En medio de una nueva polémica en torno al titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, el Gobierno lanzó una denuncia sobre una supuesta red de "protección" a empresarios ligados al kirchnerismo dentro de la exAFIP que operó durante las gestiones de Cambiemos y el Frente de Todos.

"La denuncia y la información es totalmente mentirosa", aseguró este martes el diputado de Unión por la Patria Carlos Castagneto, quien fue administrador del ente recaudador en el último año y medio del gobierno de Alberto Fernández.

En sentido contrario a la denuncia del Gobierno, el legislador afirmó que "en el gobierno de (Mauricio) Macri se armó un grupo de tareas bajo la gestión de (Alberto) Abad y (Leandro) Cuccioli, conducido por Jaime Mecikovsky y el auditor (Néstor) Sosa, en conjunto con la exSIDE, la AFI, la UIF, el Banco Central, donde vulneraron el secreto fiscal y los mecanismos de protección que tenía la AFIP para tener información sensible de jueces, fiscales, periodistas, políticos, figuras públicas, con el fin de hacer denuncias penales o directamente entregar material para hacer una denuncia pública".

"También ocurrió con la expresidenta (Cristina Kirchner) y sus hijos Florencia y Máximo (Kirchner) con respecto a la persecución y el hostigamiento. Hasta se le había notificado a un domicilio inexistente. Esto se ha denunciado, pero lamentablemente todas las denuncias en ese momento cayeron en el juez (Claudio) Bonadio", recordó.

Castagneto señaló que "durante el macrismo tergiversaron la información, y ahora lo quiere hacer de nuevo Macri peleando un espacio con (Javier) Milei sobre ARCA" para "perseguir, cuestionar y amendentrar".

El kirchnerista acusó a La Libertad Avanza de querer "hacer este sistema de espionaje, acopio de información, para conseguir resultados electorales positivos y generar en la sociedad un relato mentiroso".

Sobre esto, puso un manto de sospecha respecto de por qué hay legisladores que "cambian los votos de un día para el otro; porque te hacen un seguimiento y una información para que votes distinto".

En diálogo con radio Futurock, Castagneto consideró que Macri y Milei "están peleando desde el primer día" por poder dentro del ente recaudador y "no para hacer las cosas bien, no para que paguen los que más tienen y paguen menos los que menos tienen".

"Cuando la economía fracasa, como está fracasando ahora y como fracasó en el gobierno de Macri, que es solamente para 7 millones de argentinos, tienen que buscar un relato salvaje", completó.

La oposición criticó al jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, tras darse a conocer que compró, a través de sociedades del exterior, tres inmuebles en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares que nunca consignó –ni las sociedades, ni los inmuebles– en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).

El funcionario fue designado en octubre frente de la DGI para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria. Su designación causó revuelo interno en el Gobierno, debido a que el decreto de nombramiento lo firmó el presidente Javier Milei junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ni el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni el ministro de Economía, Luis Caputo, participaron del trámite.

En su carácter de funcionario, Vázquez está obligado por la Ley de Ética Pública, vigente desde 1999, a presentar ante la OA una declaración jurada que detalle todos sus bienes inmuebles y muebles y participaciones accionarias (incluidos los de su cónyuge). Ese reporte hay que actualizarlo cada año y es de acceso público. No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de “omisión maliciosa”, establecido en el artículo 268 del Código Penal, con penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También puede derivar en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, si el funcionario no logra justificar el origen lícito de sus bienes.

“Milei en algún momento puede perseguir empresarios, periodistas y opositores, como hacía Kirchner con Echegaray, si no, no se explica Andrés Vázquez a cargo de la DGI. DATOS: A Vázquez la impunidad se la viene garantizando el juez Lijo. Bullrich firmó lo que Toto Caputo no”, apuntó el jefe del bloque de la CC en Diputados, Juan Manuel López.

En el mismo sentido se pronunció el presidente del partido y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, quien señaló una "DOBLE VARA DE LA TRANSPARENCIA" en el gobierno de Milei que "nombra al frente de la recaudación a alguien sospechado de evasión".

"Andrés Vázquez, designado como jefe de la DGI, fue ex mano derecha de Echegaray en el kirchnerismo y está vinculado a casos de corrupción, espionaje y aprietes a opositores y periodistas. Ahora, como funcionario libertario, habría adquirido inmuebles en Miami a través de empresas offshore. ¿Este es el modelo de lucha contra la 'casta' y de 'honestidad y transparencia' que prometieron? Es inaceptable que quien debería garantizar la equidad fiscal esté manchado por prácticas de evasión y abuso del poder estatal. Una vez más, se evidencia una contradicción, una falsa meritocracia y un golpe a la ética pública", cuestionó.

Impresionante aporte de @halconada. ¿Hace falta hacer la denuncia formal o algún Fiscal de Py ya tomo nota? El chorreo es descarado. El sistema tributario se basa en declaraciones juradas y el encargado de controlarlas miente en las suyas. KyM son iguales https://t.co/egGLT5o2SE

— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) December 16, 2024

El legislador porteño Hernán Reyes sumó: "Vázquez es parte de la decadencia moral de la Nación. Ya estamos cansados de estos ladrones escondidos en los entes públicos y amigos del poder de turno. Milei no viene a sacar a la casta, ni a terminar con el déficit moral del país. Viene a legitimarlo y a consolidarlo. Critica en público a personas intachables como Carrió, y en privado designa a lo peor de la corporación corrupta de la Argentina".

Con corruptos en lo más alto del poder, el sacrificio de los de siempre, será para nada. https://t.co/sb1I2lOyyc

— Monica Frade (@MonicaFradeok) December 16, 2024

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (UP) denunció al nuevo titular de la AFIP, Juan Pazo, por “delitos contra la administración pública, falsificación de declaraciones juradas y ocultamiento de bienes”.

En la acusación, el diputado de UP pide que se investigue una serie de hechos cometidos por el actual funcionario público nacional, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) que podrían configurar delitos de acción pública que reprime con prisión de hasta 6 años al funcionario público “que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”.

Tailhade describió a Pazo como “empresario argentino, vinculado estrechamente como ejecutivo desde hace muchos años al grupo económico que comanda Francisco De Nárvaez, habiendo sido presidente del holding de empresas textiles del grupo, y presidente de numerosas sociedades subsidiarias constituidas en su gran mayoría en guaridas fiscales, es decir aquellos países o jurisdicciones que no cumplen con los mínimos estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo”.

En abril conté que el nuevo titular de la AFIP, Juan Pazo, integraba 12 sociedades en el exterior y tenía un departamento en Miami, todo sin declarar. Como ni renunció, ni ningún fiscal actuó de oficio, lo denuncié penalmente. Y le encontré otra propiedad sin declarar. Va hilo 👇 pic.twitter.com/eIHkIToEeC

— Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) December 13, 2024

Así, denunció que en 2010 Pazo junto a su esposa constituyeron la sociedad Harbour House 1533 Corp, con sede en la unidad 1533 del complejo ubicado en el 10275 de Collins Avenue, Miami, Florida. “Esta sociedad continúa siendo propiedad de Pazo y su esposa, y, según veremos, nunca fue incorporada a las declaraciones juradas presentadas por Pazo en su condición de funcionario público durante los períodos mencionados”, señaló.

“En una primera etapa Pazo fue funcionario público entre marzo de 2016 y noviembre de 2019, y en función de las previsiones de la Ley de Ética Pública tuvo que presentar anualmente las declaraciones juradas patrimoniales. En ninguna de las presentaciones que hizo durante aquel período informó que era socio de una sociedad constituida en Miami ni mucho menos que era dueño de un inmueble en aquella ciudad”, ratificó.

Tailhade indicó que “en este período debió haber denunciado que eran propietarios de la unidad ya que lo compraron en 2013 y lo vendieron en 2021, es decir estuvo en su patrimonio durante toda la primera etapa de su trabajo en la gestión pública, y sin embargo lo omitió, lo ocultó, evidentemente de manera deliberada. O sea, una clara falsedad maliciosa de su declaración jurada”.

Denuncia Pazo

Los senadores nacionales Mariana Juri y Rodolfo Suárez (UCR-Mendoza) presentaron un proyecto de ley para que el Gobierno nacional le regrese a las provincias el 1,9% de impuestos coparticipables que utilizaba la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para financiarse.

El objetivo de la iniciativa es que, ante la disolución del ente recaudador, se distribuyan los fondos que el organismo nacional retuvo al conjunto de las jurisdicciones argentinas. "Para dimensionar este dinero basta mencionar que sólo en el ejercicio 2023, la AFIP retuvo $643 mil millones, el equivalente al 0,34% del PBI", señalaron.

"Por el volumen de los fondos que percibe la AFIP se ha constituido a ese organismo no sólo como una provincia más, sino como la cuarta provincia argentina en la distribución de dinero coparticipado", resaltaron los legisladores que responden al gobernador Alfredo Cornejo, quien destacó la medida del Gobierno nacional, pero reclamó el retorno de fondos a las provincias.

En los fundamentos del proyecto, Juri y Suárez apuntaron que "si se comparan los gastos de AFIP con algunos organismos nacionales surgen notorios resultados: el gasto de AFIP en 2022 ($331 mil millones) es muy superior a los gastos del Conicet ($80 mil millones) y la mitad del gasto de todas las universidades nacionales argentinas ($599 mil millones)".

En el texto se plantea la derogación de los artículos 1 y 4 del decreto 1399/01 y se establece que “el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía de la Nación y/o los funcionarios que estime corresponder, instrumentará de manera inmediata la inclusión y el reparto, entre las provincias, de los recursos coparticipables" que por aplicación de dicho decreto "se detraen de la distribución de la coparticipación federal de impuestos con el fin de financiar el funcionamiento operativo de la AFIP".

Por otra parte, los mendocinos recordaron que "esta afectación se realizó en 2001 por un decreto del Poder Ejecutivo, sin que hubiera una modificación legislativa explícita de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y sin que mediara el acuerdo de las provincias".

El Gobierno nacional comunicó este lunes por la noche la decisión de disolver la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el marco de “la reducción del Estado y la eliminación de estructuras ineficientes”, y en su lugar creará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Desde el Congreso, legisladores de diferentes bancadas reaccionaron en redes sobre la medida adoptada.

“Hay meros operadores de AFIP que viven en Nordelta en casas de un palo y medio. Los sueldos son escandalosos y los negocios paralelos aún más. En la Aduana pasa lo mismo. Si eso va camino a solucionarse se habrá atacado a una flor de mafia. Ojalá”, celebró el libertario Alejandro Bongiovanni.

El radical Lisandro Nieri destacó que “la decisión del Gobierno de disolver la AFIP es acertada y se traduce en un ahorro importante. Si el organismo recaudador baja gastos en un 20%, eso significa medio billón adicionales para el Tesoro y las provincias”.

CHAU AFIP!
El presidente Javier Milei disuelve el organismo y crea una nueva agencia de recaudación más chica.

🚨Se bajan un 90% los sueldos de los directores.
🚨Se reduce el 45% de las autoridades superiores, la “planta política”.
🚨Se reduce 30% de autoridades inferiores.
🚨EL… pic.twitter.com/6MIORQkLrB

— Lorena Macyszyn (@LorenaMacyszyn) October 21, 2024

La diputada tucumana Paula Omodeo expresó: "Cada vez que cae un embargo injusto o mal determinado, o que hay que pedir plan de pagos sabiendo que la deuda está mal determinada, dan ganas de poner una bomba (no en sentido literal, para los sensibles) a Rentas de la provincia. Hoy el gobierno lo hizo con AFIP, no veo las horas que podamos hacerlo en Tucumán!!".

Por el contrario, la diputada de UP Natalia Zaracho criticó que “el cambio de nombre de la AFIP solo es una careta para justificar más despidos en el Estado. No es para distribuir mejor la torta ni para mejorarle la vida a nuestro pueblo. Todo lo contrario, festejan los evasores…Circo y crueldad, porque para pan no hay”.

“¿Con el ‘cierre’ de AFIP van a reponer la devolución del IVA a los pobres y jubilados? ¿Los monotributistas van a pagar menos? ¿Bajará el impuesto al combustible? Si la respuesta es no, entonces la única novedad son nuevos despidos para contratar más familiares de Adorni. Dejen de tomar de boluda a la gente”, escribió Itaí Hagman (UP).

DESHACER LA AFIP.

Heroes no solo son los diputados que votan el veto a los Jubilados y las Universidades.

Recordemos en Bariloche lo que dijo el Presidente "quienes fuguen capitales y evaden impuestos son heroes y como económista sugiere que lo hagan", bueno ahora llegaría el…

— Pablo Todero (@PabloTPJnqn) October 22, 2024

En el marco de lo establecido por Ley 27.743 del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, el Banco Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), presentaron una línea de crédito especial con el objetivo de que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de todos los sectores económicos puedan realizar la cancelación al contado de deuda y acceder a los mayores beneficios de condonación allí establecidos.

Además, les permitirá a los contribuyentes la posibilidad de cancelar el pago a cuenta de los planes de facilidades de largo plazo. La mencionada línea de crédito establecida por el BNA permite el acceso de hasta el 100% de la deuda ingresada en el plan, a cancelar en 30, 60 o 72 cuotas mensuales según las necesidades de cada cliente.

Cabe destacar que el Régimen de Regularización de Obligaciones contempla los siguientes beneficios para el pago al contado, según la fecha de adhesión: Hasta el 16 de agosto inclusive, 70% de condonación; del 16 de agosto al 14 de septiembre, 60%; y del 15 de septiembre al 14 de octubre, un 50%.

Respecto a la adhesión de crédito, hasta el 14 de octubre habrá una condonación del 40% de los intereses, con un pago a cuentas del 15% de la deuda y una financiación de 84 cuotas para Micro y Pequeña Empresa; y para la Mediana, será el mismo interés, con un 20% de pago a cuentas y en 48 cuotas.

Para quienes adhieran del 15 de octubre al 13 de diciembre, habrá un 20% de condonación de la deuda. La línea de crédito ya se encuentra disponible en todas las sucursales del Banco Nación.

Después de largas y arduas negociaciones con diferentes gobiernos, la AFIP nos ha dado una vez más la razón pero está vez con hechos. Se derogó el trámite del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA), expresó Alberto Príncipe, presidente de la CCA.

Se trata del régimen de información que debía presentarse al momento de realizar la transferencia de automotores y motovehículos usados radicados en el país, de los cuales sean titulares de dominio. El objetivo, según la AFIP, es simplificar los trámites administrativos y optimizar la prestación de servicios a los contribuyentes.

Cabe mencionar que los automóviles que debían declararse en la AFIP, con este certificado, eran aquellos que superaban los $ 10.919.766. El Certificado CETA era un formulario que tenían que pedir las personas (humanas y jurídicas) y las sucesiones indivisas, del país o residentes en el exterior, relacionadas con la transferencia de un auto o moto usado y que estén radicados en Argentina. El vendedor del auto era el encargado de completar el documento.

La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), en representación de los 83, Colegios, Consejos y asociaciones de Abogados de todo el país, presentó una nota a la Administración Federal de Ingresos Públicos en la que expresa la inquietud y malestar como consecuencia de la imposibilidad sistemática de acceder a los beneficios implementados por las Resoluciones N° 1416/2023 del Ministerio de Economía de la Nación y N° 5422/2023 de esa AFIP.

La resolución 1416 del Ministerio de Economía en su artículo 1 inciso c) encomienda a la AFIP:

“c) Prorrogar el vencimiento de las obligaciones de pago: i) del aporte personal de los trabajadores autónomos, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, excepto para aquellos sujetos comprendidos en la Tabla I del Anexo II del Decreto N.º 1.866 del 12 de diciembre de 2006, cualquiera fuera la categoría que revistieren y, ii) del impuesto al valor agregado, correspondiente a los períodos fiscales septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, para los sujetos mencionados en el literal i) de este inciso”.

Los abogados que revisten la condición de aportantes voluntarios de la ley 24.241 o que aportan de modo obligatorio a las respectivas Cajas Provinciales -según el ámbito territorial donde desarrollen su actividad profesional- en tanto revistan las condiciones indicadas en las normas antes referidas, no se encuentran excluidos de los beneficios implementados debiendo gozar de los mismos como el resto de los trabajadores autónomos (art. 16 de la CN).

De ese modo, la Federación expresó que “ninguna duda cabe que el Organismo Fiscal, en su proceder, vía sistémica, está violando esenciales principios y garantías constitucionales tales como los principios de legalidad (art. 19 de la CN), generalidad e igualdad (art. 16 y 75 inc. 22 de la CN) y el derecho de propiedad (art. 17 de la CN) generando una verdadera situación de inequidad que debe ser resuelta a la brevedad”.

“Esta Federación Argentina de Colegios de Abogados solicita se adopten de inmediato las medidas pertinentes para adaptar los sistemas operativos del Fisco Nacional a fin de que los profesionales de la abogacía aportantes a las diversas cajas de seguridad social puedan acceder a los beneficios en cuestión”, agregaron.

Para terminar, la Federación de Abogados expresó que “solicitamos se dejen sin efecto las intimaciones ya cursadas y no se vuelva a intimar frente a idénticas situaciones e los períodos por vencer”.

El diputado nacional y titular de la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Prevención, Martín Tetaz (Evolución Radical,) presentó un proyecto de ley para defender los derechos de los contribuyentes y darle un marco temporal a la duración de las inspecciones de la AFIP.

El proyecto propone modificar la Ley de Procedimiento Tributario para establecer plazos máximos de fiscalización de ente 6 y 12 meses de acuerdo al tipo de contribuyente sujeto a fiscalización, teniendo en cuenta la caracterización del mismo consignada en el sistema registral del organismo recaudador, a fin de establecer un límite al período de tiempo en que los contribuyentes pueden ser investigados por la AFIP.

"No podemos permitir más que la ineficiencia del Estado perjudique a las personas. Es inaceptable que la AFIP tenga abiertas inspecciones con toda la información requerida a su disposición y no se pronuncie. Buscamos con este proyecto defender a los contribuyentes al brindarles más previsibilidad y agilidad en el funcionamiento del Estado", declaró el economista.

Para Tetaz: "Esta medida va a hacer que el sistema tributario sea más eficiente y previsible. Necesitamos construir orden y confianza en el Estado para poder sacar a la Argentina adelante”.

El texto contó con el acompañamiento de las firmas de los diputados nacionales. Héctor Stefani, Graciela Ocaña, Manuel Aguirre, Fernando Carbajal, Mario Barletta, Gerardo Cipolini, Marilú Quiroz, Ana Clara Romero, Pablo Torello, Carlos Zapata y Gabriela Lena.

PL-Fiscalizacion-Tributaria-plazos

Luego de conocerse el índice de inflación del mes de agosto (12,4%) publicado por el Indec, el diputado nacional Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) consideró que “es real el peligro de hiperinflación porque la interanual está en 3 dígitos”.

“Estamos de acuerdo que debe haber una actualización de ganancias, pero lo que hace el Gobierno es cambiar la estructura del impuesto”, señaló con relación a la modificación del Impuesto a las Ganancias.

En declaraciones a Radio Perfil, sostuvo que “acá se está destruyendo y perjudicando la recaudación tributaria”, y agregó que “Cuando se baja el impuesto sin bajar gasto, el Estado debe emitir mas dinero y eso genera inflación”.

Por otro lado, Cacace consideró que “es real el peligro de hiperinflación porque la interanual está en 3 dígitos”. “Es claro que hay una aceleración de la inflación muy profunda y agosto ha sido el registro más alto desde 1991”, indicó.

Consultado por el cruce que tuvo con el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, durante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del jueves afirmó que “es un desubicado”. “Él escondía la información porque creemos que es improvisado que se apruebe una ley sin un calculo sobre el impacto fiscal”.

Del mismo modo, cuestionó que “hicieron el adelanto de ciertas normas tributarias en el Presupuesto 2024”. A su vez, enfatizó que “Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos, dio a entender que van a crear nuevos impuestos”.

“Rodríguez Saá creo caos político”

En los últimos días, trascendió que los legisladores de Juntos por el Cambio “quedaron encerrados con candados” en la Legislatura de San Luis tras no aprobar un proyecto del gobernador Alberto Rodríguez Saá que proponía convertir en contratos de trabajos a los beneficiarios de planes sociales.

Tras ello, muchas personas se autoconvocaron a la entrada de la Legislatura y bloquearon la salida. “Rodríguez Saá enfrentó a beneficiarios con legisladores”, señaló Cacace, y agregó que “rompieron ventanas y prendieron fuego la entrada de la Legislatura”.

“Los legisladores quedaron encerrados con candados por horas porque la policía no desalojo de inmediato a los manifestantes, tuvimos que presentar un habeas corpus y la justicia ordenó el desalojo”, relató el diputado.

Para finalizar, aseveró que “ha sido un acto de enorme irresponsabilidad del gobernador porque no lleva la transición como debe ser”, y concluyó: “Creó caos político porque vivimos una situación muy complicada”.

La banca pública bonaerense lanzó una nueva línea de créditos para trabajadores de casas particulares con una tasa especial, cuotas fijas y a sola firma. Además, quienes prefieran pueden solicitar una tarjeta de crédito en lugar del préstamo. 

