los abortos clandestinos suceden”.

“Me parecía que el Estado tenía que hacerse cargo de este problema, por eso acompañé el proyecto, pero es más que obvio que la sociedad argentina lo rechaza. Y a mi me sostienen en la banca los correntinos, con lo cual soy leal a mis principios de no traición a quienes me han puesto y han confiado en mi”, finalizó.

Por Carolina Ramos

El proyecto de aborto legal enviado por el Poder Ejecutivo mantiene -al igual que en 2018- el plazo de catorce semanas dentro de las cuales se podrá interrumpir voluntariamente el embarazo, e incluye la objeción de conciencia para profesionales de la salud. Son algunas de las claves de la iniciativa que ingresará en las próximas horas por la Cámara de Diputados, donde hay una mayoría inicial a favor.

A continuación, parlamentario.com repasa los puntos principales del proyecto:

• La ley tiene por objeto “regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible”.

• Las mujeres y personas gestantes podrán interrumpir su embarazo hasta la semana catorce (inclusive) de gestación. Fuera de ese plazo, el aborto se podrá practicar en dos supuestos: si el embarazo es producto de una violación; o si está en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

En el caso de violación, las personas gestantes a partir de los 13 años de edad deberán presentar una declaración jurada ante el personal de salud.

• El plazo máximo para realizar el aborto desde que la persona gestante lo solicita es de diez días corridos. Una vez que se realiza el requerimiento, los establecimientos sanitarios deberán poner a disposición de la persona toda la información necesaria, así como la atención y el acompañamiento a lo largo de todo el proceso.

• Previo a la realización del aborto, la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento informado, por sí sola, a partir de los 16 años de edad. Para las menores de 13 años, se exige la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal, mientras que para las personas de entre 13 y 16 años “se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida”.

• El personal de salud debe garantizar, como mínimo, las siguientes condiciones: trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información y estándares de calidad.

• El profesional que deba intervenir “de manera directa” en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Si se opone a realizar la práctica, tendrá que derivar a la paciente para que sea atendida por otro profesional, “sin dilaciones”.

De todos modos, el profesional no podrá negarse a interrumpir el embarazo si la vida o las salud de la persona gestante está en peligro y requiere una “atención inmediata e impostergable”.

No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria posterior al aborto.

• El sector público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. Estas prestaciones quedarán incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

• Se establece que el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios “tienen la responsabilidad de implementar la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población”.

• En cuanto al Código Penal, en el artículo 85 se mantiene la pena de tres a diez años de prisión para quien provoque un aborto sin consentimiento. Esta pena podrá ser de hasta 15 años si causa la muerte de la persona gestante.

Si el profesional obra con consentimiento y el aborto se produce después de la semana catorce y sin que existan los supuestos previstos (violación o peligro para la mujer), la pena será de tres meses a un año -actualmente es de uno a cuatro años-.

A su vez, se establecen penas de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para quienes dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a practicar el aborto en los casos autorizados. Esto abarca tanto a los médicos como a las autoridades del establecimiento de salud.

En el punto medular del proyecto, se modifica el artículo 86 del Código autorizando el aborto voluntario hasta la semana catorce.

En el artículo 87 se aumenta el máximo de la pena para quienes “con violencia” causen un aborto -sin haber tenido ese propósito- a una persona con un embarazo “notorio”. La nueva pena será de seis meses a tres años -actualmente son seis meses a dos años-.

Por último, en el artículo 88 se reprime con prisión de tres meses a un año a la persona gestante que cause su propio aborto o consienta que otro se lo provoque, por fuera de las causales habilitadas. Actualmente, esa pena es de uno a cuatro años, es decir que ahora se reduce. Se indica además que “podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta”, y se mantiene, como hasta hoy, que “la tentativa de la persona gestante no es punible”.

• El Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales deberán implementar capacitaciones para el personal de salud a fin de cumplir con la ley.

El proyecto

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Tras el envío de los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia al Congreso de la Nación por parte del Poder Ejecutivo, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que hay un compromiso político por parte del Gobierno nacional en construir un Estado presente, que acompañe a todas las mujeres, sea cual sea la decisión que tomen, y garantice el acceso a la salud. 

“Estos dos proyectos de ley que estamos enviando al Congreso de la Nación son complementarios y promueven una mayor justicia social e igualdad de oportunidades, amplían derechos y establecen que el Estado debe acompañar a las mujeres en sus decisiones, cuidando sus vidas y su salud de manera integral. Tenemos la obligación de cuidar la integridad física de las mujeres en todos los casos, evitar muertes por abortos clandestinos y acompañar a todas aquellas que desean continuar con sus embarazos y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, para que puedan cumplir con su deseo de maternar y que ellas y sus hijos e hijas cuenten con el acompañamiento de un Estado presente”, explícito la ministra.

Por otra parte, Gómez Alcorta aseguró que los datos existentes demuestran que la penalización del aborto no evita que las mujeres interrumpan sus embarazos pero sí las obliga a hacerlo en la clandestinidad, es decir, en condiciones inseguras. En Argentina se realizan entre 350 mil y 522 mil abortos por año. “El aborto clandestino es un problema de salud pública”, señaló.

Los abortos clandestinos empujan sobre todo a las mujeres de menores recursos a interrumpir sus embarazos en condiciones inseguras. “Todas y todos sabemos que mujeres de más altos recursos también abortan, pero tienen la posibilidad de hacerlo a través de procedimientos seguros. Por año alrededor de 40 mil mujeres son hospitalizadas por interrumpir sus embarazos de manera clandestina e insegura. Desde el retorno de la democracia murieron más de 3000 mujeres por abortos clandestinos”, explicó. 

“Como Estado debemos garantizar el derecho a la salud integral de todas las personas en condiciones de igualdad. Hacerlo es una cuestión de salud pública pero también de justicia social. El Estado tiene la responsabilidad de prevenir la mortalidad generada por abortos inseguros que afectan principalmente a los sectores populares”, señaló la ministra. 

Y agregó: “Frente a un problema serio de salud pública la respuesta no puede ser individual y según los recursos económicos de cada persona, sino que debe haber un Estado presente que acompañe y equipare las condiciones de posibilidad y el acceso a los servicios de salud”.

La ministra también señaló que las complicaciones por abortos clandestinos implican una demanda al sistema de salud que puede evitarse. “Las consecuencias de los abortos practicados en condiciones inseguras impactan de lleno en todo el sistema sanitario: hospitalizaciones, enfermedades emergentes, derivaciones a cuidados intensivos y, la peor de todas, las muertes por abortos practicados sin contención ni atención de calidad. Garantizar intervenciones seguras va a descomprimir al sistema sanitario y va a salvar vidas”, aseguró.

Según explicó Gómez Alcorta, la legalización también tiene un efecto directo en el uso eficiente de los recursos públicos ya que permitiría disminuir los gastos derivados de las internaciones generadas por abortos inseguros y los tratamientos por las complicaciones derivadas de ellos. 

En relación al proyecto de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia enviado al Congreso, Gómez Alcorta señaló que “es imprescindible implementar políticas públicas que permitan acompañar a las mujeres que, encontrándose en situación de vulnerabilidad, elijan continuar con su embarazo. Este proyecto busca garantizar la protección y el cuidado integral de la salud de las mujeres y de sus hijos e hijas en el nacimiento y en los primeros años de infancia”.

“Es importante comprender que se trata de una obligación del Estado que debe garantizar la igualdad de oportunidades y derechos a todas las mujeres. Y nadie estará obligado a hacer algo que no quiere. La responsabilidad del Estado es evitar que las mujeres que deciden abortar mueran por hacerlo en condiciones inseguras. Y que las mujeres que tengan dificultades económicas puedan llevar adelante sus embarazos, para lo que debemos poner en marcha políticas públicas que garanticen condiciones de salud integral durante esa etapa y en los primeros 3 años de vida de sus hijos/as.”  

En el mundo, mueren 23.000 mujeres al año como consecuencia de abortos inseguros. En Argentina, los abortos inseguros son la primera causa de muerte materna y se calcula que se hacen entre 350.000 y 522.000 por año. Por esos abortos, se hospitalizan cerca de 40.000 mujeres. Todas las muertes por aborto son evitables.

Los rumores que crecieron a lo largo de la jornada terminaron por develarse: el presidente Alberto Fernández anunció finalmente el envío del proyecto para despenalizar y legalizar el aborto, una demanda creciente del movimiento feminista que se movilizó al Congreso en reclamo por la ley.

En paralelo, el Poder Ejecutivo mandó otra iniciativa que crea el “Programa de los Mil Días” para acompañar a mujeres embarazadas, tal como había anunciado Fernández en la apertura de sesiones ordinarias.

El presidente realizó ambos anuncios a través de un video que fue publicado en sus redes sociales, mientras la Cámara de Diputados discutía el proyecto que crea un aporte solidario por única vez para mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19.

Siempre fue mi compromiso que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad y cuide la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo. El Estado no debe desentenderse de ninguna de estas realidades.#QueSeaLey pic.twitter.com/V7Lr6wBmuB

— Alberto Fernández (@alferdez) November 17, 2020

En su mensaje, Fernández dijo dar cumplimiento a la “palabra empeñada” y llamó a un debate “respetuoso” en el Congreso, donde los diputados “verdes” en principio son mayoría, aunque hay 27 indefinidos, según las estimaciones de parlamentario.com.

A continuación, el discurso presidencial completo:

Querido pueblo argentino:

Desde hace mucho tiempo vengo planteando la necesidad de que la palabra empeñada recupere su valor en la política argentina. Esa palabra que empeño es siempre la expresión de mis más firmes convicciones, aquellas que me guían y conducen permanentemente.

A lo largo de toda la campaña electoral, al momento de asumir esta Presidencia y al dar inicio a este período parlamentario, tomé un compromiso ante ustedes que hoy vengo a cumplir. 

He enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral.

El primero de ellos legaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida.

El segundo instituye el Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida.

Mi convicción, que siempre he expresado públicamente, es que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad. Pero también estoy convencido que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo.

La criminalización del aborto de nada ha servido. Solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes. Cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos y desde la recuperación de la democracia murieron más de 3.000 mujeres por esa causa.

La legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por abortos inseguros. No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. Solo resuelve un problema que afecta a la salud pública.

La legalización del aborto permite además, como ocurrió en Ciudad de México y Uruguay, que disminuyan los abortos y las muertes que ellos causan. Brindando cobertura en el sistema de salud también se facilita el acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no intencionales.

La legalización del aborto no implica una carga extra para el sistema de salud. Los procedimientos validados y que se utilizan con estándares de la OMS, son en su mayoría ambulatorios, no quirúrgicos y farmacológicos.

El debate no es decirle “sí” o “no” al aborto. Los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres que a ellos se someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino.

Las mujeres más vulnerables y en situación de pobreza son las mayores víctimas de nuestro sistema legal. Ellas deben someterse a prácticas inseguras por no poder costear lo que un aborto implica. Muchas de ellas mueren en el intento o quedan afectadas en su salud por siempre.

Por otra parte, el Programa de los Mil Días busca bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida.

Este proyecto establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a pagarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

También se extiende el pago de la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Hasta la fecha se perciben seis mensualidades; con este proyecto se extiende a nueve mensualidades, abarcando la totalidad del embarazo.

Finalmente, se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que hasta ahora estaban excluidas de este beneficio.

Se prevé asimismo la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y también para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes.

De este modo, buscamos establecer un abordaje especial para la detección oportuna de riesgos durante el embarazo, tal como el caso de presunción de trombofilia. Para estos casos se prevé el acceso gratuito a estudios diagnósticos y un modelo de atención específica.

Aprovechamos también para crear el Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos. El DNI es una herramienta central para el ejercicio efectivo de derechos.

Finalmente, se proponen políticas prioritarias de género fundamentales para prevenir y detectar de manera temprana situaciones de violencia de género y violencia sexual o abusos en personas embarazadas, niños, niñas y adolescentes.

Cumplo así con mi compromiso de enviar ambos proyectos de ley para su debate parlamentario siguiendo las reglas constitucionales. Propongo un debate franco que se desarrolle en el marco del diálogo democrático.

Finalmente les pido, como presidente de todos los argentinos y argentinas, que cuidemos el respeto hacia quien piensa de una manera distinta a la propia. Las diferencias nos hacen una sociedad plural y enriquecen la democracia que tanto esfuerzo nos costó consolidar.

Por convicción personal, estoy seguro que estamos dando respuesta a una realidad que afecta a la salud pública y que con ello estamos ampliando derechos en una sociedad que así lo demanda.

Que sea ley.

Muchas gracias.

El proyecto de legalización del aborto que se trató en el año 2018 naufragó en el Senado, sepultado por 38 votos en contra. La composición de esa Cámara varió el año pasado, pero no lo suficiente como para garantizar que el resultado vaya a variar. Lo que varió -dato no menor, por cierto- es la postura del Ejecutivo, que en este caso auspicia la aprobación del proyecto de ley. Se verá entonces cuál es la posición de los senadores nuevos y sobre todo los del oficialismo, teniendo en cuenta cuál es el deseo el Gobierno y, en especial, el de la presidenta del cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner.

Ese 9 de agosto de 2018 hubo 31 senadores que votaron a favor y dos que se abstuvieron. Ellos fueron Lucila Crexell, que renovó su mandato, y el santafesino Omar Perotti, que al convertirse en gobernador dejó su banca en manos de Roberto Mirabella. Quien precisamente es uno de los que no ha dado nunca precisiones sobre el destino de su voto, ante el inminente tratamiento del proyecto que anticipó que enviará el Poder Ejecutivo.

Y si bien sigue sin pronunciarse, Mirabella aclaró esta semana que, a diferencia de Perotti, no se abstendrá a la hora de votar. Entrevistado por Rosario/12, el senador nacional del Frente de Todos dijo que debe ver cómo es el proyecto, porque “todavía no lo conocemos”, con lo cual no puede definirse aún.

Como sea, ha dado algunas señales. En primer lugar, recordemos que a la hora de tratarse el proyecto de legalización la interrupción voluntaria del embarazo, Perotti optó por presentar un proyecto alternativo, que él recogió para presentar a su vez, para la despenalización del embarazo. La iniciativa, que se convirtió en el  primer proyecto que presentó como diputado, recoge los puntos centrales del proyecto del hoy gobernador santafesino al que le incorporó algunas cuestiones que recogió de lo que se ha denominado el “protocolo Rosario”, como así también el fallo de la Corte Suprema de 2012.

Así las cosas y para dar más señales sobre cuál será el sentido de su voto llegado el momento, Mirabella precisó ante Rosario/12 que “es un tema complejo, pero prima la salud pública”.

Con todo, admite que “obviamente hay un montón de situaciones que son difíciles, no se debe simplificar algo que es demasiado complejo”. En ese sentido expresó que dará su opinión cuando vea el texto que envíe el Gobierno al Congreso.

Pero dejó claro un detalle contundente: “Yo no me voy a abstener”.

El talón de Aquiles de la legalización del aborto está en el Senado. Se sabe y se comprobó hace dos años, cuando se trató por primera vez el proyecto en el Congreso de la Nación y tras la media sanción de Diputados, el proyecto naufragó en el Senado. Con cierta holgura. Desde entonces, la composición no ha variado sustancialmente en esa Cámara, por lo que quienes si ilusionan con que ahora sí el proyecto impulsado desde el Poder Ejecutivo sea aprobado, deben moderar sus expectativas.

Uno de los que estaban en 2018 sentados en el recinto y ahí sigue, es el formoseño José Mayans. Entonces era un senador más, hoy es nada menos que el jefe del bloque del oficialismo. Y su posición no ha variado. Entonces era un encendido crítico de la legalización del aborto y hoy sigue siéndolo. Al punto tal de considerar “absolutamente inoportuno” el proyecto que el Poder Ejecutivo mandará en los próximos días al cuerpo.

“Nuestra Constitución es provida”, enfatizó el senador del Frene de Todos en declaraciones al canal IP. Allí ratificó su posición: “Hay que respetar la Constitución, que es ‘provida’. Tenemos tratados internacionales que hablan de los derechos del niño, como el Pacto de San José de Costa Rica y el Código Civil argentino. Son todos provida, el Estado no puede autorizar la muerte de nadie”.

A pesar de la investidura que hoy ostenta, Mayans aclaró que no tenía problemas en decir que para él “es absolutamente inoportuno” tratar ese proyecto en este momento, y para ratificar que el tema no debe ser prioridad, destacó que el aborto es “la causal de muerte número 74”. En ese sentido, recordó que hoy hay otros problemas: “Hospitales que están llenos, gente con cáncer, con problemas cardiovasculares, diabéticos y con problemas de hipertensión”.

“El Estado tiene otras prioridades”, sintetizó.

Con todo, y ya directamente en relación al proyecto que todavía no ha llegado al Parlamento, José Mayans dijo que hay que saber “qué mandan” desde el Ejecutivo, señalando que “la otra vez”, por 2018 con el Gobierno de Cambiemos, “fue un desastre en relación a la objeción de conciencia y tiempos de gestión”.

Cuando se debatió en el Senado, el 8 de agosto de 2018, el senador José Mayans dio un enfático discurso contrario a la legalización del aborto, quejándose en esa oportunidad por ejemplo de que el proyecto no hubiera sido tratado en la Comisión de Presupuesto. En un pasaje señaló entonces que “la Constitución dice: Dios, fuente de toda razón y justicia. Así dice la Constitución, el preámbulo. ¿Me estoy equivocando en eso? Dice: La protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Bueno, señores: yo creo en eso; yo creo en Dios. Yo creo en la existencia de Dios; creo en su infinita misericordia. Creo que nosotros no salimos de un repollo. ¿Verdad? Y hay mucha gente que, como nosotros, cree en eso. ¡Pero mucha gente! Y el que no cree te dice: Vos tenés que creer en esto. Te limita, te dice: No, porque esto no es así, porque es un arcaico; te habla de Moisés, te habla de esto y de lo otro. Y acá el tema central es el derecho a la existencia, ese es el tema. Ahora, quién se arroga el derecho para decir: este de tres meses, que viva; este de dos meses, no; un mes, no. Es una cosa que no tiene nombre”.

“Obviamente que entendemos que todos somos iguales en nuestra dignidad y en nuestro derecho: la mujer, el hombre y el niño por nacer. ¡Porque está en una situación de indefensión! Y tiene derecho a la protección del Estado, que el Estado le cuide la vida. Y tiene derecho a la protección de la madre. Y la madre y el niño por nacer tienen el derecho del cuidado del Estado. ¡Eso está consagrado en nuestras leyes y en nuestra Constitución! Esto es así”, agregó el formoseño, que concluyó su discurso así: “Luchemos para erradicar la pobreza de nuestra Patria, para que todos esos planes que tenemos se transformen en trabajo digno. Ese tiene que ser nuestro compromiso, erradicar la pobreza. Respetar la vida de todos y el derecho a la existencia de todos. Así como decía una persona: Hagamos grande e inmortal la Patria”.

Enfática defensora de los derechos de las mujeres en general y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en particular, la diputada nacional Carla Carrizo sostuvo que “la sociedad tiene que entender que esto no obliga a nadie. Es habilitar el uso de un derecho personalísimo para mujeres, para adolescentes”.

“Me parece que esta ley ordena. Es un paso que la democracia argentina tiene que dar sin tanto conflicto. Y me parece un momento muy oportuno políticamente”, explicó por FM 89.5.

A Carrizo le parece “una buena noticia” la que dio Vilma Ibarra el lunes pasado, “porque se jerarquiza el valor de la palabra pública de la institución presidencial. El presidente, de alguna manera, puso en escena todo lo que fue el debate de 2018. Y me parece que le dio un lugar muy destacado en la política argentina a todo ese proceso de construcción del movimiento feminista que fue súbito en 2018”, finalizó la diputada radical.

La senadora nacional Silvia Elías de Pérez cuestionó la decisión del Gobierno nacional de avanzar en un tratamiento exprés del proyecto de legalización del aborto.

“Una vez más, el Gobierno del presidente Alberto Fernández demuestra lo desorientado que está en estos duros meses que vivimos los argentinos. Ayer, tras las declaraciones de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quedó claro que no sólo están decididos a tratar antes de fin de año la legalización del aborto, sino que lo pretenden hacer en un trámite exprés”.

