El gobierno de Javier Milei ya atravesó sus primeros cien días sin señales de que, a pesar del fuertísimo ajuste que está aplicando -que por cierto lejos está de circunscribirse a “la casta”-, esté perdiendo al menos parte del favor de la población que el 19 de noviembre pasado lo puso en la Casa Rosada. Ese es un mérito innegable para una administración sin experiencia que avanza en busca de logros que aún no puede celebrar, pero ha logrado instalar la sensación de que está en dominio de la situación. Si eso no es magia…

A fuerza de mantener todo el tiempo la iniciativa, el equipo presidencial pareciera tener el dominio de la pelota, va a la ofensiva constantemente -no solo de manera literal-, pero la realidad se muestra en el marcador, donde los goles brillan por su ausencia.

Está claro que la principal obsesión presidencial es bajar gastos de manera extrema y de esa manera ha podido celebrar logros macroeconómicos. El déficit se ha reducido de manera drástica y eso es lo que festeja el primer presidente economista de la Argentina, que no saca la vista del Excel en el que ve representado su gobierno. Solo eso pareciera atender en el marco de una reducción de gastos que incluye miles de despidos en el ámbito del Estado. Las claves de la reducción del déficit pasan por recortes a las provincias y fuerte ajuste a las jubilaciones. Según el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, en el primer trimestre del año las jubilaciones y pensiones están perdiendo más de 44% contra la inflación, y la propuesta del Gobierno no alcanza a recuperar esa pérdida.

En rigor, los logros de la gestión Milei podrían graficarse en lo que no sucedió -una hiper evitada- y lo que podría suceder -inflación descendente, camino al dígito-. Los que miran la parte vacía del vaso calificarán sin embargo como “pírricos” esos “éxitos”. Han sido al costo de una gran recesión y fuerte crecimiento de la pobreza.

A propósito, se conocieron esta semana los datos de la pobreza alcanzada en 2023, que llegó a un escalofriante 41,7%. Esa cifra hay que adjudicársela enterita al gobierno anterior, tal cual dejó claro el propio Martín Guzmán, que aún con la sangre en el ojo le apuntó de lleno a Sergio Massa, atribuyéndole un crecimiento de esa tasa de 5,2 puntos porcentuales. La realidad es que esa cifra sigue en alza, cosa que no niegan ni en el mismo gobierno, aunque garantizan que el freno de la inflación marcará el inicio de la segunda parte de la v corta con la que describen su hoja de ruta.

Más allá de las sensaciones que deja un gobierno que tiene al presidente marcándole el paso a todos, la realidad lo muestra siempre detrás de los acontecimientos. Los anuncios -en general rimbombantes- siempre son una reacción ante un hecho desencadenante. Pasó en Rosario, cuando al desmadre por la inseguridad sucedieron anuncios de medidas y proyectos de ley -cinco, cuyos textos se desconocen pues no han sido aún enviados al Congreso-. Pasó el Viernes Santo, cuando la detención del supuesto asesino del playero Bruno Bussanich generó el anuncio del envío de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad. Ya había anticipado el ministro Mariano Cúneo Libarona a mediados de enero que lo harían, pero eso recién fue confirmado cuando se supo que el asesino del empleado de una estación de servicio rosarina tenía solo 15 años. Habrá que ver igual cuándo lo mandan, pues sin ir más lejos el Gobierno de Alberto Fernández se acostumbró a anunciar leyes que tardaba un año en presentar y casi nunca aprobar.

Cúneo Libarona presentará en los próximos días un proyecto para bajar la edad de imputabilidad.

De paso digamos que el anunciado cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner, ha sido hasta ahora solo eso: un anuncio. Necesitará también una ley para concretarse.

Transcurrió justo un mes desde que el presidente anunció ante la Asamblea Legislativa una hoja de ruta con plazo fijo al 25 de mayo, fecha en la cual debería firmar con todos los gobernadores el Pacto de Mayo que incluye diez políticas de Estado que él mismo redactó y el resto debería aceptar. La condición para suscribirlo es la aprobación previa de la ley de Bases y el alivio fiscal. Dos leyes cuyo tratamiento todavía no ha comenzado formalmente, aunque con buen tino esta vez han sido presentadas en líneas generales a los gobernadores y bloques de diputados que deberían aportar los votos para su aprobación.

La idea es que, pasado el feriado XL de seis días, las comisiones se aboquen de lleno al debate de esta nueva ley de Bases, con el objeto de llegar al recinto en la semana del 14 o la del 21 de abril, a más tardar. Tendrá que ser esta vez un tratamiento en el recinto más acotado, pues los tiempos urgen y en caso de aprobación le espera luego el tratamiento en el Senado, donde ya se sabe que el oficialismo no cuenta con mayorías seguras.

