El santafesino Marcelo Lewandowski presentó el proyecto. Argentina adhirió al acuerdo mediante una ley sancionada en septiembre de 2020.
El senador nacional Marcelo Lewandowski (Frente de Todos) presentó un proyecto para otorgarle jerarquía constitucional al Acuerdo Regional de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, firmado en 2018 en Costa Rica, e incorporado por Argentina mediante la Ley 27.566.
El legislador santafesino señaló que este acuerdo es "importante para que toda persona tenga acceso adecuado a la información sobre el ambiente, oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones y acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos".
El Acuerdo de Escazú se trata del primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Si bien el acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscripto por 24 de ellos, el 27 de septiembre de 2018.
Además, tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.
En el texto del proyecto presentado por el oficialista se argumenta que el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional provee la herramienta para “aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede”, y otorga a los tratados y concordatos una jerarquía superior a las leyes.
En ese mismo sentido, sostiene que es importante "recordar que este Honorable Congreso, al momento de debatir y tratar el Acuerdo de Escazú, sancionó de manera unánime en la Cámara alta y por una amplia mayoría en la Cámara baja la aprobación de dicho Acuerdo el 24 de septiembre de 2020".
Maximiliano Ferraro y Brenda Austin presentaron un proyecto de ley para otorgarle jerarquía constitucional al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Maximiliano Ferraro y Brenda Austin presentaron este martes un proyecto de ley que le otorga jerarquía constitucional al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como “Acuerdo de Escazú”, recientemente aprobado por el Congreso Nacional a través de la Ley 27.566.
Esta jerarquía es otorgada en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución de la Nación, mecanismo que posibilita que tratados internacionales de derechos humanos gocen de jerarquía constitucional, mediante el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. El mismo fue habilitado a través de la reforma constitucional de 1994.
El Acuerdo de Escazú, que fue firmado por 24 países de América Latina y el Caribe, reconoce el derecho de todas las personas a un ambiente sano y se sostiene en tres pilares fundamentales: acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia ambiental. Incluye también disposiciones para la protección de los defensores de los derechos humanos vinculados al ambiente.
A través de las recientes aprobaciones por parte del Congreso nacional de la Argentina y de México se alcanzaron las 11 ratificaciones necesarias para la entrada en vigor de este Acuerdo, que opera pasados 90 días de los depósitos de los correspondientes instrumentos de ratificación. Si bien la Argentina ya incorporó este tratado regional a su derecho interno, aún resta el correspondiente depósito del instrumento de ratificación ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que debe realizar la Cancillería.
El diputado nacional, jefe de bloque de la CC ARI y autor del proyecto, Maximiliano Ferraro, considera que el Acuerdo de Escazú es “una poderosa herramienta que tiene por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Constituye además un instrumento de política multilateral regional, que permite concertar acciones coordinadas y unificar pautas para lograr la implementación plena y efectiva de los mencionados derechos”. Asimismo, Ferraro destacó que “la jerarquía constitucional para Escazú ha sido y es reclamada por distintas organizaciones ambientalistas y agrupaciones que impulsaron la aprobación de este Acuerdo en nuestro país y con las que hemos trabajado conjuntamente”.
Por su parte, la diputada nacional por la UCR Brenda Austin, cofirmante del proyecto, remarcó que “otorgar jerarquía constitucional al Acuerdo de Escazú implica reafirmar y fortalecer los derechos ambientales consagrados en nuestra Constitución, con especial énfasis en el principio de equidad intergeneracional y en la garantía de igualdad de oportunidades de todas las personas a participar en las cuestiones ambientales”.
Y agregó: “Creemos que están dadas las condiciones para dotar al Acuerdo de jerarquía constitucional por el marco de acuerdo y consenso político con el que aprobó el tratado, teniendo en cuenta que en ambas Cámaras fue prácticamente acompañado por unanimidad. Nuestra Constitución sabiamente establece una mayoría agravada, por lo que en este caso están dadas las condiciones de manera sobrada para hacerlo”.