Al préstamo pude acceder cualquier persona registrada en AFIP bajo el Régimen Especial del Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. No es necesario ser cliente/a del Banco para solicitarlo.

El monto máximo es de 150 mil pesos, que se paga en 36 meses. La cuota mensual en ese caso es de 9.065 pesos. La cuota del préstamo no puede afectar más del 30% del ingreso mensual de la persona. El monto mínimo que se puede solicitar es de $ 50.000. La tasa es de 60% anual y es fija. No cambia durante los 36 meses del préstamo.

El préstamo se tramita en las sucursales. Quienes ya son clientes/as pueden hacerlo en la sucursal donde operan habitualmente. Es importante recordar que todas las personas usuarias de la billetera digital Cuenta DNI son clientes/as de Banco Provincia y tienen una caja de ahorro gratuita, que la aplicación abrió automáticamente. Quienes aún no operen con el Banco pueden tramitar el financiamiento en la sucursal que deseen, sólo deben presentar el Documento Nacional de Identidad. 

Las personas usuarias de Cuenta DNI pueden encontrar fácilmente la sucursal donde tienen su caja de ahorro en: www.bancoprovincia.com.ar/web/trabajadoras_es.

Quienes están en condiciones de obtener un crédito de la nueva línea tienen la alternativa de solicitar, con solo presentar su DNI, una tarjeta de crédito Visa. En este caso, Banco Provincia ofrece: límite unificado para compras en un pago y en cuotas, sujeto a la calificación crediticia; bonificación de la renovación anual y el mantenimiento mensual del plástico; 40% de reintegro, con tope de $ 6.000, en la primera compra en cuotas como regalo de bienvenida.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires reiteró el pedido que le hizo al Poder Ejecutivo y a la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto de prácticas que “resultan violatorias de los derechos y garantías constitucionales en materia tributaria”.

La entidad sostuvo que “mediante el dictado de la Resolución General N° 5391 (B.O. 21.07.2023) la AFIP implementó un nuevo pago a cuenta del impuesto a las ganancias para empresas que en el ejercicio anterior hayan tenido una ganancia impositiva (antes del cómputo de quebrantos) igual o superior a $600.000.000, y no hayan determinado impuesto”.

“Los parámetros establecidos no permiten, razonablemente, inferir que se trate de contribuyentes que tendrán ganancias imponibles al cierre del ejercicio fiscal, y por ende, que determinarán impuesto a las ganancias contra el cual computar el pago a cuenta. De este modo, la AFIP desconoce que la Ley de Impuesto a las Ganancias admite el cómputo de quebrantos para determinar el resultado alcanzado por el impuesto”, siguieron.

Además, expresaron que “la RG 5391 constituye un nuevo uso desmedido y abusivo de la facultad conferida por la Ley N° 11.683 de establecer anticipos o pagos a cuenta, la cual debe ejercerse sobre la base de indicios razonables de permitan presumir, conforme a las reglas de la sana crítica, que el hecho imponible finalmente llegará a verificarse”.

Además, manifestaron que “lo indicado en el apartado anterior resulta de mayor gravedad y preocupación en contextos de muy alta inflación como el que atraviesa el país, más aún si las normas impositivas no permiten la actualización de los anticipos y pagos a cuenta”.

Por otra parte, expusieron que “el reciente Decreto N° 377/2023 estableció nuevos hechos imponibles alcanzados por el denominado “Impuesto País” implementado en diciembre del 2019 mediante la Ley N° 27.541 por el término de 5 (cinco) períodos fiscales desde su entrada en vigencia”.

“El artículo 76 de la Constitución Nacional establece que para que la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo sea válida, ésta debe establecerse con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca, aspectos que resultan cuestionables en el caso comentado, toda vez que el artículo 1° de la Ley N° 27.541 fijó el día 31 de diciembre de 2020, como fecha límite para el ejercicio de las facultades delegadas comprendidas en la misma, indicaron desde el Colegio de Abogados porteño.

Siguiendo con el “Impuesto País”, consideraron que “implementó un mecanismo de pagos a cuenta para la importación de mercaderías, que deberán efectuarse antes de que se produzca el hecho imponible. Este mecanismo no cuenta con la debida autorización legislativa, ya que la facultad conferida a la AFIP para establecer el pago a cuenta no surge de la ley sino del recientemente sancionado Decreto 377/2023. Se trata de otro claro exceso de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo que invade, una vez más, atribuciones exclusivas del Poder Legislativo”.

Del mismo modo, sugirieron que “corresponde enfatizar que medidas como las mencionadas en la presente, propician y acrecientan un clima constante de inseguridad jurídica y afectación del Estado de Derecho, lo que a su vez conspira contra los intereses de la sociedad en la búsqueda de la tan ansiada estabilidad y progreso que nuestro país merece”.

Por último, explicaron que “se debe tener presente que es el Poder Judicial el encargado y quien tiene el mandato de velar por la supremacía de nuestra Carta Magna y los derechos y garantías en ella consagrados”.

Traspasado al ámbito de la ciberseguridad, cuando hablamos de identidad digital nos referimos a un sistema de identificación seguro y efectivo que aporta confianza a todas las partes involucradas en una transacción o interacción. Esto se da porque propone su creación sólo una vez, para luego ser consultada siempre que se requiera, incluso para generar pagos. Con esto, sintetiza el proceso y fortalece la seguridad.

Hoy, la consigna es facilitar la transformación digital de las organizaciones y de los usuarios a través de la generación de mecanismos de confianza, conexiones rápidas y eficientes, que utilicen las tecnologías más avanzadas del mercado. 

Nuestra Plataforma de Identidad Digital MIA se basa en el concepto de Identidad Digital Única, omnicanal, e interoperable, respetando los estándares internacionales en materia de tratamiento de los datos y seguridad.

MIA es la única plataforma que hoy ofrece un modelo de interacción independiente del canal o el dispositivo, con certificación FIDO (Fast Identity Online, un consorcio de empresas líderes en tecnología, que propone eliminar el uso de contraseñas en sitios web, aplicaciones y dispositivos) de punta a punta.

Ventajas de MIA

Toda transacción o interacción se procesa a través de la identidad y se autentica por medio del rostro del usuario, su voz, iris o la palma de la mano; es decir, a través de múltiples factores, a elección de la persona. Esto elimina la necesidad de utilizar usuarios y contraseñas, así como los modelos tradicionales de segundo factor como la validación de un correo o número telefónico. Asimismo, se reduce el riesgo de fraude y la fricción: no se altera el flujo o la experiencia, y tampoco es necesario generar descargas adicionales en otras aplicaciones, ni tareas complejas. 

Una de las propiedades de la Identidad Digital es que cuanto más se utiliza más se fortalece, a diferencia del modelo del usuario y contraseña, que cuanto más se usa más se debilita porque más se expone.

Por otra parte, la privacidad es un factor fundamental. El usuario no necesita exponer más información que la necesaria. Cuando compro un producto a través del e-commerce, el proveedor no necesita saber mi dirección, solo debe cobrarme. Y la empresa que me entrega el producto solo necesita saber la dirección. 

A su vez, las estadísticas indican que hoy 7 de cada 10 operaciones que se realizan en plataformas de e-commerce se pierden por distintos motivos. Y que el 3% de las operaciones son fraudulentas. 

En la plataforma MIA la información es inmutable, nadie la puede vulnerar, los datos son soberanos, se utiliza un algoritmo específico que transforma a la experiencia en simple y segura. Ese es el modelo. MIA en Argentina está integrada con el Registro Nacional de las Personas, la aplicación Nosis y la Administración Federal de Ingresos Públicos.

La evolución de la contraseña

Cuando se alcanza este modelo de Identidad Digital Única y se asocian las credenciales verificables, es decir, documentos, licencias o certificados físicos, todo se simplifica. La identidad cruza todo. Hacia este modelo de evolución nos dirigimos. El mundo está yendo hacia ahí, está empezando a pasar. 

El desafío es romper con los modelos tradicionales. El de las claves y las contraseñas, de la constante autenticación para demostrar que verdaderamente somos nosotros, es viejo. La transformación no es inmediata, pero debemos avanzar hacia ese proceso.

No tenemos que tratar de hacer, con la tecnología de 2023, lo mismo que hacíamos en 1980. El reto es utilizar la tecnología que hoy tenemos disponible para mejorar la experiencia de los usuarios y de las organizaciones, a través de la mejora de modelos que sean innovadores, fáciles de usar y más seguros.

El senador nacional Daniel Bensusán (FdT) estuvo reunido con el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, con motivo de dialogar sobre el proyecto de ley presentado por el pampeano que propone modificaciones que alivien la situación de entidades sin fines de lucro, MiPyMEs y pequeños contribuyentes que afrontan moratorias.

“Fue un encuentro muy positivo, porque se pudo acceder a la máxima autoridad en cuestiones impositivas para presentarle la iniciativa en beneficio de pequeños contribuyentes que pagan moratorias y que a partir del 30 de abril vieron aumentados, hasta en tres veces, el monto de las cuotas que venían pagando”, señaló el legislador.

El proyecto busca reformar la Ley N° 27.653 de Alivio Fiscal, que fue votada durante la pandemia, estableciendo medidas para acompañar a los pequeños contribuyentes a través de moratorias a intereses accesibles, pero con vencimiento en marzo del corriente año. Quienes tienen cuotas que pasen del 1ro. de abril, vieron notablemente incrementado el monto de esos intereses.

“Lo que en un momento fue una medida paliativa no puede transformarse en un castigo. Menos aún cuando hablamos de pequeños contribuyentes, MiPyMEs y entidades sin fines de lucro. Por eso nuestra preocupación, que se la planteamos al administrador Castagneto”, agregó el senador.

Bensusán resaltó: "Todos los días tomamos contacto con personas que están identificadas en estas categorías, con emprendedores, titulares de empresas familiares pequeñas, y con las entidades sin fines de lucro, que encima realizan acciones solidarias y llegan a lugares donde a veces tiene dificultades de acceder el Estado".

“Desde el Congreso de la Nación se puede hacer un aporte importante para garantizar que este motor productivo y social de tanta importancia para Argentina pueda seguir desarrollando sus tareas, por eso somos optimistas en que se podrá llegar a lograr alguna medida que contemple la situación”, finalizó.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por el oficialista Carlos Heller, tuvo una reunión informativa este miércoles para presentar el proyecto de ley sobre “Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos”, más conocido como “Mono-Tech”, que apunta a “freelancers” con ingresos anuales de hasta 30 mil dólares.

Al cabo de la exposición de todos los funcionarios, el titular del bloque oficialista, Germán Martínez, aclaró que no emitirían dictamen, sino que por el contrario, como muestra de buena voluntad, la próxima semana habría una nueva reunión a la que invitarán a Ariel Sujarchuk, secretario de Economía del Conocimiento, y en cuyo marco se anunciarían los cambios a implementar en el texto original según las recomendaciones de los diputados.

La reunión contó con la presencia del subsecretario de Financiamiento y Regulación de la Economía del Conocimiento, Edgardo Rubén Kutner; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; y el subdirector general de recaudación, José Bianchi.

Esta iniciativa fue incluida por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el 20 de enero pasado, por pedido del ministro de Economía, Sergio Massa. Recién este miércoles se conocieron detalles del mismo.

El debate de la comisión más numerosa de la Cámara baja -49 diputados-, comenzó con la palabra del subsecretario Kutner, quien explicó que la iniciativa es parte de ampliar la economía del conocimiento: “Este proyecto forma parte de una serie de medidas para generar empleos e ingresos de divisas al país. Es un ecosistema que crece”.

En tal sentido, el funcionario del Ministerio de Economía agregó: “Este desarrollo ha incrementado el cupo fiscal para los beneficios de la ley de la Economía del Conocimiento llevando el número a 70.000 millones de pesos, en el último presupuesto”.

“Este año buscamos lograr la formación de 70.000 programadores para generar empleos con salarios de calidad. Hay programas de apoyo con altísimo potencial”, detalló.

Asimismo, manifestó que hay una convocatoria para las industrias aeroespaciales con una inversión de “950 millones de pesos” para promover la actividad. “En 2022 hubo un crecimiento del 8,1 interanual con la ganancia de 600.000 puestos de trabajo de calidad”, amplió.

En el cierre del relato de los logros de la gestión del ministerio, Kutner afirmó que Argentina “es el segundo país exportador de software y servicios informáticos de la Sudamérica y el número 32 en el ranking mundial”, y añadió: “Argentina es uno de los ocho países autorizados por la NASA para enviar satélites”.

Con relación al monotributo tecnológico, detalló que “es un nuevo esquema tributario para que los profesionales puedan facturar en dólares e incorporar al mercado formal a muchos más”. Del mismo modo, consideró: “La iniciativa genera una política general para los que los beneficiarios tengan ingresos justificados”.

En ese sentido, Kutner explicó que “no tiene costo fiscal, amplía la base de contribuyentes y es un incentivo para adquirir bienes con ingresos percibidos en el exterior”. “Los informales tendrán acceso a tarjetas de crédito y está hecho con una perspectiva federal, ya que hay 13 provincias que accedieron al monotributo unificado para ampliar registro de bases tributarios”, amplió.

Respecto al universo comprendido, explicó: “se incluyen a sujetos humanos, que residan en Argentina y en los últimos 12 meses hayan logrado ingresos desde el exterior no mayores a 30.000 dólares”, y desarrolló: “También comprende a periodistas que trabajen para un medio extranjero. Ellos podrán inscribirse en el Mono – Tech”.

En referencia a las cuestiones técnicas del proyecto de ley sobre “Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos”, la contadora Claudia Balestrini indicó: “Están los aspectos tributarios y los aspectos cambiarios”.

“En cuanto al IVA y las Ganancias, cada contribuyente que este en condiciones de anotarse en ‘Mono – Tech’ puede compatibilizarlo con otras actividades, es decir el monotributo general”, señaló. Al igual que Kutner, afirmó que está dirigido a los sujetos residentes en Argentina, y agregó que “es optativo (no obligatorio)”.

Luego dividió al objeto en dos: sujetos que exportan servicios y competidores de deportes electrónicos (eSports) -denominados gamers-. “El nuevo contribuyente estará dentro de la economía formal”, afirmó Balestrini.

Otra condición que remarcó fue que “los ingresos provengan desde el exterior, dentro de los últimos 12 meses y que no superen los 30.000 dólares”. “Son actividades sin fronteras y transnacionalizadas, y el dólar es la medida en caso de cobrar en otra moneda proveniente del extranjero”, detalló.

Además, Balestrini explicó los pagos a realizar por las tres categorías (1, 2 y 3): “Los exportadores de servicios tienen que evaluar en que categoría van a estar. La primera -comprendida hasta los 10 mil dólares, abona 9.247 pesos; la segunda -de 10.000 a 20.000 dólares- 15.712; y la tres – entre 20.000 y 30.000-abona cerca de 31.000”.

En el caso de los ‘eSports’, Balestrini explicó que “no aportan seguridad social u obra social”, y agregó que “los montos quedan en: 2.965 para la categoría 1; 7.036 para la categoría 2; y 20.460 para la categoría 3”.

En el final, explicó que las recategorizaciones son “semestrales”, y quienes accedan al “Mono – Tech” queda “exceptuado” de liquidar las divisas obligatoriamente - a pesos- en el Banco Central”.

En tercera instancia, José Bianchi -funcionario de la AFIP- afirmó que “los trámites son a través de la web -durante julio y enero-, al igual que la recategorización y la variabilidad en la categoría”, aunque aclaró que “a excepción de la inscripción, los demás tramites pueden ser en cualquier momento”.

Respecto a la información del BCRA, Bianchi confirmó que “habrá una automaticidad hacia el Banco Central a los efectos de los temas cambiarios”. En esa línea definió que la entidad bancaria tendrá la información al día sobre quienes estén inscriptos en el Mono – Tech.

Las consultas de los legisladores

El diputado nacional Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) fue el primero en consultar dudas cuando planteó la diferencia de ingresos por “género”, respecto al pago del monotributo y se basó en un censo virtual de ‘eGamers’ que arrojó que “el 92 por ciento son hombres y el ocho mujeres”.

La diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro – Santa Fe) cuestionó que esta ley se da por las restricciones cambiarias que existen. “Generamos restricciones, pero después creamos ventanitas de estas restricciones”, señaló.

Además, consultó si menores de 16 años podrían inscribirse en el 'Monotributo Tech', tras el caso de un joven de 13 años que obtuvo ganancias en dólares por deportes electrónicos. En la misma línea, la diputada Danya Tavela (Evolución Radical – Buenos Aires) opinó respecto al proyecto.

Del mismo modo, el diputado Pedro Galimberti (UCR – Entre Ríos) solicitó estimaciones de la cantidad de personas que realizan estas actividades.

El diputado Eduardo Fernández (FdT – Córdoba) sostuvo que el proyecto “es bienvenido”. Sin embargo, planteó que relación existe entre el desarrollo de juegos electrónicos y la económica del conocimiento. Por otro lado, el diputado Lisandro Nieri (UCR – Mendoza) preguntó sobre la existencia de estudios de competitividad.

La contadora Balestrini respondió las dudas de los diputados y aclaró que trabajan con el Ministerio de Género y Diversidad para atraer al mercado laboral -generando políticas y medidas- para que se “valore” a las mujeres en cuanto a ingresos, en alusión a la consulta del diputado Cacace. Del mismo modo, José Bianchi aclaró que menores que no estén emancipados "podrán acceder al Mono - Tech" .

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este martes nuevas medidas para contrarrestar la sequía que viene sufriendo el campo. Se trata del fondo rotatorio un sistema de asistencia de 5.000 millones renovable que va a articular directamente a través de las provincias y a través de los municipios para tener instrumentos de asistencia directa a cada uno de los productores y productoras afectados por la sequía.

Reunido con varios dirigentes rurales, el ministro anunció: “Vamos a suspender el pago de anticipo de impuesto a las Ganancias para todos aquellos productores y productoras con dificultados o abarcados por la emergencia, entendiendo además que el procedimiento de trabajo que llevará adelante la AFIP, en términos de lo que son las revisiones, va a poner el ojo en los productores con más de 50 millones de pesos declarados de ganancia en el 2022”.

En esa línea, agregó: “Esto es a los efectos de que el pequeño productor no tenga miedo de plantear el pedido de emergencia con la idea de que después viene la AFIP y revisa los números”.

En consecuencia con las medidas, Massa confirmó que acordó con la AFIP la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y la suspensión de los embargos de las cuentas corrientes de todos los productores afectados por los procedimientos de emergencia que se presenten a solicitar el procedimiento de emergencia.

“Hubo un proceso en el último trimestre del año pasado de venta forzosa de hacienda que fue producto de la falta de alimento en los campos y de la necesidad en algunos casos de productores de hacerse del dinero. Eso generó que haya productores que malvendieran su hacienda. Entonces, vamos a hacer, en el caso de la venta forzosa de hacienda, la no incorporación para el cálculo del impuesto a las Ganancias. Hay 4.200 productores a lo largo y a lo ancho de la Argentina que se van a ver beneficiados con esta medida”, explicó el tigrense.

Además, informó que la AFIP va a llevar adelante un proceso de capacitación y acercamiento con los productores a los efectos de facilitar todos estos trámites.

Del mismo modo, explicó: “Vamos a proceder a la financiación de los pasivos bajos las mismas condiciones en que los créditos fueron otorgados. Esta es una muy buena medida, entre otras cosas, porque el 47% de los créditos del sector, de los productores que están alcanzados por la emergencia, son créditos que, inclusive, son producto de una política de Banco Nación de acercamiento y promoción del sector agropecuario, ya venían con tasa promocionada, y de alguna manera el diferimiento a 360 días va a mantener las mismas condiciones”.

Los principales beneficiarios de esta decisión del Banco Nación son pequeños productores, productores de unidades de menos de 500 hectáreas, productores con menos de 150 cabezas, por lo que es “una medida que tiene un impacto muy importante en términos de la capilaridad a lo largo y a lo ancho del país”, indicó. “Sobre todo la necesitad de esos productores que son los más vulnerables por el tamaño de sus unidades productivas, por el tamaño de sus unidades de arrendamiento en otros casos”, añadió el ministro.

Se van a poner 15 puntos más de subsidio de tasa para acompañar al productor que tenga que ir a tomar crédito con una reducción de la tasa de interés.  50.000 millones de pesos es lo que pone el Banco Nación en línea de crédito para productores y productoras que se encuentran abarcados por la emergencia a lo largo y a lo ancho del país. Para nosotros eso es muy importante, primero por el esfuerzo del subsidio de tasa que hace el Gobierno Nacional, pero por otro lado por la capilaridad que logra el Banco nación, que todos sabemos el banco que está en cada uno de los pueblos de Argentina.

En tal tema, explicó: “Estamos homologando los pedidos de emergencia de las provincias. Hoy firmamos algunos de la provincia de Buenos Aires, estamos a punto de poner en marcha la homologación de la provincia de Entre Ríos. Ustedes saben que es importante porque es el disparador que le permite al productor acceder a todos los beneficios que de alguna manera estamos disponiendo, y el día jueves en la reunión de Directorio, el Banco Central de la República Argentina va a derogar la resolución que incrementaba la tasa para aquellos productores que de alguna manera podían acceder al crédito y habían quedado limitados por el tema de la liquidación del dólar soja, a los efectos de volver a darle la oportunidad de acceder al crédito sin castigo de sobretasa”.

