El inicio del mes de noviembre activó una suerte de cuenta regresiva en ambas cámaras. El 30 de este mes concluye el período ordinario y todas las señales indican que el Poder Ejecutivo no piensa prorrogarlo. Lo que quede, en ese caso, será para las sesiones extraordinarias. ¿Habrá sesiones extraordinarias? Esa es la pregunta que muchos se hacen por estos días y no hay demasiadas dudas al respecto.

A poco de cumplirse 11 meses en la gestión, el Gobierno de Javier Milei ya ha dado sobradas muestras de mantenerse a salvo de lo que pueda hacerle el Congreso, más allá de su minoría extrema en ambas cámaras. Ahora, con el año parlamentario cerca de concluir, lo que necesita es acotar daños, y esto es evitar que la oposición lo afecte aprobando temas que no quiere. Por eso, nada indica que vaya a tener intenciones el Gobierno de extender el período ordinario: nada de lo que necesita y quiera aprobar está pendiente.

Ni siquiera el Presupuesto, pues ya ha transparentado oportunamente que no es una aprobación que los desvele. Está claro que nada mejor para un Gobierno que manejarse con un presupuesto prorrogado, aunque nunca sucedió hasta el presente que eso pasara dos años consecutivos.

Como sea, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró en la semana que su aprobación implicaría que “el arco político en general entendió que no se puede vivir gastando más de lo que se tiene”. Además -y más importante-, sería una señal hacia el exterior. O mejor dicho: su no aprobación sería un dato negativo para los mercados. De ahí la importancia de que el Presupuesto salga.

Atento a ese dato, la intención de la oposición en general -aliados y dialoguistas- es aprobar el Presupuesto, para evitar la discrecionalidad con la que el Gobierno pudo manejarse a lo largo de 2024. Más allá de las quejas y cambios sugeridos, lo votarán.

Según confiaron altas fuentes oficiales a este medio, la intención de La Libertad Avanza es tratar el proyecto en el recinto de Diputados el miércoles 20, o bien durante esa semana. Luego será el turno del Senado, donde lo más probable es que se trate en extraordinarias, que serían convocadas solo para ese tema.

El oficialismo tratará de hacer en Diputados una sesión más en el transcurso de noviembre. Debería ser la semana previa al tratamiento del Presupuesto. El objetivo oficial es llevar al recinto dos temas de suma importancia como son la privatización de Aerolíneas Argentinas, cuyo dictamen se apuró la semana pasada, y ficha limpia. Primero, debería asegurarse contar con el número necesario para aprobar la venta de la aerolínea de bandera, y eso está por verse.

La otra preocupación del Gobierno es la anunciada intención de la oposición de forzar el tratamiento de la reforma de la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia. Más allá de que el presidente Milei ya anticipó que si sale esa ley, la vetará, el oficialismo intentará por todos los medios estirar los tiempos y que no se trate en el recinto al menos este año. Corre a su favor que Aerolíneas y ficha limpia serían dos temas demasiado potentes como para agregarle uno más, de semejante envergadura. Especulan con que la oposición necesitaría una mayoría especial que les costaría conseguir. Se verá.

A propósito de ficha limpia, ese proyecto tiene dictamen desde el 17 de septiembre y ya debería haber pasado por el recinto, pero el tema quedó fuera de la sesión celebrada el 2 de octubre pasado.

Para ese día se había especulado con incluir el proyecto que impide las candidaturas de aquellos dirigentes condenados en segunda instancia, pero finalmente esa sesión se circunscribió a Boleta Única de Papel, la ley antimafias, tenencia de armas y la emergencia en Córdoba. Se argumentó entonces que incluir ficha limpia hubiera alargado demasiado el debate. Como no son habituales esos “pruritos”, quedó claro para muchos que no había demasiado interés oficial en avanzar con ese proyecto. No en ese momento al menos.

No hay ninguna duda de que el Gobierno aspira a que Cristina Kirchner monopolice la centralidad en el espacio opositor. Y tenerla como candidata en las próximas elecciones sería la mejor noticia para La Libertad Avanza. Ya de por sí, Javier Milei celebra que ella vaya a presidir el principal partido opositor, como ya se ha resuelto por vía judicial. Asumirá el 17 de noviembre, justo el día en el que la Cámara de Casación confirmaría su condena. Así las cosas, tener la ley de ficha limpia aprobada sería un impedimento formal para que la expresidenta fuera candidata. De ahí que la oposición dialoguista tenga fundadas sospechas de que no hay intención de que esa ley salga.