Según los fundamentos del proyecto de ley presentado “la importancia del Acuerdo de Escazú radica en que se posiciona como una hoja de ruta consensuada a nivel regional para garantizar el respeto y el fortalecimiento de los derechos de acceso, como instrumentos que contribuyen, en definitiva, a consolidar la democracia, el desarrollo sostenible y los derechos humanos (...) la incorporación de este Acuerdo a la cúspide de nuestra pirámide jurídica, implica reafirmar el posicionamiento histórico que viene teniendo nuestro país a favor de la jerarquización de la protección de los derechos humanos, complementar los derechos y garantías reconocidos, y garantizar plenamente la vigencia de sus disposiciones dentro de nuestro ordenamiento y en cooperación con los demás Estados parte”.
Entre otros instrumentos internacionales, el Acuerdo de Escazú reafirma los principios de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo en 1972, que declaró formalmente el derecho humano a un ambiente adecuado para vivir en dignidad y bienestar, con el consecuente deber de protegerlo y mejorarlo.
“El Acuerdo de Escazú constituye un hito fundamental para la consecución de un horizonte de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, a través de un multilateralismo saludable que nos marca el camino para poder alcanzar mayores niveles de transparencia, protección e igualdad frente a los desafíos que este horizonte nos presenta”, sostiene el texto del proyecto de ley presentado.
La norma, sancionada semanas atrás en la Cámara de Diputados, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.
El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley 27.566 por la cual Argentina se convirtió en el 10mo. país en aprobar el Acuerdo Regional de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, firmado en 2018 en Costa Rica.
El tratado internacional es el primero a nivel mundial que contiene disposiciones específicas sobre la protección de los activistas y defensores ambientales.
Además, insta a la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
La norma se sancionó el pasado 24 de septiembre en la Cámara de Diputados con 240 votos positivos, 4 negativos y 2 abstenciones.
Con la aprobación de la ley, Argentina se sumó a los países que ya lo ratificaron: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Sin embargo, para que el tratado entre en vigencia debe ser ratificado por 11 de los Estados que adhirieron, por lo que solo falta la aprobación de un país más.
El diputado nacional José Luis Ramón celebró la adhesión de la Argentina al Acuerdo Escazú, sostuvo que se trata de un paso importante, pero advirtió que “no podemos sacar el pie del acelerador, hay que seguir en esta lucha”.
En su intervención en el debate respecto a la adhesión argentina al Acuerdo de Escazú - Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el diputado nacional José Luis Ramón consideró que cuando se sanciona una ley como esta “lo que se propone es tocar el corazón de la economía moderna”.
El legislador por Unidad y Equidad Federal recordó que “lo que pasó en diciembre del año pasado es increíble, había hasta el convencimiento del gobierno de que habían unas empresas privadas que necesitaban explotar a cielo abierto la minería, y con un sistema de profesionalidad y de legitimación de tipo publicitaria, le hacían creer al pueblo de Mendoza, que se le podía echar ácido y cianuro al agua y que eso no iba a contaminar, ni iba a alterar el sistema económico”; y sostuvo que “la protección del medioambiente era un desequilibrio tremendo con estos poderosos. Por eso tenemos que ser áspero, y no dejarlo pasar, para que en el futuro se siga teniendo en cuenta que los privados no queden afuera de las obligaciones y que no sea solamente el Estado el que cargue con esta obligación”.
En este sentido, consideró que “cuando se sanciona una ley como esta, lo que se propone es tocar el corazón de la economía moderna”. Y dio como ejemplo los temas de consumo, donde “no hay manera de que exista un tribunal de defensa de la competencia para que el grupito de los grandes dejen de apoderarse de las actividades económicas, con esto pasa exactamente lo mismo”.
