Se acerca el final del debate del último de los temas de esta anteúltima sesión extraordinaria en el Senado: la reforma de la Ley de Glaciares. El Senado ya aprobó la designación de Fernando Iglesias como embajador, y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Con mucha confianza respecto de contar con los votos para aprobar al menos en general la reforma de la Ley de Glaciares, el debate de este jueves en el Senado se aproxima a su etapa final. En el transcurso de esta jornada ya se aprobó la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea, y después el Acuerdo Comercial Mercosur – Unión Europea.
El nombramiento de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario como primer tema a debatir se alcanzó con 38 votos a favor, 31 en contra y una abstención. En tanto que el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur , Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y la Unión Europea, se votó por amplia mayoría con 69 votos a favor y 3 en contra.
Ahora se avanza con el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preervación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. A través del mismo se modifica el artículo 1.º de la Ley 26.639 de glaciares, que define el objeto de la misma. Añade un segundo párrafo, que establece que la protección de los glaciares y del ambiente periglacial deberá interpretarse de un modo compatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que dispone la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias, dueñas originarias de los mismos según el artículo 124 de la Constitución Nacional, de un modo que atienda a las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.
Si bien se espera que el dictamen alcanzado en diciembre pasado pueda tener más modificaciones que serán anunciadas durante esta jornada, el texto modifica el artículo 3º de creación del Inventario Nacional de Glaciares. El debate se inició cerca de las 15.30 y se estaría votando en general poco después de las 21.
El texto establece que, para que se agreguen a él los glaciares y geoformas periglaciales, estos deberán cumplir con las funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográfi cas a las que refi ere el art. 1º. Por último, establece que el inventario deberá ser consultado y considerado por las autoridades competentes, sin desmedro de las atribuciones contempladas por los arts. 6º, 7.º y 8.º de la ley.
Por otra parte establece el principio precautorio: todos los glaciares y geoformas periglaciales incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares serán considerados como parte del objeto de protección de esta ley, hasta tanto la autoridad ambiental competente verifi que la inexistencia de algunas de las funciones mencionadas en el primer párrafo del art. 3.º (reserva estratégica de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de las cuencas hidrográfi cas).
También dispone el texto que, a partir del momento en que la autoridad competente constate que un glaciar o geoforma periglacial incluido en el Inventario no cumple con algunas de las funciones mencionadas en el punto anterior, se considerará que no está alcanzado por las previsiones de esta ley, sin perjuicio de la protección general que le corresponda por la ley general del ambiente 25.675 y otras normas aplicables.
NOTICIA EN DESARROLLO
El bloque de Unión por la Patria aportó 47 votos positivos, pero 38 integrantes se opusieron. El proyecto tuvo una holgada mayoría a favor.
Foto: HCDN
El peronismo sufrió una notoria división a la hora de la votación del Acuerdo Mercosur - Unión Europea en la Cámara de Diputados, con 47 legisladores votando a favor y 38 en contra.
La mayoría de los oradores hablaron en duros términos, pero finalmente fueron más los silenciosos que a la hora de emitir su voto avalaron el acuerdo.
Muy crítico se escuchó en su discurso al excanciller Santiago Cafiero, quien dijo que el expresidente Mauricio Macri se "había bajado los pantalones" con el acuerdo. En tanto, Itaí Hagman, Eduardo Valdés, Florencia Carignano y hasta Julia Strada (que finalmente se abstuvo) plantearon también diferencias.
Sin embargo, hubo votos a favor que fueron ponderados desde el oficialismo, como el del santafesino Agustín Rossi y el chaqueño Aldo Leiva. También lo hizo a favor el jefe del bloque, Germán Martínez.
De los 47 votos positivos de Unión por la Patria, avalaron santiagueños, sanjuaninos, chubutenses, mendocinos, formoseños, entre otros. También exgobernadores como el entrerriano Gustavo Bordet y el riojano Sergio Casas. O, a diferencia de Cafiero, exministras de Alberto Fernández como Kelly Olmos y Victoria Tolosa Paz.
También votaron los diputados que responden a Sergio Massa, entre ellos Diego Giuliano, Sebastián Galmarini, Guillermo Michel, Cecilia Moreau, Ramiro Gutiérrez, Sabrina Selva y Jimena López.
Los 203 votos a favor fueron 94 de La Libertad Avanza; 47 de UP; 21 del interbloque Fuerza del Cambio (Pro, UCR, MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz); y 21 del interbloque Unidos (Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal).
Además, aportaron 7 de Innovación Federal (Salta y Misiones), 3 de Independencia (Tucumán), 3 de Elijo Catamarca (Catamarca), 2 de Producción y Trabajo (San Juan) y 1 de La Neuquinidad (Neuquén).
Finalmente, también apoyaron dos integrantes del bloque País Federal, y los monobloquistas Jorge "Gato" Fernández (Primero San Luis) y Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba).
De los 42 votos en contra, 38 correspondieron a Unión por la Patria y 4 al Frente de Izquierda. Entre quienes se opusieron por UP estuvieron los diputados de La Cámpora, con su líder Máximo Kirchner; los que responden a Juan Grabois -él incluido-; algunos de extracción sindical como Hugo "Huguito" Moyano, Vanesa Siley y Hugo Yasky; y los excancilleres Jorge Taiana y Santiago Cafiero.
En tanto, las 4 abstenciones también provinieron de UP: los correntinos Raúl Hadad, Nancy Sand y Christian Zulli; y la bonaerense Julia Strada.
Finalmente, hubo 7 ausentes: 4 de UP, 1 del Pro, 1 de Provincias Unidas y Marcela Pagano.
