Natalia Gadano mantuvo un encuentro con representantes de la organización Madre Marcha, con quienes dialogó sobre modificaciones a la Ley de Salud Mental.
La senadora nacional Natalia Gadano (Por Santa Cruz) recibió en su despacho a Marina Charpentier, trabajadora social y mamá de Santiago “Chano” Charpentier, líder de Tan Biónica, y a Stella Maurig, psicoeducadora especializada en adicciones, ambas fundadoras de Madre Marcha, desde donde asisten y contienen a otras personas con hijos y familiares en situación de adicciones.
Durante el encuentro, dialogaron sobre la necesidad de modificar la Ley de Salud Mental, que se declare la emergencia en adicciones y que haya legislación específica para abordar la problemática de manera integral en todo el país, con prevención y capacitación.
“En Santa Cruz, las adicciones son un tema tabú. Sin embargo, gran parte de la población consume alguna sustancia. Inician con marihuana y piensan que no es adicción, pero es el comienzo para algo mucho más grande, que destruye vidas”, apuntó Gadano.
Y relató: “Antes de ser senadora nacional yo trabajaba en PAMI, desde ahí vi muchísimos chicos que pasan a ser discapacitados porque tienen distintas patologías psiquiátricas producto del consumo, y eso es lamentable”. “Hay que concientizar y prevenir: las drogas matan, destruyen vidas”, enfatizó.
Por su parte, Maurig reclamó que “se declare la emergencia nacional en adicciones” y explicó que “cuando la familia se da cuenta o lo sospecha, el chico ya lleva mínimo tres años consumiendo. Drogarse es un suicidio en gotas. Si una persona tiene cualquier otra enfermedad, le dan un tratamiento, un remedio. Si tiene una adicción, no se hace nada”.
“Hace falta que haya un equipo terapéutico presente, un psiquiatra, un trabajador social y un psicólogo, como mínimo. La negación es la principal característica de la enfermedad, tanto para el que consume como para la familia”, agregó.
En tanto, Charpentier expresó: “Tenemos un grupo de madres que nos vemos todos los jueves a las 17 en el Museo Larreta. El 90% de ellas está implorando cómo hacer para internar a sus hijos. El que consume tiene una patología previa o va a tener una patología. Es un enfermo con un diagnóstico, que amerita un tratamiento”.
“La Ley de Salud Mental arranca por ni siquiera considerarte un enfermo, sos un usuario, y después te dice, para que la persona no se sienta mal, que tiene que haber un riesgo cierto e inminente, sino las fuerzas de seguridad no intervienen y, además, no puede ser internado. Ahora, ¿cómo demostrás que la próxima dosis puede ser la última antes de la muerte? Necesitas un certificado de un psiquiatra que diga que tiene riesgo cierto o inminente y los que hay no se la quieren jugar, porque la ley dice también que el paciente tiene derecho a poner un abogado. Nuestra propuesta es que en el artículo 20 se evalúe el riesgo potencial, no sólo el riesgo inminente, cosa que no figura en la ley actual”, pidió sobre modificaciones a la Ley 26.657.
Además, la madre de “Chano” reveló que tienen escrita una propuesta sobre “Educación en Salud Mental Integral” que consiste en “capacitar, no solo a hacer la prevención en los colegios, sino capacitar a profesores, a maestros, a policías, profesionales de la salud, a encargados de edificios, a todo el que pueda cruzarse con un niño en consumo, con una adolescente. Necesitamos tener un lugar donde la familia pueda ir en la intendencia, en la provincia, en la gobernación, donde sea, que tenga un abogado gratis de guardia para que una madre se pueda sentar y le diga ‘me pasa esto, me ayudás a judicializar’”.
El intendente de Tigre se manifestó durante el encuentro con el Consejo Consultivo de Las Tunas, en vistas a generar propuestas junto a la ciudadanía.