Asimismo, afirmó que todas estas medidas “representan un enorme esfuerzo del Gobierno Nacional”. “Es el resultado del trabajo de distintas áreas del Gobierno en la mesa de diálogo y de trabajo con las cuatro entidades de la Mesa de Enlace más dos entidades que también representan a los productores. Que de la mesa del diálogo y del trabajo podamos sacar resultados en la emergencia es muy importante”, agregó.

De tal manera, Massa enfatizó que la Argentina “tiene en el campo a uno de los motores de la economía”, y consideró: “El Estado muchas veces le pide un esfuerzo cuando tiene que enfrentar situaciones o de estrechez fiscal o de reservas, pero también, el Estado y el Gobierno, muchas veces es la herramienta con la cual podemos tenderle la mano y asistirlo en los momentos de mayor dificultad”.

“Tal vez no es todo lo que pedían, lo sé. Esto es lo que podemos en este momento. Entendemos que es contundente en términos de impacto para nuestros productores y productoras agropecuarios”, siguió.

A su vez, manifestó que en los últimos días “todos vivimos con satisfacción la llegada de algunas lluvias en algunas regiones”. En tal sentido, expresó: “Entendemos que eso trae alivio al sector, pero también entendemos que hay muchos ciclos productivos que se cortaron y que eso generó que la sequía en algunos casos haya cortado ciclos productivos y haya perjudicado a una enorme cantidad de productores agropecuarios en la Argentina”.

“Para el Gobierno el campo es un actor central de la economía, no solamente a la hora de ayudarnos a consolidar exportaciones y ser jugadores centrales en la política alimentaria global sino también a la hora de discutir la problemática y tratar de tender una mano y usar todas las herramientas que tiene el Estado cuando nos encontramos con productores agropecuarios en dificultades”, aseveró Massa.

Antes del final, el ministro desarrolló que en la Argentina “hay algunas provincias que ya han declarado su emergencia en su totalidad; es el caso de la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos, Corrientes y Chaco. Hay provincias que han declarado de forma parcial; es el caso de Salta, Córdoba y Buenos Aires. Estamos hablando de un universo de 54.100 productores de la Argentina que de alguna manera van a estar abarcados por estas medidas”.

Para finalizar, concluyó: “Tenemos la responsabilidad de trabajar todos juntos, más allá del pensamiento de cada uno y el rol de cada uno para tenderles una mano y ayudarlos a superar esta circunstancia climática agravada este último año pero que viene siendo recurrente con un cambio de cronograma climático, por un lado, pero por otro con un fuerte impacto de la sequía en el último año”.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dará a conocer este lunes un proyecto de ley de blanqueo de capitales, con el fin de complementar la firma del acuerdo de intercambio de información tributaria suscripto con Estados Unidos. El mismo está dirigido a que los argentinos que tengan dinero no declarado en nuestro país puedan acceder a un régimen de exteriorización de los mismos.

Así lo adelantó este domingo el ministro de Economía, Sergio Massa, quien en diálogo con Radio Con Vos confirmó que este lunes se firmará dicho acuerdo con Estados Unidos.

La intención es que se firme antes de fin de año, precisó el ministro de Economía, a la espera de que se solucionen en el Congreso los cortocircuitos generados en los últimos tiempos para que no se ralentice la actividad parlamentaria.

Massa confirmó que este lunes a las 12 “se firma el acuerdo en un acto con el embajador (Marc) Stanley, y con el titular de la AFIP (Carlos Castagnetto) en el CCK”.

Según anunció el ministro, el acuerdo con los Estados Unidos permitirá la implementación a partir del 1 de enero de 2023 lo que se denomina Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras. Lo cual supone, agregó Massa, que ese país “nos proveerá a lo largo de 9 meses -hasta el 30 de septiembre- de todas las cuentas de ciudadanos argentinos en EEUU, cuentas individuales, cuentas de sociedades integradas por argentinos y de ciudadanos argentinos integrantes de sociedades”.

Tras la firma del acuerdo, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley de blanqueo. “Lo vamos a acompañar pidiéndole al Parlamento un tratamiento respecto de regímenes de exteriorización”, planteó Massa, que agregó que este lunes por la tarde “vamos a informar cuáles son los principios que vamos a impulsar. Eso lo van a informar la AFIP y la Secretaría de Ingresos Públicos”.

Es interés del Gobierno que antes del 30 de diciembre se lleve adelante el tratamiento de este proyecto en el Congreso, agregó Sergio Massa.

El Gobierno calcula que hay cerca de cien mil millones de dólares sin exteriorizar. Según el entendimiento, las autoridades tributarias de ese país entregarán información de los nombres de las cuentas, montos brutos depositados, dividendos percibidos y fuentes de dividendos norteamericanas. A su vez, los bancos de nuestro país tendrán la obligación de informar a las autoridades estadounidenses detalles de cuentas de ciudadanos de ese país en Argentina. El acuerdo contempla un compromiso de confidencialidad de ambas partes.

Massa aclaró que si alguno de los que ingresaron en el blanqueo impulsado durante la gestión Cambiemos ocultó información, se dará por caído el régimen de exteriorización y se deberá revisar todo el patrimonio de ese contribuyente.

La vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó este lunes contra la Justicia y el empresariado a raíz de un modus operandi descubierto por la Aduana, a través del cual ciertas firmas se "cedieron" autorizaciones judiciales para poder importar y liberar dólares del Banco Central.

"Alquiler de cautelares? O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, además las alquilan? Esa sí que no la tenía", escribió en su Twitter la titular del Senado y compartió una nota al respecto publicada por el diario Ámbito.

Allí se describe que los casos eran frecuentes y que entre distintas firmas utilizaban la misma “SIMI”, como se denomina la autorización ante la AFIP para acceder al sistema integral de monitoreo de importaciones, burlando así a las autoridades.

En su mensaje, la expresidenta advirtió que "con este funcionamiento judicial y empresario, Argentina se vuelve casi una misión imposible".

Alquiler de cautelares? O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, además las alquilan? Esa sí que no la tenía. Con este funcionamiento judicial y empresario, Argentina se vuelve casi una misión imposible.https://t.co/24QmoRXddD

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 18, 2022

Este jueves Se llevó a cabo una reunión de la Comisión de análisis y seguimiento de normas tributarias y previsionales, presidida Martín Tetaz (Evolución Radical), con el fin de organizar la agenda de trabajo donde, entre otras cuestiones, el presidente señaló que resta definir fecha para que Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, concurra a brindar un informe del estado actual del cumplimiento de las normas tributarias. En el mismo sentido, se propuso convocar a los titulares del Banco Central, Miguel Ángel Pesce; de la ANSES, Fernanda Raverta; y de la UIF, Juan Carlos Romero.

“Me informan que estaría ‘ok’ que se está definiendo la fecha en la cual coordinamos la agenda para hacer la reunión, pero en principio vendría la directora de la AFIP”, adelantó Tetaz.

En suma, informó que solicitaron el giro a la comisión del proyecto de la creación del fondo para el pago del FMI “entendemos que correspondía porque es el corazón de la comisión es justamente el cumplimiento de las cuestiones tributarias y el eje del proyecto es sobre los fondos de la evasión entonces parecía razonable que venga, veremos que define la presidencia de la Cámara”.

Retomando el discurso de la vicepresidenta de la Nación en el acto de la CTA, Tetaz expresó: “Nos vino bien porque nos puso en valor el problema de la evasión como algo central de la Argentina como la cuestión inflacionaria y otros temas, por lo cual empodera a la comisión en cierto sentido”, y sugirió: “Nos da la excusa perfecta para solicitarle a la presidencia de la Cámara algún presupuesto mínimo para armar un equipo de investigación que pueda producir un informe propio sobre el estado de normas tributarias”.

“Vamos a convocar gente de organizaciones no gubernamentales que nos proporcionará información al igual que AFIP. La comisión podría proporcionar sus propias investigaciones. La comisión podría sumar dos investigadores de la oposición y dos del oficialismo y armar un equipo de cuatro investigadores que se tomen un año para armar un informe del estado actualizado de cumplimento de normas tributarias”, opinó el radical que incluya un plazo, por ejemplo, de un año para su presentación. También, dejó planteada la idea de armar un seminario para la segunda mitad del año.

El primero en hacer uso de la palabra fue el radical Víctor Hugo Romero (Córdoba) quien acompañó las propuestas del presidente de la comisión porque son “interesantes” y sugirió “consensuar una agenda de temas para trabajar de forma eficiente y sea una reunión para que nos de la información que queremos. Sería bueno trabajar en esa agenda y establecer lazos de confianza” para la visita con la titular del AFIP.

Respecto a las jornadas de trabajo para realizar informes sobre evasión sostuvo que es “importante” y propuso establecer un “criterio para que no sea muy amplio, en exposiciones que no sean muy largas para saber qué piensan nos sectores académicos y de investigación y a partir de ahí trabajar en esa agenda”. En tanto sugirió escuchar al Consejo de Ciencia Económica es “una de las instituciones que hay que escuchar y hay que tenerla en cuenta porque representa a los profesionales relacionados al tema de la económica y conocen la realidad y dificultades del tema”.

“Todos sabemos que la evasión es un delito, tenemos que generar herramientas para hacer una AFIP más inteligente y que los evasores no sean premiados con blanqueos en el exterior o acá”, apuntó Romero.

A su turno la diputada y secretaria de la comisión Germana Figueroa Casas (Pro – Santa Fe) expresó su preocupación porque “empiezan a vencer las declaraciones juradas anuales de ganancias. Los aplicativos que son las herramientas que tienen los contadores para presentarlas, se pusieron a disposición hace menos de 60 días por eso el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA hizo una presentación judicial pidiendo que se cumpla ese plazo y se hagan las presentaciones al 12 de julio, pero la AFIP en vez de corroborar dijo que se va a aplicar solo para contadores de CABA”.

“Esto obligaría a que 23 Consejos hicieran esta presentación judicial. Si hablamos de combatir la evasión, tenemos que empezar a valorar el trabajo de los contadores que hacen esa relación y esto no suma para nada”, expresó la santafesina y manifestó: “En vez de AFIP comprender, va por más y genera distorsión. Eso no suma. Una tarea nuestra es escuchar al profesional, al que está ahí en la trinchera que hace el servicio al Estado de traducir el valor que e genera a los impuestos”. Y cerró diciendo que “el primer paso es ver al contador como un colaborador estatal, contribuye de una manera encomiable”.

En su intervención, la diputada radical Pamela Verasay sugirió citar a los titulares del Banco Central, de ANSeS tras los dichos de la vicepresidenta del propio gobierno. “Me parece excelente el grupo de investigación”, celebró la mendocina y se sumó a sus dichos la tucumana Lidia Ascárate.

En el uso de la palara, el jujeño oficialista Julio Ferreyra denunció que en el país “se ha ido haciendo una norma de la instalación de ferias que evaden todo tipo de impuesto y no son pequeños montos, son importantes. Para poder sanear esa falta de pagos de aportes que son imprescindibles tiene que haber una decisión conjunta de exigir el pago de los tributos, las ferias tienen que pagar impuestos y no lo hacen. Se han convertido en patotas que cuando vas a cobrar te terminan patoteando. Hay que terminar con eso”, y contó que “en Jujuy las ferias son propiciados por los propios intendentes”.

“Tenemos que buscar la forma para mejorar la recaudación sin generar nuevos tributos porque eso no va más. El país está totalmente desordenado y a mí me preocupa que no se vislumbra una salida sin acuerdo general para sanear eso que está mal. Los intendentes propician esa evasión porque para ellos es negocio”, sostuvo.

En el mismo sentido, con respecto al pedido de presupuesto para armar un equipo de investigación, Ramiro Fernández Patri (FdT) sugirió utilizar la Oficina de Presupuesto del Congreso, que tiene el Parlamento a tal fin, para “utilizar los recursos que ya tiene la Cámara y no generar nuevos”.

El senador nacional Adolfo Rodríguez Saá gestiona la creación de la sede regional de la AFIP en San Luis  para facilitar a los ciudadanos de su provincia la resolución de distintas instancias administrativas que por ahora solo se resuelven en Mendoza ante la ausencia de una agencia propia.

En ese contexto, Rodriguez Saá se reunió este miércoles con Mercedes Marcó del Pont, la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ante quien dialogó sobre si iniciativa que afianzó además con un proyecto de ley que  acompañó con su firma la senadora María Eugenia Catalfamo.

Durante el encuentro en la sede central del organismo, la funcionaria

informó que la dirección de planeamiento está trabajando en un plan estratégico que contemplará la solicitud del senador.

En tanto, mediante la iniciativa con estado legislativo se propone creación de la Dirección Regional San Luis, en el ámbito de la Dirección General Impositiva, dependiente de la AFIP, con asiento en la Ciudad de San Luis, que tendrá las funciones y competencias a las entidades análogas que existen en el resto del país.

Además, se dispone que el distrito de Villa Mercedes se convierta en agencia que dependerá de la AFIP, manteniendo su asiento en la ciudad cabecera del departamento Pedernera.

Del mismo modo ocurrirá con las sedes de Villa de Merlo y el distrito Nueva Galia.

Rodríguez Saá sostiene que “hay necesarias reformas que realizar, las que no son solo de competencia provincial, sino también de competencia nacional, las que afectan directamente el bienestar de los sanluiseños, precisamente de eso hablamos cuando introducimos proyectos del presente tenor”.

El legislador por San Luis, que desde el 2006 impulsa dicho proyecto, indicó que “justamente es el Estado, en sus diversos niveles –nacional, provincial y municipal– que debe propender a corregir las eventuales asimetrías que puedan existir entre sus habitantes.

Manifestó, además, que “en este orden de ideas, la provincia de San Luis ha desarrollado a lo largo de los años acciones positivas para lograr la inclusión total de sus habitantes”, al destacar que ese es el rumbo que pretende con alcanzar con el acompañamiento legislativo.

El incansable reclamo de Rodríguez Saá, que se reiteró en esta oportunidad comenzó el 24 de mayo de 2006 a través de un proyecto de similares características al actual, que obtuvo giro a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda con fecha 1 de junio de 2006, operando su caducidad con fecha 29 de febrero de 2008.

El 20 de mayo de 2009 ingresó nuevamente el proyecto con giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda el 27 de mayo y Caducó el 28 de febrero de 2011, una vez más se insistió con el proyecto de creación de la Dirección Regional San Luis, tras su giro a la misma comisión se produjo una nueva caducidad.

Se espera que, de ser aprobada dicha normativa definitivamente, la AFIP dentro del plazo de 120 días, desde la entrada en vigencia de la ley, se transfiera a la Dirección Regional San Luis todos los contribuyentes con obligaciones tributarias con domicilio fiscal en la provincia, que hasta ahora están bajo la órbita del organismo en Mendoza.

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, negó este lunes un "impuestazo" ante los senadores, al explicar los cambios que tendrá el revalúo de los inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires y que impactará en el impuesto sobre los Bienes Personales.

Al exponer ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la funcionaria subrayó que el objetivo de "reducir de forma progresiva el déficit fiscal no está en este programa pensado desde la forma de ajustes tradicionales del FMI" sino "a través de una recuperación de los ingresos", de manera de "seguir sosteniendo el crecimiento económico" y que sea éste "el que genere mayores ingresos tributarios".

"La mejora en los ingresos la estamos pensando no a través de cambios en los impuestos indirectos o en los impuestos que caen sobre los sectores más vulnerables, sino mejorando la base imponible de los sectores con mayor capacidad contributiva", insistió.

Respecto a Bienes Personales, y ante la consulta del senador radical Víctor Zimmermann sobre "¿cuál es el criterio que se tiene para la evaluación de inmuebles urbanos que se hacen en el territorio?", Marcó del Pont recordó que "la Ley de Bienes Personales dice cuáles son los criterios de valuación que se deben utilizar para medir la base imponible de los inmuebles y siempre se tiene que elegir el mayor de los distintos criterios".

Antes de la reforma tributaria de 2017 había dos y ahora hay tres, apuntó. A continuación, recordó que "en el año 2012 la Ciudad de Buenos Aires modifica el Código Fiscal y crea el impuesto inmobiliario" además de otros conceptos, por lo que se "introduce un multiplicador por cuatro".

La titular de la AFIP explicó entonces que en 2013 se determina que se utilice el mismo método de valuación que la Ciudad utiliza para determinar el impuesto inmobiliario. Sin embargo, en 2018 se publica "un dictamen, a nuestro juicio, arbitrario y casi caprichoso donde dice que para Bienes Personales se vuelve a la medición anterior, o sea que no se utilizaba el multiplicador por cuatro sino la valuación fiscal únicamente. Y eso impactó fuertemente".

"A partir de este cambio el peso que tienen los inmuebles dentro de los que son los bienes gravables se redujo sensiblemente después de esa modificación, pasó del 42% al 21%", señaló.

Entonces, defendió: "Nosotros no estamos planteando ningún impuestazo, ningún cambio de reglas. Estamos desandando esa modificación de 2018 y asumiendo el mismo criterio que se utilizó entre 2013 y 2018, es decir utilizar la misma base imponible que la Ciudad de Buenos Aires para el impuesto inmobiliario".

Además, la funcionaria dijo que el cambio estará "focalizado únicamente para los inmuebles de la Ciudad que no sean casa-habitación, solamente para aquellas casa-habitación que pasen 270 mil dólares, ahí sí van a tener que pagar por la diferencia. De acuerdo a nuestras estimaciones esto incluiría aproximadamente a 1.500 personas más que van a tener que pagar este impuesto".

Y en un segundo y tercer orden, "estimamos que va a haber aproximadamente 220 mil inmuebles de la Ciudad que van a tener que pagar en base a esta nueva base multiplicada por cuatro", precisó.

Finalmente, Marcó del Pont consideró que "el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad tienen que trabajar en conjunto en el marco del Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles" para "definir los procedimientos y metodologías" que lleven a una armonización de "las formas en que se van a valuar los inmuebles urbanos a lo largo y ancho del país".

"Es muy inequitativo que un inmueble en la Ciudad de Buenos y Aires y otro en la provincia de Santa Fe con el mismo valor de mercado, en una provincia sea valuado al 2% del valor de mercado y en otra provincia al 20%", completó.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lanzaron dos líneas de crédito de hasta $ 100 mil con un plazo máximo de 5 años, para que las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país puedan renovar los controladores fiscales. El financiamiento facilita el recambio obligatorio de los equipos para que pequeños comercios incorporen los controladores de “última generación”. 

El lanzamiento de la asistencia financiera se realizó hoy, en la sede de AFIP, con la presencia del presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. También participaron Patricia Vaca Narvaja, subdirectora general de Servicios al Contribuyente, y María Barros, Gerenta General del BNA. 

“Desde el Banco Nación ponemos en marcha instrumentos de ayuda financiera que a contribuyan a la normalización de la actividad económica, la creación de empleo, así como regularizar el sistema productivo en la Argentina”, planteó Hecker. 

Por su parte, Marcó del Pont sostuvo que “la emisión de ticket y factura es importante en el proceso de recuperación económica. El Estado acompaña a los pequeños comercios en la renovación de sus equipos”. 

Marcó del Pont y Hecker recordaron que, de acuerdo a la normativa vigente, las empresas que al momento de solicitar un préstamo bancario tuvieran deudas previsionales, están habilitadas para tomar créditos. Esto podría ocurrir sólo si el tomador del crédito requiriera –en primer lugar- la afectación total o parcial de la financiación a la cancelación total de dichas deudas, para luego disponer del excedente. 

Según los datos del BNA y la normativa vigente, se registraron 771 cancelaciones de operaciones de deudas previsionales por un total de $ 8.772.000, con lo cual –todas esas empresas- quedaron en condiciones de solicitar la nueva oferta de asistencia financiera. 

El monto máximo de los créditos es de $100.000 por equipo, con una tasa de interés del 30% nominal anual fija y un plazo de hasta 60 meses, para los clientes que posean una cuenta comercio en el Banco Nación. 

Los préstamos, vigentes hasta el 30 de junio, están destinados a MIPyMEs inscriptas bajo cualquier forma societaria o unipersonal y a personas humanas del segmento “micro”, sociedades de hecho segmento “micro” y monotributistas. 

La propuesta apunta a acompañar el proceso de renovación de controladores fiscales y se ajusta a la decisión de AFIP de prorrogar los plazos para adquirir y utilizar de forma obligatoria los equipos dotados de “nueva tecnología”. 

Los contribuyentes que posean tres o cuatro equipos tendrán tiempo hasta el próximo 31 de enero para realizar el recambio. En tanto, quienes posean uno o dos, cuentan hasta el 30 de abril para renovar los controladores fiscales. 

El presidente del Bloque Coalición Cívica y diputado nacional Juan Manuel López (Ciudad de Buenos Aires) aseguró, en un breve video que subió en su cuenta personal de la red social Twitter, que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “están ascendiendo o removiendo a los agentes de ese organismo según como hayan beneficiado a Ricardo Echegaray” y criticó al Gobierno porque “quieren zafar de la justicia para perpetuarse eternamente”.

