Además, el presidente del Consejo de la Magistratura, destacó el trabajo que se realizó durante la pandemia. “Como juez no voy a permitir que el Consejo pare”, destacó.
En su intervención en el debate sobre la reforma del Consejo de la Magistratura que se lleva a cabo en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado, el presidente del cuerpo en cuestión, Alberto Lugones, describió el esfuerzo que se hizo durante la pandemia, y reiteró la importancia de que no deje de funcionar el Poder Judicial.
“Como juez no voy a permitir que el Consejo pare, porque creo que no puede haber ningún tipo de decisión que haga que deje de funcionar el Consejo y que deje de funcionar el Poder Judicial de la Nación. Colegas me eligieron como presidente, y yo voy a hacer lo imposible para que el Poder Judicial siga funcionando. No es admisible otro tipo de cosa”, abrió su alocución el presidente del Consejo de la Magistratura.
A continuación, describió los esfuerzos realizados para mantener el Consejo funcionando durante la pandemia: “El Consejo funcionó, porque logramos soluciones durante la pandemia. El equipo de tecnología del Consejo, instauró en el año 2020 16.000 puertos VPN. Se hicieron más de 2000 audiencias en todos los tribunales del país por Zoom, porque no podíamos parar los juicios. Además, en el 2020 prácticamente no se hicieron concursos. Y en el 2021 se hicieron más de 50 concursos en Tecnópolis”, enumeró, entre otras medidas adoptadas, y expresó: “Tenemos 23.000 empleados en todo el país, tenemos que proveer todo lo necesario para que estos empleados tengan elementos de infraestructura adecuada”.
Además, destacó la labor del Consejo en materia de género: “Nosotros tenemos que ser la camada de magistrados que logremos que el Poder judicial deje de ser un poder machista”, manifestó.
“Lo que yo quiero es que los jueces se encarguen de dar las respuestas que los ciudadanos merecen. No podemos permitirnos otra cosa. Porque si no el país no funciona, no vamos a tener un país mejor con más del 30% de la vacante de los jueces que tenemos en este momento”, consideró Lugones.
Sobre el proyecto de reforma, manifestó que: “Desde mi enfoque de profesor de derecho constitucional quiero decir que el artículo 114 es muy claro, dice que el Consejo de la Magistratura administra el Poder Judicial. Si el presidente de la Corte a su vez va a proponer al administrador general, el Consejo de la Magistratura no creo que lo administre, lo va a administrar la Corte a través del administrador general. Elegir los postulantes es nuestra función, controlar a los magistrados, tenemos la función de reglamentar para el mejor funcionamiento del poder judicial”.
“Yo soy de la idea de que más allá de lo que pase el 16 de abril, buscaremos la manera para no permitir que el Poder Judicial pare, porque, primero que nada, nosotros nos debemos a quienes nos pagan el sueldo, que es el ciudadano común, y al ciudadano común debemos darle respuesta”, concluyó el magistrado.
A través de una nota firmada por su presidente, el organismo solicitó la confirmación de lo decidido por el Senado e instrumentado por el Poder Ejecutivo a través de sendos decretos.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, ya había sido uno de los más críticos al conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia habilitando el tratamiento del per saltum pedido por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Ese día rechazó de plano la postura del titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, al afirmar que no ve “la gravedad institucional de la que habla”, y luego advirtió que si la Corte termina convalidando los traslados de jueces, “los futuros presidentes de la Nación van a decir ‘para qué pasan por concurso si puedo poner a quien me cae bien’”.
Ahora oficializó su postura, al firmar una declaración del Consejo de la Magistratura solicitándole al Tribunal Supremo rechazar el per saltum y que confirme lo dispuesto por el Senado y convalidado por el Poder Ejecutivo a través de sendos decretos.
En el escrito, Lugones recordó que en el caso de una decena de jueces cuyos casos están en estudio en el Senado, entre ellos los jueces referidos sobre los que ya se ha expedido, “no se ha completado el procedimiento constitucional complejo previsto en el artículo 99 inciso 4, 2° párrafo, de la Constitución Nacional y expresamente consolidado, en cuanto sus etapas indispensables, señaladas por V.E. (la Corte) en las acordadas N° 4/2018 y 7/2018”.
“Se extrae con claridad que la acción esgrimida por los accionantes intenta bloquear el ejercicio de facultades constitucionales privativas del Poder Ejecutivo”, expresa la declaración, según detalló la agencia estatal Télam.
Allí se agrega que “los recurrentes se han limitado a formular afirmaciones meramente dogmáticas sobre los agravios que, según su particular entender, podría ocasionarles la resolución 183/20, omitiendo indicar de modo preciso, en qué consistiría el supuesto gravamen al no haberse puesto en tela de juicio las garantías constitucionales de la inamovilidad y estabilidad en el cargo consagradas en el art. 110 de la Constitución Nacional”.
