La Secretaría de Inteligencia del Estado tendrá control operativo de cuatro agencias creadas con el fin de transformar y modernizar el sistema de inteligencia.
El presidente Javier Milei ordenó la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a partir de los resultados obtenidos en el marco de la intervención de la agencia que tuvo lugar el pasado 12 de diciembre de 2023. En su lugar, el órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) será una Secretaría de Estado.
La información fue consignada este lunes por la noche a través de un mensaje difundido por la Oficina del Presidente de la Nación, que justificó diciendo que “la desnaturalización del rol de la agencia de inteligencia durante décadas fue total; lejos de poner sus recursos al servicio de la protección del pueblo argentino, el organismo fue utilizado para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política e ideológica”.
“Sin una supervisión efectiva, producto de intervenciones que se extendieron durante años, la proliferación de estas conductas constituyó una deuda con el sistema democrático y republicano que hoy comenzamos a saldar”, agregó.
De esta manera, se dispone la creación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dependiente directamente del presidente de la Nación, la cual tendrá control operativo de cuatro agencias creadas con el fin de transformar y modernizar el sistema de inteligencia, promoviendo la excelencia y el profesionalismo en el desarrollo de sus tareas. La SIDE estará a cargo del secretario Sergio Neiffert.
El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) tendrá entre sus funciones la recopilación de información estratégica alrededor del mundo, así como también la cooperación con agencias de inteligencia aliadas para la prevención y la disuasión de amenazas a nuestro país. El SIA estará a cargo del director Alejandro Walter Colombo.
La Agencia de Seguridad Nacional (ASN) se encargará de advertir de forma temprana y generar información sobre delitos federales complejos dentro del territorio nacional, así como también de vigilar amenazas coordinadas provenientes de organizaciones criminales y terroristas. El director de la ASN será el comisario general (ret.) Alejandro Pablo Cecati.
La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) evaluará, planificará y desarrollará soluciones para la detección y contención de ciberataques contra la infraestructura informática crítica en el país, así como también de la capacitación del capital humano del Estado para la prevención de amenazas y fallos de seguridad. El director de la AFC será Ariel Waissbein.
La División de Asuntos Internos (DAI) supervisará y auditará el manejo de los recursos de las agencias que operan bajo la órbita de la SIDE, y velará por el respeto jurídico e institucional en el ejercicio de sus facultades.
A su vez, la SIDE, como órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional, tendrá a su cargo la coordinación operativa y el control presupuestario de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), dependientes del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Defensa respectivamente.
Según el comunicado de la Oficina del Presidente, este conjunto de modificaciones sobre la estructura del Sistema de Inteligencia Nacional permitirá “la consolidación de una visión estratégica y moderna, y garantizará el balance entre las distintas agencias, alejando cualquier interés personal, partidario o contrario al engrandecimiento de la Patria”.
A través de sus redes sociales, la jefa de Unidad Ciudadana aseguró que denunciará al organismo, que se encuentra intervenido y a cargo de Silvestre Sívori.
La senadora nacional Juliana di Tullio (UP) denunció públicamente este martes que desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) intervinieron su teléfono celular.
“Hola @AgenciaAfi, ojalá que pincharme el teléfono les sirva para algo más que escuchar mis puteadas al gobierno. Amén de mis conversaciones personales, claro. Hace añares que tengo el mismo número y me niego a entregarles mi vida”, expresó en la red social X.
La jefa de Unidad Ciudadana advirtió que “toda pinchadura de teléfono, además de ser ilegal y de obligarme a hacer las denuncias, se hace con la plata de los ‘pagadores de impuestos’”.
“¿Por qué no corta la GRAN CAJA de los gastos reservados de la @AgenciaAfi y le paga los remedios a los pacientes graves? Pte. @JMilei”, agregó la legisladora kirchnerista.
Al asumir el gobierno de Javier Milei, se extendió la intervención de la AFI por dos años y fue puesto a cargo el abogado Silvestre Sívori, quien había tenido un paso por el gobierno de Cambiemos de la mano del exministro de Transporte Guillermo Dietrich.
En el organismo, el Gobierno nombró a cinco militares retirados por debajo del interventor civil, mientras que echó a cientos de contratados que según el oficialismo estaban vinculados a La Cámpora.
Toda pinchadura de teléfono, además de ser ilegal y de obligarme a hacer las denuncias, se hace c/ la $ de los “pagadores de impuestos”.
¿Por qué no corta la GRAN CAJA de los gastos reservados de la @AgenciaAfi y le paga los remedios a los pacientes graves? Pte @JMilei
— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) March 19, 2024
Públicamente, hasta el momento ninguna autoridad del Gobierno Nacional intervino en el asunto, afirmó la senadora nacional. Consultada respecto de los dichos de personas cercanas a Sívori a elDiarioAR acerca de que la AFI no hace espionaje ilegal y que evalúa realizar una denuncia en la Justicia por la acusación, la senadora expresó que “Sívori no se contactó conmigo ni se puso a disposición. Es muy grave que un funcionario público en vez de querer mejorar los sistemas de control, investigar y conocer la verdad, amenace a la víctima”.
Por qué las escuchas son ilegales
Las actividades de inteligencia interna se encuentran expresamente vedadas por los incisos 2 y 3 del artículo 4° de la Ley N° 25.520; dispositivos legales que expresamente prohíben al Estado y sus Organismos la posibilidad de:
Del mismo modo, el artículo 42 de la Ley N° 25.520 conmina a los hechos denunciados por Di Tullio con penas de prisión de 3 a 10 años para sus autores.
Por tal motivo, Di Tullio anticipó que continuará el camino habitual de tratamiento de este tipo de casos, ya que “toda pinchadura de teléfono es ilegal”. Además, debido a su participación en años anteriores de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, la senadora debe guardar secreto por lo que solicitará autorización expresa al Poder Ejecutivo Nacional para ser relevada de dicha obligación y, de ese modo, poder radicar la denuncia judicial en la que se dé cuenta detallada de la maniobra en cuestión y el modo en que tomó conocimiento de ésta.
Tomó estado parlamentario en el comienzo de la sesión de este jueves. También se giró el pedido de nombramiento de la nueva interventora de la AFI.
En el arranque de la sesión de este jueves, tomó estado parlamentario el pliego enviado por el Poder Ejecutivo para dar continuidad en su cargo a la jueza Ana María Figueroa como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal.
La magistrada tiene un voto determinante en causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además de los jueces Diego Barroetevaña y Daniel Petrone, Figueroa deberá decidir sobre los planteos para que las causas del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces se vuelvan a reabrir o no.
Por otra parte, dentro del extenso paquete de pliegos, también fue girado el de Ana Clara Alberdi, quien fue designada como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia luego que Agustín Rossi asumiera como jefe de Gabinete.
Alberdi es Licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y en la actualidad se encuentra cursando una maestría en Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella, informó el Gobierno en febrero pasado cuando se la nombró interventora.
De la mano de Rossi, Alberdi se ha desempeñado como jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa. Además, fue asesora y jefa de despacho de bloque en la Cámara de Diputados de la Nación.
La diputada radical cuestionó que “el titular de la AFI busca la autocensura de la prensa”, luego de que Agustín Rossi denunciara a medios y periodistas que revelaron que armó “una mesa militar” para “pinchar conversaciones privadas”.
La diputada nacional y vicepresidenta del bloque UCR, Karina Banfi, apuntó contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, tras denunciar a medios y a periodistas por “revelación de secretos políticos y militares”.
A través de su cuenta de Twitter, la radical compartió un extenso hilo de tuits que posteó el Foro de Periodismo Argentinos repudiando la acusación de Rossi y le exigió que “debe renunciar a su cargo porque desconoce el valor del interés público en democracia”.
En ese sentido, le aclaró que “los pedidos de informes son información pública y no está sujeta a NINGUNA restricción y desconoce la Ley 27.275”. Al respecto de la denuncia que presentó el titular de la AFI, la diputada cuestionó que “busca la autocensura de la prensa. ¡BASTA!”.
Rossi había tildado de “falacia absoluta” la presunción de que existe una mesa de inteligencia militar impulsada por el Gobierno Nacional para “pinchar” comunicaciones privadas, y negó todo tipo de contactos con el extitular del Ejército César Milani, con quien dijo que no habla desde 2015, cuando él era ministro de Defensa.
Eso expresó el jefe del bloque Pro, luego de que el titular de la AFI, Agustín Rossi, denunciara a medios y periodistas que revelaron que armó “una mesa militar” para “pinchar conversaciones privadas”.
Tras la difusión de la existencia de una presunta “mesa militar” que se encargaría de armar espionaje ilegal impulsada por el Gobierno Nacional, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, denunció este miércoles a medios y a periodistas por "revelación de secretos políticos y militares". De la vereda de enfrente le salió al cruce el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo.
El precandidato a gobernador bonaerense, le retrucó a través de su cuenta de Twitter en la que denunció: “El kirchnerismo ataca a la prensa libre, a la justicia y a la oposición”, y sumó que Rossi “todavía debe explicaciones por poner en riesgo al país con el avión iraní”, y ahora “vuelve a demostrar que la transparencia no es lo suyo”.
Asimismo, reiteró el pedido de “explicaciones” y remarcó que “devuelven amenazas y denuncias”. Cabe recordar que Ritondo -acompañado de otros diputados de la oposición- presentó un pedido de informes a la Comisión Bicameral de Control de los Servicios de Inteligencia consultando si, dentro de la estructura de la AFI, “se desempeña orgánica o inorgánicamente personal militar en actividad o en retiro”, y si el general retirado Milani cumple funciones como colaborador o “inorgánico” de los servicios de inteligencia.
En simultáneo, reclamó que se informe si esa “mesa militar” es el nexo con las empresas de telefonía celular Movistar, Personal y Claro para obtener información de clientes de esas compañías, y si la AFI detectó una “sustitución operativa de la tarjeta SIM de teléfonos celulares para acceder a la información del teléfono de un usuario”.
Esto último, se desprende a la filtración irregular de los chats que comprometen al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en el viaje a Lago Escondido en la que también participaron miembros de la Corte Suprema, ya que para la oposición esa supuesta “mesa” de inteligencia militar podría ser la responsable de la difusión de los mensajes.
Rossi había tildado de “falacia absoluta” la presunción de que existe una mesa de inteligencia militar impulsada por el Gobierno Nacional para “pinchar” comunicaciones privadas, y negó todo tipo de contactos con el extitular del Ejército César Milani, con quien dijo que no habla desde 2015, cuando él era ministro de Defensa.
El organismo de inteligencia, conducido por Agustín Rossi, realizó la presentación en el juzgado donde tramita la causa del avión venezolano-iraní.
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunció ante la Justicia a los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Gerardo Milman y Ricardo López Murphy, a quienes acusó de haber revelado nombres y cargos de agentes de inteligencia y "haberlos puesto en peligro".
La presentación judicial se realizó ante el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, donde se tramita la causa que investiga a la tripulación del avión venezolano-iraní.
Según publicó la agencia Télam, una denuncia que conforma el expediente fue "reproducida" íntegramente en un medio de comunicación, lo que expuso cargos e identidades de agentes.
La revelación del nombre de un agente "afecta directamente su función", el desenvolvimiento de las tareas del organismo y el ámbito de la seguridad e intimidad de sus vidas privadas, explicó una fuente al tanto de la presentación.
Además, la difusión de esa información puede exponer parte de la estructura organizativa de la AFI, lo que hace públicos los intereses estratégicos del organismo y atenta contra la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación.
La denuncia apunta también contra el consultor aeronáutico Franco Rinaldi, el tercero de los firmantes de aquella presentación que hicieron Milman y López Murphy en la causa del avión, con el patrocinio de los abogados Yamil Santoro y María Eugenia Talerico.
Fuentes judiciales señalaron que en la denuncia se resalta que la autoría penal por los hechos no es de quienes la hubieran publicado en medios periodísticos, ni tampoco se busca limitar el ejercicio de esa función y el derecho a la libertad de expresión.
Al comienzo de la sesión de este jueves, el Senado dio entrada formal al mensaje del Poder Ejecutivo para la designación del santafesino como director de Agencia Federal de Inteligencia.
En el comienzo de la sesión de este jueves en el Senado, se dio ingreso formal al pliego del Poder Ejecutivo que propone la designación del exministro de Defensa y exlegislador Agustín Rossi como director de la Agencia Federal de Inteligencia.
El 8 de junio pasado, el dirigente santafesino asumió como interventor del organismo, cuya intervención el Gobierno prorrogó por cuatro meses mediante el decreto 295/22.
Rossi, que había renunciado como ministro de Defensa en 2021 para competir como candidato en la interna oficialista en su provincia, ingresó en reemplazo de Cristina Caamaño, a quien nunca se le aprobó el pliego en la Cámara alta.
Además, el secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, dio lectura del ingreso de una treintena de pliegos, entre ellos ascensos militares y nombramientos de fiscales, jueces y defensores públicos.
También tomó estado parlamentario el mensaje solicitando la designación del licenciado en Economía Juan Agustín D'Attellis Noguera como director del Banco Central.
Cristina Caamaño respaldó la movilización del martes a Tribunales y Gerardo Milman salió a cruzarla.
La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, respaldó este martes la movilización convocada para el próximo 1 de febrero al Palacio de Tribunales contra la Corte Suprema de Justicia, considerando que la marcha "es más que necesaria", pues a su juicio hay que "terminar con la corporación judicial que son parte del lawfare".
Entrevistada por El Destape, Caamaño se manifestó de acuerdo con la movilización, “porque la va a hacer el pueblo, la gente, a la que la Justicia habitualmente le da la espalda".
Ante ello, salió a cruzarla el diputado del Pro Gerardo Milman, quien le recordó que por la Ley de Inteligencia, quien esté a cargo de la AFI tiene prohibido convocar a practicar y participar de actos políticos. “Señora Caamaño, usted, además de ser una okupa del cargo, ¿no conoce el estatuto de la ley que debe resguardar?”.
Recordemos que Milman llama a Caamaño “okupa” por el hecho de que su pliego no ha sido aprobado por el Senado.
En las redes sociales, el legislador de Juntos por el Cambio publicó una parte del estatuto en cuestión, en donde figuran las obligaciones de quien conduce la AFI. En cuyo punto 6 se establece que no debe estar afiliado a partido político, ni participar en actividades de tal índole, ni profesar o vincularse en organizaciones, sectas, movimientos, logias o agrupaciones que sustenten o propugnen principios contrarios a los de libertad y democracia, de acuerdo al régimen establecido por la Constitución Nacional y el respeto a las instituciones fundamentales de la Nación Argentina”.
El diputado nacional del Frente de Todos participó de un debate sobre el rol de la SIDE desde la vuelta de la democracia, sus reformas y la relación entre los denominados “servicios” con el poder político y judicial.
