El Senado convirtió en ley este jueves el proyecto proveniente de la Cámara de Diputados que prevé un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario -congelado hace más de un año en 70 mil pesos- a 110 mil pesos con la actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas.

La actualización de los haberes jubilatorios consiguió su aprobación por 52 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, en el marco de una sesión del Senado tan trascendente como adversa para el Poder Ejecutivo Nacional, cuyo titular ya anticipó que vetará esa decisión del Congreso.

Con relación a la votación en particular de los artículos 1, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, todas unificadas en una votación a viva voz tras la caída del sistema y la imposibilidad de utilizar el tablero electrónico, resultó con 52 votos afirmativos y 4 abstenciones, otra vez.

Luego, se pusieron a consideración los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que fueron avalados con 48 positivos, 4 negativos y 4 abstenciones; el artículo 10 alcanzó 43 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones; y finalmente, el 11 y 12 lograron 44 adhesiones, 8 rechazos y 4 abstenciones.

El proyecto ya venía con el antecedente de haber sido aprobado con amplitud en Diputados, ya que el 4 de junio pasado tuvo 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones.

Con la imposibilidad de utilizar el mecanismo electrónico del recinto y con la idea de confeccionar el acta, el conteo de los votos se llevó a cabo con la presencia del secretario parlamentario Agustín Giustinian. 

El texto aprobado prevé un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario -congelado hace más de un año en 70 mil pesos- a 110 mil pesos y su actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas.

Además, se incorpora por ley la fórmula de movilidad que el Poder Ejecutivo instauró a través del DNU 274/24. Y, en respuesta al Gobierno, que cuestiona de dónde saldrán los recursos, se prevé un capítulo referido al financiamiento que incluye medidas como la eliminación de la exención del IVA para los directores de empresas; la eliminación de la exención de Ganancias a las sociedades de garantía recíproca; el ahorro generado por la quita de sobrecargos a los intereses que se logró con el FMI y un redireccionamiento de las partidas destinadas a la SIDE, entre otras. Esto se tomó de la iniciativa de Encuentro Federal.

La moratoria previsional también se convirtió en ley

En segunda instancia, también se sancionó la Prórroga de la Moratoria Previsional por dos años extendiendo la vigencia del capítulo II de la Ley 27.705 y del Plan de Pago de Deuda Previsional establecido en ella. Al igual que en la Cámara baja, la aprobación se logró partir del grado de ausentismo en el recinto: Fueron 39 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.

El proyecto había sido impulsado en la Cámara de Diputados por Unión por la Patria, que sorpresivamente consiguió aprobar el mes pasado el dictamen de mayoría con 111 votos a favor, 100 en contra y 15 abstenciones.

Sin embargo, ambas votaciones resultaron a favor, pero quedaron lejos de los dos tercios que le garantizarían sortear el veto de Javier Milei.

El oficialismo rechazó desde el primer momento la propuesta de la oposición, al poner énfasis en el costo fiscal que tendrían estas medidas, además de la emergencia en discapacidad, otro de los temas de la jornada. Según Martín Menem, los proyectos implicarían 12 mil millones de dólares, lo que significa 1,8% del PBI.

Pero, además, antes de la aprobación del proyecto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó que, al igual que el año pasado, cualquier ley que en consideración del Gobierno apunte a “romper el equilibrio fiscal” será vetada.

El debate

Como miembro informante se expresó Mariano Recalde quien acusó al oficialismo de poner “trabas y excusas” para no debatir el tema que “son los proyectos tan esperados por los jubilados y pensionados de incremento excepcional y de emergencia y el que restablece el plan de pago previsional conocido como moratoria”.

“Esta semana vimos todo tipo de maniobras y de excusas, algunas muy cínicas. Cuando toca el momento de debatir, se van. Estos dos temas no son novedosos ni aparecen de sorpresa, se aprobaron hace un mes en Diputados con amplio debate porque son temas que ya hemos discutido acá en la Cámara porque hay que recordar que el incremento fue votado en Diputados y Senadores. Este mismo tema lo debatimos mucho y lo aprobamos y luego fue vetado por el presidente”, explicó.

En ese sentido, Recalde cargó nuevamente contra el oficialismo: “Todas estas excusas de querer participar, debatir, ampliar eran nada más y nada menos que la única manera que encontraban de que este proyecto no se apruebe, porque la voluntad de la mayoría de los representantes del pueblo y de las provincias es ir para adelante con el aumento de los jubilados y con el restablecimiento de la moratoria previsional”.

El senador del FNyP señaló que se trata de “un pequeño incremento, un alivio para la situación en la que viven hoy los jubilados y pensionados de todo el país” un incremento del 7,2% tras el “congelamiento que hizo el Ejecutivo, luego de una enorme modificación de la fórmula de actualización de los haberes en el mes de marzo”.

Recalde criticó que, en el mes de febrero, “se comieron la inflación del mes de enero del 20% y, para compensar eso, el Ejecutivo dispuso un aumento del 12% que le comió un pedazo de poder adquisitivo a los jubilados y pensionados de todo el país”.

Recalde aclaró que “el incremento del 7,2%, a partir de ahora, y la segunda parte de este incremento de emergencia es el aumento del bono de $70,000 que cobraban y que tienen congelado desde marzo del año pasado”. Así, le respondió al presidente Javier Milei que los acusó de querer generar “desequilibrio fiscal” y los tildó de “degenerados fiscales” porque “este proyecto de ley cuenta con fuente de financiamiento propia que permitirían, no solamente llevar un pequeño alivio a los jubilados y pensionados, sino también responder fiscalmente a esta necesidad”.

Según precisó el senador opositor el proyecto prevé la eliminación de la extensión del IVA para directores de empresas; la eliminación de la extensión de las ganancias de las sociedades de garantía recíproca. También prevé financiar este “pequeño aumento” con el ahorro por la quita de sobrecargos de los intereses que se logró con el FMI y prevé y plantea el redireccionamiento de las partidas que el Ejecutivo asignó para la SIDE.

