Arietto pidió el desarchivo de la causa de la “mega toma” de terrenos en Los Hornos

La senadora de PRO presentó un escrito en la Justicia Federal pidiendo no solo el desarchivo de la causa de la mega toma de Los Hornos, sino también que decline competencia.

La senadora provincial Florencia Arietto, le envió un escrito al juez Alejo Ramos Padilla por el cual le solicita decline su competencia y el desarchivo de la causa. En su momento el magistrado resolvió que en la mega toma de Los Hornos no se cometió delito porque se realizó a la luz del día y sin violencia

En la nota, Arietto solicita a Ramos Padilla “el desarchivo de la causa, la cual fue iniciada con motivo de la usurpación del predio ubicado en calle 76 a 83 y 153 de La Plata, conocida como la mega toma del Barrio de Los Hornos, partido de La Plata”

La senadora provincial en su presentación judicial afirma que “habiendo tomado conocimiento que la provincia de Buenos Aires celebró con fecha 29 de junio de 2023, un contrato de compraventa por el que adquirió al gobierno nacional aproximadamente cien (100) de las ciento sesenta (160) hectáreas que ocupa la toma, conforme lo prescripto por el artículo 11 de la Ley 27.146, para que se declare incompetente y remita las presentes actuaciones para que prosiga con la investigación la justicia penal ordinaria de la provincia de Buenos Aires”.

Se entiende que debe ser competencia provincial conforme se desprende del boleto de compraventa, donde la provincia de Buenos Aires adquirió parte de las parcelas identificadas como Circunscripción 9, Parcelas 2713, 2711 y 2709, del partido de La Plata -055- por la suma de $ 483.900.000.

Cabe recordar que la ocupación sobre el lugar comenzó un 16 de febrero de 2020 con la instalación de precarias viviendas de chapa, cartón, pallets y lona, que se fue extendiendo con el paso de los meses, bajo el contexto de cuarentena estricta por la pandemia del coronavirus.

“El dictamen, además de argumentos jurídicos, está cargado de concepciones ideológicas, políticas y sociales, lo que abre la puerta a más tomas de predios” consideró la legisladora opositora, mientras que se quejó que “en un fallo extenso y más que polémico, el juez federal Alejo Ramos Padilla consideró que en la toma de tierras más grande de la provincia de Buenos Aires no existió delito, y esto porque la usurpación se llevó a cabo durante el día”.

Diputados de JxC denunciaron al juez Ramos Padilla ante el Consejo de la Magistratura

Pablo Tonelli, Mario Negri y Juan Manuel López aseguraron que el magistrado ofreció un falso testimonio ante la Comisión de Juicio Político.

Los diputados nacionales Pablo Tonelli (Pro), Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (CC-ARI) denunciaron este miércoles ante el Consejo de la Magistratura al juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla por “mal desempeño en sus funciones y faltas disciplinarias múltiples y reiteradas por haber ofrecido un testimonio objetivamente falso” ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja.

La denuncia se presentó luego que en la última reunión de la comisión el oficialismo impusiera su mayoría para rechazar el planteo de la oposición contra el magistrado.

“Se deja aclarado que no se plantea aquí que la conducta haya sido necesariamente dolosa, es decir, netamente subsumible al tipo previsto en el artículo 275 del Código Penal. Ello será materia de dilucidación, en su caso, por ante la justicia criminal. No obstante, no cabe duda de que el magistrado fue por lo menos gravemente negligente en su declaración, que resulta objetivamente falsa, y que fue formulada en circunstancias que exigían un altísimo grado de prudencia”, sostuvieron en el escrito.

Asimismo, los legisladores de Juntos por el Cambio consideraron que “en la misma audiencia testimonial” del pasado 23 de febrero, “el magistrado realizó manifestaciones que constituyen una clara falta a la consideración y respeto debidos a otros magistrados, así como un supuesto de falta de mesura y decoro en su función judicial”.

Y subrayaron que “de comprobarse las conductas” que detallaron, se proceda a “la destitución del magistrado o, al menos, la aplicación de una sanción disciplinaria”.

En la denuncia, los opositores cuestionaron que el juez “mencionó de forma reiterada al diputado Pablo G. Tonelli, y le atribuyó conductas que jamás existieron”. “Comenzó el testigo por afirmar que tuvo ‘un juicio político abierto durante dos años’, lo cual no es cierto”, señalaron.

En ese sentido, recordaron que la investigación contra Ramos Padilla “comenzó el 15 de marzo de 2019 y concluyó el 5 de junio de 2020, por lo que duró sólo un año y tres meses. Y como la denuncia fue desestimada, tanto por la comisión como por el pleno del Consejo de la Magistratura, nunca hubo ni declaración de admisibilidad o imputación en el ámbito de la comisión, ni acusación formal ni un mucho menos un verdadero ‘juicio’, ‘juicio político’, o ‘enjuiciamiento’ a los que se refieren la Constitución, las leyes y los reglamentos vigentes”.

Además, resaltaron que “lo que es especialmente falso” es que “el diputado Tonelli haya impulsado esa denuncia, investigación o proceso. Y como es obvio, una falsedad mucho más grave es, entonces, afirmar que ese inexistente impulso haya tenido fundamento en las ‘escuchas’ o ‘conversaciones telefónicas'”.

“La única participación del Dr. Tonelli en el expediente en cuestión fue en su carácter de consejero instructor, como resultado del sorteo realizado en la Comisión de Disciplina y Acusación”, aclararon.
El documento menciona que “el testigo afirmó categóricamente, bajo juramento de decir verdad, una supuesta participación del diputado Tonelli en una también supuesta filtración de escuchas telefónicas, que jamás existió y sobre la cual no existe prueba alguna”.

“En el expediente tramitado ante este Consejo jamás se presentó siquiera un proyecto de citación en los términos del artículo 20 del Reglamento, y por lo tanto, el testigo no estuvo ni acusado, ni sometido a ‘juicio político’ alguno, y no hubo la menor ‘utilización’ de escucha alguna”, insistieron.

