Legisladores de la oposición se sumaron al rechazo que organizaciones y familias que trabajan con la discapacidad levantaron contra una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la que se reincorporan términos como "idiota", "imbécil" y "débil mental" para referirse a personas con discapacidad intelectual.

Se trata del anexo de la resolución 187/25, publicada en el Boletín Oficial el pasado 16 de enero, donde el organismo estableció el Baremo para la evaluación médica de invalidez de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. A posteriori, el Gobierno volvió sobre sus pasos y atribuyó a un “error” el uso de esos términos, aclarando que “modificará” la resolución publicada en el Boletín Oficial.

"La resolución 187 del Gobierno incluye conceptos como 'idiota', 'imbécil' y 'débil mental' para evaluar las pensiones por discapacidad. Atrasan 200 años. Son ignorantes, son perversos o las dos cosas a la vez. Presenté un proyecto de ley para derogarlo", escribió en su cuenta de X el diputado Daniel Arroyo (UP), presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja.

Además, a través de un video evaluó "tres opciones" ante tal medida: "O son ignorantes, no tienen la más pálida idea de lo que están haciendo en la ANDIS. En segundo lugar, son perversos, quieren lastimar y a partir de ahí buscar un ajuste y lastimar a las personas. O la tercera opción, son ignorantes y perversos". "Si alguien tiene un poquito de humanidad en el Gobierno debería estar ya yendo para atrás", agregó, cosa que el Gobierno terminó haciendo.

La Resolución 187 del Gobierno incluye conceptos como "idiota", "imbécil" y "débil mental" para evaluar las Pensiones por Discapacidad.
Atrasan 200 años. Son ignorantes, son perversos o las dos cosas a la vez.
Presenté un Proyecto de Ley para derogarlo. pic.twitter.com/15ncO0KzX6

— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) February 27, 2025

Por su parte, la senadora Lucía Corpacci (UP) señaló que en "un nuevo acto de desprecio hacia el otro, a los que nos tiene acostumbrado el gobierno de Milei, se plasma al fijar las condiciones para el otorgamiento de las pensiones de invalidez cuando en el artículo 13 de la normativa califica a las discapacidades mentales como idiota, imbécil y débil mental; estas expresiones vertidas en la resolución 187/25 constituyen un acto de violencia institucional que va en contra de los tratados internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país, favoreciendo los estereotipos, prejuicios y malas prácticas para con las personas con discapacidad".

La titular de la Comisión de Salud del Senado aseguró que "los términos utilizados por el gobierno son retrógrados, nos atrasan en el tiempo y nos llevan a un modelo que no reconoce a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho en igualdad de condiciones, dejando de lado la terminología respetuosa y científica que se venía implementando hasta la actualidad, en donde se calificaba como Discapacidad Intelectual Leve, Moderada, Grave y Profunda".

Un nuevo acto de desprecio hacia el otro, a los que nos tiene acostumbrado el gobierno de Milei, se plasma al fijar las condiciones para el otorgamiento de las pensiones de invalidez cuando en el art 13 de la normativa califica a las discapacidades mentales como idiota, imbécil y… pic.twitter.com/DkBMOdQnsQ

— Lucía Corpacci (@LuciaCorpacci) February 27, 2025

En tanto, el diputado Nicolás Del Caño (FIT) reclamó: "Basta de estigmatizar y discriminar a las personas con discapacidad. Alertamos sobre el contenido de la resolución 187/25 que atenta nuevamente contra los derechos de las personas con discapacidad y pretende establecer nuevos 'viejos' criterios para acceder a las pensiones, con definiciones restrictivas y discriminatorias".

"Vamos a presentar en el Congreso un proyecto para rechazarla, y seguiremos acompañando los reclamos y las demandas de las personas con discapacidad y sus familias", anticipó el legislador.

El senador Mariano Recalde (UP) consideró que "la discriminación del Gobierno a las personas con discapacidad es indignante e inaceptable. Todo para seguir ajustando a los que más necesitan! O también son la casta?". "La crueldad es la antesala de la motosierra y hoy cruzaron un límite. Ya nadie puede decir que al presidente hay que darle herramientas. Hay que ponerle un freno", enfatizó.

