La Comisión de Industria y Comercio del Senado, que preside el senador sanjuanino Roberto Basualdo, recibió este miércoles a representantes de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) para exponer sobre la necesidad de una normativa específica que brinde seguridad jurídica a concesionarios y a sus trabajadores, con el fin de lograr un equilibrio entre las partes que conforman la dinámica de dicho sector.

Ricardo Salomé, presidente de Acara, expuso en el inicio de la sesión sobre los detalles del proyecto de ley de concesión automotriz “que para nosotros es sustancial por lo que significa para nuestro sector y la economía del país”.

Al respecto detalló que la cadena de valor automotriz, de la cual los concesionarios de Acara son parte, constituye el equivalente del 2,5% del PBI. Esto es, el décimo lugar entre las 63 cadenas identificadas en todo el país. Señaló que “su importancia en la vida cotidiana se manifiesta en las actividades que surgen alrededor de un parque automotor de 15.608.000 vehículos, con un promedio de antigüedad de 14,8 años. Nuestro rol resulta insustituible entre productores y consumidores”.

Salomé remarcó que la de un vehículo es “la segunda compra de un bien para los argentinos en importancia; exige un fuerte vínculo de confianza”, y habló entonces de “garantizar los equilibrios y la justa distribución de las responsabilidades, lo cual es el propósito de la ley de concesión que presentamos hoy”. La idea es, expuso, “darle un marco jurídico y actualizado a las partes que adapte en nuestro país los procesos vigentes en los mercados más exigentes y competitivos, como son la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil”, país este último donde rige la ley conocida como “Renato Ferrari”.

Así las cosas, el titular de Acara destacó que se busca dictar una ley para garantizar el equilibrio entre el concesionario y su fábrica automotriz, la cual tendrá impacto en el empleo y la producción.

“No solo somos autos -aclaró Salomé-. Conformamos 2.485 concesionarios a lo largo y ancho del país; 778 concesionarios de autos; 1.321 concesionarios de motos; 250 de maquinaria agrícola y 129 de camiones y acoplados. Todas PyMEs de capitales nacionales, que brindan empleo a 75 mil personas de modo directo y 275.000 de modo indirecto”.

A continuación contó que habían elaborado un estudio que ponían a consideración de los senadores, en cuya primera parte se muestra el proyecto de ley, con sus antecedentes correspondientes a 2015 y 2016. En la segunda parte figura lo que se presentó cuando se modificó el Código Civil y Comercial con contratos de concesión, el debate parlamentario en el Código Civil el anteproyecto de ley de comercialización de 1984 y el proyecto de ley de comercialización de automotores nuevos del año 75 que fue tomado por Brasil, donde se convirtió en ley. Precisamente el senador que se ocupó de motorizarlo allí se llama Renato Ferrari y de ahí que la norma lleve su nombre.

En su exposición, el empresario hizo especial hincapié en referenciar las leyes vigentes en Estados Unidos, España y México. “No pretendemos tener un régimen especial que no esté en otras partes del mundo. Queremos en Argentina poder tener el mismo tratamiento que tienen las terminales automotrices con sus concesionarios en sus  países de origen. Pretendemos un trato equilibrado que haga las relaciones jurídicas estables entre las partes”, precisó.

Asimismo expresó el deseo de “poder llegar mejor a los consumidores” y al destacar el rol muy especial que su sector tiene en esta materia resaltó la asistencia que le dan a los autos en la post venta.

Es por eso que “necesitamos una ley especial para nuestro sector”, enfatizó, destacando al leer los fundamentos del proyecto la pretensión de “cubrir la inseguridad jurídica” para terminar con una “continua situación de incertidumbre, mitigada en parte con el nuevo Código Civil de 2015”.

El proyecto, dijo, “se enmarca en el objetivo de fortalecer la relación de forma equitativa, fijando parámetros claros en el contenido de los contratos, propendiendo no solo a una mayor simetría en la relación, sino también mejorando la relación de la concesionaria con el consumidor final”.

Para el titular de Acara, “para proteger la industria hay que proteger la cadena que va de la producción a la comercialización”, y así dotar a las concesionarias “de capacidades de hecho y de derecho”.

Una y otra vez repitió que “no queremos tener ningún trato preferencial como sector diferente al que tienen todos los países productores con sus concesionarios. Darle seguridad jurídica a los concesionarios es dársela al consumidor final, que es el que trata directamente con el concesionario, es amigo del concesionario, le compra por la confianza, por sus servicio de posventa y el consumidor final deja en manos del concesionario el segundo bien más preciado de su vida”.

A la hora de las preguntas, tomó la palabra el senador radical correntino Eduardo Vischi, quien observó que un artículo del proyecto deja sin efecto la Ley de Defensa del Consumidor, como así también planteó una observación respecto del artículo que habla de la obligatoriedad de que solo se venda dentro de la concesionaria.