Miembro de la Comisión Bicameral de control de los organismos de Inteligencia, el diputado oficialista Eduardo Valdés volvió a referirse al tema de los fondos reservados con los que cuenta la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y particularmente a la decisión de este gobierno de blanquearlos, como así también de la importancia de esta medida para terminar con el espionaje ilegal.
Presente en el programa “Desiguales”, de la TV Pública, el legislador nacional se refirió a “los fondos reservados son sobres judiciales, sobres periodísticos para comprar voluntades. Eso es lo que desde el 10 de diciembre hasta la fecha, con Cristina Caamaño como interventora, no existe más en la Argentina”.
Asimismo señaló que "Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2014, suprimió los fondos reservados. El 91% del presupuesto de la AFI eran fondos reservados; Alberto Fernández y Cristina Kirchner suprimieron los fondos reservados y hoy el presupuesto de la agencia federal de inteligencia es el 9% de lo que tenía Macri".
Valdés se refirió al accionar de los servicios de inteligencia y las irregularidades en la relación con la Justicia, donde se refirió en particular a un nombre que pidió tener en cuenta: el director de Asuntos Jurídicos, Sebastián Destéfano. Según Valdés, “ellos tienen más poder cuando menos conocidos son”. “Era el tipo que saca su primera resolución de que ningún agente de la AFI puede hablar con un juez, se reservó para sí mismo el dialogar con la justicia. Un espía solo puede ir a espiar si tiene orden judicial, y él inventaba la orden judicial".
En relación al origen del organismo de inteligencia y las expectativas sobre su funcionamiento, Valdés señaló que "la SIDE fue creada por Perón cuando los norteamericanos inventaron la CIA, que es para hacer inteligencia internacional. Cuando vinieron los golpes militares empezaron a poner todo el sistema de inteligencia para inteligencia interior. La SIDE no nació para hacer inteligencia interior, nació para hacer inteligencia exterior. Es el único organismo de inteligencia que se relaciona con los organismos de inteligencia del resto de los países”.
Finalmente, el legislador reflexionó sobre el trabajo que lleva adelante la Comisión Bicameral de Inteligencia en el caso del espionaje ilegal realizado a través de cámaras ocultas en la sede del Banco Provincia y el necesario compromiso de la política para terminar con el espionaje ilegal. "Trato de buscar esperanza: cuando aparece el video, el Congreso que estaba en receso y ante el pedido de la presidencia de las cámaras de conformar la comisión bicameral de inteligencia, inmediatamente los bloques nombraron los miembros y en la primera semana de enero se votó por unanimidad investigar estos videos", reconoció.
"Creo que la reacción de la política tiene que ser contundente: quienes fueron espiados tienen que reaccionar para que no suceda nunca más el espionaje ilegal. Vidal, Larreta, Santilli y los miembros de la Corte, Rozenkrantz y Rosatti fueron espiados varias veces por Dalessio y el grupo Super Mario Bros. Ni siquiera se presentaron en el juzgado, han decidido naturalizar el espionaje ilegal".
Atribuyó a “la mano de obra desocupada” haber generado acciones para debilitar al presidente, y descartó que Alberto Fernández sea un presidente débil.
El diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés reivindicó el accionar del Gobierno en materia de inteligencia al señalar que "todo lo que discutimos sobre espionaje ilegal es porque se tomó una política de Estado donde se asumió que el presidente y vice iban a ir contra los fondos reservados de la Agencia Federal de Inteligencia. Gobernar sin fondos reservados es decidir no pagar sobres ni a periodistas ni a jueces".
Así se expresó al participar de la mesa de debate del programa "Caníbales" trasmitido por C5N, donde se abordó la cuestión del espionaje ilegal, y allí se refirió a la reacción que generó esta postura del Gobierno en ciertos sectores de los servicios de inteligencia: "Muchas veces esa mano de obra desocupada ha generado acciones para querer mostrar la debilidad de un presidente”, y en ese sentido señaló que “el día que se sublevó la policía de Buenos Aires, esos que se agolparon frente a la quinta de Olivos eran mano de obra desocupada”.
“Puedo decir que cuando el presidente viajó a El Bolsón y le rompieron los vidrios de la camioneta, eran mano de obra desocupada, y el presidente se la bancó, y siguió trabajando sin fondos reservados, porque lo que le estaban reclamando los espías era que no iba a poder continuar".
Valdés expresó su opinión sobre la necesidad de una reforma judicial que ponga fin al espionaje ilegal y las causas judiciales “armadas”. "Creo que efectivamente hace falta una reforma judicial; las leyes fueron enviadas al Congreso inmediatamente cuando asumió al Gobierno, si todavía no salieron es porque no contamos con los números, se trata de una cuestión cuantitativa”.
“Por eso es importante ahora la movilización popular, por la concientización. A diferencia de otros tiempos ellos son dueños de los medios de comunicación dominantes, ahí es donde generan las estigmatizaciones, las naturalizaciones, los repartos de académicos, la diferenciación entre buena y mala prensa", expresó Valdés
Asimismo el diputado oficialista señaló que "el Gobierno asumió con el Poder Judicial cooptado por el poder económico, eso explica la impunidad de un sector de poder, porque la corporación judicial no los investiga".
Sobre las dificultades económicas y el endeudamiento, el legislador señaló la importancia de la unidad dentro del oficialismo en estos momentos de negociación con el Fondo Monetario.
Expresó al respecto que el Gobierno anterior dejó “otro cepo, el económico. Lo único que tenemos que bregar nosotros es mantenernos unidos en el Frente de Todos, porque en la división está la posibilidad de que el FMI nos imponga la receta que pretende imponer. Si no hemos cerrado aún un acuerdo con el Fondo Monetario es porque no se perciben posibilidades de mejora para nuestro pueblo; lo que está haciendo el Gobierno es tensionar, que es lo que corresponde, al menos yo como peronista creo que es así”.
En otro orden, al referirse a la política internacional que practica este Gobierno, Valdés resaltó la conducta que tuvo el presidente Alberto Fernández con Evo Morales y Lula: "El presidente de la Nación, siendo presidente electo y con Donald Trump gobernando, decidió abrazar a Evo Morales y García Linera cuando intentaron matarlos para proteger sus vidas. Decidió visitar a Lula en prisión en plena campaña electoral para visibilizar el lawfare y la detención ilegal del mismo”.
Y se preguntó: “¿Ustedes creen que un presidente que actúa de esta forma nos va a entregar con el FMI? Terminantemente no. No tenemos un presidente débil, tenemos un presidente que en libertad y democracia ha decidido gobernar sin servicios de inteligencia que hagan espionaje ilegal y ver cómo vamos resolviendo el endeudamiento y de un valor mejor de justicia".
Se dio en el marco de la investigación que lleva la Comisión sobre el accionar de una mesa judicial bonaerense durante la gestión de Vidal. En la misma, el exfuncionario aseguró que en la entidad “nunca hubo cámaras”.
El exjefe de seguridad de la sede porteña del Banco Provincia Mariano Albito se reunió con legisladores de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso Nacional, en el marco de la investigación sobre el accionar de una mesa judicial bonaerense durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, y aseguró que "nunca hubo cámaras en esa entidad”, a excepción de las instaladas en junio del 2017 cuando se realizó allí el encuentro entre funcionarios de la actual diputada, miembros de la Agencia Federal de Inteligencia y empresarios, informaron fuentes parlamentarias.
Tras realizarse este martes una inspección ocular en la sede bancaria, los legisladores se reunieron con Albito en la sede del edificio del Bapro ubicado en San Martín y Bartolomé Mitre, en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires para conocer detalles sobre el encuentro del 2017 filmado, en el que se ve a exfuncionarios, espías de la AFI y empresarios acordar el armado de causas judiciales para perseguir a dirigentes sindicales.
“Nos hizo un gran aporte porque nos dijo que nunca hubo en ese lugar de la reunión cámaras de seguridad ni antes ni después de ese encuentro”, aseguró el diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés y evaluó que “esa afirmación confirma que las cámaras fueron puestas por la AFI”.
En ese sentido, destacó: "Es muy valorable la conducta tanto de la empleada de ceremonial como del gerente de seguridad del banco. Creemos que la gente que no tiene nada que esconder se presenta y no pide postergación”, en alusión al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, quien pidió declarar por escrito ante esa bicameral.
Este martes, los legisladores dialogaron con una empleada de ceremonial (personal estable del banco), quien relató que aquel día había hecho “ingresar a algunos de los participantes de la reunión”, entre otros aportes que hizo.
También, informaron que las autoridades del Banco Provincia “les entregaron dos mails donde la presidencia del Bapro, por indicación de la gobernación de Vidal, pide la reserva de ese salón de uso múltiple para el 14,15 y 16 de junio de 2017”, pero indicaron que el encuentro fue el 15.
Cabe recordar que, en el encuentro del 15 de junio del 2017, el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas expresó su deseo de contar con una “Gestapo” para accionar contra los gremios.
La reunión quedó registrada en la grabación hallada en las instalaciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y motivó que la interventora de ese organismo, Cristina Caamaño, presentara una denuncia ante la Justicia federal de La Plata.
Para este jueves, los integrantes de la subcomisión de Inteligencia del Congreso citaron al exdirector operacional de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, encargado de la parte tecnológica de ese organismo, uno de los funcionarios que también participó de la reunión.
Tras la renovación parcial de las cámaras legislativas el oficialismo logra imponer su agenda ante una la principal fuerza opositora, Juntos, en “redefinición histórica”.
Por Eleodoro Dof
Se dice en política que las elecciones las pierden los gobiernos, los oficialismos; no es que las gana la oposición. Pues bien, algo de eso debe haber pasado en la provincia de Buenos Aires.
La reacción del oficialismo bonaerense luego de la primera derrota, en las elecciones primarias, empieza a dar sus frutos. Un cambio de gabinete que amplió el volumen político e incorporó sectores de la alianza oficialista excluidos hasta ese momento, movió de tal forma la arena política que estamos ante un nuevo contexto.
Si la victoria de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires de 2017 duró poco, la de Juntos en 2021 no duró nada.
Esos nuevos aires que se respiraban no tardaron en llegar a la Legislatura con nuevos interlocutores en los bloques y una agenda definida que no deja pasar el tiempo.
Sin proyecto de transformaciones de fondo y con una coyuntura pandémica que condiciona a la gestión, el oficialismo se las arregla para apura a la oposición en la Legislatura bonaerense, con lo que podríamos llamar una agenda mediática, que hace mucho ruido pero que tiene incidencia concreta.
De todas formas, el oficialismo muestra así un posición activa o emisora, mientras que la oposición aparece como receptiva y pasiva.
A la oposición le cuesta definir posiciones, mientras que no encuentra el equilibrio interno. Demoró hasta el extremo la elección del presidente de la bancada de senadores para terminar con el infantilismo de “un ratito cada uno”.
La mentada unidad opositora se mantuvo pasadas las elecciones de 2015, pero ahora parece evidenciarse que es bastante estética y poco productiva. Sólo sirve para mantener la ilusión de estar en condiciones de volver a ganar las elecciones y, así, al gobierno. No mucho más que eso, una ilusión.
Sobre el cierre del año, en la Provincia, un inconexo Juntos hizo prácticamente todo lo que el oficialismo le pidió a cambio de lugares vacantes aquí y allá. Pero incluso fue más bondadoso que eso: cambió conceptos sin ponerse colorado.
Sin decir la más mínima palabra, la oposición reeligió al defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires por otros cinco años calendario -el período 2022/27-, pero cuando Cambiemos estuvo en el gobierno se estableció el lógico criterio de que fuera la oposición la que ocupara ese cargo. Bueno, ahora es el oficialismo el que lo vuelve a ocupar esa titularidad como en sus inicios, pero que reclamó para la oposición cuando lo fue.
Mientras tanto, en el Senado se rompió por segunda vez en la historia de la Legislatura bonaerense con la ley de fueros al permitir un allanamiento al despacho de un senador de la oposición.
La última vez que se trató en recinto de la Legislatura bonaerense la posibilidad de quitar a un legislador -diputado en este caso- la inmunidad que le dan los fueros parlamentarios, la entonces bancada del FpV encabezó la resistencia. El Cuerpo finalmente le negó la posibilidad de despojarse de los fueros al solicitante, que quería compadecer ante la Justicia sin ellos.
Ahora el concepto cambió y nadie dijo nada, ante la premura y accionar oficialista para que la Justicia invada el despacho opositor. Un mal precedente para cualquier opositor de todos los tiempos.
Hay en esos movimientos un cambio de roles, donde el oficialismo aparece como cuestionando la inmunidad que da el poder… de la oposición.
Es la otrora oposición “perseguida”, se puede inferir, ahora persigue a la actual oposición y levanta, como oficialismo, los fueros parlamentarios, para que otro poder, el Judicial, ingrese a este poder, el Legislativo.
Más claro aparece este cambio de roles en el otro planteo que hace el Frente de Todos en la Cámara baja.
La imagen es que mientras en Cariló, por un lado, los líderes de Juntos ponderan en diferentes notas periodísticas el cambio que significa la incorporación de Martín Insaurralde para el gobierno de Axel Kicillof, y la gran ayuda que encuentran los intendentes en esa incorporación, no se lo escuchó a Carlos Bianco -el desplazado que sigue en el Gobierno- valorar tanto “el gesto del cambio”. Nuevamente la inversión.
Por el otro lado, el bloque de diputados del FdT presenta un pedido de juicio político al procurador de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, algo que vino cocinando a fuego lento el ahora oficialismo provincial desde que era oposición.
En Juntos se limitaron a concentrarse en difundir gacetillas institucionales muy formales y colectivas sentando posición, no mucho más que eso. Es como si realmente hubiera un sector -entre tantos sectores que componen la alianza opositora- que estuviera de acuerdo en avanzar con el juicio político. Tampoco hay “contraofensiva” por el momento.
Tal vez por ello el FdT despliega cada vez con mayor coordinación la ofensiva y parece que pelea con molinos de vientos, sin reacción de los acusados. De hecho, Juntos no pudo ni festejar el triunfo electoral de noviembre; festejó el oficialismo.
El Frente de Todos es gobierno y siempre es más fácil retener el poder estando en el poder que tener que recuperarlo desde el llano; ya estuvieron en el llano no hace mucho y costó volver; ayudó y mucho Cristina Fernández de Kirchner, ahora no está tan claro quién podrá ayudar al FdT bonaerense, pero se está en esa búsqueda, según relata un observador participante del espacio.
Así, los diputados se preparan para ver hasta dónde pueden avanzar con el juicio político al procurador Julio Conte Grand.
Fueron los libertarios los que elevaron la voz para poner un freno a la ofensiva oficialista, conjuntamente con las bancadas de Cambio Federal y Juntos, pero la primera sonó mucho más fuerte, parece cargada de convicción.
La idea del FdT es llegar de alguna manera no al juicio político propiamente dicho, sino a la conformación de la Comisión Acusadora que, entienden, necesita mayoría simple, no los dos tercios que se necesitarían para la instancia de la acusación ante el Senado.