Recalde comparó la situación actual con la del 2015 cuando era presidenta Cristina Kirchner: “El haber mínimo de los jubilados que cobraban en noviembre de 2015, hoy serían $541,181. Ese es el valor actual de las jubilaciones de noviembre 2015. La situación económica de los jubilados es calamitosa, es angustiante, es desesperante y el Congreso tiene que estar a la altura y tener la voluntad de aprobar este incremento para los jubilados porque “este aumento se vuelve urgente necesario imprescindible”.

Por otro lado, Recalde se refirió al proyecto de plan de pago de deuda provisional y comentó que prevé que “en este momento7 de cada 10 varones y 9 de cada 10 mujeres que cumplen la edad jubilatoria y no tiene los 30 años de aporte, puedan igual acceder a la jubilación y entendemos esto que es justo y necesario”.

“No creemos que nadie llegue a los 60 o 65 años sin haber trabajado nunca y, tampoco que haya llegado a esa edad sin haber aportado al sistema. Es mentira. Son muy pocas las excepciones de personas que pueden llegar a trabajar llegar hasta los 65 años sin haber trabajado nunca”, planteó.

Recalde criticó que “se fue desfinanciando el sistema de seguridad social en la Argentina producto de estas políticas del financiamiento del sistema previsional con extensiones impositivas con moratorias como la que se aprobó con la Ley Bases perdonándole las deudas a aquellos empleadores que no hicieron los aportes bajo la excusa de fomentar la creación de empleo”.

“El problema empezó, fundamentalmente, a partir de la privatización del sistema previsional y la llegada de las AFJP. En ese momento, cuando se le entrega las AFJP el sistema previsional, el 80% de los recursos salían de aportes y contribuciones del sector laboral. Solo el 20% de impuestos generales. Cuando el Estado recupera el sistema previsional, los aportes patronales y laborales se habían reducido al 50% y el otro 50 se financiaba con impuestos generales”, explicó y culpó al gobierno de Macri de volver a esa situación.

“Entonces si el sistema se financia 50% con impuestos generales fundamentalmente el IVA ¿cómo alguien puede decir que una persona que llegó a los 65 años no aportó? seguramente pagó toda la vida IVA, si los servicios están alcanzados por el IVA. Así que sí aportó al sistema y sí merece estar jubilado cuando cumple la edad que el resto de las personas que tienen los 30 años aporte”, manifestó Recalde.

También consideró “un acto de Justicia que las amas de casa que trabajaron toda su vida, que sostienen el funcionamiento de la vida familiar, tengan el derecho a una jubilación cuando llegan a la edad de 60 años y no de 65 como le quiere poner la PUAM. Este proyecto de ley se vuelve a establecer en 60 la edad para acceder al beneficio previsional que había sido elevada 65 durante el gobierno de Macri”, cerró.

La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero, aliada de La Libertad Avanza, quien votó en contra de reconocer los dictámenes, consideró que “si de verdad queremos ayudar a los jubilados, debemos tomar el toro por las astas y resolver entonces el problema de diez millones de trabajadores argentinos que están en la informalidad y no aportan”.

Entre las propuestas que esgrimió en el recinto, la legisladora cordobesa sumó que “eliminar las jubilaciones de privilegio, todas desde la primera hasta la última, sería la estricta justicia con los jubilados y tener palabra como Estado”. Luego, explicó que “el problema es estructural porque desde el 2012 no crece el empleo en Argentina”.

“Tenemos que permitir que los jubilados que quieran seguir trabajando puedan aportar a una mejor jubilación y establecer la igualdad de aportes entre mujeres y hombres”, agregó Álvarez Rivero. Por último, denunció que estos proyectos quieren eliminar los créditos de las PyMEs: “Las PyMEs de clase media requieren de ese aval, eso genera empleo formal y es por ahí que la Argentina sale de la pobreza, no con esta ley”.

A su turno, la larretista Guadalupe Tagliaferri (Pro) sostuvo que para este gobierno “los jubilados no son una prioridad, son el último orejón del tarro”, y brindó datos de la pérdida de los jubilados en el gasto público en el 2024 las jubilaciones y pensiones tuvieron un 43% del recorte del gasto público. “La casta para el Gobierno son los jubilados porque ningún otro sector sufrió tanta pérdida y soportó tanto el equilibrio fiscal. Son la casta para este gobierno por más que desde el relato digan otra cosa”, criticó, pero aclaró que “no es solo responsabilidad de este gobierno”.

“Voy a acompañar la recomposición a jubilaciones porque no hay que negar el equilibrio fiscal, pero este proyecto tiene fuente de financiamiento no significa un aumento del déficit fiscal”, resaltó Tagliaferri y, sobre moratoria sostuvo: “No acompaño porque no se resuelve el tema de fondo, cada dos o tres años estamos votando lo mismo cuando el 67% de la vida laboral tiene que estar en blanco, en un país con niveles altísimos de informalidad, hace décadas es imposible que una persona pueda acceder a una jubilación. No creo en un Estado que determina que aquellos que no cumplieron con los 30 años es su problema y se tienen que quedar sin nada, creo en un sistema justo, equitativo y solidario, pero es imposible que el sistema con la poca cantidad de gente en blanco pueda soportar a la gran masa de informalidad”, explicó.

Al igual que hace exactamente un año atrás, la oposición en la Cámara de Diputados logró alzarse con la media sanción de un proyecto que incrementa las jubilaciones, a raíz de un consenso entre los bloques que impulsaron la sesión: Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.

La iniciativa, girada al Senado, recibió 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. El texto aprobado en base al dictamen de mayoría de UP prevé un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario -congelado hace más de un año en 70 mil pesos- a 110 mil pesos y su actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas.

Con respecto a la votación en particular, la primera fue respecto al incremento del 7,2% que resultó con 152 avales, 67 rechazos y 9 abstenciones; y sobre el incremento del bono a $110.000 el resultado fue de 141 votos afirmativos, 68 negativos y 17 abstenciones. El resto de los artículos fueron aprobados a mano alzada por la Cámara de Diputados.