Como sea, el cronograma organizado por el oficialismo alcanzaría para poder cumplir con los tiempos que el presidente ha establecido. Pero la premisa no está para nada garantizada. Sobre todo si se tiene en cuenta que hay factores de rispidez que complican la relación con quienes deben garantizar los votos para la aprobación. La reimplantación del impuesto a las Ganancias de cuarta categoría, que el Gobierno nacional quiere adjudicarle a un pedido de los gobernadores, encuentra fuertes resistencias sobre todo entre los patagónicos. Ese será un escollo muy difícil de sortear.

El ministro del Interior regresó con cierta satisfacción de Salta, luego de participar de una reunión de gobernadores del Norte Grande. Al cierre de la misma, encabezó una conferencia de prensa flanqueado por el mandatario local, y el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de origen radical y prosapia kirchnerista, que pese a ello se mostró bastante receptivo. El encuentro con los gobernadores dejó a los mismos conformes a medias. No encontraron receptividad en los pedidos de fondos. “No hay plata”, insistió Guillermo Francos, que ya sabe que no tiene que hacer promesas que después no puede cumplir. Pero sí abrió una luz de esperanza cuando admitió la posibilidad de reanudar obras que estén en avanzado estado de realización y cuenten con financiamiento. Se verá.

Guillermo Francos con los gobernadores del Norte Grande.

Un factor de discordia es el que terminó de abrir esta última semana el Gobierno al eliminar por DNU los giros que la ANSeS realizaba a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación. Milei nunca los pagó, y ahora transformó esa mora en definitiva. Eso se suma a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fondo Compensador para el Transporte, más el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires.

El torniquete fiscal a las provincias se grafica en esta cifra: las transferencias corrientes a las mismas ya cayeron un 77%.

Con ironía, el consultor Carlos Fara suele llamar al presidente “Javier Sinley”. Vale el término si se recuerda que este es el primer gobierno que a cuatro meses de gestión no ha visto aprobada en el Congreso ninguna de sus propuestas. Los que realmente quieren ayudarlo suelen decir que esta administración dejó pasar el mes de diciembre de manera insólita. Toda administración nueva tiene su Presupuesto y emergencias aprobadas antes de fin de año, entre fiesta y fiesta. Pero esta gestión prefirió no elaborar un Presupuesto, alumbró a diez días de fin de año un polémico mega DNU, y mandó su ley fundacional faltando tres días para terminar 2023, entusiasmado en mostrar cómo obligaba a trabajar en el mes de enero a los denostados legisladores. Una vez más, privilegiando el relato por sobre los logros. El resultado fue que el polémico decreto frenó la actividad en el Senado y la ley insignia tuvo que volver a comisión.

Táctica pura, pero sincero al fin, Javier Milei dijo hace un mes ante los legisladores que les daba una nueva oportunidad de aprobarle todo lo que les pedía, pero que realmente no creía que lo hicieran.

A esta altura, los inversores y el FMI esperan que el Gobierno demuestre que tiene capacidad para avanzar con las leyes que necesita. Esto es, capacidad de esa palabra que el presidente considera maldita: negociación.

Mientras tanto, el Gobierno sigue con sus jugadas audaces, avanzando con sus propuestas para cubrir cargos en la Corte, con un juez federal como Ariel Lijo que ha despertado demasiados cuestionamientos, aunque en el entorno de Milei están convencidos de que los mismos no tendrán su correlato en el Senado a la hora del debate. La capacidad de “rosca política” del candidato propuesto por el presidente le favorece el camino a la hora de obtener los votos, no solo en el kirchnerismo, sino también en un radicalismo donde el juez federal tiene terminales muy sólidas.

Con esa designación y la de Manuel García-Mansilla el presidente aspira a contar con una “mayoría automática” que supuestamente completaría con Ricardo Lorenzetti.

A Milei no le da garantías la actual composición del Tribunal. Si consigue su objetivo, a partir del año próximo cree que ya no dependería tanto del Congreso y podría manejarse más seguro con los decretos de necesidad y urgencia.

Los diputados porteños de Unión por la Patria reclamaron al jefe de Gobierno Jorge Macri “implementar medidas concretas” ante el ajuste impulsado desde Nación y sus efectos ante la sociedad.

“En un contexto de políticas de ajuste y desregulación salvaje del gobierno de (Javier) Milei, creemos que la Ciudad debe implementar medidas concretas para mitigar el impacto en su población”, señalaron desde el bloque UP.

Agregaron que el jefe de Gobierno “Jorge Macri tiene los recursos y la obligación de cuidar a los porteños y porteñas en esta crisis”.

En ese marco afirmaron que el bloque que conduce Juan Pablo Modarelli están trabajando en iniciativas legislativas “para mitigar el impacto sobre porteños y porteñas”.

