Estudiantes secundarios de todo el país expondrán sobre salud mental, redes sociales y violencia digital en un encuentro que se realizará en la Cámara de Diputados, organizado por la legisladora Roxana Monzón (Unión por la Patria), quien presentó un proyecto de ley al respecto.

La convocatoria se realizará este lunes, desde las 11, "con el espíritu de que sean las y los jóvenes quienes tomen la palabra", sostuvo Monzón. "No podemos seguir hablando de los jóvenes sin escuchar a los jóvenes. Es por eso que se abren las puertas del Congreso con la propuesta de que puedan contar lo que sienten, viven y piensan sobre el tema", agregó.

Mediante un comunicado, la diputada resaltó que "detrás de cada episodio de violencia, ansiedad, depresión o soledad, hay chicos y chicas pidiendo ser escuchados; los jóvenes nunca estuvieron tan conectados y a la vez tan solos. Viven expuestos a un mundo digital que muchas veces los juzga, los presiona, los humilla y los empuja al límite; y mientras tanto, muchos adultos miran para otro lado. Por eso queremos convocarlos al Congreso, no para darles un discurso, sino para escucharlos de verdad".

Del encuentro participarán estudiantes de manera presencial y virtual desde otras provincias. También estarán diputados, docentes y profesionales de la salud mental.

Días atrás, Monzón presentó un proyecto que propone crear el "Programa Nacional de Prevención, Abordaje y Erradicación de la Violencia Digital en Niñas, Niños y Adolescentes", con el fin de garantizar el derecho a una vida libre de violencia en el entorno digital.

La iniciativa prevé una respuesta en dos niveles estratégicos: por un lado, medidas urgentes de atención, protocolos claros y mecanismos de denuncia para mitigar daños ya existentes. Por otro, la implementación de una alfabetización digital integral desde el nivel preescolar con el propósito de fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de gestionar la privacidad y el tiempo.

El programa tendría como objetivos prevenir todas las formas de violencia y explotación en el entorno digital; capacitar a la comunidad educativa, familias y profesionales; implementar mecanismos de detección temprana y respuesta ante riesgos; y brindar asistencia integral con enfoque en salud mental y apoyo psicosocial.

● Se establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los 14 hasta los 18 años de edad, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito.

● Define como finalidad del Régimen fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social.

● Establece como objetivo procurar que el adolescente supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito.

● Expresa que, desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, el niño, niña o adolescente gozará de los derechos y garantías de la Constitución Nacional, tratados internacionales y demás normas.

● Establece también como derecho de los padres o responsables del menor el acceso a la información sobre la imputación y los actos procesales desarrollados.

● También expresa como otros principios rectores la protección integral de la víctima y sus familiares, la seguridad pública y la protección de la sociedad.

● Establece que en todo proceso que involucre como imputada o víctima a una persona menor de 18 años, deberá intervenir la asesoría tutelar correspondiente a la jurisdicción.

● El juez y el representante del Ministerio Público Fiscal deberán proteger en todo momento los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas por los delitos cometidos.

● Dispone que los progenitores de los menores sometidos a proceso penal serán responsables civilmente responsables por los ilícitos cometidos por sus hijos, de conformidad con lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación.

● Al disponerse una condena de ejecución condicional o alguna de los otros supuestos regulados en la ley, se deberá imponer al menor medida complementaria, como asesoramiento, asistencia a distintos programas, tratamientos médicos, etc.

● En todos los casos, se deberá oír y tener en cuenta la opinión del adolescente imputado, su defensor, el fiscal y la víctima.

● El cumplimiento de las medidas complementarias estará sometido a control judicial.

● Cuando la pena prevista para el o los delitos imputados sea de hasta 3 años de prisión y se cumplieran las demás condiciones reguladas en el Código Penal para las condenas condicionales, se deberá reemplazar la pena de prisión por alguna de las previstas en el artículo 12.

