Inquietud de una senadora por el próximo cierre de la Unidad Turística Chapadmalal, que para ella posibilitaba políticas inclusivas que benefician a jóvenes y adultos mayores.
La noticia del inminente cierre de la Unidad Turística Chapadmalal produce una profunda tristeza y deja en evidencia esa constante intención de algunos gobiernos nacionales de descontinuar políticas de Estado que llenan de felicidad a los argentinos y argentinas del interior profundo de nuestra patria.
El turismo social permitió que más de cinco mil jóvenes y adultos mayores de los barrios más humildes de Bariloche y de nuestra querida Línea Sur pudieran por primera vez conocer el mar y sentir esa sensación de poder viajar entre amigos y compañeros de escuelas y centros de jubilados.
Por más de 14 años pude gestionar estos viajes, en el 2010, pudieron viajar 590 chicos y eso fue solo el inicio, en el 2013 viajaron más de 35 establecimientos, con un número de más de 4500 alumnos, que pudieron acceder a estas enriquecedoras experiencias y todos los años siguientes pudimos gestionar para que ellos cumplieran ese sueño.
Con el peronismo nació para los más humildes la posibilidad de conocer las playas u otros lugares turísticos, las vacaciones pagas pasaron a ser un derecho, incluidas en la incipiente legislación laboral, que comenzaba a tomar forma en el derecho argentino. Las políticas inclusivas eran una realidad.
Los primeros antecedentes de turismo social en el país se iniciaron en 1930, cuando organizaciones cristianas y laicas, empresas ferroviarias y sindicatos comenzaron a reproducir las iniciativas que se estaban desarrollado en Europa.
El Primer Peronismo extiende estas acciones al conjunto del territorio nacional a partir de un sistema estatal de colonias de vacaciones, que incluyó las unidades de Embalse (Córdoba) y Chapadmalal (Mar del Plata). Ambas se convirtieron en los principales complejos destinados a las vacaciones de los sectores más humildes.
Nuestra terminal de San Carlos de Bariloche como tantas otras a lo largo y ancho del país, fueron testigo fieles de miles y miles de personas que salieron hacia esos rumbos con la ilusión y la alegría de conocer en muchos casos por primera vez el mar, como lo manifestaron abuelos y jóvenes sentados en los micros de larga distancia en los que la felicidad se veía reflejada en esos rostros. Una caravana de expectativas y sueños iban pasando por ciudades y pueblos para llegar a ese destino, el mar argentino, tantas veces conocido y visitado por tantos y tan lejano para muchos otros.
Hoy con la poca visión y la clara intención de ajustar sobre los que menos tienen también se va por lo logrado en otros tiempos, y se deja con una simple firma de un decreto de necesidad y urgencia sin esa posibilidad no solamente de poder viajar sino de conocer más las riquezas de nuestro suelo argentino.
Una decisión que me llena de tristeza.
Se trata de una iniciativa de Magdalena Tiesso (FdT), quien planteó la necesidad de que el distrito cuente con un organismo que “centralice el diseño de políticas destinadas a promover y proteger los derechos” de la tercera edad.
Tiempo después de que la Legislatura de la Ciudad aprobara una reforma al Régimen Legal de Instituciones Geriátricas con la intención de adecuar y mejorar la realidad de esas instituciones, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Magdalena Tiesso volvió a insistir en la necesidad de que el distrito capitalino cuente con un Observatorio de Personas Mayores.
En ese sentido, la diputada planteó que “la CABA tiene la tasa de envejecimiento más alta del país. Hoy la población mayor de 60 años de la Ciudad alcanza el 21%” y se preguntó: “¿nuestra Ciudad está preparada para atender sus demandas? Muchas veces escuchamos que las personas mayores ‘ya no valen’ porque son un gasto, porque ya no aportan y son descartadas por una sociedad que privilegia la productividad sobre los Derechos Humanos”.
Sobre esa misma línea, Tiesso remarcó que “los nuevos enfoques promueven a la vejez como una etapa activa y productiva de la vida y la mejor forma para construir una Ciudad inclusiva es darle un marco institucional a estos nuevos enfoques que nos permitan formarnos en la diversidad de las vejeces”.
“Por eso proponemos la creación de un Observatorio de Personas Mayores que centralice el diseño de políticas destinadas a promover y proteger los derechos de las personas mayores. ¿Cómo pensamos hacerlo? Simple, con ellos. Por eso es que el proyecto propone que el 50% de la planta del Observatorio esté conformada por personas mayores de 60 años”, añadió y concluyó pidiendo: “construyamos una Ciudad justa, integradora e inclusiva”.
Lee más en: “La necesidad de un Observatorio de personas mayores”
La Legislatura porteña sancionó por unanimidad una iniciativa que habilita el ingreso y permanencia de sus animales de compañía dentro de la institución en la que se encuentran alojados.
Con la intención de favorecer la calidad de vida de los adultos mayores, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó por unanimidad una iniciativa que establece un nuevo Régimen legal de instituciones geriátricas, a fin de que los ancianos puedan recibir la visita de sus mascotas.
La iniciativa, en rigor, fue presentada por el bloque del oficialismo de Vamos Juntos y contempla una serie de cambios al actual régimen de instituciones geriátricas, entre las cuales se incorporó la propuesta del legislador del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés y del Sindicato de Trabajadores Caninos.
De acuerdo a la iniciativa recientemente sancionada, en aquellas residencias en que fuera posible, siempre que haya acuerdo de las personas mayores alojadas lúcidas o de sus representantes en el caso de las personas con patologías cognitivas, espacio físico al aire libre suficiente de acuerdo a las dimensiones del establecimiento y a la cantidad de alojados y un recinto apartado para el animal, se podrá adoptar una mascota.
Asimismo, aquellas personas mayores que tuvieran una mascota con anterioridad a su ingreso, podrán recibir su visita en los días y horarios que sean acordados con el establecimiento, siempre que cuenten con un certificado veterinario.
Contemplando el ingreso de las mascotas a las instituciones, el texto también establece que en aquellos que sea posible se incluyan Intervenciones Terapéuticas Asistidas con animales.
El debate en el recinto
La primera en tomar la palabra fue la presidenta de la Comisión de Salud, Ana María Bou Pérez (VJ), quien explicó que “hay algunas modificaciones sobre la legislación vigente, en respuesta a los pedidos de ese sector de la población. Se permitirá, siempre que haya consenso de parte de los adultos mayores lucidos o de los familiares de los adultos mayores con dificultades congnitivas, la adopción de una mascota y el ingreso de las mascotas, en días determinados, de los internos. También se podrá avanzar con las terapias que incluyan animales”.
“Es un placer trabajar con las legislaciones que tienden al cuidado de nuestros vecinos, esto empezó con la pandemia y lo positivo que nos dejó esa etapa fue que acercó al Ejecutivo y los geriátricos, entonces pudimos empezar a pensar en estos cambios. La Ley fue distribuida, trabajada y modificada en muchísimos artículos, todos los diputados aportaron para que esta ley llegue al recinto”, continuó.
En tanto la presidenta de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social y diputada del Frente de Todos (FdT), Laura Velasco, planteó: “después de reunirnos con las asociaciones de geriátricos y consultar a trabajadores del sector avanzamos en un proyecto de consenso entre distintos bloques legislativos que actualiza la ley vigente y la mejora en beneficio de la calidad de vida de las personas mayores incorporando una propuesta innovadora que es la inclusión de mascotas y de intervenciones terapéuticas asistidas con animales donde hubiera condiciones edilicias y acuerdo de las personas residentes”.
Mientras que Juan Manuel Valdés (FdT) aseguró que es una “alegría que se haya aprobado la modificación que planteamos para la ley de geriátricos de la Ciudad, que da mayor calidad de vida a sus residentes. Estar en contacto con sus mascotas o animales especialmente entrenados para la asistencia mejora su estado anímico, potencia sus capacidades sociales y colabora con la disminución de los niveles de ansiedad. La experiencia internacional ha demostrado que este tipo de terapias y actividades brinda beneficios integrales a la población que vive en residencias geriátricas”.
La Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social y la de Salud evaluaron una iniciativa que busca permitir el acceso y permanencia de animales domésticos a las casas de adultos mayores.
