El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, fue aprobado este miércoles por unanimidad en la Cámara de Diputados. El documento, firmado en 2019, contempla cómo estas conductas afectan especialmente a mujeres y trabajadores informales.
En una votación unánime, la Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles el proyecto que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, firmado en 2019 en Ginebra, Suiza.
La iniciativa había sido enviada por el Poder Ejecutivo e impulsada por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias, y con su sanción, Argentina se convierte en el tercer país del mundo en adherir a este Convenio, luego de Uruguay y Fiji.
La presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley (Frente de Todos) destacó la perspectiva de género en este convenio, que se aprobó justo el día que se cumplen 69 años desde la primera elección con voto femenino en nuestro país.
Siley recordó que en 1951 se instaló el derecho de las mujeres no solo a elegir, sino también a ser elegidas, y recordó a “las 23 diputadas que por primera vez se sentaron en el recinto y las seis primeras senadoras”.
Respecto del Convenio 190, resaltó el compromiso del presidente pero también mencionó que “muchos diputados habían presentado proyectos” en el mismo sentido.
La oficialista explicó que el texto “armoniza” con tratados internacionales, distintas leyes nacionales y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que “refiere a las condiciones dignas de trabajo”. “Un trabajo sin violencia y acoso es un trabajo decente y digno”, dijo.
Siley apuntó que el Convenio “considera a la violencia como una práctica inaceptable, y la define en un marco de actuación muy amplio, incluyendo no solo a asalariados sino también a aquellos que no tienen trabajo, los que buscan empleo, los pasantes y aprendices”.
También señaló que el documento “hace especial hincapié en que el daño que se produce cuando hay violencia laboral, se produce también por la condición de género”.
Para acceder al texto completo del Convenio 190 de la OIT, haga click aquí.
También por el Frente de Todos, Marisa Uceda dijo que “son conductas que además de ser indeseables, atentan contra los derechos humanos, porque el derecho a un ambiente de trabajo sano y sin violencia es un derecho humano”.
En el mismo sentido, su par Silvana Ginocchio sostuvo que “este es un importantísimo paso para avanzar en leyes específicas sobre trabajo decente, asegurando el derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso”.
El radical Albor Cantard destacó otro aspecto del Convenio, la inversión de la carga de la prueba, ya que “este tipo de circunstancias generalmente se da a puertas cerradas”, lo que genera “una gran dificultad para las víctimas en materia probatoria”.
Según explicó Cantard, “la víctima aportará indicios para que el denunciado o denunciada sea el o la que tenga que demostrar que no ha incurrido en violencia o acoso”.
A su turno, Silvia Lospennato (Pro) destacó que “la puesta de este Convenio en la agenda de la OIT en 2018 y 2019 sin dudas vino de la mano del movimiento de mujeres, con el Mee Too y el Ni Una Menos, donde quedó a la vista la urgencia con la que la OIT tenía que abocarse a la adopción de una norma como esta”.
Lospennato recordó que el expresidente Mauricio Macri integró la comisión de trabajo tripartita de gobierno, sindicatos y trabajadores, y “durante ese proceso siempre el Gobierno argentino trabajó para que se concluyera favorablemente”.
La diputada enfatizó que la violencia y acoso “afectan a varones y mujeres, pero no hay dudas de que hay trabajadores más vulnerables que otros: las mujeres, la comunidad LGBT, las personas con discapacidad, los jóvenes y muy especialmente los trabajadores informales, algo que recoge este Convenio dándoles un piso mínimo de protección”.
Por su parte, Dolores Martínez (UCR-Evolución) subrayó que “el mercado de trabajo discrimina a las mujeres solo por el rol social de cuidadoras que se nos asignó, y nos obliga a elegir entre el desempleo, el trabajo precario o el mal trato”.
Graciela Camaño (Consenso Federal) aseguró que este Convenio “no es fruto de un presidente ocasional de un país, sino de un trabajo elevadísimo de expertos y, en el caso de Argentina, de las mujeres sindicalistas y asesoras de dirigentes sindicales que comprometieron sus esfuerzos en este trabajo”.