● Cuando la pena prevista para el o los delitos imputados sea de entre 3 y 10 años de prisión y ninguno de los hechos haya implicado la muerte de la víctima, violencia grave física o psíquica sobre las personas o, en el caso de delitos culposos, no hubiese lesiones gravísimas ni muerte o daño psíquico grave en la víctima, y además el adolescente imputado no tuviese otras condenas o procesos en trámite con auto de procesamiento, el tribunal podrá reemplazar la pena privativa de la libertad por alguna de las penas previstas en el artículo 12.

● En el artículo 12 se enumeran las penas que podrán imponerse al adolescente: amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, su familia u otras personas que el juez estime corresponder; prohibición de conducción de vehículos, si el delito imputado estuviese vinculado; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salir del país; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico; reparación integral del daño a la víctima; penas privativas de libertad.

● Se enuncian las penas privativas de la libertad:
a. Privación de la libertad en domicilio.
b. Privación de la libertad en un instituto abierto.
c. Privación de la libertad en un instituto especializado de detención

● En todos los casos se deberán imponer al adolescente, además, medidas específicas tendientes a desarrollar su educación, el trabajo y la conciencia de la gravedad del hecho cometido, con el fin de lograr su resocialización y desarrollo de vida.

● Prohíbe para los menores la imposición de las penas de reclusión perpetua y de prisión perpetua, restringiendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad a 15 años.

● Cuando el adolescente condenado cumpla dos tercios de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto sea cumplido mediante penas restantes.

● Ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa impuesta como condena, el juez deberá sustituirla por otra pena más severa.

● Una vez determinadas las medidas complementarias o las penas, el juez deberá designar un supervisor especializado a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado
● El adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención, con personal y directivos capacitados en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.

● Las condiciones de detención deberán cumplir las siguientes reglas: los adolescentes imputados no deberán tener contacto con personas detenidas mayores de edad; se deberán contemplar criterios como personalidad y condiciones de salud; edad; identidad cultural y educativa; y naturaleza cautelar o punitiva de la privación de la libertad para ubicar a los menores.

● Se deberá garantizar la atención médica, psicológica y psiquiátrica de los adolescentes.

● Con el objetivo de lograr una futura inserción social y laboral del menor, se deberán promover actividades formativas, de capacitación laboral y, en la medida de lo posible, actividades deportivas, culturales, religiosas y recreativas.

● Además de los derechos y garantías previstos en la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, las víctimas de delitos, en el marco del presente régimen, tendrán derechos a: ser asistidas en forma especializada para propender a su recuperación psíquica, física y social; recibir gratuitamente patrocinio jurídico para ejercer sus derechos y, en su caso, para querellar, si por sus circunstancias personales se encontraran imposibilitadas de solventarlo; participar, si es de su interés, de instancias de mediación con el adolescente imputado.

● El fiscal podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal respecto de un adolescente imputado solamente si el delito que se le atribuye tiene prevista una pena máxima inferior o igual a 6 años de prisión, y siempre que los hechos no hayan ocasionado muerte, delitos culposos o lesiones gravísimas. En estos casos también podrá pedirse un proceso de mediación penal.

● El juez podrá disponer, a solicitud del imputado y con la conformidad del Ministerio Público Fiscal, la suspensión del proceso a prueba cuando el delito del que se trate no exceda los 3 años de prisión y no resultare posible la mediación.

● Si el adolescente imputado cumpliera con las obligaciones asumidas durante el plazo establecido, se extinguirá la acción penal a su respecto.

● Deroga la Ley 22.278 de Régimen Penal de la Minoridad y sus modificatorias.

● Invita a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar la legislación procesal penal y las normas aplicables a los adolescentes desde los 14 hasta los 18 años de edad.

● Las erogaciones que requiere el cumplimiento de esta ley se atenderán con los recursos que se incluyan en las leyes presupuestarias correspondientes a cada ejercicio. Para la implementación durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año de su entrada en vigencia se destinan $23.739.155.303,08. La Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos.

Las diputadas María Sotolano, María Eugenia Alianiello y Natalia Sarapura presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca adecuar la normativa argentina a la realidad digital y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de la hiperconectividad.