“Si no tenemos acciones colectivas que permitan la legitimación, sin caer en que sean más responsables las víctimas que los victimarios, vamos a seguir teniendo un sistema que no es completo. Y por eso es que creo que este paso que estamos dando hoy es importante, pero no podemos sacar el pie del acelerador, hay que seguir en esta lucha”, expresó el diputado mendocino.
Finalmente, señaló que, con este proyecto, quien principalmente carga con obligación de entregar la información es el Estado, y cuestionó: “¿Qué pasa con los privados? Porque en un sistema de libre comercio el problema ambiental no lo está provocando el Estado, lo que está haciendo es habilitar con las concesiones o con el ejercicio del poder del comercio se puede generar estos daños ambientales, y es un tema serio. Porque cada vez que se trata un tratado de libre comercio todos quieren ingresar, y tener los derechos y las responsabilidades, ahora cuando se trata de una ley como esta, acá casualmente, la obligación de dar la información, los privados no la tienen.
Por Brenda Austin. La diputada valora la incorporación del tratado a la legislación interna, como fruto de un trabajo transversal sin diferencias partidarias.
La ratificación del Acuerdo de Escazú constituye un verdadero hito para la Argentina. Es el primer tratado regional vinculante en materia ambiental que ofrece una plataforma única a los Estados para fortalecer la protección del derecho a vivir en un ambiente sano. Este marco normativo es una hoja de ruta y representa un desafío en torno a la tarea que debemos encarar para lograr políticas de Estado que nos conduzcan hacia una verdadera democracia ambiental.
Su incorporación a la legislación interna es fruto de un importante trabajo transversal sin diferencias partidarias. El texto del tratado fue suscripto por nuestro país durante el mandato del ex presidente Macri el 27 de septiembre de 2018, el mismso día en que se abrió a la firma. A su vez, el acuerdo fue reconducido por la actual gestión y logró un contundente apoyo en ambas cámaras legislativas, lo cual le otorga una importante base de consenso para garantizar el cumplimiento sus tres pilares: el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en los procesos de adopción de decisiones y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales. Escazú pone también el ojo en la defensa de líderes ambientales, frente al triste de récord de ser la región del mundo en donde se produjo el mayor número de asesinatos por estas causas.
La ratificación del Acuerdo significa asumir el compromiso de trabajar para nivelar el acceso a los derechos en materia ambiental. Para algunos Estados implica el rediseño institucional de sus leyes y para la Argentina la necesidad de reforzar todos sus marcos normativos. En este contexto se inscriben la Ley de Educación Ambiental y la Ley de Educación para el Desarrollo Sostenible, instrumentos indispensables para generar valores y comportamientos acordes con un ambiente equilibrado y que propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible. La educación es el mejor camino para producir cambios profundos en el modo que habitamos nuestro planeta.
También es una invitación a rediscutir y actualizar, bajo este nuevo paradigma, la ley de acceso a la información ambiental y garantizar la consulta previa e informada y la participación pública en la toma de decisiones ambientales. Mas voces, mejores decisiones: esta es la columna vertebral del acuerdo y la enorme fuerza de las organizaciones de la sociedad civil que, de abajo hacia arriba, lo hicieron posible.
Por otro lado, el tratado insta a los Estados a capacitar a sus funcionarios/as. Ese es, de hecho, el sentido de la denominada “Ley Yolanda”: garantizar la formación integral en perspectiva de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y ambientales, para las personas que se desempeñen en la función pública, entre ellos también los funcionarios judiciales. Es imperioso que quienes toman decisiones en el plano público lo hagan en consonancia con este enfoque.
Por último, Escazú es una invitación a trabajar sobre la Justicia. Con la última reforma constitucional, la Argentina consagró expresamente la protección del ambiente e institucionalizó herramientas como el amparo para la defensa de los derechos que protegen el ambiente. Debemos contar con una Justicia ambiental especializada y sumar un capítulo específico de delitos ambientales al Código Penal.