Además, se incorpora por ley la fórmula de movilidad que el Poder Ejecutivo instauró a través del DNU 274/24. Y, en respuesta al Gobierno, que cuestiona de dónde saldrán los recursos, se prevé un capítulo referido al financiamiento que incluye medidas como la eliminación de la exención del IVA para los directores de empresas; la eliminación de la exención de Ganancias a las sociedades de garantía recíproca; el ahorro generado por la quita de sobrecargos a los intereses que se logró con el FMI y un redireccionamiento de las partidas destinadas a la SIDE, entre otras. Esto se tomó de la iniciativa de Encuentro Federal.

El oficialismo rechazó desde el primer momento la propuesta de la oposición, al hacer énfasis en el costo fiscal que tendrían estas medidas, además de la emergencia en discapacidad, otro de los temas de la jornada. En la previa, Martín Menem difundió que los proyectos implicarían 12 mil millones de dólares, lo que significa 1,8% del PBI.

Pero, además, antes de la aprobación del proyecto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó que, al igual que el año pasado, cualquier ley que en consideración del Gobierno apunte a “romper el equilibrio fiscal” será vetada.

El debate transcurrió durante la tarde de este miércoles por más de cinco horas, mientras en las afueras había una multitudinaria movilización de jubilados, personas con discapacidad, médicos del hospital Garrahan, sectores de la educación y cultura y el colectivo Ni Una Menos.

Con respecto a la votación en particular, la primera fue respecto al incremento del 7,2% que resultó con 152 avales, 67 rechazo y 9 abstenciones; sobre el incremento del bono a $110.000 el resultado fue de 141 votos afirmativos, 68 negativos y 17 abstenciones; y sobre la cancelación de deuda con las cajas provinciales fueron 138 a favor, 69 en contra y 19 abstenciones. El resto de los artículos fueron aprobados a mano alzada por la Cámara de Diputados.

La moratoria previsional 

Contra todo pronóstico, el bloque opositor de Unión por la Patria logró imponer en el recinto de la Cámara baja la prórroga por dos años de la vigencia del capítulo II de la ley 27.705 y del Plan de Pago de Deuda Previsional establecido en ella. El plazo señalado podrá ser prorrogado por igual lapso por el Poder Ejecutivo nacional. La votación resultó con 111 votos afirmativos, 100 en contra y 15 abstenciones.

El debate en el recinto 

En el rol de miembro informante, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz fue quien dio el puntapié inicial sobre el debate de los proyectos de actualización de los haberes previsionales. utilizó los primeros minutos destinados al bloque de Unión por la Patria para reiterar que “la calle nos lo exige y no hay patria pegándole a los jubilados, hay patria poniéndole en los bolsillos los que ustedes le sacaron”.

Reflexiva, la diputada de Unión por la Patria señaló que “la magnitud no es nueva”, pero afirmó: “El 7,2% de este aumento es para volver referirnos sobre cómo empezó el ajuste con el gobierno de Javier Milei”. En ese punto, remarcó que “buscamos recomponer el primer gran ajuste se hizo cuando se devaluó el peso argentino de manera arbitraria en 118%”. “Allí empezó la historia de un ajuste que no se detiene”, reiteró.

Sobre el DNU 274/24, el cual fijó el bono previsional en $70.000 desde marzo del 2024, Victoria Tolosa Paz manifestó que “allí decidieron dejar enterrados a los haberes de los jubilados y pensionados, convalidando el piso del haber mínimo”. En tal sentido, cargó que “cuando tuvimos la inflación de enero del 20%, el presidente otorgó el 12,5%”.

Agregó, además, que “los legisladores empezaron a reconocer que les habían robado el 8,1 del IPC de enero del 2024”. Después, recordó el tratamiento de la actualización del año pasado y el posterior veto presidencial: “Ese veto del 2024 dejó al costado lo que la calle nos está solicitando y no podemos vivir en un país donde los jubilados se mueren de hambre todos los días”.

Victoria Tolosa Paz fue miembro informante y detalló los puntos centrales de la redacción consensuada.

Luego, reiteró dos de los puntos que han logrado el consenso sobre la redacción final del proyecto: “Venimos a reparar esto y a poner $115.000 (del bono jubilatorio) y ajustar mes a mes desde que Javier Milei lo dejó congelando”.

En el final, cargó contra el oficialismo y los aliados: “4.700.000 están mirándonos y quieren saber quiénes son los diputados que hacen cuentas para decir que no hay plata”. En ese momento, ratificó que “el costo del bono de $115.000 es de 0,3% del PBI anual, y de ahora a diciembre es del 0,17 del PIB”.

Impulsor de uno de los dos dictámenes de Encuentro Federal, el diputado nacional Nicolás Massot señaló: “La verdadera intención de nuestro bloque y de gran parte de los que estamos impulsando esto: no hay intento de complicar al gobierno, ni de complicar el equilibrio fiscal, nada de esos slogans que se repiten permanentemente”.

En segunda instancia, se refirió a las intenciones de Unión por la Patria por avanzar con la prórroga de la moratoria previsional y cargó: “Nosotros tenemos una solución que la mejora, proponemos una pensión proporcional en base a los años de aportes”. Esa propuesta fue contemplada en el dictamen del Pro que encabezó Daiana Fernández Molero.

Así las cosas, Massot reiteró que “el dictamen está abierto”, dando lugar a escuchar las propuestas de otros espacios y cerró con un mensaje para el oficialismo: “Esto es financiable y es justo, encontremos una manera fiscalmente sustentable”. “El costo no es un despropósito”, concluyó.

Por el bloque Pro se manifestó el rionegrino Sergio Capozzi quien sostuvo que “el sistema previsional argentino está en terapia intensiva desde principios del siglo gracias al kirchnerismo, cuando se decidió allá en el 2005 incorporar al sistema a más de 2 millones de personas bajo el título de amas de casa y se las puso bajo el mismo sistema, sin negar su derecho a una prestación, pero no haberlas puesto en las mismas condiciones que aquellos que aportaron durante 30 años”.

