La diputada nacional Adriana Cáceres (Juntos por el Cambio-Buenos Aires) solicitó que el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Horacio Ferraresi, concurra al Congreso Nacional a efectos de ser interpelado por apoyar las expropiaciones.

El pedido se realiza en el marco de la aprobación de una norma en el municipio de Avellaneda que autoriza a expropiar inmuebles sin cumplir con los requisitos que fija la Constitución Nacional. El ministro expresó su aprobación pública a la iniciativa.

“La propiedad privada es uno de los principios fundamentales de nuestra República. Queremos interpelar al ministro de Hábitat para que aclare por qué apoya las expropiaciones con procesos irregulares que no están avalados por nuestra Constitución Nacional“, argumentó Cáceres.

El mismo presidente Alberto Fernández relativizó el derecho a la propiedad al afirmar que “no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno“, frase que pronunció en un acto de anuncio de inversión de obras para urbanizar lotes y de créditos para casas, en Mercedes, Provincia de Buenos Aires.

En consonancia con las palabras del presidente, el Concejo Deliberante de Avellaneda dictó una ordenanza que permite la  expropiación de inmuebles en “desuso”.

“Naturalizar la violación de la ley es un mensaje tan peligroso como inaceptable“, lanzó la diputada pilarense de Juntos por el Cambio que el año pasado presentó en la Cámara baja un proyecto contra las usurpaciones, y continuó “con la cuarentena, el aumento de la pobreza y el desempleo, la crisis habitacional creció exponencialmente, pareciera que el Gobierno está queriendo emparchar el tema generando un problema mucho más grave aún”.

“Los argentinos tenemos demasiados problemas con las víctimas de una política errática en salud, con la economía, con la educación y con la falta de rumbo como para que desde el mismo gobierno vengan a fomentar ilícitos. Espero que este proyecto se apruebe a la brevedad para que el ministro Ferraresi venga al Congreso, no para responder a los diputados sino para tranquilizar a todo un país que exige respuestas“, finalizó Cáceres.

Acompañaron el pedido los diputados Juan Aicega, Virginia Cornejo, Jorge Enríquez, Alicia Fregonese, Gustavo Hein, Victoria Morales Gorleri, Carmen Polledo, Adriana Ruarte, Francisco Sánchez, David Schlereth, Héctor Stefani y Pablo Torello, entre otros.

Más de cien vecinos del partido de Escobar recibieron atención oftalmológica gratuita en el operativo coordinado por la diputada nacional Adriana Cáceres y la concejal Yesica Avejera. 

En el Polideportivo los Tulipanes de la localidad de Garin se emplazaron los equipos y profesionales que a lo largo de toda la jornada atendieron a adultos y niños, realizando controles de la vista, atendiendo consultas puntuales y, en algunos casos, otorgando los lentes. El sistema de turnos otorgados previamente, permitió una atención organizada, respetando burbujas y optimizando el cumplimiento de los protocolos sanitarios. 

“Estamos muy contentas con la convocatoria, porque el objetivo de estas jornadas es que la puedan aprovechar todos los vecinos que lo necesiten. Estos meses de cuarentena los controles específicos de salud, como el oftálmico, fueron muy postergados y es importante acercar la salud a los barrios para que todos puedan acceder”, señaló la presidenta del bloque Juntos por el Cambio Escobar, Yesica Avejera, al finalizar la jornada. 

Además, añadió que: “La necesidad de acercar estas propuestas para la salud de los escobarenses, es tan importante, que vamos a coordinar para volver a otros barrios, junto a Adriana Cáceres, a quien le agradezco este trabajo en conjunto a favor de nuestros vecinos”. 

Otra diputada nacional se contagió de coronavirus: se trata de Adriana Cáceres, del Pro, quien dio a luz hace poco más de dos semanas y se encuentra aislada y bajo cuidados extremos.

La legisladora de Juntos por el Cambio dio a conocer la noticia a través de las redes sociales: “Tras haberme testeado por haber dado mi marido Covid-19 positivo, se me informó también de mi positividad”.

“Estoy aislada en familia, tomando todos los recaudos por nuestro hijo. Por recomendación médica: no cortamos con la lactancia, usamos barbijo en casa y nos lavamos continuamente las manos”, comentó.

Y agregó: “Por último, quiero destacar al personal municipal de Pilar por atender con rapidez, profesionalismo y calidad humana. ¡Gracias!”.