El órgano comunicó a la Cámara Federal de Casación se dejaron “sin efecto” los decretos que dispusieron los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
La Cámara Federal de Casación Penal avaló este jueves los decretos del presidente Alberto Fernández que revocan los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes deberían regresar a sus anteriores cargos.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, la Cámara resolvió por unanimidad aceptar lo dispuesto en los decretos 750, 751 y 752 de 2020, con las firmas de Ángela Ledesma, Ana María Figueroa, Guillermo Yacobucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky.
La Cámara de Casación había sido notificada del tema por el Consejo de la Magistratura.
Así las cosas, los camaristas Bruglia y Bertuzzi, al igual que Castelli, tendrían que retornar a sus puestos anteriores después de que sus traslados fueran anulados por el Senado en la sesión de este miércoles.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de la Ciudad de Buenos Aires, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de La Plata y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3 de San Martín, en donde se desempeñaban Bruglia, Bertuzzi y Castelli hasta hace dos años, también fueron notificados.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, advirtió que Bruglia y Bertuzzi “abusan de un cargo que no les es propio” y aclaró que “es mentira” que “los sacaron por investigar” a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
“Se tienen que dejar de decir mentiras, engañan a la gente. Los traslados de Bruglia y Bertuzzi no cumplieron con la Constitución”, afirmó Lugones, y agregó que si los magistrados en cuestión “no cumplen con el decreto que deja sin efecto el traslado, están abusando de un cargo que no les es propio”.
Además, en declaraciones radiales, el presidente del Consejo de la Magistratura recordó que ninguno de los tres jueces se presentó ante el Senado para validar el acuerdo.
“Luego habrá que sentarse para todo lo que tiene que ver con infraestructura, informática y mobiliario”, estimó el titular del Consejo de la Magistratura.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, estimó este miércoles que los 132 nuevos juzgados que se crearían con la reforma judicial demandarían en principio “850 millones de pesos” y no 3.000 millones, tal como circuló.
“Soy consciente de la problemática presupuestaria que tiene el Poder Judicial para hacerse cargo de todo esto, pero sí quisiera contestar respecto de que los 132 juzgados o tribunales orales nuevos que se crearían importarían la suma de 3.000 millones de pesos”, introdujo Lugones.
En ese sentido, aclaró que “no fue incorporado en el presupuesto del año que viene por el Consejo de la Magistratura, pero a lo sumo estaríamos hablando de 850 millones de pesos para cubrir esos 132 cargos, y luego habrá que sentarse para todo lo que tiene que ver con infraestructura, informática y mobiliario”.
Lugones -quien dijo hablar a título personal y no en nombre del Consejo, donde señaló que “hay posturas diferentes”- se expresó en contra del traspaso del fuero Criminal y Correccional al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
“Estamos perdiendo valiosos recursos humanos. No se puede hacer desaparecer de un plumazo tribunales que son centenarios”, advirtió.
En cuanto a la creación de juzgados en el interior del país, recordó que “no es otro proyecto que el que venía con el nombre Justicia 2020”, presentado por senadores del oficialismo y la oposición en la anterior gestión.
De todos modos, consideró que “está faltando mayor extensión en cuanto a fiscalías y defensorías”, y que esto “necesita una revisión jurisdicción por jurisdicción habida cuenta de que existen varias falencias u omisiones”.
Asimismo, señaló: “Me gustaría que la implementación del Código Procesal Penal Federal fuera lo más rápidamente posible; dos años me parece mucho”.
Así lo advirtió Alberto Lugones en Diputados. “Tenemos que dar respuesta a la comunidad, y si no tenemos jueces se hace complicado”, dijo.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, señaló este miércoles que “los jueces en actividad van a ser menos del 50%” y advirtió: “Tenemos que dar respuesta a la comunidad, y si no tenemos jueces se hace complicado”.
Durante su exposición en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, Lugones informó que actualmente hay 17.000 aportantes al régimen especial, y 7.400 beneficiarios. La relación activo-pasivo, dijo, “es de 2.24”.
Además, indicó que “solo el 28% se jubila a los 60 años”, por lo que “hay un 70% que aporta más allá de los 60”.
Lugones apuntó que hoy “hay 194 jueces que tienen la jubilación concedida y en trámite hay 19 más”. A su vez, hay 136 pliegos para elevar al Poder Ejecutivo y otros 112 en el Consejo de la Magistratura para elevar el trámite a concurso.
“Los jueces en actividad van a ser menos del 50%”, señaló, y agregó: “Tenemos que dar respuesta a la comunidad, y si no tenemos jueces se hace complicado”.
El juez pidió “buscar una alternativa que nos permita financiar mejor el sistema y busquemos equiparar hacia arriba, no hacia abajo”.
“Yo no estoy conforme con el Poder Judicial que tenemos y quiero mejorarlo, pero si reduzco al 50% los jueces en actividad y no tengo jueces para reemplazarlo, se va a complicar”, finalizó.