La parlamentaria radical dijo que “los argentinos estamos viviendo la peor crisis económica, social y sanitaria de la que se tiene memoria. Con la pobreza en picos históricos, la pandemia del Covid-19 que no cede, el sistema de salud colapsado y los profesionales sanitarios exhaustos. En este contexto, vienen a plantear urgencia por un tema que divide como ningún otro a los argentinos y proponen que sea tratado con mínimo debate. Esto es una barbaridad y una irresponsabilidad”.

“No es la oportunidad ni es el modo para poner a los argentinos a pelearnos, otra vez, por un tema que a las claras nos desune. La vida de los niños más inocentes no puede ser utilizada como cortina de humo para tapar que el país se está cayendo a pedazos”, agregó Elías de Pérez, para concluir: “Seguiré defendiendo el derecho humano más elemental que es el derecho a nacer y a la vida”.

“El envío del proyecto de legalización del aborto para ser tratado en el Congreso nacional, expresa la voluntad de nuestro presidente Alberto Fernández y se trata de una decisión clave en materia de salud pública”, indicó la diputada nacional (FDT) y presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, Carolina Gaillard.

Gaillard dijo que los datos indican que en el país se producen entre 370 mil y 520 mil abortos clandestinos por año, por lo cual aseguró que “existe una voluntad política de nuestro presidente, y es indispensable que el Congreso Nacional dé este debate para evitar que cientos de mujeres mueran por abortos clandestinos o sufran sus consecuencias”, sostuvo la diputada.

“Las consecuencias de los abortos clandestinos hace que aproximadamente 40 mil mujeres tengan que ser hospitalizadas por prácticas que lesionan para siempre sus cuerpos”, puntualizó y añadió que “la clandestinidad mata por eso es urgente debatir y sancionar la legalización para que el estado acompañe y proteja y no persiga y criminalicé a la mujer que decide interrumpir su embarazo”.

Las cifras y estudios de casos muestran que las tasas de mortalidad materna por abortos disminuyeron en países donde se ha legalizado esta práctica. Según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) -hay más de 60 países en el mundo donde está permitido el aborto legalmente, por voluntad o solicitud de la mujer- y en algunos de ellos además, el número de abortos cayó en términos absolutos y relativos desde que se legalizó esta práctica. Así sucedió en España donde fue el aborto fue legalizado en 2010, mientras que en Portugal ocurrió lo mismo a partir de 2007. Dentro de la región el caso de Uruguay, donde el aborto es legal desde 2012, ocupa uno de los lugares con menor tasa de mortalidad materna en América.

“Era un compromiso que el presidente había anunciado en su campaña, que ahora se concreta y posibilita que el Congreso debata un tema que desde hace años viene siendo reclamado por las organizaciones de mujeres, especialmente por la Campaña por la legalización del Aborto, que con su lucha han permitido mantener en la agenda pública y que hoy esté cerca de ser tratado”, concluyó la diputada Gaillard.

Por Carolina Ramos

Hace dos años, la radical Aída Ayala fue una de las tres diputadas nacionales por la provincia de Chaco que votaron a favor del proyecto de legalización del aborto. Sin embargo, poco después confesó haberse arrepentido y hasta recibir “presiones”, y finalmente, ante el anuncio del envío del proyecto este mes, ratificó su cambio de postura: votará en contra.

En diálogo con parlamentario.com, Ayala -quien fue electa en 2017 y tiene mandato hasta 2021- consideró que su voto a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo fue una decisión “muy apurada” frente a “un rechazo prácticamente unánime” en su distrito. De todos modos, aclaró que avala la despenalización de la mujer.

“Yo lo que voté (en 2018) es la despenalización de la mujer, pero ahora voy a votar en contra del proyecto, porque se hizo una confusión tan grande a favor y en contra de la vida… y yo estoy a favor de la vida, y creo que todos estamos a favor de la vida. Pero ante esta situación, esta grieta y esta confusión, por supuesto voy a votar en contra, porque así lo quiere la mayoría del pueblo del Chaco”, reafirmó Ayala, quien viajó a Buenos Aires para participar de la sesión de esta semana de manera presencial.

En 2018, el voto chaqueño se dividió: Aída Ayala (UCR), Lucila Masin y Analía Rach Quiroga (Frente para la Victoria-PJ) acompañaron el proyecto, mientras que Horacio Goicoechea (UCR), Juan Mosqueda, Elda Pertile (Justicialista) y Alicia Terada (Coalición Cívica) lo rechazaron.

—¿Cambió su postura?

—Sí, cambié mi postura. Primero quiero decir que no conocemos el texto, no sabemos qué ley van a mandar, pero cambié mi postura porque a lo largo de todo este tiempo he conversado con todas las instituciones, con la gente, y la verdad que hubo un rechazo prácticamente unánime a esta posición en la provincia de Chaco. Si los demás legisladores representantes de mi provincia han votado en contra, yo no puedo arrogarme la representación de un millón de personas ante una decisión tan delicada como esta. Por eso he decidido votar en contra. Ese fue mi compromiso durante todo este tiempo con la ciudadanía chaqueña, y entiendo que para tomar una decisión de este tipo deberíamos ir hacia una consulta popular. Los diputados chaqueños, si bien representamos al pueblo de la Nación argentina, no podemos ser la voz de un millón de ciudadanos en este tema. Si bien estuvimos siempre a favor de la vida, pretendemos enmendar -al menos desde mi lugar- el artículo donde se condena a la mujer determinando la prisión para aquella que se haga un aborto.

—¿Es decir que está a favor de la despenalización?

—Sí, pero la despenalización de la mujer no se va a dar independientemente del aborto (legal). Yo lo que voté (en 2018) es la despenalización de la mujer, pero ahora voy a votar en contra del proyecto, porque se hizo una confusión tan grande a favor y en contra de la vida… y yo estoy a favor de la vida, y creo que todos estamos a favor de la vida. Pero ante esta situación, esta grieta y esta confusión, por supuesto voy a votar en contra, porque así lo quiere la mayoría del pueblo del Chaco. He tenido contacto con las instituciones y creo que mi decisión fue muy apurada, y no estuvo tampoco en mi programa de campaña en 2017. Y si uno se equivoca en tomar una decisión, tiene que tener la honestidad para decir ‘no representé a mi pueblo en este sentido’. Voy a seguir estos lineamientos y voy a votar en contra.

—Denunció que tras votar afirmativamente recibió “presiones”…

—En realidad recibí el rechazo de la Iglesia y de las instituciones, porque sin dudas había una grieta. Pero cualquier tipo de discrepancia se resuelve conversando, y es lo que yo hice: dialogué con cada uno de los sectores que lógicamente repudiaron mi decisión y se enojaron. Pero en política no hay que enojarse, y los que representamos al pueblo tampoco tenemos que enojarnos. Al contrario: hay que escuchar al sector enojado, y si uno en algún momento se siente presionado, es un problema de uno, no de la gente. Todo se resuelve con diálogo y escuchando. Ese es nuestro trabajo. Yo no puedo legislar en nombre propio; si me equivoco, tengo que admitirlo. Hoy he cambiado mi posición. Hay un sector que obviamente está a favor, la gente más joven, y está bien que existan posiciones diferentes, pero en su momento no salieron a expresarse ni tampoco se han manifestado. Por ejemplo, el sector más combativo de la Franja Morada. Esto ha llevado su tiempo, ahora escuché por los medios que se va a tratar y no conozco el texto de la ley, pero sí puedo adelantar que mi posición va a ser diferente a la anterior.

Lejos estuvo de ser masiva la aparición de legisladores pronunciándose luego de que la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, anunciara en nombre del presidente el inminente envío del proyecto de ley de interrupción del embarazo.

Entre quienes se pronunciaron estuvo la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, quien consideró que se trata de “una decisión muy importante de nuestro presidente a favor de la salud pública que venimos pidiendo desde el movimiento de mujeres hace años”.

“Los abortos se practican, existen, y las mujeres mueren por la clandestinidad. Necesitamos que el estado cuide y proteja y no castigue y criminalicé a la mujer en esa situación tan traumática como es un embarazo no deseado. Celebramos la iniciativa del ejecutivo”, aseguró Gaillard.

En el mismo sentido, el también diputado oficialista Leonardo Grosso expresó que “sacar a las mujeres de la clandestinidad es justicia social. En noviembre van a enviar al Congreso el proyecto de Interrupción Legal del Embarazo. Hoy más que nunca hay que fortalecer la salud pública y por eso el aborto tiene que ser un derecho”.

Desde la vereda de enfrente, la diputada del Pro Soher El Sukaria se expresó de manera crítica: “El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para legalizar el aborto durante sesiones extraordinarias. Asusta la desconexión de la realidad que demuestran. La prioridad es la pobreza y la sanidad, no debates que ya sabemos que generan más división en la sociedad”, señaló, en tanto que su compañero de bancada David Schlereth habló en el mismo sentido: “Hace más de 8 meses que el Presidente @alferdez dice que para su gobierno es prioridad cuidar la vida de los argentinos. Otra gran mentira de este hombre perdido y sin rumbo. Mandará al Congreso a debatir el aborto, es decir el valor de la vida humana. #SiHayAbortoSalimosTodos”.

Por Carolina Ramos

Se acabaron las dudas: a tan solo tres semanas del final del período ordinario, y fruto del reclamo cada vez más fuerte del movimiento feminista, se confirmó que el Poder Ejecutivo enviará el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto. Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica, fue la encargada del anuncio. Y en principio, en la Cámara de Diputados, los votos están.

Si bien Ibarra no confirmó que la iniciativa ingresará por la Cámara que preside Sergio Massa, todo apunta a que así será, no solo por la experiencia de 2018 sino también por los números apretados que presenta la actual conformación del Senado. Aunque en esta oportunidad hay una gran diferencia: el empuje que la vicepresidenta Cristina Kirchner pueda darle a la ley.

Lo cierto es que, según el sondeo que parlamentario.com lleva adelante desde la renovación parlamentaria, la balanza está inclinada a favor de los “verdes”: hay 121 votos afirmativos y 106 negativos. No obstante, tal como sucedió hace dos años, la llave de la votación está en los indefinidos, 29 en total.

Los últimos dos cambios en la conformación de la Cámara no alteraron el panorama, ya que los reemplazos fueron “verdes” por “verdes”: Guillermo Carnaghi por Darío Martínez -asumió en la Secretaría de Energía-, y Alcira Figueroa por Juan Ameri -renunció tras el escándalo de la escena erótica-.

En el mote de los indecisos, hay tres que en la campaña electoral de 2019 propusieron realizar una consulta popular: son los mendocinos Alfredo Cornejo -titular de la UCR- y su par Jimena Latorre, y el cordobés Carlos Gutiérrez, jefe del bloque que responde al gobernador Juan Schiaretti.

Hasta ahora hay 121 votos a favor, 106 en contra y 29 indefinidos

Entre los indefinidos también se encuentra Sebastián García De Luca (Pro-Buenos Aires), que estaría a favor de la despenalización del aborto pero tiene dudas con la legalización. También por Juntos por el Cambio, el pampeano Martín Berhongaray (UCR) siempre se mostró ambiguo.

Otros dos casos para señalar son los de la chaqueña Aída Ayala -votó a favor en 2018 pero luego dijo que se arrepintió- y la cordobesa Alejandra Vigo -la única que se abstuvo en aquella oportunidad-. También son incógnitas la exgobernadora catamarqueña Lucía Corpacci y el mendocino Alejandro Bermejo, ambos del Frente de Todos.

En la lista de diputados que no se pronunciaron públicamente sobre el tema figura Mariana Zuvic (Coalición Cívica), espada de Elisa Carrió, firme detractora del aborto legal. Tampoco se conoce la postura del “lavagnista” Jorge Sarghini y de los radicales Gerardo Cipolini, de Chaco; Ximena García, de Santa Fe; Jorge “Colo” Rizzotti, de Jujuy; y Víctor Hugo Romero, de Córdoba.

Finalmente, por el Frente de Todos hay 14 integrantes entre signos de interrogación, provenientes de provincias variadas. La tarea de juntar los votos al interior del bloque está cargo, principalmente, de su secretaria parlamentaria, Cristina Álvarez Rodríguez, y de la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades, Mónica Macha.

Entre los oficialistas que esquivaron pronunciarse está ni más ni menos que el titular de la Cámara, Sergio Massa, que la semana pasada recibió a la Campaña por el Aborto Legal, por un lado, y a Unidad Provida, por otro. El tigrense busca mostrar equilibrio y apertura en el debate, pero lo sigue de cerca su esposa, Malena Galmarini, que está a favor.

Los 257 diputados se completan con José Ignacio De Mendiguren, quien se encuentra de licencia por su cargo en BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior). En 2018, tras confesar que su postura original era otra, días antes de la sesión confirmó su acompañamiento. Llegado un caso extremo, podría volver a ocupar su banca.

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, confirmó este lunes que el Poder Ejecutivo enviará el proyecto de legalización del aborto al Congreso en el transcurso de este mes.

“Es oficial, el presidente va a enviar el proyecto de ley en el año 2020, en el mes de noviembre, y va a ser incorporado en el temario de extraordinarias”, detalló Ibarra en declaraciones al canal C5N.

“El presidente asumió en campaña electoral el compromiso de enviar el proyecto de ley del aborto al Congreso. Una decisión que él ratificó ante la Asamblea Legislativa el 1° de marzo, y cada vez que fue consultado ratificó su voluntad de hacerlo”, recordó la funcionaria, que puntualizó luego que “tuvimos y tenemos un año muy complejo por lo que sucedió con la pandemia, vinculado a temas de salud y económicos. El presidente ratificó una y otra vez que va a cumplir su compromiso, y lo va a cumplir”.

Ibarra remarcó entonces que “yo simplemente lo que quiero comunicar acá es oficial: el presidente va a enviar este proyecto de ley en el curso del mes de noviembre y va a ser incorporado en el temario de extraordinarias para ser tratado. Va a haber sesiones extraordinarias y vamos a incorporarlo para su tratamiento”.

Entrevistada en el programa “Minuto Uno”, Vilma Ibarra señaló que “el Poder Ejecutivo va a enviar su proyecto de ley de legalización del aborto, junto con un proyecto de ley que llamamos de mil días, que es en realidad de acompañamiento a los tres primeros años”. Reiteró en ese sentido que “el aborto clandestino en la Argentina es un enorme problema de salud pública. Las mujeres, más allá de la amenaza de prisión, cuando no tienen un proyecto en la maternidad, en muchos casos no es un proyecto la maternidad forzada. Y acuden a un aborto clandestino, que en la Argentina se estima, por las estimaciones más serias que se han hecho, que son entre 370 mil y 520 mil abortos por año. Es una enormidad en donde van las mujeres a exponer su vida y van a exponer su salud. Tenemos en la Argentina entre 38 mil y 40 mil egresos hospitalarios por abortos mal practicados en la clandestinidad”.

“Esto es un problema de salud pública y el objetivo que se ha planteado el presidente es evitar las muertes de mujeres evitables; evitar que queden afectadas su salud, lograr que ingresen al sistema de salud, para poder también acceder a métodos anticonceptivos e información, de forma tal de lograr bajar el número de abortos, y poder lograr bajar el número de embarazos no intencionales”.

“Tenemos un problema de salud pública y queremos atenderlo”, enfatizó la funcionaria.

Consultada sobre cuándo podría ser ley el aborto legal, Ibarra respondió: “Cuando lo decida el Congreso. El presidente va a hacer el anuncio, va a decidir cuándo”, aclarando que “queremos un trámite razonablemente rápido; esto fue muy debatido en 2018, tuvo un debate profundo, completo, y queremos también tener un tratamiento muy respetuoso y muy cuidadoso”.

¿El envío del proyecto significa que están los votos? Ibarra aclaró que “el envío significa que nosotros vamos a empujar, porque creemos que es un problema de salud pública, para que sea ley. Con garantía vienen las heladeras y los lavarropas, los proyectos de ley no vienen con lavandina… Esto lo solía decir Cristina en sus debates en el Senado, y realmente es así. Garantía no tienen estas cosas, los proyectos de ley vienen para ser debatidos: tenemos que debatir, tenemos que explicar y tenemos que respetar”.

“Por supuesto vamos para que se apruebe, porque para nosotros es un tema de salud pública”, concluyó.

Por Carolina Ramos

Sin definiciones sobre el envío del proyecto al Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió este jueves a militantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que exigieron el tratamiento urgente de la ley, y luego escuchó a representantes de la agrupación Unidad Provida, quienes pidieron evitar el debate durante la pandemia.

El primer encuentro se desarrolló al mediodía y tuvo como envión la caravana que marchó este miércoles desde Plaza de Mayo hacia el Congreso. Además de Massa, participaron las diputadas Silvia Lospennato -una de las figuras del grupo “sororo” formado en 2018-, Mónica Macha, titular de la Comisión de Mujeres y Diversidades, y la bonaerense Jimena López.

Un dato saliente fue, además, la presencia de Malena Galmarini, esposa de Massa y presidenta de AySA. En nombre de la Campaña participaron Julia Martino -una de las redactoras del proyecto de ley que fue presentado en 2019 por octava vez-, Marta Alanis, Monica Menini, Mariángeles Guerrero, Constanza Fosch, Pamela Martín García, Analía Más, Marcela Viura, Yamila Picasso y Jenny Durán.

Las activistas insistieron en que “es urgente el tratamiento y la aprobación de la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo” y recordaron que el proyecto de la Campaña todavía tiene estado parlamentario, más allá de la iniciativa que el presidente Alberto Fernández se comprometió a presentar.

“La criminalización del aborto agrava el acceso la salud y las complicaciones por abortos inseguros suman más demanda al sistema sanitario. Es esencial ampliar el marco de derechos y la legalización del aborto voluntario contribuirá a descomprimir los servicios de salud”, manifestó la Campaña en un comunicado.

En la reunión, Massa propuso conformar una “mesa de trabajo” para empezar a abordar el tema, lo que fue recibido con buenos ojos desde el colectivo. “Vamos a potenciar el trabajo con las diputadas adentro de la Cámara”, destacó una de las participantes, que además ponderó que “hay acuerdo en la transversalidad” con que se llevará adelante la discusión.

Massa se limitó a decir que “el mejor momento para discutir el tema” será cuando el presidente presente el proyecto del Ejecutivo. “Yo soy la rueda de auxilio de Alberto”, ironizó. De paso, deslizó que podría convocarse a sesiones extraordinarias para seguir adelante con la agenda parlamentaria, que tiene varios temas pendientes.

“Desde la Campaña intensificaremos la presión para que se inicie el tratamiento. No podemos esperar más y exigimos al Congreso de la Nación y al presidente Alberto Fernández hechos concretos para que tengamos aborto legal en 2020”, concluye el comunicado.

Después de las 15 fue el turno de Unidad Provida, el conglomerado formado en 2018 donde confluyen organizaciones como el Frente Joven y Abogados y Médicos por la Vida. En este caso, Massa estuvo flanqueado por Vanesa Massetani, una fiel suya, y Carmen Polledo, una de las abanderadas del pañuelo celeste.

“Hay muchísimas prioridades sanitarias por las que mantener a la sociedad unida y el aborto no es una de ellas. Van a provocar a millones de personas en todo el país a movilizarse”, fue el argumento principal que llevaron los antiabortistas a la reunión, también en el Delia Parodi.

Ana Belén Mármora, una de las presentes, señaló que “en 2018 nadie imaginó que millones de personas iban a salir a las calles en todo el país para salvar las dos vidas, y el Congreso rechazó el proyecto. La situación es demasiado delicada para abrir un nuevo frente de conflicto que divida aún más al país por un proyecto que nunca fue prioritario y menos ahora”.

Los antiabortistas pidieron que el Gobierno “no ceda ante la presión de sectores radicales que representan a la industria del aborto” y advirtieron que un debate “exprés” en medio de la pandemia “es antidemocrático, porque impide la participación de todos”.

En el encuentro se repartió el libro “Hermana, date cuenta”, de Guadalupe Batallán, quien denunció que “el aborto no es ni fue una prioridad de salud. El aborto inducido causa menos del  0,01% de las muertes femeninas. Hay más de 100 causas antes. Mueren 15 veces más embarazadas que quieren tener a sus hijos, 20 veces más por desnutrición o HIV, 30 veces más por suicidio y 300 veces más por cáncer de mama”.