El pasado 23 de abril, Cáceres dio a luz a Fausto. “Ya estamos en casa, los dos muy bien, compartiendo en familia esta gran felicidad y adaptándonos a esta nueva vida. Les agradezco por haberme acompañado estos meses de embarazo”, había expresado la diputada.

En un acto de entrega de viviendas realizado el martes en la localidad de Avellaneda, el presidente Alberto Fernández volvió a aprovechar para fustigar al Gobierno anterior, esta vez usando como temática la creación de universidades, entre ellas la de Pilar.

“A diferencia de los que creían que los pobres no estudiaban, si les damos oportunidades a los que menos tienen, esas oportunidades las aprovechan”, señaló.

Las palabras del primer mandatario no pasaron inadvertidas para la legisladora pilarense de Juntos por el Cambio Adriana Cáceres, quien hace casi un año fue la impulsora del proyecto de creación de la Universidad Nacional de Pilar.

Cáceres corrigió a Fernández resaltando que “a casi un año de haber impulsado la creación de la Universidad Nacional de Pilar, resulta inaudito que el presidente diga que desde Juntos por el Cambio nos oponemos a su creación”.

Sucede que el 27 de mayo de 2020, desde su banca y con el apoyo del bloque, la diputada fue quien propuso la creación de la Universidad Nacional de Pilar, para “promover el acceso a la educación integral y la igualdad de oportunidades los jóvenes, ofreciendo una oferta académica plural e inclusiva que fomente el desarrollo integral de la comunidad y la región”.

Dicha iniciativa contó con el apoyo del jefe de la bancada del Pro en Diputados, Cristian Ritondo, y también fue acompañada con la firma de numerosos legisladores del espacio.

“Lamento mucho este nuevo exabrupto de nuestro presidente” expresó Cáceres, y destacó que “La educación es uno de nuestros pilares más importantes; no es un tema para hacer chicanas sin sentido y mucho menos ser usado para generar más grieta”.

En los fundamentos para la creación de la Universidad Nacional de Pilar, la diputada, tuvo en cuenta -entre otros aspectos- que “hoy en día, las y los jóvenes pilarenses que quieren realizar una carrera universitaria muchas veces deben trasladarse hacia otros centros de estudios, como la Universidad Nacional de José C. Paz, la Universidad Nacional de Luján y la Universidad Nacional de General Sarmiento, pero ninguna se encuentra a menos de 30 kilómetros de distancia, dificultando el sostenimiento de la cursada”.

El proyecto tuvo el acompañamiento de los diputados Cristian Ritondo, Álvaro González, Josefina Mendoza, Hernán Berisso, Camila Crescimbeni, María de las Mercedes Joury, Marcela Campagnoli, Ezequiel Fernández Langan y María Luján Rey.

La legisladora nacional de Juntos por el Cambio Adriana Cáceres presentó sendos recursos de amparo ante la Justicia para que los alumnos de Pilar vuelvan a tener clases presenciales y para declarar la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 241/21 dictado por el presidente Alberto Fernández, al cual adhirió el gobernador Axel Kiciloff.

“Presenté el amparo judicial para que las clases se den en las escuelas, que es el lugar más seguro dónde pueden estar los chicos y jóvenes”, así anunció la diputada pilarense en sus redes estas acciones legales, a la vez que se preguntó: “¿Cómo estudian los hijos de muchas familias de Pilar que no tienen datos, ni wifi, ni notebook para poder conectarse virtualmente? Además, si una mamá o papá tiene que trabajar, ¿dónde y con quién deja a sus hijos?”.

La legisladora hizo énfasis en la “negación de la realidad del oficialismo” que no advierte las consecuencias de mayor desigualdad y exclusión que representan las últimas medidas. “Se estima que el abandono escolar, sólo en este año, superará los 500.000 alumnos y el 57,7% de los menores de 14 años son pobres” graficó.

Los amparos fueron presentados ante los fueros Federal y Contencioso Administrativo. Al ser recursos sumarísimos, se estima que la Justicia se expida en los próximos días sobre el particular. “Espero que la Justicia haga lugar a este amparo y le devuelva la presencialidad y el derecho a estudiar a todas y todos los estudiantes. ¡Que estudiar no sea un privilegio de pocos!”, finalizó Cáceres.

