En el cierre del período ordinario, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas dio aval al Programa de Acción Anual 2025 presentado por la Auditoría General de la Nación.

El presidente de la bicameral, el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal), indicó que el plan del organismo -presidido hoy por el peronista Juan Manuel Olmos- contempla 296 proyectos de control externo. Entre ellos, se incluyen 47 auditorías a universidades nacionales, que forman parte del sector público nacional no financiero. 

“Hubo algunas modificaciones muy ligeras en el plan original de la AGN, pero el plan quedó equilibrado tras un intercambio con la comisión y los auditores. Se ha incluido la auditoría de las tres principales facultades de la UBA”, señaló Pichetto, en referencia a lo que días atrás se anunció cuando Olmos visitó la comisión: el examen ex-post sobre las facultades de Medicina, Ciencias Económicas, Derecho y Psicología. 

Durante la reunión, el senador Mariano Recalde (Unión por la Patria) expresó que el plan está en línea con lo discutido previamente, especialmente en lo referente a las universidades prioritarias para auditar. 

Luego del debate, se decidió pasar a la firma el dictamen para aprobar el PAA 2025, el cual debe contar, además, con el aval de los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras, el diputado José Luis Espert y el senador Ezequiel Atauche, ambos de La Libertad Avanza. 

Finalmente, se aprobaron un total de 57 informes de auditoría financiera y contable, concluyendo así los temas tratados en la jornada.

Con la intención de dar aval al Programa de Acción Anual 2025 presentado por la Auditoría General de la Nación (AGN), la Comisión Mixta Revisora de Cuentas fue convocada para este martes a las 16. Cabe resaltar que a las 15, ese mismo día, fue citada por la oposición una sesión en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU 846 sobre canje de deuda.

La bicameral que preside Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal, recibió el pasado 5 de noviembre a Juan Manuel Olmos, titular el organismo de control, quien reveló algunas de las auditorías que se contemplarán para el próximo año.

Entre ellas, y a pedido también del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, con anuencia de Pichetto y otros miembros de la comisión, el PAA incluirá el examen externo posterior (ex-post) sobre las cuentas de las facultades de Medicina, Ciencias Económicas, Derecho y Psicología.

Pero además, Olmos informó que se incorporarán temas sobre el primer año de gestión de Javier Milei: hay planificadas auditorías sobre gastos en defensa y seguridad; la política alimentaria del Ministerio de Capital Humano; la gestión de reservas de oro del Banco Central; y la gestión de CAMMESA.

Para la reunión en la que debe darse aval al PAA 2025, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas convocó a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras, el diputado José Luis Espert y el senador Ezequiel Atauche, ambos de La Libertad Avanza.

Por otra parte, en la última reunión, la bicameral le envió una nota a la AGN solicitando la presentación de las cuentas de inversión correspondientes a los años 2019, 2020, 2021 y 2022, aún pendientes.

Actualmente, por la falta de acuerdos y resolución de la Cámara de Diputados, la AGN funciona desde abril pasado con 4 de sus 7 miembros. Además, a comienzos del año próximo también vencerán los mandatos de los representantes por el Senado.

La Comisión Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal), resolvió este martes postergar una semana más el aval al Programa de Acción Anual 2025 presentado por la Auditoría General de la Nación. 

Para tal fin, el próximo miércoles 26 se citará a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras, los oficialistas Ezequiel Atauche (Senado) y José Luis Espert (Diputados). Pichetto explicó que para aprobar el PAA se requiere de la firma de ambos. 

Por otra parte, en el encuentro se acordó enviar una nota al organismo de control solicitando la presentación de las cuentas de inversión correspondientes a los años 2019, 2020, 2021 y 2022. Sobre esto, se analizó el artículo 5 de la Ley 23.847. 

El senador Mariano Recalde (UP), vicepresidente de la comisión, coincidió con el pedido al manifestar: "Tenemos que cumplir antes del 10 de mayo la presentación de los dictámenes sobre la cuenta de inversión y hay un retraso considerable de parte de la Auditoría".

Finalmente, y con el consenso de todos los bloques, la comisión aprobó un dictamen único sobre 41 expedientes pendientes "de carácter financiero, relativos a estados contables de empresas, sociedades, programas financiados por organismos multilaterales y la certificación de indicadores". “Estamos ratificando la decisión que ha enviado la AGN y aprobando expedientes pendientes. Son informes de carácter financiero y administrativo", informó Pichetto. 

En medio de la puja con el Gobierno nacional por quién realiza las auditorías de las universidades nacionales, y ante un pedido del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, para que sea la AGN la que revise las cuentas de las casas de altos estudios y no la SIGEN, que responde al Poder Ejecutivo, el presidente del órgano de control que depende del Congreso, Juan Manuel Olmos, confirmó los informes que están previstos para el año que viene sobre las facultades de Medicina, Ciencias Económicas, Derecho y Psicología. 

Durante una reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, su presidente, el diputado Miguel Pichetto, sugirió al colegio de auditores conformar un equipo con especialistas para tener los informes en un plazo de seis meses. Además, anunció su intención de sesionar todas las semanas hasta que termine el año parlamentario, y el próximo martes poder evaluar el aval al Programa de Acción Anual 2025 que diseñó el organismo. 

En su exposición, Olmos abogó por “un trabajo mancomunado” con el Congreso porque “no pretendemos ser una isla institucional”. “El objetivo es generar un sistema de control necesario sobre los recursos que dispone el Estado para su administración, fondeado por los impuestos de los ciudadanos”, indicó el presidente de la AGN. 

El exfuncionario del gobierno del Frente de Todos reveló que al asumir se realizó una evaluación sobre el trabajo del órgano de control y subrayó: “El factor tiempo de los informes es algo que siempre es para revisar. Es algo que necesita que le demos un acertado diagnóstico para poder encontrar una solución a los informes que muchas veces la atemporalidad los convierte en antropología institucional”. 

“Había una divergencia entre la planificación institucional y la planificación presupuestaria”, aseguró y explicó que mientras “la capacidad de producción de informes es de 180 y 190 por año”, en los planes se estimaban “entre 400 y 450 como pretensión”. Así las cosas, informó que “para el año que viene incorporamos 296 proyectos nuevos; el año pasado se incorporaron 440”. “Se deseaba abarcar más capacidad de control, pero la capacidad marcaba las verdaderas metas físicas”, admitió. 

Sobre el análisis de qué auditorías se dejarían fuera, enumeró que “se dejaron de considerar proyectos que no hubieran tenido inicio o que tuvieran menos de un 20% de avance; aquellos que tuvieran bajo nivel de criticidad; la repetición de organismos; se tuvieron en cuenta los períodos auditados anteriores; y organismos o programas eliminados por la motosierra”. 

“Sí incorporamos (al PAA 2025) temas que son de debate de este Parlamento, de la sociedad y los medios” tales como “equipamiento y compra en defensa y seguridad, porque es una área donde no hubo un recorte significativo; la política alimentaria del Ministerio de Capital Humano; la gestión de reservas de oro del Banco Central; y la gestión de CAMMESA y toda la cuestión energética”, enumeró. Además en el programa está “la previsión de poder cumplir con esa manda que nos puso el Parlamento en cuanto el Poder Ejecutivo avance con el proceso de privatizaciones de la Ley Bases”. 

Me reuní con el rector de la @UBAonline Universidad de Buenos Aires Ricardo Gelpi, quien me ratificó el pedido de auditoría elevado a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas.

Es importante que el Congreso, a través de la AGN, ejerza de manera independiente el rol de control sobre… pic.twitter.com/XmQryE5BG1

— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) November 4, 2024

Yendo a la cuestión de universidades, el dirigente peronista remarcó: “Parte de la polémica a la que estamos asistiendo es una discusión donde creo que, humildemente lo digo, hay una confusión de conceptos. Una cosa es el control externo de los organismos, en este caso no hay ninguna duda que es la AGN la que realiza el control externo de las universidades. Y otra de lo que se está hablando es del control interno, de controles que haga el Poder Ejecutivo a través de la SIGEN, que responde en forma directa al presidente de la Nación. Nosotros no vamos a entrar en esa polémica, sí vamos a considerar ampliar lo más que podamos el control a universidades nacionales”. 

Así, Olmos apuntó que se prevén auditorías sobre 12 universidades nacionales, empezando por la Facultad de Medicina de la UBA, “porque es la casa de estudios más importante, más grande en cantidad tanto de recursos, como alumnos y docentes de todo el país”. Y afirmó que se incluyó “por una idea que ha surgido de miembros de esta comisión y también del colegio de auditores”, además del pedido de Gelpi. 

“También estuvo la decisión de poder incorporar a las facultades Ciencias Económicas, Derecho y Psicología, que es la última que hemos auditado. Son las cuatro facultades más grandes e importantes de la UBA; con esto creo que vamos a dar una respuesta al debate que hoy se está dando en la sociedad y este Parlamento”, agregó. 