La propuesta introduce cambios en el Código Civil y Comercial y en leyes clave como la de Protección de Datos Personales, Educación Nacional y Defensa del Consumidor. Entre las medidas más relevantes se destacan:

• ✔️Derecho al olvido: permitirá solicitar la supresión, anonimización o bloqueo de datos personales, imágenes, audios y videos que resulten obsoletos o desproporcionados.
• ✔️Consentimiento informado: se presume válido a partir de los 14 años para el tratamiento de datos personales y el ejercicio de derechos en entornos digitales.
• ✔️Ciudadanía digital: incorporación de contenidos obligatorios en la currícula escolar sobre alfabetización digital, prevención del ciberacoso, privacidad y seguridad.
• ✔️Publicidad y consumo: se prohíbe la publicidad personalizada basada en datos de menores de 14 años y se exige que las plataformas informen claramente los riesgos asociados a sus servicios.

En los fundamentos, las autoras señalan que el proyecto responde a los estándares internacionales y a la Observación General N° 25 del Comité de los Derechos del Niño, que insta a los Estados a garantizar entornos digitales seguros y respetuosos de la privacidad infantil. “La conectividad plantea desafíos jurídicos que requieren respuestas legislativas para proteger la dignidad y el desarrollo integral de la niñez”, sostienen.

La iniciativa busca promover un uso responsable de la tecnología sin criminalizar la conectividad, sino generando herramientas para que las familias y el Estado acompañen a los menores en su vida digital.

Durante la reunión presencial que se llevó a cabo este viernes de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por Paola Vessvessian (FdT – Santa Cruz), se presentó un Plan de Cooperación Argentina 2021-2025 con representantes de UNICEF y un balance del Plan de Trabajo llevado a cabo en el año. Allí enumeraron cinco problemas principales que atraviesan a los niñas, niños y adolescentes del país y que significa un desafío a resolver.

La palabra de los invitados:

La primera oradora fue Luisa Brumana representante de la entidad quien destacó el “trabajo realizado en conjunto”, y agregó: “Estuvimos trabajando con la Defensoría en ámbito de diagnóstico, indicadores de protección integral y el fortalecimiento territorial, pero el diálogo es muy importante. Esperamos tener espacios de ideas y de colaboración a futuro con el Estado en los tres niveles”.

“La pandemia ha profundizado los problemas y requieren soluciones inmediatas como salud mental, las diversiones y la integridad, la cuestión económica también fue agravada por la pandemia, estamos apoyando programas para la inserción de jóvenes al mundo laboral”, concluyó.

Por consiguiente, Olga Isaza representante adjunta procedió a explicar: “Hicimos un análisis de la situación de la niñez y la adolescencia en Argentina con varias fuentes de información para entender las principales problemáticas actuales. Seleccionamos cinco problemas que consideramos los más importantes y desafiantes. También en consecuencia cuáles son los aportes que podemos a hacer al Estado desde UNICEF”.

“El primer desafío tiene que ver con la pobreza que esta afectando a los infantes. A finales del semestre de este año 6 de cada 10 niños en Argentina vivía en situación de pobreza, lo cual no se distribuye de forma igual en todo el territorio, de acuerdo a la composición de los hogares, de las provincias, es necesario focalizar la atención para traer estas familias y niños que se están quedando atrás”, comenzó.

Y continuó: “Nos preocupa mucho los niños que están en extrema pobreza. Por supuesto consideramos que Argentina en la región tiene un sistema de protección social robustos, pero aún tiene desafíos que no logra una cobertura universal porque tiene una fragmentación en la bonificación que no cubre las necesidades para la superación de la pobreza en las familias. Fundamentalmente hay una falta de información sobre otras poblaciones como las indígenas, los discapacitados”, y remarcó que “pobreza y desigualdad territorial es el primer problema”.