Es tiempo de hacer algo más que discursos. Es tiempo de que sancionemos leyes, de que revisemos nuestros marcos normativos y, sobre todo, que los hagamos cumplir.
La importancia del Acuerdo de Escazú, como hoja de ruta consensuada a nivel regional y su enorme nivel de consenso político, amerita que demos un paso más y dotemos al instrumento de jerarquía constitucional para consolidarlo como una verdadera política de Estado. Es el camino hacia una democracia ambiental dentro de un nuevo paradigma ecocéntrico, que considere a la naturaleza como un sistema complejo e interconectado con un valor inherente, del cual los seres humanos somos sólo una parte.
Ratificar Escazú es señalar el rumbo y, al mismo tiempo, asumir compromisos. Porque su premisa es abrir el juego y sumar voces en los asuntos que involucran al ambiente. Necesitamos encontrar un modo de legitimar la toma de decisiones y esto será escuchando a sus protagonistas, abriendo espacios de diálogo donde encontremos una voluntad recíproca de cooperación. No es unos contra otros, es entre todos entendiendo que el único modo de revertir el estado de crisis del planeta es con la articulación de los actores que componen nuestra sociedad. Escazú no es un punto de llegada, sino el punto de partida para empezar a actuar.
*Diputada Nacional de la UCR por Córdoba
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible aseguró que el tratado es “sumamente enriquecedor para la agenda ambiental” y destacó el compromiso de la “militancia juvenil”.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, celebró la aprobación del Acuerdo de Escazú para Argentina, luego de la sanción en la Cámara de Diputados. “La ratificación de este instrumento era una deuda pendiente en el acceso a derechos en materia ambiental”, enfatizó.
El tratado fue adoptado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y firmado en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos; desde entonces se esperaba su aprobación en el país. La presente validación representa una garantía más del Estado Nacional hacia la ciudadanía en relación a la adopción de acciones concretas tendientes a la equidad ambiental.
En tal sentido, Cabandié afirmó: "Es de suma importancia la ratificación de este acuerdo regional porque se trata del acceso a la información y la participación pública, y repara en el acceso a la justicia ante determinadas circunstancias".
El funcionario consideró al acuerdo como “sumamente enriquecedor para la agenda ambiental” y destacó el compromiso de la “militancia juvenil” como impulso para la aprobación de este instrumento. “Con Escazú, como sucedió con la ley de cambio climático, cumplimos con una demanda muy justa y creciente de la sociedad y de los jóvenes en particular”, dijo.
Con la aprobación Argentina se suma a los países que ya lo ratificaron: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Para que el tratado entre en vigencia debe ser ratificado por 11 de los Estados que adhirieron, por lo que solo falta la aprobación de un país más.
Con 240 votos positivos, 4 negativos y 2 abstenciones se sancionó el tratado internacional, que es el primero en contener disposiciones sobre la protección de los activistas y defensores ambientales.
Por Melisa Jofré
Argentina se convirtió en el 10° país en ratificar el Acuerdo Regional de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, firmado en 2018 en Costa Rica. De esta manera, ahora resta que otro Estado más -deben ser 11- lo apruebe para que entre en vigencia.
El tratado internacional es el primero a nivel mundial que contiene disposiciones específicas sobre la protección de los activistas y defensores ambientales. Además, insta a la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
El proyecto, que había sido aprobado el pasado 13 de agosto en el Senado, se sancionó este jueves en la Cámara de Diputados con 240 votos positivos, 4 negativos y 2 abstenciones. El debate contó con la presencia en los palcos del recinto de jóvenes de organizaciones de la sociedad civil abocadas a la temática.
Los votos en contra fueron de los macristas Gustavo Hein (Entre Ríos), María Carla Piccolomini (Buenos Aires), Francisco Sánchez (Neuquén) y Pablo Torello (Buenos Aires). En tanto se abstuvieron el macrista Alfredo Schiavoni (Misiones) y la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá (Buenos Aires).