Por último, Romina Del Plá adelantó el voto afirmativo del Frente de Izquierda al entender que el Convenio “es un herramienta en la cual muchísimas personas, especialmente mujeres y diversidades sexuales, podrán ampararse a la hora de denunciar situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral”.
Sin embargo, aclaró: “De ninguna manera nuestro voto a favor es un cheque en blanco para la OIT o la ONU, organismos que defienden los intereses de los países imperialistas que lo integran y que amparan ataques a los derechos laborales”.
El Convenio -que entrará en vigor el 25 de junio de 2021- considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.
Asimismo, reconoce la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados, a la vez que la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, dado que afecta no solo las relaciones de trabajo, sino también la reputación de las empresas y la productividad.
Se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.
También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.
En la sesión también se convirtieron en ley un conjunto de acuerdos internacionales, entre ellos uno firmado entre Argentina y la República Popular de China para instalar un centro cultural chino en el país, que fue suscrito en la ciudad de Beijing el 17 de mayo de 2017.
Además, se sancionó un convenio de coproducción cinematográfica entre Argentina y el Estado de Israel, suscrito en la ciudad de Jerusalén el 28 de abril de 2014; y un acuerdo de cooperación técnica entre Argentina y la República de Kenia, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 14 de marzo de 2017.
También se aprobó un acuerdo de sede con el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná; y el protocolo de 1997, denominado MARPOL, que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, adoptado en Londres, Reino Unido.
Por una vez el diputado Fernando Iglesias coincidió con el oficialismo y lo hizo saber en castellano y en italiano.
No es para nada común en los tiempos que corren que oficialismo y oposición se pongan de acuerdo en algo, pero es lo que sucedió este miércoles en un plenario de comisiones en el que se avaló de manera unánime el proyecto que ratifica un convenio de la OIT sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Por eso es que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eduardo Valdés, no ocultó su particular alborozo por la unanimidad alcanzada.
Uno que no suele coincidir con el oficialismo es el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias, por lo que a la hora de expresar su acompañamiento al dictamen se hizo notar. Cuando el secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores le preguntó su postura, el diputado de JxC respondió: “Acompaño primero la declaración de nuestro presidente Valdés: es un día muy especial… Una giornatta muy particulare. Sí, acomapaño el dictamen”, concluyó, ante la amplia sonrisa del exembajador en el Vaticano.
En un plenario de comisiones se aprobó un proyecto que propone ratificar el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, que ya cuenta con sanción del Senado.
En el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, se avanzó este miércoles con un proyecto que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Al inicio de la reunión, la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, valoró la importancia del paso que se está a punto de dar, por cuanto destacó que si el proyecto se aprueba en el recinto, como se descuenta que será, Argentina será el tercer país en el mundo en implementarlo.
“No es broma la violencia laboral, no es un tema menor para el desarrollo de la vida en plenitud”, destacó Siley, remarcando que “estamos dando un paso muy importante para mejorar la calidad de vida de la población”.
Asimismo destacó que una vez aprobada la ley, su implementación es clave y ello se tiene que hacer en conjunto en un marco de “concertación”, por cuanto será entre los empleadores, los trabajadores y con la regulación del Estado. “Se debe ratificar este convenio y luego también hay que velar para que se pueda cumplir”, enfatizó la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo.
“El convenio enfatiza que su aplicación es tanto en el ámbito privado, como el público”, destacó Graciela Camaño, aclarando que “el ámbito de aplicación también tiene una amplitud que es muy ponderable”, y precisó que “no se limita únicamente a lo que ocurre en el establecimiento o lugar de trabajo, sino que lo hace extensivo en los desplazamientos, viajes, eventos, actividades sociales o actividades de formación vinculados al trabajo”.
“El acoso en el mundo del trabajo afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas, y para revertirlo se requiere este enfoque inclusivo e integrado”, precisó por su parte la diputada radical Brenda Austin. Y agregó que estamos frente a una norma que “va a transformar el modo en que miramos las situaciones de acoso en el mundo del trabajo”.
