La de Defensa Nacional fue la última comisión de la Cámara de Diputados en constituirse, y su titular, Alberto Asseff, convocó a reunirse este martes para analizar un amplio menú de temas. Entre ellos, concitaba especial atención el proyecto del diputado salteño Carlos Zapata para crear el servicio militar obligatorio comunitario para ciudadanos que no trabajan o estudian.

El encuentro contó con la presencia del presidente del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), Darío Díaz Pérez, quien expuso al principio de la reunión un informe sobre esa institución. También participó de la reunión el anterior presidente de esa comisión, el diputado nacional (MC) Carlos Fernández, para defender uno de los proyectos para reformar el Régimen del personal militar, derogación de la Ley 19.101, que estaba puesto a consideración.

Ese y otros temas previstos para la jornada pasaron a asesores para su profundización, y entre ellos el proyecto del servicio militar. Tomada esa decisión, pidió la palabra el diputado Julio Cobos (UCR-Mendoza), quien se refirió a ese tema y a otro referido a los liceos, que él como exliceísta suele defender. Puntualmente sobre el proyecto del diputado Carlos Zapata contó su experiencia propia sobre una iniciativa al menos parecida.

Recordó que cuando gobernó su provincia, recurrió a las Fuerzas Armadas por dos temas: uno, porque cuando compraron cuatro aviones para utilizarlos en la lucha antigranizo los pilotos fueron capacitados en la Cuarta Brigada Aérea de esa provincia, con muy buenos resultados. Recordó el exvicepresidente que el comandante de esa unidad le comentaba de manera risueña esta paradoja: “Estamos preparados para esquivar las nubes, no para enfrentarlas”.

La otra cuestión por la que debió relacionarse con los militares de su provincia fue cuando decidieron implementar el Servicio Cívico Voluntario. “Había una gran deserción entre el 8vo y 9no año, y no teníamos lugar para generar un programa de inserción de esos chicos. Por eso recurrimos a la estructura ociosa que tienen en nuestro país las fuerzas armadas. Ellos tienen estructura y también la Universidad de Mendoza había hecho un convenio con ellos para utilizar sus instalaciones”, recordó Cobos.

En este caso firmaron un convenio con el entonces presidente Néstor Kirchner y el ministro de Defensa José Pampuro, por el cual 4.300 chicos cumplieron con ese programa desde enero hasta diciembre para concluir el último año de secundaria. “Los docentes los ponía la provincia, los instructores de los talleres sí eran del Ejército”, comentó el diputado, que agregó que los jóvenes eran instruidos en talabartería y mecánica automotor, entre otras actividades.

“De ahí en más buscamos a las universidades para que vinieran a asesorar a estos chicos en cuestiones como educación sexual; eran chicos en situación de vulnerabilidad”, precisó Cobos, concluyendo que fue “una buena experiencia”, al punto tal que más adelante, siendo senador, Pampuro presentó un proyecto orientado para las escuelas primaria y secundaria, que “se frenó”. Por eso pidió mirar esta iniciativa “con los ojos de que tenemos una estructura ociosa; no tengamos pruritos en este sentido con las fuerzas armadas. Ha pasado mucho tiempo, si es para reinsertar a nuestros chicos, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea pueden brindar esa posibilidad”.

Cobos concluyó poniéndose a disposición de los asesores para enviar a los que participaron en esa experiencia a brindar detalles.

A continuación, el presidente del bloque oficialista Germán Martínez, miembro de la comisión de la que fue vicepresidente, aclaró que ellos debían “mirar los temas con los ojos de la defensa nacional”, no necesariamente con los de la educación.

A su vez, la vicepresidenta Agustina Propato celebró la decisión adoptada con ese y otros proyectos: “Nos dimos la posibilidad de llevarlo nuevamente a asesores. Es un buen criterio, darles un plazo razonable para poder dar los debates necesarios. Debatamos acá si es el camino pero que nadie se sienta incomodado de expresar sus posiciones”.

El diputado nacional del bloque Juntos por el Cambio Alberto Asseff, titular de la Comisión de Defensa, junto a los diputados Carlos Zapata y Pablo Torello, pide al Gobierno que se asegure la igualdad de derechos para todas las personas encarceladas -sean con prisión preventiva o con condena relacionados a temas de derechos humanos-, que “por su edad o condición de salud pueda estar en su hogar al cuidado de sus seres queridos y que hoy por cuestiones de odio, revanchismo y prejuicios ideológicos se les niega el menor derecho procesal básico”, tal el texto del proyecto.

Asseff explicó que “este Gobierno ha fogoneado el odio hacia las figuras de las fuerzas militares y policiales, lo que redunda en una justicia prejuiciosa que le niega derechos procesales básicos a personas que no están en condiciones de afrontar un proceso judicial que es exigente para la salud física de quien debe pasar por él”. Asseff considera que “existe un trato ‘desigual’ para los enemigos ideológicos del Gobierno, que asocia a todo lo militar a la idea de represión”.

“La idea de mantener en cárceles comunes a los imputados en base a la idea de que exista peligro de fuga es ridícula, pues ¿qué peligro de fuga pueden detentar personas de edades tan avanzadas? Tampoco es lógica la idea de que puedan representar un peligro en sus casas, pues sólo desean terminar sus días de modo pacífico, rodeados de sus afectos. Lo único que piden son el mismo trato que tendría cualquier otro ciudadano en su misma circunstancia, pero que no estuviese señalado por el revanchismo del gobierno”, razonó.

Y concluyó señalando que “hoy lamentablemente en la Argentina existe una justicia para los amigos del estado y otra para sus enemigos”.

Desde la ONU en Nueva York el presidente del Partido UNIR y presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Alberto Asseff (Pro), se expidió sobre los últimos eventos ocurridos en el sur de nuestro país en relación a hechos de terrorismo perpetrados por el grupo sedicioso RAM y sostuvo que “no sirve venir a la ONU a pedirle a Inglaterra que negocie nuestro territorio en las Islas Malvinas y el espacio del Atlántico Sur, cuando por el otro lado permitimos que un grupo secesionista financiado por el mismo gobierno, al que le pedimos por nuestra soberanía, nos dispute nuestro territorio continental”.

“No se debe olvidar, y esto debe estar en todos los medios y en boca de todo el periodismo: la RAM está financiada por agentes ingleses de la ‘Mapuche International Link’, que tiene sede en la ciudad de Bristol, desde donde se apoyan campañas a favor de organizaciones mapuches tanto en nuestro país, como en Chile”, denunció.

El titular de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados se ahondó diciendo que “Malvinas es mucho más que las islas, Malvinas es defender el territorio de todos los argentinos y para ello acciones como la de hoy en el Comité de descolonización de la ONU es útil, pero lamentablemente el mismo gobierno que nos envía en esta encomiable misión es el mismo que le permite a una ONG inglesa y sus socios locales disputarle a la Nación Argentina su territorio”.

“No se puede ser débil ni dubitativo en este aspecto. Para defender lo que es de los argentinos se debe usar el monopolio de la fuerza legitima que los argentinos le han entregado al estado a cambio de la seguridad de su persona y sus bienes”, consideró Asseff.

Por último, el diputado de JxC hizo una evaluación de la misión argentina en la ONU y dijo que “es bueno que el gobierno nos reconozca nuestro legítimo interés por la causa Malvinas en vez de apropiársela como una causa propia para la lucha política interna, como ha sucedido en el pasado”.

El diputado nacional y presidente del Partido UNIR Alberto Asseff (Pro – Buenos Aires) se refirió a los proyectos que se debatieron en la sesión de este miércoles sobre la cuestión Islas Malvinas que fueron aprobados, y sostuvo que “promover la protección de los recursos ictícolas es también defender las Islas Malvinas”.

El proyecto de capacitación obligatoria, periódica y permanente en la Cuestión de las Islas Malvinas, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación cosechó 178 votos afirmativos y 4 abstenciones.

Por otro lado, el proyecto sobre señalética de carácter informativo referida a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, en todos los bienes inmuebles del Estado nacional donde funcionen organismos públicos nacionales, embajadas, representaciones y misiones en todo el mundo que ejerzan la representación de nuestro país y en las áreas naturales protegidas nacionales, creadas o a crearse logró 181 votos a favor.

En este contexto, Asseff expresó que “estos proyectos son pequeñas reivindicaciones que están bien para mantener viva la memoria de nuestro reclamo soberano sobre nuestro territorio, pero se necesitan acciones soberanas que exceden lo declamativo”.

El diputado de JxC ahondó diciendo que “Malvinas no es sólo el reclamo de un territorio concreto, sino que debe significar para nosotros un reclamo de soberanía sobre nuestros recursos ictícolas, sobre nuestra seguridad y sobre la defensa de los recursos naturales de nuestra plataforma marítima, que hoy están en riesgo por la depredación de potencias extranjeras que aprovechan nuestra desidia y el paraguas de protección que les ofrece Inglaterra por considerarse dueña de territorios que no son suyos”.

“Debemos aprovechar el reclamo de Malvinas para concientizar sobre el peligro real en el extremo sur de nuestro continente, que representa una potencial amenaza a la paz y a los recursos económicos de nuestros pueblos”, resaltó.

Un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio solicitaron un pedido de informe a los ministerios y a la Agencia Federal de Inteligencia sobre el caso del avión venezolano-iraní.

El proyecto es encabezado por el diputado Alberto Asseff, quien formula una veintena de preguntas dirigidas a la Cancillería y los ministerios de Seguridad, de Interior, de Transporte, de Economía y de Defensa, además de la AFI, reclamando en primer lugar detalle del derrotero aéreo preciso del Boeing matrícula YV3531 de bandera venezolana, desde el pasado 5 de junio hasta la fecha de su llegada al aeropuerto de Ezeiza.

En ese marco solicita conocer la “categoría migratoria” con la que ingresaron al país los ciudadanos venezolanos e iraníes que volaban en dicho vuelo: si como tripulantes o turistas. En ese sentido indagan si los iraníes contaban con visado válido para poder ingresar al país.

En el proyecto, que acompañan como cofirmantes los diputados Soher El Sukaria, Gerardo Milman, Margarita Stolbizer, Alejandro Finocchiaro, Hernán Lombardi, Miguel Bazze, Laura Rodríguez Machado, Alfredo Schiavoni, Gerardo Cipolini, Héctor Stefani, Germana Figueroa Casas, Aníbal Tortoriello, Francisco Sánchez, Laura Castets, Karina Bachey, Virginia Cornejo, José Núñez, Lidia Ascárate, Carlos Zapata, Pablo Torello, Susana Laciar, Gustavo Hein y Marilú Quiroz, comparan la situación con un episodio similar registrado en Lituania el pasado 8 de junio con otro aparato matrícula LY-LOO, tripulado por dos personas que hablaban ruso, que sobrevoló sin ser detectado por haber apagado -como aquí- su transpondedor, los espacios aéreos de Polonia, Eslovaquia, Hungría (adonde aterrizó para cargar “ por la fuerza” combustible), Rumania y Serbia, para finalizar aterrizando en Bulgaria. Hasta allí llegó perseguido –sin éxito- por los F16 Fighting Falcon de la OTAN y Rumania.

Entre tantas otras cosas se solicita saber si entre las piezas postales que según versiones periodísticas locales nuestras “vistas” de Aduana también habrían analizado, se transportaba alguna valija diplomática con destino a las misiones diplomáticas de Venezuela y de Irán aquí en Argentina.

Entre otro orden de cosas, el proyecto señala que “en el Ministerio de Transporte ahora se ocupan en elevar las penalidades para los conductores de vehículos que manejen mal, pero no les preocupa que un aparato tremendamente grande como un Boeing Jumbo 747 pueda surcar nuestros cielos con el transponder del radar apagado y eso es exigible encender y sintonizar adecuadamente al mismo y cargarle el código que entrega la torre de control antes de decolar”.

“Esperemos que este enorme avión no se pueda llegar a convertir debido a la gran astucia de sus operadores, o la supina torpeza de  nuestras actuales autoridades, en un verdadero ‘Caballo de Troya’”, concluye el proyecto.

Los “ni-ni” son más de dos millones de jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian. Es un modo habitual de eludir la cuestión de fondo – en este caso una anomalía socio-educativo-económica formidable – tachándola de estigmatizante. Así, en lugar de abordarlo, se esconde el asunto. Nadie los acusa a los “ni-ni”. En todo caso nos interpelamos a nosotros mismos, sobre todo al estamento dirigente ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto entender que cuando el país – tras medio siglo de guerras civiles que nos retrasaron, ensangrentaron y posibilitaron la mutilación territorial en los cuatro puntos cardinales – logró organizarse y darle mínima estabilidad a sus instituciones, sumando la educación – con Sarmiento, “el padre del aula” y con Roca ‘el prohombre del progreso y la administración – el país argentino pegó un brinco – como decía Ortega y Gasset – tan colosal que en ese lapso culminante – 1880-1910 – fuimos el que más creció en todo el planeta, superando en ingreso per cápita a los Estados Unidos y a casi toda Europa occidental.  

Bastaron la organización constitucional, la estabilidad institucional y la educación universalizada para nuestro empoderamiento como nación con un futuro espléndido. Sin dudas, la crisis de crecimiento – todos los organismos humanos, aún los institucionales, lo padecen, con alguna mezcla de corrupción (Joaquín V. González lo advirtió en su “El Juicio del siglo”)-, la Primera Guerra Mundial y cierta mirada corta de la dirigencia de entonces que no atinó a apostar fuerte a la transformación profunda aprovechando nuestras potencias, conspiraron para que esa Argentina prometedora y grandiosa se consumara.  

Lo cierto es que esa Argentina de hace 140/120 años se fue vertebrando en las tres columnas consignadas, sostenidas por el más sólido de todos los cimientos: la cultura del trabajo, que implica esfuerzo, esmero, mérito.  

La historia no debe ser usada para dividirnos en esta contemporaneidad, sino para orientarnos. Dicen – y dicen bien – que un buen diagnóstico es el principal y primer capítulo para la curación. Entonces, diagnostiquemos qué nos pasa hoy: el trabajo ha devenido en planes mayoritariamente holgazanes y clientelares y al trabajo a lo sumo en changas, para más de la mitad de los casi 48 millones de argentinos. Siete millones de conciudadanos sostienen esta sinrazón en base a cada vez más impuestos que cada vez menos se destinan a grandes obras o mejores servicios. Para completar el cuadro, la educación se ha venido abajo, cada día más raída, anacrónica, desligada de la realidad, infectada de ideología, carente de ideas entusiasmantes, motivadoras. En lugar de contener, la educación expulsa. La deserción no miente.  

En 2014 John Holman, profesor emérito de la Universidad de York, Inglaterra, publicó “La buena orientación profesional” (The good career guidance) ¿Qué nos propone? Que todo instituto o escuela debe nombrar un ‘career leader’ – líder de carreras –para diseñar el programa de orientación profesional y coordinar el trabajo con los profesores, en todas las asignaturas. Todas deben incluir contenidos sobre el mercado laboral. Un ejemplo es sugerente: en Lengua se analiza el texto de avisos que buscan seleccionar empleados. Así apareció una oferta de ‘Chief Happiness Officer’, un puesto que inventaron los norteamericanos que desempeña un individuo que trabaja para asegurar la satisfacción de los empleados y aventar que quieran marcharse. Algo así como un buen clima interno para favorecer la productividad. Estudiando Lengua los alumnos descubrieron que el mundo laboral está en expansión, creando nuevos roles. Así, en vez de un porvenir de “ni-ni”, pueden atisbar que hay un futuro para ellos.  

Uno de cada cuatro jóvenes argentinos ni estudia ni trabaja. El destino de esos millones de compatriotas está más que comprometido. Es sombrío. Pero ese no es un problema personal de ellos, sino de toda la sociedad argentina. En rigor, las sombras se ciernen sobre todo el país. Así no tenemos futuro. Salvo que cambiemos a fondo, comenzando por esos dos pilares que son trabajo y educación o, mejor, educación y trabajo. Por supuesto, que la base del cambio exige que mejoremos sustantivamente nuestra organización socio-política y el funcionamiento institucional. Son las cuatro patas de una nueva mesa a la que deberíamos sentarnos los argentinos más allá de rótulos partidarios. No caben diferencias si se trata de apuntalar la Argentina organizada, institucionalizada, educada y trabajadora.  

¿Cómo puede ser que el Ministerio de Desarrollo Social no profundice la conexión entre los asistidos por multiplicidad de planes con las empresas, empezando por las pymes? Más todavía, debería existir un firme puente entre Desarrollo Social y las universidades públicas y privadas que incuban emprendimientos. Los ministros de Educación y de Desarrollo Social tendrían que reunirse semanalmente para evaluar el desenvolvimiento de los planes de orientación laboral y cómo van transmigrando planeros en trabajadores. Debería existir un gran equipo en el que interactúen ambos ministerios y el Consejo Federal de Educación.  

La economía innova. Hay industrias y servicios que van feneciendo y otros que están emergiendo ¿La escuela puede seguir anclada o, peor, en franco retroceso?  

Un tema colateral, pero esencial: deben extenderse las becas. Es uno de los caminos más genuinos para reducir la desigualdad. Hay que promover donaciones a un fondo – o varios – para otorgar becas e ir adjudicándolas en los últimos dos años del secundario, condicionado a los rendimientos y obviamente a que se concluya normalmente ese ciclo.  

Muchas veces nos preguntan – con todo el escepticismo reinante – cuál es el programa. La respuesta es tan sencilla como desafiante: organización, institucionalidad, educación y trabajo.  

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR expresó su más profundo repudio y rechazo por la actividad “académica” de la Universidad Nacional del Comahue -mantenida con dineros públicos federales- que pretende celebrar el Año Nuevo Araucano (el 21 de junio de 2022), evento que será llevado a cabo por estudiantes de la agrupación estudiantil “KizuIñciñ” y miembros del cuerpo docente de la Universidad Nacional del Comahue. Durante la misma, además, se izará la “bandera Wenüfoye” o del “Canelo Celestial” para convertir el evento -según los organizadores- en “un acto de soberanía político cultural en el país Mapuche”. Este izamiento será realizado tanto en la sede central de esa casa de estudios, en Neuquén, como en el Centro Regional Universitario de la misma en San Carlos de Bariloche, Río Negro.

Asseff expresó su repudio a los “minúsculos grupos que procuran encender el clamor e indignación popular en dos provincias, como las de Neuquén -donde se han registrado hasta muertos en un pasado relativamente reciente- y de Río Negro, donde existen sobrados motivos para ello, en el marco de los oscuros manejos del reclamo de la tribu Millalonco-Ranquehue por tierras de supuesto ‘origen ancestral’ contra el Estado Nacional, que eventualmente podría llegar a terminar con las operaciones de la Escuela Militar de Montaña del Ejército Argentino en San Carlos de Bariloche y con la erección del Parque Central en dicha ciudad y por lo cual he hecho, junto a otros distinguidos legisladores la denuncia penal correspondiente en el fuero penal federal”.

El titular del Partido UNIR dijo que “una universidad cuyos recursos son recibidos del Estado nacional argentino no puede reconocer implícitamente que el territorio en el que se asienta no le pertenece al estado argentino y que existe un territorio reclamado por grupos secesionistas al que denominan ‘Wallmapu’”.

“Habría que preguntarles a las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue si desean seguir recibiendo dinero del Estado argentino, al que desprecian y el cual ponen en peligro sentando precedentes peligrosos reconociendo la bandera y el nombre que grupos enemigos de la integridad territorial de la Argentina le dan a nuestras provincias de Río Negro y Neuquén”, concluyó Asseff.

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR, defendió la implementación de la boleta única en su intervención de este miércoles en el recinto de Diputados.

Asseff utilizó sus minutos para rebatir los argumentos del oficialismo en contra mostrando primero que la extensión de la boleta no es tal, si se la compara con la boleta sábana actual. En la misma, “si concurren diez partidos a elección, y cada boleta -especialmente en comicios donde se vota elección provincial- puede llegar a tener extensión de 1 metro de extensión horizontal; y sumadas las diez listas, son diez metros, contra los 60 centímetros objetados a la boleta única que proponemos nosotros”.

Ante el argumento oficialista de que la boleta única es “confusa para el elector”, el diputado de JxC rebatió explicando que “mucho más confuso es entrar a un cuarto oscuro y encontrarse con mesas sembradas de boletas”, y reflexionó al respecto diciendo que “si eso no trae aparejada la confusión, entonces no sé qué podría hacerlo”.

Por último, Asseff encaró la crítica respecto a que “hay temas más importantes para la ciudadanía que el sistema que utilizará para votar” y se respondió recordando al oficialismo su interés por la reforma de la Corte Suprema para ampliarla de tal modo que licúe su poder real. “Un tema que no está en la Constitución Nacional ni tampoco en la agenda de la gente”, enfatizó.

Asseff cerró su exposición diciendo que “la boleta única no es perfecta, pero es un progreso electoral. Desde JxC queremos impulsar un progreso y modernización del sistema, mientras que el oficialismo expresa el conservadurismo que es llamativo en quienes se autodenominan ‘progresistas’”.

“Resulta que el progresismo en la Argentina es ultraconservador; nosotros, los del Cambio apostamos por un progreso social, que incluye el progreso y la modernización electoral”, concluyó el diputado de JxC.

El diputado nacional y presidente del partido UNIR, Alberto Asseff (Pro – Buenos Aires), se refirió al acto que se realizará el martes 22 de junio en la Universidad del Comahue, donde se izará en un “acto simbólico” la bandera nacional mapuche en la Sede Central y el Centro Regional Universitario Bariloche. Al respecto el flamante presidente de la Comisión de Defensa de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación calificó de “gravísimo” y dijo que “se izará la bandera ‘nacional’ de un grupo secesionista”.

El legislador de JxC recalcó que “en la presentación se utiliza la palabra ‘Wajmapu’, que es un nombre mapuche y que algunos grupos y movimientos indigenistas independentistas​ y autonomistas etnonacionalistas utilizan para reivindicar un territorio que no les pertenece”.

“Resulta que una Universidad Nacional, que recibe fondos del Estado Argentino y debe formar a ciudadanos argentinos, con habilidades y conocimientos que sirvan para fomentar y explotar la riqueza nacional de todos los argentinos, se convierte de pronto en la sede de propaganda de un grupo secesionista que niega el Estado Argentino”, denunció Asseff.

Y cerró con una advertencia: “De ser así se debería intervenir la dirección de la Universidad del Comahue y recuperarla para el pueblo argentino y sus intereses. No podemos permitir que desde el mismo estado nacional se ponga en duda la soberanía argentina”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff pidió interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero sobre la permanencia del condenado Sergio Urribarri en Israel. 

El legislador señaló que “en las últimas horas tomaron estado público imágenes del exembajador argentino en Israel, Sergio Uribarri, quien participó de un acto conmemorativo del 25 de mayo en la sede diplomática, a pesar de haber dimitido en su cargo el pasado 7 de abril, luego de ser condenado por la Justicia de Entre Ríos a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos”, y agregó que “sin dudas, se trata de un hecho repudiable que lesiona gravemente el prestigio diplomático de la República Argentina, además de ofender las relaciones internacionales con el resto de las naciones”. 

El titular del Partido UNIR recordó que “apenas difundida la sentencia, Sergio Urribarri puso ‘a disposición’ su renuncia como Embajador argentino ante el Estado de Israel, y así lo informó en su cuenta de la red social Twitter; sin embargo, diversas informaciones periodísticas apuntan que todavía no puede confirmarse su desvinculación al frente de la Embajada”. 

“Por eso queremos que el Canciller Santiago Cafiero venga al Congreso a explicarnos la situación actual del condenado Urribarri”, explicó Asseff, y terminó diciendo que “es inadmisible que las sedes diplomáticas de nuestro país funcionen como una guarida de protección judicial, respecto de personas no sólo investigadas sino condenadas por la Justicia”. 

El diputado nacional Alberto Asseff se refirió a la insistencia del gobierno en subir las retenciones, y lamentó que “sigan sin entender la situación de la economía y de los productores”. En este sentido, agregó que “al parecer la única receta que tiene el kirchnerismo es quitarle la ganancia a quien produce y cree que eso sólo soluciona todo problema de macroeconomía que tiene el país”. 

El legislador de Juntos por el Cambio se explayó además sobre las palabras de la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, quien dijo que “sin ayuda de la oposición es una batalla perdida”, y dijo que “nuestro compromiso es con la Argentina que produce, con los argentinos que buscan el bien común y que son motor de la economía; no con un gobierno que está fracturado al interior y que entre ellos no se ponen de acuerdo sobre si ‘retenciones si o retenciones no’”. 

El titular del Partido UNIR señaló que “desde el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía ya le dijeron a Fernández que las retenciones eran algo imposible, pero el presidente insiste con una propuesta ridícula para tratar de agradar al núcleo duro del kirchnerismo que ve la economía con anteojeras ideológicas y no sabe lo que sucede en realidad”. 