La diputada nacional Leila Chaher (UP) se refirió a las primeras medidas anunciadas por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y aseguró que afectarán “directamente a los trabajadores y no a los sectores de poder o de mayor ingreso”.

A través de sus redes sociales, la camporista recordó que Caputo es “el mismo que nos endeudó brutalmente en el 2018”. “Siguen sin responsabilizarse por las consecuencias devastadoras que tuvo su gestión en los bolsillos de los argentinos y argentinas”, cuestionó.

En ese sentido, la jujeña apuntó que “es por esto que el FMI celebró el anuncio del titular de la cartera de Economía”. E insistió en que las acciones anunciadas implican un “ajuste que va a recaer sobre la gente y no sobre la casta, como hicieron creer a la sociedad durante toda la campaña”.

Así también, Chaher explicitó que el recorte ministerial y de secretarías “es sólo una farsa” ya que “el impacto fiscal es mínimo, pero sí deja a miles de laburantes en la calle”. “No casta, laburantes”, enfatizó.

Para finalizar, la diputada de Unión por la Patria lamentó que “el verdadero ajuste lo pagarán los argentinos con la brutal transferencia de ingresos y el impacto que significan estas medidas en el bolsillo de los trabajadores y en los sectores productivos (el sector privado) con la eliminación de subsidios al transporte, energía y tarifas”.

Los diputados nacionales de Unión por la Patria realizaron un “profundo debate” sobre las recientes decisiones tomadas por el presidente Javier Milei, anunciadas por el ministro Luis Caputo.

Con el aporte de los integrantes del bloque con referencia en el tema económico, afirmaron que hay “una profundización en el rumbo tomado de los históricos planes de ajuste en la Argentina”.

“La paralización de la obra pública implica menos obras de infraestructura sanitaria, educativa, vial, energética, socio comunitarias. Esto generará un estancamiento del desarrollo argentino, la pérdida de puestos de trabajo y un negativo impacto directo a lo largo y ancho del territorio nacional, afectando severamente a las provincias y los municipios”, expresaron desde el bloque que conduce Germán Martínez.

A través de un comunicado, advirtieron que “la hiper devaluación del 118%, excediendo incluso las más duras exigencias del propio FMI, es un golpe al ingreso de los asalariados, los trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía social, popular y solidaria, cuentapropistas y autónomos, así como de jubilados y pensionados. El brusco salto del tipo de cambio va a tener un terrible impacto en todos los precios”.

A su vez, la eliminación de los subsidios al transporte y la energía anticiparon que impactará negativamente sobre los ingresos de las familias y los costos de los sectores productivos.

Por otra parte afirmaron que “el tejido social va a ser profundamente dañado y las políticas compensatorias anunciadas parecen claramente insuficientes para paliar las consecuencias del ajuste”.

“Con humildad y convicción, queremos expresar que las primeras medidas anunciadas perjudicarán a la inmensa mayoría del pueblo argentino”, señaló el bloque UP, remarcando que “el Congreso Nacional es el ámbito por excelencia de discusión de políticas públicas, de cara y en representación de la totalidad de la sociedad. Esperamos que el gobierno así lo entienda. Aquí estamos y estaremos, cumpliendo nuestro mandato constitucional, defendiendo los intereses del pueblo argentino”.

“No era campaña del miedo. Había y hay otro camino: un cambio con producción, trabajo y cuidando a las y los argentinos”, concluyeron.

Los anuncios del ministro Caputo muestran la decisión brutal de hacerle pagar a los sectores populares el precio del ajuste que reclama el FMI y los poderosos operadores económicos locales. En efecto, se trata de un paquete de medidas recesivo y brutalmente regresivo.

La devaluación del 50% del peso, sumada a la quita de subsidios y el levantamiento de todo tipo de control de precios provocará una escalada inflacionaria con el único anclaje de la recesión provocada por el vaciamiento de los bolsillos de las familias argentinas. Aun así están abriéndole la puerta a una hiperinflación que no estaba en el escenario real de la economía. De esto resultará una transferencia fenomenal de riqueza de la enorme mayoría del pueblo a los oligopolios, los agroexportadores y el sector financiero. Ahora descubrimos que la casta eran los jubilados, los empleados públicos, los trabajadores, en definitiva, el pueblo argentino. Estas medidas más la suspensión de la obra pública van a significar decenas de miles de despidos no solo en el sector público sino también en el privado por la caída estrepitosa del consumo y la actividad.

Esto generará un brutal hundimiento de los ingresos de toda la población que, sumado a una fuertísima retracción del gasto público que incluye desde recortes salariales, despidos, cierres de programas y congelamiento de salarios y programas sociales redundará en una fenomenal espiral recesiva que afectará a toda la actividad económica generando desocupación y más pobreza.