En el marco de un plenario de las comisiones de Políticas de Promoción e Integración Social, presidida por Laura Velasco (FdT), y la de Salud, a cargo de Ana María Bou Pérez (VJ), analizaron una iniciativa del diputado Juan Manuel Valdés (FdT) para introducir una serie de modificaciones a la Ley 5670, a fin de favorecer el acceso y permanencia de mascotas en los geriátricos.
El proyecto legislativo busca incorporar e integrar a la vida cotidiana de los establecimientos para personas mayores a los perros, permitiendo que los adultos puedan recibir visitas o estar acompañados por su mascota. Además, ofrece a través de las terapias asistidas con animales, un momento beneficioso para los residentes, que mejora el ánimo y la salud de los adultos mayores.
Según el “Informe módulo de Tenencia responsable y sanidad de perros y gatos” realizado por la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad en 2018, en CABA hay 16 perros y 10 gatos cada 100 personas. Por otra parte, según la Encuesta Nacional de Hogares del año 2021, la cantidad de adultos mayores de 60 años en la Ciudad representa un 21% de la población porteña total.
Además, el proyecto de modificación presentado prevé un perfeccionamiento en la formación del personal que trabaja en las residencias geriátricas porteñas. Todo el personal deberá contar con capacitación en Gerontología a través de cursos que abarquen las diferentes particularidades de esta franja etaria, y deben contar con reconocimiento oficial. En el caso de los profesionales adiestradores deberán contar, además, con la acreditación de la correspondiente capacitación en Zoogeriatría, brindada por instituciones de trabajadores caninos representativas del sector.
Respecto de la iniciativa, Valdés afirmó que “ha quedado demostrado en la experiencia internacional que este tipo de terapias y actividades brinda beneficios integrales a la población que vive en residencias geriátricas” y consideró que “estar en contacto con sus mascotas o animales especialmente entrenados para la asistencia les mejora su calidad de vida y estado anímico, potencia sus capacidades sociales y colabora con la disminución de los niveles de ansiedad”.
“Los establecimientos para adultos mayores se transforman en una herramienta que hace posibles los deseos de envejecer siendo cuidados, asistidos y respetando los lazos sociales establecidos. Sabemos que el sentimiento de soledad es muchas veces uno de los peores males que vivimos en nuestro tiempo, sobre todo después de la pandemia, por eso debemos impulsar políticas que fomenten el acompañamiento y los cuidados adecuados para las personas que lo necesitan”, concluyó.
Se trata de dos propuestas del Frente de Todos (FdT), a través de las cuales buscarán darle asistencia a ese grupo poblacional; además de monitorear permanentemente las políticas públicas destinadas a los mismos.
Después de haber pedido la gratuidad del servicio de subterráneos para los adultos mayores, los legisladores del Frente de Todos (FdT) impulsaron otras iniciativas tendientes a mejorar la calidad de vida de ese grupo poblacional: por un lado, la creación de una línea telefónica para que puedan recibir asesoramiento; y por el otro, un observatorio que pueda monitorear todas las políticas públicas destinadas a la ancianidad.
Respecto al primero de los proyectos, los diputados pidieron crear una línea telefónica gratuita a través de la cual los adultos mayores puedan recibir escucha, contención y asesoramiento, que sea de fácil acceso y esté atendida por personal profesional especializado. La misma estará destinada a todas las personas de más de 60 años, sus cuidadores o acompañantes.
Según sostiene el texto, la misma deberá ser atendida por operadores con conocimientos sobre los derechos de las personas mayores y sobre la legislación vigente, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. Además contará con un plantel profesional de psicólogos, abogados, trabajadores sociales, entre otros.
De esta forma los adultos mayores podrán recibir orientación ante casos de violencia, abuso y maltrato; asesoramiento y derivación sobre programas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destinados a personas mayores, sus requisitos y modos de inscripción; asesoramiento sobre la cobertura estatal de salud, sus prestaciones, establecimientos y modos de gestionar turnos; orientación sobre trámites en general; entre otros puntos.
Por otro lado, desde el FdT pidieron avanzar con la creación de un “Observatorio de Personas Mayores”, el cual tendrá por objeto desarrollar un sistema permanente y actualizado de información, para el diseño, monitoreo, implementación y auditoría de políticas públicas destinadas a promover la calidad de vida, la protección de los derechos, y la dignidad de las personas mayores.
De acuerdo al texto recientemente presentado, el mencionado observatorio tendrá entre sus principales funciones: “recolectar, registrar y examinar información de forma periódica y sistemática sobre las necesidades de las personas mayores, y en torno a los programas y servicios locales y nacionales existentes, a fin de evaluarlos, mejorarlos y proponer nuevas políticas públicas”; “promover un espacio de producción de conocimiento, de debate y de análisis de las políticas públicas en relación a las personas mayores, orientadas a comprender, asistir, y formar en la diversidad de las vejeces”; “crear un registro centralizado de denuncias sobre maltrato y violencia hacia personas mayores, con el fin de identificar la evolución, prevalencia, modalidades y distinguir los diferentes tipos; como así también, promover estudios e investigaciones que permitan entender sus causas y consecuencias”; entre otros puntos.
El Observatorio tendrá un directorio con un período de ejercicio de cuatro años, que estará conformado por once miembros: dos representantes de la Legislatura porteña; uno de la Defensoría del Pueblo; tres representantes de federaciones, confederaciones, organizaciones no gubernamentales, y/o asociaciones civiles que desarrollen acciones vinculadas a la protección de los derechos de los adultos mayores; tres representantes de Centros de Jubilados y Pensionados; y dos profesionales con acreditada trayectoria en gerontología y geriatría.
Las iniciativas llevan las firmas de Berenice Iañez, Juan Pablo Modarelli, María Magdalena Tiesso, Laura Velasco, Javier Andrade, Maia Daer, Claudio Ferreño, Claudio Morresi, Juan Pablo O’Dezaille y Franco Vitali (FdT).
Se trata de una propuesta del Frente de Todos (FdT) que busca garantizar el acceso gratuito a la red de subterráneos para personas mayores de 60 años.
Con la intención de fomentar el uso del transporte público, los legisladores del Frente de Todos (FdT) impulsaron un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que busca garantizar la gratuidad del transporte subterráneo para las personas mayores de 60 años de menores ingresos, sin límite horario.
Según establece la iniciativa recientemente presentada, serán beneficiarias de la misma todos los adultos mayores cuyos ingresos mensuales no superen el valor de dos haberes mínimos jubilatorios fijados por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Además tendrán que gestionar el pase correspondiente en todas las estaciones de subterráneos, en todas las sedes comunales y en los lugares, días y horarios que disponga la autoridad de aplicación.
Para acceder al mencionado pase, las personas mayores deberán presentar su DNI; su último recibo de haberes o la certificación negativa de ANSES, en caso de que no trabajen en relación de dependencia o no accedan a jubilación o pensión. Mientras que en el caso de las personas monotributistas, deberán presentar la constancia de inscripción en el monotributo.
El pase deberá materializarse en forma de tarjeta magnética, similar al de la SUBE, y tendrá validez vitalicia, por lo que sólo deberá ser renovado en caso de extravío.
La iniciativa en cuestión fue impulsada por Berenice Iañez, Javier Andrade, Matías Barroetaveña, María Bielli, Claudio Ferreño, Juan Pablo Modarelli, María Magdalena Tiesso y Juan Manuel Valdés (FdT), quienes en los fundamentos de la misma explicaron que “el monto mínimo para las jubilaciones, dispuesto por la Anses a partir de septiembre de 2022, es de 50.353 pesos mensuales. Esto significa que con estos nuevos valores jubilatorios el subte será gratuito sólo para jubilados que cobren hasta 58.685 pesos mensuales. En tanto, el monto fijado para las jubilaciones de hasta dos haberes mínimos será desde septiembre de 90.705 pesos mensuales”.
“Según los datos del último informe de líneas de pobreza y canastas de consumo publicado por la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires en julio de 2022, la canasta básica total para un hogar tipo 2 compuesto por una pareja de adultos mayores, mujer y varón, ambos económicamente inactivos, propietarios de la vivienda es de 51.313 pesos. Es importante señalar que esta canasta no incluye gastos de alquiler, ya que el hogar tipo está compuesto por personas propietarias de la vivienda”, añadieron y concluyeron señalando que “no todas las personas mayores de 60 años han podido acceder a la jubilación. Se destacan dentro de esta población las personas migrantes. Por eso, con este proyecto buscamos incluir a este colectivo como titular de este derecho”.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 207 votos afirmativos y 1 negativo. En tanto, no se pudo tratar la iniciativa para otorgar jerarquía constitucional a la Convención de Belem Do Para, por no contar con los dos tercios luego de que el bloque Pro se retirara del recinto.
