La candidata a senadora nacional porteña por la fuerza "Para Adelante" y especialista en transparencia Carla Pitiot, lanzó un duro reclamo al Gobierno Nacional exigiendo que revele de inmediato el destino de los lingotes de oro enviados al exterior.

Con firmeza, la también integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN) afirmó: “No quieren contar lo que están haciendo; algo están ocultando con el oro del país”. La denuncia se sustenta en un informe revelador de la AGN ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas. Allí se expuso que el Banco Central estableció límites y se negó al intercambio de información clave sobre el oro trasladado.

“Este bloqueo ha sido tal, que las instancias formales de consulta se han agotado, dejando en un vacío absoluto la ubicación específica de los lingotes”, señaló Pitiot y sumó: “Es una situación totalmente irregular e inaceptable. El BCRA no puede negarse a ser auditado ni a dar información a la AGN, que es el órgano de control externo. Si se resisten a transparentar los datos, es porque tienen algo que ocultar”.

La exdiputada, también recordó que el organismo se encuentra acéfalo debido a que el Gobierno no cubre los puestos vacantes, debilitando el control.

Finalmente, Pitiot, quien secunda al actual diputado Facundo Manes en el espacio "Para Adelante", cargó contra la doble moral oficial: “Por un lado, se escudan en un secretismo opaco, pero por otro, utilizan auditorías fantasmas –como ya vimos con los comedores escolares y las universidades– para justificar recortes. Su relato ya se les cayó; ahora que muestren dónde está el oro de todos los argentinos”.

Tras el envío de distintas notas por parte de diputados y senadores de la oposición, la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas definió este martes enviar una misiva a la Auditoría General de la Nación para que profundice la auditoría sobre la Agencia Nacional de Discapacidad, a raíz de las denuncias sobre presuntas coimas en la compra de medicamentos a la empresa Suizo Argentina.

El presidente de la comisión, el diputado Miguel Pichetto, aseguró que este es un tema que "hoy tiene una trascendencia importante". "El Gobierno hizo una auditoría de manera privada. Pero hay una auditoría abierta de la AGN sobre la ANDIS, a la que se incorporaría esta petición", explicó.

Luego que la senadora larretista Guadalupe Tagliaferri remarcara que su pedido también tenía que ver con una auditoría en la ANMAT -por el caso del fentanilo contaminado-, tomó la palabra el diputado oficialista Julio Moreno Ovalle: "Ya hay una auditoría hecha, está en manos de la justicia. Con todo el respeto de quienes han presentando las notas, esto parece parte del show que se está buscando a través de esto, cuando en definitiva esto ya está en la justicia".

El libertario consideró que "forma parte de este período electoral" y de un "oportunismo" por parte de la oposición. A continuación, recordó informes de la AGN de 2021 y 2022 sobre irregularidades en el PAMI para contrarrestar. Sin embargo, Pichetto le indicó que "el PAMI no está en la agenda del día de hoy" y, como exauditor, señaló que "el PAMI subsanó los estudios contables y los últimos dos años (de la gestión pasada) tuvo aprobación". Además, expresó que tanto PAMI como ANSeS son organismos que se auditan todos los años.

"No hay que impedir que las auditorías se hagan. No estamos hablando de falencias, de problemas administrativos, estamos hablando de posibles coimas en la compra de medicamentos para personas con discapacidad", enfatizó el jefe de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez. Y añadió que "la justicia llevará adelante lo que tenga que llevar, nosotros nos tenemos que encargar de lo que nos toca a nosotros".

A su turno, la radical Soledad Carrizo aclaró que ella también solicitaba una auditoría respecto de declaraciones que hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, el 19 de julio de 2024, sobre que "se ha detectado una actividad fraudulenta de 3.400 millones de dólares" en la gestión anterior.

Al cruce del oficialismo salió el diputado larretista Álvaro González: "No creo que sea oportunismo, sino la forma en que diputados y senadores tienen que pedirle a la Auditoría las cosas".

Desde LLA, el senador Bruno Olivera Lucero insistió: "Esta gestión ha demostrado que está totalmente a favor de las auditorías. Acá le estamos diciendo a la AGN que haga lo que tiene que hacer, con lo cual no entiendo qué es lo diferente que le estamos pidiendo. Forma parte de lo electoral y el show".

Finalmente, Pichetto pidió "bajar la ansiedad con el tema" ya que "se está haciendo una Auditoría que comprende períodos anteriores" y remarcó que el organismo "trabaja técnicamente, no trabaja con una visión política". "Oportunamente cuando termine la auditoría habrán terminado las elecciones, no se va a poder usar electoralmente este tema. No va a salir una auditoría en una semana. Nosotros tenemos el deber de trasladarle esto a la AGN", completó el jefe del bloque Encuentro Federal.

Además, el presidente de la bicameral informó que el próximo 23 de septiembre a las 16 concurrirá el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, para informar sobre el Plan de Acción 2026 y "probablemente venga con técnicos de Acumar".

Durante la reunión surgió la recurrente preocupación por la falta de designación de los auditores tanto en la Cámara de Diputados (desde 2024) como en el Senado (desde abril de este año). "Es imperioso integrar la Auditoría. Hay que hacer un esfuerzo lo más rápido posible. No hay ninguna explicación de que el Congreso esté en esta situación", afirmó Pichetto y explicó que los equipos técnicos trabajan pero no se pueden validar los informes.

González recomendó "hacer una resolución de la comisión donde le expresemos a ambos presidentes la necesidad imperiosa de que se resuelva este tema en el corto plazo".

Por su parte, Martínez observó que "el oficialismo en ambas cámaras está jugando a que este tema no se resuelva". "La clave pasa por generar los mecanismos de diálogo político, generar las mayorías y la designación de los auditores en ambas cámaras. Más allá de las notas, el tema es netamente político", dijo.

Pichetto subrayó que en la Cámara baja "siempre hemos tenido responsabilidad de dejarle un lugar al oficialismo". "En diciembre va a hacer dos años sin Auditoría; estamos violando la Constitución abiertamente", aseveró.

Por otro lado, durante el encuentro se dio inicio al tratamiento de la Cuenta de Inversión 2020 y  se pasaron al archivo 21 expedientes, sobre 15 auditorías financieras, 5 de carácter reservado, 1 coordinada internacional y 5 de naturaleza administrativa de la AGN.

También, como en una reunión anterior, se volvió a reclamar información por parte del Ministerio de Economía sobre la ejecución de ciertos préstamos con organismos internacionales que "tienen un nivel de ejecución muy bajo", señaló Pichetto.

"Queremos tener precisión de cuál es el nivel de avance y especialmente que ha pasado en el último año y medio con los fondos que han venido del BID, que han ingresado al Tesoro y no se han remitido a las partidas respectivas de los proyectos. Hace falta una explicación del ministro (Luis) Caputo", sostuvo.

A su vez, reveló que le pidió un encuentro al titular del BID, Ilan Goldfajn, quien estuvo reunido con el presidente Javier Milei este lunes, pero "me contestó que no me podía recibir". "Le mandamos al señor este que estuvo con el Gobierno pero no tiene interés en hablar con sectores del Congreso, un informe que confeccionó la Auditoría respecto a los créditos BID y el grado de incumplimiento que hay", expresó.

El Observatorio de Control Público de Fundación Éforo, dirigido por Carla Pitiot, presentó un nuevo informe que pone el foco sobre la fragilidad en la que se encuentra la Auditoría General de la Nación (AGN), que ante la falta de designación de auditores generales está cuasi acéfala y es objeto de ataques e intentos de limitación de sus facultades, vaciamiento directo o indirecto y/o supresión del organismo.

El informe precisa que “garantizar la designación oportuna de los auditores generales es una obligación política y constitucional que impacta directamente en la calidad democrática y en la legitimidad del control sobre los actos de gobierno”.

Advierte, en ese sentido, que “cualquier demora o vacancia prolongada no solo debilita a la AGN, sino que menoscaba de manera directa la potestad del Poder Legislativo de ejercer el control externo del sector público nacional, que le fuera atribuida constitucionalmente y afecta los mecanismos de rendición de cuentas y el derecho de la ciudadanía a saber cómo se utilizan los recursos públicos”.

Carla Pitiot, vicepresidenta de la Fundación Éforo, resaltó que la situación en la que se encuentra la AGN refleja el desinterés “acerca de la importancia de la función de control técnico, político y social de varias instituciones y organismos de nuestra Constitución”, situación que está reflejada en la  “la omisión “ex profeso” del Congreso en reglamentar el art 85 sobre la AGN. Demora que lleva más de 30 años”

Además, Pitiot, diputada nacional mandato cumplido, sostuvo que la AGN es un “organismo que posee relevancia institucional decisiva para la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos”.

Durante una reunión de la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, realizada este miércoles en el Salón Illia del Senado, se acordó requerir información más específica al Ministerio de Economía sobre la ejecución de una serie de préstamos y no se descartó convocar a funcionarios para que rindan explicaciones.

En el encuentro, el presidente de la comisión, el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal), informó que la cartera que conduce Luis Caputo envió respuestas a un informe requerido en mayo pasado por la bicameral sobre el estado actual de préstamos con organismos internacionales de crédito, como el BID, CAF y FONPLATA.

Desde el Ministerio se señaló que “se advierten que los niveles de ejecución no eran óptimos al momento de asumir”. “Esto lo dicen todos los gobiernos”, dijo Pichetto, quien explicó que “en estos créditos de fomento se especifica cuál va a ser la obra o qué van a hacer con esta plata. Lo que me parece que hay que discutir seguramente son las prioridades. Pero una vez que está definido que va para determinado destino, lo que hay que tratar de cumplir es el cometido, sino pagamos intereses y no se completan las obras”.

“El Ministerio de Economía actual dice que son proyectos poco relevantes. Bueno, habrá que trabajar sobre proyectos de envergadura. Pero si se cancela un proyecto y hay que seguir pagando, eso es de enorme perjuicio para el Estado”, insistió el legislador.

En el mismo sentido, el jefe de Unión por la Patria en la Cámara baja, Germán Martínez, opinó que las respuestas dieron “pocas precisiones” y se preguntó “en virtud de qué se habla de proyectos de baja relevancia estratégica; cuáles son los indicadores” para determinar esa condición. Y consideró que hay que evaluar “programa por programa, crédito por crédito cuál es la situación”.

Pichetto agregó que los préstamos otorgados por estos organismos tienen en general un “perfil social” y “en general tiene que ver con las provincias y los sectores más marginales”. “Se tiene que terminar el proyecto, porque de lo contrario se queda con una cancelación, una deuda, el pago de intereses y no se cumple el objetivo del proyecto”, resumió.

Por otra parte, diputados y senadores consideraron auditorías de gestión ambiental e informes sobre Aerolíneas Argentinas.

Sobre 12 informes de auditorías, Pichetto indicó: “Vamos a pedir informes al Poder Ejecutivo sobre cuatro de estos informes. Uno es áreas protegidas marinas; preguntamos si se ha establecido un programa específico de manejo costero integrado y sobre las metas de explotación de recursos pesqueros. Tiene que ver con el ingreso de flotas al Atlántico Sur, en orden a la depredación pesquera. Hay necesidad de un seguimiento y que nos informen cómo están llevando adelante la tarea”. Los otros corresponden a gestión de residuos radiactivos, manejo integral de residuos sólidos urbanos, y la gestión de plaguicidas del tipo producto terapéutico-vegetal en el Senasa.

En cuanto a la empresa Aerolíneas Argentinas, pasaron al archivo estudios contables de 2022 y 2023 y un informe de gestión sobre 2016-2018.

Finalmente, el presidente de la bicameral anunció que el análisis de la Cuenta de Inversión 2019 se hará en la primera semana de agosto. “Ahora está entrando la cuenta 2020, la vamos a hacer llegar a todos los asesores e integrantes para analizarla; la remitió la AGN. Mientras que la Cuenta de Inversión 2024 la remitió el Poder Ejecutivo para que nosotros se la hagamos llegar a la AGN para que empiece el análisis”, completó.

La senadora cordobesa Carmen Alvarez Rivero se trenzó con el periodista Ari Lijalad en una discusión sobre el costo fiscal del aumento a los jubilados, que ella no pudo precisar. “Sí, lo sé, pero no se lo quiero decir”, respondió ante la insistencia del periodista.

Ella insistió con eliminar “todas las jubilaciones de privilegio”, pero cuando Lijalad le aclaró que eso no alcanza, ella aportó: “Si quiere otra cosa más, elimino la Auditoría General de la Nación, que no sirve para nada. De un saque”. A lo que su interlocutor le aclaró que la Auditoría General de la Nación está en la Constitución Nacional. “Hoy usted no puede cambiar la Constitución por ende no la puede eliminar”, le indició el periodista.

La exdiputada nacional y profesional senior de la AGN Carla Pitiot le salió al cruce: “Senadora, usted no tiene idea de la importancia de la AGN para supervisar el uso de los recursos públicos y garantizar la transparencia en la gestión!!!”, reaccionó en la red social X. Y agregó: “Usted no tiene idea de la enorme calidad técnica y profesional de los trabajadores y trabajadoras de la AGN”.

“En realidad usted no tiene idea qué dice la Constitución Nacional sobre el sistema de control gubernamental”, agregó Pitiot, y continuó: “Debería SÍ estar ocupada ahora mismo en cumplir como senadora la manda constitucional del art 85 de 1994; y trabajando para dotar al organismo de más facultades, más funciones, y darle un procedimiento de selección de auditores generales transparente y de cara a la ciudadanía”.

La exdiputada concluyó diciendo que “gestionar no es destruir,  es priorizar necesidades de la gente, garantizar la rendición de cuentas y promover la justicia social y la igualdad. Hay proyectos presentados en ambas cámaras en este sentido, estúdielos y debátalos”.

La Comisión Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) y el senador Mariano Recalde (Unión por la Patria), a cargo de la vicepresidencia, se reunió este martes para ratificar a sus autoridades y elegir como secretario primero al senador Juan Carlos Romero (Provincias Unidas).

Luego de emitir un video informativo con los detalles de la Cuenta de Inversión 2019, Pichetto anunció: “Vamos a fijar fecha para debatir sobre la cuenta 2019 y poder llegar a mitad de año con todos los temas bastante actualizados para poder comenzar, a partir del otro cuatrimestre, con las cuentas del 2020 correspondientes a la gestión del expresidente Alberto Fernández". Semanas atrás, la bicameral avanzó con los dictámenes de las cuentas de 2017 y 2018, correspondientes a la gestión de Mauricio Macri.

Por otra parte, se analizaron más de 60 expedientes relacionados, en su mayoría, con el estado de situación de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), en lo referido a detalles de auditorías realizadas por la AGN sobre la ejecución presupuestaria y los convenios entre esta entidad y organismos nacionales. También, se pusieron bajo análisis, los estados financieros de programas de ACUMAR financiados por diferentes organismos de crédito, entre otros relevamientos documentados por la AGN y puestos a consideración en la comisión.

"Acá hay una tarea importante de la AGN con drones y tecnología a fin de formular una serie de observaciones al Poder Ejecutivo para que se cumplan y, por eso, le solicitamos informes al PEN respecto del estado de las mismas", expresó Pichetto en relación a la tarea del organismo de control.

En este marco, los integrantes de la comisión acordaron convocar a una próxima reunión al presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, y a su equipo técnico. El objetivo será conocer en detalle la situación actual y elaborar una propuesta de trabajo que permita restablecer la tarea de control externo sobre la ACUMAR. Cabe recordar que actualmente no están designados los auditores en representación de la Cámara de Diputados ni el Senado.

Posteriormente, Pichetto propuso que de esos 60 expedientes "en 31 se pidan informes al Poder Ejecutivo y en los 29 restantes se recomiende el archivo".

Entre los expedientes analizados también se destacaron informes de auditorías sobre los estados contables del Proyecto Reactor CAREM, correspondientes al período 2022, e informes de auditorías sobre los estados financieros del Ente Binacional Yacyretá.

Aunque se anticipó como una reunión informativa, en la que efectivamente se escucharon a especialistas, en el arranque del encuentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados este miércoles, el oficialismo intentó empujar la firma de un dictamen para reformar la composición de la Auditoría General de la Nación y la duración de los mandatos de los auditores. Finalmente, no tuvo éxito.

El bloque de La Libertad Avanza podría haber contado con el apoyo de sus aliados del Pro, UCR e Innovación Federal, al igual que la CC en esta ocasión, pero lo cierto es que le faltaba una firma para poder habilitar un dictamen: requería 17. Además, fue clave la ausencia de los representantes de Encuentro Federal Juan Brügge y Margarita Stolbizer, y el rechazo desde el radicalismo díscolo.

El presidente de la comisión, el libertario Nicolás Mayoraz, explicitó en el comienzo “la intención de hacer un dictamen para modificar la Ley de Administración Financiera en lo que tiene que ver con la integración del colegio de auditores, la duración de sus mandatos y la forma de elección”, independientemente de que más adelante se avance con una reforma integral de la Ley 24.156.

Al cruce salió rápidamente el jefe del bloque Democracia para Siempre. “No había ninguna intención, por lo menos hasta esta mañana, de que se dictamine. Hay un infierno de proyectos presentados en distintos sentidos por distintas bancadas”, apuntó Pablo Juliano, que habló luego de Leopoldo Moreau, quien argumentó los motivos por los que Unión por la Patria se retiraría de la sala. El principal de ellos, el fallo de la Corte contra Cristina Kirchner.

El bonaerense reprochó que se buscaba “dictaminar sobre tres artículos que reducen la conversación a cargos” y exhibió el borrador que había circulado. De acuerdo con ese texto, al que accedió parlamentario.com, se propone pasar de un colegio de 7 auditores a 9, con un presidente -de la principal oposición, como establece la Constitución- y cuatro representantes por cada cámara del Congreso.

Actualmente, desde el año pasado están pendientes las tres designaciones por Diputados, mientras que las del Senado vencieron a fines de marzo pasado y tampoco se resolvieron.

Además, se busca acotar el mandato de los auditores de 8 a 4 años y se establece que deberán percibir una remuneración equivalente a la de un legislador nacional, aunque hoy día un senador gana el doble que un diputado.

Igualmente, con este cambio, el oficialismo mostró que modificó la propuesta que había planteado en su proyecto el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que pretendía quitarle una silla al Senado, desde donde destrozaron esa iniciativa.

“Qué mal gusto que tiene este debate. ¿Escondiendo las cartas en el propio Congreso de la Nación? Al otro día de que fue condenada una expresidenta de la Nación, justamente porque lo que tiene que funcionar son los órganos de control”, lanzó Juliano y le avisó a LLA que “no cuenten con Democracia para Siempre para esta conversación”.

El radical agregó: “Los que firmen esto son cómplices de que los organismos de control miren para el costado. Van camino a cometer otro fracaso, a meter la pata si el debate de un órgano de la Constitución Nacional está sesgado y reducido”. “Están buscando repartir cargos para garantizar impunidad”, denunció y rechazó que se estén “haciendo trampas entre bambalinas”. “Es una vergüenza lo que está pasando”, sumó.

Finalmente, tras la exposición de los especialistas, Mayoraz consideró que entre los proyectos “hay coincidencias importantes” y la idea es “trabajar sobre ejes temáticos” para “ver si podemos arribar a un dictamen común”. “Es difícil, pero hay que llegar a algo que se pueda discutir oportunamente”, completó.

Hacia el cierre, la diputada del Pro Silvana Giudici afirmó que “es necesario que podamos volver a convocar a la comisión para avanzar con este dictamen”. “Si uno lo toma a la ligera parecería que es solo una cuestión de cargos, pero para mí es una cuestión de destrabar una barrera”, opinó.

La bullrichista señaló que la elección de los auditores estaba planteada “para un sistema bipartidario” pero “ante la fragmentación política actual y las nuevas características del Congreso hace falta que lo adecuemos”. “Lo peor que podemos hacer es quedarnos inmóviles y quedarnos sin auditores”, completó.

En tanto, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, consideró que “la situación en la que estamos es crítica y los auditores de esta Cámara hace más de un año que no están nombrados; y todos los gobiernos necesitan auditorias, el que pasó, el actual y el que venga”.

Desde DpS, Carla Carrizo pidió que “no solamente se resuelva la integración”. “Es importante no solamente pensar en cómo se integran, sino cómo funcionan, porque no importan cuántos integrantes tengamos si los mecanismos de control funcionan mal”, sostuvo.

Por su parte, la libertaria Mercedes Llano mostró una disidencia con la propuesta: “Tenemos que darle una clara señal a la sociedad que hay una voluntad política de desterrar los privilegios y los abusos, por eso, en ese sentido, entendemos que este proyecto debería determinar con contundencia y nitidez cuál será la remuneración de los auditores”.

Otra de las que habló en el cierre fue la diputada macrista Silvia Lospennato, quien pidió que la comisión abra el debate sobre una modificación de la Ley de Ética Pública, tema que “está entre los compromisos que Argentina asumió con el FMI”; y también la eliminación de la figura del parlamentario del Mercosur para que se vuelva “a la elección indirecta”. “Es un gasto grande que pagan todos los contribuyentes argentinos para una función casi inexistente”, planteó.

Unión por la Patria no participó de la reunión

En el comienzo, los diputados de Unión por la Patria se sentaron en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja para retirarse inmediatamente después de la intervención de Leopoldo Moreau, el primero en hablar.

El radical K argumentó que no participarían de la reunión por el operativo de seguridad desmedido en los alrededores del Congreso, la detención del dirigente Juan Grabois el pasado sábado y, principalmente, el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a prisión de Cristina Kirchner.

“Desde nuestro espacio venimos advirtiendo que la Argentina sufre una peligrosísima escalada hacia el autoritarismo, cuyo objetivo es romper el pacto democrático que se fundó en 1983 y se fue consolidando con el paso del tiempo”, expresó el legislador, que observó que esto “alcanzó esta semana su punto más culminante”.

Moreau justificó que UP no participe “de estas comisiones ni de ningún tipo de actividad que signifique naturalizar esta situación que nos está poniendo al borde de un Gobierno que pretende ejercitar este autoritarismo sin límites”.

“Hoy el Congreso está virtualmente sitiado por fuerzas federales, sin ningún tipo de justificación, esto ya no se puede seguir naturalizando”, enfatizó y añadió: “El Estado de Derecho en Argentina está muriendo”.