Es evidente que con este rumbo la luz al final del camino es una frase de ocasión para tratar de esperanzar a las víctimas de lo único que saben hacer bien, cortar siempre el hilo por lo más delgado.

“Hoy sin dudas comienza una nueva era”, estimó este domingo el legislador porteño Facundo Del Gaiso, quien expresó su deseo de que “sea mejor para el beneficio de todos los argentinos”.

Para el diputado de la Coalición Cívica, “lo positivo, decir la herencia con crudeza. Lo negativo, el mensaje de espaldas a los diputados, simbólicamente es malo, como ‘si no hacen lo que yo digo son enemigos del pueblo’”.

Y luego analizó la propuesta de ajuste esbozada por el presidente de la Nación en su discurso. “Para entender qué es bajar 5 puntos del PIB, son 9 billones de pesos, o sea dos presupuestos enteros de la Ciudad. Eso no se hace echando ñoquis, que está bien. Para llegar a esa cifra tiene que sacar  todos los ATN (0,7% del PIB) que pagan entre otras cosas el Fondo de Incentivo Docente”.

Y continuó: “Todo ese peso cae sobre los sectores medios empobrecidos. Por eso hay que ser muy serio en lo que se dice y se hace. Y quien realmente hace este esfuerzo enorme y de qué manera se amortigua todo ese impacto. Ya terminó la campaña ahora empieza la realidad”.

Por último, DelGaiso pidió ser claro: “Todos los planes sociales son el 0,7% PBI. Con inflación de 25/30 por ciento, van a tener que actualizar todos los meses AUH, Tarjeta Alimentar, etcétera. Todo este esquema de relojería social debe estar muy aceitado para sostener la paz social”, advirtió.

La diputada nacional Romina del Pla (PO/FIT-U) cuestionó al presidente de la Nación, Javier Milei, tras dar su primer discurso inaugural de gestión: “Dijo que iba a terminar con la casta, pero apuesta a gobernar en base a pactos con los mismos de siempre, no sólo con (Mauricio) Macri sino también con el PJ”.

“El peronismo en el Congreso arrancó dándole el aval a la designación de Martín Menem, que viene a llevar adelante el paquete anti obrero de leyes que promueve Milei. Además, el PJ le hizo un enorme favor en la transición al nuevo gobierno. Aumentó los precios de las naftas hasta un 30% la semana previa a la asunción de Milei y aplicó una fuerte devaluación llevando el dólar oficial a 400 pesos”, cuestionó la bonaerense.

Así, comparó: “Sólo el Frente de Izquierda se planta contra estos pactos con un gobierno que viene proponiendo un enorme ajuste contra los trabajadores”.

Por otor lado, se refirió a los dichos de Milei sobre los piquetes ‘el que corta no cobra’ y cuestionó: “Pero felicita al que despide. Mientras promete incrementar la pobreza, amenaza a los que se movilizan, trabajadores que se organizan para luchar. No va a perseguir a la casta política, menos aún a los empresarios que serán los verdaderos ganadores de esta política anti obrera”.

Del Pla adelantó: “Nosotros por nuestra parte llamamos a no dejarse amedrentar y a superar la parálisis de la burocracia sindical, para ponernos de pie y enfrentar este enorme golpe a los ingresos populares. Por eso el 20 de diciembre convocamos a llenar la plaza de mayo junto al sindicalismo combativo y al frente de lucha piquetero”.

Sin vueltas, el presidente Javier Milei anunció este domingo la magnitud del ajuste que vendrá. En tono monocorde, anticipó que “debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo”.

“Todos los programas gradualistas terminaron mal, los de shock, salvo el del 59, fueron exitosos”, proclamó el mandatario.

En ese sentido sostuvo que “si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de la Argentina los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal, haciendo que el mismo sea recesivo”.

Milei sostuvo que “para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y lamentablemente tengo que decírselo de nuevo: no-hay-plata”.

Por ende, continuó: “la conclusión es que no hay alterativa al ajuste, y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes”.

Anticipó entonces que “habrá estanflación, es cierto; pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. El PBI per capita ha caído el 15% en un contexto donde acumulamos 5000% de inflación. Hace una década que vivimos en estanflación, por lo tanto este es el último mal trago para iniciar la reconstrucción de Argentina”.

El diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad-JxC) se refirió a los 15 puntos del PBI sobre los que hay que hacer un ajuste, según dijo el presidente electo, Javier Milei. 

“Estoy contento y hasta diría feliz de que la sociedad se haya dado una segunda oportunidad en los últimos veinte años de sacarse de encima a esta lacra que es el kirchnerismo, que nos lleva a niveles de empobrecimiento que Argentina nunca conoció”, expresó. 

A continuación, en diálogo con Radio La Red, consideró que “10 puntos de los 15 es terminar con las Leliqs” mientras que “los cinco puntos restantes son de real recorte de lo que sería el gasto público”. 