La Cámara baja convirtió en ley con 207 votos afirmativos y 1 negativo en la medianoche de este miércoles el otorgamiento de jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos durante la XLV Asamblea General de la OEA, el 15 de junio de 2015 y aprobada por la ley 27.360.
Al respecto, la diputada del Frente de Todos Mónica Litza indicó que trata sobre un segmento de la población muy importante: “Tal vez sobre el que no le estamos poniendo el foco como se merece, que son los adultos mayores. En este caso venimos a darle jerarquía constitucional a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es importante”, y pidió que “no nos acordemos solamente de los adultos mayores cuando hablamos de movilidad jubilatoria y de número fríos y pensemos en una protección integral de sus derechos económicos, sociales, políticos, civiles, culturales”.
Además, señaló que en la Argentina hay más de 9 millones y medio de adultos mayores “que tienen un potencial enorme y que tienen mucho que dar todavía en la construcción de la Argentina. Y esa Constitución del ’94 faculta a este Congreso a brindar jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos”.
“Estamos cerrando el círculo virtuoso de los niños, niñas y adolescentes, de los hijos y de las hijas de las mujeres, y ahora de las personas mayores”, remarcó.
Seguidamente, tomó la palabra la diputada por el Pro Graciela Ocaña, que consideró que este convenio es importante porque “es quizás el único instrumento jurídico internacional vinculante que brinda un marco de protección de derechos humanos a los adultos mayores. Y por eso es muy importante darle este rango constitucional”.
En este sentido, sostuvo que el tema de los adultos mayores es central en nuestras sociedades, “porque las mayores expectativas de vida, el desarrollo, los avances tecnológicos y científicos nos han permitido vivir más. Por eso tenemos que generar, a través de mecanismos y de políticas públicas, también un estado de bienestar para esta población”.
De todas formas, también se refirió a la situación actual que atraviesa este rango de población, y manfiestó que “causa mucho dolor ver que los adultos mayores en la Argentina cobren jubilaciones que son realmente vergonzosas: 44 mil pesos. Y esto es responsabilidad de este Congreso. Da mucho dolor también escuchar que la titular del ANSES justifica estos valores, argumentando que la canasta básica de un jubilado son 30 mil pesos. Todos los que estamos aquí saben que eso no es así”.
Seguidamente, tomó la palabra la diputada por el Frente de Izquierda Myriam Bregman quien adelantó su el voto favorable a la parte que incorpora derechos al régimen legal argentino, pero no apoyaron el preámbulo ni las demás consideraciones del proyecto.
“Claro que estamos a favor de que se contemplen derechos y garantías para los adultos mayores de nuestro país, pero se da un sinsabor cuando vemos la realidad, vemos lo que cobran los jubilados de nuestro país, la situación es muy distinta, los hechos son muy distinto”, manifestó.
En este sentido, recordó que denunciaron en este recinto la situación de los jubilados: “Nos hemos opuesto a las últimas reformas, donde se van cambiando gobierno tras gobierno las fórmulas de calcular las jubilaciones para que siempre pierdan los jubilados, y vimos en el Presupuesto 2023 como se recortan 600 mil millones en seguridad social”.
“Los jubilados de nuestro país han sido la variable de ajuste, y hace unos días han recibido una provocación del expresidentes Macri, que nació con una jubilación de privilegio bajo el brazo, que mientras se ponía un poco de protector solar para continuar en la reposera seguramente, criticó las jubilaciones anticipadas de algunos trabajadores de nuestro país por las cuales habían luchado muchísimo”, agregó.
Finalmente, se refirió a la gestión del Gobierno y las “promesas de campaña incumplidas” de Alberto Fernández: “Somos conscientes que el Frente de Todos incumplió su promesa electoral, que claramente el presidente Alberto Fernández en la campaña del 2019 dijo que ‘entre los bancos y los jubilados iba a elegir a los jubilados’ y que claramente eligieron los bancos. El negocio de las LELIQs goza de buena salud y no así las jubilaciones y pensiones que reciben las y los adultos mayores en nuestro país”.
Además, obtuvo media sanción con 206 afirmativos, 0 negativos y 4 abstenciones (correspondientes a los diputados del Frente de Izquierda) un proyecto que aprueba el protocolo modificatorio del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, suscripto en la ciudad de Estrasburgo –República Francesa– el 10 de octubre de 2018, que consta de cuarenta (40) artículos y un (1) apéndice.
En el uso de la palabra, el oficialista Pablo Carro explicó: “El convenio al que vamos a adherir tiene que ver con la protección de datos personales, esto es una propuesta que se viene tratando desde la UE y hay países que adhieren”, y sumó: “¿Qué es lo que busca proteger? Los datos personales en el tratamiento automatizado de estos datos. En la actualidad es vital que nosotros podemos proteger los datos personales, y que no puedan ser utilizados con un fin diferente para el cual prestamos nuestros datos”.
“Hoy participamos en muchas aplicaciones donde estamos poniendo permanentemente nuestros datos personales, y no hay una legislación que busque proteger esto. El convenio 108 es el único instrumento legal internacional para la protección de datos personales. Para que ninguna empresa pueda usar nuestros datos para hacer negocios, pero tampoco para que puedan utilizar nuestros datos para actividades políticas ilegales, como hemos conocido en este país y otros en el mundo”, detalló Carro,
A su vez, remarcó la importancia de “respetar la privacidad de las personas, proteger este derecho es la clave para poder hacer negocios en el mundo. Para que haya inversiones no podemos permitir que esto ocurra sin esta protección de los datos personales”. “Y esto tiene que ver con una calificación que hace la Comunidad Europea que hace sobre diferentes países que adhieren a este convenio, esto califica a nuestro país como uno adecuado para la protección de datos personales”, precisó.
En suma, aclaró que “el titular de los datos es el sujeto de derecho y no la empresa a la que le brindamos los datos. La definición más precisa de lo que se consideran hoy datos sensibles, que no puedan circular sin autorización. Y sobre todo para que puedan ser utilizados los datos personales tiene que tener consentimiento por parte del propietario de estos datos, que son las personas. El consentimiento tiene que ser previo, libre, específico, informado e inequívoco. A partir de este convenio 108+ ya no alcanza con simplemente poner una tilde que diga que uno acepta las condiciones que ponen las empresas. Van a estar obligadas a demostrar efectivamente que protegen nuestros datos personales”.
“Este convenio establece además mayor transparencia para la creación de perfiles, y lo que buscamos evitar es el sesgo de los algoritmos para hacer negocios con nuestros datos personales y que estos sesgos tecnológicos no afecten nuestros derechos humanos. Y al mismo tiempo la obligación de informar al titular de derecho si hay alguna fuga de esos datos. Porque hoy lo que ocurre es que hay fuga de esos datos y nosotros nos enteramos en los diarios”, cerró.
La vicepresidenta del bloque UCR, Karina Banfi, adhirió a las palabras del diputado preopinante, “entendiendo el valor que tiene este convenio, que es el único instrumento jurídico internacional vinculante. Este significa que tenemos en materia de protección de datos personales la posibilidad de proteger la privacidad de los posibles abusos en el tratamiento de los datos, estableciendo reglas de juego claras y comunes para todos los países que adhirieron a este estándar”.
Además, señaló que “es un tratado que nace como un instrumento de cooperación entre los Estados miembros de la UE pero que luego abren a cualquier otro Estado no miembro, y así se convierte en el único estándar vinculante en materia de privacidad. ¿Qué significa esto? Da mayor seguridad jurídica y facilita el flujo de datos personales en todo el mundo de manera protegida”.
“Argentina ha sido un país pionero en materia de protección de datos personales, tanto es así que logramos en la reforma de 1994 de incorporarlo como garantía Constitucional, pero luego de 20 años tenemos una ley que ha quedado obsoleta”, agregó la diputada.
Asimismo, indicó que iniciativas en este sentido ayudan al comercio: “La confianza es un recurso clave para la economía digital, y la regulación sobre la protección de datos personales puede ser un medio para generar confianza. Este convenio 108+ es un sello de confianza en la economía digital, y en la transferencia de información, que nosotros hoy, donde tenemos un nuevo paradigma de privacidad, a partir de cómo transmitimos, consentimos y otorgamos datos para obtener beneficios en Internet, empezar a tomar consciencia”.
