Luego de los incidentes en frente al Congreso Nacional el viernes pasado, la diputada del PTS Alejandrina Barry presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un pedido de interpelación al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y a su ministro de Seguridad, Waldo Wolff, por lo ocurrido en las inmediaciones de ese organismo.

Es que durante un operativo policial llevado adelante por efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Federal, hubo una serie de incidentes que llevaron a la retención de trabajadores despedidos, miembros de organizaciones sociales y referentes del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT).

Ante esta situación Barry explicó que “estamos citando en forma urgente a Jorge Macri y a Waldo Wolff para que den explicaciones sobre el operativo que implicó una privación de la libertad de hecho contra trabajadores despedidos, diputados y referentes del Frente de Izquierda entre los que se encontraban mis compañeros Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Patricio del Corro, entre otros”.

“Este hecho se dio en el marco de una movilización de trabajadoras y trabajadores despedidos del estado, de GPS tercerizada de Aerolíneas Argentinas y del INCAA, que reclamaban por su reincorporación en la cual un enorme operativo policial con guardia de infantería y motos rodeó a los manifestantes y los subió a la vereda a los golpes. Cuando nos disponíamos a desconcentrar los policías de la Ciudad y la Federal nos rodearon y retuvieron ilegalmente sin dar ningún tipo de explicación ni informar quién había dado semejante orden. El gobierno porteño debe dar explicaciones frente a este atropello”, completó.

La iniciativa también lleva la firma de Gabriel Solano, Cele Fierro (FIT), Victoria Montenegro y Graciana Peñafort (UP).

Luego de que el presidente de la Nación, Javier Milei, anunciara el cierre de la agencia de noticias Télam y de que se bloqueara el acceso a la web, los legisladores del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Gabriel Solano, Alejandrina Barry y Cele Fierro impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración mediante el cuál buscarán expresar su “rechazo y preocupación” por lo ocurrido.

En el documento recientemente presentado en el Parlamento, además manifestaron su defensa “de manera irrestricta todos los puestos de trabajo de dicha agencia” y repudiaron “el bloqueo al acceso a la web y la cablera de la agencia, lo que vulnera el derecho al acceso a la información de las audiencias y la soberanía informativa, y el vallado de su edificio central para evitar el ingreso de sus trabajadores, mientras exige el retiro de las fuerzas policiales de sus instalaciones”.

Respecto de esta situación, Solano planteó que “el discurso del presidente Milei el viernes es un ataque en regla a todos los trabajadores, pero especial ensañamiento con los trabajadores de Télam que a horas les informaron por mail que la agencia estaba intervenida y bloquearon acceso a la web como al edificio” y consideró que “esta Legislatura tiene que pronunciarse y rechazar el cierre de Télam y retirar urgentemente a la policía de los alrededores del edificio. Como así también defender la existencia de Télam como agencia estatal de noticias, a sus trabajadores”.

Asimismo, remarcó que “son 700 familias que dependen de esta agencia que además produce más de 500 artículos y coberturas por día que en muchos casos son la base informativa de muchos otros medios de comunicación incluidos los privados” e indicó que “desde el Partido Obrero – Frente de Izquierda acompañamos y acompañaremos cada medida de lucha en defensa de la agencia y sus trabajadores”.

“Nuestra solidaridad y apoyo a Valeria Azerrat, periodista de Télam acreditada en esta Legislatura, que hacemos extensivo al conjunto de las y los trabajadores de la agencia”, completó.

Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, dejara inaugurado un nuevo periodo de sesiones ordinarias, la legisladora del FIT Alejandrina Barry cuestionó con dureza los dichos del funcionario y adelantó su oposición al proyecto de ley de reiterancia, que será remitido a esa Casa en los próximos días.

En ese sentido, la diputada consideró que “Jorge Macri reivindica la represión en las movilizaciones, le llama diálogo a haber dejado más de 285 heridos entre ellos 35 periodistas. Le entregó la ciudad a Patricia Bullrich tratando cada protesta como una guerra. Él es responsable también”.

Mientras que sobre el anuncio de que enviará la ley de reiterancia a esa Casa, Barry explicó que “en Mendoza se aplica la ‘reiterancia’ que quiere incorporar Jorge Macri y se utiliza contra la protesta social. Es inconstitucional y viola el derecho a la protesta. Nos opondremos” y aseveró que “en medio de una crisis social, Jorge tiene un proyecto de orden y progreso. No será más que el brazo armado de Bullrich como ya lo es y benefactor de empresarios. Más de lo mismo. Jorge es Macri”.

Por otro lado, se refirió a los dichos del funcionario acerca de que buscará tener una gestión más austera: “Jorge Macri comienza diciendo que el contexto económico implica austeridad. Debería aclarar que es sólo para la comida de los chicos en las escuelas porque el paseo por Europa, Punta y en jet privado. No tiene cara ni vergüenza”, lanzó con dureza.

“Para hablar de la igualdad de las mujeres en la Ciudad, Jorge Macri debería reconocer a las enfermeras como profesionales de la salud, garantizar viandas de calidad y útiles en escuelas, dos áreas claves con enorme mayoría de mujeres trabajadoras”, continuó Barry.

Al mismo tiempo que concluyó planteando que “en el inicio de sesiones, Macri reivindica despedir 30% de trabajadores municipales contratados. Desde Punta del Este dejo familias en la calle de los programas que atienden a los sectores más vulnerables en la Ciudad. Todo nuestro repudio”.

Poco más de un día después de que con las asambleas barriales, agrupaciones sindicales, estudiantiles y los partidos de izquierda estuviéramos festejando en la calle la derrota de Ley Ómnibus ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto de derogación de la Ley 27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo desde su aprobación en diciembre de 2020.

El proyecto mismo en términos legislativos es un verdadero mamarracho libertario, los mismos diputados y diputados de La Libertad Avanza pidieron retirar su firma ya que según ellos no habían dado el consentimiento. La realidad es que fue tan amplia la oposición a este ataque a las mujeres que tuvieron que salir a desdecirse porque saben que desde el poderoso movimiento de mujeres vamos a salir a las calles a defender nuestro derecho que se votó en el Congreso pero lo ganamos en las calles.

No por bochornoso deja de ser muy grave Como explicaron las compañeras de la Campaña nacional por el derecho al aborto, el proyecto no propone volver a la situación legal anterior al 2020, sino directamente a la legislación previa al Código Penal de 1921 que ya introducía la figura del aborto no punible en caso de que estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante o si el embarazo proviniera de una violación. “¡Esa manía libertaria por hacernos retroceder un siglo de un plumazo!”, expresó mi compañera Andrea D’Atri, fundadora Fundadora de nuestra agrupación Pan y Rosas.

Lo único que está claro de este proyecto nefasto es que, desde el Pro hasta el Frente de Izquierda, muchísimas figuras del ámbito político, expresaron su contundente rechazo. Lo mismo hicieron agrupaciones feministas, personalidades de la cultura, el periodismo, organizaciones sociales y de derechos humanos.

Tal como lo señaló la diputada Myriam Bregman, las huestes de Javier Milei pretendieron aglutinar tras la bandera patriarcal antiderechos a sus seguidores, golpeados por la reciente derrota política de la Ley Ómnibus, para correr el arco del debate mientras su Gobierno avanza con la motosierra de los tarifazos, los ajustes y una inflación desatada.

Este 8 de marzo necesitamos que movimiento de mujeres se convoque masivamente contra esta amenaza contra el derecho al aborto legal y el conjunto de plan motosierra de Milei que implica un ajuste brutal, tarifazos, los recortes de la asistencia social, el protocolo represivo de Patricia Bullrich. Un plan de hambre que afecta a las familias trabajadoras y el pueblo pobre, especialmente a las mujeres.

Contra las fuerzas del cielo tenemos que mostrar nuestra fuerza en las calles con las mujeres de las asambleas barriales que participaron de las jornadas de movilizaciones contra la Ley Ómnibus resistiendo la represión de Patricia Bullrich.

Por todos nuestros derechos y los de conjunto del pueblo trabajador este 8 de marzo tenemos una cita de honor.

Después de que se conocieran una serie de despidos en la administración pública, la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Alejandrina Barry impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley de emergencia laboral para el personal de la administración pública porteña debido a los despidos de trabajadores municipales registrados la última semana.

La iniciativa en cuestión busca establecer la continuidad laboral de todos aquellos trabajadores que bajo distintas modalidades de contratación se encuentran prestando servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio, cualquiera sea su relación contractual, incluidas las establecidas a través de organismos internacionales, sean permanentes, transitorios, de asistencia técnica, contratados bajo la modalidad de Locación de Servicios y de Obra (LOyS), becarios, monotributistas, figuras similares de acuerdo a normativas especiales vigentes en materia de empleo público; y que posean contratos cuyo vencimiento opere a partir del 31 de diciembre de 2023 y del 1 de enero de este año.

Además, prevé dejar sin efecto los despedidos que hayan tenido lugar durante los meses de diciembre y enero de 2023 y 2024 respectivamente, “debiéndose proceder a la reincorporación inmediata del trabajador o trabajadora en su puesto y condición normal y habitual de trabajo”.

Respecto del proyecto, Barry afirmó que “Jorge Macri busca aplicar el plan motosierra en la Ciudad con el despido de miles de trabajadores y trabajadoras. La crueldad incluyó dejar a familias sin ningún ingreso a dos días de la celebración de año nuevo. En la superavitaria Ciudad de Buenos Aires, se trata claramente de un alineamiento político del jefe de Gobierno con el presidente Javier Milei. Con mis compañeros del Frente de Izquierda estamos exigiendo una sesión extraordinaria cuanto antes para tratar esta crítica situación”.

“Se trata de trabajadores que realizan tareas esenciales para la población. Entre las despedidas se encuentran las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer de la línea de atención 144 y de los hogares refugio para mujeres víctimas de violencia machista como son el Mariquita Sánchez y el Hogar Eva Duarte mientras sigue habiendo un femicidio por día. Están queriendo dejar sin sustento a trabajadores también en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes, en el sector de atención a personas en situación de calle, en el Instituto de la Vivienda, en áreas de salud mental, adicciones y de asistencia a barrios populares. También en medio ambiente, tránsito, la línea 108, la Subsecretaría de Atención Inmediata, Ecoparque, programas educativos, entre muchos otros”, añadió.

Finalmente, Barry concluyó señalando que “en la sesión especial que estamos reclamando, también queremos tratar el proyecto que presentamos de emergencia alimentaria en las escuelas públicas en el que solicitamos que se extienda el sistema de alimentación escolar durante el verano ya que no paramos de recibir denuncias de docentes y familias sobre la enorme cantidad de chicos y chicas que llegaban sin comer a la escuela”.

Durante la sesión especial de este viernes, la diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Alejandrina Barry le exigió al jefe de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Felipe Miguel, que de explicaciones acerca de los “recortes en presupuestos de violencia de género” y volvió a pedir el pase de los enfermeros a la Carrera de Profesionales de la Salud.

Después de escuchar la exposición del funcionario, la legisladora aseguró que “cuando se habla de meros gastos del estado, esto también significa recortes en presupuestos de violencia de género algo tan elemental como impedir los femicidios” e indicó que “en el primer trimestre de 2023, las denuncias por violencia doméstica aumentaron un 14% respecto del mismo período de 2022. Según un informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Hay 27 denuncias promedio por día por violencia doméstica; el 45% de las denuncias provienen de cuatro comunas (4, 8, 1 y 7) que contienen los barrios más pobres de la ciudad. En la Ciudad de Buenos Aires hasta ahora gobernada por Horacio Rodríguez Larreta hay tan solo cinco establecimientos con capacidad de 155 plazas. Mi pregunta es ¿por qué no está en el plan presupuestario la construcción de ningún refugio más cuando estamos las mujeres en esta situación tan crítica?”, continuó.

Sobre esa misma línea, Barry consideró que “violencia también es también es el 24,4% de los hogares encabezados por mujeres en esta ciudad sean pobres; por el contrario de lo que dice la ignorante y machista diputada libertaria Lilia Lemoine con su proyecto de paternidad optativa   197 mil hogares están a cargo de una mujer sin cónyuge, con hijos y/u otro familiar o persona a cargo, casi la mitad se garantiza un techo alquilando” y explicó que “el conjunto de jefas mujeres desocupadas o subocupadas horarias suma 84 mil personas y representa el 60,8% del total de la población en esa condición. Muchas son las que sufren la precarización laboral y reciben salarios muy bajos azotados por la inflación y que se verán más afectadas con los planes de Javier Milei”.

“Entonces mi pregunta es, cómo no está aclarado en la ampliación presupuestaria, ¿cuánto van a destinar para que las mujeres podamos salir de esta situación?”, remacó.