En el medio de la sesión por el proyecto de aborto legal y el del programa de los “Mil Días”, una diputada conmovió al recinto con la noticia de que será madre. Adriana Cáceres (Pro) reveló en su discurso que está en la dulce espera, y remarcó que su embarazo fue “sumamente deseado” tras haber pasado por “abortos naturales”.

“No puedo dejar de ver el tema del aborto legal, seguro y gratuito como un avance en los derechos de las mujeres. El aborto existe hace décadas, siglos, y va a seguir existiendo, y es nuestra labor como diputados trabajar para ampliar y conquistar nuevos derechos”, expresó Cáceres.

Fue entonces cuando confesó: “Quiero contar que estoy embarazada. Es un embarazo sumamente deseado, buscado por años, donde con mi marido tuvimos que transitar momentos difíciles, incluidos abortos naturales”.

“Si hay algo difícil para las mujeres -aseguró- es ver cómo se transforman nuestros cuerpos y pasar por momentos dolorosos donde una no decide, no elige estar en esa situación”.

Por eso, consideró que “el común denominador” de los embarazos debe ser “que sean acompañados”, y finalizó con un contundente “la maternidad será deseada o no será”.

Diputados de la oposición presentaron un pedido de informe al Gobierno para saber cuál es la situación de las mujeres durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. 

Se trata de un proyecto de la diputada del Pro Adriana Cáceres, que busca saber la cantidad de femicidios registrados desde el 20 de marzo hasta la fecha, cantidad de llamados recibidos a la línea 144 y si esos casos tuvieron seguimiento, entre otros puntos. 

“Presentamos este pedido de informe porque vemos que el Gobierno tiene un discurso sobre género, un Ministerio, pero no tiene una política pública seria. Para que la violencia de género sea una política de Estado, necesitamos cifras, cosa que este gobierno no suele brindar”, explicó Cáceres y agregó “ayer vimos un caso tremendo de un hombre queriendo apuñalar dos mujeres. Lamentablemente esos casos se reproducen por todo el país y no vemos al Gobierno ni a la ministra Gomez Alcorta ocupándose de que esas cosas no pasen, ni acompañando a las víctimas”. 

Además, el proyecto pretende saber el estado del convenio entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema, por el cual se crea el primer informe anual sobre feminicidio y la eficacia de los programas “Barbijo Rojo” y “Acompañar”, dependientes del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. 

“Fue un año muy difícil desde todo punto de vista, lo económico, laboral, social y en materia de salud. Pero eso no puede hacer que quede invisibilizado el reclamo de las mujeres que sufren violencia. No es solo crear un ministerio, sino que trabaje y lo haga de manera seria. Ahora tenemos una ministra, pero no sabemos qué está haciendo”, sentenció la diputada. 

El proyecto cuenta con el acompañamiento de Silvia Lospennato, Brenda Austin, Sofia Brambilla, Carla Carrizo, Camila Crescimbeni, Soher El Sukaria, Maximiliano Ferraro, Mercedes Joury, Josefina Mendoza, entre otros. 

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para que, personal sanitario que fue excluido por el cobro del bono de los 5 mil pesos, pueda comprar dólar oficial. 

Se trata de un proyecto de la diputada del Pro Adriana Cáceres y busca que quienes hacen frente a la pandemia puedan cuidar el valor de sus ahorros. 

“En su estrategia de control monetario, el Gobierno limitó la compra de dólar ahorro y excluyó a quienes hayan accedido a una asignación especial comprendida en el Decreto 315/2020. De esta manera, todo el personal sanitario que previamente había recibido el bono de 5 mil pesos, quedó incluido en los alcances de este decreto”, manifestó al respecto la diputada. 

En este sentido, agregó: “Nuestro personal sanitario viene enfrentando en primea línea la pandemia en todo nuestro país, realizando un esfuerzo sobrehumano y profesional. Sin querer interferir en la política monetaria del Gobierno, lo que buscamos es que los trabajadores de la salud sigan concentrados en enfrentar la pandemia y no estén preocupados por este tema. Que tengan la posibilidad de resguardar sus ahorros, fruto de su trabajo”. 

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para que los empleados públicos del Gobierno nacional, entes descentralizados y empresas públicas, vuelvan a trabajar de manera presencial. El objetivo es volver a poner en funcionamiento pleno al Estado nacional, siempre teniendo en cuenta los protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud de la Nación.

