El diputado nacional Alberto Asseff se refirió a las consecuencias de la Ley de Alquileres sancionada en el año 2019, que calificó como “ruinosas”, y se manifestó en contra de las modificaciones llevadas a cabo a la Ley 27.551, que regula los derechos y obligaciones del inquilino y del propietario. 

En diálogo con la periodista Laura Sverdlick, el legislador señaló que presentó un proyecto para derogar dichas modificaciones porque “entiendo que la ley de alquileres que ha modificado el Código Civil lo único que ha traído es consecuencias negativas para ambas partes, tanto para propietarios como para inquilinos”. 

El titular del Partido UNIR ahondó diciendo que “pierden los propietarios “porque se pretende manipular lo que debería ser una libre contratación, a la vez que pierden los inquilinos -que supuestamente serían los beneficiados de esa modificación- porque se fija una extensión de contrato que puede no estar en relación con su situación particular y porque la oferta de alquiler se ha vuelto más cara y más escasa. Hoy alquilar sale más caro”. 

Y agregó: “Esta ley sancionada en 2019 buscó beneficiar a los inquilinos y terminó perjudicando tanto a los propietarios como a los inquilinos”. 

Por otro lado, Asseff consideró que las modificaciones realizadas a la Ley de alquileres también perjudican la construcción: “Argentina tiene la experiencia de ser un país inflacionario desde hace más de medio siglo, entonces el pequeño ahorrista tiene dos posibilidades para protegerse de la inflación: el dólar y el ladrillo”. Pero ahora, “el ladrillo que era algo virtuoso, porque generaba actividad ahora también queda paralizado por la especulación que genera la imposibilidad de alquilar”. 

Se desarrolla en la sociedad una fuerte y creciente corriente republicana. La alarma acerca de nuestro futuro republicano se extiende correlativamente al peligro de ser atrapados por una autocracia. Creo que deberíamos reparar en que además de la acechanza sobre república como modelo institucional existen amenazas sobre la propia democracia. En rigor, el riesgo abarca a las dos. Si cae una se desploma la otra. Son inescindibles. 

Como bien escribe Pablo Mendelevich en La Nación del pasado 12 de junio, son inocultables los planes de perpetuación en el poder. Un proyecto de capturar al Estado, de tales características, es letal para el sistema representativo republicano que establece el artículo primero de la Constitución. 

Las democracias también mueren sobre todo si la reacción para defenderla no es suficientemente robusta, resuelta. O es tardía. Si, por caso, se juguetea en exceso con candidaturas y egomanías, en absurda disociación con la taciturna realidad argentina y sus elementales exigencias de deponer personalismos, priorizando la unión de los democrático-republicanos. 

Las democracias tambalean asimismo cuando la alternativa a la tendencia totalitaria no termina de esbozar siete grandes ideas-fuerza que instalen confianza en la ciudadanía. La gente está literalmente embargada por crudos interrogantes: si ahora en el llano no son capaces de unirse, ¿cómo afrontarán desde el gobierno los inéditos desafíos que presenta la Argentina decadente, plagada de complejísimos problemas y de fortísimas mafias e intereses creados viciosos? ¿Quiénes invertirán en un país cuyas máximas autoridades menosprecian el derecho de propiedad y prácticamente alientan las usurpaciones? ¿Pueden tener estímulos la legión de emprendedores actuales y potenciales si las señales que vienen desde las cumbres del poder son que la Argentina privada es una rémora que hay que cercenar paulatinamente hasta extinguirla? En suma, está en la picota nada menos que la libertad. Ya no caben dudas ni vacilaciones: para los adeptos a la autocracia el gran enemigo es el argentino libre. Es tan aguda la cuestión que hasta puede afirmarse sin incurrir en exageraciones que los argentinos trabajadores, desde el operario al ejecutivo, son enemigos a derrotar. Un trabajador es, por naturaleza, digno y libre y eso les resulta intolerable a los autócratas. 

Es tan manifiesta y descarada la vocación de erigir un modelo hegemónico, incompatible con el formato republicano y democrático, que se niegan, con empecinamiento y sin siquiera esgrimir razones, a la boleta única que podría transparentar, facilitar y sanear el sufragio. Y evitar ese 5% de fraudes que existen en todos los comicios. Han llegado tan lejos como derogar la habilitación del voto por correo para los ciudadanos residentes en el exterior. No hesitan en mostrar su atraso si se trata de impedir un puñado de votos mayoritariamente adversos para los hegemonistas. Pensar que, en noviembre pasado, en los EEUU sufragaron por correo 100 millones de ciudadanos. Ni la pandemia los conmovió: ¿quiérase un voto sanitariamente más impecable que el postal? 

La Argentina tiene oportunidades espectaculares si eleva su mirada y favorece al mérito y a la cultura del trabajo. Sin recaer en mentar al litio o a la riqueza ictícola que nos roban en nuestras narices sin que hagamos nada serio para impedirlo, detengámonos en las legumbres o en las algas. Podríamos impactar en el mercado mundial con mayor fuerza que con la soja, sobre todo si certificamos el producto orgánico. Además de la economía del conocimiento – en la que ya probamos nuestra inmensa capacidad -, nos aguarda la bioeconomía, esa que le dará aún más valor añadido a la fortaleza de la actividad rural tecnologizada. 

Para recuperar la democracia, los demócratas y republicanos debemos proponer un gran plan de desarrollo para el mediano y largo plazo, para una generación. 

Al Estado hay que funcionalizarlo en vez de colonizarlo. Reordenar su organigrama, en lugar de alambicarlo. Requiere un meticuloso trabajo ortopédico. Así como lo padecemos hoy, nos estamos transformando en sus desplumados siervos cuando lo creamos para que nos sirva y organice como hombres libres. Actualmente es el agente del atraso, violando el mandato constitucional de que nos constituimos para “promover el bienestar general”. 

Es muy complejo el cuadro de situación, tanto como para interpelarnos a actos y gestos generosos, grandes. La confianza mayoritaria se depositará en la alternativa si exhibe esas actitudes, si brinda signos claros de que será capaz de darle gobernabilidad a las reformas ineludibles que el país necesita. 

El diputado nacional de JxC y titular de UNIR, Alberto Asseff dialogó con Florencio Randazzo y según trascendió luego, ambos coincidieron sobre el cuadro de situación “insoportable” que sufren los argentinos. También analizaron las reformas ineludibles que entienden que deberían emprenderse.

Al finalizar, el diputado marplatense invitó al hombre de Chivilcoy para que dé el campanazo participando en las PASO de Juntos por el Cambio y el exministro de Cristina Kirchner invitó a su vez a UNIR para que participe en su propuesta. En esto no hubo acuerdo, pero quedaron en buena sintonía y con diálogo abierto.

¿En el próximo encuentro resolverán ir juntos?

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR, junto a los diputados Gustavo Hein, Alfredo Schiavoni, Aída Ayala y Lidia Inés Ascarate, pide agravar el delito de hurto de celulares.

Ante el incremento del robo de celulares y dispositivos móviles, o artefactos de tecnología móvil, llámense celulares, notebook, tablet. GPS, drone, o cámara fotográfica, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff pide que el delito de hurto sea agravado.

El titular del Partido UNIR sostiene que “los últimos datos oficiales señalan que en el país se denuncian 166 celulares robados por hora: casi 4 mil por día, o 1,4 millón al año”.

Y agrega que “esto no incluye la gran cantidad de episodios que no llegan a registrarse. A esto, se pueden sumar notebook, tablet. GPS, drone, cámara fotográfica, etcétera.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff se refirió a la discusión dentro de la oposición en torno a una posible modificación del nombre del frente, y manifestó coincidir con Mauricio Macri respecto a la necesidad de mantener el mismo.

Para el legislador, la marca JxC “está clivada, instalada. Da identidad. El mensaje que brinda el nombre es claro y abarcativo”, y agregó: “Se proponen nombres como ‘Juntos por la Republica” o ‘por la Libertad’. República o Libertad ¿son más definitorios de lo nos proponemos realizar? ¿Acaso ambos vocablos no están imbricados en la palabra cambio? No podrá jamás haber cambios sin un marco de libertades republicanas”.

En este sentido, Asseff consideró que “nombrarnos como ‘republicanos’ o como los de la ‘libertad’ daría la impresión de que no ponemos en el eje central también a la economía, pues habría que  razonar que la libertad y la república conducen a la buena economía. Sobre la que aún nos falta dar señales precisas sobre cómo programamos recuperarla, sea dicho de paso”.

E insitió: “Los nombres institucionales como ‘República’ parecen apuntar a que aspiramos a frenar los designios del oficialismo, pero no expresan nuestros anhelos sobre el país que queremos. Cambio es además de freno, motor”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff  y presidente del Partido UNIR, junto con Ricardo Benedetto, de la Agrupación Banquemos, se reunieron con la reconocida investigadora Sandra Pitta quien les comunicó su decisión de involucrarse en septiembre y noviembre próximo. 

Tras el encuentro, el legislador señaló: “Tenemos vínculo con ella desde hace tiempo y estábamos siguiendo sus declaraciones públicas y sus actitudes que fueron muy valientes. Siempre consideramos que es una buena ciudadana y además una digna investigadora que honra la investigación científica de Argentina”. 

En declaraciones al portal A24, Asseff afirmó que la investigadora del Conicet “está totalmente de acuerdo con participar activamente de la política”.

Antaño era la oligarquía que fue diluyéndose a principios del siglo XX. Luego irrumpieron los “nuevos ricos”, un numeroso universo de neoprivilegiados a pesar de que “los únicos eran los niños”, según rezaba la consigna omnivigente en los finales de los cuarenta. Ulteriormente, emergió el llamado “círculo rojo” constituido por un intento de forjar la burguesía nacional y junto con  emprendedores de resonante éxito, al punto de crear “unicornios” –empresas que facturan más de mil millones de dólares-. La Argentina es tan rica que a pesar de que se empeñan en empobrecerla –y saquearla desde adentro-, sigue en pie. Claro que cada día más penosamente, con pronóstico peor que reservado.

El “circulo” sigue actuando, pero es evidente que pierde paulatina gravitación. Además, es polifacético. No posee unidireccionalidad y ello conspira contra su efectividad. Por otra parte, su postura contra la estrategia del pobrismo es demasiado pálida, casi equívoca. Para ser francos, no se sabe si la atrae más la inflación y la denominada “patria contratista” que la inversión de riesgo y el capitalismo genuino, es decir competitivo, innovador. Para indulgencia del “círculo”, no es sencillo desempeñarse con una macroeconomía destartalada, en un país sin moneda, sin reglas estables, sin libertades básicas, hiperregulacionista y supergravado. Empero, en desmedro de este “circulo” cabe señalar que la mayoría se embelesó -¿sigue fascinado?– con la protección. En ese sentido, no deja de sorprender que Fernando Enrique Cardoso haya firmado sin reservas el respaldo al paraguas protector de altos aranceles externos del Mercosur. Ese amparo seguramente que no puede levantarse de la noche a la mañana, pero es menester ir bajándolo. El comercio liberado trae más beneficios que daños, sobre todo si se sabe hallar el punto de cocción entre protección y liberalización.

La creciente vacancia que el “circulo” admite, por diversos motivos incluyendo sus intestinas contradicciones, la está cubriendo la emergente casta dominante ¿De qué se trata? Es el resultado de un largo proceso que data de los años treinta y que fue agudizándose año tras año –con apenas unos breves momentos de “intervalos lúcidos” en los cuales se buscó tibia e inconstantemente morigerarlo-, pero nunca revertirlo de cuajo.  Es la tendencia a agrandar el Estado, concibiéndolo como el precipuo actor de la justicia social y de la igualdad, confrontado con la actividad privada, percibida como ansiosa de lucro –hasta la avidez para los exagerados– y por esencia mezquina, egoísta, insolidaria. El Estado sería la excluyente solidaridad posible.

Esa involución –¡sí, los “revolucionarios” vernáculos son involucionistas, neoconservadores!– se potenció a partir de 2003 y especialmente desde 2007. El momento culminante fue 2011 por dos circunstancias: un triunfo electoral por una diferencia abismal –54 a 17– y la viudez de a la sazón presidente.  El marido presidente y luego primer “caballero” nunca fue un estadista, pero en su pragmatismo del poder sabía que algunos parámetros debían estar controlados. De ahí su idea de los superávits gemelos. Su sucesora, ya en soledad y con todo el mando, se dedicó con fruición a ensanchar el Estado. El poder la sobó. Del 26% del PBI en 2003 alcanzó el 46% en 2015. Y no para de incrementarse, máxime con la pandemia.

Cada organismo más o cada ampliación de los existentes, incluyendo universidades, dependencias diversas,  implica centenares de funcionarios y asesores con altas remuneraciones –mayores que las de los representantes del pueblo– que se designan sin concurso. Sus CV son la pertenencia a la nueva “Orga”, la que lleva el apellido de un efímero presidente delegado. A lo sumo, se mezclan algunos provenientes de las recomendaciones de los intendentes adictos. Son miles de “militantes” altamente rentados por el Estado y en su mayoría – esto no es un dato baladí – con cierta preparación y hasta estudios superiores. Son la nueva casta empoderada, tanto de facultades políticas como de recursos económicos. Y con un objetivo: sustituir al capitalismo y todo atisbo de libertad. Anhelan la igualdad para abajo, la solidaridad de todos pobres, el sometimiento electoral de ciudadanos necesitados de ayudas porque si no se terminan de hundir literalmente en el hambre. Un país sin clases, pero con una casta, claro que sin linaje.

La nueva casta dominante es más injusta que la oligarquía de los albores del país y por supuesto que el círculo rojo. Es literalmente cruel y mentalmente gélida. Cabeza fría y corazón helado. Gozan y usufructúan de y con la pobreza y les ha venido de perillas el interregno de Mauricio Macri. El ex presidente cometió errores, pero sufrió fenomenales trabas, trampas, engaños, celadas y movimientos realmente destituyentes. Para enfrentar esos enormes obstáculos delegó la política en un diálogo que resultó ser falaz e infructuoso, pero que frenó en los hechos las reformas. Sin  cambios, el gobierno anterior fue consumiendo la confianza y sin ella la administración de la cosa pública se torna cuesta arriba, imposible. Ahora, todos los males se le enrostran a Macri sin rubor, con inenarrable hipocresía.

Así como a la oligarquía la encapsuló la democracia, a la casta deberá cortarle manos y alas la voluntad de consolidar al sistema republicano que engloba a la democracia, pero que le da despliegue.

El Estado debe ser nuestro servidor. Ni grande ni pequeño, el necesario para auxiliar a una Nación que clama por mostrar su capacidad, hoy peor que dormida.

¡Claro que queremos justicia e igualdad! Pero de la mano del mérito, el esfuerzo y el trabajo. Y de la libertad.

*Diputado nacional de Juntos por el Cambio (partido UNIR).

¿Jorge Faurie senador? Esa posibilidad quedó flotando al cabo de un zoom que organizó el diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff, en el que se analizó la política exterior del Gobierno de Alberto Fernández y en cuyo marco se criticó fuertemente el supuesto alineamiento de esta administración con la Venezuela de Nicolás Maduro y la postura “lejana a los países centrales y democráticos del mundo”.

En ese sentido, si bien Faurie reconoció tener vocación de participar en política en su provincia, “lamentablemente no he logrado la inserción que me permita ser un candidato” por el momento, aunque aseguró que “me gustaría poder serlo y pienso que tengo algo para aportar a la provincia, porque soy un santafesino de ley: nací en la ciudad de Santa Fe, me eduqué en colegios públicos, fui al Inmaculada en la Ciudad, fui a la Universidad Nacional del Litoral, y me siento identificado con aquello que defienden”.

Y cuando se le insistió sobre si tenía ganas de ser candidato a senador, Faurie no dudó: “Totalmente”, respondió.

El excanciller de Cambiemos hizo un repaso de lo que consideró “errores voluntarios” que se vienen registrando en esta administración. Lamentó “nuestra preferencia por países sin tradición democrática o de poco o nulo respeto por los derechos humanos” y que los mismos “sean hoy nuestros aliados y espejo en el que nos obligan a reflejarnos como sociedad”.

Durante el zoom explicó que “aliarnos con la Venezuela de Maduro nos aleja del continente, y no condenar el terrorismo de Hamas, y pedirle explicaciones al estado de Israel por defenderse de un grupo integrista que tiene secuestrado al verdadero pueblo palestino nos aleja del mundo democrático”.

Faurie también mostró una fuerte crítica a la decisión de cerrar la exportación de carne y aclaró que tomar decisiones que afectan a la credibilidad del país para solucionar un tema interno -que no logrará solucionar, además- es un gran golpe a la economía nacional y a sus posibilidades de entrada de divisas, que tan necesarias son debido a la falta de crédito que sufre el país.

“A los mercados hay que serles cumplidores”, dijo Faurie y agregó que “interrumpir los contratos por cuestiones domésticas y pensar que esas cuestiones domésticas pueden beneficiar a algún sector de la población cuando está comprobado que es un perjuicio es algo equivocado”.

Al tomar la palabra el diputado Alberto Asseff, señaló que “los acuerdos de Estado que el país necesita y los asuntos que se vinculan con la política doméstica se dan en el Senado”. Y agregó que “la política exterior marca la política interna y este es un concepto que hay que tener presente en nuestra coalición de cambio, porque uno de los cambios es que la política exterior es esencial y no es una política más, es fundamental”.

Para Asseff “nuestro país tiene creciente debilidad como nación no solo por lo económico, sino fundamentalmente por su pesimismo interno y su desprestigio hacia afuera. Una de esas características es por haber relegado la política exterior”.

Llegado el momento de las preguntas, el moderador de la charla leyó mensajes de los oyentes que señalaban la necesidad de contar en el Senado con una figura como la de Faurie, quien además de ser un cuadro político conoce la experiencia de las negociaciones internacionales.

La charla se cerró con el entusiasmo general por una posible candidatura del ex canciller por la provincia de Santa Fe, “una de las provincias más importantes y productivas de la Argentina”, concluyó Asseff.

El populismo ha hecho el milagro de que un país potente esté en franca y cada vez más acelerada decadencia. En nombre del pueblo, invocándolo, lo ha ido empobreciendo y como consecuencia, sometiéndolo. Su actitud es desembozada. Es explícita, desvergonzada, impúdica. Nunca se ruboriza. Es capaz de ensanchar la pobreza hasta llegar lisa y llanamente al hambre y la indigencia, pero unos días antes de las elecciones ‘socorrer’ con unos bolsones de alimentos y lograr otro milagro: que las víctimas de tanta irracionalidad, desatinos y corrupción, reciban esas ‘ayudas’ y los destaquen con un “ustedes son los únicos que se acuerdan de nosotros mientras los otros sólo se interesan en los ricos”.  

En contraste, los que profesan los ideales de un país libre y próspero – comúnmente llamados liberales, aunque el término tiene mucho hilo y madejas – deben comenzar por pedir disculpas por su afección a la libertad. Es como que teniendo tanta pobreza ponderar a la libertad sea un ostentoso lujo, Casi una lujuria. Obran culposamente, tratando de embozar sus ideas por ser presuntamente incorrectas en el plano político-electoral. Decir que un país progresa con el trabajo, el esfuerzo y la libertad espanta (ría) votos. Si se atreviesen a asociar el orden con la prosperidad, entonces la impugnación llega al paroxismo. Orden es para los populistas un concepto vinculado a la maldita represión. Al orden hay que mandarlo al ático y al verbo reprimir eliminarlo, por ominoso. Deberá terminar su múltiple mención en el abolible Código Penal ya que ‘la mejor pena es la que no existe’ y en rigor las víctimas del delito son los auténticos victimarios, pues trabajando y como resultado de él adquiriendo propiedades han construido esta Argentina injusta y desigual. En la Argentina igualitaria por empobrecimiento general no se reprime a nadie, ni siquiera a los delincuentes a mano armada. Menos que menos a los de ‘guante blanco’, es decir la nueva casta. Sólo se reprime hasta el ahogamiento a la libre iniciativa porque nada más peligroso para ese país ‘soñado’ que ciudadanos libres y emprendedores. Esa Argentina que ahora tiene la ‘oportunidad’ de encaminarse hacia la igualdad de todos empobrecidos, donde los únicos privilegiados serán los miembros de la ralea de discípulos de Ernesto Laclau, el Marx contemporáneo, y sus ‘iluminadas’ ideas de crear enemigos y avivar el conflicto permanente. Sostener que los planes asistenciales deben ser transitorios y obligar a contraprestaciones como estudiar y entrenarse para el trabajo sería una ‘herejía liberal’ o, peor ‘neoliberal’, una palabra aún más execrada por el relato impuesto.  

Obviamente, este curso por el que retrocede nuestro país debe revertirse de raíz. No se trata de un debate sobre cuán social demócratas o liberales debemos ser para modelar el cambio. El asunto es encarar definitivamente las reformas. Plasmarlas. Sin vacilar, sin culpa. Sin pedir otro permiso que el consenso de la ciudadanía.  

Hay que poner al descubierto que los conservadores no son quienes quieren cambiar, sino quienes obstruyen esas transformaciones. Se deben rehabilitar conceptos como productividad, eficiencia, competitividad, mérito, esfuerzo, propiedad privada, seguridad jurídica, largoplacismo (mirar y obrar más allá de la coyuntura) y muchos más. Esas palabras son amigas del pueblo, enemigas del populismo. Abismal diferencia. Se debe batallar para que esa distinción se encarne y se mentalice en nuestra ciudadanía.  

La Argentina subsidiada es la Argentina sin destino. El país que alienta las inversiones y ensancha su economía privada es el único viable. Debemos volver a ese número que supimos abandonar hace veinticinco años: un Estado que signifique el 25% del PBI y no casi la mitad como hoy. Está probado que la Argentina trabajando para el Estado es garantía de pobreza generalizada. Al revés, un Estado inteligente, ágil, tecnológico, profesionalizado, con una ajustada dimensión, que auxilia y regula la convivencia es el Estado moderno. Es el que necesitamos. El otro – el que hoy padecemos- nos está hundiendo.  

¡Claro que hay que pagar impuestos! Pero no vivir pagando impuestos mientras todo se va deteriorando, desde edificios escolares y hospitales hasta la infraestructura ¿Cómo seguir tolerando que un país agropecuario no disponga de buenos caminos rurales? Quieren, los populistas explícitos, un Estado elefantiásico, pero no planifican ni siquiera cómo aprovechar nuestras ventajas comparativas.  

El cambio es transformar el gasto asistencial en inversión socio-económica. La misma plata en vez de alimentar el sometimiento promueve el trabajo y la producción. Para lograr esa mutación se requiere decisión a partir del poder político que dé el pueblo. Con más producción empezaremos a tener menos inflación.  

La confianza es un punto de partida. Recuperarla es clave. No la reencontraremos “rosqueando”, sino acordando en serio siete grandes políticas. Esa convergencia sustentará otra llave maestra para reabrirle el rumbo próspero a la Argentina: ahuyentar el fantasma del caos y del conflicto permanente y obstruccionista de los cambios, asegurando gobernabilidad.  

Los conservadores de la Argentina decadente chantajean con que ellos pueden hacerle la vida imposible a un gobierno que acometa las reformas. Los transformadores deben, pues, sustentarse con la mayor solidez posible. Esto significa, unirse, fortalecer sus convicciones, desplegar su abarcación, incluyendo diversidades que pueden conjugarse. Asegurarse la gobernabilidad sin pactos ocasionales, sino con acuerdos duraderos, firmes.  

Apearse del ‘rubor’ que embarga a las filas republicanas, de la libertad y del genuino progreso. Avergonzarlos a ellos, a los responsables del peor crimen político de estos tiempos: hacer de un país prometedor un sembradío de pobreza. Fabricar pobres también es un aborrecible crimen de lesa humanidad. 

La política es el arte de la sinfonía, no de los solistas. También es el modo de sortear los conflictos. Jamás dejarán de existir ni las discrepancias ni los intereses contrapuestos. Precisamente la política está para anudar acuerdos y superar enfrentamientos. Cuanto más acuerdos y menos diferencias, más éxito político.

La política también está para gobernar el orden social e impulsar el progreso. La política es incompatible con el desorden y con el atraso, pues todo gobierno –eso es la política, para eso se creó, para gobernar organizadamente– tiene una mandato natural: promover el progreso o como dice la Constitución “promover el bienestar general”.

La grieta argentina no nació en estos años. Tiene larga y penosa historia. Historia que vamos a ahorrar en estas líneas porque es conocida y resulta estéril memorarla. Empezó entre morenistas y saavedristas en 1810 y hogaño nos divide entre autoritarios y republicanos.