Independientemente de que será muy difícil conseguir los dos tercios para avanzar a la segunda instancia del juicio político, la conformación de la comisión sería muy oportuna para el oficialismo.
Desde allí se podrían seguir, el tiempo que sea posible, los avatares que se sucederán en la causa denominada la “Mesa Judicial de Vidal”, supuestamente creada “para perseguir, hostigar y encarcelar a dirigentes sindicales desde el aparato del Estado”, según las propias palabras de la presidenta de la bancada de senadores del FdT, María Teresa García, estableciendo así cierta analogía con otros trágicos momentos histórico de la Argentina.
Así es que el oficialismo avanza sin mayores resistencias en una clara dirección, asociar la causa de la “Mesa Judicial” de la que habría participado el senador oficialista Juan Pablo Allan con el supuestamente aludido allí, el procurador Julio Conte Grand.
La carambola tensiona al Senado, donde las bancadas del oficialismo y la oposición se dividen el recinto en partes iguales y condiciona al extremo la situación del procurador.
El oficialismo se esmera en lograr consustanciar pruebas en las causas; sino lo logra al menos intentará gravar en la conciencia ciudadana la gravedad del caso denunciado, que es importante su esclarecimiento y que los responsables sean juzgados.
Pero primero lo primero: que en paralelo a las acciones judiciales haya acciones políticas que acompañen ese accionar que hasta ahora no están objetando, por el contrario.
Desde el FdT se adelantó que se va a “pelear” para que “no se saque la causa de la Justicia Federal bonaerense y específicamente de las manos del juez Ernesto Kreplak (que algunos lo confunden y llaman Nicolás).
Incluso se está especulando con alternativas a la Comisión Acusadora para igual avanza en la convocatoria a algunos de los aludidos en la lista de personas que brinden testimonio en aquella institución del Juicio Político. Se pretende convocar al juez Gabriel Vitale, a los sindicalistas Pablo y Hugo Moyano, al exministro Marcelo Villegas y el propio Allan, entre otros.
Podría ser la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, que fue comandada en estos últimos años por la diputada oficialista Susana González, que formó parte del anuncio de la presentación de pedido de juicio político junto al jefe del bloque, César Valicenti, y el vicepresidente de la Cámara, Rubén Eslaiman.
El miembro de la Policía Bonaerense se presentó este jueves ante la subcomisión de la Bicameral de Inteligencia que lleva adelante una investigación sobre el vídeo de la "Gestapo" antisindical.
El comisario Hernán Cassasa confirmó este jueves ante una subcomisión de la Bicameral de Inteligencia del Congreso ser el autor de audios en los que revela el accionar de una mesa judicial durante el gobierno anterior, y detalla a los exfuncionarios que la integraban con el objetivo de perjudicar a dirigentes sindicales.
Cassasa, actual comisario de la Policía Bonaerense y subcomisario en el 2017, ratificó sus dichos al declarar ante los diputados oficialistas Leopoldo Moreau -presidente de la comisión-, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el diputado radical Miguel Bazze.
En declaraciones a la agencia Télam, Tailhade contó que Cassasa "ratificó que es el autor de esos audios, su contenido y aportó una serie de elementos que necesitamos profundizar".
"Fue una buena declaración. Ratificó lo que dicen los audios que son de conocimiento público de la mesa judicial", subrayó el legislador K.
Asimismo, señaló que el policía detalló elementos sobre el funcionamiento de esa mesa judicial, similares a los que ya se habían obtenido en la bicameral producto de las investigaciones, y que está dispuesto a aportar más información.
En los audios, Cassasa afirmaba que "la mesa judicial que tenían" en la provincia de Buenos Aires estaba integrada por a exgobernadora y hoy diputada María Eugenia Vidal, el exjefe de Gabinete Federico Salvai, el exministro de Seguridad y actual diputado Cristian Ritondo y el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, quien fue citado para el próximo martes 18 de enero a la subcomisión.
Además, la decisión de convocar a Conte Grand está vinculada con la difusión del vídeo en el que exfuncionarios de Vidal, exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios de la construcción conversan sobre denuncias a realizar contra dirigentes sindicalistas.
En el audio se menciona la colaboración que tendrían aseguradas por parte de una fiscal y de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.
El encuentro con Cassasa fue el único que pudo concretarse esta semana, ya que estaban previstas dos reuniones con empresarios. La del martes no ocurrió porque uno de ellos argumentó tener Covid y dos se encuentran fuera del país. En tanto, la del miércoles, que iba a ser con Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO) y Ricardo José Alconada, presidente de OCSA, tampoco se realizó, porque ambos alegaron que ante la imputación en su contra comparecerán primero en la Justicia y luego ante la subcomisión.
La próxima semana también se recibirán a los representantes de las distribuidoras de equipamiento Axis, cuya firma aparece en la marca de agua de la grabación de la reunión en instalaciones del Banco Provincia, pieza audiovisual que motivó la denuncia por parte de la AFI.
Así lo consideró el diputado oficialista frente a las declaraciones de su par y exgobernadora bonaerense sobre el vídeo de la "Gestapo" antisindical.
El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) salió al cruce de las declaraciones de su par María Eugenia Vidal (Pro) sobre el vídeo de la "Gestapo" antisindical, y consideró que "Vidal debería tener la reacción de una persona de bien, de salir a decir que todo esto le da asco, porque la espiaban a ella también".
"Las barbaridades que dijo Vidal… deberían haberla salido a desmentir sus propios compañeros. Encima hablando a los gritos como si eso fuera más creíble", criticó a la exgobernadora bonaerense sobre su opinión en relación al vídeo en el que aparecen exfuncionarios, exagentes de la AFI y empresarios hablando sobre causas judiciales contra gremialistas.
El oficialista señaló que "ese vídeo muestra a las claras que en ese lugar se derramó una política para perseguir a los dirigentes sindicales que a ellos les caían mal y que luchaban por los derechos de los trabajadores".
"Lo peor es que el vídeo se concretó después. En el vídeo se nombra al "Caballo" Suárez, que estuvo preso, y al "Pata" Medina, que también fue preso", continuó, y denunció que en el gobierno anterior "se armaron bases en el AMBA desde la AFI, con anuencia de María Eugenia Vidal", según "lo dijo Silvia Majdalani" en la Bicameral de Inteligencia.
Además, en diálogo con radio Futurock, el legislador porteño opinó que "nadie va a espiar a Vidal o a (Diego) Santilli si no es por orden de Mauricio Macri", a quien calificó como "el jefe de los espías".
En esa línea, Valdés afirmó que de las "700 horas de declaraciones de espionaje" que lleva escuchadas por ser parte de la Bicameral de Inteligencia, en una conversación entre espías "Alan Ruiz dice que quien manda es el 1. En la jerga el 1 es Macri, porque (Gustavo) Arribas es el 5 y (Silvia) Majdalani era la 8".
Por otra parte, sobre la grabación del vídeo, el diputado reveló que "hemos mandado a pedir que nos digan quién es esa empresa", que "no es proveedora del Banco Provincia" y solo figura " dando servicios de cámara en el municipio de Vicente López, que casualmente el intendente es Jorge Macri".
Sobre el rechazo de la oposición en la Legislatura bonaerense al juicio político contra el procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, el oficialista apuntó que el jefe de los fiscales, así como el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, y el fiscal Carlos Stornelli "se creen que están por encima de los derechos de todos los ciudadanos".
Presidente de la bicameral que ya inició una investigación sobre el polémico video donde aparecen exfuncionarios de la administración bonaerense, el diputado oficialista cargó duramente contra la exgobernadora.
El diputado nacional y presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau, afirmó: “La primera conclusión es que (María Eugenia) Vidal mintió descaradamente. Le recomendaría que se busque mejores asesores y abogados, porque si va a decir lo que acaba de decir públicamente va a quedar muy comprometida” y “en una declaración uno puede mentir o incluso negarse a declarar pero siempre son indicios que te van en contra, más allá de lo que diga en código penal”.
En diálogo con El Destape, añadió: “¿Por qué digo que miente? Porque no son otros los que están siendo investigados, es ella y sus colaboradores, si bien es cierto que un mafioso puede ser peligroso ella debería saber que una mafiosa manejando el aparato del estado es cien veces más peligrosa”.
El diputado prosiguió señalando que “el problema de Vidal es que se dedicó a llevar un plan sistemático de persecución a sindicalistas. Ella asumió como política acosar a los sindicatos, lo expresa uno de los participantes de la reunión diciendo que le habría gustado tener una Gestapo”.
“Vidal se confundió de profesión, ella tendría que haber sido directora de recursos humanos de Ford, del Ingenio Ledesma, de Propulsora Siderúrgica”, señaló con ironía en otro pasaje, para agregar luego: “Me parece que esa declaración la expone más de lo que ya está expuesta y demuestra claramente que miente a troche y moche”.
En la misma línea, subrayó: “La retirada de la dictadura militar dictó una ley de autoamnistía, ahora están haciendo fallos de auto amnistía aceleradamente, el de (Mariano) Llorens y (Pablo) Bertuzzi. Estos jueces, los que se veían con (Mauricio) Macri, ya no dan para más, esta situación solo se desempata con una gran movilización de la sociedad”.
Moreau anticipó que citarán a la comisión al procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, también a los empresarios que participaron de la reunión para el martes y así a tantos otros. Además, se pronunció respecto de los dichos de María Eugenia Vidal que cuestionó la elección de un juez de La Plata para iniciar la causa. “Cada vez que hay alguna causa la quieren llevar a Comodoro Py para que los cómplices de ellos la duerman”, señaló, agregando que “tenemos que explorar todas las alternativas apoyadas con la fortaleza de la gente en la calle”.
Criticó además a los magistrados, señalando que “no son jueces de la ley, son jueces del poder. Nadie puede quedar afuera de esto porque nadie está seguro con una justicia de esta naturaleza”.
Por último, detalló: “Los organismos de derechos humanos le dieron una gran jerarquía y significación” al episodio, y agregó que “los organismos emitieron su repudio a lo que se viene conociendo estos días como lo que se viene conociendo hace un año y pico atrás cuando esta comisión inició las tareas de investigación del accionar de la AFI durante el gobierno de Macri, que nos llevó a la conclusión de que hasta ese momento 307 ciudadanos y 170 organizaciones sociales, comunitarias e institucionales habían sido víctimas de espionaje”.
Explicó porqué se tomó un tiempo para responder sobre el video en el que quien fuera su ministro de Trabajo habla de una Gestapo antisindical, y aclaró que las personas a las que se alude en ese video “son gente mafiosa que no puede pasar ahora como víctimas
La exgobernadora María Eugenia Vidal rompió anoche el silencio en torno al video conocido la semana pasada, donde se ve a exfuncionarios de su administración hablando de impulsar causas contra sindicalistas y en cuyo marco su exministro de Trabajo Marcelo Villegas pronunció su deseo de contar con “una Gestapo para terminar con todos los gremios”.
Entrevistada en La Nación+, la diputada nacional aclaró que en su gobierno “no hubo ni mesa judicial, ni causas armadas a sindicalistas, ni a nadie. Todos aquellos que hoy se invocan como perseguidos, fueron investigados por la justicia, no por mi gobierno, con pruebas claras y concluyentes. Y por eso se pidió su detención”.
“Incluso el caso del ‘Pata’ Medina, o el caso de (Marcelo) Balcedo, causas pedidas mucho antes de que yo fuera gobernadora”, remarcó la diputada, que recordó a continuación que “el Pata Medina estuvo preso 14 años antes de que yo fuera gobernadora; y Balcedo tuvo una orden de detención de la que huyó del país en 2007 por extorsionar a dos diputados provinciales del Frente Renovador”.
La exmandataria provincial resumió: “Estamos hablando de gente mafiosa que no puede pasar ahora como víctimas por un circo armado por el kirchnerismo”.
En la entrevista con Pablo Fernández Blanco y Laura Di Marco, Vidal contó el “modus operandi” del Pata Medina: “Obligaba a las empresas a contratar a una empresa de cattering determinada, cuyo valor de vianda era más alto que el resto de las empresas de cattering; obligaba a las empresas a contratar personal que no trabajaba, que él llamaba veedores. Y cundo los empresarios se negaban a esas condiciones, paralizaba las obras y realizaba acciones intimidantes y violentas”.
Tras contar otros episodios en el que estuvo involucrado el extitular del gremio de la construcción en La Plata, como el tiroteo en el traslado de los restos de Perón, Vidal aseguró que “no necesitaba que mi gobierno ni nadie le armara una causa para ir preso. Lo que sí necesitaba era un gobierno honesto que lo protegiera y una justicia que supiera que podía actuar independiente”.
Consultada por la expresión referida a “la Gestapo”, la consideró “repudiable e injustificable”, y aunque dijo que “no constituye delito, pero es absolutamente repudiable y por la cual él (por Marcelo Villegas) pidió disculpas, no solo públicamente, sino que llamó para pedir disculpas personalmente a representantes de distintas entidades judías. Además, termina esa frase diciendo ‘pero las leyes son las leyes’, con lo cual él demuestra que iba a cumplir la ley”.
“Esa reunión es en una dependencia pública, a la luz del día, con más de diez personas, con instituciones de la construcción de la ciudad de La Plata, con un intendente, con un legislador provincial, con dos ministros, con la persona del Ministerio de Justicia que tenía a su cargo la asistencia a la víctima. ¿Por qué estaba ahí? Porque los empresarios eran víctimas del Pta Medina y porque mi gobierno los acompañaba para que hicieran la denuncia. Porque tenían miedo”.
¿Quién grabó?, se le preguntó, y Vidal consideró que “este es el punto central, porque la reunión fue ilegalmente grabada, porque hasta ahora no apareció la orden de ningún juez que hubiera ordenado grabar esa reunión o hacer algún tipo de seguimiento”.
“Para mis ministros y para los empresarios, era una reunión de trabajo”, insistió, y ante la pregunta por la presencia de agentes de inteligencia, la diputada respondió: “Eso lo va a tener que explicar la gente de la AFI en sede judicial”.
Luego aclaró la diputada que “parte del tiempo que demoré en responder es porque yo me entero de esta reunión por los medios y por supuesto tuve que reconstruir todo lo que había pasado. Ahora, muchos de los que estuvieron en esa reunión me dijeron ‘no sabíamos que era gente de la AFI’, esto es algo que tiene que explicar la AFI en sede judicial”.
Luego insistió en que “esta reunión fue ilegalmente grabada, pero además, la interventora actual de la AFI (Cristina Caamaño) tarda dos años en encontrar este video, y cuando lo denuncia lo hace ante un juez incompetente de la ciudad de La Plata, cuando el hecho fue en la Capital Federal”.
Tras insistir en que el video “no constituye prueba porque es ilegalmente grabado”, Vidal sostuvo que “hay un modus operandi que se repite en Dolores, en el caso de (el fiscal Carlos) Stornelli, y se vuelve a repetir acá donde la jefa de los espías del Gobierno nacional, que además es parte de Justicia Legítima, elige los jueces donde presentar la causa y va descubriendo pruebas a lo largo de los años”.
