La Libertad Avanza busca consensos para aprobar el marco regulatorio que aplica cambios en los presupuestos ambientales y podría encontrarlos en el principal bloque opositor. También se buscará anticiparse a lo que ocurra con el tratamiento del convenio internacional en el Parlamento de Uruguay.
El Congreso de la Nación se despide del período extraordinario con dos sesiones en el Senado: la primera de este jueves va a tratar el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea; el pliego para embajador en Bélgica de Fernando Iglesias, y la modificación d la Ley de Glaciares. Mientras que el viernes se avalarán los cambios al proyecto de Modernización Laboral y se buscará convertir en ley también el Régimen Penal Juvenil.
Transcurrida la sesión preparatoria en la Cámara alta, La Libertad Avanza retoma el debate por la modificación a la Ley de Glaciares, proyecto que fue dictaminado el 18 de diciembre pasado, pero pospuesto por la prioridad que tuvieron el Presupuesto 2026 y la Ley de Modernización Laboral. El oficialismo busca estirar la racha positiva en el recinto, aunque no estaría contando con la adhesión total de los aliados.
Con Patricia Bullrich a la cabeza, el oficialismo ha logrado compactar a un espectro de bloques aliados y dialoguistas que alcanzan los 44 senadores nacionales, 47 si contamos a los tres integrantes de Convicción Federal que ejecutaron su salida del interbloque peronista. De todas maneras, hay representantes del radicalismo y del interbloque Impulso País (Pro y Provincias Unidas) que dejaron trascender que no apoyarían el texto por no comulgar con la perforación de los presupuestos mínimos ambientales; incluso hasta lo consideran “inconstitucional”.
En una previa idéntica a la discusión por la Reforma Laboral, los cambios al despacho firmado en diciembre se conocerán directamente en el recinto. La salvedad en esta ocasión es que no será el oficialismo la voz informante, si no la senadora chubutense Edith Terenzi, presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
A partir de este escenario, se comenzó a especular con que dos integrantes del bloque Justicialista que pertenecen a provincias mineras puedan acompañar al oficialismo en la modificación a la Ley de Glaciares: se trata de la catamarqueña Lucía Corpacci y el sanjuanino Sergio Uñac, ambos exgobernadores de sus provincias. Así las cosas, una alta fuente libertaria reveló a parlamentario.com, en referencia a la posibilidad de aprobación de la ley: “No tenemos a todos (los aliados), pero tenemos los números”.
Vale destacar que la posibilidad de que estos integrantes de la oposición voten a favor de la modificación a la Ley de Glaciares fue consensuada puertas adentro del bloque Justicialista, donde deliberaron dar libertad de acción a los representantes de provincias mineras.
El debate arrancará con el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea aprobado por la Cámara de Diputados el pasado jueves 12 de febrero. La República Argentina busca ser el primer país en avalar el convenio, puesto que el Parlamento de Uruguay está tratándolo en la Cámara de Senadores este miércoles y buscará la aprobación definitiva este jueves en la Cámara de Representantes. Por eso el cambio de fecha de tratamiento, dado que se había previsto originalmente el debate de este tema el viernes con Modernización Laboral.
La sesión extraordinaria citada para este jueves 26 de febrero a las 11 comenzará con el tratamiento del pliego para embajador en Bélgica del exdiputado nacional Fernando Iglesias. Según confiaron a este medio, solamente se leerá el despacho y se procederá a la votación.
El Presidente confía en que los legisladores “entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes”.
Paralelamente al envío hecho por el Poder Ejecutivo del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea al Congreso de la Nación, miembros del Gobierno confirmaron que también será remitido al Parlamento el convenio que acaba de ser suscripto con Estados Unidos.
Según la Oficina del Presidente, el acuerdo firmado “consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras para el intercambio internacional, y en una mirada moderna de la complementariedad comercial”.