“Desde que asumió el kirchnerismo, están haciendo varias maniobras algunas para dejar de perseguir algunos delitos otras para encubrir algunas cosas. Tenemos que escuchar hechos y no más el relato”, inició el relato el diputado opositor.

En esta línea, continuó: “Ricardo Echegaray, era el extitular de la AFIP durante la gestión de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner fue restituido, había sido suspendido en el año 2018 por estar procesado en causas criminales. Le pagaron los sueldos atrasados y lo reubicaron en Aduana. Ahí está, le dieron medalla por sus 25 años de desempeño en el organismo”.

Por otro lado, agregó: “Virginia García exasesora de Cristina, exsenadora del kirchnerismo, excuñada de Máximo Kirchner esta a cargo de la Dirección General Impositiva (DGI”, y añadió: “Como descubrió el periodismo, Silvana Quinteros está a cargo de la Regional Bahía Blanca, en donde hubo una usina de facturas truchas que uso Lázaro Báez y otros para lavar dinero de la corrupción”.

“En AFIP están ascendiendo o removiendo o promoviendo a los agentes de ese organismo según como hayan beneficiado a Ricardo Echegaray. Los que lo beneficiaron son ascendidos, los que en algún modo lo comprometieron o contaron algo de lo que él hacia cuando estaba a cargo de la AFIP durante el kirchnerismo, son degradados”, advirtió López.

Además, en otro tramo del video el diputado que integra la coalición opositora recordó: “Después de que el oficialismo voto el año pasado una Ley inédita en el Congreso que le otorgaba planes de pago hasta a las empresas que estaban quebradas, la AFIP le dio un plan de pagos extraordinario, inédito a las empresas de Cristóbal López y Fabián De Souza. A raíz de esta moratoria inédita para Cristóbal López, en estos días la AFIP desistió del juicio que llevaba adelante desde hacia varios años contra estos empresarios por defraudar al Estado. Por quedarse con tus impuestos, dejaron de perseguir un delito muy importante la defraudación contra la Administración Pública”.

Y se preguntó: “¿Qué argumentos uso la AFIP para dejar de perseguir estos delitos? Durante la gestión de Mauricio Macri perseguía a los empresarios que en realidad o no pagaban los impuestos o defraudaban al Estado argentino”, y cuestionó: “Los movimientos son muchos, el país de los vivos no existe. Existe el Gobierno de los vivos, el Gobierno de los que quieren zafar de la justicia para perpetuarse eternamente”.

¿Qué está pasando con la AFIP?

Te cuento lo que pasó y lo que está pasando en el organismo que es el principal recaudador de impuestos del gobierno nacional.#BastaDeCorrupción pic.twitter.com/Aovqfhdhmi

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) October 4, 2021

Diputados nacionales de la Coalición Cívica-ARI presentaron una denuncia penal contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, a raíz del desistimiento de la querella en la causa -conocida como Oil Combustibles- en la que se investiga a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, y al exadministrador del ente recaudador, Ricardo Echegaray.

Los legisladores las acusan de los supuestos delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.

“Hubo una clara intención de beneficiar económica y judicialmente a estos empresarios, así como también a exfuncionarios públicos como Echegaray”, afirmaron. “La misma AFIP que acosa a los que dan trabajo, encubre a los que defraudan. Es intolerable y tienen que ser investigados y condenados”, agregaron los opositores.

En la denuncia se describen "las relaciones económicas" de la vicepresidenta con López y "cómo fue orquestado el plan de impunidad de los empresarios denunciados". “Primero el Gobierno nacional envió una ley de moratoria inédita a la medida de Oil Combustibles. Semanas antes, el empresario Fabián De Sousa había estado en Olivos. Luego la empresa se adhirió a ese régimen. Finalmente, un año después Marcó del Pont, desiste de la querellar”, explicó el jefe del bloque de la CC, Juan Manuel López.

Asimismo, la denuncia da cuenta de "los conflictos de interés del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien asesoró a autoridades del grupo Indalo antes de llegar a la Presidencia". “El presidente se negó a revelar su listado de clientes y tampoco explicó el alcance de sus tareas para ese holding. Se lo pedimos por distintos medios, también se lo requirió la Oficina Anticorrupción, y él se negó a dar respuesta”, agregó López.

La denuncia lleva las firmas de López, Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Mariana Stilman, Marcela Campagnoli y Mónica Frade.

DENUNCIAMOS EL DESISTIMIENTO DE LA QUERELLA EN LA CAUSA OIL.
UNA GRAN ESTAFA QUE NO PUEDE QUEDAR IMPUNE.
La Vicepresidente y la titular de AFIP tienen que ser investigadas por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles🧵

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) September 20, 2021

En el escrito, señalaron que "con fecha 8 de septiembre de 2021, pocos días antes de las elecciones de medio término del día 12 de septiembre, la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuya autoridad máxima es Mercedes Marcó del Pont -quien a su vez tiene como jefa política a Cristina Fernández de Kirchner-, desistió ante el Tribunal Oral Federal N°3 y ante el juez Julián Ercolini, de la querella en la que actuaba como parte en el marco de la causa en la que se investigaba la posible defraudación al Estado Nacional por parte del extitular de la AFIP Ricardo Etchegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabian De Sousa. La maniobra de defraudación impositiva habría tenido lugar durante los años 2013 a 2015, es decir, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner".

"La relación de la familia Kirchner, y en especial de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, con el empresario Cristóbal Manuel López ha sido, desde el ascenso del matrimonio Kirchner al poder, una vinculación política y de negocios", resaltaron.

Y recordaron que tras la ley de moratoria, "armada como traje a medida", Oil Combustibles "se adhirió a la moratoria que le había facilitado el proyecto de ley enviado por el Sr. Alberto Fernández". "Luego de ello, y en virtud de haber obtenido un aparente pero ficto barniz de legalidad, la empresa Oil Combustibles efectúa un primer pago de dicha moratoria el día 7 de septiembre de 2021", mencionaron.

Sin embargo, "al otro día, el 8 de septiembre de 2021, la Administración Federal de Ingresos Públicos, a cargo de la Sra. Mercedes Marcó del Pont, desiste de la querella y de la reclamación económica, fundamentándose, entre otras cosas, en la ley que Alberto Fernández promovió desde el Poder Ejecutivo", enfatizaron.

Tras la decisión de la AFIP de desistir de su rol de querellante y retirar la acusación penal y civil contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, por la supuesta defraudación de 8 mil millones de pesos, en la causa conocida como Oil Combustibles, diputados de Juntos por el Cambio adelantaron que denunciarán a la titular del ente recaudador, Mercedes Marcó del Pont.

"Una vergüenza más hecha por Alberto Fernández y Cristina Kirchner días antes de las elecciones por temor a perderlas! Los evasores y defraudadores libres y sin condena, y los argentinos un año y medio presos", lanzó en su Twitter el legislador Juan Manuel López (CC-ARI), que calificó además a la decisión como "intolerable" y "un crimen".

El bonaerense agregó que "lo que hizo la AFIP de Marcó del Pont y @alferdez con Cristóbal López y OIL Combustibles puede implicar varios delitos y los vamos a llevar a la Justicia. Encubrimiento, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes".

Y fustigó a Fernández, al llamarlo "un presidente lobbista de sus clientes que ahoga a los argentinos con impuestos salva a Cristóbal López, Fabián de Souza y Ricardo Echegaray de una de las grandes estafas argentinas, mientras convierte a Marcó del Pont y a la AFIP en un felpudo de los defraudadores".

Por su parte, el jefe del interbloque opositor en Diputados, Mario Negri, publicó: "La AFIP desistió del juicio a Cristóbal López por haberse quedado con más de $8.000.000.000 del impuesto a los combustibles". Y recordó la moratoria votada el año pasado en el Congreso, al sostener que "para poder hacerlo el kirchnerismo aprobó una ley a escondidas, mientras encerraban y fundían a medio país. El PJ de Córdoba lamentablemente los apoyó".

"Se siente mucha bronca cuando, a pesar de las pruebas, te gana la impunidad. Muchos de nosotros sabemos las consecuencias personales que nos trajo luchar contra las mafias. Ellos juegan con nuestro desánimo y avanzan. Por eso, hay que ir a votar y decirles #BASTA . Acompáñanos", escribió la diputada Paula Oliveto (CC-ARI).

En tanto, la legisladora Silvia Lospennato (Pro) comparó: "Vos que no podes ni cambiar el auto le financiaste 8.000 millones de dólares al multimillonario K Cristóbal López. Los diputados del FdT + falsos opositores le votaron la moratoria a medida art. 8, Ley 27.541, y ahora AFIP desistió de su reclamo. Capitalismo de amigos es esto".

Otro de los mensajes que aparecieron en las redes fue del diputado Waldo Wolff (Pro), quien señaló que "la AFIP desistió de la querella de OIL combustibles que desviaba las retenciones de los contribuyentes para comprar empresas". "Solo teniendo encuestas nefastas para el oficialismo harían algo así 3 días antes de las PASO y no después", consideró y completó: "Accionaremos judicialmente. A votar".

"El progresismo kirchnerista es crear muchos impuestos con la excusa de cobrarle a los ricos, pero no cobrárselos a sus amigos ricos. Ponen el giro a la izquierda y doblan a la derecha", sostuvo el diputado Alfredo Cornejo (UCR).

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó los cambios a la Ley de Monotributo prevista por la última norma sancionada por el Congreso -N° 27.639- , con el objetivo de reordenar la situación de los monotributistas y dejar sin efecto el aumento retroactivo de las cuotas que se había dispuesto hace un par de meses a partir de los nuevos valores de recategorización.

Luego de idas y vueltas que provocaron tensiones, AFIP implementó las medidas de alivio fiscal previstas en la ley promulgada la semana pasada.

Una de las medidas retrotrae los valores de las cuotas del período enero-junio a los vigentes en diciembre de 2020 para que ningún monotributista experimente aumentos en sus cuotas durante el primer semestre del año.

Por otro lado, crea un esquema excepcional de actualización de escalas, instrumenta una moratoria para regularizar deudas en hasta 60 cuotas y habilita un programa de alivio fiscal.

Las nuevas escalas para las distintas categorías del monotributo son las que deben tenerse en cuenta para realizar la recategorización que estará habilitada del 28/7 al 17/8.

La moratoria permite regularizar deudas generadas hasta 30 de junio de 2021. Ofrece un máximo de 60 cuotas y una tasa de interés de hasta 1,50%.

El programa de alivio fiscal facilita además la permanencia en el monotributo para quienes fueron excluidos por diversos motivos.

"Ponemos en marcha los beneficios para más de 4 millones de monotributistas previstos en la ley de alivio fiscal. Estas herramientas potencian las distintas medidas implementadas por el Gobierno para apuntalar la recuperación económica a través de la mejora de los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores", expresó la titular del organismo, Merecedes Marcó del Pont.

La Resolución General N° 5034 es la que instrumenta las modificaciones previstas en la Ley 27.639 se publicará este martes en el Boletín Oficial

El diputado nacional radical Atilio Benedetti acompañó la presentación de un proyecto de resolución por el que se rechaza que la AFIP devuelva en cinco cuotas el reintegro retenido a quienes pagan el Impuesto a las Ganancias. El legislador consideró que tal medida convierte a los trabajadores en financistas del órgano recaudador y forma parte “de una orquesta de decisiones que sistemáticamente saquea a quienes trabajan”. 

La iniciativa rechaza el artículo 5º de la Resolución 5.008/21 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que dispone que el reintegro del Impuesto a las Ganancias -retenido en exceso de los salarios de los trabajadores entre enero y mayo de 2021- sea efectuado en cinco cuotas mensuales a partir de julio y sin contemplar ningún tipo de interés. 

En el proyecto, de autoría de su par Gustavo Menna, se considera que la reglamentación altera el sentido de lo dispuesto con enorme consenso por la Ley 27.617 y perjudica el derecho de los trabajadores en relación de dependencia. 

Benedetti por un lado cuestionó que se haya demorado “más de dos meses en reglamentar la ley sancionada el 8 de abril pasado y que mientras tanto se haya continuado con la retención de parte de los salarios en concepto de Impuesto a las Ganancias”. 

Por otra parte, criticó que “la reglamentación haya convertido a los trabajadores en financistas de la AFIP, ya que la devolución de lo que el organismo les retuvo se hará en cinco cómodas cuotas y sin interés alguno”. 

A su vez, sostuvo que la ley no solo establecía dejar de descontar el tributo hacia el futuro, sino que, al ser un impuesto de ejercicio anual, importaba también su vigencia retroactiva al 1° de enero de este año. 

En este marco, el diputado consideró que la reglamentación alteró el espíritu de la ley, ya que el reintegro no se realiza en tiempo y forma, sino que la devolución quedó supeditada a una decisión unilateral de la AFIP. 

“Cuando un contribuyente se demora en el pago de un impuesto, la AFIP castiga, no tiene ninguna consideración y cobra los intereses que debe cobrar. Pero cuando es al revés, aparecen las cuotas y desaparecen los intereses”, aseveró el diputado nacional Atilio Benedetti. 

“Tal decisión afecta a los trabajadores y trabajadoras, y forma parte de una orquesta de medidas tributarias que viene saqueando sistemáticamente a quienes trabajan todos los días para sacar al país adelante”, concluyó. 

“El aporte solidario y extraordinario ayuda a reactivar la economía en un contexto muy duro”, destacó el diputado Itai Hagman (Frente de Todos) al celebrar los datos preliminares que indican que ya se recaudaron 223.000 millones de pesos gracias a la ley sancionada por el Congreso el año pasado.

Según se conoció, unas 10.000 personas físicas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos pagaron el tributo que fue dispuesto por única vez con destinos específicos, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia.

Esos recursos extraordinarios serán destinados a financiar la política sanitaria (20%), subsidiar a las pymes para sostener los puestos de trabajo (20%), inyectar recursos en las becas Progresar (20%), mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares (15%) y apuntalar la inversión energética (25%). 

Al respecto, Hagman destacó que estos ingresos ayudan a “acelerar el proceso de reactivación económica después de tres años muy duros” para los argentinos.

El #AporteExtraordinario es profundamente distributivo. Que importante que por fin se esté cobrando y que la mayoría de los aportantes lo esté haciendo. Por suerte las 200 personas que se niegan son una minoría en un país un poco más justo y solidario. Este es el camino. pic.twitter.com/cy5QNhpBRd

— Itai Hagman (@ItaiHagman) May 3, 2021

“La mala noticia es que 220 personas alcanzadas por este aporte iniciaron acciones legales para no pagarlo y estimamos que debe haber unas 2.000 personas aproximadamente que no se presentaron ante los tribunales por el momento, pero tampoco presentaron sus papeles ante la AFIP”, agregó el economista.

En declaraciones a radio Continental, el legislador recordó que el universo total estimado implicaba entre 12.000 y 13.000 personas. “Aspirábamos a llegar a los 300.000 millones de pesos de recaudación, en función del universo estimado. Hasta ahora han presentado las declaraciones juradas y realizado sus primeros aportes unas 10.000 personas”, dijo.

“Es lamentable que tengamos en Argentina personas con semejantes patrimonios que pertenecen al sector más encumbrado de la sociedad y que en un contexto de crisis tan grave como este, producto de una pandemia que afecta al mundo entero, no estén dispuestos a ceder el 2 o el 3% de su patrimonio, según la situación, para tratar de ayudar a mitigar los efectos de esta crisis global”, indicó Hagman.

Por último, el legislador porteño destacó que se seguirá trabajando desde el Estado con las herramientas legales correspondientes “para que todos los alcanzados por la norma votada en el Congreso hagan su aporte y de esta manera Argentina cuente con la mayor cantidad de recursos posibles para asistir a la población y a las pequeñas empresas”.

El Estado ya logró recaudar 223.000 millones de pesos en concepto del Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas, votado a través de la Ley 27.605, aprobada en diciembre pasado por el Congreso e impulsada por el jefe del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller.

De acuerdo a los datos preliminares, unos 10.000 individuos con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos cumplieron con las obligaciones previstas por la norma. De esta manera, alrededor del 80% del universo potencial cumplió con lo establecido por la ley, que establecía la contribución "de emergencia" y "por única vez", en el contexto de pandemia.

Por su parte, un pequeño grupo de sujetos, hasta ahora cerca de 220 contribuyentes, iniciaron acciones legales para no pagar el aporte.

La AFIP, comandada por Mercedes Marcó del Pont, inició fiscalizaciones integrales sobre un conjunto de contribuyentes con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos que no presentaron sus declaraciones juradas.

Los procedimientos abiertos en todo el país permiten analizar el patrimonio de aquellos contribuyentes incumplidores durante un plazo aproximado de 150 días.

La ley estableció que los recursos extraordinarios serán destinados a financiar la política sanitaria (20%), subsidiar a las PyMEs para sostener los puestos de trabajo (20%), inyectar recursos en las becas Progresar (20%), mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares (15%), y apuntalar la inversión energética (25%).

El proyecto de ley que establece nuevas alícuotas escalonadas del impuesto a las Ganancias para las empresas recibió dictamen favorable este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a aprobarlo en la próxima sesión con apoyo de aliados.

El dictamen de mayoría, del Frente de Todos, recibió 26 firmas -con la disidencia del cordobés Paulo Cassinerio-, mientras que Juntos por el Cambio presentó un dictamen de rechazo que reunió 19 adhesiones.

El proyecto del Poder Ejecutivo establece nuevas alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.

Por ganancias de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 20.000.000 de pesos pagarán el 35%.

En el dictamen final se introdujeron dos modificaciones: en primer lugar, se incluyeron incentivos para la incorporación de mujeres, travestis, transexuales y transgéneros como directores y síndicos de las empresas; y en segundo término, se aclaró en la redacción -tal como pedía el diputado de Consenso Federal Jorge Sarghini- que no se reducirá la alícuota del 41,5% para los juegos de azar.

El presidente de la comisión, Carlos Heller, destacó que el proyecto “implica una reducción de la carga tributaria para el 90% de las empresas”, y por ende solo el 10% restante “tendrá una alícuota más elevada que la que estuvo vigente en años anteriores, que fue del 30% para todas las empresas”.

Respecto del costo fiscal, el legislador respondió a la inquietud generada la semana pasada por el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que calculó un impacto fiscal de 320.000 millones de pesos, mucho mayor al estimado por la AFIP.

Según Heller, este cálculo se hizo “a partir del supuesto teórico de que en 2021 estaría vigente una tasa del 25%, ya que la prórroga dispuesta por el gobierno actual era hasta el 31 de diciembre, y no consideraba la pérdida generada por pasar de una tasa del 30% a una eventual del 25%”.

El oficialista explicó que el nuevo costo estimado por la OPC es de 133.124 millones de pesos, repartidos en 57.840 millones en 2021 y 74.218 millones en 2022, con un remanente de 1.065 millones en 2023.

Lo cierto es que con una “estimación optimista”, señaló Heller, los ingresos reales por esta ley alcanzarán para compensar en 2021 la pérdida de recaudación generada por las últimas modificaciones en el impuesto a las Ganancias para más de 1.200.000 trabajadores y jubilados.

“Es un esquema virtuoso: las empresas que han tenido más ganancias aportarán a favor de las familias y de las empresas con menores ganancias”, analizó el titular de la comisión.

Jorge Sarghini adelantó el rechazo de su bloque al proyecto debido a “una combinación de dos indicadores que son los que determinan que no hay más margen para aumentar impuestos en Argentina: el nivel de presión tributaria y el nivel de inversión, que apenas supera el 13% del PBI”.

Desde Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace advirtió que “buscan presentar esta reforma como que logra todos los objetivos posibles: que las empresas grandes tienen que pagar más, que nueve de cada diez empresas van a pagar menos, que es un alivio fiscal… hay una respuesta para todos, para los que quieren bajar impuestos y para los que quieren subirlos, y eso no puede ser simultáneamente”.

Cacace observó que “es falso” que se beneficien nueve de cada diez empresas “porque todas las empresas hoy pagarían el 25%. El efecto de la reforma tributaria de 2017 es que a partir de 2020 todas paguen el 25%; el Gobierno lo suspendió por un año, pero ya está vigente la alícuota del 25%, y la OPC ha confirmado que esa suspensión regia por un año”.

Otro radical, Luis Pastori, coincidió: “La proyección que efectuó la OPC es correcta porque tomó como base el 25%, que es la alícuota vigente. Las empresas que continúen con el 25% no van tener impacto; las que pasen al 30% tendrán un pequeño impacto; y el 98% del impacto lo van a sufrir las empresas que superen los 20 millones de pesos, entre las cuales habrá una gran cantidad de medianas empresas. Ese último tramo del 35% va a impactar en 17.127 casos”.

El misionero consideró que el proyecto tiene “un claro objetivo recaudatorio” y que según el oficialismo se busca “favorecer a las pymes, pero la progresividad que se plantea es  muy poco representativa de la realidad económica”.

A su turno, Luciano Laspina (Pro) cuestionó que se busque desarmar la reforma de 2017 y advirtió que “Argentina tiene una presión tributaria récord, pero no solo eso: en 2015 la presión tributaria era del 33,8%; en 2019 bajó al 30,9%; y en en 2020 aumentó al 32,4%. En medio de una recesión violenta, el Estado sube impuestos, como si el consumidor fuera un marciano”.

