El jefe del bloque Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, advirtió sobre la administración de los recursos que se vayan a recaudar a partir del aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas.

En su discurso en la sesión de este martes, el diputado anunció que la mayoría del Interbloque Federal acompañará la iniciativa. Además, cuestionó los “rótulos” puestos hacia su espacio por el apoyo al proyecto impulsado desde el Frente de Todos. “Nosotros sabemos bien dónde estamos y por qué”, expresó.

El bonaerense sostuvo que “este es un instrumento que, basado en una filosofía solidaria, viene a traer un acompañamiento parcial para ir saliendo del pozo en el que estamos, que es social, económico y productivo”.

“Topo” Rodríguez pidió que “la discusión no termine solo con la eventual aprobación de la norma, porque las políticas públicas son lo que se termina implementando, no solo lo que se aprueba en términos legales”.

En ese sentido, el legislador se preguntó: “¿Estos fondos que eventualmente resulten de la recaudación de este nuevo tributo van a ir de inmediato a formar parte de los recursos que ya están previstos en el Presupuesto?”.

“Porque si vamos a canjear estos recursos recaudados por lo que ya hemos aprobado en el Presupuesto vamos a estar haciendo ahorro o ajuste. Ojo al piojo”, advirtió y por eso aseguró que “estos recursos deben permanecer blindados, indisponibles, embargados y solo ejecutarse de manera automática cuando se termine de gastar el último peso previsto para cada una de estas finalidades previstas”.

El presidente de Consenso Federal insistió que esto “es esencial para no confundir recursos adicionales con recursos que terminan sustituyendo lo que el Presupuesto tiene previsto”. “Si así no se hiciese se desnaturalizaría en la práctica el espíritu de este proyecto”, añadió.

También opinó que el aporte solidario y extraordinario “tiene que ir acompañado de otros esfuerzos y de políticas bien claras”, por lo tanto pidió que no se continúe dolarizando deuda en pesos a los fondos especulativos.

Y finalmente dijo que “este proyecto no sería completo si a la par no discutiésemos de inmediato, si es posible antes de fin de año, un impulso para los verdaderos generadores de empleo en Argentina, que son las PyMEs: cero impuesto a las Ganancias a todas las PyMEs que reinviertan sus utilidades en equipamiento o bienes de capital y creen trabajo”.

El debate sobre la presencialidad en las sesiones del Congreso pareciera haber quedado relegado a partir del fallo del juez Enrique Lavié Pico de esta semana, que significó un revés para Juntos por el Cambio, que viene reclamando desde hace rato avanzar hacia lo más parecido a una normalidad. Así y todo, la novedad es que esa postura sea expresada hoy desde sectores ajenos a la principal oposición.

En la previa de la sesión de este miércoles en la Cámara baja, el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez apareció con un certificado de Covid negativo que mostró profusamente para reclamar la presencialidad en los debates. “Este certificado tiene menos de 24 horas, y me parece que ya es tiempo de que en los diputados, que no tenemos restricciones, ni ningún tipo de inconvenientes, sea por grupo de edad o por cuestiones de salud, estemos de manera presencial”, señaló por la pantalla de Diputados TV.

Y reforzó su postura poniendo el ejemplo de que “los empleados de comercio trabajan, los empleados industriales trabajan por turnos, los policías trabajan, trabajan los médicos, las enfermeras… Los diputados y diputadas tenemos que venir, es muy sencillo, y además podemos pagarnos de nuestro bolsillo el certificado de Covid que resulta de hacerse un hisopado”.

Rodríguez insistió en mostrar su certificado: “Esto tiene menos de 24 horas, me parece que luego de los acontecimientos que hemos vivido los argentinos en los últimos días tenemos que encontrar la vuelta y dejar de especular con presencialidad sí, presencialidad no: todos los que podamos estar, tenemos que estar de manera indefectible”.