El presidente de la AGN resaltó que “sobre la autonomía universitaria lo más importante es lo que dice la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 19; la discusión sobre el control interno seguirá en los tribunales, nosotros vamos a hacer el control externo”. 

Al tomar intervención los legisladores, el senador de Las Provincias Unidas Juan Carlos Romero consideró que hay que “hacer una reparación por el tiempo transcurrido” ya que esta bicameral tuvo su última reunión formal el 12 de julio de 2022. “El Plan de Acción de 2025 lo vamos a analizar y sugerir los cambios que se consideren pertinentes”, dijo y recordó que “la UBA estaba (contemplada de auditar) en el año 2021 y no se cumplió, y tampoco se pudo hacer en 2022 y 2023”. 

“Hay que concentrarnos en algo que sí se pueda hacer el año próximo y que sea la UBA la primera en auditarse. Sería deseable para nosotros que el año próximo tengamos los resultados en seis meses y poder ver los informes durante el período en ejercicio”, pidió el salteño, que también cuestionó la demora de la designación de auditores por parte de la Cámara de Diputados. Actualmente, por ese retraso, la AGN funciona con 4 de sus 7 miembros. 

En tanto, el jefe de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, expresó que le parecía “bien que en este tiempo la AGN se circunscriba a temas que son centrales”, pero mencionó que para él un tema fundamental de revisión “siempre ha sido el tema de la deuda, porque ahí se van miles de millones de dólares”. 

A su turno, la senadora Juliana Di Tullio reveló que el rector de la UBA le envió una nota para que la institución “ingrese -como ya ingresó en 2021, 2022 y 2023- en el plan de auditorías de 2025”. “Hay una voluntad de la UBA de ser auditada; esto destierra absolutamente esta teoría desde lo más alto del Poder Ejecutivo, más precisamente del presidente, de que las universidades no quieren ser auditadas”, enfatizó la jefa del bloque Unidad Ciudadana. 

Exrector de la Universidad Nacional de Catamarca, el senador radical Flavio Fama dijo: “Conozco los sistemas de control de las universidades, es mentira que no existan controles a las universidades. Y la Auditoría es el órgano idóneo para hacer la auditoría externa”. 

“Las universidades son un mundo enorme, diverso, que está distribuido en todo el país, abordar todos los temas va a ser imposible. Acuerdo que la prioridad sea empezar por la UBA, porque inclusive hay un pedido expreso de su rector de que así sea”, sostuvo y pidió que se incluya a la UNCA en el PAA. “Para un rector, para un decano, no hay nada mejor que una auditoría”, agregó. 

Por su parte, el titular de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, valoró que “esta comisión ayude a jerarquizar la palabra auditoría” porque “la palabra auditoría está siendo utilizada como excusa para aplicar un ajuste y un recorte fenomenal en distintas áreas del Gobierno. Hoy le toca a las universidades públicas, con especial ensañamiento, pero pasó con beneficiarios de Potenciar Trabajo, con la política alimentaria, con la obra pública, la Agencia Nacional de Discapacidad y la DADSE”. 

En el cierre, Pichetto ratificó que “la voluntad de todos es auditar la UBA, una obligación indelegable de la AGN y darle prevalencia en los primeros seis meses del año que viene”. Además, recomendó “hacer ya un programa para que el 1ro. de febrero empiece a ejecutarse” y “trabajar con una comisión especial que reúna a los mejores cuadros de la auditoría para que en seis o siete meses podamos tener un primer informe”. 

“La propuesta no es ir a buscar si alguien se robó una partida, es ver cómo están las universidades”, continuó el jefe del bloque Encuentro Federal y pidió que se trate de “una auditoría integral”. 

Olmos avaló: “Si ustedes lo ordenan vamos a constituir un equipo urgentemente para poder dar respuesta en los plazos más perentorios posibles”. Y anunció que también se prevé auditar a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, para saber si existe “discrecionalidad y cómo se están asignando los recursos a las universidades”. 

Durante la reunión también habló el auditor Alejandro Mario Nieva, quien resaltó que “no se puede auditar a todo el Estado todo el tiempo, como no se puede auditar a las 62 universidades todo el tiempo, porque deberíamos tener una auditoría que sea un Estado paralelo”. “La metodología es un sistema de muestreo”, explicó y apuntó que, por ejemplo, “hace mucho tiempo que no hacemos una auditoría de la Secretaría General de la Presidencia, lo cual no significa que no tengan auditoría interna”. 

“No es verdad que no hacemos auditorías a las universidades, se hacen muy buenas auditorías”, sumó y abogó por realizar nuevas “en tiempo y forma, y que de alguna manera resuelvan este cuestionamiento que se ha planteado en el último tiempo”. 

En tanto, la auditora Graciela de la Rosa señaló que “ya en agosto la AGN firmó un convenio con el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) para las auditorías integrales, que nos cuestan un año o a veces más, y para además tener información precisa y online de lo que están haciendo las universidades”.  “Las universidades evidentemente son controladas por distintos órganos del Estado nacional; todo se controla, lo que hay son niveles y complejidad de controles”, añadió. 

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, insistió este domingo por la noche en reclamar un lugar para La Libertad Avanza en la Auditoría General de la Nación. “Le corresponde a LLA tener un auditor, porque va a durar 8 años… ¿Cómo no vamos a poder nosotros poner un auditor en la AGN?”, reclamó.

Entrevistado en el canal TN, Menem habló de eso cuando se tocó el tema de la auditoría a las universidades. Aclaró ante una pregunta puntual que no es el Congreso el que se ocupa de auditar, sino la Auditoría General de la Nación. “Lo que está trabado, para que no queden dudas, es la designación de tres auditores”, explicó el legislador riojano.

A continuación explicó: “Lo que está trabado es la designación de los auditores. ¿Y qué pasa acá? Cada auditor -para mí es pésima la ley- dura 8 años en su cargo. Entonces los tres que renueva el Senado el año que viene van a durar 8 años. Este año se tendrían que haber renovado a esta altura los tres de la Cámara de Diputados. Pasa que no nos estamos poniendo de acuerdo, porque dicen que es por una proporción parlamentaria… Entonces hay tres del Senado, más un presidente, más tres de Diputados; y algunos bloques no nos dejan poner un auditor”.

“O sea, que el presidente que fue elegido por el 56% de los votos, no nos dejan poner un auditor, y somos el segundo bloque más importante de la Cámara”, agregó. Dijo que “nos corresponde y hay algún tipo de tironeo y de traba; yo voy a seguir insistiendo con este tema. Le corresponde a La Libertad Avanza tener un auditor, porque va a durar 8 años; ¿cómo no vamos a poder nosotros, que tanto nos interesa auditar lo que pasa en las universidades y en un montón de sectores del Estado, poner uno propio y que responda directamente a nuestra estructura?”, concluyó.

No se votarán este martes los nombres designados para la Auditoría General de la Nación. Ese organismo que cuenta con siete miembros (todos ellos auditores generales) espera la designación de los tres que corresponden ser elegidos por la Cámara de Diputados. Pero tendrán que seguir esperando un tiempo más, pues no hay acuerdo y el tema se posterga.

Aunque esa dilación no puede ser indefinida, pues esta mora ya data desde el mes de abril. Se votará en la próxima sesión, según se acordó este martes, con la esperanza de que para entonces aparezcan los votos necesarios. Pero está complicado.

Del tema se habló este martes en la reunión celebrada en el despacho del presidente de la Cámara, entre Martín Menem y los representantes de los bloques dialoguistas previa a Labor Parlamentaria, en la que se buscó ordenar la sesión de este miércoles. Allí el presidente de la Cámara baja sostuvo ante cualquier planteo que el tema no está en el temario de este miércoles y si la oposición quiere votarlo necesitaría contar con las ¾ partes de los presentes.

Según pudo saber parlamentario.com, en la reunión en Presidencia el titular del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, ratificó el apoyo de su espacio al radical Mario Negri, el cual fue efectivizado por nota el jueves pasado. Suscribieron también ese pedido por supuesto los radicales y también la Coalición Cívica.

Ese mismo día ingresó otro pedido, suscripto por el bloque Pro y también por Pichetto (convertido en una suerte de árbitro de esta y varias disputas), por el cual proponen a Jorge Triaca.

El eje de la disputa actual pasa porque La Libertad Avanza se desentiende del acuerdo original y ahora quiere un cargo para ellos y otro para el Pro. Parece que lo han pensado bien y llegaron a la conclusión de que no los conforma la composición que se estaría gestando en la AGN. Por eso quieren designar allí a Santiago Viola.

