La Cámara alta sancionó este jueves por unanimidad -67 votos afirmativos- el Acuerdo para la Eliminación del Cobro de Cargos de Roaming Internacional a los usuarios finales del Mercosur, celebrado el 17 de julio de 2019 en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Fue el único que se convirtió en ley, ya que contaba con la aprobación previa de la Cámara de Diputados.

El convenio tiene por objeto establecer las pautas del servicio de itinerancia internacional (roaming) entre los proveedores de telecomunicaciones que presten servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil, mensajería y datos móviles en los Estados parte del Mercosur.

En virtud del acuerdo, los proveedores de telecomunicaciones deberán aplicar a sus usuarios, que utilicen servicios de roaming internacional en el territorio de otro Estado que integre el Mercosur, los mismos precios que cobren por los servicios móviles en su propio país, de acuerdo con la modalidad y plan contratado por cada usuario. De igual manera, deberá existir razonabilidad en la relación entre los precios cobrados al usuario y los precios de los acuerdos entre proveedores de telecomunicaciones, de forma tal que los acuerdos resulten convenientes tanto para los usuarios, como para todos los proveedores participantes.

Además, se trató un paquete de dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y fueron aprobados otros tratados relacionados con el Mercosur: el Acuerdo de Comercio Electrónico del Mercosur, celebrado en Montevideo, Uruguay, en abril de 2021; el Acuerdo para la Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas Originarias en los territorios de los Estados parte del Mercosur, suscripto en Brasil en 2019; el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio del Mercosur, suscripto en Brasil en 2019; y el Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur, suscripto en Brasil en 2017.

Por otra parte, se avaló un Acuerdo sobre Servicios Aéreos con el gobierno de la República Checa, celebrado en marzo de 2011; y otro en el mismo sentido con la República del Paraguay, celebrado en la ciudad de Asunción el 8 de abril de 2022.

También, un Convenio sobre Seguridad Social con Canadá, celebrado el 13 de agosto de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires; y el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech.

Asimismo, el conjunto incluyó un acuerdo con China sobre cooperación para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito y la restitución de bienes culturales transferidos, apropiados, importados o exportados de forma ilícita, suscripto en la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2019; y con ese mismo país, un convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional, celebrado en Beijing en septiembre de 2010.

La lista se completó con un acuerdo relativo a la organización internacional de ayudas a la navegación marítima, celebrado en París en 2021; un acuerdo sobre la implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993, celebrado en Ciudad del Cabo en 2012; acuerdos sobre asistencia jurídica mutua con la República de Serbia y con Cuba; sobre traslado de personas condenadas o sentenciadas con Italia; y tratados de extradición con Polonia y Costa Rica.

Como miembro informante en su carácter de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, el libertario Francisco Paoltroni destacó la labor realizada de la misma que fue “muy productiva en la cantidad de días que nos reunimos y 21 dictámenes favorables que sacamos. Fue una gran colaboración de todos los senadores que la componen”. También ponderó la presencia de funcionarios de Cancillería que asistieron de forma permanente para explicar cada proyecto.

Paoltroni pidió una moción de orden para postergar la orden del día 14/24 por “pedido de los presidentes de bloque en el trabajo de Labor Parlamentaria”. Se trata del proyecto de acuerdo sobre traslado de personas condenadas o sentenciadas con Ucrania.

Al hacer un repaso de todos los dictámenes, sobre el Convenio sobre Seguridad Social con Canadá el formoseño aclaró que “procura tener obtener el reconocimiento de los aportes realizados por un trabajador de un país a otro país. El Convenio busca evitar el doble aporte en el caso de trabajadores de traslado temporario. Aproximadamente 19.500 argentinos viven en Canadá por lo que es esperable que la entrada en vigor del Convenio favorezca a una importante cantidad de ciudadanos argentinos que residen en el país y aguardan hace mucho el Convenio”.

Con relación a la Argentina, Paoltroni explicó que el Convenio se aplicará a la Legislación sobre Beneficios Contributivos del Sistema de Seguridad Social en lo que se refieren a los regímenes de vejez, invalidez y muerte administrado por la institución competente. Con relación a Canadá se aplicará a la Ley de Seguro de Vejez y las normativas adoptadas en virtud de ello. “La suscripción del Convenio se enmarcó en la Celebración de los 80 años de la relación bilateral con Canadá y representó una buena sintonía entre ambos gobiernos”, destacó el libertario.

Al referirse al proyecto de creación de un protocolo de contrataciones públicas del Mercosur, suscripto en la Ciudad de Brasilia, Paoltroni precisó que tiene por objeto “la creación de nuevas oportunidades de negocios para el sector privado, contribuye a la generación de empleo y renta, así como la reducción del costo del sector público que contribuye para el desarrollo económico social”.

Sobre el proyecto que aprueba el acuerdo para la eliminación del cobro de cargos de roaming internacional a los usuarios finales del Mercosur, el miembro informante explicó que “tiene por objeto establecer pauta de servicios de itinerancia internacional roaming entre los proveedores de telecomunicaciones que presenten servicios de telefonía móvil, mensajería, datos en el estado parte del Mercosur”.