Al repasar fragmentos de la declaración del juez, se recordó que Ramos Padilla sostuvo: “Si lo que se discute es la validez de las escuchas en un juicio político, está claro que está la ‘doctrina Oliveto’ o la ‘doctrina Tonelli’ que consideran que, en estos casos, son válidas las escuchas”.

“Otra afirmación que no sólo es falsa, sino que demuestra que el juez formuló expresiones con absoluta ligereza y falta de decoro, impropias de su investidura judicial”, subrayaron Tonelli, Negri y López. También hicieron referencia a su expresión sobre “presos políticos”.

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Tonelli: “El oficialismo quiere a Stornelli para hostigarlo y contribuir a un show”

El jurista del Pro sostuvo que el oficialismo lleva adelante el enjuiciamiento a los miembros del máximo tribunal de justicia para “distraer de la inflación, la inseguridad y el narcotráfico”.

El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro – CABA) habló sobre la séptima reunión de Comisión de Juicio Político y se refirió a la ausencia del fiscal Carlos Stornelli: “Al oficialismo le importa hostigarlo para contribuir al show, si no le mandaran las preguntas por escrito”.

Además, el jurista del Pro expresó: “El reglamento de la comisión tiene una jerarquía normativa similar a la de un club de barrio”, y agregó: “La jerarquía normativa de una ley está mucho más por encima del reglamento. Es un invento que hay rango constitucional. Es un disparate, me hacen reír”.

En declaraciones a FM La Patriada, el diputado opositor amplió: “El oficialismo cita gente para contribuir al espectáculo”. Así también, advirtió: “Soy crítico y no lo veo nada bien, se citan testigos sin saber para qué. Citaron testigos por ser parientes del presidente del Colegio de Abogados”.

Al respecto, recordó lo dicho por la diputada oficialista Vanesa Siley sobre la cantidad de testigos a declarar y explicó: “Hay 131 testigos, a cuatro o cinco por semana, vamos a tardar años”. “Estos testigos no aportan nada”, señaló.

En la misma línea, manifestó que el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia “es un ejercicio de distracción para entretenernos con esto y no hablar de inflación, inseguridad y el narcotráfico”. “Este juicio político no apunta a reformar nada, solo apunta a perseguir a los jueces de la Corte”, enfatizó.

A su vez, relató que este miércoles será presentada la denuncia contra el juez Alejo Ramos Padilla. “Hoy se presenta la denuncia en el Consejo de la Magistratura contra el juez porque según el oficialismo mintió bajo juramento”.

En el cierre, expresó: “Nadie explicó, ni probó nada sobre el tráfico de influencias”, y cerró: “El oficialismo está llevando esto sin rumbo definido”.

Salen al cruce de Ramos Padilla sobre Amado Boudou

Fue luego de que el magistrado calificara al exvicepresidente como “preso político”. Le contestó Mario Negri.

En el marco de su presentación ante la Comisión de Juicio Político, el juez Alejo Ramos Padilla se refirió al exvicepresidente Amado Boudou como un “preso político”. En rigor de verdad, el término que usó fue el de “político preso”.

Le contestó el jefe del bloque UCR, Mario Negri. Miembro de la Comisión de Juicio Político, pero ausente por estar reponiéndose de una afección cardíaca, el cordobés calificó a Ramos Padilla como “invitado estrella de sus amigos kirchneristas”, y dijo que afirmó que Amado Boudou era “un preso político”. 

Y Negri remarcó: “Boudou fue condenado en dos instancias por corrupción. ¡¡El kirchnerismo se resiste a entender que robar es un delito!!”.

Comisión de Juicio Político: el oficialismo citó a declarar al fiscal Stornelli

Se destacaron las declaraciones de los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos, quienes intervinieron en denuncias de los chats entre Robles y D’Alessandro.

En una reunión que se extendió por un poco más de ocho horas, la Comisión de Juicio Político, presidida por la oficialista Carolina Gaillard, realizó este jueves la primera audiencia con la participación de testigos, en el marco de la etapa de recolección de pruebas del proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Desde el oficialismo pidieron citar a declarar al fiscal Carlos Stornelli -por su dictamen en la causa de los chats entre Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles-, y a la fiscal María Laura Roteta.

Gaillard anunció que el próximo jueves 2 de marzo a las 13 citarán a una reunión de asesores donde “pueden participar cada uno de los diputados a modo de definir cuestiones procedimentales y mañana van a ser librados los oficios referidos a la prueba que ha sido ofrecida”.

Además, informó que continuarán con las audiencias testimoniales el martes 7 de marzo a las 13, a la que están citados Stornelli y Roteta, y aclaró que “no van a ser más de 4 o 5 testigos” con el objetivo de “no dilatar tanto la audiencia como ocurrió hoy para que sea algo productivo y poder llevar con lucidez la jornada”.

Los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos quienes, con diferente criterio, intervinieron en denuncias sobre los chats filtrados del teléfono del ministro de Justicia y Seguridad porteño -con licencia- D’Alessandro, donde hay presuntas conversaciones con Robles, mano derecha de Rosatti, en referencia al fallo por la coparticipación de la Ciudad, son uno de los ejes principales donde pone el foco el oficialismo.

El primer testigo en la reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en el marco del proceso contra los miembros de la Corte Suprema, fue el juez federal Sebastián Ramos, quien negó vínculos con Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, al tiempo que defendió el dictamen del fiscal Carlos Stornelli para archivar una denuncia contra ambos por la filtración de chats.

El magistrado fue sometido a preguntas de diputados del Frente de Todos, entre los que comenzó Rodolfo Tailhade, y respondió a casi todos los interrogantes pidiendo “dispensarse”. “Las referencias o aclaraciones me imposibilitan, desde mi punto de vista funcional, modificar alguna palabra o algún concepto que haya sido expresado en esa resolución”, dijo sobre la decisión de dar por cerrada la causa.