La mirada de especialistas

Durante la reunión, expuso de manera virtual la exauditora Emilia Lerner. “Toda discusión sobre la AGN debe partir del principio de independencia de la autoridad superior y de los miembros, incluyendo la seguridad en el cargo y la inmunidad legal en el cumplimiento de sus obligaciones”, señaló.

“La Declaración de Lima dice que los organismos de control solo pueden cumplir eficazmente sus funciones si son independientes de la institución controlada y se encuentran protegidos contra influencias exteriores”, argumentó.

A su turno, la exdiputada Carla Pitiot agradeció a las legisladoras Mónica Litza (UP) y Margarita Stolbizer (EF) por retomar un proyecto de su autoría presentado en 2016.

La dirigente del Frente Renovador resaltó que “estamos ante una ventana de oportunidad después de tantos años, hay mucha expectativa por parte de los trabajadores de la AGN” y pidió “no quedarse a mitad de camino” en cuanto a modificar la normativa.

La directora del Observatorio de Control Público de la Fundación Éforo manifestó: “Hoy la AGN es un organismo virtualmente acéfalo, no tiene quórum para sesionar y los trabajadores del organismo no pueden desplegar el potencial de su trabajo. El proyecto no se queda solamente con regular la actuación de la AGN, sino que aborda la reglamentación de la actuación de todos los actores del sector de control externo”.

En ese sentido, Pitiot recalcó que “la reglamentación es imprescindible y completar la composición del colegio de auditores con el nombramiento de diputados y senadores es urgente para normal funcionamiento e institucionalidad del sistema de control”.

En tanto, Hugo Buisel Quintana, de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), habló en nombre “de los trabajadores del control, de la AGN y de todos los tribunales de cuentas”.

“Vine preocupado porque se va a sancionar una ley modificatoria del control en la República Argentina. Nunca hemos podido sentarnos a hablar en serio del rol de los organismos de control. La discusión que deberíamos dar es qué hacemos con el control y cómo hacemos para acercar a la gente a la política si no es a través de la transparencia”, sostuvo.

Carla Pitiot, diputada nacional (MC) y directora del Observatorio de Control Público de la Fundación Éforo fue citada el miércoles pasado durante el debate sobre la reglamentación de la Auditoría General de la Nación, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, a propósito de su participación en el proyecto presentado por la diputada de UP Mónica Litza. Y sobre ese tema señaló: “Hace más de 30 años que el artículo 85 de la Constitución Nacional está sin reglamentarse, por lo tanto nuestro Sistema de Control Externo, encargado de promover la gestión transparente, eficaz, eficiente, económica y sostenible, está incompleto y sin poder desplegar su máximo potencial”.

“Desde el Observatorio de Control Público de Fundación Éforo sostenemos que es imprescindible que el Congreso de la Nación cumpla la manda constitucional, reglamente su funcionamiento y lo dote de facultades, mecanismos y herramientas necesarias para reforzar su autonomía”, señaló Carla Pitiot. A su juicio, eso permitirá además “darle dinamismo y certidumbre en el sistema de selección y nombramiento de sus autoridades, para generar mayor confianza ciudadana en su labor de control de los actos de gobierno”.

La Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado Miguel Pichetto, se reunió este jueves en el Salón Illia del Senado, donde se volvió a discutir por la falta de designación de auditores en la Auditoría General de la Nación por parte de ambas cámaras. Por otra parte, se pasó a la firma el dictamen sobre la Cuenta de Inversión 2018.

En el comienzo del encuentro, Pichetto le dio la palabra a Hugo Quintana, secretario general del gremio de APOC, de los trabajadores de la Auditoría. "Indudablemente hay una preocupación, que es también del Congreso, de ambas cámaras, respecto a la acefalía que hoy tiene la Auditoría", dijo el diputado sobre el órgano de control en el que se encuentran vacantes los tres representantes por la Cámara de Diputados y los tres por el Senado.

"Tenemos una profunda preocupación con lo que está pasando no sólo con la AGN sino con otros organismos de control", expresó Quintana y lamentó que este tema "se ha convertido en algo complicado que pareciera a nadie le interesa y no sale en los medios".

El representante de los trabajadores afirmó que "la Auditoría es un barco a la deriva" y luego reflexionó: "Para amigar al pueblo con la política tiene que haber transparencia. Y eso no está pasando: hace dos años que no tenemos presupuesto, hace tres meses que no está funcionando la Auditoría y hace 25 años no está nombrado el defensor del Pueblo".

Pichetto recordó que "le hemos notificado a ambos presidentes de ambas cámaras que hicieran los esfuerzos para completar la integración" y que reiterarían el pedido.

Por su parte, el diputado del Pro Álvaro González manifestó que "es la primera vez que pasa una cosa de estas características, que vengan los trabajadores a pedir que se nombren a los auditores. Es una mora que tiene el Congreso que debemos resolver lo antes posible".

Mientras que el senador salteño Juan Carlos Romero resaltó que "esto ya no depende de las autoridades". Y recordó que este miércoles, la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se pusieron a debate proyectos para reformar la Ley Orgánica de la AGN, no tuvo quórum y no estuvieron los senadores de La Libertad Avanza ni Unión por la Patria.

Por eso, propuso que se junten los jefes de bloques "y decidamos quiénes van a ser los auditores con la ley vieja, porque la nueva no va a salir nunca, no hay voluntad de sesionar, de aprobarla y no sabemos que va a hacer Diputados, donde se ha presentado un proyecto exótico que cambia el equilibrio entre las cámaras". "La intención de ese proyecto (en alusión al presentado por Martín Menem) es que no haya auditores", aseveró.

Desde Unión por la Patria, el jefe del interbloque, José Mayans, argumentó la ausencia en la Comisión de Asuntos Constitucionales porque "existió una manipulación del tema de las comisiones" y "estamos esperando que vayan cumpliendo con la integración de las comisiones de forma proporcional de acuerdo a lo que establece el reglamento". Sin embargo, durante el plenario sobre la Corte Suprema, algunos habían asistido.

En tanto, el jefe de UP en Diputados, Germán Martínez, recordó que la semana pasada no se consiguió quórum en la sesión en la que pretendían votar las designaciones de dos auditores y cuestionó "la maniobra del oficialismo" poniendo en debate "un proyecto del presidente de la Cámara de Diputados".

Sobre esto, añadió que este miércoles  "estuvieron a punto de dictaminar una reforma de la Ley 24.156 modificando cantidad de integrantes del Colegio de Auditores y la duración de los mandatos; sin siquiera diálogo de las dos cámaras. Pero no lo lograron". "Es un mamarracho lo que están haciendo", denunció y abogó por que "ojalá podamos lograr los acuerdos políticos necesarios que nos permitan avanzar en las designaciones de los auditores".

Por La Libertad Avanza recogió el guante el diputado Julio Moreno Ovalle, quien observó que en el debate que se inició "hay un consenso muy fuerte en los proyectos de disminuir los mandatos" de los auditores. "Apelo a un consenso para poder modificar la composición", dijo y afirmó: "Nosotros también estamos muy preocupados porque esto empiece a funcionar". Sin embargo, defendió la discusión de "un proyecto global" para reformar la AGN.

"Esto necesita un acuerdo de la política, llamamos a que esto se pueda destrabar urgentemente", sostuvo la diputada de la UCR Soledad Carrizo, quien opinó que ese asunto debe ir de la mano con "el compromiso de ambas cámaras para avanzar en estos proyectos" y "antes de agosto o de las elecciones" de octubre, se pueda aprobar una nueva ley y también completar el organismo.

En coincidencia con Romero, Pichetto cerró: "Creo que tenemos que avanzar en los acuerdos políticos para designar la representación sobre la base de la ley vigente. Si nos ponemos a debatir se nos va el año. Necesitamos buscar los acuerdos en ambas cámaras para designar los representantes lo antes posible". Y criticó que el proyecto de Menem "es totalmente inconstitucional" por lo que propone respecto de la elección del presidente de la AGN y la distribución de los representantes.

Sin aval de UP, pasaron a la firma el dictamen de la Cuenta de Inversión 2018

Tras ese primer tramo, se puso a consideración la Cuenta de Inversión 2018. Al respecto, Pichetto informó que "hay una mayoría que va a votar la cuenta con un sentido de aprobación favorable, con observaciones, que son las del dictamen de minoría de la propia AGN". En cuanto a las objeciones del dictamen de mayoría de los auditores, observó que "no eran de ninguna manera significativas".

Sobre "el argumento de falta de legalidad del préstamo" del FMI tomado ese año por el gobierno de Mauricio Macri, el legislador consideró que esto "ha tenido un saneamiento posterior", cuando en el Congreso se ratificó un nuevo acuerdo con el organismo internacional cerrado por el exministro de Economía, Martín Guzmán.

Vicepresidente de la bicameral, el senador de UP Mariano Recalde argumentó el dictamen de rechazo de su espacio y señaló que, a partir de este préstamo, "la deuda pública de la administración central en relación al PBI se incrementó en 28,8 puntos porcentuales y alcanzó al 85% del total del PBI".

El porteño apuntó que el crédito "se tomó en condiciones no sólo de no sostenibilidad, sino también de ilegalidad. Se detectaron muchas irregularidades en lo que respecta al proceso formal de registro del endeudamiento" y negó que lo votado en 2022 haya sido "de ninguna manera un saneamiento". Además, sobre el destino de los fondos, resaltó que "se utilizaron para la bicicleta financiera, la fuga de divisas y no hubo una sola obra de inversión".

En igual sentido, el senador Mayans cuestionó que se recurrió al FMI "en una abierta manipulación política de la deuda argentina, sin pasar por el Congreso, como hacen ahora". "Macri dijo que con eso se iba a reactivar a economía y, hablando mal y pronto, fue un desastre", manifestó.

Por la UCR, el senador Víctor Zimmermann señaló que "se dice que no fue autorizado ni por ley ni por decreto", pero estaba avalado a partir de lo que establece "el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera". "Y posteriormente se votó la llamada Ley Guzmán (27.612), que convalidó el proceso anterior", consideró.

También en contra, como sus pares, el diputado Martínez hizo mención a la marcha de personas con discapacidad reclamando por la ley de emergencia en las afueras del Congreso, donde "está la (Policía) Federal con armas en las manos". "Este debate sobre la deuda de 2018 no está aislado de la motosierra de 2024 y 2025. Allí encuentra el origen para lo que está pasando hoy", relacionó.

Al hacer referencia a la noticia de que se vuelve a "colocar deuda por mil millones de dólares", el santafesino remarcó: "Es la primera operación de este tipo desde hace siete años. ¿Qué año era hace siete años? El 2018. ¿Quién estaba a cargo de eso? Caputo". Y sentenció: "No hay ningún elemento de aval a la deuda de 2018".

Sin quórum, y de manera muy breve, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado abrió la discusión sobre proyectos que buscan modificar la estructura de la Auditoría General de la Nación, organismo que actualmente cuenta solo con su presidente.

La reunión se dio sin presencia del oficialismo y muy escasa de Unión por la Patria, a diferencia del plenario anterior que había tenido más participación, cuando se comenzó con el debate sobre la ampliación de la Corte Suprema.

La presidenta de la comisión, la cordobesa Alejandra Vigo (LPU) se refirió a los tres proyectos en consideración, los cuales "tienen dos puntos generales que son el número de integrantes y la extensión de los mandatos" de los auditores.

Durante el inicio de las exposiciones, el senador salteño Juan Carlos Romero (LPU), quien propone que se modifique la duración de los mandatos de los auditores generales, afirmó que " es una falencia institucional muy grande tener una acefalía en la Auditoría, que es el órgano de control; y cualquier dilación hace pensar que no queremos que haya control y sí queremos que funcione”.

“Seis u ocho miembros no es un tema grave, se puede avanzar en cualquiera de las dos posibilidades”, dijo sobre la composición del organismo y señaló que “la ley original prevé la reelección indefinida, yo pondría en este caso una sola renovación, o sea, dos mandatos como máximo”.

Romero pidió que se avance en “borradores de dictamen que puedan trabajar los asesores” para “tratar de compatibilizar los proyectos que no son muchos”. “Acá no estamos esperando ni a la Cámara de Diputados ni al Poder Ejecutivo”, aclaró y calificó al proyecto de Martín Menem en la Cámara baja como “un proyecto para no decir absurdo, sino exótico”. “No sé cómo pensaron que ese proyecto podría pasar esta Cámara, tal vez sea una forma también de dilatar”, expresó sobre la iniciativa que propone cuatro auditores por Diputados y dos por el Senado, cuando actualmente son tres y tres.

Por su parte, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) aseguró: “Este es un tema que tiene que ser de gran preocupación de nosotros. La ciudadanía en su conjunto quiere saber cómo se gasta la plata pública y la Auditoría hace un gran trabajo en eso”. Y advirtió que, al no contar con su integración, “no vamos a tener los controles en tiempo y forma”.

En tanto, el fueguino Pablo Blanco (UCR) observó que ante una eventual media sanción votada por el Senado, la Cámara de Diputados podría no aprobarla “o venir un veto”. Acusó entonces que el oficialismo “está buscando tiempo” para “ver qué resulta en las elecciones” de octubre y si, con otra composición parlamentaria, “poder acomodar sus auditores”.

“Tenemos la responsabilidad que la AGN se conforme rápidamente”, aseguró en ese sentido y añadió: “No dejemos que en las alocadas ideas que tiene el Poder Ejecutivo tengamos un DNU”.

Además del de Romero, el proyecto de José Mayans (UP), acompañado por su par Juliana di Tullio, propicia "la ampliación de siete a nueve miembros, donde se incluye la presidencia, y por un período de cuatro años renovable por otros cuatro, y no los ocho actuales".

El  tercer proyecto, del senador Sergio Leavy (UP), también hace alusión a su composición y a la duración de los mandatos de los auditores generales.

Para finalizar, Vigo informó que "la semana que viene la comisión será convocada nuevamente para avanzar con esta discusión y evaluar la posibilidad de un dictamen".

A casi dos meses del rechazo a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el Senado realiza este miércoles una reunión plenaria entre las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales para dar comienzo al debate de proyectos para ampliar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Será a partir de las 13 de este miércoles, en el Salón Arturo Illía, que una vez concluido ese plenario, continuará con el estudio de otro tema de suma importancia: modificaciones a la reglamentación de la Auditoría General de la Nación.

En el caso de la Corte, el debate contempla a ocho proyectos presentados por la neuquina Lucila Crexell; de la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal); del catamarqueño Flavio Fama (UCR); la rionegrina Mónica Silva; Silvia Sapag y Nora del Valle Giménez de Unión por la Patria; y del salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal). Este último fue el texto más reciente impulsado después de la caída de ficha limpia el pasado 7 de mayo.

La propuesta es llevar el número de ministros de la Corte Suprema de los 5 actuales -aunque hoy funciona con 3 miembros- a siete, nueve o quince integrantes. Asimismo, forma parte del temario de esta primera reunión el proyecto de la senadora neuquina Silvia Sapag que busca garantizar la paridad de género con una proporción del 40% en el máximo tribunal de justicia.

El debate de una ampliación de la Corte tiene un antecedente bastante reciente, cuando la Cámara alta aprobó la ampliación a 15 miembros. Fue el 22 de septiembre de 2022, con 36 votos positivos y 33 en contra. El proyecto, que originalmente proponía una integración de 25, nunca fue tratado en Diputados y perdió estado paralmentario.

Desde el año pasado, el máximo tribunal de justicia funciona con su presidente Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En diciembre, Juan Carlos Maqueda dejó la Corte tras cumplir 75 años, y el presidente Javier Milei nombró a García-Mansilla en comisión, pero el rechazo del Senado obligó la renuncia del catedrático.

De todos modos, la Corte Suprema de Justicia funciona con cuatro integrantes desde octubre del 2021 tras la salida de Elena Highton de Nolasco, quien también cumplió los 75 años, pero nunca tuvo reemplazante.

El debate por la AGN

Una vez que el plenario concluya, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, a cargo de Alejandra Vigo, tendrá una reunión ordinaria para comenzar con el debate de la ampliación de los miembros designados de la Auditoría General de la Nación (AGN). Se pondrán a consideración los proyectos de José Mayans, Carlos “Camau” Espínola y Sergio Leavy.

En el caso del formoseño, propone 8 auditores, 4 por cada cámara. Mientras que el noveno es designado por una resolución conjunta de los presidentes de ambas cámaras.

El proyecto de Sergio Leavy propone 4 auditores en lugar de 6. Dos por cámara: uno del principal partido político de la oposición y e otro designado por el PEN.

La iniciativa del senador correntino, aliado de La Libertad Avanza, tiene el aval de Juan Carlos Romero, y ambos proponen una AGN con siete miembros, tres elegidos por Diputados y tres por el Senado. También, establecen una duración en el cargo de cuatro años con posibilidad de ser relegidos.

Además, plantearon que la dieta de los auditores generales no sea mayor a la de los integrantes de la Cámara alta y la disposición de un sorteo para dirimir quienes estarán cuatro años en el cargo y quienes lo harán solo dos.

Ya sin las angustias oficialistas que rodearon la primera reunión realizada el pasado 21 de mayo, vuelve  a reunirse la Comisión de Asuntos Constitucionales que se ha propuesto analizar alternativas para una nueva reglamentación de la Auditoría General de la Nación.

Al hablar de angustias, veamos el contexto de la reunión del miércoles pasado. En esa ocasión estaba prevista una sesión especial para el mediodía, convocada por la oposición, que entre otras cosas se proponía aprobar la designación de dos auditores opositores para la despobladísima AGN actual. El oficialismo aparecía entonces resignado, aunque confiado también en que pasara lo que terminó pasando: que las presiones intensas realizadas rindieran fruto y la sesión se cayera por falta de quórum.

Pero más allá de esa confianza emergente por los antecedentes con esta conformación de la Cámara baja, la realidad es que en el oficialismo sabían que si la sesión arrancaba, eso al menos iba a salir: la oposición conseguiría votar dos designaciones, la de Juan Ignacio Forlón por UP y Emilio Monzó por Encuentro Federal. Eso no sucedió, porque quórum no hubo, y ahora el panorama se presenta a priori bien distinto.

Sucede que en la reunión de Asuntos Constitucionales de la semana pasada las partes mostraron gran predisposición a avanzar con el debate de modificaciones en la AGN, lo que augura posibilidades de llegar a buen puerto con los proyectos puestos a consideración. Paralelamente en el Senado se inicia precisamente este mismo miércoles el análisis del mismo tema, con los proyectos que allí se han presentado, lo cual en lugar de complejizar la resolución del tema hace albergar al oficialismo confianza porque la atención opositora se salga de lo que de otra forma hubiera sido una obsesión opositora por completar los casilleros vacíos de la AGN… que por otra parte son todos.

Y el último dato saliente es que en la sesión pedida para la semana que viene en Diputados, la oposición no ha incluido -al menos hasta ahora- la designación de auditores. Esto es, el oficialismo gana tiempo, más allá de que en cualquier momento el escenario puede variar.

El tiempo ganado comenzará a utilizarlo este miércoles a partir de las 10, cuando arranque la reunión de la comisión presidida por el santafesino oficialista Nicolás Mayoraz, quien propondrá el debate del proyecto disparador, que es el del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que propone modificar el número de auditores proporcionados por cada cámara, otorgándole uno más a Diputados (4), en detrimento del Senado (2).

Hay cuatro proyectos más propuestos para el debate. Uno es del Pro, encabezado por la diputada Silvana Giudici, que tiene firmas de muchos miembros de esa bancada y gira en torno a modificaciones referidas al accionar de ese organismo y no su conformación.

Otro de los proyectos es del diputado de UP Ernesto “Pipi” Alí; uno de la diputada de Democracia Para Siempre Carla Carrizo, que propone 7 miembros en la auditoría: uno propuesto por el partido político con mayor número de diputados (y senadores, en el caso de la otra cámara); otro elegido por el partido de la oposición que ostente la primera minoría y otro del partido que tenga la segunda minoría. Además, la conformación definitiva nunca podrá superar en más de uno al otro sexo.

Hay un proyecto de Mónica Fein y otro de Mónica Litza. Además, hay a la vista proyectos de Natalia Zaracho, Paula Oliveto, Agustina Propato, dos de Blanca Osuna, Danya Tavela, Oscar Agost Carreño y Mercedes Llano.

Se espera que este miércoles expongan los autores de proyectos y se delinee un organigrama de trabajo para llegar a emitir dictamen.

En el marco del debate abierto en ambas cámaras para reformar la reglamentación de la Auditoría General de la Nación, el diputado formoseño Fernando Carbajal presentó su propio proyecto, el cual de momento -porque acaba de ser presentado- no figura en el listado de iniciativas que estarán a la vista en el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El proyecto del diputado de Democracia para Siempre propone una nueva forma de elección de los auditores, aunque conserva 3  por cámara y no se mete con la duración de los mandatos.

Carbajal propone que una vez producida la vacante de auditores en representación de la Cámara de Diputados, se inicie un procedimiento de designación por el cual se otorgan diez días a los diputados para proponer candidatos. Se conformará una lista de esos candidatos, cada uno de los cuales deberá contar con el aval de por lo menos diez diputados, no pudiendo cada legislador avalar a más de un candidato. Junto a la propuesta, deberán presentar un currículum de la persona propuesta.

Tanto las personas propuestas como su CV serán publicados en la página web de la Cámara de Diputados de la Nación.

En una sesión especial convocada a tal efecto, como primer punto del orden del día se procederá a elegir a los auditores a través de una votación simultánea en la cual se someterá a consideración la lista completa de candidatos que se hubiera conformado. Cada diputado elegirá un candidato de dicha lista.

Se computarán los votos obtenidos por cada uno de los candidatos y se conformará una lista de mayor a menor con los votos obtenidos por cada uno de ellos.

Se proclamarán electos a los tres primeros que hubieran obtenido la mayor cantidad de votos. En caso que existieran empates que impidieran limitar la lista a tres candidatos, se decidirá por sorteo entre los candidatos que hayan empatado que hubieran obtenido menos votos.