Al hacer mención a la aprobación del acuerdo con la República Popular China sobre cooperación para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito y la restitución de bienes culturales transferidos, apropiados, importados o exportados en forma ilícita, Paoltroni explicó: “La aprobación de este instrumento vigorizaría aún más el vínculo con la República Popular China y permitiría profundizar la relación en una esfera que ambos países otorgan relevancia como la riqueza histórica de los pueblos a través de la preservación del patrimonio cultural”.

Respecto de la Convención relativa a la organización internacional de ayudas a la navegación marítima, detalló que es “continuadora de la Asociación Internacional de ayuda a la navegación marítima y autoridades de faro de la que participa activamente el Servicio de Hidrografía Naval desde hace más de 60 años. La aprobación de este proyecto permitirá que nuestro país continúe el trabajo que viene realizando en el marco de esta asociación colaborando con la organización y otras autoridades de navegación con el fin de armonizar las normas de sistema de ayuda de navegación, facilitar la seguridad, el tránsito eficiente de los barcos”.

Por último, se explayó con el proyecto de ley que aprueba el acuerdo sobre la implantación de las disposiciones del protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros que “tiene por objetivo establecer reglas internacionales para la seguridad de los buques pesqueros, con el propósito de contribuir a la mejora en las condiciones laborales y personales de los pesqueros y apoyar la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Establece reglas para la construcción del equipo de buques pesqueros y que incluyan disposiciones de reconocimiento de dispositivos de salvamiento, máquinas, equipo de mantenimiento, entre otros”.

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, presidida por el oficialista Francisco Paoltroni (Formosa), mantuvo una jornada de reuniones este miércoles donde debatió once proyectos con la presencia de especialistas en el área que profundizaron cada proyecto: una decena referidos a materia internacional y el restante que instituye el Día Nacional de la Iglesias Evangélicas y Protestantes, el cual cuenta con media sanción de Diputados.

Minutos después, en el Salón Arturo Illia se reunió de forma conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del libertario Ezequiel Atauche (Jujuy), y le dieron tratamiento a un acuerdo con la República Popular China sobre cooperación para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito y la restitución de bienes culturales transferidos, apropiados, importados o exportados en forma ilícita, suscripto en Buenos Aires en noviembre de 2019.

Al respecto, Luis del Solar Dorrego, de la Dirección General de Asuntos Ambientales de la Cancillería, destacó que el proyecto tenía que ver con “el tráfico ilegal de bienes culturales, que es una industria enorme, a tal punto que se habla de 10 mil millones de dólares, compitiendo con el tráfico de drogas y de personas”, el cual apunta a “la cooperación para defender el patrimonio cultural de cada país parte de este convenio”.

“El objetivo principal del acuerdo, es defender el patrimonio cultural de cada país. Se busca impedir el ingreso ilegal de bienes que han sido robados o sustraídos”, explicó.

Los once proyectos de Relaciones Exteriores

El primer expediente a tratar fue el proyecto que aprueba la convención relativa a la organización internacional de ayudas a la navegación marítima, celebrada en París – Rep. francesa -, el 27 de enero de 2021. Al respecto, Érica Lucero consejera de Cancillería explicó que “este convenio es de larga data la actividad que se viene llevando a cabo y a pesar de ser tareas muy técnicas que consisten en poner balizamiento, faros y ayudar y contribuir a la seguridad de la navegación, esto es muy importante porque tiene un impacto en mejorar la eficiencia del desplazamiento de buques, en términos económicos y evitar accidentes”.

“Este tipo de cuestiones Argentina está involucrada en esta organización que nace en 1957, pero hasta ahora había tenido carácter de informar. Era una asociación internacional que engloba a la mayoría de los Estados, pero no tenía encuadre jurídico de naturaleza de un organismo internacional. Se propone con esta nueva convención es darle un estatus a este trabajo que se viene haciendo hace años y un cuadro normativo más robusto”, explayó Lucero y agregó: “Con la ayuda del Congreso, la Argentina puede ser el país que se convierta y facilite la entrada en vigencia del convenio que es importante para la seguridad de navegación”.

Sobre el proyecto que aprueba el acuerdo sobre la implantación de las disposiciones del protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros 1977, celebrado en la Ciudad del Cabo – Rep. de Sudáfrica-, el 11 de octubre de 2012, la consejera explicó: “Es en el ámbito de la Organización Marítima Internacional. El objetivo que persigue es, por un lado, proveer un marco de seguridad y protección a los trabajadores pesqueros que trabajan habitualmente en las embarcaciones y, por otro lado, a través de este convenio se busca contribuir a la lucha contra la pesca ilegal no reglamentada que es uno de los flagelos más sensibles que afectan a los océanos”.

“Se busca a través de este convenido brindar un marco de protección y cobertura para las embarcaciones pesqueras que contribuyan a su seguridad porque son muchos días los que pasan los trabajadores pesqueros a bordo y la responsabilidad principal que le cabe controlar que se respeten las disposiciones le compete al Estado de Pabellón Nacional. También se busca dar un marco de uniformidad a la mayoría de los estados para que cumplan estándares de protección a los empleados pesqueros”, expandió.

