El Presidente confía en que los legisladores “entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes”.
Paralelamente al envío hecho por el Poder Ejecutivo del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea al Congreso de la Nación, miembros del Gobierno confirmaron que también será remitido al Parlamento el convenio que acaba de ser suscripto con Estados Unidos.
Según la Oficina del Presidente, el acuerdo firmado “consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras para el intercambio internacional, y en una mirada moderna de la complementariedad comercial”.
El texto del comunicado que lleva la firma del presidente Javier Milei puntualiza que el acuerdo será remitido al Congreso para su correspondiente tratamiento, conforme lo establecido por la Constitución Nacional. “El Presidente de la Nación confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes”, señala el comunicado.
El acuerdo, indica el texto, “tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología”.
A cuatro días de la firma del histórico acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en Asunción, el Parlamento Europeo decidió denunciar el pacto ante el Tribunal de Justicia de la UE, paralizando su ratificación y generando un serio impacto político y comercial. El Gobierno argentino acaba de anunciar el tratamiento del texto en extraordinarias.
Apenas cuatro días después de la ceremonia realizada el sábado en Asunción, donde el Mercosur rubricó finalmente su acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, tras 25 años de negociaciones, el proceso de implementación del pacto sufrió un sacudón inesperado: el Parlamento Europeo votó denunciar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), generando un freno institucional que puede complicar su cronograma original.
El Gobierno de Javier Milei acaba de incluir el acuerdo para su tratamiento en sesiones extraordinarias, en línea con su intención de acelerar la integración comercial y mostrar previsibilidad a los socios del Mercosur. La reacción europea abre un escenario incierto para el avance del acuerdo.
La moción impulsada por la izquierda europea —que advertía sobre posibles incompatibilidades del pacto con el Derecho comunitario— se aprobó por apenas diez votos de diferencia: 334 a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.
En paralelo, una iniciativa similar promovida por el grupo de ultraderecha Patriotas por Europa fue derrotada con un margen más amplio.
Con el resultado de este miércoles, el TJUE deberá analizar dos piezas del entendimiento:
Durante ese período, la tramitación en la Eurocámara quedará en suspenso hasta que el Tribunal se pronuncie.
La votación estuvo precedida por intensas protestas de agricultores europeos, especialmente en Francia, que denuncian un impacto negativo del acuerdo sobre su producción. En Estrasburgo, cientos de productores se movilizaron con tractores el día previo a la votación.
Tras la aprobación de la moción, distintas fuerzas políticas celebraron el freno. Entre ellas, la Izquierda Europea y los Verdes, que sostienen que el acuerdo podría afectar la “autonomía regulatoria” del bloque en materia ambiental, sanitaria y climática.
El gobierno francés también celebró la decisión, interpretándola como un respaldo a su histórica resistencia frente al pacto.
La Comisión Europea intenta sostener el acuerdo
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien había viajado el fin de semana pasado a Paraguay para participar de la firma, defendió el entendimiento como un momento “histórico” en el pleno del Parlamento. Tras la votación, la Comisión lamentó la decisión y aseguró que analizará los pasos a seguir.
Sin embargo, fuentes comunitarias confirmaron que la aplicación provisional del capítulo comercial podría seguir avanzando, siempre y cuando al menos uno de los países del Mercosur complete su proceso interno de adopción.
Entre los puntos que la Eurocámara pide revisar al TJUE aparecen dos nudos centrales:
Permite a los países del Mercosur impugnar legislación europea que consideren lesiva para sus exportaciones, algo que algunos eurodiputados creen que podría chocar con la autonomía normativa de la UE.
Para ciertos sectores, esto habría sido una maniobra para facilitar la firma del capítulo comercial, que puede aplicarse provisionalmente sin ratificación plena de los parlamentos nacionales.
Para el gobierno argentino, que busca enviar señales de estabilidad y abrir mercados para sectores industriales y agroexportadores, la decisión de la Eurocámara constituye un desafío inmediato.
Aunque la firma en Asunción fue presentada como un triunfo diplomático regional, la judicialización del acuerdo en Luxemburgo puede demorar su entrada en vigor por hasta dos años, según estimaciones de analistas europeos.
Mientras tanto, el debate legislativo argentino será inevitablemente condicionado por un factor externo: la incertidumbre sobre si Europa finalmente habilitará, frenará o reescribirá el acuerdo después de un cuarto de siglo de negociaciones.