Junto al Consejo Consultivo de Las Tunas, en General Pacheco, el intendente de Tigre Julio Zamora convocó a las instituciones de Tigre a elaborar políticas públicas para afrontar la problemática de las adicciones que afecta a gran parte del Conurbano bonaerense.
“Tenemos que articular con las instituciones y organizaciones que conocen de primera mano este flagelo. Debemos analizar y diseñar propuestas con los vecinos, vecinas, jóvenes y el Estado municipal para lograr superar de una vez este obstáculo que nos acecha. Para ello se necesita mucha humanidad y amor para conseguir encarrilar nuevamente la vida de las y los chicos que se encuentran atrapados en las drogas”, señaló el jefe comunal.
Consultado por la reunión, el intendente dijo: “Esto nos permite comunicar las obras que tenemos previstas para los próximos años en materia educativa, de servicios públicos, salud y seguridad. Es importante, además, poner en la agenda pública temas vinculados a la concientización sobre el tratamiento de residuos. Hay que organizarse para tener un distrito más limpio y sustentable”.
Luego, el jefe comunal enumeró obras a realizar por el municipio de Tigre en Las Tunas como la totalidad en la conexión de gas para fin de este 2022, la licitación para las labores de cloacas desde Ruta 9 hasta el Corredor Bancalari, la remodelación de los sanitarios en las escuelas primarias N°53 y N°26, entre otros. Además, comunicó que próximamente se incorporarán 30 motos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la ejecución de 16 mil metros de veredas en todo el partido y la licitación para la construcción de la primera etapa del Hospital Municipal de Alta Complejidad.
“Me pareció interesante la charla, espero que esto se repita para que pueda tener cierta continuidad. Sirvió para esclarecer inquietudes de los vecinos y también las cosas positivas. Veo que la voluntad del intendente Julio Zamora es buena y eso es un beneficio para todos”, expresó Carlos, un vecino que participó del encuentro. Por su parte, Antonio, también vecino de la zona, comentó: “Estoy muy conforme con la gestión del Municipio. Ojalá que estos encuentros puedan traer soluciones a lo que se planteó”.
La creación de los consejos consultivos en todas las localidades del Municipio de Tigre fue una iniciativa impulsada por el intendente Julio Zamora con el objetivo de evaluar y repensar propuestas en la ciudad. Son espacios compuestos por vecinos, vecinas y miembros de instituciones de bien público comprometidos con el lugar que habitan.
En el marco de los 11 años de la Ley de Salud Mental, la iniciativa del diputado rionegrino Luis Di Giacomo busca “mejorar la atención y disminuir el sufrimiento de tantas familias y personas drogadependientes”.
En el marco de los 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental, el diputado nacional y titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo, presentó este viernes un proyecto de ley para la “prevención y atención de la dependencia con y de drogas”.
“Finalmente y luego de muchos meses de trabajo con un equipo multidisciplinario y el aporte de profesionales y académicos de larga trayectoria en el tema, presentamos la ‘Ley para la Prevención y Atención de la Dependencia Con y De Drogas”, celebró el diputado del bloque Juntos Somos Rio Negro.
Y sumó: “Esto es sólo el comienzo de un debate que pretendemos que pueda permitir aportes, críticas, correcciones y agregados que la mejoran y conviertan en una ley que represente ese reclamo sobre ‘La ley que falta’ para mejorar la atención y disminuir el sufrimiento de tantas familias y personas”.
“Tuvimos una jornada muy enriquecedora y productiva”, destacó el legislador Mario Fiad quien organizó la reunión. La misma contó con la presencia y exposición de especialistas.
El senador nacional Mario Fiad (UCR – Jujuy) realizó una jornada de reflexión y debate en torno a la Ley de Salud Mental y Adicciones, para analizar su aplicación y funcionamiento en el marco de los 11 años de su sanción.