A su turno Gabriel Taboada, funcionario del Servicio Exterior de la Nación de Cancillería, explicó los puntos centrales del proyecto que establece el convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional, celebrado en la ciudad de Beijing -República Popular China- el 10 de septiembre de 2010- y señaló: “Las penas de estos delitos tienen que ser severas. Esta es una convención de Naciones Unidas que se encuentra dentro de un paquete de 19 convenciones focalizadas en la lucha contra el terrorismo. Es muy importante que, la Argentina que ya ha adherido a 14 de estas 19 convenciones, también adhiera a esta”.

La directora Asistencia Jurídica Internacional, Aldana Rohr, explicó el proyecto que aprueba el tratado con la República de Serbia sobre asistencia jurídica mutua en materia penal, suscripto en la Ciudad de Belgrado, el día 14 de octubre de 2019; y el tratado con la República de Cuba sobre asistencia jurídica mutua en materia penal.

“La regulación en materia penal mutua con Cuba y Serbia se van a regir por nuestra ley nacional de cooperación jurídica internacional que prevé el procedimiento para la tramitación de solicitud de asistencia jurídica”, sostuvo Rohr y afirmó: “La importancia de tener tratados con un país extranjero radica en tener reglas claras que permitan prever cuál es el procedimiento que se le va a asignar al trámite de extradición”.

Al debatirse las iniciativas que aprueban el tratado sobre traslado de personas condenadas o sujetas a medidas de seguridad con la República italiana, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 8 de mayo de 2017; y el tratado con Ucrania sobre traslado de personas sentenciadas, suscripto en Buenos Aires el 6 de agosto de 2018, Rohr destacó: “Es importante recordar, que en el instituto de Traslado de Persona Condenada, siempre es necesario que medie el consentimiento de la persona a ser trasladada”.

Por último, se analizó un proyecto de ley que aprueba el tratado de extradición con la República Popular China, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aries, el 10 de mayo de 2013; otro con la República de Polonia, suscripto el 5 de diciembre de 2019; y el último con la República de Costa Rica, suscrito el 21 de marzo de 2019.

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado tratará un nuevo paquete de acuerdos internacionales, en un encuentro que tendrá lugar este miércoles 10 de abril a las 11, en el Salón Illia.

En primer lugar, habrá un plenario con la Comisión de Presupuesto y Hacienda para analizar el proyecto de ley por el cual se aprueba un acuerdo con China sobre cooperación para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito y la restitución de bienes culturales transferidos, apropiados, importados o exportados de forma ilícita, suscripto en la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2019.

Luego, la Comisión de RR.EE. abordará el resto del temario. En medio de una decena de tratados internacionales, uno de los ítems es un proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados para establecer el 31 de octubre de cada año como el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Respecto a los acuerdos, hay un convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional, celebrado en Beijing en septiembre de 2010; otro relativo a la organización internacional de ayudas a la navegación marítima, celebrado en París en 2021; y un acuerdo sobre la implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993, celebrado en Ciudad del Cabo en 2012.

Además, hay acuerdos sobre asistencia jurídica mutua con la República de Serbia y con Cuba; sobre traslado de personas condenadas o sentenciadas con Italia y con Ucrania; y tratados de extradición con China, Polonia y Costa Rica.

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado tratará un nuevo paquete de acuerdos internacionales, en un encuentro que tendrá lugar el próximo miércoles 10 de abril a las 11, en el Salón Illia.

En primer lugar, habrá un plenario con la Comisión de Presupuesto y Hacienda para analizar el proyecto de ley por el cual se aprueba un acuerdo con China sobre cooperación para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito y la restitución de bienes culturales transferidos, apropiados, importados o exportados de forma ilícita, suscripto en la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2019.

Luego, la Comisión de RR.EE. abordará el resto del temario. En medio de una decena de tratados internacionales, uno de los ítems es un proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados para establecer el 31 de octubre de cada año como el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Respecto a los acuerdos, hay un convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional, celebrado en Beijing en septiembre de 2010; otro relativo a la organización internacional de ayudas a la navegación marítima, celebrado en París en 2021; y un acuerdo sobre la implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993, celebrado en Ciudad del Cabo en 2012.

Además, hay acuerdos sobre asistencia jurídica mutua con la República de Serbia y con Cuba; sobre traslado de personas condenadas o sentenciadas con Italia y con Ucrania; y tratados de extradición con China, Polonia y Costa Rica.

 

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, presidida por el formoseño Francisco Paoltroni (LLA), se reunirá este miércoles a las 14, en el Salón Illia, para tratar un conjunto de acuerdos internacionales.

El temario incluye proyectos para la aprobación de: el Acuerdo de Comercio Electrónico del Mercosur, celebrado en Montevideo, Uruguay, en abril de 2021; el Acuerdo para la Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas Originarias en los territorios de los Estados parte del Mercosur, suscripto en Brasil en 2019; el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio del Mercosur, suscripto en Brasil en 2019; el Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur, suscripto en Brasil en 2017; y el Acuerdo para la Eliminación del Cobro de Cargos de Roaming Internacional a los usuarios finales del Mercosur, celebrado el 17 de julio de 2019 en la ciudad de Santa Fe, Argentina.