Otro asunto es quiénes son sus postreros -y actuales– gestores de la grieta. Algunos simplifican y sostienen que como la grieta es interfuncional y les sirve a los dos contendientes, la responsabilidad de que hoy la continuemos padeciendo está compartida entre ambos bandos. Discrepo. En 2002 fue tan colapsante la crisis que se dio en la práctica una concertación simbolizada por el acuerdo de Duhalde con Alfonsín, aupado por el Episcopado católico. Prescindo de cómo se llegó a esa situación porque es cuestión ajena a estas líneas. El presidente electo en abril de 2003 no arribó encabalgado en la fiereza de la confrontación, sino sostenido por el consenso generalizado. Paradojalmente obtuvo apenas un 23% de los votos, pero su respaldo se elevó ipso facto a la gran mayoría del país. La ansiedad por superar el impacto inenarrable de la crisis de 2001 fue más poderosa que cualquier disidencia o reparo.

El gran problema es hasta donde llega el límite del acuerdo que necesitamos para conmover al país y revertir esta decadencia.

Sin embargo, ese flamante presidente de origen sureño, en vez de trabajar para el bienestar general –que la doctrina social también denomina bien común– aplicó enormes energías para construir su poder –muy frágil en el génesis de su candidatura– sustentado en el enfrentamiento sistémico. Se dedicó a generar enemigos para así reunir los amigos que le faltaban. Ese señor autollamado ‘pingüino’ asignó gran parte de su tiempo a confrontar. Además de su confesa adoración por las cajas fuertes. No supo ni quiso enhebrar voluntades y forjar, cual iluminado orfebre, la unión a partir de un gran programa de coincidencias. Contrastantemente, se propuso cavar una enorme fosa disociadora. Su sucesora prometió en 2007 que subsanaría esa burda construcción con una ‘sintonía fina’ caracterizada por un cuidado de lo institucional. Todos sabemos que esa fineza se quedó en vana e hipócrita promesa. Sus ocho años fueron una penosa ristra de demasías y, peor, de exacerbación de los rencores clasistas. Sin mentar la corrupción organizada, también cuestión para otro análisis. Nos retrotrajo a aquellos viejos tiempos de la universidad setentista donde pululaban los exaltadores del odio de clases. Época que se ha revivido ahora donde ser “combativo clasista” es un timbre de honor, justo cuando el mundo ha comprobado que la productividad y el conocimiento generan más trabajo y beneficios que la puja permanente que neutraliza energías y resultados.

El gran problema es hasta donde llega el límite del acuerdo que necesitamos para conmover al país y revertir esta decadencia. ¿Puede haber acuerdo con todos? Un pacto así de abarcativo no permitiría remover las causas de nuestro atraso. Sería una concordancia para ir tirando, no para ir progresando. No se puede converger con los causantes de esta insufrible situación que padecemos. Es inadmisible una avenencia con las mafias so peligro de que consagremos definitivamente el triunfo de la corrupción y su matriz, la impunidad. Se necesita sí, el concordato de todos los sectores que estén prestos, prontos y listos para reformar la Argentina.

Ya vivimos diez intentos de concertación en tiempos contemporáneos, pero fueron más fotos ocasionales que sustanciales entendimientos. ¿Transar – quizás “trenzar” -con quien tiene todas sus fichas puestas para que nada cambie? La base de la convergencia es la sinceridad, la buena fe. Algo que a todas luces falta. Ni siquiera para afrontar la peste hemos podido apartarnos de las chicanas y de las especulaciones bastardas a título de algún supuesto rédito electoral. El virus se incubó y propagó desde la Recoleta, expresan sin rubor los oficialistas. Y, naturalmente, reciben respuestas –con mejores modales y más razones-, pero que no contribuyen a lo principal, contener juntos los contagios y bajar los peligros. Hasta la educación cayó en este arrasador juego macabro. En lugar ‘todos por la educación’, la más poderosa vacuna antipobreza, terminamos en que los favorables a la presencialidad somos insensibles a la letalidad del virus y los otros son los que quieren presuntamente salvar vidas aún a costa de más indigencia y más depresión anímica. Nos enfrentamos para ver quién nos lleva primero al cementerio.

El Acuerdo requiere apearnos de arcaísmos, abrir nuestras mentes a la modernidad, abandonar el pánico a las reformas, limitar lo conservador a la preservación de valores y tradiciones, ‘angelizar’ la emocionante tarea de cambiar la Argentina. Es decir, ponerle emoción y pasión a aumentar los resultados y logros materiales con la perspectiva de devolvernos algo intangible, pero de inconmensurable fuerza: el orgullo de pertenencia.

Pacto sí, pero no a cualquier precio, de cualquier manera y con cualquiera. Con todos los que con buena voluntad aspiren a cambiar a nuestro país.

*Diputado nacional de UNIR, Juntos por el Cambio.

La política suele tener meandros e inesperados dilemas. Desde el primer día posterior a la derrota de octubre de 2019 lo que se planteó como primer objetivo era mantener la unidad de la coalición del Cambio.

La unidad se preservó constituyendo un excepcionalidad: lo común es que la derrota desperdigue, pero en 2019 solidificó a JxC. El segundo objetivo fue ampliar el cambio. Fue en esas circunstancias que se comenzó a hablar de la cuarta pata de la coalición Cambiemos. Una propuesta que no es mero oportunismo político, sino una decisión de fondo, porque al Cambio hay que agrandarlo, desplegarlo, abarcar más, llegar más lejos.

Para ello es necesario llegar a las clases media baja y a las capas de la pobreza tradicional. Es necesario, incluso, impactar en la parte de la sociedad que cobra planes sociales. No debemos resignarnos a no plantear dignidad y trabajo. Por ello es necesario incorporar al peronismo no kirchnerista, sectores que abarcan el viejo justicialismo, pero también a los argentinos que se encuentran desencantados de la política.

Por eso, en este contexto UNIR se referencia como una herramienta para organizar esta cuarta pata, que sería la del peronismo republicano. Siendo Miguel Ángel Pichetto su director natural. Por eso en el 2019 integramos el Frente Juntos por el Cambio postulando la reelección de Mauricio Macri. Porque se necesita dialogo y construcción política el año pasado fuimos forjando vínculos con todos los actores del Cambio. UNIR no se referencia en la dicotomía “halcones” o “palomas”. Entendemos a ambas posiciones y creemos que hay que mantener los equilibrios para contener a todos sectores que nos sostienen.

UNIR cree en la fidelización del 41% de la sociedad que votó por JxC en el 2019, es a partir de esa base que debemos crecer. Ampliar la coalición del Cambio para profundizar el camino de las libertades, la cultura del trabajo y de la educación. La grieta se supera forjando un desempate del poder, para ello hay que dialogar con todos los sectores y actores que de verdad quieran cambiar y sumarlos como protagonistas. Por ello firmamos con Miguel Ángel Pichetto un acuerdo político mediante el cual el ex candidato a vicepresidente fue designado presidente de la Comisión Nacional de Acción Política de UNIR.

Pichetto puede liderar esa cuarta pata, pero pensando y obrando más allá del peronismo republicano, buscando y encontrando a los miles y miles de independientes y disconformes con todos. En el 2023 el barómetro social nos dirá quién será el candidato. Pero por ahora el desafío es el 2021. En política no hay que anticipar los tiempos, pero si prepararse.

El diputado nacional del bloque Juntos por el Cambio Alberto Asseff se refirió a la utilización del lenguaje inclusivo, y consideró que se trata de una “deformación del idioma”, y propuso “erradicar su marca morfológica en el lenguaje español”. 

Asseff manifestó que “la inclusión implica ir más allá de la inexcusable deformación del idioma. La inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades”. 

Al respecto, expresó que “las fronteras de exclusión son amplias y diversas. Desde la exclusión por acceso a recursos económicos, pobreza, hasta la exclusión por razón de género, pasando por nacionalidad, raza o etnia, por ser inmigrante, por ser joven, por ser limitado en capacidades físicas o psíquicas, por dificultada de acceso al agua, a la vivienda, a la educación, a la alfabetización digital, etc. La inclusión social afecta a personas o colectivos de personas de una comunidad, mientras que el desarrollo humano se suele medir en una comunidad, o territorio, en su conjunto. Ambos colocan a las personas como el centro de su preocupación, más allá del bienestar material”. 

“Se puede apreciar que la ‘inclusión’ no tiene relación alguna con el lenguaje inclusivo, la verdadera inclusión social pasa por otro lado: es necesario educar y otorgar posibilidades de trabajo para una verdadera integración de la sociedad”, concluyó el presidente del partido UNIR. 

El diputado nacional Alberto Asseff (Juntos por el Cambio-Buenos Aires) y presidente del Partido UNIR se expresó sobre la decisión del Gobierno nacional de otorgarle vacunas al gremialista Hugo Moyano para que las distribuya entre los afiliados de camioneros.

Al respecto, el legislador bonaerense consideró que “es inadmisible que sigan los privilegios y acomodos con las vacunas, hay que respetar definitivamente los protocolos y las prioridades establecidas. Que cuatro mil quinientos camioneros tengan prioridad porque Hugo Moyano lo logró es otra afrenta que sufrimos todos los argentinos”. 

“Rechazamos esta forma de conducir que tiene el gobierno nacional que privilegia a sus aliados por sobre la sociedad toda”, concluyó el diputado de la oposición.

El diputado nacional Alberto Asseff (Juntos por el Cambio-Buenos Aires) pidió al Gobierno que se dispongan las gestiones necesarias ante Chile para agilizar la circulación terrestre entre las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que se realiza por territorio chileno. Propuso negociar la creación de un corredor de libre tránsito o servidumbre de paso con el país vecino, en el contexto del reciente bloqueo de la ruta internacional por parte de camioneros chilenos.

Asseff explicó que “la extrema gravedad del bloqueo de los camioneros chilenos patentiza que esta cuestión es vital para la integración física de una provincia con el trato del país. La propuesta de este proyecto es concreta. Es aprovechar al máximo la logística existente”. 

El diputado de la oposición hace referencia al corte realizado por camioneros chilenos en la ruta internacional obligatoria para el acceso a Tierra del Fuego como represalia por el conflicto de estatales en Neuquén que les impide la libre circulación en la Argentina.

El titular del partido UNIR indicó que “no es necesaria una inversión económica, pero sí es necesaria una fuerte negociación política con el país vecino, que genere un corredor de libre tránsito o servidumbre de paso por parte de ambos países que beneficien tanto a los ciudadanos argentinos como a los hermanos chilenos, en este extremo austral de América”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff expresó su repudio ante la decisión de la gobernación de la provincia de Buenos Aires de sancionar a las instituciones educativas que, en el contexto de un presunto inconstitucional Decreto de Necesidad de Urgencia que suspende las clases, pretenden abrir sus puertas. 

“La educación es un derecho humano fundamental que está indisolublemente ligado a la Declaración Universal de Derechos y tiene el propósito de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador para lograr un desarrollo sostenible”. declaró al respecto el presidente del partido UNIR. 

En este sentido, Asseff sostuvo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires “viola este derecho al querer sancionar con multas y clausuras, a las instituciones educativas que quieran abrir sus puertas”. Y agregó: “de esta manera se le niega a los niños y adultos la educación, que es un instrumento poderoso que permite salir de la pobreza a quienes se encuentran marginados”. 

El proyecto de declaración fue acompañado por los diputados Luis Pastori; Omar De Marchi; Hernan Berisso; Jose Luis Patiño; Adriana Ruarte; Estela Regidor; Lidia Ascárate; Jorge Enríquez y Virginia Cornejo. 

El diputado nacional Alberto Asseff (JxC) criticó la decisión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de sancionar a las instituciones educativas que, “en el contexto de un presunto inconstitucional Decreto de Necesidad de Urgencia que suspende las clases, pretenden abrir sus puertas cumpliendo y garantizando el derecho humano a la educación”.

Lo apoyaron los diputados Luis Pastori, Omar De Marchi, Hernan Berisso, Jose Luis Patiño, Adriana Ruarte, Estela Regidor, Lidia Ascárate, Jorge Enríquez y Virginia Cornejo.

“La educación es un derecho humano fundamental que está indisolublemente ligado a la Declaración Universal de Derechos y tiene el propósito de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador para lograr un desarrollo sostenible”, declaró el presidente del Partido UNIR.

El diputado opositor sostuvo que “el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof viola este derecho al querer sancionar con multas y clausuras, a las instituciones educativas que quieran abrir sus puertas” Y agregó que “de esta manera se le niega a los niños y adultos la educación, que es un instrumento poderoso que permite salir de la pobreza a quienes se encuentran marginados”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff, junto a los diputados Jorge Enríquez y Gerardo Cipollini, expresó su preocupación respecto de las políticas del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contenidas en el nuevo documento oficial “Una Revisión integrada de la Seguridad, Defensa, Desarrollo y Política Exterior” (“The  Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy”) recientemente presentado ante el Parlamento de dicho país. 

El legislador y presidente del Partido UNIR advierte que “afecta en forma directa -de ser puestas en práctica- los intereses nacionales de la República Argentina y lo prescripto en la Primera de las Disposiciones Transitorias el de la Constitución Nacional Argentina, la cual ratifica nuestra legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. 

Dicho documento propone garantizar la seguridad de los territorios de ultramar, incluida nuestras Islas Malvinas, asi como promover el derecho de autodeterminación para los habitantes de nuestro territorio. Por otra parte, pide defender una soberanía inexistente sobre las Malvinas, Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur. Y por último, propone también  mantener “presencia marítima permanente”, lo que implica la presencia permanente de al menos uno de sus cuatro submarinos nucleares en aguas de nuestro territorio 

Asseff finalizó recordando que los propósitos del Reino Unido “chocan de frente” con lo establecido en la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas N° 2065, (XX) 16-12-1965, la cual determinó: “Poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus formas, en una de las cuales se encuadra el caso de las Islas Malvinas (Falkland Islands) y tomando nota de la existencia de una disputa entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía sobre dichas Islas invitó a ambos gobiernos a proseguir sin demora las negociaciones …. a fin de encontrar una solución pacífica al problema…”. 

En un largo y penoso proceso el país perdió la confianza. Prácticamente, en todo y en todos. No sólo en sus dirigentes y en sus instituciones. Ha extraviado su confianza en el país. Los argentinos descreen del porvenir de la Argentina. Nada más gravoso y agobiante. Embarga nuestras perspectivas hasta lo sombrío.

Empecemos por la amenaza autoritaria que el régimen actual expresa confesamente. Tan manifiesta es que en su comunicación no usan subterfugios. Por caso, “no nos va a temblar la mano para prohibir las exportaciones de carne si bajan los precios internos”. ¿Prohibir? ¿En qué queda el artículo 14 de la Constitución y el derecho de comerciar? ¿Reglamentar incluye prohibir un derecho constitucional? El régimen no vacila. La Constitución es apenas una valla a sortear. Habituados a “colarse en la fila” – “no es delito”, presidente dixit -, ¿qué obstáculo podría significar la letra de la Constitución? Para el régimen, las de la Constitución son palabras muertas o a lo sumo moribundas.

Se sabe, la mentira es letal para la confianza. Pues el régimen miente todos los días. Consciente o inconscientemente, pero miente. La superlativa probanza lo dio el INDEC falso de 2007 a 2015 ¿Quiérese mayor demasía?

Las promesas de campaña se insertan entre la extensa lista de asuntos que nutren la desconfianza. Esto viene de lejos. Incluye aquella frase de un presidente electo que confidencialmente le expresó a uno de los líderes opositores: “Mi programa es el de usted, pero si lo decía no ganaba las elecciones”. No puede sustentarse la credibilidad de una sociedad en la mendacidad sistemática. Por el contrario, el efecto corrosivo del engaño es devastador. La tierra arrasada es más fértil que la mentira exorbitada.

En 2013 el entonces ministro de Economía –hoy gobernador bonaerense– fue a negociar con el llamado “Club de París” una deuda que al partir de Buenos Aires era de us$5.500 millones y al regresar –con el acuerdo bajo el brazo– devino en más de us$9.000 millones, pagaderos en cuatro cuotas. En estos días, el actual ministro estuvo en París… negociando con el Club homónimo. Es de nunca acabar, pero también es un formidable ejemplo de que enajenamos la confianza afuera. El desprestigio argentino en el mundo angustia. Sin confianza vernácula –ni siquiera en el futuro– ni foránea, ¿qué podemos hacer?

Nuestro país posee una sola fórmula para emerger de esta decadencia moral y material. En el primer aspecto, volver a creer. El punto de partida es la autenticidad de sus dirigentes. Que nos transmitan desde el desayuno confiabilidad, que se conduzcan con valores. Que respeten, nos respeten, se auto respeten. Que sepan la inmensidad de lo que significan responsabilidad, compromiso, solidaridad, servicio al interés general. Que sepan que honradez se escribe con hache y que es exigible para ejercer cargos públicos. Que el vocablo verdad sea de una sustantividad pétrea y que nadie se atreva a relativizarla. Que ninguno nunca más haga filosofía barata y bastarda sobre que “nada es verdad ni mentira”. Hay verdad y hay mentira. Aquella es crecientemente hundida en el relativismo moral y ésta es ascendentemente encumbrada hasta naturalizarla. Esta ecuación debe revertirse de cuajo.

En el plano material, no habrá munificencia –“Ifes”, “Auh”, “aportes diversos”, “bonos”– que nos pueda sacar del empobrecimiento general. Precisamente, por ese camino nos dirigimos a la pobreza para todos. El excluyente derrotero es la inversión privada de riesgo, obviamente que no se materializa con un mercado cautivo o asegurado. Esa es la prebendaria, la de los ‘amigos’ del poder. De lo que se trata es de estimular a los emprendedores antes de que se vayan a Australia o Nueva Zelanda. Es insoslayable para incrementar la tasa de inversión –generadora de trabajo- que vuelva la confianza en instituciones, dirigentes, en el país.

¿Volverá? No es el caso de que se fue sin que la echen y por ende volverá sin que la llamen. A la confianza la echamos y malamente. La destratamos, la infamamos, la ignoramos, la menoscabamos. La desvalorizamos hasta el desprecio. Por tanto, para que vuelva deberemos hacer mucho mérito. ¡Sí, mérito! El mismo que el régimen execra. Primer problema para que el mérito retorne a su legítimo trono: demoler los sofismas que el relato construyó acerca de él.

El ejemplo en las cumbres es una de las claves para el regreso de la confianza. Traigo conceptos memorables de Ortega y Gasset sobre la ejemplaridad. El mal que nos aqueja caló hondo y por ello no es esperable que sólo lo superemos desde el llano. Se requiere un movimiento simultáneo desde arriba y desde abajo. En la explanada de la ciudadanía ya se va perfilando una dinámica hacia la recuperación de la confianza. Comienza tibiamente en ganar fe en su propia fortaleza. En los planos superiores, también se dibujan actitudes de algunos mentores que pareciera que seriamente se comprometen con los valores.

Por ahora, esa confianza perdida alimenta la incertidumbre sobre el futuro. No sabemos si podrá volver. Pero sí estamos en claro que la necesitamos porque es vital para la salud social integral del país argentino.

*Diputado nacional (UNIR, Juntos por el Cambio).

El diputado nacional Alberto Asseff se refirió a la polémica respecto a la postergación de las elecciones primarias, y manifestó: “Estoy convencido que los gobernantes Fernández están más preocupados por la derrota electoral que por otra cuestión”. 

En declaraciones a una emisora de San Nicolás, el legislador de Juntos por el Cambio consideró que “si el Gobierno está tan preocupado por la salud y por eso pretende postergar un mes las elecciones que empiece por adoptar la boleta única que evita el manipuleo de millones de papeletas, las movilizaciones de punteros repartiéndolas por las barriadas y de 150 mil fiscales custodiándolas ante los consabidos hurtos de los cuartos oscuros”. 
  
En este sentido, el presidente del partido UNIR, indicó que, además, “deben escalonarse los horarios de votación, por caso reservando la primera franja de 8 a 11 para los adultos mayores. Se debería ampliar el tiempo de los comicios para que sea de 8 a 20 y así evitar aglomeraciones. 
 
“También, montar carpas bien aireadas dejando de lado pasillos y aulas semicerrados. Y por caso, los votantes en el exterior tendrían que continuar con el voto por correo en vez de obligarlos a circular por Europa o Estados Unidos y Canadá miles de kilómetros para llegar al Consulado, único lugar habilitado a raíz de una sospechosa decisión del presidente Fernandez. Es evidente la especulación de que cuantos menos votos en el exterior, menos votos contrarios al oficialismo”, prosiguió Asseff. 
   
“Estoy convencido que los gobernantes Fernández están más preocupados por la derrota electoral que por otra cuestión. La diferencia que va de agosto a septiembre es mínima si el método de votación sigue siendo el arcaico que tenemos con millones de boletas”, culminó el legislador. 

Hace un siglo nuestros mayores disfrutaban de una Argentina ilusionada, plena de promesas, apetente de grandeza colectiva y ascenso social individual. 

Estaba en auge su clase media y ya gozaba de las bondades de la ley 1420 de educación universal gratuita y obligatoria, promovida por Roca, en la ruta trazada por su antecesor Sarmiento. Éramos el país único en el hemisferio sur del planeta con un índice de alfabetismo comparable al de los países principales, todos en la parte meridional del mundo. 

Éramos tierra de oportunidades, de igualdad para arriba, ciertamente con escondidas injusticias que el Dr. Hipólito Yrigoyen y la Unión Cívica Radical intentaban reparar sin alterar las bases de esa movilidad social ascendente y del camino hacia la prosperidad. 

Por algo cuando le preguntaron cáusticamente a Yrigoyen sobre ‘cuál es su programa’, atento que su partido aglutinaba desde patricios a inmigrantes recién llegados –y por ende las ideas ineludiblemente debían ser más genéricas que minuciosas-, el caudillo democrático respondió, tajante y rotundo: “Mi programa es la Constitución”. 

La Argentina ilusionada se asentaba sobre pilares tan férreos como insoslayables: libertades, trabajo, propiedad privada, vocación nacional de progreso con dignidad, igualdad de oportunidades, educación universal. Agregaría no plantear falsos dilemas como el funesto campo o industria, aunque no se pudo ni se intentó apartar el de ‘causa o régimen’. 

Es ingenuo pretender una armonía tal, tipo Arcadia, como para exigir a los protagonistas que se ofrezcan sin plantear algún antagonismo. En Estados Unidos, la democracia occidental más potente, uno y otro partido inveteradamente se imponen planteando crudas disyuntivas. Desde la óptica republicana, los oponentes quieren llevar al país hacia el socialismo. Desde el plano de los demócratas, sus rivales pretenden un país con laxo respeto por las minorías, bordeando el racismo. Nuestra famosa –y ciertamente nociva– grieta actual no responde a meras elucubraciones electorales. No es el resultado del artificio de un consultor sesudo. Es producto de una opción crucial que se nos presenta –y nos traba, generando decadencia– desde hace décadas. 

Acá estamos discutiendo cuestiones básicas que en otros lares están zanjadas hace más de un siglo y, en última instancia, se dirimieron en 1989 cuando cayó el Muro, hace más de 30 años, una generación. Acá discutimos sobre la libertad. 

Todas las libertades, pero especialmente la económica. Para una parte de la Argentina, es un peligroso reo a apresar. Para la otra Argentina es un preso a excarcelar si es que no queremos perecer. 

Está en el banquillo esperando el juicio definitivo si la solución es más Estado y menos libertad o más Nación y consiguientemente más libre. No está evacuado el interrogante clave: ¿quién sirve a quién? ¿Trabajamos para sostener al Estado o el Estado trabaja para darnos impulso y abrirnos el horizonte vital, material e intangible? ¿Vivimos para pagar impuestos o con nuestro trabajo podremos gestar el bienestar propio y, a la postre, general? 

Por eso esa cantinela que se escucha cotidianamente de que ‘necesitamos un modelo de país’, ‘un proyecto nacional’. ¡Muchachos, somos grandes! Cumplimos 211 años que, si bien para una nación son pocos, son más que suficientes como para que a esta altura tengamos en claro qué queremos y cómo decidimos hacerlo. Y sobre todo para que, en vez de deliberar, hagamos. 

Mientras estamos atrapados en ese desopilante debate –que enraíza en creencias e ideologías arcaicas que se filtraron culturalmente con efectos tan dañinos como adictivos- la Argentina fue paulatinamente desilusionándose, cansándose hasta llegar a la peor estación, la de la desconsolación. 

No existe otra opción que retomar esa añeja conjunción de “en unión y libertad”. 