La misma contó con dos paneles de especialistas integrados por Gabriela Innamoratto de la Asociación Argentina de Especialistas en Adicciones, Fabián Tonda de FONGA, el doctor Ramón Vásquez, el licenciado Luciano Grasso, el doctor Alberto Desouches de la Asociación Argentina de Psiquiatría, y la licenciada María de las Mercedes Aranguren de la Fundación Convivir. Ambos paneles estuvieron moderados por la senadora nacional María Belén Tapia.
Al respecto, el senador jujeño expresó: “Es fundamental generar estos espacios de reflexión y debate, donde escuchamos distintas voces y posturas respecto a una ley muy importante, compleja y controversial como es la de salud mental y adicciones”.
Cabe destacar que la Ley de Salud Mental y Adicciones, se aprobó hace más de once años, y al día de la fecha, sigue generando polémica respecto a algunos de sus artículos y su funcionamiento.
En este sentido, Fiad manifestó: “Tuvimos una jornada muy enriquecedora y productiva de la cual participaron no sólo los expositores, sino también el público presente se involucró y dejaron muchas ideas y posturas para seguir trabajando”, y agregó: “El objetivo es realizar dos jornadas más, donde vamos a federalizar el debate y convocar nuevamente a los funcionarios del Sedronar, y los representantes del Ministerio de Salud de la Nación que fueron invitados, confirmaron su presencia y lamentablemente, de manera sugestiva a último momento cancelaron su participación”.
“Agradezco a todos los participantes y me ofrezco nuevamente a generar los espacios de debate necesarios para ir encontrando juntos un camino para que la Ley de Salud Mental, y todas las normas que forman parte de nuestro ordenamiento sean las mejores para dar las respuestas que necesitan nuestros jóvenes y la sociedad en su conjunto”, concluyó Fiad.
Será el próximo lunes a las 14. La jornada contará con la presencia y la exposición de distintos especialistas del sector.
A 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones, el senador nacional Mario Fiad (UCR – Jujuy) organiza una jornada de reflexión y debate que se realizará el próximo lunes 28 a las 14 en el Auditorio del Senado de la Nación.
Cabe destacar que la Ley de Salud Mental y Adicciones se aprobó en noviembre del año 2010, y cumplidos más de once años de su sanción, todavía sigue generando polémica respecto a su aplicación y funcionamiento.
En este sentido, Fiad manifestó: “Es muy importante contar con una Ley de Salud Mental y Adicciones en nuestro país, sin embargo, con el correr de los años se generaron distintas posturas y visiones respecto a su aplicación”, y agregó: “El objetivo de esta jornada es escuchar las voces de todos los involucrados, es por ello que convocamos a distintos sectores, tanto de los organismos del gobierno que están en la temática, como así también las asociaciones profesionales y distintos especialistas”.
La jornada contará con las exposiciones de distintos especialistas del sector, entre los que se destacan el Dr. Alberto Trimboli de Sedronar, Fabián Tonda de FONGA, el Dr. Alberto Desouches de la Asociación Argentina de Psiquiatría, la Lic. Edith Benedetti del Ministerio de Salud de la Nación, Gabriela Innamoratto de la Asociación Argentina de Especialistas en Adicciones, y el Dr. Ramón Vázquez.
“Con las distintas posturas que seguramente escucharemos, empezaremos a trabajar desde el Senado para lograr los cambios o modificaciones necesarias para que esta ley responda a las necesidades de los pacientes y sus familias”, finalizó Fiad.
Desde hace un par de años se presentan y representan distintas iniciativas que buscan dar una mejor respuesta desde el Estado al consumo problemático de drogas, pero los debates quedan en la nada.
Por Melisa Jofré
“Acá lo que tiene que cambiar son las leyes. En vez de abrir cárceles, hay que abrir más centros de rehabilitación para los jóvenes”. Con esas palabras reclama ayuda en la puerta del Hospital Municipal de Hurlingham San Bernardino la madre de una de las personas que consumió cocaína adulterada, encontrada en el asentamiento Puerta 8 ubicado en Loma Hermosa y que provocó 20 fallecidos y más de 70 internados.
