En el marco de la Segunda Cumbre Sudamericana AgroGlobal, realizada en el Congreso de la Nación, legisladores de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay firmaron una histórica declaración conjunta para la consolidación del Espacio Parlamentario Agroindustrial Sudamericano.

Este acuerdo representa un paso clave hacia la construcción de una agenda parlamentaria común en defensa del agro, con eje en la sostenibilidad, la innovación, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento del comercio regional.

Uno de los puntos más relevantes del documento es el rechazo conjunto a la Reglamentación 1115/2023 de la Unión Europea, que exige la trazabilidad libre de deforestación para la comercialización de productos primarios hacia ese bloque. Esta norma entrará en vigor el próximo año y podría afectar de forma directa las exportaciones sudamericanas.

“Expresamos nuestra voluntad de trabajar coordinadamente para fortalecer al sector agroindustrial como motor de desarrollo económico, generación de empleo y arraigo territorial en nuestros países”, afirmaron los firmantes, en referencia a los principios de la “Carta de Buenos Aires”.

Entre los compromisos asumidos por los legisladores se destacan la cooperación parlamentaria, la promoción de tecnologías e innovación en el agro, y la articulación público-privada para definir marcos legislativos consensuados que impulsen el desarrollo del sector.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, participó del encuentro y reafirmó su apoyo al sector agropecuario, al que definió como un “pilar clave de la economía nacional y sudamericana”. En sus palabras, el agro no solo genera crecimiento económico, sino que también “sostiene el bienestar de millones de personas”.

Desde Brasil, la senadora federal y ex ministra de Agricultura, Tereza Cristina, compartió su experiencia parlamentaria y destacó el rol del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) como canal institucional de defensa del agro. En su intervención, remarcó que las decisiones políticas deben estar conectadas con la realidad del campo y criticó duramente regulaciones ambientales que obstaculizan la producción.

“No queremos precarizar el medio ambiente, queremos que nos ayude a conservarlo”, afirmó Cristina, en referencia a los desafíos regulatorios que enfrentan los productores. Además, cuestionó la reglamentación europea por considerarla proteccionista y ajena a las realidades productivas sudamericanas.

Uno de los temas planteados fue la grave preocupación de los parlamentarios por la Reglamentación 1115/2023 de la Unión Europea, que exige trazabilidad libre de deforestación para la comercialización de productos primarios. Se subrayó la necesidad de construir una visión y una política común entre los países sudamericanos para fortalecer la capacidad de negociación regional. Esta normativa entrará en vigor el próximo año y podría afectar directamente las exportaciones del continente.

Por su parte la presidenta de la Fundación Barbechando, quien fue una de las principales impulsoras del encuentro, Ángeles Naveyra, destacó el rol clave que cumplen los legisladores como puentes entre el campo, la política y la ciudadanía.

“La articulación parlamentaria es esencial para lograr consensos que representen y protejan los intereses del agro sudamericano. Este espacio común que estamos construyendo es una herramienta concreta para que la voz del campo sea escuchada y traducida en leyes”, expresó Naveyra durante su intervención.

El encuentro, culminó con una foto grupal que simboliza la unidad regional en defensa de un agro competitivo, sostenible e integrado a los desafíos globales.