La oposición había solicitado que se la convoque a raíz del polémico decreto 780, por el cual se modificó la reglamentación de la Ley 27.275. Asistirá el próximo 8 de octubre.
La titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, fue convocada a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el próximo 8 de octubre. La reunión será a las 13 en el Salón Delia Parodi, mismo día en que se estima arrancará el debate por el Presupuesto 2025.
La presencia de la funcionaria había sido requerida días atrás, vía una nota formal, por diputados de la oposición dialoguista: la radical Karina Banfi; el cívico Juan Manuel López; Silvana Giudici y Silvia Lospennato, del Pro; y Miguel Pichetto y Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal.
En la solicitud enviada al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, los legisladores consideraron que “sería menester que brinde información pertinente al decreto 780/24, debido a los planteos en la opinión pública y de los diputados que integran este cuerpo acerca de la viabilidad constitucional de la reglamentación efectuada por el Poder Ejecutivo a la Ley 27.275”.
El pasado 4 de septiembre, durante la presentación Guillermo Francos, varios diputados consultaron al jefe de Gabinete sobre el decreto. Algunos, como Banfi, reclamaron directamente su derogación. En esa oportunidad, el funcionario dijo que “no hay ninguna intención del Gobierno nacional de limitar el acceso a la información pública” y abrió la puerta a una revisión del mismo. Pero más tarde, desde Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni avisó que no se harían cambios.
Sin embargo, la preocupación en torno a las modificaciones en el acceso a la información pública fue trasladada también, en reuniones con funcionarios, por los aliados del Pro. Más precisamente en el encuentro que tuvieron con Karina Milei, cinco días después del paso de Francos por el Congreso, y cuando el jefe de Gabinete se encontraba internado.
Tras su publicación, el decreto 780/24 sumó cuestionamientos no sólo desde el Congreso, sino por parte de distintas asociaciones, organizaciones, entidades periodísticas y Defensorías del Pueblo de todo el país.
El bloque de la UCR presentó un proyecto de declaración de rechazo; la CC-ARI propuso su derogación; mientras que Unión por la Patria y Encuentro Federal presentaron sendas iniciativas para declararlo “nulo de nulidad absoluta e insanable” por haberse arrogado el Ejecutivo atribuciones del Poder Legislativo en los cambios introducidos.
A través del decreto, el Gobierno excluyó de la información pública el pedido sobre datos del ámbito privado de los funcionarios, “especialmente” cuando la solicitud pretenda “ingresar a una esfera típicamente doméstica”.
Entre los cambios, se redefine el concepto de “documento” para que las deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo y exámenes preliminares de asuntos gubernamentales no sean considerados de carácter público.
Otra de las modificaciones que encienden las alarmas tiene que ver con que se establece que debe respetarse el principio de “buena fe”, o de lo contrario se podrá entender que existe un “abuso del derecho” remitiendo al artículo 10 del Código Civil.
La solicitud, encabezada por la radical Karina Banfi, fue enviada al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El motivo es por el polémico decreto 780.
A raíz de un tema que trajo gran polémica días atrás, como lo fue el decreto 780/24, un grupo de diputados de diferentes bloques presentaron un pedido para que se convoque a la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena.
En la solicitud enviada al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, los legisladores consideraron que "sería menester que brinde información pertinente al decreto 780/24, debido a los planteos en la opinión pública y de los diputados que integran este cuerpo acerca de la viabilidad constitucional de la reglamentación efectuada por el Poder Ejecutivo a la Ley 27.275".
La misiva lleva las firmas de la radical Karina Banfi; el cívico Juan Manuel López; Silvana Giudici y Silvia Lospennato, del Pro; y Miguel Pichetto y Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal.
El pasado 4 de septiembre, durante la presentación Guillermo Francos, varios diputados consultaron al jefe de Gabinete sobre el decreto. Algunos, como Banfi, reclamaron directamente su derogación. En esa oportunidad, el funcionario dijo que “no hay ninguna intención del Gobierno nacional de limitar el acceso a la información pública” y abrió la puerta a una revisión del mismo. Pero más tarde, desde Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni avisó que no se harían cambios.
Sin embargo, la preocupación en torno a las modificaciones en el acceso a la información pública fue trasladada también, en reuniones con funcionarios, por los aliados del Pro. Más precisamente en el encuentro que tuvieron con Karina Milei, cinco días después del paso de Francos por el Congreso, y cuando el jefe de Gabinete se encontraba internado.
Tras su publicación, el decreto 780/24 sumó cuestionamientos no sólo desde el Congreso, sino por parte de distintas asociaciones, organizaciones, entidades periodísticas y Defensorías del Pueblo de todo el país.
El bloque de la UCR presentó un proyecto de declaración rechazo; la CC-ARI propuso su derogación; mientras que Unión por la Patria y Encuentro Federal presentaron sendas iniciativas para declararlo "nulo de nulidad absoluta e insanable".
A través del decreto, el Gobierno excluyó de la información pública el pedido sobre datos del ámbito privado de los funcionarios, "especialmente" cuando la solicitud pretenda "ingresar a una esfera típicamente doméstica".
