La iniciativa fue aprobada este jueves en el Senado, pero dado que recibió cambios, regresa a la cámara de origen. Las multas irán de $3.862 a $19.310. Un solo senador votó en contra.
Un proyecto de ley para sancionar el acoso sexual en espacios públicos o privados incorporando esa figura al Código Penal fue aprobado este jueves en el Senado con 67 votos afirmativos y uno negativo, pero dado que recibió modificaciones, volverá a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
Se trata de una iniciativa que busca prevenir y combatir el acoso sexual en todos los ámbitos, y que había sido avalada en la Cámara baja en noviembre de 2019. El nuevo texto prevé multas que van de 3.862 pesos a 19.310 pesos, al valor actual (Ver abajo).
El único voto en contra fue del cordobés Ernesto Martínez (Pro), quien dijo estar a favor del propósito de la ley pero hizo objeciones técnicas a la redacción.
El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, explicó que además de la media sanción de Diputados se tuvieron en cuenta otras iniciativas de senadores, y detalló las modificaciones introducidas en esta nueva figura penal que se busca crear.
En primer lugar, se eliminó la referencia que hacía el proyecto al acoso en “espacios públicos”, ya que “estas actitudes también pueden ser en espacios privados”, como por ejemplo fiestas. “Estamos tipificando la acción, independientemente de que sea en un espacio público o privado”, reparó Parrilli.
Asimismo, en cuanto a la sanción -que será de multa y no de prisión- explicó que “será determinada en valores que no se desajusten con el paso del tiempo, porque ya sabemos lo que ocurre en Argentina con el proceso inflacionario”. Por eso, se tomarán las Unidades de Medida Arancelarias (UMA) utilizadas para los honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia.
Además, los senadores incorporaron el “acoso sexual digital”, y establecieron que en todos los casos el acoso será penado siempre que el hecho no constituya un delito más grave.
“Seguramente habrá objeciones desde el punto de vista técnico o legal, pero más allá de que toda ley puede ser perfectible y de que la ley ideal es la que nunca se dicta, lo que queremos con esta ley es dar una clara señal política desde el Senado de cuáles son los temas que nos ocupan”, aseguró Parrilli.
Por su parte, la radical Silvia Elías de Pérez, autora de un proyecto propio, destacó que se trata de “la posibilidad cierta de que el Estado pueda tener un rol activo cuando una persona es acosada en lugares públicos o privados y que esto esté tipificado en el Código Penal”.
La tucumana advirtió que en 2020 se registraron “320 femicidios” y en lo que va de 2021 se produjeron “70”. “Estamos hablando de otra escala de violencia, pero para llegar a esa escala hay una serie de escalones previos que se van transitando, y el mas invisibilizado es este del acoso sexual”.
Además, Elías de Pérez señaló que “hay encuestas que demuestran que la mayoría de las mujeres han sido víctimas de estos acosos sexuales”.
La titular de la Banca de la Mujer, Norma Durango, sostuvo que “el acoso callejero es una violencia de género, vulnera nuestros derechos y restringe nuestra libre circulación”, y por eso “necesitamos que el Estado ponga límites claros, y es lo que estamos haciendo con esta ley”.
“No nos referimos a los piropos, como algunos dicen en broma e inclusive algunos medios de comunicación nos preguntan irónicamente. Nos referimos a un sinnúmero de agresiones, gestos e insultos de una persona desconocida hacia otra”, aclaró la pampeana.
Tras afirmar que “siempre las víctimas de estas situaciones somos las mujeres, niñas y adultas”, citó una encuesta que indica que “el 100% de las mujeres hemos recibido algún tipo de agresión o acoso: bocinazos, silbidos, comentarios procaces, a veces sexualmente explícitos”.
“No queremos vivir con miedo, no queremos transitar intranquilas, cambiar nuestra forma de vestirnos o cambiar los caminos que transitamos”, expresó la oficialista.
Desde el Pro, Ernesto Martínez coincidió en el espíritu de la ley, pero advirtió que “en derecho penal, las cosas hay que hacerlas bien” y, tras criticar la redacción del texto, adelantó su voto en contra.
