El tratamiento del tema se incorporó por un pedido de la radical Karina Banfi. A través del texto expresan el rechazo a la medida y le piden al Poder Ejecutivo que lo derogue.
Luego del prolongado debate en particular del proyecto de ley de ludopatía y apuestas online, se procedió a votar un tema cuyo tratamiento había sido incluido en la primera parte de la sesión, en el marco de un pedido de apartamiento del reglamento: un proyecto de declaración por el cual se rechaza el decreto 780, que restringe el acceso a la información pública, y además solicita al Poder Ejecutivo su derogación.
Así, cerca de la medianoche, la Cámara baja aprobó el proyecto a mano alzada.
Se trata de un decreto de Javier Milei que estableció nuevos límites al derecho de todas las personas a acceder a la información pública. La norma impulsada por el Ejecutivo incluye entre sus objetivos la necesidad de limitar “el alcance del concepto de ‘información pública’, que comprende cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar en una esfera típicamente doméstica”.
La inclusión al temario había sido avalada por toda la oposición, incluido el Pro. La Libertad Avanza votó en contra, al igual que sus tres aliados tucumanos de la bancada Independencia y el santacruceño Sergio Acevedo.
El proyecto de declaración fue presentado por la radical Karina Banfi, quien enfatizó que “lo que ha hecho este Gobierno es legislar, legislar, que es una atribución de este Congreso”. Al considerar que el decreto 780 fue de una “suma gravedad institucional”, afirmó que “afecta en el espíritu de lo que fue la Ley de Acceso a la Información sancionada en 2016 y reglamentada en 2017”.
En ese sentido, dijo que a través de la medida se cambió “la naturaleza que tiene la ley”. “Hay un amparo en este momento del diario Perfil justamente por la mala utilización del decreto 780 y vamos a esperar cuál es la resolución judicial, que no tengo dudas va a declarar la inconstitucionalidad de este decreto y después vamos a volver a este recinto para derogarlo”, advirtió.
Desde el Pro, la diputada Silvana Giudici resaltó: “Nos hemos en su momento opuesto a la sanción de este decreto y pedimos durante todos estos meses la modificación del mismo”. Y adelantó que iba a pedir otro apartamiento del reglamento para tratar un proyecto de resolución para remover a la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, a quien cuestionó por su gestión.
A su turno, la diputada de Unión por la Patria Carolina Gaillard expresó que “los ciudadanos deben tener garantizado el acceso a la información y no debe el Gobierno restringir ese acceso, imponiendo cualquier tipo de barrera”. Al señalar que desde su bloque directamente quieren la “nulidad” del decreto, la entrerriana dijo que el PEN “no puede excederse desnaturalizando la ley; el decreto 780 va en contra de lo que este Congreso sancionó, el Ejecutivo se ha extralimitado en sus facultades y ha legislado”.
Al cruce de Giudici, Gaillard le tiró: “Usted está pateando la pelota afuera del arco, porque acá lo que hay que hacer es que el Ejecutivo derogue este decreto inconstitucional, no hablar de la funcionaria”.
Antes de pasar a la votación para la inclusión del proyecto al temario, el santacruceño Sergio Acevedo anticipó que se iba a abstener -finalmente votó en contra- porque “la verdad que hacer declaraciones para que no tengan ningún efecto jurídico, la verdad es como que nos tomemos el pelo a nosotros mismos”, manifestó. “Yo celebro la voluntad, pero sabemos que esto termina en nada; tenemos que ir a las cosas, es hora que vayamos a las cosas y tratemos lo que tiene que ver con nuestras atribuciones y facultades que todos los días las menoscaban”, agregó.
La votación resultó entonces con 167 votos positivos, 41 negativos y una abstención, de la sanjuanina Nancy Picón Martínez.
Se trata de un proyecto de declaración que se incorporó por un pedido de la radical Karina Banfi. A través del texto expresan el rechazo a la medida y le piden al Poder Ejecutivo que lo derogue.
