Fue en el marco de una reunión de comisión en la que un oficialista invocó el anuncio sobre proyectos que tengan costo fiscal hecho por el presidente el viernes, como si hubiera sido instrumentado ya por decreto.
Se reunió este martes la Comisión de Economía de la Cámara baja, que preside el pampeano Ariel Rauschenberger, para analizar una serie de proyectos que tuvieron dictamen a pesar de los reparos expuestos por el oficialismo y sus aliados. Y en cuyo marco se dio una curiosa discrepancia cuando un legislador de La Libertad Avanza objetó iniciativas argumentando que ya había sido publicado un decreto que las invalidaba, cuando en rigor eso no sucedió, y en todo caso se debería tratar de un proyecto de ley que debiera aprobar antes el Parlamento.
El planteo surgió cuando se trataba un proyecto que en realidad no ameritaba demasiadas objeciones entre oficialismo y oposición. Es de la diputada Vanina Lis Marín, y se trata de la re-presentación de una iniciativa ya presentada en 2022, que busca modificar la Ley 25.603. En ausencia de la diputada pampeana, expuso sobre la misma el titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien para poner en contexto contó que el origen de la misma debía buscarse en la Argentina de 2002, cuando gobernaba Eduardo Duhalde en medio de una gran crisis social, cuando no alcanzaba la comida, ni la ropa, ni nada de lo que necesitaban los sectores más humildes.
Fue entonces cuando un grupo de diputados radicales y peronistas presentaron un proyecto para darle destino a los rezagos de aduana. Desde ese momento la Secretaría General de la Presidencia fue la encargada de, a partir de esa normativa y otras resoluciones, llevar adelante la tarea de distribuir ese material, a través de organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. El proyecto presentado por Marín plantea que ese proceso pueda ser mejorado, garantizando lo que ya existe, pero también que “aquellas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales tengan un espacio de tiempo que no modifica sustancialmente el período de entrega de los bienes, pero que se haga de modo tal que pueda quedar claro quiénes son los que lo solicitan”, y aclaró que se haría una modificación al texto original para indicar hacia quién va esa ayuda, los destinatarios finales de la misma.
Aclaró que la iniciativa “no le quita la potestad a la Secretaría de la Presidencia para realizar la distribución final, sino que busca transparentar el sistema”. En ese sentido Martínez señaló que se le busca darle a las organizaciones un marco de difusión y transparencia, pero después queda en manos de la Secretaría General de la Presidencia la decisión final para decir hacia dónde va todo. Aclaró también el presidente del bloque UP que el proyecto tiene giro a Legislación General y recordó que se trata de un proyecto que vienen planteando desde que el peronismo estaba en el Gobierno, así que “bajo ninguna perspectiva obedece a ninguna coyuntura política. Es un sistema que funcionó y que es mejorable”.
Tras plantear la modificación en el artículo 3° modificando el 8 bis de la Ley 25.063, indicando que los organismos tienen que especificar los destinatarios finales de los bienes a ser distribuidos, Rauschenberger aclaró que el proyecto no tiene costo fiscal y su objetivo es “transparentar el tema y darle más operatividad”. Pero antes de que pasara a la firma, el diputado del Pro Martín Ardohain planteó que si había modificaciones correspondía que se juntaran los equipos económicos para analizarlas. Aclaró que le parecía una propuesta interesante, pero que resultaba “apresurado tratarlo ahora, y más si tiene modificaciones. Entonces propongo que vaya a asesores y después juntarnos para dictaminar”.
Germán Martínez le respondió que se trataba de “un proyecto sumamente sencillo” al que solo estaban transparentando, e indicó que la modificación era un pequeño cambio en una oración, tras lo cual el diputado de La Libertad Avanza Carlos Zapata coincidió con su par del Pro en que “lo mejor, para estar tranquilos, lo analicen los asesores y en la próxima dictaminemos sin problemas”.
En el mismo sentido se pronunció el diputado salteño Julio Moreno Ovalle, pero fue más allá al objetar otros proyectos que figuraban en el temario como uno que ya venía con dictamen de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas al que no había tenido acceso, como así también otro para crear una Comisión de Acuerdos del Sistema Tributario y Aduanero Nacional, que “va a tener algún tipo de gastos que van a modificar el déficit fiscal. Y les quiero recordar a los señores diputados que ayer se publicó en el Boletín Oficial un decreto que de alguna manera le daba algún tipo de sanción a los diputados y senadores que sancionen temas que comprometan el déficit fiscal”.