Por otro lado, la legisladora concluyó indagando acerca de “que piensan hacer con las enfermeras y su exigencia de pase a la Carrera Profesional porque sabe que, señor presidente, una enfermera hoy por la decisión de esta gestión está ganando 250 mil 300 mil pesos y un diputado de esta Legislatura obscenamente gana dos millones de pesos”.

La legisladora porteña Alejandrina Barry (PTS) presentó este viernes un proyecto de declaración para exigirle al Estado argentino que se pronuncie en favor del inmediato cese de los bombardeos en la Franja de Gaza.

Allí, la legisladora del Frente de Izquierda sostiene que “estas acciones constituyen crímenes de guerra, incluyendo medidas de limpieza étnica y prácticas genocidas sobre la población palestina”.

Asimismo, exige la pronunciación del cese contra los bombardeos y ataques militares del gobierno israelí contra Líbano, Egipto y demás estados árabes de la región.

También, reclama que “el Gobierno de Egipto el cese del bloque de Gaza y al Gobierno nacional que arbitre los medios que resulten necesarios para enviar, en forma urgente e inmediata como medicinas, material quirúrgico, combustibles, alimentos y artículos de primera necesidad para el pueblo palestino de Gaza”.

En el marco de la última sesión ordinaria, la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Alejandrina Barry vivió un desagradable momento: el diputado de Vamos Juntos (VJ) y hombre de confianza de Patricia Bullrich en la Legislatura porteña, Juan Pablo Arenaza, la tildó de “idiota” por expresar su apoyo al pueblo de Palestina.

Todo ocurrió en dicha sesión ordinaria, después de que se votara un proyecto de declaración de repudió a los ataques terroristas de Hamas a Israel, y de que la legisladora se mostrara en contra del texto, dado a que advirtió que los palestinos también estaban sufriendo la guerra. Fue entonces cuando el oficialista le gritó “idiota” desde su banca.

“Acá el vocero Bullrich, Juan Pablo Arenaza, violento y gritándome ‘idiota’ en plena sesión de la Legislatura cuando denuncié el brutal ataque que está sufriendo el pueblo palestino por parte de Israel y su nueva alianza con el negacionista Javier Milei”, manifestó Barry en sus redes sociales y concluyó planteando que “estos son los machitos de la derecha”.

El episodio también fue repudiado por la diputada del Frente de Todos (FdT) Lucía Cámpora, quien advirtió que no deben permitirse este tipo de situaciones.

La declaración por la guerra en Israel

La Legislatura aprobó este jueves una declaración mediante la cual repudiaron “los sucesivos atentados perpetrados por la organización terrorista Hamas contra el Estado de Israel. Asimismo, expresa su acompañamiento al pueblo israelí, particularmente a los familiares y allegados de las víctimas”.

El proyecto en cuestión es de autoría del jefe del bloque Vamos Juntos (VJ), Diego García Vilas, quien recordó en los considerandos que “a primera hora de la mañana del sábado 7 de octubre el Estado de Israel fue atacado sorpresivamente por vía área a través del sistemático lanzamiento de misiles por el grupo terrorista Hamas ubicado en la Franja de Gaza. El grupo terrorista expresó en los medios de comunicación el lanzamiento de más de cinco mil misiles”.

“A este repudiable hecho se le suman infiltraciones por vía terrestre y aérea en territorio israelí por parte del mismo grupo terrorista particularmente en el sur del Estado de Israel”, continuaron y recordaron que “en distintos medios de comunicación se pueden observar terribles imágenes en donde miembros del grupo terrorista ataca a la población civil. El ejército terrorista invade las viviendas de civiles torturándolos y provocándoles la muerte”.

Asimismo, explicaron que “por estos ataques más de 600 personas, entre los cuales se encontraban cuatro argentinos, han perdido la vida y otros cientos se encuentran hospitalizados a causa de las heridas recibidas. Consideramos fundamental hacer un llamamiento para que se ponga fin a la violencia y se garantice la protección de la población”.

“Estos actos terroristas no son parte de hechos aislados. Hace décadas que el Estado de Israel se ve atacado y perseguido por este tipo de grupos extremistas poniendo en riesgo y constante amenaza a toda la población. Es deber de la Comunidad Internacional velar por el cumplimiento y la protección de cada uno de los derechos que les pertenecen”, sentenciaron.

En medio de la dramática situación que se está viviendo en Israel, la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Alejandrina Barry presentó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración para “repudiar enérgicamente” los dichos del secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad, Waldo Wolff, quien pidió en las redes que la izquierda sea declarada “grupo terrorista”.

Al mismo tiempo que pidió a la Legislatura que rechacé esa declaración por considerarla como “grave proviniendo de un funcionario público que a través de mentiras y calumnias utiliza los términos por los cuales la dictadura militar argentina justificaba la tortura, el asesinato y la desaparición de personas”.

En los fundamentos de la iniciativa, Barry planteó que “Wolff miente vergonzosamente equiparando a la izquierda con el nazismo cuando en su propio partido tiene antisemitas confesos como Alejandro Fargosi que, para intentar descalificar a nuestra compañera Myriam Bregman la llamó ‘judía de mierda’” y consideró que “ese engaño es semejante al que realizó su candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien lanzó una fake news también contra Bregman, difundiendo en los medios masivos de comunicación que por decisión de la candidata del FIT no se hizo un minuto de silencio por lo sucedido en Israel”.

“En el debate presidencial del pasado domingo, la posición de la izquierda quedó clara desde el inicio. Myriam Bregman sostuvo de entrada: ‘nos duelen las víctimas civiles, que tienen como base la política del Estado de Israel de ocupación y apartheid contra el pueblo palestino’. La categoría que usó Bregman, después de mostrar su dolor por las víctimas, fue la de apartheid, que es utilizada por Amnistía Internacional y otros organismos de derechos humanos que difícilmente puedan ser considerados afines al Frente de Izquierda”, continuó.

Además, consideró que “el Partido de los Trabajadores Socialistas – Frente de Izquierda, como ya lo ha señalado, cuestiona al Estado de Israel. Es decir, a la institución que desde hace décadas lleva adelante una política genocida contra el pueblo palestino. Al mismo tiempo, mientras apoya el histórico reclamo del pueblo palestino, critica los métodos de Hamas que terminan siendo instrumentalizados por la derecha internacional y algunos medios de comunicación para avalar el accionar del Estado de Israel”.

“Reiteramos que estas calumnias y gravísimas declaraciones como el pedido que el Frente de Izquierda sea declarado grupo terrorista, provienen de un funcionario público lo que le da un carácter peligrosísimo promoviendo la persecución, criminalización y por lo tanto, la violencia de distintas formas contra quienes se referencian en la izquierda”, completó.

Días después de que se conociera que la pobreza infantil en la Argentina alcanza al 56% de los menores de 14 años, la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Alejandrina Barry impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley para aumentar las partidas presupuestarias destinadas al programa de alimentación escolar.

La iniciativa en cuestión plantea que dicha ampliación se utilizaría para aumentar la cantidad y calidad de los alimentos destinados a establecimientos educativos de nivel inicial, primario, secundario y especiales. También busca establecer que dicho programa sea universal y de rápido acceso para quien lo solicite.

“De ser necesaria la elaboración de una dieta especial y, en general, ante toda situación que requiera un diagnostico módico, se dará intervención urgente al Ministerio de Salud de la Ciudad, sin que ello implique limitar ni demorar la entrega inmediata del refuerzo alimentario”, sostiene el texto.

Tras la presentación del proyecto, Barry remarcó que “miles de pibes llegan con hambre a la escuela y no se puede esperar más” e indicó que “casi el 40% de los niños, niñas y adolescentes residen en hogares en condición de pobreza, un porcentaje que va en aumento y siendo mucho mayor el porcentaje en los hogares encabezados por mujeres, según la propia Dirección General de estadísticas de la Ciudad”.

Además, exigió “la universalización del servicio de comedor ya que resulta inadmisible que ante el hambre de nuestros pibes se tenga que cumplir un tortuoso y discriminador procedimiento para la entrega del refuerzo alimentario”.

“Ya en el 2020 la justicia fallo a favor del amparo que presentamos con Myriam Bregman exigiendo comida saludable para las y los estudiantes. Ante la dramática crisis social exigimos nuevamente que no haya ni una excusa para ser tratado inmediatamente nuestro proyecto”, completó.

Después de que desde La Libertad Avanza (LLA) llevara a cabo un acto en homenaje a las victimas del terrorismo, la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) e hija de desaparecidos, Alejandrina Barry, impulsó en la Legislatura porteña  un proyecto de declaración mediante el cual busca “repudia el acto negacionista organizado por Victoria Villarruel realizado en esta Casa y brega por los derechos humanos y el esclarecimiento de las causas de crímenes de lesa humanidad perpetuados por la dictadura cívico militar”.

“Asimismo, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rechaza el fuerte operativo policial montado por el Gobierno de la Ciudad para garantizar la actividad y se solidariza con las y los periodistas que fueron impedidos por las organizadoras del evento de ingresar al acto para realizar su trabajo”, sostiene el documento recientemente presentado en el Parlamento local.

En los fundamentos de la iniciativa, Barry explicó que “como legisladora e hija de detenidos-desaparecidos, repudio el acto negacionisa organizado por la diputada nacional de la Libertad Avanza Victoria Villarruel a través de su par en esta Casa, Lucía Montenegro” e indicó que “por tal motivo, fui parte junto a compañeros y compañeras de múltiples organizaciones de derechos humanos como el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, sociales, sindicales, estudiantiles y la izquierda, de convocar a una conferencia de prensa y movilización para rechazar un evento que buscaba intenta instalar la idea de que se trató de una guerra la dictadura cívico militar”.

“No fue una guerra, fue un genocidio que provocó la desaparición forzosa de 30 mil compañeras y compañeros detenidos desaparecidos y cientos de bebés apropiados”, señaló y precisó que “quienes peleamos hace décadas en defensa de los derechos humanos y por las libertades democráticas, en mi caso por justicia por mis padres y mis tíos también desaparecidos, conocemos bien a Villarruel. Días atrás se conoció que estaba su nombre y datos en la agenda del genocida Miguel Etchecolatz, pero también ella fue una de las que organizaba visitas a Jorge Rafael Videla”.

Sobre esa misma línea, Barry repudió “el maltrato perpetrado por las organizadoras hacia periodistas de la Casa y de diversos medios de comunicación a quienes les impidieron ingresar al Salón donde se realizaba el evento. Estaban trabajando y era su derecho. Incluso hubo periodistas de medios internacionales a quienes también se les negó el acceso”.

Además, consideró que “es evidente que el acto fue una provocación a la pelea por memoria, verdad y justicia en el país, por eso a lo largo de la jornada fuimos parte de repudiar este grave hecho junto a mis compañeras y compañeros Myriam Bregman, Andrea D’Atri, Nicolás del Caño y Patricio del Corro, en las calles como siempre nos encontrarán al Frente de Izquierda”.

“Asimismo, no puedo dejar de señalar la responsabilidad política de los gobiernos que, en estos años, con sus políticas de ajuste, permitieron a estos sectores fascistoides levantar cabeza y actuar más impunemente. Los ajustes que vienen implementado los gobiernos de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos alimentaron el crecimiento de un malestar social y un individualismo muy fuerte sobre el que se montan estos sectores de derecha que pretenden reivindicar la última dictadura genocida”, sentenció la legisladora.

Después de haber escuchado el informe de gestión que brindó el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Alejandrina Barry exigió respuestas acerca de la presencia de asbesto en el subte y advirtió que el Gobierno porteño “tiene de rehenes” a los usuarios y trabajadores de ese transporte.

En ese sentido, la diputada se preguntó: “¿cuál es la democracia que están proponiendo? ¿Represión brutal a quienes defiendan sus derechos y expulsión para la izquierda?”.

“Hablando de persecución, quería preguntar en relación al conflicto que llevan adelante los trabajadores del subte porque la única respuesta ha sido la el aval a los descuentos masivos de la empresa, la estigmatización y la amenazas de sanciones de los funcionarios locales, como el mismo jefe de Gabinete, en vez de atender la demanda tan elemental y humana que es no morir trabajando o enfermarse”, continuó Barry.

Al mismo tiempo que recordó que “el asbesto mata. No sólo lo han demostrado los trabajadores con tres compañeros fallecidos y más de 80 afectados,  sino médicos, enfermeros, infectólogos y ambientalistas que han expuesto en las audiencias públicas  que se han realizado como las que hicimos con mi compañera Myriam Bregman”.