Por otra parte, se abordará un Acuerdo sobre Servicios Aéreos con el gobierno de la República Checa, celebrado en marzo de 2011; y otro en el mismo sentido con con la República del Paraguay, celebrado en la ciudad de Asunción el 8 de abril de 2022.

La lista se completa con un Convenio sobre Seguridad Social con Canadá, celebrado el 13 de agosto de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires; y el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech.

La Cámara alta dio media sanción en la sesión de este jueves a tres acuerdos internacionales, firmados durante 2018, que habían sido parte del temario de sesiones extraordinarias.

El acuerdo con Turquía para evitar la doble imposición en tributos sobre la renta y para prevenir la evasión y elusión fiscal, y otro acuerdo con China para la eliminación de la doble imposición en impuestos sobre la renta y el patrimonio -y también para prevenir la evasión- fueron aprobados por 69 votos a favor y 2 en contra, de los senadores santacruceños Natalia Gadano y José Carambia.

En tanto, un acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones con los Emiratos Árabes se aprobó con lo justo. La votación resultó con 36 votos a favor y 35 en contra, de Unión por la Patria y Por Santa Cruz.

Miembro informante fue el senador Francisco Paoltroni (LLA), quien recordó que el dictamen favorable de esos tres expedientes fue el 3 de enero pasado, y observó que en el caso de Turquía es la cuarta vez que tiene dictamen favorable y la primera en que llega al recinto. En el caso del de China, es la segunda vez y el de Emiratos, la tercera.

“Los embajadores están esperando tener una votación favorable y poder avanzar”, destacó el formoseño, que mencionó que hay en Argentina 48 tratados de protección y promoción de inversiones, y 21 tratados de doble imposición”.

Antes de la votación, el senador Oscar Parrilli (UP) anticipó que su bloque votaría afirmativamente los órdenes del día de doble imposición y rechazarían el correspondiente a protección de inversiones. Destacó respecto de los tratados de doble imposición que evitan la “nula tributación”, por ejemplo.

Con relación a los tratados bilaterales de inversión, observó que nuestro país es el que más acuerdos de ese tipo. Significan que cuando una empresa tiene un problema con un Estado, en lugar de que el reclamo sea de Estado a Estado, es la empresa la que le reclama al Estado. “Durante nuestra gestión no firmamos ningún tratado de esos. Brasil no tiene firmado ninguno, y sin embargo es el que más inversiones recibe”, advirtió, recordando que encima Argentina tiene una enorme cantidad de reclamos de ese tipo en el CIADI.

A su turno, el senador Juan Carlos Romero (CF) sostuvo que “las garantías son para la inversión, pero nadie va a invertir si no hay garantías. Sino el inversor se va a otro lugar donde sea más seguro. Y eso es lo que pasó en la Argentina, falta inversión y faltan reglas”. Y citó casos como el de AySA e YPF, entre otros.

“En el mundo comercial, ¿quiénes son los que van a juicio comercial? Los tramposos y los incumplidores. Bueno, nosotros hemos tenido y sobre todo estos últimos 20 años, conductas tramposas e incumplidoras”, resumió.

Paoltroni le respondió a Parrilli diciendo que “todas estas empresas tributan el 35% de ganancias, como todos los mortales. La doble imposición es para la hora de repartir utilidades. Cuando habló de curros y robos, este expediente tenía dos aprobaciones en la gestión anterior. Si usted sabe de algo, creo que lo debería denunciar a la justicia”.

Parrilli le contestó que el despacho en cuestión nunca fue tratado en el recinto porque no estaban de acuerdo.

 

 

En una calma reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, presidida por Eduardo Valdés (FdT), se avanzó con el dictamen de un proyecto por el cual se aprueba un Acuerdo para la eliminación del cobro de cargos de Roaming Internacional a los usuarios finales del Mercosur.

El convenio, celebrado el 17 de julio de 2019 en la ciudad de Santa Fe, tiene por objeto establecer las pautas del servicio de itinerancia internacional (roaming) entre los proveedores de telecomunicaciones que presten servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil, mensajería y datos móviles en los estados parte del Mercosur.

En virtud del acuerdo, los proveedores de telecomunicaciones deberán aplicar a sus usuarios que utilicen servicios de roaming internacional en el territorio de otro estado que integre el Mercosur los mismos precios que cobren por los servicios móviles en su propio país, de acuerdo con la modalidad y plan contratado por cada usuario. De igual manera, deberá existir razonabilidad en la relación entre los precios cobrados al usuario y los precios de los acuerdos entre proveedores de telecomunicaciones, de forma tal que los acuerdos resulten convenientes tanto para los usuarios, como para todos los proveedores participantes.

El proyecto fue incorporado en el temario a pedido del diputado Ricardo López Murphy (RU-JxC), que se encontraba ausente, por lo que habló al respecto el porteño Fernando Iglesias (Pro-JxC), quien primero planteó un cuestionamiento por “vaciar” de discusiones políticas a la comisión.