“¿Qué decreto? -replicó Germán Martínez-. ¿Ayer? A no ser que usted tenga más información… Consultemos al Boletín Oficial, che”, pidió, tras lo cual advirtió: “No hay nada publicado en el Boletín Oficial… Aparte, no podría haber ningún decreto que limite el accionar del Congreso, por el artículo 85 de la Constitución. No hay ningún decreto publicado por nada…”.
El santafesino aclaró que solo había habido una cadena nacional del presidente, y con ironía deslizó: “Que haya habido una cadena nacional un viernes, mejoró… Porque la última vez nos metió a todos en la estafa #LIBRA”, dijo al recordar la intervención de Javier Milei en las redes sociales un viernes del mes de febrero. Y enfatizó: “No hay ningún acto administrativo ni jurídico que materialice lo que dijo (el presidente). Y si fuera secretario de Legal y Técnica, jamás le recomendaría que emita un decreto que limite las facultades del Poder Legislativo, que son facultades constitucionales”.
Finalmente volvió a intervenir el diputado Zapata, que admitió que la oposición tendría mayoría para dictaminar, y pidió 48 horas para analizar el proyecto y presentar LLA un dictamen en disidencia. Rauschenberger consideró que era demasiado tiempo para un proyecto tan sencillo y contra ofertó 24 horas, a lo que Martínez se mostró de acuerdo, aunque le recordó que “el trámite parlamentario no termina en esta comisión, sino en Legislación General, que presiden ustedes”. “Yo no soy dependiente de Legislación General, quiero expresarme a través de esta comisión”, repuso Zapata, a lo que Rauschenberger aceptó: “Tómense el plazo que necesitan, hasta 48 horas”, mientras pasaba a la firma un dictamen que sería de mayoría.
Los otros temas
Sobre los otros proyectos pendientes, se anunció que la diputada del Pro Nancy Ballejos retiraba el suyo para pedirle al Ejecutivo derogar la resolución general 1023/24 de la Comisión Nacional de Valores que autoriza a menores de edad, entre 13 y 16 años, a operar en el mercado de capitales; en tanto que la diputada Mónica Fein pedía que al no haber podido asistir para defender su proyecto para crear una Comisión de Acuerdos del Sistema Tributario y Aduanero Nacional, ese debate quedara para una próxima reunión.
En cambio sí pasó a la firma otro proyecto suyo, un pedido de informes ya citado, referido a las PyMEs. Lo defendió el diputado de UP Carlos Castagneto, que consideró importante, “porque se habla mucho del equilibrio fiscal, pero a las importaciones le sacaron los aranceles, cerró la Secretaría de PyMEs, cerraron 11 mil PyMEs y se perdieron más de 200 mil puestos de trabajo registrados”.
Moreno Ovalle reiteró que ellos no habían tenido acceso al dictamen de la Comisión PyMEs, pero Rauschenberger desechó postergar la firma del dictamen ante la “gravedad del tema”. Recordó que el proyecto original remitía dirigirse al secretario del sector que ya renunció y cuya secretaría desapareció. “No es una cuestión profunda que amerite un examen más exhaustivo”, observó anunciando que pasaban a la firma.
Por último se pusieron a consideración dos proyectos presentados por las diputadas de UP Micaela Morán y Blanca Osuna, para rechazar la resolución 1023/24 de la CNV que habilita a mayors de 13 años a realizar inversiones en el mercado de capitales. El mismo proyecto que la diputada del Pro Nancy Ballejos había pedido retirar.
La diputada Morán explicó que el tema había sido trabajado por varios diputados y recordó que hasta el momento los jóvenes podían invertir en fondos comunes de inversión, o billeteras virtuales, pero esta resolución trae “nuevos riesgos”, al tomar como tales “instrumentos más sofisticados”, como inversiones en el extranjero. En ese sentido advirtió que “se requiere tener herramientas de educación financiera para evitar muchas de las cosas como la estafa #LIBRA, por ejemplo, donde muchos menores fueron víctimas”.
