La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por Cecilia Moreau, se reunió de forma presencial y dictaminó este martes el proyecto de ley de acceso a la tierra que tiene como objetivo facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la agricultura familiar de las familias productoras que carezcan de tierra propia.

“Dictaminamos el proyecto de ley de acceso a la tierra, que impulsa la Unión de Trabajadores de la Tierra, que establece un sistema de préstamos accesibles para que los agricultores familiares puedan tener sus propios terrenos. Ampliar derechos e impartir justicia para el campo que nos alimenta. Son familias que viven de la agricultura, es un medio financiamiento que les va a dar una mano”, señaló la diputada nacional y presidenta de la Comisión.

En ese sentido, agregó: “El punto en cuestión es garantizar la estabilidad de las familias, va a traer beneficios a los circuitos de comercialización y en términos de salud también es algo básico. La democratización de los alimentos es clave, necesitamos que los productores puedan trabajar sus propias tierras. Un 75% no son prioritarios. También es necesario que se generan condiciones de manera sustentable y tener políticas que defiendan el desarrollo”.

Por su parte, Carla Carrizo (UCR) manifestó que “el tema es importante, apoyamos a la idea de iniciar el acceso a la tierra para las unidades productivas”, y comparó el presente proyecto con el del diputado Oscar Schiavoni y sugirió “trabajar de otro modo y terminar con la idea de dos proyectos muy distintos y hacer un enfoque complementario”.

“El fondo fiduciario trabaja sobre un punto que es el acceso a la tierra a través de tierras fiscales y el punto débil es que tiene un enfoque asistencialista y la idea es construir autonomía y que los créditos sean para garantizar sustentabilidad en el mercado. Segundo hay una tensión con la Ley Nacional 27.118 del 2014 de Agricultura Familiar que tiene cinco artículos no reglamentados y uno de esos el Banco de tierras fiscales. Creamos organismos que compiten entre sí y tratan los mismos temas”, cuestionó la legisladora radical.

En tanto, Claudia Bernazza (FdT) destacó: “El fondo fiduciario pueda también reunir tierras privadas”, y aclaró que “este proyecto tiene como objetivo un modelo de agricultura, un tipo de agricultura y el Estado nacional lo va a garantizar y tiene un montón de elementos que desde el sector privado no se puede dar”.

En suma, el diputado Lucas Godoy (FdT) reiteró que “no hace hincapié en tierras fiscales. Los productores rurales no tienen accesibilidad a las tierras, ni a créditos, ni financiamientos de las tierras que trabajan hace décadas”.

“El 60% de los alimentos vienen de la agricultura familiar y todo lo que implica eso. En este proyecto es complementario a la ley del 2014 y es algo fundamental permitir el acceso a créditos hipotecarios. Además, es imprescindible para la resolución habitacional. El otorgamiento de tierras es una solución. Hay un montón de tierras del Estado en el NOA que pueden estar destinadas a lograr esos programas de fortalecimiento de agricultura familiar, la posibilidad de acceder a créditos y financiamiento y la posibilidad de compra de tierras y que el Estado puede resolver el problema”, detalló Godoy.

Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social – Santa Fe) ratificó su compromiso con el proyecto al cual consideró como una “importante iniciativa” porque es “una herramienta para la agricultura familiar”. “Hay que entender el contexto que operar este fondo, donde la Argentina por un lado puede duplicar las producciones, pero la contracara es una desestructuración agraria que le hace mal que es el desarraigo rural, ahí perdemos todos”, agregó.

“Este instrumento viene a reforzar otros. Es muy necesario para la diversidad productiva. Hay un contexto de concentración de la tenencia que opera de forma negativa al igual que tampoco hay políticas de economías regionales. Esto contribuye a remediar este contexto de las agriculturas familiares, tener conectividad y luz, agua, grandes demandas que están insatisfechas”, cerró Contigiani.

Por último, Ramiro Gutiérrez (FdT) precisó que “el proyecto no es solo de agricultura familiar, sino de economías regionales que operan como un género donde la agricultura familiar es el principal vector”

“La ley está dirigida a 3 sectores puntuales: los territorios peri urbanos, los oasis y valles productores. Los primeros conforman las zonas de transición y falta panificación estratégica ahí, tenemos que ayudar a ese desarrollo planificado. Es importante no solo por el acceso a la vivienda o a la tierra, sino también el acceso a infraestructuras y obras porque son corredores para poder exportar y tener mercados concentradores de productos como miel, leche, entre otros. Es muy importante el financiamiento para galpones, sistemas de riego, la canalización, fertilización”, finalizó Gutiérrez.

El Fondo Fiduciario está destinado a impulsar la agricultura familiar como política rural de promoción del derecho a la vivienda, a un hábitat digno, al desarrollo económico y social. tiene como objeto facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la Agricultura Familiar de las familias productoras que carezcan de tierra propia.

El fiduciante será el Estado nacional, mientras que el fiduciario será el Banco Nación, como administrador de los bienes que se transfieren en fideicomiso con el destino exclusivo e irrevocable a los beneficiarios de la norma.

El beneficiario será el agricultor familiar que no sea titular de bienes inmuebles y esté debidamente registrado en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF). Además, debe tener como ingreso económico principal la actividad productiva agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.

En esta misma línea, se trató y pasó a la firma el proyecto de ley para crear el programa nacional marcha al campo, el cual la diputada María Rosa Martínez (FdT) explicó que “se trata de un reordenamiento de tierras fiscales y repoblamiento que posibiliten desarrollar el interior del país y localidades abandonadas para promover planificación de desarrollo regional, movilización de fuerza de trabajo, mejoramiento de caminos rurales, asegurar salud y educación, industrialización en origen, es una gran posibilidad de incentivar soberanía alimentaria, mejoramiento de las condiciones de la rurabilidad y conservación ambiental”.

“Es importante que las personas con o sin experiencia tengan acceso a la formación por parte del Estado u organizaciones. Las obligaciones es recibir las tierras otorgadas, trabajarlas y explotar la tierra asignada, mantener el predio, y que las personas puedan acceder a subsidios, y no pueden desprenderse de ello”, aclaró la legisladora oficialista y agregó: “Junto con la rurabilidad, debe haber acceso a la educación, salud y conectividad porque es un desafío para que las familias puedan afianzarse en esos lugares teniendo en cuenta los niveles de concentración urbana”.