“Desde JxC asumimos el compromiso de no aumentar ni crear un impuesto más y vamos a cumplirlo porque es nuestro deber ser un límite a la voracidad de un gobierno ciego y hambriento que no entiende la situación grave que vive el sector productivo agrícola y sólo ve la utilidad que puede quitarle para otorgar dinero clientelar”, concluyó Asseff. 

El diputado nacional Alberto Asseff, junto con sus pares Fernando Carbajal y Gerardo Cipolini, del interbloque Juntos por el Cambio, proponen la creación del testigo social para las contrataciones directas y licitaciones públicas. Dicha figura sirve para establecer los lineamientos que regulen la participación permanente de la figura del Testigo Social en los procedimientos de contratación de la Administración Pública Nacional.

Al respecto el diputado Asseff explica que “el testigo social puede ser cualquier persona física o jurídica perteneciente a la sociedad civil, grupos o expertos de la comunidad científica y/o académica y/o Colegios de Profesionales Nacionales, con la convicción de participar activa y permanente en los procedimientos de contratación de la administración pública nacional, siendo este un mecanismo adicional para fortalecer la transparencia en las contrataciones gubernamentales”.

El titular del Partido UNIR sigue diciendo que “el testigo social observará e informará el estado del procedimiento de contratación de la administración pública nacional, sus operaciones, actividades, acciones y todo aquello pertinente que haga al objeto por el cual es convocado por la autoridad competente”.

“Este proyecto de ley viene a dar una respuesta superadora a los problemas de corrupción que generan los procedimientos de contratación de la Administración Pública Nacional”, cerró Asseff.

El descontento se generaliza. Es casi lo único que crece en la Argentina junto con dos enemigos públicos: la ignorancia y la pobreza. En los hechos todo está desacreditado y lo peor es que la Argentina se halla en las antípodas de aquella fama que la distinguió en el planeta hace apenas 120 años. Por entonces éramos la promesa del mundo. Hoy somos uno de los países más desprestigiados del orbe, acompañados por estados fallidos del África y las dictaduras de nuestra América. 

La desilusión y el hastío alimentan el pesimismo que a su turno torna inviable hasta la propuesta más saludable. No sólo no tenemos crédito financiero. Está ausente la credibilidad política. Como es la política la que condujo esta decadencia, es ella la que debe erigirse en el agente precipuo para revertirla. Empero, la política adolece de confianza social. Este es el círculo, más que vicioso, perverso, que nos mantiene peor que atrapados sin salida. 

En rigor, sí existe una salida que como sabemos es igual a decir que hay una opción exitosa. Es restaurar velozmente la confiabilidad. No se entrevé otro modo serio que mediante un programa de reformas que se exponga con antelación a los comicios y que implique un compromiso ante el pueblo ciudadano. 

El programa todo lo explícito que sea políticamente posible ayudará a consolidar la unidad de la coalición alternativa al presente gobierno. La unidad sólo porque está a la vista un triunfo electoral para que el 11 de diciembre de 2023 empecemos a deliberar qué, cómo y cuándo hacer lo que debemos realizar, me atrevo a aseverar que sería la ruina casi definitiva de la Argentina y el preludio del regreso ulterior del populismo, para esas circunstancias envalentonado y resuelto a arrasar con los últimos vestigios que queden de una organización republicana y de una economía racional. 

Debemos decirles a los argentinos que pedimos su voto para apoyar una flexibilización de las condiciones para contratar empleados porque está visto que con estas normas de medio siglo atrás lo que hemos logrado es que cada vez exista menos trabajo. Sin dudas, un disparo por la culata. Tenemos que enfatizar que el derecho de propiedad es una columna vertebral para sustentar el progreso y es un objetivo aspiracional para los sectores más rezagados. Esto en otras palabras significa volver al ascenso social a través del trabajo. Precisamente, el programa tendrá que enfatizar que la Argentina reemergerá con el trabajo, no subvencionando al desempleo sin límites temporales. Planes sociales por seis meses y como antesala del empleo, con subsidios también momentáneos para empresas nuevas o las que amplíen sus plantillas y contraten asistidos sociales. La Argentina que inhumará el ciclo decadente no admitirá parásitos pues quiere trabajadores. La evaluación constante de docentes y alumnos será una medida ineludible para retomar el abandonado camino de pueblo educado. No hay mayor empoderamiento del pueblo, no se conoce reivindicación superior para los estamentos postergados, que proveerlos de las condiciones para educarse y para trabajar. Toda otra apelación a la dignidad y a la ampliación de derechos que no pase por desplegar la educación y el trabajo es mucho más que falaz, es cinismo en estado (im) puro. 

El rol del Estado es otro aspecto central del Programa. La alternativa al populismo no debe vacilar en llamar por su nombre al aparato burocrático engordado a base de anabólicos electoralistas. Es cada vez más grande, pero fofo e inútil. Se autosatisface y además acumula cada vez más la savia del aparato productivo exprimiéndola hasta la exacción. Las consecuencias tóxicas son el déficit y cada vez más impuestos. “El Estado te cuida” es un fracaso formidable. La corroboración son el aumento de la pobreza, la ignorancia, el crecimiento de las barriadas precarias, la falta de cloacas, agua, pavimentos, transporte público – en las periferias hay que caminar más de 1 km para llegar a una línea de colectivos -, seguridad – los asaltos y hasta los homicidios ya son endógenos, es decir los delitos los cometen los vecinos contra vecinos, probándose que la declinación moral es más vasta y angustiante que lo que preveíamos hace dos o tres décadas. El programa también deberá abordar la cuestión del narcotráfico y del narcomenudeo que en los hechos es proveedor del trabajo que la nefasta política regulacionista enemiga del capital y de la inversión de riesgo ha ido segando. El Estado debe achicarse, racionalizarse, ser un servidor, no una carga. Hay que establecerlo sin circunloquios ni ambages. 

El mercado es uno solo. Empieza en el interno y continúa en el mundial. Cuanto más exportemos, más trabajo y mejor remunerado dispondremos ¡Basta de falsos dilemas! ¿Tributos a los exportadores? Esa insensatez se acabará. Para las ganancias está ese impuesto. 

Somos amigos del mundo entero, menos de las dictaduras. También, somos de este mundo occidental y de este hemisferio americano. Defendemos los derechos humanos más allá de simpatías ideológicas. Porque somos – o seremos – un país serio y coherente. 

El programa apuntará a traducir en hechos palpables el Preámbulo constitucional, incluyendo la defensa nacional. Porque la Argentina es un país de paz, pero sabe muy bien que la defensa bien preparada es disuasiva de cualquier agresión, sea estatal, paraestatal o de cualquier organización criminal internacional. 

El programa buscará devolverle prestigio a nuestra nación. Como enseña el maestro Hans Morgenthau el prestigio es un formidable factor de poder nacional. Su antónimo obviamente signa la debilidad, tal como hoy la sufre nuestro país. 

La alternativa al populismo debe ser lo más franca que resulte factible sobre la gravedad del cuadro de situación y no puede admitirse enmascarar sus diferencias internas, sino acometerse a resolverlas estableciendo buenas reglas partiendo de un elemento insoslayable, la buena fe. La Argentina está envuelta en debates – ¿debates? – viscosos. Otro punto principal es que la opción al populismo debe tener una narrativa clara y desmitificadora del ‘relato’, ese que nos está atrasando, confundiendo, enredando y polucionando. 

El diputado nacional Alberto Asseff (Frente Pro – Buenos Aires) junto a sus pares Héctor Stefani y Alfredo Schiavoni presentó un proyecto de ley para que se establezca el sistema de boleta única de votación por cada cargo electoral, destinada a ser utilizada en las elecciones a cargos electivos nacionales.

Asseff explicó que “el sistema de boleta única, que es el más utilizado en el mundo, entre sus múltiples ventajas destaca la disminución del gasto electoral, la facilidad y agilización de la elección, así como su correspondiente fiscalización”. También destacó que “se eliminan las listas colectoras, se evita el robo de boletas y la utilización de boletas adulteradas”.

 “Dichas ventajas limpian nuestro sistema electoral, volviéndolo una mejor expresión de la voluntad popular, logrando que el cuarto oscuro refleje todas las opciones electorales y anula las picardías electorales que se puedan cometer con actores políticos opositores en distritos donde se les impide entrar a competir en igualdad de fuerzas”, explicó el diputado del Pro.

El titular del Partido UNIR cerró: “En la mayor parte del mundo se vota de este modo, es necesario modernizar el sistema electoral y volverlo lo más ágil y trasparente posible. La buena política empieza por unas elecciones trasparentes y de fácil seguimiento y fiscalización”.

“Nuestro sistema electoral ha sufrido bastante y le seguirá ocurriendo si continuamos con las mismas metodologías arcaicas, vencidas y cuasi obsoletas. Debemos fortalecer las herramientas de votación. Ello provocará una madurez destacable para la vida democrática de nuestra República”, fundamentó.

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El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff pidió al gobierno de la Provincia de Buenos Aires que implemente un programa de seguridad escolar a nivel de todo el territorio provincial. 

Al respecto, consideró que hoy Buenos Aires “tiene un gran problema de inseguridad y quienes más lo sufren son los más vulnerables: nuestros jóvenes y niños que deben transitar las calles para ir y volver del colegio”.  

Sobre el tema el titular del Partido UNIR dijo que “es necesario implementar en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires corredores seguros donde nuestros jóvenes y niños puedan transitar cuidados por las fuerzas de seguridad para que vayan a la escuela tranquilos y puedan volver a sus casas sin riesgo alguno”. 

Asseff evaluó que “hoy esa política de seguridad existe en la provincia, pero no a nivel nacional, sino que algunos pocos municipios lo han tomado como medida por si solos, como ser Lanús y 3 de Febrero. Es necesario convertirlo en una medida de carácter provincial”. 

“La única preocupación que deben tener los alumnos de la provincia debe ser la de estudiar y aprender, no deben tener que preocuparse por volver a su casa sin haber sido víctimas de un robo o un arrebato. Por eso es necesario garantizarles que las calles por las cuales transitarán sus días escolares son seguras para ellos”, concluyó Asseff. 

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff expresó su repudio a lo que considera una “extorsión” de parte de Camioneros para afiliar nuevos asociados “mediante bloqueos a las empresas o incluso al sector público, como es el caso de San Nicolás”, y expresó que esto se resuelve “con autoridad, porque la ley tiene la legitimidad para actuar”. 

En “Hoy Nos Toca”, con Daniel Santa Cruz, por el Canal de la Ciudad, Asseff dijo que “el problema de los sindicatos promueve la informalidad laboral y es una pésima señal para las inversiones. Porque no es proteger a los trabajadores, sino, extorsionar a los mismos trabajadores que dicen proteger”, y agregó: “El sindicalismo es necesario, pero si se le da un rol político y excede lo sindical se pervierte sus objetivos. Por ejemplo, hoy existe la obligación de pagarla cuota sindical, aunque no se esté afiliado, que es algo inconstitucional que está rigiendo en la Argentina y hay que derogarlo”. 

Luego, el titular del Partido UNIR hizo un breve análisis sobre el movimiento sindical actual y dijo que “hoy está cada vez más retraído, hay cada vez menos obreros sindicalizados y mucha informalidad de mano de obra no calificada que hace changas y cobra planes sociales. Eso desespera a los sindicatos porque si se pierde la cultura del trabajo y hay exceso de planes ya no se puede cobrar cuotas”. 

Consultado sobre la situación de la dirigencia de los movimientos sociales, Asseff explicó que “hoy tienen un poder inmenso, pues cada vez se entrega más dinero para planes y pasa por las manos de los dirigentes, que lo entregan discrecionalmente”, y luego recordó la tarjeta alimentar y dijo que “los planes deberían ser por tiempo limitado y entregado sin intermediación de dirigentes. Esa tarjeta fue saboteada por los mismos dirigentes sociales”. 

Por último, el diputado finalizó explicando que “los planes son fuente de dependencia porque el cobrarlo depende de no estar cobrando por un trabajo, trabajo -además- cuya remuneración no alcanza para pagar el costo de vida actual. Por lo tanto, quien cobra el plan se ve sometido a la discrecionalidad del dirigente social que lo puede extorsionar y utilizarlo para sus fines políticos”. 

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) junto a los diputados Karina Bachey, Héctor Stefani, Gerardo Milman, Lidia Inés Ascarate, Gerardo Cipolini, Francisco Sánchez y Germana Figueroa Casas pide información informe sobre los requisitos y condiciones en los que se asignan los planes sociales.

Asseff recordó los primeros planes sociales que aparecieron en Argentina con las Cajas PAN que se otorgaron durante el gobierno de Raúl Alfonsín, así como los planes otorgados durante la crisis del 2002 bajo el mandato de Eduardo Duhalde, que puso en marcha el plan social Jefas y Jefes de Hogar que “buscaba ayudar económicamente a 2 millones de familias en un momento donde la pobreza superaba el 50% de la población”.

Luego el presidente del Partido UNIR evaluó que “existen hoy aproximadamente 22 millones de personas que reciben asistencia social en forma de un programa alimentario y por prestaciones como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo. Esta cifra indica que la cantidad de personas que perciben una ayuda estatal se ha multiplicado por 10 en los últimos 19 años. Actualmente existen un total de 141 planes y programas sociales”, y lamentó que “en los últimos años, una gran parte de los líderes de los movimientos sociales, a quienes le llegan la mayoría de esos programas sociales, se han adueñado del manejo de los fondos de los mismos y también del otorgamiento y de su distribución”.

Asseff finaliza explicando que “un plan social es una herramienta de gobierno válida y necesaria para un fin específico. Abordar una situación de vulnerabilidad, y/o dar respuesta a situaciones concretas como educación, créditos, formación cultural, producción, etc. Lamentablemente hoy día la asignación de un plan social es simplemente el otorgamiento de dinero sin nada a cambio; provocando ello mayores gastos, déficit y una rueda sin fin de controversias”.

Un grupo de diputados nacionales del Frente Pro, encabezados por Alberto Asseff, presentaron un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social y de la Administración Nacional de la Seguridad Social, informe sobre los requisitos y condiciones en los que se asignan los planes sociales.

En la iniciativa recordaron que los primeros planes sociales aparecieron en Argentina con las Cajas PAN que se otorgaban durante el gobierno de Raúl Alfonsín. También, durante la crisis del 2002 bajo el mandato de Eduardo Duhalde existía el plan social “Jefas y Jefes de Hogar, que buscaba ayudar económicamente a 2 millones de familias en un momento donde la pobreza superaba el 50% de la población”.

“Existen hoy aproximadamente 22 millones de personas que reciben asistencia social en forma de un programa alimentario y por prestaciones como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo. Esta cifra indica que la cantidad de personas que perciben una ayuda estatal se ha multiplicado por 10 en los últimos 19 años. Actualmente existen un total de 141 planes y programas sociales”, fundamentaron.

A su vez, denunciaron que “en los últimos años, una gran parte de los líderes de los movimientos sociales, a quienes le llegan la mayoría de esos programas sociales, se han adueñado del manejo de los fondos de los mismos y también del otorgamiento y de su distribución”.

“Un plan social es una herramienta de gobierno válida y necesaria para un fin especifico. Abordar una situación de vulnerabilidad, y/o dar respuesta a situaciones concretas como educación, créditos, formación cultural, producción, etc. Lamentablemente hoy día la asignación de un plan social es simplemente el otorgamiento de dinero sin nada a cambio; provocando ello mayores gastos, déficit y una rueda sin fin de controversias”, concluyeron.

Acompañan con su firma los diputados Karina Bachey, Héctor Stefani, Gerardo Milman, Lidia Inés Ascarate, Gerardo Cipolini, Francisco Sánchez y Germana Figueroa Casas.

Informacion-sobre-planes-sociales

Ya Javier Milei venía hablando de la dolarización en cuanto programa participa, pero el radical Alejandro Cacace subió la apuesta al transformar la propuesta en un proyecto de ley que presentó esta semana. Y previsiblemente el tema generó reacciones entre sus pares. Incluso entre los propios.

El diputado nacional del oficialismo Marcelo Casaretto (Entre Ríos) descartó de plano la alternativa del legislador de Juntos por el Cambio al sostener que tal alternativa “le quitaría al Estado la posibilidad de la política monetaria”, como así también significaría “la pérdida de soberanía nacional de la Argentina”.

En el mismo sentido se pronunció Daniel Arroyo (FdT-Buenos Aires), quien advirtió que “una dolarización tendría efectos muy nocivos en términos de desocupación y pobreza, como quedó evidenciado en Ecuador durante la pandemia. Nuestro país debe defender su soberanía monetaria”.

En el mismo sentido, el diputado Leandro Santoro englobó cuestionamientos: “Primero instalan que hay que privatizar Aerolíneas. Después que hay que arancelar la UBA. Pasan por la destrucción del derecho laboral para despedir más rápido y barato y terminan con la dolarización de la economía. Esta película ya la vimos y sabemos que termina mal. Contra eso peleamos”, tuiteó el legislador oficialista porteño.

Pero las críticas no se limitaron al oficialismo. También desde Juntos por el Cambio Alberto Asseff expresó sus reparos hacia el proyecto de su compañero de bancada. Para el diputado bonaerense, “Cacace se apresuró y actuó inconsultamente al promover la dolarización”, y aclaró que “sin dudas debemos abordar urgentemente el grave problema de la desvalorización del peso, pero esto debe realizarse haciendo independiente al Banco Central, prohibiendo la emisión monetaria sin respaldo y reduciendo el gasto público y por tanto el déficit”. 

“La magia del 1 a 1 terminó en una catástrofe que fue 2001. En economía no existen ni magos ni prestidigitaciones. Es hora de afrontar nuestros problemas estructurales haciendo cirugía profesional”, continuó Assef, para cerrar explicando que “dolarizar es una opción inviable para la Argentina. El único camino es restaurar la confianza a partir de producir hechos como la reducción del déficit”.

Desde el mismo campo liberal que Milei, José Luis Espert aportó la siguiente definición: “La dolarización puede ser, eventualmente, la frutilla del postre. Nunca la punta del ovillo. Ésta última es detonar la Argentina populista de empresarios prebendarios, políticos gastomaníacos y sindicatos mafiosos”.

No hay mejor sinonimia de progreso que educación. Correlativamente no existe más semejanza que la que une ignorancia y atraso. Sin embargo, en nuestra Argentina trastrocada los pontífices del ‘chamuyo’ progresista despliegan una retórica tan cínica como desquiciante. Exaltan a la escuela pública por igualitaria mientras la hunden con huelgas – muchas por tiempo indeterminado, hasta llegar a todo un año de parálisis como acaeció en Santa Cruz y en Chubut-, con adoctrinamiento, con la introducción de la ideología sectaria al aula, promoviendo el imperio de la mediocridad y con otras aberraciones. 

Quienes mandan en la educación del país no son los ministros provinciales del área, sino los gremios lastimosamente dominados por la ideología de izquierda arropada como progresista. Para esta postura el mérito y la evaluación de los docentes es poco menos que un agravio al derecho humano de la persona del ‘trabajador’ docente. No se les puede llamar maestros a nuestros docentes porque se trata de trabajadores. La excelsitud del vocablo ‘maestro’ en vez de enorgullecer a estos sindicalistas parece escandalizarlos. Maestro proviene de magister, el que está dotado de los mayores conocimientos, quien sobresale por su mérito y está capacitado para dirigir y orientar. Tanto que el magisterio se reserva para el postgrado. Es más que un profesional. Es un doctor. El maestro, en nuestra escuela, esa que impulsó Sarmiento y que encumbró la ley 1420 durante el gobierno de Roca, era un componente principal de la comunidad. La señorita maestra fungió durante más de un siglo como la segunda mamá. Un maestro estaba a la par del intendente. Era un ‘jefe’ natural de la vecindad. 

En algún momento una funesta bisagra obró para tornar a la cuna del progreso en guarida de ideólogos de trasnoche y gremialistas atravesados por las pulsiones cruzadas del populismo y los intereses corporativos. Así, como está prohibido evaluar, encastrar la enseñanza con el mundo del trabajo y la empresa, exigir rendimientos a unos y otros – maestros y alumnos -, premiar el mérito de esmerarse en la capacitación y tantas otras aspiraciones propias del más elemental sentido común, la escuela pública está en proceso decadente, atrapada por la opacidad, la mediocridad. Eso explica dos fenómenos: la deserción y la creciente traslación de educandos al ámbito privado. Hoy, los padres más humildes de la clase media baja – esa que es acechada por la pobreza hacia la que el populismo la desliza gradualmente-, hacen esfuerzos para enviar a sus niños a la escuela parroquial. 

Es patético que cada tanto se alzan voces llamando la atención sobre el medio millón de chicos que dejaron el aula por la pandemia. En rigor, no sabemos si son medio o un millón, pero conocemos este drama del que las autoridades educativas no se ocupan y sobre el que no existe siquiera un esbozo de planificación. A propósito de la pandemia y del aislamiento y luego distanciamientos sociales que imperaron durante el flagelo, sigue siendo uno de los peores dislates que el ejecutivo nacional haya cerrado primero las aulas y las abriese al último. Desde el fútbol hasta los festivales de música, todo estaba siendo paulatinamente rehabilitado, menos las escuelas. Las universidades no le van en zaga. Recién ahora reabren habiendo pasado nada menos que dos años. 

No es ni atrevido ni alarmista afirmar que el populismo quiere una Argentina pobre e ignorante. No sólo materialmente necesitada, sino espiritualmente despojada. Pobreza e ignorancia son gemelas. Se nutren mutuamente. El plan – ese que no existe desde el 10 de diciembre de 2019, el mismo que se anuncia con bombos y platillos ‘guerreros’ aunque sea limitado a la inflación y que tampoco sale a la luz- no es otro que el pobrismo. Todos pobres y todos sometidos. Eso sí, todos ‘iguales’. Existe un plan inconfeso, pero en ejecución. Un país más sombrío que aquel de siervos de la gleba del que relata la historia de todos los lares. Rehúyen del país con ciudadanos empoderados, empezando por su educación. Un hombre educado es básicamente libre. La libertad aterroriza al populismo. 

La educación, en el programa para cambiar la Argentina, está en la primacía de los objetivos. No hay desarrollo humano, social y económico sin educación gradualmente encaminada a la excelencia. En ese contexto, la recuperación de la escuela pública debe estar a la vanguardia de nuestras aspiraciones. El maestro es un trabajador sí, pero especialísimo y distinguidísimo. En sus manos y en su cerebro está el futuro. La educación es un servicio también excepcionalmente importante. Por eso, debe ser declarado esencial, igual que la seguridad y la salud. 

Nunca más una promoción al grado superior sin evaluación. Un examen final evaluatorio para otorgar los títulos secundarios, tanto los de salida laboral como los preuniversitarios. Evaluación en agosto del rendimiento escolar, tanto para maestros como para alumnos. Estímulos para establecimientos con mejores rendimientos como menos deserción y más resultados en su enseñanza. 

La Argentina encaminada por el rumbo de prosperidad general no admite que más del 50% de los niños de sétimo grado no tengan aptitudes en lectoescritura y que el mismo porcentaje de los secundarios no puedan comprender un texto. 

La Argentina para progresar debe volver a colocar a la educación arriba de todo. 

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff se refirió a la propuesta del oficialismo de gravar propiedades no alquiladas para que los propietarios de inmuebles a pongan sus bienes en el mercado, y dijo que es “una idea ridícula, que no sirve para nada”. 

Acto seguido, el titular del partido UNIR expresó: “No va a funcionar en lo absoluto y sólo generará más malestar en un importante sector de la sociedad. Vengo sosteniendo desde que se empezó a hablar de esta idea, ante la imposibilidad de lograr un desalojo barato y rápido, en caso de ser necesario, cualquier pago que haya que desembolsar resultará menos oneroso que la contingencia de tener una vivienda ocupada -con el lógico desgaste que genera- por un inquilino que no puede pagar y a la vez no puede ser desalojado”. 

“Por otra parte -continuó diciendo el diputado nacional- poner en alquiler un inmueble no significa obligatoriamente hacerlo para el residente argentino que cobra en pesos devaluados y debe sobrevivir a la inflación endémica de nuestro país. Puede resultar perfectamente -como pasa en ciudades turísticas- que la oferta vire al extranjero que paga en moneda fuerte y tiene alta rotación, tal como el modelo de Airbnb que está resurgiendo en el mundo ahora que la pandemia de COVID ha sido superada”. 