Se trata de un entendimiento que el Gobierno define como el mayor salto en la inserción internacional del país en décadas. La izquierda se opuso y Unión por la Patria votó dividido.
La Cámara de Diputados dio luz verde este jueves al Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el 17 de enero de 2026 en Asunción, y enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo el pasado 5 de febrero.
La votación se concretó cerca de la medianoche y tuvo como resultado 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones, que correspondieron a los diputados de Unión por la Patria Raúl Hadad, Nancy Sand, Julia Strada y Christian Zulli.
El texto tuvo dictamen en las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y del Mercosur el miércoles y constituye el mayor entendimiento comercial celebrado por el Mercosur y la UE, configurando un mercado conjunto de más de 700 millones de personas.
El Gobierno subraya que la aprobación del instrumento permitirá:
El Ejecutivo destaca que, al tratarse de un acuerdo interino, entrará en vigor entre Argentina y la UE aunque otros países del Mercosur aún no lo hayan ratificado, habilitando beneficios inmediatos mientras se completa el proceso del Acuerdo de Asociación más amplio.
El acuerdo ofrece ventajas significativas para el agro y las economías regionales del Mercosur:
Al mismo tiempo, el acuerdo incorpora procedimientos sanitarios y fitosanitarios más ágiles, plazos más predecibles y un mecanismo de consultas bilaterales para acelerar la resolución de conflictos comerciales.
Mientras que la liberalización comercial genera resistencia en algunos sectores industriales, el Gobierno asegura que el acuerdo incluye plazos largos y exclusiones para productos sensibles, además de herramientas para amortiguar impactos:
Al mismo tiempo, el oficialismo sostiene que el acuerdo traerá:
Más financiamiento europeo para la inversión productiva, dado que la UE es ya la principal fuente de IED en Argentina.
Cómo fue el debate
Abrió el debate el sanjuanino Carlos Gustavo Jaime Quiroga (Producción y Trabajo), quien hizo referencia a los beneficios que representa el acuerdo para la Argentina en particular y su provincia en particular. “Este tratado siempre traerá beneficios para todos aquellos que sean capaces de exportar -aseguró-. El acuerdo establece la eliminación progresiva de aranceles sobre el 92% de los productos exportados desde el Mercosur a la Unión Europea”.
En su explicación, destacó los beneficios para su provincia, al señalar que permitirá “la entrada de nuestros vinos sanjuaninos, mostos, aceite de oliva y pistachos. Actualmente estos productos enfrentan elevados aranceles”.
Destacó también que las exportaciones del Mercosur podrían crecer el 76% en 5 años y un 122% en diez años, a partir de la puesta en vigencia de este acuerdo”.
Diametralmente opuesta es la postura de la izquierda, que a través de Miriam Bregman y Néstor Pitrola expresaron sus durísimas críticas al acuerdo. La primera se preguntó: “Si es tan bueno, ¿Por qué no lo quisieron debatir? Si es tan bueno, ¿por qué no se lo informaron a todos los trabajadores punto por punto, así venían y lo aplaudían. Opinamos lo contrario: son la continuidad de la política económica de Milei y Caputo, un verdadero industricidio”.
Asimismo habló de “políticas primatizadoras de la economía”. “Es que es un acuerdo que profundiza el estractivismo”, señaló, para hablar luego de la “enorme desigualdad entre los dos bloques”, ya que el 70% de las importaciones que hace el Mercosur de la UE son productos manufacturados, y al revés, el 60% de los productos que son exportados desde esta región, son productos agrícolas y alimenticios. “Ahí está la trampa”, resumió.
Muy por el contrario, la cordobesa Alejandra Torres habló de “una oportunidad histórica” para la región y resaltó “los efectos que van a traer” la ratificación del acuerdo para nuestro país y nuestros socios del Mercosur. Apuntó en ese sentido que el Mercosur solo tiene acuerdos comerciales con países que representan el 10% del PIB mundial. En cambio, continuó, cuando este acuerdo esté en vigencia “vamos a incrementar nuestro intercambio con un bloque que representa el 20% del PBI global; un mercado de 500 millones de consumidores, con un poder adquisitivo de 40 mil dólares del PBI per capita”.
En su intervención, el presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, destacó que se trata de una iniciativa como “una verdadera política de Estado” porque desde el año 99 los presidentes sostuvieron la necesidad de avanzar en un acuerdo con la comunidad europea.
“Es una política de Estado que aborda la apertura de más de 500 millones de consumidores, un mercado realmente importante. Es un acuerdo de bloque no de país – país que determina baja de aranceles porque la comunidad europea lo va a bajar en el 92% y el Mercosur 91%, proceso de adaptación para la industria sensibles que tienen complejidades competitivas que requieren de una política de Estado del actual gobierno y de los que vendrán para bajar las cargas impositivas para ponerlos a nivel y poder competir tiene plazos de 10 a 15 años para la adaptabilidad al sistema”, detalló.
Pichetto señaló que establece ciertos rubros fuera del acuerdo como la carne bovina, la aviar, el azúcar, cláusulas de protección, hay reglas ambientales y sanitarias “exigentes para cumplir”, propiedad intelectual, etc. “Hay un bloque de argumentos que son beneficiosos para el Mercosur. Esto conserva y consolida una alianza estratégica del Mercosur. A todas luces este tema es una decisión realmente importante y espero que el Senado la complemente rápido”, bregó.
A su turno, el diputado del Pro Javier Sánchez Wrba comentó que nuestro comercio exterior representa actualmente solo el 28% sobre nuestro PBI. “Muy por debajo de la región y la mitad del promedio mundial”, dijo. Agregó que “la Unión Europea ya es hoy el principal inversor extranjero en nuestro país, con un stock de 78 mil millones de dólares. Por lo tanto, este acuerdo no viene a inventar una relación, sino a mejorar la seguridad jurídica y las condiciones de intercambio con un socio estratégico”.