El problema que tienen es que LLA y el Pro juntan 80 diputados y el resto de los bloques no quieren darles dos de los tres asientos en disputa en la Cámara baja.

De más está decir que el tercer asiento le corresponde a Unión por la Patria, que todavía se queja de no haber tenido dos lugares, pero esa es una discusión perdida. El nombre que elegirían recién se conocerá sobre la marcha.

Para justificar su cambio de postura, La Libertad Avanza sostiene que el kirchnerismo no puede tener la mayoría en la AGN. Ven fantasmas en el horizonte y consideran que el peronismo (kirchnerismo incluido) puede llegar a tener una mayoría con los radicales, y “algo raro puede haber ahí”.

En ese sentido una fuente libertaria confió a este medio que “la maniobra de Negri nos pareció completamente rara”. Así las cosas, dicen que La Libertad Avanza no va a avalar el acuerdo de la UCR con UP.

La composición de la AGN

La Auditoría General de la Nación está a cargo de siete miembros designados cada uno como auditor general. Seis de esos auditores generales son designados por las cámaras del Congreso de la Nación: 3 por la de Senadores y 3 por la de Diputados, de acuerdo con la composición de cada una.

Según lo establece el artículo 85 de la Constitución Nacional, el presidente de dicho organismo es designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. De ahí que hoy el peronista Juan Manuel Olmos, ex jefe de Gabinete de Asesores de Presidencia de la Nación, sea el actual presidente de la AGN.

Los auditores correspondientes al Senado son Francisco Javier Fernández, el exdiputado radical jujeño Alejandro Mario Nieva y la exsenadora formoseña María Graciela de la Rosa. Los tres tienen mandato hasta 2025.

Tanto Olmos, como Javier Fernández y Graciela de la Rosa son peronistas: 3 sobre 7. Cuatro, si contamos al designado por Diputados. El oficialismo piensa que con dos radicales podrían conformar una mayoría irremontable. En rigor, el peronismo ya la tiene per sé.

Pero las matemáticas son inexorables. En la próxima sesión se votará este tema y por la suma de la UCR, Hacemos, Coalición Federal, Innovación y Unión por la Patria, no hay chances de que LLA y Pro tengan dos asientos sobre tres.

En apoyo a la candidatura de Negri y de la persona que designe UP hay más de 145 votos firmes.

Si finalmente no hay otro tipo de acuerdo, el Pro y La Libertad Avanza deberán escoger entre Triaca y Viola. ¿Estará dispuesto el radicalismo a ser el que resigne a su designado? Difícil.

Un organismo clave de control es por estos días eje de una de las disputas que surgen desde el Congreso de la Nación, más particularmente la Cámara de Diputados. Allí sus miembros deben designar tres representantes para completar el staff de la Auditoría General de la Nación y el tema está siendo eje de una gran disputa por el interés del oficialismo de contar con un miembro, lo cual se contrapondría con lo acordado con bloques dialoguistas. El final de esta disputa debería ser inminente, pero es todavía incierto.

La Auditoría General de la Nación está a cargo de siete miembros designados cada uno como auditor general, los cuales duran ocho años en sus funciones. Seis de esos auditores generales son designados por las cámaras del Congreso de la Nación: 3 por la de Senadores y 3 por la de Diputados, según la composición de cada una.

Según lo establece el artículo 85 de la Constitución Nacional, el presidente de dicho organismo es designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. De ahí que hoy el peronista Juan Manuel Olmos, ex jefe de Gabinete de Asesores de Presidencia de la Nación, sea el actual presidente de la AGN.

Los auditores correspondientes al Senado son Francisco Javier Fernández, el exdiputado radical jujeño Alejandro Mario Nieva y la exsenadora formoseña María Graciela de la Rosa. Los tres tienen mandato hasta 2025.

Este año corresponde elegir a los tres representantes de la Cámara baja, y para eso el jueves se presentaron dos propuestas: una firmada por los bloques UCR, Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal, proponiendo al exdiputado radical Mario Negri; y otra suscripta por el Pro y Hacemos Coalición Federal, proponiendo a Jorge Triaca.

Esto es, ambas notas llevan la firma de Miguel Angel Pichetto, constituido en una suerte de “árbitro”, que ya mandó a decirle al oficialismo que no votará un candidato de ellos. En rigor, el tercer candidato corresponde al bloque más numeroso de la Cámara, el de Unión por la Patria, que todavía no tiene definido el nombre que propondrá. Lo resolverían bien cerca de la sesión del miércoles próximo, en la que podrían votarse esas tres designaciones.

El tema es que lo que a priori parecía una cuestión resuelta se complicó los últimos días, cuando trascendió el interés de La Libertad Avanza por contar con una silla en ese organismo de control.

Antes de la aprobación de la Ley de Bases, se alcanzaron acuerdos en torno a las comisiones que restan definirse, como las bicamerales. Y es de público y notorio que hubo una gran controversia en torno a la Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia, donde Hacemos Coalición Federal se queja porque le incumplieron lo acordado.

Quienes habían cerrado un acuerdo sobre la AGN fueron Santiago Caputo y Mauricio Macri, para que sea Jorge Triaca auditor general en representación del Pro, cosa que luego Cristian Ritondo ratificó en una reunión con el presidente de la Cámara, Martín Menem. Ahí es cuando surge el problema en la Bicameral de Inteligencia, donde súbitamente quedó fuera Emilio Monzó (HCF), mientras que el Pro pidió encabezar la misma. Algo que, tratándose del tema “inteligencia”, Caputo se resiste a aceptar tal posibilidad.

Estas rispideces llevaron a La Libertad Avanza a reclamar un lugar en la AGN, en detrimento de Mario Negri, quien el jueves se mostró con su comprovinciano Rodrigo de Loredo suscribiendo el acuerdo para promover al extitular del bloque JxC como auditor en representación de la UCR, CC y HCF.

Con todo, esto se resuelve de manera aritmética y al oficialismo no le alcanzan los números. “No tienen los votos para imponer a un libertario y además a Triaca”, dijo una fuente radical consultada por este medio, graficando que entre LLA y el Pro suman 75 miembros, mucho menos de un tercio de la Cámara. “Y el resto no vota eso, sobre todo UP”, dio por concluido el representante del partido centenario.

Una encumbrada fuente del oficialismo consultada por parlamentario.com aclaró que “nosotros no nos bajamos de esa aspiración”, aunque tampoco derrochó optimismo.

“O es Triaca, o es un libertario”, observó una fuente neutral, que estimó que Ritondo, al sumar a Pichetto, puso en un brete a La Libertad Avanza, habida cuenta del interés de Mauricio Macri porque Triaca esté en la AGN.

Negri cuenta con el respaldo de quienes firmaron su nota (56 diputados), más Innovación Federal (8), pero además no bochan su nombre desde UP, que en todo caso podría sentirse más incómodo con Jorge Triaca…

“Nosotros tenemos a nuestro candidato, que es Jorge Triaca”, remarcó una encumbrada figura del bloque Pro consultada por este medio, que respecto de apoyos a otras propuestas para la AGN aclaró que “lo único que se discutió en el bloque es quién era nuestro candidato”.

Si La Libertad Avanza decide volver sobre sus pasos y cumplir lo acordado originalmente, los tres lugares a votar serían los de Triaca, Negri y alguien de UP. Se elige en una votación por mayoría simple y se puede tratar en cualquier sesión.

Pero la realidad confesada por propios y extraños es que “hay mucha tensión” y la situación podría dilatarse un tiempo más.

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La Cámara de Diputados todavía tiene pendiente la resolución sobre los tres nombres que debe designar en la Auditoría General de la Nación, al haberse vencido los mandatos en abril pasado. Por lo pronto, el bloque de la Unión Cívica Radical definió quién será su candidato: el exlegislador Mario Negri.

La puja por quién iba a ser el elegido era parte de una de las internas del radicalismo, donde también sonó Alejandro Cacace -actual secretario del bloque- y, días atrás, se había sumado a la lista la diputada Pamela Verasay, promovida desde el cornejismo. Sin embargo, el dirigente cordobés fue quien desde un principio reunió la mayoría de adhesiones, habiendo logrado 22 firmas sobre 34 a su favor dentro del bloque.

La noticia la dio a conocer Rodrigo de Loredo en sus redes, quien destacó que "su honestidad, trayectoria y firmeza serán claves para fortalecer nuestras instituciones y ejercer el control necesario".

"A lo largo de su trayectoria, demostró ser una persona íntegra y transparente, cualidades esenciales para garantizar la confianza en las instituciones públicas", agregó sobre Negri su sucesor en la jefatura del bloque de la UCR.

Finalmente, dijo que "la firmeza de Mario es su sello distintivo. Siempre ha defendido sus principios con determinación, asegurando que la justicia y la transparencia prevalezcan en cada una de sus acciones. Estoy seguro de que su rol va a ser crucial para fortalecer nuestras instituciones y garantizar un control efectivo".

Para su nombramiento, Negri contaría con el aval de otros bloques de la oposición dialoguista, como Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica, Innovación Federal e incluso el Pro, que tiene a su candidato también: el exministro de Trabajo Jorge Triaca.

En realidad, el artículo 122 de la Ley de Administración Financiera habla de que la designación de tres representantes tanto por Diputados como por el Senado se hará "observando la composición de cada cámara".

En su condición de primera minoría, Unión por la Patria reclamaba dos auditores, pero se quedaría con uno, pues la oposición dialoguista buscaría conformar una mayoría circunstancial para permitir el ingreso de Negri y Triaca. De concretarse, el oficialismo se quedaría sin un lugar.

La Libertad Avanza se encuentra por detrás de UP, por lo cual es la segunda minoría actualmente. Deberá resolver si avala no tener ningún auditor o pelea por una silla en el organismo de control. El apoderado del partido libertario, Santiago Viola, fue el que sonó desde el oficialismo para integrar la AGN.

En tanto, en dispuesta dentro de UP aparecen los nombres de Guillermo Michel, exdirector de Aduanas, promovido por el massismo, y Juan Ignacio Forlón, con aval de La Cámpora y quien en caso de ser el elegido sería reelecto auditor.

Todo se resolverá de acuerdo a quién junte más votos.

La vicepresidenta Cristina Kirchner compartió este jueves en sus redes las conclusiones de un duro informe que auditores oficialistas aprobaron sobre el crédito con el FMI tomado durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Lo que vas a ver y escuchar en este video de 5:16 minutos no es la opinión de un partido político ni de un dirigente opositor, es el resultado del informe aprobado por la Auditoría General de la Nación que detalla la enorme cantidad de violaciones a la ley cometidas en el otorgamiento y posterior ejecución del préstamo del Fondo Monetario Internacional", escribió la titular del Senado.

Para realzar su importancia, CFK recordó que la AGN "es el organismo constitucional que, por el artículo 85 de la Carta Magna, tiene el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad estatal". "Míralo! Es escandaloso lo que hicieron y lo que pasó!", exclamó sobre la deuda tomada por la gestión Cambiemos.

En tanto, en otro vídeo, describió: "En esta segunda parte, que podríamos titular 'Cronología de la manganeta', se detalla cómo los funcionarios de Macri intercambiaron roles y funciones para cometer esta estafa a todo el pueblo Argentino".

Este miércoles los auditores Javier Fernández, Juan Forlón, Graciela de la Rosa y Gabriel Miura Estrada aprobaron un duro informe que denuncia las irregularidades en la toma del préstamo con el FMI, otorgado en junio de 2018. En tanto, los auditores Miguel Ángel Pichetto, Alejandro Nieva y Jesús Rodríguez (presidente de la AGN) expresaron su rechazo.

Acuerdo FMI. Segunda parte.

En esta segunda parte, que podríamos titular “Cronología de la manganeta”, se detalla cómo los funcionarios de Macri intercambiaron roles y funciones para cometer esta estafa a todo el pueblo Argentino. pic.twitter.com/1yW38DVU6T

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 18, 2023

"Por su magnitud y características, este endeudamiento impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos", se señaló en un comunicado de prensa.

Entre los principales hallazgos, se destacaron "relevantes incumplimientos normativos, como la falta de autorización del endeudamiento, la omisión en la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales, la inexistencia del dictamen del BCRA sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y la firma del Acuerdo por parte de funcionarios sin facultades legales para hacerlo".

Además, se advirtió sobre "la falta de intervenciones técnicas adecuadas para evaluar los costos y riesgos de la operación, inexistencia de opinión de la Unidad de Auditoría Interna, como así también la falta de asesoramiento jurídico oportuno y efectivo, destacando sobre todo la omisión de la actuación del Ministerio de Finanzas, que tenía a su cargo específicamente la gestión de la deuda pública".

Mientras arrecian las críticas y presentaciones contra los DNU que obligan a la ANSeS a pesificar activos de los jubilados, el ministro de Economía, Sergio Massa, pidió a la Universidad de Buenos Aires (UBA) que a través de la Facultad de Ciencias Económicas, evalúen el canje de bonos.

Esa entidad, junto a la Auditoría General de la Nación (AGN), deberán determinar si las operaciones dispuestas por decreto la semana pasada pueden causar una "pérdida de patrimonio" para los organismos públicos alcanzados por la medida.

Recordemos que los organismos públicos deben canjear sus tenencias de bonos en dólares bajo legislación extranjera por títulos públicos nuevos en pesos a emitir por el Tesoro. Asimismo deben vender sus bonos en dólares bajo legislación local a tenedores privados.

El ministro de Economía solicitó al decano de Ciencias Económicas, Ricardo Pahlen Acuña, emitir opinión de carácter técnico “debidamente fundada" respecto de una posible pérdida o revalorización patrimonial de la cartera de los organismos alcanzados por el decreto, tanto en relación con el canje de los bonos globales, como la venta de títulos públicos.

Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio que integran la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, enviaron este viernes una nota a su titular, Mariano Recalde, por la cual piden que se invite al Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) a la Comisión, para que informen sobre los contratos de compra y provisión de vacunas contra el COVID 19 con los distintos laboratorios involucrados.

La nota la firman Mario Negri, Álvaro González y Paula Oliveto, quienes solicitan que el pedido sea atendido “de manera urgente, atento ser una cuestión que amerita pronto y profundo esclarecimiento no sólo debido a que la transparencia define a un sistema de gobierno republicano como el nuestro, sino porque el tema lo amerita por la altísima sensibilidad social que el mismo conlleva”.

Recordemos que este jueves, la mayoría oficialista que integra la AGN aprobó de manera exprés los diez contratos que el Estado argentino suscribió con los laboratorios para la provisión de vacunas contra el Covid-19 y, dispuso mantener bajo secreto todas sus actuaciones, impidiendo de esta manera que se conozca el detalle de lo firmado entre el Estado y los laboratorios.

Presentamos una nota a la AGN, solicitando la publicidad de contratos de vacunas covid-19. El Gobierno se niega a que los argentinos conozcamos qué pasó con las vacunas, Vizzotti vuelve a mentir, debe publicar lo que firmó con sus conocidos, como Hugo Sigman y amigos rusos. pic.twitter.com/bxgL3Qdhrg

— Graciela Ocaña (@gracielaocana) December 1, 2022

Tras la reunión de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, junto a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras se aprobó por unanimidad el Plan de Acción Anual de la AGN.  

El encuentro reunió a los integrantes del Colegio de Auditores Generales de la AGN, para respaldar el plan de unas 422 auditorías que tiene previstas el organismo de control para este año. 

Al inicio del mismo, el presidente de la comisión, senador Mariano Recalde, señaló: “Se trata de un instrumento mediante el cual la AGN informa a esta Comisión la totalidad de trabajos previsto para cada año”, y remarcó la necesidad de “impulsar la la digitalización de los informes y expedientes, ya que la recuperación de la presencialidad no quita seguir impulsando la digitalización”. 

A continuación, el presidente de la AGN, Jesús Rodríguez, presentó su exposición, en la que destacó que durante la pandemia “pudimos cumplir con el mandato constitucional y entregar en tiempo y forma los informes, del mismo modo avanzamos en la transparencia y provisión de información a los ciudadanos”. 

A su turno, el auditor general Miguel Pichetto señaló que en el Plan 2022 “hay dos temas que tienen que ver con los gastos COVID y Vacunas que son parte del acuerdo entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional, que para junio de 2023 tenemos que tener terminadas las auditorías respecto a estos dos temas mencionados”.  

En este sentido, consideró que “es un objetivo que hace al interés del Estado argentino, forma parte expreso y se menciona de manera taxativa a la Auditoría General de la Nación participando y dando respuesta a estos temas”. 

Luego, el auditor general Alejandro Nieva advirtió la necesidad de que la AGN cuente con acceso al Sistema de Gestión Electrónica de Datos: “Desde el Colegio de Auditores hemos enviado varias notas a la Jefatura de Gabinete de ministros y hemos obtenido respuestas que no satisfacen este requerimiento, que serían muy importantes para que podamos avanzar”, indicó, pero enfatizó que “no se trata de un problema de este gobierno, sino también de la gestión anterior".   

En su intervención, el senador nacional de Juntos por el Cambio Juan Carlos Romero, pidió que se extienda el periodo de análisis de los proyectos de emisión de deuda pública, gestión de endeudamiento con organismos internacionales de crédito, y el de proyecto gestión de endeudamiento año 16-19: “Estamos pidiendo que estos tres proyectos se extiendan al año 20-21 para que la serie sea un poco más larga, y porque estamos convencidos que las deudas no son de los gobiernos, si no del país”, expresó. 

Por último, el senador del Frente de Todos José Mayans reclamó por las demoras en algunas auditorías, al referirse a la deuda pública contraída durante la gestión de Mauricio Macri, a lo que Pichetto respondió que “no hay ningún tipo de interés de ocultar absolutamente nada, por el contrario, estamos trabajando sobre los datos concretos en tiempos de dificultades, donde muchos organismos limitan la información”. 

La Comisión Mixta Revisora de Cuentas recibirá el próximo martes, a partir de las 11, a los integrantes de la Auditoría General de la Nación, que encabeza Jesús Rodríguez, en el marco de la presentación del Programa de Acción Anual 2022 de ese organismo de control.

El encuentro será de manera presencial en el Salón Illia del Senado y estará comandado por el presidente de la bicameral, el senador oficialista Mariano Recalde, quien fue electo titular a fines de marzo pasado.

La AGN es un organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue.

Cada año, al Congreso le corresponde aprobar o no el Programa Anual de este organismo, donde se plantean las auditorías que se realizarán.

En una breve reunión, realizada en el Salón Illia del Senado, se constituyó este martes la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que quedó presidida por el senador camporista Mariano Recalde (FdT).

Durante la designación de autoridades, fue elegido vicepresidente el diputado Álvaro González (Pro) -quien supo presidir la comisión en ocasiones anteriores-, y como secretarios el senador José Mayans (FdT) y el diputado Mario Negri (UCR), respectivamente.

Al tomar el mando de la reunión, Recalde agradeció a sus pares y destacó que en la comisión, que es "la más antigua del Congreso", se seguirá trabajando "de la misma manera y con la misma minuciosidad con la que se venía trabajando hasta ahora".

El porteño indicó que, por lo pronto, hay que aprobar el programa de acción anual de la Auditoría General de la Nación (AGN), y agregó que encomendará un "informe de los programas de auditoría que están en curso para circularlo entre los integrantes".

Por su parte, Mayans manifestó el "gusto de trabajar en esta comisión que es tan importante, porque hace lo que establece la Constitución sobre el pos-control de las cuentas públicas".

El jefe del FdT en el Senado celebró que esta es "la primera vez en dos años que nos reunimos" de manera presencial; y abogó por la visita de los miembros de la AGN para que, junto a los presidentes de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras, se analice "el programa operativo que establece cómo van a ser las auditorías que tienen que ser autorizadas por el Congreso".

En la misma línea, Negri pidió que "lo más rápido posible podamos invitar a la Auditoría a una reunión" y, al mismo tiempo, establecer "un orden de prioridades de todo lo que ha quedado pendiente" en la comisión para conformar un "cronograma de trabajo".

Además, los integrantes determinaron que la bicameral se reunirá los martes a las 11.
La comisión quedó integrada por los senadores Mariano Recalde, Martín Doñate, José Mayans, Ana María Ianni (FdT), Luis Naidenoff y Juan Carlos Romero (Juntos por el Cambio); y por los diputados Tomás Ledesma, Jorge Verón, Jorge Romero (FdT), Álvaro González y Mario Negri (Juntos por el Cambio). Todavía resta la designación de otro/a diputado/a.

La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN) que controle la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y legal de las intervenciones en el Ente Nacional Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

Entre los fundamentos del pedido de informes se mencionan como "hechos relevantes" los numerosos cortes del suministro eléctrico que ha sufrido la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense (en áreas de concesión de EDESUR y EDENOR) en reiteradas oportunidades, particularmente durante los días del mes de enero, incluyendo un apagón masivo ocurrido el día 11 de enero de 2022. "Esto resulta alarmante: ha habido miles de ciudadanos afectados y privados de un servicio esencial como es la electricidad", apuntó la legisladora.

La mendocina enfatizó que “llama la atención la falta de información disponible para la ciudadanía en materia de las intervenciones dispuestas, situación que se profundiza ante la confusión que generan las nuevas prórrogas de dichas intervenciones, las cuales entendemos, distan de encontrarse lo suficientemente fundadas legalmente y con resultados positivos a la vista. Por el contrario, los hechos parecen hablar por sí solos y los apagones en la provincia de Buenos Aires y la CABA ponen de manifiesto la necesidad de contralor efectivo que requieren actualmente las empresas distribuidoras eléctricas y del cual no parece haber eco alguno por parte del ente regulador”.

“La intervención del ENRE y del ENARGAS se inicia a partir de una norma de emergencia pública legalmente cuestionable y sujeta a continuas prórrogas. Las intervenciones por Decreto N° 871/2021 se encuentran actualmente vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022, sin mediar autorización por ley de dicha excepción al plazo de intervención original y estando aún algunos de los directores elegidos por el proceso que marca la ley en un limbo jurídico, en el caso de ENARGAS, suspendidos sin goce de haberes. Esta situación es a todas luces completamente irregular”, sostuvo la radical.

En el pedido de informes se requiere, en particular, realizar auditorías financieras, de legalidad, de gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo el control de los entes reguladores, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones. También examinar y emitir dictámenes sobre la memoria y los estados contables financieros de los entes, indicando la evolución contable financiera en relación al estado anterior a la intervención, destacando en particular los costos de operaciones internas y externas (contrataciones por medio de universidades, profesionales independientes, y otros).

Por otra parte, se solicita verificar el nivel y evolución salarial y patrimonial de los funcionarios públicos de los entes (interventor y gerentes) y el cumplimiento de información sobre aquella a la Oficina Anticorrupción; verificar el funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de ambos organismos y establecer qué inconvenientes se subsanaron y cuáles persisten sobre la base de lo señalado en sus informes; establecer cuál es la situación legal de los directores con mandatos vigentes, suspendidos sin goce de haberes de sus funciones sin fundamento alguno; analizar la evolución y los perfiles y tareas desempeñadas de los empleados que componen la planta de personal permanente y temporaria de los entes en la actualidad, efectuando análisis comparativo con el estado de situación anterior al dictado de la intervención.

También se incluye auditar los procedimientos de multas remanentes de la revisión tarifaria integral (RTI) y su tratamiento en la Revisión Tarifaria Transitoria; establecer los fundamentos técnicos de los criterios de incrementos tarifarios realizados por las intervenciones de ambos organismos; brindar detalle de las auditorías e inspecciones realizadas desde el comienzo de las respectivas intervenciones y detallar y cuantificar los potenciales reclamos pecuniarios de las empresas concesionarias por la interrupción de la RTI y la puesta en marcha de la RTT.

El ENRE, organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Desarrollo Productivo, fue creado con el objeto de regular y fiscalizar la prestación del servicio de distribución y transporte eléctrico, ambos elementos esenciales en la prestación de los servicios públicos. Tiene por función controlar que las empresas del sector eléctrico nacional cumplan con las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio (Ley N°24.065) y en los Contratos de Concesión, velando por el buen funcionamiento de las redes de distribución (circunscripta al Área Metropolitana de Buenos Aires) y el transporte eléctrico. "La acción del ENRE resulta fundamental para la prevención de apagones y problemas energéticos generados por las empresas prestadoras de servicio eléctrico, como actualmente ocurre en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano de la provincia de Buenos Aires", argumentó en los fundamentos Latorre.

Por su parte, el ENARGAS es un organismo autárquico creado mediante la Ley N°24.076 en el año 1992. Se encuentra en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, y cumple con las funciones de regulación, control, fiscalización y resolución de controversias, que le son inherentes en relación con el servicio público de transporte y distribución de gas en la República Argentina.

El proyecto fue acompañado por sus pares Mario Negri, Juan Manuel López, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Soledad Carrizo, Ximena García, Karina Banfi, Francisco Monti, Mario Barletta, Roberto Sánchez, Lidia Ascárate, Juan Martín, Roxana Reyes, Ricardo Buryaile, Gabriela Lena, Jorge Vara, Pedro Galimberti, Marcela Coli, Marcos Carasso y Gerardo Cipolini.

La Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el senador Mario Pais (FdT), avaló este martes el Programa de Acción 2021 de la Auditoría General de la Nación, donde el organismo de control tiene previsto realizar unas 500 auditorías.

En el arranque de la reunión, Pais explicó que este programa suele aprobarse a fin de año o en el comienzo del período ordinario, pero esta vez, a diferencia de otras, se retrasó debido al cambio de autoridades en la AGN y también "tuvo un trámite medio especial por la pandemia".

En ese sentido, recordó que el programa siempre ingresa en septiembre, pero este último fue girado en noviembre y, tras su análisis, se detectó que algunas auditorías -alrededor de un 10%- no tenían especificado el objeto, con lo cual hubo un nuevo pedido al órgano para que complete esa información. Y esas precisiones recién llegaron el pasado 13 de mayo.

Por otra parte, el oficialista dijo que en "la mayor brevedad posible" intentarán aprobar el Plan Operativo Anual (POA) de la AGN, que va de la mano con el Programa de Acción Anual. No obstante, se impulsó una resolución "requiriéndole (al organismo) algunas precisiones del POA que están faltándonos" y que "en el plazo de 30 días complete el Plan".

En apoyo a esa resolución, el jefe del bloque oficialista en el Senado, José Mayans, coincidió con que la AGN "tiene que aclarar los objetos de la auditorías" y "está bien darle estos 30 días para que informe y la comisión tenga precisiones".

Pais insistió que el pedido de esta información se debe a que "podamos ejercer adecuadamente las potestades de control que nos demanda la Ley de Administración Financiera".

En tanto, el diputado Álvaro González (Pro) pidió "tiempo" para leer la resolución, que afirmó le llegó este mismo martes, y consultarla con el jefe de su interbloque, Mario Negri, y "ver lo que usted está proponiendo, que no dudo será lo que corresponde".

Pero Pais le solicitó que "no dilatemos y suscribamos este requerimiento para poder a medidos de julio aprobar el POA". Por eso, dijo que lo iban a pasar a la firma. Entonces, González y también la diputada Paula Oliveto (CC-ARI) se comprometieron a dar su respuesta en las próximas 24 horas, al tiempo que expresaron que seguramente lo apoyarán.

En el final de la reunión se pasaron a la firma un total de 103 dictámenes unánimes; y otros cinco -de mayoría y minoría- vinculados al programa de Corredores Viales, y a estados contables del Banco Nación sobre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

Pedido de información de auditorías sobre "gastos Covid"

En el encuentro, el diputado Álvaro González adelantó que presentará un requerimiento a la AGN para que informe avances de los resultados de auditorías sobre "todo lo que tiene referido a los gastos Covid, al IFE, ATP, y las vacunas".

La Auditoría General de la Nación, a través de la presidencia de la Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la OLACEFS, que preside el auditor general Francisco Javier Fernández, realizará el martes 15 de junio un taller-webinar sobre el uso del portal ods.olacefs.com. 

El mismo está destinado a legisladores y asesores parlamentarios, además de universidades e interesados del ámbito académico y organizaciones de la sociedad civil (OSC) comprometidos con el cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Esta herramienta, desarrollada con la colaboración de la Agencia de Cooperación alemana GIZ y la OLACEFS, vincula activamente a las entidades de fiscalización superior, como la AGN, con diferentes actores interesados en la Agenda 2030.  

El portal ods.olacefs.com es un sitio web, con la posibilidad de acceder desde teléfonos inteligentes, que busca relacionar la actividad de los organismos de control gubernamental (EFS) a través de sus informes de auditoría y las organizaciones de la sociedad civil en relación a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) quienes pueden compartir noticias y experiencias sobre la materia.  

Las EFS evalúan el grado de cumplimiento de los gobiernos de la región con los compromisos asumidos en la Agenda 2030 de la ONU, es por ello que desde la AGN consideran estratégico aunar esfuerzos con el Congreso para que los informes de la AGN sobre los ODS puedan servir de insumos en esta materia y establecer un mecanismo de colaboración con la participación del Poder Legislativo, de diversas organizaciones, universidades, y sociedad civil en el monitoreo del cumplimiento de los ODS fijados por la ONU.  

El encuentro, que se desarrollará el martes 15 de junio a las 14, a través de la plataforma zoom, contará con la apertura del auditor general Francisco Javier Fernández y con la exposición de la auditora general Graciela De la Rosa, quien como presidente de Entidades de Fiscalización del Mercosur (EFSUR) compartirá la experiencia de la auditoria coordinada entre organismos de control del Mercosur sobre el ODS 5 sobre igualdad de género. 

La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas se reunió este martes para ratificar al senador chubutense Mario Pais (FdT) como presidente; al diputado porteño Álvaro González (Pro) como vicepresidente; y al senador formoseño José Mayans (FdT) y el diputado cordobés Mario Negri (UCR) como secretarios.

Al comenzar la reunión, Pais puso en valor el trabajo realizado por la comisión el año pasado e informó que el pasado 22 de febrero giró "una nota al presidente de la AGN (Jesús Rodríguez), que entiendo va a ser respondida indirectamente cuando se remita el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al año 2021".

El oficialista detalló que "el POA del 2021 ha sido aprobado, según he podido verificar y me ha informado el director de la comisión".

"Inmediatamente se reciba lo vamos a girar a los asesores, a los presidentes de las comisiones de Presupuesto de ambas Cámaras y a todos ustedes para que integrado con el Plan de Acción Anual podamos cuanto antes, si es posible en el mes de abril, revisarlo y si así lo consideramos pertinente aprobarlo en una reunión que incluso, como es de práctica, se invitaría al Colegio de Auditores Generales de la Nación", sostuvo.

Por otra parte, el chubutense informó que "está en estudio, en el ámbito de asesores, ya la rendición de cuentas del año 2016", primer año de la gestión Cambiemos. Y recordó que "se encuentra pendiente de tratamiento y aprobación el informe requerido en relación al Correo Argentino". El legislador del Frente de Todos instó a "avanzar y concluir con ese expediente que desde el año 2018 está en trámite en el ámbito de las comisiones".

La Comisión Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas recibió este miércoles, durante una reunión virtual, a los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN). Durante el encuentro se acordó el pedido de auditorías relacionadas a la pandemia de Covid-19, para ser incluidas en el plan de acción del próximo año.

En su exposición, el titular de la AGN, Jesús Rodríguez, señaló que "estamos frente a un desafío extraordinario que nos impone la pandemia", a la cual el organismo le "hizo frente, a nuestro juicio, de manera satisfactoria".

"Fuimos capaces, gracias a los empleados y funcionarios, de producir cambios normativos que nos permitieron el trabajo remoto" y "avanzamos en la digitalización de los procedimientos", destacó. Además, informó que se realizaron, desde el comienzo del aislamiento obligatorio, "nueve colegios virtuales".

Por otra parte, el titular del órgano de control resaltó que "el plan de acción anual tiene temas de vanguardia" como "el control del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible", con "al menos cinco proyectos de auditoría todos los años que atiendan a ese objetivo".

También reveló que se están atendiendo "requerimientos de la sociedad civil, donde distintas organizaciones formulan propuestas que son discutidas y que finalmente son aprobadas".

Rodríguez detalló que que este año se aprobaron 75 proyectos de auditoría, mientras que el año pasado para el mismo período fueron 110.

Tras su exposición, la auditora Graciela de la Rosa enfatizó que "la cuestión de género en la AGN es fundamental, estamos haciendo auditorías de género". En ese sentido, indicó que se realizó "una global con todos los países del mundo" y "ahora está en ejecución una coordinada con varios países de Latinoamérica sobre la feminización de la pobreza".

La exsenadora agregó que "el tema de Reparación Histórica lo tenemos casi terminado" pero "todavía nos queda en estos meses el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en los períodos 2017, 2018 y 2019". "Es un tema muy importante que vamos a tratar de acelerar", dijo.

A su turno, el auditor Miguel Ángel Pichetto subrayó que "el Congreso está también con una deuda en la aprobación de las cuentas (de inversión) de 2014, 2015 y 2016". "El año pasado habíamos avanzado en la construcción de un diálogo en ambas Cámaras para la aprobación", recordó el exsenador y consideró que sería bueno tratarlas en conjunto para avanzar con este "tema pendiente".

Tomó la palabra entonces el jefe de la bancada oficialista en el Senado, José Mayans, que mencionó que la cuenta de 2014 se aprobó en el Senado, pero no en la Cámara de Diputados.

En tanto, Jesús Rodríguez repasó que las cuentas de 2015 y 2016 tienen despacho "pero no han sido considerados por ninguna de las dos Cámaras". Abogó por el próximo dictamen de la de 2017 y sostuvo que para la cuenta de 2018 "hemos solicitado un plazo de 90 días para entregarla".

Pedidos de auditoría sobre la pandemia para 2021

El presidente de la comisión, el senador chubutense Mario Pais (FdT), informó que se recibieron pedidos de auditoría -uno ingresado este mismo miércoles- que "tienen que ver con la emergencia sanitaria por Covid-19". Al recordar que en menos de un mes la AGN deberá presentar su plan anual para el próximo año, sugirió que estas auditorías se incluyan para 2021 y no se "altere" el plan de este año.

"Seguramente no va a prosperar el tema de los gastos de la pandemia en el transcurso de este año y se podrá presentar en el plan de acción para el año que viene", coincidió Pichetto.

En esta línea, el auditor consideró que "le hacemos un favor al Gobierno; porque estoy seguro que la AGN va a tener una mirada más conocedora de los mecanismos de la contratación directa, de la urgencia, de los componentes que llevan al Estado a afrontar este tipo de situaciones dramáticas y complejas".

Sobre esto, opinó que "a veces los jueces y peritos judiciales no tienen esta compresión", cuando se manda a investigar las contrataciones del Estado.

Desde la oposición, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, adelantó que por nota, y “atento a la excepcionalidad, había solicitado auditar cortes y actos y lo tomé por preocupación pública del propio presidente (Alberto) Fernández, que pidió colaboración por la pandemia para adquirir remedios, recursos y bienes; que hicieran comisiones de legisladores o que la propia AGN contribuyera y lo ayudara a controlar para que no existiesen desvíos en ese tiempo”.

El radical explicó que “con nueve leyes de emergencias aprobadas y prestos a recibir el Presupuesto para 2021 en septiembre, y según algunos hechos ocurridos que el propio Gobierno ha hecho públicos por situaciones de sobreprecios en compras, en nada obsta que la AGN pueda verificar actos administrativos por cortes, mientras tanto”.

“No se puede desconocer la excepcionalidad de un hecho inimaginable y que la temporalidad se va extendiendo por encima de las expectativas que el propio Gobierno y la sociedad argentina tenían. Sería de vital importancia y enorme contribución al Poder Ejecutivo ayudar en este proceso de transparencia y excepcionalidad que estamos viviendo”, concluyó.

"Las contrataciones de la pandemia merecen y deben ser auditadas", afirmó Pais, que manifestó se remitirán a la AGN los pedidos.

En otro orden, el senador oficialista planteó que el presupuesto que prepara la AGN y remite al Ministerio de Economía y a la comisión mixta debería ser remitido primero a la bicameral, y luego ser ésta la que lo eleve al Ministerio. "Es lo que corresponde", expresó Mayans.

Sin embargo, Jesús Rodríguez se comprometió a "abrir toda la información que sea requerida y necesaria", pero aseveró: "No podemos ahora, hoy, cambiar un procedimiento fundado en reglas, normas y leyes así en una situación imprevista".

Por eso, Pais aceptó que se continúe "respetando los usos y costumbres", pero advirtió que "en los últimos ocho años" la comisión no ha revisado ni aprobado el presupuesto, y propuso que el año que viene se evalúe esta situación.

"Comparto con usted el criterio", sostuvo el vicepresidente de la bicameral, el diputado macrista Álvaro González, que agregó le parece "mejor todavía recuperar atribuciones que son de la comisión, y no tengo duda que el colegio de auditores no tendrá ningún inconveniente en discutir con nosotros cuál es el presupuesto que necesita". "Si hay algo que no vamos a hacer es hacerle faltar recursos al organismo que controla los actos de gobierno", cerró.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le tomó juramento este miércoles a Miguel Ángel Pichetto como auditor general de la Nación, en un breve acto formal realizado en el Salón de Honor.

El exsenador y excandidato a vicepresidente completará hasta 2023 el mandato del radical Jesús Rodríguez, quien asumió como titular del organismo.

La designación de Pichetto había sido aprobada en la sesión del pasado 25 de junio, donde el Frente de Todos se abstuvo y el Frente de Izquierda votó en contra.

Además de Massa, estuvieron presentes en la ceremonia el jefe de bloque Pro, Cristián Ritondo, y los diputados Álvaro González y Alberto Asseff.

Asimismo, participaron el secretario general de la Cámara, Juan Manuel Cheppi; el secretario parlamentario, Eduardo Cergnul; y Miguel Giménez, secretario gremial de la Asociación del Personal de los Organismos del Control (APOC).

La AGN está conformada por siete miembros: por el oficialismo, María Graciela de la Rosa, Francisco Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada; y por la oposición, Jesús Rodríguez -titular-, Miguel Pichetto y Alejandro Nieva.

Durante la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó la designación del excandidato a vicepresidente y exsenador nacional Miguel Ángel Pichetto como auditor general de la Nación.

La votación -en la cual se requería mayoría simple- se realizó a mano alzada. El bloque del Frente de Todos optó por la abstención, mientras que los legisladores del FIT Nicolás Del Caño y Romina Del Plá votaron en contra.

El excompañero de fórmula de Mauricio Macri, que fue propuesto por el interbloque Juntos por el Cambio, completará hasta 2023 el mandato del radical Jesús Rodríguez, quien asumió como titular del organismo de control en marzo pasado.

La candidatura fue formalizada hace dos semanas, durante una reunión en la que participaron Pichetto, junto al titular de la Cámara baja, Sergio Massa; el vicepresidente primero del cuerpo, Álvaro González (Pro); y los jefes de los bloques de la bancada opositora Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI).

De esta manera, Juntos por el Cambio tendrá como representantes en la AGN a Jesús Rodríguez en la Presidencia, a Miguel Pichetto por la Cámara de Diputados y a Alejandro Nieva por el Senado.

El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, fue el encargado de proponer la moción y sostuvo que Pichetto "reúne las calidades técnicas y personales para desempeñarse como auditor del citado organismo" en reemplazo de Rodríguez.

Por su parte, la vicepresidenta del Frente de Todos, Cecilia Moreau, resaltó que "sin duda que si hay alguien que tiene conocimiento sobre el Estado es el exsenador Miguel Pichetto". Al repasar su trayectoria, recordó que "en todos sus cargos públicos" siempre "fue votado por el peronismo". "Esta es la primera vez que el exsenador Pichetto accedería a un cargo sin haber sido electo por el voto popular", agregó.

Y argumentó la abstención del oficialismo diciendo que "más allá de cualquier consideración de sus 37 años de ejercicio en los diferentes cargos públicos, queremos alertar sobre la inmensa cantidad de declaraciones, de consideraciones que el exsenador viene manifestando de manera cada vez más frecuente sobre los sectores más vulnerables de la Argentina, que son a su vez los que necesitan más presencia del Estado, ni que hablar en estos momentos de pandemia".

Moreau recordó que el exlegislador cumplirá en octubre 70 años y lanzó: "Dicen que uno con los años se hace más sabio. Me da la sensación que este no es el caso".

"Nos preocupa mucho la estigmatización continua y pertinaz que tiene sobre, por ejemplo, los inmigrantes de pueblos hermanos de Argentina", señaló en referencia a "adjudicarles el origen de hechos delictivos con expresiones xenofóbicas".

Por último, la diputada dijo que "tampoco quedaron afuera de sus críticas los sectores juveniles" y recordó sus dichos "en las últimas horas" sobre que "al país lo salva la patria exportadora, no los curas villeros". "Sin duda merecen estas declaraciones nuestro repudio", afirmó.

Los referentes de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados formalizaron este miércoles su propuesta para impulsar como integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN) a Miguel Pichetto, el excompañero de fórmula de Mauricio Macri.

Los jefes de bloques de la bancada opositora Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI), junto al vicepresidente primero del cuerpo, Álvaro González (Pro), se reunieron en el Salón de Honor junto al exsenador y el titular de la Cámara baja, Sergio Massa.

El pedido de designación de Pichetto, firmado por el interbloque JxC, es para ocupar por cuatro años el cargo que dejó vacante el radical Jesús Rodríguez, quien en marzo pasado asumió la presidencia del organismo de control luego del triunfo de la UCR sobre el Pro en aquella puja interna de la coalición.

Según transcendió luego de la reunión, en la próxima sesión de Diputados podría ponerse a consideración del pleno la propuesta, que deberá ser avalada por mayoría simple. El interbloque que conforman la UCR, el Pro y la CC-ARI cuenta con 116 legisladores propios.

En caso de ser aprobado, Juntos por el Cambio tendrá como representantes en la AGN a Jesús Rodríguez en la Presidencia -hasta 2023-, a Miguel Pichetto por la Cámara de Diputados y a Alejandro Nieva por el Senado.

Fuerte crítico de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el exsenador fue siempre ponderado por el expresidente Mauricio Macri para ocupar el sillón de la AGN, pero finalmente los radicales impusieron a Rodríguez, haciendo valer la letra de la Constitución Nacional sobre qué fuerza de la oposición -la que tenga mayoría- tiene derecho a elegir el titular del organismo.

Fuentes parlamentarias adelantaron que es una posibilidad de que el bloque Frente de Todos, liderado por Máximo Kirchner, se incline por la abstención a la hora de votar la designación.

Diputados de la UCR encabezados por Carla Carrizo, vicepresidenta del bloque, solicitaron que la Auditoría General de la Nación (AGN) realice los controles a la gestión pública que la Constitución Nacional le encomienda durante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Carrizo presentó un proyecto para que el Congreso, a través de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, incorpore el “Programa Especial de Control Concomitante de Emergencia Sanitaria”, con el fin de que la AGN monitoree la gestión de todas las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional para frenar la propagación  del Covid-19.

La legisladora pidió que también se contemple en este control el destino de los fondos de emergencia específicos y las donaciones realizadas en este contexto. 

“Celebramos que el presidente Alberto Fernández acepte las renuncias de funcionaros que no cuidaron el dinero público, porque la autoridad en democracia debe enseñar; y también que haya convocado a los líderes de la oposición para evitar que se reiteren problemas de sobreprecios en la Administración Pública Nacional. Pero ese control no debe ser ad hoc -por cada problema una solución- porque en este proceso, dada la velocidad decisional que requiere la emergencia, habrá mucho más que observar que en tiempos de normalidad”, razonó Carrizo.

El pasado 18 de marzo, el radical Jesús Rodríguez asumió la presidencia de la AGN, durante una reunión del Colegio de Auditores donde se tomaron medidas de prevención especiales por el coronavirus. Los restantes auditores son Graciela De la Rosa, Francisco Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón y Gabriel Mihura Estrada por el peronismo; y Alejandro Nieva por el radicalismo.

Para la diputada Carrizo, cercana a Martín Lousteau, “la AGN es el organismo nacional que tiene el mandato constitucional de controlar desde el Congreso Nacional, y es justo en situaciones como esta donde todas las instituciones democráticas deben funcionar más y mejor”.

 “En la AGN están representados gobierno y oposición. La institución cuenta además con los recursos técnicos y económicos para hacerlo. De hecho, para este año tiene un presupuesto asignado de más de 2.500 millones de pesos. Ninguna comisión ad hoc podría hacerlo mejor. Para que así sea, necesitamos una decisión política del presidente y de los líderes de los partidos de la oposición en el Congreso”, consideró la autora del proyecto.

Finalmente, insistió en que “la emergencia es una oportunidad para que el Congreso esté a tono con lo que la ciudadanía  espera: que los organismos de control funcionen en tiempo y forma en Argentina”.

El proyecto fue presentado junto a los diputados de la UCR Emiliano Yacobitti, Dolores Martínez, Alejandro Cacace, Soledad Carrizo, Brenda Austin, Federico Zamarbide, Claudia Najul y Diego Mestre.

La especie circuló durante buena parte del día y recién se pudo confirmar a última hora: el dirigente radical Jesús Rodríguez será el nuevo presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN). Así lo rubricaron los presidentes de las dos cámaras, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, que oficializaron la designación a instancias del pedido formulado el viernes pasado por el radicalismo, a instancias de su presidente, el diputado nacional Alfredo Cornejo.

Fue el corolario de una soterrada disputa interna entre la UCR y el Pro, partido que a instancias de su líder, Mauricio Macri, pugnaba por la designación de Miguel Angel Pichetto. Ambos aliados afirmaban tener la mayoría de legisladores necesaria para elegir quién sería el hombre que ocuparía el cargo que alguna vez encabezó el fallecido Leandro Despouy.

Cornejo sostenía que el radicalismo cuenta con más legisladores, que es lo que en definitiva define el tema. De acuerdo con el conteo del exgobernador mendocino, el radicalismo cuenta con 60 legisladores, a razón de 46 diputados y 14 senadores, mientras que el Pro suma 59 (51 diputados y 8 senadores). Pero en el macrismo hacían otras cuentas y consideran tener más, sumando aliados.

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Ante la indefinición, Mauricio Macri mandó a la flamante presidenta del Pro, Patricia Bullrich, a sostener a Miguel Pichetto. Conforme fue creciendo la polémica, se tensaron las relaciones en Juntos por el Cambio ante las fuertes sospechas de un acuerdo del radicalismo con el kirchnerismo para bajar a Pichetto. El viernes, el mendocino se cortó solo y presentó ante las presidencias de ambas cámaras la nota proponiendo en nombre de la principal oposición a Jesús Rodríguez, quien en la actualidad es auditor de la AGN.

Ante el clima tenso que se generó en la coalición opositora, el propio Pichetto salió a cortar por lo sano aclarando que “no voy a dividir el frente opositor por un cargo”. En declaraciones a FM Milenium, el exsenador sostuvo el sábado pasado que “no voy a dividir el frente opositor por un cargo”.

Con todo, concedió que el tema “debería haberse acordado en el conjunto de los tres partidos”.

Esta vez, los radicales se salieron con la suya.

Nunca se llevaron bien el jefe del radicalismo, Alfredo Cornejo, con Mauricio Macri mientras éste fue presidente de la Nación, y no se preocuparon demasiado por ocultarlo. Más bien lo contrario, y más ahora que el líder del Pro dejó la presidencia. Pero si antes tenía resquemores Macri por el mendocino, esos reparos se potenciaron las últimas horas a partir de la jugada del diputado nacional para ignorar el deseo del exmandatario respecto de instalar a su candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto, al frente de la Auditoría General de la Nación.

Se sabía que el radicalismo quería dar pelea por ese lugar, donde pretendía instalar al dirigente Jesús Rodríguez, que hoy ocupa una auditoría en la AGN. Lo cierto es que la soterrada disputa viene desde fines del año pasado, al punto tal de que en lugar de definirse con el cambio de gobierno, se fue pateando para adelante. Hubo reuniones entre la dirigencia de Cambiemos que no llegaron a definiciones sobre el tema y, por el contrario, siempre se dejó la cuestión para resolver en el futuro.

El problema es que sobre el final de la semana el presidente del radicalismo decidió cortar por lo sano, aunque más bien se cortó solo. Según se supo, mandó sendas cartas a las presidencias de ambas cámaras para pedir ese lugar al frente de la AGN para Jesús Rodríguez. El razonamiento que sostiene la jugada de Alfredo Cornejo es que el radicalismo cuenta con más legisladores, que es lo que en definitiva define el tema. De acuerdo con el conteo que hizo el exgobernador mendocino, el radicalismo cuenta con 60 legisladores, a razón de 46 diputados y 14 senadores, mientras que el Pro suma 59 (51 diputados y 8 senadores). Pero en el macrismo hacen otras cuentas y consideran tener más, sumando aliados. Que es en definitiva lo que es Pichetto.

Los radicales incluyen en sus conteos al diputado Eduardo Brizuela del Moral y el senador Oscar Castillo, ambos del Frente Cívico y Social de Catamarca, por sendos monobloques, pero afiliados radicales en definitiva. Con todo, si la cuestión no encuentra una definición, Cornejo sugiere contar sin incluir aliados, y ahí aventajaría al Pro.

Lo cierto es que ante la indefinición, Mauricio Macri mandó a la flamante presidenta del Pro, Patricia Bullrich, a sostener a Miguel Pichetto. Conforme fue creciendo la polémica, se tensaron las relaciones en Juntos por el Cambio ante las fuertes sospechas de  un acuerdo del radicalismo con el kirchnerismo para bajar a Pichetto. El acuerdo, deslizaron fuentes consultadas, consistiría en poner a Jesús Rodríguez en la AGN; a Federico Storani y Juan Manuel Casella en la Defensoría del Pueblo y al kirchnerista Remo Carlotto en la Procuración Penitenciaria Nacional.

Ante el clima tenso que se generó en la coalición opositora, el propio Pichetto salió a cortar por lo sano aclarando que “no voy a dividir el frente opositor por un cargo”. En declaraciones a FM Milenium, el exsenador sostuvo que “hay un planteo de ajustarse a la letra de la ley, a contar diputados, senadores”, pero aclaró que “no voy a entrar en esa, no voy a dividir el frente opositor por un cargo”.

Con todo, concedió que el tema “debería haberse acordado en el conjunto de los tres partidos”.

El radicalismo le ofrece como premio consuelo el cargo de auditor que dejará Jesús Rodríguez, a lo que Pichetto aclaró que “no tengo pensado ir como auditor, lo voy a conversar esta semana, pero no lo tengo definido”. Y como ese cargo debe ser votado en los recintos, donde el kirchnerismo puede tener interés especial en criticarlo abiertamente, Pichetto se sinceró: “Mucho interés de someterme a un espacio de decisión en la Cámara la verdad que no me interesa”.

Lo cierto es que en el sector del Pro acusan a Cornejo de querer “romper Cambiemos”, y van más allá: de “cagarse” en el liderazgo de Mauricio Macri también.

Desde el radicalismo, donde en su momento Gerardo Morales trató de convencer a Cornejo de dejarle ese lugar al elegido por Macri, prefieren hacer silencio, pero por bajo alguno recuerda todavía cuando en Diputados se quedaron sin representante por primera vez en el Consejo de la Magistratura, y otros recuerdan que a instancias de Pichetto le dieron un lugar en la lista neuquina para el Senado a Lucila Crexell, quien luego tomó el lugar dejado por la muerte de Horacio “Pechi” Quiroga y hoy se alejó de Juntos por el Cambio.