“La idea de querer regular la oferta por medio de la coerción y el castigo impositivo es no entender el mercado inmobiliario, sus necesidades y el funcionamiento de una economía capitalista de mercado. La mentalidad de barón feudal con la que nos esquilman con impuestos cada vez más gravosos a los ciudadanos demuestra que nos consideran más bien ‘súbditos’, que sujetos libres con derecho a comerciar. Mientras tanto el Gobierno seguirá perdiendo guerras contra la inflación, el desempleo, la pobreza, el hambre, la desinversión y la falta de crecimiento económico. Todas estas las causas del sufrimiento del pueblo que dicen amar y defender”, concluyó Asseff. 

El presidente Fernández no sólo no tiene plan económico a pesar de que lleva 27 meses ejerciendo la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional, sino que hace más de un año se ufanó de ello: “No tengo plan ni quiero tenerlo”, expresó terminante, inequívocamente. Rareza casi excepcional en el planeta: un gobernante surgido de una coalición política de ideología estatista, en la que priva y prima la idea de que todo lo resuelven las ‘políticas públicas’ – ya que al sector privado por lucrativo y angurriento hay que ir arrinconándolo y hasta rapiñándolo-, carece de planificación. 

Afrontamos como país nuevamente una cuestión de estrangulamiento del sector externo. Con el FMI tuvimos veinte problemas análogos desde 1956 cuando nos incorporamos al organismo. Estamos endeudados y no disponemos de los recursos financieros para afrontar los inminentes vencimientos. Plata hay, pero por espanto está afuera de los circuitos de la economía nacional. Nos pasó muchas veces en nuestra historia. En el siglo XIX – basta recordar el dramático llamado de Avellaneda -, en el XX y en el XXI. Es asunto recurrente y realmente hastiante. Buena parte del hartazgo de la ciudadanía tiene vinculación con la sensación – cada vez más agudizada – de que la Argentina no sólo no se caracteriza por solucionar sus problemas, sino que los acumula y los reitera. Parecería que se deleita problematizándose. Es recurrente. Tropieza veinte veces con la misma piedra. Se empecina por repetirse, en lugar de decidirse por la única opción que dispone, esto es cambiar. No lo digo por la identificación de la coalición a la pertenece mi partido nacional UNIR y a la que adscribo con convicción y mucha esperanza. Empleo el verbo cambiar porque es lo que debemos hacer. Racionalmente, si una y otra vez se fugan capitales, se frustran créditos foráneos – que se volatilizan y escurren en un santiamén, sin dejar otro rastro que la financiación de nuestros desequilibrios y de nuestra desconfianza-, no es admisible que sigamos insistiendo. 

El texto consensuado que votamos afirmativamente se limita a autorizar que el P.E.N. acuerdo las facilidades extendidas con el Fondo Monetario para postergar las obligaciones que vencerán a partir del 22 de marzo próximo. No votamos de madrugada un plan económico por dos motivos: porque eso le corresponde al Ejecutivo, no al Congreso y porque en verdad no hay, no existe plan, salvo un compromiso de reducir el déficit fiscal, sincerar las tarifas de los servicios – sin siquiera bajar el monto de los subsidios estatales- y aumentar la recaudación tributaria, en el contexto de una postergación de más de dos años de los pagos. En realidad, sí hay un plan, es el ‘plan postergar’ que incluye no cambiar nada a fondo. El presidente lo proclamó como una victoria: “No habrá reformas estructurales”. Precisamente lo que debió encararse, esto es grandes transformaciones y cambios estructurales en todas las áreas de la economía, del Estado, de los planes sociales, de la educación en ruinas, de la cultura del antitrabajo, del pobrismo como ‘bendecida’ condición para una espantosa igualdad – la de todos aplastados en la base social cada vez más ancha -, eso no afronta y existe indisimulada alegría de que no se haga nada de lo que imprescindiblemente hay que hacer. Desopilante. No hay otro vocablo para descalificar este obrar del gobierno ejecutivo. 

Dicen – y dicen bien – que “la crisis es una oportunidad”. La negociación con el Fondo era la oportunidad para acordar con el organismo – a partir de nuestra convicción y de nuestra imperiosa necesidad – un programa de reformas y de grandes obras infraestructurales como gasoductos, rutas, puertos y ferrocarriles, especialmente de cargas. Ideal para modelar un país más exportador, es decir más rico. No por imposición ajena, sino por autoexigencia. No porque nos aprieten desde afuera, sino porque estamos convencidos adentro de que así no podemos continuar. Pero no, el ejecutivo está empeñado en no cambiar, sólo quiere procastinar. Lo grave es que en 2024 estaremos ante otra crisis que pondrá otra vez en los titulares de la información que la Argentina no puede soportar los vencimientos y debe buscar nuevamente un acuerdo de facilidades. Así se irá agotando el aguante de la Argentina del llano, agobiada por una dirigencia redondamente incapaz y sumamente pusilánime o, peor, cómplice de esta espantosa decadencia. 

Se sabe que la Argentina piquetera es una vergüenza para los piqueteros y para la Nación entera. Se es consciente que proclamando las virtudes de la escuela pública quienes mandan en ella – los sindicatos y los ‘educadores’ sedicentemente progresistas- la están hundiendo. El otrora país orgulloso de estar a la vanguardia de la alfabetización, hoy se encamina raudo a la ignorancia, la melliza de la pobreza… Está comprobado que el intervencionismo estatal, el crecimiento elefantiásico del aparato burocrático, la asfixiante presión impositiva, la industria del juicio laboral y todas las lacras que traban a la Argentina privada están modelando un país literalmente inviable e invivible. Es irrefutable que el resentimiento contra los emprendedores, la envidia al éxito, la execración del lucro como expectativa legítima del esfuerzo y del mérito nos están depositando en el abismo. Sin 

embargo, con pertinacia se prosigue con ese rumbo suicida. Para colmo, en vez de esmerarnos en hallar el punto de encuentro entre la ecología y el progreso, el ambiente se deteriora cada vez más ostensiblemente, en medio de un país cada vez más pobre y atrasado. Sobran ecologistas y ambientalistas, pero faltan genuinos progresistas como por ejemplo un Julio Argentino Roca siglo XXI. Por eso ni siquiera podemos avanzar en plan del tipo del que sacó a Noruega de la pobreza, explotando con cuidado los recursos petrolíferos y gasíferos costa afuera que podrán brindar más us$100 mil millones y miles de empleos. Tenemos jueces que se distraen ante la injusticia, pero están atentos a salir en los medios como defensores de causas que tienen buena prensa. Así, 600.000 km2 de espacios marítimos prospectables esperan. Mientras, los argentinos cada día más pobres y el país inmerso en la mediocridad. 

Los jóvenes están más que desilusionados. No ven perspectivas. Las estadísticas avalan este pesimismo: entre los 18 y 25 años, el desempleo es del 16,4%, el doble del general. En las mujeres jóvenes esa horrible tasa alcanza al 24,6%. 

La narrativa no tolera los datos. La presidenta Cristina Kirchner asumió con us$179 mil millones de deuda y dejó el mando con 240 mil millones de débitos. La deuda es hija del país atrasado que se conflictúa redistribuyendo una riqueza cada vez más escasa y que insiste en que emitiendo papel ‘pintado’ de moneda se puede salir adelante. Se empecina en desalentar el trabajo y la producción a partir de incentivar la inversión y de resguardar el valor de su moneda. Así, la economía adolece de crédito. Bien lo decía Alberdi, el crédito es la columna vertebral de la dinámica económica. El sistema imperante se transforma en generador de pobres. Vamos igualándonos para abajo. Adiós a aquella esplendorosa movilidad social ascendente, a la clase media aspiracional de millones de argentinos que se esforzaban por superarse. Además, el presidente Fernández reprocha la deuda contraída por su predecesor, pero oculta un número incontrastable: lleva acumulando una deuda equivalente a 65.000 millones de dólares que subirá a 90 mil millones en diciembre de 2023. 

Hay que achicar el Estado. Debemos volver a los ocho ministerios que supimos tener en lugar de este sobredimensionado esquema de 21, con centenas de secretarías, subsecretarías, asesorías, organismos y una infinita gama de cargos inútiles y costosos. 

Más libertad, más Argentina privada, menos intervencionismo. Es la única y excluyente manera de que el país se reencuentre consigo mimo y retome el derrotero de la prosperidad. 

Este acuerdo con el FMI lamentablemente no soluciona nada de fondo. Más que ir al Fondo Monetario la Argentina debe exigirse a fondo para cambiar. No existe alternativa. Apoyamos la autorización para renegociar la deuda porque el escenario de default es horrendo para la Argentina y todo su pueblo. Empero, de este modo, tal como encara el gobierno ejecutivo la situación, nada alienta ser optimistas. Desgraciadamente. 

Nuestro país está peor que a la deriva. Resignado espiritualmente, abatido moralmente, empobrecido humana y materialmente, sin plan ni rumbo, dividido, sin zanjar cuál es la matriz que tribute a su desarrollo- unos decimos que es con inversiones privadas, otros que se logra con emisión monetaria sin importar la inflación y con “mucho Estado” -posturas tan antitéticas que obstruyen cualquier análisis sereno y racional-, invadidos por la incertidumbre, inmersos en un abrumador pesimismo colectivo Obviemos seguir esta saga sombría. Lo irrefutable que en estos días nos hallamos en una encerrona por no decir en una trampa fenomenal.

Ante la notoria escisión del oficialismo –que pretende jugar burdamente a la función dual de gobierno y oposición simultáneamente– si hay o no default recae en gran medida en la actitud de la coalición opositora y de algunos bloques minoritarios. El default sería una catástrofe social y económica y podría potenciar al extremismo político, quizás más pernicioso que el que “se vayan todos” de 2001. No tanto por la idea de hacer cirugía mayor, sino por la inmensa improvisación y la ruidosa falta de equipo para practicar esa operación quirúrgica que exhiben los extremistas. La devaluación que haría el mercado sería devastadora, hundiendo en la pobreza otro 20% de  argentinos.

El empleo registrado ya no seguiría estancando: se desplomaría y con él el sistema previsional que ya bordea el colapso. Estas negruras que se avizoran nos compelen a nosotros los opositores a no desentendernos, a ser otra vez lo que esencialmente somos, responsables. ¡Default no! Jamás nos anotaremos en las filas de “cuanto peor, mejor”.

Ganaremos las elecciones de 2023 mucho más por nuestras bondades que los innegables defectos del actual oficialismo. Lo expreso como aspiración, aunque por ahora el factor más gravitante es que triunfaremos más por lo insoportable que es esto que padecemos que por la confiabilidad y esperanzas que nosotros despertamos. Empero, si fuere por el defecto más que por la virtud, lo cierto es que previsiblemente gobernaremos. No es lo mismo recibir un país estallado que mínimamente –no se puede pensar en mucho más que eso– encaminado.

Es precisamente, la cuestión medular que se debe plantear. Evitar el default mediante un acuerdo liviano del tipo ‘ir tirando’ hasta 2023, es decir un puente precario, sólo procastina nuestra maltrecha macroeconomía y todas sus lacras, inflación incluida.

Nos conducirá a un 2024 explosivo, con todos los problemas agudizados, incluida la desconfianza sobre el porvenir. El rol opositor que actúa parte del oficialismo se restriega las manos y hace mohines socarrones combinados con pérfidas sonrisas pensando en la bomba que le estallará al futuro gobierno. Convengamos que en esa ruta la Argentina se deshace. Así de simple y así de terrible.

Se desaprovecha la crisis para acordar entre nosotros celebrar un convenio con el FMI que contenga todas las reformas estructurales, desde la laboral y tributaria hasta la económica y educativa, pasando por la judicial –no la del kirchnerismo a favor de consagrar la impunidad–, sino la de la gente, esto es celeridad, inmediatez, idoneidad, imparcialidad, que dé seguridad a todos entre ellos los inversores.

Con este Acuerdo, todos los grandes trastornos sólo se postergan. Se fija un rumbo de reducción del déficit fiscal, pero como no se contrae la obligación de reducir el gasto público, esa limitación sólo podría obtenerse por el aumento de impuestos –algo inadmisible– o por las inversiones –que el oficialismo repele ideológicamente tanto porque las maldice por su ‘vocación de lucro’ -qué otro aliciente podría dárseles?– como porque las ahuyenta con sus altisonante ‘políticas públicas’, sus derroches y su corrupción. Además, sin controlar la inflación, ¿cómo suponer que fluirán las inversiones sobre todo del ahorro interno? En este contexto, ¿cómo bajarán el gasto?

Nos enrostran que el presidente Macri tomó el crédito de us$45.000 millones y por ende ahora la oposición debe autorizar lo acordado con el FMI. Con ese criterio, el oficialismo actual debió acompañar el sinceramiento de las tarifas que impulsó el gobierno anterior porque el atraso de ellas se originó en la demencial política de congelarlas al punto que la electricidad y el gas costaban para los consumidores menos que un café con media lunas en la esquina. Ese desquicio lo hizo el kirchnerismo, responsable del incremento ineludible de las tarifas, más allá de cómo se la (in) comunicó y cómo se la practicó a la sazón.

El Acuerdo con el FMI no soluciona nada sustantivo. La concordancia con el Fondo no va a fondo y en ello radica su inconveniencia. El acuerdo es sólo para evitar el default. Eso es bueno. Todo lo demás es precario o lábil o superficial. No arregla ninguno de nuestros desequilibrios. Prorroga nuestra patología.

¡Qué encerrona para nosotros! No podemos hundir al país en el abismo de paria mundial. Tampoco podemos dejar de proclamar que este gobierno es hartamente responsable de ahondar nuestros descalabros comenzando por su ostensible e inaceptable falta de plan. Este énfasis hoy será muy útil cuando mañana debamos abordar la tarea de cambiar. Como van las cosas, más que labor será una faena, más compleja que en 2015 y por tanto nos exige desde ya a ser mejores, más  organizados, más equipo, más coherencia y dar señales claras –programa mediante– que ya es inexorable tiempo para ir a fondo, más allá del Fondo.

*Diputado nacional (Unir, JxC)

El diputado nacional Alberto Asseff (Pro) salió al cruce del gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella, quien criticó el proyecto de ley presentado por un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio para crear una banca para las Islas Malvinas y dejarla vacía como reclamo simbólico de soberanía sobre el territorio ocupado por Gran Bretaña.

“No ha entendido el sentido sustantivo de la iniciativa de la banca simbólica para las Islas Malvinas, pues en el proyecto que hemos presentado en todo momento se reconoce la jurisdicción fueguina sobre ellas”, señaló el bonaerense, impulsor de la iniciativa.

En ese sentido, resaltó que “nuestro proyecto no cambia dicho reconocimiento, y en cambio el gobernador Melella debería reconocer que la cuestión Malvinas es un tema de carácter nacional, que excede a su provincia”.

“Por lo tanto no debe confundirse el gobernador de Tierra del Fuego, porque la jurisdicción es provincial, pero la cuestión es nacional. No es un problema de jurisdicción interna, sino cuestión de toda la Nación Argentina. Diferente sería, en cambio, si el enojo del gobernador tiene una razón de oportunismo político y su problema con nuestro pedido viene por mero cálculo electoral de mirada corta y egoísta”, completó Asseff.

Sobre el proyecto, Melella expresó que “resulta tristemente llamativo que un grupo de diputados nacionales desconozcan la conformación de las provincias de nuestro país y propongan un proyecto de ley para crear una banca relacionada a un territorio que ya cuenta con representación parlamentaria. El hecho es aún más lamentable cuando tres de ellos pertenecen a provincias patagónicas”.

El diputado nacional Alberto Asseff (Pro) y presidente del Partido UNIR, se refirió al principio de entendimiento entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional y cuestionó que “ni siquiera hay un borrador del texto”. En tanto, adelantó que su bloque “no va a permitir que Argentina caiga en default”. Por otro lado, habló sobre el impuesto a las grandes fortunas.

En declaraciones a RBD Show el legislador que integra la coalición de Juntos por el Cambio explicó que “nada llegó al Congreso, así que no hemos leído la letra del acuerdo, ni siquiera hay un borrador sobre el texto”, y agregó que “incluso ni siquiera sabemos si el Gobierno ya ha acordado con el Fondo Monetario”.

En tanto, Asseff adelantó que su bloque “no va a permitir que la Argentina caiga en default y que apoyará el acuerdo porque tenemos una responsabilidad política”, pero pidió conocer la letra del mismo, pues “tampoco podemos votar a libro cerrado y sin conocer de qué se trata lo que estamos votando”.

En otro momento de la entrevista explicó que lo poco que se sabe sobre el acuerdo es que “habría un compromiso para reducir el déficit fiscal, eso a nosotros nos parece correcto; pero que, si esto incluye aumento de impuestos para paliar la reducción del déficit, desde ya nosotros nos oponemos terminantemente”.

El titular del Partido UNIR dijo que no aceptaran aumentos ni creación de impuestos nuevos, pues “la clase que trabaja y produce no puede soportar un impuesto más” y cargó contra el derroche, el despilfarro, el gasto superfluo y la superposición de organismos estatales. “Es allí donde debe cortarse el déficit y no en la creación de nuevos tributos”, sostuvo enfáticamente.

Impuesto a las grandes fortunas

En la segunda parte de la entrevista concedida a RBD Show, Asseff se refirió al impuesto a la riqueza y manifestó que “se lo quiere volver a imponer, violentando la palabra de que era por única vez” a la vez “que va a terminar alentando la fuga de capitales, porque en este momento la clase media está yéndose del país y llevándose su capital”.

Y finalizó explicando que “la gente que se va es la que más dinero tiene y la de mayor formación y la más emprendedora. Esa gente podría generar trabajo para quienes hoy dependen de planes y del estado, pero para que eso sucediera se necesitaría que el estado no los castigara por tratar de invertir y generar emprendimientos”.

El diputado nacional Alberto Asseff (JxC) se refirió este domingo a la difícil situación económica que atraviesa el país y expresó que “nadie en Juntos por el Cambio quiere el default, porque nosotros no pertenecemos a los que se enrolan en ‘cuanto peor, mejor’, pero no aprobaremos junto con la autorización a endeudarse con el FMI un programa económico y fiscal, porque esto es exclusiva responsabilidad del Gobierno”.

“Además en nuestro interbloque somos muchos los que no apoyaremos aumentos de impuestos”, aclaró el presidente del partido Unir.

Por otra parte Asseff expresó que “si hay que disminuir el déficit -objetivo que compartimos-, que lo hagan bajando gastos. Hay muchos segmentos del gasto público que se pueden reducir y hasta eliminar, pero la opción de elevar los impuestos no está en nuestra mesa de trabajo”.

Y advirtió para concluir que “el oficialismo se saque la idea de la cabeza, porque en ese caso nuestro voto negativo está garantizado”.

El diputado nacional y presidente del Partido UNIR Alberto Asseff (Pro – Buenos Aires) se refirió a la reunión de inmobiliarias e inquilinos con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, para proponer modificaciones a la Ley de alquileres. En tanto, Asseff denunció que “el Gobierno esta tratando de ganar tiempo para evitar derogarla”, y apuntó contra el funcionario: “creerle a Feletti es difícil cuando ha venido fracasando en todas sus gestiones”.

Asseff se mostró escéptico de la reunión y explicó que “el Gobierno está tratando de ganar tiempo para evitar derogar la Ley de alquileres, que es lo que se debe hacer”, y agregó que “creerle a Feletti es difícil cuando ha venido fracasando en todas sus gestiones como secretario de Comercio Interior para reducir precios”. Por consiguiente, se preguntó: “¿Por qué habría que creerle que tratando de regular el mercado inmobiliario va a tener éxito?”.

Continuando con su apreciación de la reunión, el diputado de JxC sostuvo: “Creo en la buena voluntad de propietarios e inquilinos que se han visto perjudicados con la mala Ley de alquileres actual y que necesitan destrabar esta situación que perjudica a ambos”.

“Tan es así que los dueños mantienen desocupados 150 mil departamentos y los inquilinos no tienen posibilidad de acceder a un alquiler sobre valuado por la incertidumbre. Sin embargo, no es por la vía de más regulación como se puede solucionar el problema”, manifestó.

Por último, se mostró totalmente contrario a que propuestas como la de cobrar un impuesto extra por inmuebles sin alquilar, o cualquier otra carga impositiva que se cree para así tratar de incentivar la oferta “está destinada irremediablemente al fracaso”.

El diputado nacional y presidente del Partido UNIR Alberto Asseff (Pro) habló sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional aseguró acompañarán el acuerdo, pero: “No votaremos a favor del aumento de impuestos”. Por otro lado, se refirió al aumento de tarifas y señaló que “deben ser segmentadas”.

En una entrevista en IP Noticias, Asseff explicó la que la oposición actuará con responsabilidad institucional a la hora de votar el acuerdo con el FMI en el Congreso, dado que “en un momento tan grave como el que vive el país, desde la oposición tenemos que hacer todos los esfuerzos para no obstruir la aprobación del acuerdo con el FMI”. En ese contexto, remarcó: “Lo peor que le podría pasar a la Argentina es que entrara en default, porque quienes más sufrirían no serían los principales agentes de la economía, sino las PYMES, la clase media, los trabajadores y quienes buscan trabajo”.

El diputado del Pro además señaló: “Acompañaremos el acuerdo, pero no votaremos a favor del aumento de impuestos”, aunque se mostró a favor de que “el estado utilice sus recursos para ajustar sus cuentas y sus gastos, para de esa manera poder dar cumplimiento a un acuerdo que debe ser consistente”.

Luego fue consultado sobre el aumento de tarifas que acompañaría el ajuste de la economía y el titular del partido UNIR manifestó que “sabemos que gran parte de la población no está en condiciones de pagar aumentos, por lo que las tarifas deben ser segmentadas, pero esa segmentación no debe ser hecha en base a un cálculo político para ser utilizada con fines electoralistas”.

 Y agregó que “el aumento de tarifas debe resolverse lo más rápido posible, pues cuanto más tiempo tardemos en comenzar a arreglarlo más doloroso será cuando lo tengamos que pagar: porque será con cortes de luz, falta de energía y la incapacidad de mantener el servicio”.

Consultado sobre la posibilidad de pagar el crédito y las condiciones que impone el FMI, Asseff consideró que “si le mostramos al Fondo que el país tiene una decisión muy seria de ajustar su economía para poder afrontar el pago de la deuda y simultáneamente crecer, entonces ellos van a aliviar las condiciones de pago”.

El diputado nacional Alberto Asseff, junto a senadoras y diputados de los dos principales frentes políticos, viajaron a Panamá para el seminario “La Cuestión Malvinas: Una Causa Latinoamericana”, en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. 

En el mismo, países de América Latina y el Caribe ratificaron su apoyo al reclamo de Argentina por la soberanía sobre Malvinas, así como el pedido al gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña para encontrar una solución pacífica al conflicto. 

Durante más de dos horas autoridades de Panamá, legisladores y autoridades del PARLATINO, senadores y diputados de distintas fuerzas políticas, integrantes del Consejo Malvinas, así como diplomáticos, dialogaron sobre la Cuestión Malvinas. 

Al respecto, Asseff pidió reanudar las negociaciones con la Argentina, “en línea con lo que establece el derecho internacional y recalcó la importancia de abordar la Cuestión Malvinas como parte del espacio estratégico que significa el Atlántico Sur y la proyección Antártica”. 

Por último, tuvo palabras de homenaje para los excombatientes, veteranos, caídos de Malvinas y sus familiares. 

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio y presidente del Partido UNIR, se refirió este lunes al sonado caso de la droga envenenada y dijo que “el árbol nos está tapando el bosque. Mientras en los medios se insiste con la droga contaminada, se pasa por el alto, primero, que las sustancias ilegales se venden y se consumen sin ningún control por parte del Estado”.

“Las autoridades tienen el mapa del narcomenudeo en todas las barriadas, pero es irrefutable que las complicidades de la política, la justicia y la policía han liberado vastas zonas del conurbano y de todas las grandes ciudades del país”, aseguró.

Al respecto, el diputado de JxC explicó que “entre agosto y octubre del año pasado el Gobierno anunció que se destinarían 44,9 millones de dólares, de los cuales 4,49 millones de dólares los aportaría el mismo Estado nacional, para fortalecer la infraestructura, física y digital, de los sistemas de vigilancia del espacio aéreo argentino y del Sistema Nacional de Aeropuertos. Incluso hubo calurosas palabras del ministro de Defensa, Jorge Taiana, quien dijo que ‘el comando conjunto aeroespacial es un ejemplo de lo que puede hacer la industria nacional al servicio de la defensa’”.

Sin embargo, agregó Asseff, a la fecha no hay ni noticias al respecto de los avances al respecto de estos anuncios. La Argentina hace tiempo que dejó de ser un país de paso para la cadena de producción de la droga y el Gobierno no atiende el serio problema que significa esto, dejando al país desprotegido; se pontifica acerca del Estado presente y de la política modelo de DDHH, pero a la hora de la verdad, los jóvenes se siguen envenenando ante la pasividad del Estado en todos sus estamentos”.