“Algunos dicen que este acuerdo va a afectar nuestra industria; esto es falso. Es una mentira que nos atrasó muchísimas décadas -explicó-. La realidad es que la mayor parte de lo que importamos de Europa son bienes de capital, que al eliminar los aranceles de esos bienes vamos a bajar el costo argentino”.
El excanciller peronista Santiago Cafiero manifestó por su parte una oposición muy férrea contra el acuerdo. Arrancó diciendo que este no es el acuerdo que hace décadas se venía negociando. Este no es ese acuerdo, aclaró, planteando que este es un tratado de libre comercio. “Todas esas cosas vinculadas a la cooperación, el apartado político no está: se separó el capítulo comercial del político, para que pueda avanzar la negociación que se llevó adelante durante el Gobierno de Mauricio Macri. En junio de 2019 se firman estos aranceles que se alcanzaron ahí y no antes. ¿Por qué? Porque históricamente la Argentina peleaba por cuotas de carne más altas, para desgravar en menor medida la cantidad de aranceles, evidentemente se logra este acuerdo porque el Gobierno argentino de ese tiempo se bajó los pantalones y entregó todo”.
Para Cafiero “es un muy mal acuerdo. Para la industria, porque abre indiscriminadamente la industria textil, autopartista, automotriz, metalmecánica, y consigue rebajas, en teoría, en el 99% de los aranceles agropecuarios. Esto es cierto, está en el papel, pero la rebaja arancelaria no otorga acceso al mercado”.
El diputado de UP sostuvo que la Unión Europea tiene barreras paraarancelarias que se visten de reglamentos vinculados a la deforestación, el uso de agroquímicos por ejemplo, y todas estas políticas que parecen virtuosas para cuidar el ambiente, en realidad terminan funcionando como muros para que la producción agropecuaria del Mrcosur y de Argentina no penetre en Europa.
Como ejemplo explicó que había una política concreta con respecto al biodiesel; en el acuerdo bajan el 6% del arancel al 0%. Pero hay una directiva con respecto al reglamento de la deforestación que impide que se exporte biodiesel argentino.
Cuando concluyó la exposición de Santiago Cafiero, la diputada radical Karina Banfi pidió una intervención para retrucar los dichos del diputado de UP respecto de que el Gobierno de Macri se había bajado los pantalones. “No he escuchado una frase más antipatria que esa”, lanzó. Por el contrario, celebró el acuerdo alcanzado y lo atribuyó a “la madurez política que hemos alcanzado, y lamentablemente ese bloque sigue con las pendejadas…”.
Luego de una exposición de la diputada de UP Florencia Carignano también opuesta al acuerdo, intervino Agustín Rossi, quien por el contrario anunció que votaría a favor, porque el acuerdo “fortalece al Mercosur; lo fortalece ante los ya existentes acuerdos bilaterales asimétricos. Si no hubiese existido este acuerdo con la Unión Europea, tensionarían más el Mercosur. Como peronista lo reivindico; nunca nos imaginamos saliendo del Mercosur”.
Concluyó su exposición contando que el tema había despertado distintas posiciones en el bloque y por eso votarían divididos.
También en contra se pronunció Itai Hagman, quien habló de “asimetrías” y descartó que un acuerdo sea siempre de “beneficio mutuo”. “No alcanza con la igualdad formal ante la ley y se requiere siempre que en cualquier tipo de acuerdos existan acuerdos que compensen esas asimetrías”, sostuvo. En este caso no hay, aseguró.
A su turno, el diputado Eduardo Valdés señaló que “el canciller uruguayo presentó este acuerdo en el Parlamento, que conformó una comisión bicameral para estudiarlo y escuchar a sectores productivos. De igual manera en Brasil, el canciller Mauro Vieira y el diputado Arlindo Chinaglia presentaron el acuerdo ante el parlamento y acordaron un plazo para tratarlo y analizarlo en detalle. Paraguay lo pasó a marzo”.
Se preguntó “cuál es el apuro? ¿Por qué no vino el canciller Quirno al Congreso? Porque el 5 de febrero el presidente Milei firmó un acuerdo comercial con EEUU, vulnerando un acuerdo fundamental entre los países del Mercosur, que son los aranceles comunes. Argentina se cortó solo. Por eso no puedo acompañar este acuerdo"
Otro excanciller, Jorge Taiana adoptó una posición intermedia, al hablar de ventajas y desventajas. Admitió beneficios en materia de venta de carnes, pero cuestionó el tema biodiesel, que Argentina vende a Europa. “No es tan fácil para las economías regionales; la competencia con Europa es fuerte”, alertó también, y cuestionó la ausencia de debate que existió en este tema. Adelantó finalmente que no acompañaría el acuerdo, a pesar de haber trabajado mucho en el mismo.
Ya sobre el final del debate, el presidente de la Comisión de Mercosur, Damián Arabia, habló de “una oportunidad histórica”, destacando que “hay un pueblo entero que ha trabajado y ansía la posibilidad de una zona de libre comercio más grande del mundo”. Señaló que las negociaciones entre ambos mercados empezaron hace 25 años y abogó por entender que “el desarrollo no es compatible con el aislamiento”.
“La amplia mayoría de los aranceles podrán ser gradualmente eliminados y en algunos sectores determinados como el agrícola logrará la eliminación del 99% de los aranceles a nuestros productos, logrando una economía más competitiva”, garantizó. “Es con el mundo, no contra el mundo; es con comercio, no contra el comercio; y sobre todas las cosas, es con libertad económica y no contra la libertad económica que nuestro país va a crecer”, arengó.