En segunda instancia, fue el turno del juez Alejo Ramos Padilla, quien entre tantas interrupciones mencionó que hubo procesos judiciales basados en pruebas recopiladas por el espionaje, por lo que dijo que los chats filtrados entre Robles y D’Alessandro “deben ser ratificados como válidos”.

El oficialista Leopoldo Moreau indagó a Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración, sobre una inundación que afectó la documentación en el despacho de Silvio Robles.

“En el mes de enero hubo una inundación que no fue en la vocalía de Rosatti, sino que fue en un piso superior y que el agua llegó hasta planta baja no solamente al cuarto piso. Esa inundación afectó al despacho de Robles, fue en el mes de enero”. Por otro lado, Romero desconoció saber la existencia de un chat en el que participan jueces y funcionarios y ministros.

Luego fue el turno de Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema, a quien Moreau le solicitó que explique el ingreso, asignación y circulación de las causas y peticiones a la Corte cuando asumió en su función, sobre todo los de trascendencia institucional, a lo que Arbitta explicó que “la Corte nunca sorteó expedientes, siempre los asignó por materias porque tiene secretarías temáticas. El presidente decidía 5 según la trascendencia. Los presidentes consensuaban con los jueces de la Corte qué causas de otra naturaleza se asignaban a la secretaría 5”.

Además, el diputado kirchnerista interrogó respecto a las causas relacionadas a reclamos sobre la obra social del poder judicial y si recibía instrucciones por parte de los ministros de la Corte a la hora de la defensa. Por su parte, la entrerriana Blanca Osuna le consultó respecto de quién decide la circulación de los expedientes y los plazos de cada vocalía.

A su vez, la presidenta de la Comisión lanzó una picante pregunta: “¿Es responsabilidad del presidente de la Corte que la causa Consejo de la Magistratura estuviera el expediente durante un año en su secretaria y no se movió?”. “Lorenzetti me pidió que la retuviera en mi secretaria mientras él, no la Corte, decidía qué tramitación le iba a dar”, se defendió Abritta, pero de la vereda de enfrente Gaillard insistió con el tema: “¿Puede quedar retenido un año un expediente siendo que tiene los votos de todas las vocalías?”.

A continuación, el sanjuanino José Luis Gioja consultó a Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios) respecto del fallo de la Corte a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre la coparticipación federal de fondos, precisamente los criterios aplicados para determinar que se entregue a la Ciudad el 2,98% de la masa de fondos, y si hubo presentaciones por parte de los gobernadores hacia la Corte sobre el tema, por qué no fueron consideradas y por qué no los hicieron participar.

No conforme con la respuesta, Gioja insistió enojado: “Hay un fallo que le obliga a la Nación de los fondos coparticipables darle un monto que no es el que fija la Ley de Coparticipación que por decreto simple fue modificada por Macri y luego fue corregida por Alberto Fernández y ahí se inicia todo a pedido del Gobierno de la Ciudad. La Nación está obligada a cederle más del doble de lo que establece la Ley 23.548 a la Ciudad Autónoma”.

En un tono más pacífico, Gaillard interrogó respecto a quién participó en representación del Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires en esa primera audiencia que se dio en el marco de la causa.

En una breve interrupción, el titular de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, lanzó munición gruesa contra el Frente de Todos: “El testigo dijo que la causa está en pleno trámite. Yo no conozco antecedentes de un juicio político que se haga, no por la interpretación de la sentencia, sino por una causa en trámite donde hay una sola medida cautelar, donde hubo dos o tres audiencias y donde ojalá haya una resolución de fondo. Tengamos presente que estamos, de un modo directo, presenciando que ustedes están apretando a la Corte para que el fallo del fondo sea en el sentido que el oficialismo quiere porque la causa está en pleno trámite y ustedes están interrogando por una causa donde le testigo tendría que guardar la mayor de las reservas. Están buscando condicionar la resolución final”.

También brindaron su testimonio Adriana Norma Valinotti, vocalía de Rosatti; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2; y Roberto Miguel Ángel Saggese, vocalía de Rosatti.

El juez Ramos Padilla pidió que la Corte “explique cuando los chats filtrados son legales y cuando ilegales”

El magistrado apuntó contra los servicios de inteligencia y sostuvo que Comodoro Py “es un lugar donde se hacen favores”.

El juez federal Alejo Ramos Padilla se presentó como testigo en la etapa probatoria de la Comisión de Juicio Político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y explicó: “La Corte debería ser clara sobre cuándo las escuchas son legales y cuándo ilegales”.

El magistrado declaró este jueves en segundo lugar y aportó su declaración como testigo en la causa por enjuiciamiento a los miembros del máximo tribunal de justicia que lleva a cabo la Comisión de Juicio Político presidida por la diputada oficialista Carolina Gaillard.

En su declaración, Ramos Padilla afirmó haber visto “solamente una vez” en su vida al presidente de la Corte Horacio Rosatti y recordó: “La vez pasada cuando vine al Congreso de la Nación tuve un juicio político abierto durante dos años”.

En síntesis, sobre su situación relató: “Se me abrió por dos causales, una por hablar en esta Cámara y la segunda por unas escuchas que se recabaron en el penal de Ezeiza que les montaron a los políticos presos como a (Amado) Boudou, (Julio) De Vido y (Juan Pablo) Schiavi”.

En tal sentido, aclaró: “Sobre esas bases de escuchas, en las que no participé, se llevó adelante un juicio político en mi contra”, y siguió: “En las escuchas hay audios que entre (el fallecido juez Claudio) Bonadío con el señor (Pablo) Tonelli. Podían ser de utilidad en mi contra y fueron editadas en el programa Periodismo para Todos”.

Por otro lado, agregó: “Es mi obligación declarar que, a los términos de la Constitución Nacional, este año debo llevar el proceso electoral para definir quién será el candidato de la provincia de Buenos Aires y le pido a la Corte me aporten fondos y equipamiento para la elección”.

Volviendo a la declaración, añadió: “Fui denunciado por la diputada nacional Paula Oliveto por las escuchas, porque decían que había un complot de la Causa Cuaderno”, y aseveró: “Si se discute la validez de las escuchas, quiere decir que son válidas”.