El proyecto de Carbajal no hace ninguna sugerencia en torno al tiempo de mandato de los auditores, actualmente de 8 años.

reforma reglamento AGN

Tal cual se anticipaba, un grupo de diputados de la oposición más severa presentó este martes un pedido de sesión para el miércoles 4 de junio a las 12, con un temario que abarca varios de los temas que no alcanzaron a reunir quórum el pasado 21 de mayo, e incluye otros. Pero deliberadamente omite esta vez cuestiones que generaban especial escozor en el seno de La Libertad Avanza.

Según se desprende de la presentación dirigida al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, figuran siete temas a debatir en esta sesión convocada a partir del mediodía del primer miércoles de junio.

Allí figuran los proyectos previsionales, incluidos en los dictámenes correspondientes a la Orden del Día que prevé otorgar un incremento excepcional y de emergencia equivalente al 7,2% para las jubilaciones y pensiones, por un lado, y la reinstalación de la moratoria previsional, por otro.

También figura el tema que originalmente había motivado la próxima sesión, la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive.

Asimismo han sido incluidas una declaración de emergencia y situación de catástrofe por el término de 180 días a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, San Antonio de Areco, y otros afectados por las inundaciones registradas este mes de mayo.

También la declaración de desastre y emergencia ambiental, económica, social y productiva en distritos afectados en la provincia de Buenos Aires a raíz de las inundaciones de los días 16, 17 y 18 de mayo pasado.

Figura además una declaración de zona de desastre y emergencia ambiental, económica, social, productiva y habitacional por 180 días a los partidos bonaerenses de Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, Exaltación de la Cruz, Baradero y Rojas.

Por último, se busca la declaración de emergencia ambiental, hídrica, social, sanitaria, económica, territorial y habitacional en zonas afectadas por la inundación en el AMBA.

La nota fue presentada por los diputados Germán Martínez, Natalia de la Sota, Pablo Juliano, Juan Manuel López, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro, Carla Carrizo, Nicolás Massot, Paula Penacca, Oscar Agost Carreño, Victoria Borrego y Danya Tavela.

Lo que no está

Fueron excluidos de la próxima sesión -al menos hasta ahora- dos temas que habían figurado en la última sesión y que despertaban fuerte resistencia de parte del oficialismo.

No está esta vez el tema de la comisión investigadora de la criptomoneda $LIBRA, intríngulis que la oposición quiere resolver con una votación en el recinto que ameritaría una gran discusión, pues el oficialismo considera que ese tratamiento necesitaría ser habilitado con dos tercios de una votación.

La otra cuestión que no se debatirá en la próxima sesión es la designación de dos auditores, habida cuenta de la virtual acefalía que padece la Auditoría General de la Nación (AGN). Recordemos que era intención de la oposición más dura votar los nombres de Juan Ignacio Forlón en nombre de Unión por la Patria y Emilio Monzó por Encuentro Federal.

Las autoridades de la Cámara quieren dilatar estas designaciones atento el inicio del tratamiento en ambas cámaras de una reforma del reglamento de la AGN.

La última semana del mes de mayo transitará con una agenda parlamentaria sin demasiadas reuniones de comisiones, ni tampoco sesiones a la vista. Sin embargo, un encuentro que atraerá todas las miradas será el comienzo del debate sobre una reforma a la composición de la Corte Suprema de Justicia y la Auditoría General de la Nación.

Luego que este año se rechazaran los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para completar el máximo tribunal y, por otra parte, en medio de una acefalía en el principal organismo de control -sumado a la sesión en Diputados que no tuvo quórum y en la que se buscaba aprobar la designación de dos auditores-, los senadores arrancarán a discutir una serie de proyectos de la oposición, entre ellos tanto de Unión por la Patria como de aliados al oficialismo.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales será este miércoles a las 13, en el Salón Illia. En primer lugar se abordará el tema Corte y luego, Asuntos Constitucionales quedará en soledad para tratar las iniciativas sobre AGN. Será la principal actividad de la semana y del día en la Cámara alta. No obstante, para las 16 en el mismo salón fue convocada la Comisión de Ciencia y Tecnología para tratar proyectos de declaración.

En lo que respecta a la Cámara baja, este martes a las 14, en la Sala 2 del Anexo, se reunirá la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios para recibir a invitados. Estarán la directora de Política del Círculo de Políticas Ambientales para analizar la importancia de un sistema de trazabilidad de la pesca; el vicepresidente del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, quien expondrá sobre la situación actual del sector; y el Coordinador de Gestión ante el Honorable Congreso de la Nación, en representación de la Prefectura Naval Argentina.

En tanto, este miércoles a las 10 se reunirá la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano para retomar el debate sobre el proyecto de ley de Presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos y, también, la aprobación del “Convenio de creación del parque interjurisdiccional Marino Monte León” suscripto entre el Estado Nacional y la Provincia de Santa Cruz el 11 de octubre de 2023. Previamente completarán los cargos vacantes de la comisión.

En paralelo, la Comisión de Asuntos Constitucionales retomará el debate sobre los proyectos de ley para reglamentar el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación.

A las 13 se llevará  a cabo un encuentro de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes que, primero designación de autoridades pendientes, para luego abordar  la situación institucional de la Defensoría nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

A las 15, en la Sala 6, fue citada la Comisión de Mujeres y Diversidad para debatir sobre la creación en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación del Programa Nacional de Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (PENIA). También figura una iniciativa para modificar la Ley de Administración Financiera sobre paridad de género, proyectos de resolución y declaración.

Por su parte, a las 15 en la Sala 1, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto recibirá a la delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, encabezada por su presidente, David McAllister.

Finalmente, este miércoles a las 18, en la Sala 1, la Comisión de Cultura escuchará a representantes del sector vinculados al alcance de los decretos 345 y 346/2025, y tratará proyectos de resolución.

Para el jueves a las 11, fue convocada en el Salón Illia del Senado la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que considerará los estados financieros de diversos programas financiados y continuará con el tratamiento de la Cuenta de Inversión 2018.

Durante la sesión en minoría, el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot se refirió también a los temas que quedaron pendientes de tratamiento y sobre los beneficios que se quisieron brindar a los jubilados, aseguró que había por lo menos siete fuentes de financiamiento que se ofrecieron en los dictámenes.

Le dijo también al presidente de la Cámara que “es nuestra responsabilidad que la Auditoría General de la Nación se constituya. No puede ser una opción que trabemos su funcionamiento. Podemos estar en desacuerdo con los nombres, es obvio que la primera minoría tiene que llevar por lo menos un miembro, y es razonable y entendible que el oficialismo tenga un miembro, probablemente el único, porque en el Senado no tendrán ninguno”.

Observó que “tenemos que discutir un tercer miembro; que yo sepa no ha habido una invitación a los presidentes de los bloques para encontrar una solución”. Ante ello, le pidió a Martín Menem convocar a una reunión esta semana con los presidentes de bloques para tratar de encontrar una solución, “porque si no, esto es crónica de una muerte anunciada: es muy probable que esto termine con un DNU, una solución indeseable que va a crear un conflicto de poderes, un golpe al Poder Legislativo”.

El presidente de la Cámara le contestó, por haber sido mencionado, que la AGN es un organismo de la Constitución del año 1994, creado en otro contexto, “cuando había un sistema bipartidista. Hoy hay 22 bloques… No es un tema de bloques, sino de respetar las mayorías parlamentarias”, y le garantizó su buena voluntad para solucionar el tema.

Con relación al tema $LIBRA, Massot dijo que “es la primera vez que veo a los hermanos Milei decir que la justicia actúe, pero se sienten cómodos siendo denunciados, pero sin denunciar a nadie. Supuestamente los estafaron, pero no logramos que nos digan quién lo engañó al presidente y porqué el presidente y su hermana no los denuncian”.

En su intervención durante la sesión en minoría, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, citó los temas que pretendía tratar la oposición durante la reunión frustrada y tras mencionar el caso de los jubilados, se refirió también a los empleados públicos.

“También vemos la preocupación por los empleados públicos y los de esta casa. Me pregunto: ¿Cómo puede haber dirigentes sindicales de gremios estatales que firmen por el 1%? Es imprescindible comprender que la gente ya no puede vivir”, advirtió Pichetto y se refirió puntualmente al caso de los empleados legislativos, respecto de los cuales dijo que “hay dificultades graves para llegar a fin de mes y el deterioro del poder adquisitivo ha tenido una pérdida del 60% en un año. Estoy hablando de los trabajadores de la Cámara de Diputados”.

“Me parece razonable hablarlo acá, porque es la gente que trabaja con nosotros todo el tiempo, gente calificada… Si no tenemos solidaridad con la gente que trabaja en esta casa, ¿con quién la vamos a tener?”, se preguntó, para referirse a continuación a la situación en la AGN. Como presidente del a Comisión Revisora de Cuentas, recordó que dos meses atrás había alertado ante las autoridades sobre “un proceso de prácticamente vaciamiento” imperante en la Auditoría General. “También quiero decir que tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades: el año pasado esta Cámara se la pasó esperando la carroza; no sabíamos qué pasaba, no tenían la definición del nombre y estuvimos un año para hacer la presentación” de los elegidos para completar la AGN. “Lo que falló es lo que nos corresponde hacer por nuestra propia competencia”, admitió, advirtiendo sobre “un sector mayoritario que tiene un número importante no definía quién era el representante”.

En ese sentido dijo que hay organismos como el BID y la CAF que tienen previstos créditos internacionales para la Argentina que no van a otorgar si la Auditoría General de la Nación no está constituida.

Por último, llamó a “entrar en un camino de racionalidad y acuerdos en función de las responsabilidades que tenemos. Me parece que es importante que recuperemos algo de cordura, de lo contrario se plantea un esquema de bloqueo que no le sirve a nadie”.

Caída la sesión convocada para debatir en Diputados este miércoles, intervino el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, quien lamentó la dinámica parlamentaria que se está dando en la Cámara baja, donde “está costando todo el doble, el triple, o el cuádruple”, cosa que atribuyó a “la situación política particular que está teniendo la Argentina y en particular el Gobierno”.

El diputado santafesino detalló los temas que pretendían llevar al recinto, citando en primer lugar el de las jubilaciones, con la prórroga de la vigencia de la moratoria previsional, como así también actualizar el bono que sigue congelado en 70 mil pesos. “Queríamos darle un aumento a todas las escalas de jubilaciones, que las cajas que no han sido transferidas a la Nación puedan contar con los recursos, y eso no va a ser posible”, señaló Martínez, quien sugirió entonces que “sería bueno que nos preguntemos si somos capaces de hablarles y mirar a los ojos a los jubilados que llenan la bolsita o el changuito, y cuando llegan a la caja tienen que andar viendo qué alimento dejan en la caja porque no son capaces de pagar la cuenta”.

Citó también los casos de aquellos jubilados que tienen que andar eligiendo qué remedio comprar y no cuentan con los recursos económicos tampoco para pagar alquileres.

Comentó también la intención de tratar sobre tablas una media sanción que atienda la gravedad de la situación de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. “Un tema gravísimo y que esperábamos el acuerdo necesario para tener el acuerdo”, mencionó.

Obviamente también se refirió al intento de avanzar en la determinación de las autoridades de lo que definió como “la comisión de la estafa cripto $LIBRA y demás”. “Están hasta las manos con la estafa Libra, intentan trabar todo en el recinto en el momento que la justicia avanza, y justo cuando el Gobierno cierra la unidad de trabajo que había armado para investigar”, señaló

“Son estafadores con la cripto y estafadores en términos parlamentarios”, lanzó Martínez, advirtiendo que desde el oficialismo “intentaron con una maniobra artera que el tema $LIBRA no esté en esta sesión”, y se quejó porque no tuvo eco un pedido de prórroga de una hora para garantizar la llegada de vuelos que traían a diputados que no pudieron llegar a la sesión.

Dijo que también tenían diputados como María Luisa Chomiak y Leopoldo Moreau que habían salido el martes de operaciones quirúrgicas y que están postergando entrar a otras intervenciones, como Gisela Marziotta, y se preguntó porqué no se conceden las postergaciones de horarios.

“Acá hay presidentes de la Cámara, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, diputados históricos, con enorme trayectoria, que pueden recordar que nunca se le negó a un grupo de diputados que puedan postergar por una hora la conformación de la sesión”.

Por último, citó el intento de “garantizar el funcionamiento de la AGN, que tiene que ver con el control que tiene que hacer este recinto y la oposición respecto del accionar de este Gobierno y todos los gobiernos”.

“No se puede decir ser oposición y después no querer ejercer los atributos y competencias que le da esa propia Constitución Nacional al cuerpo parlamentario -lanzó-. Los mismos que no quieren que se investigue la estafa cripto, son los que no quieren que se conforme la Auditoría”.

Martínez cerró citando al recientemente fallecido José Mujica: “Si alguien cree que a este bloque de la Cámara de Diputados lo van a amedrentar con estas maniobras, se equivoca. Al Pepe Mujica le pidieron un mensaje y dijo que ‘la fortaleza en la vida es justamente todos los días reponerse de las dificultades, ponerse de pie y seguir luchando’. Vamos a seguir luchando con un objetivo claro, que es que estos temas avancen para el funcionamiento de las instituciones. Vamos a seguir insistiendo y ya tenemos un pedido de sesión especial para el jueves que viene, para tratar la emergencia en discapacidad. Y quizá allí tengamos la posibilidad de avanzar en la ampliación del temario”.

El temor a no alcanzar el quórum quedó finalmente confirmado a las 12.31, cuando la oposición en la Cámara de Diputados vio frustrada sus intenciones de llevar adelante este miércoles la primera sesión convocada luego de la estruendosa victoria oficialista del domingo en la Ciudad de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza derrotó al peronismo y duplicó en votos al Pro.

En esta sesión organizada con presagio de tormentas fuertes, la oposición pretendía abordar el postergado tema de la cuestión previsional, como así también resolver cuestiones pendientes como la integración de la AGN y desenrollar el ovillo en el que se ha convertido la Comisión Investigadora del caso $LIBRA.

No obstante, el intento quedó frustrado cuando Martín Menem dio por caída la sesión con la presencia de 124 diputados en el recinto. La fuerte presión del oficialismo hizo lo suyo una vez más sobre algunos gobernadores. Además, el oficialismo consiguió que no asista nadie de sus aliados ni bloques provinciales.

Caída la sesión, que también incluía declaración de emergencia en distintas localidades bonaerenses por las inundaciones del último temporal, intervino el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, quien lamentó la dinámica parlamentaria que se está dando en la Cámara baja, donde “está costando todo el doble, el triple, o el cuádruple”, cosa que atribuyó a “la situación política particular que está teniendo la Argentina y en particular el Gobierno”.

El santafesino detalló los temas que pretendían llevar al recinto, citando en primer lugar el de las jubilaciones, con la prórroga de la vigencia de la moratoria previsional, como así también actualizar el bono que sigue congelado en 70 mil pesos. “Queríamos darle un aumento a todas las escalas de jubilaciones, que las cajas que no han sido transferidas a la Nación puedan contar con los recursos, y eso no va a ser posible”, señaló Martínez, quien sugirió entonces que “sería bueno que nos preguntemos si somos capaces de hablarles y mirar a los ojos a los jubilados que llenan la bolsita o el changuito, y cuando llegan a la caja tienen que andar viendo qué alimento dejan en la caja porque no son capaces de pagar la cuenta”.

También se refirió al intento de avanzar en la determinación de las autoridades de lo que definió como “la comisión de la estafa cripto $LIBRA y demás”. “Están hasta las manos con la estafa $LIBRA, intentan trabar todo en el recinto en el momento que la justicia avanza, y justo cuando el Gobierno cierra la unidad de trabajo que había armado para investigar”, remarcó.

“Son estafadores con la cripto y estafadores en términos parlamentarios”, lanzó Martínez, advirtiendo que desde el oficialismo “intentaron con una maniobra artera que el tema $LIBRA no esté en esta sesión”, y se quejó porque no tuvo eco un pedido de prórroga de una hora para garantizar la llegada de vuelos que traían a diputados que no pudieron llegar a horario.

Por su parte, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, citó los temas que pretendía tratar la oposición durante la reunión frustrada y tras mencionar el caso de los jubilados, se refirió también a los empleados públicos.

“También vemos la preocupación por los empleados públicos y los de esta casa. Me pregunto: ¿Cómo puede haber dirigentes sindicales de gremios estatales que firmen por el 1%? Es imprescindible comprender que la gente ya no puede vivir”, advirtió Pichetto y se refirió puntualmente al caso de los empleados legislativos, respecto de los cuales dijo que “hay dificultades graves para llegar a fin de mes y el deterioro del poder adquisitivo ha tenido una pérdida del 60% en un año. Estoy hablando de los trabajadores de la Cámara de Diputados”. Un tema que después también hizo referencia con críticas a Menem la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade.

Durante la sesión en minoría, el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot se refirió también a los temas que quedaron pendientes de tratamiento y sobre los beneficios que se quisieron brindar a los jubilados, aseguró que había por lo menos siete fuentes de financiamiento que se ofrecieron en los dictámenes.

Le dijo también al presidente de la Cámara que “es nuestra responsabilidad que la Auditoría General de la Nación se constituya. No puede ser una opción que trabemos su funcionamiento. Podemos estar en desacuerdo con los nombres, es obvio que la primera minoría tiene que llevar por lo menos un miembro, y es razonable y entendible que el oficialismo tenga un miembro, probablemente el único, porque en el Senado no tendrán ninguno”.

Presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, observó que “esta sesión se cae en un contexto en donde el Gobierno nacional gana la Ciudad de Buenos Aires e interpreta que ese triunfo es en favor de más impunidad”.

Sobre la eliminación por parte del Gobierno de la unidad que había creado para autoinvestigarse, el bonaerense enfatizó que “es muy difícil construir un cambio de esa manera. Presentan a la sociedad la idea de cambio, pero significa ventaja, significa ocultar, significa impunidad, significa venganza, porque acá no vino ningún diputado del Pro, que acaba de escupir sangre en la búsqueda de la decapitación que está llevando a cabo La Libertad Avanza en la Ciudad”.

Y, sobre la ausencia de los aliados del oficialismo, concluyó que “pagan platos rotos los jubilados, los inundados, el control. El Gobierno pareciera que tiene una urticaria a la auditoría, le tiene miedo, le tiene pavor, no quiere el control", en relación a la elección de auditores.

Desde la Coalición Cívica, la diputada Paula Oliveto, quien compitió en las elecciones porteñas, admitió la “derrota muy grande” en las urnas, pero argumentó: “Cuando uno defiende valores, principios, sentimientos, no importa los votos que sacas. Hay políticos que van de acá para allá como el viento, y hay otros que somos robles”. Y se mostró orgullosa, “defendiendo a los jubilados sin especular”, porque “esta casa de la democracia no puede quedarse indiferente cuando un jubilado gana 379 mil pesos, porque eso nos tiene que doler la entraña”.

“Lamento mucho que (algunos diputados) estén detrás de las cortinas viendo cómo en algún momento le sacan al Gobierno una candidatura. De los que negocian candidaturas detrás de los cortinados, este Congreso los conoció, tienen nombre y apellido y son un montón. Ahora, les puedo asegurar que nadie se acuerda de ellos, intrascendentes totales”, disparó.

Y reflexionó: “Si nosotros hoy no pudimos hablar de jubilados y personas que lo han perdido todo en una inundación, pensemos si nosotros no somos parte de por qué la gente no va a votar”, en relación a la baja participación electoral.

Otro de los oradores fue el diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón, quien mencionó las marchas de jubilados que hay todos los miércoles en las puertas del Congreso. “Hay seis millones de jubilados y pensionados a los que el Gobierno solo se les ocurre reprimir y ajustar. El año pasado logramos un aumento por ley para jubilados y jubiladas y el presidente (Javier) Milei lo dio de baja a través de un veto”.

En ese sentido, el legislador socialista arremetió contra los diputados que “se están riendo detrás de las cortinas porque no pudimos sesionar; espero que tomen conciencia de lo que eso significa”. “Vamos a seguir trabajando por una recomposición de jubilaciones y pensiones y por reflotar la moratoria previsional que posibilita jubilar a quienes han aportado muchos años. Acá nadie se salva solo”, finalizó.

La diputada de UP Victoria Tolosa Paz reclamó que el Gobierno tuvo un año “para reformar el drama de los jubilados y no lo hicieron”. “Hay una crisis del sistema previsional muy profunda”, coincidió, para recordar luego: “Ustedes prefieren decir que la moratoria es un invento de Néstor y Cristina (Kirchner), pero tengo una mala noticia para usted (a Martín Menem) que porta el apellido Menem; la primera moratoria previsional en Argentina lleva la firma del expresidente Carlos Saúl Menem”.

En referencia a la ley vetada el año pasado, la exministra de Desarrollo Social apuntó que “aquel 8,1% que les robaron es el 7,2 de ahora que estamos ratificando” en los dictámenes. “Devuélvanles todo lo que le sacaron a los jubilados”, pidió. En tanto, sobre el tema de la comisión por $LIBRA y la elección de auditores de la AGN, denunció que “impidieron la sesión porque lo que les preocupa y ocupa es evitar el control de este Parlamento al Poder Ejecutivo”.

No estaba anotada en la lista de oradores, pero la única oficialista que ingresó al recinto avanzadas las expresiones en minoría fue la neuquina Nadia Márquez, quien arrancó criticando “el nivel de caradurez, mentiras y distorsiones que supera hasta los niveles de inflación que nos dejó (Sergio) Massa”. “Fueron ustedes quienes mientras la inflación iba en tren bala estuvieron todos calladitos, y ahora que la inflación baja abruptamente andan cacareando”, agregó.

Sobre la comisión investigadora, la libertaria le enrostró a la oposición que “no les salió el cálculo” sobre los integrantes y esto es porque “no les viene saliendo el cálculo evidentemente”. “Háganse cargo que inventaron una comisión investigadora y les salieron mal los números”, cargó.

“¿Es difícil la situación de algunos argentinos? Sí, no lo negamos. Pero peor estábamos antes”, justificó Márquez y completó: “Estamos haciendo mucho y vamos a hacer todo lo que falta, sin especulaciones electorales, como ustedes están acostumbrados a hacer”.

Justo a las 10 de la mañana, 30 minutos después de la hora elegida para el inicio de la reunión de Asuntos Constitucionales, comenzó en minoría la sesión para analizar el proyecto de ley presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para reglamentar el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación. Y otros proyectos presentados en estos meses sobre el mismo tema, que estarían puestos a la vista, como dejó bien claro el titular de la comisión, el oficialista Nicolás Mayoraz.