“Esto perforó el sistema”, cuestionó y explicó: “Esa medida populista impactó en quienes hicieron los aportes. Argentina es el país que más extendido tiene el sistema de previsión social. En Argentina los mayores de 65 años y 60 de mujeres reciben algún tipo de prestación desde la seguridad social. Esto a consecuencia de estas moratorias perversas que ocasionaron que quien durante décadas hizo los aportes en tiempos y en forma cobre 300 mil, cuando le correspondería cobrar más de $1,200,000”.

Capozzi consideró que se necesita una reforma que “no sean parches”, por lo que proponen desde su bloque en el dictamen por un lado la conformación de una comisión de expertos para no caer en una reforma a la ley cortoplacista, ya que “tenemos que tener un sistema moderno con una prestación básica universal y una que sea proporcional a los años de aporte. También plantea una actualización de las leyes laborales que “en nuestro país tienen más de 50 años, es caduca, es sumamente acotada y no nos permite esta flexibilidad que tiene el derecho del trabajo”.

Por el oficialismo se manifestó el diputado Carlos Zapata quien también apuntó contra el kirchnerismo: “Se dedicaron a tratar de solucionar los problemas con parches, gobierno de estilo gomería, no le faltaron los gatos tampoco”, y criticó: “Los diputados kirchneristas son totalmente desvergonzados al querer plantear como solución la recurrencia a la misma medida que llevaron a la quiebra el sistema. Podemos ver esta intención que está oculta dentro de cada uno de estos proyectos que buscan de destruir el equilibrio presupuestario”.

“La falta de adhesión a alguna política para poder mejorar el sistema jubilatorio. Tenemos muchas erogaciones y pocos ingresos. Entonces tenemos que mejorar los ingresos, pero para eso tiene que haber más gente trabajando porque se oponen a todas las medidas que se impulsan desde el Gobierno para generar fuentes de trabajo y atraer inversiones y que progresen los argentinos. Evidentemente la mira está puesta en destruir el sistema que propone Javier”, concluyó.

Por último, alertó que “si no hay más productividad, no vamos a poder beneficiar a los jubilados ni los actuales y menos a los menores de 40 años. Hoy los menores de 30 años ninguno hace aportes, el menor de 40 años el 70% no hace aportes”.

Presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, la radical Gabriela Brouwer de Koning defendió la iniciativa del radicalismo: “Nuestro proyecto lo que pretende es reconocer a las personas que han aportado durante toda su vida, pero que a la edad que se jubilan no logran, lamentablemente, cumplir con el requisito de los 30 años de aportes”.

“Los gobiernos kirchneristas han habilitado moratorias sucesivas que, si bien al principio eran una regla de excepción, luego se convirtieron en normalidad, y eso produjo déficit en el sistema previsional”, cuestionó y agregó: “¿De qué vale aportar, de qué vale el esfuerzo si luego al final del camino todos vamos a cobrar igual?”.

La legisladora de la UCR, que no dio quórum al inicio, argumentó que la propuesta de su bloque es “seria” y “pretende generar resultados distintos” porque “no podemos de nuevo someternos al error de proponer la moratoria”. En alusión entonces a esta prestación proporcional para quienes tengan aportes de entre 10 y 29 años, Brouwer de Koning dijo que se busca “reconocer el esfuerzo contributivo de las personas” ya que “es una injusticia que quien hizo aportes no pueda tener ese esfuerzo de vuelta”.

Por el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño lamentó que el sector de los adultos mayores fue “las principales víctimas de la motosierra de Milei” porque “1 de cada 4 pesos que han recortado fue el sistema previsional, que también le recortaron la cobertura de los medicamentos del 100%”.

“El presidente dice que las jubilaciones acompañaron a la inflación, pero se olvida que la mayoría que son las mínimas tienen un bono congelado de 70 mil pesos desde marzo de 2024, una licuación brutal. El bono, si se hubiese aplicado la fórmula por inflación, sería por arriba de 160 mil pesos. Pero vuelven a repetir el cuento que no hay plata”, planteó y consideró que “la jubilación mínima debería cubrir la canasta básica del jubilado que sería alrededor de un millón de pesos y hay recursos”.

Así, Del Caño apuntó contra la libertaria Juliana Santillán que “vive en una nube que dijo que con 360 mil pesos se puede vivir bien. No tiene ni idea lo que cuesta vivir. Es un insulto esto”, y cerró: “También planteamos una recomposición de todos los haberes del 100% y sabemos que esto no viene de ahora porque con Macri perdieron 20 puntos y con Alberto Fernández 34 puntos”.

Cuando la reunión plenaria elevó los dictámenes previsionales, el Pro presentó uno propio que tuvo la labor activa de la diputada porteña Daiana Fernández Molero. Al igual que en comisiones, la legisladora macrista explicó la propuesta diferencial en el recinto: “Proponemos ir a un sistema que baraje y dé de nuevo con un sistema de jubilaciones que tenga a la PUAM como básica (mínima) para quienes no tengan aportes”, y agregó la opción de darle valide a todos los años de aportes como adicional de ese haber básico.

“Hay un mandato de reforma como nunca antes hubo en la Argentina y lo tenemos que aprovechar”, agregó la legisladora del Pro, quien además sugirió: “Debemos incentivar que los trabajadores estén en blanco, pero hace falta revisar los más de 200 regímenes de fondo”. Por último, manifestó que el Pro se para “del lado de la sensatez y la normalización económica e institucional”.

El diputado economista Itaí Hagman (UP) respaldó las moratorias al detallar que “en los últimos dos años se jubilaron 800 mil personas y con la situación actual sin moratoria 7 de cada 10 personas no pueden jubilarse”. Además, calificó de “falsedad absoluta que digan que las moratorias perjudican a quienes aportaron tantos años y que por eso cobran menos, por la falta en que se financia”. Por último, se refirió a la sustentabilidad Del costo de la moratoria: “Es del 0,08% del PBI en un año según la OPC. La moratoria les garantiza una jubilación a todas las personas”.