En segundo lugar, Isaza detalló que se encuentra “la falta de oportunidades de desarrollo para niños y niñas entre 0 y 6 años. Los indicadores muestran una disminución de la lactancia materna de forma drástica, bajó del 54% al 43% y eso se correlaciona con un dato que es la obesidad del grupo de 0 a 6 años es el 13,6%. Argentina tiene el mayor porcentaje de niños con obesidad, es la generación que viene y la carga de enfermedad y costos que van a generarle al país son importantes, hay que erradicar ese problema”.

La tercera prioridad tiene que ver con “las oportunidades equitativas para los y las adolescentes porque solo 1 de cada 2 terminan a tiempo su escolaridad, nos preocupa que los resultados de aprendizajes no son los deseables solo el 28% tiene los logros satisfactorios avanzados en matemáticas y lengua. Nos preocupa la cantidad de mujeres adolescentes embarazadas, vimos una leve tendencia decreciente en la tasa de fecundidad porque la mayoría son producto del abuso sexual, pero aún un desafío de atención en salud. No hay que perder la coordinación intersectorial con ciertos mecanismos”.

“También nos preocupan los escenarios de participación y de construcción de ciudadanía de los adolescentes quienes quieren tener mayor incidencia en la toma de decisiones del país”, indicó la representante de UNICEF.

El cuarto problema tiene que ver con la “exposición a los entornos violentos donde transcurre la vida cotidiana de los niños el hogar, el colegio, redes sociales, las calles, etc. El 60% de las familias declaran usar la violencia como método de crianza y eso quiere decir que esta legitimada y eso crece para convertirse en feminicidio, abuso sexual y formas agudas intolerables de violencia”.

“La principal causa por la que niños y niñas que no tiene familias y están en instituciones de menores es porque fueron expulsados por violencia. Hay una gran cantidad de adolescentes que tiene problemas con la ley y hay que hacer un seguimiento y controles en eso”, reveló Isaza y añadió: “La sociedad debe comprometerse aún más, medios de comunicación, academias, deben mantener el tema en agenda. Hay muchos estereotipos y efectos negativos del sector privado que contribuyen”.

Por último, concluyó: “Hicimos un análisis sobre las causas de ello e identificamos 5: la inversión pública que se hace en materia de niñez, pero es insuficiente; todavía persisten fallas en el diseño y eficiencia en políticas y programas de protección integran dirigidos a los niños; políticas afirmativas para ciertos grupos de la población que han quedado atrás; los servicios sociales dirigidos en todos los sectores tiene desafíos de cobertura y calidad y es importante mantener la generación de evidencia e información viable”.

En síntesis, describió que las prioridades son: “Apoyar al país en la disminución de la pobreza, avanzar en políticas integrales de primera infancia, el acceso y finalización en sistema educativo en adolescentes y la mejora de adquisición de habilidades y conocimientos que los ayude a conseguir un empleo al finalizar su ciclo educativo. Luego ayudar los servicios de salud e impulsar la participación de los jóvenes. En los entornos libres de violencia identificamos cómo ayudar al país a mejorar los programas de prevención, mejorar el sistema de proyección y de acceso a la justica que aún tiene una gran fragmentación y especializar a los operadores en niñez. Por último, mejorar la información pública para los niños, ampliar el compromiso del sector privado y promover acciones colectivas”.

En suma, Sebastián Waisgrais especialista en inclusión social y monitoreo de UNICEF agregó de forma breve que “por segundo año el Estado publicó un informa trasversal vinculando a la niñez y adolescencia del presupuesto anual. A partir de esto hicimos un análisis del presupuesto 2022 y del proceso inflacionario. Primera cuestión se podría decir que los servicios sociales tienen un incremento importante. Segundo si nos centramos en el presupuesto 2022 que se destina a la niñez y adolescencia prioriza independientemente de otro indicador inflacionario”.

Sin embargo, precisó que “cuando se desagrega el presupuesto hay áreas de avances donde en alguna medida se prioriza y en otras hay desafíos. En relación a los avances la política nutricional a través e la tarjeta alimentar, en el marco de ANSES tiene un 15% en términos reales, al mismo tiempo que la protección de ingreso aumenta un 4% a través de la asignación universal por hijo. En educación en términos de infraestructura, equipamiento educativo, de conectividad, es algo fuertemente priorizado en el presupuesto 2022”.