“Esto requiere una clara decisión política de combatir a las grandes bandas que están asolando a nuestra población sobre todo la más vulnerable”, concluyó.

El diputado nacional y presidente del Partido UNIR Alberto Asseff (Pro) presentó un proyecto para que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, informe sobre las políticas para eliminar gradualmente el empleo informal, regularizar el sistema laboral, dar oportunidades al empleo de jóvenes “configurando una fuga de cerebros y emprendedores quizás la peor de nuestra historia”, para gradualmente “transformar la asistencia social en trabajo formal”.

Al respecto, Asseff solicita un programa fiscal para favorecer a los trabajadores no asalariados y cuentapropistas, así como también incentivos fiscales para los empleadores afectados por la pandemia “junto a lo cual deben presentarse propuestas a los gremios y sindicatos para regularizar la situación de los trabajadores informales”.

Por último, el titular del Partido UNIR pide al Gobierno programas para generar empleo durante el año 2022, de modo que se realicen propuestas concretas se establecerán para el trabajador registrado, pero que continua por debajo de los índices de pobreza.

Como parte integral de la propuesta del legislador del Pro, se contempla la incesante migración de jóvenes argentinos -conocida como fuga de cerebros-, por lo que exige políticas para generar incentivos a jóvenes profesionales y emprendedores y argumenta que “el Gobierno debe convocar a las cámaras de empresarios de las actividades económicas más relevantes del país”.

Entre los fundamentos, el diputado que integra la coalición de JxC manifestó: “El trabajo de los asalariados no registrados se incrementó 18,9% en el tercer trimestre de 2021 y el de los cuentapropistas, 11,1%, mientras que el de los formales lo hizo solo 2,4%. El informe ‘Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra’, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el que se dice que el empleo total creció en el tercer trimestre de 2021, respecto de igual período de 2020, un 8%. Pero si se observa solo el empleo asalariado, que creció 7%, se verá que de esa masa el de los no registrados aumentó 18,9%, mientras que el de los registrados lo hizo solo 2,4%”.

“Asimismo, el organismo estadístico destacó que, en el caso de los trabajadores no asalariados, es decir aquellos que trabajan por cuenta propia (Monotributistas y otros), se incrementó en el tercer trimestre de 2021 un 11,1%, comparado con igual período del año anterior”, agrega el texto.

Por otro lado, precisa: “Este proyecto abarca la relación ‘planes sociales’ y generación de trabajo genuino, para ello se debe comprender la situación que atraviesa el país en lo que respecta al empleo y los planes y programas sociales”.

“Argentina necesita respuestas superadoras a los problemas actuales, dar confianza al sector privado, herramientas para que puedan producir y generar las condiciones necesarias para que el desempleo que hoy es un plan y programa social se convierta en un empleo digno y con crecimiento como así también, la informalidad se pueda regularizar”, concluye.

Acompañan con su firma la iniciativa los diputados Héctor Stefani, Gerardo Milman, Adriana Ruarte, Gustavo Hein, Karina Bachey, Claudio, Poggi, Gabriel Chumpitaz, Francisco Sánchez, Gerardo, Cipolini, Aníbal Tortoriello, Virginia Cornejo y Alfredo Schiavoni.

Asseff-proyecto

Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Alberto Asseff, presentaron un proyecto de resolución en donde expresaron su preocupación e indignación por el presunto secuestro de la activista Berta Soler, líder de las “Damas de Blanco”, por parte del régimen cubano. También, rechazaron la iniciativa de reforma del Código Penal de Cuba que reprime a la disidencia política.

En el proyecto, describieron: “Berta de los Ángeles Soler Fernández es la líder de las Damas de Blanco, un movimiento ciudadano cubano que reúne a esposas y otros familiares de presos cubanos, considerados generalmente como presos políticos”.

“La dictadura cubana volvió a secuestrar este domingo a Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco. La activista salía de su casa para asistir a una misa por la liberación de los presos políticos cuando fue abordada por agentes de seguridad del régimen castrista”, denunciaron y remarcaron que es la segunda vez que la secuestran tras anunciar que retomaban sus acciones dominicales para pedir la liberación de los presos políticos.

Por ese motivo, expresaron: “Su preocupación e indignación por el presunto secuestro de Berta Soler, líder de las ‘Damas de Blanco’, por parte del régimen cubano en dicho país, al momento de manifestarse contra la dictadura y por la liberación de los presos políticos. Asimismo, esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, entendiendo que es una violación de los Derechos Humanos, y no así una injerencia en otro Estado, rechaza el proyecto de reforma del Código Penal de Cuba por cuanto contempla severas sanciones e incluso la muerte, a quien promoviera agresiones al Estado”.

Acompañaron la iniciativa los diputados Pablo Torello, Gerardo Milman, Matias Tacetta, Laura Rodríguez Machado, Alejandro Finocchiaro, Sabrina Ajmechet, Gerardo Cipollini, Ingrid Jetter, Anibal Tortoriello, Francisco Sánchez y Gabriel Chumpitaz.

DECLARACION-POR-EL-SECUESTRO-DE-LA-LIDER-SOCIAL-EN-CUBA-1-1

El diputado nacional y presidente del Partido UNIR Alberto Asseff (Pro) se refirió a la marcha que se desarrolló frente a Tribunales por parte del oficialismo y explicó que “este es el verdadero kirchnerismo, no el que dice defender los derechos del pueblo, sino el que utiliza los movimientos sociales y la mano de obra callejera para defender su impunidad en la justicia”.

Asseff fue tajante al respecto y sostuvo que “la marcha demuestra, una vez más, que lo único que le interesa a Cristina Kirchner es pelearse con los jueces que deben juzgar sus delitos y en ello arrastra al gobierno y sus aliados”.

El titular del Partido UNIR analizó la marcha y manifestó que “si uno mira la imagen general de la marcha puede ver que son sectores aislados que no sólo no representan el sentir del grueso de la sociedad, sino que tampoco son todo el Gobierno”, y agregó: “Esta marcha se ve hacia afuera como la desestabilización del kirchnerismo duro a su propia coalición”.

“No puede existir justicia real si aquellos que deben juzgar las causas del poder se ven presionados para fallar de forma interesada. Nosotros desde la oposición debemos denunciar tal intromisión y ofrecer una alternativa de gobierno real en el 2023 que le dé la tranquilidad a la sociedad de que esto no volverá a suceder”, finalizó Asseff.

El diputado nacional Alberto Asseff, del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR, se refirió a la marcha que se desarrolló frente a Tribunales por parte del oficialismo, y explicó que “este es el verdadero kirchnerismo, no el que dice defender los derechos del pueblo, sino el que utiliza los movimientos sociales y la mano de obra callejera para defender su impunidad en la justicia”.

Asseff fue tajante al respecto y dijo que “la marcha demuestra, una vez más, que lo único que le interesa a Cristina Kirchner es pelearse con los jueces que deben juzgar sus delitos y en ello arrastra al gobierno y sus aliados”.

El titular del Partido UNIR analizó la marcha y dijo que si uno mira la imagen general de la marcha puede ver que son sectores aislados que no sólo no representan el sentir del grueso de la sociedad, sino que tampoco son todo el gobierno. Esta marcha se ve hacia afuera como la desestabilización del kirchnerismo duro a su propia coalición”.

“No puede existir justicia real si aquellos que deben juzgar las causas del poder se ven presionados para fallar de forma interesada. Nosotros desde la oposición debemos denunciar tal intromisión y ofrecer una alternativa de gobierno real en el 2023 que le dé la tranquilidad a la sociedad de que esto no volverá a suceder”, finalizó Asseff.

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR, se refirió a la renuncia del presidente del bloque oficialista Máximo Kirchner y expresó su desacuerdo con decisión la que considera “una señal negativa de cara al futuro de las negociaciones con el FMI, porque le resta seriedad al Gobierno y sigue añadiendo incertidumbre a un estado de cosas sumamente oscuro”.

Asseff explicó que “la renuncia del hijo de la vicepresidenta da una señal negativa hacia afuera y muestra que la verdadera grieta hoy está entre el núcleo duro del kirchnerismo y el Presidente Fernández, a quien en cada oportunidad que pueden vacían de poder. Con un presidente débil la credibilidad del posible acuerdo con el FMI se volatiza”.

El diputado de JxC señaló que “a futuro ¿cómo esperamos que el gobierno cumpla con sus compromisos si parte de la coalición gobernante se retira por no estar conforme con dichos compromisos?”. Para el titular del Partido UNIR lo que hizo Máximo Kirchner “es un misil disparado a su propio gobierno”.

Finalmente Asseff evaluó que a futuro el problema se agravará entre el kirchnerismo duro y los moderados del gobierno, dado que el renunciante presidente del bloque oficialista también es titular del PJ de la provincia de Buenos Aires, así que “arrastra con él un importante caudal político en el bastión principal del gobierno, lo que significa que una gran fuerza contraria a las decisiones presidenciales”.

El diputado nacional Alberto Asseff, junto a la dirigencia de UNIR acompañará a Patricia Bullrich en Villa Gesell. 

Los dirigentes de UNIR de la 5° Sección se reunirán con la presidenta del Pro para ratificar que “apoyan sus esfuerzos para definir que JxC es la coalición que ejecutará las transformaciones que el país exige”. 

Emilio Sucar Grau, titular del Partido UNIR de Mar del Plata será anfitrión de Bullrich junto a la dirigencia de UNIR de la ciudad y de Necochea y Miramar y otros distritos cercanos. 

El encuentro será en el marco del recorrido que la presidenta del Pro inicio esta semana por la costa y que incluye charlas con dirigentes políticos y sociales y caminatas para tomar contacto directo con la gente. 

Entre los temas a tratar lo que UNIR puede aportarle a JxC “para profundizar en el cambio y agrandar la alianza opositora con vistas a las presidenciales del año 2023”. También se hablará del programa de JxC que debe actualizarse y completarse para “darle certidumbre a la ciudadanía y seguridades de que el cambio es inexorable”.

El diputado nacional Alberto Asseff (Pro – Buenos Aires) se refirió a la compra de aviones para la Armada que sustituyan a los Super Etendart eludiendo el embargo británico sobre la Argentina, el cual se ha impuesto desde el final de la Guerra de Malvinas, en 1982 y “persiste porque Gran Bretaña no se caracteriza por el olvido ni descuida sus intereses incluyendo el que deviene de su anacrónico pero persistente colonialismo en el Atlántico Sur”.

Al respecto, Asseff explicó que la intención de comprar 12 cazas JF-17 Thunder Block III a China “espero que no se trate de una cuestión de ideología, sino de puro realismo político” y recordó la necesidad de reequipar a nuestras FFAA, así como que “en el año 2015 nuestro país ya intentó adquirir aviones de combate a Suecia y a Corea del Sur, pero ambos vendedores se echaron atrás debido a la presión de Inglaterra”.

El titular del Partido UNIR agregó que “el reequipamiento de material de defensa no implica ninguna hipótesis de conflicto y que por el contrario tiene interés nacional dado que es para custodiar los recursos naturales que son la base para el crecimiento económico de nuestro país”.

“Tanto por aire, como por tierra y por mar, la Argentina necesita tener capacidad de proteger sus fronteras porque es uno de los modos ineludibles para asegurar el presente y el futuro del país”, concluyó el legislador del Pro.

Suele pasar que diversos hechos resonantes terminan repercutiendo en el Congreso de la Nación transformándose en proyectos que buscan modificar leyes para evitar en el futuro situaciones como las que dispararon esas reacciones. Es el caso de los accidentes de tránsito, donde a través de organizaciones de familiares de víctimas se ha buscado hacer leyes más severas, aunque eso aún no redunde en soluciones concretas.

Este verano por ejemplo hubo un caso resonante que generó una repulsa general y puede haber motivado esta iniciativa, más allá de que en su texto no hayan referencias concretas al episodio en sí. Es el caso del automovilista que un domingo por la mañana arrolló a varios ciclistas en la zona de los bosques de Palermo, provocando la muerte de una de esas personas.

“La sociedad observa asombrada e impotente cómo constantemente los medios periodísticos informan de alguna noticia trágica que rápidamente va a ser olvidada: la muerte de algún o algunos peatones inocentes o de un conductor desprevenido que se ven sorprendidos y resultan ser víctimas fatales de los irresponsables”, señala el texto del proyecto impulsado por Alberto Asseff, que fue acompañado por sus pares Gerardo Cipolini, Virginia Cornejo, Karina Bachey, Matías Taccetta, Marilú Quiroz, Gustavo Hein, Jorge Vara y Héctor Stefani.

El proyecto es sintético y concreto: crea el tipo penal de homicidio vial, incorporando al Código Penal un inciso que establece la aplicación de “reclusión o prisión de 8 a 25 años e inhabilitación perpetua” a quien causare la muerte conduciendo un vehículo con motor en forma imprudente, negligente o antirreglamentaria, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público, o un gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho.

También para el caso de que el conductor estuviese inhabilitado para hacerlo, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular, o cuando fueren una o más las víctimas fatales, si el conductor se diera a la fuga o no intentase socorrer a la víctima.

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio presentó un pedido de informes sobre la flota de submarinos y si hay negociaciones para comprar un nuevo submarino para reemplazar al ARA San Juan. 

“Me preocupa el estado en que se encuentra el material de la Armada Argentina, por lo que solicito al Gobierno que informe sobre las previsiones adoptadas para dotar de un sistema de armas submarina, que permita complementar con las unidades de superficie, la vigilancia del espacio marítimo y la Zona Económica Exclusiva de nuestro País”, explicó Asseff. 

“Se necesita saber el estado de servicio en que se encuentra los submarinos ARA Santa Cruz (S-41) y ARA Salta (S-31), si es posible la puesta en servicio de estos buques y las previsiones adoptadas para el presente año que permitan concretar tal objetivo. Así como saber si el Ministerio de Defensa tiene planeado adquirir un submarino que reemplace al ARA San Juan”. 

“Argentina debe custodiar el patrimonio ictícola y la soberanía nacional por lo que es de vital importancia que cuente con los elementos militares indispensables para dicho fin”, concluyó el presidente del partido UNIR. 

Acompañan el proyecto los diputados Alfredo Schiavoni; Alejandro Finocchiaro; Maru Sotolano; Pablo Torello; Laura Rodríguez Machado; Gerardo Milman; Héctor Stefani y Gerardo Cipollini. 

A pocas semanas del ciclo escolar, el diputado nacional Alberto Asseff (Pro – Buenos Aires) presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, informe sobre las políticas implementadas, las sugeridas a las provincias y las que llevaran a cabo, respecto a la deserción escolar durante los años de pandemia, la eliminación de obligaciones, reducción de méritos educativos, y demás condiciones de los ciclos lectivos.

Además, la iniciativa plantea que se responda sobre: ¿Qué se planeará con las provincias para reducir la deserción y alentar la presencia en clases?; ¿Por qué se alienta a las autoridades educativas de las provincias a reducir las obligaciones escolares, quitar méritos y unificar los años escolares 2020 y 2021? Y ¿Qué presupuesto se destinará para la implementación de políticas educativas para atraer a los millones de chicos que han abandonado la escuela durante la pandemia?”.

“¿Qué porcentaje de deserción escolar posee cada provincia desde que comenzó la pandemia?, ¿Qué se ordenará desde la Nación para implementar los avances tecnológicos en todo el país? y si ¿Está previsto la implementación de exámenes para evaluar el nivel educativo previo al comienzo del ciclo 2022?”, agrega el proyecto.

El texto fundamenta que “el tema educativo es fundamental para el desarrollo del país”, pero destaca que “en estos dos últimos años, dado la pandemia y las erróneas políticas implementadas, requiere más atención y análisis”.

“Ante los numerosos casos que se conocen sobre deserción escolar, material educativo con tintes de adoctrinamiento, la eliminación de obligaciones para con los alumnos, la reducción de requisitos para aprobar y/o obtener méritos, llevan a pensar en un sistema educativo destruido, débil que requiere necesariamente una reforma relevante”, señala en la iniciativa.

También, describe a la educación y el conocimiento como “bienes públicos” que “constituyen derechos personales y sociales” que debe garantizar el Estado. “La educación es una formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento”, concluye.

Acompañan con su firma los diputados Gerardo Milman, Matías Tacetta, Ingrid Jetter, Virginia Cornejo, Gustavo Hein, Ana Clara Romero, Laura Rodríguez Machado, Pablo Torello, Maru Sotolano, Alfredo Schiavoni, Marilu Quiroz, Sabrina Ajmechet, Mercedes Joury, Héctor Stefani, Marìa Luján Rey y Gerardo Cipollini.

PEDIDO-DE-INFORMES.-POLITICAS-EDUCATIVAS-REDUCCION-DE-OBLIGACIONES

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff salió al cruce de las declaraciones del gobernador de Jujuy Gerardo Morales quien había expresado que “en JxC algunos quieren que explote todo”. 

A través de su cuenta de Twitter, Asseff sostuvo que la posición del jujeño es “disruptiva al interior de la coalición”, y que “sólo sirve de ayuda para que el kirchnerismo logre su intención de fisurar a la oposición”. 

El titular del Partido UNIR señaló que la única forma de ganarle al kirchnerismo y “empezar a dejar en el triste pasado al nefasto populismo es mantenerse unidos planteándole al país un programa de gobierno transformador, del tipo cambio de ciclo histórico”. 

La política, como la vida, es circular. Luego de un largo ciclo populista que tanto daño nos ha hecho bajo la noción de que se debe administrar pobreza, antes que crear riqueza, están volviendo a la Argentina las premisas que hicieron grande al país a fines del siglo 19. Tímidamente asoma en la sociedad la conciencia de que el trabajo, la industria y la innovación, antes que color político son la verdadera identidad que nos forma como república y nos acerca a atisbar la Argentina moderna y próspera.

Hoy existe una enorme clase media -que me niego a pensar que habrá de desaparecer como predicen agoreros interesados-, muchos de ellos hijos de las políticas de base industrialista y  productiva, que vuelve sus ojos a las nociones liberales de las que fue pionero y divulgador Juan Bautista Alberdi, quien en sus inmortales “Bases” nos legó ideas para convertir a nuestra colonia recién emancipada de España en un país fuerte, industrioso y productivo. País moderno por entonces. País apetente de modernidad y de progreso, con una de las movilidades sociales más admirables del planeta.

Justamente señala Alberdi que la metrópoli nos ha legado una rémora de la cual aún hoy, más de 200 años después de nuestro acto de independencia político, no hemos sabido deshacernos: la voracidad fiscalista del estado. En su libro, señala que “las colonias españolas fueron formadas para el fisco y no el fisco para las colonias” Hoy día Argentina no ha logrado salir de tan lamentable concepto que sólo sirve para expoliar a quien trabaja y produce. Es intolerable que una porción de argentinos productivos sostenga a otra parte -para colmo mayoritaria en cantidad- parasitaria.

Señala Alberdi que la verdadera independencia de nuestro país no es por las armas, sino por el engrandecimiento material que sólo puede ser logrado con industria y comercio. Que aquello que produce riqueza debe ser utilizado para afianzar nuestro lugar en el mundo y ser utilizado para lograr la real independencia que las solas armas o la diplomacia no pueden mantener. Obviamente por nuestra parte agregamos que cuanto mejor diplomacia y sólida defensa tengamos, más éxito lograremos.

Compárese estas palabras que fueron escritas en fecha tan temprana como 1852, a modo de guía para lograr un país fuerte e industrial con la realidad actual de nuestra Argentina pobre, quebrada y rehén del crédito de economías potentes como China o Rusia que por monedas pueden comprar la débil voluntad de un presidente sin visión política ni plan. ¿Qué diría Alberdi, un amante de la libertad, y que conocía su coste, de que su patria hoy no tenga moneda y que su economía sea tan frágil que no puede ni siquiera defender sus fronteras?   

Qué premonitorio resultó al resaltar que la política sola no asegura la independencia y que una economía fuerte es la base para un país que aspira a ser libre. Lamentablemente el largo ciclo populista que ha gobernado Argentina en nombre de una falsa redistribución de la riqueza -sin generarla- desconfía de la economía y la desprecia. Como si la política y la economía fueran cosas separadas e incluso antagónicas.

Esa desconfianza casi instintiva por parte del populismo por la industria, la producción y la tecnología es la semilla de su fracaso, que lamentablemente es de todo un país. Por ello es necesario dar una nueva vuelta y retornar a las enseñanzas de Juan Bautista Alberdi.

*Diputado nacional (Unir-Juntos por el Cambio)

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff hizo un balance sobre los sucesos ocurridos en la Patagonia durante este año y cerró con una reflexión sobre el incendio al diario El Chubut, durante las protestas callejeras contra la actividad minera. 

Al respecto de lo que viene ocurriendo desde el inicio del conflicto con la RAM Asseff dijo que “el Gobierno es cómplice de una situación de desestabilización social y falta de normalidad en la vida cotidiana en la Patagonia norte, donde se ha puesto en cuestión -literalmente- el derecho de propiedad”. En diálogo con el periodista Marcelo Orlando, por ECO Medios AM 1220, lamentó que “habitantes que viven allí desde hace 120 o 150 años ahora sufren una situación irregular y no son defendidos por el gobierno nacional”. 

El titular del partido UNIR continuó diciendo que dicha situación ocurre porque “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas está dirigido por (la exsenadora nacional) Magdalena Odarda, que hace unos cuatro o cinco años atrás dijo literalmente que ‘teniendo tanto territorio nuestro país, ¿que costaba darles soberanía a los mapuches?’. Esto significaría crear un estado soberano dentro de la soberanía de nuestro país; una locura que no ocurre en ningún lugar del planeta. Odarda alienta un proceso ostensiblemente separatista de un grupo minoritario que nada tiene que ver con la población originaria que convive pacíficamente con el resto de la población. Por eso la denuncié frente a la Justicia Federal, por instigar al delito. Denuncia que está en curso”. 

Y concluyó advirtiendo que “han sufrido usurpaciones los parques nacionales, además de otros terrenos que son del interés común para todos los argentinos. Las usurpaciones no son sólo sobre la propiedad privada, sino sobre bienes de todos los argentinos. Por eso es que es algo que debe preocuparnos a todos. No sólo a un grupo de propietarios”. 

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff, se refirió al intento del oficialismo de aprobar el presupuesto 2021, y se preguntó: “¿Podíamos aprobar un presupuesto dibujado?”. 

A través de la Mesa Ejecutiva de UNIR, el diputado Alberto Asseff explicó que “nuestra responsabilidad no da licencia para despropósitos ni agresiones”; y en cambio “nuestra vocación institucionalista –que une a todo JxC- nos aconsejaba no obstruir la gestión del gobierno. El oficialismo ya tiene bastantes obstáculos con su pésima gestión y sus profundas diferencias internas entre los neosetentistas –esos que añoran la ‘patria socialista’- y los supuestamente moderados, aquellos que aún están buscando su perfil. Esos que no tienen plan. Por eso aceptamos que la sesión del 16 y 17 de diciembre de la Cámara de Diputados pasase a un cuarto intermedio para que el proyecto de presupuesto vuelva a ser examinado en la respectiva Comisión, con la presencia del ministro Guzmán”. 

Asseff continuó diciendo que “una vez reformulado, desdibujado –es decir, con cifras realistas de inflación, del valor del dólar, sin incrementos de impuestos y sin prórroga de facultades discrecionales para el Poder Ejecutivo y sin enormes partidas sin otra financiación que la funesta emisión de papel moneda cada vez más ‘pintado’-, ese presupuesto fuere aprobado, seguramente sin nuestros votos o a lo sumo con nuestra abstención”. 

“Empero, a media mañana, con 19 horas de sesión a cuestas, el diputado Máximo Kirchner decidió dinamitar los puentes haciendo trizas el acuerdo institucionalista de darle la oportunidad al gobierno de tener un presupuesto legalmente sancionado y así facilitar el Acuerdo con el Fondo Monetario, algo ineludible. Sus agresivas palabras parecían dardos cargados de resentimiento”. Aseveró el titular del Partido UNIR, para luego preguntarse “¿Por qué Kirchner eligió la vía de la confrontación directa? ¡Vaya a saberse! Lo cierto es que en nuestra coalición había diferencias de método y de criterio, pero Máximo tuvo la paradojal virtud de unificarnos instantáneamente. De ahí el voto mayoritario en contra del presupuesto”. 