Y sobre el final de la reunión, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales dijo ver claro que “hay una necesidad de designar los auditores faltantes, pero creo que eso lejos de ser un obstáculo es la oportunidad de ponerlo en debate”. Así las cosas, dijo que no le gustaría que terminaran designando a los auditores y no volvieran a discutir el tema.

“El interés de convocar a esta reunión de comisión es cumplir con la manda constitucional de reglamentar el artículo 85 de la Constitución, que si bien tenemos una ley nacional que regula el funcionamiento de los sistemas de control que incorpora la Constitución”, señaló el santafesino, entendiendo que lo vigente no cumple a rajatabla con tal requisito. El legislador oficialista remarcó que “no satisface cabalmente el requisito establecido por el artículo 85 de la Constitución; han pasado muchos años de la reforma constitucional del 94, es una deuda pendiente”. Y remarcó que “hay una preocupación del Parlamento sobre esta ley y prueba de ello son la cantidad de proyectos que ha habido en ambas cámaras para reglamentar la misma”.

“Y queremos aprovechar este momento que está viviendo la Argentina y la situación que vive la Auditoría para solucionarlo”, enfatizó. Y para evitar “que esto se convierta en un acto fallido más”, pidió desdoblar la discusión del tema. “Y más allá de que este proyecto que presenta el oficialismo es ambicioso y amplio, creemos que a lo mejor podemos encontrar una salida intermedia para destrabar la primera cuestión, que es la designación de los auditores”, dijo, anticipando que la propuesta de La Libertad Avanza es la de trabajar sobre un proyecto de ley integral, “pero si encontramos un consenso entre todas las fuerzas políticas, sería bueno que una institución de esta naturaleza recoja la mayor cantidad de acuerdos posibles”.

Para Mayoraz, “no estamos lejos de ese camino de encontrar acuerdo en lo que tiene que ver con la composición, duración de los mandatos, forma de designación”, y recordó que cuando se sancionó la nueva Constitución el sistema político estaba regido por el bipartidismo, algo que no atiende la composición actual, que aclaró “no es de ahora”, sino que viene desde hace mucho tiempo.

“Bienvenido este debate”, proclamó a continuación el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, quien valoró la importancia de dar este debate, enfatizando en la irregularidad que representa que la AGN hoy no esté constituida, cosa que estimó hay que subsanar lo antes posible. “La mejor manera es tratando estos proyectos”, reconoció, citando por ejemplo que el acortamiento de mandatos -actualmente es de 8 años y el proyecto de Martín Menem propone 4-, le parece “obvio”, pero también coincidió en que “una mayoría tal vez forzada no sea la mejor opción para el día de la fecha”.

Atento a lo que en la sesión prevista para este miércoles se pondría a consideración la designación de representantes por la Cámara baja, no le parecía conveniente, dado que “no están dados los consensos, no estamos en condiciones de tratarlo”.

López reconoció entre otras cosas dudas sobre el proyecto del presidente de la Cámara, por ejemplo en la naturaleza jurídica del cuerpo de auditores, estimando que las facultades adjudicadas resultarían “demasiado taxativas”, ante lo cual “corremos el riesgo de olvidarnos de algo”.

A continuación, en nombre de Unión por la Patria, Vanesa Siley remarcó que la convocatoria de esa reunión había salido el mismo día que se estableció la ampliación de la sesión prevista para este miércoles, donde estaba en el temario la designación de los auditores. “Y está puesta la discusión porque venció incluso el mandato de los representantes del Senado”, sostuvo. En ese sentido Siley admitió que se debía dar una discusión para hacer una ley orgánica, no había problemas con ello, pero pidió seguir avanzando con lo previsto para la fecha.

“Así que para nosotros esta discusión no puede venir a estar destinada a obturar la designación de los tres miembros. Todo lo demás se puede ir charlando a futuro, pero hoy lo importante es la designación e integración de la Auditoría. Por suerte hoy tenemos una sesión donde esperamos se avance en ese sentido”, dejó claro la diputada camporista.

A su turno, Margarita Stolbizer resaltó también la necesidad de discutir el tema, pero aclaró que a su juicio “no se hace así de esta manera. Entiendo que la propuesta es comenzar a dar una discusión seria, para terminar teniendo una ley que realmente satisfaga y complete lo que en realidad no existe o no está bien”. Pero adelantó que no estaba de acuerdo con “despedazar” la reglamentación vigente “para ver cómo resolvemos los miembros”.

Observó además la diputada de Encuentro Federal que el proyecto de Menem tiene como único giro Asuntos Constitucionales. “Rarísimo”, advirtió, mencionando que por ejemplo tiene un capítulo que habla sobre la discusión del Presupuesto, sin ser derivado a esa comisión. Y lo dijo remarcando que todos los proyectos terminan yendo a Presupuesto y Hacienda, “aun los que no tienen nada que ver; y los mandan porque ahí se planchan los proyectos”, señaló. Por eso pidió la inclusión en un proyecto que presentaron con la diputada Mónica Fein para incluir la paridad de género en todos los organismos del Estado, incluida la AGN.

Pero hizo notar a continuación que en este país polarizado “cada vez se hace más difícil construir consensos. Cada vez el oficialismo tiene menos voluntad, y como no nos ponemos de acuerdo, vamos a aumentar los miembros”. Puso como ejemplo que eso se había propuesto para  la Corte y sugirió que lo mismo se hacía con la AGN, a lo que Mayoraz aclaró que no era así en el caso del proyecto que se estaba analizando. Lo que Stolbizer quería plantear era que consideraba “contradictorio como discurso de un oficialismo que nos habla de ajuste, y no acepta por ejemplo recomponer el haber del jubilado”. Ante ello, dijo que “el jubileo de crear nuevos cargos es una vergüenza”.

“Tratemos de llamar las cosas por su nombre, este proyecto está metido con la intención de trabar una discusión de la tarde -agregó-. No nos vamos a prestar a eso. Sí que discutamos”.

A su turno, el diputado de La Libertad Avanza Julio Moreno Ovalle defendió el proyecto presentado por Martín Menem, destacando que en el mismo se integra el cuerpo con un auditor general y 6 auxiliares, lo cual le da una jerarquía mayor al auditor general, que tiene que ser elegido por el Senado. Y detalló que prevé la integración de cuatro miembros designados por la Cámara baja y dos por el Senado. Además, resaltó que duran 4 años y son reelegidos una sola vez, como así también hizo hincapié en el sueldo de los auditores, equiparados con el de los diputados nacionales, siendo que en la actualidad cuentan con “sueldos altísimos, más altos que el del propio presidente de la Nación”.

A su turno, el diputado Fernando Carbajal observó una intencionalidad política en el tratamiento de este tema, cuestionando que se ponía en discusión un proyecto del presidente de la Cámara que era precisamente actual, mientras que los otros presentados hasta ahora eran puestos como “asuntos a considerar”, planteándolo como una desvalorización de los mismos. “Total, son de medio pelo, y el señor presidente merece un tratamiento especial. Es una falta de discusión inclusive”, se quejó.

Consideró además que “está clara la intencionalidad de utilizar esta discusión importante, profunda, en un instrumento para impedir que la actual conformación funcione”. Empero, admitió compartir con su par Juan Manuel López que no estaban los consensos para las designaciones que se pretendían establecer para ese mismo día, pero estimó que está clara la incapacidad de la dirigencia política para alcanzar los consensos mínimos que permitan cubrir no solo cargos en la AGN, sino también por ejemplo en la Defensoría del Pueblo, entre otros.

Desde el Pro, la diputada Sabrina Ajmechet habló de la necesidad de reformar la Auditoría, como así también admitió que el sistema partidario es muy diferente respecto del esquema cuando se reglamentó el funcionamiento de ese organismo. “Que esté trabada hoy la AGN tiene que ver con eso”, reconoció, como así también dijo entender los reparos de los diputados de estar tratando ese tema el  mismo día en el que se proponen designar nuevos auditores. “Pero la realidad es que hasta ahora lo tuvimos frenado porque la forma que está pensada la representación de la Auditoría no se condice con la representación ciudadana –dijo-. La AGN tiene que ser una herramienta de control ciudadano representativa de la ciudadanía, por lo tanto creo que es un acierto y coincido en que tenemos que poner en discusión este y otros proyectos, y es necesario nutrirnos de la experiencia de quienes han estado en la Auditoría y los especialistas, pero quiero resaltar algo: quienes dicen que hoy es un tratamiento apurado, lo que están apurando es una representación que va a durar 8 años y por lo tanto va a ser poco representativa de lo que es la realidad hoy”.

En otro pasaje, Ajmechet propuso establecer un cronograma de trabajo para la comisión, que al final de la reunión aceptó el propio Mayoraz, quien dijo ver claro entre sus pares que “hay una necesidad de completar o designar los tres auditores faltantes, pero creo que eso lejos de ser un obstáculo es la oportunidad para ponerlo en debate”.

Aclaró que no se estaba ante una situación de inacción de la Auditoría, por cuanto hay un plan de trabajo del que se encargan las direcciones del organismo, pero observaba un consenso político en avanzar con el debate. “A lo mejor es el momento de trabajar en el procedimiento de designación de los auditores”, dijo, y prometió analizar el giro a otras comisiones del resto de los proyectos puestos a consideración. Propuso también realizar sesiones informativas primero, sin resignar la idea de trabajar en el proyecto de ley en su conjunto, pero atendiendo la premura puedan avanzar con la discusión, priorizando los proyectos más referidos a la Ley de Auditoría.

A la intención de la oposición de nombrar dos auditores por la Cámara de Diputados en la sesión pedida para este miércoles, el oficialismo respondió con la presentación de un proyecto del propio presidente del Cuerpo, Martín Menem, que se someterá rápidamente a tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz.

La iniciativa, que se debatirá desde las 9.30 de este miércoles, propone que el presidente de la Auditoría General de la Nación sea designado por acuerdo del Senado, entre una terna de candidatos. Sí deja claro que debe ser nominado por el presidente del partido político de oposición con mayor número de legisladores, tal cual lo establece el artículo 85 de la Constitución. El mismo establece que “el presidente de la AGN es siempre designado a propuesta del principal partido de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso”.

Ese mismo artículo establece que “esa designación se realiza mediante resolución de ambas cámaras del Congreso”, lo que plantea la primera de las varias objeciones que despierta el proyecto de Menem. Desde la oposición adelantan que es inconstitucional que se exija acuerdo del Senado, cuando la Carta Magna no lo dice.

Sí establece la CN que ese organismo “se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento”. Y en la actualidad los cargos restantes son designados por las cámaras del Congreso Nacional: 3 por la de Senadores, y 3 por la de Diputados, observando la composición de cada una.

Menem propone la designación de 6 auditores auxiliares, nombrados 4 a propuesta del presidente de la Cámara de Diputados y 2 del presidente del Senado. Esto es, la Cámara alta perdería un miembro, cosa que se admite ese Cuerpo no aceptará.

La iniciativa determina que Diputados elegirá 3 auditores auxiliares en proporción a los bloques parlamentarios con mayor número de miembros y el cuarto en representación del oficialismo.

En cuanto a los 2 auditores del Senado, serán elegidos en representación de los bloques parlamentarios con mayor número de miembros.

En todos los casos poseerán un mandato de 4 años en su función, con opción a ser reelegidos solo una vez. En la actualidad, el mandato de los auditores es de 8 años.

Un acuerdo de UP y EF encendió las alertas en el oficialismo

Tal cual viene informando desde el fin de semana parlamentario.com, el clima en torno a la designación de auditores para la AGN se caldeó. Un organismo creado por la Constitución, cuyo objetivo es asistir técnicamente al Parlamento en el control externo del sector público nacional, mediante la realización de auditorías y estudios especiales.

Este miércoles se confirmó que la oposición incluyó la cuestión en el temario de la sesión pedida para este miércoles. Según se conoció, Unión por la Patria y Encuentro Federal pretenden designar a Juan Ignacio Forlón -cuyo mandato venció el año pasado- y al actual diputado Emilio Monzó, dejando la banca restante para que el oficialismo resuelva a quien designa.

En abril del año pasado vencieron los mandatos de Juan Ignacio Forlón, Santiago Estrada y Jesús Rodríguez (estos dos últimos designados por el Pro y la UCR, respectivamente). En su momento, las negociaciones no llegaron a buen puerto en la Cámara baja. El oficialismo, que primero no quería una silla en el organismo y después sí (para Santiago Viola), no logró un acuerdo con sus aliados del Pro y la UCR, que aspiraban a poner uno cada uno.

En esta discusión, el bloque Encuentro Federal siempre fue clave, pues en agosto del año pasado había expresado su apoyo, junto con la Coalición Cívica, al elegido de la UCR, Mario Negri. Y también apoyó el pedido del Pro, en favor de Jorge Triaca. Fue entonces cuando LLA se desentendió del acuerdo original y pidió uno de esos cargos. Mientras tanto, UP reclamaba dos lugares, argumentando que por el número de diputados con que cuentan les corresponde ese número. El tema se define por votación en el recinto, o sea que todo depende de los apoyos.

Ahí es donde entra a tallar el acuerdo alcanzado los últimos días entre Germán Martínez y Miguel Pichetto, para designar a Forlón y Monzó. Contarían con el número suficiente para imponer esos dos nombramientos.

La situación complica al oficialismo, que nunca quiso romper con sus aliados por este tema. Ahora el radicalismo quedó prácticamente fuera de la discusión, porque el bloque que conduce Rodrigo de Loredo perdió miembros y hoy solo tiene 14. Pero el Pro sigue ahí, y La Libertad Avanza debe resolver si vuelve a tensar aún más la relación con el partido amarillo, con el que ya se trenzó por ficha limpia y la elección porteña.

Un dato no menor es que los cargos en la AGN son por ocho años, lo cual explica de alguna manera porqué el oficialismo está tan remiso a quedarse sin nada.

En el Senado también están vacantes las auditorías. En este caso desde el 31 de marzo, cuando vencieron los mandatos de Francisco Javier Fernández, Graciela de la Rosa y Alejandro Nieva. Actualmente, al frente de la AGN se encuentra el dirigente del peronismo porteño Juan Manuel Olmos.

Tal cual viene informando desde el fin de semana parlamentario.com, se está caldeando el clima en torno a la designación de auditores para la AGN. Un organismo creado por la Constitución, cuyo objetivo es asistir técnicamente al Parlamento en el control externo del sector público nacional, mediante la realización de auditorías y estudios especiales.

Si bien contra lo que se presumía, la cuestión no será incluida en el temario de la sesión pedida para este miércoles -el oficialismo estaba previendo que la oposición pusiera a consideración las designaciones de dos miembros en Diputados, y en ese marco intentarían imponer una designación por parte de Unión por la Patria (Juan Ignacio Forlón) y otro de Encuentro Federal (Emilio Monzó)-, el problema sigue latente para La Libertad Avanza, que busca designar un auditor propio y no se lo permiten.

En ese marco es que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, acaba de presentar un proyecto de ley para reglamentar el funcionamiento Auditoría General de la Nación. Y previsiblemente la parte clave del proyecto está a partir del artículo 18. Sí, la parte referida a la designación de los miembros de la AGN.

Recordemos que en abril del año pasado vencieron los mandatos de Juan Ignacio Forlón, Santiago Estrada y Jesús Rodríguez (estos dos últimos designados por el Pro y la UCR, respectivamente). En su momento, las negociaciones no llegaron a buen puerto en la Cámara baja. El oficialismo, que primero no quería una silla en el organismo y después sí (para Santiago Viola), no logró un acuerdo con sus aliados del Pro y la UCR, que aspiraban a poner uno cada uno.

En esta discusión, el bloque Encuentro Federal siempre fue clave, pues en agosto del año pasado había expresado su apoyo, junto con la Coalición Cívica, al elegido de la UCR, Mario Negri. Y también apoyó el pedido del Pro, en favor de Jorge Triaca. Fue entonces cuando LLA se desentendió del acuerdo original y pidió uno de esos cargos. Mientras tanto, UP reclamaba dos lugares, argumentando que por el número de diputados con que cuentan les corresponde ese número. El tema se define por votación en el recinto, o sea que todo depende de los apoyos.

Ahí es donde entra a tallar el acuerdo alcanzado los últimos días entre Germán Martínez y Miguel Pichetto, para designar a Forlón y Monzó. Contarían con el número suficiente para imponer esas dos designaciones.

La situación complica al oficialismo, que nunca quiso romper con sus aliados por este tema. Ahora el radicalismo quedó prácticamente fuera de la discusión, porque el bloque que conduce Rodrigo de Loredo perdió miembros y hoy solo tiene 14. Pero el Pro sigue ahí, y La Libertad Avanza debe resolver si vuelve a tensar aun más la relación con el partido amarillo, con el que ya se trenzó por ficha limpia y la elección porteña.

Un dato no menor es que los cargos en la AGN son por ocho años, lo cual explica de alguna manera porqué el oficialismo está tan remiso a quedarse sin nada.

En el Senado también están vacantes las auditorías. En este caso desde el 31 de marzo, cuando vencieron los mandatos de Francisco Javier Fernández, Graciela de la Rosa y Alejandro Nieva.

El proyecto de Menem

Hechas estas especificaciones, irrumpe en este escenario la iniciativa que impulsa el presidente de la Cámara de Diputados, que establece que el auditor será designado por acuerdo del Senado de la Nación, de una terna de candidatos. Sí deja claro que debe ser nominado por el presidente del partido político de oposición con mayor número de legisladores, tal cual lo establece el artículo 85 de la constitución. El mismo establece que “el presidente de la AGN es siempre designado a propuesta del principal partido de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso”.

Ese mismo artículo establece que “esa designación se realiza mediante resolución de ambas cámaras del Congreso”, lo que plantea la primera de las varias objeciones que despierta el proyecto de Menem. Desde la oposición adelantan que es inconstitucional que se exija acuerdo del Senado, cuando la Carta Magna no lo dice.

Sí establece la CN que ese organismo “se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento”. Y en la actualidad los cargos restantes son designados por las cámaras del Congreso Nacional: 3 por la de Senadores, y 3 por la de Diputados, observando la composición de cada una.

Martín Menem propone en su artículo 25 la designación de 6 auditores auxiliares designados 4 a propuesta del presidente de la Cámara de Diputados y 2 del presidente del Senado.

Esto es, la Cámara alta perdería un miembro, cosa que ese cuerpo no aceptará.

La propuesta determina que Diputados elegirá 3 auditores auxiliares en proporción a los bloques parlamentarios con mayor número de miembros y el cuarto en representación del oficialismo.

En cuanto a los 2 auditores del Senado, serán elegidos en representación de los bloques parlamentarios con mayor número de miembros.

En todos los casos poseerán un mandato de 4 años en su función, con opción a ser reelegidos solo una vez. En la actualidad, el mandato de los auditores es de 8 años.

Proyecto MENEM - AGN

Con la elección porteña ya resuelta, el Gobierno nacional debe concentrarse ahora en la cotidianeidad, que incluye una semana que se anticipa complicada en la Cámara baja. Después de una suerte de receso preelectoral en el Congreso, en la que sí hubo una actividad muy trascendente, como fue la reunión de las comisiones de Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, en la que se emitió una docena de dictámenes sobre la cuestión previsional. Un tema no menor, que desatará una gran discusión en el recinto el próximo miércoles, que es cuando la oposición piensa dar ese debate.

Eso sí, antes deberán ponerse de acuerdo para emprolijar cómo será la discusión.

La idea es sesionar este miércoles, y para eso la oposición buscará alcanzar acuerdos este lunes y convocar luego a sesionar el 21. Será el día después del resultado electoral en la Ciudad de Buenos Aires, que dejó al mileísmo con más poder, pero habrá que ver si eso se trasluce en el recinto. Entre otras cosas, habrá que atender el nivel de compromiso que de ahora en más vaya a asumir el bloque Pro, que ha entrado en efervescencia.

Lo sabe muy bien el oficialismo, que se pondrá en guardia este miércoles. Sabe que la tendrá complicada, porque la oposición irá con otros temas además de la cuestión previsional. En primer lugar, al principio de la misma, saben en La Libertad Avanza que la oposición buscará poner a consideración la elección de auditores para la hoy acéfala AGN. Y ahí se arriesga a sufrir el primer traspié, que sabe que no puede frenar si la sesión arranca.

Pero hay otros temas con los que tendrá que lidiar Martín Menem en esta sesión jabonosa que se le presentará. El Gobierno superó con alivio la instancia de las interpelaciones, luego de que el miércoles último pasara sin pena ni gloria la no sesión en la que debieron haber sido interpelados los ministros Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo. Se anunció en la sesión del 29 de abril, cuando la interpelación a Guillermo Francos, pero nunca se oficializó, pues los involucrados jamás se hicieron eco de la convocatoria. Más que suspenderse, o postergarse, la sesión se apagó. La oposición se limitó a intimar al presidente de la Cámara a definir si habría o no sesión, aquél ni contestó y hoy por hoy ya todos dan el tema por concluido. Tampoco es que la oposición tuviera asegurado el número para el quórum, la verdad sea dicha.

Ahora irán por algo más concreto y que ofrece mejores alternativas de avance, como es la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, que está empantanada por no poder constituirse del todo ya que no puede definir sus autoridades. En la única reunión que hubo hasta ahora, se confirmó que las partes están empatadas en 14 y eso impide la elección de un presidente que ordene el juego. Y desde ya que no es lo mismo que presida un opositor, que un aliado del oficialismo.

Tal cual lo anunciado oportunamente, los bloques opositores pondrán a consideración el tema en la sesión que pedirán para este miércoles. Si bien pensaban no solo definir autoridades, sino también discutir la conformación de la comisión, volviendo al número original de 24 miembros, eso fue desechado. “Creemos que hay que avanzar, no retroceder. Nos da más chance de destrabar”, confió a parlamentario.com un diputado opositor que está en la mesa chica que determinará los pasos a seguir.

Desde el oficialismo replicarán que para discutir el tema se necesita habilitarlo con los dos tercios, pero desde la oposición propondrán una moción que entienden que se debe votar con mayoría simple. Será una larga discusión. “Sí, vamos preparados”, advirtió la fuente consultada.

Antes de pedir la sesión definirán los opositores definirán también si incluyen en el debate la emergencia en discapacidad, que ya cuenta con dictamen, y tal vez otros emplazamientos.