Antes de la emisión del dictamen, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eduardo Valdés, celebró la unanimidad. “Ojalá en los tiempos que se vienen podamos tener los consensos para todos los temas que hacen a la mejor convivencia de los argentinos”, señaló.
El Convenio 190 de la OIT fue aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo que se realizó en Ginebra en junio de 2019 por representantes de gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 países miembros del organismo.
La norma proporciona un marco claro para la adopción de medidas y brinda la posibilidad de forjar un futuro del trabajo sobre la base de la dignidad y el respeto, exento de violencia y acoso.
Un dato a tener en cuenta es que las definiciones de “violencia” y de “acoso” varían según sea el país, ante lo cual la OIT estableció para ambos conceptos como “un conjunto de comportamientos y acciones inaceptables” que “tengan por objeto provocar, ocasionen o sean susceptibles de ocasionar, daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos”. Hablamos entonces del abuso físico o verbal, la intimidación y el hostigamiento, el acoso sexual, las amenazas y el acecho, sin perjuicio de otros actos.
Se trata del Convenio 190, adoptado en junio de 2019, sobre eliminación de la violencia de género en el mundo laboral. Fue aprobado por unanimidad.
Sin la presencia de la oposición, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados este miércoles un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.
La iniciativa recibió 42 votos afirmativos, del bloque oficialista, dado que Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal no participaron de la votación por tratarse de un tema que, según consideraron, es ajeno a la pandemia del Covid-19.
El documento, adoptado el 21 de junio de 2019, busca prevenir y erradicar la violencia laboral, y reconoce el impacto especial de este flagelo sobre las mujeres.
“Esta es la primera convención que la OIT aprueba desde 2011. Hace nueve años que no aprobaba una”, explicó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, y añadió que el tratado “tiene una gran importancia grande porque busca que haya cero violencia en el mundo del trabajo”.
El legislador señaló que la convención “tiene que ver con todos los trabajadores, pero no solo con lo que sucede en el lugar de trabajo sino también con lo que sucede en el transporte, si es que es un transporte vinculado a la empresa”.
Además, expresó: “Todos sabemos que es en los mecanismos de selección del personal donde muchas veces comienza el acoso y la violencia contra las mujeres en el mundo del trabajo”.
El senador del Frente de Todos resaltó también que el convenio “reconoce que la violencia y el acoso en el ámbito familiar” porque “destaca en uno de sus articulados que la violencia doméstica afecta la seguridad, la salud y la productividad de la persona afectada”.
Por su parte, el titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera, indicó que “las figuras de la violencia y el acoso laboral son merecedoras de una especial atención de los Estados y la sociedad”.
“Cuando hablamos de violencia y acoso laboral no hablamos de un mero hostigamiento a la trabajadora: hablamos de un crítico fenómeno que nos lleva aparejados comportamientos y conductas que afectan directa y devastadoramente en la vida de cada víctima y de sus familiares”, sostuvo.
El pampeano aseveró que “la violencia y el acoso laboral no conocen género ni edades, impacta y socava absolutamente todo, pero es cierto que especialmente lo sufren las trabajadoras. Si revisamos el último informe estadístico del primer trimestre del 2019 de la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral, el 62% de las personas que denuncia la violencia laboral son mujeres”.
“Ante este crítico escenario, resulta imprescindible la adopción de medidas por parte del Estado, que se deben llevar a cabo junto a los trabajadores y las empresas, que permitan desarrollar ambientes saludables”, subrayó Lovera.
También celebró la iniciativa la titular de la Banca de la Mujer, Norma Durango, quien destacó que “este es el primer instrumento internacional que aborda la violencia de género, por lo tanto es doblemente importante para las mujeres”.
“Es un nuevo consenso a nivel mundial al que llegaron los Estados, los empresarios y los organismos que representan a los trabajadores, en el que se reconoce por primera vez el derecho a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso”, explicó la integrante del Frente de Todos.
