Pensar las ciudades, una vez que dejemos atrás la pandemia

Por Adrián Santarelli. El senador provincial bonaerense del FdT, de la zona sur del conurbano, analiza las posibilidades que se abren en la pospandemia.

A pesar de su desigual distribución a nivel mundial, una muestra más del grado extremo de concentración de recursos en manos de los países centrales en detrimento de los países de mediano o escaso desarrollo, las vacunas hacen posible visualizar un horizonte de salida a la pandemia de coronavirus que atraviesa el planeta.

No obstante, aún es mucho el camino que nos queda por recorrer hasta superar las múltiples dificultades en las que se ha traducido el impacto del SARS-CoV-2. El surgimiento de nuevas variantes del virus que están generando renovadas olas de contagios masivos -en España, las autoridades sanitarias de la región de Castilla-León acaban de anunciar el inicio de la quinta ola de la pandemia- ha obligado a muchos países a retroceder en sus medidas de apertura y retomar el aislamiento, volver al uso de tapabocas y suspender actividades económicas, llegando incluso al cierre de fronteras.

La crisis generada por el Covid-19 es de tal magnitud que todavía no pueden estimarse con precisión sus consecuencias en el plano económico y social. Sabemos, eso sí, que aceleró varios de los procesos que se ya venían registrando en diferentes latitudes, tales como la digitalización, el comercio electrónico y el home office; pero también obligó a numerosos sectores de la economía a reconfigurar su modelo productivo, y puso en crisis a una gran cantidad de rubros comerciales.

Así como las personas sentimos y sentiremos el impacto del coronavirus en nuestras vidas, los países, y más específicamente las ciudades, también están viendo afectada en alguna medida su significación como espacio territorial de despliegue de una comunidad, y tendrán que adaptarse a la nueva realidad post-pandemia.

Tal vez uno de los ejemplos más evidentes de la velocidad en el cambio que ha impuesto la pandemia lo tengamos en el sector conocido como microcentro, en la Ciudad de Buenos Aires. Como megaciudad, Buenos Aires nos muestra el cambio en el paisaje que supuso el paso de un escenario de que era sitio neurálgico de la actividad financiera y administrativa, con un sinnúmero de oficinas, restaurantes, hoteles y comercios hoy paralizados, y una permanente afluencia de turistas nacionales y extranjeros, a uno de calles y oficinas desiertas, y locales con persianas bajas. Los cambios que han ocurrido en esas sesenta manzanas emblemáticas han sembrado de incertidumbre su evolución, planteándose como opción que una vez sorteada la pandemia ese territorio tendrá que reconfigurarse como un barrio de habitantes permanentes, y convertir lo que fueron miles de oficinas en viviendas.

Sin embargo, todos sabemos que las ciudades sufren problemas anteriores al coronavirus. Problemas derivados de su crecimiento carente de planificación, con excesivo impacto ambiental y  dificultades de integración, y sin criterios de desarrollo urbano sostenible.

Tal como lo expresa Di Virgilio (2021), las grandes urbes latinoamericanas “…enfrentan en la actualidad graves problemas de habitabilidad y sostenibilidad, tales como la dificultad de la población de bajos ingresos para acceder a la vivienda; la persistencia de asentamientos precarios y la ocupación ilegal o informal de tierras; la vulnerabilidad de los habitantes de barrios informales frente al desastre; mayores costos económicos y sociales para proporcionar acceso inclusivo a infraestructura básica, bienes y servicios urbanos calificados; una larga distancia de las oportunidades de empleo y de educación; la subutilización o el abandono de edificios ubicados en áreas que cuentan con una adecuada provisión de servicios e infraestructura; la existencia de áreas vacantes y la discontinuidades en barrios intermedios y periféricos” .

Lo cierto es que la pandemia evidenció la necesidad de incrementar la resiliencia de las ciudades y la reducción de su vulnerabilidad a las amenazas y desastres naturales, para anticiparse y mejorar su capacidad de respuesta y recuperación minimizando los perjuicios al bienestar social, la economía y al ambiente.