Miembro informante del oficialismo, Eduardo Valdés enfatizó que "Argentina, al aprobar este proyecto, está recogiendo la bandera levantada por miles de jóvenes a lo largo y ancho del país y reconociendo una demanda histórica de nuestras comunidades" que requieren "mayores niveles de compromiso de los gobiernos y reclaman por la transparencia en la información ambiental y por más y mejores mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones".
El titular de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto señaló que se trata del "primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y su principal distintivo radica en que trata la temática ambiental desde la perspectiva de los derechos humanos". Además, el legislador afirmó que el Acuerdo "es muy importante para concientizar sobre el deterioro del medio ambiente y el cambio climático".
"El cuidado del medio ambiente representa un desafío para la humanidad. Para comenzar a registrar cambios debemos concebirnos en relación con el entorno y pensarnos como parte del ambiente sin dañarlo; es nuestra casa común", agregó.
A continuación, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso, destacó que con este tratado se genera "un nuevo paradigma de democracia ambiental" y resaltó que haya sido "resultado del acuerdo de distintos actores".
"En el 2019 fueron asesinadas 212 personas en el contexto de la defensa de la tierra y cuidado del medio ambiente", detalló el oficialista y sumó que "dos de cada tres asesinadas fueron en nuestro continente".
Grosso remarcó la necesidad del acceso a la información porque "necesitamos todos saber qué hacen con los bienes de todos", y valoró el crecimiento de "la participación pública en los últimos años". "Cada vez tenemos más muertos por defender al medio ambiente, porque cada vez avanzan más y más sobre nuestros recursos naturales, cada vez se depreda más el planeta", sostuvo.
"Este es el primer paso pero hay que construir un camino de políticas ambientales en Argentina y en el mundo. Bienvenido el Acuerdo de Escazú", cerró.
A su turno, la radical Brenda Austin ponderó el objetivo del tratado de "luchar contra la persecución que sufren los defensores ambientales". "Efectivamente América Latina ostenta el triste récord de ser la región en la que en 2019 se produjeron la mayor cantidad de asesinatos de líderes ambientalistas", dijo y, por eso, opinó que "merece la región un acuerdo que corte esta realidad".
Con la aprobación del Acuerdo, la cordobesa consideró que Argentina deberá "reforzar y tomarse en serio todos los marcos normativos que tiene nuestro país" en esta materia. También, felicitó el protagonismo e impulso de las organizaciones de la sociedad civil y de los adolescentes y jóvenes que impulsaron la ratificación.
Desde el bloque Pro, Camila Crescimbeni dijo: "Escazú es un primer paso hacia un camino de reactivación verde, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible en el centro, pero que no es definitivamente el final ni la consolidación de un trabajo que tenemos que seguir haciendo desde los diferentes gobiernos y los diferentes partidos políticos, porque defender el ambiente es una política de Estado".
En tanto, Graciela Camaño subrayó la enorme "diversidad" ambiental de América Latina, como "un verdadero patrimonio de la humanidad", pero advirtió que en la región "nos falta recorrer un largo camino para tener una política de ambiente". "Escazú es un compromiso en la defensa del ambiente que se lo pone en manos de quienes más lo van a defender, porque este convenio pone en manos de los pueblos y los jóvenes la defensa del ambiente", celebró la diputada de Consenso Federal.
Por el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón observó que "el derecho a la información, en este proyecto, el principal que carga con entregar la información es el Estado. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa con los privados? Porque en un sistema de libre comercio el problema ambiental no lo está provocando el Estado". "La obligación los privados no la tienen y esto no es un tema menor", añadió.
En contra de la iniciativa, Romina Del Plá criticó que "se hace una mega alabanza de este Acuerdo pero no se está planteando que la minería está haciendo estragos en el país. ¡La megaminería contaminante no se ha detenido ni un solo segundo durante la cuarentena!".