El titular de Acara aclaró que no querían estar fuera de la Ley de Defensa del Consumidor y atribuyó que así pudiera interpretarse a “un yerro importante en el tipeo”, que sería corregido al día siguiente con un texto convenientemente corregido.

Asimismo señaló que “todas las ventas deben ser realizadas dentro del concesionario. Invertimos a lo largo y ancho del país, tenemos estructuras muy importantes y necesitamos que esa estructura esté al servicio de los consumidores finales de las empresas de todo el país. La gran mayoría de las ventas se producen dentro de concesionarios; no vemos por qué las fábricas tienen que ver en forma directa. Para eso nombraron una red de concesionarios. Las terminales tienen que producir y las concesionarias vender. Para eso estamos, para comercializar los productos que realizan las marcas”.

Durante la segunda parte de la comisión se dio tratamiento al proyecto de ley presentado por la senadora Lucila Crexell, que sustituye el Art. 51 de su similar 25.065 –Tarjetas de Crédito, respecto de ampliar el horario de atención al cliente e incluir la asistencia de una persona humana, que obtuvo dictamen favorable.

A continuación, la senadora cordobesa Carmen Alvarez Rivero (Juntos por el Cambio) advirtió que el proyecto le hacía “ruido”. Y respecto de los errores referidos por el empresario, señaló: “¡Qué error!”. La cordobesa tuvo observaciones respecto de que pudieran levantarse garantías constituidas; también el tema de que las terminales y concedentes tengan que indemnizar por pérdidas; la indemnización de los planes de ahorro y que todo eso tenga que pagarse en 60 días. Y alertó: “El mejor negocio para una concesionaria va a ser cobrar las indemnizaciones”.

Asimismo disparó: “No creo que sean la voz de todos los concesionarios”, e hizo especial hincapié en el tema de los planes de ahorro. “Ahí sí hay miles y miles de juicios o demandas, porque hay muchísimos consumidores que no están siendo por lo menos informados correctamente y se meten en planes que no pueden pagar y resultan una forma de sacarles ahorros y nunca jamás llegan al auto que quieren comprar”.

Salomé aclaró que “a los amigos de las terminales no los vamos a perder; lo único que solicitamos es tener el mismo tratamiento igualitario que tienen las fábricas en sus casas matrices con los concesionarios”. E insistió en que no estaba en discusión la Ley de Defensa del Consumidor.

Admitió que hay “serios problemas este año con la entrega de vehículos de planes de ahorro, porque no están los dólares para importar los autos. Todos entendieron que la demora se da por temas que no son inherentes al concesionario y fabricante. En Córdoba hay concesionarios excelentes Nosotros representamos la voz de la gran mayoría de los concesionarios del país”.

Salomé aclaró que “algunos de los puntos que tocó ya están en el Código Civil, como el de la recompra de bienes de uso. Una fábrica puede cancelar al concesionario que quiera con causa, es normal. Pero para esos temas de rescisiones se conformen acciones reguladas y adecuadas como en todos los países del mundo. El preaviso de un mes por año también está en el Código Civil”.

Sobre el final, el titular del interbloque oficialista, José Mayans, intervino señalando que “siempre decimos cuál es la economía que funciona. Precios justos, salarios justos. La preocupación que usted expresa es también la nuestra. Necesitamos que exista respeto hacia los consumidores”.

“Hay sectores que se han caracterizado por el abuso, la Argentina vive un momento especial. Tenemos un endeudamiento público que ha sido fuertísimo. Tenemos inconvenientes con la utilización de los dólares”, comentó el formoseño, recordando que “en su momento lo que reclamaba la industria era elevar la producción del proyecto terminado en la Argentina. Porque en esa discusión se decía cuál era el porcentaje: 30% local y 70% importado”.

En ese sentido cuestionó Mayans: “No deberían poner Industria Argentina, sino 70% importado”. Aclaró que en eso ellos no tenían nada que ver. “En el caso de ustedes, que hacen la comercialización, lo que reclama el pueblo argentino es precios justos y un esquema que no sea abusivo. El compromiso que podemos asumir es estudiar el tema, lo vamos a trabajar llamaremos, consultaremos. Y después haremos una contrapropuesta. Es el compromiso que asumimos”.

Salomé concluyó recordando la posibilidad de que en el marco del debate puedan venir a la Argentina legisladores de Estados Unidos, México, Brasil y España a contar cómo es la legislación en sus países.

Participaron también de la jornada los directores de Acara, Horacio Jack, Rubén Beato, Juan Villar, Paz Mariel y Daniel Forcinitti; los asesores Daiana Kaplan, Estela Ricardo, Miguel Schiapaccasse, y el gerente General de la misma entidad, Marcelo Slimmens.