“Estamos viviendo una verdadera crisis sanitaria bajo tierra que pone en peligro a quienes trabajan sino a millones de usuarios. Mi pregunta es cuánto tiempo más el gobierno de Cambiemos nos va a tener de rehenes a trabajadores y usuarios viajando en el subte donde podemos respirar el asbesto”, cerró.

La legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Alejandrina Barry presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cual buscará repudiar los dichos del pre candidato a jefe de Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC), Jorge Macri, acerca de las personas en situación de calle.

En ese sentido, la diputada consideró que con sus declaraciones “deja habilitada la persecución y represión contra quienes sufren el problema de acceso a una vivienda en un marco donde el propio oficialismo tiene que reconocer la profunda crisis habitacional que existe en la Ciudad”.

Es que Macri se había referido a los problemas de salud mental y adicciones que padecen algunas personas en situación de calle, por lo que insistió en que una solución parcial al tema sería ofrecerles asistencia en los paradores nocturnos que la Ciudad dispone en varios barrios, pero consideró que eso no sería suficiente. “No los puedo obligar (ir a los paradores) pero tampoco puedo aceptar que sean dueños del espacio público”, señaló y remarcó: “hoy los cajeros automáticos se han transformado en monoambientes de algunos. Se apropian de algunos sectores de la ciudad”.

En los fundamentos de la iniciativa, Barry planteó que “vivimos en la Ciudad con la mayor proporción de inquilinos del país, más de un tercio alquilan y la mitad viven hacinados, la peor parte se la llevan las mujeres jefas de hogar y la juventud destinando una mayor parte del salario devaluado para el alquiler” y destacó que “el eslabón más débil es a quienes Jorge Macri ataca, las personas en situación de calle que tienen que refugiarse en cajeros automáticos para tener un techo mínimo donde pasar la noche”.

“Jorge Macri se muestra duro con los más débiles mientras avala el modelo de Ciudad en la que los especuladores inmobiliarios son más ricos y concentran más propiedades. La mitad de las construcciones son para viviendas lujosas que se mantienen vacías. Existen más de 200 mil viviendas ociosas destinadas a la especulación”, señaló.

Al mismo tiempo que afirmó que “solo con destinar un mínimo porcentaje de esas viviendas solamente destinadas a la especulación para dar una solución habitacional a estas familias, se terminaría con el drama de personas y niños y niñas que tienen que pasar frio y hambre a la intemperie en esta Ciudad de casas sin gente y gente sin casas” e insistió en que “las declaraciones de Jorge Macri no hacen más que dejar en claro el desinterés por la crisis habitacional que existe en el país y en la Ciudad particularmente, y el desprecio hacia la gente que se encuentra en situación de calle”.

“Sus palabras son coherentes con la política que ha dirigido el PRO y Juntos por el Cambio en la Ciudad, muchas veces con la complicidad del peronismo porteño: promotores de los negociados inmobiliarios, con contratos escandalosos y una entrega a manos de empresas como IRSA”, sentenció.

Debido a las denuncias de familiares y pacientes acerca de una serie de falencias en la atención en las guardias de los hospitales pediátricos porteños, la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Alejandrina Barry impulsó en la Legislatura de la Ciudad un pedido de informes para que el Ministerio de Salud de detalles acerca de la situación que atraviesan esos centros de atención.

Es que entre las denuncias de los familiares se encuentran “la falta de camas, atención e internación en pasillos, falta de personal y esperas de más de seis horas en la atención”.

Por lo que la legisladora insistió en que “Fernán Quirós debe dejar de lado su campaña electoral y debe darnos respuestas sobre esta crisis sanitaria en curso” y precisó que “charlando con enfermeras de los hospitales de niños como el Elizalde o el Garrahan, dieron cuenta de esta crisis de salud que tiene a los niños como principales víctimas. La falta de personal lleva a que sean las y los trabajadores los que pongan el hombro, como fue durante la pandemia. Mientras los niños son atendidos en los pasillos, donde no alcanzan los insumos para una correcta atención y se deben postergar cirugías. El Gobierno porteño es responsable en dar respuesta a esta demanda y a los reclamos del personal de salud y las familias de los pacientes”.

“Mientras recibía estas denuncias, trabajadores del Hospital Santojanni denunciaron que hay un intento de cierre de la atención pediátrica encubierto, ya que se intenta trasladar la atención al área obstétrica donde se reduciría el personal de atención. ¿Esta será la respuesta de Quirós a esta crisis por enfermedades estacionales?”, siguió la legisladora.

Por lo que concluyó señalando que “en la ciudad más rica del país es inadmisible que no invierta para una atención de calidad, para los niños y niñas que están atravesando estas graves patologías. Y por otro lado cuando vemos que el Gobierno nacional realizó un ajuste presupuestario del 35% en salud en lo que va del 2021 a 2023, nos damos cuenta que la salida solo vendrá de las y los trabajadores, únicos héroes en esta crisis. Ahí estaremos desde la izquierda, visibilizando sus reclamos y acompañando sus luchas”.

Cabe señalar que en el pedido de informes, Barry exigió precisiones acerca de las medidas implementadas para cubrir las guardias, las causas del incendio en el Hospital Elizalde, las salas de internación disponibles para pacientes pediátricos, el presupuesto destinado a los centros médicos públicos, entre otros puntos.

Después de que los trabajadores convocaran a un paro total en la red de subterráneos, el legislador de La Libertad Avanza (LLA) Ramiro Marra y la diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Alejandrina Barry mantuvieron un duro cruce en las redes sociales a raíz de esa situación.

Todo comenzó cuando el libertario publicó en sus redes una captura de una noticia que daba cuenta de la medida gremial que implementaron los trabajadores de la red de subterráneos. “¡Basta de paros de subte! Presenté un proyecto de ley para prohibir los paros de este servicio y declararlo esencial. Además, si a los metrodelegados se les ocurre paralizar el servicio, la concesionaria EMOVA va a estar obligada a hacer la denuncia penal correspondiente”, aseguró Marra.

Atenta a esta situación, Barry salió al cruce de la mano derecha de Javier Milei en la Legislatura de la Ciudad. “Más antiobrero e inhumano que el facho de Marra no se consigue”, aseveró la opositora.

“El broker de bolsa quiere penalizar hasta trabajadores que defienden su salud y su vida ya que tienen tres compañeros fallecidos y 85 enfermos por un material cancerígeno como es el asbesto. Todo nuestro apoyo”, cerró la diputada.

Luego de que el ministro de Salud, Fernán Quirós, presentara la línea 0800- VIDA, la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Alejandrina Barry junto a organizaciones sociales se movilizarán este jueves a partir de las 17 a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para expresar su rechazo al acuerdo firmado entre el Consejo Social y el Ministerio de Salud de la Ciudad, que crea una línea telefónica que será atendida por una red de 400 asociaciones ligadas a las iglesias evangélicas.

En ese sentido, la legisladora recordó que presentó “un proyecto en la Legislatura para declarar la nulidad de este convenio que crea la línea telefónica 0800 VIDA en los hospitales públicos, y también un pedido de informes para conocer el funcionamiento del mismo ya que tanto Fernán Quirós como Cinthia Hotton se niegan a hacerlo público”.

Al mismo tiempo que aseveró: “buscaremos todas las vías para dar la información a la sociedad y especialmente al movimiento de mujeres y la diversidad sexual que logramos la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo con nuestra lucha en las calles”.

Asimismo la dirigente de izquierda afirmó que “luego de realizar un acto con mil pastores evangélicos junto a Hotton, Larreta busca dar un nuevo guiño de campaña electoral en la disputa por la agenda reaccionaria contra los derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+. La misma que Javier Milei contra la implementación de la ESI”.

“Como denuncian las y los residentes y concurrentes de la Asamblea de CABA, el jefe de Gobierno y el ministro son responsables de un sistema de salud precario para trabajadores, trabajadoras y pacientes y ahora le agregan la injerencia de privados y organizaciones religiosas lo cual viola los derechos de mujeres, personas gestantes y niños y niñas”, agregó y concluyó señalando que “seguiremos movilizadas con mis compañeras de Pan y Rosas junto a la Campaña y todas las organizaciones para lograr que se anule este convenio”.

Días después de que el Gobierno de la Ciudad oficializara en el Boletín Oficial la convocatoria a elecciones concurrentes, la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Alejandrina Barry envió a la Legislatura porteña un proyecto de resolución mediante el cual solicitó que se dé marcha atrás con esa determinación.

“La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resuelve derogar el Art. 10 del decreto 109/ 23 del jefe de Gobierno mediante el cual dispone que se utilice un instrumento de votación separado del utilizado para los cargos nacionales por considerar dicha medida como una manipulación electoral, antidemocráticamente tendiente a beneficiar el interés de una fracción política y a confundir al electorado e insta al poder ejecutivo a que reemplace el artículo derogado estableciendo el mismo instrumento de votación que el utilizado para el resto de los cargos electivos”, aseveró.

En los fundamentos de la iniciativa, Barry repudió “este nuevo manoseo, totalmente antidemocrático de manipulación de la elección. Nos oponemos a que se utilice un formato electrónico que en 2015 sufrió hackeos, y cuya falta de seguridad en los resultados fue denunciada por múltiples especialistas del ámbito competente” y remarcó que “hace, de este modo, un uso completamente abusivo de los recursos del Estado de la Ciudad al servicio de dirimir sus internas partidarias”.

“La decisión del jefe de Gobierno tiene el objetivo de manipular las elecciones con el único fin de incidir en su interna. No solo cambia las reglas a pocos meses, también monta un escenario con dos elecciones y modalidades distintas pero en un mismo día montando un escenario increíble de dos urnas por mesa o duplicando las mesas. Esta medida antidemocrática afectará la votación misma, alentando a la confusión al propio electorado, más que duplicando el tiempo para completar el voto de cada elector, produciéndose largas filas para poder votar y pudiendo llegar a influir negativamente al momento de realizarse el recuento de votos”, sentenció.

Luego de los incidentes entre los trabajadores de la línea 620 por el asesinato de un trabajador y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en los que intervino la Policía de la Ciudad, los legisladores del Frente de Izquierda (FIT) repudiaron con dureza el accionar de las fuerzas de seguridad y presentaron un proyecto para que los colectivos cuenten con cabinas de protección para los choferes.

En ese sentido, Gabriel Solano (FIT) aseveró que “el reclamo de los trabajadores choferes de colectivo ante el asesinato de Daniel Barrientos, chofer de la línea 620, fue respondido con provocaciones por parte de Berni y una durísima represión por parte de Larreta y su Policía de la Ciudad” y adelantó que desde la bancada que integra presentaron “en la Legislatura un pedido de repudio para que se expresen todas las fuerzas políticas”.

“Hemos ingresado en la Legislatura, así como en el Congreso Nacional, un proyecto de ley para intimar a las empresas concesionadas de las líneas de colectivo a que realicen las inversiones correspondientes para garantizar las medidas de seguridad reclamadas por los trabajadores, primeramente, cabinas de protección para los choferes. Denunciamos las zonas liberadas que se dan en parte de los recorridos de decenas de líneas, que amerita un investigación a fondo de si existe una colaboración policial con dichas zonas liberadas”, añadió.

Mientras que la legisladora Alejandrina Barry (FIT) compartió en sus redes sociales un video en el que se puede ver como un efectivo de la Policía de la Ciudad golpea a un chofer con su escudo a la altura del cuello. “¿Esta es la policía que todos piden ahora que les den las pistolas taser no? La misma que junto con la bonaerense es parte de la organización del delito y de siempre reprimir a los laburantes”, sentenció.

Tras el “Día Internacional de la Mujer”, la legisladora del Frente de Izquierda (FIT) Alejandrina Barry presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley mediante el cual buscará instalar un “plan de acción contra la violencia de género”, en el que se prevé darle a las victimas herramientas económicas, habitacionales y laborales.

De esta manera, el texto recientemente presentado establece que en aquellos casos que la víctima no posea una vivienda o la permanencia en la que ya tiene suponga una amenaza para su integridad física, psicológica y/o sexual, y no tuviera los medios económicos necesarios para resolverlo, “el Gobierno de la Ciudad deberá garantizar su acceso inmediato a refugios dispuestos en hoteles y viviendas disponibles para tal fin”.

Además plantea la creación de una “Asistencia Económica para las víctimas de violencia de género”, cuyas beneficiarias serán todas las personas mayores de 16 años que tengan empleo, así como a todas las personas sin distinción, se encuentren registradas o no, que no tuvieran licencias pagas por sus empleadores.