“Luego de 8 meses de afirmar que sería presentado para su tratamiento para este año, el proyecto de Alberto Fernández no fue presentado. Las últimas declaraciones del presidente y el ministro de Salud fueron contrarias a que este año se tratara el tema. La excusa de la pandemia ya se rebatió y agotó”, sostuvo este martes la diputada nacional Romina del Plá.

Para la legisladora del Frente de Izquierda, “la negativa a mandarlo son los compromisos asumidos con las iglesias en general. El Gobierno privilegia estos acuerdos con el clero a los derechos y la demanda de las mujeres porque necesita su función de contención social cuando la crisis social arrasa”.

Al convocar a movilizarse “masivamente” este miércoles a partir de las 17 al Congreso de la Nación, Del Plá señaló que “cuando la demanda de las mujeres por el aborto legal volvió a hacerse pública, el apoyo volvió a mostrarse masivo. No hay otro camino para derrotar la presión de las iglesias y todas las maniobras que recuperar la calle e intensificar la campaña por el tratamiento ya del aborto legal y la separación de las iglesias y el Estado. Sino, volverá a archivarse como ya hemos visto que sucedió este año”.

“Seremos miles mañana frente al Congreso, el gobierno debe dejar las dilaciones y dar lugar al tratamiento y aprobación de la ley de aborto legal como reclama la marea verde”, concluyó.

Una y otra vez el presidente Alberto Fernández confirmó el futuro envío del proyecto oficial para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, pero la irrupción de la pandemia y la consecuente crisis sanitaria puso en stand by esa cuestión. Así y todo, los últimos días volvieron a insistir desde el oficialismo con la posibilidad de un muy próximo envío del proyecto.

Ahora el presidente Fernández le puso paños fríos a la cuestión. Lo hizo en el marco de una entrevista por Radio 10 en la que ratificó su intención de enviar al Parlamento un proyecto en ese sentido, pero aclaró que no será ahora. Y explicó que tal decisión obedece a la intención de no “generar otro motivo de debate y discordia entre argentinos”.

Fernández insistió en que “estamos avanzando con eso” y recordó que se trata de “una promesa electoral” suya. “Y yo las promesas las cumplo”, dijo, al tiempo que señaló que “tenemos que estar serenos y tenemos que respetarnos” cuando llegue el momento del debate.

¿Cuándo lo enviará entonces? “Tan pronto como podamos”, aclaró, pero por primera vez señaló que “lo que quisiera es que el tema no se convierta en una nueva disputa entre los argentinos. Respetemos a todos, lo que no quiero es que se genere un nuevo debate”.

En este marco estaba previsto para este miércoles que durante el transcurso de la sesión en la que se tratará el Presupuesto 2021, la Cámara de Diputados volviera a teñirse de verde y celeste. A la espera de que el Poder Ejecutivo envíe de una vez por todas el proyecto de despenalización y legalización del aborto, Sergio Massa tenía previsto recibir este miércoles, por separado, a militantes a favor y en contra de la ley.

Las representantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito iban a concurrir a las 16 en el Palacio Legislativo, bajo coordinación de la diputada Cecilia Moreau (Frente de Todos), presidenta de la Comisión de Legislación General. En tanto, a las 18.30 iba a ser el turno de Unidad Provida, el conglomerado de organizaciones que se formó en 2018 al calor del debate. En este caso era la santafesina Vanesa Messetani, también del oficialismo, quien se puso al hombro la organización del encuentro.

Ambas reuniones se iban a hacer en el Salón Delia Parodi, pero fuentes cercanas al presidente de la Cámara baja confiaron a parlamentario.com que las reuniones habían sido suspendidas.

Precisamente este martes Sergio Massa almorzó con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada.

Por Carolina Ramos

En el transcurso de la sesión en la que se tratará el Presupuesto 2021, la Cámara de Diputados volverá a teñirse de verde y celeste. A la espera de que el Poder Ejecutivo envíe de una vez por todas el proyecto de despenalización y legalización del aborto, Sergio Massa recibirá este miércoles, por separado, a militantes a favor y en contra de la ley.

En una búsqueda por hacer equilibrio y mostrar apertura, el titular de la Cámara baja tiene previsto escuchar a ambas facciones. Las representantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito se dieron cita a las 16 en el Palacio Legislativo, bajo coordinación de la diputada Cecilia Moreau (Frente de Todos), presidenta de la Comisión de Legislación General.

En tanto, a las 18.30 será el turno de Unidad Provida, el conglomerado de organizaciones que se formó en 2018 al calor del debate. En este caso es la santafesina Vanesa Messetani, también del oficialismo, quien se puso al hombro la organización del encuentro.

Ambas reuniones se harían en el Salón Delia Parodi, contiguo al de Pasos Perdidos, y obligarían a Massa a ausentarse durante esas horas en la sesión en la que se tratará el Presupuesto para el año próximo.

“La garantía que quiere dar Massa es que el debate se lleve a cabo, en los tiempos que marque el Poder Ejecutivo”, confiaron fuentes consultadas. El titular de la Cámara baja -que, llegada una situación extrema, debería desempatar con su voto- no expresó públicamente su postura sobre el tema, del cual por ahora se mantiene al margen.

La Campaña por el Aborto planea transmitirle a Massa los argumentos de por qué “es urgente” la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y a la vez pedirán que el tratamiento del proyecto sea expeditivo, sin entrar en largas jornadas con especialistas como las que se realizaron hace dos años.

Las comisiones que se abocarían al debate serían las de Legislación General, presidida por Moreau; Salud, encabezada por Pablo Yedlin; Legislación Penal, conducida por Carolina Gaillard; y Mujeres y Diversidad, al comando de Mónica Macha. Todos ellos son del Frente de Todos y están a favor del aborto legal.

Por parte de Unidad Provida el pedido será impedir que se abra el debate este año, en plena pandemia. “No es el momento. Se trató hace dos años y estamos en una situación crítica a nivel sanitario y económico”, opinó un referente de ese sector, que además advirtió que “esto hará que la gente se manifieste de manera masiva en las calles”, lo cual “sería contraproducente”.

El presidente Alberto Fernández ratificó este martes que el Gobierno está “avanzando” en el proyecto. “Es una promesa electoral mía y yo las promesas las cumplo”, dijo a Radio 10, y agregó: “Nunca oculté en la campaña electoral lo que a mi juicio hay que hacer con el aborto”.

Fernández insistió en que enviará la iniciativa “tan pronto como pueda” y señaló que mientras persiste la pandemia “los abortos siguen existiendo y muchas mujeres terminan siendo lastimadas o terminan muriendo en abortos clandestinos”.

Sin embargo, advirtió: “Yo lo que quisiera es que el tema no se convierta en una nueva disputa entre los argentinos. Respetemos a todos. Lo que no quiero es que se genere un nuevo debate”.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, reiteró hace dos semanas que va a mandar al Congreso el proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. “Yo lo que esperé todo este tiempo es que la pandemia reciba toda nuestra atención, también la atención legislativa”, expresó por C5N al justificar la demora a lo largo de este año en el envío del proyecto.

“Más que un compromiso legislativo, tengo una convicción”, insistió Fernández.

Paralelamente la socióloga Dora Barrancos, muy cercana al Gobierno, anticipó hace pocos días la inminente presentación del proyecto y consideró que “es estratégico que el Ejecutivo envíe el proyecto para legalizar el aborto”.

En ese marco es que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito anunció que esta semana realizará diferentes acciones e intervenciones frente al Congreso de la Nación, “en días decisivos para nuestra demanda”, señalaron voceros del sector, que aclararon que no serán pañuelazos, ni convocatorias, ya que “nos seguimos cuidando”.

Lo cierto es que este miércoles a las 16 se reunirán con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Junto a la Campaña estarán integrantes de la Articulación federal y de la comisión de Cabildeo.

“Le trasladaremos la preocupación del movimiento en relación a los tiempos acotados para el tratamiento de la Ley IVE en 2020 y en caso de que se habilite, expresar lo que para nosotras son pisos mínimos para el debate: sin ataques, sin fake news ni desinformación sobre el derecho al aborto”, expresaron dese la Campaña.

Lo cierto es que los tiempos para el eventual tratamiento del proyecto en el Congreso están bastante acotados. A días del inicio de noviembre, se inicia la cuenta regresiva para el final del período ordinario y no están dadas las condiciones para su abordaje en comisiones como corresponde. No dan los tiempos.

Como sea, ¿cómo están los números en el Congreso? Por lo pronto, según un sondeo realizado por parlamentario.com, hoy por hoy el proyecto tiene 121 votos a favor asegurados en la Cámara baja. Hay 106 en contra.  A su vez, hay 8 indefinidos, y una abstención, la de la cordobesa Alejandra Vigo, que ya se abstuvo en la votación de 2018.

Hay 20 diputados que no se han pronunciado y se debe tener en cuenta a José Ignacio de Mendiguren, de licencia.

Ante la intención del Gobierno de avanzar en lo que resta de este año con el proyecto de ley de aborto legal, representantes de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas.

A través de un comunicado, las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresaron este jueves que les “sorprende tristemente” la noticia sobre el pronto envío de la iniciativa al Congreso, y consideraron que la situación de la salud pública “hace insostenible e inoportuno cualquier intento de presentar y discutir” una ley de ese tipo.

“Las últimas noticias sobre la inminente introducción del proyecto de ley de aborto al Congreso Nacional nos sorprenden tristemente porque desalientan la búsqueda del encuentro fraterno e imprescindible entre los argentinos”, dice el texto.

Para los obispos, “así como la dignidad de la vida y la promoción de los derechos humanos son conceptos centrales en una agenda auténticamente democrática, la situación general de la Salud Pública, planteada por esta dolorosa coyuntura, hace insostenible e inoportuno cualquier intento de presentar y discutir una ley de estas características”.

Asimismo, resaltaron que la iniciativa del Gobierno “oscurece gravemente el horizonte que nos propone el papa Francisco en su reciente Encíclica Fratelli tutti: abrir el corazón ante un mundo que rompe en pedazos los sueños y se encierra detrás de una mirada egoísta y excluyente”.

En el comunicado, la CEA sostuvo que “el sentido común -que abunda en el pueblo sencillo- nos revela que no hay lugar para pensar en proyectos legislativos que contradicen el discurso que dice cuidar a todos los argentinos como prioridad”.

“El ánimo de los argentinos se sobrepone a situaciones extremas con paciencia, ingenio y esperanza -aún ante la pérdida de seres queridos en las familias-“, agregaron y enfatizaron sobre “el humillante aumento en la cantidad de hogares cada vez más pobres”.

Los obispos se refieren, asimismo, a “un año escolar que dejó al margen a una gran cantidad de alumnos y puso en evidencia la desigualdad de recursos y medios”, y destacan también a “los heroicos agentes sanitarios agotados por el esfuerzo sobrehumano”, que “nos piden a gritos que cuidemos la vida”.

“Desde el comienzo de este largo tiempo en que respondemos como sociedad a la virulencia de una pandemia inesperada, la Iglesia ha acompañado todas las acciones destinadas a enfrentar y mitigar las consecuencias del Covid-19”, continuaron.

En ese sentido, manifestaron que ese apoyo se hizo “con prudencia y respeto a las decisiones de la autoridad política y sanitaria, ya que sabemos que la búsqueda y el fortalecimiento de la unidad es una consigna para la superación de todo lo que nos aflige como país y como humanidad”.

“Recordamos aquella consigna dramática y todavía vigente del Santo Padre en su oración del 27 de marzo: ‘¡Estamos todos en la misma barca!’ ‘¡Nadie se salva solo!’ Nos preocupa todo cuanto pueda alejarnos de este compromiso por la unidad a favor del bien común o que pueda acrecentar la brecha que nos divide”, subrayaron.

Por último, el Episcopado afirmó que la pandemia “nos ha alertado que el Estado debe velar por el cuidado de la ‘salud pública’; es decir, el cuidado de la vida humana”. “No cuidar todas las vidas, toda la Vida, sería una falta gravísima de un Estado que quiere proteger a sus habitantes. Invitamos a la prudencia política para no desalentar la búsqueda de la máxima unidad posible en un cuerpo social herido por los desencuentros entre argentinos”, concluyeron.

El mensaje de ACIERA

Al respecto también se manifestó la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), que recordó que “la pandemia no ha pasado” y “estamos en cifras cercanas al millón de casos de Covid-19. Los sistemas sanitarios están colapsados en diferentes lugares del país, y con récord de muertes diarias, escalando a los primeros lugares del mundo”.

“Sin importar esta situación, las presiones de los grupos pro aborto y la decisión del Gobierno de impulsar la ley, a pesar de que hace dos años el mismo Congreso de la Nación la rechazó por amplia mayoría, hace que nuevamente estemos frente a una discusión que solamente produce grietas en el país”, aseveraron.

Para los evangélicos, “no se tiene en cuenta la irrazonabilidad de la medida, ni el inoportuno momento que estamos viviendo como sociedad. Sino que se pretende imponer el punto de vista de unos, por encima de los otros. Si la salud y la vida de la gente está por sobre la economía, también debe estarlo por encima de las ideologías que pretenden superponer sus propios intereses por la misma gente”.

“Cuidar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, en todos sus aspectos, es un mensaje y un mandato. No solamente desde nuestras leyes y nuestra Constitución, sino desde el mismo sentido común y desde la propia naturaleza que lleva a la preservación de la raza humana, siendo el derecho a nacer un derecho humano inalienable”, argumentaron.

ACIERA opinó que “el debate de este tema tan trascendente para los argentinos, sin duda, provocará manifestaciones de todas las maneras posibles. Por un lado, de los que defendemos las dos vidas, para hacer oír a los que no tienen voz: los niños y niñas por nacer. Por el otro, también de aquellos que opinan lo contrario”.

“La calle es el único ámbito público donde la gente puede expresar su voz ante la sordera de una clase política que no entiende el momento crítico que estamos atravesando. La responsabilidad está en aquellos que toman las decisiones políticas, nunca en el pueblo. La historia juzgará las decisiones, rogamos a Dios que sean las correctas. No es el tiempo de discutir el aborto, estamos en medio de una pandemia”, insistieron.

En el texto también recordaron que se celebró el Día de la Madre “levantando bien alto el honor y valor de quienes son portadoras de vida en su seno. Redoblando el esfuerzo y la acción en favor de aquellas que con valentía deciden dar vida aún en circunstancias adversas”.

Finalmente, expresaron: “El tiempo que vivimos requiere de nuestro compromiso y responsabilidad, de firmeza en las decisiones y coherencia frente a la complejidad de las situaciones que se presentan. Por ese motivo, desde ACIERA seguiremos orando por las dos vidas junto a las Iglesias Evangélicas que la componen, en todo el país. Realizaremos todos los esfuerzos posibles para que el Gobierno, y el pueblo argentino, no caiga en el error y el descuido de nuestras futuras generaciones”.

A comienzos de marzo, las diputadas Brenda Austin, Silvia Lospennato, Karina Banfi, Carla Carrizo, Mónica Macha y Josefina Mendoza fueron denunciadas penalmente por la Fundación Más Vida, una de las más representativas de los sectores “celestes” que rechazan la legalización del aborto. La causa contra las legisladoras fue impulsada por el supuesto delito de “incitación a cometer crímenes de odio”, atribuyéndoles la violación del artículo 212 del Código Penal y la Ley 23.592 antidiscriminación. El argumento para la denuncia fue haber supuestamente proferido cánticos que amenazaban con “quemar la catedral”.

La causa recayó en el Juzgado Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, justo cuando arrancó la cuarentena por el Covid-19, lo que contribuyó a que la causa no se moviera, hasta que finalmente trascendió que la fiscalía había la falta de mérito por el supuesto delito adjudicado a las diputadas.

Ante ello, la Fundación Más Vida hizo varios pedidos de informes al magistrado para conocer el estado procesal de la causa, hasta que Martínez de Giorgi confirmó la inexistencia de delito, fundamentando que la incitación al delito denunciado no significaba que el mismo fuera a cometerse, y que dicha amenaza estaría amparada en la libertad de expresión.

Ante ello, la fundación impulsó una denuncia por prevaricato, argumentando que “los tratados internacionales suscriptos por la República Argentina establecen claramente que la incitación a cometer crímenes de odio, sea por motivos de raza, color, etnia o religiosos, no se encuentran encuadrados dentro de la libertad de expresión, y que por el contrario los países deben prohibirlos y condenarlos, ya que se consideran la antesala de los repudiables crímenes de lesa-humanidad”.

La denuncia quedó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti. La entidad pro vida busca reforzar su denuncia argumentando los antecedentes de intentos incendiarios contra templos, y va más allá de nuestras fronteras, al traer a colación el sucedido esta semana contra una catedral chilena incendiada casi por completo por un grupo extremista.

“Yo voy a mandar esa ley, yo lo que esperé todo este tiempo es que la pandemia reciba toda nuestra atención, también la atención legislativa”. De esa manera, el presidente Alberto Fernández respondió a la pregunta referida al proyecto de despenalización del aborto, una de sus promesas de campaña.

Entrevistado en el programa “Brotes verdes”, de C5N, el primer mandatario reiteró que él tiene “un compromiso” en ese sentido, pero “más que un compromiso legislativo, tengo una convicción”, enfatizó, recordando que “en la Argentina las mujeres se siguen muriendo por abortos mal practicados, y muchas más mujeres quedan lesionadas de por vida por abortos mal practicados”.

“Yo en eso no he cambiado un ápice, no he cambiado nada -precisó-. Simplemente por una cuestión de oportunidades, si se me permite el término, entendiendo que la pandemia debía ocupar nuestra atención, postergué el envío de la ley. Pero la ley la vamos amandar, por supuesto que sí”.

Luego del contundente pañuelazo realizado este lunes frente al Congreso de la Nación, en el marco del Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del aborto en América Latina y el Caribe, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, reiteró su disposición a habilitar la legalización del aborto.

A través de Twitter, el presidente señaló: “La penalización del aborto ha fracasado como política. Mueren mujeres por abortos clandestinos y otras sufren graves secuelas en su salud”.

“Ratifico mi compromiso para legalizar el aborto, garantizar el acceso a los servicios de salud e implementar con eficacia la ESI. #SeraLey”, concluyó el mandatario, que en campaña y a poco de asumir como presidente anticipó que en el primer trimestre de este año mandaría el proyecto de ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso de la Nación. Sin embargo y como en tantos otros casos, el tema fue postergado por la crisis sanitaria desatada por el coronavirus.

La penalización del aborto ha fracasado como política. Mueren mujeres por abortos clandestinos y otras sufren graves secuelas en su salud.
Ratifico mi compromiso para legalizar el aborto, garantizar el acceso a los servicios de salud e implementar con eficacia la ESI.#SeraLey

— Alberto Fernández (@alferdez) September 28, 2020

De la movilización de este lunes participaron militantes feministas y de izquierda. Entre ellas, la diputada de izquierda Myriam Bregman, que salió al cruce del presidente respondiéndole a su tuit: “Las mujeres continúan muriendo por aborto clandestino bajo su gobierno”.

“¿Y si terminamos con el pasamanos? Es Urgente que el oficialismo habilite el debate en diputados como hace 2 años. #AbortoLegal2020 #QueSeaLey”, tuiteó por su parte la diputada nacional de la UCR Evolución Carla Carrizo.

El legislador porteño Roy Cortina dijo a su vez que ”en el Día de Lucha por la Legalización del Aborto, ratificamos nuestro compromiso por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En julio, en la @legiscaba aprobamos la adhesión al protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).#SeráLey. #AbortoLegal2020#.

A su vez, la diputada radical Karina Banfi manifestó su compromiso con la causa del aborto seguro, legal y gratuito en la República Argentina, y reprochó el incumplimiento del compromiso asumido por el presidente Fernández en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. “El Congreso debate todos los proyectos que envía el Poder Ejecutivo. Por eso creo que cumplir con el compromiso de darle tratamiento a esta ley es urgente”, afirmó la legisladora de la oposición.