Consideró que los menores no están preparados para usar esas herramientas, por lo cual pidió contar antes con la educación pertinente, admitiendo que tampoco los mayores están en gran medida habilitados para aconsejar sobre esos temas a los menores. “Esta nueva ‘libertad’ que les están dando a los menores puede llevarlos a decisiones que no tengan el debido asesoramiento”, alertó, remarcando además que “se da en el medio de una creciente adicción no solamente de los menores, que están ingresando a los sitios de apuestas ilegales, y esta resolución abre una p uerta a una nueva tribuna financiera que puede arrastrar a nuestros jóvenes a meterse en un ambiente que no es propicio para eso, sino también a prácticas que muchas veces son ilegales”.
El diputado Carlos Zapata relativizó esas prevenciones, asegurando que “no nos causa preocupación que una persona pueda estar autorizada a operar en el mercado de capitales. Depende de la actitud; el mercado de capitales no puede tomarse como algo vinculado a la ludopatía, sino con la inversión inteligente y el rédito esperado. De ninguna manera acompaño esta preocupación: repudio el rechazo”.
Aliado también de La Libertad Avanza, el diputado radical mendocino Lisandro Nieri dijo entender los riesgos planteados, pero pidió ponerlo en otros términos. “Si un menor, por una indemnización, o un trabajo, tiene fondos y no puede acceder a un menú de herramientas para preservarlos”, tiene el riesgo de perderlos. Valoró el papel de los mercados de valores, y observó que por ejemplo no podrían preservar el valor de su patrimonio sin poder acceder por ejemplo a la compra de un dólar MEP. “El permitirle al menor que pueda operar en el mercado de capitales es una buena alternativa para el menor”, dijo, cuestionando privarlo de tal posibilidad.
Como sea, los dos proyectos se unificaron y pasaron a la firma.
El senador fueguino se hizo eco del escándalo en ciernes en torno a lo supuestamente ocurrido en la Aduana y reclamó al Gobierno que aclare quién dio la orden de liberar ese vuelo procedente de Miami y por qué no fue controlado aquí como sí controlaron en Estados Unidos antes del despegue.
“¿Quién decide a quién se controla y a quién no? El doble estándar de siempre, ahora con sello libertario”, cuestionó el senador Pablo Daniel Blanco (UCR - Tierra del Fuego) al exigir explicaciones sobre el arribo a la Argentina de un avión privado procedente de Miami, cuya pasajera, Laura Belén Arrieta, no habría sido sometida a los controles de rutina, a pesar de ingresar al país con más de 15 valijas, según trascendió.
El legislador presentó un pedido de informes en el Senado para que el Poder Ejecutivo aclare por qué la Aduana y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) no realizaron los controles adecuados sobre Arrieta, en un vuelo privado Bombardier Global 5000 (matrícula N18RU), que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el 25 de febrero y permaneció en el país hasta el 5 de marzo.
“Si el Gobierno predica la transparencia, que empiece por aclarar quién dio la orden de liberar este vuelo y por qué Argentina no controló lo que sí controlaron las autoridades de EE.UU. antes del despegue”, señaló Blanco.
Además, trascendió que existieron valijas precintadas que habrían permanecido durante ocho días en la aeronave guardada en un hangar, hasta que el avión finalmente partió hacia Francia el 5 de marzo, con una escala en Tenerife. Ante este hecho, el senador exigió respuestas claras: “Si no eran de Arrieta, ¿de quién eran? ¿Por qué no se controlaron? ¿Alguien las retiró en esos días? Todo esto debe ser aclarado con urgencia”.
Más allá del escándalo en sí, para el senador fueguino lo que agrava aún más la situación es la actitud del Gobierno, que descarta cualquier sospecha y califica el hecho como una simple operación política, como “puro humo”. “Aún si así fuera, las explicaciones son debidas y las pruebas imprescindibles. De lo contrario, queda abierta la puerta a las sospechas de privilegios, abuso de autoridad, peligro para la seguridad nacional, tráfico de estupefacientes y lavado de activos”, advirtió Blanco.
El pedido de informes tiene como objetivo aclarar varios puntos relacionados con el vuelo de la pasajera Laura Belén Arrieta y los procedimientos de control en aeropuertos. Se busca determinar quién ordenó que Arrieta no fuera sometida a controles, cómo se llevan a cabo los operativos de fiscalización, y si se necesita autorización para cada vuelo.