“Para mí es inexplicable y va a tener que explicar por qué ahora encuentra un video dos años más tarde que es ilegal y lo presenta como prueba cuando sabe que no lo es”, enfatizó Vidal, para afirmar a continuación que “el kirchnerismo ha pretendido desde siempre, porque no puede dar la cara, decir que ha sido perseguido. Esto busca hacer creer que somos todos iguales y no lo somos”.
La senadora bonaerense enfatizó que "en democracia no se había visto nunca un aparato estatal de persecución judicial a sindicalistas".
La senadora nacional Juliana Di Tullio (FdT) volvió a referirse este jueves al escándalo por la "Gestapo" y expresó: "Me preocupa muchísimo que no estén todos los medios de la Argentina en la puerta de la casa de María Eugenia Vidal, o del expresidente (Mauricio) Macri, o (del procurador bonaerense Julio) Conte Grand".
En referencia al vídeo en el que aparecen exfuncionarios vidalistas, agentes de la AFI y empresarios hablando sobre denuncias contra sindicalistas, la kirchnerista observó que "si el vídeo hubiera sido salido en las épocas de Cristina o de Néstor (Kirchner), o de Alberto (Fernández) seríamos tapa del diario Clarín todos los días, durante más de un año, hasta que nos volteen a todos".
Sobre la denuncia que recibió en su contra, por su discurso en la última sesión del Senado, la legisladora señaló que "es lamentable en términos de la democracia".
En otro tramo, también hablando de democracia, la bonaerense enfatizó que "en democracia no se había visto nunca un aparato estatal de persecución judicial a sindicalistas". "Es grave porque sin democracia sólida no existe ninguna posibilidad de crecimiento económico, ni de mejorarle la calidad de vida al pueblo. El macrismo construyó una democracia de bajísima intensidad", agregó.
Sobre los participantes del vídeo que originó una denuncia por parte de la AFI, Di Tullio remarcó que "no era un grupito así nomás" sino "ministros, los tres más altos de la AFI y el procurador". "Nunca en mi vida había visto una cosa igual", aseguró.
En declaraciones a FM La Patriada, la senadora manifestó que "el peronismo siempre gana elecciones para reparar lo que hizo mal la derecha. Ellos siempre tienen un plan sistemático para quitarle derechos a los trabajadores, demonizando a los sindicatos y sindicalistas".
"Acompañaron y financiaron un golpe de Estado en Bolivia, y encima ni lo llamaron golpe de Estado. ¡Cómo lo van a llamar golpe de Estado si contribuyeron con armas!", criticó al gobierno anterior.
El presidente lanzó un hilo de tuits en los que se refirió a la investigación por el vídeo en el que aparecen exfuncionarios bonaerenses hablando sobre causas judiciales contra sindicalistas como el "Pata" Medina.
El presidente Alberto Fernández se refirió este martes a la denuncia de la AFI a raíz de un vídeo en el que aparecen exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal -hoy diputada nacional-, junto a empresarios y miembros del organismo de inteligencia, en el que conversan sobre las denuncias contra el extitular de la UOCRA, Juan Pablo “El Pata” Medina.
"La Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la Agencia Federal de Inteligencia para que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores", comenzó el mandatario.
A continuación, recordó que "al inicio de la gestión denunciamos la existencia de más de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía funcionarios nacionales, pero también personas de la justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos".
"Así, se asignaron esos dispositivos a María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros", enumeró.
El jefe de Estado se preguntó: "¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en “operador judicial”?".
"Esas preguntas exigen una respuesta. El uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones criminales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible", sostuvo Fernández.
Finalmente, resaltó que "ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos".
El senador K cuestionó que el máximo tribunal le encomiende al Poder Legislativo debatir en un plazo de 120 la reforma del Consejo de la Magistratura.
El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos) apuntó contra los miembros de la Corte Suprema, al tiempo que consideró que el máximo tribunal debería estar compuesto por 10 o más jueces y tener "participación federal y de género".
Consultado en radio El Destape sobre la entrevista que le hicieron en Clarín al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en la que manifiesta que 120 días es "un plazo razonable" para que el Congreso sancione una nueva ley sobre el Consejo de la Magistratura, el legislador K expresó: “Es una Corte vergonzosa esta, la verdad que no tiene vergüenza después de 16 años dictar un fallo y pretender darle órdenes al Poder Legislativo de lo que tiene que hacer".
"Es una Corte está absolutamente desacreditada y desprestigiada, que no le hace bien a la democracia", dijo el neuquino y señaló que "el Senado seguramente lo debatirá" al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, aunque aclaró: "En mi opinión personal yo estoy de acuerdo con la ley vigente, equilibra a los distintos sectores".
En esa línea, alentó un debate sobre la composición de la Corte. “Personalmente estoy absolutamente convencido en que hay que ampliar el número de los miembros de la Corte, no sé el número pero tiene que ser mucho más amplia, con participación federal y de género. Tiene que haber una Corte que represente a los intereses de todos los argentinos y no de grupos empresarios o de medios monopólicos de información”, sostuvo. Sin dar un número de integrantes, Parrilli opinó que “debe ser de dos dígitos, arriba de 10 por lo menos”.
Por otra parte, el senador se refirió al vídeo en el que aparecen exfuncionarios de María Eugenia Vidal hablando de un supuesto armado de causas contra gremialistas. “Fuimos víctimas de la persecución y el espionaje político, del armado de causas. Hoy está apareciendo a la luz con toda crueldad y evidencia lo que fueron", resaltó.
"Quiero que se investigue a fondo qué es lo que ocurrió. Estas cosas que aparecen dan cuenta de la existencia de un Estado mafioso que existió en Argentina del 2015 al 2019", continuó y asoció que esas imágenes demuestran el espionaje "ya no solamente por obra de (Mauricio) Macri, (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani, sino ahora con ramificaciones muy claras en la provincia de Buenos Aires y que la hacen responsable a la (ex)gobernadora (María Eugenia) Vidal, a (Cristian) Ritondo y a sus ministros".
Parrilli insistió en la "necesidad" de que se hagan los juicios para que "la investigación avance y que se aclare", y afirmó que "los servicios de inteligencia no son leales a nadie más que a sus propios intereses", al tiempo que dijo que "las pruebas aparecieron" porque "se espiaban y grababan entre ellos".
"Todo lo que está pasando es digno de hacer una serie televisiva", expresó el senador K, que consideró que ese vídeo muestra "a qué niveles llegó la corrupción y la degradación en el núcleo de poder que conducía (Mauricio) Macri". "La cúpula de ese poder fue absolutamente corrupto, mafioso y gobernó el país para beneficio propio", completó.
Además, la diputada que integra la Bicameral de Inteligencia explicó que una subcomisión investigará el presunto armado de causas por parte de exfuncionarios de la AFI y de Vidal.
La diputada nacional Blanca Osuna (FdT) destacó las conclusiones de la reunión que mantuvo la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, donde se resolvió por mayoría una posición crítica respecto del fallo de la Cámara Federal porteña por la revocatoria de los procesamientos de los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, sobre espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.
Además, en la comisión se decidió la creación de una subcomisión que investigará "el armado de causas de dicho organismo contra sindicalistas, luego de la difusión de un vídeo donde funcionarios confirman el modus operandi", señaló la legisladora, en relación al vídeo donde aparecen exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal.
“Se definieron las respectivas denuncias contra los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi ante el Consejo de la Magistratura, por el desprocesamiento de los jefes de la AFI, desconociendo el plan masivo de inteligencia ilegal entre 2016 y 2019, y descartando la existencia de una asociación ilícita en la causa conocida como 'Super Mario Bros'”, explicó la oficialista.
Sobre esa línea, la entrerriana cuestionó “el argumento de ambos camaristas" que omitieron "con total intencionalidad el trabajo del Congreso Nacional en la recopilación de datos, la sistematización de información, la recolección de pruebas y la escucha a cientos de testigos, en un trabajo riguroso plasmado en un informe de 400 páginas, presentado en abril del año pasado, que demuestra que al menos 342 personas y 171 organizaciones sociales, gremiales, políticas, de derechos humanos y religiosas, fueron víctimas de ese sistema ilegal; fue el supuesto intento de esos exespías de la obtención de dinero por su cuenta o de compartir información, utilizando sus posiciones y recursos del Estado”.
“Es indudable que fue un plan transversal a la estructura del Estado Nacional, que Arribas, Majdalani, ni Macri, pudieron desconocer”, agregó y fustigó: “Está claro además la vinculación política con el macrismo de algunos nombres que se repiten en Comodoro Py, que fueron y son actores sustanciales para el traslado de causas, subestimarlas o directamente archivarlas”.
La diputada indicó que "más allá de las apelaciones de las querellas y la Fiscalía, lo denunciaremos en el Consejo de la Magistratura”.
Sobre la investigación que realizará la subcomisión, explicó: "Es por los hechos conocidos en los últimos días, donde se visualiza mediante un vídeo a exfuncionarios de la AFI, a exfuncionarios de María Eugenia Vidal en su paso por la gobernación de Buenos Aires, e incluso a intendentes, confirmando distintas estrategias ilegales para el armado de causas contra sindicalistas”.
“La subcomisión analizará con detenimiento lo realizado por el exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián de Stefano, hoy refugiado en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en Subterráneos de Buenos Aires S.E.; el exjefe de Gabinete, Darío Biorci; y el exdirector operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra”, profundizó Osuna.
Para la diputada, "estas definiciones de la Comisión Bicameral son contundentes e indispensables, porque nuestra democracia merece prevenir, eliminar y condenar cualquier utilización de espionaje legal, más aún cuando se trata de un plan sistemático en el corazón del Estado, con el objetivo de amedrentar, perseguir y disciplinar opositores, gremialistas, periodistas e incluso familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan”.
“Se trata de una definición indispensable como sociedad, para que Nunca Más existan estos sótanos oscuros, donde incluso accionan utilizando términos como gestapo, que nos recuerda a épocas de dolor, odio y muerte”, finalizó.
“Cómo sostenemos hace años para la Coalición Cívica la única medida eficaz para combatir el oscuro mundo del espionaje ilegal es eliminarla”, expresó el partido que conduce Maximiliano Ferraro.
La Coalición Cívica reiteró este martes su convicción acerca de la necesidad de eliminar la Agencia Federal de Inteligencia (AFI): “Cómo sostenemos hace años para la Coalición Cívica la única medida eficaz para combatir el oscuro mundo del espionaje ilegal es eliminar la Agencia Federal de Inteligencia, y crear en su lugar un organismo que solo coordine a las fuerzas de seguridad en la prevención y el combate especialmente del narcotráfico, del terrorismo y del crimen organizado en general”, expresó el partido de Elisa Carrió a través de un comunicado, en referencia al sonado caso que estalló en las últimas horas y que involucra a funcionarios de la administración de la exgobernadora María Eugenia Vidal.
Recordaron en tal sentido que “en el año 2016, poco tiempo después de que Cambiemos llegara al gobierno, Elisa Carrió presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para reformar estructuralmente el sistema de inteligencia nacional, mediante la derogación de las leyes que crearon la AFI y la ex Secretaria de Inteligencia de Estado (SIDE), para ser reemplazadas por un nuevo sistema nacional de investigación, transparente y acorde con las garantías constitucionales que deben regir en un Estado de Derecho”.
“El oscuro mundo del espionaje, las amenazas y las operaciones, de las que hemos sido víctimas durante años, terminarán cuando un mensaje claro en su contra sea enviado desde el Estado y desde la dirigencia política. Nuestro país podrá dar ese paso si crea un organismo transparente que sea capaz de combatir el crimen organizado del que forman y formaron parte también agentes de inteligencia de todo tipo y de todos los gobiernos”, agregaron.
La comisión fiscalizadora deberá constituirse antes y luego realizará una reunión que tendrá carácter secreto.
La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia se reunirá antes de terminar el año, para analizar los últimos fallos judiciales relacionados con las investigaciones al expresidente Mauricio Macri. Y por supuesto, la denuncia impulsada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contra exfuncionarios de la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, luego del hallazgo de videos de reuniones del exministro de Trabajo Marcelo Villegas en las que se hablaba del armado de causas contra dirigentes gremiales.
Según pudo saber parlamentario.com, la reunión tiene carácter secreto y se realizará este martes a partir de las 15 en el edificio Anexo del Senado y se espera que al principio vaya a constituirse. Hasta el 10 de diciembre su presidente era Leopoldo Moreau, y ese cargo pasará a manos de un oficialista del Senado. De los que siguen siendo legisladores, figuran los senadores del Frente de Todos Oscar Parrilli, Martín Doñate, Sergio Leavy y Gerardo Montenegro, como así también los diputados Blanca Osuna, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés. Por Juntos por el Cambio están Sebastián García de Luca y Cristian Ritondo.
Durante el encuentro seguramente se hablará también de la decisión de la Cámara Federal de Casación de trasladar a Comodoro Py la causa sobre extorsión y espionaje en la que están acusados el fiscal Carlos Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio. Tema que llevó a la vicepresidenta Cristina Kirchner a tuitear un irónico “Finalmente se supo: Papá Noel vive en Comodoro Py”.
El 30 de diciembre del año pasado la Bicameral de Inteligencia cerró el año entregándole a Cristina Kirchner un informe sobre la Oficina de Escuchas durante la gestión de Mauricio Macri.
Diputados y senadores comentaron en las redes sobre el vídeo por el cual la AFI presentará una denuncia penal.
Legisladores del Frente de Todos comentaron en sus redes sociales sobre el escándalo que salpica a la diputada nacional María Eugenia Vidal, exgobernadora bonaerense, y por el cual la Agencia Federal de Inteligencia presentará una denuncia penal contra exfuncionarios de su gobierno.
El organismo que conduce Cristina Caamaño realizará una presentación judicial luego del hallazgo de vídeos que muestran reuniones del entonces ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, con empresarios de la construcción, en el que conversan sobre la denuncia contra el extitular de la UOCRA, Juan Pablo “El Pata” Medina, quien tres meses después fue encarcelado.
En el vídeo, que data del 15 de junio de 2017, se lo escucha a Villegas decir: "Si pudiera tener una Gestapo para terminar con los gremios, lo haría".
"Algo para comentar señoras y señores. Republicanos de Morondanga y coso?", escribió en su Twitter el diputado Daniel Gollan, mientras que la senadora Juliana Di Tullio comentó: "Qué mafia que fueron, son y serán. Mamita".
En tanto, el diputado Hugo Yasky publicó: "¿Una Gestapo? Lo que narra este vídeo no solo constituye una ilegalidad, sino que genera una profunda impresión por el desconocimiento de lo cruenta que fue la dictadura con los gremios. Con este desprecio por los trabajadores se manejaron Macri y Vidal".