“(El proyecto) no es para nada exagerado, al contrario, es una buena idea, pero hay que hacerlo bien. No se puede trasladar narrativas al Código Penal”, argumentó, y entre otras objeciones jurídicas, cuestionó que el acoso sea incluido dentro de los delitos contra la integridad sexual y no como delito contra la libertad.
Hacia el final del debate, la oficialista Ana Almirón reconoció que a nivel municipal, en muchos códigos de faltas hay sanciones incluso mayores que las que pretende aplicar este proyecto, pero sostuvo que “el Código Penal es preventivo y tiende a desalentar esta conducta por parte de quienes la realizan”.
“El acoso callejero es una forma de violencia más y es la más normalizada de todas, y ocurre tan a menudo que solo un 5% o 10% de quienes la sufren realizan la denuncia en este sentido”, advirtió Almirón.
Según la redacción aprobada este jueves, se incorpora el artículo 129 bis al Código Penal, penalizando a quien “mediante gestos, expresiones, palabras, contacto físico o arrinconamiento no consentido, con connotación sexual, perturbare la dignidad, libertad, integridad física, psicológica, sexual o el libre tránsito de una persona, con motivo del género, orientación sexual, identidad de género o su expresión”.
También se sanciona al que “por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones, plataformas digitales o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona, la perturbare, intimidare u hostigare con connotación sexual, con motivo de género, orientación sexual, identidad de género o su expresión, de modo que altere el normal desarrollo de su vida cotidiana”.
Las multas serán de una a cinco Unidades de Medida Arancelarias (UMA) establecidas por el artículo 19 de la ley 27.423 de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores Y Auxiliares de la Justicia Nacional o Federal. El valor actual de la UMA es de 3.862 pesos, según la acordada 1/21 de la Corte Suprema de Justicia, dictada en febrero de este año.
Si la víctima es menor de 18 años o el autor es funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria, la pena se elevará de cinco a diez Unidades. En todos los casos, la multa llevará como medida accesoria la obligatoriedad, por parte del condenado, de realizar talleres o encuentros orientados a la educación, concientización y erradicación del acoso sexual y la violencia de género, por un plazo no menor a tres meses.
La recaudación obtenida de las multas será destinada a programas de fortalecimiento de los derechos de las mujeres, géneros y diversidad, según determine la reglamentación.
La Cámara alta debate la iniciativa que fija en 150 mil pesos el nuevo piso a partir del cual trabajadores y jubilados pagarán el tributo; y el proyecto diseñado por la AFIP para aliviar las deudas de los contribuyentes morosos. Además, tratará una propuesta sobre acoso sexual callejero.
El Senado comenzó este jueves a las 14.19 la sesión especial en la que buscará convertir en ley el proyecto que modifica el impuesto a las Ganancias para eximir a más de 1.200.000 trabajadores y jubilados de pagar el tributo.
La iniciativa, que recibió dictamen la semana pasada en la Comisión de Presupuesto en un trámite veloz, fija en 150.000 pesos brutos el nuevo piso a partir del cual comenzará a pagarse el impuesto, un monto que será actualizado anualmente en base al índice de variación salarial (RIPTE).
La propuesta fue impulsada por el presidente de Diputados, Sergio Massa, e incorporó varios beneficios durante el debate, como la retroactividad al 1ro. de enero; la exención del aguinaldo y de horas extra del personal de salud, así como de los gastos de guardería; y la deducción del concubino y de hijos con discapacidad, entre otros.
El temario incluye otro proyecto, que también se trató en conjunto con ese tema en la Cámara baja, que es el diseñado por la AFIP y busca aliviar la carga tributaria de aquellos contribuyentes que acumularon deudas al ser excluidos del monotributo, con incentivos fiscales para quienes hayan pasado voluntariamente al régimen general, estableciendo un “puente” entre ambos regímenes.