“En el 2018, durante el gobierno de Cambiemos, Argentina pudo dar un debate trascendente en esta agenda. Logramos media sanción en Diputados, donde tratamos la despenalización y legalización de esta práctica sanitaria. Fue rechazada en el Senado, pero nos quedó una clara consciencia en la necesidad de esta política pública” subrayó Karina Banfi. Por último, la diputada afirmó que los abortos en nuestro país “son una realidad”, y que los abortos clandestinos “siguen pasando, y sigue poniendo en riesgo la vida de todas nosotras”.

“28S Día de Acción Global por el Derecho al Aborto Legal y Seguro. Argentina puede volver a liderar la ampliación de derechos en América Latina. Presidente envíe su proyecto que estamos listas para debatirlo Corazón verde #AbortoLegal2020 #LaMareaVerdeNoPara”, escribió la diputada Silvia Lospennato, en tanto que la kirchnerista Mónica Macha señaló: “Se trata de nuestros cuerpos, nuestros derechos, nuestros deseos y nuestra soberanía impostergables”.

Se trata de nuestros cuerpos, nuestros derechos, nuestros deseos y nuestra soberanía impostergables.
💚#SeraLey #28s #EsUrgente #AbortoLegal2020 pic.twitter.com/Lb19tq56Pn

— Mónica Macha (@MoniMacha) September 28, 2020

“En cuanto pueda lo voy a mandar”, garantizó este martes el presidente Alberto Fernández en relación al proyecto para despenalizar y legalizar el aborto, luego de que se difundiera la versión de que el Poder Ejecutivo postergaría su envío al Congreso debido a la pandemia del Covid-19.

“Es un tema que tenemos que resolver. En cuanto pueda lo voy a mandar. Es un tema que la Argentina debe resolver”, remarcó el mandatario nacional, y agregó: “Tengo muy en claro que cualquier momento sirve a otros para dividir a la sociedad en un momento en que tenemos que estar unidos por la pandemia”.

En declaraciones a Futurock, el jefe de Estado insistió: “Es una convicción que yo tengo y en cuanto pueda lo voy a mandar. Después tendrá la discusión parlamentaria, pero es un tema que la Argentina debe resolver”.

Luego de que se cumplieran dos años del rechazo de la ley en el Senado, el portal Infobae publicó que el Gobierno tendría decidido posponer el envío del proyecto al Congreso a causa de que el Ministerio de Salud está abocado por completo a la atención de la emergencia sanitaria.

Esta noticia encendió luces de alarma en diputadas a favor de la legalización y en la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que emitió un comunicado exigiendo no dilatar el debate.

Luego de que trascendiera la versión de que el presidente Alberto Fernández no enviará este año al Congreso el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, tal como había anunciado, la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito exigió no demorar el tratamiento de la iniciativa.

Según publicó el portal Infobae, Fernández decidió no mandar este año el proyecto debido a la pandemia del Covid-19 y el aumento de contagios, lo que demanda que el Ministerio de Salud esté totalmente abocado a la contención de la emergencia sanitaria.

El sábado pasado se cumplieron dos años del rechazo del proyecto en el Senado, y en la previa de ese aniversario, la Campaña por el Aborto realizó una intervención con gigantografías en distintos puntos del país.

Además, se llevó adelante una acción en las redes sociales con el hashtag #AbortoLegal2020, a la que sumaron funcionarios y organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos.

✋🏼La protección de la salud es integral y requiere promoción, cuidado y asistencia.
Reducir el sistema de salud a enfermedades virales atenta contra los derechos fundamentales.
❗El acceso a la #ILE también salva vidas por lo que exigimos su tratamientohttps://t.co/ujAIDfbHvP

— Dolores Martinez (@martinezdolom) August 10, 2020

“Esta demanda sigue siendo una deuda de la democracia y aun en pandemia siguen existiendo los abortos practicados en condiciones inseguras. Por eso seguimos exigiendo que tengamos esta ley para salvar vidas y brindar condiciones dignas a mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir el embarazo”, insistió la Campaña.

En el comunicado, la organización sostuvo que “es una cuestión de salud pública, Derechos Humanos y justicia social”.

Alberto Fernández insiste en que no es prioridad legalizar el aborto “porque es una presión al sistema de salud”. La presión es la de las iglesias sobre su gobierno, para el sistema de salud la carga es la atención a las mujeres víctimas de la práctica clandestina. AbortoLegalYa!

— Romina Del Plá (@RominaDelPla) August 10, 2020

“Esperamos que las instituciones de la democracia y los organismos de Derechos Humanos se sigan pronunciando por este derecho y en repudio a los ataques de odio a la libertad de expresión de parte de quienes pretenden acallar nuestro reclamo”, exigieron.

Por último, reafirmaron: “Los mensajes de odio de los antiderechos y grupos fundamentalistas no nos detendrán. Lamentamos la falta de responsabilidad de periodistas y medios de comunicación que buscan desinformar claramente beneficiando a estos sectores antiderechos. Nosotras seguimos organizadas y exigiendo más que nunca. Nuestra exigencia es #AbortoLegal2020”.

Si bien afirmó varias veces a partir de su asunción presidencial que enviaría el proyecto sobre el aborto de manera inminente, la pandemia trabó de manera indefinida el proyecto de ley sobre el aborto. En efecto, el coronavirus irrumpió de lleno en la Argentina promediando el mes de marzo, justo cuando supuestamente el Ejecutivo se preparaba para remitir el proyecto al Congreso, así que la cuestión quedó en veremos.

Difícilmente en plena crisis sanitaria pudiera llegar a discutirse semejante tema en nuestro medio.

Ante la consulta puntual que le hicieron este lunes al presidente Alberto Fernández sobre el aborto, este explicó que lo mandará “tan pronto se pueda”, pero garantizó que hará “todo lo posible para que se convierta en ley”.

“Yo espero mandarlo tan pronto se pueda. El proyecto va a ir al Congreso y voy a hacer todo lo posible para que se convierta en ley”, explicó el primer mandatario.

Durante una entrevista realizada en la Televisión Pública, el presidente dijo que está “tratando de encontrar el momento para hacerlo. Pero que el proyecto va a ir al Congreso y que yo voy a hacer todo lo posible porque ese proyecto se convierta en ley, créanme que lo voy a hacer”.

“Lo que pasa es que es un tema que sé que va a generar un debate porque ahí la Argentina no tiene una opinión muy unificada”, agregó el primer mandatario.

Por último, recordó que el Congreso está funcionando vía Zoom, y en ese marco aclaró que “no quiero generar con esa imposibilidad un debate más en la Argentina”.

Las organizaciones “provida” llaman a manifestarse frente a la Legislatura del Gobierno de la Ciudad para este lunes, ya que según trascendió se abordaría una “sesión informativa” sobre aborto. La convocatoria fue definida contrarreloj por las principales ONG “celestes”, luego de conocida la noticia en algunos medios el viernes, dando cuenta sobre la intención de incluir la temática del aborto en el orden del día programado para este 8 de junio.

Raúl Magnasco, presidente de Mas Vida, la principal ONG celeste, refirió al respecto: “No deja de sorprender la falta de anuncio sobre este intento de abordar el aborto en la Legislatura, cuando el mismo (Horacio) Rodríguez Larreta definió públicamente que la Ciudad no adhiere al protocolo. Pretender abordar una medida impopular en tiempo de cuarentena, sin ningún anuncio, recuerda los peores tiempos de nuestro país, cuando el gobernante de turno obraba a espaldas de la ciudadanía. Eso es algo que como argentinos debemos evitar, tanto el aborto como estos desmanejos políticos”.

El llamado de las agrupaciones “provida” es a estar “presentes en la Legislatura” este lunes a las 12, cuando se espera den inicio a la reunión informativa, la que contaría con un formato mixto, con algunos legisladores presenciales y otros presentes de manera remota.

Si bien hasta el momento el cuerpo legislativo de la Ciudad no confirmó la realización de la reunión, a las ONG agrupadas en una suerte de “mesa de enlace” solo les tomó algunas horas organizarse de forma remota a través de la plataforma Zoom para debatir la necesidad de movilizarse, tanto como para dar difusión en las redes sociales bajo el hashtag #LarretaAbortoNo.

Según Ayelén Alancay, experta en lograr tendencias en la red social Twitter, el mensaje va dirigido directamente al jefe de Gobierno, quien se manifestó en mas de una oportunidad a favor de la vida, y quien cuenta con los medios para evitar que la Legislatura sesione a espaldas del pueblo en temas contrarios a la voluntad de la mayoría, especialmente en tiempos de cuarentena. “Queremos un gobierno y una Legislatura que respeten y representen a los ciudadanos”, añadió Alancay.

Facundo Gauto, fundador de “Somos Todo Vida”, otra de las organizaciones celestes, se mostró complacido por el éxito de la convocatoria lograda en tan poco tiempo: “Quiero agradecer el compromiso de cada una de las organizaciones, que en menos de 24 horas de conocido el hecho pudimos coordinar esfuerzos para estar presentes en la redes y en las calles, esto representa un récord y también la consolidación de un espacio predominante de la sociedad, cada vez mas atentos y preparados para defender el derecho humano a la vida”.

Consultados sobre la restricción vigente en torno a la cuarentena, Gastón Ramirez, presidente de “UnquiXlaVida” indicó: “La Constitución Nacional establece con jerarquía predominante el derecho a manifestarse. Por eso hemos visto algunas movilizaciones, que encuadran de forma legal incluso durante la vigencia de la cuarentena obligatoria. Lo que nos convoca a estar presentes en la legislatura es la defensa de los mas vulnerables, las madres que serían sometidas a un aborto de aprobarse, y los niños prenacidos que serían eliminados sin poder defenderse. Somos la voz de los que no tienen voz”. Y luego añadió: “Cuidamos toda vida, por eso invitamos a copar nuevamente las redes sociales, y el lunes a estar presentes, guardando la debida distancia y llevando nuestros tapabocas. Podemos cuidarnos mientras cuidamos la vida de los mas indefensos”.

La noticia trascendida el pasado viernes sobre la reunión informativa programada para el día lunes, tuvo lugar en contextos donde el presidente Alberto Fernández manifestara que no tratará el proyecto de aborto en el corto plazo, ya que se dispone a atender las urgencias generadas por el Covid-19 y la deuda externa, al tiempo que el sector Provida copara las redes con su #SiHayAbortoYoSalgo, lo que habría generado malestar dentro del oficialismo porteño basado en lo “inoportuno” del anuncio.

La Asamblea de Mujeres y Disidencias de la izquierda realizó este miércoles un acto en Plaza de Mayo, con la participación de la diputada nacional Romina Del Plá (Partido Obrero), con motivo de conmemorarse el quinto aniversario de Ni Una Menos.

La concentración fue convocada por las redes sociales y las manifestantes aseguraron haberse movilizado “con todas las medidas de seguridad e higiene”.

Del Plá expresó su “enorme preocupación frente a las declaraciones del presidente respecto a que el aborto legal no está en su agenda porque, lejos de pasar a segundo plano en la pandemia, las urgencias de las mujeres se tornan aún más graves”.

Seguimos en la Plaza: la negativa a presentar el proyecto de aborto legal que el presidente anunció el 1/3 permite a las iglesias extender su lobby reaccionario en el sistema de salud. El proyecto de la Campaña, el de la Ola Verde, está presentado y para avanzar. #AbortoLegalYA pic.twitter.com/JWeoY3DjpB

— Romina Del Plá (@RominaDelPla) June 3, 2020

“Lo vemos en los hospitales, donde el lobby clerical no permite a las niñas, adolescentes y mujeres acceder a sus derechos; en la crisis de violencia de género y femicidios en el contexto de encierro; y en el aumento de despidos, suspensiones y recortes salariales, que a las mujeres precarizadas las golpea en primer lugar”, sostuvo la legisladora.

Durante el acto se leyó un extenso documento que tuvo como ejes la violencia de género, los femicidios y travesticidios; el aborto legal, seguro y gratuito y la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI); el no pago a la deuda externa y la ruptura con el FMI; los derechos laborales de mujeres, lesbianas y trans; y las redes de trata de personas.

“En este 3 de junio, tras cinco años de ganar las calles masivamente al grito de Ni Una Menos, desde esta Asamblea de Mujeres y Disidencias continuamos reivindicando que las vidas de las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binares y de todes les trabajadores y trabajadoras valen, por eso seguimos organizadas y en las calles diciendo que Vivas nos queremos, Ni Una Menos, el Estado y los gobiernos son responsables”, señala el documento.

El texto contó con la adhesión de numerosas organizaciones políticas, gremiales, de Derechos Humanos, estudiantiles y culturales, además de movimientos piqueteros.

La discusión por el aborto legal, seguro y gratuito volvió a encenderse este martes en la Cámara de Diputados, durante una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, presidida por Mónica Macha (Frente de Todos), con la participación de activistas feministas.

Al término de las exposiciones, en las que se plantearon las dificultades para acceder a los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia, intervino -entre otras- la diputada Natalia Villa (Pro), una de las más férreas opositoras a la ley de aborto.

“El colectivo de mujeres es muy diverso. Tenemos pensamientos distintos. Me da mucha tristeza que hoy muchas mujeres no tuvimos representación en esta charla”, lamentó la bonaerense, y agregó: “Yo soy parte del colectivo de mujeres que no cree que el aborto sea un derecho. Me hubiera encantado tener una oradora que me represente a mi y a muchas mujeres argentinas”.

Villa recordó que “en 2018 vimos un Congreso dividido, una calle dividida, un país dividido. En 2020 pasa exactamente lo mismo”. “Es muy triste que desde esta comisión no le demos la oportunidad a un montón de mujeres de que también estén representadas. Estamos en una comisión donde suena una sola campana”, expresó.

La legisladora del Pro insistió: “Es hora de que podamos convivir aunque no pensemos igual. Soy la única de esta comisión que tiene una posición distinta, pero no soy la única en Argentina que piensa que el aborto no es un derecho humano”.

Sin embargo, Macha respondió que al momento de la convocatoria a la reunión, Villa no propuso a ningún invitado para sumar al programa. “Si había alguna idea de convocar a otra persona, se podría haber hecho en ese momento”, aclaró.

Al cierre de la reunión, Macha reforzó: “Durante muchísimos años, nuestras posiciones -que hoy se ven representadas mayoritariamente en la comisión- han sido minoría, y esa minoría significó la muerte injusta de muchas mujeres”.

“Quienes estamos a favor de la legalización del aborto y en contra del aborto clandestino, no consideramos la posibilidad de obligar a nadie ni a parir ni a abortar”, explicó, y concluyó: “En la medida en que no contemos con esta ley, miles de mujeres siguen muriendo a causa de abortos clandestinos”.

Activistas feministas del movimiento Ni Una Menos, integrantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y especialistas coincidieron este martes en la necesidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia del Covid-19.

Así se expresaron durante una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, convocada por Mónica Macha (Frente de Todos).

La legisladora explicó que la reunión virtual tuvo como motivación tres fechas del “calendario feminista”: el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebró el 28 de mayo; los 15 años de la Campaña por el Aborto Legal; y el reclamo del movimiento Ni una menos, que será este miércoles.

La primera en exponer fue Ana Morillo, integrante de la Campaña por el Aborto y de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, quien subrayó que en el marco de la pandemia “se está trabajando fuertemente para acompañar a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar en cuanto al acceso a derechos reproductivos”.

La especialista  agregó que la situación difiere según la provincia y puso como ejemplo el de su provincia, Córdoba, donde recién en septiembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia habilitó la ejecución del protocolo provincial para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). “El fallo tuvo un atraso de siete años”, se quejó.

En ese sentido, Morillo advirtió que “se está obstaculizando y complejizando el acceso” a esta práctica “por diferentes motivos”, entre los que señaló “la falta de difusión”. “No está llegando como queremos que llegue a todas las mujeres del país”, reconoció, y añadió que en muchos casos “los gobiernos locales no están acompañando”.

Por otra parte, señaló que con la pandemia “la virtualidad es un problema, porque llegan solo las mujeres que tienen acceso a Internet y a las redes. Las mujeres de los barrios populares no logran este acceso”.

En reunión informativa de la comisión de Mujeres y diversidad de @DiputadosAR nuestra compañera @AnaMorillo73 expone sobre situación en en provincias con respecto a la atención en la salud de las mujeres #AbortoLegal2020 pic.twitter.com/HuBEqfoww3

— #EsLey #SeguimosEnCampaña💚 (@CampAbortoLegal) June 2, 2020

A continuación, Julia Martino, también integrante de la Campaña por el Aborto, recordó que el proyecto se presentó el año pasado en la Cámara de Diputados por octava vez, y este año había gran expectativa por la iniciativa del Poder Ejecutivo. “Cuando ya estaba por mandar el proyecto, vino la pandemia y quedó todo a la espera”, dijo.

Y agregó: “Esperemos que a medida que se pueda ir superando esto y que el Congreso vuelva a sesionar en forma presencial, en la nueva normalidad, podamos sentarnos a hablar y a ver de qué manera despenalizamos y legalizamos el aborto”.

“A pesar de la pandemia, que se lleva todas las noticias y la atención de la salud, las mujeres siguen teniendo embarazos no deseados y abortando”, advirtió Martino, y en ese sentido indicó que “aumentaron muchísimo los llamados al 0800 Salud Sexual” (0800-222-3444), lo que dejó en evidencia  “la necesidad de que estos servicios se sigan prestando”.

En tanto, Martino informó que según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, “cada día, seis niñas menores de 15 años son madres”, y por esa razón remarcó la necesidad de que “la ESI (Educación Sexual Integral) se siga impartiendo más allá de las complejidades de la virtualidad, porque es una de las políticas de prevención de las más importantes”.

Por último, reflexionó: “Pensemos que por año hay cerca de 50.000 internaciones en los hospitales públicos por abortos inseguros. Es un número enorme y esas camas ahora adquieren otro valor debido al coronavirus”.

A su turno, Malena Correa, de Casa FUSA, advirtió que “los efectores de primer nivel están teniendo problemas de referencia territorial y de derivación, y esto es restrictivo para cualquier persona que quiere acceder a la ILE”.

La periodista Marta Dillon se refirió a la marcha Ni Una Menos y recordó que “esa primera vez, la presencia de los cuerpos en la calle hablaba de un hartazgo social sobre la violencia de género y patriarcal”.

“La violencia machista es un entramado cultural, político y económico que expone a unas más que a otras, y que tiene secuelas que hacen a la salud, por lo que esta atención tendría que estar entre las prioridades”, consideró, y opinó que “esto está íntimamente ligado con la demanda del aborto legal, fundamental para la autonomía de las mujeres y personas gestantes”.

Por otro lado, se refirió a la “crisis” que genera “la sobrecarga de las tareas de cuidado sobre mujeres, lesbianas y trans” en el contexto del aislamiento social, y en ese sentido pidió “que se reconozcan estas tareas como esenciales”. A su vez, mencionó en cuanto al coronavirus, que “cuando hablamos de higiene y desinfección, siempre recae sobre las mujeres”.

“Aunque ahora estemos en las redes, vamos a volver a las calles a decir Ni Una Menos y Aborto Legal Ya”, prometió Dillon.

En la reunión también expuso la ginecóloga infanto-juvenil Sandra Vázquez, quien llamó a “entender a los adolescentes como sujetos de derecho”, ya que “en general no conocen sus derechos” y es necesario “empaparlos de estos temas”.

Vázquez lamentó que con la pandemia “no existen los adolescentes” dado que  “no aparecen como población de riesgo”, a diferencia de los adultos mayores, y por lo tanto “no han estado en el centro de la escena”.

La última disertante en la reunión virtual fue Patricia Rosemberg, exdirectora de la Maternidad Estela De Carlotto, quien advirtió que las instituciones de salud son “reproductoras del machismo y del patriarcado que se instalan en un lugar de control social”, y por eso llamó a “pensar cómo transformar esas organizaciones desde adentro”.

Activistas del movimiento Ni Una Menos e integrantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito participarán este martes a las 15 de una reunión virtual de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, que preside Mónica Macha (Frente de Todos).

Fueron invitadas a exponer Marta Alanis y Ana Morillo por parte de la Campaña por el Aborto; la periodista Marta Dillon; y la exdirectora de la Maternidad Estela de Carlotto, la médica generalista Patricia Rosemberg.

La reunión informativa se dará con motivo de conmemorarse, el pasado 28 de mayo, el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

Asimismo, este miércoles se conmemorará un nuevo Ni Una Menos a través de las redes sociales, ya que la tradicional marcha no podrá hacerse por el aislamiento social y obligatorio.