A pesar de las dificultades, las ciudades serán la punta de lanza, el inicio de la recuperación de la vida social en lo que puede llamarse la “nueva normalidad”. Las urbes en todo el mundo concentran un alto y creciente porcentaje de la población y la actividad económica global. En la Argentina, el porcentaje de población urbana es del 92%, en tanto que, de acuerdo a datos del último Censo Nacional, en la provincia de Buenos Aires ese indicador sube al 97,2%.

La alta tasa de urbanización de la Argentina, y en particular de la provincia de Buenos Aires, genera impactos sociales, económicos y ambientales, por lo que, una vez superada la pesadilla del coronavirus, resultará imprescindible consensuar un patrón de crecimiento que mejore las condiciones actuales sin comprometer el futuro de las siguientes generaciones.

En este sentido, será fundamental que desde el Estado se encaren planes de acción focalizados a nivel local en las ciudades, con el objetivo de promover el desarrollo urbano y, más específicamente, la migración del paradigma hacia el concepto de ciudades sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes.

Esta es la esencia del Proyecto de Ley de Ciudades Sostenibles, Inclusivas, Seguras y Resilientes que presentamos en 2020 ante la Legislatura bonaerense, y que busca establecer el marco institucional para la promoción del desarrollo urbano sostenible; porque reconocemos la necesidad de ciudades bien planificadas y gestionadas para que se conviertan en poderosas palancas del desarrollo inclusivo y la garantía del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.

Desarrollo urbano: propuestas para la post-pandemia

Por Adrián Santarelli. El senador provincial del FdT propone la promoción del desarrollo urbano sostenible a partir de la transformación de las ciudades existentes y la creación de nuevas ciudades.

En su reciente discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobernador Axel Kicillof realizó un detallado informe de cómo la provincia de Buenos Aires, con la ayuda inestimable de la Nación, enfrentó la inédita pandemia de coronavirus, primero para garantizar que ningún bonaerense se viera privado de atención sanitaria y luego para sostener la actividad económica, duramente golpeada por la crisis que arrastrábamos desde hacía años, y el parate al que obligó el virus.

Pero el gobernador no se detuvo en lo hecho hasta ahora, sino que habló de un plan de reactivación para la post pandemia, y afirmó que 2021 “tiene que ser el año de renacimiento de esta Provincia”, en el que “para acelerar la salida de la crisis va a hacer falta también la presencia del Estado”.

Lo cierto es que la pandemia de coronavirus aún azota a la humanidad en su conjunto y ha demostrado, para bien y para mal, ser un acelerador de procesos y realidades que estaban en curso.

El crecimiento de la pobreza, el reparto desigual de los recursos, la falta de acceso a derechos básicos a nivel mundial son problemas que se han visto agravados por el virus. Podríamos quedarnos con este panorama sombrío, pero no podemos dejar señalar que tuvimos hechos positivos, como por ejemplo el desarrollo, en menos de un año, de vacunas eficaces para combatir la enfermedad.

La pandemia también nos obligó a reflexionar sobre la realidad de nuestras sociedades y la capacidad de los gobiernos nacionales y subnacionales para hacer frente a situaciones inesperadas e inéditas que ponen en riesgo no solo la salud de las personas, sino el modo mismo de desenvolverse de las comunidades.

En este contexto, a mediados de 2020 presentamos un proyecto de ley que busca establecer el marco institucional para la promoción del desarrollo urbano sostenible a partir de la transformación de las ciudades existentes y la creación de nuevas ciudades, que sean sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes.

El lector podría preguntarse cómo es que en medio de la pandemia, cuando todos los días mirábamos el crecimiento de los casos y la ocupación de camas en terapia intensiva, se nos ocurrió presentar un proyecto de ley de estas características. Es que justamente uno de los tantos interrogantes que nos deja la crisis planetaria por la que atravesamos es pensar cómo vamos a salir mejores de ella, como ciudadanos y como sociedad, y que medidas vamos a adoptar para que las próximas crisis nos encuentren mejor preparados y con más herramientas para hacerles frente.