“Nosotros tenemos una deuda en este Congreso, tenemos que reformar la Ley de Datos Personales, se ha trabajado desde 2018, junto con la sociedad civil, la posibilidad de reformar esta ley que tiene de 20 años. Ingresó en el Senado, perdió estado parlamentario, y hoy una vocación de volver a trabajar esta reforma, pero nos vamos a tener que poner a estudiar. Porque la complejidad que tiene el sistema de datos digitales nos va a obligar a tener que agarrar los libros y entender de qué se trata esto para no hacer leyes que después no se pueden implementar”, concluyó la diputada radical.
También se aprobó 204 votos afirmativos, 6 votos negativos la adhesión al Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Convenio Constitutivo y el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III).
Por otra parte, la Cámara baja estaba dispuesta a dar media sanción al proyecto para otorgar jerarquía constitucional a la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer también conocida como “Convención de Belem Do Para”, pero su tratamiento no se llevó a cabo, debido a que no contaban con los dos tercios que se requiere para su aprobación, ya que previamente el bloque Pro se retiró del recinto.
El proyecto en cuestión consta de un solo artículo que reza: “Otórguese jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención de Belém do Pará’ aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y suscripta por el Estado nacional el 9 de junio de 1994, que fuera aprobada por la ley 24.632”.
El intendente de Tigre acompañó la celebración junto a vecinos y vecinas que asisten al lugar. En el evento, destacó la labor del municipio por preservar los espacios dedicados a los adultos mayores.
El intendente de Tigre, Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora participaron de la celebración por el 34° aniversario del Centro de Jubilados Los Amigos del Talar. Durante el encuentro, el jefe comunal dialogó con los vecinos y vecinas, y destacó la labor del Municipio por preservar los espacios destinados a los adultos mayores.
“Estamos en un centro de jubilados que trabaja todo el año y hoy acompañamos su aniversario. También escuchamos lo que necesita esta institución para que pueda seguir creciendo como un lugar de encuentro dedicado a todos los adultos mayores de El Talar”, expresó el jefe comunal.
Luego, agregó: “El Municipio pretende consolidar a los centros de jubilados de Tigre porque son espacios donde nuestros vecinos vienen a divertirse y por eso trabajamos mucho para preservarlos”.
El encuentro comenzó con un almuerzo para todos los presentes. Luego, se disfrutó de un espectáculo musical de folclore. El evento finalizó con el canto tradicional del feliz cumpleaños y se cortó una torta por el nuevo aniversario.
“Estoy muy contenta de estar en la celebración de este centro de jubilados al que asisten muchos vecinos y vecinas. Junto al intendente Julio Zamora y las distintas áreas del Municipio renovamos el compromiso que tenemos con esta institución que consideramos tan importante porque acá nuestros abuelos se encuentran, hacen amigos, resuelven problemas y plantean lo que necesita su barrio. Vamos a seguir acompañando a los adultos mayores del distrito”, mencionó la concejala Gisela Zamora.
El presidente de la institución, Jorge Córdoba, sostuvo: “Estamos festejando el 34° aniversario con un almuerzo como agasajo. Contamos con la presencia del intendente Julio Zamora, autoridades municipales y socios del centro de jubilados. Estoy muy feliz con la asistencia de todos y es un orgullo tener a esta gente que me acompaña en la comisión directiva, con los que paso a paso mejoramos las instalaciones del lugar”.
José, vecino que asiste al centro de jubilados, dijo: “Esta reunión es muy linda, hay mucho compañerismo en este espacio y va progresando día a día. Agradezco la presencia del intendente Julio Zamora, una persona muy amable que cruzo siempre en Ecosol, donde se festeja el Día del Jubilado”.
Por otra parte, Estela, vecina de El Talar, afirmó: “Agradezco al Municipio, al intendente Julio Zamora y a las autoridades locales presentes por todo lo que hacen por nosotros. Esta reunión es hermosa porque estamos junto a mucha gente y cada vez se pone más lindo”.
Se trata de un espacio con 13 computadoras es producto de las jornadas de recolección de residuos informáticos que impulsa el municipio.
San Isidro inauguró un nuevo espacio, ubicado en el Centro Círculo de Jubilados y Pensionados de San Isidro, con 13 computadoras recicladas, resultado del trabajo en conjunto entre el Municipio y la Fundación Equidad.
“Es el décimo centro de alfabetización digital que inauguramos para adultos mayores. Buscamos darles fortaleza a los abuelos y acercarlos más a la tecnología para que cada vez estén más comunicados. Es algo integrador, trabajamos en el concepto de envejecimiento activo y saludable”, señaló el intendente Gustavo Posse.
Este espacio con 13 computadoras es producto de las jornadas de recolección de residuos informáticos que impulsa el municipio. Mientras que la Fundación Equidad se encarga de transformar esas máquinas en desuso en equipos listos para ser donados.
En el Círculo de Jubilados y Pensionados (Alberti 1057), las clases de informática se dictarán todos los jueves de 14:00 a 16:00. En primera instancia, los abuelos van a aprender a encender la PC y a familiarizarse con la tecnología; luego en una segunda etapa, aprenden a manejar los programas de Office; Word, Excel, Power Point y Access. Además, podrán utilizar las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram.
La iniciativa fue presentada por la diputada de la CC-ARI Leonor Martínez Villada quien argumentó que “el cuidado y atención integral, el respeto y la promoción de los derechos de las personas mayores es una responsabilidad primordial por parte del Estado”.
La diputada nacional Leonor Martínez Villada (CC-ARI/ Córdoba) presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo brinde datos sobre el estado de situación, la ayuda y servicios que se están brindando desde el Estado, a través de las Residencias de Larga Estadía y centros de día destinadas a aquellas personas mayores sin obra social ni recursos económicos.
En la iniciativa solicita saber:
“El cuidado y atención integral, el respeto y la promoción de los derechos y a una vida activa de nuestras personas mayores es una responsabilidad primordial por parte del Estado nacional”, sostuvo la diputada.
En el marco del Día Mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato hacia la vejez, el legislador porteño participó de una jornada de debate sobre este tema.
El legislador porteño Claudio Romero participó de una iniciativa sobre la toma de conciencia del abuso y maltrato hacia la vejez, junto a integrantes del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, quienes organizaron esta temática.
Al respecto, Romero, indicó: “Adultos mayores somos todos sólo es cuestión de tiempo llegar a serlo. Debemos trabajar sobre una política pública que haga de CABA una ciudad más amigable. Como legislador seguiré avanzando en mejorar la legislación para los Adultos Mayores”.
Cabe destacar que el legislador Claudio Romero, es el autor del libro “Cuestión de Tiempo” con prólogo del médico Alberto Cormillot y fue desde el 2008 hasta 2017, secretario de Tercera.
El municipio junto a la Fundación OSDE lanzaron la octava edición del curso gratuito. La inscripción abrirá el 25 de febrero y el taller comienza el 29 de marzo.
La Municipalidad de San Isidro y la Fundación OSDE lanzaron la octava edición del curso gratuito “Asistente en el Arte de Cuidar” que enseña métodos para el cuidado del adultos mayores. La inscripción abrirá el 25 de febrero y el taller comienza el 29 de marzo.
La primera etapa del curso son clases teóricas en el Teatro Municipal del Viejo Concejo (9 de julio 512). La segunda etapa son prácticas en el Hospital Central de San Isidro (avenida Santa Fe 431). En ambos casos los días y horarios son los martes y jueves, de 13:30 a 17:30.
Previamente, hay una reunión informativa que será el 17 de marzo, a las 13.30, en Teatro del Viejo Concejo.
En tal sentido, el intendente de San Isidro Gustavo Posse explicó que “este programa tiene un doble beneficio porque es una salida laboral para personas de mediana edad y es una herramienta clave para aquellos que tienen familiares en un estado de salud delicado”.
Por parte de la Fundación OSDE estuvieron presentes el presidente, Héctor Pérez, y la Secretaria del consejo de administración, Victoria Palacios.
La jornada recreativa que se realizó en el Club Cideco convocó a vecinos y vecinas provenientes de 49 centros de jubilados de la comuna.