“Debe quedar claro: nunca se nos pasó por la cabeza debilitar más a un gobierno frágil y sin rumbo. Nosotros en JxC estamos en las antípodas de ese venenoso ‘cuanto peor, mejor’. Existe un motivo objetivo: nosotros estamos próximos a gobernar a la Argentina y por eso mismo no la queremos incinerada ni más complicada de lo que está. Además, la ciudadanía nos exige que empecemos a dar soluciones ahora, sin esperar estos agónicos y penosos dos años hasta 2023. La responsabilidad ya está en nuestras manos. Sin cogobernar, somos parte de las primeras soluciones y no del agravamiento de los problemas. La gente no perdonaría nuestra liviandad de mirar para otro lado. No tenemos ni licencia ni indulgencia para esquivar a este bulto”, afirmó el legislador 

Por último, desde la Mesa Ejecutivo de UNIR evaluaron que “el kirchnerismo asociado a la impericia enorme del nonato albertismo son los que condujeron a esta situación que ahonda la labilidad de este lamentable gobierno. Mientras que JxC seguirá en su línea. Cada vez más responsable, más serio, más preparado y más unido y ampliado”. 

En la sesión de la Cámara de Diputados de este jueves, cuya presidencia está a cargo del oficialista Sergio Massa, la diputada Mara Brawer (FdT – CABA) realizó un pedido de apartamiento para presentar un proyecto de resolución con el objetivo de repudiar las agresiones que sufrieron los periodistas Alejandro Bercovich y Tomás Eliaschev del programa “Pasaron cosas” por parte de grupos antivacunas este miércoles. En suma, aceptó el pedido de modificación sugerido por el diputado Alberto Asseff (Pro – Buenos Aires).

La legisladora expresó: “La respuesta de esta Cámara nos parece que tiene que ser inmediata del repudio ante manifestaciones, negacionistas, antisemitas, violentas, antivacunas que tanto daño le hacen a la sociedad y le han hecho a lo largo de la historia a la humanidad”.

“Estos discursos dañan mucho el tejido social. Los discursos antivacunas agravian a los miles de medios que trabajan día a día para evitar la muerte, tantos científicos que trabajaron en todo el mundo para desarrollar vacunas, para cada ciudadano que estuvieron en sus casas, que perdieron sus trabajos, familiares, que tanto han sufrido en la pandemia y sabemos que las vacunas son la solución”, precisó.

Y continuó: “El tema del antisemitismo esta cuestión de acusarlos y decirles ‘te vamos a colgar por judío, ya te saltó el judío’, estas prácticas nefastas, antisemitas, violentas que han generado muertes. Por eso creo que lo tenemos que repudiar hoy, porque nosotros como representantes del pueblo no solamente tenemos que repudiar, sino que tenemos que comprometer en la lucha contra la violencia y la discriminación. Este compromiso se declama en las actividades y nuestros dichos”.

En ese sentido, recordó que la semana pasada cuando se abrieron las sesiones en la Legislatura, Ofelia Fernández habló de la “agresión de un diputado de Libertad Avanza por su condición de ser mujer” y, sin mencionarlo, se refirió a José Luis Espert: “Hay que repudiar los dichos que generan violencia y discriminación porque cuando un ciudadano que deviene en diputado dice que a las personas que comenten delitos hay que convertirlos en queso gruyere, lo que está convocando es al asesinato y el homicidio y que no haya justicia. Esto impulsa conductas y lo vimos en los casos de Lucas González y Luciano Oliveira”.

“Cuando un diputado acusa a un funcionario público de zurdo de mierda, judío de mierda hay que matarlos a todos, nos tenemos que comprometer en repudiar a la violencia y a no ser parte de ella”, concluyó Brawer.

En tanto, la legisladora Silvia Lospennato (Pro- Buenos Aires) adelantó el voto afirmativo en nombre del bloque de Juntos por el Cambio y argumentó: “Nos sumamos al repudio y toda forma de expresión de violencia, agravios antisemitas que tanto escuchamos en el último tiempo. Especialmente por tratarse de periodistas porque, además del agravio y la violencia y de la discriminación que afectan a cualquier persona, afectan también la libertad de expresión que es uno de los derechos mas importantes de la Constitución Nacional”.

“Logremos siempre hacer repudios en conjunto y tratar estos temas”, sostuvo y recordó que “en los últimos años se han acumulado proyectos que violentaban la libertad de expresión y agredían a periodistas en distintas comisiones y no tuvieron los giros correspondientes. Esto debe corregirse porque compartimos el repudio, porque decimos no a la discriminación y decimos no a la violencia, es una regla básica de la democracia. No importa la ideología de la persona agraviada, que siempre tengamos esta actitud de valorizar la Constitución Nacional”.

También acompañó el texto de pronunciamiento la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), pero cuestionó que “bajo el pretexto de una cuestión de privilegios unos y otros se imputan cuestiones que no tienen nada que ver, primero con lo que es una cuestión de privilegio está vinculada a una ofensa grave a nuestros fueros. Entonces si alguien me destrató no puedo estar presentando una cuestión de privilegio, es algo mucho más importante”.

“Deberíamos empezar a trabajar por las cuestiones importantes que suceden en nuestro país”, señaló Camaño y siguió: “Gastamos mucho tiempo de manera endogámica reprochándonos cosas que deberíamos dejar para otro tipo, y deberíamos tratar de que todos los periodistas aun cuando cometieron algún error en su participación como periodistas tengan la protección del Estado. Vamos a apoyar cada vez que un periodista es agredido por lo que dice o lo que siente o piensa”.

A su vez, cuestionó que “la horizontalidad de la comisión nos hace meter el dedo demasiado rápido en los tuits para ver de qué manera chicaneamos”, y cerró: “Si tuviéramos la capacidad de olvidar las chicanas y la capacidad de hacer política de la buena, los ciudadanos tendrían un comportamiento diferente”.

Por último, Asseff se adhirió a la resolución y propuso una modificación: “Esta Cámara asimismo repudia todos y cada uno de los hechos análogos acaecidos en el presente año”, y argumentó: “No es el único hecho y hay parecidos sufridos por distintos periodistas y es importante que el repudio sea completo, absoluto, abarcativo y total”.

El proyecto de resolución establecía: “Expresar el más enérgico repudio y una profunda preocupación por los agravios y las manifestaciones antisemitas que sufrieron los periodistas Alejandro Bercovich y Tomás Eliaschev al salir del estudio de la emisora Radio con Vos por un grupo de manifestantes antivacunas y negacioncitas el día 15 de diciembre del presente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR, se refirió a la falta de avances en el endurecimiento de la legislación penal que regula los delitos relacionados al vandalismo y la inseguridad contra la propiedad privada rural.

Al respecto, el diputado Asseff explicó que “en materia de inseguridad rural no existe grieta y todos estamos de acuerdo en que el daño a cosechas, silobolsas y tolvas es la ‘destrucción del trabajo argentino’ y se debe dar al Poder Judicial herramientas para castigar a los criminales y proteger al productor”. El titular del Partido UNIR agregó que “la defensa del campo argentino es una tarea de todos y así lo entiende, incluso el gobierno pues existen múltiples proyectos de ley que piden la modificación del Código Penal para proteger a los productores agropecuarios”.

Asseff explicó que “sin embargo, a pesar de que existe coincidencia en la preocupación por este tema, ninguno de los múltiples proyectos de ley se mueve y dejamos desprotegidos al productor rural que espera de nosotros soluciones y no solo buenas intenciones”.

“Sólo en este año ha habido casi 100 casos de rotura de silobolsas, lo que sumado a los casos que se vienen dando desde el 2018, cuando comenzó esta verdadera tragedia nos da una medida de lo necesario que es para nuestro país que demos una real solución a este atentado a los intereses económicos del país”, concluyó.

Recientemente se debatió en el seno de una reunión internacional organizada por la Asociación Argentina de Ética y Compliance (cumplimiento normativo) el motivo por el cual la Ley 27.401 de responsabilidad penal empresaria que ya tiene cuatro años de promulgada no tiene en su órbita ningún caso en trámite. 

La conclusión primaria fue que la desconfianza y la inseguridad jurídica – nunca se sabe si la Justicia aplicará la ley parejamente, ni tampoco si la normativa no muta abruptamente, al vaivén de los intereses políticos o sectoriales, no del general – determinan que el sistema previsto en el precepto legal en los hechos no rija. Como tantas leyes, es letra muerta. No se ven incentivos para denunciar sobornos. Peor aún, se palpan disuasivos para hacerlo. Ha acaecido tristemente que denunciar un cohecho implica una persecución de la AFIP, un ‘escrache’ mediático o literalmente un acoso judicial. “El poder judicial no da garantías”. Así de terminante se expresó uno de los participantes en el congreso auspiciado por la Asociación consignada. 

La ley, con sabiduría, no sólo se orienta a penalizar la corrupción, sino a prevenirla, alentando las buenas prácticas. Empero, como se expresa más arriba, la ley no funciona, para decirlo sin ambages ni circunloquios. 

Para ser justos, entre nosotros la cultura vigente es que el buchón es un personaje deleznable, realmente despreciable, lindero con la traición. En otros lares, el soplón es premiado porque ayuda a combatir el delito o a evitar que se consume. El contraste es oceánico, tanto que se impone que trabajemos como colectividad nacional en un movimiento contracultural que troque este desconcepto de condenar por buchón a quien tiene el valor y la entereza de poner al descubierto al transgresor de la norma. Contracultura para que se reponga en su sitial a la ley, destronando a la picardía o ‘viveza’ de violarla con el beneplácito – apenas embozado – del conjunto. 

En los Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores – la conocida SEC – le pagó recientemente 9,2 millones de dólares a un denunciante que puso al desnudo un sistema de fraude en una empresa ante el Departamento de Justicia. La SEC pretende algo fundamental para la salud económica: proteger a los accionistas (inversores). No es casual, pues que en el país norteño la inversión fluya y en el nuestro fugue o se trunque. 

El esquema norteamericano estimula al que ‘sopla’. El nuestro, lo estigmatiza. Allá es premiado, acá castigado porque rompió “el código” del silencio o de mirar para otro lado. 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo – BID- en la Argentina los sobornos y demás tipos de corrupción implican el 7% del PBI, es decir un monto superior a las reservas del Banco Central. La corrupción no es ni una avivada ni una ‘propina’. Es un saqueo que mata, empobrece y desalienta a los emprendedores y a todos los que querrían ver a la Argentina con un rumbo de prosperidad general – como lo programa la Constitución – y no en este derrotero pobrista que nos promete la igual de todos abajo. 

El ‘soplón’ es un ciudadano que practica el civismo, no un condenable ‘buchón’. El cambio también debe ser y ante todo cultural. 

El diputado nacional Alberto Asseff (Pro – Buenos Aires) expresó este lunes su preocupación luego de que una flota de más de 300 pesqueros chinos ingresaran desde el Océano Pacífico al Atlántico sur y se posicionaran en el borde de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

La flota en cuestión comprende también buques tanque y cargueros frigoríficos que brindan apoyo logístico para que las naves pesqueras operen de forma continuada sin necesidad de regresar al puerto.

Ante tal situación, Asseff solicitó información sobre el relevamiento que realiza la armada sobre la cantidad de unidades, sus principales características y las maniobras que realizan las fuerzas de vigilancia estatales para evitar que las embarcaciones orientales lleven a cabo actividades extractivas mientras circulan por aguas nacionales.

Asimismo, el legislador nacional se alegró por la llegada del recientemente incorporado OPV (Oceanic Patrol Vessel) “Storni”, el cual fue diseñado específicamente con el objetivo de controlar la pesca ilegal y el abordaje de naves pesqueras para su inspección. De esta manera, el diputado del Pro lo describió como “fundamental para la defensa de nuestro mar”, aunque resaltó que no puede ser la única de su tipo dado que la presencia de embarcaciones extranjeras es cada vez mayor y su control se torna más dificultoso.

En este sentido, Asseff aseguró que buena parte de este mal se debe a que Reino Unido posee la soberanía de las Islas Malvinas –que se encuentran dentro del Mar Argentino-. “Nuestro problema con la depredación de nuestros recursos marítimos proviene de la ocupación de nuestras Islas Malvinas, siendo que Inglaterra otorga permisos pesqueros en aguas que no le pertenecen y lo hace sin el derecho para tal concesión”, remarcó.

Por este motivo, el diputado sostiene que recuperar la soberanía del territorio insular acabaría con las prácticas de pesca ilegítima que se vienen registrando en aguas argentinas desde hace algún tiempo. Sin embargo, a sabiendas de que se trata de una empresa complicada, mientras tanto considera que es necesario controlar y multar a quienes pesquen ilegalmente en territorio marítimo nacional, así como también acordar en el G20 que se respete la jurisdicción económica en la plataforma argentina.

“El reclamo por la soberanía de nuestro territorio es parte integral de la lucha contra el flagelo de la pesca ilegal en nuestras aguas y la depredación de nuestros recursos marítimos. Hace a un todo que no puede ser ignorado y que requiere de una negociación de gobierno a gobierno”, condenó tajante.

El diputado nacional Alberto Asseff presentó un proyecto denominado de Detección de Latido Cardíaco Fetal, que fija como “requisito previo para realizar o inducir intencionalmente un aborto o interrupción de embarazo, la realización de un ultrasonido por personal capacitado e idóneo de conformidad con las prácticas médicas estándares, a los efectos de determinar la detección de latidos fetales”.

La iniciativa del presidente del partido Unir e integrante de Juntos por el Cambio lleva también las firmas de otros miembros de ese interbloque: Pablo Torello, Carolina Castest, Jorge Enríquez, Lidia Ascarate, Héctor Stefani, Soher El Sukaira, Francisco Sánchez, Virginia Cornejo y Julio Sahad.

El proyecto explica que “los médicos, personal de salud y/o sistemas de salud no podrán realizar o inducir intencionalmente un aborto o interrupción del embarazo, si se detecta un latido cardíaco del/de los feto/s o niño/s en gestación, entendido el mismo como actividad cardíaca o contracción rítmica constante y repetitiva del corazón fetal, dentro del saco gestacional”.

En qué casos se permite el aborto

En caso de no detectarse latidos cardíacos fetales,  deben repetir el estudio de ultrasonido a los efectos de confirmar el resultado negativo, con un intervalo mínimo de 72 horas entre el primer y el segundo ultrasonido. Luego, en caso de que se confirmara el diagnostico entonces se puede practicar el aborto.

Para ello debe llenarse un formulario que debe enviarse a la autoridad sanitaria, así como conservar una copia del formulario por el término de 10 años, dejar y asentado en la historia clínica de la mujer solicitante el nombre de los médicos, la institución y la persona que solicitó el aborto.

También se permite el aborto si “la continuidad del embarazo implica un grave riesgo de vida para la madre gestante”, aunque previamente “los médicos deberá someter el caso a una interconsulta o junta médica, la que deberá resolver en forma inmediata y unánime sobre la necesidad de llevar a cabo la práctica, a los efectos de preservar la vida de la madre gestante”.

“En todos los casos, el médico y el sistema de salud interviniente deberán suscribir un formulario que será remitido a la autoridad sanitaria en el que informarán por escrito la patología y el cuadro de salud de la madre que, en función del embarazo en curso, implica un grave riesgo para su vida, el que deberá incluir: Los fundamentos médicos por los que cree necesario un aborto para salvar su vida y la condición médica de la mujer embarazada que impidió el cumplimiento de esta ley”, finaliza Asseff.

Además de los pedidos de juicio político presentados por Jorge Enríquez y Ricardo López Murphy, el diputado de Juntos por el Cambio Alberto Asseff denunció por “mal desempeño, falta de imparcialidad y arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones” a los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg del Tribunal Oral Federal N°5, por otorgarle el sobreseimiento a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Hotesur-Los Sauces.

El legislador opositor enfatizó que ese fallo “es extraordinario e ilegal, debido a que se han aportado oportunamente numerosas pruebas que demuestran que se utilizaron empresas comerciales privadas, de las cuales eran titulares, para lavar activos y dinero de origen ilegal proveniente de fondos públicos, relacionados con la obra pública y aparentando ser ganancias de los hoteles de la familia Kirchner”.

El titular del partido UNIR explicó en su escrito que “las audiencias orales y públicas eran la única forma -y la más temida por Cristina Fernández de Kirchner y familia- para discutir los hechos, imputaciones y defensas, y ante a un Poder Judicial imparcial, que garantice el debido proceso penal, pero nunca decidir sobreseimientos en etapa de plenario oral, sobre el fondo de la cuestión sin llevar adelante el debate; por lo que esta sentencia arbitraria e inconstitucional responde ilícitamente al plan de encubrimiento para lograr la impunidad de los imputados”.

“La resolución revela la concurrencia de vicios que afectan a su validez. Resulta infundada la resolución del Tribunal, que, sin expresar argumentos suficientes al efecto, no siguió el trámite ordenado por el Código Procesal Penal, formalizando un ejercicio abusivo y discrecional de su magistratura”, señaló Asseff.

Además, el diputado sostuvo que “un Poder Judicial débil, ineficaz, e incapaz de satisfacer los necesarios controles sociales y, por el otro lado, el de los ciudadanos honestos que observan pasivamente con sentimientos de indefensión e injusticia, el libre accionar de los jueces redunda en el descrédito del Poder Judicial, dañan la división de poderes, los valores republicanos y carcomen la democracia desde sus cimientos”.

Dentro de un marco en el que el Gobierno dejó entrever que está dispuesto a trabajar en la reforma de la ley de alquileres y que abriera la posibilidad de suspenderla por 180 días, Alberto Asseff (UNIR – Buenos Aires) reafirmó su postura contraria y criticó la medida que por estas horas estudia el oficialismo: “Suspenderla es perder el tiempo, cuando ya está probado que ha sido una mala ley que perjudica tanto a inquilinos como a propietarios”, opinó.

El diputado que integra el bloque de Juntos por el Cambio recordó haber sido el primero, en su momento, en proponer la derogación total de la norma en cuestión, una idea de la que sigue convencido dado que argumenta que no ha cumplido con los objetivos que perseguía en el terreno de la práctica y que el hecho de suspenderla por un tiempo no cambiará la tesitura de las cosas. “¿Para qué perder el tiempo con una medida parcial como la suspensión? ¿Qué se gana con suspenderla?”, cuestionó el legislador.

Por último, Asseff también se mostró contrario a la posibilidad de modificar algunos aspectos de la ley: “Tampoco sirve la eliminación de algunos artículos, como proponen algunos de mis colegas Diputados, porque en esencia la ley intenta regular el mercado inmobiliario y por más buena voluntad que ponga la política queriendo suavizar la regulación sigue siendo una restricción al libre juego de oferta y demanda de un bien tan sensible como lo es la vivienda”.

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y titular del Partido UNIR denunció a Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, por apología del crimen e instigación a cometer delitos, así como le atribuye incumplimiento de los deberes como funcionaria pública.

Asseff justificó su denuncia ante los graves hechos de violencia que vienen ocurriendo en el sur de nuestro país a cargo del grupo autodenominado RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). La funcionaria del INAI fue acusada por la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, de “alentar la violencia y no avanzar en políticas estatales para solucionar el conflicto”.

Asseff explicó que “la funcionaria inició una planificada y sistemática campaña por los medios periodísticos realizando apología del crimen al justificar y alentar incendios, tomas y ocupación ilegal de inmuebles, públicos y/o privados, por medio de la violencia, delitos que afecta derechos difusos o de incidencia colectiva al usar su cuenta de Twitter para acusar a la policía de una supuesta represión en un hecho que aún no se ha esclarecido”.

“Escuchar a funcionarios públicos responsabilizar al Estado no hace más que irritar a un sector de la sociedad golpeado por este lamentable suceso, generando más reacciones violentas”, dijo Asseff y agregó que “es increíble la falta de responsabilidad de estas personas, que sólo alimentan la violencia con discursos empaquetados con los que únicamente tratan de ocultar la ineficiencia en los cargos que ocupan”.

Por último el diputado de JxC hizo un racconto de los hechos y lamentó que “las palabras de Odarda solo sirvieron para enardecer a El Bolson”.

“Ganamos perdiendo” justificaron –autoindulgentes– los derrotados en las elecciones legislativas del pasado 14 de noviembre. Ingeniosos para el ‘relato’, ineptos para la gestión. 

Acudir a subterfugios o a alquimias retóricas para mitigar una situación incómoda o literalmente negativa no es reprochable. Todos solemos hacerlo, sea para relativizar un resultado o para replantear un asunto a priori gravoso. Ser argumentativo no es impugnable en sí mismo. Empero, median algunos elementos que ameritan, en el caso puntual de los comicios últimos, algunos comentarios. 

Los vencidos por ocho puntos no han reconocido y menos felicitado a los triunfadores, pero paradojalmente los han llamado a dialogar. Se avizora que una conversación que empieza mal habrá de terminar –si es que comienza– igual o peor. Lamentable para la transición y sin dudas pernicioso para nuestro país porque pocas veces se dan las condiciones para acordar sobre siete u ocho ejes estratégicos –política exterior, justicia, educación, libertad económica y desarrollo, descentralización y reforma del Estado (decisivos para reducir el déficit, la emisión, los impuestos y la inflación), seguridad, grandes obras de infraestructura y transformación gradual de la asistencia social en trabajo. Un gobierno débil y una alternativa con aptitud de gobernabilidad, dotada de conducta republicana, que no salió con “el helicóptero” ni con los tapones de punta, sino con suma responsabilidad a celebrar con inédita austeridad –diríamos frugalidad– su victoria. 

Más grave aún que no saludar a los vencedores fue salir a festejar un logro inexistente. Esa desopilante actitud dio un pésimo mensaje a la ciudadanía: el gobierno vive disociado de la realidad, en otra dimensión. En ese contexto, difícilmente trace un camino coherente y, menos, asociado con las acuciantes necesidades de la población. Se sabe que los reclamos no podrán satisfacerse de la noche a la mañana, pero la ciudadanía lo que exige es una certidumbre de que existe un rumbo y que la hoja de ruta tiene identificados con precisión los objetivos. 

Quizás a los que fracasaron el 14 de noviembre los aliente que con un descomunal y vergonzoso “plan platita” compraron voluntades hasta achicar la diferencia en la provincia de Buenos Aires, del 4 en las PASO al 1,3% en las generales. Empero, quienes gobiernan –otra vez disociados de la realidad– ignoran dos o tres factores: la Argentina que paga impuestos, que trabaja, que emprende, que produce, que estudia, que investiga, que innova, que exporta, que quiere la ley y la respeta, que se ensueña con la vigencia palpable de un sistema institucional y republicano, esa Argentina vota abrumadoramente a favor de las reformas y en contra del populismo, la corrupción y las ideas –si es que puede llamárselas como tales– enmohecidas, arcaicas. 

La Argentina con iniciativa, con libertad, con aptitud para emprender, la que aún no está sometida al Estado, sufraga a favor de las transformaciones y, en contraste, la Argentina empobrecida, la subyugada por las penurias, esa vota por el populismo. La que todavía puede educarse y piensa vota futuro. La hundida en la ignorancia por una ‘educación pública’ deteriorada, aunque hipócritamente narrada y exaltada por sus voceros, los mismos que la desplomaron, continúa anclada en promesas de justicia y soberanía frustradas. 

Pareciera que el claroscuro de que el oficialismo arrasó electoralmente en las cárceles, pero fue devastado con el voto de los argentinos en el exterior, patentiza esta entristecedora realidad de un país con cien fundamentos propicios se halle a la deriva y en la maléfica ruta del empobrecimiento general. 

Se ganó una gran batalla cívica el 14 de noviembre, pero el triunfo aún no llegó. Vencer será visible cuando el país se encamine hacia ineludibles cambios. Un requisito indispensable es no anticipar disputas internas y básicamente preservar la unidad y a partir de ella, ampliar la coalición. Tanto un objetivo –la unidad– como el otro –el despliegue– se conseguirán si las claves del cambio son comprensible y confiablemente expuestas a la ciudadanía. El voto en 2023 deberá otorgar un doble mandato: el de representación política y el de ejecutar un programa de cambios que impliquen una bisagra histórica. El país entero deberá vislumbrar que el penoso ciclo decadente terminó y paralelamente –siempre lo que termina da lugar a lo que nace– alumbra una etapa de resurgimiento. 

Del “ganamos perdiendo” del oficialismo debemos pasar a “ganamos ganando” de la oposición, es decir una Argentina con derrotero, hacia la demorada modernidad. 

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio y presidente del Partido UNIR, se refirió a la llamada “Ley de Envases y Reciclado Inclusivo” que impulsan el diputado nacional Máximo Kirchner y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. Para el titular del Partido UNIR, aunque el Gobierno “tiene una buena intención con la medida, en la práctica está creando un impuesto, ya que no se verifica un vínculo entre el obligado pago del mismo y alguna clase de contraprestación”.