“La asistencia económica será una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual igual al costo de la canasta familiar en base a la actualización de información brindada por la Junta Interna de ATE-Indec”, señaló y precisó que “incluirá también los aportes previsionales y el servicio de obra social gratuito, tanto para las personas solicitantes como para sus hijos u otras personas a cargo. Asimismo, la asistencia económica creada por la presente ley será percibida por las y les solicitantes durante todo el tiempo en que se encuentren fuera de sus domicilios o lugares de residencia y/o hasta tanto consigan insertarse o reinsertarse laboralmente”.

En términos laborales, el proyecto establece la creación de licencias con goce de haberes por violencia de género; cuyos plazos serán evaluados y otorgados por equipos interdisciplinarios, contemplando la voluntad de la persona y, sin que sea necesaria ninguna otra presentación o denuncia.

La iniciativa también plantea que “en los ámbitos laborales públicos o privados, las personas víctimas de violencia tendrán derecho a acceder, a sola solicitud y de manera inmediata, al cambio del lugar físico laboral, a fin de resguardar su integridad así como de sus hijos y/o personas a cargo”.

El diputado nacional Alejandro Vilca y la legisladora porteña Alejandrina Barry, ambos del PTS-FIT, encabezarán este miércoles una audiencia pública en la que se presentará un informe sobre violación de derechos humanos en Perú.

Tras su viaje a ese país, en calidad de miembros de las comisiones de Derechos Humanos de Cámara de Diputados y la Legislatura porteña, respectivamente, ambos relatarán sobre su estadía allí, donde fueron “a solidarizarse con las movilizaciones, así como para recoger testimonios y denuncias de la feroz represión llevada adelante por el gobierno de Dina Boluarte“.

La audiencia, que se realizará desde las 17 en el Salón Blanco de la Cámara baja, es convocada asimismo por los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño y por Peruanos Autoconvocados en Buenos Aires. También participarán otros referentes del FIT-Unidad que también viajaron a Perú, representantes de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas.

Los diputados presentarán un informe sobre las denuncias recibidas y los documentos que les entregaron tanto la Coordinadora de Derechos Humanos de Perú como la Federación de Estudiantes de la Universidad de San Marcos, así como testimonios de representantes de las regiones del sur peruano, estudiantes de la Universidad de San Marcos y referentes de derechos humanos con los cuales se entrevistaron en su visita al país.

Vilca y Barry destacaron en la convocatoria que “la importancia de esta audiencia radica también en el enorme cerco mediático que encubre a la masacre planificada y ejecutada por las fuerzas militares y policiales de Perú, donde se cuentan más de 60 asesinados y asesinadas”.

“Tanto en localidades del interior como en Lima, se persigue y fusila con balas de plomo de armamento militar a diversas comunidades y se reprime brutalmente las manifestaciones”, denunciaron y agregaron: “Hemos recibido denuncias de gran cantidad de manifestantes que están procesados por ‘terrorismo’ por ejercer su derecho a la protesta. El pueblo peruano necesita la difusión masiva de estos hechos aberrantes para parar esta masacre de Dina Boluarte”.

El diputado nacional Alejandro Vilca y la legisladora porteña Alejandrina Barry, ambos del PTS-Frente de Izquierda Unidad, viajaron a Perú para solidarse con las movilizaciones populares contra el gobierno de Dina Boluarte. Además, buscarán recabar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que recrudecen y que elevan la cantidad de muertos a más de 60.

Desde Lima, Vilca, quien integra la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, señaló: “Vinimos para entrevistarnos con organizaciones sociales, campesinas y obreras de Perú, que vienen denunciando graves violaciones a los derechos humanos y una feroz represión tras la asunción del Dina Boluarte”.

“No obstante esta crítica situación, las movilizaciones se siguen multiplicando aquí y vamos a participar de las mismas. Fue convocado un paro general y una importante movilización llamada por organizaciones obreras, campesinas y políticas. Vemos aquí que el pueblo peruano movilizado no solo rechaza el golpe y el gobierno ilegítimo de Boluarte, también hay un planteo muy fuerte por una asamblea constituyente libre y soberana, reclamo que también vinimos a apoyar”, sostuvo el jujeño.

Por su parte, Barry, integrante de la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura porteña, destacó que participaron “de la movilización contra el gobierno golpista. En mi caso, además de integrante de la comisión de Derechos Humanos, soy hija de desaparecidos en la última dictadura militar y estamos muy preocupados por la grave situación que se vive en relación a la represión”.

En ese sentido, resaltó que “las denuncias hablan de más de 60 asesinados, además de casos de torturas, detenciones arbitrarias y el desalojo de la Universidad de San Marcos por parte de las fuerzas represivas”.

“También reclamamos que el Gobierno argentino no reconozca al gobierno usurpador de Dina Boluarte. Vale recordar que hace pocos días, durante la cumbre de la CELAC, el Gobierno no levantó la voz para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Perú y permitió que una ministra del gobierno golpista participara del evento”, añadió.

En medio de la polémica por el viaje de funcionarios relacionados al macrismo y miembros de la justicia a Lago Escondido, la diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Alejandrina Barry presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución para que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sea interpelado en el recinto de sesiones.

También solicitó que el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo Silvio D’Alessandro, y al fiscal general, Juan Bautista Mahiques, sean interpelados sobre el presunto intento de encubrimiento del viaje realizado en octubre del corriente a la estancia de Joe Lewis. 

En ese sentido, Barry afirmó que “desde Washington Horacio Rodríguez Larreta volvió a respaldar en forma incondicional a su ministro de seguridad D´Alessandro por el escandaloso viaje a Lago Escondido y su posterior intento de ocultamiento a pesar de la evidencia de los chats que son de público conocimiento”.

A la vez que planteó que “hemos presentado un pedido de interpelación al jefe de Gobierno y el ministro de Seguridad D´Alessandro por los graves hechos. Ante las contundentes pruebas que muestran no sólo la participación del ministro de Seguridad en el viaje si no también su posterior intento de ocultamiento, Larreta ha salido a garantizar la impunidad total” e indicó que “esta actitud es igual de parte de todo su gabinete, como se ve en los ministros Soledad Acuña y Fernán Quirós que la única actitud que han tomado es de encubrimiento de la actuación de D’Alessandro”.

“Por esa razón estamos exigiendo que apruebe en la sesión de este jueves nuestro proyecto de interpelación a D’Alessandro así como también al mismo Larreta para que den explicaciones”, sentenció la diputada.

En el marco de la sesión especial que se llevó a cabo este jueves en la Legislatura porteña, los legisladores del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Alejandrina Barry, Mercedes De Mendieta y Gabriel Solano criticaron con dureza la exposición del jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, y la calificaron como “un papelón”.

En ese sentido, Barry aseguró que “Miguel aprovecha su exposición en la Legislatura para largar una campaña electoral berreta” y consideró que “intenta parecerse a Javier Milei y habla de veredas pero con tono macartista. Lo único que expresa bien es la degradación de su política”.

“El oficialismo de la Ciudad debería agradecerle al peronismo porteño sus servicios. Han sido los garantes de que la bronca entre los trabajadores de la salud y la educación no emerja con más fuerza y en la Legislatura le votaron los endeudamientos a Juntos por el Cambio (JxC)”, cerró.

Mientras que De Mendieta advirtió: “que papelón, Felipe Miguel vino a la Legislatura a hacer campaña electoral por Soledad Acuña defendiendo la comida podrida en las escuelas, la persecusión a los pibes y docentes y la reforma laboral a la docencia” e insistió en que “en su informe de ‘gestión’ vino intentar mostrar a JxC como ‘alternativa’ ante la crisis del peronismo, pero no nos pueden engañar ya gobernaron con Mauricio Macri, que está en Qatar difrutando de palcos VIP mientras millones no llegan a fin de mes”.

“Ante esto, el Frente de Todos definió retirarse de la sesión. No pueden defender un Gobierno que acordó con el FMI y ahora beneficia a los oligarcas y exportadores de soja con otro dólar especial a $230, lo que representa una transferencia de $185.000”, continuó y concluyó señalando que “los únicos que no gobernamos somos las y los trabajadores. Tenemos que seguir impulsando una alternativa política al peronismo y JxC como es el Frente de Izquierda-Unidad impulsando una lista única de la izquierda que proponemos con la fórmula Myriam Bregman – Gabriel Solano”.

En tanto Solano cerró asegurando que “en la Legislatura, Felipe Mieguel convirtió su rendición de cuentas en un kanzamiento de los candidatos del Pro”.

Tras la toma de varios colegios a lo largo de toda la Ciudad de Buenos Aires, la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT)  Alejandrina Barry presentó en la Legislatura porteña un proyecto mediante el cual buscará repudiar las denuncias penales que el Gobierno local llevará a cabo contra los padres de los estudiantes que tomaron esos establecimientos.

En el texto recientemente presentado, la diputada repudió “las denuncias penales a 366 madres y padres de alumnos que fueron parte de medidas de lucha votadas por las organizaciones estudiantiles para reclamar por sus derechos, por considerarlo un gravísimo acto de persecución política atentando con el legítimo derecho a la protesta” y exigió “el cierre inmediato de esas causas y la atención de cada uno de los reclamos de las y los estudiantes”.

En los fundamentos de la iniciativa, Barry explicó que “el Gobierno de la Ciudad presentó insólitas acusaciones penales contra madres y padres que alumnos que supuestamente fueron parte de las tomas de colegios para reclamar por sus derechos” e indicó que “en un nuevo capítulo de criminalización del derecho a la protesta realizó 25 denuncias penales contra 366 madres y padres acusándolos de usurpación de edificio público”.

Además consideró que “la insólita denuncia tiene la finalidad de que los adultos paguen el salario diario del salario del personal docente y no docente de dichas escuelas” y remarcó que “la acusación, además de ser insólita, es un nuevo acto de persecución política a quienes reclaman por sus derechos. Larreta y Acuña tienen como política permanente la demonización de la comunidad educativa, las y los docentes a quienes desprecian cotidianamente, los pibes que tienen que salir a luchar por reclamos elementales que el gobierno se niega a otorgar y ahora hasta sus padres”.

“A los  reclamos de las y los estudiantes, tener una alimentación saludable, mantenimiento de las escuelas, negarse a trabajar gratis en las pasantías ordenadas por el gobierno sigue sin darle respuesta y prosigue con su política persecutoria y también recaudatoria”, añadió y concluyó precisando que “no le alcanzo con mandarles patrulleros a la madrugada a sus casas y a los colegios si no que ahora le suma denuncias penales y una demanda civil por 50.538.442,85 de pesos”.

Las diputadas del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Alejandrina Barry y Mercedes De Mendieta cuestionaron con dureza la decisión de Vamos Juntos (VJ), Unión Cívica Radical- Evolución (UCR-Ev) y Partido Socialista (PS) de no dar quórum para llevar a cabo una sesión especial en la que se buscaría derogar el impuesto a las compras con tarjeta de crédito.

En ese contexto, Barry planteó que “en la Legislatura porteña no se pudo eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito porque JxC, UCR, CC y PS no dieron quórum” y advirtió que desde el oficialismo local “deciden mantener un impuesto altamente regresivo contra las familias trabajadoras que necesitan de este recurso para llegar a fin de mes”.

“La contracara de no eliminar este impuesto, son los beneficios impositivos a grandes constructoras y cadenas de comidas rápidas votados también por el peronismo en la Legislatura”, añadió y concluyó precisando que “desde el Frente de Izquierda exigimos la eliminación del impuesto a las tarjetas de crédito en el marco de la crisis social y pauperización del salario porque implica un ajuste a las familias que necesitan comprar comida, pagar sus tarifas”.

Mientras que De Mendieta remarcó que en la sesión especial de este jueves “se buscó discutir la eliminación del impuesto a los sellos que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta recarga sobre los consumos de tarjetas de crédito de miles de trabajadoras y trabajadoras, pero el oficialismo se negó a hacerlo” e indicó que “desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda no sólo consideramos que este impuesto es un golpe más sobre la clase trabajadora que sufre el ajuste todos los días y recurre a la financiación con tarjetas para lograr subsistir”.

“Denunciamos a todos los sectores del oficialismo de JxC que mientras hablan en contra de los impuestos en campaña y en los medios hoy se niegan a dar quorum, pero también la hipocresía del Frente de Todos que hoy se presenta contra entre impuesto pero no discute los impuestos más regresivos, como el IVA, que sumado a la inflación hace cada día más difícil el sostén de las familias trabajadoras”, continuó.

A la vez que concluyó señalando que “desde el Gobierno Nacional y de la Ciudad privilegian beneficios impositivos y dólares de todos los colores para los sectores más concentrados , y,   sobre la base del ajuste vía la inflación recaudan del bolsillos de las y los laburantes los millones que después destinan al pago al FMI”.