Aunque afirmó que no conoce “de qué manera lo va a hacer”, anticipó que requerirá de “una fortaleza política formidable, de mucha evangelización y mucho acuerdo político con las provincias, diputados y senadores”. 

“Vos tenés cerca de 650 mil empleados públicos que son ñoquis, en todo el país, Nación, provincias y municipios. La Constitución dice que está garantizada la estabilidad del empleo público. Vos tenés que lograr una ley de emergencia económica para despedirlos. Un ñoqui es un ladrón que le está choreando la plata a un buen empleado público que cobra menos porque está él y le roba también a los contribuyentes. Pero para esto tenés que tener espalda y negociar con las provincias”, apuntó Espert. 

Luego mencionó que para llevar adelante ese ajuste, también “podés cortar a cero el déficit de las empresas públicas, o privatizar todo; cortar con los subsidios a la energía, eso tiene un costo social fenomenal, porque implica duplicar, triplicar o hasta cuadruplicar las tarifas, por lo que requiere de muchísimo trabajo y esfuerzo”. 

“Cuando Milei dice cero obra pública no está diciendo que el Estado no va a hacer más obra pública y se despide a toda la gente, sino que se terceriza el 100%”, agregó.

Por último, el liberal, exsocio de Milei, aclaró: “Yo estoy interpretando las cosas que él dice, no soy del gobierno. Obviamente que si requiere mis servicios, no tengo duda que lo voy a hacer, pero no me ha llamado”. 

El diputado nacional electo por La Libertad Avanza en la provincia de Tucumán, Ricardo Bussi, afirmó este miércoles que el nuevo gobierno -sea cual sea- no podrá comenzar si no es aplicando un ajuste y, en ese marco, habló de la posibilidad de que se usen las Fuerzas Armadas para “imponer orden”.

Para el líder de Fuerza Republicana, hay que “actuar rápido, (Mauricio) Macri fracasó por la lentitud de sus decisiones”. “Hay que recortar los gastos superfluos, innecesarios, eso no implica dejar gente en la calle, sino administrar con mucha responsabilidad”, sostuvo.

“Se viene difícil para todos, sea quién sea, en algún momento hay que pagar la fiesta”, expresó en declaraciones a Radio Delta y puso como ejemplo que el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, “mandó a retirar el Presupuesto de (su antecesor Juan) Manzur y vuelve a presentarlo con el 16% de recorte. Si eso lo hace un peronista, imagínate un liberal”.

Para el legislador, “es absolutamente necesario recortar el gasto público, a fin de que podamos bajar los impuestos y ser merecedores de inversiones privadas que multipliquen ofertas de trabajo”.

El dirigente aliado de Javier Milei admitió estar “seguro que va a haber problemas, porque la cuestión hoy pasa por el ajuste, si no tenemos ajuste no podemos ni empezar”. Y, al ser consultado sobre si habría represión frente a las protestas que traería el ajuste, respondió: “Sí, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza y tiene que actuar en beneficio de la comunidad”.

“Espero que esto no se empiece a titular con que yo estoy por la represión. Pero el Estado es el que maneja las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas. Bueno, tendrá que utilizar esas herramientas para imponer orden”, manifestó el tucumano que ha hecho campaña con un spot a favor de la portación de armas.

Además, consideró que la palabra represión “ha sido muy mal usada y tiene poco prestigio”. “El Estado tiene que prevenir y reprimir, ¿sino para qué está el Estado?”, sumó.

Por otra parte, el hijo de Antonio Bussi, condenado por delitos de lesa humanidad, elogió a Victoria Villarruel. “Es un cuadro político impresionante, estoy encantado en que ella sea la candidata a vicepresidenta”, resaltó.

Al afirmar que comparte la visión con ella sobre lo sucedido en la última dictadura, recordó que su padre “murió preso; estuvo siete años preso, vio cómo sus camaradas también morían presos, y esto sin nunca haber visto juzgar a la otra parte del problema. Nunca juzgaron a los que iniciaron este proceso tan violento”.

Al igual que lo hizo Milei en el debate previo a las elecciones generales, y que fue cuestionado por reproducir las palabras de Emilio Massera, Bussi opinó que “hubo excesos, por supuesto, y son absolutamente condenables” pero “en las guerras siempre hay excesos” y mencionó que está “estudiando el caso de la guerra Rusia y Ucrania”.

“No, de ninguna manera”, contestó cuando se le preguntó si no cree que hubo un plan sistemático de represión.

Por otra parte, en referencia a las críticas del espacio libertario a la figura de Raúl Alfonsín, el diputado electo indicó que “no” lo quieren “por la hiperinflación”. A pesar de que su fuerza promueve la dolarización, aseguró que “los libertarios somos muy cuidadosos de la moneda nacional y el gobierno de Alfonsín tuvo una hiperinflación espantosa. Lo que extraña es que el radicalismo no reconozca eso”.

El diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza) se refirió este martes a cuál sería su plan económico si eventualmente accediera al gobierno y enfatizó que la “primera reforma” que haría sería la del Estado, con un ajuste fiscal sobre “las partidas por donde roban los políticos”. Una de ellas sería “eliminar de cuajo la obra pública”, aseguró entrevistado en Radio Con Vos.

Al opinar sobre las medidas del Banco Central para endurecer el control sobre las importaciones, el economista apuntó que “cuando ponés restricciones en el mercado de cambio lo que estás manifestando es que tenés un problema de exceso de demanda”.

Para el liberal, el mecanismo para restringir eso “es el mecanismo de mercado, de la libertad, que respeta la propiedad, que se ajuste vía precios (que se devalúe)”. En esa línea, consideró que las consecuencias de las medidas del Gobierno “son mucho peores que la propia devaluación, porque en el fondo lo que haces es exacerbar el exceso de demanda en el mercado de divisas” y “ese exceso de demanda tiene como contraparte un exceso de oferta en toda la economía”.

Por otra parte, consultado sobre “qué haría con la deuda en pesos” en un eventual gobierno, el líder la La Libertad Avanza señaló que “los problemas fiscales del Tesoro se arreglan con ajuste fiscal” y “la primera reforma” que haría “es la reforma del Estado”.

“El ajuste no es por cualquier lado, es por las partidas por donde roban los políticos”, aclaró y propuso “eliminar de cuajo la obra pública, llevándola al sistema iniciativa privada a la chilena” y “eliminar las transferencias discrecionales; ahí tenés cinco puntos del PBI”. Sobre esto último, denunció que esos giros “son corrupción pura” y “se mueven a provincias de lo más opacas posible”, que con esos recursos “chorean a lo loco”.

También habló de “terminar con los subsidios económicos, pero no lo podés hacer como lo hizo el bruto de (Juan José) Aranguren, que se concentró solamente en el precio”.

Además, sobre la deuda del Banco Central, Milei explicó que “el que tiene que responder por esa deuda es el Estado Nacional” y para ello hay que “buscar poner las cuentas en orden para poder pagarla”. “Cuando saneas las finanzas públicas esos activos que tiene el Banco Central pasan a valer”, dijo, aunque ratificó su visión de eliminación del Banco Central.

Respecto a las “reformas” que plantea, precisó que la de “primera generación” sería la “reforma del Estado” para “bajar el gasto público; bajar impuestos, con una simplificación del sistema tributario, que queden 10 impuestos; avanzar sobre el sistema de coparticipación, cosa que se puede hacer; ir flexibilizando el mercado laboral hacia adelante y abrir la economía”. Asimismo, hacer “una reforma monetaria y financiera”.

En tanto, la reforma de “segunda generación” iría sobre “los programas sociales, jubilaciones y empleados públicos”; y la de “tercera generación” consistiría en “reformas mucho más profundas educación, salud, seguridad”.

El diputado nacional Hugo Yasky (FdT) aseguró que todavía no tiene decidido cómo votará el acuerdo con el FMI, y que eso dependerá de la postura que tenga la CTA, central obrera de la cual es secretario general.

“No lo tenemos definido”, respondió cuando en la radio AM750 le consultaron por su voto, incluyendo a su par Pablo Carro. “Vamos a convocar a la CTA”, continuó.

No obstante, el oficialista confesó que “nosotros quisiéramos que hubiera unidad dentro del bloque, que esto no resquebraje la unidad; que haya crítica y debate”.

Y señaló: “No nos vamos a anticipar porque nos han pedido los compañeros que conducen el bloque que no lo hagamos”.

En otro tramo de la entrevista, el sindicalista consideró que “así como hubo un ‘Nunca Más’ al terrorismo de Estado, debemos construir un ‘Nunca Más al FMI’ y al circuito de endeudamiento externo como método de condicionar el desarrollo económico soberano”.

“No se termina la historia con la firma del acuerdo a condición de que seamos capaces de construir una presencia del pueblo movilizado”, sostuvo y agregó: “La movilización popular será clave en la implementación o no de medidas de ajuste y la determinación de qué sector social asume la carga de ‘pagar los platos rotos’. Nuestra propuesta es que los sectores de las grandes fortunas, a través de los tributos existentes, sean los que asuman el costo duro del ajuste”.

El bonaerense afirmó que “si el FMI va a controlar las cuentas cada tres meses, nosotros tenemos que tener una rendición de cuentas de la deuda interna cada tres meses”. “Para ello es necesario convocar a las organizaciones sindicales, los movimientos sociales, el cooperativismo, los pequeños y medianos empresarios, quienes debemos hacer la auditoría de la deuda interna”, opinó.