Asseff agregó que “la medida busca poner en la agenda política el cuidado del medio ambiente, pero sólo está planteado para generar una caja multimillonaria que será manejada por el Ministerio de Ambiente que hoy dirige Juan Cabandié. Asseff agregó que “lo mismo podría lograrse por el camino de incentivos económicos y reducción de impuestos para aquellos que inviertan en tecnologías menos contaminantes; camino que el mismo Gobierno aplica con otras medidas de interés social, como por ejemplo el denominado ‘cupo trans’. Sin embargo, en este caso, el Ejecutivo prefiere hacer caja con el sector productivo y poner a sus amigos a manejar esa caja, de forma discrecional”.

“Nosotros estamos a favor de la economía circular”, aclaró el legislador, afirmando que él mismo ha presentado un proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección del ambiente para la prohibición de los plásticos de un solo uso y fomento de la economía circular, “que por supuesto duerme el sueño de los justos, dado que no incluye un negocio para los amigos del poder y no sirve para hacer caja para la política”.

Al respecto Asseff explicó que el proyecto de plásticos de un solo uso fue vuelto a presentarse en marzo de este año.

La Comisión de Relaciones Exteriores que preside el diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos – CABA) celebró este jueves una reunión presencial para tratar una docena de proyectos consensuados, entre ellos varios convenios tales como el que otorga jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, o dar luz verde a cónsules.

Pero estaba cantado que en el marco de la reunión se producirían reclamos puntuales de parte de la oposición para reclamar la presencia del canciller Santiago Cafiero, como así también habría un debate en torno a la política exterior argentina. Y finalmente eso ocurrió, cuando tomó la palabra el vicepresidente de la comisión, el radical Facundo Suárez Lastra cuando quedaba un puñado de proyectos para ser expuestos y se abrió un acalorado y extenso debate.

El pedido formal lo había hecho al principio de la reunión, que se extendió más de dos horas, la diputada radical Dolores Martínez, quien expresó que ameritaba la presencia del nuevo canciller para dar explicaciones en torno a la situación de los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, o la adquisición de material bélico en China y la situación en Armenia. Por eso pidió la inclusión de los proyectos existentes en torno a esos temas en el temario de la próxima reunión, como así también contemplar la posibilidad de que Cafiero concurriera antes de terminar el año, habida cuenta de la extensión de las sesiones ordinarias hasta fin de año.

El desarrollo del encuentro continuó con normalidad hasta que al exponer sobre un proyecto de ley para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos durante la 45ª Asamblea General de la OEA, el diputado oficialista Nicolás Rodríguez Saá (Buenos Aires) encendió los ánimos cuando luego de exponer sobre esa iniciativa recordó que cuando en 2016 desde la entonces oposición –hoy oficialismo- se pidió convocar a la entonces canciller Susana Malcorra para exponer sobre el tema Malvinas, ella “mandó al vicecanciller”. Y ahí la emprendió contra la exfuncionaria al citarla como “una canciller a la que tuvimos que pagarle todos los argentinos el lobby para que fuera secretaria general de la ONU y hoy desconozco qué rumbo tiene”.

Le contestó desde JxC el diputado Alberto Asseff (Buenos Aires), diciendo que no tenía sentido “extrapolar situaciones de hace 4, 5 años, y los rangos de quiénes vinieron y dejaron de venir a informar. Lo cierto es que hoy hay que informar y tiene que venir el canciller”. Su par Karina Banfi (UCR-Buenos Aires) lo siguió señalando que “si vamos a hacer y actuar en función de lo que hacen otros, estamos faltando a las responsabilidades incluso penales que tienen los funcionarios públicos. El canciller tiene que venir aquí porque lo vamos a convocar, ahora, en un mes, o el año que viene. Usted con esta retórica anacrónica está poniendo en jaque a un funcionario suyo”.

Rodríguez Saá aclaró que él había dicho que estaba de acuerdo en que el canciller debía concurrir al Congreso, a lo que Banfi repuso: “No lo había entendido porque se fue en la retórica banal”.

Fue un aperitivo del debate que estaba por venir.

La posición argentina en torno a tres países

El debate se calentó aún más cuando la diputada Silvia Lospennato (Pro – Buenos Aires) trajo a colación la discusión en torno a la movilidad jubilatoria y se trenzó duramente con su par oficialista Marcelo Casaretto (Entre Ríos), pero ya promediando la reunión fue que Suárez Lastra pidió plantear una discusión en torno a la posición del Gobierno argentino en torno a la situación de los derechos humanos en Nicaragua, Venezuela y Cuba.

“Nos tiene muy preocupados la posición que Argentina ha tomado como país”, planteó el vicepresidente de la comisión, para aclarar luego que “no venimos con ánimo acusatorio, sino reflexivo”.

En ese sentido reivindicó la necesidad de contar con la presencia del canciller para “poder discutir en persona estas cosas. Nosotros tenemos una mirada muy distinta, porque nos parece que hay una mala apreciación de la idea de ‘no intervención’ en asuntos extranjeros”, que se viene exteriorizando de parte de nuestro país en el marco de votaciones que se dan mayoritariamente de manera condenatoria, y en las que la posición argentina termina siendo contraria.

Suárez Lastra consideró “básicamente muy curiosos” los argumentos brindados por el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, respecto de la postura argentina sobre la situación en Nicaragua. “Desde una perspectiva progresista, tenemos que dar un debate -dijo-. No existe hoy la idea de progresismo si no está asociada a la idea de libertad y democracia”.

El legislador radical agregó que “nos parece que hace al prestigio de la Nación cómo se relaciona con los demás países en los ámbitos donde se debate esto y vemos con preocupación que bajo el argumento de la no injerencia se está desarrollando un principio de indiferencia”.

Recordó la “dictadura atroz” que sufrió la Argentina y el papel que tuvo entonces la OEA. “La Argentina no puede seguir aislada de las corrientes democráticas del mundo. Aspiramos a que el Congreso se exprese en el sentido de acompañar esa línea política”, expresó el legislador radical, que recordó luego la reunión entre el presidente argentino y su par francés en Roma, al cabo de la cual el comunicado argentino no hizo referencia a que se había hablado de la cuestión en Nicaragua. “¿Qué más señales necesitamos de que los países tienen preocupación por estas situaciones y nos preocupa que aparezcamos en una posición que nos hace aparecer como soporte de dictaduras de América Latina”.

Si bien celebró que en su última votación nuestro país “afortunadamente” expresó “una tímida corrección sobre Nicaragua”, recordó que la posición argentina había hasta ahora pasado por alto que en el proceso electoral de ese país “estaban en cana los candidatos presidenciales”, y según la postura argentina “parecía que era inoportuno opinar”.

El presidente de la comisión, Eduardo Valdés (Frente de Todos – CABA) tomó la palabra para responderle y en ese marco expresó su “orgullo sobre la política exterior argentina que se desarrolla a partir de la presidencia de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner”.

Valdés se remontó a la historia y consideró que su par tenía “una equivocación” al hacer el análisis histórico del papel de la OEA, recordando que en el 79 estuvo al frente de ese organismo el argentino Alejandro Orfila y que no había venido ese año a la Argentina una representación de ese organismo sino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Los miembros de este gobierno tenemos muchas diferencias con quien es el secretario general de la OEA”, remarcó en referencia al uruguayo Luis Almagro, y recordó de manera crítica el papel de ese organismo “cuando se persiguió a dirigentes de América Latina de la misma manera que en Nicaragua”, país del que, recordó, la Argentina retiró a su embajador.

Valdés aseguró que han discutido con Nicaragua lo que allí sucede, pero señaló que “en la OEA no compartimos para nada cuando se quiere discutir la cuestión electoral desde la visión de Almagro. Esa OEA de Almagro nada dijo el día que destituyeron a Dilma Rousseff en Brasil; el día que Argentina inmediatamente reconoció al presidente Michel Temer; la OEA no dijo nada, avaló la proscripción de quien era el candidato Lula, y cuando proscribieron y persiguieron judicialmente a Rafael Correa. Hay sistemas judiciales en los que Luis Almagro puede opinar y en los que no opina”.

A continuación, Eduardo Valdés la emprendió contra el Grupo de Lima, y trajo a colación la postura del mismo en torno a Evo Morales, de cuya suerte el entonces presidente electo Alberto Fernández se preocupó y ante la negativa de Mauricio Macri a darle asilo, recordó que le pidió auxilio al presidente mexicano, que envió un avión, pero “el Grupo de Lima no permitió que el avión pudiera abastecerse en los países que lo integraban”, y celebró entonces la acción del presidente paraguayo Mario Abdo de autorizar que su país recibiera el avión para marchar desde allí rumbo a Mëxico.

Reivindicó luego la salida de nuestro país del Grupo de Lima para irnos al Grupo de Contacto, que aseguró que “está teniendo éxito” en Venezuela, aunque aclaró que las negociaciones son difíciles “porque esto no se resuelve de un día para otro. Yo soy partidario de que se resuelvan las situaciones siempre por diálogo, nunca por intromisión en otros países”.

El papel de Bielsa

Luego Eduardo Valdés salió en defensa del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, por su intervención personal en el proceso judicial en Chile. Dijo que fue a pedido de la abogada defensora de Facundo Jones Huala, y en esos casos es decisión del embajador o el cónsul intervenir. “Me encanta que se involucren los embajadores más que los cónsules”, aclaró el legislador, que recordó luego cuando Diego Guelar –al que definió como un “brillante” embajador- intervino en Estados Unidos para defender al argentino Víctor Saldaño, condenado a muerte por asesinato, para que lo sacaran del corredor de la muerte.

Valdés planteó si la diferencia estaba en que uno fuera blanco y el otro mapuche, pero consideró “ejemplar” la actitud asumida por Bielsa.

Y concluyó afirmando que “en pocas situaciones tengo tanto acuerdo como en la política exterior de este gobierno”.

Karina Banfi habló a continuación. Lamentó que la única vez que la Argentina hubiera tenido un presidente en la OEA haya sido “un milico”, aunque luego le aclararon que Alejandro Orfila era diplomático de carrera, a lo que ella entonces corrigió llamándolo como “alguien muy amigo de los militares”.

La diputada diferenció la actitud que le corresponde al titular de la OEA con el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y aun de la CIDH, reivindicando la independencia de cada organismo. “Cuando tienen objeciones sobre Almagro, lo hacen en nombre propio, pero no son las mismas manifestaciones que lleva adelante el Consejo Permanente de la OEA, del cual participamos activamente”, agregó.

Banfi contó que ella trabajó 10 años en el Consejo Permanente de la OEA y también después en la Comisión, “porque conviven, no es algo escindido”.

Se preguntó si la postura del Gobierno argentino en los temas de derechos humanos  de los países citados “es una necesidad retórica que tienen para justificar la relación y los vínculos que tienen con esos países”, pero resumió que “debemos concertar en un punto que hay cosas que son inadmisibles”.

“Cuando hablamos de derechos humanos, es un concepto internacionalista; siempre va a haber un nivel de intervención”, enfatizó, añadiendo es concepto al “principio de no indifeencia a los derechos humanos”.

Valdés volvió a intervenir luego, dejando claro que “donde plantea Luis Almagro ‘A’, nosotros seguramente nos vamos a encontrar del otro lado”.

El rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) pidió la palabra para referirse a Jones Huala, a quien definió como un “autopercibido mapuche, que fue emo, fue trotskista, entre otras cosas que se autopercibe”, y lo diferenció “total y absolutamente de las comunidades mapuches que conviven en la región”.

“Jones Huala es un dirigente de la RAM, que muchos dicen que se inventó para encubrir una represión”, dijo y sobre el papel diplomático desempeñado en su momento por el embajador Guelar sobre el argentino condenado a muerte en Texas, aclaró: “Saldaño era un delincuente común asesino que merece que se respeten sus derechos humanos. Esa actitud fue porque nosotros como argentinos condenamos la pena de muerte, (el embajador) fue a defender que no se aplique la pena de muerte. En el caso de Jones Huala, la actitud de Bielsa fue claramente política, de acompañamiento a quienes en todo caso hoy están desconociendo la existencia del Estado argentino y están perpetrando ataques tanto en Argentina como en Chile”.

A su turno, Alberto Asseff la emprendió también contra Jones Huala, asegurando que “no es argentino, quiere generar un espacio segregado de la Argentina”. Advirtió que “el justicialiso tiene entre sus tres banderas una que habla de soberanía, de eso les estoy hablando yo: él reniega de su condición de argentino, ese no es un dato menor, por lo menos justificaba que no se involucrara el embajador”.

“No porque sea político tiene que intervenir políticamente”, aclaró sobre Bielsa y concluyó advirtiendo que “si no reaccionamos nos vamos a encontrar con un problema más que grave, un problema mayor que el terrorismo. La segregación de la Argentina. Este tema del sur hay que tratarlo con mucho cuidado, sin ideología”.

El oficialista Carlos Heller celebró el debate y recogió las expresiones de su par rionegrino como “una prueba de la complejidad de algunas cuestiones y lo difícil que se hace a veces cuando hay que conciliar historias concretas como las que se describen”.

Su exposición giró en torno al bloqueo a Cuba que lleva 60 años, y la emprendió contra la OEA por no haber condenado “el golpe en Brasil”. Insistió en denominarlo un golpe a la luz de los hechos posteriores y hasta arriesgó que “uno podría decir que hay un gobierno ilegítimo” en ese país porque Jair Bolsonaro “fue elegido en una situación ilegítima”.

Se quejó también de que no se condenara “la tremenda represión en Chile”, y concluyó: “Es muy triste el rol de la OEA, históricamente, no solo con Almagro”.

Heller concluyó afirmando que le encantaría “que venga el canciller y hagamos un profundo debate sobre la política internacional argentina y cuál debe ser y por qué hay distintas varas para hablar de distintas situaciones, según el signo político del cual estamos hablando”.

Volvió a intervenir Facundo Suárez Lastra para reconocer que él como tantos correligionarios de su generación tuvieron una “corriente de simpatía con la revolución cubana y la nicaragüense”, aunque aclaró que no fue así con Venezuela. “No nos comimos a Chávez ni un día”, destacó.

Y más allá de esa “simpatía y acompañamiento” que tuvieron, como así también recordó haber tenido “el privilegio de haber tenido una larguísima conversación de más de 4 horas a solas con Fidel Castro, esto no quiere decir que uno no tenga una mirada crítica de un proeso que se desarrolla en el tiempo que no ha logrado dar satisfacción a su pueblo”.

Consideró “equivocadísima” la política de Estados Unidos respecto de la isla, “pero ninguna de esas circunstancias hace que nos pongamos los tapaojos para no ver lo que está pasando hoy” allí.

Concluyó aclarando que “de ninguna manera estamos comprando la historia de la OEA, lo traen ustedes para no discutir lo que estamos hablando. No tengo nada que ver con la historia de la OEA ni lo traje al debate”.

La visita de Alberto Fernández a la Sesión de la Conferencia de Estados Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Glasgow, y a la Cumbre Presidencial de Líderes del G20, en Roma, dejó fuertes repercusiones no tanto por los temas que se trataron, sino por la cantidad de personal que viajó junto al jefe de Estado lo cual despertó curiosidad en varios dirigentes opositores. Uno de ellos fue el diputado nacional Alberto Asseff (Pro – Buenos Aires) quien presentó un proyecto para que el Gobierno nacional informe de forma detallada quiénes acompañaron al presidente, los actos administrativos que hubo, los montos y gastos efectuados, entre otros puntos.

Por intermedio de la Jefatura del Gabinete de ministros, del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y del Ministerio de Economía, se solicita al Poder Ejecutivo que indique “por cuál acto o actos administrativos se dispuso integrar la delegación oficial”, ya que “según ha trascendido habría ascendido, sin contar el personal propio al servicio de los distintos vuelos, a más de 120 integrantes”, y se pide que “remitan una copia del mismo o de los mismos”.

En esa misma línea, exige que se precise “bajo qué norma legal se le habrían pagado de manera anticipada a los embarques del personal”, es decir “los respectivos viáticos correspondientes y los pasajes por líneas aéreas”.

“Que se expliquen de qué partida presupuestaria se saldaron los gastos de cada integrante básicamente: alojamiento, comidas, atención médica prepaga, seguro para eventual atención COVID-19, telecomunicaciones, desplazamientos terrestres desde y hacia los aeropuertos y en destino y gastos para cortesía y eventualidades en el exterior, en que divisas se desembolsaron las respectivas erogaciones en Roma y en Glasgow”, plantea el cuerpo del texto.

Asimismo, pide un “listado con el nombre y área de servicio de cada uno de los funcionarios así asistidos, lugar de alojamiento y copia de la factura del mismo, medios de pagos, los textos de las intervenciones de la totalidad de delegados argentinos que hicieron uso de la palabra en la Conferencia de Glasgow”.

El diputado nacional Alberto Asseff (Pro – Buenos Aires) y presidente del Partido UNIR, se refirió a la situación laboral del país y expresó que hubo una “pérdida de empleos del sector privado y un crecimiento desmedido del empleo público”, motivo por el cual aseguró: “El pobrismo es una cárcel de hierro para los argentinos de bajos recursos que son prisioneros del Gobierno”.

Asseff indicó que durante el Gobierno de Alberto Fernández “el Estado sumó 78.600 empleados y el sector privado perdió 140.000 trabajadores”, y que “todo esto en un contexto de pandemia donde se ha dado crecimiento de la recesión y la inflación”.

Al respecto el diputado que integra la coalición de JxC explicó que “hay una total ausencia de políticas que incentiven la inversión productiva, que son la principal fuente generadora de empleos privados y a eso se les suma la restricción a las exportaciones”.

Asimismo, continúo exponiendo el titular del Partido UNIR: “Se agregan controles discrecionales de precios que afectan la planificación de los negocios de las empresas. Argentina hoy desincentiva el trabajo privado y la creación de fuentes laborales en el sector público”.

“Es difícil creer que el Gobierno, que tiene una fuerte necesidad de legitimación en una sociedad empobrecida y descreída, no tenga que ver con una política tal donde la prebenda, la ayuda social y el plan discrecional son el único camino para llegar a fin de mes y poder comer”, consideró el legislador del Pro.

Por último, manifestó que “este modelo de pobrismo, que es una cárcel donde todos los argentinos de bajos recursos están encerrados para que el Gobierno pueda manejarlos comienza a finalizar el 14 de noviembre, preludio de las cruciales elecciones del 2023”, y concluyó que las elecciones son el “punto de partida de una estrategia de reformas hacia la creación de empleo, movilización de los recursos y producción de más bienes incluyendo los transables en el comercio internacional que hay que revitalizar”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff se refirió al control de precios que lleva a cabo el Gobierno para intentar detener la inflación que aqueja al país, y señaló que la medida, junto a la recién aprobada Ley de Etiquetado Frontal, tiene una “intencionalidad antiempresarial muy marcada”, que “desabastece la fábrica, porque no solamente en el supermercado está el problema”.  

En diálogo con Radio CNN, calificó a la ley de “inútil para cuidar el bolsillo de los argentinos”, y que por el contrario “va a ver cada vez más problema para reponer los alimentos, lo que va a ser perjudicial para el país”. Además, indicó que, si la idea es aplicarlo “pensando en las elecciones del 14 de noviembre, y no va a funcionar porque el plan no da buenos resultados”. 

Consultado sobre la Ley de Etiquetado Frontal, Asseff dijo que “traerá consecuencias perjudiciales para la industria alimenticia que es una de las principales fuentes de divisas para nuestro país”. 

“Lamentablemente, como dice la marcha, ciertos sectores políticos que dicen defender los intereses de todos los argentinos, en pleno siglo 21 se dedican a ‘combatir el capital’ cuando es el motor de progreso y de igualdad social real que nos puede sacar adelante”, concluyó el legislador. 

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff se refirió a la Ley de Etiquetado Frontal aprobada Diputados, y consideró que el proyecto tiene buenas intenciones y que “el etiquetado como advertencia buscando que la población argentina se nutra mejor y tenga una alimentación más saludable es algo bueno”, luego agregó que “lamentablemente no basta la ley de etiquetado porque hay un tema cultural y educativo y hay que hacer las cosas no pensando en la magia de la ley, sino que se necesita un cambio en los hábitos de consumo”.  

En diálogo con “¡Hola Chiche!”, por AM 550 Radio Colonia Asseff contó que “he tenido reuniones con asesores de la COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) y me han manifestado sus preocupaciones al respecto de la ley de etiquetado. Hay que recordar que la industria alimenticia argentina es una de las que mayor empleo genera y mayor cantidad de divisas produce, porque exporta. Por eso creo que hay que revisar las implicancias que esta ley genera para el sector”. 

En tanto, el diputado indicó que antes de ser aprobada por el Congreso Nacional la ley de etiquetado “tendría que haber sido tratada primero a nivel MERCOSUR de forma conjunta, para que sea una cuestión regional y no unilateral de la Argentina; para que sea simétrica”. Y agregó, “que sea la región la que plantee una política estratégica de nutrición saludable para el bloque y a los mercados del exterior de la región”. 

Por último, Asseff se refirió al polémico control de precios y su lucha por evitar la inflación. Al respecto el presidente de Unir dijo que “este Gobierno les carga las tintas a los empresarios responsabilizándolos de la inflación, pero los mismos empresarios cruzando los Andes en Chile no generan inflación y cruzando el Río de la Plata no generan inflación en Uruguay. Entonces ¿por qué acá son solamente los empresarios los que generan inflación? La realidad es que la inflación se genera por la emisión, el déficit y los descalabros financieros que han producido diferentes gestiones a lo largo de 70 años y que no logran generar confianza en la sociedad”. 

“En todo caso el empresario no es el diablo, sino que el diablo es la mala gestión, el despilfarro, la corrupción que genera una situación de desconfianza por el déficit permanente de nuestras cuentas”, concluyó Asseff. 

El vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara baja, Alberto Asseff, se refirió al acto de bautismo y de la Lancha de Instrucción para Cadetes de la Armada (LICA) “Ciudad de Ensenada”, evento que se llevó a cabo en la sede del Astillero Río Santiago.

Respecto del acto del que participaron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro de Defensa Jorge Taiana y la candidata del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz, el titular de UNIR explicó que “la inauguración precipitada de una lancha sin timón, motor ni hélice es la pintura fiel de un gobierno sin rumbo y a la deriva”.

El diputado de JxC lamentó que “no existe inversión para patrullar nuestras aguas y encima se pretende utilizar a la Armada para hacer proselitismo”. Asseff dijo que “esto no es serio, es un simulacro, como todo lo que hace el kirchnerismo”.

“La Argentina tiene relegada la defensa de su territorio y en especial el marítimo, el cual es depredado diariamente por pesqueros ilegales ante la pasividad de las autoridades. El gobierno, en vez de fortalecer la defensa nacional pierde el tiempo sacándose fotos con inauguraciones caricaturescas”, finalizó el legislador.

Cambiar el rumbo es ineludible. La Argentina pobrista, atrapada por ideas anacrónicas y fracasadas, no tiene otra perspectiva que girar hacia el sentido común y las líneas que dicta la realidad contemporánea. Por caso, el comercio no es un conjunto de aprovechados que lucran con el hambre y la necesidad de los consumidores, sino una antiquísima actividad que permite transar los bienes, hacerlos circular y darle dinamismo a la economía. El intercambio comercial con el exterior no es en desmedro del consumo interno, sino el modo de enriquecer con más trabajo y mayores ingresos, a los sectores de la producción y los servicios. Invertir y emprender no es una tarea de privilegiados que pretenden expoliar a sus semejantes, sino que configura esa vanguardia de acción y creación en materia económica que concerta el plan de negocios, el capital necesario, la mano de obra y los insumos para ensanchar el trabajo y la producción. Si hoy tenemos 700.000 pymes, cuando dispongamos de 1 millón y medio, nuestra gente no emigrará, porque acá tendrá lo que necesita, esto es perspectivas de vivir dignamente. Respetar la Constitución no será ‘para los giles’, sino el modo excluyente de convivir civilizadamente. Porque ley y orden no son ni serán jamás represión y autoritarismo. Que el sufragio sea la expresión libre de la voluntad ciudadana y no la contraprestación de la ‘platita’ que se le pone en el bolsillo vía la emisión sin respaldo de papel ‘pintado’, a años luz de ser ‘moneda’, no es otra cosa que la vigencia de una genuina democracia y no su grotesca caricatura. Que la alternancia es ínsita al sistema republicano, lejos del reproche que formuló un líder ‘social’ – esos que empoderamos todos mediante el desopilante sistema de distribuir dinero público a través de ellos, supuestamente para ‘ayudar’ a los vulnerables, con el resultado horrible de que cada vez fabricamos más pobres. República que, 210 años después de iniciar su construcción, aún es una materia que adeudamos. 

El cambio es un parto complejo, lleno de incertidumbres. La única certeza que trae el cambio es su imperiosa necesidad. Todo lo demás es desconocido, suscitador de perplejidades y dudas. La precipua de todas estas incertezas es cuán gobernable es la transición hacia la Argentina moderna. 