Cerró el debate la flamante presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, quien aseguró que lo firmado en Asunción “constituye uno de los mayores acuerdos birregionales del planeta. Y no estamos hablando de un tratado menor, ni de una preferencia arancelaria aislada, sino de la conformación de un mercado ampliado de más de 700 millones de consumidores”.
La cuestión Malvinas
Uno de los aspectos políticamente más sensibles del debate es la Cuestión Malvinas.
El dictamen consigna que el acuerdo incorpora cláusulas específicas de salvaguarda de la soberanía argentina, y que el 18 de diciembre de 2025 los Estados Partes del Mercosur elevaron a la UE una declaración conjunta reafirmando los derechos soberanos argentinos sobre las islas y exigiendo que cualquier actividad vinculada a ese territorio respete la legislación nacional como condición para la aplicación del acuerdo.
El Gobierno enfatiza este punto para desactivar críticas opositoras sobre una eventual cesión de soberanía.
El texto reconoce que la UE solicitó la firma de dos instrumentos paralelos: el Acuerdo Interino de Comercio, ahora en tratamiento; y el Acuerdo de Asociación, actualmente en proceso de perfeccionamiento jurídico en los Estados miembros europeos.
En este contexto, el Gobierno insiste en dar luz verde al acuerdo interino para evitar demoras y aprovechar beneficios comerciales inmediatos, aun mientras el acuerdo mayor avanza por carriles diplomáticos más complejos.
La Cámara baja se reúne desde las 11.18. El proyecto, que cuenta con acompañamiento de dialoguistas, baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. También se tratará el Acuerdo Mercosur - Unión Europea.
Tras una jornada exitosa para La Libertad Avanza en el Senado, con la media sanción de la Reforma Laboral, se inició este jueves a las 11.18 la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados en la que el oficialismo, con el acompañamiento de bloques dialoguistas, buscará la media sanción de un nuevo Régimen Penal Juvenil, un tema discutido durante años pero que nunca había llegado al recinto.
El quórum de 129 presentes se alcanzó con 95 diputados de La Libertad Avanza, 20 del interbloque Fuerza del Cambio (10 Pro, 6 UCR, 2 MID, Karina Banfi y José Luis Garrido), 7 integrantes de Innovación Federal (salteños y misioneros), 3 tucumanos del bloque Independencia, 3 catamarqueños del bloque Elijo Catamarca y la exlibertaria Lourdes Arrieta, la única del interbloque Unidos en ingresar para aportar al inicio de la sesión. El massista Ramiro Gutiérrez, miembro de Unión por la Patria, amagó con dar quórum pero finalmente no se sentó.
Los proyectos presentados se debatieron durante 2024 y la primera parte de 2025, pero finalmente el dictamen no se trató por falta de votos. Ahora, con la nueva composición, y a raíz de un nuevo caso mediático como el de Jeremías Monzón, el Gobierno retomó el tema y a fines de enero lo incluyó en la agenda de extraordinarias. La mamá del joven asesinado por un grupo de menores se hizo presente en el Congreso este jueves.
Según estimaciones realizadas durante la reunión de Labor Parlamentaria, se esperan 10 horas de debate para este primer tema. Habrá, además, más de una veintena de cuestiones de privilegio que se intercalarán en tandas entre los oradores del proyecto.
De manera exprés, esta semana se terminaron de constituir las comisiones para el tratamiento del régimen penal juvenil (fueron cuatro) y este miércoles se dictaminó, tomando como base el texto del despacho firmado el año pasado.
A diferencia de aquella vez, este dictamen aclara la asignación presupuestaria para el cumplimiento de la ley. Si bien el Poder Ejecutivo había mandado un nuevo proyecto el lunes pasado -que a las horas retiró-, la iniciativa que llega al recinto contiene las partidas estimadas por el Gobierno: un total de $23.739.155.303, de los cuales $3.131.996.784 provendrán del Ministerio de Justicia y $20.607.158.51 de la Defensoría General de la Nación.
A pedido de la oposición dialoguista y con el objetivo de que Nación afronte los costos que las provincias tengan para adecuar sus sistemas, el articulado reza que "la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción".
El "corazón" del proyecto es, sin dudas, la baja de la edad de imputabilidad, que pasará de los 16 a 14 años. El Gobierno proponía 13, pero los consensos cerraron en 14.
La iniciativa prevé una serie de medidas complementarias (programas educativos, laborales, recreativos). En casos de delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se podrían aplicar una serie de penas antes de llegar a la privación de la libertad.
En cuanto a las penas privativas de la libertad, podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario, siempre apartados de adultos.
El plazo máximo de las penas privativas de la libertad respecto de personas adolescentes se fijó en 15 años, aunque originalmente el Poder Ejecutivo proponía 20.
El proyecto también menciona la figura del "supervisor"; los principios generales de los institutos especializados de detención; medidas de salud, entre otros puntos.
Por otra parte, el temario incluye el proyecto que busca la aprobación del Acuerdo Mercosur - Unión Europea, suscripto el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay. Previamente tuvo dictamen en las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur.
En los argumentos de la iniciativa enviada, el Gobierno destacó que el acuerdo tiene como objetivo "establecer un acuerdo comercial moderno y mutuamente ventajoso que cree un marco previsible para impulsar el comercio y la actividad económica; desarrollar el comercio internacional y el comercio entre las Partes mediante la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios y una mayor integración en las cadenas de valor mundiales; y desarrollar un entorno propicio al aumento de los flujos de inversión, la competitividad y el crecimiento económico".
