La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a cargo de la oficialista entrerriana Blanca Inés Osuna, mantuvo una reunión este martes en la que avanzaron con distintos proyectos que proponen el acceso a la conectividad y a dispositivos tecnológicos en los establecimientos educativos.

También, pasaron a la firma diferentes iniciativas sobre declaración y resolución, mientras que el proyecto de ley en revisión por el cual se declara Cuna del Magisterio argentino a la Escuela Normal José María Torres de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, primera Escuela Normal Nacional de formación docente en la República Argentina, será analizado en otra reunión.

En el encuentro, que se llevó a cabo en la Sala 2, la titular de la Comisión enumeró los distintos proyectos en torno a la inclusión digital educativa, Ley de Justicia Digital Educativa, Agencia Federal de Conectar Igualdad, Plan Federal del Sistema Educativo, modificaciones al Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR), y remarcó: “Estamos abordando un tema que tiene numerosos antecedentes”.

A su vez, mencionó que el diputado Pablo Carro durante el 2020 “presentó proyectos de ley en ese sentido. Lo hemos trabajado con la diputada Morales Gorleri y hay en años previos iniciativas en este sentido. Cuando hablamos de derecho en educación, estamos abordando este tipo de cuestiones”.

En el uso de la palabra, la diputada de izquierda Romina Del Plá fundamentó que “es un tema que largamente hemos planteado que tiene que ver con el acceso a la conectividad, a los dispositivos”, y resaltó que es un tema que precede la pandemia y que se puso en “evidencia” con la misma.

“Hay que buscar un equilibrio porque no todo es educación digital porque también tenemos que tratar de reforzar todos aquellos aspectos que sabemos deficitarios en materia educativa en todos los aspectos, pero obviamente es necesario avanzar en la accesibilidad plena de los estudiantes, docentes y escuelas a la conectividad y a los dispositivos”, precisó Del Plá y señaló que actualmente hay “muchas escuelas del país que no tienen conectividad”.

En esa línea, agregó que “es la realidad que tenemos en muchos lugares donde las directoras y docentes pagan de su bolsillo el acceso a internet, no muy lejanos, tenemos acá en el conurbano donde podemos encontrar una multitud de esos ejemplos e incluso seguro acta en la Ciudad”.

“Garantizar el acceso y la navegación gratuita a los servicios de internet para docentes, alumnos y escuelas es un tema clave”, plateó la diputada de izquierda y explicó la iniciativa presentada por su espacio. “En primer lugar tiene que ver con determinar este acceso que es fundamental para todas las instituciones. En ese sentido se tienen que dar todas las medidas por parte del Estado para garantizar esto”, precisó y agregó: “Algunos edificios hay que adecuarlos para poder tener acceso correcto. Hay que garantizar el acceso a los dispositivos para aquellos que no los tienen y permitir tener el acceso a la navegación”.

Además, plantearon en el proyecto que “el costo de la conectividad para docentes, estudiantes y escuelas deben asumirlas las empresas de telecomunicaciones sin costo para el Estado”, y explayó: “Son las empresas las que justamente se han llenado enormemente los bolsillos a partir de la pandemia y nos parece que deberían prestar un servicio que es garantizar el acceso a la comunidad educativa a la conectividad. Sería a penas rozar el piso de las superganancias que tienen las empresas y nos parece un error que el Estado tenga que asumir, con recursos que hoy no tiene, el costo de garantizar ese acceso”.

A su turno, la diputada chaqueña Lucila Masin (FdT) destacó que se trata de una política “indispensable” para el país y ponderó el programa Conectar Igualdad que “tuvo un impacto en todas las escuelas públicas, primarias y secundarias, de educación técnica a todo lo largo y ancho del país. Con el propósito, no solo de entregar dispositivos y equipamiento, sino también para poder generar una participación activa hacia la comunidad en su conjunto”. Asimismo, consideró que “este tipo de políticas públicas educativas tienen que ser transformadas en ley para que puedan trascender los gobiernos y garantizar el derecho del acceso a la tecnología”.