“A siete meses del decreto que dio comienzo al ASPO, los empleados públicos deben volver a sus puestos de trabajo. Es importante restablecer todos los servicios y agilizar la resolución de las distintas cuestiones que hacen a la vida cotidiana de los argentinos”, explicó Adriana Cáceres, autora del proyecto.

“La vuelta que estamos proponiendo es escalonada y exceptúa a los trabajadores en riesgo. Hay que tener en cuenta que si el Estado sigue funcionando de forma parcial, una parte de la sociedad no puede acceder a sus derechos, eso no puede seguir pasando”, agregó la diputada.

El proyecto cuenta con las firmas de Lidia Ascarate, Hernán Berisso, Sofia Brambilla, Omar de Marchi, Soher El Sukaria, Jorge Enriquez, Alejandro García, Mercedes Joury, Silvia Lospennato, Victoria Morales Gorleri, Carla Piccolomini, Carmen Polledo, Estela Regidor, Adriana Ruarte, Héctor Stefani, Pablo Torello.

Desde el Congreso de la Nación, la oposición le reclamó al Gobierno que cancele y no dé altas de servicios de luz, internet y telefonía en todos aquellos inmuebles que se encuentren judicializados por usurpaciones, delitos contemplados en el artículo 181 del Código Penal Argentino. Se trata de un proyecto de declaración presentado por la diputada nacional de Juntos por el Cambio Adriana Cáceres, y cuyo organismo para arbitrarlo sería el Enacom.

“El problema de las usurpaciones no es nuevo en nuestro país”, comentó la legisladora pilarense, quien remarcó que lo que no puede admitirse “es que sigan existiendo estas acciones lamentables, que bien pueden volverse más graves cuando algunos de los factores potencialmente conflictivos de las situaciones existentes toman dimensiones más severas. Es en este sentido que resulta necesario generar una respuesta integral a este problema”.

Cáceres pidió al Estado que “refuerce”  sus políticas de acceso a la vivienda, sin dejar de lado la protección la propiedad privada que en muchos casos es el fruto de años de trabajo de las familias argentinas.

“Una usurpación trae graves perjuicios económicos a los propietarios en cuanto costos del litigio, impuestos y lucro cesante de la propiedad, por lo que aquellas herramientas que contribuyan a disuadir las tomas o que las mismas no persistan en el tiempo, serán muy beneficiosas para quienes buscan recuperar lo que les pertenece”, remarcó Cáceres.

Vale recordar que la legisladora de JxC fue la impulsora del proyecto presentado días atrás que propone aumentar las penas para quienes usurpen propiedades y terrenos, tanto públicos como privados. Se trata de una iniciativa que busca modificar la pena de prisión para el delito de usurpación, que pasaría de la actual escala punitiva, que va de seis meses a tres años, a una que contemple un mínimo de un año de cárcel y un máximo de seis.

Tras los casos en varios municipios del conurbano, diputados de Juntos por el Cambios presentaron un proyecto que propone aumentar las penas para quienes usurpen propiedades y terrenos, tanto públicos como privados. Se trata de una iniciativa que busca modificar a pena de prisión para el delito de usurpación pasaría de la actual escala punitiva, que va de seis meses a tres años, a una que contemple un mínimo de un año de cárcel y un máximo de seis.

La diputada nacional Adriana Cáceres, autora del proyecto y vecina de Pilar, explicó que “en pleno contexto de pandemia y cuarentena las fuerzas de seguridad tienen puesta la mirada en su cumplimiento, pero esto hace que muchos vecinos de la provincia se sientan solos ante este tipo de casos”. 

En este sentido, indicó que muchas veces la toma de tierras “trasciende la necesidad de un lugar para vivir y tiene un motivo económico, en el que aquellos que llevan adelante la usurpación comercializan los terrenos a personas vulnerables. el objetivo del proyecto es castigar a las mafias organizadas que llevan adelante las tomas para luego hacer negocios. Es por eso que planteamos el aumento en la pena y el cumplimento con prisión efectiva”. 