O pedirle prestado a Brasil su lema de “orden y progreso”. O sin recurrir a prestamistas, recuperar la consigna de Roca: “paz y administración”. Quizás, alguno objete que el objetivo de la ‘paz’ ya fue conseguido. Sin embargo, los piquetes de todos los santos días, las usurpaciones, la violencia en Río Negro y en el paralelo 42, los femicidios, el incremento de la tasa de homicidios, la bronca que flota en el aire urbano, desmiente que nos hallemos en el clima propicio para convivir y desplegar serenamente nuestra vida en común. 

Además, la otra meta, la de ‘administración’, a la luz de las chapuzas diarias de nuestros gobernantes –no sólo los de hoy, aunque hogaño son más agudas que nunca– parecería atinado retornar a esa idea de ‘administrar bien’. Con la idoneidad que exige la Constitución. 

En ‘unión y libertad’ podremos. No sabemos si lograremos reilusionarnos, pero por lo menos podremos consolarnos. Sería un buen paso adelante para encontrar la resiliencia nacional. 

El diputado nacional y presidente del Partido UNIR Alberto Asseff (JxC-Buenos Aires) junto a diputados de Juntos por el Cambio le pidió al Gobierno nacional que dé respuestas acerca de la información revelada en el noticiero Tagesschau de Alemania en 2017 donde se estimaba que dos compañías de ese país habrían pagado sobornos para suministrar baterías para la reparación del Submarino ARA San Juan, que se realizó entre diciembre de 2008 y junio de 2014 en el Complejo Industrial y Naval Argentino.

Los diputados que apoyaron el proyecto son Jorge Enríquez, Ingrid Jetter, Hector Stefani, Pablo Torello, Aida Ayala, Hernán Berisso, Martin Grande, Virginia Cornejo y Gonzalo del Cerro.

Dado que existe desconfianza del buen estado de los repuestos suministrados, Asseff quiere que se informe sobre el origen de las baterías. Además, pide que el actual ministro de Defensa Agustín Oscar Rossi -quien también ejerció el cargo entre mayo de 2013 y diciembre de 2015- aporte información que podría ser relevante para la investigación judicial.

Por último, el legislador bonaerense busca conocer cuál es el estado judicial de la denuncia realizada por el entonces ministro de Defensa Oscar Aguad, por cuanto sostuvo que hubo pago de sobornos para la reparación del ARA San Juan.

Asseff aseguró que “la sospecha sobre el pago de sobornos también la comparte Oscar Aguad, quien señaló a la cadena regional de Munich que la revisión general del submarino concluyó en 2011 y que los trabajos de reparación fueron posibles gracias al pago de sobornos. ‘Hubo una denuncia sobre presunta corrupción ante los Tribunales, pero fue barrida bajo la alfombra y nunca se investigó’, explicó Aguad”.

“Por último, también se denunció que los materiales utilizados no respondían a las normas de calidad exigidas, por lo que pedimos una investigación de este hecho para esclarecer lo realmente sucedido con el ARA San Juan”, concluyó el diputado opositor.

El informativo del noticiero alemán Tagesschau difundido hace cuatro años apuntaba a que las empresas alemanas Ferrostaal y EnerSys-Hawker, con sedes en Essen y en Hagen respectivamente, lograron obtener un contrato de $5,1 millones de euros para exportar 964 baterías mediante maniobras fraudulentas.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff presentó un proyecto establecer normas, procedimientos y mecanismos específicos para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción, susceptibles de ser investigados y sancionados administrativa o penalmente; y para proteger al funcionario público o a cualquier persona que denuncie dichos actos bajo el “Programa Nacional de Protección de Denunciantes de Actos de Corrupción”. 

Asseff explicó que “dicho programa busca proteger los recursos dando cumplimiento a las reglas sobre ética e integridad, por este proyecto de ley, basado en los lineamientos de la Organización de los Estados Americanos busca adoptar medidas de protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de investigación en sede administrativa o judicial, estableciendo mecanismos de denuncia que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad identidad de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que de buena fe denuncien actos de corrupción”. 

Para el titular del Partido UNIR “estas medidas de protección están orientadas no solamente hacia la integridad física del denunciante y su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, especialmente tratándose de un funcionario público y cuando los actos de corrupción puedan involucrar a su superior jerárquico o a sus compañeros de trabajo”. 

El diputado de JxC dice al respecto de su proyecto “que puede terminar con las lagunas del derecho y a establecer un panorama claro en defensa de aquellas personas que toman la iniciativa de denunciar actos de corrupción. El Estado debe garantizar la integridad absoluta de todo ciudadano que busca afrontar un flagelo enorme que atenta contra nuestra democracia y las instituciones como es la corrupción. Asimismo, debe alentar a poner en conocimiento de las autoridades competentes, hechos ilegales e ilegítimos”. 

“Un sistema jurídico republicano, regularmente constituido bajo un estado de derecho, debe contar con las herramientas adecuadas para otorgar el marco completamente adecuado para luchar contra la corrupción”, concluyó Asseff. 

Firman el proyecto los diputados Hernán Berisso; Jorge Enríquez; Graciela Lena; Héctor Stefani; Gerardo Cipolini; Estela Regidor; Alicia Terada; Lidia Ines Ascarate y Gonzalo del Cerro. 

El diputado nacional Alberto Asseff, presidente del partido UNIR, pidió este lunes una reunión plenaria del interbloque de Juntos por el Cambio para analizar el posicionamiento de la oposición y su estrategia de ampliación.

“Todos los días la ciudadanía recibe mensajes mediáticos contradictorios acerca de nuestra posición frente al Gobierno de los Fernández. Se propagan que tenemos debates internos y hasta tensiones acerca de si queremos o no cambios en las reglas electorales, si nos vamos a ampliar hacia la llamada social democracia o hacia el centro, si convocaremos a los peronistas que creen en la libertad, si afirmaremos nuestro perfil o nos desconfiguraremos, si polarizaremos o intentaremos la famosa y frustrada varias veces ‘diagonal del medio’, si queremos superar la grieta o profundizarla, si mantendremos nuestra unidad o terminaremos bifurcados como estimula el oficialismo. Esto entraña mucha confusión y en este marco prosperan las ‘terceras vías’ que a mi entender sólo favorecerán al triunfo kirchnerista”, declaró Asseff en un reportaje a una radioemisora jujeña.

“La apertura hacia los amplios sectores descontentos del peronismo genéricamente denominado republicano también causa dudas”, observó el legislador, preguntándose a continuación: “¿Nos peronizaremos, o profundizaremos el sustento político para poder producir los cambios que están trabados por las mafias y los intereses creados que son enormes?”. Y concluyó: “Dilucidar correctamente este interrogante es clave para que seamos mayoría en 2021 y 2023 y para que con ese mayor respaldo realicemos un cambio histórico”.

El diputado nacional Alberto Asseff (Juntos por el Cambio-Buenos Aires) presentó un proyecto para que el Gobierno informe el origen y contenido de la documentación encontrada en el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), enterrada en un baldío de propiedad de la empresa, según la confirmación de su interventor Aníbal Fernández.

Apoyaron el pedido los diputados Alicia Terrada, Luis Pastori, Omar De Marchi, Monica Frade, Gerardo Cipollini, Martin Grande, Hernán Berisso, Estela Regidor, Aida Ayala, Julio Sahad, Jorge Enríquez y Héctor Stefani.

El legislador opositor exigió que “se aclaren y confirmen los trascendidos periodísticos que manifiestan la existencia de expedientes del período 2013-2015 cuando estaba al frente de la empresa el entonces interventor Atanacio Pérez Osuna, juzgado por delitos de corrupción”.

El diputado del interbloque de Juntos por el Cambio y titular del partido UNIR pidió además que el informe explique: “¿dónde se guardará todo lo encontrado?, ¿quién es el escribano interviniente que certificó el hallazgo? y, en caso de haber una auditoría anterior a la intervención actual, si se comprobó el faltante de documentación”.

“La documentación que se pudo chequear hasta el momento pertenece al período administrativo de YCRT 2013-2015, cuando estaba al frente de la empresa el entonces interventor Atanacio Pérez Osuna, juzgado por corrupción, detenido y luego liberado, días después de comenzada la gestión de Alberto Fernández”, concluyó Asseff.

La denuncia del bonaerense surge luego del hallazgo de papeles enterrados en un terreno baldío del yacimiento por parte de obreros que trabajaban en el suelo. Utilizaban una máquina retroexcavadora  en el lugar para la colocación de fibra óptica.

El nuevo reclamo es solo un capítulo más en la historia de los escándalos y denuncias en el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, que tiene un historial cuanto menos turbulento.

Nuestra patria se forjó con el anhelo central de ser un país libre. La libertad que cantamos en nuestro Himno, repitiéndola tres veces, es un grandioso valor. No es la libertad únicamente del país, sino la de todos sus habitantes. Y no es una libertad acotada a los derechos individuales y políticos. Es una integralidad que incluye la libertad de trabajar, hacer negocios lícitos, prosperar materialmente. Es la libertad de nuestro espíritu y también es la que garantiza nuestro hacer y obrar.

Desde la restauración de la democracia en 1983 hemos visto pasivamente –durante por lo menos más de la mitad del lapso transcurrido– cómo la Argentina se empobrecía y correlativamente cómo se iba desplomando la cultura del trabajo.

Los movimientos sindicales organizados fueron paulatinamente desplazados –no en estructura y poderío material, pero sí en activismo y movilización– por los denominados “sociales”. Empero, sean gremios tradicionales o nuevas organizaciones, ambos comparten un común denominador: rara vez de manifiestan reclamando más trabajo, más oportunidades laborales, más inversiones. Sus peticiones –muchas veces incurriendo en el delito de impedir la circulación– el derecho constitucional de transitar –y asimismo el derecho de trabajar y ejercer industria (o comercio) lícito, con igual rango en la ley suprema– son por más ayuda. E implícitamente por “más Estado”. Exigen recibir más sin ofrecer dar, ni siquiera solicitar entrenamiento laboral ¿A quién deberían dar?

El horizonte peor que sombrío es que la Argentina sea cada vez más desventurada, crecientemente paupérrima.

Principalmente darse a sí mismos. Proveerse de dignidad, de libertad. Por este mal camino pasamos a padecer una anomalía que torna inviable a la Argentina: son menos los habitantes económicamente activos que trabajan que los que son asistidos. Siete millones y medio los que laboran, casi 9 millones los que reciben el auxilio estatal. Esto último sin contar a, como mínimo, un millón de empleados estatales –en los tres estamentos, nacional y organismos, provinciales y municipales– que son asistidos bajo la modalidad de un cargo en las administraciones. Una asistencia disimulada de empleo. Un millón de personas que cumplen una función casi nula, mayoritariamente parasitaria, con escasísimas proyecciones de ascenso laboral e intelectual para sí y sus familias. Y ¡ni hablar para la sociedad! Creatividad, innovación, emprendimiento, cero. Producir con valor agregado, ¡ni por asomo!

¿Se puede revertir la ruta hacia el pobrismo si persistimos en este contexto de más asistidos que trabajadores? Absolutamente imposible. El horizonte peor que sombrío es que la Argentina sea cada vez más desventurada, crecientemente paupérrima.

Las propuestas desde alta esferas gubernamentales son desanimantes, penosas. Nos dicen que “se empieza a mover el trabajo de changas” y que “el Estado tiene un rol absolutamente central para impulsar la recuperación económica”. Simultáneamente, propagan la cultura antiempresaria, asimilando a los emprendedores con la avidez, el egoísmo y hasta la explotación. Sin decirlo abiertamente, se inspiran en el pensamiento de Marx respecto de la “inmoralidad de la plusvalía”. El lucro es un pecado imperdonable en la Argentina empobrecida. El Estado es la única solidaridad que pervive, nos dicen. Mientras, por doquier ese Estado –sus ocupantes temporales, con aspiraciones de eternizarse– no se cansa de pagar sobreprecios,  practicar una variopinta cantidad de cohechos, de ahuyentar a las inversiones y de estrechar el horizonte para la escuálida y decadente economía.

Se impone con perentoriedad una estrategia pro-trabajo que en un quinquenio reduzca los asistidos a un millón de indigentes, rehabilitando para la actividad productiva o de servicios a 8 millones de personas ¿Cómo? Hay que estimular la ampliación de las pymes actuales y la creación sin burocracia ni corrupción de nuevas, provenientes de inversiones primeramente del ahorro local que se halla fuera del circuito y, después, de las foráneas. Éstas se asocian rápidamente cuando detectan climas amigables para los negocios. Cuando comprueban que la venenosa asociación de emprendedor con explotador trueca por la de socio natural de la recuperación económica del país.

En ese quinquenio, el Estado seguirá abonando la ayuda, pero no en tal carácter sino como parte del salario laboral. No es un ‘milagro’, sino un plan: de subsidiados a trabajadores, que es lo mismo que decir de sometidos a dignos, de esclavizados políticamente a ciudadanos.

¿Qué se requiere? Voluntad política. Para que sea una realidad, hay que anunciarlo como parte sustancial del programa de cambio. Así, el voto le dará legitimidad y sustento.

No abrigo duda de que la inmensa mayoría quiere la dignidad del trabajo y no la dádiva propia del siervo.

*Diputado nacional (partido UNIR, Juntos por el Cambio)

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff expresó su “rechazo, preocupación y disconformidad” con el retiro de la República Argentina del denominado “Grupo de Lima”. Por cuanto considera “de suma relevancia” y agenda de política exterior abordar la crítica situación en Venezuela y “explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en ese país a través de una salida pacífica y negociada”.  

Asseff caracterizó al Grupo Lima diciendo que “está animado por el espíritu de solidaridad que caracteriza a la región y en la convicción de que la negociación, con pleno respeto de las normas del derecho internacional y el principio de no intervención, el cual no atenta contra los derechos humanos y la democracia, es la única herramienta que asegura una solución duradera a las diferencias”, a la vez que volvió a lamentar la decisión del gobierno de salir del tratado que el día 8 de agosto de 2017 en la ciudad de Lima, Perú, los Cancilleres y Representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, firmaron para abordar la crítica situación en Venezuela y explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en ese país a través de una salida pacífica y negociada. 

El titular del Partido UNIR expresó su preocupación por la decisión de la Cancillería argentina de dejar de condenar la ruptura del orden democrático en Venezuela y la decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo dado que al salir del Grupo Lima implícitamente se da por legitimado el nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro que comenzó el 10 de enero de 2019 y continúa actualmente.  

“Sólo a través del pleno restablecimiento, lo más pronto posible, de la democracia y el respeto de los derechos humanos, se podrán atender las causas de la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa Venezuela”, concluyó Asseff. 

Nuestros debates son así, arcaicos, estériles, inconducentes, retrógrados, nocivos. Uno de ellos es el que confronta mérito e igualdad. Peor aún, el que exalta a uno de estos términos –que son valores –no sólo en detrimento del otro, sino para excluir a su presunto antagonista. Otro plano de la grieta que conlleva un dilema gravemente pernicioso y sobre todo antiprogresista en el terreno socio-económico. 

Principiemos por subrayar que la Constitución establece a los dos, al mérito y a la igualdad. La idoneidad es la condición de la ley suprema para acceder a los cargos públicos y todos los habitantes somos iguales ante la ley. Por ende, no existe el segundo excluido, sino los dos incorporados. 

Comencemos por la igualdad. Se ha reiterado una y mil veces: una cosa es adoptar una postura, pretender una meta y otra es extremarla. Somos iguales, pero no igualitaristas. Adherimos al mérito, pero repelemos el privilegio. El igualitarismo desestimula al esfuerzo, al empeño, al estudio, ya que sin ellos obtendremos los mismos logros. El igualitarismo nos empareja con prescindencia de lo que seamos y aportemos tanto a nosotros mismos, a nuestras familias, a la sociedad. Esta ideología es mediocre. Sólo prospera en la medianía general, con tendencia ineluctable hacia el descenso social. Es una idea que empobrece. Ni siquiera es gris. Es literalmente oscura. 

El mérito no lesiona a los otros. El meritorio, superándose, coadyuva a generar condiciones y oportunidades a muchos otros. Su investigación médico-científica puede salvar vidas; su empuje creativo puede generar muchos empleos de calidad; su incesante innovación implica avanzar en materia tecnológica y así producir más bienes; el esfuerzo le asegura capitalizar sus réditos y traducirlos en inversiones expansivas de la actividad general. 

La falsa disyuntiva de mérito e igualdad trastroca el objetivo de nuestro programa nacional, sintetizado en el Preámbulo, de bienestar general y lo transforma en el país que hoy sufrimos agobiantemente, de pobreza tan generalizada como creciente. 

Denostar al mérito, descalificarlo con énfasis digno de causas nobles, es suicida. La más alta magistratura dio está mala señal de estigmatizar al mérito como algo de propiedad de pocos y de aventajados. Precisamente, necesitamos que el mérito se extienda de modo que la igualdad se despliegue, pero en un estadio de más resultados, de progreso social y económico. 

El mérito estimulará una genuina igualdad hacia arriba, ascensional. El mérito sustentará la verdadera igualdad que la Constitución y la axiología validan: la de oportunidades. Al nacer, todos con las mismas opciones. Obviamente estamos muy lejos de esa nobilísima igualdad. Consecuentemente, ahí debemos poner todo nuestro empeño en vez de escandalizar impugnando al mérito. 

Un emprendedor no es igual a un acidioso. Un estudioso no da lo mismo que un disipado. El civismo no se equipara con el ‘no te metás’. El sistema republicano no es similar al autoritario. El poder de la ley no es análogo al poder por encima de la ley. El diálogo sincero no es diálogo cínico. No todo da lo mismo ni es igual. La clave está en la diferencia. 

En la vida nacional debemos cada día más ejercitar la distinción. No por la cuna, sino por el mérito. Nadie nace ‘distinguido’. Se forja en el devenir de la existencia. 

La Argentina como nación también debe anhelar la distinción. En vez de ser un país más, periférico, cada día más marginal, distinguirse por su orden y progreso, por su prosperidad general, por ser tierra de convivencia, oportunidades y grandes horizontes. 

El punto de partida es no confundirnos. No mezclar los valores con sus antitéticos disvalores. 

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio y presidente del Partido UNIR, junto a los diputados Lidia Ascarate, Fernando Iglesias, Héctor Stefani, Estela Regidor, Lorena Matzen, Alfredo Schiavoni, Gerardo Cipollini, Soher El Sukaria, Martin Grande, Jose Luis Patiño, Hernán Berisso, Adriana Ruarte y David Schereth proyecta una ley para que los argentinos del exterior puedan votar por correo.

Asseff lamenta que el Gobierno haya derogado el Decreto N° 45 de fecha 11 de enero de 2019, por el cual se reglamentaron varias cuestiones del Código Electoral Nacional referente al voto de los residentes argentinos en el exterior, lo que permitía a los compatriotas en el exterior votar. Una medida que calificó “de avanzada en materia electoral, que buscaba facilitar el derecho a votar y establecía normas claras y concretas”, por lo que considera entonces pertinente que se reestablezca la reglamentación planteada por el Decreto N° 45/2011 mediante una ley que reestablezca dicho derecho.

El titular del partido UNIR explica que “resulta oportuno destacar que la reglamentación al voto que aquí se plasma, es una respuesta superadora para poder llevar a cabo las elecciones durante el transcurso de la pandemia y así vitar cualquier suspensión por condiciones epidemiológicas”. A la vez que aclara que “el voto de los residentes en el exterior es hoy un derecho reconocido por la mayoría de las democracias del mundo, a partir de la aceptación de que la ciudadanía no se extingue con el hecho de residir fuera de las fronteras del Estado”.

Por lo que “teniendo en cuenta la imposibilidad de ciertos electores residentes en el exterior de presentarse en el lugar de votación, debido entre otras cuestiones a la distancia existente entre este último y el lugar de su residencia, y teniendo en cuenta la necesidad de garantizar su derecho al voto, resulta pertinente modificar la reglamentación vigente en la materia, otorgando la posibilidad de votar ya sea de manera presencial como postal”, propone el diputado de JxC.

“La implementación de un sistema de votación por correo postal como forma alternativa de ejercer el derecho al sufragio para los argentinos residentes en el exterior, exige establecer el modo en el que se desarrollará el proceso electoral, incluyendo la remisión de la documentación electoral al votante, la selección de la preferencia electoral, el retorno del voto y el escrutinio de sufragios”, concluye Asseff.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, y presidente del partido Unir, Alberto Asseff celebró el triunfo de Maximiliano Abad al frente de la UCR en la provincia de Buenos Aires. 

Tras la victoria Asseff pidió que “el ganador trabaje por la consolidación y ampliación de la coalición de Juntos por el cambio, porque es una coalición a la que no le sobra nadie”. 

El legislador consideró además que “Juntos por el Cambio debe mejorar y agrandarse” y que eso “es lo que Abad nos dijo cuando Unir se reunió con él para darle su apoyo. Que en el interior bonaerense se imponga a un representante del Conurbano no deja de ser un dato significativo”. 

El diputado nacional Alberto Asseff, del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR, le pidió al Gobierno que informe sobre los gastos realizados por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad respecto de bienes y servicios al día de la fecha.

Asseff pidió una rendición de cuentas del ministerio, detallando cuánto dinero se ha ejecutado para el cumplimiento de los objetivos de dicha cartera; cuantos botones anti pánico se han adquirido y a qué precio. Asimismo, el diputado de Juntos por el Cambio quiere saber qué otras políticas -además de los botones anti pánico- se han implementado con los $272.000.000 de pesos del presupuesto de Seguridad.

El titular del Partido UNIR explicó que “hasta el momento el Ministerio de las Mujeres. Géneros y Diversidad debe diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas nacionales en materia de género, igualdad y diversidad, asistiendo al presidente de la Nación y a la Jefatura de Gabinete de Ministros en todo lo inherente a las cuestiones de su competencia. Sin embargo la realidad demuestra que es un ministerio que aún no ha logrado encaminar sus objetivos ni obtener resultados positivos. Desde su creación, la cartera que dirige Elizabeth Gómez Alcorta vio aumentar un 15 por ciento la tasa de femicidios. Aumentan las dudas con respecto al rol práctico del organismo, que hasta ahora ha hecho poco más que concientizar”.

“Desde ya que se asume la importancia de la implementación de políticas destinadas a preservar, hacer valer y cumplir los derechos de las mujeres, géneros y diversidad. Pero lamentablemente estamos frente a una cartera erróneamente administrada que cuenta con un presupuesto sumamente relevante que no se refleja en el cumplimiento efectivo de sus objetivos y medidas concretas desarrolladas. Con el agravante de estar envuelto en una posible comisión de delitos por malversación de fondos públicos, cohecho y demás tipos penales concordantes”, concluyó Asseff.

El diputado nacional Alberto Asseff junto a sus pares Alicia Terada; Héctor Stefani; Pablo Torello; David Schereth y Adriana Ruarte presentaron un nuevo proyecto de extinción de dominio de los condenados por corrupción, luego de que la iniciativa original perdiese estado parlamentario al no obtener tratamiento. 

Asseff explicó que “el proyecto lleva así más de tres años de trámite legislativo sin resolución, por lo que, ante la necesidad de otorgar a la Justicia herramientas eficaces para desfinanciar a las organizaciones criminales y resguardar el patrimonio estatal y atento que dicha normativa ejecutiva fue declarada invalida por la Comisión Bicameral de control permanente, presentamos este proyecto de ley con respuestas superadoras a las modificaciones introducidas por la Cámara alta, como así también actualizando y reviendo todo aquello que ha trabado y perjudicado el trámite ordinario”. 

La norma propuesta por el titular del partido UNIR busca la extinción de dominio a favor del Estado nacional de bienes incorporados al patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado que, por no corresponder razonablemente a los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representar un incremento patrimonial injustificado, permitan considerar que provienen directa o indirectamente de un acto delictivo. 

El diputado de JxC explica que el destino de lo producido por los bienes sometidos a la acción de extinción de dominio ingresará a rentas generales de la Nación salvo cuando exista una asignación específica para su uso.  

“La extinción de dominio constituye un instituto jurídico, autónomo e independiente de cualquier otro proceso, dirigido a eliminar el poder y capacidad de la delincuencia. La corrupción y los delitos contra la Administración Pública, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y demás delitos graves afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, causando enormes pérdidas para el Estado, en todas sus dimensiones, que, en definitiva, resultan en mayores costos para los ciudadanos”, concluye Asseff. 

El diputado nacional Alberto Asseff se refirió a la denuncia que realizó junto a un grupo de diputados de Juntos por el Cambio acerca de los hechos sucedidos durante la manifestación frente a la quinta de Olivos, y sostuvo que el presidente “no tolera que una manifestación llegue a sus oídos”.