A causa de este tratado, "Argentina pasará a contar con una red de instrumentos comerciales mediante los que se relaciona con más del 30% del PBI mundial", resaltó el Poder Ejecutivo y agregó que "se obtiene acceso a uno de los mayores mercados del mundo" ya que "la UE es un mercado de más de 450.000.000 de personas, por lo que el Acuerdo referido generará un enorme impulso a las exportaciones de bienes y servicios".
Debate del Régimen Penal Juvenil
Primera oradora del debate, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado consideró que el nuevo Régimen Penal Juvenil va a ser "un gran paso para Argentina". "Esta Cámara tuvo muchas intenciones desde el año 2000 de modificar algo que, a todas luces, es tremendamente injusto, que es la manera con el Estado trata a nuestros jóvenes en conflicto con la ley penal", sostuvo.
En ese sentido, la legisladora bullrichista, integrante del bloque de La Libertad Avanza, señaló que "la ley actual es ineficiente, no previene, no resocializa al menor y tampoco repara, ni da sustento a las víctimas". Además, detalló los principales puntos del proyecto que se trató en un plenario de comisiones y que ella encabezó como presidenta de Legislación Penal.
Al defender el dictamen de su espacio, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz calificó como “mamarracho jurídico” al proyecto del oficialismo. En cambio, dijo que ellos tienen “un dictamen propio que fija una posición clara: los adolescentes serán punibles entre los 16 y 18 años, y en la concurrencia de delitos graves la pena máxima será de 10 años -expresó-. Nos hacemos cargo de lo que escribimos, eso cumple el principio de una pena proporcional, diferencial, con un sistema que lo va a juzgar, defender, y le va a dar una salida en base a la Constitución. Pero además de encargarnos de los jóvenes punibles, de los 31 especialistas que pasaron. Pena progresiva; proporcionalidad en la pena; lugares especializados, no durlock en cárcel de adultos. Queremos como último ratio la pena de libertad en lugares que tenemos que reconstruir en muchas provincias, o tenemos que volver a hacer en otras”.
Dirigiéndose al oficialismo, lanzó que “no tiene la solución al problema; esta no lo es. Esto no se soluciona con marketing político, cambiando la edad, como si fuera un juego de póker. Se soluciona conociendo primero la realidad argentina, las normas procesales de cada provincia, entre otras cosas”. E insistió en que “la no punibilidad tendrá que tener una respuesta también, incluso cuando comete un delito”.
A su turno, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó que no se "hay un montón de aportes" de la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría que "lamentablemente no fueron tenidos en cuenta". "La opinión ha sido muy potente alrededor de que tengamos en este tema todos los cuidados que teníamos que tener, lamentablemente fueron desoídos", agregó.
Para el santafesino, en esta iniciativa hay "un vacío de política pública alrededor de los niños y adolescentes no punibles", al tiempo que "no dice una palabra sobre la cuestión preventiva". "Y hay un abordaje desde el punto de vista presupuestario ínfimo, que no incluye a las provincias", observó.
En su intervención, Ramiro Gutiérrez (UP-Buenos Aires) aclaró que “nuestro proyecto tiene 16 medidas cautelares para que un juez pueda intervenir desde el momento que se ha cometido un delito”. Asimismo aseguró que ese dictamen “prevé la privatización de la libertad para los 8 casos graves en los que estamos de acuerdo todos: la violación, la violación seguida de muerte, el homicidio, los actos de tortura”.
Y sobre el final dijo que “la respuesta debe estar en un régimen penal juvenil fondeado en un Código Penal”, por lo que le pidió a su par Rodríguez Machado la posibilidad de revisar a lo largo de esa jornada incorporar en el Código Penal una pequeña modificación al artículo 34, que establezca que no son punibles todas aquellas personas que no hayan cumplido los 14 años de edad. “Si usted toma esa modificación que yo le estoy pidiendo esta ley, esta ley va a tener destino. Sino, va a terminar judicializada, a tiro de que cualquier magistrado entienda que la única forma de establecer una ley de comprensión de la criminalidad del acto debe estar fijado en el Código Penal y no en una ley complementaria”.
Más adelante, las diputadas del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Romina del Plá cuestionaron duramente la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad y advirtieron que "es para la persecución penal de los pibes".
En esa línea, Bregman aseguró que esta ley es "para darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes en los barrios". "No somos nosotros los que relacionamos delito con pobreza, pero siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora", alertó y añadió: "El Gobierno de 'no hay plata' tiene plata para la persecución penal de los pibes".
Mientras que Del Plá consideró que "lo único que van a conseguir bajando la edad a 14 años es que las bandas de narcos vayan a buscar como soldaditos a los pibes de 10, 11 y 12". "Esta ley no resuelve ningún problema y es tirar a las niñeces a la hoguera, en lugar de protegerlas, que es lo que deberíamos hacer", subrayó.
El libertario Santiago Santurio remarcó que “estamos debatiendo delitos graves” y explicó: “Un menor en el cual mata a una persona con dolo y, también lo hace en circunstancias que, cuando salga porque no tiene ningún tipo de pena, vuelve a hacerlo”.
“A los que les gusta el Estado presente, parece que acá quieren Estado ausente que haga la vista gorda porque la punición no es la solución. Piensan y dicen que no es la solución para los menores de edad, pero la verdad es que la mayoría piensa que tampoco es para mayores de edad”, apuntó contra el kirchnerismo y cerró: “Esta es una función prioritaria del Estado, dar respuesta a la delincuencia con estos delitos graves. Este Régimen Penal Juvenil no es la solución definitiva, pero es una respuesta fundamental que es reclamada hace tiempo y va a ser beneficioso tanto para los que cometen delitos, como para todas las víctimas”.