La diputada Morales Gorleri (Pro) recordó que en el 2020 presentó un proyecto que “tenía el foco a las grandes necesidades y dificultades respecto a los temas de conectividad”, y sumó: “Creo que la mirada de mi proyecto debe ampliarse, porque la reunión anterior informativa que tuvimos dejó en claro que tenemos que tener una estrategia eficiente y equitativa respecto a la conectividad a nivel país, pero también trabajar con los equipos docentes para que tengan educación inicial y continua y garantizar los insumos”.

“Hay propuestas muy ricas, muy interesantes. Un tema de esta magnitud y en esta época, después de haber atravesado la pandemia, amerita detener diálogos profundos y fecundos para tener dictámenes conjuntos. Es importante intentar llegar a un acuerdo. hay materia muy interesante en los proyectos, en algunos tengo dudas”, opinó la diputada del Pro.

El vicepresidente de la Comisión y diputado del Pro, Alejandro Finocchiaro, sostuvo que “es una política prioritaria para tender a reducir la brecha digital, asegurar la inclusión digital educativa. Creo que tenemos que ser realistas y saber que esto proviene de dinero público, el Estado recauda e invierte en función de lo que recauda, entonces estamos frente a este desafío con el dinero que tiene el Estado”.

En ese aspecto, señaló: “Mientras más invertimos en lo que realmente se debe invertir, y menos en lo que no se debe, más realidad va a ser ese derecho. Siempre nos enfocamos como dispositivo en la computadora, pero no nos olvidemos que existen otros dispositivos como kit de robótica, drones, equipamiento en 3D. Podemos avanzar en otros tipos de tecnologías y dispositivos”.

Pasaron a la firma proyectos de declaración y resolución

La titular de la Comisión comentó que en las distintas reuniones que se mantuvieron los legisladores presentaron diferentes proyectos de resolución y de declaración sobre las que van a “dictaminar” porque “han sido trabajadas y acordadas”.

Por otro lado, Blanca agradeció a diputados que se sumaron a la reunión pese a que no son parte de la Comisión, pero “tienen particular interés por llevarse esas declaraciones, resoluciones”, y pidió que se leyeran los proyectos para pasarlos a la firma.

En el uso de la palabra, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) adelantó los motivos por el que no acompañó algunos proyectos, uno de ellos de la diputada oficialista Susana Landriscini porque “creo que podríamos tener un criterio en términos de, una cosa es la creación de una universidad a conmemorar el inicio de un ciclo lectivo, más allá que sean 50, 60 o 100 años. Es importante que la comisión, como tienen otras comisiones, tenga un criterio en ese sentido”, y agregó: “Sino estamos declarando los aniversarios de los ciclos lectivos, de las universidades. Es para que tengan un sentido los proyectos de declaración”.

 “No creo conveniente declarar de interés de esta Cámara de Diputados una política de Estado que lleva, en este caso, un gobierno jurisdiccional como es el de la provincia de Buenos Aires porque estaríamos generando una situación de que declaremos de interés por parte de esta Cámara un programa del Ministerio de Educación. No es un criterio lógico ni válido”, agregó Ferraro respecto a otro de los proyectos.

Y sumó: “No soy del criterio de rendir beneplácito a políticas que llevan los gobiernos tanto nacionales, jurisdiccionales o provinciales porque se entiende que las políticas que se impartan por parte de los distintos organismos, sean eficientes y efectivas en ese sentido”.

En el mismo sentido se manifestó la diputada Sabrina Ajmechet (Pro) quien, además, tampoco acompañó el proyecto que establece expresar beneplácito por la graduación de los primeros cinco médicos y cinco médicas de la Facultad de Ciencias Médicas, ya que “entraríamos en la misma lógica de que cada vez que hay un nuevo graduado en una nueva carrera, en una nueva Facultad en el país, se va a expresar beneplácito”.