El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, junto al jefe de Gabinete, Diego Kravetz y la secretaria de Desarrollo Social, Noelia Quindimil y Educación, Deportes y Empleo, Damián Sala participaron de una reunión con 400 personas que forman parte de 49 centros de jubilados ubicadas en distintos puntos del distrito.
“Después de un año y medio de mucha angustia, encierro y una pandemia sin precedentes en nuestra historia reciente, hemos podido reencontrarnos, quiero agradecerles a los vecinos y en especial a ustedes por la paciencia, seguir los protocolos con mucho compromiso para que hoy podamos estar juntos en este nuevo encuentro”, expresó Grindetti.
A lo largo de la tarde, entre otras actividades, los agasajados jugaron al bingo, participaron de distintos sorteos y disfrutaron de variados shows culturales organizados por el municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Social y del área de Adultos Mayores.
Con el objetivo de fomentar espacios de intercambio y socialización que mejoren la calidad de vida de ese grupo etario tras el prolongado aislamiento que padecieron a causa de la pandemia, el mes pasado, se hizo una jornada similar en Valentín Alsina.
El sitio web posibilitará la interacción del sector en estos tiempos de pandemia. Tendrá también múltiples secciones, noticias destacadas y una agenda de actividades.
El municipio de Lanús acaba de lanzar un sitio web destinado a adultos mayores, con el objetivo de promover la interacción del sector. La presentación del portal fue presentada por el intendente Néstor Grindetti, la secretaria de Desarrollo Social, Noelia Quindimil y el director de Adultos Mayores del distrito, Néstor Fuentes, vía zoom ante representantes de centros de jubilados e instituciones de la tercera edad.
Grindetti, celebró la iniciativa que posibilitará la interacción, en estos tiempos de pandemia, cuidados sanitarios y menor actividad social presencial y resaltó que la nueva herramienta digital fue especialmente diseñada y de fácil acceso.
Los funcionarios destacaron que en el portal se encontrarán múltiples secciones como encuentros y charlas de interés vía Zoom, noticias destacadas y agenda de actividades tales como vacunación antigripal, entrega de semillas para huertas o visitas a centros de jubilados.
También se difundirá el calendario actualizado de pago a jubilados, una guía práctica de trámites propios del sector, detalle de efemérides, como así también contactos y teléfonos útiles para comunicaciones de emergencia.
El contenido de entretenimiento se renovará en forma constante y contempla juegos de memoria para agilizar la mente, listado de documentales recomendados, recetas culinarias, consejos de salud y bienestar y propuestas culturales bajo el apartado “Descubrí Lanús”, con videos cortos sobre historia y singularidades del municipio.
El portal permitirá la interacción vía WhatsApp con el área de Desarrollo Social, y las redes del municipio.
“Seguir demorando la vacunación en este segmento implica poner en peligro a la principal población de riesgo”, manifestó el diputado de Juntos por el Cambio Emiliano Balbín.
Además, reveló que en la Provincia sólo se vacunó el tres por ciento de la población, incluido el personal de salud y seguridad.
A raíz de la preocupación por la demora en la implementación de la vacuna contra el COVID 19 en la provincia de Buenos Aires, y más específicamente entre la población de los adultos mayores, el legislador radical, que además preside la Comisión de Adultos Mayores de la Cámara baja provincial, ingresó esta semana varias iniciativas parlamentarias direccionadas a conocer el estado de situación, y el plan de vacunación pensado de acá para adelante.
Una de ellas es un pedido de informes, mediante el cual se le solicita al PAMI, sede provincia de Buenos Aires, informe sobre las doce Unidades de Gestión Local (U.G.L) en cuanto a la instrumentación, aplicación y control de vacunas para el Covid-19 en los centros de alojamientos para adultos mayores, ya que “los jubilados y pensionados son la principal población en riesgo”, dijo.
“Por el momento, la vacunación parece ser la única forma en que podamos garantizar a los adultos mayores una mayor protección de su salud, permitiéndoles recuperar una vida social que se ha vista afectada e impacta en su salud física y mental”, señaló Balbín.
Y agregó, en ese sentido que “en el caso de los adultos mayores, al ser grupo de riesgo, sabemos que fueron los primeros en estar aislados y serán los últimos a poder reintegrarse por su vulnerabilidad, sin embargo sus derechos a la seguridad social no deben verse afectados bajo ninguna circunstancia”.
“Por ese motivo -dijo-, resulta necesario conocer cuál es el plan de vacunación pensado para este grupo, cual es el porcentaje que ha sido vacunado y que estrategia se utilizará para llegar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de jubilados y pensionados”.
Finalmente, el diputado radical expresó: “quienes se encuentran alojados en centros para adultos mayores no pueden salir de los mismos para ir a otros centros de vacunación, quedando en el PAMI la responsabilidad de su vacunación”.
Entre los principales puntos que reclama el pedido de informes se pide al PAMI que se informe que cantidad de centros de alojamientos con los que cuenta PAMI en la provincia de Buenos Aires; cantidad de jubilados y pensionados que se encuentran alojados en diferentes centros y son pagados o autorizados por PAMI; cantidad de adultos mayores jubilados/pensionados vacunados a la fecha; cantidad de jubilados/pensionados inscriptos que se encuentran en espera de la primer dosis y de la segunda dosis de vacunación contra el COVID-19
También, el legislador requiere que se informe cuál es el plan de vacunación que se está siguiendo para los adultos mayores y si existe una prioridad para aquellos alojados en centros municipales, provinciales, privados y cuál es la fecha estimativa en la cual se cree que los Adultos Mayores del PAMI estarán vacunados en su totalidad.
Se trata de un pedido de Leandro Santoro (FdT) y otros legisladores de esa bancada, quienes exigieron que el ministro de Salud brinde precisiones acerca del plan de vacunación contra el Covid 19 para los adultos mayores de la Ciudad.
Tras el escándalo por la falta de organización en la vacunación de los adultos mayores, el diputado del Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro y otros legisladores de esa misma bancada presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de resolución a través del cual solicitaron la interpelación al ministro de Salud, Fernán Quirós, para que dé explicaciones sobre los hechos ocurridos durante la jornada de vacunación a jubilados de 80 años llevada a cabo en el Luna Park, La Rural y en la sede del Club San Lorenzo en Boedo.
A través de esa iniciativa, los opositores le exigirán al funcionario información sobre las circunstancias, responsabilidades, acciones u omisiones incurridas en la campaña de vacunación del martes 9 de marzo, además de los criterios aplicados para la distribución y aplicación de las vacunas recibidas desde el Gobierno Nacional a los Centros de Salud Prepagos y Obras Sociales arbitrariamente elegidas.
Desde el FdT aseguraron que “la evidente desidia y mala organización llevada a cabo por el Gobierno de la Ciudad en cabeza de Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Salud, Fernán Quirós, hicieron que miles de adultos mayores de 80 años se agolpen sin ningún tipo de protocolo, exponiendo su salud que tanto intentaron preservar en los últimos meses, en lo que fue un esfuerzo sanitario y económico sin precedentes en nuestra historia” y remarcaron que el Gobierno local “no entrega información sobre la campaña de vacunación que lleva a cabo y le cedió un número desconocido de vacunas a prepagas y obras sociales arbitrariamente elegidas”.
Sobre esa misma línea remarcaron que “estos bienes escasos y esenciales no pueden ser manipulados con este grado de discrecionalidad. Debe ser de manera exclusiva el Estado quien suministre las mismas con control y supervisión de todo el sistema republicano local” y aseguraron que no comprenden “por qué motivo el Gobierno de la Ciudad no centra sus esfuerzos en ampliar las bocas de vacunación, habiendo ofrecido la obra social PAMI su infraestructura en la Ciudad de Buenos Aires a través de una nota de su titular Lic. Luana Volnovich el pasado 4 de marzo, sin respuesta afirmativa de las autoridades de la Ciudad”.
“La gestión de una pandemia no es un show para la televisión, sino el cuidar con responsabilidad la salud de cada una de las personas de las que este gobierno es responsable. El Jefe de Gobierno y su ministro de Salud deben explicar a los porteños y las porteñas por qué siguen promocionando a la gestión de la pandemia en la Ciudad como un éxito cuando tiene uno de los peores resultados en todos los indicadores del país”, señalaron y concluyeron afirmando que “es necesario conducir con responsabilidad un proceso que se llevó la vida de muchas personas, sobre todo si luego se pretende hacer alarde de algo de lo que no hay mucho para festejar”.