"IGNORANCIA Y CRUELDAD. La nueva normativa de la Agencia Nacional de Discapacidad reincorpora terminología obsoleta y degradante como 'idiota', 'imbécil' y 'retardado mental' en la evaluación de personas con discapacidad intelectual para otorgar las pensiones no contributivas", fue el mensaje de diputada Natalia De la Sota (EF).

En la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados se dio este miércoles dictamen a un proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) vuelva a funcionar bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. 

El presidente de la comisión, y autor de la iniciativa, Daniel Arroyo (UP), señaló que esto va en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que “establece que los organismos competentes con discapacidad no tienen que estar ni en salud, ni en desarrollo social, ni en educación, sino en áreas que articulen varios ministerios”, porque tienen que cumplir varias competencias. 

El legislador recordó que durante el gobierno de Cambiemos la ANDIS pasó a la Secretaría General, y esto se mantuvo durante la gestión del Frente de Todos. “Este Gobierno arrancó teniéndola en la Jefatura y ahora fue a Salud” lo cual “complica para las competencias que tenga que realizar en educación y trabajo”, apuntó. 

Por otro lado, se despacharon distintos pedidos de informes sobre las pensiones por invalidez no contributivas. Arroyo anunció que el próximo martes 15 de octubre a las 13 se realizará una reunión informativa “por todo el debate que se ha dado y el nuevo decreto que objetivamente es un retroceso respecto a las personas con discapacidad”. 

Al hacer hincapié en el tema de las auditorías, el diputado Nicolás Del Caño (FIT) explicó que su solicitud tiene que ver con que “no tenemos ninguna información oficial sobre cómo es la metodología, cómo se está haciendo” y el Gobierno ha dispuesto “condiciones totalmente restrictivas” de acceso para las pensiones por invalidez. “Queremos saber si busca un recorte, que es tremendo, o si hay alguna política que vaya en función de las necesidades de todo el colectivo”, expresó. 

En otro orden, se dictaminó un pedido de informes sobre la Ley 26.816 de “Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad”, impulsado por la diputada Natalia Sarapura (UCR), quien dijo que se busca “profundizar sobre el cumplimiento de la ley”. “Nos va a dar información para seguir pensando una deuda pendiente de la reglamentación y construir una agenda que nos permita dar garantías”, señaló la radical. Entre las consultas, se pregunta sobre qué presupuesto, qué seguro se prevé para las personas, cuántos son en cada provincia y qué organismos están afectados, entre otros puntos. 

Además, el temario incluyó un beneplácito por las tres medallas de oro obtenidas por la delegación argentina de natación paralímpica en la World League, que se llevó a cabo del 30 de mayo al 2 de junio en Alemania. “Es importante visibilizar y reconocer el deporte paralímpico”, sostuvo la diputada Karina Bachey (Pro).

Al tomar la palabra, la legisladora Magalí Mastaler (UP) propuso hacer una reunión conjunta de la Comisión de Discapacidad y la de Deportes, que ella preside, para hacer un reconocimiento a la delegación de deportistas que han participado en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Sarapura pidió sumar a la Selección de “Las Murciélagas”. 

En un trabajo articulado entre el municipio de San Fernando y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se tramitaron los Certificados Médicos Obligatorios (CMO) de más de 400 vecinas y vecinos con discapacidad para que puedan ejercer su derecho a percibir una Pensión No Contributiva.

El secretario de Deporte de la Municipalidad de San Fernando Carlos Traverso, en compañía del secretario de Salud municipal, Marcelo Campos, destacó que “hoy es un día muy importante para las vecinas y vecinos de San Fernando; estamos desarrollando un operativo junto al ANDIS trabajado durante todo el verano. Más de 400 vecinas y vecinos se acercaron al Poli 8 a realizar el trámite del CMO que les permite tener una pensión contributiva, lo que hace tiempo muchísimas personas anhelaban y necesitaban para poder desarrollarse" y añadió que “este trabajo articulado entre municipio y Nación hoy se ve reflejado acá en la cantidad de vecinos que se acercaron. Como siempre nos pide el intendente Andreotti, este gran operativo conjunto se hace para ofrecerle a la gente una mejor calidad de vida”.