Anunciando la abstención, la legisladora del Frente de Izquieda cuestionó el acuerdo con China para la exportación de carne porcina, y el no tratamiento de un proyecto para suspender por dos años los desmontes o el debate de la ley de humedales. "Mi voto es para llamar la atención de que efectivamente con la aprobación de este Acuerdo no se avanza ni un milímetro para proteger al ambiente", argumentó.
Al momento de los cierres, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, aseguró que el Acuerdo "constituye una auspiciosa y poderosa herramienta para que podamos garantizar la implementación plena y efectiva de estos tres pilares establecidos en Escazú".
Al igual que varios oradores, el porteño agradeció a "un importante sector de la juventud que se han movilizado, han testimoniado y tenido una verdadera actitud pedagógica y de concientización" para "pedirnos una pronta aprobación".
Por su parte, el presidente del bloque Frente de Todos, Máximo Kirchner, defendió el rol de la militancia: "Creo mucho en la militancia. Creo mucho en la militancia política, cultural, sindical, social y también ambiental. No soy de aquellos que estigmatizan militancias ni de los que creen que hay militancias cool. Creo que es muy bueno que haya pibes y pibas que se comprometan con su realidad y traten de transformarla".
El diputado aseveró que "la Argentina tiene desafíos muy difíciles por delante y necesitamos de todos y todas". "Recién escuchaba que hay gente que se identifica con una generación que se quiere ir del país. Yo, ¿saben qué les digo? Quédense en este país porque este país es de ustedes". "Las peleas se dan acá y no se desiste nunca", enfatizó.
Los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, emitieron dictamen sobre el proyecto por el cual se aprueba el acuerdo regional.
En el marco de un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, se debatió este miércoles sobre el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la ciudad de Escazú, República de Costa Rica. Al cabo de la reunión, se emitió dictamen de manera unánime.
Al inicio del encuentro, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eduardo Valdés, señaló que “es un orgullo, porque la Argentina al aprobar este dictamen está recogiendo la bandera levantada hoy por miles de jóvenes que a lo largo y a lo ancho del país han recogido una demanda histórica de nuestras comunidades y grupos sociales vinculados al trabajo del suelo. Reclaman mayores niveles de compromiso de los gobiernos con la transparencia y la información ambiental y más y mejores mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones con impacto sobre nuestras tierras.
“El Acuerdo de Escazú es un alarma y una advertencia al abuso humano y una invitación a dialogar con responsabilidad y solidaridad sobre el futuro del planeta”, enfatizó Valdés.
A su turno, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, alertó que la pandemia de coronavirus que estamos sufriendo “es producto de un virus de origen zoonótico, y estos virus son el resultado de la depredación que venimos haciendo nosotros, nosotras, la humanidad, de nuestro planeta. Entonces me parece que es un buen momento para analizar en qué contexto estamos llevando adelante el tramo final del Acuerdo de Escazú”.
“Me parece que tenemos que pensar la nueva normalidad con una perspectiva ambiental”, agregó el legislador.
Cabe destacar, que es el primer acuerdo regional que trata la temática ambiental desde la perspectiva de los Derechos Humanos, y tiene como principales pilares al acceso a la información pública, participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia en asuntos ambientales y protección de defensores ambientales
A su turno, Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, sostuvo que con el ingreso al Acuerdo de Escazú Argentina da “un paso estratégico”, por cuanto “a partir de que nuestro país ingrese al Acuerdo de Escazú, se va a producir una cascada de ingresos de otros países de América Latina, en algunos de los cuales hoy existen situaciones críticas, respecto inclusive del debate del acuerdo. Por eso Argentina tiene un rol fundamental y tenemos la idea de que este acuerdo va a ayudarnos mucho en mejor todo lo que tiene que ver con los derechos de la población y los temas ambientales”.
Nicole Becker, cofundadora Jóvenes por el Clima, fue la otra invitada a la reunión, que ponderó el Acuerdo de Escazú, que “surge de una necesidad y es una deuda que todos los gobiernos tienen con la juventud y todos los sectores históricamente más vulnerados”.