La otra iniciativa que tratará el pleno será la que apunta a combatir el acoso sexual callejero, incorporándolo en el Código Penal y estableciendo multas que irán de $3.862 a $19.310. El texto sufrió cambios, con lo cual volverá a Diputados para su sanción definitiva.
De acuerdo al texto, se incorpora el artículo 129 bis al Código Penal, penalizando a quien “mediante gestos, expresiones, palabras, contacto físico o arrinconamiento no consentido, con connotación sexual, perturbare la dignidad, libertad, integridad física, psicológica, sexual o el libre tránsito de una persona, con motivo del género, orientación sexual, identidad de género o su expresión”.
También, a pedido de la senadora Silvia Elías de Pérez, se incluyó que se sanciona al que “por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones, plataformas digitales o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona, la perturbare, intimidare u hostigare con connotación sexual, con motivo de género, orientación sexual, identidad de género o su expresión, de modo que altere el normal desarrollo de su vida cotidiana”.
Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Banca de la Mujer avalaron la iniciativa aprobada en noviembre de 2019 en la Cámara de Diputados, pero introdujeron modificaciones.
Por Melisa Jofré
Un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Banca de la Mujer del Senado, presididas por los oficialistas Oscar Parrilli y Norma Durango respectivamente, dieron este lunes dictamen favorable a un proyecto de ley que prevé incorporar el acoso callejero al Código Penal.
La iniciativa para tipificar la conducta recibió media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, pero tras el debate los senadores decidieron introducir modificaciones. Por lo tanto, de ser aprobada en el recinto en la próxima sesión, deberá volver a la cámara de origen para su sanción definitiva.
Al comienzo del debate Durango expresó que “quizás al principio cuando uno lo lee (al proyecto), le parece que es un poco exagerado, pero realmente creo que está muy bien que podamos firmar el dictamen hoy”.
Para la pampeana, hay que avanzar en esta ley en el marco de “la ampliación de derechos de las mujeres y diversidades sexuales”. “Los espacios públicos han sido diseñados y siempre dominados por el varón”, señaló la oficialista, por lo que consideró que “desde la legislación tenemos que instaurar la igualdad real de oportunidades y lograr que la calle deje de ser un ámbito hostil para las mujeres“.
Autora de un proyecto similar, la radical Silvia Elías de Pérez sostuvo que “a veces nos cuesta visibilizar algunas cuestiones que durante años se ha tratado de poner como si fueran piropos o cosas que no tienen mayores consecuencias, hasta que ocurren hechos que nos muestran de que claro tienen consecuencias”.
En ese sentido, la tucumana recordó el caso en su provincia de Paola Tacacho, una profesora asesinada por un alumno que la acosaba desde hacía cinco años pese a las denuncias que ella había realizado.
“Nos parece que es hora de que avancemos” con la ley, opinó la senadora y también pidió incorporar al “acoso sexual virtual” porque a las mujeres “nos perturban, nos hostigan, nos intimidan con connotaciones sexuales de manera reiterada, insistente y continua a través de los medios digitales”.
Por su parte, el cordobés Ernesto Martínez manifestó sus “reparos” al proyecto puesto que “no existe en el derecho comparado norma similar a esta que se pretende incorporar, más allá de que reconozco cual es su intencionalidad, porque hacia la mujer siempre se produce un ámbito de incomodidad generalizado en el ambiente público”.
Y entonces advirtió: “Se debe legislar con precisión, bien, no es tan simple modificar el Código Penal a través de una idea, volcarla como una redacción que convalide esa proclama y después entender que eso es una norma penal, porque se puede incurrir en errores transcendentes”.
Además, el macrista mencionó que el acoso callejero está contemplado en varios códigos contravencionales de las provincias, incluso con sanciones y penas mayores.
Sobre ese punto, la santafesina María de los Ángeles Sacnun coincidió que “existen sanciones que son mucho más gravosas que las sanciones que se prevén incorporar al Código Penal”. No obstante, la oficialista ratificó el “espíritu de la norma” por “la importancia que tiene” el tema.