Todo eso lo llevarán a un recinto en el que esperan retumben todavía las repercusiones del resultado de este domingo en la Ciudad. Donde el oficialismo consiguió su objetivo de desplazar al Pro al tercer lugar, y de yapa ganarle a Leandro Santoro.

Habrá que ver si la diferencia holgada entre el oficialismo y el Pro termina siendo una complicación. En rigor, nunca un triunfo electoral debe serlo, pero ha habido demasiados cruces con los principales aliados que más de uno podría comenzar a dejar la colaboración de lado.

Y en el oficialismo admiten que más allá de la victoria, en Diputados se encontrarán inmediatamente después con una situación de debilidad que tal vez sea la más extrema que recuerden. La apuesta es entonces a que no haya sesión. Se verá.

La semana que pasó hubo clima electoral en el Congreso. Ergo, no hubo prácticamente actividad, con excepción de la trascendental reunión realizada por las comisiones de Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, en la que se emitió una docena de dictámenes sobre la cuestión previsional. Un tema no menor, que desatará una gran discusión en el recinto, pero que antes necesita ser organizado por la propia oposición, si es que quiere alcanzar buen puerto. Llámese aprobar al menos dos de los dictámenes.

La idea es sesionar el miércoles que viene, y para eso la oposición buscará alcanzar acuerdos este lunes y ese mismo día convocar a sesionar el 21. Para entonces habrán pasado las elecciones de este domingo en la Ciudad de Buenos Aires, que atrajo la máxima atención y que sin lugar a dudas dejará consecuencias. Precisamente atendiendo al resultado que pueda haber allí es que la oposición prefirió aguardar a que pase el fin de semana para recién después convocar.

Conforme el grado de los heridos, verá mejor con qué cartas jugará el miércoles.

Lo sabe muy bien el oficialismo, que se pondrá en guardia ese día. Sabe que la tendrá complicada, porque la oposición irá con otros temas además de la cuestión previsional. En primer lugar, al principio de la misma, saben en La Libertad Avanza que la oposición buscará poner a consideración la elección de auditores para la hoy acéfala AGN. Y ahí se arriesga a sufrir el primer traspié, que sabe que no puede frenar si la sesión arranca.

Pero hay otros temas con los que tendrá que lidiar Martín Menem en esta sesión jabonosa que se le presentará este miércoles. El Gobierno superó con alivio la instancia de las interpelaciones, luego de que el miércoles último pasara sin pena ni gloria la no sesión en la que debieron haber sido interpelados los ministros Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo. Se anunció en la sesión del 29 de abril, cuando la interpelación a Guillermo Francos, pero nunca se oficializó, pues los involucrados jamás se hicieron eco de la convocatoria. Más que suspenderse, o postergarse, la sesión se apagó. La oposición se limitó a intimar al presidente de la Cámara a definir si habría o no sesión, aquél ni contestó y hoy por hoy ya todos dan el tema por concluido. Tampoco es que la oposición tuviera asegurado el número para el quórum, la verdad sea dicha.

Ahora irán por algo más concreto y que ofrece mejores alternativas de avance, como es la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, que está empantanada por no poder constituirse del todo ya que no puede definir sus autoridades. En la única reunión que hubo hasta ahora, se confirmó que las partes están empatadas en 14 y eso impide la elección de un presidente que ordene el juego. Y desde ya que no es lo mismo que presida un opositor, que un aliado del oficialismo.

Tal cual lo anunciado oportunamente, los bloques opositores pondrán a consideración el tema en la sesión que pedirán para este miércoles. Si bien pensaban no solo definir autoridades, sino también discutir la conformación de la comisión, volviendo al número original de 24 miembros, eso fue desechado. “Creemos que hay que avanzar, no retroceder. Nos da más chance de destrabar”, confió a parlamentario.com un diputado opositor que está en la mesa chica que determinará los pasos a seguir.

Desde el oficialismo replicarán que para discutir el tema se necesita habilitarlo con los dos tercios, pero desde la oposición propondrán una moción que entienden que se debe votar con mayoría simple. Será una larga discusión. “Sí, vamos preparados”, advirtió la fuente consultada.

Antes de pedir la sesión definirán los opositores definirán también si incluyen en el debate la emergencia en discapacidad, que ya cuenta con dictamen, y tal vez otros emplazamientos.

Todo eso lo llevarán a un recinto en el que esperan retumben todavía las repercusiones del resultado de este domingo en la Ciudad. Donde el oficialismo espera desplazar al Pro “al tercer o cuarto lugar”, tal el nivel de optimismo libertario, y hasta ganarle a Leandro Santoro, se envalentonan. Como sea, esa misma fuente admitió que una eventual diferencia holgada podría llegar a complicar definitivamente la relación con quienes han sido sus principales sostenedores en la Cámara baja en este tiempo.

Independientemente del resultado de este domingo, en el oficialismo admiten que aun ganando, en Diputados se encontrarán inmediatamente después con una situación de debilidad que tal vez sea la más extrema que recuerden. La apuesta es entonces a que no haya sesión. Se verá.

Con toda la atención del oficialismo puesta en el resultado de las elecciones porteñas -las que más le interesan, al nivel del resultado de las generales del 26 de octubre-, transcurrida esa instancia los ojos volverán esta semana al Congreso de la Nación. Ya no para atender la discusión por ficha limpia, que ya quedó para el próximo año, sino por una bomba de tiempo latente a la que solo ha podido postergar: la definición sobre los miembros de la Auditoría General de la Nación.

No será la única cuestión que se debatirá esta semana, pero sí una de las más urticantes.

El tema está pendiente desde el año pasado, cuando vencieron los mandatos de los elegidos por parte de la Cámara de Diputados y La Libertad Avanza quiso nominar un nombre suyo para ese organismo. Como originalmente se había acordado otra cosa, no quedó más que patear el tema para adelante a la espera de encontrar una solución que nunca apareció. Más bien el tema se complicó aún más cuando vencieron también los mandatos de los representantes del Senado y la AGN quedó en una situación extrema: con un solo miembro: su presidente, el representante del principal partido e la oposición, Juan Manuel Olmos. Los otros seis cargos están vacantes.

El problema para el oficialismo se planteará en la próxima sesión, cuando la oposición busque forzar en la Cámara baja la designación de dos de los miembros, luego de que Unión por la Patria y Encuentro Federal se pusieran de acuerdo. Si Todo Marcha Acorde al Plan (TMAP, según la sigla patentada por Santiago Caputo), la oposición le asestará un duro revés al oficialismo el próximo miércoles.

Según pudo verificar parlamentario.com, tienen los votos. Así las cosas, al oficialismo solo le resta apostar a que no haya quórum. En cuyo caso, solo ganará tiempo.

Mientras tanto, los elegidos por la oposición son el kirchnerista Juan Ignacio Forlón por Unión por la Patria y el diputado Emilio Monzó por Encuentro Federal.

Una discusión de larga data

Como dijimos, hace rato que no se ponen de acuerdo sobre las designaciones, y el pasado 27 de marzo, al reunirse la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que conduce Miguel Pichetto, se lanzó una intimación. En esa oportunidad, Pichetto recordó que el 31 de marzo sería “la última reunión de la Auditoría con los representantes del Senado”, dado que el mandato de Francisco Javier Fernández, Graciela de la Rosa y Alejandro Nieva vencía ese día. Recordemos que los dos primeros fueron designados en nombre de UP y el tercero en representación de la UCR. Pichetto anunció en esa ocasión que acababan de enviarles a los presidentes de ambas cámaras, Victoria Villarruel y Martín Menem, notas reclamándoles poner en marcha el mecanismo correspondiente y convocar a los presidentes de los bloques para definir a los representantes ante la AGN, ya que si no se completa el organismo eligiendo a los auditores que faltan el mismo quedaría acéfalp.

En abril de 2024 vencieron los mandatos de Juan Ignacio Forlón, Santiago Estrada y Jesús Rodríguez (estos dos últimos designados por el Pro y la UCR, respectivamente). Las negociaciones en su momento no llegaron a buen puerto en la Cámara baja. El oficialismo, que primero no quería una silla en el organismo y después sí (para Santiago Viola), no logró un acuerdo con sus aliados del Pro y la UCR, que aspiraban a poner uno cada uno.

En esta discusión, el bloque Encuentro Federal siempre fue clave, pues en agosto del año pasado había expresado su apoyo, junto con la Coalición Cívica, al elegido de la UCR, Mario Negri. Y también apoyó el pedido del Pro, en favor de Jorge Triaca. Fue entonces cuando LLA se desentendió del acuerdo original y pidió uno de esos cargos. A todo esto, las negras también juegan… y UP reclamaba dos lugares, argumentando que por el número de diputados con que cuentan les corresponde ese número. Como sea, el tema se define por votación en el recinto, o sea que todo depende de los apoyos.

Ahí es donde entra a tallar el acuerdo alcanzado los últimos días entre Germán Martínez y Miguel Pichetto, para designar a Forlón y Monzó. Entre ambos espacios suman 111 diputados, pero aseguran contar con una treintena más de votos para rubricar el acuerdo.

La situación complica al oficialismo, que nunca quiso romper con sus aliados por este tema. Ahora el radicalismo quedó prácticamente fuera de la discusión, porque el bloque que conduce Rodrigo de Loredo perdió miembros y hoy solo tiene 14. Pero el Pro sigue ahí, y La Libertad Avanza debe resolver si vuelve a tensar aun más la relación con el partido amarillo, con el que ya se trenzó por ficha limpia y, este domingo, en la elección porteña.

Un dato no menor es que los cargos en la AGN son por ocho años, lo cual explica de alguna manera porqué el oficialismo está tan remiso a quedarse sin nada.

Que es lo que sucederá en el Senado, donde Unión por la Patria aspira a retener dos lugares de parte de la Cámara alta y el radicalismo quedarse con el cargo restante. Con solo 6 senadores, ahí LLA no tiene mucho poder de fuego.

En este contexto, con una conformación de la AGN completa, el peronismo podría quedarse con cuatro de los siete lugares, lo que le asegura una mayoría. Se verá.

Qué es la AGN

La Auditoría General de la Nación es un organismo instituido en la órbita del Congreso de la Nación, cuya función es asistir técnicamente al Parlamento en el control externo del sector público nacional, mediante la realización de auditorías y estudios especiales.

Según establece el artículo 85 de la Constitución, el presidente de la AGN es siempre designado a propuesta del principal partido de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Esa designación se realiza mediante resolución de ambas cámaras del Congreso.

Como hemos dicho, 6 de dichos auditores generales son designados por las cámaras del Congreso Nacional: 3 por la de Senadores, y 3 por la de Diputados, observando la composición de cada una.

A través de una nota, los diputados de la Coalición Cívica le solicitaron al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que "proceda a instar en forma inmediata los procedimientos para la designación de los tres auditores generales como integrantes de la Auditoría General de Nación en representación de la Cámara de Diputados".

La misiva fue presentada a raíz de la situación de parálisis en la que entrará el organismo, con el vencimiento de los mandatos de los representantes por el Senado. En tanto, los auditores por Diputados se encuentran vacantes desde hace un año.

Los legisladores citaron el artículo 122 de la Ley 24.156, el cual establece que los seis auditores serán designados por resolución de ambas cámaras del Congreso, correspondiendo tres al Senado y tres a Diputados, "observando la composición de cada cámara".

Mientras que el artículo 85 de la Constitución Nacional establece que "el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo". A su vez, indica que "el examen y la opinión del Poder Legislativo sobre su desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la AGN".

"La AGN desempeña un rol fundamental sobre el control externo de todo el sector público nacional. Sin embargo, la Cámara de Diputados tiene pendiente la designación de sus representantes desde el mes de abril de 2024, cuando vencieron los mandatos de sus representantes", recordaron.

En la nota, los cívicos subrayaron que "a partir de ese momento, la AGN funciona de forma incompleta, con 4 de sus 7 auditores y es inminente el vencimiento de los representantes de la Cámara de Senadores por lo que el organismo de control quedará totalmente paralizado, sin autoridades más allá de su presidente".

"Tal circunstancia es de una gravedad institucional que impediría al Poder Legislativo cumplir con la función de control que la Constitución Nacional le asigna, ya que no podrá contar con los dictámenes del organismo de asistencia técnica que es la AGN", enfatizaron.

Finalmente, los diputados aseguraron que "es responsabilidad del presidente de esta Cámara instar el procedimiento para la designación de auditores generales" y, en ese sentido, le pidieron "se dé tratamiento en forma inmediata, a fin de evitar la paralización y acefalía de la AGN".

La Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas se reunió este jueves en el Salón Illia del Senado, donde se anunció que le fueron giradas notas a las autoridades de ambas cámaras para que aceleren la designación de los auditores, ante la acefalía en la que caerá el principal organismo de control de la administración pública desde este viernes.

El diputado Miguel Pichetto, presidente de la comisión, recordó que este jueves es "la última reunión de la Auditoría con los representantes del Senado", dado que su mandato vence este 31 de marzo. Se trata de Francisco Javier Fernández, Graciela de la Rosa y Alejandro Mario Nieva.

"En la nota, les informamos de la caducidad de los mandatos y la probable acefalía de la AGN si no se completan y se eligen los auditores", señaló sobre las misivas dirigidas a Victoria Villarruel y Martín Menem, donde también reclaman que "pongan en marcha el mecanismo" y "convoquen a los presidentes de los bloques para definir a los representantes".

El legislador resaltó que "Diputados tiene un problema mayor porque viene de un retraso de un año". A propósito de esto, en abril de 2024 se vencieron los mandatos de Juan Ignacio Forlón, Santiago Estrada y Jesús Rodríguez.

Las negociaciones en la Cámara baja no llegaron buen puerto y el oficialismo, que primero no quería una silla en el organismo y después sí (sonó Santiago Viola), no logró un acuerdo con sus aliados. El Pro y la UCR querían un lugar cada uno, sumado a que Unión por la Patria considera que le corresponden dos.

Integrante de la bicameral, la camporista Luana Volnovich aseveró: "Nos tenemos que hacer cargo verdaderamente de esta situación, redoblar los esfuerzos para resolverlo. No nos olvidemos que esto que sucede en la AGN sucede mientras el Poder Ejecutivo está gobernando sin Presupuesto, donde además ha encarado una reforma del Estado gigante".

"Todo esto genera una volatilidad institucional", consideró la diputada y afirmó que "tenemos que generar los acuerdos para poder tener al principal organismo de control funcionando en este momento".

A continuación, el senador salteño Juan Carlos Romero le pidió que UP "haga la propuesta" y reveló: "Ya lo hablé con el senador (José) Mayans para que en la sesión que está prevista el día 3 (de abril) hagamos el proyecto de resolución; los otros bloques están absolutamente de acuerdo en las nominaciones".

Con 34 miembros en el Senado, a tres de la mayoría absoluta, difícilmente UP vaya a conformarse con un solo lugar. Querrá dos. El otro bloque que le sigue en cantidad de miembros es la UCR.

De acuerdo a la normativa vigente (Ley 24.156), los tres representantes por cada cámara del Congreso son elegidos "observando la composición de cada Cámara". Conformada por 7 auditores en total, la AGN, dependiente del Congreso, quedará -a partir de este viernes- únicamente a cargo de su presidente, el peronista Juan Manuel Olmos.

"Este tema está con la pelota adentro del Congreso. El Gobierno no puede suplir con un DNU a los representantes, ni la Auditoría puede quedar acéfala. La tarea es nuestra", cerró Pichetto.

Por otra parte, durante la reunión se avaló el envío de una nota al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respecto de "la obligación de los entes auditados. "Lo que está pasando en los últimos años en empresas y entes públicos que tienen que tener la auditoría de gestión, es que contratan estudios privados. Creo que eso no es válido", apuntó el presidente de la comisión.

En ese sentido, el diputado dijo que "el jefe de Gabinete tiene que poner a disposición todas las actuaciones de las distintas empresas; y que, independientemente que hagan una auditoría privada, la AGN tiene que intervenir". "Se trata fundamentalmente de afianzar la autoridad que tiene la Auditoría, que no puede ser suplida por estudios privados, porque estamos hablando de recursos que son del Estado Nacional", añadió.

Impulsor de este pedido, el senador Romero advirtió: "Si esta nota no prospera, debemos hacer denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Finalmente, se puso a análisis de los integrantes de la bicameral la Cuenta de Inversión 2017, del gobierno de Mauricio Macri, que se trata de la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo sobre la gestión del presupuesto.

"Es un tema para que cada senador y diputado lo estudie en profundidad", indicó Pichetto, que además detalló que por parte de la AGN hubo un dictamen de mayoría de cuatro auditores, y otro de minoría de tres auditores, "que plantea la aprobación con salvedades".

Los legisladores acordaron reunirse para darle dictamen el próximo 8 de abril a las 16.30. "Falta que la Auditoría mande la de 2018, 2019, y estaban cerrando, creo en el día de hoy, la cuenta 2020", completó Pichetto.

Hoy presidí una nueva reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, en la que abordamos temas cruciales para la transparencia en la gestión pública. Los integrantes de la Comisión exigimos a los Presidentes de ambas Cámaras del Congreso que se pongan en marcha,…

— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) March 27, 2025

La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que preside Miguel Ángel Pichetto (EF), mantuvo una reunión que definió como “preparatoria” en la que los legisladores acordaron el Plan de Acción de la Comisión para este año.

Asimismo, fueron incorporados a la comisión los senadores Víctor Zimmerman (UCR) y Bruno Olivera Lucero (LLA).

"Nos parecía interesante hacer una especie de reunión preparatoria sobre cuestiones que estuvimos trabajando este tiempo", destacó Pichetto. Y sintetizó: “Hemos recibido a los dos senadores incorporados, elaboramos el plan de acción de la Bicameral, remitimos dos notas a la Presidencia de la Cámara para digitalizar los archivos de la comisión y definimos el tratamiento de diversos expedientes”.

En ese sentido, el presidente de la comisión describió que durante el período de octubre a noviembre de 2024, se aprobaron más de 300 expedientes, la comisión recibió a los integrantes de la Auditoria General de la Nación, se aprobó con modificaciones el Plan de Acción Anual 2025 de la AGN, se recibió una auditoria sobre tema vacunas, ingresó la cuenta de inversión 2019 cuyos informes se los remitimos al Poder Ejecutivo donde se plantea un rechazo a las cuentas de inversión, ingresó la normativa POA, entre otros temas”.

“Lo que hemos realizado en un periodo corto, es muy importante”, valoró Pichetto.

Por su parte, el senador de Unión por la Patria Mariano Recalde expresó su acompañamiento a esta propuesta de trabajo: “Nos parece muy bien la metodología de trabajo propuesta, la agenda y la idea de la digitalización.

A su turno, el senador Bruno Olivera Lucero (LLA), agradeció a sus pares y señaló que "estoy a disposición para trabajar, me parece un plan de labor correcto".

La Bicameral Permanente Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal), realizará su primera reunión del año este martes, a partir de las 17.30, en el Salón Illia del Senado.

En la semana que ya no está dentro del período de sesiones extraordinarias, y días antes de que arranque formalmente un nuevo año legislativo, la comisión considerará la Memoria Anual 2024 y delineará una agenda de trabajo para 2025, con los próximos expedientes a tratar.

Asimismo, de acuerdo a la convocatoria, se abocará a la aprobación de actas pendientes e ingreso de comunicaciones; la propuesta para considerar la digitalización de los expedientes de la comisión; el ingreso del Plan Operativo Anual de la AGN y otras cuestiones administrativas.

A lo largo de 2024, la AGN funcionó con 4 de sus 7 miembros ante el vencimiento de los mandatos de los representantes por Diputados y la falta de acuerdo entre los bloques en la Cámara baja que dejó sin resoluciones el asunto.

En tanto, en abril próximo vencerán los mandatos de los representantes por el Senado, con lo cual el organismo de control se encamina a una situación compleja. La intención del oficialismo sería -tras la dilatación en Diputados- negociar los nuevos lugares en ambas cámaras en paralelo.

El pasado 5 de noviembre, el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, anunció ante la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas que en el plan de este año incluirán auditorías de cuatro universidades nacionales y otros temas sensibles a la gestión libertaria, como gastos en defensa y seguridad o política alimentaria del Ministerio de Capital Humano.

En el cierre del período ordinario, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas dio aval al Programa de Acción Anual 2025 presentado por la Auditoría General de la Nación.

El presidente de la bicameral, el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal), indicó que el plan del organismo -presidido hoy por el peronista Juan Manuel Olmos- contempla 296 proyectos de control externo. Entre ellos, se incluyen 47 auditorías a universidades nacionales, que forman parte del sector público nacional no financiero. 

“Hubo algunas modificaciones muy ligeras en el plan original de la AGN, pero el plan quedó equilibrado tras un intercambio con la comisión y los auditores. Se ha incluido la auditoría de las tres principales facultades de la UBA”, señaló Pichetto, en referencia a lo que días atrás se anunció cuando Olmos visitó la comisión: el examen ex-post sobre las facultades de Medicina, Ciencias Económicas, Derecho y Psicología. 

Durante la reunión, el senador Mariano Recalde (Unión por la Patria) expresó que el plan está en línea con lo discutido previamente, especialmente en lo referente a las universidades prioritarias para auditar. 

Luego del debate, se decidió pasar a la firma el dictamen para aprobar el PAA 2025, el cual debe contar, además, con el aval de los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras, el diputado José Luis Espert y el senador Ezequiel Atauche, ambos de La Libertad Avanza. 

Finalmente, se aprobaron un total de 57 informes de auditoría financiera y contable, concluyendo así los temas tratados en la jornada.

Con la intención de dar aval al Programa de Acción Anual 2025 presentado por la Auditoría General de la Nación (AGN), la Comisión Mixta Revisora de Cuentas fue convocada para este martes a las 16. Cabe resaltar que a las 15, ese mismo día, fue citada por la oposición una sesión en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU 846 sobre canje de deuda.

La bicameral que preside Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal, recibió el pasado 5 de noviembre a Juan Manuel Olmos, titular el organismo de control, quien reveló algunas de las auditorías que se contemplarán para el próximo año.

Entre ellas, y a pedido también del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, con anuencia de Pichetto y otros miembros de la comisión, el PAA incluirá el examen externo posterior (ex-post) sobre las cuentas de las facultades de Medicina, Ciencias Económicas, Derecho y Psicología.