Según Durango, “se reconoce que la violencia y el acoso afecta de manera desproporcionada a las mujeres, obstaculizando su acceso al mercado del trabajo, su permanencia en el mismo y su desarrollo profesional. De acuerdo a ese informe Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral, un 86% de los trabajadores denunció violencia psicológica, un 8% violencia sexual y un 6% violencia física, en su gran mayoría por parte de los varones”.
La senadora concluyó que “para prevenir la violencia y el acoso, el convenio le pide a los Estados que adopten un enfoque integrado e inclusivo que tenga en cuenta las desigualdades de género, las discriminaciones, entre otras cuestiones. Son múltiples los obstáculos que afrontamos las mujeres en todos los ámbitos laborales, que afectan nuestro desarrollo personal, familiar y profesional”.
El convenio considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.
Asimismo, reconoce la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados, a la vez que la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, dado que afecta no solo las relaciones de trabajo, sino también la reputación de las empresas y la productividad.
Se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.
También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.
El Senado también aprobó un tratado de extradición con Rumania, que según señaló Taiana “busca, sobre todo, evitar la impunidad y atacar el delito transnacional”. “Este tratado ya fue aprobado por el Congreso rumano y está bueno que le demos aquí una media sanción, para que pronto pueda ser aprobado y entrar pronto en vigencia”, dijo.
Paralelamente, se avaló otro tratado con Brasil en el mismo sentido. “Es un país limítrofe con el que tenemos una larga tradición con los tratados. El que estaba vigente hasta ahora es de 1961 pero entró en vigencia en 1968 por la Ley 17.262. Ese tratado buscó superarse y por eso en 2010 se hizo un acuerdo cuadrilateral entre Argentina, Brasil, España y Portugal, por lo cual los cuatro países acordaron simplificar los mecanismos de extradición”, detalló Taiana.
El titular de la Comisión de Relaciones Exteriores continuó: “En enero de 2019 se firmó un nuevo tratado de extradición con Brasil, que supone una simplificación y agilización de los mecanismos para lograr la extradición”.
Según el senador, el tratado “tiene varios componentes fundamentales: uno de ellos es que eleva de uno a dos años el tiempo mínimo y máximo punible por el que se solicita la extradición; el segundo es que tiene elementos claros de protección de los derechos humanos de la persona que puede ser extraditada; y tercero, en el caso de los países contempla la posibilidad de que sea extraditado un nacional”.
Desde las 15.18, la Cámara alta debate un proyecto de Oscar Parrilli para que el Congreso investigue la relación crediticia entre la empresa y el Banco Nación. También se ratificará un convenio de la OIT sobre acoso laboral.
Con una oposición molesta por el tratamiento de temas ajenos a la pandemia del Covid-19, el Senado sesiona desde las 15.18 para aprobar un proyecto de ley de Oscar Parrilli (Frente de Todos) que busca que el Congreso investigue las deudas que contrajo la empresa Vicentin con el Banco Nación.
La iniciativa apunta a crear una comisión integrada por seis senadores y seis diputados que investigue presuntas irregularidades en la relación crediticia entre la firma agroexportadora -que el Gobierno busca expropiar- y el Banco Nación, que durante la gestión anterior presidió Javier González Fraga.
Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que se firmó dictamen, la semana pasada, los representantes de Juntos por el Cambio rechazaron la iniciativa y se retiraron del debate. Además, señalaron que ya existe una causa en la Justicia, que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini.
Según el proyecto, la bicameral deberá también investigar la “posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de cereales y soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por la posición dominante adquirida entre los años 2016 y 2019”, durante el gobierno de Macri.
La comisión, que funcionará durante 18 meses contados a partir de la fecha de la reunión constitutiva, y con posibilidad de extender ese plazo por seis meses más, podrá solicitar informes y tendrá que elaborar un informe final sobre el tema.
En otro orden, la Cámara alta tratará un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.