Impulsan que la pena se aumente cuando la víctima tenga más de 65 años o se encuentre en una situación especial de vulnerabilidad.
Para que se termine de una vez por todas con el lamentablemente ya famoso “cuento del tío” que han sufrido muchas personas sobre todo durante la pandemia, el diputado nacional por Mendoza Federico Zamarbide propuso una modificación al Código Penal. El objetivo es que la pena al estafador, se aumente cuando la víctima sea un adulto mayor de 65 años o se encuentre en una situación especial de vulnerabilidad.
Para ello, lo que técnicamente propone el legislador radical es incorporar el artículo 173bis al Código Penal Argentino, ley 11.179, para que quede redactado de la siguiente manera:
“Artículo 173 bis. – Será reprimido con prisión de tres años y seis meses a ocho años el que realizare algunas de las acciones previstas en el artículo 172 contra una persona mayor de 65 años o que se encontrare en un especial estado de vulnerabilidad, siempre que no resultare un delito más severamente penado”.
Entre los motivos que fomentan la presentación de esta iniciativa, para cuyo desarrollo fueron consultadas fuentes de investigaciones de la Policía de Mendoza y el procurador General de la Provincia, Alejandro Gullé, está que este tipo de delitos son cada vez más frecuentes. Un ejemplo de ello es que entre marzo y noviembre de 2020 se recibieron 497 denuncias de este tipo estafas en la primera circunscripción judicial de Mendoza. Es decir, más de dos denuncias diarias y sólo en ésa jurisdicción.
Así, explica también Zamarbide, en este tipo de conductas delictuales se observan dos factores en común: por un lado, que las víctimas son adultos mayores, tanto mujeres como varones, y por otro, se caracterizan por utilizar diversos ardides abusando de la confianza de las personas, su poco conocimiento en sistemas informáticos o prometiendo soluciones ante la burocracia estatal.
Estas circunstancias, agrega también el diputado de Juntos por el Cambio en su proyecto, son un caldo de cultivo óptimo para estafadores que se hacen pasar por gestores, representantes, oficiales públicos e, incluso, familiares de las víctimas prometiendo la realización de determinados trámites y gestiones. Se trata de personas que, sabiendo que no van a ir a prisión, aprovechan aún más la posibilidad que tienen de cometer estos delitos.
“Al aumentar la pena mínima en estas estafas a 3 años y 6 meses, la condena pasaría a ser de cumplimiento efectivo, por lo que no sería posible la aplicación del artículo 185 del Código Procesal Penal que impide la aplicación de prisión preventiva. Entendemos que aumentando las sanciones, aumentará la coerción general de la pena y eso desalentará la comisión de estos delitos que tanto daño hacen a uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad”, concluyó Zamarbide.
El proyecto recibió el aval del Senado por unanimidad. La discusión pasa ahora a la Cámara de Diputados.
El Senado dio media sanción este viernes, por unanimidad (67 votos positivos), a un proyecto para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada el 15 de junio de 2015 por la Organización de Estados Americanos (OEA).
El documento contiene más de 40 artículos específicos para asegurar el reconocimiento y el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades fundamentales de las personas mayores, resultado de un proceso de negociación iniciado años antes.
La Convención presenta un carácter vinculante y, por ende, indica que los Estados firmantes y ratificantes tienen la obligación de disponer de recursos para “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.
Los postulados del documento fueron adoptados por Argentina en 2017, mediante la Ley 27.360.
En la Convención se define como persona mayor a “aquella de 60 años o más”; mientras que el término vejez se entiende como una “construcción social de la última etapa del curso de vida”, y al envejecimiento como un “proceso gradual”.
Durante el debate, la oficialista Norma Durango indicó que este instrumento, adoptado por Argentina en 2017, “es el primero en su género y constituye un hito”. Al repasar los principios que establece, destacó que contempla “el enfoque de género, muy importante ya que las mujeres somos más longevas”.
Para la pampeana no hay “momento más oportuno que este” para otorgarle jerarquía constitucional, ya que estamos ante “una pandemia que ha puesto en evidencia en todo el mundo las contradicciones culturales que sufrimos en torno a la vejez”.
“Vivimos en un planeta gerontoglobalizado, con un crecimiento del envejecimiento poblacional sostenido y feminizado como nunca en la historia de la humanidad”, subrayó. También agregó que “el Covid ha hecho visible el grosero proceso de exclusión de las personas mayores en el mundo digital”.
La senadora opinó que declarar la jerarquía constitucional de esta Convención “no solo será un hecho de justicia para ellos”, sino “un mensaje de esperanza dirigido a la humanidad en su conjunto”.
En tanto, la macrista Gladys González resaltó los principios de la Convención respecto a “la autonomía, la realización, la independencia, la participación, la equidad, la valorización social”, que hacen a que “tengamos una vida y una vejez digna”.
“Este año es muy significativo que nosotros estemos sancionando este proyecto”, consideró y señaló que “el Covid puso a los adultos mayores como protagonistas para lo malo y lo bueno”. En el sentido negativo por ser parte de las personas de riesgo ante la enfermedad, y en el sentido positivo por “haber sido protagonistas del cuidado, del amor de sus familias, de la comunidad y sociedad”.
Finalmente, la bonaerense expresó que esta Convención “nos viene a exigir” abandonar “la cultura del descarte”.
Entre otros temas, la comisión respectiva dictaminó a favor de darle jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
La Comisión de Adultos Mayores de la Cámara de Diputados, que preside Graciela Ocaña (Confianza Pública) dio dictamen este jueves a distintas iniciativas, entre ellas una para otorgarle jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
La convención fue adoptada por la 45° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), y en la comisión se unificaron proyectos de Ocaña y de Gabriela Cerruti (Frente de Todos) al respecto.
También recibió dictamen un proyecto que instituye el 15 de junio de cada año como “Día nacional de los Derechos de las Personas Mayores”, y que declara esa semana como la “Semana Nacional por la Concientización del Trato Digno”.
La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, fue unificada con un proyecto presentado por el diputado Paulo Cassinerio (Córdoba Federal).
En otro orden, fue dictaminado por unanimidad el proyecto de resolución que expresa “preocupación por el informe estadístico correspondiente al periodo 2019 sobre personas mayores afectadas por situaciones de violencia doméstica”, elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“El número de denuncias aumentó un 17% en comparación con el año anterior, y la mayor parte de las personas que denunciaron fueron mujeres”, señaló Ocaña.
Por otra parte, un proyecto de resolución destinado a crear una línea telefónica nacional de atención gratuita para adultos mayores a fin de acompañarlos, asesorarlos y brindarles información durante la pandemia, volvió a asesores para ampliar el alcance de la iniciativa, ya que, desde el Frente de Todos Mirta Tundis indicó que “ya existe la línea telefónica 120”, disponible para realizar consultas o solicitar información y medidas preventivas contra el Covid-19.
La diputada Dina Rezinovsky (Pro), autora del proyecto, explicó que el objetivo es “unificar todo en una línea telefónica nacional de información, en donde una persona mayor pueda llamar a un único número donde se le informe de todo”.
A través de un proyecto de ley, la diputada Dolores Martínez propone crear un programa nacional para instruir en la materia a ese sector de nuestra sociedad.
La diputada nacional Dolores Martínez presentó un proyecto de ley por el cual propone la creación de un Programa Nacional de Capacitación Digital para Adultos Mayores, con el objeto de propiciar la igualdad de acceso al conocimiento y la inclusión digital de los adultos mayores por medio del desarrollo de competencias tecnológicas y uso de las nuevas tecnologías.
El objetivo es generar un proceso educativo que, en primer lugar, rompa el ideario de obsolescencia y dependencia que se ha construido en torno a las personas mayores.
“Este proyecto pretende expandir la población adulta usuaria y beneficiaria de las TICS (Tecnologías de la Información y la Comunicación) mediante un proceso educativo que inculque un conjunto de habilidades y valores”, explicó Dolores Martínez.
La propuesta estará publicada a partir de hoy en el Portal de Leyes Abiertas de la Cámara de Diputados de la Nación (https://leyesabiertas.hcdn.gob.ar/), para que los y las ciudadanos/as puedan comentar y/o realizar sus aportes a esta iniciativa.