Pero además, Olmos informó que se incorporarán temas sobre el primer año de gestión de Javier Milei: hay planificadas auditorías sobre gastos en defensa y seguridad; la política alimentaria del Ministerio de Capital Humano; la gestión de reservas de oro del Banco Central; y la gestión de CAMMESA.

Para la reunión en la que debe darse aval al PAA 2025, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas convocó a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras, el diputado José Luis Espert y el senador Ezequiel Atauche, ambos de La Libertad Avanza.

Por otra parte, en la última reunión, la bicameral le envió una nota a la AGN solicitando la presentación de las cuentas de inversión correspondientes a los años 2019, 2020, 2021 y 2022, aún pendientes.

Actualmente, por la falta de acuerdos y resolución de la Cámara de Diputados, la AGN funciona desde abril pasado con 4 de sus 7 miembros. Además, a comienzos del año próximo también vencerán los mandatos de los representantes por el Senado.

La Comisión Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal), resolvió este martes postergar una semana más el aval al Programa de Acción Anual 2025 presentado por la Auditoría General de la Nación. 

Para tal fin, el próximo miércoles 26 se citará a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras, los oficialistas Ezequiel Atauche (Senado) y José Luis Espert (Diputados). Pichetto explicó que para aprobar el PAA se requiere de la firma de ambos. 

Por otra parte, en el encuentro se acordó enviar una nota al organismo de control solicitando la presentación de las cuentas de inversión correspondientes a los años 2019, 2020, 2021 y 2022. Sobre esto, se analizó el artículo 5 de la Ley 23.847. 

El senador Mariano Recalde (UP), vicepresidente de la comisión, coincidió con el pedido al manifestar: "Tenemos que cumplir antes del 10 de mayo la presentación de los dictámenes sobre la cuenta de inversión y hay un retraso considerable de parte de la Auditoría".

Finalmente, y con el consenso de todos los bloques, la comisión aprobó un dictamen único sobre 41 expedientes pendientes "de carácter financiero, relativos a estados contables de empresas, sociedades, programas financiados por organismos multilaterales y la certificación de indicadores". “Estamos ratificando la decisión que ha enviado la AGN y aprobando expedientes pendientes. Son informes de carácter financiero y administrativo", informó Pichetto. 

En medio de la puja con el Gobierno nacional por quién realiza las auditorías de las universidades nacionales, y ante un pedido del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, para que sea la AGN la que revise las cuentas de las casas de altos estudios y no la SIGEN, que responde al Poder Ejecutivo, el presidente del órgano de control que depende del Congreso, Juan Manuel Olmos, confirmó los informes que están previstos para el año que viene sobre las facultades de Medicina, Ciencias Económicas, Derecho y Psicología. 

Durante una reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, su presidente, el diputado Miguel Pichetto, sugirió al colegio de auditores conformar un equipo con especialistas para tener los informes en un plazo de seis meses. Además, anunció su intención de sesionar todas las semanas hasta que termine el año parlamentario, y el próximo martes poder evaluar el aval al Programa de Acción Anual 2025 que diseñó el organismo. 

En su exposición, Olmos abogó por “un trabajo mancomunado” con el Congreso porque “no pretendemos ser una isla institucional”. “El objetivo es generar un sistema de control necesario sobre los recursos que dispone el Estado para su administración, fondeado por los impuestos de los ciudadanos”, indicó el presidente de la AGN. 

El exfuncionario del gobierno del Frente de Todos reveló que al asumir se realizó una evaluación sobre el trabajo del órgano de control y subrayó: “El factor tiempo de los informes es algo que siempre es para revisar. Es algo que necesita que le demos un acertado diagnóstico para poder encontrar una solución a los informes que muchas veces la atemporalidad los convierte en antropología institucional”. 

“Había una divergencia entre la planificación institucional y la planificación presupuestaria”, aseguró y explicó que mientras “la capacidad de producción de informes es de 180 y 190 por año”, en los planes se estimaban “entre 400 y 450 como pretensión”. Así las cosas, informó que “para el año que viene incorporamos 296 proyectos nuevos; el año pasado se incorporaron 440”. “Se deseaba abarcar más capacidad de control, pero la capacidad marcaba las verdaderas metas físicas”, admitió. 

Sobre el análisis de qué auditorías se dejarían fuera, enumeró que “se dejaron de considerar proyectos que no hubieran tenido inicio o que tuvieran menos de un 20% de avance; aquellos que tuvieran bajo nivel de criticidad; la repetición de organismos; se tuvieron en cuenta los períodos auditados anteriores; y organismos o programas eliminados por la motosierra”. 

“Sí incorporamos (al PAA 2025) temas que son de debate de este Parlamento, de la sociedad y los medios” tales como “equipamiento y compra en defensa y seguridad, porque es una área donde no hubo un recorte significativo; la política alimentaria del Ministerio de Capital Humano; la gestión de reservas de oro del Banco Central; y la gestión de CAMMESA y toda la cuestión energética”, enumeró. Además en el programa está “la previsión de poder cumplir con esa manda que nos puso el Parlamento en cuanto el Poder Ejecutivo avance con el proceso de privatizaciones de la Ley Bases”. 

Me reuní con el rector de la @UBAonline Universidad de Buenos Aires Ricardo Gelpi, quien me ratificó el pedido de auditoría elevado a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas.

Es importante que el Congreso, a través de la AGN, ejerza de manera independiente el rol de control sobre… pic.twitter.com/XmQryE5BG1

— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) November 4, 2024

Yendo a la cuestión de universidades, el dirigente peronista remarcó: “Parte de la polémica a la que estamos asistiendo es una discusión donde creo que, humildemente lo digo, hay una confusión de conceptos. Una cosa es el control externo de los organismos, en este caso no hay ninguna duda que es la AGN la que realiza el control externo de las universidades. Y otra de lo que se está hablando es del control interno, de controles que haga el Poder Ejecutivo a través de la SIGEN, que responde en forma directa al presidente de la Nación. Nosotros no vamos a entrar en esa polémica, sí vamos a considerar ampliar lo más que podamos el control a universidades nacionales”. 

Así, Olmos apuntó que se prevén auditorías sobre 12 universidades nacionales, empezando por la Facultad de Medicina de la UBA, “porque es la casa de estudios más importante, más grande en cantidad tanto de recursos, como alumnos y docentes de todo el país”. Y afirmó que se incluyó “por una idea que ha surgido de miembros de esta comisión y también del colegio de auditores”, además del pedido de Gelpi. 

“También estuvo la decisión de poder incorporar a las facultades Ciencias Económicas, Derecho y Psicología, que es la última que hemos auditado. Son las cuatro facultades más grandes e importantes de la UBA; con esto creo que vamos a dar una respuesta al debate que hoy se está dando en la sociedad y este Parlamento”, agregó. 

El presidente de la AGN resaltó que “sobre la autonomía universitaria lo más importante es lo que dice la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 19; la discusión sobre el control interno seguirá en los tribunales, nosotros vamos a hacer el control externo”. 

Al tomar intervención los legisladores, el senador de Las Provincias Unidas Juan Carlos Romero consideró que hay que “hacer una reparación por el tiempo transcurrido” ya que esta bicameral tuvo su última reunión formal el 12 de julio de 2022. “El Plan de Acción de 2025 lo vamos a analizar y sugerir los cambios que se consideren pertinentes”, dijo y recordó que “la UBA estaba (contemplada de auditar) en el año 2021 y no se cumplió, y tampoco se pudo hacer en 2022 y 2023”. 

“Hay que concentrarnos en algo que sí se pueda hacer el año próximo y que sea la UBA la primera en auditarse. Sería deseable para nosotros que el año próximo tengamos los resultados en seis meses y poder ver los informes durante el período en ejercicio”, pidió el salteño, que también cuestionó la demora de la designación de auditores por parte de la Cámara de Diputados. Actualmente, por ese retraso, la AGN funciona con 4 de sus 7 miembros. 

En tanto, el jefe de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, expresó que le parecía “bien que en este tiempo la AGN se circunscriba a temas que son centrales”, pero mencionó que para él un tema fundamental de revisión “siempre ha sido el tema de la deuda, porque ahí se van miles de millones de dólares”. 

A su turno, la senadora Juliana Di Tullio reveló que el rector de la UBA le envió una nota para que la institución “ingrese -como ya ingresó en 2021, 2022 y 2023- en el plan de auditorías de 2025”. “Hay una voluntad de la UBA de ser auditada; esto destierra absolutamente esta teoría desde lo más alto del Poder Ejecutivo, más precisamente del presidente, de que las universidades no quieren ser auditadas”, enfatizó la jefa del bloque Unidad Ciudadana. 

Exrector de la Universidad Nacional de Catamarca, el senador radical Flavio Fama dijo: “Conozco los sistemas de control de las universidades, es mentira que no existan controles a las universidades. Y la Auditoría es el órgano idóneo para hacer la auditoría externa”. 

“Las universidades son un mundo enorme, diverso, que está distribuido en todo el país, abordar todos los temas va a ser imposible. Acuerdo que la prioridad sea empezar por la UBA, porque inclusive hay un pedido expreso de su rector de que así sea”, sostuvo y pidió que se incluya a la UNCA en el PAA. “Para un rector, para un decano, no hay nada mejor que una auditoría”, agregó. 

Por su parte, el titular de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, valoró que “esta comisión ayude a jerarquizar la palabra auditoría” porque “la palabra auditoría está siendo utilizada como excusa para aplicar un ajuste y un recorte fenomenal en distintas áreas del Gobierno. Hoy le toca a las universidades públicas, con especial ensañamiento, pero pasó con beneficiarios de Potenciar Trabajo, con la política alimentaria, con la obra pública, la Agencia Nacional de Discapacidad y la DADSE”. 

En el cierre, Pichetto ratificó que “la voluntad de todos es auditar la UBA, una obligación indelegable de la AGN y darle prevalencia en los primeros seis meses del año que viene”. Además, recomendó “hacer ya un programa para que el 1ro. de febrero empiece a ejecutarse” y “trabajar con una comisión especial que reúna a los mejores cuadros de la auditoría para que en seis o siete meses podamos tener un primer informe”. 

“La propuesta no es ir a buscar si alguien se robó una partida, es ver cómo están las universidades”, continuó el jefe del bloque Encuentro Federal y pidió que se trate de “una auditoría integral”. 

Olmos avaló: “Si ustedes lo ordenan vamos a constituir un equipo urgentemente para poder dar respuesta en los plazos más perentorios posibles”. Y anunció que también se prevé auditar a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, para saber si existe “discrecionalidad y cómo se están asignando los recursos a las universidades”. 

Durante la reunión también habló el auditor Alejandro Mario Nieva, quien resaltó que “no se puede auditar a todo el Estado todo el tiempo, como no se puede auditar a las 62 universidades todo el tiempo, porque deberíamos tener una auditoría que sea un Estado paralelo”. “La metodología es un sistema de muestreo”, explicó y apuntó que, por ejemplo, “hace mucho tiempo que no hacemos una auditoría de la Secretaría General de la Presidencia, lo cual no significa que no tengan auditoría interna”. 

“No es verdad que no hacemos auditorías a las universidades, se hacen muy buenas auditorías”, sumó y abogó por realizar nuevas “en tiempo y forma, y que de alguna manera resuelvan este cuestionamiento que se ha planteado en el último tiempo”. 

En tanto, la auditora Graciela de la Rosa señaló que “ya en agosto la AGN firmó un convenio con el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) para las auditorías integrales, que nos cuestan un año o a veces más, y para además tener información precisa y online de lo que están haciendo las universidades”.  “Las universidades evidentemente son controladas por distintos órganos del Estado nacional; todo se controla, lo que hay son niveles y complejidad de controles”, añadió. 

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, insistió este domingo por la noche en reclamar un lugar para La Libertad Avanza en la Auditoría General de la Nación. “Le corresponde a LLA tener un auditor, porque va a durar 8 años… ¿Cómo no vamos a poder nosotros poner un auditor en la AGN?”, reclamó.

Entrevistado en el canal TN, Menem habló de eso cuando se tocó el tema de la auditoría a las universidades. Aclaró ante una pregunta puntual que no es el Congreso el que se ocupa de auditar, sino la Auditoría General de la Nación. “Lo que está trabado, para que no queden dudas, es la designación de tres auditores”, explicó el legislador riojano.

A continuación explicó: “Lo que está trabado es la designación de los auditores. ¿Y qué pasa acá? Cada auditor -para mí es pésima la ley- dura 8 años en su cargo. Entonces los tres que renueva el Senado el año que viene van a durar 8 años. Este año se tendrían que haber renovado a esta altura los tres de la Cámara de Diputados. Pasa que no nos estamos poniendo de acuerdo, porque dicen que es por una proporción parlamentaria… Entonces hay tres del Senado, más un presidente, más tres de Diputados; y algunos bloques no nos dejan poner un auditor”.

“O sea, que el presidente que fue elegido por el 56% de los votos, no nos dejan poner un auditor, y somos el segundo bloque más importante de la Cámara”, agregó. Dijo que “nos corresponde y hay algún tipo de tironeo y de traba; yo voy a seguir insistiendo con este tema. Le corresponde a La Libertad Avanza tener un auditor, porque va a durar 8 años; ¿cómo no vamos a poder nosotros, que tanto nos interesa auditar lo que pasa en las universidades y en un montón de sectores del Estado, poner uno propio y que responda directamente a nuestra estructura?”, concluyó.

No se votarán este martes los nombres designados para la Auditoría General de la Nación. Ese organismo que cuenta con siete miembros (todos ellos auditores generales) espera la designación de los tres que corresponden ser elegidos por la Cámara de Diputados. Pero tendrán que seguir esperando un tiempo más, pues no hay acuerdo y el tema se posterga.

Aunque esa dilación no puede ser indefinida, pues esta mora ya data desde el mes de abril. Se votará en la próxima sesión, según se acordó este martes, con la esperanza de que para entonces aparezcan los votos necesarios. Pero está complicado.

Del tema se habló este martes en la reunión celebrada en el despacho del presidente de la Cámara, entre Martín Menem y los representantes de los bloques dialoguistas previa a Labor Parlamentaria, en la que se buscó ordenar la sesión de este miércoles. Allí el presidente de la Cámara baja sostuvo ante cualquier planteo que el tema no está en el temario de este miércoles y si la oposición quiere votarlo necesitaría contar con las ¾ partes de los presentes.

Según pudo saber parlamentario.com, en la reunión en Presidencia el titular del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, ratificó el apoyo de su espacio al radical Mario Negri, el cual fue efectivizado por nota el jueves pasado. Suscribieron también ese pedido por supuesto los radicales y también la Coalición Cívica.

Ese mismo día ingresó otro pedido, suscripto por el bloque Pro y también por Pichetto (convertido en una suerte de árbitro de esta y varias disputas), por el cual proponen a Jorge Triaca.

El eje de la disputa actual pasa porque La Libertad Avanza se desentiende del acuerdo original y ahora quiere un cargo para ellos y otro para el Pro. Parece que lo han pensado bien y llegaron a la conclusión de que no los conforma la composición que se estaría gestando en la AGN. Por eso quieren designar allí a Santiago Viola.

El problema que tienen es que LLA y el Pro juntan 80 diputados y el resto de los bloques no quieren darles dos de los tres asientos en disputa en la Cámara baja.

De más está decir que el tercer asiento le corresponde a Unión por la Patria, que todavía se queja de no haber tenido dos lugares, pero esa es una discusión perdida. El nombre que elegirían recién se conocerá sobre la marcha.

Para justificar su cambio de postura, La Libertad Avanza sostiene que el kirchnerismo no puede tener la mayoría en la AGN. Ven fantasmas en el horizonte y consideran que el peronismo (kirchnerismo incluido) puede llegar a tener una mayoría con los radicales, y “algo raro puede haber ahí”.

En ese sentido una fuente libertaria confió a este medio que “la maniobra de Negri nos pareció completamente rara”. Así las cosas, dicen que La Libertad Avanza no va a avalar el acuerdo de la UCR con UP.

La composición de la AGN

La Auditoría General de la Nación está a cargo de siete miembros designados cada uno como auditor general. Seis de esos auditores generales son designados por las cámaras del Congreso de la Nación: 3 por la de Senadores y 3 por la de Diputados, de acuerdo con la composición de cada una.

Según lo establece el artículo 85 de la Constitución Nacional, el presidente de dicho organismo es designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. De ahí que hoy el peronista Juan Manuel Olmos, ex jefe de Gabinete de Asesores de Presidencia de la Nación, sea el actual presidente de la AGN.

Los auditores correspondientes al Senado son Francisco Javier Fernández, el exdiputado radical jujeño Alejandro Mario Nieva y la exsenadora formoseña María Graciela de la Rosa. Los tres tienen mandato hasta 2025.

Tanto Olmos, como Javier Fernández y Graciela de la Rosa son peronistas: 3 sobre 7. Cuatro, si contamos al designado por Diputados. El oficialismo piensa que con dos radicales podrían conformar una mayoría irremontable. En rigor, el peronismo ya la tiene per sé.

Pero las matemáticas son inexorables. En la próxima sesión se votará este tema y por la suma de la UCR, Hacemos, Coalición Federal, Innovación y Unión por la Patria, no hay chances de que LLA y Pro tengan dos asientos sobre tres.

En apoyo a la candidatura de Negri y de la persona que designe UP hay más de 145 votos firmes.

Si finalmente no hay otro tipo de acuerdo, el Pro y La Libertad Avanza deberán escoger entre Triaca y Viola. ¿Estará dispuesto el radicalismo a ser el que resigne a su designado? Difícil.

Un organismo clave de control es por estos días eje de una de las disputas que surgen desde el Congreso de la Nación, más particularmente la Cámara de Diputados. Allí sus miembros deben designar tres representantes para completar el staff de la Auditoría General de la Nación y el tema está siendo eje de una gran disputa por el interés del oficialismo de contar con un miembro, lo cual se contrapondría con lo acordado con bloques dialoguistas. El final de esta disputa debería ser inminente, pero es todavía incierto.

La Auditoría General de la Nación está a cargo de siete miembros designados cada uno como auditor general, los cuales duran ocho años en sus funciones. Seis de esos auditores generales son designados por las cámaras del Congreso de la Nación: 3 por la de Senadores y 3 por la de Diputados, según la composición de cada una.

Según lo establece el artículo 85 de la Constitución Nacional, el presidente de dicho organismo es designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. De ahí que hoy el peronista Juan Manuel Olmos, ex jefe de Gabinete de Asesores de Presidencia de la Nación, sea el actual presidente de la AGN.

Los auditores correspondientes al Senado son Francisco Javier Fernández, el exdiputado radical jujeño Alejandro Mario Nieva y la exsenadora formoseña María Graciela de la Rosa. Los tres tienen mandato hasta 2025.

Este año corresponde elegir a los tres representantes de la Cámara baja, y para eso el jueves se presentaron dos propuestas: una firmada por los bloques UCR, Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal, proponiendo al exdiputado radical Mario Negri; y otra suscripta por el Pro y Hacemos Coalición Federal, proponiendo a Jorge Triaca.

Esto es, ambas notas llevan la firma de Miguel Angel Pichetto, constituido en una suerte de “árbitro”, que ya mandó a decirle al oficialismo que no votará un candidato de ellos. En rigor, el tercer candidato corresponde al bloque más numeroso de la Cámara, el de Unión por la Patria, que todavía no tiene definido el nombre que propondrá. Lo resolverían bien cerca de la sesión del miércoles próximo, en la que podrían votarse esas tres designaciones.

El tema es que lo que a priori parecía una cuestión resuelta se complicó los últimos días, cuando trascendió el interés de La Libertad Avanza por contar con una silla en ese organismo de control.

Antes de la aprobación de la Ley de Bases, se alcanzaron acuerdos en torno a las comisiones que restan definirse, como las bicamerales. Y es de público y notorio que hubo una gran controversia en torno a la Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia, donde Hacemos Coalición Federal se queja porque le incumplieron lo acordado.

Quienes habían cerrado un acuerdo sobre la AGN fueron Santiago Caputo y Mauricio Macri, para que sea Jorge Triaca auditor general en representación del Pro, cosa que luego Cristian Ritondo ratificó en una reunión con el presidente de la Cámara, Martín Menem. Ahí es cuando surge el problema en la Bicameral de Inteligencia, donde súbitamente quedó fuera Emilio Monzó (HCF), mientras que el Pro pidió encabezar la misma. Algo que, tratándose del tema “inteligencia”, Caputo se resiste a aceptar tal posibilidad.

Estas rispideces llevaron a La Libertad Avanza a reclamar un lugar en la AGN, en detrimento de Mario Negri, quien el jueves se mostró con su comprovinciano Rodrigo de Loredo suscribiendo el acuerdo para promover al extitular del bloque JxC como auditor en representación de la UCR, CC y HCF.

Con todo, esto se resuelve de manera aritmética y al oficialismo no le alcanzan los números. “No tienen los votos para imponer a un libertario y además a Triaca”, dijo una fuente radical consultada por este medio, graficando que entre LLA y el Pro suman 75 miembros, mucho menos de un tercio de la Cámara. “Y el resto no vota eso, sobre todo UP”, dio por concluido el representante del partido centenario.

Una encumbrada fuente del oficialismo consultada por parlamentario.com aclaró que “nosotros no nos bajamos de esa aspiración”, aunque tampoco derrochó optimismo.

“O es Triaca, o es un libertario”, observó una fuente neutral, que estimó que Ritondo, al sumar a Pichetto, puso en un brete a La Libertad Avanza, habida cuenta del interés de Mauricio Macri porque Triaca esté en la AGN.

Negri cuenta con el respaldo de quienes firmaron su nota (56 diputados), más Innovación Federal (8), pero además no bochan su nombre desde UP, que en todo caso podría sentirse más incómodo con Jorge Triaca…

“Nosotros tenemos a nuestro candidato, que es Jorge Triaca”, remarcó una encumbrada figura del bloque Pro consultada por este medio, que respecto de apoyos a otras propuestas para la AGN aclaró que “lo único que se discutió en el bloque es quién era nuestro candidato”.

Si La Libertad Avanza decide volver sobre sus pasos y cumplir lo acordado originalmente, los tres lugares a votar serían los de Triaca, Negri y alguien de UP. Se elige en una votación por mayoría simple y se puede tratar en cualquier sesión.