“Cuando intervengo en los casos de esta índole me manejo con total objetividad”, dijo el juez en medio gritos y chicanas entre Gaillard y la diputada Karina Banfi (UCR).

Consultado por el presunto abuso de autoridad del ministro porteño de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, Ramos Padilla ejemplificó: “El gobernador Axel Kicilof denunció connivencia entre Ciudad y la Corte por el fallo de la coparticipación e integración del Consejo de la Magistratura. La denuncia fue porque el fallo afecta al federalismo”.

En esa línea, agregó: “Para que esto sea relacionado con espionaje ilegal debe estar involucrado un funcionario público”, con relacion a las conversaciones en D’Alessandro y Silvio Robles. Además, agregó: “Se montó un sistema de escuchas el cual, es el más grande de los últimos 35 años”, en alusión a que desde el macrismo y la Justicia “fueron beneficiados” a través de estas maniobras.

“Comodoro Py es un lugar donde se hacen cadenas de favores”, señaló el juez durante su declaración. “Estaría bueno que la Corte ponga límites claros sobre escuchas porque a veces se usa en las causas y a veces, no se usa”.

De la misma manera, Ramos Padilla mencionó casos donde se utilizaron escuchas ilegales para ser utilizados como pruebas: “Hubo en la Argentina procedimientos irregulares como la causa de Héctor Timerman con pericias truchas y estrategias para reflotar esa causa, y el Triple Crimen de General Rodríguez, para acusar falsamente al ministro Aníbal Fernández”.

Entre discusiones de parte del oficialismo y la oposición, el juez le hizo un pedio de ratificar la jueza María Eugenia Capuchetti “la veracidad” de las conversaciones y amplió: “En la denuncia contra D’Alessandro se usó poco estándar”

En el final de la declaración, el jefe de bloque oficialista, Germán Martínez, pidió que sean citados a declarar a la próxima reunión de la Comisión de Juicio Político al fiscal Carlos Stornelli y la fiscal María Laura Roteta, en base al archivo de la causa de los chats entre Robles y D’Alessandro.

Repudio de Lipovetzky al dictamen sobre la usurpación de tierras

El legislador provincial bonaerense presentó un proyecto por el fallo del juez Ramos Padilla por la megatoma de tierras en Los Hornos.

Ante el fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien resolvió que la mega usurpación en el barrio de Los Hornos (250 hectáreas que involucran a más de 40 “tomas activas”) no fue un delito, archivando su expediente, el diputado provincial de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky, expresó su más enérgico repudio y manifestó una gran preocupación por el dictamen.

“La resolución de Ramos Padilla, está cargada de concepciones ideológicas, políticas y sociales y abre la puerta a más tomas de predios y de cualquier bien en propiedad del Estado o de un particular”, señaló Lipovetzky a través de un proyecto de declaración.

Agregó el legislador que “el derecho a la propiedad privada es un Derecho Humano fundamental del Estado de Derecho, el cual es inalienable por terceros y cuyo respeto está íntimamente relacionado con la posibilidad de cada sujeto de poder realizar su plan de vida. La inacción del Estado Provincial en la mega toma de Los Hornos y la resolución del Juez Federal Ramos Padilla quien no cuenta con la competencia para resolver dicha causa, solo deja más desamparados a los bonaerenses y sobre todo a los platenses”.

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Enérgico repudio del Pro al fallo que avaló la toma de tierras en La Plata

Argumentando que la ocupación de terrenos se realizó a la luz del día, un magistrado archivó la causa. La reacción de diputados de la oposición.

El juez federal Alejo Ramos Padilla archivó la causa por la ocupación de tierras en el predio del ex Club de Planeadores de Los Hornos, en La Plata, argumentando entre otras cosas que la misma se produjo “a plena luz del día”.

A juicio de Ramos Padilla, el hecho no constituyó delito “según lo prescripto por el artículo 195 segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación”, y agregó que “el ingreso a los terrenos se produjo a plena luz de día”.

“La delimitación informal de lotes con sogas, palos y alambres también ocurrió a la vista de todos”, agregó en su fallo, donde establece que “los implicados ingresaron al predio sin que se advirtiera la adopción de ningún tipo de medida tendiente a denegar o dificultar ese ingreso”.

“El Poder Judicial se jerarquiza cuando los jueces dictan sentencias ejemplares y vigorizan el Estado de Derecho. Pero cuando fallan influenciados por razones sectoriales, el daño que provocan  es inconmensurable”, expresó el bloque de diputados nacionales del Frente Pro al reaccionar ante semejante fallo.

“Repudiamos enérgicamente el fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, con el que archivó la causa por la megatoma de 161 hectáreas, situadas en Los Hornos, argumentando que la ocupación se hizo sin violencia y a la luz del día. Semejante precedente doctrinario no hace otra cosa que crear condiciones delictivas a futuro, es decir, que en vez de custodiar y garantizar la vigencia de los derechos constitucionales, un magistrado atenta contra la seguridad jurídica”, expresó el bloque que conduce Cristian Ritondo.

Los diputados del Pro exigieron “la inmediata intervención de los gobiernos nacional y provincial, para que apelen este fallo escandaloso en los plazos legales pertinentes, a los fines de defender a los ciudadanos platenses en particular y a los bonaerenses en general”.

“Este fallo dictado por un  juez amigo del Gobierno desprestigia al Poder Judicial y nos insta a redoblar esfuerzos para frenar la impudicia de quienes promueven prácticas sociales detestables que someten a riesgo la convivencia democrática y la paz de los argentinos”, expresó la bancada del Pro a través de un comunicado, que concluyeron diciendo que “ante estos casos de degradación populista, estamos y seguiremos estando del lado de la legalidad, de la República y del cumplimento irrestricto de la Constitución”. 