Sobre el acuerdo, el macrista expresó: “Si nosotros apostamos a la integración regional, y creo que en esto hay un consenso político extendido, no tiene ningún sentido que las compañías cobren roaming y compliquen todo el tema organizativo y de gestión alrededor de esto”.

“Ha sido aprobado parcialmente con Chile pero queremos que se extienda a toda la región, porque nos parece que es un signo muy claro de la vocación de integración regional, que es uno de los acuerdos que tienen nuestras fuerzas políticas”, agregó.

Por su parte, el legislador Alberto Asseff (Pro-JxC) recordó que cuando fue parlamentario del Mercosur “uno de los hechos más significativos que tuvimos” fue el voto “por unanimidad” para “la eliminación del roaming en todas las Américas”. Por eso, opinó que avanzar con la ratificación de este acuerdo “en el mundo de la conectividad, de las redes, de la conexión, es un paso adelante de integración más allá de lo retórico”.

Durante la reunión, la vicepresidenta de la comisión, Soher El Sukaria (Pro-JxC), hizo alusión a un convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia, el cual data de 2007, pero Argentina suscribió en el año 2018, bajo la gestión de Jorge Faurie.

Se trata de “el derecho por el cobro legítimo y absoluto de cualquier litigio donde tenga como prioridad la obligación alimentaria entre familias que estén en litigio o que los cónyuges vivan en distintos Estados” de modo de “proteger el cobro de los derechos alimentarios de los niños y todo derecho parental relativo al derecho de familia”, explicó la cordobesa.

Asimismo, prevé una mediación para lograr un acuerdo y, si así no fuera posible, prevalece el domicilio donde estén radicados los menores.

Otro proyecto similar, referido a la Convención Relativa a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños, también fue despachado, y tiene que ver con los derechos de guarda, derechos de visita y toda relación entre derechos parentales.

En el temario también se abordó otro proyecto con media sanción del Senado -desde noviembre de 2020- que busca otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. La diputada Rosana Bertone (FdT) recordó que esta Convención “fue adoptada por la OEA el 15 de junio de 2015” a partir de “un proyecto que impulsó la República Argentina” y al que adhirieron Brasil, Chile, Costa Rica, Bolivia y Uruguay.

Este tratado “considera persona mayor a aquella de 60 años o más, entiende la vejez como una construcción social y al envejecimiento como un proceso gradual”, detalló la fueguina, al tiempo que contempla la “plena inclusión y participación en la sociedad” de esta parte de la población.

Al respecto, la legisladora Mónica Litza (FdT) subrayó que “hace mucho que en Argentina no le estamos hablando a esa franja etaria tan importante, con un potencial tan grande”. “En Argentina hay aproximadamente 9 millones de personas adultas mayores, que todavía tienen mucho para dar”, consideró la massista y añadió que “no hay una política muy clara, desde hace mucho tiempo, para esa porción de la sociedad”.

En la reunión también pasó a la firma un Convenio de Seguridad Social entre la República Argentina y la República de Corea, que cuenta con media sanción del Senado desde el año pasado. Se trata del “reconocimiento de los derechos en materia de seguridad social para todos los trabajadores activos y jubilados de ambas naciones”, apuntó el diputado Marcelo Casaretto (FdT), además del reconocimiento de los aportes y la exportación de beneficios.

Al referirse al proyecto que expresa el beneplácito por el 40° aniversario de ACIERA (Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina), su autora, la diputada Dina Rezinovsky (Pro-JxC), señaló que esta entidad nuclea “a las más de 15 mil iglesias que hay en la actualidad en todo el país”, las cuales desarrollan una “tarea social en todos los barrios populares, en cárceles, en hospitales”.

En ese sentido, ponderó la labor realizada en la pandemia, durante la cual las iglesias repartieron “un millón de cajas de alimentos y elementos de limpieza en todo el AMBA”. Y, en ese marco, “fallecieron más de 700 pastores de todo el país”. “Este reconocimiento es un bálsamo al corazón para la tarea que realizan las iglesias evangélicas en todo el país”, agregó.

Acompañante de la iniciativa, el diputado Luis Di Giacomo (Provincias Unidas-JSRN) manifestó: “Desde mis convicciones personales me ubico del otro lado de la grieta, soy no creyente, pero sí quiero destacar”. En ese sentido, reveló que “en muchas oportunidades” fue acompañado por representantes de las iglesias en sus trabajos relacionados a “la temática de la discapacidad y de las adicciones”.

“Siempre destaco que en un principio lo que tenía más que ver con una búsqueda de acólitos, con los años terminó siendo un trabajo científica y profesionalmente correcto, porque se tomaron el trabajo de formarse en los aspectos terapéuticos, profesionales y espirituales”, resaltó el rionegrino, que completó: “Han demostrado que como organizaciones de la sociedad están presentes no solo en los momentos críticos, sino también en un trabajo social que merece ser respetado y destacado”.

En el encuentro, además, pasaron a la firma tratados de extradición entre nuestro país y Rumania; Brasil; y República Checa, en ese orden. Asimismo, acuerdos relacionados a transporte aéreo entre Argentina con Países Bajos, por un lado, y Portugal, por otro.