La senadora citó una encuesta que asegura que “el 38,2% de las mujeres sufrió algún tipo de acoso antes de los 13 años”, mientras que “el 94,4% de las mujeres de todas las edades han sido acosadas en la calle”. “Me da orgullo que en el derecho comparado este sea el primer país que atiende esta cuestión y que la incorpora a su legislación interna”, agregó.
Por su parte, el senador Mario Pais coinció con Martínez en que “es una norma que tiene algunos defectos importantes en cuanto a la redacción” y remarcó que “en materia penal tenemos que ser precisos”, por eso recomendó rever un artículo en el cual se hace mención al artículo 59, sobre extinción de la acción penal, porque “no es aplicable a todos los supuestos”.
Finalmente, Parrilli afirmó que “tenemos que dar un mensaje claro y contundente de cuál es nuestra postura frente a esto”, por eso consintió avanzar con el dictamen, pero aclaró: “Eso no significa que no podamos hacerle modificaciones que mejoran el proyecto”.
Por eso, en acuerdo con Durango, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales informó que los montos de las multas se mantendrán, pero se agregará el equivalente por Unidad de Medida Arancelaria (UMA) que “de acuerdo a la última actualización de la Corte Suprema de Justicia, de enero de este año, es de $3.862”.
En la nueva redacción se contemplará no solo el “acoso en lugares públicos de acceso público”, sino también “en lugares reservados o privados” como podría ser una fiesta, y la figura del acoso virtual.
Por último, se precisará lo vinculado al artículo 59 del Código Penal -pedido de Pais- y se quitará “Instituto Nacional de las Mujeres”, puesto que hoy existe el Ministerio de Mujer, Géneros y Diversidad, por una aclaración más genérica sobre la autoridad de aplicación a la cual se asignarán los fondos que demande la ley.
El proyecto aprobado a fines de 2019 en Diputados incorpora el artículo 129 bis al Código Penal, por el cual “será penado con multa de 1.000 a 15.000 pesos el que, en lugares públicos o de acceso público, mediante gestos, expresiones, palabras, contacto físico o arrinconamiento no consentido, con connotación sexual, perturbare la dignidad, libertad, integridad física, psicológica, sexual o el libre tránsito de una persona, con motivo del género, orientación sexual, identidad de género o su expresión y siempre que el hecho no constituyere un delito más severamente penado”.
Además, “la multa será de 5.000 a 30.000 pesos si la víctima fuese menor de 18 años o el autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial penitenciaria. La multa llevará como medida accesoria la obligatoriedad por parte del condenado de realizar talleres o encuentros orientados a la educación, concientización y erradicación del acoso sexual callejero y la violencia de género por un plazo no menor a los tres meses”.
Asimismo, se incorpora a la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la realización de campañas de difusión que contribuyan a concientizar, a dar visibilidad y a desnaturalizar la violencia con motivo del género, orientación sexual, identidad de género o su expresión en el espacio público conocida como “acoso sexual callejero”; y la elaboración de estrategias de atención y acción que colaboren con la prevención y erradicación del mismo.
Así será a partir de que sea reglamentada la iniciativa de un edil peronista aprobada en el Concejo Deliberante de esa localidad.
El Concejo Deliberante de Moreno aprobó esta semana una ordenanza para multar el acoso callejero. Esto es, aquellos que digan piropos podrán ser denunciados y multados.
Se trata de una iniciativa del concejal del Frente de Todos Horacio Chiqué, quien sostiene que existe una necesidad de “construir vínculos libres de violencia”.
Para el impulsor de la ordenanza aprobada, es urgente “desnaturalizar las relaciones abusivas basadas en roles de género que pueden constituir el acoso callejero, para erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres”.
¿Qué conductas pueden ser tipificadas bajo la figura determinada para penalizar? Los “comentarios directos o indirectos referidos al cuerpo, no consentidos”, detalla la norma. Pero va también más allá, pues también se pueden penalizar las fotografías y/o grabaciones no consentidas, el contacto físico indebido o no consentido; la persecución o arrinconamiento; la exhibición o masturbación, gestos obscenos o cualquier otra expresión de las que sufren a diario las mujeres.
