El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció que el distrito capitalino creó el Registro de Perfiles Genéticos, un sistema que cruzará las evidencias recolectadas en las escenas del crimen con los perfiles de personas imputadas y condenadas por la Justicia. Es una herramienta fundamental para investigar, identificar y encontrar a quienes cometen delitos.

"Creamos el Registro de Perfiles Genéticos, un paso inédito para no dejar ni un solo malviviente libre. Vamos a poder cruzar el ADN de las escenas del crimen, identificar a los culpables y conectar investigaciones. Se terminó el vale todo. Ley y orden", aseveró en sus redes sociales.

El nuevo régimen fue aprobado en la Legislatura porteña a través de la sanción de la Ley 6.956, que deroga la antigua y restrictiva Ley 4.114 del 2011 y transforma de raíz las capacidades de investigación del sistema jurídico porteño. La Ley fue propuesta por la legisladora del Pro, Gimena Villafruela, y su aplicación estará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Hasta ahora, si bien la Ciudad tenía la capacidad tecnológica para extraer muestras biológicas de un hecho delictivo, esa información permanecía aislada, lo que impedía conectar casos o identificar reincidentes de forma sistemática. La nueva base de datos digital permitirá que las pruebas "dialoguen entre sí" de manera inmediata, evitando que cada investigación deba empezar prácticamente desde cero.

A diferencia del esquema anterior, acotado exclusivamente a condenados con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual, el nuevo registro expande masivamente su alcance: abarcando la evidencia e investigación de cualquier tipología delictiva cometida en la Ciudad; se incorporarán perfiles de personas investigadas bajo expresa orden judicial, permitiendo un esclarecimiento veloz sin necesidad de esperar una condena firme; policías, peritos y funcionarios registrarán sus perfiles con el fin de identificar con rapidez muestras de "descarte" o contaminación accidental en las escenas del crimen; y facilitará de modo voluntario la identificación de personas desaparecidas, extraviadas o restos humanos no identificados.

El marco legal sobre la protección de datos personales establece un blindaje estricto: el Registro no almacena información médica, historial de salud ni rasgos físicos. Funciona de manera equivalente a un "código de barras" o huella dactilar digital, ya que procesa exclusivamente ADN no codificante utilizable solo para fines identificatorios.

Además, los perfiles están resguardados bajo la Ley 1.845 de datos sensibles. La identidad del individuo sólo se revela ante un impacto positivo, de manera tal que garantiza que todo acceso quede registrado y auditado y prevé sanciones penales ante filtraciones, así como la eliminación inmediata del perfil ante una absolución o sobreseimiento firme.

El principal modelo de éxito considerado en los fundamentos técnicos de la ley fue la experiencia de la provincia de Mendoza, cuyo registro funciona desde hace 10 años y es catalogado como el más desarrollado de Latinoamérica. Sus resultados son contundentes: 7 de cada 10 rastros biológicos levantados en escenas del crimen encuentran a su autor y el 75% de los autores identificados en delitos graves como homicidios y abusos sexuales ya figuraban en la base de datos por haber ingresado previamente a causa de delitos menores o robos.

La diputada nacional Rossana Chahla (FdT – Tucumán) accedió a realizarse una extracción de sangre para hacerse un examen de ADN y determinar si Ángel Eduardo Páez es hijo de su padre fruto de una relación extramatrimonial con el fin de repartir la herencia millonaria que el empresario dejó al fallecer el 23 de octubre de 2010.

La herencia que dejó Chahla se estima en 40 millones de dólares y la disputa que inició Páez por medio de la representación legal del abogado Mariano Peralta ya lleva más de 20 años. Según allegados, quienes habrían frenado todo fueron las hijas del comerciante, Rossana y María Emilia Chahla.

Sin embargo, la actual diputada nacional accedió a someterse al examen de ADN para evitar la exhumación del cuerpo de su padre, ya que en el fallo había anticipado que, en caso de que alguna de las partes no se someta al examen de ADN, cualquiera sea el motivo, "de manera automática se procederá a la exhumación" del cuerpo del empresario.

En menos de 24 horas, la Cámara de Familia y Sucesiones, integrada por los jueces Hugo Felipe Rojas y Ester Julieta Valderrábano de Casas, resolvió un pedido de la legisladora oficialista.

"El acto de exhumación se había postergado en dos oportunidades porque, al parecer no estaban dadas las condiciones de las instalaciones del Cementerio del Oeste, algo que generó muchas suspicacias, luego de tanto trajinar Ángel Páez con pedidos en la justicia que no llegaban a buen puerto", remarcaron fuentes vinculadas a la demanda.

Ahora resta saber día y hora de la realización de ese estudio para determinar finalmente si Paéz, de 57 años, es hijo o no de Chahla.

El demandante se había hecho un examen de ADN con un primo de esa familia y dio positivo, por lo que la Justicia tucumana dispuso que se exhume el cuerpo del comerciante. Ese análisis se iba a llevar a cabo el jueves 8 de septiembre, pero fue postergado primero hasta el martes 13 de septiembre por un pedido del Laboratorio de Genética y luego por otros motivos sin fecha, hasta que las partes acordaron esta determinación.

El pasado 23 de agosto, el demandante fue convocado a la sede del Laboratorio de Genética Forense del Cuerpo Médico Forense y Morgue Judicial de Tucumán, a los fines de la toma de muestras que exige la prueba de ADN, como paso previo a la exhumación del cadáver de Chahla,

La causa se inició originalmente hace más de 20 años, pero tuvo muchos contratiempos y en un par de oportunidades fue archivada.

En 2014, Páez consiguió que dos sobrinos de Elías Chahla, Roberto y Fernando, primos-hermanos de Rossana, se hicieran estudios de ADN en Buenos Aires para comparar su genética con la propia. Las conclusiones del informe señalaron que "el análisis permite concluir que pertenecen a la misma línea paterna".

Sin embargo, el estudio se hizo de manera privada y no en el marco de la causa que lleva adelante la justicia tucumana, el expediente 1032/15, que radica en el Juzgado Familia y Sucesiones de la 3 nominación, a cargo del juez Carlos Torino.

Desde 2017 el Juzgado citó varias veces a Rossana y María Emilia para que aporten material genético con la idea de efectuar el examen de ADN, pero sin resultado positivo, dado que ellas decidieron no someterse al estudio. Ambas mujeres argumentaron desde problemas de salud hasta negativas sin fundamentos.

En su momento, por pedido de los abogados de Páez, se dispuso una medida cautelar para que no se modifique la situación del cadáver de Chahla, que se encuentra en el mausoleo de la familia.

"Mi madre nunca habló mal de él. Guardó el silencio del mismo modo que soportó la condena social de la época por el hecho de ser madre soltera. Y yo no estoy en pie de guerra. Pero tengo tres hijos y quiero que se haga justicia, que ellos sepan de dónde vienen. Espero que mis hermanas hagan lo correcto", aseguró Páez en su momento.

Además, indicó: "Esto viene de hace mucho tiempo. Falta la comparación con la exhumación del cadáver de mi difunto padre. Ahora se tiene que definir esta larga espera, esta lucha, esta marcha y contramarcha"

"Tengo familia, hijos, nietos y acá hay una identidad que no está puesta de manifiesto. Esta gente trata de negar y no decir la verdad. Lo sabe todo el pueblo de Leales, pero esta gente no quiere decirlo", remarcó el demandante y cerró: "No era necesario dar tantas vueltas durante tanto tiempo. Me hice el hisopado y ahora queda compararlo con la muestra de mi padre".