En línea con la postura de la oposición dura que considera que esta Ley tiene un sesgo punitorio, la diputada nacional Agustina Propato de Unión por la Patria lo catalogó de “irrazonable cargado de anuncios rimbombantes, pero irresponsables”. Se refirió a la lectura del despacho y cargó que la Ley Penal Juvenil “es tremendamente inaceptable y es contraria a los estándares internacionales”.
Por otro lado, reiteró su pedido de crear una comisión bicameral de seguimiento del Régimen Penal Juvenil, y agregó que esta iniciativa “no agrega nada, solamente un titular que se lleva Patricia Bullrich”. Remarcó, además, que los padres de jóvenes procesados por delito “piden que el Estado se haga cargo de las trayectorias delictivas”. “Patricia se te cae el slogan que ‘el delito no tiene edad’”, concluyó.
Miguel Pichetto dejó en claro que apoya la baja en la edad de imputabilidad en 14 años, pero descree que el Gobierno nacional vaya a girar los fondos presupuestarios establecidos en la redacción del proyecto. “El metro cuadrado de construcción para encierro está cerca de 7.000 dólares”, explicó, y agregó: “Esta ley requiere una cláusula especial para que en las provincias entre a regir cuando estén dadas las condiciones y construidos los establecimientos para menores”.
Muy crítica del proyecto oficial, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) se preguntó si esto soluciona el problema de la inseguridad, o da respuesta a todos esos niños que están cerca de cometer un delito. “¿Esto previene? No, no previene. Esto no soluciona la inseguridad, porque sabemos que el número del delito juvenil es ínfimo. Creemos que esto tiene que ver con buscar un título rimbomante, porque es más fácil decir que estamos haciendo algo que hacerlo de verdad”, sostuvo la diputada cordobesa.
“Porque hacerlo de verdad implica un compromiso enorme del Estado -continuó-. Una voluntad política real de fundamentalmente poner los recursos necesarios y las políticas públicas necesarias para combatir la pobreza, la deserción escolar, la marginalidad, la violencia el narcotráfico”.
En su alocución el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, resaltó que “estamos dando un debate necesario que la política viene postergando hace décadas. Un debate de una ley que tiene cerca de 50 años para una violencia desbordada”.
“Hay más de 90 proyectos presentados para hacer esta reforma. Incluso ‘Coqui’ (Jorge) Capitanich presentó hace 20 años un proyecto que planteaba bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. El exministro de Seguridad, Sergio Berni, también planteó la baja de edad. No es un problema de los partidos, sino de ver la realidad”, le enrostró al kirchnerismo.
Ritondo aclaró que “con esta ley no significa que mañana vamos a terminar con la delincuencia. No va a alcanzar con cambiar el número en el Código Penal, no lo va a resolver. No solo se trata con bajar la edad porque vi cómo organizaciones narcos reclutaban jóvenes”. En ese sentido, criticó: “Los que hoy plantean soluciones también tuvieron sus mayorías en Diputados, gobernadores, no dieron ninguna discusión porque no la quisieron plantear porque tienen una mirada ideológica distinta”.
“Bloquear este debate, no responsabilidad a un menor que tiene consciencia que está cometiendo un delito no es un acto de humanidad, sino de abandono”, lanzó y agregó: “Nunca pensé escuchar a un legislador decir que ‘la delincuencia dignifica’”. Así, el jefe del bloque Pro explicó que “esto da una herramienta clave, respuestas sensatas”, y aclaró: “Es prudente, realismo institucional y científico dejar la edad en 14, no hay consenso científico sobre la comprensión criminal plena a los 12 años y también por la capacidad real del Estado”.
La presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, dijo que “Santa Fe reclama obviamente un régimen penal juvenil. A muchos jóvenes el narcotráfico los capta para ser soldaditos de redes penales. Todos aquellos que dijeron que esta ley no salva a los pibes y los condena al menos desde la mirada que tenemos los santafesinos les quiero decir que probablemente sea un resguardo para que los narcos no los vayan a agarrar”. Así las cosas, consideró que “ese es un punto favorable, creo, de la ley, porque la imputabilidad hace que a muchos chicos, por ser punibles, los narcos no los agarren y los salvemos”.
“Pero no se resuelve el tema que nos toca atravesar con represión; obviamente hay que tener inversión social, pero esa inversión tiene que darse en conjunto, no la puede poner el Estado provincial”, cerró la legisladora.
A su turno, el diputado santacruceño Juan Carlos Molina (UP) preguntó: “¿Qué pasa como sociedad que estamos discutiendo bajar la edad para meter a los pibes en una cárcel y no mejorar la educación, los salarios de médicos, no tener centros deportivos, etc.?”.
“Si la neurociencia dice que un pibe de 14 años tiene conciencia de un crimen, ese mismo pibe tendría que tener conciencia para votar o conducir”, planteó y detalló que en las regiones donde se bajó la edad de imputabilidad ha aumentado sensiblemente los niveles de violencia, lo dice la UNICEF que de kirchnerista no tiene nada. Los países con mínimas de 12 años tienen las tasas de homicidios más alto”.
Molina alertó que “esta ley no solo va a meter presos a pibes de 14 años, sino que aquellos que utilizan a esos chicos van a empezar a usar a pibes de 12 años. Estamos criminalizando la niñez y tenemos que estudiar a fondo esto. Los pobres van a ir en cana”.
NOTICIA EN DESARROLLO
El primero de los plenarios será desde las 10.30. En tanto, el segundo comenzará a las 12.30. Ambos temas fueron incluidos en el temario de la sesión que se convocó para el jueves.