El último encuentro de la comisión fue el 27 de abril, cuando expuso la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien se refirió a las medidas tomadas en el marco de la pandemia del Covid-19.

Este sábado a partir de las 17 se llevará a cabo un encuentro de organizaciones “pro vida” de la Argentina bajo el nombre “Marcha Virtual por la Vida”.

Este encuentro federal -a través de las redes sociales- buscará hacer conocer “la  realidad de las amenazas actuales a la integridad de las personas y a la autonomía familiar y, simultáneamente, las acciones de miles de ciudadanos y organizaciones en todo el país”, según difundieron a través de un comunicado.

Además de la participación de miembros del movimiento “pro vida” internacional, se irán sucediendo ese día de las intervenciones de referentes “pro vida” argentinos con sus diferentes enfoques de trabajo en ámbitos sociales, legales, científicos y religiosos. Quieren demostrar que la circunstancia del confinamiento obligatorio por el Covid-19 no canceló la militancia pro vida.

La transmisión del encuentro se hará a través de Youtube y Facebook.

Luego de que el presidente ratificara en diversos y recientes reportajes la intención de reabrir el debate sobre la legalización del aborto en el Congreso de la Nación, el Frente Joven, como organización integrante de Unidad Provida, remitió una carta al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, para expresarle su rechazo a la iniciativa y demandarle que concentre “toda la atención y energía del arco político en resolver los verdaderos desafíos que afronta la sociedad argentina por la pandemia de coronavirus y la profunda recesión económica, cuyas consecuencias afectan a los sectores más vulnerables”.

La carta sostiene que se trata de “un proyecto de suma sensibilidad para toda la sociedad, que fue debatido y rechazado hace tan solo dos años, atenta contra el derecho a vivir”, y su discusión parlamentaria en estos momentos de angustia “evidenciaría su falta de sensibilidad con los muertos y enfermos”.

“Nuestro sistema de salud se encuentra en crisis. Los hospitales públicos no cuentan con los insumos básicos: barbijos, alcohol, gasas. Los trabajadores de la salud actúan en condiciones precarias, con remuneraciones bajas, falta de recursos, y en jornadas mayores a las 24 horas. Nos parece aberrante que quieran tratar el proyecto de legalización de aborto en esta situación”, puede leerse en el escrito.

La misiva que llegó a manos del jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y al secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, sostiene que “el querer legalizar el aborto en medio de una pandemia es una provocación autoritaria a que millones de argentinos salgamos a manifestarnos” a las calles.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, consideró este jueves que el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto podría ser tratado sin inconvenientes mediante sesiones virtuales, aunque reconoció que “va a ser un tema muchísimo más complejo” que los tratados en la jornada de este miércoles.

“Vamos a tener la llegada desde el Poder Ejecutivo del proyecto sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo. El presidente dijo el otro día que es uno de los tres proyectos que tiene listos, preparados, y los van a mandar ahora, porque estaba esperando que reabra el Congreso”, sostuvo el legislador tucumano.

En declaraciones radiales, Yedlin afirmó que “va a ser un tema muchísimo más complejo que la sesión de ayer, porque va a haber mucha más discusión”.

Al ser consultado sobre si se podía avanzar en el debate sobre el aborto legal, seguro y gratuito a través del sistema de sesiones virtuales, respondió: “Sí, ¿por qué no?”.

A su vez, el diputado del Frente de Todos destacó que en la Cámara baja hay “mejores números que hace dos años” para aprobar la iniciativa, debido al recambio de legisladores del año pasado.

“En Senado mejoró también, pero siempre es más complicado en estos temas. Pero ahora hay una diferencia importante y es que el Poder Ejecutivo es el que está impulsando la ley”, añadió.

Finalmente, el diputado también sostuvo que “la sociedad va entendiendo que esto no va a favor de la interrupción del embarazo, sino que va a favor de que no haya interrupciones clandestinas”.

La pandemia cambió todos los planes en el país. Entre ellos, el tratamiento de la interrupción voluntaria del embarazo, cuyo proyecto aún no envió el presidente al Congreso, tal cual había anticipado en su discurso del 1° de marzo.

Consultado sobre el tema durante una entrevista en Radio con Vos, el presidente Alberto Fernández explicó que él sigue “comprometido con el tema del aborto igual que desde el primer momento”.

“Yo me comprometí con el tema del aborto y sigo tan comprometido como el primer día”, explicó, detallando luego que “las leyes están preparadas, están todas listas desde el 1 de marzo”. Entre ellas, el aborto “es una de esas leyes, está lista, preparada y no la hemos mandado porque estamos con otras urgencias y estamos pidiendo al Congreso otros aportes, como acompañarnos con los DNU que firmamos”.

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio que están en contra del aborto legal presentaron un proyecto para “repudiar” las declaraciones de Juan José Escobar, coordinador del Programa Nacional de Salud Integral de la Adolescencia, en referencia a la Interrupción Legal del Embarazo.

Luego que el funcionario dijera, durante el reporte diario del Ministerio de Salud brindado el pasado 13 de abril, que esta práctica esta considerada dentro de los “servicios esenciales” por la Organización Mundial de la Salud, los legisladores aseguraron que fue una “afirmación contradictoria”.

En los fundamentos de su iniciativa, los diputados “celestes” recordaron que “el presidente de la Nación ha declarado que el derecho a la vida y la salud de los argentinos es hoy una prioridad nacional, encontrándonos en una emergencia sanitaria”.

Y destacaron que la OMS “ha manifestado que los países deben identificar los servicios esenciales que se priorizarán en sus esfuerzos por mantener la continuidad de prestación de servicios incluyendo en categorías de alta prioridad la atención durante el embarazo y el parto”.

“Es en ese sentido que resulta contradictoria, incoherente y por tanto, repudiable, realizar semejante afirmación en un contexto de emergencia sanitaria nacional en el que las mujeres embarazadas no están siendo atendidas ni garantizadas de los controles pre y post natales; las cirugías se encuentran suspendidas; los hospitales no cuentan con los insumos suficientes para afrontar esta pandemia; los enfermos crónicos se encuentran sin el debido tratamiento en atención a la pandemia del coronavirus en Argentina; y los gobiernos locales se encuentran implementando nuevas medidas de atención sanitaria frente a esta emergencia y estado crítico de nuestro sistema de salud”, señalaron.

El proyecto fue firmado por los macristas Dina Rezinovsky, David Schlereth, Adriana Ruarte, María Carla Piccolomini, Gisela Scaglia, Soher El Suaria, Victoria Morales Gorleri, Federico Angelini y Julio Sahad; la radical Estela Regidor y la cívica Leonor Martínez Villada.

Por José Di Mauro y Oscar Benini

– Vuelve el tema del aborto, que ahora manda el Gobierno de Alberto Fernández, luego de que el de Macri promoviera el debate hace dos años y fracasara su aprobación.

– Ese Gobierno no mandó el proyecto, lo que hizo el presidente Macri fue dejar girar el debate, y creo que ese es un tema de salud pública. Yo creo en las creencias, en la religión… pero en realidad la Iglesia argentina se mete mucho en los temas del Estado. También se mete en la economía… Y ha consolidado la ideología del “pobrismo”, que es una ideología nefasta para el país, en donde ser pobre es bueno y en donde cuanto más pobres haya mejor, porque van a ir todos al cielo… Es una cosa increíble. Cuando hay que alentar la producción, el trabajo, el empleo, y hay que salir de los planes, que condenan al país al fracaso… Bueno, esta Iglesia de los curitas villeros, también se lo tiene, yo diría, se lo tiene merecido este debate, porque ellos jugaron muy fuerte con el Frente de Todos. Los principales obispos de la Argentina hicieron campaña para Fernández-Fernández; los curas villeros, todos jugaron el jueguito este del Frente de Todos. Entonces que se banquen el debate. Ustedes saben lo que yo pienso de ese tema; ahora también sabe en que yo nunca presenté un proyecto sobre el aborto. Ahora, si lo ponen arriba de la mesa, yo tengo una visión y la sostuve en su momento cuando se tuvo que votar. Lo que creo también es que este tema, en la situación que está la Argentina, va a generar apasionamiento, y seguramente también mucha división.

– ¿Por qué el Gobierno prioriza este tema?

– Es un elemento que va a apasionar a la sociedad nuevamente y la va a meter en un tema que va a ser de debate ciudadano; puede ayudar a ocultar otros problemas, pero los problemas van a seguir estando ahí. El problema de la Argentina es cómo crecemos; el problema de la Argentina es que se requiere un gran acuerdo nacional para que los sectores políticos, empresarios, trabajadores, hagamos reformas estructurales; para que alentemos el trabajo pyme; para que la Ley de Contrato de Trabajo tenga reformas para alentar el empleo, hay un montón de temas: la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, la política migratoria… Argentina no puede seguir siendo el  país que reciba a millones de personas pobres, de pobreza extrema, y que se vayan a poner todos en el conurbano.

– Usted siempre dice que Argentina hizo el ajuste social de Bolivia y el ajuste delictivo de Perú…

– Yo digo que fuimos el ajuste social de muchos países latinoamericanos. Lógicamente, como Argentina todavía sigue siendo un país importante en el contexto latinoamericano, porque tiene salud pública, educación, planes, AUH, porque ayuda a la niñez, hay muchos latinoamericanos que han venido a la Argentina y están viviendo en el conurbano: peruanos, bolivianos, paraguayos… Nos hemos hecho cargo de una estructura de pobreza estructural de esos países y las hemos consolidado en el espacio urbano más altamente poblado, como es el conurbano bonaerense. Y nosotros tenemos que responder por todo eso. No estoy diciendo que no se pueda abrir el país a la inmigración; lo que estoy diciendo es que debería haber habido una política distinta de regulación migratoria. Cuando hagamos el censo, nos vamos a dar cuenta de que esa cantidad de gente supera los 8 millones. Argentina se tiene que hacer cargo de esto, pero a eso le sumás la gente que viene al país a delinquir, con normas flexibles y sin expulsión, porque ahora nulificaron el decreto de expulsión.

Se cumplió el plazo impuesto por el presidente Alberto Fernández para enviar el proyecto de ley del aborto al Congreso y crece la expectativa sobre su contenido. El presidente había anunciado en la Asamblea Legislativa que la iniciativa ingresaría dentro de los diez primeros días del mes, pero aun no fue remitida.

Fuentes parlamentarias y gubernamentales deslizaron, ante la consulta de este medio, que el Poder Ejecutivo enviaría el proyecto el viernes. Las legisladoras “verdes” esperan que ingrese por la Cámara de Diputados, ya que los números allí son, en principio, más favorables que en el Senado, donde se prevé una diferencia muy ajustada.

En declaraciones recientes al diario Clarín, el ministro de Salud, Ginés González García, informó que el proyecto estaba bajo evaluación del propio Fernández, aunque adelantó algunos detalles: se buscará legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta las 14 semanas -como establecía la media sanción de 2018- y se incluiría la objeción de conciencia médica.

También anticipó el ministro que habrá penas para los médicos que busquen sacar un rédito económico con los abortos, practicándolos después de la semana 14 sin causal -violación o riesgo de vida de la mujer-.

Las diputadas a favor de la legalización piden que se respete el giro a comisiones que tuvo el proyecto en 2018: Legislación General, Salud, Legislación Penal, y Mujeres y Diversidad -en reemplazo de la anterior comisión de Familia y Mujer, que ahora fue desdoblada-. De esas comisiones, solo la primera fue constituida, bajo la presidencia de Cecilia Moreau.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se despegó este miércoles del proyecto que propone la intervención del Poder Judicial de Jujuy -presentado por el senador oficialista Guillermo Snopek- al enfatizar “no es una iniciativa nuestra”.

“Es un tema que ocurre en otro poder”, señaló el mandatario, quien reveló que cuando fue consultado por el gobernador Gerardo Morales le respondió “que desconocía de qué estaba hablando”.

En referencia al debate que se realizará en el marco de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que arrancó este martes, Fernández expresó: “Soy muy cuidadoso. Vamos a ver de qué se trata y esperar. Hay situaciones que a uno le preocupan y hay que ser cuidadoso con esas cosas”.

Por otra parte, el presidente confirmó que luego de enviar el proyecto sobre aborto legal “el tema siguiente es el judicial”, en alusión a la reforma de la Justicia Federal.

Fernández resaltó que este es un tema “que sé cómo manejarlo y sé cómo resolverlo; pasa que hoy falta una decisión de todos nosotros de construir una justicia con jueces dignos, probos y técnicamente preparados”.

“Hay que dejar de buscar amigotes y empezar a buscar jueces. Los jueces tienen un poder enorme, disponen de nuestras libertades”, agregó y consideró que hay que tener magistrados que “no se dejen presionar por el llamado de un poderoso o la tapa de un diario”.

Consultado sobre el envío del pliego de Daniel Rafecas al Senado, propuesto para la Procuración General, el jefe de Estado aseguró que “quisiera que lo traten pronto”. Y elogió a su candidato: “Rafecas es un juez ejemplar, tiene una conducta ejemplar y una experiencia única”.

Además, subrayó que espera que, por parte de Juntos por el Cambio, “la resistencia no exista” ya que durante los últimos meses de la gestión de Mauricio Macri se propuso a Rafecas como vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.  

“Debo entender que lo han valorado mucho para proponerlo como juez de la Casación”, apuntó en declaraciones a FM Delta, y pidió dejar de lado las “discusiones propias de la coyuntura política” para avanzar con la designación del jefe de los fiscales.

En relación al proyecto de legalización del aborto, Fernández ratificó: “Estamos tratando de esta semana poder mandar las normas vinculadas a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y la ley de los 1000 días, donde el Estado garantiza a la mujer embarazada y a su hijo las condiciones económicas para que tengan sustento”.

Con una concurrencia estimada en más de 100.000 personas, y bajo el lema “Sí a las mujeres, Sí a la vida”, la Iglesia Católica convocó a una multitudinaria misa en la basílica de Luján. En el Día Internacional de la Mujer, la cúpula de la Iglesia se acopló al movimiento denominado “provida”, con una misa oficiada por el arzobispo de Luján y Mercedes, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, y por el obispo de San Isidro, monseñor Ojea, tuvo una serie de duros mensajes al Gobierno actual por insistir con el debate sobre el aborto.

“No es lícito eliminar ninguna vida humana como afirma nuestra Constitución Nacional, la Vida es el primer Derecho Humano y sin el no se puede ejercer ningún derecho”, afirmó monseñor Ojea en la homilía, y luego afirmó: “Valoramos y defendemos los derechos de toda vida y de cada vida, de toda mujer y de cada niño”

Del acto participaron numerosos legisladores, entre ellos Marcela Campagnoli, Victoria Morales Gorleri, Carmen Polledo, Jorge Enríquez y María Carla Piccolomini. “En Luján junto a estas mujeres y personas que se están acercando de todo el país. Hoy digamos bien fuerte #SiALasMujeresSiALaVida!”, tuiteó sobre el tema la diputada del Pro Morales Gorleri.

Precisamente el diputado Enríquez expresó que coincide totalmente con los dichos de monseñor Ojea: “No es lícito eliminar ninguna vida, tal como lo afirma la Constitución Nacional”.

#SiALasMujeresSiALaVida 💙

En la Basílica de Luján ⛪️ defendiendo la vida!!!
Junto a la diputada @VMoralesGorleri, @Pilub74 y @FedePugliese | @dgcultos #8deMarzo #Luján #DiaDeLaMujer @EpiscopadoArg @comsocial_cea @unidadprovida #SalvemosLasDosVidas #SiALaVida #YoVoyALujan 🙏 pic.twitter.com/1DB2ftPPaz

— Jorge R. Enríquez (@enriquezjorge) March 8, 2020

En relación a lo expresado por el presidente Alberto Fernández, el diputado Enríquez, referente en la lucha contra la legalización del aborto, sostuvo que “no somos hipócritas, hipócritas son los que no reconocen que la vida comienza con la concepción”.

“En el Día Internacional de la Mujer condenamos los femicidios, la violencia, la trata de mujeres como así también todo tipo de abuso o discriminación pero defendemos el derecho de las dos vidas. De la vida de cada mujer y de la vida cada niño o niña por nacer”, concluyó el diputado del Pro.

Este domingo celebramos el Día Internacional de la Mujer. Un día para reflexionar, para agradecer y para reivindicar la conquista de los derechos que fuimos logrando las mujeres a lo largo de los años, que son consecuencia del compromiso de muchas que, de manera visible o anónima, han dado testimonio, incluso hasta con la propia vida.

Nuestra vida, la vida de las mujeres, que tantas veces ha sido vulnerada, que tantas veces ha sido amenazada, que tantas humillaciones ha sufrido –y todavía sufre- es también la vida que ofrece una mirada de humanidad interpelando a nuestro mundo herido. Una mirada profunda, de compromiso con la tierra, con el trabajo, con la lucha que libera.

La vida de las mujeres, tantas veces cercenada en actos de violencia extrema o tantas veces truncada en oportunidades de desarrollo por culturas machistas que sólo saben de prejuicios, estereotipos y dueñidades, es también la vida que alumbra en momentos de oscuridad, que da luz en épocas en las que todo parece penumbras. Porque eso somos también: antorchas que van trazando el camino de las generaciones que vienen, mostrando los senderos que queremos transitar y a los que no queremos volver.

Es por esto que hoy reclamamos que nadie se atreva a replicar este sentido de dueñidad. No repliquemos los mismos modelos que estamos comenzando a vencer. Si algo hemos logrado las mujeres al cabo de años y de lucha es hacer que el mundo sea un poco más humano. Una humanidad que no queremos ver nunca más amenazada y que estamos dispuestas a defender para seguir dando el testimonio que nos mantiene vivas.

Nadie tiene derecho a decidir sobre la vida de las mujeres ni de los niños por nacer ni de ningún ser humano, no es justo resolver la tragedia que aún pesa sobre nuestras mujeres eliminando otra vida humana. Que nadie se sienta con derecho a decidir por la vida de otros. Vivir es un derecho y violentarlo en todas sus formas nos deshumaniza. La vida no se negocia.

*Victoria Morales Gorleri es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Juntos por el Cambio.

Twitter: VMoralesGorleri

Por José Angel Di Mauro

Entonces como una de las principales referentes oficialistas sobre el tema, Silvia Lospennato quedó en la historia con su discurso de cierre en el debate sobre el aborto en la Cámara de Diputados. Hoy desde la oposición, la diputada del Pro no oculta su satisfacción por la decisión del Gobierno de Alberto Fernández de promover un proyecto propio de legalización y considera que ese puede ser el elemento que haga la diferencia y permita la aprobación este año. Es más, se ilusiona con la posibilidad de que la Argentina tenga aprobada esa ley en los próximos dos meses.

Con todo, reivindica al expresidente Mauricio Macri por haber habilitado en 2018 ese debate y considera que si eso no hubiera sucedido, hoy no se podría dar el paso que parece estar a punto de suceder.

Muy cercana al expresidente de la Cámara baja Emilio Monzó, reivindica su papel en la política argentina,  pero también valora a María Eugenia Vidal, pasándole factura a Axel Kicillof porque “no reconoció muchas cosas” hechas por la gobernadora y, sobre todo, no continuarlas.

Califica al bloque de José Luis Ramón como un “ariete del oficialismo”, remarca la unidad en Juntos por el Cambio y considera clave para ese espacio la elección de 2021.

– En pocos días el Congreso volverá a comenzar a debatir el tema del aborto. ¿Estas expectativas son mayores que la vez pasada?

– Sí, a diferencia de la vez anterior la existencia de un proyecto del Poder Ejecutivo en debate es muy relevante. Nosotros sabemos que para los bloques oficialistas, los proyectos del Poder Ejecutivo reflejan la intención de un gobierno; el interés de un gobierno en avanzar en una determinada política, y ese interés quedó el 1° de marzo cabalmente demostrado: el presidente no solamente dijo que iba a enviar una ley; explicó porqué esta ley era para él absolutamente necesaria y relevante en la Argentina. Por eso me parece que es muy importante, sobre todo para lo que va a ser el tratamiento en el Senado, donde a priori uno podría decir que los números no son todavía completamente favorables, y yo creo que lo que puede inclinar la balanza es un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, con una vocación tan fuerte como la que expresó el presidente, y además con una Cámara presidida por una vicepresidenta que no solo ya votó a favor del proyecto, sino que también al momento de votar manifestó con mucha convicción que este era el paso que había que dar en la Argentina. Así que me parece que en ese contexto, el proyecto tiene muchas más chances de prosperar.