El documento busca prevenir y erradicar la violencia laboral, contemplando distintas herramientas y obligaciones impuestas a los Estados con el fin de controlar su efectivo cumplimiento, habilitar vías recursivas y de reparación, así como de formación y sensibilización en la temática.
El convenio considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.
Asimismo, reconoce la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados, a la vez que la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, dado que afecta no solo las relaciones de trabajo, sino también la reputación de las empresas y la productividad.
En el mismo se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.
También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.
Por otra parte, la Cámara alta votará dos tratados de extradición firmados por Argentina con Brasil y Rumania, respectivamente.
Fue durante un plenario de comisiones del Senado, que terminó con una fuerte discusión entre oficialistas y opositores. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, defendió el proyecto enviado por el Ejecutivo.
En un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social, que se reunió de manera remota, obtuvo dictamen favorable el proyecto de ley enviado por el Gobierno para ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso en el ámbito laboral.
Tras un debate de dos horas, que terminó con una fuerte discusión entre oficialistas y opositores, el Frente de Todos avanzó con el dictamen, con la compañía de Julio Cobos (UCR), Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), Julio Martínez (UCR), Gladys González (Pro) y Guadalupe Tagliaferri (Pro).
En tanto, Juan Carlos Romero (Interbloque Federal), Martín Lousteau (UCR) y Esteban Bullrich (Pro) decidieron que se “levantaban de la comisión”, molestos con la intervención que tuvo en el final el jefe de la bancada oficialista, José Mayans.
Gómez Alcorta destacó las disposiciones del Convenio 190
Encargada de defender la iniciativa, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, expuso en el comienzo de la videoconferencia y aseguró que “las disposiciones de este convenio son prioritarias para la agenda de la erradicación de la violencia por cuestiones de género” y que se enmarca en la normativa internacional sobre derechos humanos.
La funcionaria sostuvo que este instrumento “no colisiona” con otros tratados internacionales avalados por Argentina, y subrayó que “define el alcance concreto de las obligaciones estatales en esta materia”.
“La violencia laboral por motivos de género discrimina a las mujeres y obstaculiza su acceso al empleo, su contratación y su permanencia: muchas veces está vinculada a la maternidad, la edad o la apariencia física”, señaló.
Para Gómez Alcorta, el convenio es “un aporte efectivamente insoslayable” para la cartera que ella conduce, y se trata del “primer tratado internacional que aborda de una manera específica y exhaustiva la violencia y el acoso en el ámbito laboral; a la vez que desarrolla el alcance de las obligaciones que al respecto tiene tanto el Estado como los particulares. Es un instrumento muy novedoso“.
La ministra valoró que el documento “insta a los Estados a adoptar un enfoque inclusivo, integrado, que tenga en cuenta especialmente las consideraciones de género y que aborde las causas subyacentes”. “La OIT reconoce que la violencia laboral constituye una afectación a los derechos, que perjudica el modo en que se van a llevar las tareas”, agregó.
Finalmente, celebró “la rapidez de la convocatoria a las comisiones” y remarcó que aspiraba a “que se apruebe prontamente”, ya que “una vez ratificado, hay un proceso internacional vinculado al convenio, que también intentaremos que se apure, porque eso nos abre, nos habilita, una agenda de trabajo tanto a nivel normativo como a nivel de políticas públicas”.
El debate y el pedido para que se trate en sesión virtual
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera (FdT), expresó que “al mundo del trabajo le falta empatía”. “Este convenio establece definiciones, ámbitos de aplicación, principios, políticas preventivas, formación y sensibilización para que puedan establecerse tipos de controles y recursos de reparación que permitan ejercer el derecho que toda persona tiene a trabajar libre de violencia o acoso”, enfatizó.
Asimismo, consideró que el tratado “resulta un ordenamiento y una herramienta federal que nos permite avanzar para arribar a políticas públicas comunes, con el objetivo de llegar a cada rincón de nuestro de país”.