Y un proyecto de ley con media sanción por el cual se solicita autorización para desempeñar cargos de cónsules y vicecónsules honorarios a ciudadanos argentinos propuestos por gobiernos extranjeros.

Hacia el final, el diputado Hernán Lombardi (Pro-JxC) mencionó que todos los integrantes de la comisión recibieron una carta del embajador de Armenia ante el ataque que sufrió el país por parte de las fuerzas azeríes, con más de 50 muertos de la tropa de armenios. “Estas condenas tienen que hacerse en tiempo y forma”, pidió el macrista.

En la misma línea, su par Maximiliano Ferraro (CC-JxC) consideró: “Estamos en condiciones de emitir una nota de preocupación que se dirija a la embajada de Armenia. Y estamos en condiciones de hacer un único proyecto que reúna el consenso de todos los bloques”. Ante el asentimiento del presidente de la comisión, Valdés y Ferraro quedaron como encargados de redactar una declaración al respecto.

En la sesión de este jueves, la Cámara de Senadores ratificó cuatro acuerdos internacionales, vinculados con educación, servicios aéreos y la creación de la Fundación Internacional UE-ALC. Fueron aprobados con 57 votos a favor.

Al tomar la palabra el puntano Adolfo Rodríguez Saá (FdT) señaló que “después de la tempestad viene la calma”, haciendo referencia a lo que ocurrió al comienzo de la sesión y pidió reflexionar: “El Senado siempre se caracterizó por el trato respetuoso hacia todos los miembros y hacia el pueblo. Siempre se optó por el camino del respeto”.

“Es mejor el trato respetuoso, que cada uno pueda opinar, decir lo que pensamos, lo que queremos con nuestras convicciones respetando a los otros”, consideró y solicitó evitar los aplausos porque “a veces tienen calificaciones negativas. Tratemos que no sucedan”.

En su carácter de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores explicó: “Tenemos dos proyectos que se refieren a aprobar el acuerdo que otorga el intercambio de vuelos con dos países Portugal y con Países Bajos”.

En esa línea, explayó: “Estos acuerdos que tienen la aprobación de la autoridad Aeronáutica Argentina sirven para que las líneas de Argentina y la de los demás países, puedan sobrevolar esos países sin aterrizar o puedan aterrizar para llevar pasajeros en vuelos internacionales, a escalas. También en caso de necesidad de reabastecimiento o problemas técnicos puedan acceder a todos los servicios sin pagar impuestos de exportación del país respectivo”. “Son dos acuerdos que han sido firmados por unanimidad”, precisó.

Por otro lado, respecto al proyecto que aprueba la Creación de la Fundación Internacional Unión Europea-América Latina celebrado en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, describió: “Esta fundación es de importancia estratégica porque la alianza va funcionando con profundidad en las relaciones. Se acaba de celebrar en Buenos Aires el encuentro de EURO-LAT. La Unión Europea y la CELAC es un aporte al conocimiento mutuo, principalmente en los intercambios de la sociedad civil con instituciones académicas de ambas regiones. Es propicio la firma porque la Argentina preside este año la CELAC. Es un acuerdo que fue firmado por 23 países europeos y 18 países de América Latina”.

Respecto al Acuerdo sobre el Reconocimiento de Títulos de Grado de Educación Superior en el Mercosur, Rodríguez Saá manifestó: “La gran vinculación que tiene los países en Mercosur con países vecinos, con tratos frecuentes y una integración mayor, significa la posibilidad de que los Títulos de Grado tengan validez de forma sencilla entre los países. Se ha acordado que sean los títulos acreditados en el sistema regional de acreditación universitaria”.

En tanto, enumeró: “Esos títulos se refieren a agronomía, arquitectura, enfermería, ingeniería, veterinaria, medicina, odontología, farmacia, geología y economía”. “El sistema simplificado se basa en la verificación documental, es decir la presentación del título, no hay evaluación académica de los aprendizajes. Es un gran paso en la integración de los países”, cerró.

A su turno, el catamarqueño Flavio Fama (JxC) adhirió a las palabras de su predecesor y remarcó que “es el resultado de un trabajo que se lleva a cabo durante muchos años”, y resaltó que “va a haber un tratamiento simplificado para acreditar calidad en los países. Nuestra ley no acredita a todos los títulos, solo los declararos de interés público. Es el trabajo de muchos años en materia de educación superior que atravesó muchos gobiernos, pero se mantuvo la coherencia a un sistema de calidad. Esto va a favorecer el transito de los profesionales y el intercambio laborar en el mundo”.

Los proyectos

Uno de los proyectos votados positivamente ratifica el “Acuerdo sobre el Reconocimiento de Títulos de Grado de Educación Superior en el Mercosur”, que fue aprobado en Montevideo el 17 de diciembre de 2018 y tiene por objeto el reconocimiento entre las partes de los títulos de grado con validez oficial en el país donde fueron obtenidos, conforme a su legislación de educación superior.

Se dispone que cada parte reconocerá los títulos de grado que cuenten con acreditación vigente al momento de su emisión, bajo el sistema de acreditación de carreras universitarias para el reconocimiento regional de la calidad académica de las respectivas titulaciones en el Mercosur y Estados Asociados.