¿Se podrá con los sindicatos, los piqueteros, los trotskistas? Pero, fundamentalmente, ¿se podrá con las mafias y todos y cada uno de los mil intereses espurios enquistados en todas las entretelas de la estructura institucional y dirigencial del país? 

Para estos enigmas se están ensayando algunas respuestas anticipatorias. Una es cuantitativa y tradicional: un pacto con el 70% del país. Si el 30% que quedaría afuera aglutina a quienes por ideología o por intereses ramplones y sucios atrasan al país, quizás podría ser una vía transitable. Empero, tiene asidero abrigar dudas. En los pactos suelen filtrarse quienes frívolamente sólo quieren entrar en la foto y otros que tienen el designio de infiltrarse para desde sus entrañas lograr el gran objetivo de ‘cambiar para que nada cambie’. No sería la primera vez en un siglo de que nuestra ciudadanía da un voto de confianza y luego, por una u otra razón, por errores propios y determinaciones ajenas, sobrevino la desilusión y la frustración. 

Existe otra opción para ir a fondo con el cambio: el doble voto de confianza. Primero en las urnas de la renovación presidencial y luego en la consulta popular – preferentemente vinculante – del art.40 de la Constitución. Consulta a convocarse dentro de los primeros noventa días del nuevo mandato a la que se someterán simultáneamente las siete grandes reformas modernizadoras – destrabantes del progreso. Ante el pronunciamiento popular – que superará ese 70% más arriba consignado -, no habrá obstáculos para enderezar nuestro andar nacional. El doble voto legitimará las reformas. Le dará irrefutable sustentabilidad política. 

La gobernabilidad del nuevo mandato estará asegurada, sólo sujeta a la firmeza, pericia y resultados que se vayan consumando. 

Pero antes de esa gobernabilidad futura está en cuestión la actual, sobre todo la posterior al 14 de noviembre hasta que se transmita el poder. En esa transición inmediata la oposición debe actuar con suma prudencia y equilibrio. Ni cogobernar ni obstruir, sino ir marcando y amojonando la ruta de salida. Todo lo que contribuya a sanear cuentas fiscales, arreglar deudas, controlar la inflación, custodiar el valor de la moneda, favorecer la inversión, disminuir la presión impositiva, estimular las exportaciones, generar trabajo, limitar los planes sociales pobristas, en fin, todo lo que nos haga amigos de la sensatez no sólo debe ser respaldado, sino inducido desde el Congreso, ahora sin la asfixiante hegemonía oficialista. 

El futuro mandato del cambio no puede recibir un país incendiado, sino en camino hacia la nueva normalidad, esto es prosperidad en vez de pobreza para todos. 

¿Acaso se puede ganar una elección presidencial a pesar de que el gobierno saliente parece encaminar al país? ¡Claro que sí! Porque el país será consciente que la oposición, sin cogobernar, ha sido decisiva para darle rumbo a un país literalmente a la deriva o, peor, desorientado hacia un cataclismo. 

El cambio es ineluctable. La gobernabilidad es factible. El buen arte y oficio de dirigentes con vocación de estadistas posibilitará la transición ahora y el éxito después. 

El diputado nacional Alberto Asseff (Pro) le envió una carta al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, por medio de la cual le solicita que “a la mayor brevedad se proceda, en consulta con los distintos bloques políticos y los foros académicos vinculados con la cuestión, a la integración de la Comisión Mixta Unicameral del Observatorio Parlamentario sobre la Cuestión Malvinas”.

En la misiva, el legislador recordó que este Observatorio se creó por resolución en 2006, y “es un ámbito necesario para que la Cámara de Diputados de la Nación participe protagónicamente en una cuestión que constituye, no sólo un mandato constitucional -cláusula primera transitoria-, sino una de las escasas políticas de Estado que posee la Nación Argentina y, por qué no consignarlo, compartida por toda nuestra América”.

“El Observatorio fue y debe volver a ser un espacio de debate y de análisis sobre los mejores caminos para lograr el objetivo de recuperación de la soberanía”, consideró Asseff, que recordó que en su mandato anterior integró el Observatorio: “Por experiencia sé que es importante poder examinar con serenidad y hondura qué vías jurídicas, diplomáticas y políticas disponemos y podremos imaginar en el futuro inmediato para obtener el objetivo nacional irrenunciable”.

En la carta, el diputado señaló que “es sobreabundante que le exprese al señor presidente los trascendentales intereses nacionales permanentes que están involucrados en la cuestión Malvinas que hoy ya no se ciñe al archipiélago usurpado, sino que se extiende a los espacios marítimos y tiene proyección sobre nuestra Antártida”.

“Nuestro país sufre un desmembramiento territorial. Es una herida abierta. La Cámara de Diputados de la Nación -el máximo órgano representativo de la soberanía popular- no puede mantenerse ajena a este grave asunto. Para colmo, Gran Bretaña está construyendo su más flamante y grande puerto en el Hemisferio Sur, precisamente en las Islas Malvinas. Ese sólo hecho dimensiona la entidad de esta cuestión. Pasa el tiempo y el cuadro de situación se agudiza en disfavor de nuestros derechos e intereses”, continuó.

Asimismo, el legislador de Juntos por el Cambio enfatizo que imagina un Observatorio que “enaltezca a esta Cámara convocando a especialistas vernáculos y foráneos, llamando a los Grupos de Amigos de las Malvinas Argentinas, integrados por distintas nacionalidades y constituidos en el exterior, a estudiosos y analistas y otros, informando al país desde esta Casa sobre los avances, novedades y alternativas para reencontrarnos con las Islas ‘envueltas (por ahora) en un manto de neblina'”.

Además de presentar el pedido en su condición de diputado, Asseff aclaró que lo hace también en carácter de presidente de la Junta Directiva Nacional del partido UNIR. Y le manifestó a Massa su disposición “para colaborar en esta convocatoria para rehabilitar el Observatorio”.

El diputado nacional Alberto Asseff, junto a un grupo de integrantes de Juntos por el Cambio pidieron al Gobierno explicaciones sobre las medidas que implementará frente a las usurpaciones de tierras y atentados intimidatorios y terroristas producidos en la zona cordillerana de las provincias del Neuquén y del Chubut, por parte de la denominada “nación mapuche”.

El proyecto está firmado también por los diputados Mónica Frade, Pablo Torello, Gerardo Cipollini, Virginia Cornejo, Francisco Sánchez, Alfredo Schiavoni, Alicia Fregonese, José Enríquez, Lidia Ascárate, Héctor Stefani, Carolina Castest y Leonor Martínez Villada.

Advierten que dichos atentados constituyen “un atropello a la seguridad y a la propiedad privada de los pobladores habitantes del territorio nacional. Siendo además lesivos de la soberanía nacional”.

Assef lamenta que “el Gobierno nacional realiza un reconocimiento permanente de estas entidades terroristas, a través de su no intervención, la creación de organismos de la administración pública afines a su ideología y al cederles tierras y concesiones de derechos que atentan contra la integridad del pueblo de la Nación, sus instituciones y que desconocen el Estado Nacional, la Constitución Nacional y la soberanía y supremacía de la Ley”.

Por último el diputado de JxC advierte que “estos hechos terroristas perpetrados contra la población civil e instituciones nacionales, busca conformar un Estado distinto de la Nación Argentina -desconociendo nuestras leyes y nuestra Constitución Nacional, su legislación, su jurisdicción y su autoridad sobre una importante parte del territorio nacional, tratando de imponer sus propias normas a través del ejercicio de la fuerza-” por lo que “pedimos que responda sobre la conveniencia, en razón de que las fuerzas de seguridad y policiales nacionales y provinciales han sido evidentemente sobrepasadas, del empleo de las Fuerzas Armadas de la Nación, al verse amenazada la soberanía nacional”.

El diputado nacional Alberto Asseff cuestionó el proyecto del gobierno de jubilar anticipadamente a 30 mil personas que entrarían al sistema de reparto jubilatorio “cargando aún más al ya quebrado sistema previsional”.

Al respecto, el diputado de JxC y titular del Partido Unir explicó que “la medida es parte de la batería de anuncios electoralistas del gobierno para tratar de revertir el resultado de las PASO”. A su juicio “es otra forma de repartir dinero sin crear nuevas fuentes reales de financiamiento para las personas”.

“Nuevamente vemos el pobrismo en acción: repartir entre más personas sin crear riqueza. Sin una estrategia de mediano y largo plazo seguiremos la decadencia que nos empobrece. Iremos de parche en parche mientras la máquina nacional cada vez da más alarmantes muestras de fatiga”, alertó.

Asseff finalizó diciendo que “en última instancia esta medida va en contra de quienes ya están jubilados, porque deben compartir con nuevos ingresados al sistema previsional la escasa jubilación que cobran”.

El legislador reiteró que “el Gobierno atina a repartir migajas, pero no tiene idea de cómo crear riqueza”. Agregó que “de todas las medidas que hemos visto en estos días que anunció el gobierno para obtener votos perdidos debido a su pésima gestión ninguna fue en pos de crear trabajo o solucionarle problemas a quienes trabajan, en cambio todo ha sido repartir dinero alegremente sin pensar en las consecuencias, sobre todo inflacionarias”.

“Evdentemente el gobierno no aprende la lección: repartir migajas no saca a nadie de la pobreza. Lo único que sirve es generar empleo. Por suerte, la sociedad está dándose cuenta de esto y no quiere ser rehén del kirchnerismo que sólo porque ofrece  limosnas”, finalizó Asseff.

La decadencia lleva medio siglo, si no más. En ese mismo lapso, el sudeste asiático emergió como uno de los polos del poder global, contrastando con nuestra declinación. Es un período suficientemente extenso como para brindar un análisis simplista. Lo que nos pasa es más profundo que uno o varios pésimos gobiernos. Nos acaece algo que afecta a nuestra entraña nacional. Paulatinamente hemos ido perdiendo el alma nacional, esa sobre la que pensó Eduardo Mallea, entre otros muchos. Un país sin alma, sin actitud, sin tradiciones – sobre todo donde vive el 40% de la población- , con una notoria degradación de los valores –la palabra de los dirigentes está devaluada, es como hoja al viento, volátil, insustancial, desconfiable -, las instituciones casi son inexistentes, el civismo es exótico, la contradicción es la nota sobresaliente – se pontifica hasta el paroxismo sobre “el Estado presente”, las políticas públicas y todas las monsergas conexas a esa postura ideológica, pero la escuela del guardapolvo blanco y de la ‘señorita maestra’ se ha desplomado con casi ¡Dos millones de chicos que se le perdieron, literalmente este año y medio catastrófico! y la cosa pública se (des)gestiona sin una hoja de ruta elemental, sujeta al día a día ¿Pueden coexistir estatismo sin plan? Aun la promoción, la expansión de la Argentina privada necesita algunas directrices desde el Estado. 

Lo que nos pasa es gravísimo y gravosísimo. Los jóvenes se quieren marchar y sus padres los alientan a que se vayan. Cuanto más apto y preparado, más presto para irse. Un país grandioso en lo físico, plenamente dotado, inclusive flamantemente agrandado, con reconocimiento de la ONU, al incorporar una de las llanuras marítimas más anchurosas del planeta, se nos ha achicado hasta casi diluirse el horizonte ¡Increíble! ¡Irracional! 

Sufrimos de pequeñez moral, especialmente en la cúspide de la escala social. Sobra codicia, falta en absoluto ambición nacional. El patriotismo quedó reducido a la insignificancia, casi una fruslería. Hasta es una palabra disonante, en los hechos sin prestancia, a contrapelo del mundo entero, donde es timbre de honor y causa de emoción. Suscitador de la voluntad. 

Persistimos en ‘combatir al capital’, sin entender que debe fluir, no huir. El capital es básico para movilizar nuestros recursos humanos y materiales. No es explotador por esencia ni es benefactor por naturaleza. Es lo que es, motor ineludible. Surtirá mejores resultados si existe una normativa estable y sapiente y un Estado capaz de encontrar los equilibrios a partir de timonear la nave con una regla de oro y una brújula infalible: buscar siempre el bien común. 

La reciente campaña fue notable por tres factores: la extraordinaria apatía, la ausencia de propuestas dignas de conmover a la ciudadanía y la disociación entre los reclamos concretos –trabajo, educación, seguridad, inflación, certidumbre de que hay futuro– y los discursos de los precandidatos. “La culpa es de Macri” monopolizó la ‘estrategia’ oficialista. Tan pobre como el pobrismo que impulsan y en el que están disolviendo a la Argentina. Porque convengamos que como vamos, en diez años la pobreza será del 75% y la sepultura sin ceremonia de la clase media será el peor crimen colectivo que se haya cometido en todo el orbe. Un verdadero genocidio social. 

En estos días se derrumbó la investidura presidencial, una abstracción que posee enorme relevancia para cualquier pueblo. El presidente no la resguardó en ningún momento. Autoflagelándose, más allá de su desacreditada persona, agravió a esa dignidad. No hubo el más mínimo tino de hurgar sobre las correcciones de la marcha a la deriva. Puja puramente por el poder, sin saber para qué interés general, el gran ausente. Ahora nos prometen inundarnos de plata –más IFE, bonos- Anses, emisión ‘respaldada’ en los us$4.334 millones que nos giró el FMI, que irán inexorablemente al despilfarro. No entienden que, distribuyendo migajas, nos descapitalizamos, aumentamos el déficit y la inflación, incrementamos la desconfianza de los capitales y la conclusión tristísima es que seremos todos más pobres. 

El movimiento político de los trabajadores, que se ufanaba que su jefe era “el primer trabajador” y que había que “producir como mínimo lo que se consume”, está transformando a nuestra Argentina en un país sin trabajo, paulatinamente sin changas, apenas con planes asistenciales que ofenden la dignidad y que agravan la cada vez más desequilibrada y descompensada economía. Los productores se las arreglan para trasladar sus actividades a los países vecinos que gozan de una relativa bonanza alimentada por nuestro vaciamiento. 

No podemos eludir una cuestión peligrosa: opera en el sur un grupete que en nombre de derechos ancestrales que el país reconoce, disputa inadmisiblemente la soberanía argentina. Esto sucede ante la pasividad/connivencia de las ideologizadas ‘autoridades’ nacionales. 

En noviembre debemos lograr que pierdan el quórum en el Senado. En estos dos años penosos hasta 2023 el Congreso debe brillar por su capacidad para ir enderezando el rumbo. Cogobernando. Tal como una inteligencia aguda de la Constitución no sólo autoriza, sino que alienta. Porque no podemos apostar a que se incendie Roma para después conducirla. La clave es que sin que se incinere, desde ya vayamos sanándola para recibirla lo más vigorosa que sea posible para, entonces sí, reformarla a fondo como ineluctablemente requiere la Argentina. 

El pueblo, incluyendo a la clase media baja, dio un hálito de esperanza el 12 de septiembre. Expreso mi ruego laico –para no mezclar mi creencia en un asunto temporal– para que la Argentina disponga de una alternativa política que esté a la altura de la dimensión histórica del desafío. En esa opción militamos y en su seno estamos tratando de contribuir a mejorar y ampliar. El sustento que exigirán las reformas no vendrá de los oportunistas, sino de los comprometidos y convencidos. 

¡Vamos Argentina! ¡Vayamos al buen futuro! 

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff se refirió al resultado de las PASO, y dijo que “se dio un resultado lógico frente al desastre de un desgobierno como el que sufrimos”. 

Al respecto, Asseff ahondó explicando que la victoria “podría ser más contundente” si se amplía la coalición, integrando a sectores que “quieren la libertad y las reformas a fondo”. El titular del partido UNIR dijo que “es necesario sumar a los desencantados con la política y a sectores peronistas desilusionados con el Gobierno”. 

Asimismo, el diputado dijo que “estas elecciones demuestran que se terminó el ‘pero la culpa es de Macri’. Los votantes lo saben y lo expresaron en las urnas: la verdadera responsabilidad de la decadencia argentina es del populismo y de quienes no se atreven a ponerle un alto por miedo a quedar mal frente a la sociedad”.

“Se abre un tiempo de esperanza para el país. Pero hay mucho que hacer para ello, empezando por ratificar en noviembre con creces el triunfo de ayer”. Concluyó Asseff. 

El diputado nacional Alberto Asseff (Pro – Buenos Aires) habló sobre la prórroga a la prohibición de exportar carne vacuna dispuesto por el Gobierno y cargó contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al decir que apoya una medida “inspirado en una ideología llena de moho, viejísima y fracasada”. Además, afirmó que “los argentinos no pueden consumir carne no porque esté cara, sino porque los salarios son bajos”.

“Su apoyo por tuiter a la medida demuestra que teníamos razón cuando decíamos que era una medida tomada por el kirchnerismo inspirado en una ideología llena de moho, viejísima y fracasada”, criticó el Asseff.
 
A su vez, el dirigente que integra la coalición de JxC se lamentó: “El kirchnerismo sigue haciéndole la guerra al campo, que es el sector más dinámico de la economía y en nombre de una supuesta búsqueda de mejora del consumo interno arruina una oportunidad única como la que se abre con el cierre del mayor exportador de carne a China, nuestro vecino Brasil”.

Al respecto el diputado nacional y titular del Partido UNIR ahondó diciendo que “queda en evidencia que las anteojeras ideológicas le impiden ver al kirchnerismo algo tan simple como el hecho de que se necesita la entrada de divisas que puede aportar la exportación de carne”, y agregó que “en medio de tanta desocupación, el cepo amenaza a miles de puestos de trabajo”.
 
Asseff señaló que “hoy los argentinos no pueden consumir carne no porque esté cara, sino porque los salarios son bajos”, ante lo que concluyó: “Estamos desperdiciando una oportunidad magnífica de quedarnos con un mercado gigantesco que puede aportar empleo genuino, además de crear cadenas productivas de valor que pongan en marcha el motor de nuestra economía”.

Hoy los argentinos no pueden consumir carne no porque esté cara, sino porque los salarios son bajos.

Nadie puede refutar que la hondura inusitada de nuestra crisis moral, cultural, social, política y económica exige un alto grado de unión nacional para afrontarla y comenzar con la faena de revertirla. Generalmente se dice que debemos determinar algunos ejes principales y sobre ellos acordar estrategias de Estado. Por caso, convenir que la educación es servicio esencial y que debemos extender a todo el país las salas de 2 años. E introducir reformas en la enseñanza y el aprendizaje, preparándonos para el futuro y sus desafiantes exigencias. Una educación que afirme nuestra identidad cultural –es nuestro más legítimo y genuino pasaporte al mundo- y nos dé el conocimiento que nos permita pararnos firmes en el escenario tecnológico en constante mutación. Un sistema que prevea la evaluación de docentes y educandos como una de las claves para estimular la innovación y la mejora permanente. Así, en otras áreas. Nuestra política exterior ha sido errática –en términos generales- desde la caída del Imperio Británico. Para ponerle una fecha arbitraria, desde los años cuarenta. Salvo la idea inconclusa de la integración del Cono Sur –con un Chile reticente- hemos fluctuado desde un tercerismo más teórico que real, a un alineamiento íntimo ‘carnal’, pasando por una recurrente neutralidad y alguna apenas escondida simpatía por utopías socialistas. 

Llegó la hora de pararnos firmes en el escenario internacional exhibiendo madurez, mostrando una personalidad segura de sí misma y planteando valores irrenunciables como el sistema republicano democrático que establece nuestra Constitución y los Tratados que firmamos. Una política exterior que sepa defender y potenciar nuestros vastísimos intereses y armonizarlos con los de los otros en sinergias mutuamente beneficiosas. Un ejemplo es el intercambio comercial: hay que vender cada vez más con mayor valor añadido, pero ello supone también comprar más. El infantilismo es incompatible con la buena política, sea vernácula como externa. Recientemente nuestros vecinos nos dieron una lección de realismo. Brasil ha anunciado que, así como los gastos de los argentinos en el exterior están gravados con un 30%, ellos aplicaran la misma tasa a los que efectúen los brasileños que nos visiten. Y Uruguay, cuyo gobierno pondera la libertad económica, acaba de proponer en una reunión de los intendentes de los departamentos limítrofes con Entre Ríos “ingreso cero” de mercaderías compradas en las ciudades entrerrianas lindantes. Un vecino de Paysandú, pues, no podrá adquirir un paquete de yerba y un litro de aceite en Colón y otro de Fray Bentos no podrá volver a su ciudad con un kilogramo de asado y una docena de bananas. Indudablemente, de la libertad de comercio no queda ni un ápice. Esto prueba que la política es una obra harto compleja que no tiene como pariente cercano a la simpleza. Y que no es inocuo el descalabro macroeconómico argentino. 

Siete, diez o doce grandes estrategias consensuadas. Basta de debatir, discutir y caer en bizantinismos. Es momento de rehacer la Argentina, no de seguir hablando. El hastío generalizado del pueblo nos da señales inequívocas. 

La grieta a esta altura no importa quién la creó y fomentó. Existe y punto. Y es maligna, claro. Empero, no es caprichosa o antojadiza. Tiene su razón de ser. Si un sector político se ha dedicado a estructurar la pobreza en nombre de una organización asistencial casi infinita, plagada de planes, distribuyendo a cada vez más personas escasos recursos de subsistencia y pontificando paralelamente que “el Estado te ayuda” o “el Estado está presente”, agrandando la burocracia incesantemente –con simultáneo achicamiento de la actividad privada- es muy difícil establecer un diálogo desde la otra vereda. Máxime si recurrentemente le enrostran al sector privado avidez, codicia e insensibilidad, auto asignándose el monopolio de la solidaridad y la justicia. 

Por otra parte, existe una creciente naturalización de la corrupción, no sólo por el blindaje de impunidad que le da cierta parte del poder judicial. Una prueba la dio en estos días la hija del dirigente del gremio de Camioneros quien se niega a desprenderse de una fuerte cantidad de dólares aduciendo que “es una donación que le hizo uno de sus hermanos y el abogado de su padre”. Desparpajo. Nadie se asombra ¿Cómo acordar con los corruptos? ¿Qué acordaríamos con ellos? Esta grieta –la frontera que debería ser clara y terminante entre valores y disvalores- es insuperable si no hay reparación y contrición. 

La grieta podrá ser encapsulada hasta disolverla si somos capaces de una narrativa que desmantele el relato imperante. Una propuesta contracultural diáfana: el esfuerzo, el mérito y el trabajo no se negocian ni se abdican en aras de la mediocridad y de la desidia. La Argentina acidiosa no va más. 

Es asaz peligroso caer atrapados en la trampa de las hipócritas exhortaciones antigrieta que esconden la acechanza de cristalizar esta Argentina empobrecida y decadente. 

Con las mafias no hay otro diálogo que el imperio de la ley. Con las posturas fosilizadas y arcaicas –el estatismo exacerbado que se proclama y se intenta consumar- no hay otra opción que convencer a nuestra nación de que, con burocracia, más impuestos y más gasto público el país inexorablemente se seguirá hundiendo. Ha concluido la aventura de ‘combatir al capital’ para generar la pobreza general. Es tiempo del reto de un capitalismo emprendedor, inversor y empleador que movilice nuestros recursos humanos y materiales. 

La salida no está afuera, sino acá. Es la de amigarnos con la buena política y la sana economía. 

El diputado nacional Alberto Asseff (Pro – Buenos Aires) habló sobre la prórroga de las restricciones a la exportación de carne vacuna, respecto de lo cual sostuvo que “es una medida que no sirve para nada” porque “Argentina está en el mínimo histórico en 100 años de consumo de carne” y apuntó fuertemente hacia el Gobierno.

El presidente del partido UNIR e integrante de la coalición de Juntos por el Cambio, aseguró que el cepo a la exportación “es una medida que no sirve para nada” y que “sólo ha logrado entorpecer al sector más productivo de nuestra economía”. 

Asseff explicó que “hoy la Argentina está en el mínimo histórico en 100 años de consumo de carne”, y aseguró que “el problema no es el productor, sino los bajos salarios de una economía empobrecida”.

A su vez, señaló que “la medida de cerrar la exportación de un bien que es tan apreciado en el exterior y que produce la entrada de divisas frescas sólo traerá mayor pobreza que a esta altura ya no caben dudas es el objetivo del Gobierno”, y cuestionó “pobres y sometidos pareciera ser la meta.

Por último, el diputado nacional expresó que “el kirchnerismo debe entender que el productor rural no es el enemigo, como tampoco es una fuente infinita de financiación para proyectos políticos populistas que pretenden eternizarse en el poder, en referencia a la medida fue decidida por Máximo Kirchner exclusivamente.

La Cámara de Diputados aprobó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el cual se rechaza el Decreto del Gobierno de Chile porque “intenta apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina” y le reclaman al Poder Ejecutivo la custodia sobre el Mar Argentino.