En diálogo con El Exprimidor, por FM Concepto, Asseff se refirió “al grupo de 200 personas que, identificados como integrantes del Sindicato Único de Fleteros, de Mariano Pereyra, golpearon, insultaron y amenazaron, a las personas que se habían congregado frente a la puerta de ingreso de la quinta presidencial de Olivos para protestar por el vacunatorio VIP”. 

Al respecto, consideró que “el presidente no tolera que una manifestación llegue a sus oídos y por eso fue enviada la patota; fue para atropellar la libertad de manifestarse”, y agregó: “En el funeral de Maradona se pensó reunir un millón de personas, pero cuando hay una manifestación republicana el gobierno dice ‘propagamos el virus y somos un peligro para la salud pública’. Y finalizó diciendo que “acá hubo violencia contra gente desarmada y jubilados”. 

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR, junto a sus pares Pablo Torello, Francisco Sánchez, Héctor Stefani, Jorge Enríquez, Estela Regidor, Gerardo Cipolini, Lidia Ascarate y Alicia Fregonese, pide regularizar la disposición 1714/20 de la Dirección Nacional de Migraciones sobre la “admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de personas a la República Argentina”, respecto de las situaciones que está afrontando la comunidad venezolana al verse dificultada o imposibilitada de cumplir con ciertas disposiciones migratorias de nuestro país, atento la escasa respuesta que reciben de Venezuela, agravadas por el contexto de la pandemia.

Asseff explica que “según la Ley N° 25.871, el Decreto N° 70/17 y el Decreto Reglamentario N° 616/10 junto a la Dirección Nacional de Migraciones, como autoridad de aplicación de las mismas, debe asegurar a toda persona extranjera que solicite ser admitida de manera permanente, temporaria o transitoria en el Territorio Nacional, el goce de criterios y procedimientos de admisión no discriminatorios en los términos de los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional” y amplió diciendo que “Por el Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020 se dispuso la emergencia pública en materia sanitaria junto a una serie de medidas tendientes a mitigar la propagación y el impacto sanitario del coronavirus Covid-19.

Y, en función de la emergencia citada, por Resolución RESOL-2020-30-APN-MI, del 16 de marzo de 2020 el Señor ministro del Interior encomendó a la Dirección Nacional de Migraciones la implementación de las medidas necesarias para la ampliación de la vigencia de la documentación emanada de este Organismo que debiera ser tramitada en forma presencial”, por lo que “ante una emergencia como la que estamos viviendo las formalidades de plazos y reglas burocráticas no pueden estar por encima de cuestiones humanitarias. Asimismo, es imperiosa la necesidad que nuestra Cancillería gestione las medidas pertinentes para que las autoridades extranjeras puedan otorgar la documentación requerida por sus ciudadanos”.

“La República Bolivariana de Venezuela está afrontando una crisis institucional de suma relevancia. Esto acarrea la atención de la región por diversos factores, como ser las migraciones y problemas de políticas económicas regionales, entre otras y por, sobre todo, por la violación sistemática de los Derechos Humanos por parte del régimen chavista. Por ello, es de suma relevancia que Argentina pueda de forma excepcional generar una acción en favor de todas aquellas personas refugiadas en nuestro país, reconociendo sus derechos y condenando de forma fehaciente la ausencia de democracia en Venezuela”, cerró el diputado Alberto Asseff.

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR, pidió que el Gobierno informe sobre los objetivos realizados y la política desarrollada por el Ministerio de las Mujeres, Género  y Diversidad. Pidiendo que se detalle información sobre el porcentaje ejecutado sobre el total que corresponde al Ministerio.

Asseff recordó que el nuevo ministerio absorbió al Instituto Nacional de Mujeres (INAM), lo que implicó que se transfieran todos los créditos presupuestarios, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la nueva cartera, para el que se le asignaron $272.742.641 pesos.

El titular del Partido UNIR explica que “siendo que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tiene un presupuesto similar al 3.4% del PBI total debe implementar acciones concretas para la prevención y erradicación de la violencia de género”.  Sin embargo, “desde diciembre de 2019, la tasa de femicidios aumentó un 15% respecto de años anteriores”. Por lo que Asseff pide que se informe sobre el trabajo llevado a cabo en las diferentes áreas del gobierno nacional para la prevención de la violencia contra las mujeres, a la vez que saber cuánto del presupuesto asignado se ha destinado hasta el momento para políticas provinciales y municipales.

“Es importante la implementación de políticas destinadas a preservar, hacer valer y cumplir los derechos de las mujeres, géneros y diversidad. Pero tristemente estamos frente a una cartera erróneamente administrada que cuenta con un presupuesto sumamente relevante que no se refleja en el cumplimiento efectivo de sus objetivos y medidas concretas desarrolladas”, concluyó el diputado Alberto Asseff. 

El diputado nacional Alberto Asseff, del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR, impulsa una denuncia contra el exministro de Salud Ginés González García y su sucesora, Carla Vizzotti, por los delitos de abuso autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, así como “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas con motivo de la creación e instrumentación de un vacunatorio para pacientes VIP, relacionados con el kirchnerismo”.

La denuncia es “toda vez que los denunciados estaban indubitablemente en conocimiento, en virtud de los cargos que ocupaban, de la flagrante violación de la situación”, a juicio de Asseff.

“El Ministerio de Salud establece criterios para la priorización de personas a vacunar, pero lamentablemente, luego observamos que se aplica en forma arbitraria a personas que no se encuentran en esas condiciones de riesgo, fundados en distintos motivos políticos, amiguismo, partidarios, siendo actos ilicitos. Por lo cual es necesario sancionar esas conductas”, es la conclusión del diputado Alberto Asseff.

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR, junto a los diputados Pablo Torello, Jorge Enríquez, Hernán Berisso y Gustavo Hein, propone que la amnistía y conmutación de penas para los delitos contra la administración pública queden prohibidos para las condenas y procesos por corrupción.

Asseff propone que los delitos tipificados en el Código Penal como “delitos contra la administración pública” no puedan ser objeto de amnistía, como tampoco podrán ser favorecidos con el indulto o de la conmutación. Asimismo, propone la misma restricción para aquellos delitos que “atentan contra la seguridad de la Nación”.

El titular del Partido UNIR explica que “el indulto, la conmutación de penas y la amnistía pueden —potencialmente— constituirse en mecanismos constitucionales para permitir la impunidad de determinadas personas, hoy afines al gobierno Nacional, de allí, nuestra ocupación por reglamentar esta atribución constitucional, evitando su utilización para proteger o liberar a personas que hayan cometido delitos de corrupción”.

Se ha producido una tragedia en medio de la vorágine cotidiana. Entre los muertos por el Covid-19 –que nos ubican penosamente en el podio mundial–, los contagiados por el virus, también colocándonos entre los países más afectados, las vacunas que no llegan ni producimos, la actividad económica sufriente, la inseguridad alarmante –incluidos los femicidios, otra vez dramáticos protagonistas del día a día–, la desocupación y la pobreza –estructural y circunstancial– en sobresaltante e indignante incremento, la Bicameral de Seguimiento de la Implementación de las Reformas del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), a la que el Congreso le delegó la decisión de ponerlas en ejecución, ha resuelto con el voto de un puñado de legisladores oficialistas el alargamiento ad eternum de las causas por corrupción. Ahora definitivamente todas quedarán impunes, salvo que una influencia política –obviamente, indebida, por izquierda– les imprima celeridad.

La Corte Suprema tiene sentada una jurisprudencia que da certeza en cuanto a una cuestión esencial: ¿cuándo se considera firme una sentencia condenatoria? Dos sentencias concordantes del Tribunal Oral y de Casación. Los adeptos y adictos a la impunidad tienen la postura, en los hechos, que esa firmeza no se alcanza nunca y por ende el reo condenado sigue “siendo inocente hasta que una sentencia firme lo considere culpable”. Patéticamente, los partidarios de la impunidad se burlan de la sociedad que, a pesar de sus desvelos y zozobras de todos los días, sigue poniendo a la corrupción al tope de las preocupaciones. Cualquier encuesta seria así lo refleja. Al derrumbarse la firmeza de las condenas reina la impunidad.

Esa jurisprudencia de los supremos –vale reiterarlo– precisa que una sentencia es firme cuando el Tribunal Oral competente y la Cámara de Casación han coincidido en la condena. No importa si el condenado va en Queja a la Corte y después recurre a la Corte Interamericana. Si algunos de estos Tribunales diere vuelta esa sentencia, el reo será reparado y sus bienes devueltos. 

Debe tenerse en cuenta que ni la Corte nuestra ni la Interamericana tienen plazos para resolver. Existen casos, como el la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, que llevan 26 años sin pronunciamiento. Para colmo media una jurisprudencia que establece que “si ha transcurrido un tiempo razonablemente extenso” la pretensión punitiva del Estado cesa. Introduce una causa de prescripción anómala, el tiempo de cajoneo de un expediente. Esa prolongación no es responsabilidad de la sociedad, sino de la propia dilación judicial. Con esa jurisprudencia se autoexculpan y consagran la maligna  impunidad. 

¿Qué ha resuelto la mentada Bicameral? Que hasta que la Corte no rechace un recurso de queja o no lo haga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica–, a través de la Corte que ese Tratado creó, no hay sentencia firme. Por ende, nadie irá preso por corrupción y lo que es tanto o más grave, nadie resarcirá al pueblo devolviendo lo hurtado y defraudado. Máxime que otra Bicameral del Congreso –la de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)– no convalidó un DNU del presidente Macri sancionando la ‘extinción de dominio”, instituto mediante el cual el Estado, con autorización judicial, recupera anticipadamente la propiedad de los bienes producto de detracciones –léase sobreprecios, coimas, defraudación a la administración pública, licitaciones amañadas y cien modalidades de la corrupción– reintegrándolos a los recursos comunes de los argentinos. Sin aguardar la sentencia firme, con la doble condena se extingue el dominio de lo defraudado y se lo usa para fines sociales. Un avión, para trasladar enfermos; una embarcación, para que la Prefectura cumpla mejor su rol de custodio de las aguas navegables; vehículos, para que los utilicen las fuerzas de Seguridad; un inmuebles para que sea albergue de mujeres y sus hijos que sufren violencia de género y necesitan cobijo temporario o para centros de rehabilitación de adictos. Y mucho más en materia de utilidad pública de lo sustraído. 

Está probado que la corrupción mata, empobrece, genera descreimiento, debilita a las instituciones, desacredita en el mundo al país, trunca inversiones –es incalculable el lucro cesante que perjudica aún más a nuestra lábil económica (¡cuántos negocios legítimos se han dejado de hacer por temor a la corrupción!)– y un sinfín de calamidades. No es osado sostener que las pésimas gestiones gubernamentales, en términos generales, que hemos padecido y sufrimos se originan esencialmente en la corrupción sistémica, cada vez más agudizada, que ha determinado nuestra decadencia, primero moral y luego –consecuencia inexorable– material.

La impunidad es la progenitora de la corrupción. La prohíja. La estimula. Atacar a la impunidad –con los múltiples instrumentos legales disponibles en la legislación propia y comparada (y con los que deben sancionarse) – y teniendo como brazos ejecutores a una Justicia proba, idónea e imparcial y a una Administración transparente, es el punto primero del Acuerdo de Gobernabilidad o como quiera llamárselo. Más aún, en la Mesa para ponerle coto al vuelo de los precios, además de la inflación y antes que ella, debe estar el combate a la corrupción. Si no, todo será un espejismo, tan vano como falaz.

*Diputado nacional de Juntos por el Cambio, partido UNIR.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff se refirió a la Ley de sustentabilidad de la deuda, y señaló: “Votamos en general a favor porque en esta materia porque no hay partidismos posibles, los intereses del país son superiores y están por encima de todo”.

Asseff explicó además que “tenemos algunas disidencias, pero fundamentalmente creemos que hay que cancelar la deuda externa argentina en forma sustentable -es decir- simultáneamente al crecimiento del país para poder estar en condiciones de cancelar deuda”.

Por otra parte, el titular del Partido UNIR consideró que “prorrogar los plazos está bien, pero si no aprovechamos esas prorrogas para realizar una política que conduzca a la prosperidad y nos saque de este rumbo de pobreza, estaríamos desaprovechando una oportunidad”. 

“Ojalá el Gobierno lo entienda, nosotros estamos para poner el hombro y estamos dispuestos”, cerró el legislador. 

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) pidió el juicio político contra el juez titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, Federico Hernán Villena, por haberle devuelto 500 mil dólares a la hija del sindicalista Hugo Moyano que estaban embargados en una decisión “excepcional y muy rápida”, que ha dado lugar a que el propio fiscal anunciara que iba a denunciar esta situación ante el Concejo de la Magistratura. 

Todo esto realizado durante la feria judicial: “Ni siquiera esperó a que volvieran a abrir los tribunales”, consideró el legislador. 

Al respecto, Asseff dijo que “esa denuncia del fiscal interviniente se sumara a la realizada el año pasado junto al diputado Gonzalo del Cerro contra Villena por mal desempeño de su cargo”.

Asimismo, el titular del partido UNIR recordó que en el 2020 ya había denunciado a Villena frente el Concejo de la Magistratura Nacional por “falta de imparcialidad, mal desempeño y arbitrariedad” en el caso por presunto espionaje ilegal bajo la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri. 

Asseff explicó que en aquella oportunidad lo denunció por “manifiestamente tener una actitud no acorde a la probidad que le corresponde a un juez”. Y agregó: “Inició una causa por espionaje que era manifiestamente arbitraria”. 

Sobre la causa por espionaje contra el expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios de su gobierno, Asseff aseveró que “no ha habido nunca espionaje en la gestión de Macri”, y agregó que “lo que hubo fueron escuchas autorizadas por la oficina correspondiente de la Corte Suprema, y que salieron a la luz de diálogos de Cristina Kirchner cuando lo destrataba a Parrilli”. 

El mal que nos produjo el “no te metás” fue inenarrable. A raíz de él nos costó un Potosí llegar a la pubertad cívica. En rigor, aún tenemos gran parte de esa asignatura -el civismo- pendiente y es por eso que no se expresa “madurez” cívica, sino apenas adolescencia.

La base de un buen gobierno es un comportamiento social activo, controlante, militante. Este último vocablo –como tantísimas cosas de nuestra Argentina– ha sido bastardeado. Pero su adulteración no le quita su entidad y su valor. Una ciudadanía militante es garantía de buena institucionalidad.

Una de las claves –etimológicamente, la llave que abre una puerta o da acceso a un camino– del ansiado buen gobierno radica en la supremacía de las instituciones, es decir que los turnos gubernamentales –siempre teñidos de partidismo político– deban ceñirse y someterse al funcionamiento de ellas. Pongamos el caso de la Corte Suprema, quizás el órgano fundamental para la arquitectura institucional. Debe estar desde antes del arribo del nuevo ejecutivo y sobrevivirlo. Lo mismo cabe para el jefe de los fiscales –el Procurador General-, el Tribunal de la Competencia y cien entes que estructuran al sistema. Se puede establecer una ecuación que nos permita una alerta temprana acerca de peligros institucionales: cuando se proyecta o se pretende flexibilizar los requisitos para nombrar a los encargados de esas instituciones o a sus miembros, deberá entenderse que existe una intención de manipulación incompatible con la institucionalidad deseada y necesaria.

La otra clave es el control constante por parte de la ciudadanía de los actos de gobierno. No bastan los controles institucionales, siempre sujetos a alguna o algunas averías. La ciudadanía activa y vigilante es indispensable. Obviamente, este saludable activismo reclama de un auxiliar ineludible: la prensa independiente. Ésta no es tan sencilla de hallar y sobre todo de sostener, pero es imprescindible. Afortunadamente para el esquema republicano ha irrumpido un instrumento informativo fenomenal, las redes sociales. Todo lo que hagamos para asegurar su libertad y para sanearla de su uso calumnioso, injuriante o abusivo será esencial para este medio brinde la información instantánea que exige la idea misma de una ciudadanía partícipe, cívicamente madura. Prensa y redes, pues, son esencialísimas.

No puede haber democracia republicana sin civismo. La Argentina ha sufrido tanto que es inconcebible que supongamos que por don de la divina providencia tendremos buenos gobiernos. Rogamos, claro, para recibir esa gracia, pero debemos coadyuvar. Nuestra calamidad es de tal envergadura que sólo con una ciudadanía activa podremos enderezar el rumbo. Tengamos en cuenta un solo y objetivo dato: en apenas tres generaciones pasamos de ser un “país rico” a uno decididamente pobre. No existe paralelismo con ningún otro lar del planeta. La dimensión de la tragedia nacional es inmensurable. A tal inmensidad dañosa corresponde una fenomenal faena nacional en la cual el protagonista principal, el primer actor es la ciudadanía.

El “no te metás” fue corrosivo. De tanto dejar hacer a los gobernantes – y también a nuestros conciudadanos que  en la vida cotidiana se regocijan con las transgresiones, desde las pequeñas a las magnas  – posibilitamos ese milagro al revés de poseer un país dotado humana y materialmente que ha devenido en miserable y regresivo, donde el horizonte inextricablemente se estrecha y la perspectiva es el empobrecimiento general.

¿Por qué el “no te metás” se visualiza en retirada? Los banderazos y cacerolazos de 2019 y 2020 dan lugar a ese aserto esperanzador. Sobre todo por un elemento que les da trascendencia: no  se movilizaron por un hecho concreto sino por un ideal abstracto: la vigencia del sistema republicano. Cuando una significativa parte ciudadana es capaz de expresarse por un ideal abstracto el volumen, la calidad y la entidad de la protesta adquieren una enorme relevancia. A esto deben adunársele las innúmeras manifestaciones barriales, sea por la azotante inseguridad, por la contaminación, por la falta de servicios básicos y tantas otras falencias.

Da la impresión que el “no te metás” agoniza, siendo inminente su inhumación. Como a ‘rey muerto, rey puesto’, nace o renace el civismo argentino, reaseguro de la indefectible institucionalidad.

La Argentina precisa cambios hondísimos que serán posibles articulando dos precondiciones: una institucionalidad sólida y una ciudadanía activa. Ello en el marco de volver a la Constitución comenzando por el Preámbulo que es nuestro programa nacional incumplido.

Comencemos por revertir de cuajo el rumbo hacia el empobrecimiento general trastrocándolo por el de prosperidad general. Un giro histórico de 180 grados.

*Diputado Nacional del partido UNIR en Juntos por el Cambio.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff apeló el fallo del juez federal Ezequiel Pérez Nami que había autorizado a Cristina Kirchner la posibilidad de cobrar una pensión como expresidenta y otra por ser la viuda del expresidente Néstor Kirchner, además de intereses retroactivos y sin pagar el Impuesto a las Ganancias. 

Asseff, titular del Partido UNIR, consideró que “la pensión honorífica acordada por la Ley 24.018 no es acumulable a todos los beneficios previsionales como se quiere demostrar en esta causa, y la pensión aludida es única”. Y agrega que “hay que impedir este atropello hacia los jubilados que cobran una miseria en materia previsional pues la carga incorrecta de este doble beneficio hace la necesidad moral y jurídica de intervenir en este caso”. 

El diputado analizó también la actuación de la directora ejecutiva de Anses, María Fernanda Raverta, y sostuvo que “ha dejado mucho que desear en esta causa como en todo su desempeño desde su nombramiento al frente del organismo previsional”. Y agregar que se puede sospechar de “complicidad entre las partes, ya que la actual vicepresidente de la nación cumple con un rol esencial en la función de Estado y aparentemente ha optado por complacerla ya que no ha hecho nada por detener, complicar o dilatar el expediente, es más parecería que está conforme con la estrepitosa suma de dinero a pagar, cuando a la fecha no se han cumplido con las sentencia de 23 los jubilados que siguen esperando que se les pague los haberes que después de 8 o 10 años de litigio se efectivicen”. 

Por último, Asseff argumentó que “el Poder Ejecutivo aprobó en el Congreso la Ley de Emergencia (Ley 27.541) donde, por un lado, el oficialismo marcó la situación crítica de las finanzas argentinas y de los sectores más vulnerable, y por otro lado suspendió la movilidad del régimen general de jubilaciones (Ley 24.241), dejando a salvo a los regímenes especiales, donde se encuentran los de los presidentes, vicepresidentes, Ministros de la Corte Suprema y magistrados y funcionarios judiciales”. Y concluyó diciendo que “mientras se sancionaba una ley de movilidad paupérrima y con un gran deterioro a los haberes de todos los jubilados, a escondidas se le otorgaba el doble beneficio a la expresidenta”. 

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff se refirió la construcción de una isla artificial proyectada por el Uruguay y a la reforma de las Fuerzas Armadas Argentinas. 

Respecto a la construcción de la isla señaló que será de soberanía uruguaya, pero advirtió que estaría en jurisdicción compartida por el tratado del Río de la Plata firmado en 1973. 

Dicho tratado dice que cualquier obra importante debe ser con la anuencia de los dos países consoberanos del Río de la Plata. 

La isla tendrá un puerto de aguas profundas, porque al estar en la boca de entrada del Río de la Plata da de cara al Atlántico Sur sería el puerto de ultramar de la Cuenca del Plata, no de Montevideo, no del Uruguay; sino de toda la Cuenca del Plata. “Entonces yo pregunto si la Cancillería Argentina sabe de este proyecto”, consideró el diputado Asseff, en diálogo con Jorge Ferrari para su programa Jacke Mate por el canal 520 de Flow. 

Por otra parte, sostuvo que “nuestro país debería tomar participación en el proyecto y convertir dicho puerto en el puerto no sólo de Argentina o Uruguay, sino de toda la cuenca, e incluir a Bolivia, a Paraguay y Brasil con la región del Mato Grosso que puede convertirse en un proyecto de integración regional”. 

“Si permitimos que Uruguay realice este proyecto en soledad sería el fin de nuestro control en el Río de la Plata. Nosotros necesitamos un puerto de aguas profundas del Plata, y como es muy costoso la solución es hacer una integración real con los uruguayos”, agregó el presidente del Partido Unir. 

Y concluyó: “Argentina puede duplicar la producción cerealera en cinco o diez años y eso implica que vamos a necesitar cada vez más trasporte fluvial y marítimo y mejores instalaciones portuarias, además de embarcaciones de mayor calado de lo que lo que permiten nuestros puertos actuales. Entonces se puede unir el complejo portuario del litoral con el puerto de aguas profundas”. 

Respecto a la reorganización administrativa de las Fuerzas Armadas, el diputado lamentó que la reestructuración del estatuto de las Fuerzas Armadas no ha tenido avances en el Congreso de la Nación. “Argentina hoy no tiene capacidad operativa en lo que respecta a la aviación o los submarinos”, indicó. 

“Teniendo el mar que tenemos es necesario contar con un plan para dotarnos de submarinos. Produce vergüenza que no sepamos defender nuestros intereses más básicos”, manifestó en este sentido. 

Sobre la aviación, Asseff adelantó que el Gobierno habla de traer aviones MIG rusos y acotó que parece “que se está dando un giro muy grande con respecto a lo que se viene trabajando desde hace 40 o 50 años con los caza bombarderos”. Además, agregó que “para realizar este cambio debe haber una justificación”. 

“Sobre todo esto el Ministerio de Defensa no habla, no existe un plan al respecto y eso es lo que uno vive en la Comisión de Defensa en el Congreso de la Nación”, cerró el diputado. 

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio encabezados por Alberto Asseff presentaron un pedido de informes sobre las políticas de cooperación y coordinación implementadas con el Paraguay, como así también para saber la evaluación que realiza el Gobierno Nacional sobre las políticas macro del país vecino integrante del Mercosur.

La iniciativa es acompañada por los diputados Omar De Marchi, Alicia Fregonese, Jorge Enríquez, Lidia Ascarate, Estela Regidor, Ingrid Jetter, Gerardo Cipollini, Gonzalo del Cerro, Héctor Stefani, Carolina Castest, Alicia Terada y Ezequiel Fernández Langan, quienes están preocupados por el posicionamiento geopolítico de nuestro país, y quieren información sobre trabajos en conjunto que se estén llevando adelante con la República del Paraguay y con la República Federativa de Brasil en el marco de las economías regionales.

En particular, Asseff se muestra preocupado por las inversiones nacionales en el Paraguay y le pide al Gobierno informes sobre el tema.

Asseff quiere las estadísticas del funcionamiento del nuevo cruce binacional Ituzaingó – Ayoalas inaugurado en el año 2019 a través del coronamiento de la represa binacional de Yacyreta. Como así también conocer qué medidas se están adoptando para fomentar el transporte fluvial y marítimo de la producción tanto de Paraguay como de Argentina.