A su vez, el diputado provincial bonaerense Daniel Lipovetzky reaccionó señalando que “desde el primer día denuncié la inacción del Estado por la megatoma de Los Hornos. La resolución de Ramos Padilla, quien no tiene competencia para resolver, solo deja más desamparados a los platenses”.

“Es vergonzoso que la justicia legitime el delito de usurpación de tierras”, concluyó el diputado de Juntos.

El oficialismo aprobó la designación de Alejo Ramos Padilla como juez federal de La Plata

El Frente de Todos, con mayoría en el Senado, avaló el pliego del magistrado que hasta ahora se desempeñaba en Dolores. También se avalaron un paquete de nombramientos.

sesion senado 4 febrero 2021

En la primera sesión extraordinaria del año, el Frente de Todos en el Senado aprobó la designación de Alejo Ramos Padilla como juez del Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral en el distrito más grande del país. De esta manera, el magistrado tendrá un rol clave en la fiscalización de las elecciones legislativas de este año.

El pliego fue enviado por el Poder Ejecutivo en noviembre pasado, luego que se revisara esa postulación y se desechara el nombre de Laureano Durán, quien había sido propuesto por la gestión anterior para ese cargo.

Ramos Padilla, quien tuvo a su cargo la causa por presunto espionaje ilegal durante el macrismo, por la cual imputó al fiscal federal Carlos Stornelli, es un magistrado cuestionado por la oposición y que, incluso, durante el gobierno de Cambiemos fue denunciado por mal desempeño. Ahora ocupará el puesto vacante en La Plata desde 2014, tras la muerte de Manuel Blanco.

La designación fue rechazada por el interbloque Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal, mientras que el oficialismo sumó el respaldo para su aprobación de los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones).

No obstante, la votación en paquete resultó con 66 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, de Juan Carlos Romero.

Miembro informante del oficialismo, la mendocina Anabel Fernández Sagasti destacó las audiencias públicas realizadas y aseguró que la Comisión de Acuerdos, que preside, “ha cumplimentado todos los requisitos de procedimiento”.

Los 15 candidatos recibieron “58 observaciones a las calidades y méritos”, las cuales “han contestado en debido tiempo y forma”, apuntó la legisladora, que ponderó que “todos y cada uno de los candidatos enviados por el Poder Ejecutivo Nacional contestaron todas las preguntas de los senadores” en la reunión de comisión y, a su criterio, de manera “muy solventes, demostrando la idoneidad de cada uno”.

Los senadores aprobaron el proyecto en general y expresaron sus disidencias en particular.

En contra de la postulación de Silvia Estela Mora, como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10 de Capital Federal, el cordobés Ernesto Martínez acusó que “no responde a una vacante del Poder Judicial, sino a una continuidad que se reclama por cumplir próximamente 75 años y se compadece con una motivación sospechosa, lo cual ratifico”.

“Es una jueza contemporánea con el voto hoy oficialista de su marido en el seno del Consejo de la Magistratura (el vicepresidente de ese órgano, Ricardo Recondo), a los fines de obtener la mayoría de los dos tercios necesaria para conformar ternas que se eleven al Poder Ejecutivo, de las cuales el presidente de la Nación tiene el derecho constitucional de poder elegir a uno de los integrantes para enviar al Senado”, lanzó el macrista.

El legislador advirtió que “esto es un privilegio indebido porque es sospechoso y políticamente inconveniente” y “los contubernios políticos son siempre nefastos para cualquiera que los haga”.

“El oficialismo habla de lawfare, de justicia cautelar, de partido judicial y resulta que pacta con uno de los miembros más connotados del partido judicial, que sí existe, verdaderamente existe”, agregó y completó: “No solo acuerdan en el Consejo de la Magistratura, sino que nada dicen acerca del fondo de la cuestión que debe resolverse en el caso de (Elena) Highton de Nolasco”.

En rechazo al pliego de Ramos Padilla, el salteño Juan Carlos Romero acusó al Frente de Todos de tener “un plan bien orquestado de acomodar toda la Justicia para el único objetivo que es la búsqueda de la impunidad de los imputados pertenecientes al oficialismo”.

Romero lo calificó como “un juez militante” y “polémico” que será trasladado a “un juzgado tan importante como lo es el electoral de la provincia de Buenos Aires”. “Tuvo ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura, de las cuales ya fueron cerradas muchas de esas pero tres están en trámite”, señaló.

Respecto de la causa que tuvo a su cargo sobre espionaje ilegal, lo consideró que “armó un invento” y una investigación “traída de los pelos”. “Parece que tiene capacidad, porque le va bien los concursos, pero no tiene idoneidad”, agregó y anticipó su voto negativo. Además, dijo que se abstendría en todos los nombramientos, excepto el de Jorge Gustavo Montoya para el Juzgado de Primera Instancia de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, al que acompaña.

Por su parte, el oficialista Jorge Taiana defendió la postulación de Ramos Padilla, quien aseguró “ha sido víctima de una campaña mediática y política de descalificación que en realidad tiene pocos antecedentes”.

El bonaerense recordó que “la afiliación partidaria que tuvo antes de ingresar a la Justicia fue la Unión Cívica Radical” y destacó que fue “el mejor calificado en el concurso que realizó el Consejo de la Magistratura durante el gobierno anterior”.

Para el senador, su designación “es un acto de estricta justicia y, en verdad, un desagravio ante tantas falsedades que se han dicho de él”. “Es un juez valiente, es un juez que conoce, es un juez que tuvo que soportar que el presidente (en referencia a Mauricio Macri) en ejercicio dijera que había que sacarlo”, enfatizó y lo consideró un “ejemplo de una justicia en Argentina que quiere ser independiente y no quiere subordinarse a poder alguno”.

En respuesta a Martínez, el oficialista Mario Pais aseveró “no nos podemos hacer cargo de esa crítica y yo afirmo que no existe tan contubernio. Menos aún el senador Martínez ha dado alguna prueba o acreditación del mismo”.