Con el tema instalado en la agenda mediática, el consumo problemático de drogas, especialmente en los barrios vulnerables, vuelve a ponerse sobre la mesa. Pese a lo delicado del asunto, los intereses políticos se cruzan y desde el oficialismo y la oposición se cargan responsabilidades de un lado y del otro sobre el avance del narcotráfico.
En tanto, en lo que respecta a la atención de las adicciones tampoco ha habido en los últimos años consensos o voluntad de avanzar en leyes que den una mejor respuesta desde el Estado. Proyectos en el Congreso ha habido varios y se presentan y representan año tras año.
Cercana estuvo de tratarse en el recinto una iniciativa en el año 2017, cuando en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presidida entonces por la entrerriana Carolina Gaillard -que era oposición- se alcanzó un dictamen de un proyecto de ley de emergencia en adicciones en todo el país.
Esa iniciativa, motorizada por la exdiputada santafesina del Frente para la Victoria Silvina Frana, proponía declarar la emergencia por el plazo de tres años; crear un Programa Nacional de Prevención y Tratamiento de Consumos Problemáticos; asistencia profesional gratuita e inclusión laboral; y abordaje de la problemática en las escuelas. Finalmente no prosperó.
Frana fue también presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que durante el 2018 se reunió en 7 oportunidades. En una de esas reuniones recibió a representantes de movimientos sociales y al cura villero José María “Pepe” Di Paola, quienes reclamaron por una ley de emergencia, y cuestionaron las declaraciones que por ese entonces realizó la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando sostuvo que “muchos movimientos sociales permitieron el narcotráfico como un mal menor”.
En 2019, la Comisión de Adicciones solo se reunió una vez, y fue en un encuentro en el que representantes de la Mesa Nacional de Adicciones reclamaron “por un mayor presupuesto y herramientas para afrontar esta problemática desde la prevención y la recuperación”, además de solicitar la prórroga en un plazo establecido en la Ley de Salud Mental (N° 26.657) en relación a las comunidades terapéuticas. Ley de Salud Mental que ante estos casos muchos diputados consideran hay que modificar, mientras otros aseguran que lo que falla es su implementación.
En el año 2020, ya bajo una nueva gestión, la Comisión de Adicciones también se reunió una sola vez. Fue para la visita de la titular de la SEDRONAR, Gabriela Torres, quien aseguró que en el marco de la cuarentena por la pandemia se había incrementado en un 30% el presupuesto destinado a las comunidades terapéuticas. Durante 2021, la comisión presidida por el diputado Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) no tuvo reuniones.
Entre los últimos proyectos que figuran sobre el tema, las diputadas con mandato cumplido Gisela Scaglia (Pro), Elda Pértile (FdT) y Claudia Najul (UCR) presentaron iniciativas para declarar la emergencia nacional en adicciones por el plazo de dos años; crear centros de atención integral para personas drogadependientes; y crear un Hospital de Día destinado al abordaje de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad por consumo problemático de sustancias, respectivamente.
Otra de las iniciativas presentadas más recientemente es que lleva la firma de varios diputados de la Coalición Cívica, encabezados por Mariana Stilman. En el texto se propone la creación de un Programa Nacional de Prevención y Asistencia Pública Integral de las Adicciones; unidades de desintoxicación y centros de recuperación y revinculación social; el agravamiento de las penas para la comercialización del paco; y la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal.
“Desde el año 2012 la @ccari_ok viene presentando un proyecto para la prevención y asistencia pública integral de las adicciones. Debemos dar tratamiento urgente a ese y a otros tantos que duermen el sueño de los justos en las Comisiones presididas por el oficialismo”, reclamó en su Twitter la legisladora opositora.
La advertencia sobre el fentanilo
El fentanilo es apuntado como una de las sustancias que se encontraría en la cocaína adulterada encontrada en la provincia de Buenos Aires. Ya en octubre pasado, el senador nacional Roberto Basualdo (JxC) había presentado un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el control en la producción de este opioide sintético.