De la vereda de enfrente respondió la oficialista Mara Brawer: “La actividad legislativa no empezó hoy. Siempre hubo criterios, pero que cada diputado tiene derecho de acompañar o no”, y coincidió con lo expresado por Ferraro respecto a que “las acciones de gobiernos harían engorrosa la tarea y son solo acciones de Gobierno”, pero preguntó: “¿Por qué ese proyecto en particular si está lleno de aniversarios?”.

Fue el propio diputado de la CC-ARI quien le aclaró: “No es a modo de embarrar ni demorar la discusión que tenemos, sino para poder establecer un criterio. Cuando nosotros vemos que habla de la apertura del ciclo lectivo y después habla de la conmemoración de los 50 años de la creación de la universidad. Entonces ¿es el primer ciclo lectivo o los 50 años de la universidad? No se entiende si se expresa beneplácito al primer ciclo lectivo o al aniversario de la institución”.

De forma breve, la rionegrina Landriscini le explicó al diputado preopinante que un proyecto trata de la universidad de Neuquén y el otro tema es el Instituto de Formación Docente en la provincia de Rio Negro. “Se juntaron por una disposición de un gobierno que no tenía funcionando al Congreso porque era época militar y decretan la creación de la Universidad, pero como eran de dos provincias que tenían que hacer todos los trámites internos de adecuación, la universidad lo festeja y rememora cuando se inicia el primer ciclo lectivo de conjunto entre ambas provincias”, explayó la oficialista.

Por último, respecto al proyecto de ley en revisión por el cual se declara cuna del magisterio argentino a la Escuela Normal José María Torres de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, primera Escuela Normal Nacional de formación docente en la República Argentina, Osuna aclaró: “Todos sabemos que es la primera escuela normal, no solo de Argentina sino de Latinoamérica. Esto es una declaración con formato de norma. Lo dejamos para cuando tratemos respaldo en particular de leyes”.

A raíz de la continuidad de la pandemia y para garantizar que los estudiantes puedan acceder a las clases, desde el Movimiento Evita presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual prevén obligar al Gobierno de la Ciudad a invertir los recursos necesarios para garantizar la conectividad y el acceso a dispositivos electrónicos de manera libre y gratuita con fines educativos.

La iniciativa en cuestión plantea que deberán arbitrarse “los medios necesarios y suficientes para brindar conexión inalámbrica gratuita y de calidad en el espacio público, definido a partir de criterios de utilización del mismo, establecimientos del propio GCABA, establecimientos educativos formales y demás espacios de circulación que sean pasibles de ser utilizados para realizar tareas educativas”.

El texto además habilita al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a destinar las partidas presupuestarias que sean necesarias para el programa educativo mientras dure la emergencia sanitaria por Covid-19 y prohíbe que esos recursos provengan del recorte del presupuesto de Educación.  

De aprobarse la normativa, la Ciudad de Buenos Aires deberá reconocer “el derecho a las redes de Telecomunicaciones y el servicio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como parte del Derecho a la Educación y el Derecho al hábitat adecuado”.

Para la presentación del proyecto de ley, el Evita CABA realizó una actividad recreativa en las puertas de la Jefatura de Gobierno, en el barrio de Parque Patricios, en donde mostró los números de la encuesta previa que realizó para relevar la situación de los chicos que necesitan conectividad para continuar estudiando a distancia.

En este sentido, la directora de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social y dirigente del Evita CABA, Carolina Brandariz, señala que “hoy no podemos pensar el derecho a la educación sin dispositivos e internet” e indicó que “el relevamiento mostró que la brecha digital aumenta la brecha educativa y que el Gobierno de la Ciudad tiene que construir datos e invertir para poder garantizar el acceso de las chicas y los  chicos a la conectividad”.