"El macrismo y sus modus operandi en connivencia con el Poder Judicial para amedrentar a los trabajadores y avanzar sobre sus derechos. No lo vas a ver en los grandes medios. Esto hizo también Vidal cuando gobernó y es el único modelo que proponen", fue el mensaje de la secretaria parlamentaria del Frente de Todos en Diputados, Paula Penacca.
También se refirió al tema la diputada Vanesa Siley, que expresó: "Acá están los 'republicanos', funcionarios de Vidal explicando el plan que ya tenían armado para destruir a las organizaciones sindicales. Esto es lo que son y lo que siempre fueron".
Además, el legislador porteño Javier Andrade señaló que "así operaban funcionarios de las 'palomas que defienden la Democracia y la República'. Y después sostienen públicamente que las mesas judiciales no existían".
A través de su cuenta de Twitter la vicepresidenta de la Nación tildó la resolución adoptada por los jueces Llorens, Bertuzzi y Farah, como un “regalito de navidad”.
Luego de conocerse la resolución adoptada por la Cámara Federal porteña, sobre la causa que investiga presuntas maniobras de espionaje ilegal realizadas por la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, criticó el fallo a través de su red social de Twitter y lo asoció a un “regalito de navidad de dos jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py para Macri y su pandilla”.
La Cámara Federal porteña sostuvo este martes que no existió una asociación ilícita para hacer vigilancia política durante la gestión del exmandatario. El fallo fue firmado por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah.
“Llegó Papá Noel”, comenzó el hilo de tuits Fernández de Kirchner y detalló: “Ayer, la Cámara Federal de Comodoro Py que, durante 4 años, con Bruglia -el camarista puesto a dedo por Macri- como personaje estelar, decía que yo era la jefa de ¡4 asociaciones ilícitas! -disparate jurídico-, ¡y que, además, en una de ellas estaban incluso mis hijos!”
Y siguió: “Ahora, dice en tándem con el camarista Llorens -el que visitaba a Macri en Olivos-, que Mauricio Macri como presidente, Gustavo Arribas como titular de la AFI y Silvia Majdalani como su subdirectora… No tienen nada que ver con el espionaje que desde la AFI -que depende directamente de la Presidencia de la Nación- hicieron sobre mí, sobre opositores políticos, sobre dirigentes sindicales y hasta sobre miembros de su propia fuerza política. O sea que…”
“Los agentes de inteligencia de la AFI utilizaron recursos y logística del organismo para espiar todos y cada uno de los objetivos que sólo le interesaban al mismísimo Mauricio Macri”, precisó la exmandataria y criticó: “Pero él, su amigo Arribas y su socia Majdalani no sabían nada y no tienen nada que ver. ¡Anda!”.
Por último, remató: “Regalito de navidad de dos jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py para Macri y su pandilla. ¡Mamita!”.
La reunión para analizar su postulación como titular de la Agencia Federal de Inteligencia se realizará este miércoles, a partir de las 10.30.
La Comisión de Acuerdos del Senado se reunirá este miércoles, a partir de las 10.30, para tratar el pliego de Cristina Caamaño como directora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), organismo del cual es actualmente interventora.
Al comienzo del encuentro se ratificarán las autoridades de la comisión, que tiene como presidenta a la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) y al cordobés Ernesto Martínez (Pro), como vice.
El pliego de Caamaño fue enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara alta hace un año atrás. La AFI fue intervenida ni bien asumió su mandato Alberto Fernández, quien el pasado 5 de junio, mediante el decreto 359/21, prorrogó la intervención por 180 días más.
Según el procedimiento, y tras haber culminado la etapa de adhesiones e impugnaciones, Caamaño debe concurrir a la comisión en audiencia pública para exponer sobre el trabajo que aspira realizar y responder preguntas de los senadores.
Una vez que obtenga dictamen, el pliego será debatido en el recinto, donde se requiere mayoría simple, con lo cual el Frente de Todos tiene los votos asegurados.
Antes de la intervención, y durante el gobierno de Mauricio Macri, la AFI estuvo al mando de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, respectivamente, quienes fueron denunciados por Caamaño por supuestos delitos cometidos en su gestión.
Por “inexistencia de delito”, fueron sobreseídos la vicepresidenta, el senador del Frente de Todos y el viceministro de Justicia.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el senador nacional Oscar Parrilli y el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, fueron sobreseídos este lunes en una causa en la que estaban acusados de espionaje ilegal como parte de una presunta persecución contra el exespía Antonio Stiuso.
El juez federal Sebastián Ramos dispuso el sobreseimiento por “inexistencia de delito”, pese a haber declarado la inconstitucionalidad de dos artículos de una resolución que avanzaba sobe el paradero de Stiuso, quien en 2015 estaba recién desvinculado de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia).
Parrilli, quien fue director de la AFI durante el último periodo de la gestión de Cristina Kirchner, había ordenado que un centenar de agentes jubilados, entre ellos Stiuso, se presentaran a la AFI como parte de una obligación de supervisión sobre sus tareas, aun cuando no estuvieran en el servicio activo.
Además, había ordenado que en caso de incomparencia, se le suspendiera el pago de su jubilación.
Ramos declaró la inconstitucionalidad de esa normativa y a instancias del fiscal Guillermo Marijuan, inició una investigación sobre la supuesta persecución contra Stiuso, señalado como “uno de los principales aportantes de información al difunto fiscal Alberto Nisman”.
Por aquellos tiempos, tras la muerte de Nisman, la figura de Stiuso estaba en el centro de la escena y tras declarar ante la fiscal Viviana Fein se marchó por tierra del país y llegó hasta los Estados Unidos.
Parrilli le pidió a la Justicia que a través de Interpol se emitiera una "alerta azul", una medida de determinación del paradero de una persona aun cuando no esté imputada en una causa penal ni tenga pedido de captura internacional.
El abogado de Stiuso, Santiago Blanco Bermúdez, presentó una acción de amparo por la supuesta persecución, pero la causa se cerró hoy por decisión del juez con el sobreseimiento de todos los imputados.
Ramos descartó tanto la persecución cuando la inteligencia interna: "Pese a los medios con los que contaba y cuenta la AFI, Parrilli utilizó los resortes legales pertinentes para lograr el objetivo señalado" de la presentación de Stiuso.
"Se presentó ante la justicia a fin de requerir la emisión de la 'Alerta Azul'; pidió a las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones que dieran aviso inmediato en caso de tener notificas de Stiuso e, inclusive, solicitó por vía diplomática colaboración a los Estados Unidos, ante la presunción de que el nombrado pudiera estar allí", resaltó.
El juez eludió pronunciarse sobre el hallazgo de una carpeta con información sobre Stiuso en un allanamiento ordenado por el juez Claudio Bonadio a la vivienda de Cristina Fernández en El Calafate y el contenido de una conversación de ésta con Parrilli sobre las causas judiciales del exespía.
El interbloque denunció exceso de facultades, invalidez de las declaraciones que se tomaron, violación del secreto y temor de parcialidad.
Los legisladores de Juntos por el Cambio que integran la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia firmaron su propio dictamen sobre la cuestión del espionaje ilegal durante la gestión anterior.
El diputado Cristian Ritondo (Pro) participó de la subcomisión que realizó la investigación, junto con su par Rodolfo Tailhade y el senador Martín Doñate. Sin embargo, a la hora de las conclusiones, el interbloque opositor no acompañó el dictamen del Frente de Todos.
Además de Ritondo, integran la bicameral los diputados Sebastián García De Luca y José Cano, y los senadores Oscar Castillo, Juan Carlos Marino y Pamela Verasay.
Los legisladores no cuestionaron el contenido de la investigación, sino la tarea realizada por la bicameral, y en ese sentido denunciaron exceso de facultades, invalidez de las declaraciones que se tomaron, violación del secreto y temor de parcialidad.
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En el dictamen, al que accedió parlamentario.com, advirtieron que el Frente de Todos desencadenó una “persecución política” contra el gobierno anterior “a partir del direccionamiento interesado de esta investigación”.
“Han desnaturalizado los fines con que la bicameral fue creada, transformándola en una usina de producción de prueba con efectos judiciales en sumarios en trámite ante el Poder Judicial de la Nación”, sostuvieron.
Al sintetizar los argumentos, consideraron que la comisión “se ha servido de declaraciones inválidas, ha torcido su razón de ser -que no es otra que la fiscalización-, ha violado el secreto impuesto por ley y ha desconocido elementales derechos y garantías constitucionales de toda persona sujeta a una investigación”.
Los representantes de Juntos por el Cambio enfatizaron que la bicameral “no puede conducir investigaciones judiciales para pesquisar la posible comisión de delitos, a punto tal que, si de sus averiguaciones surgiese la posible comisión de delitos, tiene la obligación de hacer la denuncia penal”.
En ese marco, opinaron, “el proceder de la bicameral excedió las funciones para la cual ha sido creada por ley, dejando de actuar como un ente de fiscalización para convertirse en una unidad de investigación y producción de prueba al servicio de un Juzgado y una Fiscalía”, a cargo de Alejo Ramos Padilla y Guillermo Marijuan, respectivamente.
Según los firmantes, la comisión solo puede decidir “la apertura del sumario de investigación; la remisión de las actuaciones a la autoridad judicial competente; o la desestimación de la denuncia”, pero no tiene facultades para investigar delitos.
Respecto de las declaraciones que tomó la bicameral, apuntaron que “no está claro en muchos casos si se trata de ‘testigos’ o de ‘personas imputadas’”, y “al comenzar las diligencias no se les advierte a los declarantes sobre qué habrán de declarar ni los alcances de la investigación”.
“Se conducían interrogatorios interminables que iban abordando los más variados temas pero que, de una forma u otra, terminaban centrándose en la gestión de la AFI durante el período 2015-2019 y sobre quienes habían sido sus conductores”, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, afirmaron en Juntos por el Cambio.
También argumentaron que se violó el secreto: “Es por todos conocida la manera absurda en que registros sensibles de novedades cotidianas de la AFI, de carácter secreto, se introdujeron abiertamente en una de las causas judiciales de Lomas de Zamora, sea por impericia de la interventora de la AFI que las envió o de la fiscal actuante que las subió al sistema, y se hicieron públicas”.
Por último, sobre el temor de parcialidad, advirtieron que el diputado Tailhade además de integrar la comisión es querellante en una de las causas por espionaje ilegal, que tramita en el Juzgado Federal Nro. 8.
Legisladores oficialistas expusieron en conferencia de prensa los resultados del trabajo de la Bicameral de Inteligencia. Piden crear una comisión especial con más facultades para investigar a jueces y fiscales que, según sostienen, participaron de este accionar.
Diputados y senadores del Frente de Todos denunciaron este martes, en conferencia de prensa, un “plan sistemático de inteligencia ilegal” montado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, “cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política”.
Desde el Salón de Pasos Perdidos, legisladores encabezados por el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau, expusieron los resultados de la investigación llevada a cabo durante varios meses.
Además de Moreau, participaron de la conferencia los senadores Oscar Parrilli y Martín Doñate, y los diputados Eduardo Valdés y Blanca Osuna.
Moreau explicó en detalle las conclusiones del dictamen firmado por ocho legisladores del Frente de Todos, fruto de un trabajo que tuvieron a cargo el senador Doñate y los diputados Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) y Cristian Ritondo (Pro).
Ritondo encabezó, en nombre de Juntos por el Cambio, la firma de un dictamen alternativo, que no cuestiona el contenido de la investigación sino el supuesto exceso de facultades de la bicameral, que se reúne en forma reservada.
Moreau puntualizó que el dictamen de la bicameral, que consta de alrededor de 400 páginas, se basó en primer lugar en las investigaciones que la propia comisión encaró, donde “se produjeron las primeras confesiones -no solo declaraciones- de agentes de inteligencia que asumieron la responsabilidad y reconocieron la realización de tareas de inteligencia ilegal”.
Otra fuente del dictamen fueron las dos investigaciones que se llevaron adelante en el Juzgado de Dolores, a cargo en aquel entonces del juez Alejo Ramos Padilla; y las dos causas que se están sustanciando en el Juzgado de Lomas de Zamora.
El titular de la bicameral advirtió que entre 2015 y 2019 “no solamente se llevaron a la práctica tareas de espionaje ilegal, sino que estamos en presencia de un plan sistemático de inteligencia ilegal cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política”.
Moreau explicó que el informe se tituló “El Estado mafioso” porque “en ese período se montó un Estado paralelo, clandestino y secreto”. “Se estructuró de modo sistemático un modo de acción que se desarrolló a través de células paralelas dentro del propio Estado”, dijo, y agregó que “la cabeza del sistema de espionaje estaba en la propia AFI (Agencia Federal de Inteligencia)”.
Sin embargo, según apuntó, no solo sucedió en el ámbito de la AFI sino también “en la AFIP, que llevaba adelante tareas de inteligencia fiscal; en la UIF, que llevaba adelante tareas de inteligencia financiera; en Migraciones, que hacía tareas de control de entradas y salidas del país; y en el Servicio Penitenciario Federal, que en coordinación con la AFI llevaba adelante las tareas de espionaje sobre los ‘presos K’ y sus abogados defensores”.
Moreau informó que todos esos grupos “reportaban a la cabeza de la AFI, que era la que determinaba los blancos de estas tareas, y a su vez la AFI, a través de Gustavo Arribas, operaba como polea de transmisión para llevar al vértice de esta organización ilegal, que era la ‘mesa judicial’, el conjunto de información”.
En ese sentido, aseguró que la “mesa judicial” era “presidida” por Macri; que “se reunía con periodicidad”; y que allí “se decidía el destino que iban a correr las personas u organizaciones que eran espiadas”.
Sobre ese aspecto, precisó que fueron 308 las víctimas -entre ellas varias figuras públicas, como la vicepresidenta Cristina Kirchner-, pero aclaró que no difundirán el listado completo porque “las volveríamos a victimizar y las volveríamos a poner como blanco del espionaje”.
“Lo tenemos absolutamente probado desde el punto de vista documental y a través de quienes admitieron haber realizado tareas de espionaje ilegal”, afirmó el legislador., que además habló de 170 organizaciones político-partidarias, gremiales, sociales, comunitarias y religiosas que también fueron objeto de estas tareas, y que sí están mencionadas en el documento.
Por otra parte, confirmó el pedido para crear una nueva comisión bicameral que investigue el rol de los magistrados en este accionar. “Nos hemos encontrado con que como parte de esta estructura mafiosa han participado también fiscales, jueces, camaristas y probablemente miembros de la Corte”, alertó.
Moreau aclaró que la bicameral que preside no pudo “avanzar en ese terreno” porque “excede las facultades de la comisión”, y por eso propuso crear una nueva “que tenga facultades más amplias que en el marco de la Constitución se puedan materializar”.
Finalmente, adelantó que enviarán el dictamen no solo a la Justicia, sino también a organismos internacionales como Naciones Unidas, la OEA y Amnistía Internacional. “La víctima ha sido el Estado de Derecho, porque se arrasó con el principio de inocencia y con los derechos y garantías de los ciudadanos”, sintetizó.