Empero, aclaró que “un papel no va a cambiar la realidad. El Acuerdo de Escazú no será “una solución mágica”, reconoció, pero “sí creo que si nos lo apropiamos y lo usamos como una herramienta para exigir por nuestros derechos puede ser un gran paso para crear un paradigma de democracia ambiental más inclusivo y más justo”.
La diputada de la UCR Brenda Austin, autora de un proyecto y vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, afirmó que “el Acuerdo de Escazú brinda herramientas concretas para garantizar la protección del Ambiente, como son el acceso a la información pública, a la justicia y la participación ciudadana. Argentina fue protagonista en las negociaciones para su creación y ahora está a un paso de conseguir la ratificación. Por eso, solicitamos que la Cámara de Diputados lo trate cuanto antes. Escazú significa un gran avance en nuestra región, generando un marco eficaz para la defensa del ambiente”.
La diputada Karina Banfi señaló que “es el primer tratado regional vinculante, que solo no va a salvar al planeta sino que todos generaremos consenso para salvarlo, no podemos hacer una defensa ambientalista naif, no va a ser suficiente con el tratado sino ampliar con otras normativas, para que el Estado entienda que tiene que hacer partícipes a los ciudadanos: Hablar de derecho ambiental es hablar de Derechos Humanos”.
El Acuerdo de Escazú obtuvo texto definitivo el 4 de marzo de 2018. Ha sido suscripto por 17 Estados, incluyendo nuestro país. Debe contar con el número de ratificaciones exigidas para entrar en vigencia y espera que los Países Firmantes avancen en ello. El proyecto de ley se enmarca en este sentido. Al aprobarlo, Argentina sería el décimo en ratificar y con 11 países entraría en vigencia.
En el plano nacional, se prevé que toda persona tendrá acceso adecuado a la información sobre medio ambiente que dispongan las autoridades públicas, incluido lo que atiende a materiales y actividades que encierran peligro en sus comunidades, y la oportunidad de participar en la adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.
El acuerdo se aprobó por unanimidad en el Senado de la Nación, el pasado 14 de agosto. De convertirse en ley, Argentina sería la décima nación de las once necesarias en ratificarlo. De esta manera, sólo restaría un país para que entre en vigencia. Hasta ahora, los nueve países que adhirieron son: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
El tratado internacional cuenta con media sanción del Senado, pero no avanzó todavía en Diputados, donde las comisiones estaban desactivadas por el vencimiento del protocolo de trabajo remoto.
Diputados de Juntos por el Cambio solicitaron formalmente a las autoridades de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano que propicien el “pronto tratamiento en una reunión conjunta” de los proyectos de ratificación del Acuerdo de Escazú.
Fue a través de dos notas elevadas a los presidentes de ambas comisiones, Eduardo Valdés y Leonardo Grosso, respectivamente, que llevaron las firmas de los diputados Brenda Austin, Maximiliano Ferraro, Federico Zamarbide, Mario Arce, Mariana Zuvic, Karina Banfi, Lucila Lehmann, Diego Mestre y Camila Crescimbeni.
El Acuerdo de Escazú es un tratado vinculante adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense del mismo nombre. Allí se jerarquiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en los países de América Latina y el Caribe. Su vigencia depende de que al menos 11 países lo ratifiquen y, al momento, sólo hay 9 ratificaciones. Fue aprobado por unanimidad el 13 de agosto por el Senado, y para que la Argentina se convierta en el décimo país, ahora el proyecto debe ser aprobado en Diputados.
“Dada la reciente aprobación por parte del Senado y la convergencia de diversos proyectos en el mismo sentido, solicitamos tenga a bien arbitrar los medios necesarios para propiciar su pronto tratamiento en reunión conjunta. Todo ello a los fines de otorgar celeridad a la ratificación por parte de la Argentina de este trascendental tratado ambiental y de derechos humanos”, señalaron los legisladores en sendas notas.