En tanto, el Coordinador del Área de Discapacidad del municipio, Lisandro Kolodny, quien estuvo con su Subsecretaria Deporte Ana Aused sostuvo que “trabajamos articuladamente con la Agencia Nacional de Discapacidad para que más de 400 vecinos de San Fernando listados en la ANDIS realicen el Certificado Médico Oficial, fundamental para que puedan acceder a una Pensión No Contributiva. Esto es un cambio de paradigma, con la idea de simplificar los trámites para que nuestros vecinos accedan a su derecho de la Pensión No Contributiva sin necesidad que la gente traiga toda la documentación, porque acá se le facilita fotocopiadora. El objetivo es que, a lo largo de este semestre, las vecinas y vecinos que lo necesiten puedan acceder a este derecho”.

“En el día de hoy, son casi 450 personas citadas, y debido al éxito de la jornada estamos evaluando la posibilidad de hacer una nueva porque muchos vecinos 

que no estaban en el listado están llegando y los atendemos; toda la gente será citada”, finalizó Kolodny.

También estuvo presente en el acto la directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS, Paula Martínez quien expresó: “Vinimos acá para hacer los Certificados Médicos Obligatorios en un trabajo en conjunto del Estado Nacional junto a los médicos de San Fernando. El CMO es requisito excluyente para la pensión no contributiva; entre la pandemia y la gestión anterior que no avanzó con las pensiones, teníamos 80.000 trámites pendientes de personas altamente vulnerabilizadas y con difíciles condiciones de salud que necesitan de la presencia del Estado y del Municipio, y acá estamos recogiendo documentación”. 

La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba) presentó este martes un pedido de informes para clarificar que ocurrió con “la subejecución y desvío presupuestario en el área de discapacidad en el 2022”, así también como la situación actual de las obligaciones de pago a prestadores de servicios por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Además, expresó: “Queremos saber qué hicieron con las partidas que no se devengaron en el año 2022, donde fueron reasignadas y cómo se están ejecutando las partidas presupuestarias este año, ya que tenemos conocimiento que hay demoras en la ejecución al día de hoy”.

Del mismo modo, agregó: “En el área de salud referida a discapacidad, se están tomando decisiones con una carencia de datos técnicos que nunca fueron explicitados por el poder ejecutivo, generando una pauperización de los programas de servicios para personas con discapacidad y de los propios trabajadores, prestadores de servicios”.

7116-D-2022

Acompañaron la iniciativa los diputados nacionales: Juan Carlos Polini (UCR – Chaco); Ximena García (UCR – Santa Fe); Gerardo Cipolini (UCR – Chaco); Roberto Sánchez (UCR – Tucumán); Gabriela Lena (UCR – Entre Ríos); Juan Martín (UCR – Santa Fe); Carla Carrizo (Evolución Radical – CABA); Manuel Aguirre (UCR – Corrientes); Margarita Stolbizer (Encuentro Federal – Buenos Aires); Pablo Torello (Pro – Buenos Aires); Laura Rodríguez Machado (Pro – Córdoba); Dolores Martínez (Evolución Radical – CABA); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica – ARI – CABA); y el jefe de bloque radical Mario Negri.

Por segunda semana consecutiva, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, asistió a la comisión homónima de la Cámara de Diputados. En esta ocasión, en la reunión que se realizó en la Sala 1 del Anexo, respondió preguntas de los legisladores, cuestión que quedó pendiente en su exposición del miércoles pasado.

La sesión comenzó pasadas las 9.30 cuando el presidente de la comisión, Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), presentó al funcionario de la ANDIS, que asistió para aclarar todo tipo de dudas y cuestiones vinculadas a la temática.

La primera en consultar fue la diputada nacional Dina Rezinovsky (Pro-CABA), quien presentó dudas sobre el “Programa AccesAr”, los criterios de selección de municipios beneficiados, importación de insumos y cuestionó que “no se haya designado un funcionario al frente del Observatorio”.

Galarraga le respondió: “Hicimos una selección de municipios que venían trabajando con la Agencia, planteamos cambios de esquemas y desafíos del plan AccesAr. No se trata de un financiamiento exclusivo, sino que es un abordaje integrado entre la Agencia y los municipios, por eso se necesita el máximo involucramiento”.

En tal sentido, el funcionario explicó que “actualmente hay 43 municipios que recibieron importes para adquirir mobiliarios, computadoras y señalética”. Además mencionó “la idea de sumar 100 municipios más al plan y capacitar a más de 500 trabajadores municipales que forman parte del programa”.