Además, se indaga sobre la autoridad competente en la decisión de los vuelos a controlar, la situación del equipaje de Arrieta, y si el vuelo fue verificado por las autoridades pertinentes. Se pregunta también sobre el estado de los equipajes precintados, a quién pertenecen, y si fueron descargados en las fechas correspondientes.
Finalmente, se cuestiona la posibilidad de despachar equipaje sin un pasajero responsable, por qué no se siguieron los mismos procedimientos en Argentina que en Estados Unidos, y si hay un sumario interno en función de posibles infracciones. Se busca entender también el “procedimiento habitual” según las normativas aeronáuticas.
“No sólo es escandalosamente inadmisible la desigualdad en el trato, sino que la respuesta del Gobierno la vuelve aún más grave. No alcanza con la Ley Antimafia si el control aduanero es discrecional y se decide a quién revisar y a quién dejar pasar. La seguridad y la igualdad ante la ley no pueden ser opcionales”, concluyó Blanco.
Los datos fueron aportados por los titulares de la AFIP y la Aduana ante la Comisión de Presupuesto. Recopilaron además 4.4995 cautelares con valores originales de mil millones de dólares.
Pasadas las 21 de este miércoles, la extensa jornada de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja entró en su parte final, decidiéndose que las exposiciones de los últimos dos funcionarios se hiciera de manera conjunta, sobre todo teniendo en cuenta que AFIP y Aduana son dependencias afines. Así, Carlos Castagneto y Guillermo Michel, titulares de esos organismos, respectivamente, expusieron juntos y luego los diputados formularon las preguntas.
Arrancó el exdiputado nacional Castagneto, quien planteó la importancia del sistema tributario para promover las políticas públicas. “La AFIP se encuentra ante un gran desafío: asegurar un desempeño recaudatorio que contribuya a cumplir con la reducción del déficit fiscal”.
El funcionario planteó estimaciones de recaudación que prevén un crecimiento del 78,8% en términos nominales, 35 billones de pesos, con una presión tributaria que se mantiene estable. “Hoy estamos en el 23,95%, pensando en una estimación para el año que viene en el 23,77%”, señaló y agregó que “los tributos que aumentarán levemente son aportes y contribuciones, ya que se prevé un aumento en los puestos de trabajo formales, y un aumento en la masa salarial en las distintas paritarias que se están trabajando, como así también una ascendente registración laboral a partir de la salida de la pandemia”.
Destacó que esa mayor recaudación se logrará a partir de la reducción de la evasión; en el impuesto a combustibles al corregir el atraso de las sumas fijas, con estimación de mayores litros vendidos. También con créditos y débitos por el aumento de las transacciones grabadas.
Asimismo se espera un aumento de la recaudación del impuesto a las ganancias.
Castagneto agregó que “aportes y contribuciones de la seguridad social”, se estima que se incrementarán en 2023 por la mejora en niveles de empleo y acciones que lleva adelante la AFIP.
El titular de ese organismo habló en un pasaje sobre la omisión detectada de personal laboral. Con el pago de la ATP, contó que vieron que los aportes que hacían los empleadores no coincidían con las declaraciones que hacían en el libro de sueldo manual. “Por eso es tan importante el libro de sueldo digital; cuando ponemos el libro de sueldo digital no se puede omitir”, expresó.
En ese sentido señaló que muchas veces quien se jubila después de 30 años de aportes, los mismos no coinciden con los aportes declarados por los empleadores. Por eso se está tratando de incorporar esos datos en la aplicación Mi Argentina, de modo tal que allí puedan estar los últimos 30 años de aportes y uno no tenga que hacer trámites engorrosos cuando llega el momento de jubilarse. “Cosa que pueda verlo ahí y sea de mucha agilidad para iniciar su jubilación”, planteó Castagneto.
Al referirse a las irregularidades detectadas con fondos en el exterior, destacó el intercambio que se hace con otros países. “Pasamos de 38 países en 2016 a más de 100 en 2022. Esto es más y mejor información de argentinos que ocultan los bienes que poseen en el exterior”, advirtió Castagneto, que contó que “firmamos acuerdos con más de 119 países. El acuerdo nos va a permitir conocer en detalle las cuentas de argentinos en Estados Unidos. Estimamos como mínimo 100 mil millones de dólares sin declarar, entre cuentas financieras y propiedades”.