Por su parte, Parrilli -uno de los dirigentes espiados- denunció que este mecanismo se montó “para llevar adelante un plan económico de empobrecimiento de la gente, de despidos, de aumento de las tarifas del 3.000%, de endeudamiento brutal, de destrucción de la salud, la educación, la ciencia y la tecnología. Toda la tierra arrasada que dejó el gobierno de Mauricio Macri”.
También señaló que el espionaje ilegal se utilizó para solapar un “fenomenal hecho de corrupción y de negocios de Macri y muchos de sus ministros”, que tuvo que ver con los Panamá Papers, el Correo Argentino y el negociado de los parques eólicos. “La víctima de todo esto fue el pueblo argentino”, lamentó el exdirector de la AFI.
El documento fue elaborado por tres legisladores de la Bicameral de Inteligencia. Se presentará este martes a las 18 en el Salón Pasos Perdidos.
El Frente de Todos dará a conocer este martes un informe elaborado por integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, sobre el supuesto espionaje ilegal durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.
El documento fue elaborado por el senador Martín Doñate (Frente de Todos) y los diputados Rodolfo Tailhae (Frente de Todos) y Cristian Ritondo (Pro), integrantes de la bicameral presidida por el oficialista Leopoldo Moreau.
La comisión se reunió por la mañana en forma reservada para dar tratamiento a las conclusiones del informe, que se dará a conocer a las 18 con una conferencia de prensa en el Salón Pasos Perdidos.
A fines de marzo, Moreau reveló que hubo “más de 300 víctimas” de espionaje ilegal “sistemático” montado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entonces encabezada por Gustavo Arribas, en coordinación con otros organismos.
Según denuncia el oficialismo, el espionaje era un instrumento al servicio de la “mesa judicial” que funcionaba en Casa Rosada y que abonaba el “lawfare”.
El 30 de diciembre último, la bicameral entregó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, un primer informe sobre el armado y el funcionamiento irregular de la Oficina de Escuchas.
Esa oficina, hoy denominada Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO), fue trasladada a principios de la gestión macrista desde la órbita de la Procuración General a la Corte Suprema de Justicia.
En un acto en el Salón Delia Parodi, Leopoldo Moreau expuso en detalle el resultado del trabajo que realizaron integrantes de la comisión a lo largo del año. Denunciaron que “se estructuró una oficina que se dedicó a la militancia persecutoria”. La oposición presentó observaciones.
Legisladores de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, encabezados por el diputado Leopoldo Moreau, entregaron este miércoles a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, un duro informe sobre el armado y el funcionamiento de la Oficina de Escuchas durante la gestión de Mauricio Macri.
Fue en un acto realizado en el Salón Delia Parodi del Congreso, donde participaron también los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés y los senadores Oscar Parrilli y Martín Doñate, todos del oficialismo.
Moreau expuso en detalle los resultados del trabajo realizado a lo largo del año por parte de una subcomisión que integraron Tailhade, Doñate y el diputado radical José Cano, que acompañó la parte técnica del dictamen final pero presentó observaciones.
Los legisladores recabaron documentos y testimonios con ayuda de un equipo técnico, y requirieron información a todos los juzgados federales y cámaras federales del país para contar con todos los expedientes donde hubiera tenido intervención la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ya sea en forma directa o a través de pre-causas.
Ante la mirada reprobatoria de Cristina por el contenido del informe, Moreau denunció que se produjeron “irregularidades muy severas que afectan no solo la intimidad de las personas, sino también derechos y garantías básicos que tienen que ver con la defensa en juicio y el debido proceso”.
También advirtió que “se han sustituido facultades del Congreso”, sentando el “precedente” de que “una acordada de la Corte puede justificar cualquier delito”, como el de falsedad ideológica.
“Es evidente que se estructuró una Oficina que se dedicó a la militancia persecutoria, y en un país donde hemos atravesado circunstancias como la del terrorismo de Estado, preocupa que se haya pretendido erigir un terrorismo judicial”, lamentó Moreau.
Asimismo, adelantó que en el mes de marzo tendrán listo otro informe sobre el “plan sistemático de inteligencia ilegal y persecución política” durante el gobierno macrista.
El documento, explicó Moreau, arranca con la “génesis” del caso, el DNU firmado por Macri el 24 de diciembre de 2015 -días después de asumir- disponiendo el traspaso de la Oficina de Escuchas desde la órbita de la Procuración General a la Corte Suprema de Justicia.
El diputado recordó que cuando esa Oficina funcionaba en la Procuración, “no hubo una sola filtración de escuchas”, pero a pesar de eso el gobierno impulsó el traspaso, y el 29 de diciembre, cinco días después de la firma del DNU, “la Corte dictó una acordada receptando esa Oficina”.
“Esto revela que había cierto apuro, ya que apenas había ingresado al Congreso el DNU, que no presentaba ni necesidad ni urgencia”, planteó Moreau.
Agregó que “tan grosero era el apuro que la Corte, en la propia acordada, recibió la Oficina pero dictó una resolución diciendo que recién se podía hacer cargo a mediados de febrero”.
Como “segunda irregularidad”, el oficialista marcó la forma en que se dio la elección de autoridades de la nueva Oficina, que pasó a denominarse a Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO).
“El decreto establecía que debía hacerse un sorteo entre los jueces penales con cargo de camaristas, pero curiosamente, días antes del sorteo, el diario La Nación, en una nota del periodista Hugo Alconada Mon, anunció quien iba a ser el titular de la Oficina, el camarista Martín Irurzun”, repasó Moreau, y añadió que el diario Perfil también difundió esa información.
Esto se dio así cuando, según el informe, “el sorteo superaba los 100 camaristas en todo el país”, y por si fuera poco, el acta del sorteo “al día de hoy no apareció, no existe”.
Moreau precisó que “a raíz de esta irregularidad se presentó una denuncia penal por falsedad ideológica” contra el entonces titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en función de que el Máximo Tribunal “había dictado una acordada avalando la designación”.
La denuncia “estuvo inerte en el Juzgado durante un tiempo hasta que en 2018 hubo una apelación, que recayó en una Cámara que ordenó el archivo de las actuaciones contra Lorenzetti”, integrada por los doctores Mariano Llorens y ni más ni menos que Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
El argumento para archivar las actuaciones fue que “a pesar de que no existe el acta del sorteo, de que no hay testigos, el hecho de que se haya dictado una acordada significaba darle fe al acto por sí mismo, no hacía falta ninguna otra prueba”, lo que sentó “un precedente muy complicado”.
Moreau también se refirió en detalle a las “amplísimas facultades” que la Corte le otorgó a la DAJUDECO, en un acto de “gravedad institucional inusitada” porque “la adjudicación de esas responsabilidades, en la práctica, significa la creación de una ‘policía judicial’ por la cantidad de misiones y una mirada panóptica sobre todos los procesos penales en el ámbito de la Justicia”.
Además, se quejó, “esto se hizo con una acordada cuando en realidad es el Congreso el que, desde sus facultades, organiza la Justicia penal” a través de leyes que fijan las estructuras.
Entre otras “irregularidades” de la DAJUDECO, el diputado indicó que “decidía qué causas se admitían y qué causas no se admitían en el cuerpo de peritos”.
En cuanto a la filtración de escuchas, puso como ejemplo al propio Parrilli, que “fue escuchado 209 días casi en continuidad”, primero en una pre-causa llevada adelante por la jueza María Romilda Servini y posteriormente en una causa a cargo de Ariel Lijo.
Además, Moreau dijo que en el decreto original de la Oficina se establecía que su titular duraría un año en el cargo y debía realizarse un nuevo sorteo, del cual Tailhade pidió participar.
Sin embargo, “Macri dictó un nuevo decreto y prorrogó por tres años más el mandato de Irurzun, que así quedó cuatro años al frente de este organismo: un año con un sorteo que no apareció y tres años con una prórroga antes del sorteo. Está claro que era el elegido para esta función”.
Por su parte, Parrilli ironizó que si el oficialismo presentara un proyecto de ley con reformas de este tipo, “lo menos que criticarían es que estamos creando la GESTAPO judicial”, e insistió en que las maniobras no solo fueron ejecutadas por la Corte sino también por el Poder Ejecutivo.
“En nuestra gestión (en la AFI) no hicimos ni una sola pre-causa”, destacó el senador, y añadió que cuando se reformó la Ley de Inteligencia en el gobierno de Cristina Kirchner estuvieron “a punto de eliminarlas”, pero no lo hicieron porque “los iban a acusar de que no querían perseguir al terrorismo”.
Finalmente, Parrilli informó que el gobierno macrista “hizo 55 pre-causas, de las cuales se analizaron 20 (en el informe de la Bicameral), y por ejemplo, apareció una causa de una modelo que había sido novia de (Alberto) Nisman porque supuestamente estaba relacionada con actividades del ISIS”.
A través de este servicio, certificado por normas internacionales de calidad, la BCN brindará asesoramiento a instituciones de todo el país sobre estas técnicas.
La Biblioteca del Congreso de la Nación firmó un convenio de colaboración con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para acompañar el trabajo del Programa de Protección de Registro y Archivo que impulsa desde comienzo de año ese organismo de seguridad, con el objetivo de preservar toda la documentación relacionada a la última dictadura cívico militar.
La BCN es pionera en la región en este tipo de tareas y cuenta con el Programa Nacional de Recuperación de Documentos Históricos para la conservación y preservación de documentos, para lo que se utilizan dos recursos técnicos: la microfilmación y la digitalización.
A través de este servicio certificado por normas internacionales de calidad, la Biblioteca del Congreso brinda asesoramiento a instituciones de todo el país sobre estas técnicas. Con la microfilmación se puede copiar cualquier tipo de documento en soporte de película a escala reducida, siendo una de sus principales ventajas que el microfilm posee valor documental -al no ser susceptible de adulteración- y tiene una durabilidad de 500 años. Al tiempo que la digitalización convierte el documento en imagen digital codificada y permite una inmediata accesibilidad y reproducción sin pérdida de calidad en las copias sucesivas.
Desde el comienzo de su intervención al frente de la AFI, Cristina Caamaño promovió la creación de la Unidad de Archivo y Registro (UAR) para realizar tareas de compulsa, recopilación y sistematización de toda la documentación obrante en el organismo relativa a información sobre violaciones a los derechos humanos y libertades individuales ocurridas hasta el 9 de diciembre de 1985, cuando la Cámara Federal dictó la emblemática sentencia del Juicio a las Juntas.
A partir del convenio firmado, el Programa de la AFI cuenta con una oficina, cuatro equipos y dos técnicos digitalizadores.
Además, el organismo firmó acuerdos en la misma línea con el Archivo Nacional de la Memoria y el Archivo General de la Nación.
Es por haber revelado secretos políticos y militares, en el marco de una causa por espionaje ilegal. La denuncia se hace extensiva al juez y los fiscales de la misma.
El diputado nacional Jorge Enríquez y un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia contra la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, el juez Juan Pablo Auge, la fiscal Cecilia Incardona y el fiscal Santiago Eyherabide por revelar secretos políticos y militares (arts. 22 y 223 del Código Penal).
Es porque Caamaño envió al juzgado información secreta y clasificada que involucra la actividad de espías en el país y en el exterior con identificación de las personas involucradas, en el marco de la megacausa de espionaje ilegal.
Por principio, toda información o documentación que pudiera afectar las actividades de inteligencia debe ser secreta y, aun cuando fuera clasificada como pública, no debe trascender el ámbito oficial, por lo que cualquier documentación perteneciente a la AFI debe necesariamente contar con un acto de desclasificación dispuesto por el presidente de la Nación (art. 16) o el funcionario en quien se haya delegado tal facultad (director General de la AFI, conforme art. 11 Decreto 950/02), u orden judicial, fundamentan al impulsar la denuncia.
“La doctora Caamaño no tiene facultades para desclasificar información, porque no le fueron delegadas por el presidente de la Nación, y sin embargo envió al juzgado copias sin testar del libro de registros en el que se transcribieron todas las resoluciones de la AFI durante tres años y medio, es decir, el lugar donde se asientan los actos de mayor trascendencia del organismo”, expresa la presentación.
Para Enríquez, “se trata de un hecho de una gravedad inusitada. Los agentes mencionados y sus familias han sido expuestos a potenciales represalias y silenciamientos en forma totalmente deliberada, injustificada e irresponsable”.
Además del diputado del Pro, acompañan la denuncia Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Álvaro de Lamadrid.
La comisión presidida por Leopoldo Moreau se reunió este lunes en forma reservada por la denuncia presentada por la interventora de la AFI. Recibirán a abogados querellantes.
La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el diputado Leopoldo Moreau, inició un sumario de investigación por el presunto espionaje ilegal hacia familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan durante la gestión anterior.
La bicameral se reunió este lunes en forma reservada, con algunos de sus integrantes en forma presencial y otros vía teleconferencia, y acordaron designar una subcomisión encargada de instruir el sumario de investigación.
“La semana que inicia pondremos en marcha la investigación”, anunció Moreau desde el Salón de Pasos Perdidos, e informó que recibirán el testimonio de los abogados que representan a la querella.
En diálogo con el canal C5N, el diputado afirmó que días atrás fueron notificados de la denuncia que presentó la interventora de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), Cristina Caamaño, en Mar del Plata, “que es de donde salió toda la actividad de inteligencia ilegal”.
Además, el viernes pasado, Moreau se reunió con una de las abogadas que representan a los familiares, y que también sumó elementos para la investigación.
“Vamos a avanzar rápidamente porque este es un hecho moralmente perverso. Es uno de los temas de espionaje ilegal que más compromete al expresidente (Mauricio) Macri, porque esos informes estaban dirigidos directamente a él”, advirtió el legislador del Frente de Todos.
Sostuvo que “cada vez que Macri tenía alguna vinculación con el tema ARA San Juan, cuando recibía a los familiares, cuando iba a jugar al golf al club que está sobre la Base Naval de Mar del Plata, o cuando fue a Chapadmalal, la AFI le hacía un informe”.
“El usuario de esos informes era el presidente. Hay fotos de los familiares, seguimiento a los familiares, y de paso hicieron inteligencia ilegal sobre partidos políticos y organizaciones en Mar del Plata. Eso está definitivamente probado”, aseguró.
Por último, señaló que ahora “hay que analizar si tuvo algún grado de participación la Inteligencia Militar del Ministerio de Defensa”, algo que todavía “está bajo análisis”.
Alberto Asseff reclamó que se informen los motivos por los cuales se filtraron 3.850 resoluciones de la AFI que contienen datos personales de más de un centenar de espías y exagentes.
El diputado nacional Alberto Asseff del bloque JxC solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que informe los motivos por los cuales se filtraron 3.850 resoluciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que contienen datos personales de más de un centenar de espías y exagentes.
Asimismo, el legislador quiere saber si se han recibido denuncias, alertas o cualquier otro tipo de comunicación por parte de consulados argentinos, atento que varios afectados se encuentran alrededor del mundo; así como si hubo contacto con las autoridades de los países donde se encuentran algunos de los espías y exagentes afectados.