Mientras que la secretaria de Educación del Movimiento Evita CABA, Julia Parody, argumentó que “es fundamental contar con datos propios que nos permitan pensar acciones concretas y que muestre lo que sucede en los barrios, que muchas veces se aleja de lo que muestran los medios de comunicación hegemónicos y se contradice con los discursos de (la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires) Soledad Acuña y Horacio Rodríguez Larreta”.

“Más allá de exigirle al Gobierno de la Ciudad que garantice el derecho a la educación, las organizaciones sociales seguimos construyendo políticas educativas, porque estamos en el territorio y porque la salida es entre todos y todas, fortaleciendo la organización popular y comunitaria”, agregó.

El relevamiento que realizó la organización arrojó que casi el 60% de los encuestados necesitó de ayuda externa a lo que pone a disposición el gobierno de Larreta para continuar con sus estudios a distancia y que solo el 25,4% de los chicos de los barrios del sur tienen un celular o una computadora personal para estudiar, mientras que el 58,8% tiene que compartirlo con algún integrante de la familia.

De la actividad que se realizó también participaron los legisladores porteños del Frente de Todos: Claudio Ferreño, Javier Andrade, Juan Manuel Valdés, Manuel Socías y Maru Bielli. También estuvieron presentes en Parque Patricios Verónica Tenaglia, comunera del FdT, Guillermo Parodi, secretario adjunto de UTE-CTERA, y Esteban “Kito” Sueyro, secretario de Organización de UTE-CTERA.

La diputada entrerriana Gracia Jaroslavsky presentó en mayo un proyecto garantizar el acceso libre a internet a docentes y estudiantes, y tras la extensión de la pandemia advirtió la necesidad de que “el Estado tome medidas para garantizar que la comunidad educativa tenga acceso libre y gratuito a internet”. 

Si bien la salud y el sistema sanitario estuvieron en el centro de la escena durante estos meses de pandemia, el Covid-19 también dejó expuestas las falencias y desigualdades que la provincia y el país tienen en términos educativos. 

En gran parte de los casos, hubo diferencias abismales en cuanto al proceso de aprendizaje entre aquellos estudiantes que tenían todas las herramientas y soportes para poder acceder a la información académica y aquellos que no.  

En este marco, Jaroslavsky consideró que es hora de que el Estado ponga el foco en “garantizar que toda la comunidad educativa tenga acceso libre y gratuito a internet”. 

“Está claro que, tanto a nivel educativo como laboral, la virtualidad llegó para quedarse y el sistema bimodal seguirá vigente aun cuando termine la pandemia”, sostuvo. 

“Es necesario adaptarse a esta nueva realidad y generar convenios con empresas que se dedican a la provisión de internet para garantizar que todos los estudiantes y docentes tengan las mismas herramientas a la hora de atravesar el proceso de aprendizaje-enseñanza”, señaló la diputada radical en diálogo con Radio de UNO (97,1 La Red Paraná). 

Y fue más allá al manifestar que “el acceso a internet debería convertirse en un derecho humano básico al que todos deberían poder acceder porque está claro que hoy quienes no tienen posibilidad de conectarse a una red ven cercenados sus derechos a la educación, a la salud y a la información”. 

La senadora nacional del FdT Beatriz Mirkin presentó un proyecto de inclusión y accesibilidad tecnológica mediante internet para beneficiarios de la AUH. Se trata de acceso de hasta 5GB (datos móviles) mensual, “derecho esencial en virtud de la pandemia por Covid 19”. 

 “Todo el mundo hace alusión en estos tiempos a la enorme desigualdad que ha quedado de manifiesto y ha empeorado con la pandemia teniendo en cuenta que el mundo de la educación y muchos otros aspectos de la vida diaria transcurren en el terreno de lo virtual”, sostiene Mirkin sobre la necesidad de que prospere su iniciativa. 