Durante un pedido de apartamiento del reglamento en la sesión de este miércoles, se incorporó al temario un proyecto de declaración por el cual se rechaza el decreto 780, que restringe el acceso a la información pública, y además solicita al Poder Ejecutivo su derogación.
La inclusión al temario fue avalada por toda la oposición, incluido el Pro. La Libertad Avanza votó en contra, al igual que sus tres aliados tucumanos de la bancada Independencia y el santacruceño Sergio Acevedo, quien argumentó el por qué.
El proyecto de declaración fue presentado por la radical Karina Banfi, quien enfatizó que “lo que ha hecho este Gobierno es legislar, legislar, que es una atribución de este Congreso”. Al considerar que el decreto 780 fue de una “suma gravedad institucional”, afirmó que “afecta en el espíritu de lo que fue la Ley de Acceso a la Información sancionada en 2016 y reglamentada en 2017”.
En ese sentido, dijo que a través de la medida se cambió “la naturaleza que tiene la ley”. “Hay un amparo en este momento del diario Perfil justamente por la mala utilización del decreto 780 y vamos a esperar cuál es la resolución judicial, que no tengo dudas va a declarar la inconstitucionalidad de este decreto y después vamos a volver a este recinto para derogarlo”, advirtió.
Desde el Pro, la diputada Silvana Giudici resaltó: “Nos hemos en su momento opuesto a la sanción de este decreto y pedimos durante todos estos meses la modificación del mismo”. Y adelantó que iba a pedir otro apartamiento del reglamento para tratar un proyecto de resolución para remover a la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, a quien cuestionó por su gestión.
A su turno, la diputada de Unión por la Patria Carolina Gaillard expresó que “los ciudadanos deben tener garantizado el acceso a la información y no debe el Gobierno restringir ese acceso, imponiendo cualquier tipo de barrera”. Al señalar que desde su bloque directamente quieren la “nulidad” del decreto, la entrerriana dijo que el PEN “no puede excederse desnaturalizando la ley; el decreto 780 va en contra de lo que este Congreso sancionó, el Ejecutivo se ha extralimitado en sus facultades y ha legislado”.
Al cruce de Giudici, Gaillard le tiró: “Usted está pateando la pelota afuera del arco, porque acá lo que hay que hacer es que el Ejecutivo derogue este decreto inconstitucional, no hablar de la funcionaria”.
Antes de pasar a la votación para la inclusión del proyecto al temario, el santacruceño Sergio Acevedo anticipó que se iba a abstener -finalmente votó en contra- porque “la verdad que hacer declaraciones para que no tengan ningún efecto jurídico, la verdad es como que nos tomemos el pelo a nosotros mismos”, manifestó. “Yo celebro la voluntad, pero sabemos que esto termina en nada; tenemos que ir a las cosas, es hora que vayamos a las cosas y tratemos lo que tiene que ver con nuestras atribuciones y facultades que todos los días las menoscaban”, agregó.
La votación resultó entonces con 167 votos positivos, 41 negativos y una abstención, de la sanjuanina Nancy Picón Martínez.
La funcionaria asistirá este martes tras el pedido que realizó la oposición para que brinde información sobre el decreto 780/24 por el cual se modificó la reglamentación de la Ley 27.275
La titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, fue convocada a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados este martes 8 de octubre. La reunión será a las 13 en el Salón Delia Parodi, mismo día en que arrancará el debate por el Presupuesto 2025.
La presencia de la funcionaria había sido requerida días atrás, vía una nota formal, por diputados de la oposición dialoguista: la radical Karina Banfi; el cívico Juan Manuel López; Silvana Giudici y Silvia Lospennato, del Pro; y Miguel Pichetto y Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal.