Los proyectos del Poder Ejecutivo reflejan la intención de un gobierno”.

– Marca diferencias notorias con lo que sucedió en 2018, cuando en el Senado  por ejemplo su presidenta militaba en contra del proyecto.

– La vicepresidenta (Gabriela) Michetti estuvo abiertamente en contra del proyecto; el presidente Mauricio Macri tuvo para mí un valor absoluto en acelerar esta discusión en la Argentina al permitir el debate en el Congreso. Y él lo permitió desde una mirada absolutamente republicana, entendió que este era un debate social, que ya tenía muchos años y que no se podía seguir obstruyendo, como había pasado -hay que decirlo- en todos los años del kirchnerismo, y también de los gobiernos anteriores… No se podía obstruir ese debate en el Congreso. Entonces lo promovió, pero después se mantuvo prescindente; él personalmente estaba en contra, pero no intervino en el debate para volcar una posición en ningún sentido. Sin ese debate de 2018, creo que no estaríamos hoy pudiendo dar este paso; creo que fue muy importante para el debate público, para instalar el tema, para que se haga conocido, y hoy me parece que estamos muy cerca, espero yo que a un mes, dos meses, de que tengamos efectivamente la ley vigente en la Argentina.

– Miguel Pichetto me dijo en su momento que el Gobierno de Macri no se animó a ir por todo en el tema del aborto. Dijo que “ya estaba a mitad de camino, habían cruzado el río, tendrían que haber sacado la ley…”.

– Bueno, yo creo que el presidente tomó la decisión de mantenerse prescindente del tema y no quiso cambiarla, independientemente de lo que pasó en Diputados. Y cuando se veía que realmente con un mínimo esfuerzo se podría haber convencido, haciendo cambios, probablemente, no quiero decir que tal vez votando este mismo texto, pero por ahí hacer un esfuerzo para lograr un acuerdo… Pero el presidente tomó una decisión, que era abrir el debate, marcar su posición contraria a la legalización y mantenerse prescindente. Y la sostuvo hasta el final.

– En Diputados la tienen más fácil que la vez pasada; ¿cómo piensan trabajar en el Senado para revertir el resultado de 2018, a partir de esa experiencia?

– La verdad que eso es algo que tendrán que ver las senadoras y los senadores, en el trabajo en esa Cámara, pero creo que tenemos estos dos elementos favorables que mencionaba: una presidenta del Senado con convicción favorable a la aprobación del proyecto, y una mayoría oficialista que va a tener que decir si va a acompañar o no la vocación del presidente de legislar la legalización del aborto en la Argentina.

Emilio Monzó es para mí un padrino político, sin duda”.

– Este gobierno tiene una mejor relación con el papa Francisco que la que tenían ustedes. ¿Por qué cree que se anima entonces a plantear este debate que lógicamente lo distancia del Vaticano?

– Yo creo que el presidente manifestó el 1° de marzo, por un lado, que hay una buena relación del Gobierno con el papa y que quedó clara con la intervención de Francisco en el tema de la deuda. Pero eso no implica traicionar lo que fue su promesa de campaña. Cuando fueron las elecciones, no todos los candidatos tuvieron una expresión muy contundente (sobre el tema), pero sí los dos principales contendientes: el presidente Macri se había manifestado en contra de la legalización, y el candidato en ese momento Fernández, a favor. Bueno, eso estuvo -estoy segura- en consideración de muchas mujeres, de muchos jóvenes que decidieron su voto, y el presidente está honrando ese compromiso de la campaña electoral.

Un discurso histórico

“Me toca cerrar uno de los debates más largos, responsables y plurales que hemos llevado adelante en el Congreso en los últimos años”, arrancaba el discurso que Silvia Lospennato pronunció ya en la mañana del 14 de junio de 2018, sobre el final del histórico debate sobre el aborto. Y tan emblemático fue ese mensaje que escribió de puño y letra durante la madrugada, cuando pensaba que perderían la votación, que fue considerado por la plataforma digital Brut entre los mejores discursos feministas de la última década.

“Este es el siglo de los derechos de las mujeres. Más tarde o más temprano, las jóvenes que portan en sus mochilas los pañuelos verdes van a conquistar los derechos que reclaman”, señaló sobre el final Lospennato, con los y las representantes “verdes” de la Cámara baja aplaudiendo de pie.

– ¿Qué sintió al enterarse de que su discurso en el cierre del debate por el aborto había sido considerado uno de los 10 mejores discursos feministas de la década?

– Por supuesto que sentí mucha emoción, pero principalmente por verme, escucharme dentro de discursos muy importantes de mujeres muy destacadas del mundo. Lo que yo señalo en relación a eso es que hubiera sido muy difícil hacer ese ránking diez años antes. Esta década pasada fue una década donde los derechos de las mujeres, pero sobre todo las voces de las mujeres, empezaron a copar la agenda pública. De ser muy minoritarias, pasaron a ser una referencia importante. Y esto es lo que me parece más destacable: poder encontrar en todo el mundo discursos de voces femeninas reclamando por derechos de mujeres, y en esa compilación se recorren casi todos los temas de la agenda feminista. Desde el derecho a la educación, hasta el derecho a la participación igualitaria en el mercado laboral, la violencia de género ejercida en distintos ámbitos, hasta los derechos sexuales y reproductivos. Así que me parece que era emocionante no solamente verme a mí ahí, sino ver que eso era posible, que había tantas voces fuertes en el mundo pidiendo por los derechos de las mujeres.

https://youtu.be/t6ErI7_qUFw

Vidal, Monzó y Kicillof

– En la campaña estuvo muy cerca de María Eugenia Vidal, y muchos interpretaron que había cobrado vuelo propio, que ya no había que ubicarla dentro del riñón monzonista. ¿Dónde se ubica hoy políticamente?

– La verdad que no tengo esa percepción, lo cierto es que Emilio (Monzó) no era candidato en esta última elección, y María Eugenia era nuestra gobernadora y candidata a la reelección. Yo siempre tuve una excelente relación con ambos, si bien formé, formo parte del equipo de Emilio, que es para mí un padrino político, sin duda. Es quien me dio la gran cantidad de oportunidades de aprender en la política; he aprendido muchísimo de él y sigo aprendiendo todos los días. Así que no veo ninguna incompatibilidad en trabajar con María Eugenia, que es una de las líderes del partido político al que pertenezco y además era nuestra gobernadora, y trabajar con Emilio, acompañándolo en su rol, que creo yo fue central en el Gobierno de Cambiemos, que fue conducir el Congreso.

Yo creo que Monzó es muy necesario en la política argentina”.

– Axel Kicillof ha sido muy duro con el Gobierno de Vidal, fue muy crítico. ¿Cómo ve su gestión?

– Yo creo que la gestión de Kicillof todavía no inició, todavía no he visto grandes cambios en políticas públicas, como para hacer una evaluación. Son muy pocos meses… Sí me parece que en su discurso no reconoció muchas cosas que hizo el Gobierno de Vidal, y que la verdad merecen ser reconocidas, pero eso es lo menos importante: merecen ser continuadas y profundizadas. Por ejemplo el tema del SAME en la provincia de Buenos Aires. Creo que es una de las políticas centrales del Gobierno de María Eugenia, que define en muchos casos entre la vida y la muerte de muchos bonaerenses que ahora tienen un servicio rápido, de calidad, al que recurrir ante alguna emergencia, pero que sin embargo faltan todavía algunos municipios. Yo hubiera querido, por ejemplo, que dijera el compromiso de que estuviera disponible para todos los bonaerenses, en cualquier lugar de la Provincia. Porque me parece que una buena política tiene que ser continuada. Y después en relación a la economía, la Provincia siempre tiene problemas económicos porque recibe muchísimo menos de lo que merecería recibir por coparticipación. Kicillof tendría que reconocer que quien dio esa batalla por primera vez en la historia de la provincia fue la gobernadora Vidal, él debería continuarla. Debería continuar esa batalla porque se les reconozca a los bonaerenses lo que les corresponde de coparticipación, en virtud de lo que significa la Provincia en aporte al PBI nacional y a las necesidades que también de desarrollo un territorio tan grande como este.

Lea también: Califican al de Lospennato sobre el aborto como uno de los mejores discursos feministas de la década

– ¿Acá en el Congreso está trabajando dentro de ese sub-bloque que responde a Monzó?

– No, no hay ningún sub-bloque. No es verdad, nosotros somos todos integrantes del bloque Pro, integrantes del interbloque Juntos por el Cambio, pero dentro del bloque Pro trabajamos todos juntos. No hay ningún sub-bloque.

– ¿Y eso que se dice a veces cuando se hacen cálculos sobre una votación determinada, de la eventualidad de que Sergio Massa cuente con algún voto de ese sub-bloque… que no existe?

– La verdad, primero no conozco que se hable de eso, no quiero confirmar que se habla de eso, hasta ahora ha quedado claro que nuestro bloque siempre votó junto, y que las fugas que hubo se produjeron antes de la conformación de los bloques, y están en el bloque que preside el diputado (José Luis) Ramón, estos tres diputados que eran miembros del Pro y que se fueron a esa bancada, una decisión personal de ellos, y ese bloque claramente es un ariete del oficialismo. Un bloque que acompaña al oficialismo, pero no tiene nada que ver con el nuestro, ni con ningún integrante de nuestro bloque.

– ¿Dónde ve a Emilio Monzó en el futuro? ¿Jugándose por alguna candidatura en la provincia de Buenos Aires tal vez?

– No sé, la verdad no sé. Creo que es una decisión que él no ha todavía terminado de elaborar. Yo creo que Monzó es muy necesario en la política argentina, porque la política argentina tiene que algún día superar esta grieta y encontrar puntos de acuerdo, de convergencia, y me parece que él es claramente uno de los políticos en la Argentina capaces de poner la mesa del consenso. Así que creo que es necesario para la política argentina, el lugar lo tiene que definir él.

Siento que como parte de una opción política, no pudimos desarrollar todo lo que hubiéramos querido hacer”.

– Estos días en varios reportajes que le hicieron, si bien no dijo que Macri la hubiera defraudado en el tema del aborto, sí dijo que hubiera querido escuchar un discurso similar al que pronunció Alberto Fernández sobre el tema. ¿En qué temas sí interpreta que la defraudó en la gestión presidencial?

– Yo no hablaría en términos de defraudación personal, porque no lo siento así. Está claro que nosotros pretendíamos resolver en nuestro primer mandato más de los problemas que afectan a los argentinos; sobre todo esperábamos tener la oportunidad en un segundo mandato de continuar el camino que sabemos que es largo, difícil, para que la Argentina recupere la senda del crecimiento que hace años abandonó. Así que hay un montón de cosas que uno puede pensar ahora que se podrían haber hecho diferentes, pero creo que en ningún caso podría decir que eso implica que me haya defraudado. En todo caso, siento que como parte de una opción política, no pudimos desarrollar todo lo que hubiéramos querido hacer, sin dudas. Un montón de circunstancias lo impidieron, y seguramente errores propios también.

“No encontramos hasta ahora voluntad de diálogo”

– Como secretaria parlamentaria del bloque oficialista durante cuatro años, ¿cómo vio desde el lado de enfrente lo que sucedió en la última sesión de Diputados de febrero?

– Lo primero que hacen los secretarios parlamentarios es garantizar el quórum, así que me imagino que habrá sufrido muchísimo Cristina Alvarez Rodríguez teniendo que expandirse el tiempo para conformar el quórum sin lograrlo, y la verdad que a nadie le gusta hacer el esfuerzo de llegar a una sesión y tener que vivir las circunstancias que se vivieron en el recinto el otro día… A nosotros nos sorprendió muchísimo en el recinto ver sentado al que considerábamos embajador (por Daniel Scioli),  porque lo habíamos visto en los medios, lo habíamos visto reunido con el presidente Bolsonaro, habíamos leído entrevistas a él en los diarios de Brasil autocalificándose como embajador y representando a la Argentina, y entonces nos sorprendió muchísimo verlo sentado en la Cámara. Hubiéramos querido tal vez en ese momento recibir una explicación de esto, y lamentamos que no haya habido sobre todo una búsqueda del quórum anterior. Si el oficialismo sabía que tenía problemas de quórum, debió haberse sentado con nosotros para dialogar; nosotros teníamos un dictamen alternativo, queríamos votar la ley, queríamos discutir sobre un artículo que inclusive el oficialismo decía que estaba contenido (en el proyecto), con lo cual no se entiende muy bien por qué no se podía en todo caso replicar la cláusula transitoria que nosotros pedíamos. Creo que hubo una voluntad de no consensuar, de no acordar, y eso les puso en riesgo la sesión.

– ¿Hay canales de encuentro con el Frente de Todos?

– Sí, por supuesto. Lo principal es que nosotros hemos manifestado que queremos ser una oposición constructiva, pero la responsabilidad es del oficialismo. La responsabilidad del quórum es del oficialismo, la responsabilidad de poner reglas  para encontrar acuerdos es el oficialismo. Recién empieza el Congreso, todavía no empezamos las sesiones ordinarias, quisiera creer que esto fue excepcional y a partir de ahora no volverá a suceder… Nuestra disposición es del ciento por ciento, pero no encontramos hasta ahora, por lo menos en esta ley en particular, esa voluntad de diálogo y de acuerdo.

– ¿Cómo ve el papel de Máximo Kirchner como presidente del bloque oficialista?

– No hemos tenido mucho tiempo de interactuar, fueron solamente tres leyes en este período, pero lo veo bien.

– Volvamos a Juntos por el Cambio, ¿cómo debe definirse el liderazgo en el espacio opositor?

– Los liderazgos los definen las sociedades en cualquier país, y dependen de las necesidades que en cada momento tenga esa sociedad. La Argentina es muy difícil que defina hoy un candidato a presidente para dentro de cuatro años; de hecho, el actual presidente dos años antes nadie hubiera asegurado que iba a ser el candidato del peronismo unificado, así que son las circunstancias históricas y las necesidades sociales las que definen los liderazgos, y para una candidatura presidencial todavía faltan cuatro años.

Si el oficialismo sabía que tenía problemas de quórum, debió haberse sentado con nosotros para dialogar”.

– ¿Y cuál es el papel del expresidente Macri?

– Yo creo que el expresidente Macri es hoy la principal referencia de Juntos por el Cambio, tenemos el honor de tener un presidente en nuestras filas, pocos partidos los tienen, creo que eso es un valor agregado, y ese es el rol que estoy segura va a transitar en los próximos años, hasta que cuando sea el momento se definan las candidaturas, según las necesidades de la sociedad y la oferta que nosotros entendamos hay que hacerle a la sociedad en ese momento.

– ¿Y en la provincia de Buenos Aires ve a María Eugenia Vidal jugando de nuevo fuerte?

– La verdad que eso habría que preguntárselo a ella; ella ha vuelto a recorrer la Provincia, yo creo que hay muchísimos bonaerenses que quisieran que ella vuelva a candidatearse en la provincia de Buenos Aires, pero es una decisión personal suya.

– Como polítóloga le pregunto: ¿el que quiera jugar en 2023, tiene que ser candidato en 2021?

– Depende la provincia, la circunstancia, depende de si el que piensa jugar en 2023 ya tiene un cargo electivo y lo tiene que dejar, en cuyo caso no tiene mayor sentido dejarlo para competir de nuevo, o alguien que tiene vocación ejecutiva se quiere probar el traje de encabezar una campaña para ver si eso le da más reconocimiento… No hay una regla general, creo que en cada caso puede haber una respuesta diferente a esa pregunta. Lo que sí me parece que es importante señalar es que para nosotros, Juntos por el Cambio, la elección de 2021 es muy importante porque nosotros tenemos que, en esa elección, defender nuestra elección de 2017, que fue muy buena.

– ¿Y cómo hacen para mantener la unidad?

– El principal valor que tiene Juntos por el Cambio y que reconocemos todos sus dirigentes es la unidad, así que todos hacemos nuestro trabajo de unidad diario, para que eso se mantenga así.

Tenemos el honor de tener un presidente en nuestras filas, pocos partidos los tienen”.

– ¿Este bipartidismo virtual que se está dando llegó  para quedarse en la Argentina?

– La formación de coaliciones se ve en todo el mundo, en muchos países se observa que la política tiende a simplificar las opciones en coaliciones de gobierno. Para nosotros ya hace unos cuantos años que en la política argentina viene funcionando así, así que creería que es una tendencia que va a continuar.

– En esta simplificación que cita, ¿está bien señalar, o cómo le cae que digan que el Gobierno actual vendría a ser la centroizquierda y ustedes la centroderecha? ¿Le hace ruido, es real?

– Yo creo que las categorías  de izquierda y derecha explican poco. Sí, creo que nosotros tenemos una visión de la construcción política  que es mucho más republicana y tal vez la otra coalición tiene una visión del poder un poco más personalista o populista. Pero también digo: son pocos meses de gobierno, hay que dejar ver si efectivamente esta presunción se confirma, o nos sorprendemos para bien y tenemos un gobierno que efectivamente cree en la división de poderes y en el respeto al resto de los poderes de la república, y sobre todo en el Congreso el respeto a la legitimidad de la oposición, que me parece central. Negociar, aun cuando uno no necesita el número, es entre otras cosas mostrar respeto por lo que representa el otro, y a mí me parece que ese es un valor y ojalá se dé en el Congreso en los próximos meses. 

El senador nacional José Neder, del Frente Cívico por Santiago, confirmó que votará en contra de la ley de aborto cuando se trate en la Cámara alta.

Neder era uno de los integrantes de la Cámara alta cuya postura no se conocía públicamente.

En diálogo con Radio Panorama de Santiago del Estero, el senador dijo ser “parte de los que piensan que debemos proteger la vida”.

“Esas cosas son muy profundas de lo que uno piensa y lo que uno profesa como fe religiosa”, señaló Neder.

Los dos senadores restantes por Santiago del Estero también votarán en contra: son Claudia Ledesma Abdala de Zamora -quien ya rechazó el proyecto como diputada- y Gerardo Montenegro -que tomó igual postura en su anterior mandato como senador-.

Por Carolina Ramos

“El proyecto está en las calles”, fue la consigna de la multitudinaria movilización del 19 de febrero. El proyecto es el de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que fue presentado por octava vez el 31 de mayo del año pasado, con nuevo récord de firmas, tras la derrota en el Senado.

Mientras el Congreso aguarda el envío del texto del Poder Ejecutivo, anunciado por el presidente Alberto Fernández durante la Asamblea Legislativa, diputadas “verdes” y activistas de la Campaña insisten en tomar como base el proyecto que ya cuenta con estado parlamentario.

Esa propuesta reunió nada menos que 68 firmas de todos los bloques políticos, con Victoria Donda a la cabeza, y fue fruto de un intenso debate interno tras la experiencia de 2018.

El artículo medular del proyecto es el primero, que establece que “en ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional”.

Sin perjuicio de esto y más allá del plazo, toda mujer tendría derecho a abortar si el embarazo es producto de una violación, o si está en riesgo la vida o la salud integral -física, mental y social- de la mujer. En caso de violación, el aborto podría practicarse “con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el/la profesional o personal de salud interviniente”.

El proyecto señala que tanto el sistema público de salud como las instituciones privadas y las obras sociales deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, así como también las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

El artículo 5 indica que el aborto debe realizarse en un plazo máximo de cinco días corridos desde su requerimiento, y no será necesaria una autorización judicial previa. Además, en cumplimiento de recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud), se indica que se debe garantizar la privacidad de la mujer y la reserva de toda información aportada.

Previo a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, se requiere el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito. Además, el proyecto garantiza a la mujer que requiera el aborto una atención y asesoría integral en todas las etapas, así como la provisión de métodos anticonceptivos.

Si la mujer que solicita la práctica del aborto es menor de 13 años de edad, se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o un representante legal. Entre los 13 y los 16 años, “se presume” que la persona “cuenta con aptitud y madurez suficientes para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”. Finalmente, a partir de los 16 “tiene plena capacidad” para tomar la decisión por sí sola.