En la apertura de exposiciones individuales, la diputada nacional Mónica Macha (Unión por la Patria) afirmó que “la moratoria previsional tiene un sesgo de género y un sesgo de clase”. Desde esa definición, remarcó que “sin la moratoria 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres se quedarán sin poder jubilarse”. Y agregó, en tono crítico que “se necesita de un Estado que pueda resolver esta situación”.

Explicó, además, que las principales perjudicadas por la no inclusión de la moratoria son “las mujeres pobres que son las más precarizadas”. “En Argentina hay 1.600.000 familias monomarentales, que son mujeres al cuidado de personas y a la tarea reproductiva que no pueden acceder a trabajo formal y las dejamos sin la posibilidad de jubilarse”.

Presente en la movilización de la Plaza de los dos Congresos, Macha remarcó que “esto va a terminar muy mal para millones de argentinas”, y cargó contra el oficialismo y los espacios que no avalan esta moratoria: “Me preocupa la desconexión con ciertos sectores de la política con los problemas de la gente”.

La diputada jujeña Natalia Sarapura, una de las tres radicales que formó parte del quórum, destacó que “lo que vamos a aprobar hoy son las herramientas minimas y necesarias de nuestros jubilados”. Así las cosas, defendió la postura que tuvo junto a Fabio Quetglas y Julio Cobos, y sumó: “vinimos a ratificar y a expresar el compromiso de un partido”.

Contra las acusaciones del Poder Ejecutivo vinculadas a términos vulgares usados como “degenerados fiscales”, la legisladora jujeña respondió: “Nos hemos cansado de las acusaciones inmorales y del falso debate de que algunos queremos atentar el equilibrio fiscal”. En ese punto, enfatizó que “no es necesario un ajuste brutal hacia la gente”.

En defensa al espíritu del texto en cuestión, Sarapura agregó que “es posible tener un equilibrio fiscal con sentido social”; sostuvo que “no hablamos de números, hablamos de hombres y mujeres”; y cerró: “Tenemos la responsabilidad de que los jubilados no tengan que elegir entre comer o comprar medicamentos”.

Del flanco oficialista, el diputado nacional Santiago Santurio no emitió opinión alguna respecto al dictamen de La Libertad Avanza y la propuesta de crear una comisión para la elaboración del proyecto de ley de “reforma integral del sistema previsional argentino”, pero lanzó críticas contra la oposición: “El gobierno de Alberto Fernández aumentó la pobreza y nuestro gobierno redujo la pobreza”.

Luego, señaló que “hablar de empatía es una caradurez”. En esa línea, cuestionó: “¿No es que esto fue un paraíso durante 20 años del kirchnerismo? ustedes gobernaron”, cargó Santurio respecto a las personas que quedaron fuera del sistema de jubilaciones en este último tiempo. Y sumó: “El problema que ustedes dejaron, ahora es responsabilidad nuestra”.

Para culminar su intervención, el diputado libertario indicó que “el nivel de vergüenza que dan es total”, y criticó: “Gastaban la plata que generaba el privado y aumentaban el déficit que financiaban emitiendo moneda generando inflación, gastaban de más porque aumentaban el empleo público y gastan lo que no producen en beneficios kirchneristas de empleados públicos que no funcionan”.

En el final, afirmó que el gobierno el Frente de Todos “no aumentó las jubilaciones y aumentaron la emisión de Letras en el Banco Central”, y concluyó: “No vamos a permitir que volvamos al pasado de aumentar la pobreza de perjudicar a los argentinos de bien”.

Llegado el cierre de bancadas, el primero fue Pablo Juliano de Democracia para Siempre confirmó el acompañamiento de su espacio a la prórroga de la moratoria y desenfundó críticas contra el Ejecutivo Nacional: “La ‘vetocracia’ le niega la dignidad a la Argentina y nos sigue doliendo que tengas condenado a tu abuela”.

En contraposición a la propuesta del Pro que apoyó el despacho de La Libertad Avanza, cargó que “dejemos de diagnosticar la Argentina para que no se termine resolviendo nada”, y se dirigió al presidente de la Nación, Javier Milei sobre la posibilidad de utilizar la facultad constitucional del veto contra la actualización jubilatoria: “Ojalá el Gobierno recapacite”.

Después de confirmar su rechazo al dictamen de mayoría, la legisladora del Pro consideró que con este proyecto “quieren volver a la mitad del déficit del 2,9 del PBI que dejó Sergio Massa”. Cuestionó la política previsional de los gobiernos kirchneristas y los acusó de “destrozar la equidad y el flujo, dejando esta situación ruinosa y alarmante”.

Por último, enalteció la propuesta del oficialismo respecto a una comisión especial para debatir una reforma del sistema a fondo y agregó que será un debate “a la altura de las necesidades los 47 millones de argentinos”. Concluyó que este proyecto busca “trazar la ruptura macroeconómica del gobierno de Javier Milei”.

Promediando el debate, el diputado Carlos Heller (UP) opinó: “Estamos haciendo responsables a las víctimas de las supuestas malas políticas que pudiera haber habido a lo largo del tiempo y que, en última instancia, han generado estas situaciones. Escuchamos decir que estamos proponiendo parches y estoy de acuerdo con eso, pero los parches son una solución cuando se pincha una goma. No está tan mal aceptar la idea del parche porque nos permite enfrentar el problema y evitar que se agrave”.

“Hemos escuchado decir que la personas que no tiene los aportes son responsables de esa situación. Hemos escuchado decir que no hay recursos para atender estas necesidades que, desde el punto de vista fiscal, son mínimas, pero creo que tenemos que discutir el tema de fondo. Somos enemigos del ajuste como herramienta para resolver el problema”, cuestionó.

Heller apuntó: “Para quienes dicen que los jubilados son culpables o las personas que quieren jubilar si no tienen aportes son culpables, que el propio gobierno nos habla de entre 200 y 400.000 millones de dólares no declarados y quiero decir que, no creo que ninguno tenga una maquinita para imprimir dólares, sino que esos 200 o a 400 mil millones de dólares son ganancias no declaradas que es como mínimo han cometido el delito de evasión fiscal, aunque el presidente los considere héroes”.