De manera exprés, la Cámara de Diputados buscará este miércoles el dictamen, por un lado, del proyecto de un nuevo Régimen Penal Juvenil, y, por otro, el despacho de la iniciativa que busca aprobar el Acuerdo Mercosur - Unión Europea. El oficialismo junto a aliados espera avanzar en comisiones para llevar ambos temas al recinto el jueves, cuando fue convocada la sesión extraordinaria.
El primer plenario se realizará desde las 10.30 en el segundo piso del Anexo "C" de la Cámara baja. Allí se congregarán las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. El debate estará a cargo de la oficialista Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión cabecera.
El Gobierno había enviado este lunes al Congreso un nuevo proyecto en el que insistía con la baja de la edad de imputabilidad en 13 años. Además, a diferencia de la vez anterior, destinaba un presupuesto de 23.239 millones de pesos, proveniente del Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación. Sin embargo, horas después lo retiró.
Se espera que el oficialismo y la oposición dialoguista retomen la letra del dictamen que se había firmado en mayo de 2025 (con otra composición de la cámara), donde la edad de imputabilidad baja de los 16 a los 14 años.
De acuerdo a ese texto, que ya perdió estado parlamentario, se preveían una serie de medidas complementarias (programas educativos, laborales, recreativos). En casos de delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se podrían aplicar una serie de penas antes de llegar a la privación de la libertad.
En cuanto a las penas privativas de la libertad, podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario, siempre apartados de adultos.
El plazo máximo de las penas privativas de la libertad respecto de personas adolescentes se había fijado en 15 años, aunque originalmente el Poder Ejecutivo proponía 20.
El proyecto también mencionaba la figura del "supervisor"; los principios generales de los institutos especializados de detención; medidas de salud, entre otros puntos.
En la previa del plenario, jefes de la oposición dialoguista transmitieron al oficialismo la intención de que en el artículo referido a lo presupuestario haya una inclusión de la posibilidad de convenios entre Nación y provincias para la cobertura de los gastos que implique la implementación del nuevo régimen en cada territorio.
Por otra parte, el proyecto que busca la aprobación del Acuerdo Mercosur - Unión Europea, suscripto el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay, será debatido en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur a las 12.30, en la Sala 1 del Anexo de Diputados. Ambas comisiones se conformaron este martes y quedaron en manos del oficialismo, con Juliana Santillán y Damián Arabia, respectivamente.
En los argumentos de la iniciativa enviada, el Gobierno destacó que el acuerdo tiene como objetivo "establecer un acuerdo comercial moderno y mutuamente ventajoso que cree un marco previsible para impulsar el comercio y la actividad económica; desarrollar el comercio internacional y el comercio entre las Partes mediante la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios y una mayor integración en las cadenas de valor mundiales; y desarrollar un entorno propicio al aumento de los flujos de inversión, la competitividad y el crecimiento económico".
A causa de este tratado, "Argentina pasará a contar con una red de instrumentos comerciales mediante los que se relaciona con más del 30% del PBI mundial", resaltó el Poder Ejecutivo y agregó que "se obtiene acceso a uno de los mayores mercados del mundo" ya que "la UE es un mercado de más de 450.000.000 de personas, por lo que el Acuerdo referido generará un enorme impulso a las exportaciones de bienes y servicios".
Con los ojos puestos en la Ley Penal Juvenil, la Cámara baja arrancará la actividad oficial con la designación de las autoridades de Familias, Niñez y Juventudes, y de Justicia. Además, quedarán listas las comisiones que van a trabajar en Modernización Laboral, Glaciares y el Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
Foto: HCDN
A una semana del inicio del segundo tramo de sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados retorna a la actividad oficial con la constitución de siete comisiones. Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; Asuntos Constitucionales; Legislación del Trabajo; Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Relaciones Exteriores y Culto; y Mercosur quedarán conformadas a partir de las 10 de este martes.
Tal como adelantó parlamentario.com, el oficialismo trazó la hoja de ruta de esta semana para llegar con chances de aprobar el Régimen Penal Juvenil el jueves 12 en el recinto. El texto fue enviado nuevamente por el Poder Ejecutivo Nacional con la insistencia de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. También se incorporó el artículo de asignación presupuestaria estimado en más de 23 mil millones de pesos.
La Libertad Avanza elevará la propuesta, a las 10 de este martes, para designar a quién ocupará la presidencia de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes; luego, a las 11, hará lo mismo en la reunión constitutiva de Justicia. Pese a que se barajan una decenas de nombres, desde el bloque son cautos y darán a conocer los nombres directamente en las reuniones convocadas.
Una vez que estas dos comisiones fijen presidente, vice y secretarios, será convocado el plenario entre estas dos junto a Legislación Penal; y Presupuesto y Hacienda para el miércoles 11. La semana pasada, La Libertad Avanza recibió a todos los jefes de bloques en el despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara baja, para trazar el cronograma y trascendió que el acuerdo con los dialoguistas fija la edad punible en 14 años.
Sin embargo, el gobierno de Javier Milei volvió a enviar el proyecto de ley, esta vez con la rúbrica de la nueva ministra de Seguridad, Alejandro Monteoliva, en donde insiste con la baja en la edad de imputabilidad en 13 años. De todas maneras, refrentes de los bloques aliados revelaron ante este medio que su apoyo está condicionado en fijar la edad en 14 años porque “bajar más se contrapone con los tratados internacionales” suscriptos por la República Argentina.