Después de que la ministra de Educación, Soledad Acuña, asegurara que si los estudiantes que participan de las tomas de colegios no recuperan los días de clases podrían quedar libres, los legisladores del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano y Alejandrina Barry dialogaron con parlamentario.com y fustigaron a la funcionaria porteña.

En ese sentido, el trotksista aseveró que “Acuña vuelve a amenazar al movimiento secundario de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene reclamos completamente legítimos” e insistió en que “las prácticas profesionales son trabajo gratuito y descalificación pedagógica”.

Además planteó que “la denuncia que han realizado acerca de la falta de viandas, la calidad de las mismas y la falta de mantenimiento en los colegios ha sido irrefutable”.

“Pero Acuña en vez de llamar a los estudiantes, escucharlos y atender a los reclamos, lo que decide es amenazarlos, ahora con dejarlos libres”, continuó con su relato y opinó que “lo que está haciendo es tirar más leña al fuego y va a provocar una reacción estudiantil aún más fuerte”.

A la vez que advirtió que “la presencia de Acuña al frente del Ministerio de Educación es un peligro para la educación pública de la ciudad. La Ciudad de Buenos Aires no se merece una ministra como ella, debería ser apartada inmediatamente de su cargo”.

En tanto Barry concluyó aseverando que “estamos ante una nueva medida represiva de Soledad Acuña, ella tendría que dejar libre su cargo y renunciar. Los estudiantes le reclaman que tienen hambre, que pasan frío, que tienen que ir a lavar platos en hoteles y ella no solo les responde mandandole la policía a la casa si no también quitándonos el derecho a estudiar”.

Después de que el Gobierno de la Ciudad notificara a las familias de los estudiantes secundarios que están tomando colegios que deberán abonar multas por esta situación, la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Alejandrina Barry presentó en la Legislatura porteña un proyecto para que la ministra de Educación, Soledad Acuña, sea interpelada en esa Casa.

Según se desprende del texto en cuestión, la ministra podría ser citada al recinto de sesiones para brindar precisiones respecto a las “denuncias penales, reclamos económicos millonarios y hostigamiento a las y los estudiantes secundarios y sus familias que vienen reclamando por las paupérrimas condiciones del servicio de viandas, de falta de inversión en infraestructura y por el fin de las actividades laborales gratuitas a las que se ven obligados a concurrir en beneficio de distintos empresarios”.

En los fundamentos de la iniciativa, Barry recordó que “desde hace años las y los estudiantes secundarios de nuestra ciudad vienen reclamando por la disminución constante en la inversión en educación. Poniendo de manifiesto con distintos métodos de expresión y protesta que es inaceptable que en la ciudad más rica del país falten vacantes y que la calidad y la cantidad de las viandas de comida que reciben no cubran ni las necesidades nutricionales ni a la totalidad del alumnado que deberían recibirlas” e indicó que “en los últimos meses, vienen denunciando y enfrentando el plan de prácticas laborales obligatorias y gratuitas impuestas” por el Ministerio de Educación.

Asimismo señaló que “el jefe de Gobierno y la ministra que se pretende interpelar lejos de atender estos justos reclamos han lanzado una campaña de persecución, difamación, hostigamiento policial y judicial con muy pocos precedentes” y destacó que “en los últimos días, frente al aumento y extensión de las tomas, sentadas y pernoctes en distintos colegios secundarios de la ciudad, la ministra de Educación acudió a los medios de comunicación para estigmatizar a los estudiantes en lucha y luego al envío de policías a las puertas de las escuelas con el fin de amedrentar e identificar a las y los alumnos”.

“Además, impulsó denuncias judiciales insólitas con el fin de que los padres de los estudiantes paguen – así lo anunció al ministra Acuña desde su cuenta oficial de Twitter – ‘el costo de los salarios por cada jornada escolar perdida’. También ordenó iniciar causas penales a los padres de los alumnos que están ejerciendo el derecho a manifestarse y a protestar por los derechos que se vulneran desde la misma cartera educativa”, agregó.

Barry también acusó a Acuña de mantener “de forma sostenida la sub-ejecución de las partidas en materia educativa y que diera motivo de otro pedido de interpelación a la misma funcionaria. Es importante recordar que la ministra Acuña también fue condenada judicialmente a pagar una multa por no restituir el transporte para estudiantes con discapacidad” y consideró que “este panorama desolador para docentes y estudiantes de la escuela pública contrasta con la política de beneficios constantes a empresas privadas promovidos directamente por el Ministerio a cargo de Soledad Acuña. Las concesionarias que proveen las viandas en las escuelas de la ciudad siguen haciendo fabulosos negocios a pesar del pésimo servicio brindado que incluye varias denuncias por intoxicación de decenas de estudiantes”.

“La funcionaria que se pretende interpelar debe responder por las políticas de persecución a la docencia, el movimiento estudiantil secundario y sus familias. Asimismo esta legislatura debe demandarle terminar con la desinversión constante en la educación pública y en la sub-ejecución permanente del presupuesto asignado en áreas tan determinantes como las becas y la infraestructura escolar”, sentenció.

Después de que un grupo de estudiantes tomara el colegio Mariano Moreno, la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Alejandrina Barry presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cual buscará condenar la “persecución” del Gobierno local a los alumnos y sus familias.

“La Legislatura de la Ciudad rechaza enérgicamente las amenazas efectuadas mediante una nota oficial dirigida a las familias de los estudiantes por parte del Ministerio de Educación a cargo de Soledad Acuña con motivo de posibles tomas de escuelas. Asimismo, rechaza la persecución a los estudiantes en sus medidas de lucha, como en el colegio Mariano Acosta, y exige una inmediata solución a todos sus reclamos”, sostiene el texto recientemente presentado.

En los fundamentos de la iniciativa, Barry recordó que “el pasado miércoles 21 de septiembre el Ministerio de Educación de la Ciudad remitió una nota oficial a la comunidad educativa con el objetivo de amenazar y amedrentar a las y los estudiantes y a sus familias ante eventuales tomas de establecimientos educativos” y remarcó que “de concretarse, las tomas de establecimientos educativos serán una legítima medida en defensa de la educación de pública ante la política de ajuste y desinversión en la educación por parte del Gobierno porteño y ante falta de respuesta a los recientes reclamos de los y las estudiantes”.

A la vez que explicó que el alumnado reclama, entre otros puntos, por las “viandas escolares en mal estado, de mala calidad y de poca cantidad; establecimientos con graves problemas edilicios y, recientemente, hasta con presencia de ratas; falsas pasantías donde los y las estudiantes son obligados a trabajar gratis y sin ninguna relación con la orientación que estudian”.

“Estas amenazas se llevaron a la práctica ante la toma de la escuela de les estudiantes del Mariano Acosta, llegando incluso a cortarles la luz cuando estaban en el establecimiento”, añadió Barry y concluyó precisando que “es por ello que rechazamos todo hostigamiento y represalia, acompañamos las medidas y acciones que definan las y los estudiantes y exigimos una solución inmediata a todos sus reclamos”.

Después de que se conociera que la tarifa de la red de subterráneos se incrementará en un 40%, la legisladora del Frente de Izquierda (FIT) Alejandrina Barry dialogó con parlamentario.com acerca de esa situación y el amparo que impulsó junto a la diputada Myriam Bregman para frenar el aumento en el boleto.

En ese contexto la legisladora advirtió que “el método que usan para calcular la tarifa no cumple los requisitos establecidos en la ley del Subte y, además, en la tarifa se incluyen gastos que nada tienen que ver con la explotación del subte”, al mismo tiempo que alertó que se busca aplicar una política expulsiva de los pasajeros.

Por otro lado Barry también se refirió al reclamo de los enfermeros y otros trabajadores del sistema de salud para ser incorporados a la Carrera de Profesionales de la Salud. “El gran problema que tienen las enfermeras es que por un lado Juntos por el Cambio se niega a tratar hace años este pedido, a lo que se le suma que acordaron con el gremio SUTECBA una nueva carrera profesional para enfermería a espaldas de las trabajadoras y que mantienen la precarización”, remarcó.

– Junto a Myriam Bregman impulsaron un amparo por el incremento de la tarifa del subte. ¿Cree que será posible revertir el aumento?

-Si bien no podemos saber cómo fallará la justicia, los elementos y pruebas que aportamos a la causa muestran que la única conclusión posible es anular el aumento, por ser ilegal. El método que usan para calcular la tarifa no cumple los requisitos establecidos en la ley del Subte y, además, en la tarifa se incluyen gastos que nada tienen que ver con la explotación del subte.

Por un lado, incluyen en la tarifa los gastos de desasbestización, haciendo responsables a los trabajadores y usuarios por la compra que hizo el Gobierno porteño de vagones mediante con material cancerígeno.

Por otro lado, en la tarifa se incluyen gastos personales y lujosos de la gerencia de Emova. Esto surge de la propia documentación que utilizó SBASE para justificar el aumento de la tarifa, donde surgen facturas por cursos de computación, clases de inglés, alquileres de autos, taxis y líneas de celulares, entre otros gastos que nada tienen que ver con el Subte.

– ¿Considera que se justifica el aumento en el boleto del subte en las condiciones actuales del servicio?

-No se justifica, no solo porque está basado en los gastos que mencionaba antes, que nada tienen que ver con el servicio, sino que además el aumento tarifario también tiene como sustento una política consistente en la expulsión de pasajeros del servicio. La forma de cálculo que utiliza SBASE evita proyectar un mayor número de pasajeros y la cantidad de pasajeros en la actualidad sigue muy por debajo de los valores de 2019, previo a la pandemia. La proyección que hace SBASE con este nuevo aumento tarifario es que siga aún por debajo de esos valores, demostrando que su gestión del subte consiste en una política expulsiva del servicio público del subte que se pretende mantener con el aumento tarifario.

-Por otro lado, desde el FIT impulsaron un proyecto para reclamar la incorporación de los enfermeros a la Carrera de Profesionales de la Salud. ¿Cree que será posible avanzar en la Legislatura en ese sentido?

-Hace dos semanas presente una declaración en la legislatura exigiendo el tratamiento inmediato del pase a la carrera profesional del personal de enfermería, es un reclamo masivo en todos los hospitales que no puede esperar más tiempo. Como parte de nuestro acompañamiento nos presentamos en calidad de Amicus Curaie en el amparo colectivo que existe hace cuatro años. El gran problema que tienen las enfermeras es que por un lado Juntos por el Cambio se niega a tratar hace años este pedido, a lo que se le suma que acordaron con el gremio SUTECBA una nueva carrera profesional para enfermería a espaldas de las trabajadoras y que mantienen la precarización. Estamos junto a ellas denunciando fuertemente esto porque si hay algo en lo que no hay duda, como lo demostró la pandemia es que enfermería es profesional y tiene que pasar a la Ley 6035 que realmente cambiaría sus condiciones de trabajo y de vida.

Después de que se conociera que la tarifa de la red de subterráneos sufrirá un incremento del 40%, la legisladora porteña del Frente de Izquierda (FIT) Alejandrina Barry y Myriam Bregman, la diputada nacional por ese mismo espacio, recurrieron a la Justicia para presentar un recurso de amparo contra la decisión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según lo anunciado por el Ejecutivo local y la empresa Emova, la actual concesionaria de la red de subterráneos perteneciente al Grupo Roggio, el incremento en el pasaje del servicio comenzará a regir desde este viernes y se debe al “aumento de los costos y la caída de la demanda por la pandemia”.

Al respecto de esta situación, Bregman manifestó en sus redes sociales que junto a Barry “presentamos amparo para frenar el aumento del subte a 42 pesos y agregó que el Grupo Roggio y el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta “calculan el valor de la tarifa incluyendo cosas insólitas, como los costos de los cursos de inglés para sus gerentes, sus gastos en celulares, taxis y alquiler de autos”.

“Sus gastos privados los pagamos todos los usuarios”, remarcó la diputada nacional.

Por su lado Barry consideró en un comunicado que “se debería tener una política para que este servicio recupere a sus pasajeros y no para expulsarlos” y afirmó que pese al aumento “este año, es la primera vez que no hay previstas nuevas obras a realizar para ampliar la red de subte”.

Cabe señalar que en el amparo también consideraron “arbitrario” y “preocupante” que el Gobierno de la Ciudad calcule el aumento del subte en base al de los trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Acuden como parámetro al aumento tarifario de trenes y colectivos, omitiendo considerar que el colectivo ya recuperó su demanda prepandemia y el subte no”, argumentaron las legisladoras del FIT.