El proyecto de ley está inspirado en los principios establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y fija objetivos ambiciosos. Sin embargo, lo medular de la propuesta es que establece lineamientos, componentes e instrumentos que permiten la planificación y gestión del desarrollo urbano sostenible e inclusivo.

La provincia de Buenos Aires es la más poblada y con mayor actividad económica del país, y si algo ha quedado en claro en medio de la pandemia es que debemos asumir las consecuencias que las ciudades producen sobre sus habitantes y tomar acciones colectivas, privadas y gubernamentales, donde sobresalga una gestión urbana plenamente participativa, inclusiva y transparente.

Es hora de replantear la problemática de la urbanización en el contexto del desarrollo sostenible, pensando en las generaciones presentes y futuras, incentivando el compromiso intergeneracional en base al compromiso de que podrán satisfacer sus necesidades sociales, humanas, de crecimiento y desarrollo en base a los recursos naturales disponibles.

En este marco, surge para los gobiernos la necesidad de integrar, articular, promover y apoyar esfuerzos locales en forma de programas, planes y acciones, así como también espacios de análisis, reflexión e intercambio de conocimientos y tecnologías que mejoren la planificación urbana de manera sostenible y mejoren  de este modo la calidad de vida de las personas.

La Nueva Agenda Urbana, planteada en 2016 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (ONU-Hábitat III), empieza a deja de ser una utopía porque, como quedó dicho, la pandemia aceleró procesos en marcha, y hoy la realidad nos pone frente al desafío de encontrar caminos nuevos a problemas con los que convivimos desde hace muchos años.

(*) Senador de la Provincia de Buenos Aires.

Senador considera una “vergüenza” el “pésimo servicio” que brinda Edesur

“Es una vergüenza que después de los tarifazos de los últimos cuatro años EDESUR brinde este pésimo servicio”, consideró un senador oficialista del conurbano sur.

El senador provincial  del Frente de Todos Adrián Santarelli se mostró muy molesto por los reiterados cortes de luz que están teniendo lugar en el conurbano Sur.

En ese sentido, aseguró que “la electricidad es un servicio esencial y los cortes de luz que estamos sufriendo los vecinos y las vecinas de Lomas de Zamora y los municipios de la zona son cada vez mayores”.

En ese sentido, el legislador lomense presentó en el Senado bonaerense un proyecto de repudio ante la falta de respuesta por parte de la empresa prestataria.

En los fundamentos de la iniciativa, tras repasar diversas normativas tanto de carácter internacional como de nuestro país, se remarca que “es parte del consenso internacional y nacional el reconocer que la provisión de energía eléctrica es de importancia crucial para el ejercicio de derechos fundamentales como el acceso al agua, la salud, la educación, el empleo, la seguridad y la habitabilidad de la vivienda, entre otros”.

En esa línea, el texto subraya que “antes que un criterio de lucro en la prestación del servicio eléctrico, debe primar una filosofía de atención de los derechos básicos de todo ser humano”.

A partir de lo anterior, Santarelli enfatizó que “en Lomas de Zamora, como en los demás distritos, sufrimos un aumento desmedido de las taridas durante los cuatro años de Mauricio Macri, y lo peor es que la empresa ni siquiera hizo las inversiones necesarias para dar un servicio digno”.

El representante de la tercera sección electoral en la Cámara alta de la provincia destacó además el trabajo conjunto que vienen realizando los intendentes para llevar los reclamos ante la empresa y el Ente Regulador.

“Tanto Martín Insaurralde como el resto de los jefes comunales reciben cada día más reclamos por la falta de suministro y estamos trabajando entre todos, junto a la Defensoría del Pueblo, para exigir respuestas y soluciones inmediatas a EDESUR” concluyó.