Es a partir de un pedido que realizó la diputada radical Karina Banfi. La Agencia de Acceso a la Información Pública intimó a la Secretaría de la Presidencia que sea en un plazo de 10 días.
La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) intimó a la Secretaría General de la Presidencia a que, en un plazo máximo de diez días, entregue a la diputada nacional Karina Banfi (UCR) la información solicitada sobre el uso de fondos públicos de la primera dama, Fabiola Yáñez, y sus actividades durante el ASPO de 2020.
El ultimátum surge después de múltiples reclamos administrativos realizados por Banfi en relación a un pedido de acceso a la información presentado por primera vez el pasado 5 de agosto. Según recordó la legisladora, “desde entonces hasta la fecha la Secretaría General de Presidencia puso diferentes trabas burocráticas para no rendir cuentas sobre las irregularidades cometidas por la primera dama”.
“La oficina violó todos los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública para finalmente mandar fuera de término una respuesta incompleta que incumple los principios fundamentales de la Ley 27.275 de transparencia, máxima divulgación, máximo acceso y máxima premura”, explicó la radical.
Ante los sucesivos reclamos administrativos de la diputada opositora, finalmente la AAIP intervino y solicitó que se entreguen los informes correspondientes sobre, no solo las visitas de Federico Abraham -de profesión peluquero- y de Ariel Alonso Zapata -de profesión especialista en entrenamiento canino- a la Quinta de Olivos, sino también el monto facturado y el origen de los fondos de sus honorarios.
“Estamos frente a un Gobierno que viola un derecho humano fundamental como es el del acceso a la información. La Agencia no tiene director y existe un claro desfinanciamiento de la entidad. No podemos permitir que la ciudadanía pierda derechos y que la Argentina retroceda en sus políticas de transparencia”, sostuvo Banfi, autora de la Ley de Acceso a la Información Pública.
En ese sentido, advirtió que “desde enero de 2021 la AAIP se encuentra sin director, algo que con la Jefatura de Gabinete de (Juan) Manzur parece no avanzar. A la fecha ni siquiera se inició un nuevo proceso de selección. Frente a esta irregularidad se suma la clara intención de desfinanciar al organismo”.
Sobre ese punto, señaló que “en el Presupuesto 2022 elaborado por Martín Guzmán se le otorgaba a la Agencia de Acceso a la Información Pública tan solo un 25,7 por ciento de aumento, con una inflación estimada por las consultoras privadas por encima del 50 por ciento”.
“Es evidente la política de desinterés por el acceso a la información pública del Gobierno de los Fernández. Desde nuestro lugar de oposición estamos vigilantes y haciendo lo imposible por revertir esta situación y lograr que se respete un derecho humano que es central en cualquier democracia”, concluyó.
Así justificó la diputada nacional Karina Banfi el pedido de acceso a la información sobre los accesos a la quinta presidencial durante la pandemia.
La diputada nacional del radicalismo Karina Banfi justificó el pedido de acceso a la información elevado para conocer el detalle de las personas que ingresaron a la quinta presidencial de Olivos en plena pandemia. La legisladora señaló que Fabiola Yáñez “no es una funcionaria pública ni está incluida en el Presupuesto. Queremos saber si las visitas que recibía son parte de la nómina presupuestaria de empleados públicos”.
En ese sentido disparó: “Queremos saber si el alargador de pestañas de la primera dama lo pagamos todos”.
En diálogo con María Laura Santillán por CNN Radio, Banfi agregó que “los diputados y diputadas también tenemos momentos y actividades que consideramos muy importantes y sin embargo lo hacíamos en nuestras casas. Cumplíamos con la ley y no veíamos de manera clandestina al peluquero”.
“Dentro de quince días tienen que responder y si no vamos a acudir al organismo en donde se revisarán los pedidos de acceso a la información”, concluyó Banfi.
Legisladoras de Juntos por el Cambio le enviaron una nota al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en rechazo de la postulación de Gustavo Fuentes.
Legisladoras de Juntos por el Cambio rechazaron la postulación de Gustavo Fuentes como titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Se trata del candidato principal del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pero las diputadas y senadora oficialistas lo tildaron de “poco idóneo”. El puesto está sin ocupar desde hace cuatro meses.
Con Karina Banfi a la cabeza, las diputadas Marcela Campagnoli, Mónica Frade y Dolores Martínez, junto a la senadora nacional Silvia Elías de Pérez, cuestionaron la “falta de idoneidad de Gustavo Fuentes y su independencia política” y le enviaron una nota al Jefe de Gabinete para que dé por concluida esa postulación y habilite una nueva.
“La Agencia de Acceso a la Información Pública está acéfala desde el primero de enero de este año cuando renunció Eduardo Bertoni, designado por Mauricio Macri en 2017. Durante estos meses, el Poder Ejecutivo sigue sin designar a nadie para que comande un organismo clave en materia de transparencia y de protección de datos personales de los ciudadanos”, explicaron las legisladoras.