Por último, el titular del partido UNIR pide saber si se evalúa destituir a la dra. Cristina Liliana Caamaño Iglesias Paíz como interventora tras los hechos descriptos, pues “estamos ante la presencia de un hecho vergonzoso y escandaloso, donde se ponen en riesgo la vida de varias personas, se viola su intimidad y también se afectan los intereses de la Nación. La incertidumbre sobre el funcionamiento y rol de la AFI vuelve a reflotarse con esta filtración de suma gravedad”, concluyó Asseff.
Acompañan el pedido de informes Pablo Torrello, Luis Pastori, Jorge Enríquez, Estela Regidor, Lidia Ines Ascarate y Julio Sahad.
Según documentación enviada por las nuevas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, se habría intentado involucrar al diputado en el caso D’Alessio.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade denunció que la Agencia Federal de Inteligencia elaboró en 2019 informes falsos para presentar ante la Justicia e intentar colocarlo como jefe de la banda de extorsionadores que integraba Marcelo D’Alessio.
El diputado kirchnerista detalló que la documentación fue enviada el viernes por la actual conducción de la AFI a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que Tailhade integra, luego de que en la semana un agente de inteligencia afirmara ante la comisión que, a pedido de las autoridades de la AFI, había elaborado informes falsos para involucrar al diputado en causas judiciales y a la vez poder intervenir su teléfono.
El material incluye un gráfico de vinculaciones de la actividad de inteligencia de agentes, exagentes y abogados, al frente de la cual se colocó al diputado. La bicameral también recibió un escrito firmado por el titular de la AFI macrista, Gustavo Héctor Arribas, y otro por la subdirectora Silvia Cristina Majdalani; informes de la dirección operacional de Contrainteligencia; y un oficio elevado al juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, entre otros papeles.
Las fechas de los documentos son contemporáneas con la denuncia penal que Majdalani presentó contra el diputado Tailhade, y con la visita de los dos principales responsables de la AFI macrista a la Bicameral de Inteligencia, en abril de 2019. En esa reunión, Majdalani le dijo a Tailhade que el ex agente Rolando Barreiro, detenido en la causa D’Alessio, “trabajaba con usted”, y negó que se hicieran tareas de inteligencia en su contra. “¿Sabe lo que pasa Tailhade? Yo no lo sigo a usted, ni lo espío”, consta en la taquigráfica de la reunión.
El diputado integrante de La Cámpora figura como uno de los dirigentes espiados y cuyo mail habría sido intrusado por la AFI conducida por Arribas y Majdalani, según consta en una causa que tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.
Fue al comienzo de la sesión de este jueves en el Senado, donde también tomó estado parlamentario la postulación de Mateo Capitanich como embajador en Nicaragua.
Al comienzo de la sesión de este jueves se dio ingreso formal en el Senado al pliego que propone a Cristina Caamaño como directora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), organismo del cual es actualmente interventora.
El pedido de acuerdo fue enviado por el Poder Ejecutivo hace un mes. Ahora, el pliego deberá tratarse en la Comisión de Acuerdos, presidida por Anabel Fernández Sagasti (FdT), y, antes de la firma del dictamen, Caamaño deberá ser convocada a una audiencia pública.
También tomó estado parlamentario el pliego de Mateo Daniel Capitanich, hermano del gobernador chaqueño Jorge Capitanich, a quien se lo propone como embajador en Nicaragua.
Además, tuvieron ingreso formal una serie de expedientes sobre ascensos en las Fuerzas Armadas y la Cancillería.
La actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, que denunció espionaje ilegal, es propuesta para encabezar el organismo.
Tras la denuncia por espionaje ilegal durante la gestión anterior, el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego de Cristina Caamaño como directora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), organismo del cual es interventora.
El pedido de acuerdo ingresó con las firmas del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y ahora la Cámara alta deberá darle ingreso formal.
A continuación, el pliego deberá ser debatido por la Comisión de Acuerdos, que preside la oficialista Anabel Fernández Sagasti.
Según el procedimiento, Caamaño será convocada a una audiencia de la comisión en la que deberá responder preguntas de sus integrantes.
El pliego de la actual interventora de la AFI, una vez que obtenga dictamen, será debatido en el recinto, donde se requiere mayoría simple.
Caamaño reemplaza desde diciembre del año pasado y por un decreto del presidente Fernández a los macristas Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, director y vicedirectora, respectivamente, de la AFI desde 2015.
En mayo, Caamaño presentó una denuncia penal por espionaje ilegal hacia dirigentes políticos, periodistas y sindicalistas durante el gobierno de Cambiemos, tras el hallazgo de información recuperada de un disco rígido que había sido borrado.
La denuncia quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello en los tribunales federales de Retiro, aunque por el tema del espionaje se sustancian otros dos expedientes en sendos tribunales federales de Lomas de Zamora.
Además, ratificó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para “normalizar” la Agencia Federal de Inteligencia.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, calificó como “exitosa” la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y ratificó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para “normalizar” ese organismo.
Lo dijo ante una pregunta del senador Oscar Parrilli (Frente de Todos), acerca de “cuáles son los lineamientos que tiene pensado el Gobierno para poner a los servicios de Inteligencia en dirección de resguardar al Estado y que tengan pautas democráticas”.
Cafiero indicó que “hace falta una reforma de la normativa vigente” y por eso se propondrán cambios a la ley actual.
“Hasta acá la intervención ha sido exitosa porque ha podido transparentar recursos, blanquear estructuras, y la AFI se ha puesto a funcionar dentro de un marco democrático y normativo”, destacó.
Sobre el espionaje ilegal denunciado por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, Cafiero le respondió a Parrilli: “El presidente (Alberto Fernández) lo llama ‘sótanos de la democracia’, usted lo llama ‘cloaca de la democracia’, y yo no tengo más que coincidir con ambos”.
“Tenemos que ser el gobierno que diga ‘nunca más’ a este tipo de prácticas donde se inventan causas mediáticas y se persigue a opositores propios y ajenos”, afirmó el jefe de Gabinete.
El senador pidió que también se investigue el delito de peculado. “Acá hubo una decisión política, no fue una decisión personal a espaldas del presidente”, sostuvo.
El senador nacional de Juntos Somos Río Negro Alberto Weretilneck se presentó como querellante en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal que realizó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno del presidente Mauricio Macri contra dirigentes políticos, empresarios, y periodistas.
Con el patrocinio de los abogados Mariano Cúneo Libarona y Damián Torres, Weretilneck amplió la denuncia para que se investigue el presunto delito de peculado, ya que se habría utilizado un servicio del Estado Nacional para fines personales. La presentación se concretó este martes en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 8 de Buenos Aires.
“Tomamos conocimiento de lo ocurrido a partir de los medios de comunicación y luego por la denuncia formal. Ahora esperamos la aceptación de la Justicia como querellantes. Nosotros solicitamos que se investiguen dos presuntos delitos: la intercepción de correspondencia privada, invasión a la privacidad, e incorporamos el peculado, porque utilizaron los bienes públicos en beneficio de particulares o sin marco jurídico legal. Por eso ampliamos la denuncia”, explicó el exgobernador rionegrino.
Consultado por el canal C5N sobre el motivo del espionaje, Weretilneck afirmó: “No sé exactamente qué estaban buscando. Cuando abran el disco rígido y se conozca la fecha y la temática, podremos saber qué estaban buscando. Sinceramente sólo tengo sospechas, pero supongo que si tomaron la decisión de leer mis correos electrónicos, también habrán estado siguiendo mis movimientos y mi teléfono. Hay que esperar que avance la investigación”.
“Acá hubo una decisión política, no fue una decisión personal a espaldas del presidente. Uno puede tener decisiones autónomas como funcionario, pero una decisión de estas características, no se toma en soledad. Son temas muy profundos, pero acá se montó todo un sistema ilegal, es una forma de llevar adelante el poder. Lo más grave de todo esto no es la utilización de los bienes públicos, sino el por qué. Hay que ver si espiaron para sacar ventajas electorales, comerciales o el día de mañana perjudicar a una persona”, concluyó.
En el decreto por el cual Alberto Fernández prorrogó la intervención de la AFI, anticipó el próximo envío de su designación.
A través del Decreto 540/2020, publicado este martes en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández prorrogó este martes por seis meses más la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia dispuesta luego de asumir al frente de la Casa Rosada.
La intervención está a cargo de Cristina Caamaño, cuya designación oficial enviará el Poder Ejecutivo al Congreso en los próximos días.
Según reza el decreto, “la decisión de prorrogar la intervención oportunamente dispuesta se adopta en forma conjunta con la propuesta de designación de la actual interventora para ocupar el cargo de Directora General de la Agencia Federal de Inteligencia, con rango y jerarquía de ministra, conforme lo dispuesto en el artículo 15, primer párrafo de la Ley N° 25.520 y sus modificatorias. Dicha designación será enviada en los próximos días al H. Senado de la Nación para obtener el acuerdo respectivo. Cuando la designación se haga efectiva, cesará de pleno derecho la intervención prorrogada por la presente medida”.
Señala el decreto que el presidente considera que las medidas adoptadas por Caamaño permitirán "seguir resguardando el Estado de Derecho, el principio republicano de gobierno y el principio de soberanía popular, así como terminar definitivamente con el uso arbitrario del secreto, el cual compromete las bases del sistema democrático previsto en la Constitución Nacional".
La vicepresidenta cargó muy duro contra el gobierno anterior, en la previa de presentarse ante el juzgado de Federico Villena, quien investiga el presunto espionaje ilegal a políticos, dirigentes y periodistas.
En la previa de presentarse ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, en el marco de una causa por presunto espionaje ilegal, Cristina Fernández de Kirchner cargó duro contra la gestión anterior al sostener que "la AFI de Mauricio Macri utilizó narcotraficantes para atentados a funcionarios de su propio gobierno".
A través de un vídeo publicado en su Twitter, la vicepresidenta relató: "A diferencia de otras veces, cuando el que me citaba era (Claudio) Bonadio en Comodoro Py, en causas armadas, no me sigue en esta oportunidad ninguna moto, ¿qué cosa no? En aquellas oportunidades, llegaron a ser dos motos con cámaras transmitiendo en vivo y en directo mi desplazamiento por la ciudad".
"Es raro que no me sigan, porque la causa judicial por la que estoy convocada es un verdadero y auténtico escándalo, inédito. Inédito escándalo diría yo", enfatizó en un audio grabado de casi tres minutos de duración.
CFK lanzó: "La AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri, utilizó narcotraficantes, narcotraficantes, para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno; y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes. Increíble, el Estado argentino contratando narcotraficantes. Y pensar que ese gobierno, el de Macri, le vendió a todos los argentinos y argentinas que venían a combatir el narcotráfico. Dios mío, ¡cuánta mentira y cuánto, pero cuanto cinismo por Dios!".
"Leo y escucho transcendidos acerca del seguimiento y espionaje que me habrían hecho desde la AFI macrista y no puedo evitar, la verdad que no puedo evitar, recordar los episodios que denuncié incansablemente durante aquellos años sin que nadie hiciera nada", señaló.
La vicepresidenta recordó la difusión "por radio y televisión" de conversaciones privadas de ella con Oscar Parrilli -actual senador- durante marzo de 2017, las que fueron "grabadas por la oficina que Macri hizo depender de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
"La verdad pensé que en ese momento la Corte iba a intervenir. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Al contrario, se anunciaba su trasmisión con bombos y platillos, cual estreno cinematográfico sin que nadie hiciera nada para impedirlo", se quejó.
La exmandataria consideró que si la Corte "hubiese tomado medidas y sancionado a los responsables" es "probable que esta causa no hubiera existido y un montón de ciudadanos y ciudadanas no hubiesen sido ni espiados, ni escuchados, ni sufrido atentados". "En fin, de aquellos lodos, estos barros", concluyó.
Cristina Kirchner fue convocada por el magistrado Villena, quien la citó para ponerla en conocimiento de “evidencias halladas” sobre el supuesto espionaje del que habría sido víctimas, tras lo cual podrá decidir si se presenta como querellante o no. En esta misma instancia fue citado el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
El juez investiga el presunto espionaje ilegal a políticos, funcionarios y periodistas durante el gobierno macrista, en una causa que se abrió a raíz de los dichos de un supuesto narcotraficante arrepentido que operaba en la zona de Almirante Brown y Esteban Echeverría. La maniobra involucraría a un abogado de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Fueron convocados por el juez federal Federico Villena para que accedan a material hallado y decidan si se presentan como querellantes o no.
El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena citó como testigos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una causa sobre presunto espionaje ilegal.
El magistrado los convocó para ponerlos en conocimiento de "evidencias halladas" sobre el supuesto espionaje del que habrían sido víctimas, tras lo cual podrán decidir si se presentan como querellantes o no.
El juez bonaerense citó -con horario sin definir- para el próximo lunes a la vicepresidenta, según informó la agencia Télam.
Villena investiga el presunto espionaje ilegal a políticos, funcionarios y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri, en una causa que se abrió a raíz de los dichos de un supuesto narcotraficante arrepentido que operaba en la zona de Almirante Brown y Esteban Echeverría. La maniobra involucraría a un abogado de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
El avance de este caso se da en línea con la denuncia que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó días atrás y que se tramita en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi.
El decreto firmado por Macri pasó ahora a la Cámara de Diputados para su anulación definitiva. Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal se retiraron de la sesión virtual.
Por Carolina Ramos
En ausencia de la oposición, el Frente de Todos logró dar el primer paso en el Senado para anular el DNU 256/15, firmado por el expresidente Mauricio Macri, que traspasó la oficina de escuchas telefónicas de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia.
A su vez, el oficialismo también rechazó el DNU 102/17, que modificó el anterior estableciendo que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial estaría cargo de dos camaristas -fueron nombrados Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra-.
La votación se realizó sin la participación de los senadores de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal, que se desconectaron de la sesión virtual para no convalidar ese tratamiento, luego de haber bloqueado, también, el debate de las leyes de alquileres y de educación a distancia.
El oficialismo solo contó con el apoyo extra de los monobloquistas Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones).
Para que los decretos sean anulados definitivamente, deberán ser rechazados ahora en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá buscar acuerdos con otros bloques de la oposición.
La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, denunció que los decretos son “inconstitucionales” porque abarcan materia penal, y rechazó la crítica de la oposición acerca de que ya habían sido dictaminados -el primero el 16 de febrero de 2016, y el segundo, el 21 de marzo de 2017-.
“No existe ninguna norma expresa que impida dictaminar nuevamente sobre DNU que no han pasado por ninguna de las dos Cámaras del Congreso”, aclaró Fernández Sagasti.
Sobre la cuestión de fondo, expresó: “Venimos a saldar una deuda con la institucionalidad, a poner en orden aquello que nunca debió ser desordenado”.