En el texto del proyecto de resolución explican que “esta medida pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16´ 0, lo cual claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984”, y destacan que “el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se refleja en la Ley Nacional 27.557” y que “fue aprobada sin cuestionamientos por Comisión de Límites de la Plataforma Continental con los efectos de establecer un límite marítimo definitivo y obligatorio”.

“La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, argumentan.

Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, destacó que “estas dos iniciativas fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo, al igual que la modificación del Régimen Federal Pesquero, que ingresó recientemente a la Cámara de Diputados, para endurecer las sanciones a los buques que pescan ilegalmente en aguas argentinas y de ese modo defender nuestros recursos”.

“La ley de demarcación definitiva de la plataforma continental es el resultado concreto de una política de Estado que Argentina ha venido desarrollando ininterrumpidamente durante gobiernos de diferentes signos políticos”, concluyeron los diputados.

Acompañaron esta Resolución el diputado nacional Alberto Asseff, Alfredo Schiavoni, Gerardo Cipolini, Héctor Stefani, Pablo Torello, Jorge Enríquez, Francisco Sánchez y Victoria Morales Gorleri.

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio, junto al diputado Jorge Enríquez, piden que el Gobierno informe sobre las razones por las cuales el canciller Felipe Solá utilizó el término “Océano Austral” en una nota de prensa, cuando dicha denominación, introducida hace décadas por los gobiernos de Australia y luego por el Reino Unido de Gran Bretaña, nunca fue aprobada por la Organización Hidrográfica Internacional (OHI). 

Asseff sostiene que dicha denominación “es ajena a nuestro país y suscribir a dicha denominación abre un peligroso precedente concerniente una parte inalienable del ámbito territorial argentino”. 

El titular del Partido UNIR explicó que de impulsarse “la protección del ´Océano Austral’ en casi 4 millones de km2. a través de la creación de áreas marinas protegidas: en la Península Antártica y en el Mar de Weddell, entonces hay zonas que quedarían bajo un régimen en el cual otras potencias, incluyendo Gran Bretaña, podrían llegar entonces a tener de alguna forma, voz y voto sobre territorio marítimo argentino. 

En este sentido, el diputado de JxC indicó que la denominación ‘Océano Austral’ es impulsada por la Sociedad Nacional Geográfica (National Geographic Society ó NGS), que “declara ‘per se’ y de facto -sin ningún fundamento de carácter científico de peso- que la masa de agua salda que rodea a todo el Continente Antártico, incluyendo al Sector de la Antártida Argentina es un océano independiente del Atlántico, del Índico y del Pacífico, al que llamaron con el nombre de “Austral”; a la vez que fija de manera arbitraria el límite septentrional en el paralelo 60° de Latitud Sur y límite meridional, en las costas del continente Blanco”. 

Según el legislador, “son limites inventados por la misma NGS y que según el mismo propio promotor de esa medida en la NGS, el geógrafo Alex Tait (desde el año 1953 hasta la fecha), la denominación de ‘Océano Austral’ no ha sido aprobada por la OHI”. 

Finalmente, Asseff llama a “defender el mar argentino, fuente de recursos económicos ilimitado y una de las mayores fuentes de crecimiento para nuestro país”. 

“Vamos a hacer de Internet un servicio público, para que no nos sigan robando con las tarifas. Y que se enojen los que se tengan que enojar”, dijo el presidente Alberto Fernández este lunes en Tecnópolis.

Le salió al cruce el diputado nacional Alberto Asseff, quien respecto de la posibilidad de declarar “servicio público” el servicio de Internet explicó que “la conectividad para todos los argentinos es un gran objetivo a conseguir, pero no hay que engañarse con esta meta. No puede sostenerse a la ligera que esto se va a conseguir sin inversiones ni costos”. Y agregó: “Cuando se habla de gratuidad, alguien paga. No existe nada gratis. Son los que pagamos los impuestos los que sostenemos la gratuidad de algunos servicios”.

El titular del partido UNIR subrayó que es necesario “mejorar la tecnología, que permita mayor alcance, la intensidad del servicio, que no se interrumpa por una tormenta, y todo eso reclama muchas inversiones económicas”. “Esas inversiones o las hace el estado o las hacen los privados, si la hacen los privados es lógico que tengan una expectativa lógica de rentabilidad”.

Respecto a las declaraciones de Fernández durante la presentación del plan Argentina Programa en Tecnópolis, Asseff dijo que “el presidente mete ideología preelectoral, hace demagogia barata, que suena muy bien a los oídos de los oyentes, pero que no tienen ninguna verificación en la realidad ni en la economía”. E insistió en que “hay que justicia social no es que todo sea gratis, sino ser realista, tener sensibilidad para mejorar la accesibilidad, abaratar los costos, mejorar la inversión, darle una rentabilidad justa a los prestadores de servicios de internet y que todos los argentinos tengan la posibilidad de pagar sus gastos con el producto de su trabajo.

Comenzó tímidamente hace 38 años. No cesa de crecer. Es prácticamente lo único que avanza en la Argentina, quizás junto con la producción agro-industrial, a pesar de todos los obstáculos que se le interponen. Configura algo patético: el progreso de la pobreza. Se trata de la Argentina planera. El asistencialismo en grado de paroxismo. Aquello que inicialmente fue una ayuda alimentaria para los pocos con hambre, con el tiempo devino en un sistema de vida con connotaciones político-electorales y efectos socio-económicos. 

Sabido es que un país descapitalizado por la campante corrupción –que saquea las arcas y que trunca las inversiones genuinas generadoras de trabajo y riqueza-, la deplorable inidónea gestión, la desconfianza abrumadora, la ideología estatista arcaica y boba, la emisión de moneda sin el respaldo de bienes producidos y el reparto de migajas a título de asignaciones y bonos sólo agrava el cuadro de angustiante pobreza. En este contexto nadie prosperará. Nadie podrá ahorrar. Nadie alcanzará la dignidad de ser humano y de ciudadano. Y menos si ponen en la picota al derecho de propiedad, la locomotora de la laboriosidad y del desarrollo. 

Lo que han cumplido es eso de “combatir al capital”, pero con una precisión: los luchadores anticapitalistas han acumulado ingentes capitales tejiendo una vasta red de testaferros con inversiones inmobiliarias y en empresas de servicios en España, Estados Unidos, Paraguay y otros lares. El fomento de este capitalismo espurio es la impunidad reinante. A nadie se le decomisan bienes. Nadie la paga y rige, imperturbable, el ‘dale que va’. 

Los “movimientos sociales” son el poder popular emergente. Cada día opacan más a la otrora dominante CGT. La dinámica planera es tan avasallante que el elenco sindical pareciera paralizado. No se sabe si por estupefacción o por achanchamiento, pero lo cierto es que no reaccionan. Esa CGT si algo tenía de virtuoso era que dependía –no se puede decir ‘representaba’ atento la doble faz de su actuación– de la existencia de trabajadores. Hoy son cada vez menos los registrados y por ello aportantes de la cuota sindical compulsiva. El incremento de los trabajos no registrados es descomunal. 6 millones legales, 7 millones “negreados” y 9 millones asistidos. Esta ecuación es insostenible y es la clave del fracaso argentino, el único país de la tierra que en el promedio del último medio siglo ha retrogradado en el PBI per cápita. 

El poderío de los movimientos sociales es notable. Si bien surgen voces de algunos de sus dirigentes que reconocen que “la ayuda social ha fracasado para combatir la pobreza” – en rigor, la ha propulsado -, lo cierto es que han establecido una modalidad de intermediación que les brinda recursos para las movilizaciones organizadas caracterizadas por su recurrencia. El ‘trabajo’ es estar todos los días en las calles peticionando más fondos para profundizar la pobreza general. 

Hoy el presupuesto asigna el 14% para esta ayuda a ser cada vez más pobres y sólo el 2% para emprendedores productivos. Una economía sin empresas productivas o de servicios que añadan conocimiento no tiene porvenir. Somos el país de la región con menos empresas por cada 1000 habitantes, entre otros tantos rangos descorazonantes que le debemos al populismo. Otro ejemplo es que en lugar de una “coalición exportadora” –es decir, ponernos de acuerdo en una estrategia de exportar cada vez más trabajo y producción argentinos-, incurrimos en lo más contraindicado que podría existir, esto es prohibirlas, como el caso de la carne. 

Esto que sufrimos es el populismo como expresión viva e irritante de una mentira colosal: en nombre del pueblo se lo hunde. Para colmo, no sólo se lo empobrece –incluyendo a la empequeñecida y alicaída clase media–, sino que se lo torna más ignorante. Es la combinación explosiva de la Argentina frustrada. Nunca deberemos olvidar que el populismo miliitó en la pandemia las escuelas cerradas como una bandera. Algo monstruoso. 

La Argentina planera es el primer ‘elefante blanco’ a desarticular. Como los intereses creados son poderosos y el pesimismo de que seamos capaces de consumar este decisivo desmonte es enorme, habrá que recurrir al artículo 39 de la Constitución y llamar a consulta popular para que sea la nación la que resuelva si vamos o no a la modernidad, dejando atrás un tan largo como penoso ciclo decadente. 

La Argentina planera estructuraliza la pobreza. Está a un paso de ponderarla como la vía hacia la igualdad. Y, obviamente, la utiliza electoralmente ya que la tendencia hacia “todos pobres” va adunada con que la oposición son “los ricos”. La narrativa populista es eficaz para la falacia. En eso ganan el campeonato. Además, acuñan sistemas económicos que desafían las leyes del mercado, universalmente aceptadas, sin perjuicio de las necesarias y delicadas regulaciones que reclaman y que en todas partes existen. Por eso hablan de la ‘economía popular’ y nos retrotraen al trueque. La inflación, corrosiva del bienestar general, es parte de la familia populista. 

Se le “gana” con las paritarias. Así venimos desde añares, sin aprender de los sucesivos ‘rodrigazos’ como el de 1975. 

El dilema es tan vital e histórico como crucial: o salimos del asistencialismo o la gran Argentina que soñaron los fundadores y especialmente los organizadores a partir de los pactos preexistentes, como honorablemente reconoce la Constitución, no será posible. Nos hallamos en esa bisagra. Este es un bienio decisivo. 

El diputado nacional Alberto Asseff (que forma parte del interbloque de JxC) mantuvo un encuentro virtual con la Fundación InterAmericana del Corazón (FIC) y acordaron que “hay que concientizar sobre la buena nutrición” por lo que “la advertencia del etiquetado ayudará” y si ello no interfiere en la “producción y exportación de alimentos” será apoyada por la coalición opositora.

Respecto de la videoconferencia que mantuvo el dirigente macrista y presidente del partido UNIR con la institución sin fines de lucro, que se ocupa de las enfermedades cardiovasculares, expresó: “En la medida de que la ley de etiquetado frontal no afecte a la producción ni la exportación de alimentos la apoyaremos”.

A su vez, tanto el diputado nacional como los integrantes de la Fundación coincidieron “en vincular los problemas cardiovasculares con la mala nutrición que deriva del consumo de alimentos que tienen márgenes más allá de lo aconsejable de azúcares y sodio”.

“Todo exceso es pernicioso, pero aclaramos que no demonízanos ni al azúcar ni al sodio. Lo que sostenemos es que hay que concientizar sobre la buena nutrición y la advertencia del etiquetado ayudará”, manifestaron las autoridades de la institución y ejemplificaron con la experiencia de Chile que “es un país de economía abierta donde el etiquetado no ha perjudicado la producción alimenticia”. 

Desde la Fundación InterAmericana del Corazón, indicaron que es necesaria en el país la ley de etiquetado frontal porque advierte sobre la constitución de los alimentos que se consumen. 

Al finalizar la reunión, Asseff y los referentes de la institución estuvieron de acuerdo en que “la ley de etiquetado frontal no afecta a la industria nacional alimenticia ni a la capacidad competitiva en el mercado interno ni en el externo” y, por el contrario, destacaron que “favorece la salud pública, la buena nutrición. Se evitan enormes sobrecostos, tanto en materia de asistencia a la salud, como también en la actividad laboral y económica porque las enfermedades relacionadas al corazón generan internaciones o tratamientos crónicos que producen la disminución de la capacidad laboral o literalmente la necesidad de una licencia en el trabajo, redundando en un grave perjuicio tanto para las personas, como para el mundo de la actividad económica”.

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR se refirió al incidente sucedido con el músico Santiago “Chano” Charpentier, quien en días pasados fue reducido por un efectivo de las fuerzas del orden con su arma reglamentaria, provocándole una grave herida.

Asseff lamentó el hecho y explicó que se podría haber solucionado con la utilización de armas electrónicas no letales, tales como las pistolas Taser, las cuales se utilizan cuando “resulten ineficaces otros medios no violentos” para “inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de autolesionarse”. Así como cuando “deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas” y para “impedir la comisión de un delito de acción pública”.

“No hay que victimizar prejuiciosamente a ningún policía porque siempre debemos tener presente que son los que velan por nuestra seguridad. Este desgraciado episodio muestra que la ley de enfermos psiquiátricos debe reformarse para que las internaciones  sean rápidas y preventivas”, expresó el legislador opositor.

El diputado de JxC recordó que el actual gobierno canceló en el pasado el debate por la utilización de armas no letales y hoy el mismo ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, propone las Taser como medida de seguridad.

Por último, Asseff explica que debe existir una estricta reglamentación que “limite su utilización contra personas vulnerables, tales como niños, mujeres embarazadas o ancianos y en otros supuestos que no hagan aconsejable su uso de acuerdo a criterios científicos y conforme lo determine la reglamentación y los protocolos policiales aplicados por agentes formados con alta profesionalidad”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff pidió que el Gobierno informe sobre la adquisición de materiales de promoción de educación sexual, entre ellas “penes de madera” y maletines turqueses, por un costo total de pesos $13.371.000 conforme el proceso de compra N° 80-0023- LPU21, de la cartera en cuestión. 

En el proyecto que acompañan los diputados Jorge Enríquez, Francisco Sánchez, Luis Pastori, Lidia Inés Ascarate y Gerardo Cipolini, Asseff solicita que se de información acerca del programa oficial sobre educación sexual que utilizará los artículos solicitados. A la vez que pregunta si no existían ya tales elementos en el Ministerio de Salud. Al respecto, el titular del Partido UNIR quiere saber si la orden de compra “supone una partida extraordinaria del presupuesto asignado al Ministerio de Salud o ya estaba contemplado en los gastos del año en curso”. 

Por último, Asseff sostuvo que “estando atravesando una pandemia con numerosas dificultades, irregularidades e inclusive, lamentablemente más de 100.000 fallecidos no existe urgencia en la compra de estos productos, pudiéndose utilizar los casi 14 millones de pesos destinados a los penes de madera para la lucha contra la pandemia u otras enfermedades”. 

Los diputados de Juntos por el Cambio Alberto Asseff, Soher El Sukaria y Carmen Polledo expresaron su preocupación por “la grave crisis socioeconómica, sanitaria, institucional y democrática que está atravesando Cuba”, al tiempo que apoyaron “las manifestaciones pacificas en favor de la libertad y la liberación del régimen totalitario que gobierna la isla”.

Asseff invocó a la Cámara de Diputados de la Nación, “que se ha expresado en reiteradas oportunidades a favor de la democracia, el respeto por las instituciones, la alternancia en el poder y el respeto por los Derechos Humanos, entre otras declaraciones con un claro perfil en apoyo a la libertad”, para pedir que en esta ocasión se exprese en contra “de las violaciones a los principios, derechos y garantías del ser humano que se está viviendo en Cuba, y asimismo se apoye las manifestaciones pacíficas en favor de la libertad y la liberación del régimen totalitario que gobierna la isla”.

Por último el titular del Partido UNIR reivindicó la consigna “Patria y vida”, hoy convertida en lema de las protestas del pueblo cubano, y condenó la represión en la isla.

Hemos pasado un umbral nunca imaginado en nuestra historia, sobre todo desde la Organización Nacional a partir de 1853. La Argentina es un país pobre con más de la mitad de la población en esa penosa situación. Y con perspectivas de que esto acrezca. Quienes nacimos en la mitad del siglo XX crecimos creyendo que éramos uno de los países más ricos de la tierra. Nuestra decadencia continuada –caso excepcional en el último medio siglo, pues ningún país del mundo ha experimentado un retroceso constante tal– es recurrentemente diagnosticada, pero su terapéutica sigue sin practicarse. 

Los analistas difieren en sus conclusiones. Pero en el llano se está configurando una coincidencia. El mal argentino radica en la política. Padecemos de mala y muy desacreditada política. Carente de aptitud para administrar, lejana de la idoneidad básica, disociada con los anhelos de la sociedad, más ‘marketing’ que estrategias elaboradas y mejor ejecutadas. Lo más angustiante es que se incrementa en el país la sensación de somos un caso perdido. 

Vivimos de postergación en postergación a la hora de adoptar la cirugía mayor que requiere nuestra morbilidad estructural. Hace 70 años que se vienen ensayando recurrentes planes de estabilización, comenzando por el de Perón-Gómez Morales en 1952. Ninguno fue a la médula. El que supuestamente intentó ir al fondo fue el de Menem-Cavallo, pero tenía un vicio redhibitorio: ni emitíamos dólares ni teníamos la fortaleza productiva y de servicios de la economía norteamericana. Consecuentemente, sostener la paridad 1 a 1 era ineluctablemente transitorio. Extenderla más de una década inexorablemente condujo al estallido de 2001. Pareciera que tenemos vedados los dos caminos, el rígido y el laxo. El primero por incumplible. El segundo por inservible. Empero, ¿hay una vía intermedia? ¿Es posible una política de medias tintas? 

Esos interrogantes tienen una respuesta: requerimos una buena política que le dé solidez y espaldas a la histórica operación de reformar al país. 

Nuestro país va aceleradamente hacia “pobreza para todos”, la más siniestra e inicua de las igualdades. El 79% está en el escalón más bajo, con un ingreso de hasta $40.000.

La encerrona en la que estamos es tan aguda que ni siquiera nos bastaría crecer sostenidamente un 4% anual, un porcentaje hoy más que improbable. Con ese aumento sólo podremos retomar nuestra situación de hace 25 años ponderando el crecimiento de la población y las demandas sociales acumuladas. Tal la hondura de nuestra declinación y lo sombrío del horizonte. Literal catástrofe. El primer país grande del orbe que se torna inviable en la era contemporánea. 

Hay cambios, pero de los peores. Están mutando nuestro fenotipo, nuestra identidad –se desdibuja peligrosamente-, la estructura económica –un país emprendedor, independiente del Estado, devenido en asistido o sobreviviendo de changas. Es un contraste asombroso con lo que acaece en China que avanza raudamente hacia la ‘economía digital’, esa que utiliza cada vez menos energía y materias primas, con costos a la baja y por ende incrementos de la productividad. Se sustenta esa digitalización económica en la ‘inteligencia colectiva’, en la interactuación seres humanos-máquinas. En 2050, el 60% del sistema productivo chino será tecnológico. Por nuestro lado, tuvimos casi un año y medio sin educación. En 2050 si seguimos este rumbo seremos un país de mendicantes, con los más pujantes emigrados. 

Nuestro país va aceleradamente hacia “pobreza para todos”, la más siniestra e inicua de las igualdades. El 79% está en el escalón más bajo, con un ingreso de hasta $40.000. Lo más insoportable es que descendemos desde un escenario anterior con movilidad social hacia arriba y con una floreciente clase media, envidia del mundo entero. Retroceder es más gravoso que no adelantarse. 

Como ‘salida’ se propone un ingreso universal que demandaría $750 mil millones. Sería distribuir migajas para ser más pobres a pesar del enorme gasto público. Está definitivamente probado: cada vez más recursos, pero simultáneamente cada vez más necesitados y necesidades. 

Nuestro debate político se reduce a candidaturas, ahora en vísperas electorales, y a chicanas el resto del año. Ni palabra de la reinvención del trabajo, de las reformas de fondo, de la ubicación geopolítica del país en la región y en el planeta. Hasta ni se menciona qué papel queremos desempeñar en nuestra América, notros que otrora fuimos un faro. 

Lo angustioso es que la crisis argentina no es circunstancial. Es permanente. 

Ante este panorama no podemos hacer otra cosa que acertar en el diagnóstico y arremangarnos para ejecutar en todos los frentes la tarea histórica de recuperar a nuestra Nación. El cuadro de situación está claro: insoportablemente destartalado, exige cirugía y no remiendos. La solución es modernizar a la Argentina partiendo de reformas sostenidas por acuerdos de Estado. Las metas son indiscutibles: educación para el mundo que ya está llegando, sistema institucional republicano pleno, vigencia de todas las libertades, respeto y aliento a la iniciativa privada, erradicación de la corrupción desde la función pública, garantizar el sistema con una justicia 

independiente e idónea, generar las condiciones para expandir – rememorando la explosión de crecimiento de los fines del s.XIX – la economía, todo ello sustentado por una política con altitud de miras y gran capacidad ejecutiva. 

Podría decirse, ‘es la economía, estúpido’. Sin embargo, la deplorable economía que sufrimos es efecto directo de la lamentable política que padecemos. Por eso, ‘es la política, estúpido’. 

El diputado nacional Alberto Asseff (Juntos por el Cambio – Buenos Aires) se expresó este viernes sobre el supuesto envío de elementos de disuasión para la protesta callejera por parte del gobierno del expresidente Mauricio Macri a Bolivia. 

 Asseff, quien es vicepresidente de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados y a la vez es vocal en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, sostuvo que al contrario de lo que dicen el presidente Alberto Fernández y su par de Bolivia, Luis Arce, el gobierno de Mauricio Macri “cobijó a altísimos funcionarios de Evo Morales, dándole asilo -por ejemplo- a su ministro del interior”.

Por último el titular del Partido UNIR aseguró que la caída de Evo Morales no se debió a un supuesto golpe de Estado, sino que “fue propiciado por el mismo Morales al desconocer la Constitución de su propio país y buscar una reelección para la que no estaba habilitado e incluso fue rechazada por un plebiscito popular”. “Estas convulsiones internas fueron las que determinaron la caída de Evo Morales, una caída que fue encausada institucionalmente, por lo que es lamentable que el presidente Fernández haga electoralismo con una cuestión tan delicada como la relación con un pueblo vecino y hermano como es Bolivia”, concluyó Asseff.

El diputado nacional por Buenos Aires Alberto Asseff junto a otros 17 legisladores de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley con el objetivo de derogar el decreto N° 438/21 que publicó este miércoles el Gobierno nacional con el objetivo de que los trabajadores que inicien una relación laboral deberán permanecer un año en la obra social de su rama de actividad, antes de poder ejercer la opción de cambio de su cobertura médica.

Ante esta medida de la administración de Alberto Fernández, la oposición reaccionó y aseguró, en los fundamentos de la iniciativa, que “el Gobierno tiene la intención de que el Ministerio de Salud recupere la rectoría total de todo el sistema con un mayor control sobre los recursos del sistema público, de las obras sociales y de las prepagas”.

“Para evitar el avasallamiento de libertades y derechos adquiridos, solicito el acompañamiento de mis pares”, dijo Assef.

Los diputados cofirmantes son: Héctor Stefani, Francisco Sánchez, Jorge Enríquez, Alicia Terada, Pablo Torello, José Luis Patiño, Lidia Ascarate, Alfredo Schiavoni, Gerardo Cipollini, Diego Mestre, Roxana Reyes, Ricardo Buryaille, Graciela Lena, Victoria Morales Gorleri, Martin Grande, Hernán Berisso y Virginia Cornejo.

La decisión del Gobierno respecto a las obras sociales

Los trabajadores que inicien una relación laboral deberán permanecer un año en la obra social de su rama de actividad, antes de poder ejercer la opción de cambio de su cobertura médica.

Ese período de permanencia “resultará de aplicación a las relaciones laborales que se hubieren iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto y no cuenten a dicha fecha con un año de antigüedad. Sin perjuicio de ello, en caso de que el trabajador o la trabajadora hubieren hecho uso del derecho de opción en forma previa a la entrada en vigencia del presente, se respetará dicha opción”, indicó el Decreto.

La opción de cambio podrá ejercerse solo una vez durante todo el año calendario y se hará efectiva a partir del primer día del mes siguiente a la formalización de la solicitud.

El derecho de opción de cambio de obra social deberá ejercerse de manera individual y personal por el beneficiario, a través de las modalidades dispuestas y/o las que en el futuro disponga la Superintendencia de Servicios de Salud.

Las modalidades y plataformas digitales que se utilicen deberán garantizar que la información correspondiente a las opciones de cambio realizadas se encuentre disponible y accesible en forma oportuna para la AFIP y para las Obras Sociales de origen y destino.

La Casa Rosada recordó que por medio del Decreto N 504/98, se reglamentó el modo de ejercicio del derecho de elección de obra social, basado en los principios de solidaridad y equidad del sistema.