De todos modos, el oficialismo no puede darse el lujo de frenar una norma como esa, que reclaman especialmente sus socios del Pro. Aprobada la media sanción a mediados de noviembre, no habría tiempo material para su tratamiento en el Senado. Y es uso y costumbre que no se aprueben leyes que tengan incidencia electoral en años de elecciones. De ahí que la sanción definitiva quedaría para 2026. Con otra composición de ese cuerpo, dicho sea de paso.

En el Senado, no hay demasiados temas pendientes. La ley Nicolás, que si no se aprueba este año perderá estado parlamentario (Dato: el oficialismo no firmó el dictamen suscripto el pasado 16 de octubre). Están también las medias sanciones recientemente aprobadas en Diputados: antimafias y regularización de armas.

Nada urgente en un ámbito donde el oficialismo tiene más preocupación por tener las puertas del recinto cerradas que abiertas. Pasa que está probado que allí la oposición más hostil cuenta con mayor poder de fuego, y entre otras cosas tendría en la mira el decreto 846/24, que habilita a canjear títulos de deuda en cualquier moneda, sin los requisitos estipulados y obviando al Congreso de la Nación. De hecho, los senadores opositores intentaron sin éxito forzar una sesión la semana pasada.

Salvo la informativa a la que asistirá el jefe de Gabinete, prevista para fin de mes, no sería de extrañar que la única sesión que fueran a tener sea la del presupuesto. En la cual podrían dar ingreso para su tratamiento a los 150 pliegos judiciales que el Ejecutivo se apresta a enviar al Senado. La aprobación de los mismos podría darse en todo caso también en extraordinarias.

El diputado nacional Nicolás Massot (Encuentro Federal) cuestionó la idea del Gobierno de privatizar Aerolíneas Argentinas: “Está pidiendo autorización para privatizar empresas sin tener la más remota idea de cuál es el plan que van a seguir”, y afirmó que van a insistir desde su bloque con el presupuesto a universidades y el aumento a jubilados del 8%.

“El tema del aumento del presupuesto universitario es un poco más corto y directo. Se está esperando que el presidente, tal como anunció, la vete. Eso no sabemos cuándo va a ocurrir, y tiene que ser esta semana porque se le vence el plazo, pero no sabemos y ahí obviamente la intención es insistir como se hizo con jubilados, aprovechando la ocasión del Presupuesto”, explicó Massot.

El bonaerense manifestó: “Acá se ha dicho con malicia que no había una discusión respecto de los fondos necesarios para financiar el aumento a universidades y el aumento a jubilados sin comprometer el déficit, lo cual es totalmente falso”.

“Desde diciembre, cuando la Ley Bases fue enviada por primera vez, le marcamos al presidente que había una gran inequidad en el planteo fiscal que compartíamos y es la crítica principal que le sigo haciendo. Al presidente le falta un plan distributivo que no tiene para nada que ver con un apartamiento, al menos de nuestro bloque, respecto del compromiso del déficit fiscal o del equilibrio fiscal que es totalmente firme”, planteó en diálogo por Radio Rivadavia.

En esa línea, Massot cuestionó que “la reducción prácticamente a cero del impuesto a los bienes personales, impuesto que yo no voté por una cuestión de principio y por la cuestión de conflicto de interés. Es difícil cuando tenes que encarar un plan de ajuste tan significativo y donde tenés que cuidar particularidades de la sociedad argentina, que se diferenciaron del resto de Latinoamérica siempre en términos de su fisionomía, de clases, generar un daño que no sabemos si se va a poder reparar en el futuro. Esa baja, por ejemplo, podría haber financiado sin problema universidades y jubilados”.

Al respecto, se vio optimista de contar con los votos para rechazar el veto sobre universidades: “Sí yo creo que están los votos. Para jubilados el Gobierno incorporó en la ley de Presupuesto de vuelta al tema porque nos pide que le ratifiquemos el DNU”.