El Frente de Todos buscará firmar dictamen este miércoles sobre el proyecto de ley que modifica la reforma tributaria aprobada en 2017 para establecer nuevas alícuotas escalonadas del impuesto a las Ganancias para sociedades.

La iniciativa, que es rechazada por Juntos por el Cambio, será debatida desde las 15 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside el oficialista Carlos Heller.

El oficialismo pretendía alzarse con el dictamen la semana pasada, pero algunas inquietudes que generó el proyecto obligaron a pasar a un cuarto intermedio para postergar el tratamiento.

Uno de los motivos por los cuales se pospuso el dictamen fue la duda respecto del costo fiscal de la futura ley: mientras que la AFIP estimaba un costo de 160.000 millones de pesos, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó un monto mucho mayor, de 320.000 millones.

El proyecto del Poder Ejecutivo establece nuevas alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.

Por ganancias de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 20.000.000 de pesos pagarán el 35%.

Se propone una actualización anual de los tramos de las escalas en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sobre la distribución de dividendos, en tanto, todas las empresas pagarán una alícuota del 7%.

El secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, defendieron este lunes el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica las alícuotas del impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades, generando un esquema de reducción gradual.

Los funcionarios participaron de una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside Carlos Heller (Frente de Todos), donde el oficialismo buscará firmar dictamen este jueves.

El primero en exponer fue Arias, quien recordó que en la reforma tributaria de 2017 se establecieron, para los períodos fiscales 2018 y 2019, alícuotas del 30% para las sociedades y del 7% sobre los dividendos distribuidos. En ese entonces se dispuso que a partir de 2020 las tasas serían del 25% y del 13%, respectivamente.

Luego, la Ley de Solidaridad Social sancionada en 2019 suspendió la baja por un año (2020), manteniendo las alícuotas del 30% y del 7%, y ahora el Ejecutivo propone nuevas alícuotas.

Sobre la ganancia neta imponible acumulada de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 20.000.000 de pesos pagarán el 35%. Sobre la distribución de dividendos, en tanto, todas las empresas pagarán una alícuota del 7%.

El proyecto oficial propone una actualización anual de los tramos de las escalas en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la primera de ellas en enero de 2022.

“Todos los países del mundo aplican alícuotas relativamente altas, y esto, a nuestro juicio, tiene un impacto marginal en las decisiones de inversión. El hecho de que el impuesto sea cinco puntos más alto o más bajo ha tenido un impacto prácticamente nulo o marginal porque las posibilidades de inversión dependen de muchos otros factores”, consideró Arias.

En ese sentido, sostuvo que “son mucho más importantes los factores macroeconómicos”, como se demostró entre 2018 y 2019, cuando la tasa de inversión pasó del 20% al 17%.

Arias explicó que la reforma de 2017 tuvo un “error de fondo” porque “el sistema impositivo que tiene que estar contextualizado”, por ejemplo, teniendo en cuenta los niveles de inflación en Argentina.

El funcionario dijo que se busca ir hacia “un nivel de recaudación del impuesto cercano a los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”, que es del 3% del PBI, siendo que es un impuesto que tiene la ventaja de que grava las ganancias”.

Señaló a su vez que “en esta situación tan difícil” por la crisis heredada y la pandemia, “las empresas que más ganan tienen que pagar más impuestos, mientras que las que tuvieron pérdidas no tienen que ver aumentada su carga tributaria”.

“Ganancias es el mejor impuesto que se aplica en condiciones de crisis, porque las empresas que han tenido problemas no van a ver afectada su capacidad económica, mientras que las grandes, que han tenido muchas ganancias, es justo que hagan un aporte adicional”, aseguró Arias.

Asimismo opinó que “es absolutamente oportuno en términos internacionales” aplicar esta reforma al igual que en otros países.

Por su parte, Marcó del Pont indicó que sobre todo en el contexto de la pandemia, “la forma más permanente, más virtuosa y más genuina de financiar las políticas públicas es a través de la recaudación de impuestos”, y “Ganancias es uno de los más progresivos del esquema impositivo”.

“Se están gravando las ganancias, no la facturación, y eso es muy equitativo”, destacó la titular del ente recaudador, y añadió que “la reforma garantiza fuentes de financiamiento genuinas para las políticas públicas, permite profundizar la progresividad del tributo y saldar una deuda histórica con las pymes” que pedían una rebaja.

Recordó que “el proyecto original era más restrictivo, y a partir de un diálogo con los legisladores se modificó” para que nueve de cada diez empresas tengan una alícuota reducida, ya que con la anterior iniciativa se beneficiaban casi siete de cada diez.

Marcó del Pont fue muy crítica de la reforma de 2017 y lo fundamentó con números: informó que entre 2018 y 2019 se perdieron 261.000 millones de pesos en términos de recaudación.

A las provincias eso les significó una merma de su recaudación de 156.000 millones de pesos, debido a que es un impuesto coparticipable, y de seguir aplicándose esa reforma “se hubieran llegado a perder 582.000 millones, con casi 350.000 millones de pérdida para las provincias”, advirtió la funcionaria.

Por último, señaló que a nivel internacional existe una visión muy crítica de bajar impuestos, de desregulación del mercado y de los flujos financieros. “La flexibilidad de normas y la baja de impuestos no generaron el efecto derrame. Las rentas que se generaron provocaron una mayor concentración de la riqueza”, observó.

“La alternativa a esto es el endeudamiento. Y ya lo vivimos. Esta ampliación del espacio fiscal que supone recaudar a través de un impuestos directo vuelve en política públicas”, definió.

Las objeciones de la oposición

Por la UCR, Alejandro Cacace hizo énfasis en las idas y vueltas del Gobierno: recordó que después de suspender la rebaja de las alícuotas durante 2020, a principios de 2021 se propuso prorrogar esa suspensión por un año más; luego en marzo se envió un proyecto con una graduación de escalas diferente, y finalmente se presentó este último proyecto con nuevas alícuotas.

Arias respondió que “todos los proyectos van en la misma dirección, que es deshacer la reforma tributaria de 2017”, y “entre el segundo proyecto y el tercero la única modificación es en los umbrales de Ganancias”.

Cacace también defendió la alícuota del 13% aprobada durante la gestión anterior sobre la distribución de dividendos, al destacar que “era con la idea de generar una reinversión de utilidades”. Y puntualizó que a diferencia del impuesto a las Ganancias en personas físicas, donde “la carga recae enteramente sobre el contribuyente”, en las empresas “hay una capacidad de traslación del impuesto que puede resultar en un incremento de precios”.

Por su su parte, Jorge Sarghini (Consenso Federal) consultó si el Gobierno está decidido a bajar Ganancias para las empresas de juegos de azar, según su interpretación -y la de algunas notas periodísticas- sobre la redacción del artículo cuarto, pero Arias rechazó de plano esa posibilidad. “Es una mala lectura del proyecto”, aclaró, y ratificó que la alícuota del 41,5% quedará igual.

Sin embargo, Luis Pastori (UCR) recogió el guante y consideró que la redacción debería ser clarificada, tal como sucedió semanas atrás cuando se desató la polémica por el diferencial del 22% para trabajadores patagónicos en la última reforma de Ganancias para personas humanas.

A su turno, Luciano Laspina (Pro) advirtió que “Argentina viene con una presión impositiva muy grande” y por eso le preocupa “que esto opere como un desincentivo (a la inversión) adicional”.

“Hoy la tasa de inversión en Argentina está entre las más bajas del planeta, no alcanza ni siquiera para reponer el stock de capital que se deprecia, y no hay generación de empleo en el marco de la pandemia, pero hace diez años que no creamos empleo en el sector privado formal”, describió el economista.

También cuestionó que se tome como modelo el promedio del 3% de recaudación de los países de la OCDE, que “tiene un nivel de evasión impositiva mucho más bajo de lo que tiene la Argentina”, pero Arias defendió las comparaciones.

Desde la Coalición Cívica, Javier Campos se preguntó “si analizaron la rentabilidad empresaria argentina en relación a otros países”, al advertir que “sean pymes o grandes empresas, es muy baja en relación al capital invertido”. “Las empresas no valen nada en Argentina porque no ganan en función del capital invertido”, lanzó.

También sostuvo que “decir que no ha habido inversión porque la baja del impuesto a las Ganancias no tuvo el efecto esperado es no reconocer toda la enorme caterva de impuestos que están influyendo sobre las inversiones”.

Arias le contestó a Campos: “Efectivamente, hay una baja en la tasa de inversión que nosotros no atribuimos a la baja de Ganancias. Decir que un aumento no va a modificar sustancialmente la tasa de inversión no significa lo contrario. Obviamente la tasa de inversión cayó por una crisis macroeconómica que se produjo en 2018/2019, y que en 2020 se profundizó por la pandemia”.

El Senado convirtió en ley este jueves por unanimidad (67 votos) el proyecto elaborado por la AFIP que busca crear un “puente” entre el régimen de monotributo y el general para aliviar la carga tributaria que deben afrontar los contribuyentes y evitar un “salto al vacío”.

La iniciativa aborda un problema estructural vinculado a la subdeclaración y ocultamiento de ingresos por parte de contribuyentes para evitar pasar al régimen general.

Paralelamente, se atiende la situación de aproximadamente 25.000 personas que fueron excluidas del monotributo de forma automática por la AFIP y no fueron notificadas, ya que el sistema se encuentra suspendido desde septiembre de 2019.

Como consecuencia de esa suspensión, esos contribuyentes acumularon deudas difíciles de afrontar, razón por la cual ahora se proponen diferentes medidas, tomando como causal de exclusión las ventas.

Así, aquellos contribuyentes con facturación excedida en hasta un 25% tendrán la opción de mantenerse en el monotributo por el período 2021.

En tanto, quienes tengan una facturación excedida en más del 25% y que pasaron voluntariamente al régimen general -sin esperar que la AFIP los detecte y los excluya- tendrán una deducción del IVA del 50% en el primer año, del 30% en el segundo y del 10% en el tercero.

Otro tema que busca resolver el proyecto es la actualización de las categorías del monotributo, que se ajustan por el índice de movilidad jubilatoria, que estuvo suspendido el año pasado. En ese sentido, se tomará un índice del 35,3%, que es el correspondiente al haber mínimo.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, precisó que actualmente, en el monotributo, el monto facturado anual mínimo es de 208.000 pesos y el máximo es de 1.739.000 pesos, y con el índice del 35,3%, el mínimo pasará a 282.000 pesos y el máximo a 2.353.000 pesos.

De esta forma, el monto más bajo pasará a tributar mensualmente 2.646 pesos, y el más alto, 12.796 pesos. Estos nuevos parámetros se aplicarán a partir del 1ro. de enero de este año, es decir, la ley será retroactiva.

“Este proyecto es muy necesario y era muy esperado por los monotributistas, y va a brindar soluciones a más de tres millones de trabajadores que desarrollan una actividad independiente, que viven de su trabajo y que necesitan que el Estado elimine trabas burocráticas para poder desarrollarse con normalidad”, destacó Caserio.

Por su parte, Víctor Zimmermann (UCR) manifestó: “Más allá del puente que va a generar este proyecto, consideramos que al igual que con Ganancias, tendremos que pensar a futuro en una reforma de fondo”.

El chaqueño opinó que para la actualización de las categorías debería utilizarse el IPC (Índice de Precios al Consumidor) porque “las ventas se establecen en base a los precios, y los precios se forman en base a la inflación”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que preside Carlos Caserio (Frente de Todos), emitió dictamen este miércoles sobre el proyecto elaborado por la AFIP que busca crear un “puente” entre el régimen de monotributo y el general para aliviar la carga tributaria que deben afrontar los contribuyentes y evitar un “salto al vacío”.

La iniciativa del Poder Ejecutivo fue defendida por la titular del ente recaudador, Mercedes Marcó del Pont, y el subdirector general de Fiscalización, Julián Ruiz, y quedó en condiciones de ser votada en el recinto la semana próxima junto con las modificaciones en el impuesto a las Ganancias.

El interbloque Juntos por el Cambio adhirió al dictamen y garantizó su acompañamiento en general, pero adelantó que en el recinto propondrá algunas modificaciones.

Marcó del Pont explicó que el monotributo, surgido en 1998, “fue pensado originariamente como una forma de inclusión fiscal para los eslabones más débiles” y como una “transición de la informalidad al régimen general”.

Sin embargo, advirtió, “se fue desnaturalizando mucho porque se fue transformando en un sistema de ocultamiento de ingresos por parte de determinados sectores de contribuyentes” y “fue engendrando condiciones para la subdeclaración”.

Por eso, se busca “recuperar el sentido original” del monotributo para que no se produzca un “salto al vacío” y que esos trabajadores realicen maniobras para permanecer en ese régimen y no pasar al general por la carga tributaria que eso implica.

Por otra parte, señaló Marcó del Pont, “desde octubre de 2018 está suspendido el sistema de exclusión automática” de trabajadores que se exceden en su facturación, y si bien la suspensión debía levantarse en febrero de 2020, no se pudo hacerlo debido a la pandemia.

Como consecuencia, aproximadamente 25.000 personas “salieron del monotributo pero no fueron notificadas” y fueron acumulando deudas difíciles de afrontar, por lo cual se proponen diferentes medidas, tomando como causal de exclusión las ventas.

Así, aquellos contribuyentes con facturación excedida en hasta un 25% tendrán la opción de mantenerse en el monotributo por el período 2021. Ruiz destacó que estos trabajadores “tendrán un ahorro del 92%”, lo que es “muy importante para que puedan continuar con su actividad”.

En tanto, quienes tengan una facturación excedida en más del 25% y que pasaron voluntariamente al régimen general -sin esperar que la AFIP los detecte y los excluya- tendrán una deducción del IVA del 50% en el primer año, del 30% en el segundo y del 10% en el tercero.

Otro tema que busca resolver el proyecto es la actualización de las categorías del monotributo, que se ajustan por el índice de movilidad jubilatoria, que estuvo suspendido el año pasado. En ese sentido, se tomará un índice del 35,3%, “que surge de la jubilación mínima”.

“A partir de ahora le vamos a permitir al monotributista que haga un ‘colchón’ de crédito fiscal para que cuando se dé la circunstancia de pasar al régimen general, tenga ese ‘colchón’ que le permita debitarlo de su saldo deudor de IVA y de Ganancias”, apuntó Marcó del Pont.

Por último, sostuvo que “el proyecto es bueno para el contribuyente y es bueno también para el Estado, porque nos va a dar mucha información que hoy no tenemos”.

Desde Juntos por el Cambio, Silvia Elías de Pérez planteó que el proyecto tiene una redacción difícil de comprender -lo cual fue reconocido por la propia Marcó del Pont-, y consideró que eso “no es bueno” ni en materia fiscal ni en materia penal a la hora de interpretar las leyes.

La radical también consideró “muy peligroso cuando se hacen parches”, pero Marcó del Pont negó que se trate de un “parche” ya que resuelve la transición al régimen general más allá de la “situación circunstancial” generada con la suspensión de las exclusiones automáticas.

La titular de la AFIP agregó que el proyecto aborda la situación de los contribuyentes que están en la escala más alta, puntualmente la categoría K, que con la actualización del 35,3% será para ingresos brutos hasta 3.530.000 pesos.

Por su parte, el radical Víctor Zimmermann preguntó “por qué sostienen la actualización a través del haber medio y no del índice de precios, porque las escalas se forman con la facturación, y la facturación se forma con los precios y la inflación”, y “con el índice del INDEC sería del 41,1%” y no del 35,3%.

Marcó del Pont se limitó a responder que el índice propuesto “no está tan alejado de lo que fue la inflación anual de 2020”.

Por su parte, Martín Lousteau (UCR-Evolución) propuso si “en lugar de generar este tipo de transiciones o puentes, podemos utilizar los avances tecnológicos y el aumento de recursos que ha tenido la AFIP para resolver las cuestiones específicas dentro del régimen general”.

La responsable del ente recaudador habló de una “brutal desinversión en sistemas” durante la gestión de Mauricio Macri pero rescató que, a pesar de eso, se están llevando adelante iniciativas como el Libro de IVA Digital.

Al cerrar el debate, Caserio sostuvo que “los monotributistas están esperando una modificación porque todavía estamos con los números viejos y eso los perjudica”, y agregó que “esto no solamente actualiza (las categorías) en un porcentaje interesante, sino que además les da la posibilidad de amortiguar el cambio” al pasar al régimen general.

El proyecto de ley que establece una reforma en el régimen de monotributo fue aprobado en Diputados el sábado pasado antes de medianoche. Fue la iniciativa previa al tratamiento de la reforma del impuesto a las Ganancias, que también tuvo media sanción este fin de semana. Cuatro días después de ser aprobado, el proyecto del monotributo será analizado en el Senado.

Será este miércoles a partir de las 15 en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la reunión contará con la presencia de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Con la intención de que pueda tratarse la semana que viene en el recinto, se descuenta que al cabo de la reunión de este miércoles el dictamen pasará a la firma. Lo mismo pasó este martes con el proyecto sobre Ganancias, que tras un breve debate quedó habilitado para ser tratado en el recinto probablemente este miércoles 7 de abril.

Se trata de la iniciativa para atender la situación de los contribuyentes que fueron excluidos del régimen simplificado y que al pasar al régimen general acumularon deudas fiscales difíciles de afrontar, por un total de 20.000 millones de pesos.

Lo que se busca es resolver el problema transitorio de actualización del monotributo durante 2021 como consecuencia de la suspensión del índice de movilidad previsional, subsanando cualquier inconveniente referido a las recategorizaciones de manera automática.

El proyecto contempla que los monotributistas que se conviertan en autónomos podrán experimentar un ahorro significativo en su carga tributaria con relación al monto que deberían pagar si no se introducen los cambios propuestos.

Así, aquellos contribuyentes con facturación excedida en hasta un 25% tendrán la opción de mantenerse en el monotributo por el período 2021.

En tanto, quienes tengan una facturación excedida en más del 25% y que pasaron voluntariamente al régimen general tendrán una deducción del IVA del 50% en el primer año, del 30% en el segundo y del 10% en el tercero.

El Senado pone un pie en el acelerador para dar un rápido tratamiento a los proyectos de reforma del impuesto a las Ganancias y del régimen del monotributo, aprobados este fin de semana en la Cámara de Diputados. Será este martes y miércoles, en dos reuniones que contarán con la participación de funcionarios.

En primer lugar, este martes a las 12.30 se reunirán en forma conjunta las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Caserio, y de Trabajo y Previsión Social, que encabeza Daniel Lovera, para abordar la iniciativa sobre Ganancias, que eleva el piso a partir del cual se paga el tributo a 150.000 pesos brutos y otorga varios beneficios para trabajadores, entre ellos la eximición del aguinaldo, con el fin de brindar un alivio fiscal en tiempos de pandemia.

A ese plenario fueron convocados a exponer, en forma virtual, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, quienes defenderán el proyecto que en Diputados recibió 241 votos afirmativos, ninguno negativo y tres abstenciones, tras la maratónica sesión que culminó el domingo por la mañana.

El proyecto permitirá que 1.267.000 trabajadores en relación de dependencia y jubilados dejen de pagar Ganancias gracias al nuevo piso establecido, que se actualizará anualmente a través del índice de variación salarial (RIPTE). En el caso de los jubilados, el impuesto comenzará a pagarse a partir de los ocho haberes mínimos, en lugar de los seis actuales.

Luego del debate de Ganancias será el turno del proyecto que establece “un puente” entre el régimen de monotributo y el general, para aliviar la carga tributaria de aquellos contribuyentes que al pasar a ser autónomos acumulan deudas fiscales difíciles de afrontar. En este caso, la discusión será solo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que escuchará a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, este miércoles a partir de las 15.

La intención del oficialismo es firmar rápidamente los dos dictámenes para que queden en condiciones de ser tratados en el recinto del Senado la próxima semana.

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo que facilita la transición entre el régimen de monotributo y el general recibió dictamen favorable este jueves en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y quedó listo para ser tratado la semana próxima en la primera sesión del período ordinario.

Se trata de la iniciativa impulsada desde la AFIP para suavizar el traspaso de monotributistas al régimen general a través de un alivio en la carga tributaria que deben afrontar.

El oficialismo contó con apoyo del misionero Diego Sartori (Fte. Renovador de la Concordia), mientras que Juntos por el Cambio acompañó con disidencias parciales el dictamen, que reunió en total 48 firmas.

“Este proyecto procura aliviar la carga de los contribuyentes que son excluidos del régimen simplificado y que al pasar al general tienen deudas fiscales y tendrían dificultades para afrontarlas”, explicó Carlos Heller, presidente de la comisión.

“Por eso -continuó- se genera un puente entre ambos regímenes con la intención de resolver uno de los problemas más complejos del sistema, que es la diferencia de la carga tributaria entre ambos, que termina siendo una traba para que los contribuyentes asuman la transición”.

El legislador oficialista indicó que “el objetivo es inducir al contribuyente a no esperar a ser detectado por la AFIP para ser cambiado de régimen”, indicó Heller.