“Los modos alimentarios tiene una caída importante y es algo a conversar, el presupuesto de la UAH no tiene aumento significativo, no toma en cuenta el último decreto de expansión, las políticas socio educativas que apunta a la reinserción muestran necesidades de discutir mayor financiamiento”, advirtió.

Gabriel Lerner, secretario nacional de niñez, adolescencia y familia opinó que “hay que seguir planteando el problema de la vulnerabilidad de los derechos de los niños y adolescentes. al margen de la desigualdad, hay que analizarlo”, y en relación al presupuesto que precisó el “crédito vigente al año 2022 es de 1.844 millones de pesos, hubo una evolución. Pasamos de una inversión anual del 2019 de 76 millones a 350 millones este año”.

“Hay una creciente competencia en los municipios, hay buena parte de las responsabilidades del acceso de los derechos de los chicos y las chicas. Poner el foco en el municipio sin perder de vista las competencias provinciales es importante”, finalizó.

En su momento, Marisa Graham defensora nacional de los derechos de niñas, niños y adolescentes contó que “en 2019 había una pobreza del 59%, en 2020 terminamos con una pobreza del 58% y en 2021 con el 54% y esto fue gracias a la tarjeta alimentar en pobreza alcanza lo suficiente hasta los 14 años”.

“Es importante destacar el presupuesto transversal que se hace en niñez”, indicó y añadió: “El tema del sobrepeso y la obesidad es un tema que tiene que ver con hábitos alimentarios y afecta a todas las clases sociales. El 70% de los niños llegan a la escuela sin desayunar y es algo que la Ley de Etiqueta frontal puso sobre la mesa. Es un problema de salud pública”.

Sobre la violencia como método de crianza Graham subrayó: “Necesitamos mayores políticas de prevención de la violencia, es una preocupación y es transversal a todas las clases sociales”. Por último, sobre el retorno a la escolaridad de los niños que se alejaron en pandemia aseguró que “es un problema y que las escuelas dejaron afuera a muchos chicos”.

La palabra de las legisladoras

“Acá las grietas están saldadas, trabajamos para garantizar los derechos de los niños más allá de los espacios políticos y creemos en la construcción permanente continua”, resaltó la presidenta de la comisión Vessvessian antes de darle la palabra a sus colegas.

A su vez, la diputada Carmen Polledo (Pro – CABA) expresó: “Hay problemas de salud mental, de malnutrición, de distancia de la relación entre niños y familias y con la sociedad producto de la pandemia”.

En tanto, la radical Carla Carrizo (CABA) manifestó que la “implementación de un sistema de monitoreo es importante. Tenemos que tener un mapa en qué lugares podemos trabajar mejor, hay que tener criterios y es la agenda pendiente. Acompañamos cada prioridad y vamos a trabajar en encontrar esas políticas publicas para ayudar”, y adelantó que “propusimos una reforma en la Ley de salud mental porque no menciona a los niños y no habla de salud emocional, están invisibilizados”. “Si hay pobreza es de las malas gestiones durante la democracia”, criticó.

Claudia Bernazza (Frente de Todos – Buenos Aires) destacó la actividad del año y cuestionó: “Siempre aparece la pobreza sin que se mencionen las causas estructurales de un orden social muy injusto en un continente inequitativo por poderes fácticos que traen numerosos problemas y hay que pensar un mapa de las riquezas y de la concentración”.

“Los entornos violentos, la obesidad, la falta de lactancia materna, tiene que ver con el comportamiento de empresas y laboratorios, con los medios de comunicación, no solo con los Estados”, aseguró Bernazza. “Hay que encarar el tema del buen trato y respecto a las instituciones no se distinguen las de viejo cuño respecto de las crianzas comunitarias en organizaciones populares porque aparecen todas como iguales”, remarcó la legisladora del FdT.

La senadora fueguina Eugenia Duré (FdT) solicitó un poco más de “información para proponer, trabajar y articular porque desde esta Bicameral propusimos trabajar con la territorialidad”. “Luego de una pandemia es fundamental hacer hincapié en políticas publicas que se han reactivado, no podemos no hablar de la violencia de género”, sumó.