“Pareciera que hay lugares donde ir a buscar recursos y que no deberían ser los de ajustar a los jubilados o a las personas en situación de jubilación porque no tienen los aportes. Discutamos mientras tanto cómo tenemos un sistema tributario que nos permita generar ingresos para atender un presupuesto que cubra las necesidades de nuestra población”, planteó.

Sin embargo, el diputado de UP indicó que, por más que se apruebe el proyecto “le seguimos haciendo un recorte fenomenal a los jubilados porque, el 7,2% que le vamos a dar, es de acá para adelante, pero nos quedamos con ese 7,2% desde febrero del año pasado hasta junio de este año”, y cerró: “Si se actualiza el bono que está congelado en 70,000 desde febrero el Estado se quedó con todo lo que significaba la actualización desde febrero hasta junio de este año. Es un mínimo de Justicia reparadora plantear que se apruebe para adelante esto”.

El cierre estuvo a cargo del libertario mendocino Álvaro Martínez quien apuntó: “Es una sesión donde vemos actos de irresponsabilidad legislativa porque estamos poniendo a consideración un dictamen de un proyecto que aumenta el gasto sin explicar de dónde sale el dinero para financiarlo”.

“Ningún orador dijo ni pudo explicar cómo se financian. Ni una sola estimación, ni fuente, ni medida concreta, solamente una demagogia”, disparó y agregó: “Venimos a hablar del sistema previsional lo hacemos pensando en los millones de argentinos que dedicaron su vida al trabajo, que aportaron durante décadas y fueron víctimas de gobiernos populistas”.

Martínez afirmó que “no estamos sosteniendo un sistema de seguridad social como quieren hacer cree, sino una maquina oxidad de injusticia, despilfarro y clientelismo. Una máquina que fue dinamitada a conciencia por el kirchnerismo durante los años irresponsables de su gobierno”.

“En 20 años se negaron a encarar una reforma estructural respecto del sistema previsional. Se negaron a tratar cualquier tema que resuelva el problema de fondo. Convierten en un premio político sumar gente a las moratorias que nunca aportaron. Las jubilaciones son un derecho que se ganaron los que trabajaron y aportaron durante años y nos negamos a que nos induzcan a que sea un premio político”, cerró.

A tres horas del inicio de la sesión especial de este miércoles, la Cámara de Diputados dio inicio al tratamiento de los proyectos de incremento excepcional para las jubilaciones y pensiones impulsados por los bloques de la oposición. La propuesta reinante es la de establecer una suba del 7,2% y un aumento del bono en $110.000.

Con una gran concentración en las afueras del Palacio Legislativo por la confluencia de diferentes reclamos contra el Gobierno nacional, los legisladores tratan de unificar los dictámenes de la oposición más férrea, y los espacios dialoguistas. Sin embargo, hasta el momento, no habría consenso para aprobar la prórroga de la moratoria previsional que venció en marzo pasado.

Según supo parlamentario.com, Unión por la Patria va a intentar que sea incorporado el artículo de la prórroga vencida el pasado 23 de marzo, aún sabiendo que los otros bloques impulsores de la sesión no van a acompañar.

En paralelo, el bloque Encuentro Federal, el cual lleva al recinto dos dictámenes, propone un adicional proporcional en base a los años de aportes. Esta iniciativa fue contemplada, también, en el despacho presentado por el Pro.

El debate en el recinto 

En el rol de miembro informante, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz fue quien dio el puntapié inicial sobre el debate de los proyectos de actualización de los haberes previsionales. utilizó los primeros minutos destinados al bloque de Unión por la Patria para reiterar que “la calle nos lo exige y no hay patria pegándole a los jubilados, hay patria poniéndole en los bolsillos los que ustedes le sacaron”.

Reflexiva, la diputada de Unión por la Patria señaló que “la magnitud no es nueva”, pero afirmó: “El 7,2% de este aumento es para volver referirnos sobre cómo empezó el ajuste con el gobierno de Javier Milei”. En ese punto, remarcó que “buscamos recomponer el primer gran ajuste se hizo cuando se devaluó el peso argentino de manera arbitraria en 118%”. “Allí empezó la historia de un ajuste que no se detiene”, reiteró.

Sobre el DNU 274/24, el cual fijó el bono previsional en $70.000 desde marzo del 2024, Victoria Tolosa Paz manifestó que “allí decidieron dejar enterrados a los haberes de los jubilados y pensionados, convalidando el piso del haber mínimo”. En tal sentido, cargó que “cuando tuvimos la inflación de enero del 20%, el presidente otorgó el 12,5%”.

Agregó, además, que “los legisladores empezaron a reconocer que les habían robado el 8,1 del IPC de enero del 2024”. Después, recordó el tratamiento de la actualización del año pasado y el posterior veto presidencial: “Ese veto del 2024 dejó al costado lo que la calle nos está solicitando y no podemos vivir en un país donde los jubilados se mueren de hambre todos los días”.

Victoria Tolosa Paz fue miembro informante y detalló los puntos centrales de la redacción consensuada.

Luego, reiteró dos de los puntos que han logrado el consenso sobre la redacción final del proyecto: “Venimos a reparar esto y a poner $115.000 (del bono jubilatorio) y ajustar mes a mes desde que Javier Milei lo dejó congelando”.

En el final, cargó contra el oficialismo y los aliados: “4.700.000 están mirándonos y quieren saber quiénes son los diputados que hacen cuentas para decir que no hay plata”. En ese momento, ratificó que “el costo del bono de $115.000 es de 0,3% del PBI anual, y de ahora a diciembre es del 0,17 del PIB”.

Impulsor de uno de los dos dictámenes de Encuentro Federal, el diputado nacional Nicolás Massot señaló: “La verdadera intención de nuestro bloque y de gran parte de los que estamos impulsando esto: no hay intento de complicar al gobierno, ni de complicar el equilibrio fiscal, nada de esos slogans que se repiten permanentemente”.