Además, la legisladora tucumana sostuvo que “la exclusión social es un fenómeno multidimensional. La brecha que existe respecto al acceso a internet entre los diferentes segmentos de la población es previa a la pandemia del Covid 19. El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo, puso en evidencia que las tecnologías de la información y comunicación son esenciales para ejercer el derecho a la educación, a la salud, a la participación cultural, al esparcimiento, etc. El consumo de internet pasó del 65% al 80% de la población entre 2013 y 2017, la práctica cultural que más crece en el país”. 

La iniciativa establece que Poder Ejecutivo garantizará el otorgamiento de 5GB (datos móviles) mensuales por parte de las empresas proveedoras del servicio de Telefonía Móvil para todas aquellas líneas de telefonía celular cuyo titular perciba la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH), con un máximo de hasta una línea por titular del servicio. 

Mediante una sesión remota, de acuerdo a la metodología que se viene utilizando en ambas Cámaras del Congreso de la Nación, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión mantuvo una reunión para definir sus autoridades y la agenda de trabajo para el año en curso. 

En la misma, además de establecer algunas de las temáticas que serán abordadas próximamente como trabajo a distancia o teletrabajo, fueron elegidos los senadores que dirigirán dicha comisión. En consecuencia, el presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión será el senador Alfredo Luenzo (Chubut – Frente de Todos), su vicepresidente Juan Carlos Marino (La Pampa – Cambiemos) y el secretario Guillermo Snopek (Jujuy – Frente de Todos). 

Al respecto, el legislador pampeano manifestó que “es un verdadero orgullo continuar trabajando en esta comisión y, aún más, que mis pares me hayan elegido para el cargo de vicepresidente. Es un reconocimiento a la labor que hemos desarrollado y a los pampeanos. Ya hemos delineado junto a mi equipo algunos de los temas más relevantes a estudiar. Entre los primeros, está la propuesta de declarar el acceso a Internet como derecho humano, que confío será tratada con celeridad”. 

La iniciativa presentada por Marino declara el acceso a Internet como “derecho humano de carácter universal”, por lo que la provisión de dicho servicio deberá ser gratuita para los usuarios en condiciones de vulnerabilidad social o económica. Asimismo, reconoce el carácter de “servicio público esencial y estratégico” de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en relación al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para así garantizar el derecho humano de acceso a Internet. 

En cuanto a la fijación de precios y tarifas del servicio de Internet, estarán a cargo de los licenciatarios de servicios de TIC, pero siempre “velando porque sean justos y razonables”, de modo tal que permitan cubrir los costos de explotación de una prestación eficiente y sostenible y, a la vez, obtener un margen razonable sobre la operación. 

Marino explicó que “es un proyecto que venimos trabajando y consultando hace tiempo y la situación actual de cuarentena lo hace más relevante que nunca. Hoy todo pasa por lo digital: las comunicaciones interpersonales, la consulta con el médico, gran parte de las actividades laborales, el comercio, las transacciones bancarias o incluso las reuniones y sesiones que venimos desarrollando en el Senado. Lo que antes veíamos como algo que facilitaba o hacía más ágil nuestra vida cotidiana hoy se volvió imprescindible y en algunos casos vital”. 

“Quien no tenga acceso a Internet claramente queda en desventaja o al margen de muchos aspectos de la vida en sociedad. Buscamos que esa importancia que posee en la práctica tenga una legislación actualizada que la respalde. No estamos refiriéndonos a un lujo, sino a un derecho humano contemplado por diversos tratados internacionales como, por ejemplo, el llamado Pacto de San José de Costa Rica. Debemos velar porque todos los argentinos puedan tener acceso a este servicio sin importar su condición económico-social, poniendo especial foco en los sectores más vulnerables. La falta de acceso a Internet redunda en una situación de falta de oportunidades que perpetúa y acentúa las situaciones más desfavorables”, finalizó el senador por La Pampa.