Además, reclamó que se “termine con el secretismo y se investigue el destino que tuvo la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri“, a la vez que propuso “se avance en tipificar el delito de economicidio”.

En referencia a la CTA, Yasky contó que el plenario “resolvió una serie de acciones en el convencimiento de que el escenario posterior a la firma del acuerdo con el FMI nos va a poner en la disyuntiva de definir quién va a pagar las consecuencias de las medidas para generar la búsqueda de recursos, es decir, un ajuste”.

“El tema es si lo van a pagar los trabajadores o los especuladores. Ahora, queremos que la cosa se revierta y que esta vez la deuda la paguen los poseedores de las grandes fortunas”, insistió.

Para lograrlo, el dirigente expresó que “es clave el escenario de movilización; por eso propusimos una serie de acciones durante el mes de marzo para culminar el día 30 con una gran marcha que levante la bandera de ‘Paz, Pan y Trabajo’ al cumplirse 40 años de la histórica movilización contra la dictadura militar”.

En relación al número de inflación del 3,9% para el mes de enero, dado a conocer por el INDEC, el legislador indicó que la pérdida de poder adquisitivo es “el principal problema del pueblo argentino”.

“Desde el plenario de la CTA le exigimos al Gobierno que en la discusión por las paritarias no sea neutral, ni testigo de una disputa, sino que tome postura en favor de los salarios. Eso que enfatizó el presidente en sus discursos, debe ser una causa del Gobierno nacional”, reclamó.

A continuación, analizó: “Sabemos que la inflación es multicausal y que hay una inflación internacional de alimentos, pero la tragedia macrista fue que bajó los costos laborales, como quería el expresidente que está jugando al golf con el señor feudal inglés (por Joe Lewis). De ocupar el primer lugar en Latinoamérica de acuerdo al salario mínimo en dólares en 2015 pasamos al último. Se perdió el 33% del salario mínimo vital y móvil, 20% de los salarios de los empleados privados y 27% los empleados públicos en esos cuatro años. Con un gobierno popular esperamos que se empiece a revertir la situación”.

“El mundo es más injusto luego de la pandemia, hay tanta desigualdad e injusticia que si no se afectan intereses no se puede cambiar nada, no se resuelven estos problemas apelando a la buena voluntad, ni sirve esquivar el conflicto siempre”, continuó.

En términos de acciones concretas para combatir la inflación, el diputado manifestó que “hay que convocar a los pequeños productores y a las cooperativas” y, a la par, destacó la propuesta del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, de garantizar mercado central cada 200.000 habitantes: “Es un política que hay que empezar a ejecutar, como la de diseñar circuitos paralelos de comercialización, con alternativas para que el pueblo acceda a alimento de calidad a precios más bajos”.

El diputado nacional Lucas Godoy (Frente de Todos – Salta) se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y recordó que el Gobierno de Alberto Fernández tiene que hacerse cargo de una deuda que contrajo Mauricio Macri cuando el líder del Pro fue presidente. En este sentido, aseguró que no aceptará un ajuste contra la mayoría, pero afirmó que “el acuerdo al que llegó Nación con el Fondo Monetario Internacional es el mal menor”.

En el programa Hablemos de Política en la FM 91.1 Godoy sostuvo que “este acuerdo es básicamente el mal menor, de acuerdo a los parámetros informados”, y agregó: “Si esto el menor perjuicio para la gente, claramente lo acompañaremos”.

Además, recordó que la Argentina se encuentra en esta situación porque “Macri cuando era presidente, tomó un crédito stand by de U$S57 mil millones, de los cuales llegaron al país U$S45 mil millones que se fugaron”.

“La Argentina tiene que pagar U$S19 mil millones este año y el año que viene U$S20 mil millones”, explicó y finalmente aseguró que “el Frente de Todos no va a aceptar un acuerdo que signifique un ajuste sobre la mayoría”.

El diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Carlos Heller (FdT) afirmó que “Argentina quiere pagar” la deuda de 44.000 millones de dólares contraída por la administración de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero “en condiciones que no impliquen un ajuste en la vida de los argentinos”.

“Estamos convencidos que un mal arreglo es peor que un no arreglo. En ese marco hay que ver la reunión del canciller argentino (Santiago Cafiero) en Estados Unidos”, indicó el diputado en declaraciones a el Destape Radio.

Cabe mencionar que Cafiero se reunió este martes con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, en un encuentro en el que el funcionario de la administración de Joe Biden expresó “firme apoyo” de la Casa Blanca a las “negociaciones de Argentina” ante el FMI.

En esta línea, Heller opinó que “debemos crecer para tener más recursos para poder pagar la totalidad de la deuda con el organismo internacional de crédito”, y consideró que “en el marco de las negociaciones la Argentina no trabaja con la alternativa de no pagar, sino con la alternativa de no ajustar”.