En segunda instancia, se refirió a las intenciones de Unión por la Patria por avanzar con la prórroga de la moratoria previsional y cargó: “Nosotros tenemos una solución que la mejora, proponemos una pensión proporcional en base a los años de aportes”. Esa propuesta fue contemplada en el dictamen del Pro que encabezó Daiana Fernández Molero.

Así las cosas, Massot reiteró que “el dictamen está abierto”, dando lugar a escuchar las propuestas de otros espacios y cerró con un mensaje para el oficialismo: “Esto es financiable y es justo, encontremos una manera fiscalmente sustentable”. “El costo no es un despropósito”, concluyó.

Por el bloque Pro se manifestó el rionegrino Sergio Capozzi quien sostuvo que “el sistema previsional argentino está en terapia intensiva desde principios del siglo gracias al kirchnerismo, cuando se decidió allá en el 2005 incorporar al sistema a más de 2 millones de personas bajo el título de amas de casa y se las puso bajo el mismo sistema, sin negar su derecho a una prestación, pero no haberlas puesto en las mismas condiciones que aquellos que aportaron durante 30 años”.

“Esto perforó el sistema”, cuestionó y explicó: “Esa medida populista impactó en quienes hicieron los aportes. Argentina es el país que más extendido tiene el sistema de previsión social. En Argentina los mayores de 65 años y 60 de mujeres reciben algún tipo de prestación desde la seguridad social. Esto a consecuencia de estas moratorias perversas que ocasionaron que quien durante décadas hizo los aportes en tiempos y en forma cobre 300 mil, cuando le correspondería cobrar más de $1,200,000”.

Capozzi consideró que se necesita una reforma que “no sean parches”, por lo que proponen desde su bloque en el dictamen por un lado la conformación de una comisión de expertos para no caer en una reforma a la ley cortoplacista, ya que “tenemos que tener un sistema moderno con una prestación básica universal y una que sea proporcional a los años de aporte. También plantea una actualización de las leyes laborales que “en nuestro país tienen más de 50 años, es caduca, es sumamente acotada y no nos permite esta flexibilidad que tiene el derecho del trabajo”.

Por el oficialismo se manifestó el diputado Carlos Zapata quien también apuntó contra el kirchnerismo: “Se dedicaron a tratar de solucionar los problemas con parches, gobierno de estilo gomería, no le faltaron los gatos tampoco”, y criticó: “Los diputados kirchneristas son totalmente desvergonzados al querer plantear como solución la recurrencia a la misma medida que llevaron a la quiebra el sistema. Podemos ver esta intención que está oculta dentro de cada uno de estos proyectos que buscan de destruir el equilibrio presupuestario”.

“La falta de adhesión a alguna política para poder mejorar el sistema jubilatorio. Tenemos muchas erogaciones y pocos ingresos. Entonces tenemos que mejorar los ingresos, pero para eso tiene que haber más gente trabajando porque se oponen a todas las medidas que se impulsan desde el Gobierno para generar fuentes de trabajo y atraer inversiones y que progresen los argentinos. Evidentemente la mira está puesta en destruir el sistema que propone Javier”, concluyó.

Por último, alertó que “si no hay más productividad, no vamos a poder beneficiar a los jubilados ni los actuales y menos a los menores de 40 años. Hoy los menores de 30 años ninguno hace aportes, el menor de 40 años el 70% no hace aportes”.

Presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, la radical Gabriela Brouwer de Koning defendió la iniciativa del radicalismo: “Nuestro proyecto lo que pretende es reconocer a las personas que han aportado durante toda su vida, pero que a la edad que se jubilan no logran, lamentablemente, cumplir con el requisito de los 30 años de aportes”.

“Los gobiernos kirchneristas han habilitado moratorias sucesivas que, si bien al principio eran una regla de excepción, luego se convirtieron en normalidad, y eso produjo déficit en el sistema previsional”, cuestionó y agregó: “¿De qué vale aportar, de qué vale el esfuerzo si luego al final del camino todos vamos a cobrar igual?”.

La legisladora de la UCR, que no dio quórum al inicio, argumentó que la propuesta de su bloque es “seria” y “pretende generar resultados distintos” porque “no podemos de nuevo someternos al error de proponer la moratoria”. En alusión entonces a esta prestación proporcional para quienes tengan aportes de entre 10 y 29 años, Brouwer de Koning dijo que se busca “reconocer el esfuerzo contributivo de las personas” ya que “es una injusticia que quien hizo aportes no pueda tener ese esfuerzo de vuelta”.

Por el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño lamentó que el sector de los adultos mayores fue “las principales víctimas de la motosierra de Milei” porque “1 de cada 4 pesos que han recortado fue el sistema previsional, que también le recortaron la cobertura de los medicamentos del 100%”.

“El presidente dice que las jubilaciones acompañaron a la inflación, pero se olvida que la mayoría que son las mínimas tienen un bono congelado de 70 mil pesos desde marzo de 2024, una licuación brutal. El bono, si se hubiese aplicado la fórmula por inflación, sería por arriba de 160 mil pesos. Pero vuelven a repetir el cuento que no hay plata”, planteó y consideró que “la jubilación mínima debería cubrir la canasta básica del jubilado que sería alrededor de un millón de pesos y hay recursos”.

Así, Del Caño apuntó contra la libertaria Juliana Santillán que “vive en una nube que dijo que con 360 mil pesos se puede vivir bien. No tiene ni idea lo que cuesta vivir. Es un insulto esto”, y cerró: “También planteamos una recomposición de todos los haberes del 100% y sabemos que esto no viene de ahora porque con Macri perdieron 20 puntos y con Alberto Fernández 34 puntos”.

Cuando la reunión plenaria elevó los dictámenes previsionales, el Pro presentó uno propio que tuvo la labor activa de la diputada porteña Daiana Fernández Molero. Al igual que en comisiones, la legisladora macrista explicó la propuesta diferencial en el recinto: “Proponemos ir a un sistema que baraje y dé de nuevo con un sistema de jubilaciones que tenga a la PUAM como básica (mínima) para quienes no tengan aportes”, y agregó la opción de darle valide a todos los años de aportes como adicional de ese haber básico.