Días atrás se conoció un caso denunciado por vecinos de Mayling Club de Pilar, quienes advirtieron que desde marzo se multiplicaron las obras en un terreno lindero al club que había sido ocupado años atrás. También en el sur del conurbano, específicamente en Guernica, donde grupos de entre 40 y 50 personas tomaron terrenos privados detrás de Numancia y San Martín. “Tuvimos reuniones con vecinos que nos trasladaros esta preocupación. No solo los de los barrios cerrados. De ahí tomamos la iniciativa y buscamos la forma de aportar desde nuestro lugar en el congreso. Muchos tienen miedo de salir a hablar, por eso nosotros tratamos de ayudarlos desde nuestro lugar”, agregó Cáceres.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para que el Gobierno nacional disponga medidas de alivio para los transportistas escolares. Entre ellas la declaración de emergencia por parte del Ejecutivo, para poder facilitar las políticas de ayuda al sector. Además, se presentará un proyecto de declaración de preocupación en el sector en legislaturas provinciales y concejos deliberantes de todo el país. 

Desde el comienzo de la cuarentena, los diputados de Juntos por el Cambio vienen trabajando con los transportistas con la idea de “visibilizar la ausencia de soluciones por parte del estado al sector”, ya que se trata de un rubro que no ingresa en el IFE por su categoría de monotributo y tampoco tiene un status bancario para acceder a créditos blandos. 

“Creemos que la declaración de emergencia nacional del sector es el marco para la implementación de muchas medidas que no solo atenúen la emergencia actual, sino que ayuden a su reactivación, siempre dentro de un marco sanitario”, explicó la diputada, Adriana Cáceres. 

Y agregó que los transportistas “comenzaron la cuarentena apenas se decretó y va a ser uno de los últimos rubros en volver a trabajar. Son muchos meses y el panorama es muy difícil. Le pedimos al gobierno que observe la situación y diseñe algún tipo de asistencia para estas familias”.

En el marco de la crisis sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del Covid 19, y las consecuencias económicas que está generando, diputados de la oposición presentaron en el Congreso de la Nación una iniciativa que busca la implementación de un “Régimen de Promoción del Empleo Joven”. 

El objetivo de la iniciativa es fomentar la creación y preservación de puestos de trabajo registrado, en el marco de las políticas públicas nacionales destinadas a potenciar el desarrollo económico y social del país, y facilitar también el ingreso temprano de nuevas generaciones al sistema de relaciones laborales, como base de su formación y desarrollo. 

El proyecto abarca a los jóvenes de entre 18 a 29 años, que se encuentren desempleados o dentro del mercado informal de trabajo, y personas con discapacidad sin límite de edad; y los empleadores beneficiarios serían PyMEs o empresas cuya facturación se haya reducido un 30% durante la pandemia producida por el Covid. 

Además, la iniciativa apunta a implementar la exención de las contribuciones patronales por hasta 36 meses (Comprende SIPA, INSSJP, FNE y Asig. Familiares), promover un incentivo a la contratación de jóvenes igual al 50% del salario bruto por 12 meses y la abstención administrativa de la AFIP en cuanto la aplicación de multas por las nuevas relaciones laborales que se generen en el marco de este régimen. 

El proyecto de ley fue presentado por la diputada nacional de Juntos por el Cambio Adriana Cáceres con las adhesiones del jefe del bloque Pro, Cristián Ritondo, y sus pares Silvia Lospenatto, Martín Medina, Soher El Zukaria, Natalia Villa, Camila Crescimbeni, María Lujan Rey, Mercedes Joury, Ezequiel Fernández Langan, Ignacio Torres, Gabriel Frizza, Sofia Brambilla, José Núñez, Alberto Asseff, Ingrid Jetter, Omar De Marchi, Hernán Berisso, Alfredo Schiavoni, Adriana Ruarte, Jorge Ricardo Enríquez, Graciela Ocaña, Dina Rezinovsky y Virginia Cornejo. 

“Por el triste contexto que le toca atravesar al país por el Covid 19, serán determinantes las medidas que el Estado adopte con el fin de mitigar los posibles efectos económicos”, apuntó Cáceres.  

La idea central del proyecto es “promover la creación y preservación de puestos de trabajo”, a través de beneficios tales como la exención de las contribuciones patronales, la creación de un incentivo económico compensatorio igual al 50% del SMVM para las empresas que incorporen jóvenes, como así también la posibilidad para las empresas de ser eximidas de las multas correspondientes por la formalización de trabajadores, entre otros beneficios. 

Cáceres señaló también que en épocas de crisis “son los y las jóvenes los primeros en ser expulsados de los ámbitos laborales y son los últimos en reincorporarse cuando el ciclo económico comienza a ser positivo otra vez, por su bajo nivel de formación”. 