A su vez, la diputada Jimena López (FdT -Buenos Aires) manifestó que hay un aspecto que no esta incluido: “Los derechos se vulneran se caracterizan por la pobreza estructural y los operadores responden a funciones que tiene que ver más con el patronato que con la posibilidad de promocionar derechos”. “En 2019, 5 de cada 10 niños sufría pobreza, no creo que haya habido un ascenso exponencial con todo lo que pasamos con la pandemia”, consideró.

La voz de los pibes y pibas llegó al Congreso. Fue en el marco de una reunión informativa de la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por la diputada Paola Vessvessian (FdT), un grupo de jóvenes de diferentes puntos del país relataron sus testimonios sobre cómo transitaron la pandemia.

Durante un encuentro remoto, que duró más de dos horas, adolescentes de distintas provincias interactuaron con las integrantes de la comisión, quienes los consultaron sobre varios temas. Entre ellos se destacaron la educación, la salud mental, el trabajo en el núcleo familiar y los efectos de la cuarentena.

Una de las invitadas, Ángeles Virginia Tapia de San Fernando del Valle de Catamarca, expresó que "la pandemia fue difícil" porque "en esta edad era muy necesario estar con mis amigos, y quedamos encerrados. Me afectó en lo emocional, pero lo supe llevar". Para la joven, lo más complicado fue "extrañar a mis amigos, verlos en el colegio, compartir cosas con ellos".

En lo que respecta a los ingresos de su familia, Tapia relató que el emprendimiento de harinas alternativas que realiza con su mamá "fue un ingreso muy importante en mi familia". "Gracias a eso llegábamos a fin de mes, porque no se podía trabajar", agregó.

Desde la localidad de Gaiman, provincia de Chubut, Lautaro Balge señaló que la tecnología "ayudó mucho a que pudiéramos seguir en línea con los familiares a distancia" y con los amigos. "El tema de la escuela fue difícil; en un principio acostumbrarse a lo que es estudiar en tu casa con bastantes distracciones, te distraes mirando una serie, una peli, no haces la tarea", contó.

Y graficó que algunos de sus compañeros "no tenían para conectarse y algunas escuelas le han dado la oportunidad con una computadora" o "algunos profesores imprimían la tarea y se las llevaban a las casas".

"El mayor miedo es que volvamos a las casas, que se pierda la presencialidad en las escuelas, ver cara a cara a tu familia y no en una pantalla", dijo sobre el futuro.

También desde Chubut, pero en la localidad de Puerto Madryn, Macarena Pizzaro manifestó: "En pandemia no la pasamos muy bien con mi familia, fue una situación bastante difícil por el hecho del trabajo y los estudios".

"Hace tres años que estamos atravesando en Chubut una situación bastante difícil con los docentes, que no se les están pagando los sueldos, se les debe más de cuatro meses de sueldo este año", apuntó.

Desde lo personal, Pizzaro reveló: "Repetí tercero y me han hecho pasar a cuarto sin tener la base que se necesita para cuarto. Estoy cursando este año como puedo, hay cosas que no las entiendo, que me cuestan un montón".

"En mi escuela más de 30 estudiantes están pasando por la situación de no contar con un celular, una computadora o servicio de internet para hacer las actividades", subrayó y completó diciendo que "a nosotros todavía nunca nos entregaron las computadoras del gobierno, porque cuando me tenía que tocar a mí fue cuando entró en gobierno (Mauricio) Macri y sacó este sistema de entregar las computadoras, y después nunca más nos entregaron ninguna".

Por su parte, Magalí Buccolo, integrante del centro de estudiantes del Instituto Comunicaciones, habló de los efectos en las relaciones familiares, como por ejemplo la que tuvo con su padre, quien es una persona de riesgo y al no vivir en la misma casa solo vio tres veces el año pasado. "Es terrible para un vínculo padre-hija", resaltó.