Pero la realidad confesada por propios y extraños es que “hay mucha tensión” y la situación podría dilatarse un tiempo más.

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La Cámara de Diputados todavía tiene pendiente la resolución sobre los tres nombres que debe designar en la Auditoría General de la Nación, al haberse vencido los mandatos en abril pasado. Por lo pronto, el bloque de la Unión Cívica Radical definió quién será su candidato: el exlegislador Mario Negri.

La puja por quién iba a ser el elegido era parte de una de las internas del radicalismo, donde también sonó Alejandro Cacace -actual secretario del bloque- y, días atrás, se había sumado a la lista la diputada Pamela Verasay, promovida desde el cornejismo. Sin embargo, el dirigente cordobés fue quien desde un principio reunió la mayoría de adhesiones, habiendo logrado 22 firmas sobre 34 a su favor dentro del bloque.

La noticia la dio a conocer Rodrigo de Loredo en sus redes, quien destacó que "su honestidad, trayectoria y firmeza serán claves para fortalecer nuestras instituciones y ejercer el control necesario".

"A lo largo de su trayectoria, demostró ser una persona íntegra y transparente, cualidades esenciales para garantizar la confianza en las instituciones públicas", agregó sobre Negri su sucesor en la jefatura del bloque de la UCR.

Finalmente, dijo que "la firmeza de Mario es su sello distintivo. Siempre ha defendido sus principios con determinación, asegurando que la justicia y la transparencia prevalezcan en cada una de sus acciones. Estoy seguro de que su rol va a ser crucial para fortalecer nuestras instituciones y garantizar un control efectivo".

Para su nombramiento, Negri contaría con el aval de otros bloques de la oposición dialoguista, como Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica, Innovación Federal e incluso el Pro, que tiene a su candidato también: el exministro de Trabajo Jorge Triaca.

En realidad, el artículo 122 de la Ley de Administración Financiera habla de que la designación de tres representantes tanto por Diputados como por el Senado se hará "observando la composición de cada cámara".

En su condición de primera minoría, Unión por la Patria reclamaba dos auditores, pero se quedaría con uno, pues la oposición dialoguista buscaría conformar una mayoría circunstancial para permitir el ingreso de Negri y Triaca. De concretarse, el oficialismo se quedaría sin un lugar.

La Libertad Avanza se encuentra por detrás de UP, por lo cual es la segunda minoría actualmente. Deberá resolver si avala no tener ningún auditor o pelea por una silla en el organismo de control. El apoderado del partido libertario, Santiago Viola, fue el que sonó desde el oficialismo para integrar la AGN.

En tanto, en dispuesta dentro de UP aparecen los nombres de Guillermo Michel, exdirector de Aduanas, promovido por el massismo, y Juan Ignacio Forlón, con aval de La Cámpora y quien en caso de ser el elegido sería reelecto auditor.

Todo se resolverá de acuerdo a quién junte más votos.

La vicepresidenta Cristina Kirchner compartió este jueves en sus redes las conclusiones de un duro informe que auditores oficialistas aprobaron sobre el crédito con el FMI tomado durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Lo que vas a ver y escuchar en este video de 5:16 minutos no es la opinión de un partido político ni de un dirigente opositor, es el resultado del informe aprobado por la Auditoría General de la Nación que detalla la enorme cantidad de violaciones a la ley cometidas en el otorgamiento y posterior ejecución del préstamo del Fondo Monetario Internacional", escribió la titular del Senado.

Para realzar su importancia, CFK recordó que la AGN "es el organismo constitucional que, por el artículo 85 de la Carta Magna, tiene el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad estatal". "Míralo! Es escandaloso lo que hicieron y lo que pasó!", exclamó sobre la deuda tomada por la gestión Cambiemos.

En tanto, en otro vídeo, describió: "En esta segunda parte, que podríamos titular 'Cronología de la manganeta', se detalla cómo los funcionarios de Macri intercambiaron roles y funciones para cometer esta estafa a todo el pueblo Argentino".

Este miércoles los auditores Javier Fernández, Juan Forlón, Graciela de la Rosa y Gabriel Miura Estrada aprobaron un duro informe que denuncia las irregularidades en la toma del préstamo con el FMI, otorgado en junio de 2018. En tanto, los auditores Miguel Ángel Pichetto, Alejandro Nieva y Jesús Rodríguez (presidente de la AGN) expresaron su rechazo.

Acuerdo FMI. Segunda parte.

En esta segunda parte, que podríamos titular “Cronología de la manganeta”, se detalla cómo los funcionarios de Macri intercambiaron roles y funciones para cometer esta estafa a todo el pueblo Argentino. pic.twitter.com/1yW38DVU6T

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 18, 2023

"Por su magnitud y características, este endeudamiento impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos", se señaló en un comunicado de prensa.

Entre los principales hallazgos, se destacaron "relevantes incumplimientos normativos, como la falta de autorización del endeudamiento, la omisión en la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales, la inexistencia del dictamen del BCRA sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y la firma del Acuerdo por parte de funcionarios sin facultades legales para hacerlo".

Además, se advirtió sobre "la falta de intervenciones técnicas adecuadas para evaluar los costos y riesgos de la operación, inexistencia de opinión de la Unidad de Auditoría Interna, como así también la falta de asesoramiento jurídico oportuno y efectivo, destacando sobre todo la omisión de la actuación del Ministerio de Finanzas, que tenía a su cargo específicamente la gestión de la deuda pública".

Mientras arrecian las críticas y presentaciones contra los DNU que obligan a la ANSeS a pesificar activos de los jubilados, el ministro de Economía, Sergio Massa, pidió a la Universidad de Buenos Aires (UBA) que a través de la Facultad de Ciencias Económicas, evalúen el canje de bonos.

Esa entidad, junto a la Auditoría General de la Nación (AGN), deberán determinar si las operaciones dispuestas por decreto la semana pasada pueden causar una "pérdida de patrimonio" para los organismos públicos alcanzados por la medida.

Recordemos que los organismos públicos deben canjear sus tenencias de bonos en dólares bajo legislación extranjera por títulos públicos nuevos en pesos a emitir por el Tesoro. Asimismo deben vender sus bonos en dólares bajo legislación local a tenedores privados.

El ministro de Economía solicitó al decano de Ciencias Económicas, Ricardo Pahlen Acuña, emitir opinión de carácter técnico “debidamente fundada" respecto de una posible pérdida o revalorización patrimonial de la cartera de los organismos alcanzados por el decreto, tanto en relación con el canje de los bonos globales, como la venta de títulos públicos.

Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio que integran la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, enviaron este viernes una nota a su titular, Mariano Recalde, por la cual piden que se invite al Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) a la Comisión, para que informen sobre los contratos de compra y provisión de vacunas contra el COVID 19 con los distintos laboratorios involucrados.

La nota la firman Mario Negri, Álvaro González y Paula Oliveto, quienes solicitan que el pedido sea atendido “de manera urgente, atento ser una cuestión que amerita pronto y profundo esclarecimiento no sólo debido a que la transparencia define a un sistema de gobierno republicano como el nuestro, sino porque el tema lo amerita por la altísima sensibilidad social que el mismo conlleva”.

Recordemos que este jueves, la mayoría oficialista que integra la AGN aprobó de manera exprés los diez contratos que el Estado argentino suscribió con los laboratorios para la provisión de vacunas contra el Covid-19 y, dispuso mantener bajo secreto todas sus actuaciones, impidiendo de esta manera que se conozca el detalle de lo firmado entre el Estado y los laboratorios.

Presentamos una nota a la AGN, solicitando la publicidad de contratos de vacunas covid-19. El Gobierno se niega a que los argentinos conozcamos qué pasó con las vacunas, Vizzotti vuelve a mentir, debe publicar lo que firmó con sus conocidos, como Hugo Sigman y amigos rusos. pic.twitter.com/bxgL3Qdhrg

— Graciela Ocaña (@gracielaocana) December 1, 2022

Tras la reunión de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, junto a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras se aprobó por unanimidad el Plan de Acción Anual de la AGN.  

El encuentro reunió a los integrantes del Colegio de Auditores Generales de la AGN, para respaldar el plan de unas 422 auditorías que tiene previstas el organismo de control para este año. 

Al inicio del mismo, el presidente de la comisión, senador Mariano Recalde, señaló: “Se trata de un instrumento mediante el cual la AGN informa a esta Comisión la totalidad de trabajos previsto para cada año”, y remarcó la necesidad de “impulsar la la digitalización de los informes y expedientes, ya que la recuperación de la presencialidad no quita seguir impulsando la digitalización”. 

A continuación, el presidente de la AGN, Jesús Rodríguez, presentó su exposición, en la que destacó que durante la pandemia “pudimos cumplir con el mandato constitucional y entregar en tiempo y forma los informes, del mismo modo avanzamos en la transparencia y provisión de información a los ciudadanos”. 

A su turno, el auditor general Miguel Pichetto señaló que en el Plan 2022 “hay dos temas que tienen que ver con los gastos COVID y Vacunas que son parte del acuerdo entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional, que para junio de 2023 tenemos que tener terminadas las auditorías respecto a estos dos temas mencionados”.  

En este sentido, consideró que “es un objetivo que hace al interés del Estado argentino, forma parte expreso y se menciona de manera taxativa a la Auditoría General de la Nación participando y dando respuesta a estos temas”. 

Luego, el auditor general Alejandro Nieva advirtió la necesidad de que la AGN cuente con acceso al Sistema de Gestión Electrónica de Datos: “Desde el Colegio de Auditores hemos enviado varias notas a la Jefatura de Gabinete de ministros y hemos obtenido respuestas que no satisfacen este requerimiento, que serían muy importantes para que podamos avanzar”, indicó, pero enfatizó que “no se trata de un problema de este gobierno, sino también de la gestión anterior".   

En su intervención, el senador nacional de Juntos por el Cambio Juan Carlos Romero, pidió que se extienda el periodo de análisis de los proyectos de emisión de deuda pública, gestión de endeudamiento con organismos internacionales de crédito, y el de proyecto gestión de endeudamiento año 16-19: “Estamos pidiendo que estos tres proyectos se extiendan al año 20-21 para que la serie sea un poco más larga, y porque estamos convencidos que las deudas no son de los gobiernos, si no del país”, expresó. 

Por último, el senador del Frente de Todos José Mayans reclamó por las demoras en algunas auditorías, al referirse a la deuda pública contraída durante la gestión de Mauricio Macri, a lo que Pichetto respondió que “no hay ningún tipo de interés de ocultar absolutamente nada, por el contrario, estamos trabajando sobre los datos concretos en tiempos de dificultades, donde muchos organismos limitan la información”. 

La Comisión Mixta Revisora de Cuentas recibirá el próximo martes, a partir de las 11, a los integrantes de la Auditoría General de la Nación, que encabeza Jesús Rodríguez, en el marco de la presentación del Programa de Acción Anual 2022 de ese organismo de control.

El encuentro será de manera presencial en el Salón Illia del Senado y estará comandado por el presidente de la bicameral, el senador oficialista Mariano Recalde, quien fue electo titular a fines de marzo pasado.

La AGN es un organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue.

Cada año, al Congreso le corresponde aprobar o no el Programa Anual de este organismo, donde se plantean las auditorías que se realizarán.

En una breve reunión, realizada en el Salón Illia del Senado, se constituyó este martes la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que quedó presidida por el senador camporista Mariano Recalde (FdT).

Durante la designación de autoridades, fue elegido vicepresidente el diputado Álvaro González (Pro) -quien supo presidir la comisión en ocasiones anteriores-, y como secretarios el senador José Mayans (FdT) y el diputado Mario Negri (UCR), respectivamente.

Al tomar el mando de la reunión, Recalde agradeció a sus pares y destacó que en la comisión, que es "la más antigua del Congreso", se seguirá trabajando "de la misma manera y con la misma minuciosidad con la que se venía trabajando hasta ahora".

El porteño indicó que, por lo pronto, hay que aprobar el programa de acción anual de la Auditoría General de la Nación (AGN), y agregó que encomendará un "informe de los programas de auditoría que están en curso para circularlo entre los integrantes".

Por su parte, Mayans manifestó el "gusto de trabajar en esta comisión que es tan importante, porque hace lo que establece la Constitución sobre el pos-control de las cuentas públicas".

El jefe del FdT en el Senado celebró que esta es "la primera vez en dos años que nos reunimos" de manera presencial; y abogó por la visita de los miembros de la AGN para que, junto a los presidentes de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras, se analice "el programa operativo que establece cómo van a ser las auditorías que tienen que ser autorizadas por el Congreso".

En la misma línea, Negri pidió que "lo más rápido posible podamos invitar a la Auditoría a una reunión" y, al mismo tiempo, establecer "un orden de prioridades de todo lo que ha quedado pendiente" en la comisión para conformar un "cronograma de trabajo".

Además, los integrantes determinaron que la bicameral se reunirá los martes a las 11.
La comisión quedó integrada por los senadores Mariano Recalde, Martín Doñate, José Mayans, Ana María Ianni (FdT), Luis Naidenoff y Juan Carlos Romero (Juntos por el Cambio); y por los diputados Tomás Ledesma, Jorge Verón, Jorge Romero (FdT), Álvaro González y Mario Negri (Juntos por el Cambio). Todavía resta la designación de otro/a diputado/a.

La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN) que controle la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y legal de las intervenciones en el Ente Nacional Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

Entre los fundamentos del pedido de informes se mencionan como "hechos relevantes" los numerosos cortes del suministro eléctrico que ha sufrido la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense (en áreas de concesión de EDESUR y EDENOR) en reiteradas oportunidades, particularmente durante los días del mes de enero, incluyendo un apagón masivo ocurrido el día 11 de enero de 2022. "Esto resulta alarmante: ha habido miles de ciudadanos afectados y privados de un servicio esencial como es la electricidad", apuntó la legisladora.

La mendocina enfatizó que “llama la atención la falta de información disponible para la ciudadanía en materia de las intervenciones dispuestas, situación que se profundiza ante la confusión que generan las nuevas prórrogas de dichas intervenciones, las cuales entendemos, distan de encontrarse lo suficientemente fundadas legalmente y con resultados positivos a la vista. Por el contrario, los hechos parecen hablar por sí solos y los apagones en la provincia de Buenos Aires y la CABA ponen de manifiesto la necesidad de contralor efectivo que requieren actualmente las empresas distribuidoras eléctricas y del cual no parece haber eco alguno por parte del ente regulador”.

“La intervención del ENRE y del ENARGAS se inicia a partir de una norma de emergencia pública legalmente cuestionable y sujeta a continuas prórrogas. Las intervenciones por Decreto N° 871/2021 se encuentran actualmente vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022, sin mediar autorización por ley de dicha excepción al plazo de intervención original y estando aún algunos de los directores elegidos por el proceso que marca la ley en un limbo jurídico, en el caso de ENARGAS, suspendidos sin goce de haberes. Esta situación es a todas luces completamente irregular”, sostuvo la radical.

En el pedido de informes se requiere, en particular, realizar auditorías financieras, de legalidad, de gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo el control de los entes reguladores, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones. También examinar y emitir dictámenes sobre la memoria y los estados contables financieros de los entes, indicando la evolución contable financiera en relación al estado anterior a la intervención, destacando en particular los costos de operaciones internas y externas (contrataciones por medio de universidades, profesionales independientes, y otros).

Por otra parte, se solicita verificar el nivel y evolución salarial y patrimonial de los funcionarios públicos de los entes (interventor y gerentes) y el cumplimiento de información sobre aquella a la Oficina Anticorrupción; verificar el funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de ambos organismos y establecer qué inconvenientes se subsanaron y cuáles persisten sobre la base de lo señalado en sus informes; establecer cuál es la situación legal de los directores con mandatos vigentes, suspendidos sin goce de haberes de sus funciones sin fundamento alguno; analizar la evolución y los perfiles y tareas desempeñadas de los empleados que componen la planta de personal permanente y temporaria de los entes en la actualidad, efectuando análisis comparativo con el estado de situación anterior al dictado de la intervención.

También se incluye auditar los procedimientos de multas remanentes de la revisión tarifaria integral (RTI) y su tratamiento en la Revisión Tarifaria Transitoria; establecer los fundamentos técnicos de los criterios de incrementos tarifarios realizados por las intervenciones de ambos organismos; brindar detalle de las auditorías e inspecciones realizadas desde el comienzo de las respectivas intervenciones y detallar y cuantificar los potenciales reclamos pecuniarios de las empresas concesionarias por la interrupción de la RTI y la puesta en marcha de la RTT.

El ENRE, organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Desarrollo Productivo, fue creado con el objeto de regular y fiscalizar la prestación del servicio de distribución y transporte eléctrico, ambos elementos esenciales en la prestación de los servicios públicos. Tiene por función controlar que las empresas del sector eléctrico nacional cumplan con las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio (Ley N°24.065) y en los Contratos de Concesión, velando por el buen funcionamiento de las redes de distribución (circunscripta al Área Metropolitana de Buenos Aires) y el transporte eléctrico. "La acción del ENRE resulta fundamental para la prevención de apagones y problemas energéticos generados por las empresas prestadoras de servicio eléctrico, como actualmente ocurre en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano de la provincia de Buenos Aires", argumentó en los fundamentos Latorre.

Por su parte, el ENARGAS es un organismo autárquico creado mediante la Ley N°24.076 en el año 1992. Se encuentra en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, y cumple con las funciones de regulación, control, fiscalización y resolución de controversias, que le son inherentes en relación con el servicio público de transporte y distribución de gas en la República Argentina.

El proyecto fue acompañado por sus pares Mario Negri, Juan Manuel López, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Soledad Carrizo, Ximena García, Karina Banfi, Francisco Monti, Mario Barletta, Roberto Sánchez, Lidia Ascárate, Juan Martín, Roxana Reyes, Ricardo Buryaile, Gabriela Lena, Jorge Vara, Pedro Galimberti, Marcela Coli, Marcos Carasso y Gerardo Cipolini.

La Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el senador Mario Pais (FdT), avaló este martes el Programa de Acción 2021 de la Auditoría General de la Nación, donde el organismo de control tiene previsto realizar unas 500 auditorías.

En el arranque de la reunión, Pais explicó que este programa suele aprobarse a fin de año o en el comienzo del período ordinario, pero esta vez, a diferencia de otras, se retrasó debido al cambio de autoridades en la AGN y también "tuvo un trámite medio especial por la pandemia".

En ese sentido, recordó que el programa siempre ingresa en septiembre, pero este último fue girado en noviembre y, tras su análisis, se detectó que algunas auditorías -alrededor de un 10%- no tenían especificado el objeto, con lo cual hubo un nuevo pedido al órgano para que complete esa información. Y esas precisiones recién llegaron el pasado 13 de mayo.

Por otra parte, el oficialista dijo que en "la mayor brevedad posible" intentarán aprobar el Plan Operativo Anual (POA) de la AGN, que va de la mano con el Programa de Acción Anual. No obstante, se impulsó una resolución "requiriéndole (al organismo) algunas precisiones del POA que están faltándonos" y que "en el plazo de 30 días complete el Plan".

En apoyo a esa resolución, el jefe del bloque oficialista en el Senado, José Mayans, coincidió con que la AGN "tiene que aclarar los objetos de la auditorías" y "está bien darle estos 30 días para que informe y la comisión tenga precisiones".

Pais insistió que el pedido de esta información se debe a que "podamos ejercer adecuadamente las potestades de control que nos demanda la Ley de Administración Financiera".

En tanto, el diputado Álvaro González (Pro) pidió "tiempo" para leer la resolución, que afirmó le llegó este mismo martes, y consultarla con el jefe de su interbloque, Mario Negri, y "ver lo que usted está proponiendo, que no dudo será lo que corresponde".

Pero Pais le solicitó que "no dilatemos y suscribamos este requerimiento para poder a medidos de julio aprobar el POA". Por eso, dijo que lo iban a pasar a la firma. Entonces, González y también la diputada Paula Oliveto (CC-ARI) se comprometieron a dar su respuesta en las próximas 24 horas, al tiempo que expresaron que seguramente lo apoyarán.

En el final de la reunión se pasaron a la firma un total de 103 dictámenes unánimes; y otros cinco -de mayoría y minoría- vinculados al programa de Corredores Viales, y a estados contables del Banco Nación sobre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

Pedido de información de auditorías sobre "gastos Covid"

En el encuentro, el diputado Álvaro González adelantó que presentará un requerimiento a la AGN para que informe avances de los resultados de auditorías sobre "todo lo que tiene referido a los gastos Covid, al IFE, ATP, y las vacunas".

La Auditoría General de la Nación, a través de la presidencia de la Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la OLACEFS, que preside el auditor general Francisco Javier Fernández, realizará el martes 15 de junio un taller-webinar sobre el uso del portal ods.olacefs.com. 

El mismo está destinado a legisladores y asesores parlamentarios, además de universidades e interesados del ámbito académico y organizaciones de la sociedad civil (OSC) comprometidos con el cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Esta herramienta, desarrollada con la colaboración de la Agencia de Cooperación alemana GIZ y la OLACEFS, vincula activamente a las entidades de fiscalización superior, como la AGN, con diferentes actores interesados en la Agenda 2030.  

El portal ods.olacefs.com es un sitio web, con la posibilidad de acceder desde teléfonos inteligentes, que busca relacionar la actividad de los organismos de control gubernamental (EFS) a través de sus informes de auditoría y las organizaciones de la sociedad civil en relación a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) quienes pueden compartir noticias y experiencias sobre la materia.  

Las EFS evalúan el grado de cumplimiento de los gobiernos de la región con los compromisos asumidos en la Agenda 2030 de la ONU, es por ello que desde la AGN consideran estratégico aunar esfuerzos con el Congreso para que los informes de la AGN sobre los ODS puedan servir de insumos en esta materia y establecer un mecanismo de colaboración con la participación del Poder Legislativo, de diversas organizaciones, universidades, y sociedad civil en el monitoreo del cumplimiento de los ODS fijados por la ONU.  

El encuentro, que se desarrollará el martes 15 de junio a las 14, a través de la plataforma zoom, contará con la apertura del auditor general Francisco Javier Fernández y con la exposición de la auditora general Graciela De la Rosa, quien como presidente de Entidades de Fiscalización del Mercosur (EFSUR) compartirá la experiencia de la auditoria coordinada entre organismos de control del Mercosur sobre el ODS 5 sobre igualdad de género. 