“El 23 de marzo se presentó en audiencia pública la candidatura del abogado Gustavo Fuentes, impugnada tanto por la oposición como por organizaciones de la sociedad civil porque no cuenta con ninguna experiencia en la materia y carece de independencia política ya que viene de desempeñarse como asesor del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La idoneidad y trayectoria en los temas de acceso a la información es fundamental porque es requisito indispensable para ocupar el cargo como exige la propia ley 25.275. Sin embargo, el Poder Ejecutivo busca continuar con esa designación violando la Ley de Acceso a la Información Pública”, continuaron.
Frente a estas irregularidades, las diputadas y senadora de Juntos por el Cambio que se dedican a los temas de transparencia le enviaron una nota a Cafiero para solicitar que se proceda al cierre formal del proceso de selección Fuertes y se habilite un nuevo proceso de designación con otros candidatos que cumplan con los requisitos correspondientes al cargo, y que cuenten con la colaboración y participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil especializadas en esta temática.
“Sin una dirección idónea la Agencia (AAIP) se ve debilitada para garantizar el acceso a la información pública de los ciudadanos. Este es un mecanismo clave para supervisar los actos de gobierno y la rendición de cuentas”, afirmó la diputada Banfi, impulsora de la Ley de Acceso a la Información Pública y autora de la nota.
“El acceso a la información que produce el Estado es un derecho humano fundamental y autónomo que obliga a todo el Estado a priorizar y defender el pleno ejercicio ciudadano”, agregó. En caso de que el Gobierno decida avanzar con esta candidatura, reclamarán ante los organismos de derechos humanos internacionales. En el documento se le solicita que el nuevo titular surja de una nueva audiencia pública, donde el procedimiento de presentación y selección del candidato sea verdaderamente participativo, público y transparente.
Poder Ciudadano, ACIJ y Directorio Legislativo habían reclamado por la mora en la creación de la Oficina de Acceso a la Información Pública en ambas Cámaras.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo a una acción de amparo promovida por la Fundación Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Directorio Legislativo contra las dos cámaras del Congreso Nacional por no haber creado la Oficina de Acceso a la Información Pública en esos cuerpos.
“La falta de creación de la Oficina de Acceso a la Información Pública en las Cámara de Senadores y Diputados de la Nación no vulnera ese derecho de los ciudadanos o entidades”, concluyó la Cámara y validó el fallo de primera instancia -aunque con otros fundamentos- de la Sala V.
Según informó la agencia Télam, el tribunal sostuvo que las demandantes “no han logrado explicar, concretamente, la relación entre la omisión o demora de la designación del titular de la Agencia de Acceso de la Información Pública -dependiente del Poder Legislativo Nacional- y la supuesta afectación de los derechos invocados”.
La Sala V de la Cámara recordó que en el ámbito de cada una de las codemandadas “funciona un organismo cuya competencia principal es responder a las solicitudes de acceso de información pública que pudieran efectuar tanto los habitantes como las asociaciones”.
Las entidades que promovieron el amparo habían argumentado que el Poder Legislativo incumplía lo establecido en el artículo 28 de la Ley 27.275 (Acceso a la Información Pública), publicada en el Boletín Oficial el 29 de setiembre de 2016.
Las demandantes acotaron que el derecho previsto por la Ley 27.275 “no se configura” solo con la entrega de la información pública una vez que es solicitada, “sino que implica la posibilidad de acceder a ella fácilmente, con procedimientos establecidos y promoviendo medidas de transparencia activa con la posibilidad de reclamar en caso de que se deniegue”.
“No se advierte la existencia de un caso de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, como requisito de procedencia de la presente acción de amparo”, replicaron los camaristas Jorge Alemany, Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani.
Por un amparo de Poder Ciudadano, la Cámara alta deberá brindar datos sobre ingreso y egreso de visitantes.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Senado Nacional que entregue a la fundación Poder Ciudadano los registros que posea sobre ingresos y egresos de visitantes a su sede y sus anexos.
Ante una acción de amparo promovida por la fundación, la Sala IV de la Cámara fijó un plazo de cinco días para que se brinde esa información a partir del año 2011, indicando “el destino, la fecha y la hora de la visita”, informó la agencia Télam.
Poder Ciudadano acudió a los tribunales porque el Senado le negó esa información, argumentando que no contaba con ella ni estaba obligado a producirla, aunque luego admitió que los registros se hacían y eliminaban al final de cada día.
La Cámara alta agregó que no se trata de información “pública” en la medida que revestiría carácter de dato personal de los ingresantes, cuya divulgación se encontraría exceptuada por ley, y obtuvo fallo favorable en primera instancia.
La Sala IV de la Cámara Contencioso, en cambio, recordó que la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública define como “datos personales” y “sensibles” aquellos sobre personas físicas o de existencia ideal, a los que revelan “origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual”.
El tribunal evaluó que los datos reclamados sobre quienes ingresan al Senado no requieren de su consentimiento para su suministro a la fundación, en la medida en que exceden la esfera privada y se vinculan con la actividad pública.
“Descartado el carácter privado de la información pretendida, cabe recordar que la Ley 27.275 establece la presunción de que toda la información en poder del Estado resulta pública, razón por la que su acceso sólo puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones previstas en esa norma”, agregó el tribunal.
El fallo que revocó la sentencia de primera instancia fue firmado por los camaristas Marcelo Duffy, Rogelio Vincenti y Jorge Morán.