Con la intención de dar respuesta al reclamo que vienen llevando a cabo desde hace varios años, la legisladora del FIT Alejandrina Barry presentó en la Legislatura de Ciudad un proyecto de declaración mediante el cual volvió a reclamar por la incorporación en “forma inmediata” en el escalafón profesional de la Ley de Profesionales de la Salud N° 6035 a los trabajadores de los servicios de enfermería, bioimágenes e instrumentadores quirúrgicos.

Al respecto de esa situación, la diputada recordó que el pasado 31 de agosto se realizó una manifestación de enfermeras, junto a licenciadas en bioimágenes e instrumentadoras quirúrgicas que exigen el pase a la ley de Profesionales de la Salud N° 6035. En esa manifestación repudiaron a la justicia y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por la suspensión de la audiencia prevista para tratar el reclamo de los trabajadores.

“El Gobierno de la Ciudad difundió el día 30 de agosto un acta donde informaba sobre la creación de una nueva carrera de profesionales en enfermería, denominada CAPE  en acuerdo con los dirigentes gremiales. Esto generó un rechazo enorme entre los trabajadores, ya que no fueron consultados acerca de las condiciones en las que se va a crear esta carrera, mientras que el reclamo urgente de estos trabajadores es la inclusión en la ley N° 6035”, precisó Barry.

Al mismo tiempo que indicó que “tal como se demostró en las presentaciones que realizaron distintas organizaciones, del amicus curiae, que presentamos con la diputada nacional  Myriam Bregman, de miles de firmas que se presentaron, las decenas de movilizaciones de los enfermeros, licenciados en bioimágenes e instrumentadores quirúrgicos son profesionales de la salud. Las pruebas relevantes de que la enfermería son profesionales ya están presentadas, y fueron reafirmadas en la pandemia de Covid 19” y aseveró que “no hay nadie que pueda refutar está realidad conocida por toda la comunidad que acompaña y apoya el reclamo de las y los trabajadores”.

Sobre esa misma línea detalló que “además de poseer títulos de grado, post grado, diversas capacitaciones, y largas trayectoria de cuidados, y sostén de la salud pública, que son los requisitos que solicita la inclusión a la carrera de profesionales de la salud. No se puede olvidar que en el momento más crítico de la pandemia, dónde no había vacunas, fue enfermería el eje de la atención en todos los momentos, desde el ingreso hasta el alta de pacientes”.

Barry también aseveró que “es por ello que resulta evidente que trabajadores y trabajadoras de los servicios de enfermería, bioimágenes e instrumentadores quirúrgicos deben ser incorporados a la ley de profesionales de la salud N° 6035, ya que conforme lo índica la ley en cuestión, la misma se aplica ‘a los profesionales de la salud que desarrollen servicios con carácter permanente, de planificación, ejecución, coordinación, fiscalización, investigación y docencia, y control y gestión de planes, programas y acciones destinados a la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población en el Sistema Público de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires’”.

“La Legislatura porteña debe garantizar el bienestar de toda la comunidad usuaria de los hospitales, centros de salud, y atención comunitaria, para brindar calidad en los cuidados de la salud de toda la población. Por ello debe resolver la aprobación de forma inmediata la inclusión de enfermería, y otras profesiones que reúnan los requisitos que la ley solicita de forma resolutiva, y eficaz”, concluyó la diputada.

La legisladora porteña del PTS en el Frente de Izquierda Alejandrina Barry, acompañada por la diputada nacional Myriam Bregman, presentaron un proyecto para que la Legislatura repudie el plan del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación Soledad Acuña, para eliminar el adicional por hijo del programa Ciudadanía Porteña a las familias de alumnos y alumnas que tengan menos del 85 % de presentismo.

Al respecto, Barry aseguró que “para fomentar la presencia de las y los chicos en las aulas, el Gobierno porteño debería empezar por cumplir la sentencia judicial que lo obliga a otorgar vacantes escolares y becas estudiantiles a quien lo necesite. Algo que no ha garantizado. Al contrario de querer solucionar estos graves problemas, el oficialismo pretende castigar a los sectores más humildes quitándoles hasta el derecho a cobrar un plan social”.

Asimismo, la diputada del Frente de Izquierda confirmó: “Trabajé como operadora social veinte años con niños y niñas en la villa 21 – 24. Si los pibes faltan a la escuela es por problemas económicos, porque no tienen vacantes, porque no tienen zapatillas, les faltan útiles o sus mamás tienen que hacer changas en los horarios que pueden. Estas son las preocupaciones de las familias”. Y agregó: “La medida se da en un contexto de ataque por parte del gobierno nacional a los movimientos sociales”.

Para finalizar, Barry concluyó: “Son altos los niveles de depresión en la adolescencia y en niños y niñas de hasta 10 años, una situación crítica que dejó la pandemia en la juventud. Cómo esto no va a afectar en el presentismo de los y las chicas. Estos problemas hay que encararlos con equipos interdisciplinarios, no con punitivismo”.

Debido a la crisis económica que atraviesa el país, la legisladora del Frente de Izquierda (FIT) Alejandrina Barry cargó con dureza contra el Gobierno de Alberto Fernández y advirtió que la falta de regulaciones permite que “las empresas alimenticias ganan fortunas mientras hay hambre en los barrios”.

En ese sentido, la diputada afirmó que “la situación en los barrios está muy crítica. Me contaba el otro día un médico de una salita que están preocupados por la salud de los chicos porque se les caen los dientes por la falta de nutrientes” e indicó que hay “gente que tiene que ahorrar su salario para el fin de semana, que es cuando menos comedores hay, y el resto de la semana comen en los comedores”.

Al mismo tiempo que recordó que “hay sectores populares que votaron al gobierno de Fernández para sacar a Macri que ahora están viviendo lo mismo: los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Los empresarios del agronegocio protestan, suben los precios y el gobierno no hace nada”.

Sobre esa misma línea Barry responsabilizó a las empresas por el abrupto crecimiento de los precios. “El problema es que a los empresarios no se les pone ningún límite a que sigan ganando: del transporte, la energía. En el rubro de alimentos, los empresarios de los agronegocios han subido sus ganancias de forma obscena y el gobierno no hizo nada, al contrario, aumentó el ajuste. Hoy la ministra Batakis está en Washington”, señaló en diálogo con Crónica Tv.

“No hay ningún control de precios. Son todos anuncios del gobierno que después no se cumplen porque no tocan a las grandes empresas, con medidas elementales como abrir los libros de contabilidad, para que se vean las ganancias que tuvieron durante todo este tiempo”, añadió y señaló que “la única salida serían comités de los trabajadores de las empresas junto a los vecinos para controlar esos precios”.

Finalmente, Barry sentenció que “lo que estamos viviendo hoy es consecuencia del acuerdo con el FMI. Por eso nosotros planteamos que no hay que pagarle. Lo que se necesita hoy es escuchar la voz de los trabajadores. Hace falta un paro y un plan de lucha, es necesario que los trabajadores salgan a la calle, porque son los que producen la riqueza social y se la apropian los grandes empresarios con la anuencia del Gobierno”.

A la hora de las preguntas, la diputada Alejandrina Barry (PTS/Frente de Izquierda) consultó al jefe de Gabinete sobre la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas porteñas. Le recordó la vigencia de la Ley de Identidad de Género, que es de 2012, y que ya existe el derecho a tener una identidad de género no binaria. Ante ello, le preguntó a Felipe Miguel “¿cómo van a hacer les docentes para referirse a les estudiantes que tienen una identidad no binaria? ¿Proponen que se los niegue, no se los nombre, que se los saque de las listas directamente?”.

“Quiero ser claro: el lenguaje inclusivo no está prohibido”, aclaró de entrada el jefe de Gabinete porteño, que precisó que “se reguló el uso de la x, la e y el @ para las instancias de clases. Para dar clases y en las comunicaciones con la familia. No está prohibido. La prioridad es facilitar el aprendizaje de los chicos. Es una prioridad que los chicos aprendan, no solo a escribir, sino a comprender lo que leen. La alteración del lenguaje español implica para muchos chicos una traba más”.

Hubo también varias referencias a las prácticas educativas obligatorias en empresa y organizaciones. Sobre todo desde la izquierda fueron irónicos, preguntándole al funcionario sobre el aporte pedagógico de “armar sánguches” para los estudiantes. “¿Contar las fetas de paleta y queso los va a ayudar en las evaluaciones de matemáticas? ¿Armar pedidos de golosinas va a fomentar su capacidad crítica?”, preguntó con ironía la legisladora Barry.

Miguel aclaró que el programa está destinado a los alumnos de los últimos años con el objeto de prepararlos para la vida laboral, y en ese contexto tienen días en los que en lugar de ir a la escuela van a empresas u organizaciones.

“Las practicas están previstas en el diseño curricular. Los alumnos transitan por empresas como Accenture, Bago, Banco Galicia, Banco Ciudad, entre otras, recorriendo distintas instancias del proceso de diseño y en este proceso confeccionan presupuestos, arman costos, arman propuestas comerciales, presentaciones y devoluciones para clientes ficticios, e incluso profundizan en proceso de auditoría. En todos los casos y tareas eso permite a los estudiantes la adquisición de habilidades para la empleabilidad”.

A raíz de la publicación del informe de ejecución presupuestaria correspondiente al primer trismestre del año, la legisladora del Frente de Izquierda (FIT) Alejandrina Barry presentó en la Legislatura porteña un pedido de interpelación a la ministra de Educación, Soledad Acuña, para que brinde precisiones acerca de la subejecución del presupuesto en materia educativa.

En ese sentido, Barry explicó que el pedido de interpelación de la funcionaria tiene que ver con cinco puntos centrales, el primero de ellos es “por qué ejecutó solo el 0,1% del presupuesto para becas estudiantiles (mientras en los medios habla de la deserción). La contracara es que para publicidad ya ejecutaron el 22 %”. Mientras que en segundo lugar planteó la pregunta: “por qué los subsidios a cooperadoras escolares llevan ejecutado un 8 %, a infraestructura un 10 %, mientras recibimos todos los días denuncias sobre el mal estado de las escuelas”.

En tercer lugar, la legisladora señaló que también se la busca interpelar “por qué las prácticas laborales son extracurriculares, donde estudiantes de un colegio comercial trabajan gratis para Rappi, o en el caso del Lengüitas en una fábrica de sándwiches”.

“Por qué incumple decenas de fallos judiciales, como el de vacantes y construcción de escuelas que iniciamos con Myriam Bregman, sobre alimentación y comedores escolares e incluso tiene que pagar multas por no restituir el transporte para estudiantes discapacitados”, es el cuarto punto de la interpelación.

Por último, Barry pregunto sobre la decisión de Acuña “de sumariar con el castigo de descontarles 30 días de sueldo a docentes, por el solo hecho de oponerse a estas políticas contra la educación pública”.

La legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Alejandrina Barry analizó el “Informe sobre ejecución presupuestaria, producción física y stock de deuda” correspondiente al primer trimestre del año y cuestionó con dureza la ejecución del Presupuesto, al mismo tiempo que advirtió que se “gastó más en publicidad que en educación”.

Según consignó la opositora, de presupuestado para becas estudiantiles, al 31 de marzo de 2022, solamente se ejecutó el 0,1%; mientras que los subsidios a cooperadoras escolares llevan ejecutado un 8%. No obstante, precisó que la publicidad y propaganda ya cuenta con un 22% de ejecución.

“Según sus propios datos, se demuestra que a Soledad Acuña no le importa la educación. El gobierno de la Ciudad destinó más recursos a publicidad que a becas escolares o infraestructura edilicia”, afirmó Barry y remarcó que “justo es el primer trimestre cuando más se necesitan las becas para los miles de chicos que las necesitan para estudiar, sin embargo, subejecutan ese rubro del presupuesto. Una canallada”.

Al mismo tiempo que consideró que “son datos que eran de esperar, porque Horacio Rodríguez Larreta y Acuña, necesitan un cerco mediático y mucha publicidad para ocultar, entre otras cosas, la falta de vacantes y el incumplimiento permanente del Gobierno a un fallo judicial que logramos con un amparo que realizamos con mi compañera Myriam Bregman, docentes y familias de Vacante para Todos”.

Además remarcó que “levantan la bandera de la educación como uno de sus pilares de gobierno, necesitan ocultar las denuncias que me llegan a diario desde las escuelas que se caen a pedazos, como ocurrió recientemente en el barrio de Belgrano”.

“Mientras Acuña presenta su libro sobre educación, se la pasa atacando a los docentes que ponen el cuerpo todos los días frente al aula, algo que ella desconoce porque nunca fue docente. Por eso me solidarice con los docentes sancionados por denunciar que un funcionario del gobierno iba a las escuelas a hacer actos políticos de Juntos por el Cambio”, sentenció.