En la solicitud enviada al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, los legisladores consideraron que “sería menester que brinde información pertinente al decreto 780/24, debido a los planteos en la opinión pública y de los diputados que integran este cuerpo acerca de la viabilidad constitucional de la reglamentación efectuada por el Poder Ejecutivo a la Ley 27.275”.
El pasado 4 de septiembre, durante la presentación Guillermo Francos, varios diputados consultaron al jefe de Gabinete sobre el decreto. Algunos, como Banfi, reclamaron directamente su derogación. En esa oportunidad, el funcionario dijo que “no hay ninguna intención del Gobierno nacional de limitar el acceso a la información pública” y abrió la puerta a una revisión del mismo. Pero más tarde, desde Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni avisó que no se harían cambios. Sin embargo, la preocupación en torno a las modificaciones en el acceso a la información pública fue trasladada también, en reuniones con funcionarios, por los aliados del Pro. Más precisamente en el encuentro que tuvieron con Karina Milei, cinco días después del paso de Francos por el Congreso, y cuando el jefe de Gabinete se encontraba internado.
Tras su publicación, el decreto 780/24 sumó cuestionamientos no sólo desde el Congreso, sino por parte de distintas asociaciones, organizaciones, entidades periodísticas y Defensorías del Pueblo de todo el país.
El bloque de la UCR presentó un proyecto de declaración de rechazo; la CC-ARI propuso su derogación; mientras que Unión por la Patria y Encuentro Federal presentaron sendas iniciativas para declararlo “nulo de nulidad absoluta e insanable” por haberse arrogado el Ejecutivo atribuciones del Poder Legislativo en los cambios introducidos.
A través del decreto, el Gobierno excluyó de la información pública el pedido sobre datos del ámbito privado de los funcionarios, “especialmente” cuando la solicitud pretenda “ingresar a una esfera típicamente doméstica”.
Entre los cambios, se redefine el concepto de “documento” para que las deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo y exámenes preliminares de asuntos gubernamentales no sean considerados de carácter público.
Otra de las modificaciones que encienden las alarmas tiene que ver con que se establece que debe respetarse el principio de “buena fe”, o de lo contrario se podrá entender que existe un “abuso del derecho” remitiendo al artículo 10 del Código Civil.
La oposición había solicitado que se la convoque a raíz del polémico decreto 780, por el cual se modificó la reglamentación de la Ley 27.275. Asistirá el próximo 8 de octubre.
La titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, fue convocada a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el próximo 8 de octubre. La reunión será a las 13 en el Salón Delia Parodi, mismo día en que se estima arrancará el debate por el Presupuesto 2025.
La presencia de la funcionaria había sido requerida días atrás, vía una nota formal, por diputados de la oposición dialoguista: la radical Karina Banfi; el cívico Juan Manuel López; Silvana Giudici y Silvia Lospennato, del Pro; y Miguel Pichetto y Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal.
En la solicitud enviada al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, los legisladores consideraron que “sería menester que brinde información pertinente al decreto 780/24, debido a los planteos en la opinión pública y de los diputados que integran este cuerpo acerca de la viabilidad constitucional de la reglamentación efectuada por el Poder Ejecutivo a la Ley 27.275”.
El pasado 4 de septiembre, durante la presentación Guillermo Francos, varios diputados consultaron al jefe de Gabinete sobre el decreto. Algunos, como Banfi, reclamaron directamente su derogación. En esa oportunidad, el funcionario dijo que “no hay ninguna intención del Gobierno nacional de limitar el acceso a la información pública” y abrió la puerta a una revisión del mismo. Pero más tarde, desde Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni avisó que no se harían cambios.
Sin embargo, la preocupación en torno a las modificaciones en el acceso a la información pública fue trasladada también, en reuniones con funcionarios, por los aliados del Pro. Más precisamente en el encuentro que tuvieron con Karina Milei, cinco días después del paso de Francos por el Congreso, y cuando el jefe de Gabinete se encontraba internado.