En su solicitud, el sanjuanino pidió conocer “cuántos laboratorios se encuentran habilitados para la producción y comercialización del fentanilo; si se han detectado casos de internación aguda o grave producto de mezclas de estupefacientes con la droga fentanilio; si se ha advertido un incremento en las ventas de este medicamento; y qué medidas se adoptaron o planean adoptar para la realización de políticas aplicables a la atención y acompañamiento en materia de drogas o alerta temprana de consumo”.
En los argumentos de ese proyecto de resolución, el senador enfatizó la necesidad de “evitar llegar a la situación que actualmente vive Estados Unidos, donde en 2018 murieron 72 mil personas por su mala utilización”. “Cabe señalar que se recurre al fentanilo por ser más barato y más fácil de conseguir que la cocaína o la heroína, pero incluso una pizca de fentanilo puede matar”, agregó.
Y expresó con preocupación que en 2019 “se secuestraron unas 45.000 dosis en el norte del Gran Buenos Aires y el superintendente General de la Policía de la provincia de Buenos Aires había calificado aquello como ‘algo novedoso’ y que genera una adicción cien veces mayor que cualquier otra droga común”.
El diputado de Juntos Somos Río Negro lamentó que se sigan “promocionando políticas de reducción de daño y discursos que disminuyen la percepción del riesgo” sobre el consumo.
El diputado nacional Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) advirtió que “todas las drogas envenenan” sean “legales e ilegales”, en referencia al caso de la cocaína adulterada en la provincia de Buenos Aires, que ya provocó 20 muertes y más de 70 internaciones de personas intoxicadas.
“¿Cocaína envenenada? ¿Consumos problemáticos? Son los sofismas del discurso legalizador funcional a que las drogas sigan inundando nuestra sociedad. ¿Hay entonces una cocaína buena? ¿Un consumo de drogas no problemático? Todas las drogas envenenan, legales e ilegales”, escribió en su cuenta de Twitter el titular del interbloque Provincias Unidas.
Además, Di Giacomo, quien presidió en el último año la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, resaltó que “todos los días mueren muchos, de a uno y no son noticia”.
“Hoy los medios y ciertos responsables políticos de todos los sectores se conmocionan como lo hicieron con Time Warp, pero las fiestas electrónicas siguieron, como seguirá el narcomenudeo, sostén logístico del narcotráfico”, lamentó el legislador, de profesión psiquiatra.
En su mensaje, el legislador rionegrino estimó que así seguirá también “mientras sigamos promocionando políticas de reducción de daño y discursos que disminuyen la percepción del riesgo que significa consumir cualquier tipo de droga legal o ilegal, sin comprender que son mercancías que dan fabulosas ganancias a costa de la salud de nuestra gente”.
El tiro recibido por el ex cantante de Tan Biónica por parte de un policía en un confuso episodio abrió el debate sobre la necesidad de una ley específica sobre el tratamiento y abordaje de las adicciones.
¿Se viene la ley Chano? Ante la movilización al Parlamento de distintas organizaciones para reclamar una ley específica para el tratamiento de las adicciones, el diputado rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) recibió a varios representantes y recibió los petitorios.
“Recibí sus petitorios y voy a tomar los aportes para el proyecto de ley que estamos preparando” explicó Di Giacomo, quien preside la Comisión de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara baja y se encuentra desarrollando con su equipo de asesores un proyecto de ley que promueve el abordaje integral de la droga dependencia.
En este sentido, afirmó: “Asumí el compromiso de impulsar encuentros, congresos y actividades que enriquezcan el proyecto y sumen a todos los actores de la Nación”.
“Lo que queremos es que este proyecto contemple acciones preventivas, control de oferta de drogas lícitas e ilícitas y la creación de un Sistema Nacional de Atención a personas droga dependientes”, explicó.