El diputado lavagnista concluyó recordando que el 8 de septiembre se aprobó un protocolo que permite presencialidad, pero agregó que “siempre, sin excepción, estuvo la posibilidad de que diputados, en una determinada cantidad, estemos presentes aquí. Yo quiero que eso que hoy está vigente, se amplíe y que encontremos la modalidad, el lugar, el espacio, lo que se necesite, para venir y trabajar presencialmente”.

El bloque de Consenso Federal en la Cámara de Diputados adelantó que no votará a favor del proyecto de reforma judicial, enviado por el Gobierno.

Desde la bancada referenciada en el economista Roberto Lavagna consideraron que la iniciativa es “inoportuna” e “inviable” sin un acuerdo político amplio.

Mediante un comunicado, el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez recordó que su par Graciela Camaño ya había anticipado la posición del bloque en declaraciones públicas.

“La reforma judicial propuesta por el Gobierno es absolutamente inoportuna; semejante decisión institucional requiere de esos acuerdos políticos amplios, que no significan simplemente tener la mayoría para aprobarla”, señaló el jefe de la bancada.

En ese sentido, expresó que “sin un acuerdo político fuerte y extendido, la reforma judicial es inviable. Y está claro que un acuerdo de ese tipo no existe”. “Por eso, ratifico que el bloque de Consenso Federal no la votará”, afirmó.

El legislador consideró que sin esos consensos “será malo para la Argentina sacar con fórceps una reforma judicial, por más que la mejoren técnicamente, dado que otra vez se correría el riesgo de caer en un conflicto institucional”.

“Esa es y será la posición del bloque Consenso Federal en la Cámara de Diputados de la Nación”, sentenció.

Además, en el texto se agregó que “la prioridad, en cambio, debe estar puesta en asuntos como el impulso a las PyMEs de todo el país, para que sostengan el empleo y recuperen su capacidad productiva”.

“La Argentina también necesita un reencuentro entre el campo, la industria y la economía del conocimiento. Impulsar hoy ese complejo científico y agroindustrial, hermanarse con la producción del campo, es acortar el camino para lograr el indispensable ingreso de divisas y fortalecer un federalismo real, que es el federalismo productivo”, opinaron.

Alejandro “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini forman parte del Interbloque Federal, comandado por Eduardo “Bali” Bucca, donde conviven los justicialistas Bucca y Andrés Zottos; los santafesinos Luis Contigiani y Enrique Estévez -cada uno con su propio monobloque-; y los cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti. En algunas ocasiones, el espacio suele votar dividido.

En el marco de un diálogo virtual propiciado por el Centro de Estudios Municipales y Provinciales (CEMUPRO) Mar del Plata, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez participó junto a Elvis Toto, abogado participante en numerosos procesos colectivos de consumo y especialista en tarifas públicas, de un conversatorio acerca del proyecto de ley presentado por el legislador, que promueve la incorporación de diversos municipios del sudeste bonaerense al régimen de compensaciones del Fondo Fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas de uso domiciliario, establecido por el artículo 75 de la Ley 25.565.

Estuvieron presentes en la misma, además, los concejales Mercedes Morro (3P) y Horacio Taccone; el secretario General del Partido Socialista, Pablo Zelaya Blanco, y diversos integrantes de organizaciones e instituciones de la ciudad.

En tal sentido, el legislador Rodríguez expresó: “Este proyecto intenta expresar un correlato entre la situación climática de diversos municipios bonaerenses, y una tarifa de gas acorde a ello. Las propuestas que se han venido deslizando hasta el momento, que incluso dejan de lado la universalización de esta readecuación, no hacen más que sostener el atraso tarifario y alargar un estado de indefensión para miles de bonaerenses, sobre todo aquellos de clase media que pueden verse imposibilitados de acceder a una tarifa justa”.

Asimismo, Elvis Toto manifestó: “La ciudad de Mar del Plata muestra desde el punto de vista climático notorias similitudes con ciudades patagónicas como Neuquén capital. Ahora bien, ésta última paga el 54 por ciento menos de tarifa de gas que lo que paga nuestra ciudad. ¿Por qué pasan los años y se sostiene tamaña inequidad? Los números demuestran que la recategorización de gas es una deuda pendiente y absolutamente urgente con General Pueyrredon.”