Tras su publicación, el decreto 780/24 sumó cuestionamientos no sólo desde el Congreso, sino por parte de distintas asociaciones, organizaciones, entidades periodísticas y Defensorías del Pueblo de todo el país.
El bloque de la UCR presentó un proyecto de declaración de rechazo; la CC-ARI propuso su derogación; mientras que Unión por la Patria y Encuentro Federal presentaron sendas iniciativas para declararlo “nulo de nulidad absoluta e insanable” por haberse arrogado el Ejecutivo atribuciones del Poder Legislativo en los cambios introducidos.
A través del decreto, el Gobierno excluyó de la información pública el pedido sobre datos del ámbito privado de los funcionarios, “especialmente” cuando la solicitud pretenda “ingresar a una esfera típicamente doméstica”.
Entre los cambios, se redefine el concepto de “documento” para que las deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo y exámenes preliminares de asuntos gubernamentales no sean considerados de carácter público.
Otra de las modificaciones que encienden las alarmas tiene que ver con que se establece que debe respetarse el principio de “buena fe”, o de lo contrario se podrá entender que existe un “abuso del derecho” remitiendo al artículo 10 del Código Civil.
La solicitud, encabezada por la radical Karina Banfi, fue enviada al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El motivo es por el polémico decreto 780.
A raíz de un tema que trajo gran polémica días atrás, como lo fue el decreto 780/24, un grupo de diputados de diferentes bloques presentaron un pedido para que se convoque a la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena.
En la solicitud enviada al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, los legisladores consideraron que "sería menester que brinde información pertinente al decreto 780/24, debido a los planteos en la opinión pública y de los diputados que integran este cuerpo acerca de la viabilidad constitucional de la reglamentación efectuada por el Poder Ejecutivo a la Ley 27.275".
La misiva lleva las firmas de la radical Karina Banfi; el cívico Juan Manuel López; Silvana Giudici y Silvia Lospennato, del Pro; y Miguel Pichetto y Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal.
El pasado 4 de septiembre, durante la presentación Guillermo Francos, varios diputados consultaron al jefe de Gabinete sobre el decreto. Algunos, como Banfi, reclamaron directamente su derogación. En esa oportunidad, el funcionario dijo que “no hay ninguna intención del Gobierno nacional de limitar el acceso a la información pública” y abrió la puerta a una revisión del mismo. Pero más tarde, desde Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni avisó que no se harían cambios.
Sin embargo, la preocupación en torno a las modificaciones en el acceso a la información pública fue trasladada también, en reuniones con funcionarios, por los aliados del Pro. Más precisamente en el encuentro que tuvieron con Karina Milei, cinco días después del paso de Francos por el Congreso, y cuando el jefe de Gabinete se encontraba internado.
Tras su publicación, el decreto 780/24 sumó cuestionamientos no sólo desde el Congreso, sino por parte de distintas asociaciones, organizaciones, entidades periodísticas y Defensorías del Pueblo de todo el país.
El bloque de la UCR presentó un proyecto de declaración rechazo; la CC-ARI propuso su derogación; mientras que Unión por la Patria y Encuentro Federal presentaron sendas iniciativas para declararlo "nulo de nulidad absoluta e insanable".
A través del decreto, el Gobierno excluyó de la información pública el pedido sobre datos del ámbito privado de los funcionarios, "especialmente" cuando la solicitud pretenda "ingresar a una esfera típicamente doméstica".
Entre los cambios, se redefine el concepto de "documento" para que las deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo y exámenes preliminares de asuntos gubernamentales no sean considerados de carácter público.
Otra de las modificaciones que encienden las alarmas tiene que ver con que se establece que debe respetarse el principio de "buena fe", o de lo contrario se podrá entender que existe un "abuso del derecho" remitiendo al artículo 10 del Código Civil.
Esa bancada sumó su protesta contra la modificación de la Ley 27.275, conocida esta semana, por considerarla contraria a la Constitución Nacional.