Con respecto a la reunión, señaló: “Pudimos tener un interesante intercambio y recibí sus petitorios que tienen que ver más que nada con una ley específica de adicciones, enfatizando en las dificultades que tiene el actual marco normativo para las persona afectadas”, y adelantó que “los pedidos serán tomados en cuenta en el desarrollo del proyecto de ley”.
Los petitorios fueron firmados por las organizaciones: Madres Territoriales (Nacional); Madres contra el Paco; Madres del Ser; F.O.N.G.A. (Federación de Organizaciones no gubernamentales de la Argentina para la prevención y el tratamiento del abuso de drogas); Programa Vida. (Red Nacional Cristiana de Rehabilitación; Capacitación y Prevención de Adicciones); A.E.A. (Asociación Argentina de Especialistas en Adicciones); Cámara CIPRA (Cámara de Prestadores de atención en adicciones y Vulnerabilidad Social); CAAVS (Cámara Argentina de Adicciones y Vulnerabilidad Social); Pastoral de adicciones, Diócesis de La Plata, Pastoral de Adicciones, Diócesis de Lomas de Zamora, Pastoral de Adicciones Diócesis de Morón, presente Pastoral de Hurlingham; A.C.I.E.R.A. (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina); Foro de Habitantes a Ciudadanos. Equipo de Adicciones; Foro Provincial de Adicciones. Provincia de Santa fe.
Familiares y allegados de personas con consumos problemáticos y adicciones se autoconvocaron frente al Sanatorio Otamendi, donde se encuentra internado Santiago “Chano” Charpentier. Bregan por una iniciativa distinta a la ley de Salud Mental N° 26.657.
Cientos de personas se congrearon este viernes frente al Sanatorio Otamendi para expresar su acompañamiento al cantante Santiago “Chano” Charpentier y a su madre y reclamar la sanción de una ley nacional que, dijeron, “atienda las especificidades” de la problemática de salud mental.
Stella Maurig, la convocante de la marcha, aseguró que, si bien los familiares que dice representar “no están en desacuerdo” con la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, esta norma sancionada en 2010 “no contempla algunos puntos importantes en relación a los chicos adictos”.
“En general, lo único que se hace cuando una persona adicta va al hospital es ponerle un suero, desintoxicarla y mandarla a la casa. Eso no sirve”, opinó Maurig.
La mujer, quien perdió a su hijo David en 2019, cuando el muchacho tenía 30 años, manifestó que las familias están “atadas de pies y manos”. “Es una situación desbordante y los pibes se nos mueren”, remarcó.
Por tal razón, Maurig señaló que los manifestantes decidieron “acompañar a Marina (Charpentier), que hace años trabaja con la adicción” de su hijo.
El caso de Chano fue “el puntapié para que se visibilice esta problemática, que afecta a muchas personas en el país y que se mantiene silenciada por el estigma”, aseguró.
En su artículo 4, la Ley Nacional de Salud Mental establece que “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud”.
Además, el artículo 43 de esa norma modifica el artículo 482 del Código Civil, al ordenar: “Las autoridades públicas deberán disponer el traslado a un establecimiento de salud para su evaluación a las personas que por padecer enfermedades mentales o adicciones se encuentren en riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.”
Para Maurig, las adicciones “tocan a todos los estratos sociales, desde los que menos tienen hasta los que más”.
Por su parte, María Dolores Pedemonte, de la organización Madres Territoriales contra las Drogas, advirtió que durantela pandemia “todo esto empeoró” y que hay que entender que “consumir drogas pesadas es suicidarse por goteo”, por lo que “hay que intervenir desde el principio, porque no hay marcha atrás”.
Pedemonte es trabajadora social y perito judicial y, al igual que Maurig, se capacitaron y ellas mismas brindan entrenamientos para poder abordar la problemática de la adicción.
“Somos madres que tenemos hijos adictos, que estamos peleándola desde la calle, buscando a los pibes para rescatarlos”, aseguró Pedemonte, pero agregó que “es una lucha despareja de las madres contra el narcotráfico, no podemos solas”.