Este tratado, el primero a nivel mundial en contener disposiciones específicas sobre la protección de los activistas y defensores ambientales, resulta especialmente relevante para la región puesto que busca garantizar los derechos de acceso a la información pública ambiental, la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en materia ambiental.
“Es absolutamente importante que nuestro país ratifique el Acuerdo de Escazú porque viene a poner sobre la mesa herramientas concretas para garantizar la protección del ambiente, y está a un paso de conseguir las ratificaciones necesarias para entrar en vigor. La premisa de este tratado es poner el foco en los sectores más vulnerables, su ratificación va a brindarle a nuestro país un mayor marco protectorio y garantizará efectivamente el acceso a la Justicia en materia ambiental”, expresó la radical Brenda Austin.
El Acuerdo de Escazú establece que su instrumentación persigue “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
Entre los proyectos avalados se encuentra el Acuerdo de Escazú sobre el cuidado del medioambiente y una declaración de beneplácito por la producción de la vacuna contra el Covid-19 en Argentina.
El Senado aprobó este jueves dos transferencias de inmuebles, tres acuerdos internacionales de distinta índole y una serie de proyectos de declaración de beneplácito y preocupación sobre diversos temas.
Entre los acuerdos, que recibieron unanimidad, se destacó el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en Costa Rica.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, destacó que este acuerdo “es un gran paso en el cuidado de la ‘casa común’”, en palabras del papa Francisco, quien sostuvo en su Encíclica Laudato Si que “para salvar la casa común necesitamos una revolución de abajo hacia arriba”.
“Este es un compromiso de defensa del ambiente puesto en aquellos que más lo defienden, que son los pueblos mismos y sobre todo los jóvenes, que han despertado una conciencia clara de la importancia del daño que está sufriendo la tierra y de un sistema de explotación y actividad productiva que nos está condenando a un futuro incierto”, explicó Taiana.
El senador del Frente de Todos resaltó que “este acuerdo nos pone como sociedad, de nuevo, en la vanguardia”, y “se basa en el concepto de que solo la información y la participación de la sociedad van a permitir salvar el medioambiente”.
La Cámara alta también aprobó un acuerdo suscripto con China sobre el establecimiento de un Centro Cultural Chino en Argentina, y un Convenio de Cooperación Cinematográfica con Israel.
Por otra parte, se avaló la transferencia a título gratuito del terreno propiedad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Asimismo, se dio luz verde a la transferencia de un inmueble de la ciudad de La Plata, Buenos Aires, a la Universidad Nacional de esa ciudad, para el funcionamiento del “Instituto Malvinas”.
En la sesión también se aprobó un proyecto presentado por Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) que declara beneplácito por el anuncio realizado este miércoles acerca de la producción, en la Argentina, de la vacuna contra el Covid-19, desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca.
También se aprobaron beneplácitos por la entrega de nuevos documentos desclasificados sobre la dictadura; por la designación del embajador Rafael Grossi como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica; y por la opinión consultiva sobre la separación del Archipiélago de Chagos de las Islas Mauricio, emitida por la Corte Internacional de Justicia.
Por otra parte, el Senado avaló una expresión de preocupación y repudio por la presencia, en el Atlántico Sur, de un buque inglés con la bandera de las Islas Malvinas.
Se aprobaron además tres declaraciones de beneplácito propuestas por el senador Antonio Rodas (Frente de Todos), correspondientes a las expresiones del papa Francisco en relación a la pandemia del Covid-19; la carta papal a movimientos populares de todo el mundo; y el nuevo aniversario de la Encíclica “Laudato Si”.
Otro de los proyectos aprobados consiste en una adhesión al Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.
Por último, recibió aval un beneplácito a la aprobación de la Comisión de Teólogos del Vaticano acerca de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú; y otro por la decisión del gobierno francés de retirarle a Ricardo Cavallo la Orden Nacional al Mérito.