“Si hay algunas pruebas y reminiscencias de contubernio no fueron durante esta gestión, sino en la anterior”, disparó el chubutense y añadió: “Inclusive a quien habla como senador se le impidió jurar en el Consejo de la Magistratura para alterar un orden del día y poder cesar a un juez de la Nación”.

sesion senado 4 febrero 2021
Foto: Comunicación Senado

Más nombramientos

Además del pliego de Ramos Padilla, el cuerpo aprobó este jueves un paquete de nombramientos en la Justicia. Recibieron aval Sebastián Foglia y Ernesto Pedro Francisco Sebastián, como jueces de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca; y Jorge Gustavo Montoya, como juez del Juzgado de Primera Instancia de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta.

Además, se aprobaron las designaciones de Silvia Estela Mora, como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10 de Capital Federal; Luis Alberto Imas, como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 de Capital Federal; y Mario Leal, como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

También tuvieron aval para ocupar juzgados de primera instancia en lo Civil de la Capital Federal Ramiro Güiraldes (N°90); Andrea Alejandra Imatz (N°6); Mariana Judith Kanefsck (N°4); y Alejandro Luis Pastorino (N°29).

En tanto, se votaron los nombramientos de Pedro Pugliese, como defensor público de víctima con asiento en la provincia de Neuquén; Verónica Esther Vieito, como defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, provincia de Buenos Aires; y Nicolás Javier Ossola, como defensor público oficial adjunto de la Defensoría General de la Nación.

Sesiona el Senado para aprobar pliegos y cambios a la Ley de Defensa de la Compentencia

La Cámara alta realiza desde las 14.18 su primera sesión del año, en la que el oficialismo buscará avalar la designación de Alejo Ramos Padilla como juez federal de La Plata. Además, se votará una iniciativa para modificar varios aspectos de la Ley 27.442.

El Senado realiza este jueves, desde las 14.18, su primera sesión del año, con un temario breve que consiste en un paquete de pliegos judiciales y un proyecto para introducir modificaciones a la Ley de Defensa de la Competencia.

La sesión se lleva a cabo de manera virtual, modalidad que fue renovada hasta marzo por un decreto de la vicepresidenta Cristina Kirchner, con lo cual hay un acotado número de senadores presentes y resto se encuentran conectados de forma remota.

En la reunión se pondrán en consideración quince dictámenes correspondientes a la Comisión de Acuerdos que preside la mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT). Entre ellos figura el del juez Alejo Ramos Padilla, propuesto para ocupar un cargo en el Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral.

Luego se tratará un proyecto de la correntina Ana Almirón (FdT), que impulsa una serie de cambios a la Ley de Defensa de la Competencia.
El texto, que en caso de ser aprobado será girado a la Cámara de Diputados, establece modificaciones sobre la conformación de la Autoridad Nacional de la Competencia, la cual a su vez se propone que funcione bajo la órbita de la Secretaría de Comercio Interior.

Entre sus puntos centrales, la iniciativa busca que la designación de sus miembros ya no sea mediante un concurso público de antecedentes y oposición, sino por un “procedimiento público, abierto y transparente” dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo. Además, se elimina que la renovación de sus integrantes pueda ser “de manera escalonada y parcial”.

También se suprime la posibilidad de que el Tribunal de Defensa de la Competencia pueda “por decisión fundada expedir permisos para la realización de contratos, convenios o arreglos”.

El Senado sesiona este jueves por primera vez en el año

La Cámara alta se reunirá para tratar acuerdos -entre ellos el del juez Alejo Ramos Padilla- y un proyecto sobre Defensa de la Competencia.

Luego del receso del mes de enero, en el que declaró asueto, la Cámara alta vuelve a abrir sus puertas este jueves. Y lo hace para tratar en el recinto una serie de acuerdos y un proyecto de la senadora Ana Almirón.

La sesión se realizará este jueves a partir de las 14, tal cual se venía haciendo de manera virtual, con la presencia de un número acotado de senadores presentes y el resto conectados  de manera remota.

En ese marco se pondrán en consideración quince dictámenes correspondientes a la Comisión de Acuerdos que preside la mendocina Anabel Fernández Sagasti. Asimismo se tratará luego el proyecto de ley de la senadora oficialista Ana Almirón, por el cual se modifica la Ley de Defensa de la Competencia, respecto de mejorar la conformación de la autoridad de aplicación.

Dicha iniciativa modifica el artículo 7 de la ley 27.442 de Defensa de la Competencia que enumera los actos que se consideran concentración económica mediante toma de control de una o varias empresas. Se incorpora como inciso f el supuesto de celebración de contratos o acuerdos asociativos, de colaboración, de organización o participativos de cualquier tipo, sea a través de estructuras societarias o contractuales, siempre que la entidad, contrato o estructura jurídica resultante cuente con las funciones plenas de una entidad económica autónoma.

Se modifica el artículo 9 de la ley citada y se amplían los supuestos de operaciones sujetas a notificación a la Autoridad Nacional de la Competencia, y se aclara que se tomará hasta el último controlante.

Se modifica el artículo 14 en lo relativo al informe de objeción y se admite la posibilidad de que sea más de uno cuando la operación involucra a más de un mercado con problemas de competencia, o que como consecuencia de la investigación e instrucción de una determinada operación de concentración económica surjan problemas de competencia distintos a los contemplados en el primer informe. También se incorpora la posibilidad de que las partes presenten medidas que disipen los problemas que pueda generar la operación en uno o más mercados, sin necesidad de esperar la elaboración del informe de objeción.

Se modifica el artículo 17 y se incorporan los entes reguladores provinciales que ejercen regulación económica cuando la concentración económica de la que se trate involucre servicios que estuvieran sometidos a su regulación.

Se modifica el artículo 18 y se dispone que la Autoridad Nacional de la Competencia, organismo descentralizado y autárquico, funcionará en el ámbito de la Secretaría de Comercio Interior.