El oficialista informó que “se intenta igualar mediante reducciones proporcionales del IVA y del impuesto a las Ganancias los montos a pagar entre los dos regímenes, en especial con beneficios para aquellos que decidan voluntariamente la transición”.

Así, aquellos contribuyentes con facturación excedida en más del 25% que pasaron voluntariamente al régimen general tendrán una deducción del IVA del 50% en el primer año, 30% en el segundo y 10% en el tercero.

Heller agregó que “también se resuelve un problema transitorio de la actualización del tributo durante 2021 como consecuencia de la suspensión del índice de movilidad previsional, que es el previsto en la normativa vigente para su actualización”.

En ese aspecto, “el proyecto contempla la forma de resolver la actualización retroactiva al 1ro. de enero, minimizando los inconvenientes que pudiera tener para los contribuyentes”, dijo el diputado del Frente de Todos.

El radical Luis Pastori adelantó el acompañamiento de Juntos por el Cambio, aunque con disidencias parciales.

El diputado primero se refirió al problema actual del monotributo: “O el monotributista está pagando un impuesto muy barato o el contribuyente general está pagando un impuesto muy caro, lo que en la jerga se conoce como 'enanismo fiscal': todos los que están en el monotributo tratan de buscarle la vuelta para permanecer y esto genera maniobras evasivas para no pasar al régimen general”.

En cuanto a las disidencias, explicó que la principal tiene que ver con “el momento a partir del cual rige la exclusión (del monotributista): el proyecto no viene a solucionar de aquí apara adelante, sino que es retroactivo, es decir que no es que a partir de ahora el contribuyente va a poder excluirse, sino que va a regir a partir del día que debió haber sido excluido”.

En segundo lugar, propuso que “las nuevas escalas que se aprueban con vigencia a partir del 1ro. de enero se actualicen no por el RIPTE, sino por el IPC, porque si vamos a tomar en cuenta la facturación bruta anual para la categorización, la facturación va de la mano de la inflación: a mayor inflación, mayor costo de los bienes y mayor facturación”.

Tres especialistas en materia tributaria y el subdirector de Fiscalización de la AFIP, Julián Ruiz, expusieron este jueves ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que analiza las modificaciones en el impuesto a las Ganancias.

Los expertos se presentaron ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo, que volverán a reunirse este viernes a las 15 para escuchar a sindicalistas de la CGT, la CTA, el Frente Sindical, la Corriente Federal de Trabajadores y la CTA Autónoma.

En la videoconferencia de este jueves, los especialistas marcaron algunas diferencias con respecto al proyecto del Frente de Todos, que fue defendido por Ruiz en nombre de la AFIP.

El primer orador fue el contador Humberto Bertazza, quien advirtió que “el conflicto se da en dónde hacemos el corte para gravar o no gravar las remuneraciones” con el impuesto a las Ganancias, y dijo “no coincidir” con “el diseño que se ha utilizado para intentar modificar la ley”, ya que “hay una desnaturalización del impuesto”.

El contador puso como ejemplo un empleado en relación de dependencia que gana 145.000 pesos de sueldo bruto, a quien en principio no se le aplicaría la ley, ya que el nuevo piso será de 150.000 pesos. Sin embargo, se preguntó qué pasa si “en julio o agosto, como consecuencia del proceso inflacionario” y a través de una nueva negociación del convenio laboral se dispone incrementar un 20% esa remuneración, llegando a ganar 180.000 pesos, un monto que superaría el mínimo no imponible.

Bertazza explicó que “Ganancias es un impuesto de ejercicio, y al serlo tenemos que medirlo como una foto, y esa foto la sacamos el 31 de diciembre: si el 31 de diciembre el promedio de sueldo con los incrementos acordados supera los 150.000 pesos, eso hace que la exención se pierda. Y se pierde desde el 1ro de enero, porque es un impuesto de ejercicio donde no se admiten segmentaciones”.

En ese sentido, consideró que “el objetivo perseguido por el legislador no se alcanza porque los montos de actualización ya quedaron previstos para todo el año”.

Por eso sostuvo que una posible solución sería modificar la escala progresiva, ya que hoy “la máxima para personas humanas es del 35%, es una escalera a la que se llega rápidamente, con remuneración anual de 1.000.000 de pesos”.

A su turno, el contador Sergio Pantoja consideró que el RIPTE “no es el índice adecuado” para actualizar el mínimo no imponible. “Se debería utilizar una actualización de valores que refleje el incremento de los precios, como el IPC, teniendo en cuenta el impacto del proceso inflacionario para empelados relación de dependencia”, opinó.

Pantoja también sugirió “pensar en una frecuencia semestral, no anual”, en línea con lo planteado por Bertazza sobre los sueldos que en el transcurso del año podrían superar el piso por eventuales aumentos.

Además, el especialista pidió que se puedan deducir los gastos de educación -con un tope-, algo que en la legislación actual no está contemplado.

También hizo énfasis en el tema de la escala progresiva, que “se encuentra claramente aplanada, razón por la cual superando un importe muy poco significativo en términos de capacidad contributiva, la tasa del impuesto prácticamente se hace proporcional al 35%”.

Por su parte, el doctor Horacio Corti lamentó que “hace décadas que nos debemos una reforma tributaria integral” porque las reformas introducidas a lo largo de los años fueron parciales.

Respecto del proyecto del oficialismo, destacó la exención del aguinaldo, la deducción del concubino con perspectiva de género, la deducción especial por zona patagónica y la retroactividad de la ley al 1ro. de enero.

Sin embargo, coincidió en que “la escala está muy amesetada” y como consecuencia “un sueldo bruto mensual de 200.000 pesos alcanza la alícuota máxima del 35%, pagando un impuesto de casi 20.000 pesos”.

El último en exponer fue el subsecretario Ruiz, quien se refirió al artículo del proyecto que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de establecer deducciones escalonadas para las remuneraciones de entre 150.000 y 173.000, con el fin de evitar saltos bruscos en el impuesto.

Ruiz indicó que “no hay discrecionalidad, sino una delegación legislativa para que el Ejecutivo aplique una fórmula matemática” que garantice “que un peso más ganado no genere una disminución en el salario neto”.

Asimismo, el funcionario aclaró que no se modifican las escalas porque eso “no solo afectaría a los trabajadores en relación de dependencia, sino que afectaría también a aquel que tenga rentas pasivas”.

Por otro lado, ante los pedidos para poder deducir horas extra, explicó cómo “una hora extra no genera que se cobre menos de bolsillo”.

Finalmente, ante una consulta del diputado Emiliano Yacobitti (UCR-Evolución), Ruiz consideró que “no debiera estar en la ley” la deducción de gastos educativos, y se preguntó qué comprende, si libros, universidades privadas u otros conceptos. “La metodología adecuada es un subsidio para aquellos a los que se lo queremos dar y no a todo el universo”, respondió.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presididas respectivamente por Carlos Heller y Vanesa Siley, retomarán este jueves a las 14 el debate sobre el proyecto que eleva el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a 150.000 pesos brutos.

Los diputados volverán a escuchar al subdirector General de Fiscalización de la AFIP, Julián Ruiz, quien ya expuso este martes junto a la titular del ente recaudador, Mercedes Marcó del Pont.

También fueron invitados los contadores Sergio Pantoja, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; Humberto Bertazza, expresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas; y el doctor Horacio Corti.

Los especialistas expondrán sobre el proyecto de Ganancias y también sobre la iniciativa que modifica el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes con el fin de suavizar el paso de monotributistas al Régimen General.

El viernes, los gremios

En tanto, para el viernes a las 15 fueron convocados los dirigentes sindicales que ya vienen participando de la discusión en distintas reuniones con diputados del Frente de Todos.

Expondrán por videoconferencia los secretarios generales de la CGT, Carlos Acuña y Héctor Daer; el diputado Hugo Yasky por la CTA; y por la Corriente Federal de Trabajadores lo harán Sergio Palazzo (Asociación Bancaria), Héctor Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense) y Carlos Minucci (Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía).

En nombre del Frente Sindical estarán Hugo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli (Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) y Pablo Flores (Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos); y cierra la lista de invitados Ricardo Peidró por la CTA Autónoma.

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, advirtió este martes que “el monotributo no está funcionando equitativamente” y que “se transformó en un mecanismo de subdeclaración u ocultamiento de ingresos”, por lo cual defendió el proyecto del Poder Ejecutivo para facilitar el traspaso de esos trabajadores al Régimen General.

Marcó del Pont expuso ante el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados junto al subdirector general de Fiscalización del ente recaudador, Julián Ruiz.

Un problema estructural

“Cuando se mira desde una perspectiva histórica, vemos que se ha ido desnaturalizando el objetivo original que tenía este régimen, donde se trataba de simplificar para el pequeño contribuyente y de simplificar para el Estado el trabajo de fiscalización y recaudación”, explicó la funcionaria.

En ese sentido, dijo que “siempre se pensó como una forma de incursión a la formalidad de los sectores más precarios, los pequeños contribuyentes, a la actividad económica. Como un esquema de transición de la informalidad a la formalidad”.

Por eso, si bien “se suponía que a lo largo del tiempo (los monotributistas) iban a poder transitar hacia el Régimen General”, finalmente “ese mecanismo virtuoso se transformó en un mecanismo de subdeclaración y ocultamiento de ingresos por parte de un universo de contribuyentes”.

Marcó del Pont habló del “salto al vacío” que hace que la carga tributaria a afrontar en el traspaso de un régimen a otro sea “sensiblemente alta”.

“El régimen no está funcionando equitativamente porque hay pequeñas, micro y medianas empresas que están en el General y otras que están todavía en el monotributo a través del ocultamiento de ingresos”, insistió.

En consecuencia, sostuvo que “tenemos que aspirar a que lo normal sea el Régimen General” y que “el monotributo vuelva a ser una forma de inclusión tributaria y financiera”.

Deudas acumuladas

Al problema estructural, explicó Marcó del Pont, se sumó que la AFIP tiene suspendido, desde septiembre de 2019, el sistema de exclusión automática del monotributo. La suspensión debía levantarse en febrero de 2020, pero dado que sobrevino la pandemia del coronavirus, se extendió en el tiempo.

“Mientras tanto -relató la funcionaria- había contribuyentes que debían haber salido del monotributo, que no se les había notificado y que estaban devengando deuda, y cuando reactiváramos la exclusión se iban a encontrar con deudas importantes”.

Así, el proyecto establece ciertas pautas para los monotributistas que devengaron deuda en esos meses, una vez que se reactive el proceso de exclusión automática: aquellos contribuyentes que se hayan excedido en su facturación por debajo del 25% tendrán la opción de volver al monotributo; y los que facturaron más del 25% tendrán una quita del 93% de lo que deben pagar, es decir, deberán abonar solo el 7% de la deuda acumulada sin intereses.

Además, el proyecto otorga incentivos a aquellos que decidan pasar voluntariamente al Régimen General, basados en quitas adicionales.

El proyecto del oficialismo para elevar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias incorporará más cambios en beneficio de jubilados y pensionados, las parejas en concubinato y los contribuyentes de la zona patagónica. Así se anunció en la previa del debate en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo, convocadas para este martes a las 15.

Tras conocerse que el nuevo piso de 150.000 pesos será retroactivo al 1ro. de enero una vez que se convierta en ley y que el aguinaldo quedará exento del tributo, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, informó a través de un comunicado que se incorporaron modificaciones que habían sido pedidas por la CGT y también por la oposición.

En el caso de los jubilados, la ley hoy establece que para que puedan acceder al beneficio de la deducción de seis a ocho haberes no podrán tener otros ingresos distintos a la de la jubilación, como por ejemplo intereses de un plazo fijo. La nueva modificación permitirá flexibilizar el requisito para la deducción estableciendo un monto mínimo de ingresos para perder el beneficio.

Este cambio, estima el oficialismo, tendrá un impacto directo en todos los jubilados que, además del haber, perciben otras rentas o ingresos.

Por otra parte, en materia de parejas en concubinato, si bien en la actualidad la ley habilita deducir al cónyuge, la nueva ley permitirá ampliar la deducción al concubino, cualquiera fuera el sexo, dándole al proyecto una perspectiva de género. Este fue uno de los cambios negociados la semana pasada entre Massa y la CGT.

Según la nueva redacción, “la deducción prevista en este apartado también será aplicable para los integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo, que se acredite en la forma y condiciones que a esos efectos establezca la reglamentación”.

Por último, ante las dudas que generaba el tema en la oposición, el proyecto incorporará un artículo que mantendrá vigente el beneficio del 22% adicional que perciben trabajadores de la zona patagónica. La medida fue ratificada por el Ministerio de Economía y la AFIP y tendrá impacto sobre cerca de 83.500 empleados y jubilados que pagarán el impuesto con menos carga tributaria.

En el caso de La Pampa abarcará a 7.280  contribuyentes; en Neuquén 21.915; en Río Negro 12.596; en Chubut 26.684; en Santa Cruz 14.411; y en Carmen de Patagones, Buenos Aires, 581, según las proyecciones del oficialismo.

El debate en comisiones comenzará este martes con la participación del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

La AFIP reglamentó el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia. El organismo encabezado por Mercedes Marcó del Pont estableció la normativa relativa a la presentación de la declaración jurada, ingreso del aporte y otros aspectos establecidos en la Ley 27.605 y su Decreto Reglamentario N° 42/2021.

Marcó del Pont firmó este viernes la Resolución General con las definiciones sobre el Aporte Solidario y Extraordinario que será publicada en el Boletín Oficial en los próximos días. La normativa de la AFIP establece que los sujetos alcanzados por el Aporte deberán realizar la presentación de la declaración jurada y el ingreso del saldo resultante hasta el día 30 de marzo de 2021, inclusive.

El Aporte alcanza a aquellas personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior y a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes, por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de $200 millones de pesos. La fecha a considerar para la valuación de los bienes es la de entrada en vigencia de la Ley, es decir el 18/12/2020.

Maniobras elusivas

El decreto reglamentario instruye a la AFIP a instrumentar regímenes de información para detectar maniobras tendientes a eludir el pago del Aporte a través de variaciones patrimoniales.

Con ese fin, el organismo encabezado por Marcó del Pont incorpora un Régimen Informativo a fin de detectar supuestos de variaciones patrimoniales ocurridos durante los 180 (ciento ochenta) días inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de la Ley, que hicieran presumir operaciones que configuren un ardid evasivo o destinado a eludir el pago del Aporte Solidario y Extraordinario.

Los sujetos alcanzados y, en su caso, los responsables sustitutos deben presentar una declaración jurada informativa en la que incluirán los bienes de los que eran titulares al 20 de marzo de 2020.

La Resolución General dispone que el régimen de información también deberá ser cumplido por sujetos no alcanzados por el Aporte cuyos bienes, valuados al 31 de diciembre de 2019, alcanzaban una suma igual o superior a $130 millones, y por aquellos cuyos bienes valuados al 31 de diciembre de 2018 alcanzaban una suma igual o superior a $ 80 millones. En estos casos, deberán declarar los bienes de su titularidad al 20 de marzo de 2020 y al 18 de diciembre de 2020.

El plazo para presentar las declaraciones juradas informativas será entre el 22 de marzo y el 30 de abril de 2021, inclusive.

Repatriación

La normativa también detalla los términos y condiciones para la repatriación del 30% de los activos financieros situados en el exterior, que permite a quienes lo hagan aplicar el método de cálculo del Aporte correspondiente a aquellos que sólo poseen bienes en el país. La AFIP contempló la obligación de los sujetos que realicen dicha repatriación de confeccionar un informe especial extendido por contador público independiente matriculado, con su firma certificada por el consejo profesional o colegio que rija la matrícula, quien se expedirá respecto de la razonabilidad, existencia y legitimidad de la totalidad de los activos financieros situados en el exterior.

Destino de los fondos recaudados

La ley estipula que la asignación de los fondos recaudados por el Aporte se realizará de la siguiente manera:

●           Un 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.

●           Un 20% a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.

●           Un 20% destinado al programa integral de becas Progresar, para reforzar este programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica.

●           Un 15% para el Fondo de Integración Socio Urbana, enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares.

●           Un 25% a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas natural.

El diputado nacional Víctor Hugo Romero (UCR-Córdoba) presentó un proyecto de resolución para solicitarle al Poder Ejecutivo Nacional que prorrogue el vencimiento del período de recategorización obligatoria del monotributo correspondiente a enero de 2021.

En el proyecto, Romero considera que el vencimiento del período de recategorización del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes debe prorrogarse hasta que se definan nuevos parámetros monetarios para las categorías del año 2021 en adelante y/o la consideración por parte del Congreso de la Nación del proyecto de “Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes”.

“Solicitamos a AFIP que suspenda la recategorización de Monotributistas del 20 de enero ya que los parámetros monetarios para el 2021 no fueron definidos. En estas condiciones, no se puede exigir la recategorización ya que se está perjudicando a pequeños contribuyentes”, advirtió Romero.

El proyecto, además, lleva la firma de los diputados Gustavo Menna, José Cano, Federico Zamarbide, Gerardo Cipolini, Josefina Mendoza, Aída Ayala, Soledad Carrizo, Ximena García, Lidia Inés Ascarate, Diego Mestre, Albor Cantard, Dolores Martínez, Gonzalo Del Cerro y Estela Regidor.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso el primer proyecto de ley del año. Se trata de una iniciativa elaborada por la AFIP para atender la situación de los monotributistas que facturaron hasta 25% por encima del límite previsto, y prevé entonces que no sean pasados este año al régimen general.

La iniciativa brinda además facilidades para el cumplimiento de los pagos.

En el caso de aquellos contribuyentes que se hayan excedido el año que pasó en el límite del 25%, se contempla que aquellos que avisaron a la AFIP oportunamente podrán computar como crédito de IVA el 17,33% de lo facturado en el ´ltimo año.

Podrán deducir además en el primer año el 50% del importe que les corresponde pagar de IVA, el 30% en el segundo y el 10% en el tercer año.

La norma fue elaborada por la AFIP y establece además que aquellos monotributistas que fueron pasados de oficio solo podrán deducir el 50% en el primer año, según informó este lunes la agencia Noticias Argentinas.

Las modificaciones propuestas en la iniciativa apuntan a armonizar la transición entre el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y el Régimen General (RG), tanto en términos administrativos como en los montos de las obligaciones que deben afrontar las personas monotributistas.

El proyecto será tratado en el período de sesiones extraordinarias que se inició este lunes.

0017-PE-2020

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, amplió este lunes la denuncia por “hostigamiento fiscal” a la vicepresidenta Cristina Kirchner por parte del organismo durante el gobierno de Mauricio Macri, con la presentación de documentos que exponen “graves irregularidades” a las que fueron sometidos la expresidenta y sus hijos.

Se trata de una ampliación de la denuncia realizada a comienzos de febrero -que se tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11- e incluye los resultados de los procedimientos, investigaciones y auditorías realizadas por las distintas áreas del organismo a lo largo de los últimos meses.

"Los resultados obtenidos en dos auditorías internas realizadas a lo largo de los últimos meses dan cuenta del 'hostigamiento fiscal' experimentado por Cristina Kichner y sus hijos a lo largo de la presidencia de Mauricio Macri”, señaló la AFIP en un comunicado.

En ese sentido, destacó que “de las auditorías internas se desprende la posible comisión de ciertos hechos, por parte de funcionarios de la AFIP durante las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli que podrían resultar encuadrables en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita”.

La presentación judicial lleva la firma de Marcó del Pont e incorpora documentación que también expone “graves irregularidades a las que fueron sometidos los hijos de la vicepresidenta, Máximo y Florencia Kirchner”.

Al respecto, la AFIP sostuvo que hubo irregularidades en procedimientos de determinación de oficio de deudas, así como evidencia de “prácticas enquistadas en el ámbito de la AFIP reñidas con principios fundamentales del Estado de Derecho”.

"La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado”, aseguró el organismo recaudador.

A su vez, sostuvo que los hallazgos “dan cuenta de una matriz de persecución” durante el gobierno macrista ya que, entre 2016 y 2019, se desplegaron desde la AFIP “prácticas arbitrarias, discriminatorias y violatorias, entre otros, del principio de igualdad”.

El Senado comenzó a debatir el proyecto de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, que alcanzará a 2.500 personas más de las que calculaba originalmente la AFIP, según reveló su titular, Mercedes Marcó Del Pont, al presentarse ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Con la conducción del oficialista Carlos Caserio, comenzó este martes el debate del proyecto y el dictamen finalmente se pasó a la firma, quedando listo para ser tratado en la próxima sesión -el período ordinario finaliza el próximo lunes 30-.

La intención del oficialismo es sancionar la ley lo antes posible, luego de que la Cámara de Diputados la aprobara con 133 votos a favor, 115 en contra y dos abstenciones.

El proyecto, de autoría de Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados oficialistas, propone gravar las fortunas superiores a los 200 millones de pesos, con un aporte “por única vez” para ayudar a mitigar las consecuencias de la pandemia del Covid-19.

La alícuota a aplicar irá del 2% al 3,5% según el patrimonio declarado en Bienes Personales, y la AFIP espera recaudar alrededor de 307 millones de pesos, que se destinarán a la compra de equipamiento médico, subsidios a pymes, becas Progresar, urbanización de barrios populares y proyectos de gas natural.