“Nosotros vamos a insistir en una versión, obviamente diferente, en al menos incorporar el 8% retroactivo para jubilados indicando el financiamiento que tiene, en gran medida que ver, con lo que mi ley no hizo que fue discutir el gasto tributario y los regímenes especiales de tantos sectores. Si sumas universidades y jubilados estás hablando de 0.9 del producto el gasto tributario, llega a tres y medio”, adelantó.

Al ser consultado por el tema de la privatización de Aerolíneas Argentinas, el diputado de Encuentro Federal indicó: “Privatizaciones las que hemos sancionado hace tres meses es que estamos usando una ley del 92’ que no te especifica en ningún momento qué es lo que vos vas a hacer con la empresa en cuestión, de qué manera la vas a privatizar”.

“Quedó claro cuando vino el vicejefe de Gabinete y el secretario de Transporte la semana pasada el Congreso, ellos están pidiendo autorizaciones a trocha y moche para privatizar empresas sin tener la más remota idea de cuál es el plan que van a seguir”, criticó.

“Nos lo dijeron en la cara, no tienen ni idea si es que van a vender las acciones en su totalidad, si quieren sumar socios privados de la empresa. Tampoco están seguros si lo quieren licitar, si lo quieren hacer como una compulsa de precios o si quieren hacer una venta directa”, cuestionó.

Así, sumó: “Lo que nos piden en función de la ley de los 90’ es que demos un cheque en blanco para avanzar con las privatizaciones de la manera en que queramos en cada empresa sin más controles del Congreso y sin ningún tipo de información”, y recordó: “En ocasión de la Ley Bases nosotros hicimos todo lo posible para modificar la ley del 92’. Nos fue muy costoso y lo único que pudimos incorporar fueron algunas instancias de información en una Bicameral que es crucial en este proceso y no está constituida, a pesar de que el Gobierno tiene hace más de 3 meses que tiene 9 privatizaciones autorizadas”.

“Realmente lo que nosotros vemos de parte del Gobierno es que no hay ninguna voluntad de cristalizar y de transparentar estos procesos y no hay ninguna voluntad al final de discutir pragmáticamente empresa por empresa”, apuntó Massot y explicó: “Es un proceso larguísimo y cualquier persona interesado en una compañía lo primero que te va a pedir es que la empresa está en orden y eso se llama gestión. Hay que gestionar, hay que ordenar una empresa que tiene activos que se quieren transaccionar y estamos años luz de que el gobierno lo haga”.

Por último, aseguró no haber visto el discurso que brindó el presidente de la Nación en Parque Lezama: “No vi el discurso, solo algunos recortes en Twitter que es lo que generalmente uno hace. No vi ninguna novedad”, y cerró: “Los que movilizaron todos los micros son gente que no tuvieron fiado en el resto de los partidos políticos y, en muchos casos, es lo peor de la política y eso es lo que movilizó con el presidente que dice que está en contra de la casta, pero los tuvo al lado. Yo creo que hay una serie de contradicciones que se está volviendo insoportable”.

El diputado nacional por Juntos por el Cambio Álvaro de Lamadrid pidió, a través de un proyecto de declaración, que las compañías de viajes aéreos devuelvan el dinero de tickets de viajes cancelados a argentinos varados y clientes.

“Con colegas diputados manifestamos preocupación y exigimos que se deje sin efecto la medida, dispuesta por las compañías, de no devolver el dinero de los pasajes aéreos cancelados a los compatriotas que se encontraban en el exterior sin poder regresar al país”, sostuvo el diputado radical.

La IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo), con la facultad de permitir las liquidaciones bancarias de pasajes entre agencias y compañías aéreas de un mismo país o próximos, anunció que arbitró medidas internas para que, en lugar de devolver el dinero de los pasajes no usados -se estima que rondaría los 35 millones de dólares-, propone modificar las normas y sistematizar el otorgamiento de vales por tickets aéreos en lugar de cursar los reembolsos.

“Comprendemos la difícil situación que enfrentan las aerolíneas y el sector relacionado al turismo en general”, dijo el diputado nacional, sin embargo, sostuvo que “sugerir que utilicen lo gastado en pasajes no utilizados en otra planificación de viaje es pedirle a la mayoría de ciudadanos algo impensable; por lo menos a corto plazo. Su preocupación hoy es como darle de comer a sus familias”, concluyó de Lamadrid.