Por otra parte, el proyecto dedica un capítulo a las políticas de salud sexual y reproductiva y la Educación Sexual Integral (ESI). “El contenido curricular sobre aborto debe ser enseñado como un derecho de las mujeres y personas gestantes, a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía”, dice el texto.

A partir del ciclo lectivo posterior a la sanción de la ley, deben incluirse en todo el país “los contenidos respectivos en el currículo de todos los niveles educativos, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de las instituciones educativas, sean estas de gestión pública estatal, privada o social”.

En cuanto al Código Penal, se modifica el artículo 86, que indicaría que “no es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional”. Si el médico obra sin consentimiento, será reprimido con pena de tres a diez años de prisión, como en la actualidad.

También se incorpora un artículo 85 bis que establece una pena de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a los profesionales o autoridades del establecimiento que dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a realizar la práctica en los casos autorizados por la ley.

Por último, se modifica completamente el artículo 88, aclarando que la mujer que cause su propio aborto o avale que otro se lo provoque, “en ningún caso será penada”. Actualmente, estos casos son reprimidos con prisión de uno a cuatro años.

Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara en la Asamblea Legislativa el envío del proyecto de aborto legal, en la Cámara de Diputados se reavivaron las especulaciones sobre la suerte que tendrá la ley en el recinto. Y, si bien en la previa los “verdes” llevan la delantera, todavía hay una buena cantidad de legisladores indefinidos.

Según un relevamiento actualizado de parlamentario.com, hay en principio 120 diputados a favor de la legalización del aborto, y 103 en contra. Además, hay ocho legisladores que se manifestaron como indefinidos, y 24 cuya posición no se conoce o eligen no hacerla pública por el momento.

Fernández reveló que girará el proyecto al Congreso en los próximos diez días, pero no ofreció detalles durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias. La principal preocupación de las diputadas “verdes” pasa por dos aspectos: la objeción de conciencia médica, y la posibilidad de que la práctica del aborto no sea incluida en el PMO (Programa Médico Obligatorio).

Entre los indefinidos, hay quienes están a favor de la despenalización pero tienen dudas sobre los términos de la legalización, y por eso esperan conocer la letra final del proyecto para decidirse. Otros pidieron que se realice una consulta popular, como el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, y el el jefe del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez. En tanto, hay muchos representantes del interior que no hicieron saber su postura y podrían darla a conocer recién al final del debate.

En este escenario, hay un detalle saliente: los “verdes” sumarán dos votos gracias a la asunción de dos diputados que deben completar los mandatos de dos renunciantes. Se trata de José Luis Patiño (Pro), quien reemplazará a Elisa Carrió; y Claudia Bernazza, quien ocupará el lugar de Daniel Scioli cuando éste finalmente ocupe, tras el escándalo, la Embajada de Brasil.

“Estoy a favor de la despenalización. Si bien tengo dudas sobre el tema de la gratuidad, porque no conozco el impacto presupuestario de una medida de ese tipo, si me hubiera tocado votar en 2018 lo hubiese hecho a favor”, reveló Patiño a parlamentario.com. En el caso de Bernazza, ante la consulta de este medio respondió: “Mi posición es conocida. Acompañaré el proyecto más allá de mis convicciones o creencias personales”.

Las bancas restantes son las de la cordobesa Alejandra Vigo, que en 2018 se abstuvo; y José Ignacio De Mendiguren, que está de licencia por su cargo en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), y que en aquella votación se inclinó a favor.

En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, Fernández sostuvo que “la existencia de la amenaza penal no solo ha sido ineficiente”, sino que “también ha condenado a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos, a recurrir a prácticas abortivas en la más absoluta clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y a veces su vida misma”.

“El aborto sucede. Es un hecho. Y es solo esa hipocresía que a veces nos atrapa, la que nos hace caer en un debate como este. Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular. Y en el siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos”, consideró el presidente.

La diputada nacional Lucila De Ponti calificó como “acertado y necesario” el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias de este año, en el cual se hizo referencia al envío desde el Poder Ejecutivo de un proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

“Es un gran avance que el presidente aborde la cuestión del aborto legal desde el compromiso del Estado para cuidar y respetar los derechos de las mujeres, fundamentalmente garantizando su acceso al sistema de salud”, consideró.

Para la legisladora santafesina del Movimiento Evita  se trata de un abordaje “acertado y necesario” de una cuestión de salud pública, que será uno de los temas de relevancia en la agenda política y del movimiento de mujeres de los próximos meses.

“Las palabras de Alberto Fernández ponen de manifiesto la necesidad de contar con un Estado que deje de mirar para otro lado y se ponga a la cabeza de las transformaciones necesarias para garantizar y hacer respetar los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes, una deuda histórica que tiene nuestro país”, explicó.

Por eso destacó el compromiso que asumió la actual gestión de gobierno para terminar con “la hipocresía que rodea a una cuestión que obliga a miles de mujeres a exponerse a situaciones clandestinas e inseguras que ponen en riesgo su salud”.

Asimismo, destacó como positivo que se reconozca esta lucha del movimiento de mujeres, “con acciones concretas, con políticas públicas que pueden transformar sustancialmente nuestras vidas y garantizar nuestros derechos, y no simplemente con palabras, como otros que se autoproclamaban ‘feministas’ mientras con sus acciones hacían todo lo contrario”.

En este sentido, De Ponti contextualizó esta decisión es una serie de medidas anunciadas para ampliar derechos: “El plan de los 1.000 días para acompañar embarazo y primeros años de vida, el avance de la implementación de las capacitaciones de la Ley Micaela García y la plena aplicación del derecho a la Educación Sexual Integral, marcan un rumbo concreto hacia esa sociedad con igualdad de oportunidades y derechos que queremos”, finalizó.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito saludó este domingo las palabras del presidente de la Nación a favor de legalizar la interrupción del embarazo, anunciando que en diez días el Poder Ejecutivo presentará su proyecto.

Para este colectivo feminista, los argumentos expuestos por Alberto Fernández sobre la necesidad de legalizar y despenalizar la práctica del aborto son “generados, construidos, instalados y difundidos por todo el movimiento de mujeres y feministas de nuestro país, las décadas de lucha que llevamos transitando generaron las condiciones para que hoy seamos protagonistas de este momento histórico”.

La Campaña Nacional da por seguro que este 2020 “el aborto será ley”, y remarcaron que “nuestro proyecto está en las calles y es el momento que el debate parlamentario sea urgente, sin dilaciones, sin violencia. Siempre hemos planteado un debate franco, científico, en el marco de derechos, sin hipocresías ni golpes bajos. Queremos ponerle fin a la clandestinidad, a la criminalización y penalización de nuestras decisiones y deseos”.

Recordaron además que el proyecto que impulsan para la interrupción voluntaria del embarazo es “producto del consenso y el acuerdo de 700 organizaciones sociales, políticas, sindicales, de mujeres, feministas, de la diversidad, colectivas de artistas, del deporte y la academia. Lo presentamos por octava vez en 2019 con más de 70 firmas de diputados y diputadas, y tiene el apoyo de senadoras y senadores de todo el arco político representado en el Congreso de la Nación. Proyecto que ha tomado lo aprendido por el debate político y social del 2018 y de 15 años de historia de la Campaña”.

Por Carolina Ramos

Eran casi las 11 de la mañana cuando Mónica Macha, de vestido verde musgo, anudó en su muñeca el pañuelo. Minutos después, otra diputada del Frente de Todos, la salteña Verónica Caliva, llevó a su banca otra pila de pañuelos, que pronto empezaron a diseminarse entre las legisladoras del oficialismo. Las mismas que, junto a varias de la oposición, estallaron de euforia cuando Alberto Fernández anunció el envío del proyecto de legalización del aborto.

El anuncio del presidente llegó cuando el discurso ya estaba avanzado y levantó una Asamblea Legislativa verdaderamente sobria. Fernández eligió un tono pacífico, aunque hizo insistentes referencias a la gestión anterior, y abarcó la mayoría de los grandes temas. Lo escucharon numerosos invitados especiales, además de funcionarios, gobernadores, sindicalistas y empresarios.

El mensaje de apertura de sesiones ordinarias duró exactamente 80 minutos. El presidente leyó todo su discurso, que fue interrumpido por aplausos en muchas oportunidades. A su izquierda, la vicepresidenta Cristina Kirchner, con un vestido floreado de vistosos colores, lo escuchó con atención, al igual que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala.

“El aborto sucede. Es un hecho”, sentenció Fernández al revelar que enviará la iniciativa al Congreso “en los próximos diez días”. Sin distinción de partidos, hombres y mujeres a favor de la ley aplaudieron de pie. En Juntos por el Cambio hubo unos pocos pañuelos verdes: los radicales Emiliano Yacobitti, Dolores Martínez, Lorena Matzen y Claudia Najul fueron algunos de los que se sumaron. Al mejor estilo Lipovetzy, el puntano José Riccardo se calzó una corbata al tono.

Los ministros del Gabinete, ubicados a la derecha del estrado principal, también celebraron, en su gran mayoría, la noticia. Elizabeth Gómez Alcorta, la responsable de la cartera de Género y Diversidad, lució emocionada su propio pañuelo. Entre tanto verde, hubo una sola diputada que se animó a mostrar su pañuelo celeste: fue la evangelista Dina Rezinovsky (Pro), quien ingresó a la Cámara en diciembre.

“Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir”

“¡Presidente, Alberto presidente…!” fue el cántico de bienvenida de los diputados del Frente de Todos una vez que Fernández puso un pie en el recinto para inaugurar el 138° período de sesiones ordinarias.

Los primeros aplausos del oficialismo bajaron cuando el mandatario, tras hacer una descripción de la situación en la que encontró el país, lanzó su principal premisa: “Comencemos por los últimos para llegar a todos”.

Uno de los pasajes más festejados fue el referido a la fuga de divisas durante el gobierno de Mauricio Macri. “Nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada a su paso”, subrayó el presidente.

El bloque de Máximo Kirchner también aplaudió el pedido de “responsabilidad” a los formadores de precios; el proceso de transparencia en “más del 90% de los fondos reservados” de la AFI; el DNU para modificar la Ley de Inteligencia; y la creación de un Consejo Nacional sobre Malvinas.

Los legisladores de Juntos por el Cambio celebraron pocos segmentos del discurso. Uno de ellos fue cuando el presidente anunció que ordenará a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que desclasifique los testimonios secretos y toda documentación reservada sobre el atentado a la AMIA, ocurrido hace 26 años.

Ausentes e invitados vip

Hubo ausencias destacadas, entre ellas las del canciller Felipe Solá -en Uruguay- y tres de los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia: Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Solo asistieron su presidente, Carlos Rosenkrantz, y Elena Highton de Nolasco.

Tampoco estuvo Macri ni ningún otro expresidente, salvo por Carlos Menem, quien asistió junto a su hija Zulemita e intercambió un apretón de manos con Fernández cuando terminó la Asamblea. El titular del PJ, José Luis Gioja, faltó por un “fortísimo estado gripal” que le impidió viajar a Buenos Aires, indicaron en su entorno.

Entre los gobernadores ausentes se encontraron el correntino Gustavo Valdés y la rionegrina Arabela Carreras, quienes inauguraron las sesiones ordinarias en sus provincias. Sí participaron  Axel Kicillof (Buenos Aires), Horacio Rodríguez Larreta (CABA), Sergio Ziliotto (La Pampa), Mariano Arcioni (Chubut), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Omar Gutiérrez (Neuquén), Sergio Uñac (San Juan) y Gustavo Bordet (Entre Ríos).

Como es costumbre, los palcos de la primera bandeja se llenaron de personalidades de la política, del mundo empresario y sindical, de la cultura y los Derechos Humanos.

Sobresalió en primera fila Marcelo Tinelli, quien ya había concurrido a la asunción de Fernández. El conductor televisivo tomó mate con Malena Galmarini, titular de Aysa y esposa de Massa. También estuvieron los titulares de la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña; los sindicalistas Hugo Moyano (Camioneros), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Antonio Caló (UOM), entre otros.

A la izquierda de los gremialistas se ubicaron los intendentes bonaerenses Fernando Espinoza (La Matanza), Gustavo Menéndez (Merlo), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Mariano Cascallares (Almirante Brown). En el “palco empresario” se vio a Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja, de la UIA; Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy; y Víctor Fera, de Maxiconsumo.

Entre las personalidades de los Derechos Humanos figuraron el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; y las referentes de Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y Estela De Carlotto, quien se sentó junto al secretario del área, Horacio Pietragalla. En la segunda bandeja, siguieron el discurso el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, y el secretario de Malvinas, Daniel Filmus.

La división entre “verdes” y “celestes” volvió a hacerse presente este viernes en el recinto del Senado. Fue durante el debate sobre Marisa Graham, la nueva Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, quien está a favor del aborto legal, lo que despertó el rechazo de los senadores que en 2018 votaron en contra de la ley.

El nombramiento fue aprobado con 47 votos a favor y 21 en contra. El dato saliente es que trece senadores que se opusieron a la interrupción voluntaria del embarazo, este viernes apoyaron la nominación de Graham, dejando a un lado sus posturas sobre esta ley.

Estos trece senadores fueron Roberto Basualdo (San Juan), Inés Blas (Catamarca), Maurice Closs (Misiones), Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), Silvina García Larraburu (Río Negro), Cristina López Valverde (San Juan), Carlos Menem (La Rioja), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), Guillermo Snopek (Jujuy), Magdalena Solari Quintana (Misiones), Rubén Uñac (San Juan), Sergio “Oso” Leavy (Salta) y Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero).

Cabe aclarar que tanto Leavy como Ledesma Abdala votaron en contra del aborto legal en calidad de diputados, mientras que el resto lo hizo como senador.

Por el contrario, el radical Eduardo Costa, quien acompañó la ley hace dos años, este jueves votó en contra del pliego de Graham, y no fundamentó su posición en el recinto.

Los restantes senadores que rechazaron a la nueva Defensora del Niño fueron Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Pedro Braillard Poccard (Corrientes), Esteban Bullrich (CABA), Julio Cobos (Mendoza), Alfredo De Angeli (Entre Ríos), Silvia Elías de Pérez (Tucumán), Mario Fiad (Jujuy), Silvia Giacoppo (Jujuy), Teresa González (Formosa), Julio Martínez (La Rioja), José Mayans (Formosa), Dalmacio Mera (Catamarca), Stella Maris Olalla (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Reutemann (Santa Fe), Antonio Rodas (Chaco), Juan Carlos Romero (Salta), Belén Tapia (Santa Cruz), Clara vega (La Rioja) y Víctor Zimmermann (Chaco).

Además, en la votación hubo cuatro ausentes: Juan Carlos Marino (La Pampa), Roberto Mirabella (Santa Fe), Gerardo Montenegro (Santiago del Estero) y el tucumano José Alperovich, de licencia.

En la previa de la sesión donde se votará el nombramiento de Marisa Graham como Defensora del Niño, siete senadores -en su mayoría, de Juntos por el Cambio- presentaron una nota ante las autoridades advirtiendo que el pliego de la abogada “caducó” por la renovación parlamentaria, y por lo tanto no podría tratarse en el recinto.

La misiva fue firmada por los senadores Belén Tapia, Silvia Elías de Pérez, Pedro Braillard Poccard y Silvia Giacoppo, quienes en 2018 votaron en contra de la ley de aborto, la cual Graham apoya.

También acompañaron la nota Pablo Blanco -incorporado en diciembre-, Clara Vega -quien integra el Interbloque Federal- y Eduardo Costa -que votó a favor de la interrupción voluntaria del embarazo-.

Los senadores citan el artículo 106 del reglamento del Senado, que indica que “los dictámenes de las comisiones permanentes, de que se haya dado cuenta al Senado o que se encuentren en el Orden del Día pendiente, se mantienen en vigor hasta la próxima renovación del cuerpo, siempre que antes no se produzca la caducidad en virtud de la Ley 13.640 y sus modificatorias”.

El reglamento también indica en dicho artículo que “los dictámenes de las comisiones especiales caducan de acuerdo con las disposiciones de la ley mencionada”.

“El tratamiento de este tema en estas condiciones no solo podría sentar un peligroso precedente para el tratamiento de otros asuntos, sino que además no estaría teniendo el tratamiento apropiado, con el proceso correspondiente para la designación de un cargo tan sensible y relevante”, argumentaron los legisladores.

Sin embargo, en noviembre del año pasado, la comisión bicameral que propuso a Graham firmó una resolución aclaratoria en la que especificó que para la vigencia del concurso se contabilizan 180 días hábiles legislativos, con lo cual el pliego caducaría en abril próximo.

En la Cámara de Diputados, el pliego de Graham fue aprobado a mano alzada en junio de 2019, y este mes fue incluido por el presidente Alberto Fernández en el temario de sesiones extraordinarias para completar su tratamiento en el Senado.

“La defensa de la vida no admite ningún tipo de monedas de cambio. Una ley que garantice contención social y económica a las mujeres embarazadas más vulnerables va a recibir el apoyo de todos los sectores, pero bajo ningún punto de vista puede pensarse que con eso se va a negociar el apoyo a la legalización de la muerte de los niños por nacer”, afirmó la senadora Silvia Elías de Pérez (Tucumán – Juntos por el Cambio), al referirse al posible anuncio que el presidente Alberto Fernández realizaría el domingo en la Asamblea Legislativa.

Según se conoció, Fernández anunciaría junto a la legalización del aborto, un proyecto de ley para apoyar los embarazos considerados vulnerables.

“Hace dos años hemos dado un debate muy amplio. La ciencia ya ha demostrado que hay vida desde la concepción, y todo nuestro ordenamiento jurídico está orientado en ese sentido. No puede ser un derecho terminar con la vida de otro”, expresó la parlamentaria tucumana.

La senadora radical dijo que los diputados y senadores que se opusieron a la legalización del aborto en 2017 no van a aceptar que se cambie el sentido de su voto por otros proyectos.

“El rechazo al aborto no será negociado”, manifestó categóricamente.

Un grupo de diputadas partidarias de la legalización del aborto quedaron envueltas en una polémica por habérseles atribuido haber cantado durante la marcha verde realizada la semana pasada consignas contra la Iglesia. Puntualmente esos cánticos advertían que de no aprobarse la ley “les copamos las rutas y les quemamos la catedral”.

Diversas organizaciones y usuarios de las redes expresaron su repudio hacia las diputadas, entre ellos Unidad Provida, que sostuvo que “incitar a la violencia y la intolerancia es inadmisible para un funcionario público”. Tan es así que el Partido Demócrata Cristiano de la Ciudad, a través de sus abogados María Alejandra Muchart, Carlos Lionel Traboulsi y Ernesto Lamuedra, anticiparon que presentarán una denuncia penal este miércoles contra las diputadas nacionales Brenda Austin, Silvia Lospennato, Karina Banfi, Carla Carrizo, Mónica Macha y Josefina Mendoza por “incitación a la violencia, discriminación, incumplimiento de los deberes de funcionario público e inhabilidad moral, entre otras cuestiones”.

Repudiamos las expresiones de las diputadas nacionales @brendalisaustin @slospennato @KBanfi @CarlaCarrizoAR @MoniMacha @JosefaMendo q amenazaron con quemar la Catedral si no se aprueba el aborto.
Incitar a la violencia y la intolerancia es inadmisible para un funcionario público pic.twitter.com/H8fxXozNSF

— Unidad Provida (@unidadprovida) February 21, 2020

Envuelta en dicha polémica, la diputada del Pro Silvia Lospennato salió a defenderse en las redes. “Primero aclaro que no era la consigna del acto, pero sí  se cantó una canción con una frase que repudio absolutamente, por eso no la canté ni ese día ni nunca. Respecto a todas las religiones, como dice nuestra Constitución Nacional y creo en el Estado laico”, expresó en respuesta a una dura crítica de Roberto Cachanosky, quien había dicho que le llamaba la atención que Patricia Bullrich, como presidenta del Pro, no hubiera salido a “repudiar el comportamiento de Silvia Lospennato, siendo que pertenece al Pro. Parece que para el Pro quemar catedrales es algo común”.

Lo cierto es que ese grupo de diputadas participó de la marcha y en un momento subieron al palco, donde se las vio bailar al compás de diversas consignas y en las redes se difundieron las imágenes en las que se las ve mientras se canta la citada consigna.