“Los fondos van a ser destinados a ampliar la capacidad del fisco para seguir desenvolviendo políticas activas en 2021”, destacó Marcó Del Pont, y aclaró que el proyecto “grava a los empresarios, no a las empresas ni al capital de trabajo”.

La funcionaria reveló que por distintos factores, como la cotización del dólar, el aporte alcanzaría a 11.855 personas humanas, es decir, más que las 9.298 que estimaba la AFIP cuando el proyecto se trató en la Cámara de Diputados.

Marcó Del Pont informó que “solo el 55%” del patrimonio que hoy está en discusión está gravado por Bienes Personales, dado que “la base imponible es muy superior”, y agregó que “el 3,2%” del total de los individuos alcanzados realizarán el 55% del aporte total.

Además, sostuvo que “no es cierto que los productores rurales van a tener que vender sus campos para poder hacer frente a este aporte”, al señalar que “solo el 17% de los que declaran Bienes Personales declaran que tienen inmuebles rurales”, los cuales “representan solo el 2,4% respecto del total del patrimonio”.

La titular del ente recaudador dijo que “en la composición de los patrimonios, el 40% está valuado en moneda extranjera”, y “casi el 93% está fuera de la Argentina”, y se retiró de la reunión virtual con el compromiso de responder preguntas por escrito.

Posiciones contrapuestas

Durante el debate, Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) lamentó que Marcó Del Pont no respondiera en vivo las inquietudes de la oposición, y se preguntó “qué naturaleza jurídica le dan a este aporte: si es un impuesto, una tasa, una contribución, para entender los principios del derecho tributario aplicables”.

Crexell también se preguntó si el aporte “es coparticipable o no” y si podría haber una doble imposición con Bienes Personales.

El radical Julio Cobos -que no integra la comisión-, ante las dudas de Crexell, consideró que se trata de “un impuesto igual al de Bienes Personales”, que además “no es coparticipable porque tiene asignaciones específicas”, y por lo tanto “la emergencia fiscal que tienen las provincias no va a ser sustentada por la vía de este impuesto”.

Cobos también planteó “dudas sobre la progresividad de este impuesto”, ya que quien posea un patrimonio de 199 millones de pesos no lo pagará, y también puso un manto de duda sobre el carácter extraordinario: “Ya sabemos lo que ocurre en nuestro país cuando los impuestos se crean ‘por única vez’”.

También por la UCR, Silvia Elías de Pérez advirtió que “sin duda va a generar una judicialización, porque es el mismo sujeto obligado y el mismo hecho imponible que Bienes Personales”, y agregó: “No estamos yendo contra 10.000 u 11.000 personas, sino contra las empresas que generan trabajo argentino”.

“En 11 meses que llevan de gobierno ya hemos creado o aumentado 15 impuestos. Nuestras empresas no dan más”, lamentó la tucumana.

Desde el oficialismo, Jorge Taiana se refirió a “la necesidad que tenemos de debatir una reforma tributaria completa”, ya que “Argentina tiene una estructura tributaria mala, regresiva, basada en impuestos indirectos y no directos, como en casi todos los países desarrollados, y que ha permitido una evasión fiscal casi permanente durante muchos años”.

“Lo que se está pidiendo es un pequeño aporte”, manifestó Taiana, y sostuvo que se busca que “los que mucho han contribuido a la desigualdad hoy contribuyan a disminuirla y ayuden a salir de la crisis”. “Lamento que hayamos tardado tanto desde que empezamos a discutir el tema hasta tratarlo parlamentariamente”, dijo.

El chaqueño Antonio Rodas, del mismo bloque, pidió que “al menos algunos integrantes de la oposición” acompañen el proyecto -en ese sentido, trascendió que los jujeños Mario Fiad y Silvia Giacoppo podrían votar a favor a pedido del gobernador Gerardo Morales tal como hicieron sus diputados-.

Asimismo, la correntina Ana Almirón, también del Frente de Todos, resaltó que en países como España, Italia y Chile se están trabajando iniciativas similares frente a la pandemia, y destacó que en Argentina se esté discutiendo una ley en lugar de aplicar la medida mediante un DNU.

El Frente de Todos buscará aprobar este martes el proyecto de ley presentado por el presidente del bloque de diputados, Máximo Kirchner, que crea un aporte solidario, extraordinario y por única vez para morigerar los efectos de la pandemia del Covid-19.

A continuación, un repaso por los puntos principales de la iniciativa, que es acompañada por los bloques de la oposición a excepción de Juntos por el Cambio:

• El aporte será “con carácter de emergencia” y por única vez, y recaerá sobre personas humanas residentes en el país con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, incluyendo bienes en el país y en el exterior. También quedarán alcanzados los residentes en el exterior por sus bienes en el país.

• Del mismo modo, deberán pagar el aporte las personas de nacionalidad argentina que tengan domicilio en paraísos fiscales -definidos como “jurisdicciones no cooperantes” o “jurisdicciones de baja o nula tributación”-.

• El aporte empezará a regir desde la fecha de entrada en vigencia de la ley.

La escala de cuánto deberán pagar los sujetos alcanzados según su patrimonio es la siguiente:

En el caso de bienes situados en el exterior las alícuotas son mayores:

• Si dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley la persona acepta repatriar, como mínimo, el 30% de esos bienes, quedará exenta de pagar el diferencial.

• El destino que se le dará a la recaudación es el siguiente:

-Un 20% para la compra  o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas e insumos de asistencia sanitaria.

-Un 20% para subsidios a micro, pequeñas y medianas empresas, “con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores”.

-Un 20% para el programa de becas educativas Progresar, destinadas a estudiantes de todos los niveles.

-Un 15% para el Fondo de Integración Sociourbana, destinado a mejorar la calidad de vida en barrios populares.

-Un 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través de Integración Energética Argentina S.A., “la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos”.

• La AFIP será el organismo encargado de aplicar la ley y de dictar las normas complementarias determinando plazos, formas de ingreso, presentación de declaraciones juradas y demás aspectos vinculados a la recaudación de este aporte.

• Si en los 180 días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la ley, la AFIP detecta variaciones en los bienes sujetos al aporte “que hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su pago”, podrá disponer que esos bienes queden gravados.

• Según informó la titular del ente recaudador, Mercedes Marcó del Pont, el aporte alcanzaría a 9.298 personas en todo el país, de las cuales 7.438 declararon bienes por más de 200 millones de pesos. Son el equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron sus declaraciones juradas y al 0,02% de la población total de la Argentina.

• Las 1.860 personas restantes todavía no presentaron su declaración jurada, pero según el patrimonio informado en años anteriores quedarían también alcanzadas.

• Los bienes y activos declarados están valuados en 15,7 billones de pesos.

• La recaudación potencial es de más de 307.000 millones de pesos, lo que representa “alrededor de un punto porcentual del PBI”.

• El aporte promedio sería de 33 millones de pesos.

• Las 253 personas que declararon bienes por más de 3.000 millones de pesos aportarían la mitad de la recaudación total, unos 153.000 millones.

El informe completo de la AFIP

Informe-AFIP-Comisión-de-Presupuesto-y-Hacienda-de-la-HCDN-sobre-el-alcance-del-proyecto-de-ley-de-Aporte-solidario-y-extraordinario

Por Carolina Ramos

En medio de un clima de confusión por un cambio de último momento propuesto por el oficialismo, volvió a comisión el proyecto de ley que prohíbe que el Estado brinde ayuda económica o financiera a empresas radicadas en guaridas fiscales o con evasión fiscal probada por la AFIP.

Juntos por el Cambio estaba dispuesto a acompañar al oficialismo en la votación, pero una modificación propuesta de madrugada por Fernanda Vallejos en el artículo segundo -relativo a los sujetos alcanzados por la ley- sorprendió a los diputados conducidos por Mario Negri.

En ese artículo, el Frente de Todos buscaba incorporar que además de las personas humanas o jurídicas residentes en Argentina con cuentas offshore, eran sujetos alcanzados aquellas personas “que estén vinculadas con otras que sean titulares” de bienes en guaridas fiscales.

El radical Luis Pastori, que había trabajado en comisiones para lograr una redacción consensuada, advirtió que el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, le informó sobre el cambio con un tiempo escaso para poder analizarlo.

“Estamos ampliando el universo de sujetos sobre la marcha, y esto requeriría un estudio más profundo, más pormenorizado”, planteó Pastori.

El presidente de la Cámara, Sergio Massa, puso a votación el proyecto en general y en particular, y el interbloque de Mario Negri, disconforme con el giro que tomó la discusión, anunció que se abstendría.

En el mismo sentido, surgieron críticas del Interbloque Federal. “No hemos sido de los privilegiados que han sido consultados. No hemos tenido ningún tipo de consideración a la hora del cambio que se generó”, se quejó Graciela Camaño (Consenso Federal).

Otro lavagnista, Jorge Sarghini, denunció: “Es inconcebible que un proyecto con unanimidad en el acompañamiento y absoluto consenso sea cambiado minutos antes de votar porque alguien del oficialismo lo pide y no den lugar ni siquiera al análisis”. “¿Nosotros qué somos, de palo?”, cuestionó.

El proyecto resultó aprobado, pero muchos diputados de la oposición que habían votado afirmativamente pidieron dar marcha atrás y abstenerse, y aunque Heller intentó salvar los entredichos, el tema entró en un callejón sin salida.

Finalmente, y con ánimo de retomar el consenso, Massa propuso devolver el proyecto a comisión, para lo cual se votó -con dos tercios- la reconsideración de la votación anterior, que resultó aprobada.

La iniciativa, propuesta por el cordobés Pablo Carro (Frente de Todos), busca impedir que se les otorgue asistencia a empresas radicadas en guaridas fiscales “en casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor”.

Si bien el texto original hablaba de “paraísos fiscales”, se cambió ese término por el de “guaridas fiscales”, entendidas como aquellas jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación.

“Todos sabemos que uno de los grandes problemas de la humanidad son los miles de millones de dólares que deberían ingresar en materia de impuestos en distintos países y terminan escondidos en esos estados donde no hay ninguna tributación”, explicó Heller.

En tanto, Carro sostuvo que “en un tiempo en el que el Estado está haciendo un tremendo esfuerzo fiscal, es importante que cada peso del Presupuesto vaya adonde se necesita: a salud, educación, seguridad social, protección de puestos de trabajo y reactivación económica”.

El cordobés informó que “el 40% de las ganancias de empresas trasnacionales van a parar a estas guaridas fiscales”, y por eso consideró que esta ley es “un mensaje muy importante al mundo”.

Vallejos, presidenta de la Comisión de Finanzas, advirtió que “los delitos financieros, la fuga de capitales y el fraude fiscal son el trasfondo de este proyecto y generan enormes daños a la sociedad, aun cuando lo hacen en forma silenciosa”.

“Estos delitos afectan el normal desenvolvimiento de la economía, reducen el margen del desarrollo nacional y socavan el normal financiamiento estatal”, insistió la economista, y agregó que “los sectores más vulnerables son las principales víctimas” de este accionar.

Por Carolina Ramos

Menos de 10.000 personas pagarían el aporte solidario sobre las grandes fortunas, según el informe que la AFIP envió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Son en total 9.298 personas que deberían hacer la contribución extraordinaria por única vez para afrontar gastos de la pandemia, entre otros fines.

El documento fue leído en la reunión de este lunes por el presidente de la comisión, Carlos Heller, ante la ausencia de la titular del ente recaudador, Mercedes Marcó del Pont, quien se excusó de participar de la videoconferencia.

La AFIP estimó cuántas personas físicas deberían pagar el aporte solidario según la base del impuesto sobre los Bienes Personales, pero dado que “no todos los contribuyentes presentaron en tiempo y forma sus declaraciones juradas”, se realizó una actualización del patrimonio declarado en años anteriores para tener un cálculo más acabado.

Informe-AFIP-Comisión-de-Presupuesto-y-Hacienda-de-la-HCDN-sobre-el-alcance-del-proyecto-de-ley-de-Aporte-solidario-y-extraordinario

Así, se concluyó que el universo potencial total es de 9.298 contribuyentes, de los cuales 7.438 declararon bienes por más de 200 millones de pesos -el piso establecido en el proyecto-, y los 1.860 restantes todavía no presentaron su declaración jurada, pero según el patrimonio informado en años anteriores, se verían alcanzados.

Los bienes y activos declarados están valuados en 15,7 billones de pesos, indica el informe leído por Heller.

Un dato saliente es que los 7.438 individuos que, ya se sabe, serán aportantes, son el equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron sus declaraciones juradas y al 0,02% de la población total de la Argentina.

La recaudación potencial es de más de 307.000 millones de pesos, lo que representa “alrededor de un punto porcentual del PBI”.

El aporte promedio sería de 33 millones de pesos. Para las 2.774 personas con patrimonios entre 200 y 300 millones, el aporte promedio sería de 6,1 millones, mientras que las 253 personas que declararon bienes por más de 3.000 millones realizarían una contribución promedio de 600 millones, esto es, la mitad del aporte total.

Al comienzo de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, y a pedido de Juntos por el Cambio, el oficialismo aceptó convocar para la próxima reunión a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, para que explique los alcances del proyecto de aporte solidario sobre las grandes fortunas.

Fue el radical Ricardo Buryaile quien solicitó la presencia de Marcó del Pont para que informe sobre “la cantidad de contribuyentes y el estimado de la recaudación del impuesto”, aunque, de entrada, Carlos Heller le aclaró que no se trata de un impuesto.

“No es un impuesto, es un aporte, diputado, disculpe que lo corrija…”, comentó el presidente de la comisión, aunque Buryaile aclaró que “no lo iba a convencer” y que “en la legislación tributaria no existe el concepto de aporte; sí existen impuestos, tasas y contribuciones”.

“Si es un aporte, puede ser voluntario”, insistió el radical, por lo que Heller anunció, minutos más tarde, que se corregirá el proyecto aclarando que el aporte será “obligatorio”, para evitar distintas interpretaciones.

Además, el oficialista especificó que “este no es un gravamen de Bienes Personales, sino que toma como base la declaración de Bienes Personales, que es otra cosa”.

Respecto de la información solicitada por Buryaile y la presentación de Marcó del Pont, Heller explicó: “Hemos trabajado sobre estimaciones porque no tenemos acceso a la información de la AFIP, que tiene una confidencialidad que debemos respetar”.

El presidente de la comisión dijo que se hicieron “proyecciones sobre declaraciones de años anteriores”. “Según la información que yo tengo, ni siquiera todavía se han completado las presentaciones de las declaraciones juradas de 2019”, añadió.

Por su parte, Javier Campos (Coalición Cívica) pidió consultarle a Marcó del Pont “cuál es el registro de contribuyentes que han abandonado la residencia fiscal del país desde diciembre del año pasado” y que ahora se verían impactados por la suba en Bienes Personales y, además, por el aporte solidario.

Sin embargo, Heller respondió que la AFIP no estaría en condiciones de brindar esa información. “No creo que ese dato esté disponible”, dijo.

El diputado de Consenso Federal Jorge Sarghini apoyó este viernes la moratoria ampliada, pero criticó el polémico artículo 11 del proyecto, al sostener que “no hay ningún fundamento para que los quebrados estén adentro de la moratoria”.

Sarghini expresó que el acompañamiento del bloque que comparte con Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez “a las razones generales que motivan la moratoria”, ya que “nadie discute lo que ha venido al mundo y a la Argentina con esta pandemia”.

En ese sentido, destacó que se haya atendido en el dictamen de mayoría “el reclamo que hicimos desde el primer día de darle un premio a los buenos contribuyentes”.

Sin embargo, advirtió que presentaron observaciones porque la iniciativa oficial permite acceder a la moratoria a empresas en quiebra.

El bonaerense recordó que ya en diciembre, cuando se sancionó la primera moratoria con la Ley de Solidaridad Social, “se excluyeron aquellas empresas que estaban en quiebra y que no tenían continuidad en la explotación, porque era por causas previas” a la pandemia.

“¿Cuál es la razón de que cuando se amplía el universo (de contribuyentes) se traen los quebrados que nada tienen que ver con la crisis de la pandemia? ¿Qué cambió? La única respuesta que recibimos de la titular de la AFIP (Mercedes Marcó del Pont) fue ‘yo como recaudadora quiero a todos’. Es un tanto pobre esa respuesta”, cuestionó el diputado.

Sarghini insistió en que “no hay ningún fundamento para que los quebrados estén adentro de la moratoria”.

Reconoció que siempre que se elabora un régimen de este tipo “es muy difícil distinguir entre buenos y malos contribuyentes”, pero pidió “no caer en la casuística” sino “hacer una ley justa y equitativa”.

“Nunca un evasor que no pudo pagar sus impuestos es igual a alguien que ha quebrado de manera fraudulenta”, concluyó el legislador.

Si bien el miembro informante de Juntos por el Cambio, el radical misionero Luis Pastori, se mostró muy de acuerdo en líneas generales con la moratoria propuesta, detalló una serie de elementos que hicieron que ese bloque tomara la decisión de abstenerse de votar favorablemente el dictamen de mayoría.

El legislador comentó que siempre consideraron que las moratorias constituyen “un premio a los vivos incumplidores, en desmedro de los tontos pagadores de impuestos”, pero en esta oportunidad consideró que “esta moratoria es una necesidad imperiosa para tantos contribuyentes que por efecto de la cuarentena prolongada que va a cumplir 150 días, se ven en serias dificultades para cumplir no solamente con sus obligaciones fiscales, sino también para con proveedores, compromisos bancarios, pago de sueldos, y por eso hemos aprobado hoy esta necesaria modificación que requería la Ley de Concursos y Quiebras”.

Al referirse puntualmente a la ley de moratoria, recordó el contexto que establece que entre febrero y abril de este año, alrededor de 15 mil empresas, el 2,8 del total, dejaron de presentar las declaraciones juradas ante la AFIP, y 193 mil empleadores recibirán este mes el auxilio de la ATP para cumplir con 2.040.000 salarios.

Asimismo, Pastori señaló que se registró en este contexto un incremento del 50% de la deuda tributaria del universo de contribuyentes.

El legislador por Misiones señaló que en esta ley se agregan, a instancias de la oposición, aportes que benefician a los contribuyentes cumplidores, “siguiendo la línea que durante el Gobierno de Cambiemos introdujimos en la moratoria de 2016, que premió a los cumplidores”. En este caso, aclaró que “los beneficios no tienen la dimensión que pretendemos, más bien suenan a pobres, pero no dejan de señalar un aspecto que creemos es de estricta justicia. Y vamos a acompañar esos artículos de premios a los contribuyentes cumplidores”.

Con todo, Juntos por el Cambio terminó presentando un dictamen de minoría. ¿Por qué? Pastori explicó que la norma “adolece de serios problemas que tienen que ver con su insuficiencia, que tienen un sesgo antiempresa, cargado de ideologismo, y lo más grave: el escandaloso artículo 11 que conduce a la impunidad de los autores de uno de los más grandes fraudes al fisco de los últimos tiempos. Me refiero a Oil Combustibles SA”.

“¿Por qué decimos insuficiente? Si bien han modificado la ventana del 30 de junio al 31 de julio, eso no soluciona la incorporación en la moratoria de los vencimientos para personas humanas para el impuesto a las ganancias y bienes personales correspondientes al año 2019”, señaló. Por el contrario, dijo, las personas jurídicas sí lo pueden incorporar, generando así lo que consideró “una gran inequidad en desmedro de las personas humanas”.

Al detallar las “insuficiencias” de la ley, agregó que no incorpora las deudas por aportes y contribuciones al sistema nacional de obras sociales, porque no amplía la ventana temporal de acceso a la moratoria prevista al 31 de octubre, siendo su propuesta la de llevarla al 30 de noviembre. Entre otras cosas, tampoco amplía el plazo de espera para el pago de la primera cuota. “Nuestra propuesta es llevarla al 1° de febrero de 2021; también porque no establece topes a la AFIP para la imposición de pagos a cuenta.

Con relación al sesgo antiempresa, Pastori mencionó dos artículos. Por el 8°, “se imponen distintas situaciones que pueden llevar a la caducidad del plan para aquellas grandes empresas que distribuyan utilidades a sus accionistas o socios, cuando accedan al mercado único y libre de cambios para realizar pagos de beneficios a sujetos vinculados en el exterior, por transferencias al exterior o compras de activos financieros por todo tipo de personas, poniéndole trabas así al funcionamiento a operatorias que son normales”.

Mencionó también el artículo que Carlos Heller acababa de señalar que habían modificado. El 2°, que excluía del beneficio a entidades financieras, compañías de seguros, y empresas de telefonía. “Pero dejan la limitación a las personas humanas y jurídicas que posean activos financieros en el exterior. Y acá viene lo insólito: excepto lo repatríen en un 30% del producido de su realización en un plazo de 60 días”, apuntó Pastori, que recordó luego que con la ley de emergencia aprobada en diciembre se buscó premiar a aquellos que repatriaran hasta un 5% de sus activos en el exterior, y resultó un fracaso. “Ahora se les pide un 30%. Esto, y decir que no pueden entrar a la moratoria es lo mismo”, apuntó.