Por último, concluyó que se debe trabajar en una ley “que proponga un tratamiento especial” ya que se trata de “un problema muy complejo”, que “a las familias, que se ven envueltas en una angustia profunda y situaciones de mucha violencia, las destroza”.
Si bien resaltó el apoyo al espíritu de la Ley de Salud Mental, sostuvo que, a pesar de que no guste, “en la mayoría de estos casos la única solución es el tratamiento y la internación”.
Desde la oposición en el Senado quieren saber sobre el programa Potenciar Acompañamiento. Por ejemplo qué criterios se aplicarán para acceder al beneficio.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto de comunicación, para solicitar que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) y de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social tengan a bien remitir información sobre el recientemente anunciado programa “Potenciar Acompañamiento”.
El proyecto fue acompañado por los senadores Luis Naidenoff, Pamela Verasay, Silvia del Rosario Giacoppo, Mario Fiad, Víctor Zimmermann, Juan Carlos Marino, María Belén Tapia, Alfredo De Angeli, Stella Maris Olalla, Claudio Poggi, Laura Rodríguez Machado y Silvia Elías de Pérez.
“A nadie le resulta indiferente el flagelo de la drogadicción en nuestros jóvenes. La inserción social y laboral de las personas en situaciones de consumos problemáticos resulta compleja y requiere de un abordaje integral que sea diseñado y supervisado por profesionales de la salud, especializados en la problemática”, explicó Blanco.
En el proyecto, los senadores solicitan que se informe qué entiende el Poder Ejecutivo Nacional por personas en situación de consumo problemático; cuáles son los criterios que se tendrán en cuenta a fin de determinar qué beneficiarios tendrán acceso a este programa; qué tipo de instituciones serán las encargadas de proponer o presentar a los beneficiarios en todo el país, y cuáles serán los mecanismos a implementar para evaluar a los potenciales beneficiarios certificando que los mismos se encuentran en la “última etapa” de un proceso de tratamiento de recuperación de adicciones; a qué tipo de controles médicos y de asistencia social se someterán los beneficiarios y cuáles son las posibles faltas que de cometerlas suspendan o cancelen el beneficio y si dentro de estas faltas se consideran sus responsabilidades para con sus familias y su comunidad próxima; cuál es el presupuesto asignado para este programa y por cuánto tiempo los beneficiarios recibirán el subsidio del estatal.
Asimismo, piden información sobre qué sistema de control de la inversión regirá para garantizar la transparencia del empleo de fondos; cuántas personas serán beneficiarios del subsidio; qué prestaciones llevarán a cabo los beneficiarios a cambio de recibir el subsidio y si se considera dentro del programa la revinculación social de los beneficiarios y su reincorporación en el mercado laboral; de qué manera se implementarán los controles de cumplimiento de los beneficiarios en cuanto a las tareas asignadas; y en dónde prestarán servicios; si los beneficiarios de este programa podrán cobrar en simultáneo el Ingreso Familiar de Emergencia, planes, seguros de desempleo u otras asistencias económicas por parte del Estado.
“Toda acción que se lleve a cabo con el fin de la revinculación social es meritoria; aunque requiere del máximo de los cuidados teniendo en cuenta la vulnerabilidad de sus destinatarios. Atento a ello, es que resulta de suma importancia contar con información pormenorizada de los mecanismos que se llevarán a cabo para la implementación de este programa”, finalizó el senador por Tierra del Fuego.
Así lo informó su titular, Gabriela Torres, quien expuso ante la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados. También informó que en los centros de atención dependientes de este organismo, hay “casi 4.000 personas haciendo cuarentena”.
La titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), Gabriela Torres, informó que se aumentó un 30% el presupuesto a las comunidades terapéuticas, con el fin de reforzar la atención en el marco de la pandemia por Covid-19.
