Ningún proyecto de interés ambiental logró convertirse en ley durante el 2024. Hubo pocas sesiones en la comisión de ambiente y la mayor parte de ellas solo a título informativo. Las conclusiones surgen de la Agenda Ambiental Legislativa 2025 que presentó el Círculo de Políticas Ambientales.
Entre otros déficits, ningún proyecto de interés ambiental logró convertirse en ley durante el 2024, lo que evidencia la dificultad de avanzar en estos tópicos dentro del actual contexto legislativo. En líneas generales, fue un año de baja actividad en cuanto al tratamiento parlamentario en la materia, en consonancia con la avanzada desregulatoria del Poder Ejecutivo y la desarticulación de la política ambiental a nivel nacional.
Estos datos se desprenden de la Agenda Ambiental Legislativa 2025, que por 7mo. año consecutivo presentó el Círculo de Políticas Ambientales. Se trata de un documento en el que especialistas de diversas disciplinas analizan los proyectos de ley en materia ambiental y energética con estado parlamentario, con el fin de aportar su perspectiva al debate en el Congreso de la Nación.
La única ley con alguna “arista ambiental” aprobada por el Congreso fue la declaración de la emergencia ambiental, económica y habitacional en zonas afectadas por incendios en Córdoba (Ley 27.782).
La Agenda de este año incorporó a sus clásicas secciones de Energía y cambio climático; Biodiversidad; Contaminación y Acuerdos internacionales, un apartado sobre el contexto global y nacional de las políticas ambientales, y otro relacionado a la institucionalidad ambiental.
“La trazabilidad de la pesca, la promoción de las energías renovables, la conservación de la biodiversidad, entre otros, siguen siendo temas absolutamente relevantes. Soslayar su tratamiento no sólo implica una pérdida de oportunidades en el campo social, económico y ambiental hacia adentro del país sino también en la competitividad de la Argentina frente al mundo. Por otro lado, el abandono del gobierno nacional de la política ambiental ha generado nuevos debates inmediatos: cómo dotar a las provincias de marcos institucionales federales en la materia que sean uniformes y sólidos, cómo evaluar el impacto de las regulaciones y cómo lograr que el Congreso, haciendo uso de sus competencias, realice el seguimiento y control de la implementación de las leyes que sancionó”, señaló María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales.