El diputado santafecino celebró el triunfo de JxC en las elecciones del pasado domingo en su provincia y lo calificó como “una esperanza para poder cambiar el mayor problema que es la inseguridad”. También opinó sobre la escasa actividad legislativa.
El diputado nacional Gabriel Chumpitaz (Pro – Santa Fe) celebró el triunfo de JxC en las elecciones del pasado domingo en su provincia donde se impuso en las urnas Maximiliano Pullaro y lo calificó como “una esperanza para poder cambiar el problema de la inseguridad”. Por otro lado, se refirió a la baja actividad legislativa y apuntó contra la gestión de Alberto Fernández.
En diálogo por la Radio 770, Chumpitaz destacó: “La diferencia que hemos logrado en estas elecciones es muy amplia, muy grande y creemos que en la primera instancia va a ser muy difícil que el oficialismo encabezado por el gobernador Omar Perotti pueda dar vuelta esta elección”.
“El trabajo que se hizo, encabezado Maximiliano Pullaro, fue enorme, dedicado, político y muy territorial que se llevó a cabo en los 19 departamentos en los cuales pudimos ganar en absolutamente todos. Es una esperanza para poder cambiar el mayor problema de la provincia que es la inseguridad”, sostuvo.
En esa línea, avizoró: “La responsabilidad que se nos viene es un desafío enorme porque en definitiva nosotros vivimos en la ciudad de Rosario y la verdad que se ha tornado insoportable no poder salir a la calle, que los chicos no puedan ir a la escuela o al club, que no se pueda vivir en definitiva porque el narcotráfico ha influenciado en cuestiones de inseguridad que ha copado la ciudad”.
Además, manifestó que “el contexto en Argentina siempre es complejo, hace 100 años que en lo económico Argentina tiene un escenario complicado, pero creo que lo de Santa Fe es positivo y marca un rumbo político no solo por lo que significa en cuanto a aportes al fisco Nacional, sino también en cuanto al pensamiento ideológico y político. Entendemos que Santa Fe tiene que ser protagonista en el país”, y señaló que “Argentina en algún momento tiene que comenzar a cambiar el modelo extractivo que les retira a los verdaderos contribuyentes como el agro, el campo, los biocombustibles y ese dinero lo aporta en el conurbano bonaerense, dádivas para los intendentes y las organizaciones piqueteras. Ese modelo extractivo que le hace mucho daño al país hay que cambiarlo”.
Por otro lado, al ser consultado por la actividad legislativa opinó: “Siempre tenemos la esperanza de que la performance tanto de la Cámara de Diputados como del Senado mejore, entiendo que la Argentina que viene o la que plantea Horacio Rodríguez Larreta políticamente es un país de acuerdos y tienen que ver con básicamente parlamentarios que nos permitan generar las mayorías y en esas mayorías lograr las transformaciones que se necesita como la reforma laboral, la sindical, la impositiva y la reforma del Estado que permita bajar el gasto público”.
Sobre la posibilidad de que el Gobierno presente un nuevo dólar soja, el diputado santafecino apuntó: “No creo que hay ninguna expectativa de un nuevo dólar soja porque ni siquiera se menciona al presidente. Es un país que no tiene un presidente con volumen política y conducción y se lo menciona simplemente a Sergio Massa, obviamente es el candidato y el ministro de Economía, pero es una Argentina difícil, distinta y muy rara. No creo que este anuncio pueda créelo por sobre todo la agroindustria y los productores agropecuarios, son los artilugios que nos encuentra todos los días que presenta el Gobierno”.
La iniciativa es impulsada desde la Coalición Cívica, argumentando que la fijación de los derechos de exportación es “potestad absoluta e indelegable” del Parlamento.
La diputada nacional por Córdoba de la CC ARI Leonor Martínez Villada presentó un proyecto de ley para despejar cualquier tipo de justificación legal que pueda respaldar la fijación de los derechos de exportación del agro por parte del Poder Ejecutivo. Para eso, la diputada propuso derogar los artículos 664°, 755° y 756° de la Ley 22.415 del Código Aduanero.
“La fijación de los derechos de exportación es potestad absoluta e indelegable del Congreso de la Nación, es la institución que debe trabajar y aprobar lo referido a las retenciones al agro, sector que se encuentra atravesando una difícil situación, resultado de sequías, incendios forestales y de una severa distorsión tributaria”, sostuvo Martínez Villada.
“Esta iniciativa no sólo fomentará y avanzará hacia un debido cumplimiento de la Constitución y la institucionalidad democrática, sino también se podrá facilitar desde el Congreso un trabajo mancomunado que acerque y brinde soluciones al sector agropecuario, pilar fundamental en nuestro país”, explicó la diputada de la CC ARI.
El proyecto fue acompañado por los diputados nacionales de la Coalición Cívica Rubén Manzi y Mónica Frade.
Según indica la iniciativa, hasta este momento, el Poder Ejecutivo hace uso de herramientas jurídicas que lo habilitan a establecer estos tributos. Uno de ellos es la Ley de Emergencia Pública sancionada en 2019, que perdió vigencia el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el Código Aduanero, actualmente se le delega al Ejecutivo la facultad de establecer elementos esenciales para los derechos de exportación.
El artículo 75°, inc. 1, de la Constitución señala que el Congreso Nacional debe “legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las evaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación”.
Además, según el artículo 76 de nuestra Carta Magna, “se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
Tras haber perdido vigencia la Ley de Emergencia Pública y sin la aprobación del proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio 2022, los diputados de la CC proponen la urgente derogación de los artículos 664°, 755° y 756° del Código Aduanero con el fin de despojar de herramientas jurídicas al Poder Ejecutivo que son contrarias a lo establecido en la Constitución Nacional.
El acto en Olavarría por la reglamentación de la ampliación del régimen de una tarifa reducida de gas para zonas frías dejó muchas perlas políticas a menos de un mes de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre.
Junto al presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el presidente de la Cámara baja Sergio Massa, y el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro, la diputada nacional Liliana Schwindt hizo uso de la palabra durante el evento.
Schwindt, quien es una de las diputadas del Frente de Todos que impulsó esta iniciativa y encabezó la lucha contra los aumentos de tarifas durante el gobierno de Mauricio Macri, consideró que “esta ley es posible porque nuestro jefe de bloque Máximo Kirchner tuvo la comprensión y sensibilidad para entender la problemática y llevarla adelante para dar una respuesta a una demanda histórica”.
“Con esta ley de tarifa diferencial del gas estamos haciendo justicia social primero para los que más lo necesitan, pero también incluimos a parte de la clase media y jubilados de zonas donde el clima es realmente frío en parte del año y se necesita prender la estufa, lo que es un derecho porque es una zona desfavorable”, remarcó.
Ante la presencia del legislador mendocino José Luis Ramón -quien protagonizó la lucha por esta ley con una frazada-, la diputada del Frente de Todos manifestó: “Ahora, estas zonas van a tener una tarifa justa y razonable”.
De campaña
En otra parte de su discurso, Schwindt subrayó: “Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible para sumar dos senadores más para que usted pueda señor gobernador -Axel Kicillof- gobernar con libertad y tranquilidad y no ser extorsionado por la oposición”.
“Todos los del Frente de Todos estamos muy orgullosos del empresariado. No solo de la gran industria que es en esta zona Loma Negra sino también de las pymes. No tenemos ningún problema ideológico con el campo. Nuestra región es agrícola ganadera”, agregó.
Y concluyó: “Vamos a defender al sector porque queremos el desarrollo y el crecimiento del agro”.
Yapor fue candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en 2019 en el puesto 27 y a 2 años de las PASO logrará asumir una banca en la Cámara baja tras la renuncia del sindicalista Facundo Moyano.
Le llegó el turno al núnero 27 de la lista del Frente de Todos en 2019. Ahora, tras la renuncia del dirigente sindical Facundo Moyano, asumirá en su reemplazo el camporista oriundo del municipio del interior de la provincia de Buenos Aires Chivilcoy, Lucio Yapor.
¿Quién es Lucio Yapor?
Yapor, quien es amante del karate, comenzó a militar en su adolescencia en la Juventud Peronista de Chivilcoy y luego de recibirse como técnico en Producción Agropecuaria trabajó en un campo de peón rural, y luego se desempeñó en el estudio contable de su padre en la parte agropecuaria.
“El sector agropecuario está muy golpeado”, expresaba Yapor en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. En ese sentido, remató: “La industria junto con el campo son los motores del país, y sino se los incentiva y se apoya, no pueden crecer”.
En una entrevista en 2019 con el medio local AgroChivilcoy, Yapor había pedido que los productores agropecuarios confíen en “este nuevo modelo inclusivo”.
Por otra parte, aseguró que “hay que desmitificar que los gobiernos peronistas son anti campo”.
“Creemos que tenemos que estar todos juntos para sacar adelante al país”, señaló en esa oportunidad.
Por último, mencionó en la entrevista, según la nota publicada, algunos proyectos en los que trabajaba respecto a la agricultura familiar, a cerca de que tierras municipales puedan cederlas al vecino para que la trabajen y funcionen como una cooperativa, también de ganadería, apicultura, patrulla rural, agroquímicos, conectividad para que todos los pueblos rurales puedan tener wi fi, y turismo rural.
Diputados de Juntos por el Cambio criticaron la medida del Ministerio de Agricultura. “Repiten fórmulas que ya fracasaron”, advirtió Alicia Fregonese, autora del proyecto.
Diputados de Juntos por el Cambio encabezados por la entrerriana Alicia Fregonese (Pro) presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el cierre de las exportaciones de maíz, luego de que un sector de la Mesa de Enlace anunciara un paro por 72 horas a partir del próximo lunes.
“No se entiende por qué, cuando gracias a la gestión de Mauricio Macri, se llegó a superar año tras año la producción de maíz, hoy repiten fórmulas que ya fracasaron”, advirtió Fregonese.
La legisladora consideró que “el problema no es el precio del maíz” sino “la inflación, la brecha cambiaria y la desconfianza en el peso generada por este tipo de medidas”.
“Ahora regresamos no solo a una historia de revanchas, sino además una terrible noticia para todos los argentinos. Esto quiere decir menos inversión, menos generación de empleo, aumento de los precios de los alimentos y menos dólares para el país”, lamentó.
En el proyecto, la diputada requiere informes al Ministerio de Agricultura y Ganadería por la suspensión temporaria de la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior de Maíz con fecha de embarque anterior al 1ro de marzo de 2021.
En particular, Fregonese pregunta “por qué se considera en riesgo el abastecimiento de maíz para los siguientes 60 días siendo que el propio Ministerio de Agricultura estima que hay un remanente sobre un ‘total teórico exportable’ de 4,27 millones de toneladas”.
También consulta “si se ha considerado que el remanente en el mercado, entre pendiente de comercialización y comercializado, sin fijar precio, se estima en el orden de las 8,25 millones de toneladas”.
Por último, “por qué se considera que una medida que reducirá la demanda de maíz podrá, de alguna manera, incrementar su oferta”.
Por su parte, la diputada Virginia Cornejo, también de Juntos por el Cambio, le escribió una carta abierta al presidente Alberto Fernández para expresar repudio por la medida.
“Es triste que tomen medidas contra el pueblo argentino, contra aquellos sectores que dan trabajo y que tratan de que nuestra querida Patria pueda crecer. Es triste la persecución que efectúan aquellos funcionarios elegidos por usted contra productores que buscan el bien del país, que generan fuentes de trabajo, que generan lazos económicos con empresarios y gobiernos de otros países”, lamentó Cornejo.
El objetivo de su escrito es “impetrarlo a que haga un llamado a la reflexión y ordene a sus ministros que terminen con esta persecución autoritaria sistemática y permanente contra el sector del agro”, y “que habilite nuevamente la posibilidad de las exportaciones del maíz”.
“Este es otro golpe bajo a los que producen y generan trabajo. Con el cierre de las exportaciones caerá la inversión, aumentará la desconfianza de los productores y se desplomará la producción. Como sociedad, nos sumiremos en una grieta aún más profunda”, sostuvo Cornejo.
El flamante conglomerado, que reúne a 53 entidades del sector, detalló su plan de acción ante la Comisión de Agricultura y Ganadería. Apuestan a generar “100.000 millones de dólares anuales” y piden aliviar la carga tributaria.
El Consejo Agroindustrial Argentino, que fue conformado recientemente y que nuclea a 53 entidades del sector, presentó ante la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado su plan de acción, que apunta a generar “100.000 millones de dólares anuales de exportaciones” y “700.000 empleos adicionales” en diez años.
Al abrir la reunión virtual, Adolfo Rodríguez Saá, titular de la comisión, destacó que se trata de “un planteo de una trascendencia enorme para los tiempos que vivimos” y anticipó que existe un borrador de proyecto de ley que contempla las iniciativas del conglomerado.
José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales, explicó los detalles del plan, denominado “Estrategia de reactivación agroindustrial exportadora, inclusiva y federal”, que está planteado con un “horizonte mínimo” a 2030.
En primer lugar, Martins habló de la conformación del Consejo, que definió como “un espacio totalmente horizontal”, y destacó que “representa el 95% del Producto Bruto agroindustrial y un 65% de las exportaciones totales”.
El empresario recordó que el conglomerado ya mantuvo reuniones con el presidente Alberto Fernández; la vicepresidenta Cristina Kirchner; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ministros y gobernadores, además de la UIA (Unión Industrial Argentina) y la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa).
Martins aclaró que buscan “trabajar en conjunto tratar de acordar políticas de Estado” y que “no vienen a reemplazar” a la Mesa de Enlace ni a entidades gremiales.
“La oportunidad está hoy por lo que el mundo va a demandar y por eso es necesario actuar con rapidez. No se trata que vengan los privados a decirle a la política lo que hay que hacer sino que trabajemos en conjunto”, sostuvo.
Como misión principal, señaló la de “consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal, alimentación animal, fibras, biocombustibles y tecnologías del ecosistema agro-alimenticio”.
En ese marco, marcó como objetivo “definir una política activa de corto plazo con efectos fiscales neutros” y “sin subsidios del Estado” que genere “100.000 millones de dólares anuales de exportaciones” -hoy son 65.000 millones- y “700.000 empleos adicionales, preservando el medioambiente”.
El presidente de la Bolsa de Cereales especificó que una de las iniciativas consiste en conformar una Mesa Nacional Exportadora con las distintas áreas del Gobierno nacional, para tener “propuestas listas en 60 días”.
También se refirió a la necesidad de contar con una ley de desarrollo agroindustrial exportador antes de fin de año, que contemple regímenes especiales con estabilidad fiscal por 10 o 15 años, de amortización acelerada y de promoción a la inversión de bienes de capital, y descuentos en el impuesto a las Ganancias por diversas compras.
Asimismo, sugirió “fijar criterios de reintegros a las exportaciones”, la “eliminación de derechos para todas las economías regionales” y la “reducción gradual de impuestos a las exportaciones de productos agroindustriales y de grandes cultivos con miras a su eliminación a diez años”.
“Hoy no estamos en condiciones de pedir retenciones cero, pero sí creemos que hay una oportunidad de trabajar en un marco consensuado de reducir esa carga y disminuirla en el tiempo. Si no damos un fuerte incentivo para que nuestra producción primaria crezca, nada de esto será posible. Necesitamos darle un mensaje claro al productor agropecuario de que con un paquete fiscal alivianado tiene potencialidad para crecer”, resaltó Martins.
De la reunión también participaron Gustavo Idígoras (Cámara de Aceites), José Brigante (Cámara Argentina de Alfalfa), Raúl Rivara (Federación de Acopiadores) y Jorge Chemes (CRA).
Un grupo de legisladores del interbloque participaron de una reunión virtual con el Consejo Agroindustrial Argentino, donde se comprometieron a impulsar la iniciativa.
Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio escucharon las propuestas del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), formuladas durante una reunión virtual este jueves por los principales representantes del sector.
En concreto, la CAA presentó el documento “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal”.
Estuvieron presentes Mario Negri, presidente del interbloque y del bloque UCR; Cristian Ritondo jefe del bloque del Pro; Maximiliano Ferraro, titular del bloque CC-ARI; y los legisladores Ricardo Buryaille, Atilio Benedetti, Javier Campos, Alfredo Cornejo, Alicia Fregonese, Lucila Lehmann, Fabio Quetlas, Pablo Torello, Alfredo Sciavone, Gisela Scaglia y Jorge Vara.
“No se puede imaginar un proyecto de desarrollo competitivo si no se tiene como horizonte la exportación. Este proyecto de la CAA tiene todo mi apoyo. El Gobierno debe convocar al diálogo y a trabajar en conjunto, pues si no mira el mundo y su demanda no hay salida para la Argentina”, expresó Negri.
Por su parte, Ritondo señaló: “Escuchamos el proyecto con mucha atención, la agroindustria en nuestro país es muy importante y si participan 42 asociaciones mucho más. El motor del país hay que cuidarlo siempre, y ahora más que nunca”.
“Fue un encuentro de trabajo muy fructífero. Nos comprometemos a trabajar en forma conjunta para encontrar los acuerdos necesarios para potenciar al sector agroindustrial de nuestro país. La Argentina necesita exportar y tener divisas. Por eso creemos importante poder trabajar en alternativas en este sentido”, sostuvo Ferraro.
En tanto, Gustavo Ídigoras, presidente de CIARA-CEC (Cámara de la Industria Aceitera de Argentina y Centro de Exportadores de Cereales) celebró en sus redes sociales que “las reacciones del interbloque JxC en la reunión fueron muy positivas, estamos entusiasmados de poder avanzar en el debate legislativo”.
“Planteamos la necesidad de generar una ley que dé las condiciones de previsibilidad para todos los productores agropecuarios y para industrializar el agro durante al menos diez años. La reactivación agroindustrial, con visión exportadora, debe ser una política de Estado”, agregó Ídigoras.
El documento de la CAA propone como objetivo un aumento de las exportaciones anuales (más de 16 mil millones de dólares), incrementos en el movimiento económico de todo el país (más de 32 mil millones de dólares), y en el empleo distribuido en todo el país (más de 210 mil empleos directos y cerca de 700 mil indirectos).
Según explicó el Consejo, esta reactivación se propone con un impacto fiscal neutro, sin solicitar al Gobierno ningún tipo de subsidio, llevándose a cabo de forma sustentable, cuidando el ambiente con prácticas y procesos que no impacten en el ecosistema y aumenten la producción.
Los diputados de Juntos por el Cambio se comprometieron a trabajar junto a los representantes del CAA en el tratamiento y debate parlamentario conducente a que antes de fin de año se pueda presentar y aprobar el proyecto de ley.
El titular de la Cámara presentó un proyecto para que se tipifique como “delito contra la propiedad”, tras los ataques de los últimos días.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto de ley para que los actos de vandalismo rural, como los ocurridos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, sean considerados “delitos contra la propiedad” y quienes provoquen destrucciones cumplan una pena de hasta cinco años de prisión.
Si bien no es costumbre de un titular de la Cámara presentar proyectos, Massa impulsó la iniciativa acompañado por un diputado de su confianza, Ramiro Gutiérrez (Frente de Todos).
“Destruir una silobolsa es destruir el trabajo argentino y por eso presentamos un proyecto de ley que castigue el vandalismo rural”, informó Massa.
Por su parte, Gutiérrez explicó que “en el Código Penal actual existen algunas regulaciones previstas como estrago, pero son de aplicación imposible como defensa de la propiedad, ya que se enmarcan dentro de los llamados ‘delitos contra la seguridad pública’, requiriendo para su configuración una lesividad superior y diferente a las del daño a la propiedad privada”.
La iniciativa busca tipificar como “vandalismo rural” a cualquier daño contra silos, tolvas o silobolsas, con una pena de dos a cinco años de prisión, y también propone una condena de 12 años para quien “libere patógenos, tóxicos o emisión de radiaciones, incendio, explosión, inundación que generen un peligro para la vida”.
En este último caso, si el hecho provoca la muerte de una o más personas, el máximo de la pena será de veinticinco 25 años de prisión, y si esos efectos se producen por imprudencia o negligencia, ese máximo será de quince 15 años.