La Coalición Cívica presentó este jueves un proyecto de ley para derogar el decreto 780/2024, que limita los pedidos de acceso a la información pública, por considerarlo contrario a lo estipulado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, y por entender que altera el sentido de la Ley 27.275, sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública.
El citado decreto se conoció el lunes pasado, tras su publicación en el Boletín Oficial, y ha generado una reacción adversa de todo el arco político opositor, incluso los más cercanos al oficialismo, como el Pro, que este miércoles difundió un comunicado cuestionando esa medida.
El proyecto de ley suscripto por los diputados de la Coalición Cívica Victoria Borrego, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Paula Oliveto Lago, pide la derogación del decreto 780/24 por resultar contrario a la Constitución Nacional y los tratados internacionales así como por alterar el espíritu de la Ley N° 27.275 sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública.
Plantea el proyecto de ley sobre la constitucionalidad del decreto reglamentario o ejecutivo, que “se debe tomar en cuenta no sólo si su contenido altera el núcleo central de la ley (o su espíritu, como dice la Constitución), sino también evaluar si el Poder Ejecutivo, so pretexto de reglamentar, termina por establecer una regulación autónoma y directa en la materia, lo que constituye una facultad propia del Congreso”.
Recuerda el proyecto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en el caso Claude Reyes y plantea a partir de ello que las limitaciones al derecho de acceso a la información solo pueden estar establecidas en forma excepcional por una ley del Congreso de la Nación y deben ser interpretadas en forma restrictiva, siempre a favor de garantizar el derecho de acceso a la información pública. “Las excepciones fueron clara y taxativamente establecidas por la Ley n° 27.275, no pudiendo incorporase nuevas excepciones o interpretaciones restrictivas por vía reglamentaria, ni tampoco pudiendo hacerlo a través de una interpretación con alcance general”, precisa el proyecto, que se suma a un pedido de informes presentado esta semana por el bloque Encuentro Federal.
4932-D-2024Consultado por las modificaciones a la Ley 27.275, el jefe de Gabinete no descartó cambios al decreto reglamentario publicado esta semana y defendió: “No nos pareció que hubiera una violación a ese derecho constitucional”.
Tras abundantes pedidos de la oposición a que se derogue el decreto reglamentario 780/24 de la Ley 27.275, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que “no hay ninguna intención del Gobierno nacional de limitar el acceso a la información pública”.
Durante su presentación ante la Cámara de Diputados, el funcionario aseveró este miércoles que “no fue la intención del presidente y el Gobierno nacional limitar el acceso a la información”, y argumentó que el decreto salió luego de “consultas a los actores de la Agencia de Acceso a la Información Pública y la Procuración del Tesoro”.
“No nos pareció que hubiera una violación a ese derecho constitucional”, agregó y dijo que recogía las inquietudes de los legisladores “y se las voy a transmitir al presidente”. “Veremos si tenemos necesidad, no sé si de derogarlo (al decreto), porque la intención ha sido tratar de ordenar el acceso a la información, de ninguna manera restringir”, justificó.
Francos reconoció que “puede haber una diferenciación de criterios en la interpretación de la buena fe”, pero éste principio “tiene que ser para todos, también para los particulares”. “El Gobierno entendió que en algunos mecanismos se utilizaban no en la senda de la buena fe, sino en la contraria. Por eso estableció que la buena fe debía ser de las dos partes”, planteó.
Respecto de la restricción sobre “papeles de trabajo previos”, el ministro coordinador respondió que “puede ser discutible, pero tampoco es la intención limitarlos, son borradores que por ahí no se guarda esa información”.
“De ninguna forma la intención es poner opacidad a la información pública, sino ordenar los pedidos”, insistió al defender la medida y anticipó: “Modificaremos el decreto si fuera necesario, haremos las consultas, estamos dispuestos a analizarlo”. “Sabemos que es un principio constitucional, que está en los tratados internacionales, que está dentro de los principios rectores de la OCDE, de modo tal que no tenemos absolutamente ningún reparo en dar la información”, completó.