A su turno, Norma Durango (FdT) aportó datos del Ministerio de Trabajo, precisamente del primer trimestre de 2019, los cuales afirman que en ese período “del 62% a 65%” de los denunciantes por esta problemática fueron mujeres. “En un 86% denunciaron violencia psicológica, en un 8% violencia sexual y en un 6% violencia física, y en su gran mayoría de parte de varones”, detalló.
La titular de la Banca de la Mujer resaltó que “este convenio es importantísimo porque son múltiples los obstáculos que enfrentamos las mujeres en los ámbitos laborales y que afectan nuestro desarrollo profesional, pero también personal”.
Por su parte, el salteño Juan Carlos Romero se manifestó a favor del proyecto, pero opinó que su debate en el recinto “debe quedar a la espera de que las sesiones se normalicen”, porque la temática “está afuera de lo comprendido en la resolución presidencial”. “Considero valioso el proyecto, voy a acompañar el dictamen, pero con la salvedad de que participaré de la votación en el recinto una vez que termine el tema de la pandemia”, manifestó, aunque finalmente no terminó acompañándolo.
En contraposición, Magdalena Solari Quintana, del monobloque Misiones, pidió que los presidentes de ambas comisiones -Jorge Taiana (RR.EE.) y Daniel Lovera (Trabajo)- revisen con los presidentes de bloques la posibilidad de incluir el tema en una próxima sesión.
“Tiene que ser una señal muy clara que los derechos de género, los derechos humanos, tienen que estar dentro de lo que tenemos que atender los legisladores como parte de la pandemia”, argumentó y dijo que no coincidía con Romero. “No podemos dejar esto esperando a que el Covid-19 pase o no pase”, insistió.
En tanto, Guadalupe Tagliaferri (Pro) ponderó el “consenso” por el cual se llegó a este convenio, que “no fue por arte de magia, no fue basado en chicanas. Fue producto de infinitas reuniones a lo largo del mundo entero, con todos los gobiernos, todos los sindicatos y organizaciones de mujeres”.
En ese sentido, señaló que el instrumento “nos plantea el desafío de cómo queremos llegar a hacerlo concreto. De ahora en más tenemos que convertirlo en modificaciones normativas buscando consensos y diálogo”.
El Convenio 190 de la OIT fue aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo que se realizó en Ginebra el 21 de junio de 2019 por representantes de gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 países miembros del organismo. La norma proporciona un marco claro para la adopción de medidas y brinda la posibilidad de forjar un futuro del trabajo sobre la base de la dignidad y el respeto, exento de violencia y acoso.
En los argumentos del proyecto que envió el Gobierno se destacó que “el convenio se enmarca en la normativa internacional de Protección de los Derechos Humanos”. “El Estado deberá adoptar de acuerdo con la situación y legislación nacional y previa consulta tripartita, un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta las consideraciones de género para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”, se resaltó.
Se trata del proyecto del Ejecutivo para ratificar el Convenio 190 de la OIT, que ingresó la semana pasada al Senado.
Tres gremios legislativos que integran la CGT pidieron el “pronto tratamiento y aprobación” de la ley para ratificar el Convenio 190 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Se trata del proyecto que el Poder Ejecutivo envió la semana pasada al Senado y que fue anunciado por el propio presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo.
En un comunicado conjunto, Norberto Di Próspero (APL), Martín Roig (UPCN) y José Rodríguez (APES) celebraron el envío del proyecto y sostuvieron que “responde a un gran anhelo de nuestras trabajadoras y trabajadores del país y el mundo”.
Los gremios destacaron que el Convenio, aprobado en la OIT en 2019, “es, sin lugar a dudas, un gran logro del movimiento obrero y sobre todo de las mujeres sindicalistas, que fueron las que dieron origen a la discusión de terminar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”.
Además, explicaron que “es la primera norma internacional” que aborda estos temas, “identificando a la violencia en todas sus formas”.
Por último, instaron a ambas Cámaras a aprobar con celeridad la ley, “colocando a la Argentina una vez más ante el mundo de la vanguardia en la conquista de derechos y protección de la clase trabajadora”.