Se modifica la reacción del artículo 20, que disponía para la designación de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia el concurso público de antecedentes y oposición y la propuesta previa del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, y se dispone que la selección de los miembros se realizará en el ámbito del mencionado ministerio en el marco de un procedimiento público, abierto y transparente que garantice condiciones de igualdad, paridad de género e idoneidad. Se añade el requisito de recabar a la AFIP informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas eventualmente propuestas, preservando el secreto fiscal.

Se modifica el artículo 22 y se dispone que en el proceso de selección de miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia podrá requerirse opinión fundada a organizaciones de la sociedad civil y a expertos, profesionales y académicos con reconocida trayectoria y prestigio en la materia.

Se reforma el artículo 24 y se elimina la disposición de que la renovación de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia se haga de manera escalonada y parcial.

Se modifica el artículo 28 y se agregan a las funciones y facultades del Tribunal de Defensa de la Competencia la de aprobar la estructura orgánica, escalafón del personal y la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la ley (inciso t) y la de administrar los bienes que integren su patrimonio (inciso u).

Se deroga el artículo 29, que disponía que “el Tribunal de Defensa de la Competencia, de conformidad con lo que establezca la reglamentación, podrá por decisión fundada expedir permisos para la realización de contratos, convenios o arreglos que contemplen conductas incluidas en el artículo 2° de la presente, que a la sana discreción del Tribunal no constituyan perjuicio para el interés económico general”.

Se modifica el artículo 30 y se agrega un inciso a las funciones y facultades de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas: “k) la de requerir la documentación y colaboración que juzgue necesarias acerca de los hechos materia de investigación a través de pedidos de informes y/o audiencias. Para ello podrá requerir a las asociaciones de defensa de los consumidores y de los usuarios, la documentación y colaboración que juzgue necesarias”.

Sin sobresaltos, Alejo Ramos Padilla sorteó la audiencia pública en la Comisión de Acuerdos

El juez federal de Dolores, propuesto para el Juzgado Federal N°1 de La Plata -con competencia electoral-, se presentó este lunes ante senadores para defender su pliego. Legisladores de la oposición no le hicieron preguntas.

alejo ramos padilla comision acuerdos senado diciembre 2020

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sorteó sin sobresaltos este lunes la audiencia pública en la Comisión de Acuerdos, donde defendió su postulación para ocupar la vacante en el Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral en el distrito más grande del país.

El magistrado fue el último en exponer y, al momento de las consultas, no recibió ninguna pregunta por parte de senadores de la oposición. Se prevé que una vez que la comisión finalice con el listado de candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo, los pliegos pasen a la firma.

El oficialismo no tiene dificultades en obtener el número para la firma del dictamen, como tampoco para los votos dentro del recinto, con lo cual se prevé que la designación avance a paso firme. El tratamiento de acuerdos fueron incluidos en el temario de sesiones extraordinarias por parte del Gobierno.

La postulación de Ramos Padilla se trata de uno de los más de 200 pliegos que el Poder Ejecutivo retiró en febrero pasado para su revisión, ya que la gestión anterior había impulsado a Laureano Durán.

Al comenzar su exposición, Ramos Padilla consideró “esencial” para cualquier juez “concursar para esta especie de traslados”, y resaltó que concursó para tres cargos, quedando dentro de las ternas, además de destacar que para esta vacante fue calificado “con el más alto puntaje, con 183,5 puntos, más de 35 puntos de diferencia con el segundo que integra la terna y 38 con el tercero”.

Al insistir con la necesidad de los concursos, opinó que cualquiera debe someterse “con sus pares a una competencia de estas características, y pasar por los procesos de selección que establece la Constitución”.

En un repaso de su trayectoria, el juez federal de Dolores recordó que se recibió en 2001 de abogado, que se desempeña como docente “hace más de 10 años” en la UBA y en la Universidad Atlántida Argentina.

“Fundamentalmente mi tarea estuvo signada por los juicios por la verdad, me identifiqué mucho en ese trabajo”, sostuvo y mencionó que acompañó a “Chicha” Mariani (María Isabel Chorobik de Mariani) “en la búsqueda de su nieta”.

Asimismo, recordó que participó del caso de Jacobo Timerman; en el juicio que se determinó el robo sistemático de bebés durante la dictadura; y que patrocinó a excombatientes de Malvinas. En ese tramo, negó haber tenido participación en la causa “Noble”.

Ramos Padilla recordó momentos de su paso como subrogante por el juzgado federal de Bahía Blanca, mientras que desde Dolores destacó que dispuso una medida cautelar para prohibir “que dos jueces de la Corte asuman sin acuerdo del Senado de la Nación”, en referencia a lo sucedido con Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

“En los últimos tiempos fui objeto de numerosas críticas y también de muchos elogios por haber iniciado algunas investigaciones en materia de espionaje, por haberme animado a llevar adelante investigaciones en materia de espionaje”, expresó, en alusión la causa Marcelo D’Alessio, por la cual procesó, entre otros, al fiscal Carlos Stornelli.

El juez apuntó que fue denunciado por su desempeño en esta causa, pero el juez federal “(Luis) Rodríguez archivó absolutamente todas las denuncias” y “el juez (Marcelo) Martínez Di Giorgi hizo lo propio”.

“En el expediente que yo tramito, que tiene 80 cuerpos y 170 legajos, también se hicieron numerosos planteos, nulidades, cuestiones de competencia, recusaciones. Todas y cada una fueron rechazadas en cada una de las instancias“, continuó.

En ese sentido, ponderó que fue en el Consejo de la Magistratura “donde cada uno de los planteos que se hicieron hacia mi funcionamiento fueron rechazados de plano”. “La instrucción que llevó adelante el doctor (Pablo) Tonelli fue rechazada con un enorme dictamen, donde se dijo que no hubo ninguna irregularidad funcional de mi parte, mal desempeño, ni ningún delito que pueda serme reprochado”, agregó.

El magistrado defendió que le “han tocado tocado tomar decisiones complejas, difíciles”, pero “un juez tiene que resolver de acuerdo a sus convicciones” y “es necesario que los jueces no sean oportunistas”.