El reconocimiento de títulos de grado producirá los efectos que cada parte confiera a sus propios títulos oficiales. Para aquellos títulos vinculados al ejercicio de profesiones reguladas será necesario cumplir con los requisitos no académicos que cada parte exige, de acuerdo a las normas legales vigentes para cada profesión.

Por otra parte, se aprobó el “Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre la República Argentina y el Reino de los Países Bajos”, suscripto en Ámsterdam el 27 de marzo de 2017.

Entre varios puntos, este acuerdo contempla a las partes “el derecho a sobrevolar su territorio sin aterrizar; el derecho a realizar escalas en su territorio con fines no comerciales y, mientras se encuentre operando un servicio convenido en una ruta especificada, el derecho a hacer escalas en su territorio para embarcar y desembarcar tráfico internacional de pasajeros, equipaje, carga y correspondencia, de forma separada o combinada”.

De acuerdo al convenio, cada parte “tendrá derecho a retener, revocar, suspender o limitar las autorizaciones de operación de una línea aérea designada por la otra parte en una serie de supuestos contemplados en el acuerdo”. Asimismo, cada parte permitirá que las tarifas de los servicios aéreos que fije cada línea aérea designada se basen en las consideraciones comerciales del mercado.

Otro acuerdo que se aprobó este jueves en el Senado y va en el mismo sentido es el “Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre la República Argentina y la República Portuguesa”, suscripto en Lisboa el 25 de junio de 2007.

El objetivo del mismo es promover el establecimiento y desarrollo de los servicios aéreos internacionales. A través de este instrumento, cada parte otorga a las líneas aéreas designadas por la otra el derecho de volar a través de su territorio sin aterrizar y el derecho de realizar escalas en su territorio para fines no comerciales.

“Se brindará a las líneas aéreas designadas de ambas partes una oportunidad justa y equitativa para operar los servicios acordados en las rutas especificadas entre sus respectivos territorios”, reza y agrega que “las tarifas a ser aplicadas por la línea aérea designada de una parte por los servicios brindados en virtud del acuerdo serán establecidas a niveles razonables, teniendo en cuenta todos los factores relevantes, incluyendo intereses de los usuarios, costos operativos, características del servicio (por ejemplo normas de velocidad y plazas), tasas de comisión, beneficios razonables, tarifas de otras líneas aéreas y demás consideraciones comerciales del mercado”.

El cuarto proyecto que tuvo aval fue el que aprueba el Acuerdo que crea la Fundación Internacional UE-ALC, celebrado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el 25 de octubre de 2016. El acuerdo fue suscripto por casi la totalidad de los integrantes de ambos espacios regionales -27 países de la Unión Europea y 33 de América Latina y el Caribe-.

La Fundación Internacional UE-ALC es una organización internacional de carácter intergubernamental con la capacidad jurídica necesaria para el cumplimiento de sus objetivos y actividades en el territorio de cada uno de sus miembros, de conformidad con cada legislación nacional. Las instalaciones y servicios generales de su sede en la ciudad de Hamburgo son proporcionados por la República Federal de Alemania en el marco de su contribución financiera.

La Fundación tiene como propósito principal fortalecer la asociación birregional entre la Unión Europea y sus estados miembros con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y promover el conocimiento mutuo, principalmente a través del aporte e intercambios con la sociedad civil y con las instituciones académicas de ambas regiones.

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, presidida por el puntano Adolfo Rodríguez Saá (FdT), se reunirá este martes, a partir de las 16, para avanzar con la firma del dictamen de un conjunto de proyectos sobre acuerdos internacionales.

El primero de ellos se trata de un proyecto que data de la gestión anterior, por el cual se solicita la aprobación del acuerdo sobre servicios aéreos con el reino de los Países Bajos, suscripto en la ciudad de Ámsterdam el 27 de marzo de 2017.

El segundo también corresponde a un texto enviado por el entonces presidente Mauricio Macri, y se refiere al acuerdo sobre transporte aéreo con la República Portuguesa, suscripto en la ciudad de Lisboa el 25 de junio de 2007.

En el temario se incluye un proyecto girado por el presidente Alberto Fernández, por el cual se pide aprobar el acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC, celebrado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

Además, la comisión analizará la media sanción de la Cámara de Diputados sobre la ratificación de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, celebrada en la ciudad de La Antigua, República de Guatemala, el 5 de junio de 2013.

En el arranque de la sesión de este jueves, y durante una votación sin debate, la Cámara de Diputados avanzó con la aprobación de tres acuerdos internacionales. La votación, realizada en paquete, resultó con 232 votos positivos, 0 negativos y 0 abstenciones.

En ese sentido, recibió media sanción y pasó al Senado la ratificación de un convenio entre Argentina y el Estado de Israel sobre seguridad social. El mismo fue rechazado por los diputados de la Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer.

El documento fue suscripto en la Ciudad de Buenos Aires el 12 de septiembre de 2017. El proyecto para su ratificación había sido enviado al Congreso en 2018 por la gestión de Mauricio Macri.

El Convenio será aplicable en la República Argentina a los beneficios contributivos de la seguridad social en lo que respecta a las contingencias de vejez, invalidez o sobrevivencia, administrados por organismos nacionales, regímenes provinciales para empleados públicos o profesionales universitarios independientes y regímenes municipales, y a las asignaciones por maternidad.