Respecto a complicaciones en la importación de insumos, el titular de la ANDIS explicó que “no hay reportes con denuncias sobre que sea obstáculo. Se habló con AFIP y Aduana para facilitar la importación porque sabemos que el faltante es una barrera para las personas con discapacidad”.

La legisladora Rezinovsky cuestionó la falta de un funcionario al mando del Observatorio de la Discapacidad, por lo que Galarraga contestó: “La renuncia de la última directora fue en septiembre del 2021 y no designamos a nadie porque entendemos que el Observatorio no debe funcionar en la órbita de la Agencia y por eso no designamos, debe ser independiente y lo creemos así”, y concluyó: “El organismo que monitorea y controla no debe estar dentro del que debe controlar”.

Respondidas las primeras cuestiones, llegó el turno de la diputada nacional Ana Carla Carrizo (Evolución Radical – CABA), quien expresó: “El 88 por ciento de los municipios beneficiarios del ‘Plan AccesAr’ son del Frente de Todos, buscamos que sea transparente y sin asimetrías partidarias”. Por otro lado, propuso “ampliar licencias por discapacidad”.

Ante estos cuestionamientos, Galarraga respondió: “Las designaciones son trabajadas a partir de los datos del INDEC previos al último Censo Nacional, con el cual tenemos convenios de recopilación de datos”, además anunció que “hay convenios con el Ministerio de Trabajo para lanzar medidas que alcancen a todo el universo de la discapacidad respecto a la ampliación de licencias”.

La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba) planteó que “debe haber criterios de calificación de municipios para que nada quede bajo sospecha respecto a las transferencias”, y manifestó que “los programas ‘Turismo Accesible’ y ‘Pre-Viaje’ no cumplen temas pautados respecto a discapacidad”.

El director de la Agencia Nacional de Discapacidad manifestó que “el Sistema es mucho más amplio de lo que se conoce”, y agregó: “Si se han detectado casos de atrasos en las transferencias nos ponemos a disposición, pero son casos aislados”.

Con relación al turismo, Galarraga explicó que “la Ley de Turismo no está reglamentada, entonces muchas de las cosas establecidas no están siendo cumplidas. Se está avanzando en una articulación fuerte para pensar a la persona con discapacidad como trabajador o trabajadora, y no solo como usuario”.

Por otro lado, el diputado nacional Héctor Baldassi (Pro – Córdoba) declaró: “En ningún momento escuché la palabra Deportes” y preguntó “si desde el ANDis y la Secretaría de Deportes están buscando algún programa en conjunto”.

En ese sentido, Galarraga expuso que “es un programa que fusionó distintos organismos con recursos que están a disposición del Plan AccesAr para que sea una decisión más estratégica de cada municipio”.

“En deportes hay un trabajo enorme por hacer, estamos trabajando en mejoras en la parte normativa en cuanto al acceso de las personas con discapacidad, firmamos convenios con clubes (Boca, Racing, Belgrano de Córdoba) de todas las categorías para desarrollar actividades y con la Secretaría de Deportes financiamos delegaciones deportivas en participaciones internacionales”, destacó el titular del ANDis.

La diputada nacional María Victoria Tejeda (Evolución Radical – Santa Fe) consultó por “el acceso a prestaciones de personas con discapacidad”, por lo que Galarrga le manifestó que “es un proceso no se cierra poque aún se está debatiendo”. Además advirtió que “si desde otros sectores quieren acercar sugerencias van a encontrar la voluntad de diálogo”.

La última legisladora en presentar cuestiones fue Victoria Morales Gorleri (Pro – CABA), la cual expuso sus consultas sobre “dispositivos de acompañamiento para la educación a lo largo de los años y la formación laboral de personas con discapacidad”.

“Hay desafíos como sociedad, la educación especial requiere constantes debates y por eso estuvimos asesorando al Ministerio de Educación respecto al plan Conectar Igualdad para la adquisición de computadoras con líneas Braille, pero que esos dispositivos cuestan 2.000 dolares cada uno”, explicó Galarraga.

Al finalizar la sesión, Galarraga ratificó que “en el proyecto de ley (de Discapacidad), que será enviado la próxima semana, estará incluido el programa Incluir Salud”, y concluyó: “Quedan por delante rondas de consultas e intervenciones de las organizaciones que giran alrededor de la discapacidad”.