Atento al comercio fluvial, el diputado de JxC pide información sobre la cooperación desarrollada entre Argentina y Paraguay en la Comisión Mixta Argentino-paraguaya del Río Paraná (COMIP) durante el ejercicio 2020, y que montos ha alcanzado.

“Es importante y sumamente necesario entender que Argentina requiere reformular sus políticas impositivas para buscar un crecimiento macro que impacte en la vida productiva para así mejorar la realidad de la economía. Las inversiones, baja de impuestos, desaceleración de la inflación, la confianza, políticas de Estado, reducción del gasto público y la explotación sostenible de los recursos, entre otras, son acciones urgentes que deben implementarse. La República de Paraguay es un país de la región integrante del Mercosur y puede hablar con hechos, siendo momento de entender que el camino tomado hasta ahora no es el correcto para Argentina”, finalizó Asseff.

El diputado nacional Alberto Asseff (Pro) presentó un proyecto de resolución para solicitarle al Poder Ejecutivo Nacional que informe, a través del Ministerio de Salud, las precauciones que contempla el prospecto de la vacuna rusa Sputnik V.

Según indicó el legislador, “una investigación periodística sostiene que, tras haber resultado sumamente difícil obtener el prospecto de la vacuna -que incluso no está traducido al inglés ni al español-, las advertencias de la droga son las siguientes: ‘Precaución al aplicar en pacientes que padezcan enfermedades renales, hepáticas, endocrinas (disfunción tiroidea expresada y diabetes en la etapa de descompensación). Asimismo, enfermedades graves del sistema sanguíneo, epilepsia y otras enfermedades del Sistema Nervioso Central, síndrome coronario agudo y trastornos circulatorios cerebrales agudos, miocarditis, endocarditis, pericarditis’”.

En ese sentido, Asseff planteó la consulta sobre si las “precauciones mencionadas en el prospecto de la vacuna son contraindicaciones”.

También busca conocer “por qué no se dio a conocer públicamente el documento; si el personal de salud que interviene en la vacunación de la Sputnik V informa de las ‘precauciones’ a los inoculados; si se está llevando a cabo un plan de Anamnesis; si existen pacientes vacunados que hayan presentado complicaciones por sufrir alguna de las patologías mencionadas y por qué dicha información sanitaria se mantiene en confidencialidad violando la Ley N°26.529, de Derechos del Paciente”, entre otras preguntas.

“Se nota un grado de improvisación que suma a las arbitrariedades y errores cometidos por el Gobierno nacional en la administración de la emergencia sanitaria, producto de la pandemia del Covid-19”, expresó el macrista.

Y consideró que “sin base científica, especulación infectológica, y sin medicina basada en la evidencia, todo lo que engloba la vacuna Sputnik V es improvisación, derroche de recursos, pérdida de credibilidad, manejo sindical, decisiones geopolíticas para implementar relaciones internacionales y la posible comisión de delitos por parte de los funcionarios a cargo”.

“Lejos están las acciones ciertas para administrar de forma eficaz la crisis actual”, concluyó.

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR pidió al Gobierno que informe las razones por las cuales el protocolo sobre cooperación en el campo de la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos entre la República Argentina y la Federación Rusia, firmado el año pasado, nunca fue enviado para su pertinente aprobación legislativa. Señaló en ese sentido que es competencia del poder parlamentario “aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede”.

Dicho trámite legislativo, explica el diputado Asseff, “es fundamental para su aprobación y entrada en vigencia”.

Por último el titular del Partido UNIR denunció que “el protocolo sobre cooperación en el campo de la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos entre la República Argentina y la Federación Rusia del 08-10-2019 (o ‘Protocolo Kulichevsky-Khailov’, por Raúl Kulichevsky y Mikhail Khailov, quienes desempeñaban -respectivamente- los cargos de director ejecutivo de la CONAE y director General Adjunto de Sistemas y Complejos Espaciales de la Corporación Estatal rusa ROSCOSMOS), y cuyo texto apareció íntegramente publicado en un aviso de dicha cartera en el Boletín Oficial, el pasado 04-01-2021, nunca fue enviado para su pertinente aprobación legislativa”.

El diputado nacional Alberto Asseff (Pro) presentó un proyecto de resolución para repudiar las declaraciones de la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa González, quien había anunciado que los policías que saludaron con la venia a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habían sido desplazados -aunque posteriormente borró ese tuit-.

En la iniciativa se expresa el “absoluto repudio a las expresiones de la ministra de gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, que afirmó, a través de las redes sociales, que los efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires que saludaron a la exministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en la ciudad de Villa Gesell, fueron separados de la Fuerza”.

“Los dichos de la ministra de Gobierno de la provincia, dado el alto cargo que ocupa, constituyen una amenaza a todos los cuadros de las fuerzas de seguridad y policiales en servicio”, consideró el legislador.

En los fundamentos de su proyecto, el diputado advirtió que “es sabido que las expresiones de un funcionario que ocupa tan alto compromiso serán tomadas, por la mayoría de la población, como algo cierto y trascendente”.

Y en esa línea, Asseff señaló que “haber publicado en la red social Twitter que los policías que saludaron a Patricia Bullrich habían sido separados de sus cargos, constituye un acto de intimidación, no sólo a los efectivos involucrados, sino a todos los uniformados de las fuerzas de seguridad y policiales de la Nación”.

Por último, el macrista calificó la actitud de los policías como una “manifestación de reconocimiento y afecto a una exfuncionaria pública, un acto de caballerosidad y estima”, mientras que el mensaje de García “constituye una amenaza para la totalidad de los servidores públicos”.

La iniciativa fue acompañada por sus pares Pablo Torello, Jorge Enríquez, Virginia Cornejo, Lidia Ascarate, Gerardo Cipollini, Luis Pastori, Luis Petri, Julio Sahad, Soher El Sukaria, Héctor Stefani, David Schlereth, Carmen Polledo, Carolina Castets, Adriana Cáceres, Martín Grande, Alicia Fregonese y Omar De Marchi.

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para derogar la Ley de Alquileres, la 27.551, luego de que se conocieran informes que dan cuenta del aumento del precio de los alquileres desde que el Congreso sancionó la norma, en junio pasado.

La iniciativa es impulsada por el bonaerense Alberto Asseff (Pro) y acompañada por Pablo Torello, Jorge Enriquez y Virginia Cornejo, del Pro; los radicales Gonzalo Del Cerro, Lidia Ascárate y Aída Ayala; y Alicia Terada, de la Coalición Cívica.

Los legisladores proponen dejar sin efecto la nueva norma y además modificar varios artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en lo que hace a los desalojos.

Según un reporte del sitio de clasificados Zonaprop publicado en el portal Infobae, los precios de los alquileres aumentaron un 62% en 2020 en la Ciudad de Buenos Aires, siendo la mayor suba desde 2012.

Los expertos vincularon este fenómeno a una “reacción del mercado” ante la nueva ley, que extiende de dos a tres años el plazo del contrato y fija una nueva fórmula de actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación salarial (RIPTE).

A diciembre de 2020, de acuerdo con este informe, alquilar un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires costaba 30.683 pesos mensuales.

En rigor, los precios de los alquileres están congelados desde marzo, cuando el Poder Ejecutivo dictó un decreto en ese sentido, que ahora volvería a ser prorrogado, ya que vence el 31 de enero.

El Gobierno también había dispuesto en ese entonces la suspensión de los desalojos por falta de pago y el congelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff , junto a los diputados Virginia Cornejo, Alicia Terada, Gonzalo Del Cerro, Pablo Torello, Diego Mestre, Laura  Carolina Castets, Lidia Inés Ascarate, Gerardo Cipolini, Estela Regidor y Omar De Marchi; pidió al Gobierno que se gestionen “medidas pertinentes” para llevar a cabo la habilitación de matrículas  Mercosur para el transporte en buque de semirremolques de carga, habilitando la operación de un buque entre Argentina y Uruguay desde el puerto de Juan Lacaze hacia el puerto de Buenos Aires, permitiendo a los choferes de ambos países mantenerse en su territorio evitando cruzar las fronteras reduciendo riesgos y costos. 

El proyecto es impulsado por la empresaria uruguaya Victoria Staricco y la idea es operar entre Argentina y Uruguay con semirremolques sin tractores, lo que permite a los choferes de ambos países mantenerse en su territorio evitando cruzar las fronteras, con todos los riesgos que esto conlleva en medio de la pandemia.  

Asseff explica que “Staricco ya ha estado reunida con el presidente Alberto Fernández, el ministro de Transporte Mario Meoni y el secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca) Pablo Moyano para hablar sobre el proyecto”. 

Para el titular del Partido UNIR es fundamental “el crecimiento y fortalecimiento del MERCOSUR, otorgar más y mejores herramientas de logística que favorezcan el tránsito y comercialización de productos entre los países integrantes del bloque”. 

Diputados de Juntos por el Cambio encabezados por Alberto Asseff presentaron un pedido de informes dirigido al Ministerio de Defensa para conocer “las previsiones, programas, planes y presupuestos en el corto, mediano y largo plazo a fin de recuperar las capacidades de la Armada Argentina en materia de defensa y control submarino de la plataforma continental”.

“Sabemos que han pasado ya más de tres años del lamentable y luctuoso hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 17 de noviembre de 2017, y no hemos notado que nuestro país haya reaccionado para subsanar las falencias profundas que lo ocasionaron”, advirtieron los diputados en los fundamentos del proyecto.

En ese sentido, mencionaron la “falta de presupuesto adecuado, motivación y reequipamiento, salvo deslindar responsabilidades a fin de preservar a las autoridades civiles, responsables de la desatención y ausencia del Estado Nacional”.

“No hace falta ser un especialista en materia de defensa nacional para darse cuenta del profundo y continuo deterioro que ha sufrido la flota de submarinos de la Armada Argentina, no sólo en los materiales, sino en la cantidad y calidad del personal. Situación que se ha ido agravando permanentemente por la falta absoluta de motivación, reducción y casi nula actividad operativa, aceptación del doble empleo para paliar los bajos salarios, y la falta de reconocimiento a la labor muchas veces riesgosa”, describieron.

El proyecto fue acompañado por los diputados Gerardo Cipolini, Alicia Terada, Pablo Torello, Alfredo Schiavoni, Aída Ayala, David Schlereth, Jorge Vara, Jorge Enriquez, Ignacio Torres, Julio Sahad, Héctor Stefani, Lidia Ascárate, Hernán Berisso y Gustavo Hein.

La ayuda social comenzó tímidamente durante el gobierno del dr. Alfonsín. Fue con el Plan Alimentario Nacional que involucro a medio millón de conciudadanos. A partir de ese inicio el asistencialismo no cejo de crecer. Hoy abarca un ascendente universo de 9 millones de argentinos y residentes. La contraprestación fue en sentido inverso: aquello que originalmente fue teóricamente concebido como planes de trabajo y de entrenamiento para la labor con el tiempo devino en el fomento de la incultura del trabajo. Lo más nefasto que puede pasar en una sociedad. En los hechos el Estado está corroyendo las bases del edificio social. Tan es así que existen recurrentes y lastimosos casos de escasez de mano de obra preparada en medio del paroxismo del desempleo. También se da el aberrante caso de gente capacitada para diversos oficios que prefiere seguir subordinada a los planes de ayuda – los que llamamos planeros – antes de aceptar un trabajo formal. Esta paradoja o, peor, esta distorsión, es el resultado combinado de una normativa laxa – en rigor, pesimamente articulada -, de los intereses de los denominados movimientos sociales y del fomento explícito de la mediocridad por parte de los sucesivos gobiernos, con las excepciones que siempre tiene cualquier axioma o, en este caso, aseveración.  

Cuando el primer mandatario desestima al mérito está trasladando a una infeliz verbalización lo que desde hace tiempo se viene realizando. Cuando se decidió en 2008 que daba lo mismo haber aportado a la ANSES toda la vida que no haberlo hecho nunca – más allá de si en una mínima parte fue por responsabilidad de empresarios incumplidores -, ¿qué aliciente o que mensaje da la autoridad para estimular que todos nos esmeremos en alistarnos del lado de la ley y del sentido común? La triste realidad es que más de dos millones de jubilados no aportantes cobran lo mismo que otros cuatro millones que si lo hicieron. Eso sí, todos perciben una miseria. Igualaron para abajo y lograron la peor paridad: pobreza para todos.  

Sabemos que vivimos en la era del conocimiento, pero el Estado argentino – sus gobernantes – no están notificados. Es la única explicación para que casi 9 millones de conciudadanos subsistan con la asistencia social y ni siquiera contrapresten – en su propio beneficio, en primer lugar – capacitarse en no ya en cibernética, robótica, nanotecnología o biología marina, carpintero o plomero, por ejemplo, sino en un oficio básico. De este modo jamás seremos un país próspero y justo. La inclusión de biología marina no es antojadiza. Tenemos una pampa marítima inmensa, pero no solo no la defendemos de la depredación, sino que no nos preparamos para aprovechar sus recursos.  

Cada vez más argentinos – y asimismo foráneos a quienes por distintos motivos les importa nuestro país – sostienen que este atraso debe asignársele al modelo impulsado desde 1943. Seguramente esa afirmación o postura es producto del reduccionismo ya que los males estructurales, los profundamente enraizados que cobran carácter idiosincrático, no responden a causas simples. Lo socio-cultural es complejo. Tiene otras honduras. Ciertamente el distribucionismo facilista de la segunda mitad de la década del cuarenta del siglo pasado tiene alta cuotaparte de causalidad en nuestra declinación, pero el propio fundador del movimiento político que cometió esas demasías intento darle un correctivo fuerte con su segundo plan quinquenal y su llamado – una verdadera exhortación – a la productividad. Inclusive, en su tercera etapa, en 1973, no escatimo palabras: Cada argentino debe producir por lo menos lo que consume. De lo contrario, la comunidad no tiene destino, dijo. Innegablemente fueron palabras clarísimas que no requieren interpretaciones. No obstante, sus variopintos seguidores actuales lo invocan desde el alba hasta el anochecer, pero o no lo entienden o exprofeso hacen oídos sordos respecto de estas  

directrices. Existe mucha hipocresía. Es relevante memorar estos lineamientos que los adeptos actuales ignoran porque hay que darles debate en su propio terreno. En su salsa, como se diría coloquialmente. La incultura del trabajo – nuestro cáncer – la podremos revertir ganando la batalla cultural por el mérito, el esfuerzo y la labiosidad. Contra el facilismo, respecto del cual hay algún progreso. Ahora ya nadie descansa en esa falacia de que somos un país rico que da para cualquier desaguisado o despilfarro. Hemos caído – nunca mejor empleado el verbo – en la cuenta que a fuerza de cometer desatinos – algunos descomunales – no existe riqueza que aguante. La Argentina pobre es una patética realidad. A partir de ella hay que reformular el proyecto común. No podremos soslayar que solo el denuedo no abrirá el horizonte.  

Las reformas tienen como eje central el asistencialismo que debe paulatinamente limitarse y sobre todo contener exigencias estrictas y duración temporal. Deben trasladarse gradualmente los caudalosos recursos que demanda la asistencia al sector laboral-empresarial especialmente pyme, generador de trabajo y bienes. En vez de pagar un plan, el Estado abonara un salario o parte de él.  

Un asistido es un sometido. La limosna generalmente busca obediencia. Un trabajador es, además de digno, libre. Y ya está experimentado y probado: se progresa con y en libertad. En el mundo hay un solo caso de autoritarismo político cuya economía se abrió paso. Es China. Pero esa economía despego con la libertad. Sin ella aun hoy seria castigada por las periódicas hambrunas y postergada por el atraso tecnológico.  

Necesitamos menos movimientos sociales que se encabalgan en la creciente pobreza y más dinámica productiva y laboral que se sustenta en la robustez institucional y en las corrientes inversoras. Lo primero que hay que hacer es ponerle límite temporal a la ayuda social en la inteligencia que la mejor asistencia es abrirle camino al trabajo y la producción. 

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff se refirió a la posibilidad de que el Gobierno imponga restricciones nocturnas, y manifestó que es “conscientes de la necesidad de preservar la salud pública”, pero que “está mal amenazar al país, aterrorizarlo con un toque de queda nocturno”. 

El legislador señaló que “desde el primer momento dijimos que esta preservación tenía que combinarse con un extremo cuidado de la actividad económica y el trabajo de los argentinos. No es cierto el falso dilema entre economía y salud. Las dos son necesarias y deben ser combinadas, ese es el arte de gobernar”. 

En este sentido, sostuvo que “está mal amenazar al país, aterrorizarlo con un toque de queda nocturno -como si el virus fuera noctámbulo- cuando el virus está de día, en las aglomeraciones, en las reuniones multitudinarias no en un restaurante con veinte personas o en un bar con quince. O en un comercio, con cinco”. 

Y continuó: “Por eso finalmente, parece que las protestas del pueblo, de los comerciantes y empresarios, terminó golpeando en la Casa Rosada y el resultado es un decreto de recomendación. Bienvenido que hayan escuchado al pueblo; pero no puede ser que hayan armado como lo hicieron. Porque el deterioro ya está producido”. 

Finalmente, Asseff sostuvo que la actividad turística en el país “ya está afectada, porque la gente tuvo miedo. El miedo es lo peor que puede generar un gobierno”. 

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff se expresó sobre la disputa entre el campo y el kirchnerismo acerca de la exportación de maíz.

El presidente del partido UNIR cuestionó la prohibición de exportar granos expresando que “así no bajarán los precios de los alimentos”.

Además, Asseff lamentó que “prohibiendo exportaciones se dará otro paso hacia la Argentina pobre” y exhortó a “derrotar el pobrismo al que nos lleva la medida restrictiva”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff pidió promover el juicio político contra el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, por “mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”. 

Asseff advierte que el ministro de Educación en ejercicio de su cargo “ha desarrollado un conjunto de acciones y omisiones que atentan contra el correcto ejercicio de sus funciones y al interés supremo de la educación argentina”, y expone al respecto que “desde hace tres meses está vacante la Secretaría de Educación la Nación, casi el corazón pedagógico del Ministerio nacional”, así como “la discusión sobre reabrir las escuelas no estuvo basada en debates sobre los beneficios y los perjuicios de siete meses sin ir a las aulas, sino en posiciones políticas sobre el manejo sanitario de cada distrito”. 

El titular del Partido UNIR lamenta que “estos meses de suspensión de presencialidad profundizaron los problemas básicos que se arrastran desde hace décadas: los chicos siguen con inconvenientes severos de comprensión de textos y de resolución de cálculos matemáticos”.

Por otra parte, sostuvo que “bajo la excusa de la emergencia sanitaria, se impidió de forma sistemática que los alumnos vuelvan a las aulas. Se negó cuanto protocolo se propuso. El mundo demostró que lo último en cerrar o que nunca cerró, fueron las escuelas. Pero en nuestro país, el dr. Trotta defendió en reiteradas oportunidades la no apertura de las aulas por el simple hecho de manifestar que resulta una situación compleja”. 

En este sentido, Asseff recalca que “es importante resaltar que las universidades tampoco abrieron sus puertas, demorando, entre otras cuestiones, el egreso de miles de alumnos como también el comienzo de la vida universitaria”. 

Y sigue explicando que “otros hechos de suma relevancia para remarcar en este pedido de juicio político, es el adoctrinamiento que el ministro de educación ha permitido durante su año de gestión. En un claro ejemplo del Poder Ejecutivo Nacional, de intentar influir en la opinión pública sobre los actos de gobierno en el manejo de la crisis sanitaria y económica que afronta el país, una situación totalmente alejada de un Estado de Derecho y democrático”. 

Por último, el diputado de JxC explicó que “los gremios evadieron todo el año sus responsabilidades de ofrecer un mejor servicio educativo y dedicaron su tiempo a reclamos salariales”. 

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff participó, vía plataforma zoom, de una charla junto a la Institución A.V.E, Acompañamiento Voluntario del Embarazo donde disertó sobre el aborto desde el punto de vista político. 

Asseff explicó que es “muy importante” la reafirmación del concepto del valor de la vida y argumentó que “hay que ratificar que la Constitución Nacional y el Código Civil, además de los tratados internacionales, establecen que el origen de la vida es desde la concepción”. Agregó, además, que “la convención de los Derechos del Niño está incorporados por el Articulo 75 inciso 22 de la Constitución, por lo que el proyecto del aborto, además de ser inoportuno y estar absolutamente politizado es inconstitucional”. 

Al hacer una evaluación sobre el proyecto en Senado, Asseff dijo que “si este tema esta politizado por el Ejecutivo Nacional, entonces, sería bueno que la oposición respondiera -más allá de las convicciones pro aborto que pueda tener algún senador- del mismo modo: políticamente, absteniéndose; de manera que significaría un golpe letal para el proyecto en la Cámara de Senadores”. 

Por último, Asseff repudió la interrupción voluntaria del embarazo diciendo que “es propio de la cultura del descarte y contrario a la declamación que hace el Gobierno sobre el respeto a los derechos humanos”. 

La Argentina sufrió una grieta desde los albores del país. Todos los pueblos padecieron sus dilemas, pero quizás la nota que nos diferencia es que supieron zanjarlas. Nuestra división da la impresión que es ingénita, inacabable, incesante. Igualmente, la experiencia es que nunca culminamos por desempatar la puja. No termina de haber un ganador neto. El caso del federalismo es ejemplificativo: la solución que encontramos fue ni ser federales ni unitarios, sino un tipo híbrido que dejó a todos insatisfechos y que hasta hoy es disfuncional. Formalmente tenemos provincias autónomas, pero dependientes del Tesoro nacional. Aparatos burocráticos enteros propios del federalismo, altamente costosos, pero que en los hechos funcionan como ineficientes delegaciones del poder central.

En materia de pensamiento, la recíproca neutralización entre estatistas y privatistas ha suscitado el caso único del planeta, un país pletóricamente dotado que hace casi un siglo que retrograda. Hace 90 años que debatimos si el Estado nacional debe asumir un rol activo en la economía y demás planos de la vida nacional o si el sector privado debe ser el primer actor. La opción sigue abierta. Hace décadas que sucesivos gobiernos se empeñan en racionalizar el gasto público anunciando planes de austeridad y de estabilización que nunca culminan en coronarse con los resultados proclamados. Consecuentemente, ante la frustración resurgen las propuestas de volver al Estado omnipresente que exprime cada vez más a la Argentina productora de bienes y servicios, inversora de riesgo. Estos vaivenes se traducen en atraso.

No nos ponemos de acuerdo ni siquiera en algunos valores básicos. Por caso, no coincidimos si el orden y la ley son o no fundamentales para el progreso. Están quienes sostienen que “en el desorden hay vida” y que los buenos jóvenes deben hacer lío. Contrasta esta postura con el manual que se aplica en casi toda la tierra: el orden es el amigo natural del progreso. La vigencia de la ley es la única garantía de igualdad e inclusión.

Otro asunto en que disentimos es en el valor del mérito. Se lo ha catalogado como elitista y antiigualitario en una inocultable apelación a la mediocridad como “solución” para las iniquidades. El sentido común indica que el esfuerzo y el mérito deben ser alentados, pero entre nosotros se los tacha públicamente.

Recientemente, luego de que en 1994 reformamos la Constitución supuestamente para incorporar derechos de cuarta y quinta generación, el planteo reformista retorna a  la primera  escena ahora para enmendarle la plana a Montesquieu y su clásica división de poderes. Ya no necesitamos como garantía de control y de límites a un Poder Judicial independiente, sino que devendría en ‘servicios administrativo de justicia’ cual dependencia del Ejecutivo. Pasaría algo análogo que con los maestros que de aquellos guías sociales de principios del siglo XX se han transformado en los proletarios de la educación. De segunda mamá a ‘trabajador de la educación’, una mutación en la que naufragó aquel timbre que nos distinguió en el mundo: el país periférico con mayor alfabetización del globo.

La grieta se encabalga en nuestra reticencia para darnos los verdaderos debates. Por ejemplo, ahora el Congreso está abocado a adoptar la nueva fórmula de actualización jubilatoria. Decidirá si esa ecuación incluye o no a la inflación como variable del ajuste periódico. Gambetea así la verdadera cuestión, esto es el sistema previsional quebrado porque el 50% de los trabajadores no están registrados y por ende no aportan ¿Qué sentido posee abordar el efecto y eludir las causas? ¿No deberíamos estar analizando a fondo cómo reducir la informalidad laboral, incluyendo las cargas tributarias que transforman a un trabajador en una hipoteca para su empleador?