Una vez concluido su discurso, Heller aclaró que en el apuro no había alcanzado a leer una modificación en ese punto, que quedó estableciendo “personas humanas o jurídicas que no revistiendo la condición de MyPEs, entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, etcétera, posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el 30%”.

La Ley Cristóbal

El diputado Luis Pastori apuntó luego al artículo 11, que definió como “la cláusula Cristóbal López”. Recordó el diputado que es práctica habitual en los regímenes de regularización impositiva la exclusión de los sujetos declarados en quiebra. “No existen razones de índole comercial, fiscal, ni legal, para ofrecer el beneficio de un plan de pago extraordinario para quien no cuenta con un flujo de fondos que garantice su cumplimiento en el tiempo”, apuntó el diputado, agregando que “no obstante el proyecto de ley prevé que accedan al régimen de regularización”.

El diputado recordó que Oil Combustibles presentó este año un pedido paga pagar su deuda que la AFIP dictaminó que debía ser rechazado. En ese sentido, Pastori advirtió que “con esta ley, la AFIP va a estar renunciando a cobrar 100 millones de dólares”, pasando a cobrar 130 o un poco más en casi diez años.

“Si a esto agregamos que se incorporan a la moratoria los impuestos a combustibles, juego, apuestas online, la verdad que si no es un traje a medida, que alguien diga exactamente qué es…”, concluyó Pastori, que advirtió que la ingeniería legal aplicada “luce como un traje a medida para una sola empresa. Esto imposibilita acompañar el dictamen de mayoría”.

“Todo podríamos haberlo consensuado, pero lo que no podemos de ninguna manera consensuar es la incorporación del artículo 11, un escándalo que hará que -ojalá me equivoque- esta ley sea recordada en el tiempo como la Ley Cristóbal. Nos vamos a abstener en votar el dictamen de mayoría, entonces, sino hay cambios”, cerró.

La Cámara de Diputados aprobó este viernes pasadas las 23 el proyecto de ley de moratoria impositiva, previsional y aduanera en el marco de la pandemia del Covid-19. La iniciativa amplía el universo de contribuyentes alcanzados originalmente en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

A continuación, los puntos centrales:

• El régimen alcanzará a todas las personas humanas y jurídicas. Esto abarca a pymes, monotributistas, trabajadores autónomos, cooperativas, clubes de barrio y también grandes empresas.

• La deuda total a regularizar es de 534.000 millones de pesos.

• Permitirá incluir deudas vencidas hasta el 31 de julio de 2020. El proyecto original establecía hasta el 30 de junio, pero el plazo se amplió.

• Será posible adherirse hasta el 31 de octubre de 2020.

• La primera cuota vencerá el 16 de noviembre.

• Solo quedarán afuera las deudas vinculadas a las obras sociales y a las ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo).

• Dependiendo del tamaño de las empresas e individuos que se adhieran, podrán regularizar sus deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras.

• Los plazos serán de hasta 48 o 60 cuotas para las obligaciones correspondientes a los recursos de la seguridad social.

• A pedido de la oposición, se otorgará un “premio” a contribuyentes cumplidores, basado en beneficios fiscales.

• Habrá condonación parcial de intereses y total de multas.

• Habrá una tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021 y, a partir de ese momento, una tasa variable en pesos.

• Permite utilizar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que el contribuyente tenga a favor en AFIP para compensar la deuda (sólo pueden utilizarse aquellos saldos existentes antes de la aprobación de la ley y no puedan utilizarse saldos técnicos para compensar).

• Por primera vez se establecen condiciones para las grandes empresas: durante 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.

El dictamen del Frente de Todos que se votará en el recinto

MORATORIA-DICTAMEN-FDT

El oficialismo buscará firmar este martes en la Cámara de Diputados el dictamen favorable sobre el proyecto de ley de moratoria universal, y también buscará avanzar con una ampliación presupuestaria para atender la pandemia del Covid-19.

Ambos temas serán abordados en una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller (Frente de Todos), a partir de las 11, y podrían ser tratados en sesión especial este mismo miércoles.

La moratoria impositiva, previsional y aduanera propuesta por el Poder Ejecutivo apunta a incorporar tanto a empresas como a personas humanas que quedaron afuera de la moratoria vigente, pudiendo incluir deudas contraídas hasta el mes de junio.

Los deudores podrán adherir el régimen hasta el mes de octubre y pagarán la primera cuota a mediados de noviembre, con diferentes planes de pago según el tipo de deuda. Según cálculos de la AFIP, la deuda total alcanzada es de 534.000 millones de pesos.

Durante el debate de la semana pasada, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal advirtieron sobre la posibilidad de incorporar a la moratoria a empresas en quiebra, en procesos iniciados con anterioridad a la pandemia.

Otro de los cuestionamientos tiene que ver con la inclusión de los impuestos al juego y a la Transferencia de Combustible (ITC), motivo por el cual Juntos por el Cambio denunció una “amnistía” para la firma OIL Combustibles, de Cristóbal López y Fabián De Souza.

A raíz de estos y otros cuestionamientos, el Frente de Todos decidió postergar una semana el dictamen y abrió un período de consultas y negociación cuyos resultados se conocerán en la reunión de este martes.   

El otro proyecto a tratar en la comisión es la readecuación de los recursos y gastos del Presupuesto vigente -que es una prórroga de la ley de 2019-, en el contexto de la emergencia sanitaria.

Según el proyecto enviado este viernes, los recursos totales -corrientes y de capital- aumentarán un 17,2%, mientras que los gastos totales tendrán un incremento del 33,6% respecto del Presupuesto vigente.

Por otra parte, como complemento a la moratoria, la oposición puja para avanzar este martes con un proyecto consensuado de modificación de la Ley de Concursos y Quiebras, para brindar mecanismos excepcionales a las pymes.

Puntos destacados de la ampliación presupuestaria

ANSES: Se destinarán 90.000 millones de pesos para cubrir el pago del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y otros 80.000 millones para el ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción).

Ministerio de Desarrollo Productivo: Tendrá un incremento de 1.625 millones de pesos con destino al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), para brindar líneas de financiamiento a empresas, MiPyMEs, cooperativas e instituciones de investigación y desarrollo que contribuyan a la emergencia sanitaria.

Ministerio de Educación: Se contemplan asignaciones por 1.500 millones de pesos en el marco de la iniciativa Volver a la Escuela, que apunta a garantizar el regreso seguro a las aulas.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: Se refuerza la necesidad de crédito en la Prestación por Desempleo en 5.000 millones de pesos. Adicionalmente, se prevén créditos por 250 millones para brindar ayudas económicas destinadas a trabajadores de actividades afectadas por la emergencia sanitaria, las medidas de aislamiento y distanciamiento vigentes.

Ministerio de Salud: Se contemplan asignaciones para la adquisición de insumos para mitigar la pandemia por 215,5 millones de pesos.

Poder Legislativo Nacional: Se propician incrementos por 210 millones de pesos destinados a la Dirección de Ayuda Social (DAS), la obra social del personal legislativo.

El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco presentó un proyecto de ley para reducir la tasa de intereses resarcitorios que cobra la AFIP por obligaciones tributarias vencidas, que tiene como propósito atenuar la situación económico-financiera de los contribuyentes en general, derivada del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y demás políticas públicas que, con fines sanitarios, han sido implementadas por el Poder Ejecutivo como consecuencia de la pandemia Covid 19. 

El proyecto fue acompañado por los senadores Víctor Zimmermann; Claudio Poggi; Stella Maris Olalla; Mario Fiad; Silvia Elías de Pérez; Silvia del Rosario Giacoppo ; Pamela Verasay y Eduardo Costa. 

Al respecto, el legislador señaló que “los contribuyentes de nuestro fisco nacional están atravesando, casi sin excepción, una situación que, en el mejor de los casos, consume los ahorros previos para paliar la falta de trabajo y actividad. El corriente ejercicio fiscal arrojará sin dudas resultados muy magros y quebrantos en la mayoría de ellos”. 

“Poniéndonos en el lugar de todos aquellos que hacen posible con sus recursos y su trabajo el sostenimiento del Estado, del cual somos sus mandatarios, tenemos el deber de alivianar su carga en esta situación tan agobiante y delicada”, agregó el diputado bonaerense. 

En este sentido, manifestó que, ante esta situación, “proponemos una limitación estrictamente temporaria al procedimiento de fijación de tasas vigente hoy, que se extienda solamente durante el corriente Ejercicio Fiscal 2020, el que está absolutamente marcado por la coyuntura del ASPO. Para este período, proponemos que la tasa de los intereses resarcitorios sea la mínima tasa de interés que paga hoy el Banco Nación por sus depósitos a plazo y no más, entendiendo que la postergación de pago de las obligaciones tributarias es en este caso una necesidad imperiosa”. 

Por otro lado, Blanco sostuvo que el nuevo proyecto de moratoria que envió el Gobierno al Congreso “es una medida pensada para beneficiar a los amigos del poder de Cristina Kirchner”. 

“El Gobierno incluyó en la moratoria un artículo que da toda la impresión que fue hecho especialmente para que zafen de sus deudas los empresarios K procesados por defraudación al estado. Yo lo llamo el ‘artículo Cristóbal López’ que permitirá entrar en un plan de regularización de deuda a 8 años todo lo que se apropió al no pagar el impuesto a los combustibles en su empresa, donde OIL Combustibles era solo un mero agente de percepción y se quedó con el dinero del fisco. No es dinero que OIL ganó y por el que no pagó sus impuestos. Es dinero que OIL recaudó para el fisco pero nunca le transfirió. Y fueron casi 1.000 millones de dólares de entonces que se van a financiar totalmente devaluados. Sumado a esto, se agrega a la moratoria la evasión escandalosa en el negocio del juego. Y si me contestan que otros empresarios bajo proceso también resultan beneficiados, respondo que es una injusticia igual”, sentenció Blanco 

El Frente de Todos buscará firmar este martes el dictamen favorable al proyecto de ley de moratoria ampliada enviado por el Poder Ejecutivo en el contexto de la pandemia del Covid-19. Será en una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, convocada para las 11.

La intención del oficialismo es tratar esta misma semana -posiblemente el jueves- el proyecto en sesión virtual, para luego girarlo al Senado. Se espera una aprobación por amplia mayoría en el recinto, aunque Juntos por el Cambio buscará imprimirle algunas modificaciones al texto original.

El interbloque presidido por Mario Negri tenía prevista una videoconferencia para este lunes a última hora, con el fin de definir la postura que llevarán a la discusión. La bancada podría presentar un dictamen propio si el oficialismo no acepta cambios en algunos artículos.

El debate comenzó el jueves pasado con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien destacó que la nueva moratoria alcanzará una deuda total de 534.000 millones de pesos, contraída tanto por personas humanas como por empresas en el marco de la emergencia sanitaria.

La nueva moratoria apunta a incorporar a aquellos que no accedieron al régimen establecido en la Ley de Solidaridad Social, sancionada en diciembre. Permitirá incluir deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2020 y la primera cuota vencerá el 16 de noviembre. Se podrá adherir, según el proyecto, hasta el 31 de octubre.

Habrá una tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021 -más baja que la de la moratoria vigente-, y a partir de ese momento habrá una tasa variable en pesos, es decir, se reformularán los planes ya ingresados.

Dependiendo del tamaño de las empresas e individuos que adhieran, podrán regularizar sus deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras. En el caso de los compromisos de la seguridad social, los plazos serán de hasta 48 o 60 cuotas. Quedarán afuera solo las deudas vinculadas a las obras sociales y a las ART.

Las objeciones de Juntos por el Cambio se concentran en al menos dos aspectos: el proyecto permite el ingreso al régimen a empresas que resuelvan su situación de quiebra en 90 días; e incluye la posibilidad de regularizar deudas originadas por el juego y el impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC).

Desde la principal bancada opositora advierten que con estas reformas podrían verse beneficiados los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, propietarios de la petrolera OIL Combustibles, que se encuentra en proceso de quiebra y que retuvo cifras millonarias por ese impuesto, en una maniobra que investiga la Justicia.

Asimismo, desde Juntos por el Cambio piden incorporar un “premio” a los contribuyentes cumplidores, entre otras cuestiones.

0002-PE-2020

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, precisó este jueves ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que la moratoria universal propuesta por el Poder Ejecutivo alcanzará una deuda total de 534.000 millones de pesos, un monto “equivalente a casi la cuarta parte de todo el crédito financiero al sector privado”.

Al participar de la reunión informativa que dio inicio al debate, Marcó del Pont detalló los aspectos principales del proyecto oficial y recordó que es una ampliación de la moratoria aprobada en diciembre con la Ley de Solidaridad Social.

“El problema del estrangulamiento financiero se generaliza al conjunto del entramado productivo, a las pequeñas, medianas y grandes empresas, pero también al conjunto de personas físicas, monotributistas y autónomos que no tenían el Certificado MiPyME y no habían entrado en la moratoria” anterior, explicó.

La funcionaria destacó que la nueva moratoria es “generosa y equitativa para todos los actores económicos y sociales”.

En ese sentido, resaltó que abarca una deuda total de 534.000 millones de pesos, incluyendo “la deuda que no se está pagando y la que sí esta regularizada con algún tipo de plan”. “Esta deuda es equivalente a casi la cuarta parte de todo el crédito financiero al sector privado”, agregó.

Además, Marcó del Pont mencionó que la deuda exigible se concentra en un 30% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; un 26% en provincia de Buenos Aires; un 7.3% en Santa Fe; un 6,8% en Córdoba; y un 4,2% en Mendoza, entre otros distritos. “La situación de endeudamiento con el fisco es relevante en casi todas las provincias”, dijo.

Por otra parte, la titular del ente recaudador señaló que “hay deudores con mayor espalda y otros deudores más débiles, por eso distinguimos entre las condiciones para pequeñas, micro, medianas y grandes empresas”.

En esa línea, indicó que “por primera vez en una moratoria se les exige a las grandes empresas que a cambio de los beneficios que van a recibir asuman compromisos concretos”, como por ejemplo “que por dos ejercicios fiscales no distribuyan utilidades, que no realicen pagos al exterior y que no realicen operaciones con títulos que estén destinadas a eludir la normativa cambiaria”.

Según precisó, entre diciembre y el 30 junio la deuda de las pymes aumentó un 61%, mientras que en el caso de las empresas grandes y las personas humanas que no pudieron ingresar a la moratoria actual, la deuda creció un 179%.

Marcó del Pont explicó los cambios con respecto a la moratoria vigente, entre ellos una baja de la tasa de interés, que será del 2% para los primeros meses y luego será variable. Detalló además que se incluyen todas las deudas vencidas al 30 de julio, se podrá adherir hasta fines de octubre y la primer cuota se pagará a mediados de noviembre.

“No estamos siendo demasiado innovadores respecto a los impuestos que se incluyeron en las moratorias de los últimos veinte años”, agregó la titular de la AFIP, y afirmó que “quedan afuera solamente las deudas vinculadas a las obras sociales y a las ART”.

“El esfuerzo que estamos haciendo es garantizar la sobrevida del mayor universo de empresas de la Argentina”, sostuvo Marcó del Pont, y agregó que “la moratoria es parte de cómo estamos pensando el futuro y estará acompañada de muchas más medidas para dar vuelta el ciclo económico”.

En tanto, consideró ante consultas de la oposición que “medir costos fiscales es muy difícil”. “Si no habilitáramos este respirador, no sé qué pasaría con la recaudación”, reconoció, y habló de “930.000 contribuyentes, de los cuales el 54% son pymes”.

El diputado nacional radical Luis Pastori presentó un proyecto de ley para suspender hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta 90 días después de finalizado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el inicio de los juicios de ejecución fiscal que la AFIP realiza a los contribuyentes con deudas vencidas vigentes ante dicho organismo recaudador.  

“A través de estos juicios, la AFIP cobra a los contribuyentes, de manera judicial, pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones, multas ejecutoriadas, intereses u otras cargas cuya aplicación, fiscalización o percepción, esté a cargo de dicho organismo”, explicó el diputado. 

En este sentido, el legislador por Misiones señaló que “AFIP, en fecha 4 de junio pasado y a través de la Resolución General 4730, postergó el inicio de las ejecuciones fiscales hasta el 30 de junio de 2020, pero ante la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio, dicha fecha resulta a todas luces insuficiente, ya que los contribuyentes no habrán recuperado capacidad de pago y de cumplimiento de sus obligaciones tributarias vencidas y vigentes, teniendo en cuenta además que el ASPO se ha extendido hasta el 28 de junio próximo y la posibilidad latente de su extensión ya fue anunciada por diversos voceros oficiales”. 

Además, propuso “suspender por el mismo lapso la prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar impuestos y exigir su pago, así como para aplicar y hacer efectivas las sanciones de multas y clausuras, porque hasta tanto no finalice el actual aislamiento, los contribuyentes no recuperarán capacidad de pagar las obligaciones tributarias vencidas vigentes”. 

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció este lunes una “persecución” por parte de la AFIP durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, a raíz de una deuda fiscal que asciende a los 8 millones de pesos sobre multas en relación al impuesto a las Ganancias durante los períodos 2011, 2012 y 2016.

A través de su Twitter, la titular del Senado publicó el escrito que presentó ante el juez federal de Río Gallegos y ante el organismo recaudador, que conduce actualmente Mercedes Marcó del Pont.

Bajo el título “Para los que todavía no creen y para los que aún no se enteraron” y haciendo referencia al concepto de “lawfare”, CFK aseguró que “a partir de que Mauricio Macri llegó al gobierno, el 10 diciembre del 2015, se armaron verdaderos grupos de tareas desde las distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional (AFI, AFIP, UIF, OA, etc…) que articularon una feroz e inédita campaña de persecución contra mi persona y mi familia”.

La vicepresidenta afirmó que funcionarios de la AFIP, durante el gobierno anterior, “actuaron como un grupo de tareas y que en coordinación con sectores del Poder Judicial operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal contra mí persona”. “Una perlita: al ‘procedimiento’ clandestino lo iniciaron el 26 de octubre del 2017, cuatro días después de ser electa senadora Nacional por la Provincia de Buenos Aires”, agregó.

La exmandataria negó “enfáticamente la existencia de la deuda en ejecución” y dijo que “jamás fui notificada”, hasta que se enteró el 17 de diciembre de 2019. Además, pidió la nulidad ante la “inexistencia manifiesta de la deuda”.

“La magnitud del hostigamiento que vengo sufriendo desde hace años excede ya la cuestión exclusivamente política y permite encuadrarla como violencia perpetrada por el Estado contra una mujer que ha ejercido y ejerce actualmente las más altas magistraturas de este país, sometiéndome determinados integrantes del Poder Judicial de la Nación a tratos verdaderamente inhumanos, que violentan el derecho a mi integridad física y moral, el derecho a mi libertad y seguridad personal, el derecho a que se respete mi dignidad y que se proteja a mi familia, mi derecho de igualdad de protección ante la ley y de la ley”, sostuvo la vicepresidenta.

Además llamó “sicario judicial” al juez federal Claudio Bonadio, quien la llamó a ocho indagatorias “durante la mañana del 25 de febrero de 2019, 69 aniversario del nacimiento de mi esposo y padre de mis hijos: Néstor Carlos Kirchner. Tampoco ello fue casualidad. El mismo Juez, el día 14 de julio de 2015 allana en la ciudad de Río Gallegos las oficinas de Máximo Kirchner con el consiguiente estrépito fori. Ese día, su hijo Néstor Iván, mi nieto, cumplía cuatro años. Aún recuerdo el temor de su madre que allanaran la casa durante el cumpleaños de la criatura. En fin…”.

En el escrito, la presidenta de la Cámara alta solicitó librar oficio al juzgado de Bonadio “a los efectos de obtener la totalidad de la documentación contable de nuestra familia que fuera secuestrada en el marco de las diversas causas armadas por el titular de ese juzgado, Claudio Bonadio, en los múltiples allanamientos realizados tanto en la oficina de mi hijo, Máximo Kirchner, como en la de quien fuera nuestro contador, Víctor Manzanares, que por obvias razones contaba con toda la información y documentación”.

También cargó por “el comportamiento de los funcionarios” del organismo durante el macrismo “los cuales promovieron procesos ejecutivos irregulares en contra de mis hijos, reclamándoles el pago de tributos por bienes de los que habían sido despojados”.

“Mediante una ilegal orden impartida por una Fiscalía federal se le ordena a la AFIP el inicio de una verificación, prohibiéndole al organismo tomar contacto con esta contribuyente, no se me ha notificado de absolutamente nada, se me ha vedado la posibilidad que como ciudadana y contribuyente tengo de participar de la inspección, de ofrecer pruebas, de aportar datos, de dar crédito a mi buena conducta como contribuyente, de desvirtuar las infundadas presunciones en las que se basa el ajuste, de poder recurrir los actos administrativos, de poder impugnar ante la justicia no sólo el ajuste sino la millonaria multa de carácter penal que infundadamente se me ha impuesto en la sede administrativa, etc., etc.”, resumió.

Y por último se quejó de que “para incrementar el ahogo financiero, el Poder Ejecutivo de la Nación también me privó de la pensión que me correspondía en carácter de ex Presidenta de la Nación”.