A su vez, sostuvo que “nuestro país viene de crecer un 10% en 2021 y el Presupuesto prevé que el crecimiento siga aumentando para enfrentar los pagos”.

“Las discusiones se dan en dos cuestiones, una tiene que ver con la celeridad de la eliminación del déficit fiscal y la otra tiene que ver con las sobretasas”, señaló el titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja.

Asimismo, cuestionó las condiciones en las cuales el FMI prestó el dinero a la gestión de Macri en abril de 2018 porque “a la Argentina le deberían haber dado un crédito chico y le otorgaron una cifra increíble, fue un crédito dado fuera de las normas”.

“Llegó la hora. No más excusas”, es el título de la carta que el exministro de Economía y excandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, publico en las redes sociales para alertar sobre “10 años de estancamiento”, que con la pandemia “han puesto a los argentinos todos en una difícil encrucijada”.

En vísperas del debate de la nueva fórmula para los jubilados, Lavagna propuso una serie de cambios en el sistema jubilatorio y para modernizar el empleo privado.

El dirigente llamó a “desarmar progresivamente el sistema de subsidios que privilegia la concentración en Capital y GBA y vacía al interior del país. Es imperioso re-federalizar la Nación; empezar el proceso de transformación territorial, sin intervenciones asfixiantes; con reglas justas”.

“El fracaso de las políticas populistas por un lado, o de ajuste por el otro, más la parálisis derivada de la pandemia, han llevado la realidad socioeconómica a niveles insostenibles como lo exponen las cifras de pobreza e indigencia, tanto del INDEC como del Observatorio de la Deuda Social Argentina (de la UCA)”, sostuvo el dirigente.

Entre otras cosas, sugirió “empezar ya con un proceso, que llevará tiempo, pero que no puede postergarse, de bajar los costos de funcionamiento del sistema político. Cámaras más reducidas en cuanto al número de miembros, legislativos provinciales unicamerales, concejos deliberantes marcadamente más reducidos, límites estrictos al número de asesores etc… El efecto no es sólo de ahorro y mejor uso de recursos, sino que ayudará a la reconciliación de la política con los que más necesitan. Modificar conductas y valores es central en un proceso de cambio”.

Por otra parte sugirió “evitar que el empleo público siga creciendo allí donde no debe. Creció en alrededor de un millón de personas en 15 años. Reeducar, redistribuir, penalizar el intervencionismo inútil y burocrático. En definitiva, darle más poder a los ciudadanos y menos a las estructuras, gerenciales, sindicales y a las alianzas espurias entre el Estado y pseudo empresarios”, como así también “desarmar progresivamente el sistema de subsidios que privilegia la concentración en Capital y el Gran Buenos Aires, porque vacía el interior del país. Es imperioso re-federalizar la Nación. Hay que empezar con el proceso de transformación territorial, sin intervenciones asfixiantes sino con reglas de juego justas”.

Para Lavagna, “es posible construir en 20 años una sociedad argentina que valga la pena, muy diferente de la que hoy tenemos y mucho más de la que tendremos si no revertimos la decadencia, si no cambiamos”.

Desde las redes salieron a criticarlo, fundamentalmente adherentes a Juntos por el Cambio, que le reprocharon al excandidato presidencial haberle hecho “el juego” al kirchnerismo con su candidatura que le restó votos a la fórmla “Macri-Pichetto”.

Pero también algunos dirigentes lo cuestionaron. Por ejemplo la diputada Marcela Campagnoli, que señaló que “la Argentina mayoritariamente apunta al trabajo, al mérito, al esfuerzo. El populismo no llega solo al poder. La tibieza, ambivalencia y sed de protagonismo de algunos como Ud Dr. Lavagna, es lo q le ha allanado el camino. Vote con coherencia en el Congreso”.

Incluso desde la Legislatura porteña, el diputado socialista Roy Cortina le salió también al cruce: “Ahí lo tenés a Lavagna y sus propuestas “innovadoras” de fin de año: reducción de representación política, achique de legislativos, cero propuestas de cómo se financia progresivamente al Estado ni de cómo alcanzar el desarrollo. Mientras, tiene a familiares y dirigentes adentro del gobierno ‘populista’ que critica. Esa es la famosa tercera vía a la que lamentablemente adhiere el Partido Socialista de Argentina. Mientras, critican al socialismo porteño por integrar una alianza de partidos en la Ciudad, de un gobierno con enormes logros y con una alta adhesión en la gente”.

“Efectivamente, mientras las propuestas “sofisticadas” de Lavagna son consignas atrasadas y bastante conservadoras, nuestro espacio en la ciudad urbaniza e integra barrios populares, sanciona leyes de economía popular y prioriza un manejo de la crisis de la pandemia impecable”, concluyó Cortina.