La joven también señaló que, respecto a las relaciones con los amigos, "cuando pasaron unos meses la falta se empezó a sentir. Es una edad en la que queremos estar constantemente con nuestros pares". Y mencionó que "Argentina es uno de los países que tiene la tasa más alta de ansiedad en los jóvenes, y por supuesto la pandemia lo agudizó".

A su turno, Ulises Llanes, estudiante de la provincia de Mendoza, puso sobre la mesa la cuestión de los centros de estudiantes, que "son el primer espacio democrático que tienen los pibes y las pibas una vez que entran a la escuela". "Con la pandemia vimos muy afectado eso", aseguró y advirtió que hay "directivos y directivas que no quieren que creemos centros de estudiantes; es una realidad que ya nos venía sucediendo pero que quizás se ha profundizado con la pandemia".

Llanes advirtió que la pandemia dejó "un montón de necesidades, un alto nivel de pobreza y donde el centro de estudiantes puede ser una ayuda muy concreta".

"El acceso a la educación el año pasado fue totalmente desigual", aseveró y continuó: "Yo pude acceder a educación, conectarme, resolver mis trabajos, porque tenía una situación socio-económica en mi familia que me lo permitió". Sin embargo, "dejamos bastante afuera a todos aquellos pibes y pibas que no tenían una compu, o tenían que compartirla, o en su casa había solo uno o dos teléfonos", remarcó.

Durante la reunión expuso además Lucca Ocampo, estudiante de la provincia de Salta, quien expresó que la cuarentena ha causado "altos niveles de estrés y ansiedad; necesitábamos salir a tomar aire, distraernos, y salir de ese encierro que tanto daño nos ha hecho". "La salud mental ha sido uno de los elementos en los que los adolescentes y toda la sociedad se ha visto perjudicada", alertó.

Y añadió que "hubo sentimientos de tristeza, soledad, desolación e incertidumbre, lo que ha provocado que muchos cayeran en trastornos de alimentación e incluso depresión. Ser adolescente es difícil en cualquier etapa, pero más en este período de contingencia".

También participaron Nicolás Améndola, de la localidad bonaerense de Necochea e integrante de la Selección Argentina de Natación para personas con Síndrome de Down; Juan Ignacio Cardenas Alonso, también estudiante de Necochea; Agustina González, referente de Casa Joven, dentro del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo; Ariela Sánchez, estudiante de la provincia de Mendoza; Julieta Rufino, estudiante de la provincia de Santa Cruz; y Mateo Juárez, estudiante de la provincia de Tucumán.

“Adolescentes en pandemia”. Así se llama el encuentro virtual organizado para este lunes 30 a las 10, en el que jóvenes adolescentes de todo el país brindaran testimonio de sus problemáticas durante la pandemia de coronavirus.

La Comisión Bicameral Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya presidenta es la diputada santacruceña Paola Vessvessian (Frente de Todos), escuchará a los adolescentes.

Sin dudas, allí surgirá el debate por las clases presenciales, la vacunación de los menores de 18 años, la posibilidad de realizar encuentros con amigos, entre otros.

Esta comisión Bicameral tiene la particularidad de que está integrada en su totalidad por mujeres: las diputadas Paola Vessvesian, Claudia Bernazza y Jimena López (FdT), Carmen Polledo y Carla Carrizo (JxC); y las senadoras Guadalupe Tagliaferri y María Belén Tapia (JxC) y María Eugenia Duré, Beatriz Mirkin y Inés Blas (FdT).

Dicha comisión fue creada por la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de cumplir con el mandato establecido en su artículo 49 de designar al Defensor Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y sus Adjuntos, a través de la realización de un concurso público de antecedentes y oposición.

Además, debe recibir los informes que elabore el Defensor Nacional acerca de la situación de la niñez y adolescencia en el país, y actuar como organismo de contralor de la Defensoría con facultades para remover a sus autoridades en caso de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

De esta manera, la Comisión Bicameral cuenta con un rol central en el control del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y constituye la única Comisión de Honorable Congreso de la Nación con competencia exclusiva en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.