Ante los hechos de público conocimiento, sobre las irregularidades en la utilización del sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad, la legisladora porteña del PTS Frente de Izquierda Alejandrina Barry presentó un pedido de interpelación al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

Al respecto, Barry declaró: “Por la gravedad de los hechos, consideramos que el ministro tiene que presentarse inmediatamente en la Legislatura a dar explicaciones. Son hechos graves, se trata de métodos ilegales de persecución a dirigentes políticos, sociales, sindicales y periodistas. Algunos de ellos y ellas son la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, Estela de Carlotto, Alejandro Bercovich, mis compañeros diputados Nicolás del Caño y Myriam Bregman. En el caso de mi compañera Myriam, mientras denunciaba el espionaje del gobierno de Larreta, de forma anónima lograron dar de baja su línea telefónica; hace unas semanas habían hecho lo mismo con su cuenta de Twitter”.

Asimismo, Barry agregó que “cuando en octubre de 2020 se aprobó la regulación de este sistema, nos opusimos tajantemente denunciando que violaba la privacidad y en todo el mundo había sido utilizado en forma discriminatoria para la persecución política y la criminalización de la protesta social. Nuestras denuncias estaban basadas en lo elaborado en común con organismos de derechos humanos que presentaron cartas en la Legislatura, para que ese proyecto no sea votado, en base a los estudios realizados durante años en distintos países”.

Para finalizar, concluyó: “Los antecedentes de este sistema fueron utilizados por la AFI, para armar al grupo Súper Mario Bros y desde ahí tener pleno acceso a las cámaras de seguridad. Al sistema de reconocimiento facial no se lo regula, se lo prohíbe decíamos en esa sesión y no nos equivocamos, los hechos están demostrando que está siendo utilizado, como un método de vigilancia masiva de la población y para los fines de la persecución política”.

A pesar de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que el próximo año se completará la construcción de 54 escuelas y que se habilitarán nueve mil nuevas vacantes, la legisladora del PTS- FIT Alejandrina Barry adelantó que no serán suficientes para cubrir el faltante de 56 mil vacantes y volvió a pedirle al GCBA que cumpla con el fallo judicial que busca garantizar el acceso de todos los estudiantes al sistema público.

En ese sentido, la diputada recordó que “en 2016 presentamos un amparo colectivo junto a los entonces legisladores Myriam Bregman, Patricio del Corro, docentes, familias y el colectivo ‘Vacantes Para Todxs’. Allí, quedó demostrado judicialmente, con fallo en dos instancias, la falta de vacantes. Los datos surgieron de las declaraciones de las y los Supervisores Escolares de todos los distritos y de la documentación aportada por el propio gobierno porteño”.

Además afirmó que “en 2019 la jueza Elena Liberatori, del fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad, dió la razón al reclamo y obligó al gobierno porteño a garantizar el acceso a la educación en 20 barrios, la mayoría en la zona sur, en los que se comprobó la falta de vacantes. En dicho fallo, además, llama a la Legislatura a aumentar el presupuesto en educación”.

“La sentencia tiene un capítulo específico donde se muestra la mentira de las 54 nuevas escuelas. Explica que el Gobierno sólo logró acreditar la construcción de 5 escuelas. En todos los otros casos, el oficialismo hace pasar como escuelas nuevas supuestas refacciones de escuelas ya existentes”, agregó-

Para finalizar, la referente del FIT concluyó señalando que “la sentencia fue confirmada en noviembre de 2021 por la Cámara de Apelaciones, en un fallo que menciona expresamente que fue el propio Gobierno quien presentó documentación de la que surge una gran cantidad de alumnos sin vacantes”.

En medio del inicio de un nuevo ciclo lectivo, la legisladora porteña del PTS FIT Alejandrina Barry diálogo con parlamentario.com acerca de la denuncia que vienen desarrollando distintos colectivos relacionados con la educación acerca de que en la Ciudad de Buenos Aires faltan 56.832 vacantes.

En ese sentido la diputada advirtió que está delicada situación se debe a que desde el Gobierno porteño “ajustaron durante más 10 años el presupuesto educativo mientras aumentaron sin excepción los subsidios a las escuelas privadas” y recordó que “esta situación viene siendo denunciada desde hace años por familias, docentes, sindicatos y cooperadoras escolares”.

“Junto a ellos seguiremos luchando como siempre lo hicimos, para enfrentar la política de ajuste a la educación pública de Larreta y Acuña. Porque como el Gobierno porteño no tiene intención de solucionarlo, lo que propone en algunos casos son derivaciones a otros distritos escolares, otorgando vacantes en barrios muy lejanos de los hogares de los niños y adolescentes, obligándolos a realizar largos trayectos para asistir a la escuela, algo muy difícil de sostener”, aseveró.

– En los últimos días trascendió que en la Ciudad faltan casi 60 mil vacantes. ¿Por qué cree que se llegó a esta situación?

-Porque las frases de defensa de la educación pública son sólo eso, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña, ajustaron durante más 10 años el presupuesto educativo mientras aumentaron sin excepción los subsidios a las escuelas privadas. Para colmo, sub-ejecutaron las partidas presupuestarias de las áreas de Educación que, supuestamente, tienen a cargo la refacción y construcción de escuelas y jardines. Digo supuestamente porque desde hace años que esas partidas tampoco prevén específicamente nuevas escuelas o jardines a construir y en los hechos no se construye ninguna. Por eso lanzaron la campaña de las “54 nuevas escuelas” que luego se demostró que era una mentira.

Esta situación viene siendo denunciada desde hace años por familias, docentes, sindicatos y cooperadoras escolares. Fue junto a todos ellos y el colectivo de “Vacantes Para Todos” que en 2016 presentamos con mis compañeros Myriam Bregman y Patricio del Corro, un amparo exigiendo el acceso irrestricto a la educación pública en toda la Ciudad. En primera y segunda instancia la justicia nos dio la razón, con dos fallos que tuvieron por acreditada la falta de vacantes en 20 barrios de la Ciudad, y condenaron al Gobierno porteño a revertir esa situación y la Legislatura a aumentar el presupuesto educativo. ¿Qué hicieron Larreta y Acuña? En ambas oportunidades apelaron para no cumplir el fallo.

– ¿Cuáles son los sectores más afectados por la falta de vacantes? ¿Qué opciones tienen los niños y adolescentes que no pudieron acceder a una?

-Los sectores más empobrecidos de la Ciudad. En nuestro amparo por vacantes se demostró que faltan vacantes en la mayoría de los distritos escolares de la zona sur de la Ciudad y de la zona de Retiro, donde está ubicado el Barrio Múgica. Por eso me dio mucha bronca cuando Soledad Acuña, en un reportaje reciente, planteó con total cinismo que la falta de vacantes es “una suposición” de mi compañera Myriam Bregman. Lejos de ser una suposición, está reconocido en dos sentencias judiciales que Acuña se niega a cumplir y es la realidad que nos cuentan siempre familias y docentes recorriendo los barrios más afectados por la falta de vacantes.

Junto a ellos seguiremos luchando como siempre lo hicimos, para enfrentar la política de ajuste a la educación pública de Larreta y Acuña. Porque como el Gobierno porteño no tiene intención de solucionarlo, lo que propone en algunos casos son derivaciones a otros distritos escolares, otorgando vacantes en barrios muy lejanos de los hogares de los niños y adolescentes, obligándolos a realizar largos trayectos para asistir a la escuela, algo muy difícil de sostener. Pero en otros casos ni siquiera eso, no se ofrece ninguna alternativa y cientos de niños y adolescentes pasan varios meses del ciclo lectivo en lo que el Gobierno llama “lista de espera”, es decir, que no tienen vacante ni escolarización. Por eso es que seguimos luchando junto a familias y docentes para que el gobierno cumpla con la sentencia de nuestro amparo y se construyan escuelas, para garantizar el acceso a la educación pública de todos y todas.

– Una de las principales apuestas del Gobierno de la Ciudad en materia educativa es la de incorporar las prácticas laborales en los últimos años del nivel secundario. ¿Qué opinión le merece esta decisión?

-En primer lugar hay que remarcar que es un caso único en el mundo, son pasantías que no se pagan, es claramente una política educativa al servicio de conseguir mano de obra gratuita para grandes multinacionales y del mercado financiero. Como su correlato, estas pasantías van acompañada del dictado de una serie de horas de “educación financiera” que darán gerentes y directivos de Mercado Libre, entre otras empresas que tienen denuncias por precarización laboral o clases dictadas por Bancos que ganaron millones durante toda la pandemia como es el caso del Banco Santander Río, que fue uno de los baluartes del Mauricio Macri cuando acordó con el Fondo (deuda que hoy quiere pagar Alberto Fernández) y organizó la fuga de capitales. Los lineamientos pedagógicos del Gobierno de la Ciudad van en consonancia con una educación que quieren cada vez más mercantilizada, relacionada con el capital financiero y al servicio de sus ganancias. Ya existen ejemplos en el mundo como es el caso de Italia, que el nivel de precarización laboral generada por estas “pasantías” está dando movilizaciones muy importantes de los estudiantes secundarios ante el caso de un crimen social (mal llamado accidentes laborales) en las empresas que se ofrecen en la escuela. En Argentina, fue el gerente de la planta Toyota en la Provincia de Buenos Aires quien volvió a comenzar con este debate planteando que la escuela secundaria no forma mano de obra para sus trabajos precarios

– Más allá del área de educación, en unos días se dará inicio a un nuevo año parlamentario. ¿Cuáles serán los principales proyectos de la izquierda?

-En primer lugar, como militante de Derechos Humanos enfrentar las políticas represivas que van de la mano de aplicar el ajuste del FMI, legisladores del bloque llamado libertario han presentado un proyecto para limitar las protestas al que hemos repudiado y planteamos que el derecho a la protesta es el principal derecho porque sin él no se puede seguir peleando por los demás. Nos vamos a oponer a todos los proyectos de ajuste y quitas de derechos  que se intentarán votar en las distintas legislaturas al servicio del pacto con el FMI para pagar la deuda Macrista.

Al contrario, vamos a presentar proyectos que garanticen de verdad la educación para todos los chicos de la ciudad, con la cantidad de escuelas necesarias para que no haya un solo estudiante sin vacante. La alimentación también es un tema central, al comienzo de la pandemia conseguimos un fallo que obligó a cambiar el menú de las escuelas que daba el Gobierno de la Ciudad, un sándwich de fiambre que no otorgaba los nutrientes necesarios para los niños y niñas. Con el aumento de la pobreza garantizar la educación es también garantizar que los chicos tengan el derecho a una alimentación saludable y no que sea otro negociado más de Larreta como son las empresas concesionarias. También vamos a presentar proyectos que den respuesta a la emergencia en violencia de género en la Ciudad donde la falta de acceso a la vivienda de muchas de ellas sigue siendo un problema terrible. Acompañé y estuve presente el día del terrible desalojo a las mujeres de villa 31 en la toma que ellas mismas llaman Fuerza de Mujeres, al día de hoy siguen sin darle ninguna respuesta a su reclamo, algo generalizado en los barrios populares de CABA. Por supuesto el pase a la carrera profesional de enfermería estará también entre nuestros principales reclamos, como lo hemos venido haciendo acompañando en sus protestas al personal de salud durante la pandemia.

– Por último, ¿Qué expectativas tiene al respecto del trabajo conjunto con el resto de los bloques de la Casa?

-Con el resto de los bloques no vemos expectativas, por supuesto nosotras y nosotros si existe una ley en defensa del pueblo trabajador votamos a favor sin mirar al lado pero no es lo que ocurre en esta Legislatura, más allá de los discursos las principales leyes de Larreta han sido votadas por la oposición como el Peronismo, la posibilidad de endeudarse en dólares sin siquiera saber al día de hoy adonde fueron esos fondos, lo que sí sabemos que a educación, construcción de viviendas, ayuda social no fueron. Otras como beneficios a las grandes constructoras, que las utilizaron para los mega negocios inmobiliarios, beneficios a empresas de comidas rápidas como McDonald ‘s que tienen ganancias millonarias y super explotan a la juventud, entre otras.

Nuestro compromiso es con las y los trabajadores, los sectores populares y la juventud de la Cuidad, que nuestra banca sea el lugar desde donde puedan expresar sus demandas, peleas y acompañar todos y cada uno de los reclamos.

Hace unos días el bloque de Javier Milei en la Legislatura porteña presentó su primer proyecto de ley, que pretende prohibir las manifestaciones. Con el legislador Ramiro Marra a la cabeza salieron a recorrer los medios con este proyecto ¿Qué es lo que buscan?

Su objetivo tiene que ver más con llamar la atención que con generar un resultado real: tanto Marra como Milei saben perfectamente que el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución Nacional y, obviamente, ninguna legislación local puede estar por encima.