La funcionaria agregó que en los centros dependientes del organismo, “tenemos casi 4.000 personas haciendo cuarentena”. Además, aclaró que “hubo un momento en que no se incorporó nadie nuevo” porque había una indicación del Ministerio de Salud.
Pero señaló que, tras la aplicación de un correspondiente protocolo, ya se volvieron a habilitar las internaciones en varias comunidades y casas con residencia. “Paró un momento porque teníamos la indicación. Y la tasa de propagación en lugares de convivencia es mucho más rápida, con lo que teníamos que ser súper cuidadosos”, aclaró.
Al exponer ante la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de Diputados, que preside Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro), la secretaria aseguró que también hay “psiquiatras garantizando atención en las casas de días y medicamentos para todos los que estén haciendo tratamiento”.
Torres comenzó su alocución destacando la necesidad de hablar de “consumo problemático”, que tiene que ver con el contexto en el que una persona “se relaciona con la sustancia”. Asimismo, subrayó que “el alcohol es la droga que más consumimos los argentinos” y el país se encuentra primero en lo que respecta al consumo de alcohol en adolescentes entre 12 y 17 años.
Al explicar toda la estructura que tiene la SEDRONAR y su funcionamiento, la funcionaria valoró la creación de un área sobre “géneros y diversidad sexual” que no existía. “En general el consumo en mujeres está invisibilizado. Hay muy pocos espacios de tratamiento”, señaló.
En otro tramo de su exposición, durante una videoconferencia realizada este viernes, Torres sostuvo que al asumir en diciembre se encontraron “deudas y una SEDRONAR muy fragmentada en cuanto a la división de áreas”. En ese sentido, detalló algunas de esas deudas pendientes y dijo que del presupuesto (prorrogado) para este año -1.708 millones de pesos- ya llevan ejecutado el 52%.
La funcionaria ponderó distintos trabajos articulados realizados con los Ministerios de Salud; de Educación; de Seguridad; y de Turismo y Deportes, para implementar distintas políticas sobre esta problemática.
Sobre esto, ejemplificó que se avanzó en un convenio con el Ministerio de Seguridad para capacitar a las fuerzas de seguridad en cómo accionar ante “una persona que está sufriendo consumo problemático”.
“Hay mucha sociedad civil trabajando en la problemática. El Estado solo no llega, necesitamos trabajar con las intermediaciones”, expresó y también reveló que con los medios públicos se está trabajando en un protocolo “en relación a la estigmatización” del tema.
En representación del Ministerio de Seguridad, Silvia La Ruffa aseguró que “el gobierno del presidente Alberto Fernández no abandonó ninguna lucha”, al responder a las críticas de legisladores de Juntos por el Cambio por la eliminación de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico en esa cartera.
“Estamos convencidos que la estructura de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal tiene la fortaleza suficiente a nivel organizacional para que nos permita reducir la oferta de todas las sustancias”, indicó.
La subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad remarcó que “la tendencia histórica muestra que cada vez hay más incautaciones, cada vez hay más causas iniciadas, y que cada vez hay mayor consumo de sustancias lícitas y no lícitas; lo que quiere decir que hay al menos alguna instancia de intervención estatal que debe ser revisada”.
La Ruffa precisó que, según estadísticas de 2018 y 2019, “el 45% de las causas iniciadas en estos años culminan como causas de tenencia simple, atenuadas para consumo personal; el 15% por tenencia simple; y solo un 10% por comercialización y entrega”.
En ese sentido, la funcionaria habló del objetivo de que “la mayoría de las causas tengan que ver con la comercialización” para “producir más daño sobre las organizaciones que se dedican al tráfico, producción y comercialización”.
“Nuestro desafío es generar un cambio donde la incautación por procedimiento sea mayor, y así avanzar sobre el eslabón de comercialización”, insistió, al tiempo que garantizó: “Vamos a perseguir e investigar todas las conductas que el Código Penal nos impone”.
