La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR) presentó un proyecto de resolución, a través del cual reclama que el Gobierno nacional “informe de los gastos que lleva realizados para la organización de actos y movilizaciones” y las actividades programadas para este viernes en Plaza de Mayo, donde el oficialismo convocó a festejar los 38 años de democracia.

En el pedido, realizado en los términos del artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, la legisladora radical solicitó que se indique “quiénes organizaron estas actividades y quiénes fueron responsables de la contratación de los servicios de logística, armado de escenario sonido, seguridad”, entre otros.

También, la cordobesa exigió saber “el detalle del costo total de la realización de dichos actos y del proyectado para el día 10/12/2021, indicando las empresas contratadas en cada acto como prestadoras de servicios, cuáles fueron los servicios contratados y los montos que se les abonaron en cada caso”.

Además, la opositora pidió que se informe si el Estado Nacional, a través de cualquiera de sus ministerios o unidades, “ha intervenido en la organización del acto y la contratación de servicios para su realización”.

Al explicar su iniciativa, Carrizo advirtió que “el tenor proselitista o político partidario de estos encuentros es indiferente a los efectos de conocer en detalle la información relativa a su organización, responsables a cargo y costos, dado que en todos estos han intervenido activamente autoridades públicas en ejercicio de función, haciendo referencia en todos estos encuentros a su propia gestión”.

“La convocatoria, participación y apoyo explícito a todos estos actos, donde podemos ver desfilar a funcionarios, legisladores y el mismísimo Alberto Fernández, no deja de llamarnos la atención, pero es nuestra obligación informarnos sobre los costos de los mismos. Queremos transparencia en todo lo público, porque así no los pide la ciudadanía”, subrayó la diputada de Juntos por el Cambio.

Y agregó que “ya que existen dificultades para acceder a información oficial sobre este tema, y la ausencia de datos que permitan llevar adelante un trabajo legislativo de control de rigor, quiero que el Poder Ejecutivo, sea claro y diga cuánto se gastó, se gasta y se gastará para las fiestas de su sector político usando la plata de todos los argentinos”.

El diputado Martín Berhongaray (UCR La Pampa) presentó un proyecto para solicitar que el Gobierno adopte medidas de prevención y unifique criterios para toda actividad que implique aglomeración de personas.

La iniciativa prevé que a través de una norma complementaria del Decreto 287/2021 se incluya previsiones concretas respecto de las condiciones generales y particulares a las que deberá ajustarse la celebración de toda actividad político-partidaria así como que regle lo pertinente a la concurrencia a actos oficiales.

También propone que las actividades político-partidarias y los actos oficiales en espacios cerrados respeten la exigencia establecida en el artículo 5 inciso b) relativa a las actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, que prohíbe la aglomeración de más de diez personas.

Además, requiere que se castigue todo comportamiento adoptado en el marco de una actividad político-partidaria o acto oficial que incumpla cualquiera de las Reglas de Conducta Generales y Obligatorias establecidas en el artículo 4, en especial la que manda que en todos los ámbitos “las personas deberán mantener, entre ellas, una distancia mínima de dos metros”.

“Advertimos con preocupación la falta de respeto, en el marco de muchas actividades político-partidarias y de actos oficiales, de las medidas de distanciamiento social exigibles normativamente a todos los ciudadanos. Las medidas de prevención general que se disponen, para tener impacto positivo, implican no sólo la responsabilidad individual sino también la colectiva”, destacó Berhongaray.