Entre los cambios, se redefine el concepto de "documento" para que las deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo y exámenes preliminares de asuntos gubernamentales no sean considerados de carácter público.
Otra de las modificaciones que encienden las alarmas tiene que ver con que se establece que debe respetarse el principio de "buena fe", o de lo contrario se podrá entender que existe un "abuso del derecho" remitiendo al artículo 10 del Código Civil.
La diputada radical Karina Banfi cargó contra el Poder Ejecutivo al publicar que “el gobierno está legislando por decreto excepciones que sólo puede hacer la ley”.
Salió publicado este lunes en el Boletín Oficial el DNU 780/2024 por el que el Poder Ejecutivo Nacional modificó por decreto a la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública y desde la oposición cuestionaron al Gobierno nacional acusándolo de “legislar por decreto excepciones que sólo puede hacer la ley”.
La diputada radical Karina Banfi alertó de lo sucedido en X y brindó una detallada explicación de las modificaciones: “El acceso a la información pública es un derecho humano. En el gobierno de Cambiemos logramos que la información sea ciudadanos. El Estado tutela, ordena y pone a disposición. Nunca más puede un funcionario decir qué podemos preguntar y qué no”.
De ese modo, agregó que “cualquier funcionario tiene posibilidad de negar la información si considera que se trata de una excepción legal. Será un juez quien determine si esa información es de interés público o no. Pero nunca puede un decreto determinar qué constituye interés público y qué no”.
“En la ley de acceso a la información (27.275) las limitaciones son restrictivas: cuestiones de índole privada (intimidad), con fondos privados, seguridad, defensa. Para el caso de duda o de disputa, existe un órgano garante que tiene autonomía para defender nuestro derecho”, explicó Banfi.
Además, criticó al DNU 780/24: “El decreto 780/2024 desconoce la ley y confunde la naturaleza de la información. Hay derecho a saber qué hace el Estado y cómo se usa la plata de los impuestos. Hay causales en la ley para denegar, proteger o tachar info prevista en excepciones”.
Para terminar, apuntó contra el Gobierno y solicitó la urgente intervención de la Agencia de Acceso a la Información Pública, a cargo de Beatriz Anchorena, para se expida y defienda el derecho ciudadano a saber. Por último, la diputada radical señaló: “El gobierno está legislando por decreto excepciones que sólo puede hacer la ley”.
Del mismo espacio en la Cámara baja, Carla Carrizo también cargó: “No vale autopercibirse como el máximo defensor de las ideas de la libertad en el mundo y siendo presidente de Argentina limitar el derecho a la información pública decretando al secreto como razón de Estado. Hoy no es un Buen Lunes”.
Karina Banfi presentó un proyecto de resolución sobre la decisión que tomó la flamante titular de ese organismo, Beatriz de Anchorena.
La diputada nacional Karina Banfi (UCR), acompañada por medio centenar de sus pares, presentó un pedido de informes sobre la suspensión de entrega de información por parte de la Agencia de Acceso a la Información Pública, situación que también provocó una denuncia penal por parte de la Fundación Apolo.
La radical, que había impugnado la designación de Beatriz de Anchorena, señaló que la primera medida que tomó la funcionaria al ser designada al frente del organismo fue "suspender y prorrogar por 20 días hábiles los plazos administrativos de la Agencia, entre el 10 de marzo y el 10 de abril de 2022". "La consecuencia de esta medida es una violación de la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública", advirtió.
En ese sentido, la legisladora de Juntos por el Cambio aseveró que "la medida de Anchorena implica la violación de un derecho humano fundamental que está consagrado en nuestra Constitución y por tratados internacionales. El acceso a la información es un componente clave para la libertad de pensamiento y expresión, fundamental para acceder a otros derechos sociales, económicos y culturales”.
En en proyecto de resolución, además de pedir informes, se denuncia también que la resolución del organismo solo se ingresó a la sección de normativas de la página de la Agencia y no fue publicada en el Boletín Oficial, violando así las obligaciones de publicidad y de transparencia activa de todas las disposiciones de gestión administrativa que de ella misma emanan.
“Los plazos de entrega de la información son una cuestión central de la Ley N°27.275 de Acceso a la Información Pública", señaló Banfi, impulsora de esa norma, y agregó: "La resolución que los suspende implica una violación directa de la normativa que no se puede tolerar porque lo que está en juego es un derecho humano".
"Además de presentar el proyecto, intimé mediante carta documento a Anchorena para que disuelva el acto administrativo. Esta medida evidencia la falta de idoneidad de la nueva titular”, completó la diputada.