Por otra parte, Luciano Burket, coordinador de CEMUPRO Mar del Plata y abogado en materia de derecho de los consumidores, expresó: “Con este diálogo quedó más que claro que nuestra ciudad hoy podría estar pagando la mitad de la tarifa de gas residencial. Lo único que falta es voluntad política para que así suceda. La delicada realidad económica no admite más excusas ni dilaciones. Necesitamos que el proyecto presentado por el diputado Rodríguez se apruebe, y de esta forma avancen las condiciones necesarias para tener una tarifa acorde al clima marplatense y batanense”.

El jefe del bloque Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, aseguró que la expropiación de la empresa Vicentin “no serviría ni para empresa testigo, ni para soberanía alimentaria”. “Y si fuese para evitar la extranjerización, que me parece razonable, no se necesita una expropiación sino que se puede hacer con una ‘acción de oro’, como definió (Roberto) Lavagna”, agregó.

El legislador consideró que el Gobierno todavía “tiene tiempo” -ya que la intervención de la agroexportadora es por el plazo de 60 días- para buscar acuerdos con la oposición. “Ese tiempo hay que llenarlo con una estrategia que genere la mayor cantidad de apoyo posible a esa política”, señaló.

“Para mí lo que el Gobierno tiene que hacer es bajarse de la moto, empezar a andar en bicicleta. Tiene tiempo para llegar e ir mirando lo que está en el paisaje, saludando, generando afecto, construyendo una red de apoyo. Y si hace eso, lo que venga después como proyecto al Congreso es el moño a un proceso de acuerdo”, sostuvo este miércoles.

Además, el bonaerense se mostró escéptico de que la iniciativa sea enviada al Parlamento y recordó: “Yo no me comí el amague de que iban a mandar un impuesto a los ricos después de que pasaron 30 días y cada semana (Carlos) Heller decía ‘el viernes llega’. Ya pasaron dos meses y medio”.

Para el “Topo” Rodríguez, “el Gobierno no sabe a dónde va, no tiene ni idea a dónde va” con este tema y se preguntó si alguien “sabe ¿cuánto se va a pagar por Vicentin? ¿Qué se va a expropiar de Vicentin? ¿Todo el grupo o también las empresas cuyo capital mayoritario están en manos extranjeras?”.

El diputado, que forma parte del Interbloque Federal compuesto por 11 miembros, consideró que en el Ejecutivo “se dieron cuenta que no era bueno” el borrador del proyecto, que circuló tras el anuncio hace dos semanas. “En el artículo 3 de ese borrador, el Poder Ejecutivo quedaba autorizado a tomar deuda externa para pagar la expropiación de Vicentin”, apuntó y advirtió que eso “no es bueno” en “el medio de un proceso de reestructuración de la deuda externa”.

Por otra parte, el presidente de Consenso Federal dijo: “Me produce profunda preocupación que el ministro de Economía (Martín Guzmán) no diga nada, que el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) no diga nada, y que nos apuren a ver qué vamos a decir cuando el Gobierno todavía no mandó nada. Así que cuidadito, ojo al piojo, que el Gobierno no me apure”.

El legislador ponderó la iniciativa que se encuentra elaborando su par Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social), quien fue ministro de la Producción de Santa Fe y “tiene una visión progresista de la vida de la relación entre el Estado y la economía”, destacó en diálogo con FM La Patriada.

“Él está diseñando una serie de ejes para construir una propuesta, acompañado también por Jorge Sarghini y Graciela Camaño, que en su momento, cuando el Gobierno presente un proyecto, nosotros vamos a compararlo con nuestra idea y tomar una decisión“, adelantó. “Mientras tanto, quien tiene que decidir qué quiere hacer y comunicarlo es el Gobierno”, agregó.

En tanto, Rodríguez manifestó su molestia por el retraso de la Cámara baja en aprobar la nueva ley de Economía del Conocimiento, al considerar que eso “es más urgente” ya que “se está destruyendo empleo porque los incentivos no están vigentes”.