“Después de que el DNU se puso en marcha -relató-, la Corte dijo que iba a hacer un sorteo para derivar el sistema de escuchas, pero antes de ese sorteo se supo quién sería el juez que iba a estar a cargo, (Martín) Irurzun”, a través de notas publicadas en los diarios Clarín y La Nación.
A partir de esto, “no solo se filtraron escuchas, sino que se pasó de un dispositivo legal que tiene que estar destinado a cuidar a los argentinos del delito organizado, a un sistema de espionaje a opositores, empresarios, y ahora nos anoticiamos que también a los propios miembros del gobierno de Macri”.
“El mismo organismo que tenía que controlar que el sistema de escuchas no violara las libertades individuales era el que estaba interviniendo los teléfonos y filtrando las escuchas en los medios”, insistió Fernández Sagasti, y aseveró: “Por medio de estos DNU volvimos a los sótanos del poder”.
Sobre la decisión de la oposición de no convalidar el debate de los decretos, expresó que “esperaba que tuvieran la valentía de estar a la altura de las circunstancias”. “Tenemos la oportunidad de saldar el desastre vergonzoso que hicieron con el sistema de libertad y de intimidad de la Argentina”, concluyó.
En tanto, el chubutense Mario Pais aseguró que el oficialismo actuó “conforme a derecho y a la Constitución” dictaminando los DNU por segunda vez y luego, llevándolos al recinto.
Además, recordó que si bien el protocolo de funcionamiento remoto del Senado indica que se tratarán temas vinculados a la pandemia, no les otorga “exclusividad”, y además señaló que por encima está el reglamento de la Cámara alta, que se dicta sus propias normas.
Oscar Parrilli, extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), denunció que “hubo un equipo que comandaba el presidente Macri junto con personal de Inteligencia, (Gustavo) Arribas, (Silvia) Majdalani, la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), la famosa ‘mesa judicial’, jueces y fiscales, que llevaron adelante el mecanismo más perverso de Inteligencia ilegal en Argentina”.
El senador recordó que denunció penalmente al juez Ricardo Lorenzetti y también presentó una nota ante la Corte Suprema para conocer “dónde están las fojas, dónde está el sorteo” en el que supuestamente fue electo el camarista Irurzun. “Si fue designado a dedo, Lorenzetti ha incurrido en el delito de adulteramiento de documento público”, aseveró.
En tanto, alertó que “desde esa oficina se montó una Inteligencia monumental y paralela a la AFI de (Gustavo) Arribas, y desde allí comenzaron a hacer todas las pinchaduras telefónicas, algunas legales y otras ilegales”, de las cuales él mismo fue víctima.
Antes de que Juntos por el Cambio se desconectara de la sesión virtual, el jefe del interbloque, Luis Naidenoff, acusó al oficialismo de llevar adelante “una hoja de ruta de la venganza”.
El senador sostuvo que las escuchas telefónicas “no pueden estar en manos del Ministerio Público Fiscal” como era originalmente, ya que “los fiscales acusan y solicitan medidas de prueba, y son los jueces los que ordenan las medidas probatorias”.
“En Argentina se ha implementado el sistema acusatorio, donde el fiscal puede pedir pruebas, como un allanamiento, una escucha o una extracción de sangre compulsiva. No puede el Ministerio Público Fiscal tener bajo su poder semejante herramienta judicial. La Corte es el mejor órgano encargado”, consideró.
Asimismo, el legislador cuestionó el decreto de la intervención de la AFI, el 52/19, al señalar que el oficialismo “tiene el número en la Comisión de Acuerdos” para designar en ese ámbito al nuevo titular del organismo.
Naidenoff afirmó que “el espionaje es una deuda institucional que atraviesa a todos los gobiernos, de los ’90 a la fecha”, y agregó que esta actividad se aplicó en forma “grotesca, burda, infame” y que “afectó a todos” ya que fueron víctimas dirigentes políticos, sindicales, periodistas, empresarios, personalidades de la cultura y hasta el propio papa Francisco.
“Todo esto sirvió para apretar, para extorsionar, para degradar. Este es un agujero negro”, dijo,y si bien indicó que “las denuncias de espionaje se resuelven en la Justicia”, advirtió que “en materia de servicios de Inteligencia, la Justicia argentina no es parte de la solución, sino parte del problema”.
Según el senador, desde la oficina de escuchas “se montó una Inteligencia monumental y paralela a la AFI de Arribas”.
El senador y extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli acusó al expresidente Mauricio Macri y a la “mesa judicial” que, según el kirchnerismo, se formó durante su gestión, de “llevar adelante el mecanismo más perverso de Inteligencia ilegal en Argentina”.
Así se pronunció Parrilli al defender el rechazo a los DNU 256/15 y 102/17, sobre el traspaso de las escuchas telefónicas de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia.
El legislador recordó que “paradójicamente” el decreto original señalaba que las escuchas pasaban a la órbita de la Corte “para controlar que no se afecte la intimidad de las personas más allá del objetivo buscado, que es el de la investigación”.
Tal como informó su par Anabel Fernández Sagasti, Parrilli advirtió que en los diarios Clarín y La Nación se difundió que el juez Martín Irurzun sería el futuro titular de la oficina de escuchas, “dos días antes” de la realización del supuesto sorteo.
A raíz de eso, Parrilli denunció penalmente a Ricardo Lorenzetti y también presentó una nota para conocer “dónde están las fojas, dónde está el sorteo realizado”. “Si (Irurzun) fue designado a dedo, Lorenzetti ha incurrido en el delito de adulteramiento de documento público”, aseveró.
En tanto, alertó que “desde esa oficina se montó una Inteligencia monumental y paralela a la AFI de (Gustavo) Arribas, y desde allí comenzaron a hacer todas las pinchaduras telefónicas, algunas legales y otras ilegales”.
El propio Parrilli dijo haber sido víctima de este modus operandi y denunció que “le inventaron dos causas” vinculadas a un supuesto robo de documentación de la AFI y al encubrimiento de un narcotraficante.
“Hubo un equipo que comandaba el presidente Macri junto con personal de Inteligencia, Arribas, (Silvia) Majdalani, la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), la famosa ‘mesa judicial’, jueces y fiscales, que llevaron adelante el mecanismo más perverso de Inteligencia ilegal en Argentina”, finalizó.
El diputado del Frente de Todos, quien habría sido víctima de espionaje ilegal durante el gobierno anterior, sostuvo que lo hará para "garantizar" que la investigación "avance".
El diputado nacional Marcos Cleri (Frente de Todos) confirmó este miércoles que se presentará como querellante en la causa a partir de la denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), sobre presunto espionaje ilegal a políticos, periodistas y dirigentes durante el gobierno de Mauricio Macri.
El legislador reveló que se enteró por el llamado de un periodista y, luego, confirmó con Cristina Caamaño que formaba parte de una lista de personas a las que "se les hacía un seguimiento a través de correos electrónicos personales y el teléfono".
Según indicó el santafesino, los agentes de la AFI guardaban la información en un disco y "evidentemente quisieron hacer un borrado de ese material y no lo hicieron de manera correcta, dejando el material dentro de la AFI".
"Si uno tiene el correo personal dentro del dispositivo personal o en la computadora, inmediatamente desde ahí puden acceder a lo todo lo que uno tiene: conversaciones, fotos, ubicación", señaló el oficialista en declaraciones a radio La Red.
Cleri aseguró que habló con otras presuntas víctimas de este espionaje y se presentarán como querellantes de modo de darle "impulso al proceso de investigación, porque se trata de garantizar que esto avance".
Además, coincidió con lo planteado por la AFI en su denuncia en relación a que "deben dar sus explicaciones al respecto el expresidente (Mauricio) Macri; los exfuncionarios de la AFI (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani; y los dos trabajadores que se longueaban para ingresar y extraer información".
Los senadores del FdT de la provincia de Buenos Aries reaccionaron ante la denuncia realizada por la titular de la AFI y consideraron “inadmisible la existencia de dispositivos de espionaje ilegal”.
La titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, ha realizado una denuncia penal en la que se revela la existencia de un dispositivo de espionaje y seguimiento ilegal que funcionó en ese organismo bajo la gestión de Gustavo Arribas, que estuviera al frente del mismo durante la presidencia de Mauricio Macri.
En su presentación, Caamaño denunció que el espionaje ilegal habría tenido lugar, al menos, desde el 2 de junio de 2016 y se habría realizado sobre correos electrónicos privados de periodistas y dirigentes políticos, sindicales y sociales de diversos espacios políticos y partidarios, entre los que se incluye el oficialismo de aquel entonces.
Vale recordar que la ley 25.520 o Ley de Inteligencia Nacional, establece claramente en su artículo 4° que ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de –entre otras cuestiones- sus acciones privadas, su opinión política o su adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales y laborales. El artículo 5° de la misma normativa indica además que las comunicaciones privadas son inviolables en todo el territorio de la República Argentina, a excepción de que existiera una orden judicial en sentido contrario.
Desde el bloque de senadores provinciales del Frente de Todos, consideraron que “nos vemos particularmente afectados por este mecanismo ilegal puesto en funcionamiento por el anterior gobierno nacional, ya que entre sus víctimas directas se encontraban nuestro compañero Gustavo Traverso y la actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y presidenta del Senado, Verónica Magario”.
“Pero más allá de esos dos casos puntuales, condenamos enérgicamente cualquier uso de las agencias de inteligencia del Estado para perseguir a ciudadanos argentinos y ciudadanas argentinas por sus acciones personales y sus pensamientos”, agregaron.
Para los senadores que conduce Gervasio Bozzano “la única función de la AFI debe ser monitorear las actividades que afecten a la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación. Cualquier otra cuestión no sólo es improcedente e ilegal, sino que está reñida con los más elementales principios atinentes al funcionamiento de un Estado democrático”.
A su vez los senadores oficialistas sostuvieron que “en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el pasado 1 de marzo, nuestro presidente Alberto Fernández fue muy claro al enfatizar que ‘tenemos la decisión irreversible de terminar para siempre con los sótanos de la democracia’, explicando así la decisión estratégica de intervenir la AFI y la necesidad de avanzar hacia un nuevo diseño del Sistema de Inteligencia Nacional”.
Y exclamaron “ese es el compromiso que hemos asumido con nuestro pueblo y bajo ese mandato actuamos”.
“A 37 años de la recuperación de la democracia, es inadmisible la existencia de dispositivos de
espionaje ilegal como el denunciado por Caamaño”, sostuvieron mientras finalizaron diciendo “por tal razón, es fundamental que tanto Mauricio Macri como Gustavo Arribas den explicaciones de la existencia del mismo ante la Justicia Federal”.
“Se termina con un esquema de inteligencia interna que vulneró principios democráticos básicos”, consideró el legislador chubutense.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo celebró la decisión del Gobierno de limitar la injerencia de la AFI en investigaciones judiciales, y afirmó que “se termina con un esquema de inteligencia interna que provocó daños en el tejido institucional y vulneró principios democráticos básicos para nuestra sociedad”.
En ese marco, el chubutense resaltó “los esfuerzos que está llevando adelante el presidente Alberto Fernández, el Gobierno nacional y también Cristina Caamaño que está a cargo de la intervención de la AFI para reestructurar y reordenar el organismo”.
Luenzo recordó además “el retroceso institucional que significó los decretos del gobierno anterior para la AFI, las filtraciones de las escuchas y un esquema de fondos reservados con millones de pesos sin ningún tipo de rendición de cuenta”.
“Necesitamos una AFI democrática y ese es el espíritu de este Decreto 214”, completó el legislador.
El DNU modifica el artículo 4º de la Ley Nº25.520 e “imposibilita a los organismos de inteligencia agentes realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal, obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
Asimismo, restringe “revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial”.
Finalmente, Luenzo destacó la importancia de la desclasificación de los archivos de la AMIA a partir del Decreto 213/2020, que también fue publicado este jueves en el Boletín Oficial, ya que “elimina los obstáculos que les estaban presentando a los familiares y garantiza un ejercicio pleno del derecho a la información a toda la Argentina”.
A través de un DNU, anunciado por Alberto Fernández durante la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo modificó la Ley de Inteligencia.
El Poder Ejecutivo oficializó este jueves el DNU 214/20, a través del cual establece que la Agencia Federal de Inteligencia ya no podrá actuar como auxiliar de la Justicia.
La medida modifica el inciso 1 del artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), de modo que exprese que ningún organismo de inteligencia podrá "cumplir funciones policiales o de investigación criminal".
Anteriormente, la norma establecía que los espías podían actuar "salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley".
Al recordar la intervención de la AFI, que dispuso el gobierno de Alberto Fernández, se destacó que la misma "resaltó la imperiosa necesidad de realizar un reordenamiento y rediseño integral del Sistema de Inteligencia Nacional en pos de restablecer y fortalecer los principios democráticos y de publicidad que deben regir la materia".
En los considerandos del DNU se señaló que mientras dure la intervención (180 días), se buscará "lograr los consensos políticos y sociales que se precisan a fin de dar cumplimiento a las pertinentes reformas institucionales".
"Sin embargo, deviene necesario adoptar una medida urgente para lograr bases sólidas para el referido reordenamiento, disponiendo una modificación esencial sobre una de las áreas del Sistema de Inteligencia Nacional que mayores distorsiones ha evidenciado, como es su interacción con el sistema de administración de justicia", se indicó.
Para el Ejecutivo, corresponde "limitar de forma urgente ese resquicio legal, que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios desarrollados entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, franqueando la participación de aquellos en funciones totalmente ajenas a sus verdaderas áreas de incumbencia".
Finalmente, se argumentó que esa "inadecuada intromisión ha afectado en múltiples casos la necesaria independencia judicial, actuando como un componente corrosivo frente a la legitimidad institucional de nuestra democracia".
El decreto, firmado por el presidente y todo su Gabinete, deberá ahora ser analizado por la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, donde el Frente de Todos posee mayoría.
Alberto Fernández anunció un Decreto de Necesidad y Urgencia que se publicará la semana entrante. Además, dijo que ordenará desclasificar testimonios secretos sobre el atentado a la AMIA.
Ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández sostuvo este domingo que “debemos construir consensos para un nuevo diseño del sistema de inteligencia nacional”, al recordar la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia que dispuso a poco de asumir su gobierno.
“Mientras tanto, queriendo reponer el orden que se ha perdido, esta misma semana que iniciamos dictaré un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifique la Ley de Inteligencia impidiendo a los organismos de inteligencia realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia. No habrá excepción alguna que quiebre esa resolución”, anunció.
Además, el mandatario dijo que “a 26 años del atentado a la AMIA, ordenaré a la AFI desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo”. “Lo mismo haremos con toda documentación reservada que exista en el organismo sobre el tema”, agregó.
“De esta manera, a paso firme, estamos poniendo fin al secretismo con que se manejan parte de los fondos públicos, a la influencia de la inteligencia estatal en las investigaciones judiciales y a cualquier forma de espionaje político interno”, cerró.