El proyecto de resolución fue acompañado por Mario Negri, Graciela Ocaña, Marcela Campagnoli, Gerardo Millman, Mariana Stilman, Leonor Martínez Villada, Juan Manuel López, Pablo Torello, Pamela Verasay, María Sotolano, Virginia Cornejo, Gabriela Lena, Paula Olivetto, María Eugenia Vidal, Lidia Ascárate, Gustavo Hein, Mario Barletta, María Luján Rey Silvia Lospennato, Soher El Sukaria, Sofía Brambilla, Omar de Marchi, Federico Angelini, Rubén Manzi, Hector Stefani, Dolores Martínez, Alejandro Cacace, Marcela Colli, Roxana Reyes, María Soledad Carrizo, Jorge Rizzoti, Roberto Sánchez, Martín Arjol, Juan Martín, Hugo Romero, Gerardo Cipolini, Victoria Borrego, Carolina Castets, Ana Clara Romero, Manuel Aguirre, Camila Criscimbeni, Gustavo Santos, Ingrid Jetter, Carlos Zapata, Julio Cobos, Francisco Monti, Lisandro Nieri, Pedro Galimberti, Danya Tavela, Germana Figueroa Casa y Sabrina Ajmechet.
Así lo informó a través de un comunicado la Fundación Apolo, cuyo equipo legal realizó la denuncia contra la funcionaria por “suspender el derecho de acceso a la información pública”.
La Fundación Apolo dio a conocer a través de un comunicado que su equipo legal denunció este lunes a la flamante titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz De Anchorena, por los “delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, a raíz de una “prórroga excepcional” que estableció apenas asumió el cargo.
En la presentación, que lleva la firma de los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y Juan Pablo Pane, se imputa a la denunciada la “posible comisión de los delitos previstos en los arts. 248 y 249 del Código Penal, en razón de que De Anchorena dictó la resolución 2022-1-APN-AAIP por la cual estableció una prórroga excepcional de los plazos de los procedimientos administrativos en la Ley 27.275 de acceso a la información pública, cuyo vencimiento opere entre el 10 de marzo y el 10 de abril del 2022”.
Los denunciantes cuestionan que la flamante funcionaria “haya suspendido plazos creados por ley, mediante una mera resolución administrativa”, lo cual a criterio de los abogados de la Fundación Apolo “constituye un verdadero disparate”.
En el escrito de la denuncia, además, se sostiene que: “El artículo 1° de la Ley 27.275 establece para la materia que nos ocupa, entre otros, el principio de máxima premura: la información debe ser publicada con la máxima celeridad y en tiempos compatibles con la preservación de su valor”.
“¿Qué utilidad tendría para un ciudadano recibir la información pública solicitada si, a causa de una ilegítima prórroga, prescriben los plazos para accionar contra ilícitos administrativos o penales de funcionarios públicos? ¿Qué utilidad tendría la información obtenida luego de una prórroga ilegítima, si se vuelve inútil por desactualizada, la información obtenida por un ciudadano, ya sea para controlar al poder o para tomar decisiones sobre su propia vida?”, preguntaron los denunciantes.
La Fundación Apolo, a través del responsable de su equipo legal Magioncalda, ya había cuestionado a De Anchorena en la audiencia pública previa a su designación, al considerar que carecía de idoneidad profesional y moral.
La causa, que lleva el número 873/2022 quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello.
La diputada radical participó de la audiencia pública en la que expuso Beatriz de Anchorena. "Carece de idoneidad e imparcialidad", enfatizó la opositora.
En el Centro Cultural Kirchner se llevó a cabo la audiencia pública para designar como nueva directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública a Beatriz de Anchorena. La candidata -que actualmente se desempeña como subsecretaria de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público- fue propuesta por la Jefatura de Gabinete. Durante el evento expuso sobre la pertinencia de su designación, su plan de trabajo, sus antecedentes y respondió las observaciones realizadas a su candidatura.
Entre las observaciones presentadas se destacó la de la diputada nacional Karina Banfi (UCR), quien fue impulsora de la Ley de Acceso a la Información Pública en 2016. “Lamentablemente nos encontramos de nuevo con una candidata que carece de las credenciales de idoneidad e imparcialidad necesarias que la ley impone para dirigir este organismo de control", apuntó la radical.
La legisladora planteó que "la señora Anchorena cuenta con algunas consideraciones académicas y profesionales pero no tiene ningún antecedente sobre acceso a la información pública y mucho menos sobre protección de datos personales. Ni a nivel laboral, ni académico. Hoy es parte de la Jefatura de Gabinete, forma parte del Instituto Patria y su trayectoria refiere a temas de administración pública”.
“La idoneidad de los candidatos no se puede presuponer sino que debe demostrarse mediante el análisis de sus antecedentes de manera objetiva. Además, ¿qué capacidad política va a tener para impulsar la modificación a Ley de Datos Personales? Quien no quiso tratarla en el Senado fue la presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que también forma parte del Instituto Patria”, cuestionó.
Banfi no solo expuso en carácter de diputada, sino que es una experta en la materia; entre sus credenciales se destaca el rol que cumplió como cofundadora y exsecretaria ejecutiva de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, una red regional conformada por 24 organizaciones no gubernamentales de 19 países de Latinoamérica dedicada a la promoción de leyes de Acceso a la Información Pública y la defensa de la libertad de expresión en las Américas. A su vez, fue consultora para la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y coordinó programas regionales de transparencia y gobernabilidad para la Organización de los Estados Americanos (OEA).