El texto del comunicado que lleva la firma del presidente Javier Milei puntualiza que el acuerdo será remitido al Congreso para su correspondiente tratamiento, conforme lo establecido por la Constitución Nacional. “El Presidente de la Nación confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes”, señala el comunicado.
El acuerdo, indica el texto, “tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología”.
A cuatro días de la firma del histórico acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en Asunción, el Parlamento Europeo decidió denunciar el pacto ante el Tribunal de Justicia de la UE, paralizando su ratificación y generando un serio impacto político y comercial. El Gobierno argentino acaba de anunciar el tratamiento del texto en extraordinarias.
Apenas cuatro días después de la ceremonia realizada el sábado en Asunción, donde el Mercosur rubricó finalmente su acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, tras 25 años de negociaciones, el proceso de implementación del pacto sufrió un sacudón inesperado: el Parlamento Europeo votó denunciar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), generando un freno institucional que puede complicar su cronograma original.
El Gobierno de Javier Milei acaba de incluir el acuerdo para su tratamiento en sesiones extraordinarias, en línea con su intención de acelerar la integración comercial y mostrar previsibilidad a los socios del Mercosur. La reacción europea abre un escenario incierto para el avance del acuerdo.
La moción impulsada por la izquierda europea —que advertía sobre posibles incompatibilidades del pacto con el Derecho comunitario— se aprobó por apenas diez votos de diferencia: 334 a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.
En paralelo, una iniciativa similar promovida por el grupo de ultraderecha Patriotas por Europa fue derrotada con un margen más amplio.
Con el resultado de este miércoles, el TJUE deberá analizar dos piezas del entendimiento:
Durante ese período, la tramitación en la Eurocámara quedará en suspenso hasta que el Tribunal se pronuncie.
La votación estuvo precedida por intensas protestas de agricultores europeos, especialmente en Francia, que denuncian un impacto negativo del acuerdo sobre su producción. En Estrasburgo, cientos de productores se movilizaron con tractores el día previo a la votación.
Tras la aprobación de la moción, distintas fuerzas políticas celebraron el freno. Entre ellas, la Izquierda Europea y los Verdes, que sostienen que el acuerdo podría afectar la “autonomía regulatoria” del bloque en materia ambiental, sanitaria y climática.
El gobierno francés también celebró la decisión, interpretándola como un respaldo a su histórica resistencia frente al pacto.
La Comisión Europea intenta sostener el acuerdo
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien había viajado el fin de semana pasado a Paraguay para participar de la firma, defendió el entendimiento como un momento “histórico” en el pleno del Parlamento. Tras la votación, la Comisión lamentó la decisión y aseguró que analizará los pasos a seguir.
Sin embargo, fuentes comunitarias confirmaron que la aplicación provisional del capítulo comercial podría seguir avanzando, siempre y cuando al menos uno de los países del Mercosur complete su proceso interno de adopción.
Entre los puntos que la Eurocámara pide revisar al TJUE aparecen dos nudos centrales:
Permite a los países del Mercosur impugnar legislación europea que consideren lesiva para sus exportaciones, algo que algunos eurodiputados creen que podría chocar con la autonomía normativa de la UE.
Para ciertos sectores, esto habría sido una maniobra para facilitar la firma del capítulo comercial, que puede aplicarse provisionalmente sin ratificación plena de los parlamentos nacionales.
Para el gobierno argentino, que busca enviar señales de estabilidad y abrir mercados para sectores industriales y agroexportadores, la decisión de la Eurocámara constituye un desafío inmediato.
Aunque la firma en Asunción fue presentada como un triunfo diplomático regional, la judicialización del acuerdo en Luxemburgo puede demorar su entrada en vigor por hasta dos años, según estimaciones de analistas europeos.
Mientras tanto, el debate legislativo argentino será inevitablemente condicionado por un factor externo: la incertidumbre sobre si Europa finalmente habilitará, frenará o reescribirá el acuerdo después de un cuarto de siglo de negociaciones.