La legisladora nacional radical Roxana Reyes presentó un proyecto para lanzar esta campaña, e intentar garantizar el correcto cumplimiento de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes, presentaron un proyecto para crear una “Campaña Nacional de Concientización y Prevención de la Violencia de Género en Adultos Mayores”, con el objetivo de “garantizar el correcto cumplimiento de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres”.
Se propone una campaña de difusión de contenidos audiovisuales en medios de comunicación masivos de todo el país, como así también a través de aplicaciones y plataformas digitales, redes sociales a las cuáles las adultas mayores tengan acceso. También en cartelería en ámbitos a los que suelen acudir, como Pami, Anses, Centros de jubilados, geriátricos, salas de esperas.
“El discurso del desarrollo mundial y la acción sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres está centrado en mujeres y niñas en edad reproductiva. Los conjuntos de datos, según el modelo de las encuestas de salud demográficas, recopilan datos sólo de mujeres de edad reproductiva -de 15 a 49 años-. Como resultado, las mujeres mayores de 50 años, normalmente, no se consideran dentro de las políticas públicas que buscan la reducción de la violencia contra las mujeres”, explicó Reyes.
“En este sentido, el maltrato está dirigido hacia dos puntos, la vejez por un lado y el ser mujer por otro. El proceso de envejecimiento es un momento en el que el ser humano es visto con mayor fragilidad y vulnerabilidad. En tanto, el género femenino históricamente ha sido considerado y hasta nombrado como el sexo “débil”, con toda la carga de discriminación y estereotipo que, desde hace años, la mujer viene tratando de revertir”, agregó.
La legisladora radical también remarcó que “en la mayoría de los casos estos maltratos comienzan en el núcleo familiar, no se respeta ni sus deseos, ni sus bienes, ni su tiempo libre, se abusa de esa doble condición. En algunos se vive de su jubilación, o en su casa y se le dejan los niños/as a cargo, como si esta tarea fuera menor, eso es trabajo de cuidado no remunerado. La función de la abuelidad, a tiempo completo es una sobrecarga muy pesada, sienten obligación de ejercerla en términos no deseables, ni placenteros porque a sus nietos los deben educar, cuidar y asistir, a esta tarea pareciera ser que es casi imposible de renunciar”.
Acompañan con su firma el proyecto los diputados Lorena Matzen, Gustavo Menna, Graciela Ocaña, Estela Regidor, Jorge Enríquez, Lidia Ascarete, Héctor Stefani, Claudia Najul, Soledad Carrizo, Julio Sahad, Alberto Asseff, Ximena García y Virginia Cornejo.
El diputado Santiago Roberto presentó un proyecto que busca crear el programa “Ayuda Mayor”, mediante el cual buscará que se entregue un bolsón de alimentos y viandas para los mayores de los 60 años.
A más de 110 días de haber iniciado el aislamiento obligatorio, el legislador del Frente de Todos (FdT) Santiago Roberto impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para crear el programa “Ayuda Mayor”, que consiste en la entrega de un bolsón con alimentos de primera necesidad y viandas de almuerzo y cena a cada adulto mayor de sesenta años, cuyo ingreso sea menor a dos jubilaciones mínimas y viva en la Ciudad.
Asimismo el programa también prevé el pago de un subsidio extraordinario de seis mil pesos mensuales durante seis meses para quienes cumplan con estos requisitos y además alquilen.
De acuerdo al texto y en caso de que el mismo sea aprobado, la canasta alimentaria se entregaría quincenalmente y estaría compuesta por: una docena de huevos, cinco litros de leche, dos paquetes de galletitas sin sal, dos paquetes de galletitas dulces, un kilo de Yerba, 25 té en saquitos, un kg de azúcar, un kilo de harina, 40 gramos de levadura, unq botella de aceite de 900cm3 y un frasco de mermelada de 450 gramos.
Sobre los menúes de las viandas, Roberto aclaró que deberán estar confeccionados por especialistas para adecuarse a las necesidades nutricionales de los beneficiarios y armar las dietas específicas para los celíacos, diabéticos o hiposódicos. Las mismas deberán ser entregadas en los domicilios de los beneficiarios día por medio para garantizar la frescura y validez de los alimentos.
Cabe señalar que según la Dirección General de Estadísticas y Censos, en la Ciudad viven en promedio 650 mil personas mayores de sesenta años. “La situación actual de pandemia por el COVID-19 puso a los adultos mayores en una situación de extrema vulnerabilidad, siendo el grupo de mayor riesgo. Muchos de ellos son inquilinos, viven solos y no tienen familiares o acompañantes que puedan ocuparse de sus necesidades”, afirmó Roberto.
Por último, el legislador especificó que este proyecto será financiado por una cuota de contribución solidaria, extraordinaria y por única vez, del 1,5% sobre el total de los ingresos declarados a efectos de la liquidación del impuesto a los Ingresos Brutos en el ejercicio 2019 por los grandes laboratorios de la ciudad que fabrican medicamentos y productos farmacéuticos.
El texto también lleva la firma de los legisladores: María Rosa Muiños, Matías Barroetaveña, Maria Bielli, Leandro Santoro y Laura Velasco (FdT).
Prevén la creación, por ley, de una unidad de atención, asesoramiento, recepcionar demandas y realizar para Adultos Mayores.
La iniciativa del diputado Emiliano Balbín sería para ofrecer asesoramiento, recepcionar demandas y realizar derivaciones. También prevé la creación de una unidad de atención móvil para Adultos Mayores.
El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Emiliano Balbín, acompañado por sus pares de la comisión de Adultos Mayores, Diego Rovella y Johanna Panebianco, presentaron un proyecto de Ley para crear un Centro de Atención Telefónico Gratuito, que estará destinado a brindar contención, información y asesoramiento en temas relacionados a los derechos de los adultos mayores.
Esta línea deberá funcionar las veinticuatro (24) horas, todos los días del año, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa establece la conformación de un equipo interdisciplinario especializado en atención a adultos mayores, que ofrecerá asesoramiento, orientación e información acerca de los derechos que le asisten; recepcionará las demandas, cuando exista vulneración en los mismos; hará el posterior seguimiento y realizará derivaciones planificadas para la atención con especialistas en la materia, y/o por el equipo de atención móvil, en caso de ser necesario.
El proyecto presentado por el legislador radical y presidente de la comisión de Adultos Mayores de la Cámara de Diputados bonaerense, prevé también la creación de una “Unidad de Atención Móvil para Adultos Mayores”, que deberá asistir a todos aquellos casos denunciados que revistan el carácter de urgente y requieran una respuesta inmediata para hacer cesar la vulneración mencionada.
“Es de público y notorio conocimiento que en este último tiempo se visibilizó la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran hoy en día los adultos mayores que habitan en nuestra provincia”, señaló Balbín, para agregar que “en esta situación de creciente incertidumbre y vulnerabilidad, es necesario entonces crear nuevas herramientas que permitan el cumplimiento de todos aquellos derechos que como personas humanas les asisten”.
“Si bien recientemente en nuestra Honorable Legislatura se aprobó la Ley de Emergencia en geriátricos de la provincia de Buenos Aires, no todas las personas mayores de 60 años residen en los mencionados establecimientos, pero si se encuentran en situación de vulnerabilidad y riesgo por este peligroso virus que afecta a toda la sociedad”, fundamentó el autor de la iniciativa.
El legislador de Consenso Federal (CF) Eugenio Casielles presentó una iniciativa en la Legislatura porteña, a través de la cual le solicita al Gobierno de la Ciudad información sobre los controles en las residencias de adultos mayores y si prevé realizar testeos preventivos en las mismas.
Debido al incremento de casos de coronavirus en los geriátricos de la Ciudad, el diputado de Consenso Federal (CF) Eugenio Casielles impulsó en la Legislatura porteña un pedido de informes, a través del cual buscará interiorizarse sobre la situación de las residencias de adultos mayores en el distrito y le exige precisiones al Gobierno local sobre la posibilidad de realizar testeos preventivos.
De esta manera, Casielles le requirió al Ejecutivo precisiones sobre cuantos geriátricos funcionan en la Ciudad y cuantas de ellas son privadas, públicas y dependientes de PAMI. Al mismo tiempo solicitó información sobre si, a raíz del primer caso positivo de Covid 19 en una residencia de este estilo, se incrementaron los controles en estos establecimientos y si hubo denuncias por incumplimiento del protocolo por parte de los mismos.