La inflación no es sólo un flagelo económico y un factor disuasivo de la inversión. Es un síntoma de que nos embarga una anomia inocultable ¿Por qué cruzando nuestras fronteras, cualquiera de ellas, el índice anual de inflación no supera el 5% y acá hace medio siglo que padecemos un promedio de 45%, apenas con algunos breves intervalos sobre todo cuando se mantuvo la situación controlada a fuerza de ponerle un tapón. Que inexorablemente saltó una y otra vez por los aires. Desde “quien apuesta al dólar pierde” hasta el 1 a 1 pasando por la inflación cero de Gelbard.

¿Es posible superar la grieta? Si hacemos un fortísimo ejercicio de sinceridad y nos apeamos de prejuicios ideológicos – en otras palabras, si adoptamos el realismo como parámetro y actitud – podríamos formalizar acuerdos sustantivos que no pueden soslayar un punto de partida: cero concesión a la impunidad. Acá no saldremos con el cínico ‘borrón y cuenta nueva’. La nueva etapa histórica sobrevendrá cuando quienes traicionaron al país robándole salden sus deudas y resarzan los perjuicios ocasionados.

La grieta es entre decencia y corrupción. La honestidad deberá desplazar a las mafias. No hay otro modo de superar la grieta.

*Diputado nacional (Juntos por el Cambio, partido UNIR)

El diputado nacional del bloque Juntos por el Cambio Alberto Asseff participó, vía plataforma zoom, de la presentación del libro de José Martiniano Duarte “Loco, vano y mal cristiano, una biografía de Aldo Rico. Una historia de soldados”. Con la presencia de Aldo Rico y la editora del libro Analia Martínez. El encuentro se realizó en el taller del artista Juan Carlos Pallarols. 

Al inicio del encuentro se leyeron fragmentos del libro y Martiniano Duarte, dirigente de UNIR quien dijo unas palabras. Visiblemente contento por la repercusión del libro explicó que “nuestra generación de soldados combatió en las Malvinas y sin embargo debe pagar culpas de otros”, y agregó “nosotros no bombardeamos la Plaza de Mayo ni hicimos golpes militares”. 

Martiniano Duarte explicó: “Escribí un libro, combatí por la patria. Nunca mate a nadie que no tuviera un arma en la mano, no queme una iglesia ni bombardee la plaza”. Y finalizó recordando que “la democracia en los setenta no le importaba a nadie. Sólo importaba el poder. La vida humana no valía nada ni de un lado ni del otro”. 

Luego fue el turno de Aldo Rico, quien explicó la definición de lo que es ser soldado y graficó “los soldados tiene un solo objetivo: la defensa de la patria, tanto en la paz como en la guerra” y lamentó que “la patria hoy está en peligro”. 

Y explicó que “la función del soldado es conservar el Estado nacional en orden a lo que dispone el poder político. Deben garantizar la supervivencia del Estado nacional”. 

Finalmente, Asseff coincidió con la idea central de Aldo Rico y explicó que la idea de que el soldado esta para defender a la patria “es un concepto que tiene vigencia en el mundo entero y aquí debemos restaurar esa idea”. Asseff siguió su exposición y lamentó la “situación difícil de la argentina” y recordó lo sucedido en el Chaco donde en una escuela se homenajeó al Che Guevara, calificando el hecho de “disolvente, pues está infectado el futuro de la argentina”. 

Por último, Asseff hizo hincapié en la escuela pública “comprometida con el futuro del país donde todos usan el mismo guardapolvo y es integrativa. Esa escuela pública nos distinguió en el mundo. Esa escuela que nos permitió generar la esplendorosa clase media, que fue una nota excepcional en el cono sur. Y hoy esta degradado, porque los docentes están proletarizados y son ‘trabajadores’ de la educación”. 

“Dimos lugar a una entidad desdibujada, hoy en disolución peligrosamente y que debemos recomponer” dijo sobre la escuela, para cerrar. 

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio pide al Gobierno que informe sobre la disposición de manuales de estudio escolar “con faltantes históricos, exaltación de los logros de un partido político, datos con omisiones e interpretaciones unívocas de hechos e incluso la realización de preguntas de exámenes, por sobre todo en las universidades públicas, con un fuerte sesgo ideológico, aparatándose del principio de la libertad de cátedra para introducirse en un adoctrinamiento”. 

Reclama que dicho informe debe explicar ‘¿quiénes son los autores y por qué se autorizó el cuadernillo de Historia argentina del plan FinEs?’, así como las razones por las que se permite la expresión “globalización neoliberal” en la materia geografía de 4to año del secundario. Asimismo, Asseff pide saber, además, la razón por la que el libro de Historia para tercer año del secundario de la Editorial Santillana, Argentina, América y Europa durante los siglos XVIII y XIX, toma las referencias al “‘régimen liberal’ solamente de modo negativo y plantea la idea del capitalismo como un sistema que ‘obliga’ a trabajar a la clase obrera”. 

El presidente del Partido UNIR advierte que “estas referencias tendenciosas no son las únicas irregularidades”, sino que -señala- en el libro Geografía de la Argentina, de Kapelusz Norma, destinado a tercer año, “se puede ver un buen número de alusiones a los programas sociales del kirchnerismo. Además, se refiere al período de Néstor y Cristina Kirchner como el modelo de crecimiento e inclusión social”. 

“Por otra parte ‘Represión y neoliberalismo, de la dictadura de 1976 a la crisis de 2001’, se titula, como si todo fuera parte del mismo proceso, la unidad 5 del material que se repartió entre algunos alumnos de FinEs”, grafica Asseff y agrega “esta bibliografía se imprimió en 2015 por el Ministerio de Educación de la Nación, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Además, en ese material de estudio se cuenta la historia del siglo XX de una manera binaria, diferenciando solo entre lo oligárquico y lo popular y, luego del extenso desarrollo sobre las dos primeras presidencias de Juan D. Perón y el golpe de Estado de 1955, hay escasas referencias a los gobiernos de Arturo Frondizi y Arturo Illia”, manifiesta el diputado de JxC. 

Finalmente, Asseff señala que existe el mismo problema en la Universidad pública y lo ilustra con el siguiente ejemplo de una pregunta de examen de Ciclo Básico Común en la materia introducción al pensamiento científico: “’En el gobierno de Mauricio Macri hubo un retraso científico y tecnológico porque ….’, siendo la respuesta correcta del ‘múltiple choice’ la siguiente: ‘Macri consideraba que la Argentina debía limitarse a un modelo agroexportador y comprar la tecnología que hiciera falta’”. 

“¿Esto demuestra libertad de cátedra o directamente una opinión particular con tintes políticos?”, concluye el legislador.

Acompañan el pedido de informes los diputados Virginia Cornejo; Lidia Azcarate; Aída Ayala; Estela Regidor; Omar de Marchi; Pablo Torello; Alicia Fregonese; Adriana Ruarte; Gerardo Cipollini; Julio Sahad; Jorge Enriquez; Alicia Terada y Gonzalo del Cerro

Deprimente es poco. Literalmente bochornosa la figura del presidente, su investidura, reducida a un hombre con megáfono intentando evitar el caos del velorio desmadrado. En un estadio cualquiera de fútbol, a pesar de los habituales desbordes, existe un operativo contención más eficaz que el que adoptó el mismísimo presidente para controlar a los barrabravas y a los ciudadanos de a pie que rápidamente se contagian de la agresividad y violencia, inducidos por los profesionales del desorden. El lugar de los hechos era nada menos que la Casa Rosada. Imaginemos por un momento una escena análoga en el Quirinale, el Eliseo, la Casa Blanca o el Kremlin. Ni el más creativo puede pensarla. Esto no acaece ni el Palacio del Quemado ni el de Pizarro en Lima. Sólo acá, en la Argentina populista decadente.  

Todo tuvo su comienzo con una chapuza: creer que se podía repetir el fenómeno del velorio de Néstor Kirchner movilizando a un millón de personas en ocho horas. Es simplista, propio de la improvisación que caracteriza al elenco gobernante, suponer que un hecho masivo es replicable fácilmente. Hasta el contexto sanitario aconsejaba otro análisis: ¿Cómo justificar que, habiéndose establecido el aislamiento obligatorio más prolongado del planeta, incluyendo el virtual cese de la educación – no obstante que paradojalmente se pretendió suplantarlo con una azarosa y compleja virtualidad telemática -, se podría convocar a un millón de personas, aglomerándolas en una puerta de la Casa de Gobierno?  

Un gobierno necesita obviamente autoridad jurídico-política. La da la elección. Empero, antes, durante y después de electo, el ejercicio cotidiano de la gestión requiere y exige autoridad moral. Se gana con votos. Se ejerce con ejemplos. La contradicción flagrante entre imponer restricciones que dieron lugar a dramas como el de la familia santiagueña Abigail y el llamado a que se junte un millón de personas sin cuidado alguno es tan chocante que hasta el último de los compatriotas la percibió. Esa percepción suscita no sólo una duda, sino una certeza: el gobierno hace cualquier cosa con tal de recuperar imagen positiva. Eso de apelar a cualquier recurso precisamente le detrae autoridad.  

El deterioro de la autoridad derrama hacia todas las áreas incluyendo a la económica ¿Qué emprendedor serio – eso son los que asumen el riesgo de invertir – va planificar negocios en un país moralmente decadente, socialmente desorganizado, que amontona a miles de personas que hasta ponen en peligro la integridad física de los gobernantes convocantes y de los bienes patrimoniales – algunos genuinamente históricos – de la casa desde donde ‘administran’ los mandatarios? La caída del busto de Hipólito Yrigoyen – el primer presidente realmente electo por el pueblo – es todo un mensaje, claro que deplorable.  

La pregunta que cada vez más cunde por el país, verdadero dilema, que implica una enorme incertidumbre, es si es reversible esta declinación nacional. La sensación que embarga a millones de argentinos es que esto no tiene arreglo, salvo una reacción contracultural raigal que mute el acomodo en mérito, la improvisación en planes, el desorden en organización, el arribismo en idoneidad, la avivada en apego a la ley, la vagancia en trabajo, la dádiva en dignidad, el clientelismo en ciudadanía, la manada en participación y civismo, el neofeudalismo en instituciones y la codicia en legítima ambición de ser mejores y más prósperos. Y, por supuesto, la corrupción en honradez para lo cual se requiere insoslayablemente de una Justicia que se apee de su indisimulado rol de blindaje de impunidad a los transgresores para erigirse en garante del cumplimiento de las leyes.  

Esto tiene composición si somos capaces de decir la verdad y de obrar en consecuencia. Sin concesiones a la demagogia y paralelamente con gran amplitud para recibir a miles de ciudadanos que quieren intervenir protagónicamente.  

Hoy existe una ambivalencia, una situación agridulce: por un lado, ha surgido un formidable actor socio-político, el ciudadano que se manifiesta sin que lo convoquen, el desencuadrado, pero entrañablemente indignado. Su desencanto no le impide manifestarse. Doble valor, pues. No obstante, su desilusión, no se abate ni se arroba ni se arredra. Por el otro, el movimiento político de alternativa no termina de ajustar su funcionamiento, de darle verosimilitud con hechos a su declamada apertura y aún debe una definición de compromiso profundo con las reformas y cambios que la Argentina no puede eludir. Está todavía ausente la promesa de cirugía mayor, excluyente opción si tenemos voluntad para recuperar el rumbo de la prosperidad.  

Es reversible el plano inclinado, pero en tanto seamos capaces de hablar y hacer con la verdad cruda y dura que no impide decirlo y hacerlo con el arte de la política, indispensable para que la operación histórica de trocarle el camino al país sea posible preservando la paz social.  

El diputado nacional Alberto Asseff (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Femicidas en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, como una instancia superadora del Registro Nacional de Femicidios, con el fin de diseñar políticas preventivas.

De acuerdo a la propuesta, el registro tiene por objetivo “organizar y unificar la información de todo el país sobre la temática; establecer la cifra real sobre la cantidad de femicidas; identificarlos con nombre, apellido, documento de identidad, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión u ocupación, vínculo con la víctima, naturaleza de los hechos y la condena recibida”.

Debido a la información sensible del contenido solo tendrán acceso para consultar y conformarlo las “autoridades provinciales y municipales para la conformación de políticas de seguridad; y todo particular que realice el pedido de informe por la vía correspondiente con expresa indicación de los motivos que lo justifica, según el caso concreto”.

La doctora Virginia Luna, abogada especialista en Equidad de Género y Prevención de la Violencia, impulsora de la propuesta que presentó Asseff, sostuvo que “el Registro Nacional de Femicidas es un complemento a las estadísticas criminales. Es información cierta, objetiva y concreta con el objetivo de poder contar con datos oficiales y ‘blancos’ para establecer una verdadera política de género en todo el país”.

“Este proyecto busca establecer un orden centralizado en la figura del victimario, conocer objetiva y fehacientemente quién estuvo detrás del delito, para favorecer la configuración de perfiles delictivos y potenciales reincidentes”, continuó y señaló que “resulta pertinente conocer al femicida para entender los lugares, vínculos y motivos estándares que poseen como denominador común este tipo de psicópatas”.

Asimismo, agregó: “Sabido es que la conducta criminal del femicida tiene una evolución en su escalada violenta y progresiva en la repetición de sus crímenes. Muchas mujeres sufren violencia y abusos pero un alto número aumenta las estadísticas y las noticias policiales cada día en todo nuestro país y sin distinción social”.

“En este 2020 fuimos testigos de indicadores alarmantes, de mujeres que perdieron sus vidas en sus propias casas, mujeres que quedaron cautivas de sus victimarios, que dejaron huérfanos a sus hijos, mujeres que no pudieron defenderse, mujeres a quienes la justicia no protegió a tiempo. Buscamos crear un registro de quienes cometen femicidios. Buscamos trabajar en la educación por la paz desde temprana edad, en políticas de estado y en normas drásticas para detener este crimen”, concluyó la abogada.

Primero fue el gobierno que asumió el 1 de marzo pasado en Montevideo. Ahora lo expresa el nuevo ministro de Industria y Comercio que tomó el cargo en Asunción el 17 de noviembre, Luis Castiglioni. Ambos países han puesto la mira en el éxodo de emprendedores y en la huida de capitales argentinos. Porque los dos no sólo piensan en las bondades de los capitales, sino que apuntan a las capacidades humanas de los argentinos Los uruguayos flexibilizaron las normas pata facilitar la obtención de la residencia fiscal reduciendo a unos 390.000 dólares el capital mínimo. Ya son 30.000 los argentinos que fijaron domicilio en la ribera oriental del río común. Se prevé que llegarán a 200 mil. El alto y flamante funcionario paraguayo anunció ‘estrategias coordinadas’ de su gobierno para recibir 20 mil millones de dólares de argentinos en 2021. Los dos países sustentan su expectativa en el efecto de una doble acción: por un lado, el aumento de la presión impositiva y la inestabilidad macroeconómica en nuestro país y por el otro los incentivos que Uruguay y Paraguay brindan a los inversores y a los emprendedores. En el caso de los guaraníes hasta cinco años de desgravación en ganancias adunados a leyes laborales elásticas. Los orientales también dan estímulos, pero sobre todo ponen en la mesa una ventaja comparativa de excelencia: su prolijo funcionamiento institucional.  

Lo cierto que este fenómeno de migración de nuestros capitales – y ahora de personas – hacia esos dos países que integraron la unidad política naciente en 1810 – las Provincias Unidas –no es nueva. El desarrollo inmobiliario espectacular de Asunción y de Montevideo – además del de Punta del Este – se vincula con la radicación de inversiones argentinas en los últimos veinticinco años, para no remontarnos en el tiempo. También Brasil se lleva un jirón de nuestra enflaquecida economía. Con epicentro en El Soberbio, son más de diez grandes camiones rebasantes de soja los que recalan por día. Llamativamente, en ese sitio del río Uruguay ribereño de Misiones no existe puerto. Ello no es óbice para que lleguen incesantemente los cargamentos que acomodados en bolsas de arpillera pasan al Brasil – estados de Río Grande y Paraná – en canoas. Sólo hace unos días la Gendarmería recibió órdenes de neutralizar este contrabando. Durante meses el Estado – que los estatistas proclaman omnipresentes, pero que en los hechos y en muchísimas circunstancias de nuestra vida colectiva está ausente – no reparó que la circulación sur-norte de camiones que ingresan por alguna de las cuatro rutas posibles a Misiones portando soja no tenían ni tienen otra explicación que el  

contrabando espoleado por un dato objetivo: acá paga 35% de retención; en Brasil nada. El trabajo y la producción argentina devienen por arte del estatismo en exportaciones de nuestro vecino.  

El manual dice que una economía que sobrelleva casi diez años de recesión y un acumulado de casi medio siglo de estancamiento – el PBI per cápita de 1970 era mayor al que tenemos hoy – debe operar mecanismos de estímulo. No hay muchos en la economía política. Paul Samuelson lo expresó con meridiana y didáctica maestría: más crédito accesible, menos gravámenes. Es lo que practican Uruguay y Paraguay. Es lo que nos empecinamos en contrariar nosotros.  

En la Argentina pugnan dos modelos: están los que voluntaristamente se empeñan en domeñar al mercado contrastando con quienes reconocen que el mercado tiene su trono asegurado por más pulsiones que reciba. En rigor, los dos modelos tienen sus halcones y sus palomas. El estatista duro sueña con el reino definitivo del Estado y así implantar un sistema presuntamente igualitario, de raíz socialista, aun a costa de que se extienda la pobreza. Optan por pobreza para todos porque dan prioridad a la igualdad. Igualdad que equipara para abajo. Su contrapartida, también rígida, se extrema hasta bordear la anarquía, es decir el rechazo visceral a todo lo que huela a Estado. Es el anarcocapitalismo. En esa puja existen en ambas orillas quienes aspiran a una combinación o sinergia Estado-mercado, más o menos intensa y sólida. Pero se recelan, embargados por los prejuicios, sobre todo del lado estatista. Los estatistas execran al mercado porque lo tildan definitivamente de codicioso, lucrador serial, insensible por naturaleza, insolidario, injusto en su misma matriz. Lo querrían ver desterrado de estos lares y si por ellos fuera del planeta. Están dispuestos a darle eterna batalla, aun hasta desfallecer en el intento. No les importa ver a su población cada vez más pobre, con menos oportunidades, incluyendo educativas, sólo accediendo a changas y trabajos informales. Tampoco les interesa que la infraestructura se vaya rezagando hambrienta de inversiones y que el crédito desaparezca y con ello tambalee la macroeconomía y decaiga la actividad. No sea cosa que el mercado nos tuerza el brazo dicen. Prefieren el atraso a la modernidad si esta se emparenta con el mercado.  

Los mercadistas son más pragmáticos: cuando detectan hostilidad se reacomodan rápidamente, sea haciendo ellos la devaluación y otros sinceramientos de los precios relativos o sencillamente yéndose a lugares amigables. Eso explica que tengamos más de un PBI – us$400.000 millones – en el exterior o afuera del circuito formal de nuestra economía, lo cual  

equivale al mismo fenómeno de fuga bajo otra modalidad. Además, si cruzando el río más ancho del mundo o el caudaloso Paraguay esperan a los actores del mercado argentino con rebosante alegría y signos amistosos inequívocos, la migración es o será inminente.  

El estatismo llevó de 2003 a 2015 el tamaño del Estado en relación al PBI total del 25% al 43% y sigue agrandándose, ahora a horcajadas de la pandemia y de las arcas fiscales exangües, argumentos que le vienen como anillo al dedo a los adictos a las “políticas púbicas” y paralelamente declarados enemigos de los sectores privados, todos tachados de ávidos, individualistas y desidentificados con el destino común.  

La grieta es notoria. Los más fanáticos se enceguecen al punto de no reconocer otra condición que la de vicioso al contrincante. La elemental idea de ensamblar energías y cooperar se torna inviable a partir de los preconceptos y del tóxico condimento ideológico.  

La Argentina debe superar urgentemente este antagonismo tan insensato como suicida. El Estado posee sus roles indiscutibles, pero si algo no puede ni debe hacer es hostilizar a los sectores privados que son los agentes naturales del país moderno a forjar perentoriamente. Saldremos adelante fortaleciendo a los pliegues no estatales de nuestra sociedad, reubicando al Estado como auxiliar de la nación.  

El equilibrio es el camino para reentonarnos. Una Nación gozando y ejerciendo sus libertades incluyendo las económicas, servida por un Estado inteligente, autolimitado a su órbita. Sin endilgar reproches, tachas o enrostramientos. El vicio está en todos lados. La virtud también. Sólo se requiere controlar al primero y premiar a la segunda hasta hacerla aflorar con todo su esplendor.  

En su intervención en el debate por el impuesto a las grandes riquezas, el diputado nacional del bloque Juntos por el Cambio Alberto Asseff advirtió que “el Ejecutivo y su correlato Legislativo están regocijados porque están combatiendo al capital, exactamente lo contrario de lo que la enflaquecida economía argentina necesita”. Y agregó que se trata de una medida “antiprogreso y descapitalizadora”; a la vez que es “una doble imposición fiscal y confiscatoria”. 

En su alocución, el legislador consideró que la medida traerá efectos contrarios a los deseados porque “sube más la presión tributaria, desestimulando futuras inversiones, dado que habrá más fuga de capital pues más impuestos ahuyentan a los emprendedores”, y agregó “con más impuestos no se crea más riqueza”. 

Asseff explicó que el nuevo impuesto que quiere imponerse solo suma inseguridad jurídica, porque es un nuevo cambio de reglas que aleja al capital.: “Son ideas viejas y fracasadas que aquí persisten lamentablemente”. Luego el diputado adelantó su voto y lo justificó diciendo que “votare en contra porque yo estoy a favor del progreso y de las inversiones creadoras de empleo y productoras de bienes y servicios”. 

El presidente de UNIR pidió por un capitalismo “moderno e inteligente” que sea regulado “suave e inteligentemente, por un buen estado que defienda a los emprendedores, los trabajadores, las clases medias y la producción” 

Por último, Asseff cerró su participación en el recinto -vía plataforma Zoom- proponiendo recaudar aún más dinero con la ley de Extinción de Dominio “donde hay seiscientos veintitrés mil millones de pesos de dinero de la corrupción que podría recuperarse y sería el triple de lo que se espera recaudar con este impuesto”. 

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff conversó vía plataforma Zoom con Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi y Santiago Nazar, ingeniero agrónomo sobre la toma de tierras en el sur y el silencio del Poder Ejecutivo. 

Al principio de la exposición Diego Frutos hizo un poco de historia sobre Villa Mascardi y su funcionamiento político. Explicó que no tiene intendencia y se maneja con un Comisionado y dos vocales, que dependen de la provincia. Elogió la tranquilidad del pueblo y lamentó que “a partir de noviembre de 2017 un grupo de jóvenes guiados por alguien con mucho poder se instaló en el único terreno fiscal que quedaba en la zona”. Frutos contó que en principio la justicia de Bariloche actuó con celeridad para desalojarlos y no fue a “sangre y fuego como quiere hacer creer el Gobierno actual”. Pero “lamentablemente el gobierno de Macri no pudo seguir adelante por la presión popular que generó la supuesta desaparición de Santiago Maldonado”. Por eso esos jóvenes volvieron y hoy -por la falta de efectivos en la zona, dada la pandemia- se permiten robar, saquear e incluso quemar casas. 

Frutos explicó que “la comunidad esta asesorada por los Montoneros Vaca Narvaja y Perdia. Además de la complicidad de Gabriel Fucks, que se ha reunido con esta gente antes que con nosotros”. 

Luego fue el turno de Santiago Nazar, quien elogió la conducta de “la verdadera comunidad mapuche de la zona que es el Lof Wiritray, que convive con nosotros en forma pacífica”. Y agregó que “se necesita propiedad privada, respeto por las leyes y la bandera nacional”. 

Después recordó que el Obispado de San Isidro echó a Ernesto Saavedra, quien se desempeñó muy bien en el tema de las tomas y criticó muy duramente al Obispado por ello. 

El final estuvo a cargo del diputado por el partido UNIR Alberto Asseff, quien reflexionó sobre lo que sucede en el sur y explicó que hoy “está en peligro la soberanía de la Nación. Hay sectores que no quieren ser argentinos”; y caracterizó a estos sectores como “truchos”, ya que “no son verdaderamente mapuches y su accionar está muy alejado de reivindicaciones ancestrales”. 