La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas se reunió este martes para ratificar al senador chubutense Mario Pais (FdT) como presidente; al diputado porteño Álvaro González (Pro) como vicepresidente; y al senador formoseño José Mayans (FdT) y el diputado cordobés Mario Negri (UCR) como secretarios.

Al comenzar la reunión, Pais puso en valor el trabajo realizado por la comisión el año pasado e informó que el pasado 22 de febrero giró "una nota al presidente de la AGN (Jesús Rodríguez), que entiendo va a ser respondida indirectamente cuando se remita el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al año 2021".

El oficialista detalló que "el POA del 2021 ha sido aprobado, según he podido verificar y me ha informado el director de la comisión".

"Inmediatamente se reciba lo vamos a girar a los asesores, a los presidentes de las comisiones de Presupuesto de ambas Cámaras y a todos ustedes para que integrado con el Plan de Acción Anual podamos cuanto antes, si es posible en el mes de abril, revisarlo y si así lo consideramos pertinente aprobarlo en una reunión que incluso, como es de práctica, se invitaría al Colegio de Auditores Generales de la Nación", sostuvo.

Por otra parte, el chubutense informó que "está en estudio, en el ámbito de asesores, ya la rendición de cuentas del año 2016", primer año de la gestión Cambiemos. Y recordó que "se encuentra pendiente de tratamiento y aprobación el informe requerido en relación al Correo Argentino". El legislador del Frente de Todos instó a "avanzar y concluir con ese expediente que desde el año 2018 está en trámite en el ámbito de las comisiones".

La Comisión Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas recibió este miércoles, durante una reunión virtual, a los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN). Durante el encuentro se acordó el pedido de auditorías relacionadas a la pandemia de Covid-19, para ser incluidas en el plan de acción del próximo año.

En su exposición, el titular de la AGN, Jesús Rodríguez, señaló que "estamos frente a un desafío extraordinario que nos impone la pandemia", a la cual el organismo le "hizo frente, a nuestro juicio, de manera satisfactoria".

"Fuimos capaces, gracias a los empleados y funcionarios, de producir cambios normativos que nos permitieron el trabajo remoto" y "avanzamos en la digitalización de los procedimientos", destacó. Además, informó que se realizaron, desde el comienzo del aislamiento obligatorio, "nueve colegios virtuales".

Por otra parte, el titular del órgano de control resaltó que "el plan de acción anual tiene temas de vanguardia" como "el control del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible", con "al menos cinco proyectos de auditoría todos los años que atiendan a ese objetivo".

También reveló que se están atendiendo "requerimientos de la sociedad civil, donde distintas organizaciones formulan propuestas que son discutidas y que finalmente son aprobadas".

Rodríguez detalló que que este año se aprobaron 75 proyectos de auditoría, mientras que el año pasado para el mismo período fueron 110.

Tras su exposición, la auditora Graciela de la Rosa enfatizó que "la cuestión de género en la AGN es fundamental, estamos haciendo auditorías de género". En ese sentido, indicó que se realizó "una global con todos los países del mundo" y "ahora está en ejecución una coordinada con varios países de Latinoamérica sobre la feminización de la pobreza".

La exsenadora agregó que "el tema de Reparación Histórica lo tenemos casi terminado" pero "todavía nos queda en estos meses el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en los períodos 2017, 2018 y 2019". "Es un tema muy importante que vamos a tratar de acelerar", dijo.

A su turno, el auditor Miguel Ángel Pichetto subrayó que "el Congreso está también con una deuda en la aprobación de las cuentas (de inversión) de 2014, 2015 y 2016". "El año pasado habíamos avanzado en la construcción de un diálogo en ambas Cámaras para la aprobación", recordó el exsenador y consideró que sería bueno tratarlas en conjunto para avanzar con este "tema pendiente".

Tomó la palabra entonces el jefe de la bancada oficialista en el Senado, José Mayans, que mencionó que la cuenta de 2014 se aprobó en el Senado, pero no en la Cámara de Diputados.

En tanto, Jesús Rodríguez repasó que las cuentas de 2015 y 2016 tienen despacho "pero no han sido considerados por ninguna de las dos Cámaras". Abogó por el próximo dictamen de la de 2017 y sostuvo que para la cuenta de 2018 "hemos solicitado un plazo de 90 días para entregarla".

Pedidos de auditoría sobre la pandemia para 2021

El presidente de la comisión, el senador chubutense Mario Pais (FdT), informó que se recibieron pedidos de auditoría -uno ingresado este mismo miércoles- que "tienen que ver con la emergencia sanitaria por Covid-19". Al recordar que en menos de un mes la AGN deberá presentar su plan anual para el próximo año, sugirió que estas auditorías se incluyan para 2021 y no se "altere" el plan de este año.

"Seguramente no va a prosperar el tema de los gastos de la pandemia en el transcurso de este año y se podrá presentar en el plan de acción para el año que viene", coincidió Pichetto.

En esta línea, el auditor consideró que "le hacemos un favor al Gobierno; porque estoy seguro que la AGN va a tener una mirada más conocedora de los mecanismos de la contratación directa, de la urgencia, de los componentes que llevan al Estado a afrontar este tipo de situaciones dramáticas y complejas".

Sobre esto, opinó que "a veces los jueces y peritos judiciales no tienen esta compresión", cuando se manda a investigar las contrataciones del Estado.

Desde la oposición, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, adelantó que por nota, y “atento a la excepcionalidad, había solicitado auditar cortes y actos y lo tomé por preocupación pública del propio presidente (Alberto) Fernández, que pidió colaboración por la pandemia para adquirir remedios, recursos y bienes; que hicieran comisiones de legisladores o que la propia AGN contribuyera y lo ayudara a controlar para que no existiesen desvíos en ese tiempo”.

El radical explicó que “con nueve leyes de emergencias aprobadas y prestos a recibir el Presupuesto para 2021 en septiembre, y según algunos hechos ocurridos que el propio Gobierno ha hecho públicos por situaciones de sobreprecios en compras, en nada obsta que la AGN pueda verificar actos administrativos por cortes, mientras tanto”.

“No se puede desconocer la excepcionalidad de un hecho inimaginable y que la temporalidad se va extendiendo por encima de las expectativas que el propio Gobierno y la sociedad argentina tenían. Sería de vital importancia y enorme contribución al Poder Ejecutivo ayudar en este proceso de transparencia y excepcionalidad que estamos viviendo”, concluyó.

"Las contrataciones de la pandemia merecen y deben ser auditadas", afirmó Pais, que manifestó se remitirán a la AGN los pedidos.

En otro orden, el senador oficialista planteó que el presupuesto que prepara la AGN y remite al Ministerio de Economía y a la comisión mixta debería ser remitido primero a la bicameral, y luego ser ésta la que lo eleve al Ministerio. "Es lo que corresponde", expresó Mayans.

Sin embargo, Jesús Rodríguez se comprometió a "abrir toda la información que sea requerida y necesaria", pero aseveró: "No podemos ahora, hoy, cambiar un procedimiento fundado en reglas, normas y leyes así en una situación imprevista".

Por eso, Pais aceptó que se continúe "respetando los usos y costumbres", pero advirtió que "en los últimos ocho años" la comisión no ha revisado ni aprobado el presupuesto, y propuso que el año que viene se evalúe esta situación.

"Comparto con usted el criterio", sostuvo el vicepresidente de la bicameral, el diputado macrista Álvaro González, que agregó le parece "mejor todavía recuperar atribuciones que son de la comisión, y no tengo duda que el colegio de auditores no tendrá ningún inconveniente en discutir con nosotros cuál es el presupuesto que necesita". "Si hay algo que no vamos a hacer es hacerle faltar recursos al organismo que controla los actos de gobierno", cerró.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le tomó juramento este miércoles a Miguel Ángel Pichetto como auditor general de la Nación, en un breve acto formal realizado en el Salón de Honor.

El exsenador y excandidato a vicepresidente completará hasta 2023 el mandato del radical Jesús Rodríguez, quien asumió como titular del organismo.

La designación de Pichetto había sido aprobada en la sesión del pasado 25 de junio, donde el Frente de Todos se abstuvo y el Frente de Izquierda votó en contra.

Además de Massa, estuvieron presentes en la ceremonia el jefe de bloque Pro, Cristián Ritondo, y los diputados Álvaro González y Alberto Asseff.

Asimismo, participaron el secretario general de la Cámara, Juan Manuel Cheppi; el secretario parlamentario, Eduardo Cergnul; y Miguel Giménez, secretario gremial de la Asociación del Personal de los Organismos del Control (APOC).

La AGN está conformada por siete miembros: por el oficialismo, María Graciela de la Rosa, Francisco Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada; y por la oposición, Jesús Rodríguez -titular-, Miguel Pichetto y Alejandro Nieva.

Durante la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó la designación del excandidato a vicepresidente y exsenador nacional Miguel Ángel Pichetto como auditor general de la Nación.

La votación -en la cual se requería mayoría simple- se realizó a mano alzada. El bloque del Frente de Todos optó por la abstención, mientras que los legisladores del FIT Nicolás Del Caño y Romina Del Plá votaron en contra.

El excompañero de fórmula de Mauricio Macri, que fue propuesto por el interbloque Juntos por el Cambio, completará hasta 2023 el mandato del radical Jesús Rodríguez, quien asumió como titular del organismo de control en marzo pasado.

La candidatura fue formalizada hace dos semanas, durante una reunión en la que participaron Pichetto, junto al titular de la Cámara baja, Sergio Massa; el vicepresidente primero del cuerpo, Álvaro González (Pro); y los jefes de los bloques de la bancada opositora Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI).

De esta manera, Juntos por el Cambio tendrá como representantes en la AGN a Jesús Rodríguez en la Presidencia, a Miguel Pichetto por la Cámara de Diputados y a Alejandro Nieva por el Senado.

El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, fue el encargado de proponer la moción y sostuvo que Pichetto "reúne las calidades técnicas y personales para desempeñarse como auditor del citado organismo" en reemplazo de Rodríguez.

Por su parte, la vicepresidenta del Frente de Todos, Cecilia Moreau, resaltó que "sin duda que si hay alguien que tiene conocimiento sobre el Estado es el exsenador Miguel Pichetto". Al repasar su trayectoria, recordó que "en todos sus cargos públicos" siempre "fue votado por el peronismo". "Esta es la primera vez que el exsenador Pichetto accedería a un cargo sin haber sido electo por el voto popular", agregó.

Y argumentó la abstención del oficialismo diciendo que "más allá de cualquier consideración de sus 37 años de ejercicio en los diferentes cargos públicos, queremos alertar sobre la inmensa cantidad de declaraciones, de consideraciones que el exsenador viene manifestando de manera cada vez más frecuente sobre los sectores más vulnerables de la Argentina, que son a su vez los que necesitan más presencia del Estado, ni que hablar en estos momentos de pandemia".

Moreau recordó que el exlegislador cumplirá en octubre 70 años y lanzó: "Dicen que uno con los años se hace más sabio. Me da la sensación que este no es el caso".

"Nos preocupa mucho la estigmatización continua y pertinaz que tiene sobre, por ejemplo, los inmigrantes de pueblos hermanos de Argentina", señaló en referencia a "adjudicarles el origen de hechos delictivos con expresiones xenofóbicas".

Por último, la diputada dijo que "tampoco quedaron afuera de sus críticas los sectores juveniles" y recordó sus dichos "en las últimas horas" sobre que "al país lo salva la patria exportadora, no los curas villeros". "Sin duda merecen estas declaraciones nuestro repudio", afirmó.

Los referentes de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados formalizaron este miércoles su propuesta para impulsar como integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN) a Miguel Pichetto, el excompañero de fórmula de Mauricio Macri.

Los jefes de bloques de la bancada opositora Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI), junto al vicepresidente primero del cuerpo, Álvaro González (Pro), se reunieron en el Salón de Honor junto al exsenador y el titular de la Cámara baja, Sergio Massa.

El pedido de designación de Pichetto, firmado por el interbloque JxC, es para ocupar por cuatro años el cargo que dejó vacante el radical Jesús Rodríguez, quien en marzo pasado asumió la presidencia del organismo de control luego del triunfo de la UCR sobre el Pro en aquella puja interna de la coalición.

Según transcendió luego de la reunión, en la próxima sesión de Diputados podría ponerse a consideración del pleno la propuesta, que deberá ser avalada por mayoría simple. El interbloque que conforman la UCR, el Pro y la CC-ARI cuenta con 116 legisladores propios.

En caso de ser aprobado, Juntos por el Cambio tendrá como representantes en la AGN a Jesús Rodríguez en la Presidencia -hasta 2023-, a Miguel Pichetto por la Cámara de Diputados y a Alejandro Nieva por el Senado.

Fuerte crítico de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el exsenador fue siempre ponderado por el expresidente Mauricio Macri para ocupar el sillón de la AGN, pero finalmente los radicales impusieron a Rodríguez, haciendo valer la letra de la Constitución Nacional sobre qué fuerza de la oposición -la que tenga mayoría- tiene derecho a elegir el titular del organismo.

Fuentes parlamentarias adelantaron que es una posibilidad de que el bloque Frente de Todos, liderado por Máximo Kirchner, se incline por la abstención a la hora de votar la designación.

Diputados de la UCR encabezados por Carla Carrizo, vicepresidenta del bloque, solicitaron que la Auditoría General de la Nación (AGN) realice los controles a la gestión pública que la Constitución Nacional le encomienda durante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Carrizo presentó un proyecto para que el Congreso, a través de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, incorpore el “Programa Especial de Control Concomitante de Emergencia Sanitaria”, con el fin de que la AGN monitoree la gestión de todas las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional para frenar la propagación  del Covid-19.

La legisladora pidió que también se contemple en este control el destino de los fondos de emergencia específicos y las donaciones realizadas en este contexto. 

“Celebramos que el presidente Alberto Fernández acepte las renuncias de funcionaros que no cuidaron el dinero público, porque la autoridad en democracia debe enseñar; y también que haya convocado a los líderes de la oposición para evitar que se reiteren problemas de sobreprecios en la Administración Pública Nacional. Pero ese control no debe ser ad hoc -por cada problema una solución- porque en este proceso, dada la velocidad decisional que requiere la emergencia, habrá mucho más que observar que en tiempos de normalidad”, razonó Carrizo.

El pasado 18 de marzo, el radical Jesús Rodríguez asumió la presidencia de la AGN, durante una reunión del Colegio de Auditores donde se tomaron medidas de prevención especiales por el coronavirus. Los restantes auditores son Graciela De la Rosa, Francisco Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón y Gabriel Mihura Estrada por el peronismo; y Alejandro Nieva por el radicalismo.

Para la diputada Carrizo, cercana a Martín Lousteau, “la AGN es el organismo nacional que tiene el mandato constitucional de controlar desde el Congreso Nacional, y es justo en situaciones como esta donde todas las instituciones democráticas deben funcionar más y mejor”.

 “En la AGN están representados gobierno y oposición. La institución cuenta además con los recursos técnicos y económicos para hacerlo. De hecho, para este año tiene un presupuesto asignado de más de 2.500 millones de pesos. Ninguna comisión ad hoc podría hacerlo mejor. Para que así sea, necesitamos una decisión política del presidente y de los líderes de los partidos de la oposición en el Congreso”, consideró la autora del proyecto.

Finalmente, insistió en que “la emergencia es una oportunidad para que el Congreso esté a tono con lo que la ciudadanía  espera: que los organismos de control funcionen en tiempo y forma en Argentina”.

El proyecto fue presentado junto a los diputados de la UCR Emiliano Yacobitti, Dolores Martínez, Alejandro Cacace, Soledad Carrizo, Brenda Austin, Federico Zamarbide, Claudia Najul y Diego Mestre.

La especie circuló durante buena parte del día y recién se pudo confirmar a última hora: el dirigente radical Jesús Rodríguez será el nuevo presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN). Así lo rubricaron los presidentes de las dos cámaras, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, que oficializaron la designación a instancias del pedido formulado el viernes pasado por el radicalismo, a instancias de su presidente, el diputado nacional Alfredo Cornejo.

Fue el corolario de una soterrada disputa interna entre la UCR y el Pro, partido que a instancias de su líder, Mauricio Macri, pugnaba por la designación de Miguel Angel Pichetto. Ambos aliados afirmaban tener la mayoría de legisladores necesaria para elegir quién sería el hombre que ocuparía el cargo que alguna vez encabezó el fallecido Leandro Despouy.

Cornejo sostenía que el radicalismo cuenta con más legisladores, que es lo que en definitiva define el tema. De acuerdo con el conteo del exgobernador mendocino, el radicalismo cuenta con 60 legisladores, a razón de 46 diputados y 14 senadores, mientras que el Pro suma 59 (51 diputados y 8 senadores). Pero en el macrismo hacían otras cuentas y consideran tener más, sumando aliados.

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Ante la indefinición, Mauricio Macri mandó a la flamante presidenta del Pro, Patricia Bullrich, a sostener a Miguel Pichetto. Conforme fue creciendo la polémica, se tensaron las relaciones en Juntos por el Cambio ante las fuertes sospechas de un acuerdo del radicalismo con el kirchnerismo para bajar a Pichetto. El viernes, el mendocino se cortó solo y presentó ante las presidencias de ambas cámaras la nota proponiendo en nombre de la principal oposición a Jesús Rodríguez, quien en la actualidad es auditor de la AGN.

Ante el clima tenso que se generó en la coalición opositora, el propio Pichetto salió a cortar por lo sano aclarando que “no voy a dividir el frente opositor por un cargo”. En declaraciones a FM Milenium, el exsenador sostuvo el sábado pasado que “no voy a dividir el frente opositor por un cargo”.

Con todo, concedió que el tema “debería haberse acordado en el conjunto de los tres partidos”.

Esta vez, los radicales se salieron con la suya.

Nunca se llevaron bien el jefe del radicalismo, Alfredo Cornejo, con Mauricio Macri mientras éste fue presidente de la Nación, y no se preocuparon demasiado por ocultarlo. Más bien lo contrario, y más ahora que el líder del Pro dejó la presidencia. Pero si antes tenía resquemores Macri por el mendocino, esos reparos se potenciaron las últimas horas a partir de la jugada del diputado nacional para ignorar el deseo del exmandatario respecto de instalar a su candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto, al frente de la Auditoría General de la Nación.

Se sabía que el radicalismo quería dar pelea por ese lugar, donde pretendía instalar al dirigente Jesús Rodríguez, que hoy ocupa una auditoría en la AGN. Lo cierto es que la soterrada disputa viene desde fines del año pasado, al punto tal de que en lugar de definirse con el cambio de gobierno, se fue pateando para adelante. Hubo reuniones entre la dirigencia de Cambiemos que no llegaron a definiciones sobre el tema y, por el contrario, siempre se dejó la cuestión para resolver en el futuro.

El problema es que sobre el final de la semana el presidente del radicalismo decidió cortar por lo sano, aunque más bien se cortó solo. Según se supo, mandó sendas cartas a las presidencias de ambas cámaras para pedir ese lugar al frente de la AGN para Jesús Rodríguez. El razonamiento que sostiene la jugada de Alfredo Cornejo es que el radicalismo cuenta con más legisladores, que es lo que en definitiva define el tema. De acuerdo con el conteo que hizo el exgobernador mendocino, el radicalismo cuenta con 60 legisladores, a razón de 46 diputados y 14 senadores, mientras que el Pro suma 59 (51 diputados y 8 senadores). Pero en el macrismo hacen otras cuentas y consideran tener más, sumando aliados. Que es en definitiva lo que es Pichetto.

Los radicales incluyen en sus conteos al diputado Eduardo Brizuela del Moral y el senador Oscar Castillo, ambos del Frente Cívico y Social de Catamarca, por sendos monobloques, pero afiliados radicales en definitiva. Con todo, si la cuestión no encuentra una definición, Cornejo sugiere contar sin incluir aliados, y ahí aventajaría al Pro.

Lo cierto es que ante la indefinición, Mauricio Macri mandó a la flamante presidenta del Pro, Patricia Bullrich, a sostener a Miguel Pichetto. Conforme fue creciendo la polémica, se tensaron las relaciones en Juntos por el Cambio ante las fuertes sospechas de  un acuerdo del radicalismo con el kirchnerismo para bajar a Pichetto. El acuerdo, deslizaron fuentes consultadas, consistiría en poner a Jesús Rodríguez en la AGN; a Federico Storani y Juan Manuel Casella en la Defensoría del Pueblo y al kirchnerista Remo Carlotto en la Procuración Penitenciaria Nacional.

Ante el clima tenso que se generó en la coalición opositora, el propio Pichetto salió a cortar por lo sano aclarando que “no voy a dividir el frente opositor por un cargo”. En declaraciones a FM Milenium, el exsenador sostuvo que “hay un planteo de ajustarse a la letra de la ley, a contar diputados, senadores”, pero aclaró que “no voy a entrar en esa, no voy a dividir el frente opositor por un cargo”.

Con todo, concedió que el tema “debería haberse acordado en el conjunto de los tres partidos”.

El radicalismo le ofrece como premio consuelo el cargo de auditor que dejará Jesús Rodríguez, a lo que Pichetto aclaró que “no tengo pensado ir como auditor, lo voy a conversar esta semana, pero no lo tengo definido”. Y como ese cargo debe ser votado en los recintos, donde el kirchnerismo puede tener interés especial en criticarlo abiertamente, Pichetto se sinceró: “Mucho interés de someterme a un espacio de decisión en la Cámara la verdad que no me interesa”.

Lo cierto es que en el sector del Pro acusan a Cornejo de querer “romper Cambiemos”, y van más allá: de “cagarse” en el liderazgo de Mauricio Macri también.

Desde el radicalismo, donde en su momento Gerardo Morales trató de convencer a Cornejo de dejarle ese lugar al elegido por Macri, prefieren hacer silencio, pero por bajo alguno recuerda todavía cuando en Diputados se quedaron sin representante por primera vez en el Consejo de la Magistratura, y otros recuerdan que a instancias de Pichetto le dieron un lugar en la lista neuquina para el Senado a Lucila Crexell, quien luego tomó el lugar dejado por la muerte de Horacio “Pechi” Quiroga y hoy se alejó de Juntos por el Cambio.