Con el Congreso como escenario, el kirchnerismo duro lanzó una coordinada escalada contra la administración anterior. Esperan un efecto demoledor por el denunciado espionaje ilegal, y ya lograron que Mauricio Macri sea imputado. “Es ahora, Alberto”, pide Dady Brieva.
Por José Angel Di Mauro
La armonía entre el oficialismo y la oposición duró lo que duró, y fue bastante. La ilusión que generó el alineamiento general frente a un enemigo común ya se esfumó, aunque todavía persistan algunos rasgos de cordialidad entre las partes. Pero a esta altura ya quedó claro que más allá de promesas discursivas, la grieta sigue vigente. Si tenía dudas, la oposición terminó de sacárselas la semana que pasó.
Fue en el Congreso, lugar donde se dirime la política, pero más específicamente en el Senado. Convengamos que el Parlamento es territorio dominado por el kirchnerismo. Porque si bien Diputados es presidido por Sergio Massa, la vicepresidenta es omnipresente en las dos cámaras. Y el Senado nacional es el patio trasero de Cristina. Allí fue donde el kirchnerismo duro mostró todas sus cartas.
Quedó claro cuando se diagramó la agenda de las comisiones que de manera virtual siguen reuniéndose cada vez con mayor frecuencia. Para el martes 26 de mayo se programó temprano la reunión de la Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa para analizar el endeudamiento contraído durante la gestión macrista. El último turno de ese mismo día fue reservado para la Bicameral de Trámite Legislativo, para tratar una serie de decretos entre los cuales se incluyeron sorpresivamente dos de Mauricio Macri. Al día siguiente la Comisión de Justicia que preside el senador Oscar Parrilli -mano derecha de la expresidenta- convocó al radical Mario Cimadevilla -quien se fue de la Unidad de Investigación del atentado contra la AMIA en tiempos de Macri dando un portazo- para ventilar sus duras críticas a esa administración. Ese mismo día, pero en forma secreta, se reunió otra bicameral: la de Seguimiento y Control de los organismos de Inteligencia, para analizar la denuncia presentada el día anterior por la titular de la AFI, Cristina Caamaño, sobre espionaje ilegal durante la gestión Cambiemos. Todo un arsenal coordinadamente alineado en dirección hacia la anterior administración.
Veamos los detalles. Habitualmente mesurado, quien presidiera durante los cuatro años de Cambiemos la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, escribió tras la convocatoria para analizar el endeudamiento el siguiente tuit: “El país entra en default después de 5 meses de no-negociación y la Comisión Bicameral de Deuda se reúne en carácter urgente… para debatir la ‘fuga’ de divisas de 2016-2019. Nos toman el pelo”, y anticipó que como vicepresidente pediría cambiar el temario y citar al ministro de Economía. Fue lo que hizo sin éxito la oposición en esa reunión en la que Laspina perdió los estribos ante el presidente de la comisión, José Mayans. Pese a los reclamos porque la investigación de la deuda abarcara hasta 2003 -pero sobre todo el segundo mandato de Cristina, en el que el drenaje de divisas fue similar al de Macri, aun con cepo-, el oficialismo impuso un dictamen para investigar los últimos cuatro años.
Ese martes se cerró con otro escándalo, cuando los miembros de JxC se retiraron de la reunión de la Comisión de DNU en medio de gritos y acusaciones cruzadas por la decisión del Frente de Todos de tratar dos decretos de Macri, para traspasar las escuchas telefónicas a la Corte. Se recordó que ambos ya habían tenido dictamen en su momento, si bien es cierto que nunca llegaron al recinto. Y esos dictámenes no caducan. El oficialismo quiere llevarlos a sesión y derogarlos, cosa que nunca sucedió desde 1983.
La oposición cuestionó también la presencia de Cimadevilla en una comisión “que no es investigadora” y donde el presidente de la misma -Oscar Parrilli- es “un actor interesado en la causa”. El exsenador sostuvo allí que el gobierno de Macri nunca tuvo interés en saber qué pasó en la AMIA. Convengamos que las denuncias que hace no son nuevas y en su momento tuvieron la anuencia de Elisa Carrió. El oficialismo ahora aprovecha para echar sal a esa herida.
Es sabido que el kirchnerismo duro está molesto porque a esta altura quisiera ver a los exfuncionarios macristas desfilando por los Tribunales, comenzando por el expresidente. Esa rémora comenzó a enmendarse al final de la semana, cuando Mauricio Macri fue imputado en la investigación del supuesto espionaje ilegal registrado durante su gestión.