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio reclamaron al Gobierno que intervenga ante las compañías de celulares para que liberen los paquetes de datos para el uso libre de las plataformas educativas de los dominios “.edu” y la plataforma “educ.ar”, en el marco de la suspensión de clases en todo el territorio nacional por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio a raíz del Covid 19.

Se trata de una iniciativa presentada por la diputada, Adriana Cáceres, a la que adhirieron sus pares María Luján Rey, Mercedes Joury, Camila Crescimbeni, Hernán Berisso, Lidia Ascárate, Alicia Fregonese, y Dina Rezinovsky, y que apunta fundamentalmente a integrar a todos los alumnos al sistema educativo y que nadie quede excluido.

“Solicitamos a la Secretaría de Comercio Interior que arbitre los medios necesarios para que las compañías de telefonía celular liberen el uso de paquetes de datos”, expresó Cáceres, y sostuvo que el objetivo de esa medida es el de “promover el uso de este tipo de plataformas para mejorar la continuidad pedagógica de todos los niños, niñas y adolescentes escolarizados”, apuntó Cáceres.

Y en ese sentido, remarcó la importancia de trabajar en ese sentido para “reducir el impacto negativo que el aislamiento social y obligatorio pueda causar sobre el sistema educativo en su conjunto”.

En el marco de la pandemia, uno de los cambios más importantes que han sufrido las familias con niños, niñas y adolescentes es lo que respecta a la continuidad pedagógica. La modalidad de educación a distancia mediante el uso de plataformas educativas constituye un avance en los métodos de formación que cada vez es más utilizado, sobre todo en lo que respecta a la formación universitaria, pero en este contexto se ha generalizado especialmente en los sectores sociales más aventajados de la sociedad y en particular en la educación de gestión privada.

“Esta situación puede arrojar un incremento en las inequidades de las trayectorias educativas de aquellos niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, pudiendo causar retrasos, perdidas de año o incluso deserción escolar”, consideró la diputada de Juntos por el Cambio.

Vale recordar, que el propio ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, señaló días atrás que “no van a volver las clases con normalidad hasta que haya una vacuna contra el coronavirus”. Por ello, la cartera educativa dispuso la creación del programa “Seguimos Educando”, que consta de una serie de contenidos para todos los niveles y funciona mediante la plataforma virtual www.seguimoseducando.gob.ar.

“Esta situación pone en evidencia distintas falencias de tipo estructural que encuentran los niños, niñas y adolescentes al momento de intentar dar continuidad a su educación de manera digital”, declaró Cáceres.

Según datos recogidos en un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del año 2019, en Argentina hay 39,9 millones de teléfonos celulares de activos, lo que indica que 8 de cada 10 personas son dueñas de un teléfono inteligente.

Finalmente, la legisladora señaló que estos datos “indican que la mayoría de la población de la Argentina podría disponer de Internet en su casa a través de la telefonía móvil, posibilitando de esta manera acceder a las plataformas educativas previamente mencionadas o funcionando como modem para acceder a internet desde las Netbooks o PC”.

Diputadas nacionales del interbloque de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para que se incorpore la perspectiva de género en los comités de crisis conformados en la Nación y en las provincias para afrontar la pandemia del Covid-19.

En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno nacional creó un comité de crisis del cual participan los Ministerios de Producción, Salud, Seguridad e Interior. Pero las legisladoras advirtieron que se excluyó la participación del actual Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, “sabiendo que las mujeres son uno de los principales grupos perjudicados por la pandemia”.

Por esta razón, el proyecto apunta a “darle voz a las mujeres en la toma de decisiones en situaciones críticas, incorporando la perspectiva de género en el diseño, implementación y monitoreo de políticas adoptadas para afrontar de manera transversal estas crisis”.

Además, la propuesta de ley busca fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, en particular la violencia intrafamiliar y la violencia sexual en el contexto de confinamiento.

La iniciativa es impulsada por las diputadas Adriana Cáceres, Lidia Ascárate, Sofía Brambilla, Marcela Campagnoli, Carla Carrizo, Camila Crescimbeni, Ingrid Jetter, Mercedes Joury, Gabriela Lena, Silvia Lospennato, Josefina Mendoza, Claudia Najul, María Luján Rey y Natalia Villa.