Activa militante “celeste”, la diputada nacional del Pro Victoria Morales Gorleri salió en defensa de las legisladoras al postear en su cuenta de Twittler un video en el que tras ratificar su postura “a favor de las dos vidas”, aclara que “lo que pasó en el acto por lo cual están agrediendo a Silvia Lospennato, Cami Crescimbeni, Kari Banfi, piensen, más allá de las diferencias que podamos tener, que son profundas en este punto, sé que son personas que defienden la república, las instituciones, que son respetuosas, que trabajan por el encuentro, por la paz, por la unidad, y no merecen”.

Sobre el ataque en las redes que sufrieron @slospennato, @camicrescimbeni y @KBanfi 👇🏼 pic.twitter.com/88Ze7Z3hdv

— Victoria Morales Gorleri (@VMoralesGorleri) February 23, 2020

Y se preguntó a continuación “cuántas veces ustedes, yo, hemos estado en lugares donde se cantan cosas en las que no estamos de acuerdo. Eso no quiere decir que las pensemos”, tras lo cual expresó su solidaridad para sus colegas y llamó a los dos sectores en pugna en este tema “defender lo que creemos sin agredir a nadie”.

“Es un derecho y es necesario desde la salud pública”, señaló este fin de semana el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, al ser consultado sobre el proyecto de ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, cuyo envío el presidente de la Nación confirmará en la apertura de sesiones ordinarias.

El funcionario señaló que “va a ser legal la interrupción del embarazo, y se va a eliminar cualquier penalización a quien lo hiciera”.

Entrevistado por radio Mitre, aclaró en ese sentido que la legalización correrá “salvo que lo hiciera fuera de los plazos y lo que dice la ley, no es que va a dejar sin sanción a quien lo haga fuera de ella”.

“La intención es enfocarla desde lo que significa en la salud pública, cuántas muertes y mutilaciones evitamos, cuánta ilegalidad evitamos”, señaló el funcionario al ser entrevistado por el periodista Marcelo Bonelli.

Con relación a las resistencias que el proyecto tiene en diversos sectores sociales, Ginés González aclaró que esa práctica “es una opción, no es obligatorio. Es un derecho y es necesario desde la salud pública. Uno tiene que hacer lo que cree que es bueno para un país”.

Por Melisa Jofré

Con un fuerte impulso por parte de Alberto Fernández -será la primera vez que un gobierno envíe un proyecto de ley sobre el tema- la discusión por el aborto legal, seguro y gratuito volverá al centro de la escena en este año parlamentario.

A partir de los anuncios del presidente, tanto legisladores del sector “verde” como del “celeste” aceleraron sus movimientos para vislumbrar cómo resultaría la votación de la iniciativa. “En Diputados pasa por una veintena de votos”, pronosticó ante parlamentario.com una legisladora que sigue de cerca el llamado “poroteo”.

Según un conteo realizado por este medio, los defensores de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) llevan ventaja en la Cámara baja. ¿Pero que podría pasar en el Senado? Allí, en agosto de 2018, la iniciativa resultó rechazada por 38 votos negativos, 31 positivos y dos abstenciones.

De acuerdo a un relevamiento de parlamentario.com, dentro de la composición que debutó el pasado 10 de diciembre, hay 34 senadores en contra y 32 a favor. Es decir que el margen de diferencia se achicó.

En tanto, hay dos que aún no se pronunciaron y otros dos que no adoptaron posición alguna. Un caso es el de la radical Stella Maris Olalla. Desde el entorno de la entrerriana confirmaron a parlamentario.com que la senadora esperará a saber cuál es la letra chica del proyecto para tomar una decisión.  

De los senadores restantes, la neuquina Lucila Crexell se abstuvo en la votación de hace casi dos años. El otro es el tucumano José Alperovich, de licencia hasta fines de mayo por la grave denuncia de abuso sexual en su contra. El exgobernador se opuso a la legalización del aborto en aquella jornada histórica.

Entre los “verdes”, la mayoría de los senadores son del bloque del Frente de Todos. Pero dado la fusión que el PJ y el Frente para la Victoria -como figuraban las bancadas en 2018- alcanzaron en el Senado, existe ahora un número importante de legisladores del oficialismo que se oponen a la iniciativa.

Leé también: “Aborto legal: los “verdes” llevan ventaja pero hay 40 diputados sin definición”.

Un caso emblemático es el de José Mayans. Férreo opositor a la IVE, el formoseño es hoy jefe del bloque FdT y, por ende, encargado de defender los proyectos del Gobierno. También se encuentran en esa lista la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora y el misionero Maurice Closs, presidenta provisional y vicepresidente de la Cámara, respectivamente.

Con esta muy leve tendencia en contra, el aborto legal podría ser nuevamente rechazado en la Cámara alta. Pero la balanza se terminará de inclinar una vez que ese grupo de cuatro confirme su voto. No obstante, de cara a un nuevo debate, deberá verse también si las posiciones de los senadores que participaron de la anterior discusión se mantienen intactas.

¿Y en caso de empate? A diferencia de lo que sucede en la Cámara de Diputados, donde Sergio Massa estaría lejos de tener que intervenir con el botón, una igualdad en la votación del Senado se resolverá con la participación de Cristina Fernández de Kirchner. 

A pesar de no haber motorizado el tema durante sus ocho años de gobierno, la vicepresidenta votó a favor de la ley en agosto de 2018, cuando ocupaba una banca como senadora por la provincia de Buenos Aires. En aquella oportunidad afirmó que la habían hecho cambiar de opinión “las miles y miles de chicas que se volcaron a las calles”.

Por Carolina Ramos

Diputados y diputadas de todo el arco político se reunieron por primera vez en el año con activistas de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito para trazar una estrategia conjunta de cara al debate, con la expectativa puesta en el proyecto que enviará el Poder Ejecutivo una vez que inicie el período ordinario de sesiones.

Durante el encuentro, que se desarrolló en la sala de reuniones del quinto piso del Anexo, los participantes valoraron los esfuerzos del Gobierno, aunque se manifestaron en estado de “alerta” sobre el contenido del proyecto oficial. Ni siquiera las representantes del Frente de Todos Mónica Macha y Mara Brawer pudieron adelantar detalles de la redacción, aunque confirmaron que el Ejecutivo trabaja en el tema.

“Fue la primera reunión de coordinación del año, con el fin de preparar la movilización del 19F y planificar una estrategia de acompañamiento mutuo. Queremos que el proyecto de la Campaña sea tomado como base y que sea puesto en debate simultáneamente con el del Ejecutivo. Esperamos que ambos sean sencillos de armonizar”, dijo a parlamentario.com Silvia Lospennato, una de las principales abanderadas de la causa.

El texto de la Campaña fue presentado a fines de marzo de 2019, luego del fracaso en el Senado. Esa última versión, encabezada por la actual titular del INADI, Victoria Donda, volvió a tener un respaldo transversal y reunió nada menos que 68 firmas.

Según trascendió en los últimos días, el presidente enviará un proyecto de despenalización y legalización del aborto, que elabora la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en conjunto con los ministros de Salud, Ginés González García, y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth, Gómez Alcorta. En paralelo se presentaría otra iniciativa, destinada a asistir a mujeres embarazadas en estado de vulnerabilidad.

Lo cierto es que ni activistas ni diputadas aceptarán que haya retrocesos con respecto a la media sanción alcanzada en 2018. Fueron Brenda Austin (UCR) y Romina Del Plá (Partido Obrero) quienes plantearon dudas sobre tres cuestiones puntuales: que el aborto sea incluido solo en el sistema público de salud -excluyendo al sistema privado y obras sociales-; que se contemple la objeción de conciencia para profesionales que se nieguen a realizarlo; y que haya un tratamiento perjudicial para menores de edad.

Además de esas inquietudes, temen que se baje de 14 a 12 semanas el plazo para practicar abortos legales en cualquier circunstancia. Fuera de ese término, se busca garantizar ese derecho a personas gestantes que hayan sido víctimas de violación o que tengan comprometida su salud.

Hubo acuerdo en fortalecer el intercambio entre sociedad civil y diputados, incorporando a los que asumieron en diciembre y, fundamentalmente, a senadores. Creen que el debate podría ser más veloz que en 2018, cuando se realizaron numerosas audiencias públicas, por lo que intentarán aceitar el diálogo con los “verdes” de la Cámara alta.

“Queremos que estas reuniones también se realicen en el Senado”, planteó una de las participantes a parlamentario.com, con la certeza de que la votación resultará favorable en Diputados, y al mismo tiempo el temor de que, una vez más, el terreno se complique en la Cámara alta.

El segundo aspecto en el que hubo coincidencias es que debe ser Diputados la Cámara de origen, y en ese sentido piden que los proyectos mantengan el mismo giro a comisiones. En 2018 fueron las de Legislación General; Legislación Penal; Salud; y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Esta última fue desdoblada en diciembre, quedando Mujeres y Diversidad por un lado, y Familias, Niñez y Juventudes por otro.

De esas comisiones, solo Legislación General fue constituida. La “verde” Cecilia Moreau (Frente de Todos) asumió en reemplazo de Daniel Lipovetzky. El oficialismo también podría quedarse con Salud, donde sería nombrado el tucumano Pablo Yedlin, que incluso figuró entre los candidatos a ministro del área antes de confirmación de González García. El resto de las comisiones está entre signos de interrogación.

Lo que viene

Otro tema que se abordó en la reunión fue la movilización federal del próximo miércoles 19, a dos años del “pañuelazo” que marcó el puntapié inicial del debate. Habrá marchas en todo el país y la principal será en el Congreso, donde se montará un escenario al que fueron convocadas las diputadas. La idea es lograr una foto conjunta, amplia y plural.

Para el 1ro de marzo, día de la apertura de sesiones ordinarias, se acordó llevar los pañuelos al recinto. La propuesta surgió de una diputada de la oposición y fue bien recibida por el resto. “Que haya mucho verde” fue la premisa, según pudo reconstruir parlamentario.com.

El 4 de marzo habrá una nueva reunión multilateral para evaluar el discurso presidencial y analizar los pasos a seguir. Se especula con que el proyecto de ley ingrese al Congreso en el transcurso de esa semana.  

En el encuentro estuvieron presentes los diputados Mónica Macha, Gabriela Estévez (Frente de Todos), Brenda Austin, Karina Banfi, Carla Carrizo, Josefina Mendoza, Fabio Quetglas, José Riccardo (UCR), Silvia Lospennato (Pro) y Romina Del Plá (PO).

Entre los diputados incorporados en diciembre figuraron Verónica Caliva, Mara Brawer, Carolina Yutrovic, Jimena López (Frente de Todos), Dolores Martínez y Gabriela Lena (UCR), y también participaron las exdiputadas Teresita Villavicencio y Nathalia González Seligra, además de integrantes de Amnistía Internacional y referentes de la Campaña como Nelly Minyersky y Victoria Tesoriero.

Los números

La semana pasada, parlamentario.com publicó un relevamiento propio sobre los votos del aborto legal en la Cámara de Diputados. Con el conteo actualizado a este jueves, se mantiene la diferencia a favor del proyecto, pero sigue habiendo una buena cantidad de incógnitas. La principal novedad es que los “verdes” sumaron dos votos, los de Liliana Schwindt y Adriana Cáceres, que jurarán en reemplazo de Felipe Solá y Guillermo Montenegro, respectivamente.

Los últimos números relevados por este medio arrojan 115 votos a favor; 103 en contra; 9 diputados que permanecen indefinidos; y 28 de los cuales no se conoce su postura. Hay además una diputada que en 2018 se abstuvo (la cordobesa Alejandra Vigo) y una banca vacía, la de José Ignacio De Mendguren, que está de licencia y que hace dos años votó afirmativamente.

El presidente Alberto Fernández confirmó este lunes que el proyecto de ley sobre aborto incluirá tanto la despenalización como la legalización, porque “de otro modo no se puede funcionar”.

“La penalización del aborto es un daño enorme que sufre la Argentina. Ya dije mil veces, hay que despenalizar el aborto y legalizarlo. La legalización quiere decir que todas tengan acceso a la salud pública para tener la atención adecuada”, sostuvo.

En diálogo con radio Continental, el mandatario reafirmó su intención de avanzar con la ley y dijo: “El aborto hoy en día es un delito. Por lo tanto, obliga a las mujeres que lo practican a hacerlo en condiciones de clandestinidad. La condición de clandestinidad genera un enorme riesgo para la mujer”.

“La idea es terminar de una vez con esta discusión que no sé por qué se prolonga tanto tiempo, que me parece que es parte de la hipocresía argentina porque mientras discutimos los abortos se siguen practicando”, enfatizó y agregó que las mujeres “que tienen recursos van a un lugar privado y eso se convierte en un certificado por aborto espontáneo, las que no los tienen en el mejor de los casos quedan estériles y en el peor, mueren”.

Sobre su visita al papa Francisco, Fernández aseguró que “el tema del aborto no fue abordado con el Santo Padre, no sé porque hicieron tanto ruido los medios argentinos con ese tema. Lo que hubo sí fue un comentario del secretario de Estado del Vaticano (Pietro Parolin), que me dijo lo que todos sabemos, que es el pensamiento de la Iglesia”.

“Que uno legalice el aborto tampoco lo hace obligatorio. Y hay muchos creyentes en la Iglesia Católica que piensan que el aborto no es una buena práctica. Hay que respetar todas las posiciones”, completó.

Por Carolina Ramos

El fuerte impulso que le dio Alberto Fernández al aborto legal en París renovó la expectativa en el Congreso de cara al debate que volverá a darse este año. El presidente anunciaría formalmente el envío del proyecto el 1ro. de marzo, en su primer discurso de apertura de sesiones, y a pesar de que los “verdes” cuentan con una ventaja numérica inicial, deberán trabajar para consolidar el apoyo.

Si el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se tratara hoy en el recinto de la Cámara baja, habría al menos 111 votos a favor y 102 en contra, a los que hay que sumar 9 diputados  que no tomaron partido -algunos de los cuales proponen una consulta popular- y 31 que no se pronunciaron públicamente. Son 40 incógnitas, según arroja un relevamiento exhaustivo de parlamentario.com.

Hay además una legisladora que continúa su mandato y que se abstuvo en 2018: la cordobesa Alejandra Vigo. En su entorno aseguraron que “hasta que no ingrese el proyecto, no se va a saber” si mantiene esa postura. Asimismo, hay una banca sin ocupar, la que dejó José Ignacio De Mendiguren, que se tomó licencia para asumir en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

No solo De Mendiguren dejó su escaño vacío. Es que todavía no asumieron los reemplazantes del canciller Felipe Solá y del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Esos lugares aspiran a ser ocupados, respectivamente, por Liliana Schwindt y Adriana Cáceres, pero ninguna de las dos pudo asumir porque sus casos están trabados en la Justicia por la paridad de género.

También está entre signos de interrogación el reemplazo de Elisa Carrió -contabilizada entre los “celestes”-, cuya renuncia se hará efectiva en marzo. La banca es disputada por José Luis Patiño y Patricia Holzman, ambos del Pro. El primero aseguró a este medio que está “a favor de la despenalización” y que de haber tenido que votar en 2018, hubiera acompañado. La segunda no se manifestó.

En las elecciones del año pasado, la mayoría de los candidatos tuvieron que responder a la pregunta obligada sobre la ley de aborto, por lo que muchos ingresaron al Congreso con una postura pública tomada. De hecho, la clasificación de “verdes” y “celestes” operó por primera vez a la hora de conformar las listas. Sin embargo, hay un sector importante que todavía no emitió opinión, y otros que se muestran como indefinidos.

Un caso emblemático es el del exgobernador mendocino y titular de la UCR Alfredo Cornejo, quien consultado por distintos medios propuso que se realice una consulta popular, al igual que Jimena Latorre, quien lo secundó en la lista. Otro que propuso un plebiscito es el cordobés Carlos Gutiérrez, hombre del gobernador Juan Schiaretti. Lo cierto es que la biblioteca está dividida respecto de la constitucionalidad o no de este procedimiento.  

Otros legisladores son más cautos y prefieren no opinar hasta no tener el texto en sus manos, como por ejemplo el joven monzoísta Sebastián García De Luca. Otro sub-40, el puntano Alejandro Cacace, dijo estar a favor de la despenalización, pero aclaró: “Igualmente queremos ver el proyecto”.

Entre los gobernadores que desembarcaron en Diputados hay posturas divididas, pues Sergio Casas (La Rioja) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego) están en contra, y Cornejo y Lucía Corpacci (Catamarca) no definieron. Por Río Negro, Luis Di Giácomo, el representante de Alberto Weretilneck -ahora senador- se ubica entre los “verdes”.

Merece un párrafo aparte Eduardo Valdés, exembajador en el Vaticano, quien fue ambiguo cada vez que se lo consultó sobre el tema. Dijo ser de los que creen que “cuando hay embrión hay vida”, pero que “la sociedad civil va a por un lado y lo religioso va por otro”. Afirmó que “la tendencia es que la interrupción legal del embarazo va a ser ley” y que el papa Francisco, que recientemente recibió al presidente Fernández, “lo va a entender”.  

El listado de los que se llamaron a silencio incluye, entre otros, al exvicegobernador de San Luis Carlos Ponce; el extitular de la Cámara de Diputados bonaerense, Jorge Sarghini; y Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica. El bloque de Carrió votó en contra del proyecto hace dos años con una única excepción, la de Juan Manuel López, que esta vez tendrá dos nuevos aliados, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

Lo cierto es que el tablero está abierto y los diputados indefinidos son, una vez más, la llave para destrabar la votación. Los “verdes” tendrán que esforzarse para asegurar el número y alzarse con la media sanción. ¿Qué haría Sergio Massa en caso de que le toque desempatar? El presidente de la Cámara baja nunca expresó una postura clara y en su círculo íntimo aclaran que su esposa, Malena Galmarini, “no es una presión para él”. Su antecesor, Emilio Monzó, estuvo contra las cuerdas en 2018. No le tocó votar, pero hay quienes aseguran que se hubiera inclinado por el “ sí ”.

En el cierre de su gira por Europa, el presidente Alberto Fernández confirmó que enviará un proyecto que “termine con la penalización del aborto” y permita “la atención de cualquier aborto, en cualquier centro público”.

Al responder preguntas de estudiantes del Instituto de Estudios Políticos de París, donde brindó una conferencia sobre el futuro de las relaciones entre América Latina y Europa, el presidente ratificó su compromiso con la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y confirmó que el Gobierno presentará un proyecto propio en el Congreso.

“En la Argentina el aborto es un delito. Es un extraño delito donde casi nunca se condena a ninguna mujer por aborto pero todos sabemos que existe. ¿Cuál es el problema de que exista? Que todo aborto se vuelve clandestino y en la clandestinidad el riesgo de vida y de salud de la mujer aumenta”, observó el presidente, que, en este sentido, sostuvo que el problema es más agudo “de acuerdo a la clase social de quién practica el aborto. Si es de clase alta, lo hará en un centro de salud adecuado, en condiciones adecuadas y el certificado médico dirá que tuvo una aborto espontáneo y su salud estará garantizada”.

Por esto, manifestó que va a mandar una ley “que termine con la penalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en cualquier centro público”.

Asimismo, advirtió que “una mujer sin recursos toda su vida corre peligro. Y si zafa su vida, corre el riesgo de sufrir lesiones internas. Es parte de la discusión hipócrita que se tuvo con el divorcio, durante años discutimos si se podía volver a casar”, y remarcó que “no vivo en paz con mi consciencia sabiendo que una mujer tiene que realizarse un aborto, no tiene la posibilidad económica y termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando o matando”, cuyo comentario fue recibido con aplausos en el auditorio.

Así, el proyecto sobre la despenalización del aborto volvió a colarse en la agenda por segunda vez durante la gira presidencial, luego de que, hace unos días, el tema generara algún contrapunto con el Vaticano, cuando en conferencia de prensa, luego del encuentro con el papa, Alberto Fernández asegurara que no se hablo del tema, mientras que el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, afirmó que con él se habló respecto a “la protección de la vida desde su concepción”.

En tanto, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito calificaron de “auspiciosa” la confirmación del Ejecutivo de enviar un proyecto que “reconozca el derecho a decidir sobre nuestras vidas y libertades como mujeres”.