De hecho su proyecto no es nada original. Algo muy similar, aunque más elaborado, fue impulsado por el macrismo en el año 2016 a través de un protocolo redactado por la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

¿Pero contra qué manifestaciones apuntan? Igual que Bullrich, Millei o Marra no están preocupados por cercenar la protesta “en general”. De hecho se los ha visto en los banderazos convocados por sectores afines a sus espacios, que también cortaban el tránsito en el centro porteño. Tampoco es que les preocupe “la libre circulación” en general, son defensores de la apropiación de territorios que hacen los magnates locales y extranjeros de nuestras tierras. No les preocupa la libre circulación para acceder a Lago Escondido y los “piquetes” parapoliciales de la seguridad de Lewis. Ellos no apuntan contra los “piqueteros de la abundancia”, les molesta la protesta de los sectores trabajadores y populares. Para ellos solo puede protestar la “gente bien”.

Pero las manifestaciones, protocolos prohibitivos mediante, no se pueden frenar por ley o por show mediático. Estos proyectos lo único que pretenden es generar un clima represivo, algo que en Argentina sabemos que muchas veces ha terminado con manifestantes heridos o muertos. No es casualidad que Marra y Milei hayan sido parte de quienes a 20 años de la caída de Cavallo y De la Rúa por la movilización popular salieron en Twitter con una campaña sincronizada para decir que esas jornadas habían sido un “golpe”.

 Si lo sucedido “fue un golpe” los casi 40 muertos producto de la represión estatal de esos días no son víctimas de la represión sino “golpistas”. Y lo dicen sin sonrojarse, desde un espacio político que niega el genocidio de la última dictadura o cuyo líder político trabajó nada más ni nada menos que con el genocida Antonio Bussi.

La analogía también es válida porque estamos volviendo a vivir momentos de una enorme crisis social y a las puertas de lo que será un cogobierno con el FMI que durará más de una década. Las movilizaciones van a seguir existiendo y aumentando en la medida que avancen los planes de ajuste y su aumento será directamente proporcional al nivel de deterioro del nivel de vida de las y los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Milei y Marra saben que este es el escenario próximo para la Argentina, y saben también que ajuste y represión nunca se sueltan la mano. Por eso su objetivo de fondo no es más que, nuevamente, correr todo el debate político a la derecha. No hablemos de los 6 de cada 10 pibes pobres, de la desocupación y de por qué hay que pagar una deuda ilegal e ilegítima, mejor hablemos de las manifestaciones. Este peligroso discurso también alienta, o de mínima encubre, ataques contra las manifestaciones como el perpetrado por encapuchados con armas de fuego y cuchillos contra manifestantes en el marco de una masiva movilización contra el acuerdo entre el Gobierno y el FMI en la provincia de Córdoba.

El derecho a la protesta no es un derecho más, sino uno de especial relevancia: se trata de un derecho fundamental para pelear por los restantes derechos. Sin  derecho a la protesta, todos los demás derechos quedan bajo amenaza, puestos en riesgo. Por ello resulta sensato designar al derecho a la protesta como “el primer derecho”.

Como recientemente resumió mi compañera Myriam Bregman “Quieren poner en cuestión el derecho fundamental a manifestarse. Sin él, no se pueden reclamar los demás, se vuelven inexigibles. Milei y su gente corren la agenda a la derecha y las patotas avanzan en la impunidad que les provee el Estado, como la de Lewis, como las de Córdoba”. Lo más funcional al poder es detener este derecho, justamente cuando el resto de los mismos (educación, salud, trabajo) se ven duramente atacados.

Repudiamos no solo el intento de cercenar la protesta sino también la búsqueda de criminalizarla y estigmatizarla. El pueblo trabajador argentino tiene una enorme historia en las calles, y tiene memoria. Después de todo, no hay derecho que se conquiste y se mantenga sin lucha y la calle es el terreno donde estará gran parte de la pelea contra este nuevo ajuste que se profundizará de la mano del acuerdo con el FMI.

Dandole cumplimiento al acuerdo partidario de rotación de las bancas, las legisladoras del FIT y PTS, Alejandrina Barry y Myriam Bregman, renunciaron este jueves a sus bancas en la Legislatura porteña y en su lugar prestaron juramento Mecedes De Mendieta y Amanda Martín.

En su carta de renuncia, Bregman expresa que “a partir del día 3 de junio del corriente año dejo mi banca para que la ocupe Mercedes de Mendieta, integrante del partido Izquierda Socialista”. De tal manera Mendieta completará el mandato hasta el próximo 10 de diciembre.

En el caso de Alejandrina Barry, la renuncia se hará efectiva el mismo día que su colega, y en su lugar asumirá Amanda Martín, del Polo Obrero. El mandato de Martín será más extenso, pues al haber asumido Barry en 2019, se extenderá hasta fines de 2021.

Al momento de asumir su banca, Martín explicó que tiene “un enorme compromiso con la defensa de la educación pública. Desde esta banca vamos a enfrentar la política de Acuña y Larreta, defendiendo la salud de la comunidad educativa, contra las reaperturas sin condiciones y por el acceso a la educación para todos los pibes y pibas. Como legisladora voy a seguir también trabajando en escuelas y cobrando como docente” y precisó que “desde la asunción vamos a impulsar 10 leyes que recogen cuestiones fundamentales, muy sentidas por los trabajadores de la Ciudad en materia de educación, salud, vivienda y derechos de las mujeres, como continuidad del trabajo desarrollado por mi compañero Gabriel Solano”.

“La Ciudad de Buenos Aires está privatizada, empobrecida y precarizada como resultado de todos los que gobernaron en las últimas décadas. Larreta y Macri se apoyaron en distintos pactos con el PJ-kirchnerismo y la UCR para llevar adelante su política. Todos son responsables. La salida a esta situación la tienen que dar los trabajadores con una mayor organización y lucha. Esa es nuestra perspectiva”, completó.

Dos diputadas de la izquierda que habitan la Legislatura porteña dieron cumplimiento este lunes al acuerdo existente en ese espacio para rotar los cargos legislativos. Es así que Myriam Bregman y Alejandrina Barry presentaron sus respectivas renuncias para que completen sus mandatos quienes las suceden en las listas que las llevaron a la Legislatura.

En su carta de renuncia, Bregman expresa que “a partir del día 3 de junio del corriente año dejo mi banca para que la ocupe Mercedes de Mendieta, integrante del partido Izquierda Socialista”. De tal manera Mendieta completará el mandato hasta el próximo 10 de diciembre.

En el caso de Alejanrina Barry, la renuncia se hará efectiva el mismo día que su colega, y en su lugar asumirá otra mujer, Amanda Martín, del Polo Obrero. El mandato de Martín será más extenso, pues al haber asumido Barry en 2019, se extenderá hasta fines de 2021.

Mercedes de Mendieta es docente en la _Ciudad de Buenos Aires y licenciada en Ciencia Política; Amanda Martín es dirigente de ADEMyS.

El paso dado por ambas legisladoras tiene que ver con el fin de dar cumplimiento a lo convenido en las actas de acuerdo del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, en cuanto a dar rotación en los cargos entre las distintas fuerzas que componen esa fuerza.

Legisladores porteños del Frente de Todos se manifestaron respecto a las audiencias públicas que se están llevando a cabo sobre las tarifas del transporte público, y denunciaron que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta “sigue avanzando con sus políticas recaudatoria a costa de los vecinos”. 

Al respecto, Santiago Roberto manifestó: “Si algo nos faltaba a las y los porteños es que el Gobierno de la Ciudad aumente al doble la tarifa del estacionamiento medido. Larreta sigue avanzando con su política recaudatoria, a costa de las y los vecinos sin importarle la difícil situación económica que están atravesando”. 

En este sentido, agregó que, además, “no sólo van a aumentar la tarifa, sino que van a extender de 4 mil a más de 85 mil los espacios que serán pagos para estacionar en la calle. Por eso, para que las y los porteños sean escuchados, hace un año presenté un proyecto para realizar un referéndum vinculante para que sean ellos quienes decidan si están de acuerdo con la extensión del estacionamiento medido a todos los barrios, pero el oficialismo y sus aliados se niegan sistemáticamente a tratarlo porque saben que la gente está en contra. Con esta medida, el Gobierno porteño demuestra que quieren convertir a Buenos Aires en una ciudad expulsiva que solo esté al alcance de quienes puedan pagarla”. 

Por su parte, la diputada del PTS Alejandrina Barry se expresó a través de las redes sociales, y sostuvo que se trata de “más negociados para las empresas, con salarios que pierden cada vez más”.

En el marco de la última reunión de la audiencia pública por la construcción de un barrio náutico en Costa Salguero y Punta Carrasco, la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Alejandrina Barry rechazó la construcción de torres en el lugar y pidió que se construyan viviendas para los sectores populares.

Durante su exposición indicó que “luego de haber escuchado a miles de especialistas, vecinos y vecinas especialmente jóvenes, la conclusión es que hay que archivar este proyecto por su oposición masiva” y destacó que “el 97 % de las personas que han expuesto en la audiencia se han manifestado en contra y un 65 % de la población de la Ciudad lo rechaza. Pero como dicen, los ricos no piden permiso”.

Al mismo tiempo que consideró que “la antesala de este proyecto son varios otros que impulsó el oficialismo porteño, como la aprobación de una ley de beneficios impositivos a las grandes constructoras, que contó con el acompañamiento del Frente de Todos y todos los demás bloques a excepción de la izquierda”.

A su vez, afirmó que “se van usar fondos de la cuenca Matanza Riachuelo para este proyecto, es decir, usufructuar dinero que se supone que es para paliar la contaminación y las condiciones de salud de miles de personas, la mayoría pobres, que vive las consecuencias del plomo en sangre, entre otras graves implicancias” y remarcó que “no sólo se van a usar esos fondos si no también la infraestructura. Esto quiere decir que los desechos de quienes viven en esas torres de lujo irían a parar a Dock Sud”.

“Con lo que pretenden gastar en Costa Salguero, cuántas refacciones se podrían haber hecho en las escuelas para garantizar la salud de nuestros pibes y pibas”, indicó y concluyó señalando que “eso es priorizar una vuelta a clases segura como reclaman las familias y docentes. Éstas son las necesidades prioritarias junto a la construcción de viviendas para los sectores populares y la clase media”.

Cabe recordar que la audiencia pública por este proyecto estuvo a cargo de la Comisión de Planeamiento Urbano, presidida por la oficialista Victoria Roldán Méndez (VJ), y se trató de la audiencia más larga en la historia de la Legislatura porteña: participaron más de siete mil personas y se extendió por 27 jornadas.

Debido a una serie de detenciones que se realizaron en el último tiempo de vendedores ambulantes, la legisladora del PTS Myriam Bregman -junto a Alejandrina Barry (FIT)- impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través del cual buscará manifestar “una profunda preocupación por el incremento de las detenciones y operativos dirigidos contra vendedores ambulantes de nuestra ciudad”.

Al mismo tiempo que señaló especialmente su “repudio al hostigamiento y discriminación que tiene como víctimas a los vendedores ambulantes de la comunidad senegalesa quienes vienen siendo el objetivo central de estos operativos y siendo víctimas de un inaceptable trato xenófobo y racista”.

En los fundamentos del texto, la diputada señaló que “es de público conocimiento que en las últimas semanas operativos con cientos de policías y miembros de la cartera de Espacio Público persiguen a los vendedores ambulantes de distintas zonas comerciales de la ciudad, en especial la zona de Once y Flores” e indicó que “estos operativos, dirigidos contra personas que realizan actividades de subsistencia en el marco de una gravísima crisis económica agravada por la actual crisis sanitaria y las medidas de aislamiento dispuestas, son llevados adelante con extrema violencia”.

“En efecto en las últimas dos semanas fueron detenidos un gran número de vendedores ambulantes. Las características de los operativos son siempre recurrentes: se dirigen especialmente contra los vendedores de la comunidad senegalesa, se secuestra la mercadería y el dinero con el que cuentan estos trabajadores, en la mayoría de los casos se los golpea o se los degrada verbalmente con insultos de contenido racista o xenófobo y por último se los detiene bajo cargos falsos como atentado y resistencia a la autoridad y violación de la ley de marcas”, añadió.

Sobre esa misma línea, remarcó que “esas causas inventadas siempre son desestimadas por el poder judicial local y federal” y concluyó aseverando que “los operativos son cada vez más frecuentes y atacan en especial a sectores que dependen de las ventas en la calle para poder acceder a un plato de comida ya que en el caso de los vendedores de origen africano no fueron contemplados para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ni cualquier otra asistencia alternativa”.