A continuación, el titular de Aduana, Guillermo Michel, habló sobre los casos de sobre y subfacturación en los que está trabajando ese organismo. Ya había adelantado algo Castagneto sobre la detección de operaciones de subfacturación, y en ese sentido mencionó las 28.000 operaciones de cerca de 715 empresas por 650 millones de dólares, “donde hemos detectado sobrefacturación en mercaderías tan disímiles que van desde máquinas de minar cripto, hasta guantes de látex, barbijos, bienes de capital, bienes de uso… o casos burdos, como chatarra, o plaquetas quemadas de video cuyo valor real era irrisorio, de 20 mil dólares, porque era basura, y se lo trató de girar a un millón y medio de dólares al exterior”.
“Más allá de la denuncia de la Argentina en sede penal, se pone a consideración del GAFI esa información, para la justicia norteamericana, para que avance sobre los accionistas en Estados Unidos. Porque la mayoría de las sociedades que se utilizan para triangular ese tipo de operaciones están ahí, que es uno de los pocos países con los cuales Argentina no tiene un intercambio de información masivo”, comentó Michel, que destacó la detección y denuncia también de operaciones de subfacturación de exportaciones cerealeras y oleaginosas.
“Pero también minerales”, comentó el titular de Aduana como hecho “novedoso para Argentina”. Citó el caso del litio. “Hemos aplicado una multa de más de 7 mil millones de pesos a una empresa que subfacturó la exportación de litio a su casa matriz del exterior”, comentó.
Michel agregó que “estamos reforzando el análisis de empresas que se crean para exportar, sobre todo productos derivados del agro, cerealeras, oleaginosas, y no liquidan las divisas. ¿Por qué lo hacemos? Porque evitan ingresarlas al país y liquidarlas al tipo de cambio oficial, y las traen por afuera del circuito y las liquidan en cripto o al valor del contado con liquidación. Hemos presentado varias denuncias”.
Se refirió también al caso de las cautelares que han presentado empresas y en las que esta administración pone especial interés. “En la Aduana tenemos recopiladas 4.495 cautelares con valores originales de mil millones de dólares”, advirtió el funcionario, que destacó que están haciendo un trabajo que requiere un análisis “paso a paso”.
Al respecto precisó que “hemos destacado en la mayoría de las cautelares que el elemento sustancial, que es el peligro de la demora que habilita al juez a otorgar la cautelar, no se verifica, porque toda la mercadería que se pidió importar vía cautelar está en stock desde hace un año o dos”.
Puso el caso de una empresa textil que había obtenido una cautelar por 128 millones de dólares, tras lo cual la empresa desistió de la cautelar. Detectaron también empresas que habían obtenido cautelares para importar neumáticos por 70 millones de dólares, que también desistieron.
“No ponemos en tela de juicio el accionar judicial -aclaró-. En todos los expedientes nos presentamos argumentando que hubo una estafa procesal por parte de las personas que accionan con la cautelar, que han engañado al juez, y que solicitamos que se revea la situación”.
A la hora de las preguntas, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López preguntó si dado que la mayoría de las cautelares se presentan siempre ante los mismos juzgados, pensaban denunciar a esos jueces, pero Michel insistió en que “entendemos que hubo casos de estafa procesal, que el juez fue engañado”, pero se mostró dispuesto a aportar ante los legisladores datos por juzgado y secretarías. “Si están de acuerdo, los vamos a aportar”, cerró.
Y pasadas las 22, se dio por concluida la extensa jornada de exposiciones.
La vicepresidenta tuiteó una noticia que describe cómo ciertas firmas se "cedían" autorizaciones para poder importar y liberar dólares del Banco Central.
La vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó este lunes contra la Justicia y el empresariado a raíz de un modus operandi descubierto por la Aduana, a través del cual ciertas firmas se "cedieron" autorizaciones judiciales para poder importar y liberar dólares del Banco Central.
"Alquiler de cautelares? O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, además las alquilan? Esa sí que no la tenía", escribió en su Twitter la titular del Senado y compartió una nota al respecto publicada por el diario Ámbito.
Allí se describe que los casos eran frecuentes y que entre distintas firmas utilizaban la misma “SIMI”, como se denomina la autorización ante la AFIP para acceder al sistema integral de monitoreo de importaciones, burlando así a las autoridades.
En su mensaje, la expresidenta advirtió que "con este funcionamiento judicial y empresario, Argentina se vuelve casi una misión imposible".