Al intervenir en la sesión, la radical Karina Banfi fue directa: “¿Cúando va a derogar el decreto 780 del 2024 publicado en el Boletín Oficial este lunes? Y no le pregunto si lo va a derogar o no, le pregunto cuándo, porque es inconstitucional, viola la división de poderes, porque se extralimitó en el reglamento de legislar por decreto”.
“Ustedes han agregado articulados que no son explicativos, sino que son nueva manera de interpretar las limitaciones que son sólo facultad de este Congreso”, explicó y cargó además contra la titular de la Agencia de Acceso a la Información. “La señora (Beatriz de) Anchorena es incompetente; muchos de los que estamos acá observamos su postulación porque no reunía los requisitos de idoneidad”, recordó.
La bonaerense, que fue protagonista de la sanción de la Ley 27.275 durante el gobierno de Cambiemos, señaló que el Gobierno hace “malas interpretaciones acerca de la buena fe”. “El acceso a la información pública es un derecho humano” y “no hay igualdad de partes” entre los individuos y el Estado, que a través de sus funcionarios, tiene en su poder la información, enfatizó.
“Dicen que sacaron esta resolución porque había preguntas sobre la intimidad del presidente. Eso está resuelto en la propia ley. El funcionario responde que no va a responder porque es su intimidad y listo. Lo que nunca puede hacer el Estado es decirnos qué cosa podemos preguntar y qué no”, subrayó Banfi.
Además, la radical rechazó “sacar los borradores, las comunicaciones internas, los procesos administrativos que llevan toda la conversación estatal para contratar, negociar, llegar a acuerdos entre países o entre privados”. “El problema está en las privatizaciones y el problema está en el RIGI. Yo creo en el RIGI, pero quiero un RIGI con transparencia, quiero un RIGI abierto a la gente”, sumó.
Otro que consultó sobre el tema fue el jefe de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, quien observó que “la reglamentación excede el espíritu de la ley”. “Es cierto que hay un debate entre lo privado, lo íntimo, y lo público, que hasta podemos llegar a compartir. Vivimos en un mundo donde la información más temprano que tarde va a llegar”, opinó, pero rechazó una “limitación del acceso a la información”.
“Los papeles reservados, los papeles privados, el intercambio entre ministros, eso debería estar abierto, son los elementos previos que conforman un acto administrativo”, dijo y pidió que “revisen este decreto reglamentario”.
A su turno, el radical Martín Tetaz sostuvo que “no puede haber ningún límite al acceso a la información de los individuos y al trabajo de los periodistas”. “¿Cuál de los problemas que ustedes heredaron y están tratando de resolver, y me consta, resuelve el decreto 780? ¿Para qué lo hicieron, qué resuelve?”, preguntó.
En la misma línea que Banfi, su par Carla Carrizo le dijo a Francos: “No le voy a solicitar información, se lo voy a pedir: derogue urgente el decreto que restringe la libertad de expresión en Argentina. Usted tiene la firma y el consejo del presidente. Es una regresión insólita esa legalización del secreto en el acceso a la información pública”.
Buscan garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia en la gestión.
La iniciativa parlamentaria fue presentada en la Cámara baja por la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza y se trata de un proyecto de ley que aparecería como una nueva normativa de Acceso a la Información Pública.
La iniciativa deroga la Ley 12.475 y busca garantizar un derecho reconocido en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, en su art. 12° inc. 4, cuando enumera que “todas las personas en la provincia gozan, entre otros, de los siguientes derechos (…) 4) A la información y a la comunicación”.