Asseff sostuvo que esos sectores “están financiados por exguerrilleros, que tienen mucha plata y movilizan comunidades artificiales”. Por último, hizo un análisis geopolítico y evaluó que dichos movimientos “que reivindican falsamente pretensiones ancestrales”, en verdad están financiados “por poderes para-gubernamentales de Europa, que nunca dejó de tener la idea de dividir para gobernar”. Siendo la Patagonia es “pletórica de recursos” y los recursos de la argentina son “preciosos”, por lo tanto, “las potencias mundiales buscan asegurarlos alentando conflictos que generan todo tipo de necesidades y empobrecimiento general”. 

Asseff concluyó que “hay que hacer una defensa de la soberanía nacional que está amenazada. Y está amenazando el orden legal. Si el Estado renuncia a la fuerza legal y si el orden se desmadra o subvierte abrimos la puerta a la violencia anárquica”. 

El diputado nacional Alberto Asseff,  del bloque Juntos por el Cambio y presidente del partido UNIR, junto a los diputados Alfredo Schiavoni, Martín Grande, Gerardo Cipollini, Omar de Marchi, Jorge Enriquez, Juan Aicega, Julio Sahad y Jorge Vara, pide al Gobierno que informe los motivos y estimaciones por las cuales no han sido considerados los ascensos de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, cuya promoción está hace más de diez meses. Provocando con ello un perjuicio al funcionamiento de dichas instituciones y al personal de las mismas. Asimismo, Asseff exhorta a la Cámara de Senadores de la Nación el tratamiento de dichos ascensos.

El diputado de JxC pide información sobre si las propuestas de ascensos de oficiales en el grado de teniente coronel, coronel, general de brigada y general de división (y sus equivalentes para la Armada Argentina y la Fuerza Aérea), elevadas por las respectivas fuerzas al Ministerio de Defensa, entre el 4 y el 10 de octubre del año 2019, según lo establecido en la Resolución Ministerial Nro. 382/10 Art(s) 1ro g) y 3ro, fueron tramitadas en tiempo y forma para su consideración y acuerdo por el Senado de la Nación.

Asseff quiere saber si existen causas para postergar todos los ascensos del personal militar, y cuáles son esas razones. El presidente de UNIR lamenta que “la demora en las promociones produce en los miembros de las Fuerzas una innecesaria incertidumbre profesional, personal y familiar, que se traduce en: dudas sobre los traslados, indecisiones sobre los puestos y cargos a ocupar, y genera en las familias problemas legales e, incluso, problemas no previsibles de salud”.

Por último, Asseff repara en “el problema económico particular que genera en el personal dichas demoras, lo que es también un punto a tener en cuenta”. Al respecto, el diputado de Juntos por el Cambio señala que “dificulta e impide  el acceso a créditos hipotecarios y/o préstamos bancarios”, y agrega que existe una “afectación económica que sufrirá inevitablemente el personal -que ya está cumpliendo un cargo y función de mayor responsabilidad-, a causa de que el retroactivo que percibirá, habrá perdido gran parte de su valor debido a la inflación”.

El diputado nacional Alberto Asseff  conversó vía plataforma Zoom con Miguel Ángel Pichetto, excandidato de la fórmula presidencial de Mauricio Macri y figura central de Juntos por el Cambio. 

Assef abrió la charla haciendo alusión a Hipólito Yrigoyen, recordándolo como uno de los “hombres que más defendió el republicanismo en el país” y dijo que él, junto a Pichetto, “forjamos un republicanismo con sentido nacional que debe reforzar JxC y hacerlo competitivo”. 

Luego fue el turno de Pichetto, quien abrió su participación desmintiendo lo que dijeron los medios con relación a la cantidad de cargos que nombró apenas lo nombraron procurador general de la Nación. Al respecto dijo que “esa información es falsa y el número de contratados es mucho menor que el difundido en los medios”, y agregó que “se difundió esta mentira porque estamos preocupando al oficialismo, se ve que estamos creciendo, entonces, quieren lograr que haya divisiones internas en nuestra coalición, estas cosas las tienen que saber”, dijo a los presentes. 

Pichetto y la mirada social 

El exsenador se mostró preocupado por el índice de los jubilados, del que dijo que es “un ajuste muy fuerte hacia ellos y los empleados estatales. Los jubilados perdieron entre 30 y 40% de su ingreso y esto complica mucho el destino de los argentinos”. Sobre el tema, Pichetto, ahondó diciendo que avala lo que hace en diputados el bloque de JxC “si quieren sacar malas leyes que las saquen, pero nosotros nos vamos a abstener”. Pichetto dijo que “no vamos a ir a tirar piedras, como hicieron ellos”, sostuvo. 

Más adelante resaltó que “hay que terminar con los ‘gerentes de la pobreza’, con los planes que de ‘sociales’ no tienen nada y en este sentido, hay que hacer autocrítica del gobierno de Macri porque les dio más dinero, porque dilapidamos recursos muy importantes y después, nos votaron en contra; pero tengo claro que nosotros tenemos que mantener la unidad a rajatabla y tenemos que aprender de esos errores”, definió. 

“La unidad es con Macri” 

Por otro lado, Pichetto dijo que “es un error mandar a Macri a la jubilación” y dijo que Macri tiene un amplio poder de decisión. Pidió “llegar todos juntos y tenemos que hacer una muy buena elección en el 21 y tenemos que tener candidatos potentes para recuperar senadores”. 

Posteriormente, afirmó que “no se puede hacer política desde el silencio; hay que dar testimonio, decir lo que está pasando, hay que abrir la economía, esta cuarentena ha perjudicado a mucha gente; hay que cuidarse, pero hay que volver al mundo del trabajo porque Argentina se desmorona”. 

El pobrismo 

El auditor general de la Nación dijo que “ayudar a los pobres para que no salgan de la pobreza, está mal; hacer eso, es mantener a los pobres así para siempre. Hay que hacer planes si, pero de trabajo, no para la dádiva; la iglesia no puede apoyar al ‘pobrismo’”. Y caracterizó diciendo que “el mundo del pobrismo es un mundo oscuro, es el mundo de Venezuela -del cual huyeron más de 7 millones de personas- de Cuba -que son todos pobres- o Nicaragua. Hay que conectarse con Brasil, EE.UU., avalando la dictadura de Maduro no hacemos lazos con el mundo productivo”, afirmó. 

En este sentido, Pichetto se refirió a 3 o 4 puntos de consenso básico en la sociedad “libertad, derecho de propiedad, vigencia de la Constitución y recuperar el mundo del trabajo”, y dijo que “son cosas principales y ese es nuestro discurso”. 

Finalmente, el anfitrión de la reunión, Alberto Asseff, llamó a acercar a todos aquellos “republicanos que no se sienten contenidos en los actuales partidos que forman JxC y convertir a UNIR en un puente que los acerque”. Asseff dijo que existe todo un mundo independiente que es republicano, pero “está desilusionado de las corrientes políticas actuales, lo que es un componente a tener en cuenta”. Y cerró diciendo que “estamos referenciados en Pichetto y venimos a reforzar a Juntos por el Cambio para ganar las elecciones en el 21 y luego las presidenciales en el 23”. 

El diputado nacional del bloque JxC Alberto Asseff expresó su “preocupación” por el curso que pareciera llevar la investigación del hundimiento del submarino ARA San Juan en Caleta Olivia. 

Asseff replicó la preocupación de oficiales de la Armada que temen que el proceso judicial que investiga el siniestro del submarino ARA San Juan, “se politice y sea objeto de especulaciones partidistas”. 

El ARA San Juan (S-42) fue encontrado el 17 de noviembre de 2018 a unos 900 metros de profundidad en una operación del buque noruego Seabed Constructor. 

Casi dos años después del encuentro del submarino, se celebrará una audiencia remota, convocada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para comenzar a analizar las apelaciones de los seis jefes navales procesados por la tragedia. 

Entre los marinos señalados “penalmente responsables” del siniestro por la jueza de Caleta Olivia, dra. Marta Yáñez, Asseff sostiene que “prevalece el temor” de que el proceso judicial se contamine con la disputa política de los diferentes sectores partidarios de Argentina. Con los pasos procesales aún pendientes, se estima que la etapa del juicio oral llegará en medio de la campaña electoral 2021. 

El diputado reclama que el hundimiento del Submarino ARA San Juan sea esclarecido “con las herramientas del debido proceso, valorando las pruebas a través de la sana crítica y entendiendo que esto afectó al Estado argentino”. 

“Es inadmisible condenar o absolver a una persona por su color partidario, presión social, mediática o cualquier otro factor ajeno al proceso judicial”, agregó. 

El titular del partido UNIR concluye que “resulta sumamente peligroso jugar con el fanatismo político disfrazado de justicia, y más aún en un hecho infausto que enlutó al país entero. Hay que evitar la doble victimización y solicitar a los funcionarios judiciales actuar con los máximos estándares de transparencia, independencia e imparcialidad”. 

La vicepresidenta llamó a un acuerdo interpartidario y plurisectorial sobre el dólar. Más allá de las consideraciones y elucubraciones que se pueden formular sobre el inesperado planteo –impropio de quien sistemáticamente fue reacia al diálogo-, el punto de partida es no sólo endeble, sino falaz. Porque el problema argentino no es el dólar, sino la enfermedad grave de su macroeconomía, comenzando por sus cuentas fiscales inveteradamente deficitarias. Es esa morbilidad la que nos colocó en este plano inclinado en el que penosamente nos deslizamos desde hace por lo menos medio siglo. El valor del dólar –o lo que es lo mismo, el disvalor del peso– es el termómetro que mensura esa decadencia. Claro está, no el excluyente medidor. Consecuentemente, el acuerdo deberá versar sobre las grandes reformas de las variables de la macroeconomía y no acerca de cómo controlar la temperatura, ni social ni económica.  

Hace muchas décadas que la Argentina fue atrapada por la estadolatría – la sacralización del Estado – y la exaltación casi hasta el paroxismo de las ‘políticas públicas’. Correlativamente, se fue execrando, cada vez más manifiestamente, a la empresa privada y ‘su afán de lucro’. Se diabolizó a la renta, aun proviniendo de la producción de bienes y servicios, algo que sólo podría verificarse hoy en Corea del Norte y casi en ninguna otra parte del globo. Con tal de no abordar la cuestión de raíz –la malsana macroeconomía y el sobredimensionamiento del Estado– se apeló a todo tipo de opciones, desde el cooperativismo hasta la economía popular, circular o colaborativa, pasando por las propuestas de un sistema de producción para la subsistencia, incluyendo hasta el trueque. Esto, en el contexto del reproche a la riqueza hasta el punto de condenar a la prosperidad como una expresión de la codicia. El arcaísmo ideológico hizo estragos en nuestra nación.  

Paralelamente, se fue operando algo perverso, el derrumbe paulatino de la cultura del trabajo. Es lógico, pues si el trabajo es esfuerzo, mérito, disciplina, método de vida, dignidad y legitimador del derecho de propiedad, todo eso es incompatible con el crecimiento del Estado como dador de beneficios, dones y bienes. Y como quien nos somete inclusive cual gleba electoral. Se mantiene el plan si ganamos, les dicen a miles de ciudadanos vulnerables. Más retrógrado imposible.  

La dolencia de nuestra economía –que el dólar se limita a reflejar– se puede sintetizar en unos datos básicos: en los 12 años y medio del gobierno kirchnerista el gasto público creció del 27,2% al 46,3% del PBI, la presión tributaria del 22,8% al 34,8% y los empleados públicos de 1.900.000 a casi 3 y medio millones. Un cuarto factor es el de la ayuda social – bajo cien modalidades, un dislate – que en 2015 alcanzaba a más de 7 millones y medio de personas y que hoy se ubica en casi 9 millones. Se trabaja menos de lo necesario – entre otros factores porque falta inversión que cree empleo – y se gasta mucho más que lo que producimos y consecuentemente que lo que recauda el fisco, a pesar de que el nivel de tributación es altísimo, sobre todo medido en las contraprestaciones que asegura el Estado en educación, salud, justicia, seguridad, defensa, infraestructura.  

Por otro lado, el país – y su economía – padecen gravísimas distorsiones: cualquiera puede inventar un juicio laboral, forzar a su presunto empleador a una conciliación obligatoria y a la postre como le irroga más gasto las pericias para demostrar el fraude procesal, el patrón termina aceptando una indemnización por una labor inexistente. Ni hablar cuando el trabajador efectivamente tuvo una relación laboral. Despedir puede significar hipotecar hasta el anillo de boda. So pretexto de amparar a los trabajadores, el fuero laboral ha devenido en un instrumento antitrabajo y por ende generador de precariedad, changas, vulnerabilidad, bajos salarios, espanto a las inversiones y toda una variopinta cantidad de anomalías.  

La concordancia que el país necesita es para favorecer la inversión, asegurar el derecho de propiedad, estimular a los emprendedores, modernizar los convenios laborales, reducir y simplificar impuestos, disminuir los empleados públicos y el gasto para así equilibrar las cuentas fiscales y apostar todas las fichas a la iniciativa privada aupada por la libertad, limitando el rol del Estado a una inteligente vigilancia, a una fina regulación y a una dinámica cada vez más desburocratizada.  

Un acuerdo tal sería histórico. Nos devolvería la confianza en nosotros mismos y por supuesto nos restauraría la soberanía monetaria.  

Necesitamos mucha valentía y enorme sinceridad. Y una dosis de patriotismo. Con ese trío en escena, el país entendería que para terminar con la declinación se requiere cirugía mayor a partir del concierto de ‘políticos y dirigentes cirujanos’ que cual junta médica concuerdan en que el paciente –la Argentina– no da para seguir tirando y estirando su patología.  

El problema gravísimo que nos agobia y desalienta hasta el tuétano es la enfermedad macroeconómica y sus efectos nocivos sobre todo el cuerpo nacional, no el termómetro que mide el valor del dólar y la consiguiente raída moneda nacional.  

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff solicitó al Gobierno que informe sobre las razones por las cuales no se habría montado un operativo de prevención para evitar episodios como los acaecidos a largo de la semana del 19 al 25 de octubre pasado en las aguas territoriales argentinas del Río Paraná frente a la localidad de Puerto Corazón, provincia de Corrientes. 

El legislador se refirió al episodio en el cual un grupo de pescadores extranjeros procedentes de la costa paraguaya ingresaron a aguas argentinas a bordo de embarcaciones de registro también extranjero. 

Asimismo, requirió que se informe si es cierto que los protagonistas del incidente “habrían hecho ostentación de armas de fuego – aparentemente largas- y hubieran hecho ademanes de utilizar éstas frente a los antes referidos funcionarios de la Dirección de Recursos Naturales locales”. El titular del Partido Unir pidió saber, también, si se han incautado embarcaciones de bandera extranjera luego del episodio y -en caso de haber sucedido- los números de registro y características de las mismas, así como saber la identidad de quiénes se encontraban a bordo. 

Por último, el diputado de JxC quiere saber “qué medidas se piensan adoptar en lo futuro para evitar la reiteración de episodios como este”. Además de rechazar las declaraciones públicas del concejal paraguayo de la localidad de Cerrito, Huber Riveros, en el sentido de que Argentina “se adueña” de los peces y de que “la Prefectura (de nuestro país) se cree dueña del Río Paraná.” 

De tal modo que Asseff pide gestiones diplomáticas respecto tanto de estos nuevos episodios como de las declaraciones del concejal Riveros. Para lo que se propone un esquema legal bilateral tendiente a evitar la reiteración de tal tipo de episodios hacia lo futuro. 

“Existen muchos modos persuasivos y amigables para despejar este tipo de situaciones entre pueblos hermanados por la historia, vecinos en la geografía, hermanados en la sociedad y ligados en un ambicioso proceso de integración desde hace más de un cuarto de siglo, como es el MERCOSUR; pues resulta indudable que las situaciones aquí descriptas conspiran contra el espíritu de integración con nuestros vecinos de la hermana República de Paraguay y -tras haber trascendido a través de los medios- contra nuestros esfuerzos para difundir nuestras bellezas naturales, geografías y oferta en materia turística”, concluyó Asseff. 

Acompañan el proyecto los diputados Estela Regidor, Ingrid Setter, Lidia Azcarate, Gerardo Cipollini, Jorge Enríquez, Hernán Berisso, Facundo Suárez Lastra, Aida Atala, Carlos Alberto Fernandez, Alvaro Lamadrid, Soher El Sukaria y Gonzalo del Cerro. 

El diputado de JxC Alberto Asseff dialogó con dirigentes políticos de la primera sección electoral bonaerense, e hizo un repaso de la coyuntura política y la grave situación socio económica que vive el país. 

El titular de UNIR comenzó reflexionando sobre la economía y explicó que “debido a la situación actual es imposible acompañar a la inflación con la indexación de los salarios, por lo que la clase trabajadora se está manifestando pues la inflación le ha hecho perder poder adquisitivo”. Y continuó diciendo que “hay una caída del apoyo al oficialismo por parte de la clase baja que se ve día a día”. 

Asseff expresó que “dicha situación también es observada por la misma Cristina que reconoce que las cosas están muy mal porque existe un desgobierno y por esa razón salió a decir que ‘hay funcionarios que no funcionan’”. 

Luego el legislador de Juntos por el Cambio dijo que la gente ya ha reaccionado y “nos está observando”. Al respecto Asseff reconoció que el anterior gobierno de Macri falló en su propuesta económica y pidió no repetir el gradualismo de los cien primeros del expresidente Macri “que sólo acabó con el cepo”. En cambio, el titular de UNIR dijo que se necesita “controlar los factores de poder, tales como los sindicatos y los movimientos sociales”, a los que hay que recortarles el poder “transformando los planes sociales en salarios”. Sobre el respecto Asseff explicó que “no es difícil, porque los mismos recursos que hoy se pagan en concepto de subsidio pueden transformarse en salario si se incentiva a empresarios y emprendedores a que tomen empleados y se amplíen”. 

“Que el Estado les pague ese salario, pero es diferente de pagarlo en concepto de subsidio que como salario. Y el que lo recibe no lo recibe como ayuda, sino como salario. De esa manera se retoma el concepto del trabajo”, manifestó en este sentido 

Por otra parte, Asseff pidió “hablarles a los peronistas con los conceptos de Perón” y dijo que “hay que retomar su idea de que cada argentino tiene que producir lo que consume”. Y finalizó recordando la célebre expresión del exmandatario: “hay una sola clase de hombre: los que trabajan”. 

Luego continuó diciendo que “Perón nunca planteo eliminar el derecho de propiedad y que no estaba en contra del mérito y el esfuerzo”. Asseff dijo que “hay que garantizar el derecho de propiedad porque es una meta para todos. Si yo veo que al tomar una tierra me dan 50 mil pesos para que me esfuerzo si me voy a ganar mejor que un médico”. 

En tanto, el legislador de JxC se refirió al manejo de la pandemia por parte del presidente Alberto Fernández y dijo que cuando declamó que “no lo iban a correr con la economía y que iba a priorizar la salud, finalmente ni logró evitar la caída de la economía ni cuidó la salud de los argentinos”. 

Y dijo que tenemos los mismos muertos que Italia y Francia, “pero a eso se le suma el desplome económico que ellos no tuvieron”. Asseff reclamó por la incoherencia de reabrir bares y no retomar las clases; y completó diciendo que el cierre de la actividad educativa “generó más exclusión social en los más vulnerables”. 

Finalmente, el diputado Alberto Asseff se refirió a los graves hechos vienen sucediéndose últimamente con tomas de tierras y dijo que “se están destruyendo las reglas de juego legales, si violamos la ley y no pasa nada no hay convivencia posible”. 

Asseff ahondó diciendo que hay que salir de la cultura de los planes e ir a la cultura de trabajo: “Si los médicos ganan 35 mil pesos y la gente que trabaja con sueldo registrado 28 mil y alguien que ocupa tierras recibe 50 mil pesos entonces tarde o temprano la gente dejará de trabajar porque ve que es más redituable ocupar un terreno que trabajar”. +-

El diputado nacional del bloque Juntos por el Cambio Alberto Asseff, junto a los diputados Lidia Azcarate; Juan Aicega; Alicia Terada; Gonzalo del Cerro; Pablo Torello; Ignacio Torres; Julio Vahad; Jorge Enríquez; Héctor Stefani; Jorge Vara y Gustavo Menna piden implementar el “día nacional de la soberanía y defensa del mar argentino” el 15 de noviembre. La idea es homenajear a los 44 tripulantes del submarino “A.R.A. San Juan”. 

Asimismo, el legislador sostiene que la fecha debe servir para “inculcar la importancia de las vías de comunicación marítimas, la explotación sostenible de las riquezas del mar, el empleo de éste en el orden político nacional e internacional y la protección del hábitat marino, integrando todas estas cuestiones a la seguridad nacional y desarrollo productivo”. 

El titular del Partido UNIR pide que el 15 de noviembre se incluya en el calendario oficial y en dicho día se implementen jornadas alusivas al día nacional instituido por esta ley, consolidando y manteniendo vivo el respeto y la memoria nacional. 

Asseff pide, también, que se construya en la Base Naval de la Ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, un monumento en homenaje a los 44 tripulantes del submarino “A.R.A. San Juan”. 

Y, por último, que el nombre “Los 44 Héroes del Submarino A.R.A. San Juan” sea disponible para ser utilizado de forma oficial en escuelas, edificios públicos, actos y cualquier otro uso respetuoso que recuerde la memoria colectiva y nacional. 

Asseff cerró diciendo que “la República Argentina, como el resto del mundo, se enfrenta a grandes desafíos que amenazan la sustentabilidad de los océanos, reguladores del clima global. El continuo crecimiento demográfico la globalización, la revolución tecnológica y el consecuente cambio climático están generando una demanda sin precedentes de recursos alimenticios, energéticos y minerales. Los intereses marítimos de nuestro país continúan siendo objeto e instrumentos de la Defensa Nacional. Por ello es imperativo conocer, proteger y cuidar nuestro mar, fuente de recursos y oportunidades para todos los argentinos”. 

Llegó la hora de una decisión crucial. En algún momento pasado la dirigencia política optó por la dádiva en vez de apostar a crear trabajo. Cuentan que una vez un ciudadano se acercó a Perón quien visitaba la Catedral de La Plata, en los inicios de su gobierno El presidente le preguntó qué necesitaba. La respuesta fue clara y concluyente: trabajo. Evita, que estaba sentada en el coche al lado del jefe del Estado, comentó audiblemente: “¿Por fin, uno que pide trabajo y no limosna!”. La anécdota ilustra sobre algo que cabe consignar de entrada: los sucesivos gobernantes han sido y son conscientes que dar sin contraprestación es malsano y engendra, además de una adicción a la holganza, indignidad y relajamiento de la cultura del trabajo. Empero, han persistido en ese camino perverso. Cada gobierno no sólo continuó, sino que ensancho la ‘generosidad’. Siempre se justificó por el estado de necesidad. Pero el modo de ‘solucionar’ esta situación gestó su agravamiento y extensión. De unos pocos vulnerables con el correr de las décadas estamos remodelando a la Argentina ‘rica’ en el país pobre que ya somos, con parámetros – como el del salario mínimo mensurado en dólares – comparables con Haití, al que estamos superando en el rango ominoso de cuál es más inane, desventurado de América Latina.  

Al Estado donante se adunó – cada vez más explícitamente – la denigración del mérito, del esfuerzo y a la postre del trabajo mismo. No es que lo expresa algún resentido aislado. Fue el mismísimo presidente quien desacreditó al mérito por su supuesta sinonimia con la desigualdad. Quedó así oficializado que el país ha optado por la vía de alcanzar la ansiada igualdad mediante la equiparación, peor que mediocre, hacia abajo. Inhumaron definitivamente – hasta que se logre revertir este deplorable ‘plan’ – aquella espléndida singularidad argentina, la de ser el país con mayor movilidad social ascendente de nuestra América.  

Por si algo faltaba, ha comenzado a corroerse cada vez más agudamente, la columna vertebral del ordenamiento socio-económico del país, el derecho de propiedad. Estamos a un tranco de que se enrostre a los propietarios que son ladrones. El marxismo lo acuñó: la propiedad es un robo. En varios casos de las violentas tomas de tierras en el Sur se ha esgrimido que los propietarios por medio siglo o más obtuvieron sus títulos aprovechándose de algún ignorante tenedor a quien sorprendieron en su buena fe y urgencias.  

Para colmar el patético panorama, se execra a los empresarios con la tacha de que sólo piensan en el lucro y muchos son literalmente lobos feroces. En rigor, en aras de la solidaridad se denuesta al lucro cual angurria inadmisible.  