Respecto al Juzgado Federal N°1 de La Plata, señaló que es un cargo del mismo grado en el cual se desempeña actualmente. “Es un juzgado muy amplio, que tiene muchos empleados. Hay que trabajar mucho. Sería para mí un honor poder ejercer la magistratura ahí”, completó.

Al momento de las preguntas, el senador chubutense Mario Pais subrayó que Ramos Padilla “no tiene en curso ningún jury” y, por otra parte, le pidió que se explaye sobre la experiencia electoral ya que se trata de “un juzgado clave” con casi el 40% del padrón.

Entonces el juez respondió: “Mi experiencia en materia electoral tiene que ver esencialmente desde que ejerzo como abogado. Desde que ejerzo como juez, solamente tenemos los jueces tenemos la intervención durante el comicio para lo que es el amparo del elector”.

“Me ha tocado intervenir en procesos electorales universitarios. Intervine como abogado en varios de los procesos electorales de la Facultad de Medicina”, relató y sumó otro episodio, sobre su patrocinio a Alfredo Bravo, quien peleó por “la tercer banca de senador por la Ciudad de Buenos Aires” en 2001, en un tema que finalmente “se terminó debatiendo y definiendo en el propio Congreso de la Nación”.

Finalmente, el presidente del bloque Frente de Todos, José Mayans, le reconoció haber tenido “causas que han sido muy difíciles” y avaló: “Estamos sumamente conformes y nuestro bloque va a acompañar la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo”.

Otros candidatos

En la reunión de este lunes también expuso Sebastián Foglia, propuesto como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, quien afirmó que se trata, desde 2018, del “único Tribunal Oral Federal del país que no tiene ninguno de los tres jueces”, lo que “ha complicado mucho el trabajo del tribunal y actualmente hay 60 causas para realizar juicio oral”.

Además, hay “aproximadamente unas 70 personas en prisión preventiva a la espera de juicio”. “Esa es la labor que entiendo prioritaria; regularizar el trámite de todos esos juicios y solucionar los problemas de las demoras en las prisiones preventivas”, resaltó Foglia.

A su turno, Mario Leal, candidato a vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, destacó que, pese a este año de pandemia, se alcanzaron resoluciones en materia previsional en 86 casos, más de 200 casos en lo civil y más de 600 casos resueltos en materia penal.

Leal aseveró que desde el cargo buscará “contribuir a un eficiente trabajo en equipo, manteniendo y mejorando aún lo que se pueda en la rapidez y terminalidad de cada una de las causas”; dar “una mirada de carácter inclusiva y de género a las cuestiones que tenga que resolver” y garantizar “el acceso a la información pública”.

Por su parte, Jorge Gustavo Montoya, postulado para juez del Juzgado de Primera Instancia de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, reveló que se encuentra en el tribunal -no como titular- desde febrero de 2016 y que al momento de su llegada el mismo “se encontraba muy desarticulado”, con “el multifuero que prácticamente no estaba operativo”, sumado a problemas edilicios y un “problema muy grave” respecto al inventario de causas.

Montoya remarcó la importancia de este juzgado, dado que el territorio tiene “unos 300 kilómetros en total de frontera con Bolivia y Paraguay”, donde “los delitos más frecuentes” y con “gran cantidad de causas” son el narcotráfico y la narcocriminalidad.

Además, participaron de la audiencia pública Pedro Pugliese, propuesto a defensor público de víctima con asiento en la provincia de Neuquén; Ernesto Pedro Francisco Sebastián, postulado como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; y Verónica Esther Vieito, candidata a defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

Tratan el acuerdo para Alejo Ramos Padilla

Será en el marco de una audiencia pública de la comisión que preside Anabel Fernández Sagasti, donde analizarán pliegos de jueces, camaristas y defensores públicos.

comision acuerdos senado 26 octubre 2020 anabel sagasti

Sobre el cierre del año se realizarán este lunes y martes sendas audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos del Senado, en las que entre otros magistrados y camaristas se presentará el juez Alejo Ramos Padilla.

La cita es a partir de las 10.30 y el temario prevé el tratamiento de los siguientes pliegos: el de Sebastián Luis Foglia como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; el de Ernesto Pedro Francisco Sebastián como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; y el de Verónica Esther Vieito como defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

También se tratará la mencionada designación como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires, de Alejo Ramos Padilla.

Asimismo está prevista la designación como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, de Mario Rodolfo Leal; el nombramiento como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, de Jorge Gustavo Montoya; y por último se solicitará acuerdo para designar defensor público de víctima con asiento en la provincia del Neuquén, a Pedro Pugliese.

Tomó estado parlamentario el pliego de Alejo Ramos Padilla

El Poder Ejecutivo propuso al juez, a cargo del caso D’Alessio, para cubrir el Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral.

alejo ramos padilla

En la sesión de este lunes tomó estado parlamentario el pliego de Alejo Ramos Padilla, propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar el Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral.

La postulación se trata de uno de los más de 200 pliegos que el Gobierno retiró en el verano para su revisión, ya que la gestión anterior había impulsado a Laureano Durán. La nueva candidatura fue girada a la Cámara alta el viernes pasado.

Ramos Padilla es actualmente juez federal de Dolores y tiene a su cargo la causa sobre una presunta red de espionaje ilegal, que estalló el año pasado con el caso del falso abogado Marcelo D’Alessio, y por la cual está imputado, entre otros, el fiscal Carlos Stornelli.

Ante el Consejo de la Magistratura, el gobierno de Cambiemos había denunciado al magistrado por mal desempeño y rechazó, pese a estar primero en la terna, enviar su pliego para ocupar el cargo que se encuentra vacante desde 2014, tras la muerte de Manuel Blanco.

Ahora, el trámite continuará en el ámbito de la Comisión de Acuerdos que, tras recibir eventuales adhesiones o impugnaciones al pliego, convocará a una audiencia pública para que Ramos Padilla pueda exponer y responder preguntas de los senadores. Con mayoría asegurada, se prevé que su designación avance sin mayores dificultades.