La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que establece estándares de calidad y condiciones mínimas para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes alojados en instituciones, en situaciones de vulnerabilidad.
Con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad, seguridad y cuidado en los hogares que alojan a niñas, niños y adolescentes institucionalizados, la Cámara de Diputados dio media sanción a una iniciativa que busca reglamentar su funcionamiento. La propuesta apunta a garantizar los derechos de quienes, por diversas circunstancias, no pueden convivir con sus familias.
Aunque la obligación del Estado es promover el fortalecimiento familiar y el autovalimiento, el proyecto reconoce que, en los casos en que esto no sea posible, debe asegurar condiciones dignas en las instituciones que cumplen funciones de alojamiento y cuidado temporario.
La diputada de Unión por la Patria Lucía Iañes, autora de la iniciativa, advirtió que “cuando el Estado no ejerce el debido control en los distintos ámbitos de su incumbencia, incluidos los casos de derivación de niños, niñas y adolescentes a instituciones, ya sea por inercia, negligencia o ejercicio insuficiente, asume una responsabilidad por el perjuicio causado por dicho proceder, puesto que se trata de una obligación indelegable”.
En ese sentido, remarcó que la responsabilidad estatal debe expresarse “no solo a través de recursos presupuestarios, sino también mediante un marco normativo que brinde a las instituciones reglas claras de funcionamiento, en un entorno que garantice el desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes alojados”.
La diputada platense de UP Lucia Iañes que impulsó el proyecto de ley aprobado en la Cámara baja.
La iniciativa establece obligaciones para las instituciones, pero también les otorga herramientas para cumplir su tarea, mediante la definición de estándares de calidad que permitan un acompañamiento y supervisión basados en pautas comunes. Además, contempla la articulación con distintas reparticiones estatales, para asegurar una atención integral que incluya salud, educación, seguridad y desarrollo personal.
Entre los aspectos regulados, se incluyen la conformación de equipos interdisciplinarios de profesionales capacitados, la documentación institucional y de cada niño alojado, y los espacios mínimos que deben tener las instituciones.
El proyecto también faculta a los organismos administrativos de protección para supervisar y monitorear todas las instituciones, tanto públicas como privadas, que albergan niños, niñas y adolescentes. Se busca así contar con información institucional completa y actualizada, dado que actualmente esta es fragmentaria o directamente inexistente.
Los fundamentos de la iniciativa destacan la necesidad de una articulación efectiva entre las distintas áreas del Estado, como herramienta vital para garantizar los derechos de los niños institucionalizados, hasta tanto se restituyan mediante la vinculación familiar, la adopción o una propuesta de vida autónoma.