Asimismo pregunta si se han reforzado los controles de salud para los residentes y los trabajadores que los atienden y si se prevé llevar adelante testeos “preventivos” en las residencias a fin de prevenir los contagios por la presencia de casos asintomáticos; entre otras cuestiones.
En los fundamentos de la medida, el legislador indicó que en la actualidad “en la Argentina ocho de cada diez fallecidos por Covid 19 son mayores de 70 años, lo que explica la preocupación que esta situación ha generado y la necesidad de garantizar una mayor acción preventiva por parte del Estado”.
Sobre esa misma línea remarcó que si bien en la Ciudad existe un ‘Protocolo de actuación para prevención y manejo de casos sospechosos de Coronavirus en Residencias geriátricas’, Casielles manifestó que “el mismo es insuficiente ya que no profundiza en medidas específicas y adaptadas de manera efectiva a la realidad de los geriátricos y a las necesidades de nuestros adultos mayores” y sentenció que “ha quedado expuesto que existen irregularidades a la hora de controlar a estas instituciones para garantizar que cumplan con los requisitos de prevención establecidos por el Estado, para llevar así tranquilidad a los residentes y a sus familias”.
Luego del desalojo de un establecimiento en el barrio porteño de Belgrano, la presidenta de la Comisión de Personas Mayores solicitó informes al Poder Ejecutivo.
Tras la evacuación en un geriátrico en la Ciudad de Buenos Aires, donde se registraron 19 casos de coronavirus, la diputada Graciela Ocaña (Pro) pidió informes sobre este tipo de establecimientos en el país, y alertó por la “especial vulnerabilidad de este grupo etario frente al virus” ya que “ocho de cada diez personas fallecidas en nuestro país son mayores de 70 años”.
La presidenta de la Comisión de Personas Mayores presentó una solicitud a través de la cual busca conocer “cuántas residencias hay en el país, diferenciando por jurisdicción y si se trata de establecimientos públicos o privados, así como también cuáles son las autoridades regulatorias de estas residencias en cada provincia y si hay una autoridad nacional que nuclee su control”.
“Está comprobado de la experiencia internacional de países como Italia y España que el 40 por ciento de las muertes en adultos mayores por coronavirus se originan en geriátricos, por eso pedimos un protocolo especial y controles exhaustivos”, señaló la legisladora.
En ese sentido, agregó: “Ya hemos presentado varios pedidos de informes a las autoridades, al PAMI, quien todavía no respondió al pedido presentado el 13 de marzo, porque este fenómeno también se está produciendo en el país, ya que todos controlan, pero no se sabe quién se hace responsable”.
Ocaña sostuvo que “además de las muertes por Covid-19, se originan problemas en su salud y muchas veces también llega a la muerte por otros motivos. Muchos de estos geriátricos están en manos del Estado por eso queremos conocer su situación”.
Asimismo, pidió que “se realicen controles sobre los agentes gerontológicos, personal médico y de asistencia para evitar contagios masivos y casos como en la ciudad de Saldán, en Córdoba, donde el contagio se produjo a raíz de la visita de un médico portador asintomático; o en el geriátrico “La Nona”, en Moreno, donde vivía una mujer de 82 años que falleció el día 5 de abril y que a causa de ello se detectó que el establecimiento estaba funcionando de forma clandestina y se procedió a la clausura”.
En el escrito, la legisladora de Juntos por el Cambio requirió además que “se informe las medidas de seguimiento a nivel nacional sobre las residencias para mayores, el plan estratégico para evitar posibles contagios y si hubo auditorías de las autoridades nacionales en los establecimientos, entre otros temas”.
La diputada del Pro dijo que el gobierno porteño apunta a “cuidar al grupo de riesgo más afectado por la pandemia del coronavirus”.
La diputada nacional Graciela Ocaña (Pro) aseguró este lunes que las nuevas medidas sobre los adultos mayores en la Ciudad de Buenos Aires “buscan ampliar los servicios del programa Mayores Cuidados para ayudar a resolver temas como PAMI, Anses o compras en los mercados de cercanía”.
En declaraciones radiales, la legisladora de Juntos por el Cambio señaló que “el gobierno porteño busca que los adultos mayores llamen antes de realizar algún trámite al 147 para que los voluntarios faciliten la accesibilidad de los pedidos”.
“Nadie va a impedir que los adultos mayores salgan de sus casas, simplemente es un servicio más de la Ciudad para cuidar al grupo de riesgo más afectado por la pandemia del coronavirus”, sostuvo.
Asimismo, Ocaña expresó que “es muy importante disminuir el contacto social lo mayor posible porque está demostrado que es la mejor manera de evitar el contagio, sobre todo en la población mayor que es la más afectada a nivel mundial”.
A partir de este lunes, los mayores de 70 años en la Ciudad deberán comunicarse con la línea 147 antes de salir de sus casas. Aunque no necesitarán un permiso, la habiitación durará 48 horas.
El objetivo del programa es la asistencia permanente a través de organizaciones de la sociedad civil, de aquellos adultos mayores que no cuenten con recursos.
La diputada provincial por el Frente de Todos, Valeria Arata, presentó un proyecto de ley que busca crear el Programa de Asistencia Solidaria a Adultos Mayores (PASAM), cuyo objetivo es la asistencia permanente a través de organizaciones de la sociedad civil, de aquellos adultos mayores que no cuenten con recursos, asistencia familiar o ambas para abordar las limitaciones propias del aislamiento social y contribuir con la salida paulatina del mismo, cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo.
“Los adultos mayores son las personas más vulnerables en esta pandemia que estamos viviendo y es por ello que un programa de este tipo, beneficiaría a aquellos que no pueden obtener recursos, ayuda o ambos por parte de sus familiares”, explicó Arata sobre su iniciativa.
Esta Ley entiende por organización de la sociedad civil a sociedades de fomento, clubes de barrio, instituciones religiosas, sindicatos, colegios profesionales, ONGs. La enumeración es meramente enunciativa, por lo que podrán incorporarse todas las organizaciones que lo soliciten, previamente autorizadas por la autoridad de aplicación.
“Las organizaciones de la sociedad civil tendrán un rol fundamental a la hora de cumplir con los objetivos del programa, siempre bajo la coordinación y vigilancia de los municipios que adhieran a la norma. Elegimos este modo, para darle un marco jurídico, orden, transparencia y publicidad a lo que en muchas jurisdicciones ya está ocurriendo”, afirmó la legisladora por la Cuarta Sección Electoral.
Según dicha Ley, los beneficiarios de este programa son personas mayores de 60 años y se le prestará atención de acuerdo a la siguiente clasificación, a- Adultos mayores sin posibilidad de asistencia familiar y sin recursos; b- Adultos mayores sin posibilidad de asistencia familiar y con recursos propios; c- Adultos mayores con posibilidad de asistencia familiar y sin recursos propios o familiares.
“Para llevar adelante este programa, será estrictamente necesaria la participación de los municipios, quienes deberán adherir por Ordenanza o Decreto del Departamento Ejecutivo”, explicó Arata y finalizó: “La idea no es trasladar gastos a ninguna de las jurisdicciones sino organizar la ayuda en forma solidaria, por lo que el Estado sólo deberá poner a disposición capital humano para realizar los registros, la coordinación y el control”.
Recomienda una rutina de contacto de parte de los familiares de aquellas personas que se encuentran aisladas en esta emergencia.
La diputada nacional Graciela Ocaña impulsa una iniciativa para que familiares y amigos se comuniquen con los adultos mayores aislados y puedan contenerlos durante la cuarentena por el coronavirus.
A través de las redes sociales, Ocaña y su partido Confianza Pública recomiendan que los familiares de adultos mayores que se encuentran aislados realicen una rutina de contacto transmitiendo ideas positivas, hábitos saludables y de cuidado personal.
Al respecto, la legisladora nacional expresó que “es importante que los adultos mayores sepan que no están solos y que podemos asistirlos a través de videollamadas, mensajes y fotos para que puedan sobrellevar esta cuarentena de la mejor manera posible, teniendo en cuenta los horarios de los medicamentos y alimentación saludable”.
Asimismo, abogó por “extremar las medidas de prevención, es fundamental que cada uno permanezca en su hogar en esta cuarentena preventiva y obligatoria” y sumó su agradecimiento “a todos los profesionales de la salud por su entrega y dedicación en estas horas tan difíciles para todos los argentinos”.