“Hay un mandato de reforma como nunca antes hubo en la Argentina y lo tenemos que aprovechar”, agregó la legisladora del Pro, quien además sugirió: “Debemos incentivar que los trabajadores estén en blanco, pero hace falta revisar los más de 200 regímenes de fondo”. Por último, manifestó que el Pro se para “del lado de la sensatez y la normalización económica e institucional”.

El diputado economista Itaí Hagman (UP) respaldó las moratorias al detallar que “en los últimos dos años se jubilaron 800 mil personas y con la situación actual sin moratoria 7 de cada 10 personas no pueden jubilarse”. Además, calificó de “falsedad absoluta que digan que las moratorias perjudican a quienes aportaron tantos años y que por eso cobran menos, por la falta en que se financia”. Por último, se refirió a la sustentabilidad Del costo de la moratoria: “Es del 0,08% del PBI en un año según la OPC. La moratoria les garantiza una jubilación a todas las personas”.

En la apertura de exposiciones individuales, la diputada nacional Mónica Macha (Unión por la Patria) afirmó que “la moratoria previsional tiene un sesgo de género y un sesgo de clase”. Desde esa definición, remarcó que “sin la moratoria 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres se quedarán sin poder jubilarse”. Y agregó, en tono crítico que “se necesita de un Estado que pueda resolver esta situación”.

Explicó, además, que las principales perjudicadas por la no inclusión de la moratoria son “las mujeres pobres que son las más precarizadas”. “En Argentina hay 1.600.000 familias monomarentales, que son mujeres al cuidado de personas y a la tarea reproductiva que no pueden acceder a trabajo formal y las dejamos sin la posibilidad de jubilarse”.

Presente en la movilización de la Plaza de los dos Congresos, Macha remarcó que “esto va a terminar muy mal para millones de argentinas”, y cargó contra el oficialismo y los espacios que no avalan esta moratoria: “Me preocupa la desconexión con ciertos sectores de la política con los problemas de la gente”.

La diputada jujeña Natalia Sarapura, una de las tres radicales que formó parte del quórum, destacó que “lo que vamos a aprobar hoy son las herramientas minimas y necesarias de nuestros jubilados”. Así las cosas, defendió la postura que tuvo junto a Fabio Quetglas y Julio Cobos, y sumó: “vinimos a ratificar y a expresar el compromiso de un partido”.

Contra las acusaciones del Poder Ejecutivo vinculadas a términos vulgares usados como “degenerados fiscales”, la legisladora jujeña respondió: “Nos hemos cansado de las acusaciones inmorales y del falso debate de que algunos queremos atentar el equilibrio fiscal”. En ese punto, enfatizó que “no es necesario un ajuste brutal hacia la gente”.

En defensa al espíritu del texto en cuestión, Sarapura agregó que “es posible tener un equilibrio fiscal con sentido social”; sostuvo que “no hablamos de números, hablamos de hombres y mujeres”; y cerró: “Tenemos la responsabilidad de que los jubilados no tengan que elegir entre comer o comprar medicamentos”.

Del flanco oficialista, el diputado nacional Santiago Santurio no emitió opinión alguna respecto al dictamen de La Libertad Avanza y la propuesta de crear una comisión para la elaboración del proyecto de ley de “reforma integral del sistema previsional argentino”, pero lanzó críticas contra la oposición: “El gobierno de Alberto Fernández aumentó la pobreza y nuestro gobierno redujo la pobreza”.

Luego, señaló que “hablar de empatía es una caradurez”. En esa línea, cuestionó: “¿No es que esto fue un paraíso durante 20 años del kirchnerismo? ustedes gobernaron”, cargó Santurio respecto a las personas que quedaron fuera del sistema de jubilaciones en este último tiempo. Y sumó: “El problema que ustedes dejaron, ahora es responsabilidad nuestra”.

Para culminar su intervención, el diputado libertario indicó que “el nivel de vergüenza que dan es total”, y criticó: “Gastaban la plata que generaba el privado y aumentaban el déficit que financiaban emitiendo moneda generando inflación, gastaban de más porque aumentaban el empleo público y gastan lo que no producen en beneficios kirchneristas de empleados públicos que no funcionan”.

En el final, afirmó que el gobierno el Frente de Todos “no aumentó las jubilaciones y aumentaron la emisión de Letras en el Banco Central”, y concluyó: “No vamos a permitir que volvamos al pasado de aumentar la pobreza de perjudicar a los argentinos de bien”.

Llegado el cierre de bancadas, el primero fue Pablo Juliano de Democracia para Siempre confirmó el acompañamiento de su espacio a la prórroga de la moratoria y desenfundó críticas contra el Ejecutivo Nacional: “La ‘vetocracia’ le niega la dignidad a la Argentina y nos sigue doliendo que tengas condenado a tu abuela”.

En contraposición a la propuesta del Pro que apoyó el despacho de La Libertad Avanza, cargó que “dejemos de diagnosticar la Argentina para que no se termine resolviendo nada”, y se dirigió al presidente de la Nación, Javier Milei sobre la posibilidad de utilizar la facultad constitucional del veto contra la actualización jubilatoria: “Ojalá el Gobierno recapacite”.

Después de confirmar su rechazo al dictamen de mayoría, la legisladora del Pro consideró que con este proyecto “quieren volver a la mitad del déficit del 2,9 del PBI que dejó Sergio Massa”. Cuestionó la política previsional de los gobiernos kirchneristas y los acusó de “destrozar la equidad y el flujo, dejando esta situación ruinosa y alarmante”.

Por último, enalteció la propuesta del oficialismo respecto a una comisión especial para debatir una reforma del sistema a fondo y agregó que será un debate “a la altura de las necesidades los 47 millones de argentinos”. Concluyó que este proyecto busca “trazar la ruptura macroeconómica del gobierno de Javier Milei”.

NOTICIA EN DESARROLLO