Todo está concatenado: incultura del trabajo, un Estado que crea pobres y que se va sobredimensionando en sus ‘inversiones’ – la palabra ‘gasto’ está proscripta por su posible condición estigmatizante – sociales, se descalifica al mérito por ‘competitivo y desigualitario’, se cuestiona el derecho de propiedad y se desmerece a la actividad privada. Así, el desemboque, no sólo de carencia de inversiones, sino de desinversiones es ineluctable. Se enrareció el ambiente, casi hasta lo irrespirable. La Argentina no es ámbito para negocios. Sí para el ocio, siempre auxiliado por un Estado bienhechor, pero con su mano crecientemente corta y su cerebro paulatinamente desneuronizado. Como respuesta, los anacrónicos nostálgicos de la ideología estatista, escudada en la presunta solidaridad socialista, resaltan que la pospandemia tendrá a un Estado cada vez más protagónico que promoverá el crecimiento con caudalosas inversiones públicas. Sin crédito, sin posibilidad de exprimir a la actividad privada con más impuestos – aunque lo siguen intentando -, el único camino que queda es emitir moneda sin respaldo, hasta el grado de que hemos perdido la soberanía monetaria. Nos quedamos sin moneda. Los pontífices de la soberanía, destruyeron a la primera, la básica capacidad de un país que es manejar esa variable esencial.  

La excluyente salida es reformular esta Argentina planera, inmersa en el pensamiento pobrista, trocándolo por un país que se reencuentra con el trabajo. La misma cantidad de recursos que hoy se asignan a planes sociales se deben transformar en pagos de salarios para los actuales beneficiarios. En un plan a quince años, los 9 millones de planeros se transformarán en empleados y obreros. Lo que hoy perciben como ayuda será parte del salario que tendrán en las actuales – ampliadas – o nuevas empresas que la planificación estimulará para crear, incluyendo estímulos tributarios. Obviamente, el programa contempla que los planeros se entrenen en cursos intensivos de capacitación laboral. Deberían desplegarse legiones de aprendices adscriptos a las empresas.  

No pecamos de ingenuos. Para esta reprogramación del Estado benefactor para devenirlo en un auxiliar de la economía de la libertad es menester que desaparezca un sector, no sólo parasitario, sino tóxico: los punteros políticos y sus aupadores, los ‘barones’, esa suerte de señores neofeudales que infestan la política y que son inocultablemente agentes patógenos. 

La desocialización –marginalidad, la deseducación, ignorancia, y la haraganería, incultura laboral- se traducen en un pueblo sometido, dependiente de los dones estatales. Un país, en contraste, que ensancha el horizonte laboral se libera, se vuelve ciudadanía. La Argentina tendrá, de la mano del retorno a la cultura del trabajo, dinámica económica, más libertades, mayor madurez política. Será un cambio colosal que se enuncia en una simple ecuación: el que labura no es un gil y quien vaguea no es un ‘vivo’. 

El diputado nacional Alberto Asseff presentó un proyecto para declarar a la educación, de gestión pública y privada, como “servicio público esencial y en prioridad nacional”. 

La iniciativa regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella. 

Así, quedarían alcanzados por el proyecto, “a los fines de dar estricto cumplimiento al servicio público esencial de educación”, el personal docente, no docente, administrativo y toda otra persona que cumpla funciones en los establecimientos educativos de Educación Inicial, Educación General Básica y Educación Polimodal 

Finalmente, el proyecto anuncia que el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar servicios mínimos bajo el régimen de obligatorios, ante hechos que podrían establecer una interrupción del normal funcionamiento del ciclo educativo. 

En los fundamentos, el diputado de Juntos por el Cambio advierte que la educación y el conocimiento “son bienes públicos y constituyen derechos personales y sociales garantizados por el Estado”, y agrega: “Estando consagrado como un derecho constitucional, es primordial que las autoridades competentes otorguen una regulación adecuada y primordial para garantizar el ejercicio pleno de la soberanía que otorga la Carta Magna”. 

“Declarar a la educación de gestión pública y privada, como servicio público esencial y una prioridad nacional engloba y regula una de las mayores prioridades que debe tener un país: el progreso de la sociedad y la formación de personas críticas y pensantes, dotándolas de herramientas intelectuales”, expresa Asseff. 

Finalmente, sostiene que la educación “brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común”. 

El diputado nacional de JxC Alberto Asseff pidió que el Gobierno informe, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los hechos acontecidos en la zona de El Foyel, Bariloche, provincia de Río Negro, por los cuales personas identificadas como integrantes de la “Lof Gallardo Calfú”, de descendencia Mapuche, “han usurpado 600 hectáreas, en nombre de la reivindicación ancestral posiblemente avalados por el organismo aquí peticionado”. 

Asimismo, el diputado reclamó que se informe sobre cuál es la documentación emitida por el INAI por la cual este grupo “se ampara para ejercer estos actos de violencia” y si la ministra Losardo solicitó al presidente del INAI explicaciones sobre el hecho. 

El titular del Partido UNIR solicitó además que se informe al respecto “de la conexión entre las políticas del INAI y la toma de tierras”, así como conocer la identidad de las personas que están usurpando en nombre de la autoproclamada “Lof Gallardo Calfú”. 

Por último, Asseff pidió información sobre las políticas de seguridad federal instrumentadas “ante el avance violento y constantes amenazas de estos grupos”. 

“Es inadmisible pensar que en un Estado de Derecho exista un grupo radicalizado que utiliza la violencia sometiendo a toda una población y gobiernos democráticos para hacer respetar sus arrojados y no probados derechos”, concluyó Asseff. 

Acompañan el proyecto Alfredo Schiavoni; Luis Pastori; Carolina Castest; Pablo Torello; María Luján Rey; Adriana Cáceres; Gerardo Cipollini; Lorena Matzen; José Luis Patiño; Jorge Enríquez; Martin Grande; Estela Regidor; Héctor Stefani; Lidia Azcarate y Juan Aicega. 

Además, son adherentes: Marcelo Orrego; Ignacio Torres; Gonzalo del Cerro; Alicia Terada y Hernán Berisso.

El diputado nacional Alberto Asseff, del partido UNIR que integra Juntos por el Cambio, declaró este miércoles que “se lo vio muy equilibrado” al expresidente Mauricio Macri en el reportaje televisivo del lunes, que concedió al periodista Joaquín Morales Solá.

“Habló para el conjunto y demostró que tiene el temple que se necesita en esta compleja situación. Creo que es falso el dilema ‘campaña a través de redes vs rosca’ con la vieja política”, sostuvo.

Para el diputado de Juntos por el Cambio, “el enhebre debe hacerse transversalmente con todos los republicanos desde peronistas hasta independientes. Hacer redes y territorio sin abdicar del objetivo de producir las grandes reformas que el país reclama y necesita”.

Es una paradoja que genera perplejidad. En la Argentina el llamado ‘progresismo’ es ingénitamente retrógrado. Practica con fruición el regresismo y sobre todo la más férrea oposición a los cambios. Todo lo que huela a reforma activa el instantáneo rechazo. Se aferran, por caso, a convenios laborales cuyo formato no se altera desde hace más de cuarenta años. Se elude el análisis sobre la robotización, la telemática –con la ampliación del trabajo desde el hogar-, el expediente digital. La idea de ‘gobierno electrónico’ atemoriza a los ‘progresistas’. Más aún, si alguien se anima meramente a mencionar la palabra productividad –mejores resultados con los mismos insumos e igual tiempo y esfuerzo-, de inmediato se lo mira de reojo y con el prejuicio a flor de labio: ‘este pretende volver a las épocas de patrones explotadores’.  

Padecemos de un progresismo peculiar: siempre añora el pasado distribucionista, aspira a regresar a ese ‘paraíso’, se niega a la realidad, no reflexiona sobre hechos incontrastables como que por esta ruta vamos inexorablemente a ser un país pobre, como el de las épocas previas a la organización nacional de 1853. Son regresistas, no progresistas.  

Desde los tiempos de la Generación del 80 – del siglo XIX – progreso se asociaba a cambios, a dejar la carreta para incorporar al ferrocarril, abandonar el candil para instalar el farol eléctrico, pacificar al país para que con buena administración fluyeran inmigrantes y capitales que transformaron a la Argentina. Para que las escuelas-chozas devinieran en majestuosos palacios educativos que aún hoy podemos gozar – sólo con verlos – en cientos de ciudades. Uno llega a Dolores, por ejemplo, y el edificio más emblemático es el del Colegio Nacional. Fue ese progreso el que posibilitó que Buenos Aires fuese la primera urbe de todo el hemisferio sur del planeta con una línea de transporte subterráneo. El progreso fue el impulsor de los puertos, como el de Rosario o Madero. El progreso posibilitó la emergencia de la esplendorosa clase media y la perla que fue la modélica movilidad social ascendente, esa que permitió que la pobreza fuese una estación intermedia y transitoria, un paso hacia arriba, hacia otro destino. El progreso modificó de raíz un 80% de analfabetismo en un 85% de alfabetos, superando a la sazón a toda Europa meridional y oriental y también a esos grandes pueblos de hoy, China y Japón.  

El progreso no era sarasa. Era progreso en serio y no sólo económico, sino eminentemente social. La asimilación de los inmigrantes lo prueba. El país era confiable y prometedor. Esencialmente, los primeros en transmitir confianza eran los argentinos y los inmigrantes que se habían espléndidamente integrado. Esa confianza valió más que discursos y planes, aunque vale remarcarlo se asentó sobre un rumbo claro, sin vaivenes. La oposición – entonces la naciente Unión Cívica Radical – no disentía con las libertades económicas sino con el régimen electoral. Reprochaba la carencia de libertades políticas, discutía la cerrazón del círculo gobernante y planteaba la apertura, pero nunca cuestionó ninguno de los pilares sobre los cuales se erigió la gran Nación del Sur, esa que muchos atisbaban como el futuro Estados Unidos meridional. Alem, Yrigoyen y Alvear eran tan liberales como Roca, Pellegrini o Sáenz Peña, sólo que ponían énfasis en la vigencia del sistema republicano y también fuerte condimento moral. Querían las libertades, pero todas y aspiraban a una idealista asociación de la política con la ética. Pretendían, pues, consolidar el progreso blindándolo con cimientos pétreos.  

Se produjo una bisagra y el progreso se detuvo ¿Para qué fijar ese hito aciago en una fecha precisa? Hubo un momento en que la Argentina paralizó su pulsión progresista ¿Sensación de que había llegado la hora de repartir, que ya habíamos trabajado suficiente? ¿Caída de la ambición colectiva de ser una gran Nación? ¿Degradación de las clases dirigentes? ¿Errores políticos como marchar con el embajador norteamericano en la vanguardia? ¿Desacople con los tiempos sociales en boga en los treinta? Motivos hubo y variopintos. Lo cierto es que adoptamos el camino de la baja de la productividad, las rentas nacionales decayeron, el gasto público se incrementó, la inflación golpeteó nuestras puertas una y otra vez, la desestabilización de la macroeconomía se tornó una crónica morbilidad.  

Aquel país del Sur admirable empezó a retroceder hasta el punto de ser el único en todo el orbe que declinó en el último medio siglo. Otros sufrieron descensos, pero temporarios. El nuestro fue constante. En todo caso, nuestros ascensos fueron tan excepcionales como efímeros.  

No existe otra alternativa que cambiar a fondo. Con cirugía mayor. Como se trata de una cuestión vital para el país debemos abordarla como lo hace una familia ante una decisión crucial acerca de uno de sus miembros gravemente enfermo. Deliberan brevemente y autorizan al cuerpo médico a operar, asumiendo los riesgos.  

Se impone un gran acuerdo nacional sobre siete magnas estrategias empezando por un pacto antiinflacionario que incluya cláusulas de productividad laboral, rebaja del gasto público y de impuestos, favoreciendo las inversiones. La otra gran concordancia se centra en abrir la economía hacia la libertad de emprender, con la mayor amplitud, sin perjuicio de los resguardos y plazos que deben darse a los actores para su reacomodamiento. En el plano político, la concertación debe incluir que durante veinte años – cinco períodos presidenciales – habrá rotación partidaria en la cabeza del Poder Ejecutivo y gobierno de coalición. Así se podrá gestionar para el interés general en lugar de la obsesión electoral que obnubila, traba, desvirtúa y descalifica medidas y decisiones, siempre atendiendo a la coyuntura, postergando las soluciones.  

Dentro de las siete políticas hay una insoslayable para restaurar la confianza: un pacto nacional antiimpunidad. A esa mesa también debe sentarse la Corte. Será la única de esas siete donde deberá estar. En las otras, la preservación de su independencia configura una de las claves para retomar la gran vía del progreso. 

El diputado nacional Alberto Asseff,  del bloque JxC y presidente del Partido UNIR, solicitó al Gobierno que explique cuáles son los criterios para la ejecución del Plan Nacional de Suelo Urbano en los municipios de todo el país, y si las condiciones de accesibilidad son solo para los residentes de la zona, evitando así posibles traslados de usurpadores.

Al respecto el titular del Partido UNIR pide que el Ejecutivo informar sobre la cantidad metros cuadrados de tierra pública apta que poseen las provincias  incluidas en la ejecución del plan; así como saber cuáles son los criterios de financiación para acceder a los beneficios del plan y el  sistema de rendición de cuentas establecido en por DNU 782/2019 contará con un control de auditoría externa al Estado para la ejecución del plan.

Atento a las últimas tomas ilegales de tierras, Asseff quiere saber cuales son las garantías que posee el Plan Nacional de Suelo Urbano para evitar que se interprete como una herramienta para descomprimir las usurpaciones que se están dando por todo el país, y como se puede garantizar que el plan sólo beneficie a personas residentes del municipio donde se aplica.

Por último, el diputado Alberto Asseff quiere saber si la política de usos del suelo para fines urbanos tendrá todo su eje sobre el dominio público o bien, se darán condiciones factibles y accesibles para el desarrollo privado. Lo que está unido a la partida presupuestaria se destinará para la ejecución del plan cómo será financiada dicha partida. Dado, que “ante un contexto nacional sumamente grave respecto de la violación de la propiedad privada, como así también fiscal, dada por las usurpaciones este plan descripto genera incertidumbre y sospechas”.

De tal modo que “dado el marco de crisis socio económica que atraviesa el país, es necesario conocer las formas de financiación y el armado del presupuesto para la ejecución del plan en cuestión”.

En el marco de una charla virtual llamada “Comodoro Rivadavia dialoga con Miguel Ángel Pichetto”, el diputado nacional Alberto Asseff (Pro) conversó con el exsenador, quien aseguró que Juan Domingo Perón “avalaba la visión del mérito y el trabajo”.

Asseff, también presidente del Partido UNIR, elogió al excandidato a vicepresidente: “Es un dirigente singular que tiene conceptos que salen del molde, transformándolo en una figura emergente”. Además, dijo que ambos comparten la intención de “articular una idea republicana que prime por encima de todo”.

En consonancia, Pichetto afirmó que “junto a Asseff transitamos un camino en común en el armado de un espacio amplio, que es la centro derecha argentina, con una visión republicana”.

Durante la charla, el exsenador consideró que “Argentina va a salir adelante si esos valores se ponen en marcha”, y agregó que el país necesita “políticas que tengan en mente la producción y no repartir planes”, a los que denominó “mundo del pobrismo” y calificó de “muy oscuro”.

“Hay que ayudar a los pobres para que dejen de ser pobres y obtengan dignidad con el trabajo”, insistió y sostuvo que Juan Domingo Perón “avalaba la visión del mérito y el trabajo”. “Hoy eso está en debate y es un debate cultural que debe darse”, añadió.

Fiel a su estilo, Pichetto volvió a apuntar contra Venezuela, la Iglesia y la izquierda. “El salario social, los planes, son parte de una Argentina pobre, cuyo modelo es el venezolano, que es funcional al poder del Estado, porque pasan a depender de ellos. Esa es la mirada de la izquierda dura del kirchnerismo, de sectores de la Iglesia, que no es toda la Iglesia”, expresó.

“Los planes son por un tiempo, pero después hay que buscar trabajo”, enfatizó el auditor general y señaló que “se necesita bajar impuestos y tener un sistema laboral flexible”.

La única forma de crecer es “con capitalismo, división de poderes, un Congreso de la Nación en funcionamiento, un Poder Judicial independiente, respeto a la propiedad privada y aliento a la industria y la producción”, cerró.

En el debate político se la margina porque supuestamente es una abstracción. Se estima que la población está demasiado agobiada por diversas incertidumbres “tangibles” como el bolsillo magro, la escasez de trabajo, la agobiante inseguridad y ahora el virus como para que la política se ocupe de esta trascendente cuestión de la inseguridad jurídica ¡Qué va! Esta presunta inmaterialidad a poco que la diseque con minucia se traduce en realidades tan visibles como corpóreas. Si en el PAMI, por caso, se descubre una red mafiosa que falsificaba prestaciones u otra que prescribía apócrifamente recetas de medicamentos que, delictivamente comprados con el 100% de descuento, luego terminaban en el mercado clandestino para su venta, nadie puede negar que los jubilados de carne y hueso se perjudican y hasta mueren. Los desfalcos detraen recursos y desmejoran los servicios. Si las máquinas ferroviarias no son reequipadas o modernizadas o simplemente no se las refaccionan, a pesar de suculentos subsidios que percibe el concesionario, el resultado son los 51 fallecidos en Once. La corrupción hizo fallar los frenos y esta falencia se tradujo en muertes.

La corrupción, como la inseguridad jurídica, son dos flagelos que pueden tocarse, palparse, cuya materialidad es irrefutable.

La inseguridad jurídica -como la venalidad- es un vendaval de desaliento para emprender. Imaginar primero, pergeñar luego e invertir después para producir bienes o servicios es lo más plausible que puede hacer en la faz económica. Execrar al emprendedor porque lo inspira un afán de lucro es dispararse a los pies. El socialismo utópico hace casi un siglo que se inhumó en el mundo. Algún supérstite –como el régimen soviético– se desplomó hace 31 años. La expectativa de un beneficio es el combustible de la actividad económica y ésta es la única que puede crear trabajo genuino ¿Qué necesita primordialmente el inversor, vernáculo o foráneo? Seguridad jurídica que es lo mismo que decir estabilidad normativa, sobre todo en orden a gravámenes, sean para que inopinadamente no se introduzcan nuevos o se eliminen estímulos. La seguridad está asociada a la previsibilidad y ambas a la estrategia medioplacista o, mejor, largoplacista. Lo más pernicioso para la economía –y para todo el quehacer social– son los vaivenes, los zigzagueos. Ir y venir, mutar constantemente se interpreta como lo que es en esencia,  improvisación. Los pueblos detectan velozmente al piloto dubitativo. Nada más lastimoso para un país que una dirigencia desorientada o discorde. Ni hablar si además pululan dirigentes sin probidad.

La concordancia básica –las políticas de Estado– se gestan en la visión que se sobrepone a la coyuntura – a la que se debe atender, claro -, capaz de sobreelevar la mirada e imponerse metas superadoras. Ya se sabe empíricamente: si los gobernantes sólo se abocan a la circunstancia, el efecto es devastador: el hoy se complejiza insoportablemente y el futuro se problematiza al punto de ensombrecerse.

  En esta línea que estamos hilando quizás sea propicio deslizar una reflexión. Se le pide al Congreso más trabajo lo cual se liga a que apruebe más leyes ¿No sería mejor que controle que se cumplan las vigentes, faena concurrente con el Poder Judicial? ¿No sería más fructífero hacerle correcciones puntuales a las leyes que rigen en vez de tener la ufanía de sancionar normas supuestamente ‘fundacionales’? Para un país con hábitos de transgresor de leyes, la primigenia aspiración debe ser la empeñarnos seriamente en su cumplimiento.

La seguridad jurídica es vertebradora de una estrategia de prosperidad. La inseguridad, correlativamente, nos conduce a la pobreza general.

Recuerdo otra vez a Ortega y Gasset cuando cuestiona a quienes prefieren el pasado al futuro, a “los que prolongan el culto insincero de los valores más falsos y arcaicos”. Apuntaría que los anacrónicos no cultivan valores sino intereses creados, los mismos que nos han hecho deslizarnos en una frustración formidable, en una decadencia que duele hasta el alma.

Los adeptos del pasado son los que impiden los cambios. Son también los que desean que imperen los derechos sociales al grado de arrasar con los individuales. Y los que depredan a tal grado que en nombre de esas “conquistas de derechos” cada vez padecemos de más desamparados. Son los desequilibrados, esos que tienen una fenomenal inepcia para combinar derechos y hallar el punto de cocción: ni socialistas ni oligárquicos, simplemente modernos y prósperos. Y, claro, compaginar racionalidad y emoción. Los pueblos no se movilizan sólo por razones. Tampoco se los puede guiar únicamente con emotividades. Se necesitan las dos.

Por ahora vamos a la Argentina pobre y planera. Es imperioso revertir ese rumbo hacia el país del trabajo y de la prosperidad. ¡Qué no haya duda de que es posible!

*Diputado nacional (UNIR-Juntos por el Cambio)

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, participó de un diálogo vía zoom con el diputado nacional Alberto asseff, en el que dijo ser “un hombre de gestión, creo en eso, en gestionar, caminar junto a la gente” y se autodefinió como un dirigente con “mentalidad ganadora”.

Al respecto, Larreta se mostró optimista a futuro y dijo que “es la primera vez que la oposición no está dividida, todos queremos lo mismo y estoy seguro que vamos a llegar juntos a la elección. Estas son las convicciones que tengo, tenemos que ir unidos”, sostuvo con firmeza.

Alberto Asseff por su parte compartió este pensamiento: “Quiero reafirmar lo que dijo Horacio y nuestro partido (Unir) está en esa línea”, sostuvo.
Más adelante, Rodríguez Larreta destacó que “para que Argentina crezca necesitamos una base de consensos mucho más amplia, para que ningún partido venga después a querer cambiar las reglas de juego, tenemos que planificar el país a futuro y eso no se hace solo”, afirmó.

Cuando le consultaron si ese dinero de la coparticipación (que el Estado nacional le sacó por DNU) influirá en el desarrollo de la Ciudad, resaltó que “venimos con un plan de obras ambicioso y vamos a tratar de sostener los servicios básicos, hicimos una presentación judicial al respecto y esperamos ese fallo de la Justicia”, adujo.

Consultado sobre la imagen de los dirigentes políticos, explicó que “llevamos años de deterioro de la imagen de los dirigentes y la única forma de mejorar, es cambiarlos; nos va a llevar tiempo construir credibilidad no es fácil, es conseguirla con el ejemplo y el tiempo”, reafirmó.

Sobre el Covid-19, que pareciera llegar al “pico” en Argentina, aclaró que “no mezclo la política con la enfermedad; si otros lo hacen, yo no”.
En el final, resaltó que “camino la ciudad todos los días y estoy para ayudar en todo el país”, en obvia alusión a que la “campaña” para 2021 ya comenzó.

Asseff dijo haber visto al jefe de Gobierno “concreto, firme” y con la idea manifiesta de “ampliar la base de consensos” para lograr la unidad de la oposición, de cara a las próximas elecciones pero buscando esa “sustentabilidad” para el 2023.

En todo momento Rodríguez Larreta se mostró en sintonía con Asseff, que finalizó diciendo que “Unir es un partido que hace honor a su nombre”.

En el marco del ciclo de entrevistas que realiza el diputado nacional Alberto Asseff, este lunes dialogará con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Unir dialoga con Horacio Rodríguez Larreta” es el título de la convocatoria para este lunes 5 de octubre a las 18.

Será a través de la plataforma Zoom, y el ID es 884 6449 9027. La contraseña es 835147.

El diputado nacional Alberto Asseff  del bloque JxC solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que informe los motivos por los cuales se filtraron 3.850 resoluciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que contienen datos personales de más de un centenar de espías y exagentes.  

Asimismo, el legislador quiere saber si se han recibido denuncias, alertas o cualquier otro tipo de comunicación por parte de consulados argentinos, atento que varios afectados se encuentran alrededor del mundo; así como si hubo contacto con las autoridades de los países donde se encuentran algunos de los espías y exagentes afectados.  

Por último, el titular del partido UNIR pide saber si se evalúa destituir a la dra. Cristina Liliana Caamaño Iglesias Paíz como interventora tras los hechos descriptos, pues “estamos ante la presencia de un hecho vergonzoso y escandaloso, donde se ponen en riesgo la vida de varias personas, se viola su intimidad y también se afectan los intereses de la Nación. La incertidumbre sobre el funcionamiento y rol de la AFI vuelve a reflotarse con esta filtración de suma gravedad”, concluyó Asseff. 

Acompañan el pedido de informes Pablo Torrello, Luis Pastori, Jorge Enríquez, Estela Regidor, Lidia Ines Ascarate y Julio Sahad.