Se trata de un instrumento aprobado el año pasado en la Organización Internacional del Trabajo. La ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, consideró que es “un paso fundamental hacia el reconocimiento de derechos fundamentales”.
El Poder Ejecutivo anunció el envío al Senado de un proyecto para ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), contra la violencia y el acoso en el mundo laboral.
“Hoy el Poder Ejecutivo envió al @SenadoArgentina la ratificación del convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso laboral. Hemos dado un paso fundamental hacia el reconocimiento de derechos fundamentales, prueba de un compromiso contundente con la agenda de género y diversidad”, destacó en su Twitter la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
En tanto, a través de un comunicado oficial, se afirmó que “hasta el momento ningún país en el mundo completó el proceso de ratificación de este instrumento que promueve la adopción de políticas para prevenir y reducir las violencias por razones de género en los lugares de trabajo”.
Gómez Alcorta explicó que este Convenio se trata del “primer tratado internacional en abordar de manera específica y exhaustiva la violencia y el acoso en el ámbito laboral, y en desarrollar el alcance de las obligaciones que al respecto tienen los Estados y también los particulares”.
“El enfoque propuesto se distancia de la visión tradicional de la violencia laboral y el acoso, que en general requieren la repetición en el tiempo de las conductas lesivas para que se configuren estos ilícitos, a la vez que ponen el foco en la intención del agresor, cuya actuación tiene que tener como fin la exclusión de la persona de su ámbito de trabajo”, agregó la funcionaria.
Y agregó: “El Convenio contempla el efecto que puede generar la violencia doméstica en el empleo y dispone en este sentido el deber de los Estados, las empresas y las organizaciones de personas empleadoras y trabajadoras de adoptar medidas para abordar la violencia y mitigar ese impacto”.
“Por otra parte, si bien el tratado aborda la violencia contra todos los trabajadores y todas las trabajadoras, sostiene que la violencia y el acoso por razón de género afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas. De este modo, insta a adoptar un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta las consideraciones de género y aborde las causas subyacentes y los factores de riesgo, entre ellos los estereotipos de género, las formas múltiples e interseccionales de discriminación y el abuso de las relaciones de poder por razón de género, para acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”, abundó Gómez Alcorta.
En tanto, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, expresó: “Con este proyecto de ley enviado por el presidente Alberto Fernández, nuestro país se pone a la altura de lo que nuestra historia manda: a la vanguardia de la protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, debiendo adecuar la legislación al contenido del Convenio 190 procurando cuidar de la violencia laboral a las y los trabajadores que vivan en nuestro país”.
“Es un paso muy importante que la prevención y el abordaje de la violencia y el acoso laboral se incluyan en las leyes de nuestro país, y que alcance a trabajadores y trabajadoras de los sectores públicos y privados, formales e informales, en zonas urbanas y rurales, para lograr erradicar esta problemática que está sumamente vigente, y que requiere de nuestra atención y de un accionar rápido y eficiente”, completó el titular de la cartera laboral.
El Convenio 190 de la OIT fue aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo que se realizó en Ginebra en junio de 2019 por representantes de gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 países miembros del organismo. La norma proporciona un marco claro para la adopción de medidas y brinda la posibilidad de forjar un futuro del trabajo sobre la base de la dignidad y el respeto, exento de violencia y acoso.
Si bien las definiciones de “violencia” y “acoso” varían de país a país, la OIT definió esos conceptos como “un conjunto de comportamientos y acciones inaceptables” que “tengan por objeto provocar, ocasionen o sean susceptibles de ocasionar, daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos”.
De ese modo, se abarcan el abuso físico o verbal, la intimidación y el hostigamiento, el acoso sexual, las amenazas y el acecho, sin perjuicio de otros actos. Asimismo, la norma contempla que el trabajo no siempre se realiza en un lugar físico específico y, por lo tanto, sus disposiciones abarcan las comunicaciones profesionales, en particular las que tienen lugar mediante las TIC’s.