En virtud del tratamiento de la modificación a la Ley de Glaciares, Diputados va a ratificar al santafesino Nicolás Mayoraz en la Comisión de Asuntos Constitucionales a las 12. El proyecto fue dictaminado en el Senado el 18 de diciembre pasado, pero no está en el temario de la sesión pedida para este miércoles 11 cuando se trata la Ley de Modernización Laboral en la Cámara alta. Así las cosas, la Cámara baja va a constituir la Comisión de Legislación del Trabajo a las 13 a la espera de la media sanción de la Reforma Laboral.
Una hora después, a las 14, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano fijará presidencia y el resto de las autoridades. Según supo este medio, hay muchas chances de que la titularidad de esta comisión, que está abocada al debate de la Ley de Glaciares, podría quedar en manos de un bloque de la oposición dialoguista.
Finalmente, a las 15 y a las 16, serán constituidas las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto; y de Mercosur, respectivamente. Ambas estarán ligadas al tratamiento del Acuerdo de Libre Comercio entre la Región y la Unión Europea, suscripto por el presidente de la Nación el 17 de enero pasado en Asunción. El texto supera las 4.400 páginas y podría comenzar a debatirse la próxima semana.
Daiana Fernández Molero sostuvo que "Argentina es la economía más cerrada del planeta" y, en ese marco, es "una excelente noticia" el acuerdo con Estados Unidos y el acuerdo Mercosur-UE.
Luego que fuera anunciada la firma del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, además de, por otra parte, ser enviado al Congreso el acuerdo Mercosur-Unión Europea, la diputada del Pro Daiana Fernández Molero afirmó que "es una excelente noticia".
"Argentina es la economía más cerrada del planeta, entonces nosotros todo lo que podamos hacer para integrarnos al mundo es un paso adelante. De alguna manera es soñado pensar que se pueden firmar estos acuerdos", expresó este viernes en diálogo con radio Rivadavia.
Para la legisladora, "el Mercosur ha sido un blindaje muy fuerte para la Argentina y ha limitado mucho nuestra integración, así que es bueno que de alguna manera se empiece a flexibilizar".
Respecto de la postura de la oposición sobre el acuerdo con Estados Unidos, Fernández Molero recordó que el año pasado "cuando todavía no estaban los datos ya se ponían en contra", y mencionó una reunión informativa que Unión por la Patria organizó sobre el tema. En ese sentido, "va a ver resistencia, eso seguro", dijo.
En tanto, sobre el acuerdo Mercosur-UE pronosticó un respaldo mayor, pero igualmente criticó la propuesta del diputado de Unión por la Patria Guillermo Michel para crear una comisión que lo debata en profundidad, porque "no lo podemos hacer a las apuradas", argumentó el opositor.
"¿A las apuradas algo que lleva 25 años? De hecho ha sido demasiado lento", consideró la diputada del Pro y resaltó: "Necesitamos tener acceso a los productos del mundo, a los precios internacionales. Y si no importas, no podes exportar".
Por la extensión en más de 5.000 páginas, el documento se encuentra en proceso de carga. Diputados comenzará su tratamiento el martes cuando conforme las comisiones de Relaciones Exteriores y la de Mercosur.
Después de haber sido incorporado al temario de sesiones extraordinarias, ingresó formalmente por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, suscripto por el presidente Javier Milei en la ciudad de Asunción el pasado 17 de enero. El documento se encuentra en proceso de carga en el sistema legislativo ya que tiene una extensión mayor a 5.000 páginas.
Entre varios puntos comerciales, el Acuerdo está compuesto por un espacio económico integrado de más de 700 millones de personas, que en conjunto representan alrededor del 30% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y cerca del 35% del comercio global. Desde el Poder Ejecutivo Nacional creen que va a “generar oportunidades de crecimiento, empleo y desarrollo sostenible”.
Con relación a su tratamiento, la Cámara de Diputados, en consenso con los bloques de la oposición dialoguista y los aliados, receptará hasta este viernes los nombres de los vocales que van a integrar las comisiones de Relaciones Exteriores y la de Mercosur. Las mismas quedarán constituidas el próximo martes.
A pesar de tener acuerdos con diferentes bloques dialoguistas, en Unión por la Patria mostraron reparos y presentaron un proyecto de ley para crear una comisión bicameral que evalúe los impactos de este Acuerdo.
En línea con el tratamiento de la Ley Penal Juvenil, el oficialismo confía en tener el número para avanzar en el recinto de la Cámara baja. De todos modos, según constató parlamentario.com, la idea de ir con un solo tema al hemiciclo la próxima semana, por ahora, se mantiene vigente.
Según informó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, cuando se llevó a cabo la ceremonia de firma del Acuerdo que presenció Milei junto a los líderes de los países del Mercosur, se va a estructurar en “los pilares comercial, de cooperación y político”. Para los países del Mercosur, se espera un incremento de las exportaciones a la UE y un impulso a la actividad económica mediante acceso preferencial al mercado europeo, con “la liberalización del 92% de los aranceles y mejoras sustanciales para productos agroindustriales”.
Además, la UE se compromete a reconocer 220 Indicaciones Geográficas (IG) del Mercosur, de las cuales 104 son argentinas; un Fondo de Cooperación Reforzada de hasta 1.800 millones de euros para Mercosur (subvenciones y garantías); la recuperación de preferencias comerciales para exportaciones clave como el biodiésel, aceites, langostinos y cítricos; y ventajas inmediatas para productos competitivos como la carne, soja, frutas, legumbres, mate, té, bebidas y productos pesqueros.
De todas maneras, la Unión Europea organizará el Foro UE–Argentina de Inversión y Comercio el próximo 1 y 2 de junio en la Ciudad de Buenos Aires en virtud de “consolidar el diálogo entre actores públicos y privados, identificar oportunidades concretas de inversión y fortalecer las cadenas de valor birregionales”.