Ese reproche fue uno de los que expuso el humorista Dady Brieva en ese “editorial” en el que sugirió al Presidente llevar ya a la Argentina a la estación Venezuela. En ese comentario el Midachi se lamentó porque tantas investigaciones periodísticas que revelan la supuesta corrupción macrista quedan “en la nada”. “Tengo la sensación de que si no investigamos, no juzgamos, no encarcelamos, no intervenimos, a evasores, medios, jugadores, comunicadores, Justicia, entidades financieras, fuimos”. Y a continuación, reclamó: “Es ahora Alberto. Vos fuiste elegido y vos sos el responsable”.
Luego de dos meses de parálisis legislativa, matizada con zooms en las que todo el gabinete desfiló de manera remota por las comisiones, y sobre todo la anuencia de la oposición a aceptar el statu quo impuesto por el coronavirus, finalmente se puso en marcha al Congreso, aunque con las limitaciones que la distancia impone. En ese marco se estableció un acuerdo tácito para que en semejante contexto solo se trataran temas consensuados y relacionados con el Covid-19. Pero ese límite solo abarcaba las sesiones, no -lógicamente- las reuniones de comisión. Fue notorio que la vicepresidenta celebrara que una fuerte discusión entre los senadores Carlos Caserio y Martín Lousteau permitiera demostrar que los temas más ríspidos podían ser dirimidos como si estuvieran cara a cara.
Quedó claro que la relación oficialismo-oposición ya es a cara de perro, sin contemplaciones. Aun cuando el oficialismo está muy ajustado en los números en la Cámara baja. Más botones de muestra: en otra bicameral, la de Comunicación Audiovisual en la que se impuso la designación de Miriam Lewin para conducir la Defensoría del Público, el oficialismo designó presidenta a Gabriela Cerruti, mas no concedió a la oposición la vicepresidencia, como suele establecerse. Ungió allí al senador Alfredo Luenzo, respetado por todos… pero también oficialista.
La última demostración de poder la dio el oficialismo el jueves, al no reunir quórum Juntos por el Cambio para la sesión convocada para debatir las facultades especiales otorgadas al jefe de Gabinete. Un resultado previsible que permitió verificar con quiénes cuenta el Frente de Todos a la hora de medir fuerzas en la Cámara donde está más ajustado. En esa sesión en minoría, JxC hizo más reproches a los ausentes que al gobierno. De hecho, el diputado Pablo Tonelli explicó que esas facultades especiales que otorgó el DNU cuestionado eran “innecesarias”. Simplemente porque el artículo 39° de la Ley 24.156 que modificó el decreto establece que “el Poder Ejecutivo podrá disponer autorizaciones para gastar cosas no incluidas en la ley de Presupuesto General para atender el socorro inmediato por parte del Gobierno en casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor”.
Tal vez valía la demostración de fuerza por aquello de que “es ahora, Alberto”, como declama Dady Brieva en nombre del kirchnerismo duro. “Tenemos la oportunidad de revisar todo porque la economía del mundo se dio vuelta. Está todo dado vuelta. No perdamos la oportunidad de escribir un sistema más justo”, expresó en ese sentido el Presidente en su paso por Formosa, donde ponderó con énfasis al gobernador de una de las provincias más pobres, en la que el tan declamado “Estado presente” es “omnipresente”. Allí el Estado es el principal empleador, aunque es la provincia que menos incrementó la cantidad de agentes estatales entre 2003 y 2015.
Alberto anduvo allí a los abrazos con el gobernador Gildo Insfrán. Más allá del mensaje contradictorio de esos gestos en tiempos de aislamiento y distanciamiento social, el Presidente busca construir para la agenda post pandemia, y reforzar lazos con los gobernadores como siempre deseó. Pero allí siguió haciendo equilibrio, cuando dijo que “un sistema más justo no es perseguir a nadie. Esas idas locas de que queremos quedarnos con las empresas, queremos castigar a los ricos… No, no, no: queremos hacer un país más justo, simplemente”.
Casi como una expresión de deseo muchos interpretaron que estaba desautorizando la propuesta de Fernanda Vallejos. No lo hizo: la diputada nunca habló de quedarse con empresas, sino con parte accionaria de los grandes grupos auxiliados. Las “ideas locas” a las que refirió el Presidente son, a su juicio, las interpretaciones que se hacen de esa propuesta y del proyecto para cobrar un impuesto a las grandes fortunas.