También será aplicable a todas las personas que estén o hayan estado sujetas a la legislación referida, así como a los familiares y a los derechohabientes.

Las autoridades competentes de ambas partes estarán facultadas para acordar el procedimiento de implementación del Convenio a través de un Acuerdo Administrativo, intercambiar información respecto de las medidas adoptadas para su aplicación, y designar Organismos de Enlace para facilitar y acelerar su implementación.

Las autoridades e instituciones competentes de ambas partes se brindarán asistencia mutua en la implementación del Convenio de la misma manera que si aplicaran sus propias leyes.

Por otra parte, se convirtió en ley un Acuerdo de Reconocimiento y Convalidación Provisoria de Títulos Universitarios para la Realización de Estudios de Posgrado con la República Dominicana, suscripto en la Ciudad de Buenos Aires el 21 de marzo de 2019.

El acuerdo tiene por objeto “facilitar el reconocimiento y convalidación provisoria de los títulos de educación superior de los ciudadanos dominicanos para realizar estudios de posgrado en Argentina”.

Así, nuestro país reconocerá y convalidará provisoriamente los títulos oficiales emitidos por las universidades de República Dominicana que cuenten con reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de ese país, y que correspondan a ciudadanos dominicanos seleccionados por ese ministerio para la realización de especialidades, maestrías y doctorados.

En el caso de los títulos correspondientes a las áreas de la salud, el procedimiento de reconocimiento se implementará a través de la convalidación provisoria.

El reconocimiento de los títulos sólo habilitará para la prosecución de estudios de posgrado. A su vez, la convalidación provisoria habilitará el ejercicio de actividades profesionales únicamente en el ámbito de los cursos de posgrado, por el período que dure la formación, para el área determinada por el campo profesional.

También recibió sanción definitiva un Acuerdo por canje de notas para modificar el Convenio de Reconocimiento de Certificados de Estudios de Nivel Primario y Medio no Técnico, o sus denominaciones equivalentes, entre la República Argentina y México del 26 de noviembre de 1997, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 29 de julio de 2016.

La Cámara de Diputados sancionó este martes el proyecto que aprueba un acuerdo firmado entre Argentina y el Estado de Qatar para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, suscripto en la ciudad de Washington, Estados Unidos, el 19 de abril de 2018.

La votación resultó con 228 votos a favor, dos en contra -de los diputados de la izquierda Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano-, y dos abstenciones -de los oficialistas Verónica Caliva y Juan Carlos Alderete-.

El acuerdo prevé que las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

También, que los beneficios de una empresa de uno de los dos países solamente podrá someterse a imposición en ese Estado, salvo que la empresa realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él.

Además, los beneficios que obtenga una empresa de un Estado Contratante provenientes de la operación de buques o aeronaves en el tráfico internacional sólo podrán someterse a imposición en dicho Estado.

Asimismo, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidas por un residente de un Estado Contratante, respecto de un empleo en relación de dependencia, sólo podrán someterse a imposición en dicho Estado, salvo que la actividad en relación de dependencia se realice en el otro Estado Contratante, en cuyo caso la remuneración podrá someterse a imposición en ese otro Estado Contratante.

Entre otros puntos, se establece que el patrimonio de un residente de un Estado Contratante, situado en el otro Estado Contratante, podrá someterse a imposición en ese otro Estado.

La Cámara alta ratificó este jueves un Acuerdo de Reconocimiento y Convalidación Provisoria de Títulos Universitarios para la Realización de Estudios de Posgrado con la República Dominicana, suscripto en la Ciudad de Buenos Aires el 21 de marzo de 2019.

El acuerdo tiene por objeto “facilitar el reconocimiento y convalidación provisoria de los títulos de educación superior de los ciudadanos dominicanos para realizar estudios de posgrado en Argentina”.

Así, nuestro país reconocerá y convalidará provisoriamente los títulos oficiales emitidos por las universidades de República Dominicana que cuenten con reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de ese país, y que correspondan a ciudadanos dominicanos seleccionados por ese ministerio para la realización de especialidades, maestrías y doctorados.

En el caso de los títulos correspondientes a las áreas de la salud, el procedimiento de reconocimiento se implementará a través de la convalidación provisoria.

El reconocimiento de los títulos sólo habilitará para la prosecución de estudios de posgrado. A su vez, la convalidación provisoria habilitará el ejercicio de actividades profesionales únicamente en el ámbito de los cursos de posgrado, por el período que dure la formación, para el área determinada por el campo profesional.

El titular de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Taiana (Frente de Todos), señaló que con dicho país de Centroamérica “nos unen muchos lazos” y el objetivo central del acuerdo es “aumentar la presencia de graduados universitarios dominicanos que puedan hacer sus maestrías, doctorados y posgrados en el país”.

Este convenio, “fue solicitado por el gobierno anterior”, recordó el oficialista y agregó que cuenta con “un apoyo grande” por parte de la República Dominicana. “Es un paso más para que Argentina sea como un faro universitario y un centro de formación de excelencia” para la región, destacó.