“Desde que comenzaron las medidas de aislamiento preventivo, las denuncias de casos de violencia de género en los hogares aumentaron más del 30% y hubo más de 20 casos de femicidios”, declaró Adriana Cáceres (Pro), una de las firmantes.

En esa línea, remarcó que “al no incluir al Ministerio de las Mujeres en el comité de crisis, se olvidaron que la pandemia también nos afecta a todas”.

Por su parte, la radical Carla Carrizo coincidió en que “necesitamos que la igualdad entre varones y mujeres no sea un slogan en Argentina, con o sin pandemia, pero mucho más en esta emergencia. Para eso es clave que los comités de crisis que funcionan hoy en la Nación y en las provincias integren el Ministerio de la Mujer a nivel nacional y las direcciones del área en las provincias, no sólo para cumplir con los organismos internacionales que así lo establecen, sino para garantizar que las políticas de cuidado y protección les lleguen efectivamente a las protagonistas”.

Al comienzo de la sesión extraordinaria de este jueves juraron como diputadas Liliana Schwindt y Adriana Cáceres, quienes a comienzo de febrero fueron avaladas para asumir gracias a un fallo judicial.

La Cámara Nacional Electoral rechazó días atrás las apelaciones efectuadas por Marcelo “Oso” Díaz (GEN) y Marcelo del Sol (Pro).

La decisión determinó que los reemplazos se realicen por el corrimiento natural de la lista y no por aplicación de la Ley de Paridad, sancionada después de las elecciones de 2017.

De esta manera, ambas legisladoras, en representación de la provincia de Buenos Aires, tendrán mandato hasta 2021.

Schwindt, quien reemplazará a Felipe Solá -que renunció para asumir como canciller-, fue candidata en el quinto lugar en la lista del massismo de 2017.

En tanto, Cáceres, que ocupará el lugar que dejó Guillermo Montenegro al consagrarse intendente de Mar del Plata, había ocupado el 16° lugar en la lista de Cambiemos de 2017.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) falló este martes a favor de dos mujeres en reemplazo de dos hombres que renunciaron a sus bancas para ocupar otros cargos. Se trata del canciller Felipe Solá y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, quienes serán relevados en la Cámara de Diputados por Liliana Schwindt y Adriana Cáceres, respectivamente.

Dado que las dos autoridades del tribunal, Alberto Dalla Vía (presidente) y Santiago Corcuera (vicepresidente) tuvieron diferentes criterios, se convocó al juez Guillermo Antelo para terciar en el fallo, que inclinó la balanza a favor de las dos mujeres.

De esta manera, en sintonía con los casos ya resueltos, el reemplazo se realizará por corrimiento natural de la lista y no por aplicación de la Ley de Paridad, que fue sancionada después de las elecciones de 2017.

En el caso de Solá, en la lista presentada ese año por el frente 1País le seguían José Ignacio De Mendiguren, Liliana Schwindt, Jorge Sarghini y Marcelo “Oso” Díaz, en ese orden. Sarghini ya juró como diputado en reemplazo del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y Díaz reclamaba asumir, pero la CNE resolvió a favor de la dirigente de Olavarría.

Por su parte, Cáceres había ocupado el lugar número 16 de la lista de Cambiemos, seguida por Marcelo Osmar Del Sol, quien con el mismo argumento de Díaz pretendía suplantar a Montenegro.

“Fueron varios meses de lucha para defender la banca que por derecho me corresponde. Hoy la Justicia lo vuelve a ratificar. Voy a trabajar con mucha responsabilidad y compromiso por todas y todos los bonaerenses, sin olvidarme nunca de mis vecinas y vecinos de Pilar”, expresó Cáceres, secretaria general del Pro en ese distrito.

Cuando Cáceres y Schwindt asuman se completará la composición de la Cámara baja, que hoy está con 255 miembros. La primera integrará, por supuesto, el bloque Pro, mientras que la segunda irá al Frente de Todos, que mantendrá de esa forma 119 integrantes.

Ahora la CNE deberá resolver el reemplazo de Elisa Carrió, cuya renuncia se hará efectiva en marzo. Si el tribunal mantiene este criterio, asumiría un hombre, José Luis Patiño, quien integrará el Pro junto a Cáceres. Con esas dos incorporaciones, el bloque de Cristian Ritondo tendrá 52 diputados, y la Coalición Cívica perderá un escaño.