En el articulado se plantea que el "derecho de acceso a la información pública implica la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, procesar y redistribuir información de los sujetos obligados", entre los que se encuentran todos los órganos pertenecientes al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
También abarca a otros organismos como la Contaduría General, Dirección General de Cultura y Educación, Fiscalía de Estado, Honorable Tribunal de Cuentas, Junta Electoral, Tesorería General, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y Consejo de la Magistratura.
De esta manera, ante un requerimiento, cualquiera de estos organismos deberá entregar toda la información que creó u obtuvo, que se encuentra en su posesión y bajo su control y tutela, registrada en cualquier fecha, forma y soporte.
Y para responder la solicitud de información, el organismo tendrá un plazo no mayor de 15 días hábiles, prorrogable por única vez y en forma excepcional por otros 10 días.
"En el último tiempo, obtener información certera sobre determinados entes autárquicos y organismos del Estado resultó una tarea extremadamente dificultosa”, dijo la legisladora del noroeste provincial y detalló que “situación similar se dio en la Legislatura provincial, donde anualmente se presentan más de un centenar de solicitudes de informes, pero pocas veces son respondidas; este escenario amerita avanzar con una nueva ley de acceso a la Información Pública que viene a garantizar un derecho fundamental", destacó al respecto Vaccarezza.
El proyecto es impulsado por la mendocina Mercedes Llano y busca una "visualización rápida y unívoca" de los salarios en los tres poderes del Estado, mediante una modificación en las normas de acceso a la información.
La diputada libertaria Mercedes Llano (Mendoza) presentó un proyecto de ley para que se publiquen en forma individualizada los salarios de las autoridades políticas y los empleados públicos de los tres poderes, así como de otros organismos públicos con el fin de “buscar mayor transparencia”.
“El proyecto busca transparentar las remuneraciones de los funcionarios políticos y de los agentes del gobierno nacional con el fin de garantizar a los ciudadanos herramientas para ejercer el control social sobre el uso eficiente de los fondos públicos”, informó la diputada sobre su presentación legislativa, a través de un comunicado.
El objetivo es que se publiquen las remuneraciones, en forma individualizada, de las autoridades políticas y de los empleados de la Administración central, Poder Judicial y Legislativo como así también de órganos descentralizados, empresas públicas y fondos fiduciarios.
En el plano formal, la iniciativa propone modificar el inciso D del artículo 32 de la Ley N° 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. “El espíritu del proyecto es el de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública, en consonancia con estándares internacionales definidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, explicó.
En ese sentido, el objetivo es que los organismos públicos nacionales comprendidos en la ley deberán publicar: nombre y apellido completo con sus remuneraciones brutas, remuneraciones netas, viáticos, honorarios, cargo, jerarquía, dedicación horaria y si perciben asignaciones o remuneraciones especiales. Además, se aclara que la forma de publicar estos datos en la página oficial deberá permitir una "visualización rápida y unívoca".
“Desde la Libertad Avanza bregamos por la transparencia en todos sus niveles. Hoy no hay información pormenorizada sobre empleo público en el país y mucho menos en una burocracia altamente politizada como la nuestra”, apuntó la diputada libertaria, debido a que en la actualidad esta información solo es accesible a través de un pedido de acceso a la información que puede realizar cualquier ciudadano, aunque desde el Gobierno pueden esgrimir distintas objeciones ya sea para demorar la respuesta o negarla.
A su vez, Llano señaló que “transparentar las nóminas salariales permitirá combatir los abusos y discrecionalidad en materia de designaciones y, de ese modo, establecer cimientos para construir una administración basada en el mérito y no en los favores políticos”.
El proyecto es acompañado con las firmas de los diputados Gerardo Huesen, Emilia Orozco, Oscar Zago, Facundo Correa Llano, Rocío Bonacci, Lilia Lemoine, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz, Carlos D´Alessandro, Alberto Arancibia, Álvaro Martínez, Fernanda Araujo, Santiago Santurio y Paula Omodeo (del bloque oficialista aliado CREO).
